Denuncia penal por Monsanto en Córdoba
09:41 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Denuncia penal por aval preliminar a la empresa Monsanto
Fecha de Publicación: 27/09/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Es contra el intendente Arzani y los ediles, por autorizar a la firma tareas previas. La presentaron Rubén Arroyo y Santiago Clavijo.
El abogado Rubén Arroyo y el legislador juecista Santiago Clavijo encabezan en carácter de denunciantes una presentación penal formulada ayer contra el intendente de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani, y seis concejales de esa ciudad del Gran Córdoba donde la empresa Monsanto planea construir una planta tratamiento y acondicionamiento de semillas de maíz.
La denuncia plantea que los acusados incurrieron en el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público al otorgar pre factibilidad a la radicación y autorizar el inicio de las tareas preliminares a la construcción de la planta antes de que la firma hubiera completado los requisitos que fija la Ley General del Ambiente 25.675.
Concretamente, la denuncia sostiene que ambas habilitaciones provisorias se concedieron sin que Monsanto cumpliera aún con el procedimiento previo de evaluación de impacto ambiental (artículo 11 de dicha ley), sin que se hubieran institucionalizado los procedimientos obligatorios de consulta o audiencia pública (artículo 20), y sin haber asegurado la participación ciudadana en el procedimiento de evaluación de impacto y, en particular, en las etapas de planificación y evaluación de resultados (artículo 21).
La presentación insiste en que, tras la reforma de 1994, la Constitución Nacional incorporó la denominada “cláusula ambiental” que eleva a la categoría supra legal el derecho a un ambiente sano y establece que “las autoridades proveerán a la protección de este derecho”.
Además de denunciar a Arzani y a los concejales de Malvinas Argentinas, la presentación también solicita que se analicen eventuales responsabilidades de funcionarios del Gobierno de Córdoba, y cita a los ministros de Industria, Jorge Lawson; de Agricultura, Néstor Scalerandi; y en especial, al de Agua, Ambiente y Energía, Manuel Calvo, por supuesto incumplimiento de la ley 7.343 de defensa del ambiente.
A la Provincia, la denuncia le achaca no haber impedido el inicio de las tareas preliminares, pese a que hasta ahora Monsanto sólo habría presentado un “aviso de proyecto”, apenas el primer paso del Estudio de Impacto Ambiental que prevé la legislación provincial.
La inversión de Monsanto en Malvinas Argentinas fue anunciada meses atrás por la Provincia, y también fue avalada por la presidenta Cristina Fernández. La empresa proyecta invertir 1.600 millones de pesos y planea que la planta esté lista en diciembre del año que viene. En julio pasado la firma indicó las tareas de cerramiento perimetral del predio, remoción de tierras, emparejamiento del terreno y excavaciones para extracción de agua.
Grupos ecologistas se oponen a la radicación y mantienen movilizado a un sector importante de la población. Días atrás, el Consejo Superior de la UNC recomendó una consulta a la población de Malvinas Argentinas sobre el desembarco de Monsanto.
.
Fecha de Publicación: 27/09/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Es contra el intendente Arzani y los ediles, por autorizar a la firma tareas previas. La presentaron Rubén Arroyo y Santiago Clavijo.El abogado Rubén Arroyo y el legislador juecista Santiago Clavijo encabezan en carácter de denunciantes una presentación penal formulada ayer contra el intendente de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani, y seis concejales de esa ciudad del Gran Córdoba donde la empresa Monsanto planea construir una planta tratamiento y acondicionamiento de semillas de maíz.
La denuncia plantea que los acusados incurrieron en el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público al otorgar pre factibilidad a la radicación y autorizar el inicio de las tareas preliminares a la construcción de la planta antes de que la firma hubiera completado los requisitos que fija la Ley General del Ambiente 25.675.
Concretamente, la denuncia sostiene que ambas habilitaciones provisorias se concedieron sin que Monsanto cumpliera aún con el procedimiento previo de evaluación de impacto ambiental (artículo 11 de dicha ley), sin que se hubieran institucionalizado los procedimientos obligatorios de consulta o audiencia pública (artículo 20), y sin haber asegurado la participación ciudadana en el procedimiento de evaluación de impacto y, en particular, en las etapas de planificación y evaluación de resultados (artículo 21).
La presentación insiste en que, tras la reforma de 1994, la Constitución Nacional incorporó la denominada “cláusula ambiental” que eleva a la categoría supra legal el derecho a un ambiente sano y establece que “las autoridades proveerán a la protección de este derecho”.
Además de denunciar a Arzani y a los concejales de Malvinas Argentinas, la presentación también solicita que se analicen eventuales responsabilidades de funcionarios del Gobierno de Córdoba, y cita a los ministros de Industria, Jorge Lawson; de Agricultura, Néstor Scalerandi; y en especial, al de Agua, Ambiente y Energía, Manuel Calvo, por supuesto incumplimiento de la ley 7.343 de defensa del ambiente.
A la Provincia, la denuncia le achaca no haber impedido el inicio de las tareas preliminares, pese a que hasta ahora Monsanto sólo habría presentado un “aviso de proyecto”, apenas el primer paso del Estudio de Impacto Ambiental que prevé la legislación provincial.
La inversión de Monsanto en Malvinas Argentinas fue anunciada meses atrás por la Provincia, y también fue avalada por la presidenta Cristina Fernández. La empresa proyecta invertir 1.600 millones de pesos y planea que la planta esté lista en diciembre del año que viene. En julio pasado la firma indicó las tareas de cerramiento perimetral del predio, remoción de tierras, emparejamiento del terreno y excavaciones para extracción de agua.
Grupos ecologistas se oponen a la radicación y mantienen movilizado a un sector importante de la población. Días atrás, el Consejo Superior de la UNC recomendó una consulta a la población de Malvinas Argentinas sobre el desembarco de Monsanto.
.
Etiquetas:
La Rioja permite la minería en una reserva
Laguna Brava: Ambiente confirmó que pemitirán trabajos en la zona
Fecha de Publicación: 27/09/2012
Fuente: Nueva Rioja
Provincia/Región: La Rioja
El titular de Medio Ambiente explicó que no será dentro de la Laguna, pero si en el predio que la circunda. Incluye proyectos de turismo y minería.
El secretario de Medio Ambiente de la Provincia, Nito Brizuela, confirmó a NUEVA RIOJA que permitirán el desarrollo de proyectos en la zona de la Laguna Brava. El funcionario provincial aclaró que existirán controles y que no será dentro de la Laguna.
En los últimos días se había generado una intensa polémica por la posibilidad de que se desarrollen emprendimientos mineros en la zona de la Laguna Brava.
NUEVA RIOJA consultó por este tema al titular de Medio Ambiente de la Provincia, quien brindó algunos detalles de la resolución tomada desde el organismo que conduce.
“Existía una resolución del año 2007 y nosotros hemos sacado una resolución ahora confirmando aquella resolución. En esas resoluciones se determina que la Laguna es un lugar de usos múltiples”, explicó el funcionario provincial en las últimas horas.
Brizuela remarcó que los usos habilitados incluyen el turismo, actividades culturales, proyectos turísticos y “actividades como la minería”.
Habilitados
El titular de Medio Ambiente provincial hizo aclaraciones en referencia a cuáles serán los lugares de trabajo habilitados por el Estado riojano en el extremo Oeste de su territorio provincial.
“La Laguna tiene una superficie de más de 481 mil hectáreas cuadradas, nosotros no estamos habilitando el trabajo dentro de la Laguna, sino en la zona que la rodea”, afirmó el funcionario provincial.
En el mismo sentido, destacó que habrá controles estrictos por parte del Estado provincial y remarcó que cualquier camión o vehículo que ingrese en la zona deberá contar con la autorización del área correspondiente del Gobierno provincial.
Brizuela reconoció que existen en la región trabajos de exploración de algunos emprendimientos mineros.
Consultado por NUEVA RIOJA sobre si la determinación tomada no afecta algunas resoluciones internacionales que existen sobre el tema, Brizuela dijo que la medida se encuadra dentro de lo determinado por las normativas nacionales e internacionales sobre este tipo de superficies físicas.
Informe
Finalmente, explicó que cualquier proyecto que quiera desarollarse en esa parte del territorio provincial deberá presentar un informe de contaminación Medio ambiental ante los organismos correspondientes.
“Se tomaron en cuenta todas las normativas nacionales e internacionales, porque la Laguna es una reserva de usos múltiples. Lo que se están habilitando son los espacios fuera de la Laguna, en los cuales se permiten otras actividades y que tendrán el control por parte del área”, sostuvo el funcionario provincial al analizar la determinación tomada por parte de la Subsecretaría que comanda.
Desde la Juventud Peronista cuestionaron la determinación oficial
La Juventud Peronista de la Capital cuestionó la determinación del Gobierno provincial de habilitar trabajos en la zona de Laguna Brava (ver nota principal en esta misma página).
“La Juventud Peronista de Capital repudia terminantemente la resolución 280/12 de la Secretaria de Ambiente de la Provincia, en la que se conceden tierras de Reserva Natural y Área Protegida de la vicuña Laguna Brava a empresas para la explotación minera”, informó el espacio político mediante un comunicado de prensa difundido por el propio sector.
“Es necesario y urgente, que el Ejecutivo provincial revea esta provocación cotidiana hacia los riojanos en la entrega indiscriminada de hectáreas protegidas. Es un momento complicado para el gobierno de Beder Herrera, y es tiempo de llevar un mensaje de concordia y respeto para aquellos sectores que no comparten su política en materia de minería”, aseguró el presidente de la rama juvenil Federico Ceballos.
“Hay que estar atentos y rechazar estas entregas de tierras para uso minero por parte del Gobierno provincial. Aliento a los riojanos a manifestarse en la calles contra estos atropellos recurrentes que provocan indignación e irritación. Estas políticas que van en contra de todos los riojanos”, aseveró el dirigente que está vinculado al quintelismo.
Finalmente, Ceballos denunció que deben existir precisiones sobre la situación generada alrededor de la posibilidad de venta de agua a la República de Chile, utilizando el Río Blanco de la zona Oeste de la Provincia.
.
Fecha de Publicación: 27/09/2012
Fuente: Nueva Rioja
Provincia/Región: La Rioja
El titular de Medio Ambiente explicó que no será dentro de la Laguna, pero si en el predio que la circunda. Incluye proyectos de turismo y minería.El secretario de Medio Ambiente de la Provincia, Nito Brizuela, confirmó a NUEVA RIOJA que permitirán el desarrollo de proyectos en la zona de la Laguna Brava. El funcionario provincial aclaró que existirán controles y que no será dentro de la Laguna.
En los últimos días se había generado una intensa polémica por la posibilidad de que se desarrollen emprendimientos mineros en la zona de la Laguna Brava.
NUEVA RIOJA consultó por este tema al titular de Medio Ambiente de la Provincia, quien brindó algunos detalles de la resolución tomada desde el organismo que conduce.
“Existía una resolución del año 2007 y nosotros hemos sacado una resolución ahora confirmando aquella resolución. En esas resoluciones se determina que la Laguna es un lugar de usos múltiples”, explicó el funcionario provincial en las últimas horas.
Brizuela remarcó que los usos habilitados incluyen el turismo, actividades culturales, proyectos turísticos y “actividades como la minería”.
Habilitados
El titular de Medio Ambiente provincial hizo aclaraciones en referencia a cuáles serán los lugares de trabajo habilitados por el Estado riojano en el extremo Oeste de su territorio provincial.
“La Laguna tiene una superficie de más de 481 mil hectáreas cuadradas, nosotros no estamos habilitando el trabajo dentro de la Laguna, sino en la zona que la rodea”, afirmó el funcionario provincial.
En el mismo sentido, destacó que habrá controles estrictos por parte del Estado provincial y remarcó que cualquier camión o vehículo que ingrese en la zona deberá contar con la autorización del área correspondiente del Gobierno provincial.
Brizuela reconoció que existen en la región trabajos de exploración de algunos emprendimientos mineros.
Consultado por NUEVA RIOJA sobre si la determinación tomada no afecta algunas resoluciones internacionales que existen sobre el tema, Brizuela dijo que la medida se encuadra dentro de lo determinado por las normativas nacionales e internacionales sobre este tipo de superficies físicas.
Informe
Finalmente, explicó que cualquier proyecto que quiera desarollarse en esa parte del territorio provincial deberá presentar un informe de contaminación Medio ambiental ante los organismos correspondientes.
“Se tomaron en cuenta todas las normativas nacionales e internacionales, porque la Laguna es una reserva de usos múltiples. Lo que se están habilitando son los espacios fuera de la Laguna, en los cuales se permiten otras actividades y que tendrán el control por parte del área”, sostuvo el funcionario provincial al analizar la determinación tomada por parte de la Subsecretaría que comanda.
Desde la Juventud Peronista cuestionaron la determinación oficial
La Juventud Peronista de la Capital cuestionó la determinación del Gobierno provincial de habilitar trabajos en la zona de Laguna Brava (ver nota principal en esta misma página).
“La Juventud Peronista de Capital repudia terminantemente la resolución 280/12 de la Secretaria de Ambiente de la Provincia, en la que se conceden tierras de Reserva Natural y Área Protegida de la vicuña Laguna Brava a empresas para la explotación minera”, informó el espacio político mediante un comunicado de prensa difundido por el propio sector.
“Es necesario y urgente, que el Ejecutivo provincial revea esta provocación cotidiana hacia los riojanos en la entrega indiscriminada de hectáreas protegidas. Es un momento complicado para el gobierno de Beder Herrera, y es tiempo de llevar un mensaje de concordia y respeto para aquellos sectores que no comparten su política en materia de minería”, aseguró el presidente de la rama juvenil Federico Ceballos.
“Hay que estar atentos y rechazar estas entregas de tierras para uso minero por parte del Gobierno provincial. Aliento a los riojanos a manifestarse en la calles contra estos atropellos recurrentes que provocan indignación e irritación. Estas políticas que van en contra de todos los riojanos”, aseveró el dirigente que está vinculado al quintelismo.
Finalmente, Ceballos denunció que deben existir precisiones sobre la situación generada alrededor de la posibilidad de venta de agua a la República de Chile, utilizando el Río Blanco de la zona Oeste de la Provincia.
.
Desmienten complicaciones en Atucha II
Desmienten supuestas demoras y mayores costos en la central nuclear Atucha II
Fecha de Publicación: 26/09/2012
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
El subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, desmintió hoy una nota publicada en el diario "Clarín", en la que se mencionan supuestas demoras y mayores costos en la central nuclear Atucha II.
Baratta dijo que "se trata de una información inexacta y sesgada", y ratificó que "el proceso de puesta en marcha de la Central avanza de acuerdo a lo previsto y con los valores presupuestados".
El funcionario, a través de un comunicado, consideró que “resulta curioso que un ex funcionario de la época de la Alianza (UCR-Frepaso) se trasunte en crítico nuestro, siendo que nosotros terminamos Atucha II y él la mantuvo paralizada".
"Es más, su mayor logro fue haber tenido Embalse y Atucha I fuera de servicio simultáneamente”, sostuvo en referencia a Néstor Farías Bouvier, ex titular de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), citado en el artículo del matutino.
“Nosotros no solamente logramos terminar Atucha II sino también estamos ejecutando la extensión de vida de la central Embalse", destacó Baratta.
Además, añadió, "se inició la construcción del reactor de potencia CAREM, con tecnología 100 por ciento nacional, y hemos realizado una convocatoria internacional para definir la tecnología de la cuarta central nuclear”.
Baratta explicó que las tareas para la puesta en marcha de Atucha II "avanzan firmemente, conforme el cronograma establecido, tanto en el área nuclear como convencional".
El secretario agregó que "este proceso culminará con la puesta en funcionamiento del reactor, la producción de vapor y la generación de energía eléctrica, para finalmente entrar en producción comercial".
"Las obras civiles y el montaje mecánico de los principales componentes y equipos de Atucha II, incluyendo la Estación de Maniobras de 500 kV, ya concluyeron", agregó Baratta.
Sostuvo luego que la puesta en marcha "implica la prueba y verificación individual de cada uno de los 556 subsistemas de la Central, de los cuales ya se transfirieron 319 y se pusieron en marcha 158".
Según detalló el funcionario, "los hitos más destacados desde el inicio de las tareas de puesta en marcha fueron: el virado de la turbina; el llenado y prueba de estanqueidad de las piletas de almacenamiento; la transferencia de elementos combustible y la finalización del montaje de la turbina hidráulica".
Baratta indicó que también se concluyó la interconexión de dicha Estación de Maniobras a la red de Transener, correspondiente a las estaciones transformadoras de General Rodríguez y Ramallo.
Además, el funcionario refirió que ya se realizó la prueba de presión del circuito secundario, que consistió en la prueba de presión del circuito de vapor de la central.
Esta tarea implicó presurizar a 90kg/cm2 más de 500 mil litros de agua, precisó el comunicado.
Baratta anticipó que durante octubre y noviembre se realizará la prueba de presión del sistema primario del reactor, "uno de los hitos más importantes de la puesta en marcha de la Central, que consiste en presurizar las cañerías y por medio de las bombas principales hacer circular 450 mil litros de agua para probar su hermeticidad".
Luego, en diciembre, se procederá a la carga de elementos combustibles, lo cual implica introducir en el reactor 451 elementos, con 85 toneladas de uranio natural.
Al inicio de 2013 se hará una prueba de vapor de origen no nuclear para alcanzar la presión y temperatura de diseño, y por último se retirará el agua liviana del sistema, se procederá a su secado y se la cargará con agua pesada producida en la Argentina.
Después de esas pruebas "se podrá dar inicio en mayo de 2013 al primer arranque del reactor y generación de energía, para luego sincronizarse a la red", concluyó Baratta.
.
Fecha de Publicación: 26/09/2012
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
El subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, desmintió hoy una nota publicada en el diario "Clarín", en la que se mencionan supuestas demoras y mayores costos en la central nuclear Atucha II.
Baratta dijo que "se trata de una información inexacta y sesgada", y ratificó que "el proceso de puesta en marcha de la Central avanza de acuerdo a lo previsto y con los valores presupuestados".
El funcionario, a través de un comunicado, consideró que “resulta curioso que un ex funcionario de la época de la Alianza (UCR-Frepaso) se trasunte en crítico nuestro, siendo que nosotros terminamos Atucha II y él la mantuvo paralizada".
"Es más, su mayor logro fue haber tenido Embalse y Atucha I fuera de servicio simultáneamente”, sostuvo en referencia a Néstor Farías Bouvier, ex titular de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), citado en el artículo del matutino.
“Nosotros no solamente logramos terminar Atucha II sino también estamos ejecutando la extensión de vida de la central Embalse", destacó Baratta.
Además, añadió, "se inició la construcción del reactor de potencia CAREM, con tecnología 100 por ciento nacional, y hemos realizado una convocatoria internacional para definir la tecnología de la cuarta central nuclear”.
Baratta explicó que las tareas para la puesta en marcha de Atucha II "avanzan firmemente, conforme el cronograma establecido, tanto en el área nuclear como convencional".
El secretario agregó que "este proceso culminará con la puesta en funcionamiento del reactor, la producción de vapor y la generación de energía eléctrica, para finalmente entrar en producción comercial".
"Las obras civiles y el montaje mecánico de los principales componentes y equipos de Atucha II, incluyendo la Estación de Maniobras de 500 kV, ya concluyeron", agregó Baratta.
Sostuvo luego que la puesta en marcha "implica la prueba y verificación individual de cada uno de los 556 subsistemas de la Central, de los cuales ya se transfirieron 319 y se pusieron en marcha 158".
Según detalló el funcionario, "los hitos más destacados desde el inicio de las tareas de puesta en marcha fueron: el virado de la turbina; el llenado y prueba de estanqueidad de las piletas de almacenamiento; la transferencia de elementos combustible y la finalización del montaje de la turbina hidráulica".
Baratta indicó que también se concluyó la interconexión de dicha Estación de Maniobras a la red de Transener, correspondiente a las estaciones transformadoras de General Rodríguez y Ramallo.
Además, el funcionario refirió que ya se realizó la prueba de presión del circuito secundario, que consistió en la prueba de presión del circuito de vapor de la central.
Esta tarea implicó presurizar a 90kg/cm2 más de 500 mil litros de agua, precisó el comunicado.
Baratta anticipó que durante octubre y noviembre se realizará la prueba de presión del sistema primario del reactor, "uno de los hitos más importantes de la puesta en marcha de la Central, que consiste en presurizar las cañerías y por medio de las bombas principales hacer circular 450 mil litros de agua para probar su hermeticidad".
Luego, en diciembre, se procederá a la carga de elementos combustibles, lo cual implica introducir en el reactor 451 elementos, con 85 toneladas de uranio natural.
Al inicio de 2013 se hará una prueba de vapor de origen no nuclear para alcanzar la presión y temperatura de diseño, y por último se retirará el agua liviana del sistema, se procederá a su secado y se la cargará con agua pesada producida en la Argentina.
Después de esas pruebas "se podrá dar inicio en mayo de 2013 al primer arranque del reactor y generación de energía, para luego sincronizarse a la red", concluyó Baratta.
.
La Universidad de Córdoba cuestionó a Monsanto
Reclamo en Córdoba
Fecha de Publicación: 25/09/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Córdoba
La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) cuestionó la instalación de Monsanto en la provincia, explicitó su apoyo a los vecinos que rechazan la llegada de la multinacional, recordó que la “responsabilidad (de Monsanto) en el perjuicio ambiental para las poblaciones es motivo de movilizaciones sociales en el mundo entero” y llamó a respetar el principio precautorio. La semana pasada, una multitudinaria marcha en la capital cordobesa también había cuestionado a Monsanto y a los funcionarios que apoyan la llegada de la empresa estadounidense.
La agrupación estudiantil Movimiento Universitario para el Cambio Social-Sudestada había presentado en agosto al Consejo Superior de la UNC un proyecto de resolución para tomar postura frente a Monsanto y al modelo de agronegocios.
“El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba advierte la necesidad de respetar los dictados de la Constitución Nacional y de la legislación vigente que ordena la aplicación del principio de precaución: ‘Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente’”, solicita la resolución de la UNC, y “exhorta a efectivizar una consulta a la población para que ejerza su derecho a decidir sobre la no radicación de la empresa”.
En junio pasado, la presidenta Cristina Kirchner anunció la instalación de una planta de semillas de maíz transgénicas de Monsanto en Malvinas Argentinas y una estación experimental en Río Cuarto. El emprendimiento cuenta con el apoyo del gobernador, José Manuel de la Sota, y del intendente de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani.
Los vecinos del barrio, que conformaron la Asamblea Malvinas lucha por la vida, denunciaron la falta de estudios de impacto ambiental y, sobre todo, la falta de consulta a la población. El lunes de la semana pasada hubo movilizaciones en todo el mundo contra Monsanto, líder en semillas transgénicas y agrotóxicos. En Argentina hubo actividades en Santa Fe, Capital Federal, Bahía Blanca, Rosario, Río Cuarto y, la más convocante, en la capital de Córdoba. Al menos diez mil personas rechazaron que la empresa se instale en Malvinas Argentinas.
También el lunes, cuando ya había trascendido que el Consejo Superior de la UNC votaría un cuestionamiento a Monsanto, el ministro de Agricultura de Córdoba, Néstor Scalerandi, apuntó a la UNC. “Me hace pensar que está en el ostracismo, en la Edad Media. Monsanto en el mundo les dio de comer a miles de millones de personas. La sociedad quiere respuestas concretas, no fundamentalistas.” Y también cargó sobre quienes marcharon: “¿Cómo saben que (Monsanto) va a ser contaminante? Estudios concretos no hay nada”.
La rectora, Carolina Scotto, le respondió: “Los comentarios generalizadores me parecen agraviantes. Me parecen irrespetuosos respecto de la calidad que tienen las producciones de nuestros investigadores”.
El martes a la tarde, el Consejo Superior de la UNC aprobó la resolución con 25 votos a favor y 12 en contra. “La universidad declara su solidaridad con las comunidades cordobesas de Malvinas Argentinas y Río Cuarto que se movilizan contra la radicación de la empresa Monsanto, cuya responsabilidad en el perjuicio ambiental para las poblaciones es motivo de movilizaciones sociales en el mundo entero, y se compromete a seguir trabajando para que se desarrollen sistemas de producción agropecuaria diversificados, que satisfagan las necesidades de la comunidad, garanticen la soberanía alimentaria, conserven los suelos, la biodiversidad nativa y preserven las cuencas hídricas.”
La consiliaria estudiantil por el Movimiento Universitario para el Cambio Social-Sudestada y estudiante de Agronomía, Fabiana Flores Villagra, valoró que la universidad cuestione a la multinacional y afirmó que “en ámbitos científicos y en los mismos territorios hay sobradas pruebas de las consecuencias de la agricultura manejada por el sector privado”. Evaluó la posición de la UNC como “un respaldo para quienes luchan por otro modelo agropecuario y otro modelo universitario, al servicio del pueblo y no de las empresas”.
La resolución también se hizo eco de la preocupación de organizaciones campesinas ante la inminencia de una nueva ley de semillas, impulsada por las empresas, y solicitó la “reglamentación de la Ley Nacional de Semillas 20247/1973, que garantice la protección de los recursos genéticos, la soberanía alimentaria y la biodiversidad productiva en la Argentina”.
.
Fecha de Publicación: 25/09/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Córdoba
La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) cuestionó la instalación de Monsanto en la provincia, explicitó su apoyo a los vecinos que rechazan la llegada de la multinacional, recordó que la “responsabilidad (de Monsanto) en el perjuicio ambiental para las poblaciones es motivo de movilizaciones sociales en el mundo entero” y llamó a respetar el principio precautorio. La semana pasada, una multitudinaria marcha en la capital cordobesa también había cuestionado a Monsanto y a los funcionarios que apoyan la llegada de la empresa estadounidense.La agrupación estudiantil Movimiento Universitario para el Cambio Social-Sudestada había presentado en agosto al Consejo Superior de la UNC un proyecto de resolución para tomar postura frente a Monsanto y al modelo de agronegocios.
“El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba advierte la necesidad de respetar los dictados de la Constitución Nacional y de la legislación vigente que ordena la aplicación del principio de precaución: ‘Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente’”, solicita la resolución de la UNC, y “exhorta a efectivizar una consulta a la población para que ejerza su derecho a decidir sobre la no radicación de la empresa”.
En junio pasado, la presidenta Cristina Kirchner anunció la instalación de una planta de semillas de maíz transgénicas de Monsanto en Malvinas Argentinas y una estación experimental en Río Cuarto. El emprendimiento cuenta con el apoyo del gobernador, José Manuel de la Sota, y del intendente de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani.
Los vecinos del barrio, que conformaron la Asamblea Malvinas lucha por la vida, denunciaron la falta de estudios de impacto ambiental y, sobre todo, la falta de consulta a la población. El lunes de la semana pasada hubo movilizaciones en todo el mundo contra Monsanto, líder en semillas transgénicas y agrotóxicos. En Argentina hubo actividades en Santa Fe, Capital Federal, Bahía Blanca, Rosario, Río Cuarto y, la más convocante, en la capital de Córdoba. Al menos diez mil personas rechazaron que la empresa se instale en Malvinas Argentinas.
También el lunes, cuando ya había trascendido que el Consejo Superior de la UNC votaría un cuestionamiento a Monsanto, el ministro de Agricultura de Córdoba, Néstor Scalerandi, apuntó a la UNC. “Me hace pensar que está en el ostracismo, en la Edad Media. Monsanto en el mundo les dio de comer a miles de millones de personas. La sociedad quiere respuestas concretas, no fundamentalistas.” Y también cargó sobre quienes marcharon: “¿Cómo saben que (Monsanto) va a ser contaminante? Estudios concretos no hay nada”.
La rectora, Carolina Scotto, le respondió: “Los comentarios generalizadores me parecen agraviantes. Me parecen irrespetuosos respecto de la calidad que tienen las producciones de nuestros investigadores”.
El martes a la tarde, el Consejo Superior de la UNC aprobó la resolución con 25 votos a favor y 12 en contra. “La universidad declara su solidaridad con las comunidades cordobesas de Malvinas Argentinas y Río Cuarto que se movilizan contra la radicación de la empresa Monsanto, cuya responsabilidad en el perjuicio ambiental para las poblaciones es motivo de movilizaciones sociales en el mundo entero, y se compromete a seguir trabajando para que se desarrollen sistemas de producción agropecuaria diversificados, que satisfagan las necesidades de la comunidad, garanticen la soberanía alimentaria, conserven los suelos, la biodiversidad nativa y preserven las cuencas hídricas.”
La consiliaria estudiantil por el Movimiento Universitario para el Cambio Social-Sudestada y estudiante de Agronomía, Fabiana Flores Villagra, valoró que la universidad cuestione a la multinacional y afirmó que “en ámbitos científicos y en los mismos territorios hay sobradas pruebas de las consecuencias de la agricultura manejada por el sector privado”. Evaluó la posición de la UNC como “un respaldo para quienes luchan por otro modelo agropecuario y otro modelo universitario, al servicio del pueblo y no de las empresas”.
La resolución también se hizo eco de la preocupación de organizaciones campesinas ante la inminencia de una nueva ley de semillas, impulsada por las empresas, y solicitó la “reglamentación de la Ley Nacional de Semillas 20247/1973, que garantice la protección de los recursos genéticos, la soberanía alimentaria y la biodiversidad productiva en la Argentina”.
.
Denuncian desmontes ilegales en Salta
Salta: desmontes en zonas protegidas por la Ley de Bosques
Fecha de Publicación: 25/09/2012
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Salta
"En el departamento Rivadavia Banda Norte de la provincia de Salta se vive hoy una pesadilla inexplicable: el desmonte de al menos tres latifundios privados. El hecho es inexplicable porque las tierras que van siendo devastadas están en teoría protegidas por la Ley Nacional de Bosques."
En el departamento Rivadavia Banda Norte de la provincia de Salta se vive hoy una pesadilla inexplicable: el desmonte de al menos tres latifundios privados (las fincas El Palmar, La Juanita y La Santafesina). El desmonte angustia no sólo a las comunidades wichís y a los pequeños campesinos criollos que dependen ineludiblemente del monte, sino también a todos los ciudadanos de Salta, de la Argentina y del mundo que somos conscientes de que con cada metro de bosque chaqueño que se destruye se comete un daño irreparable a la diversidad biológica y sociocultural del planeta. El hecho es inexplicable porque las tierras que van siendo devastadas están en teoría protegidas por la Ley Nacional de Bosques (Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, Nro. 26331 del año 2007), en base a la cual se ha clasificado al área en cuestión en la “categoría II” (amarillo), una categoría que permite el uso sustentable del ambiente, pero bajo ningún concepto el desmonte.
Aunque el desmonte es ilegal es, sin embargo, difícil detenerlo. Por ejemplo, en las aproximadamente mil hectáreas que forman la finca El Palmar (número de catastro 5431, propiedad de Fernando Gustavo Cenci), ubicada a mil metros al sur del pueblo de Coronel Juan Solá (estación Morillo), desde la primera semana de septiembre las máquinas avanzan dejando detrás tierra arrasada. Comenzaron con un supuesto “deslinde”: la topadora desmontó una franja de quince metros en todo el perímetro del predio y aprovechó la ocasión para también destruir impunemente el monte de veinte hectáreas colindantes que pertenecen a dos de las comunidades wichís de Morillo (La Cortada y Chañar II). Por entonces, ni los indígenas ni el municipio supieron cómo reaccionar: las idas y vueltas que han tenido las leyes ambientales tanto a nivel nacional como provincial, sumado al sistemático comportamiento ambiguo del gobierno provincial en lo que a desmontes concierne hacen que muchos de los actores locales, incluyendo a la propia intendencia, se sientan completamente desprotegidos y no actúen hasta que el daño está bien avanzado. Ahora mismo, y desde hace una semana, una topadora, un tractor y una camioneta 4 x 4 trabajan en la finca de Cenci en un supuesto “desbajerado”, que no obstante, como hemos podido comprobar visualmente y registrar con nuestras cámaras los firmantes de la nota junto con los representantes de las comunidades wichís y miembros de la ONG local Tepeyac, se trata en realidad lisa y llanamente de un desmonte. Según nos confesaron los operarios de las máquinas, el objetivo es “limpiar” quinientas hectáreas.
El día 19 de septiembre, la intendencia de Morillo y tres particulares (entre ellos, los autores de esta nota), acompañados por los presidentes de las asociaciones civiles indígenas afectadas y por Tepeyac, asentamos dos denuncias policiales a fin de detener urgentemente las máquinas que tiran árboles día y noche sin descanso. Hasta el momento el juez Medina, de la ciudad de Tartagal, competente en la causa, no ha dictado ninguna medida cautelar y por lo tanto la policía no interviene. Simultáneamente, realizamos la denuncia correspondiente en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Salta, pero la actitud de la Secretaría es sistemáticamente ambivalente: el día 18 nos confirmó mediante reiteradas comunicaciones telefónicas que el desmonte en la finca de Cenci no contaba con permiso, es decir, era ilegal; pero el día 19 se retractó diciendo que el desmonte estaba “autorizado”, aunque al mismo tiempo confesó que la autorización correspondía al año 2007 y que no había sufrido los reajustes necesarios por la sanción posterior de la Ley de Bosques. Mientras que la Secretaría confunde a los afectados con su propia ignorancia, no interviene con ninguna medida cautelar ni envía personal de fiscalización a la zona, paralelamente convocó a Cenci a la ciudad de Salta para que actualice inmediatamente sus permisos de desmonte. Por la noche y hasta entrada la madrugada del día 19 las máquinas siguieron tirando árboles.
Hoy, la presión de la intendencia, de las comunidades, de Tepeyac y nuestra parece haber detenido momentáneamente la topadora. La intendenta de Morillo, Marcela Carabajal, y su equipo están interesados en detener este y los otros desmontes que avanzan simultáneamente en el territorio del Municipio, pero no siempre consiguen las herramientas legales y el apoyo policial necesarios. Desde el punto de vista de la cantidad de superficie que será afectada, el problema del desmonte en La Juanita y La Santafesina es muchísimo más grave que el de la finca de Cenci: cada una de aquellas fincas comprende varias decenas de miles de hectáreas. No obstante, la intendencia no encuentra los recursos concretos ni siquiera para inspeccionar el área (vehículos y combustible), la provincia y la justicia se lavan las manos y los empresarios particulares dividen a las comunidades prometiendo que con sus desmontes traerán trabajo y desarrollo.
La protección del bosque nativo salteño es fundamental al menos por dos razones. En primer lugar, porque el monte del área constituye uno de los últimos reductos nacionales y continentales de un ecosistema valiosísimo per se, por la altísima biodiversidad que alberga (que ni siquiera está aún científicamente bien documentada) y por su potencialidad para el desarrollo sostenible de la región. En el contexto de un país y un planeta que atraviesa una agudísima crisis ambiental, el resguardo del hábitat del Chaco Seco salteño no sólo debe preocupar a los habitantes del área, sino también a todos los argentinos y a la humanidad. En segundo lugar, el monte chaqueño posee un valor económico, social y religioso sumamente significativo para los habitantes de la zona: para los campesinos y vecinos de los pueblos criollos, pero fundamentalmente para las comunidades wichís que habitan el territorio desde hace miles de años. Tanto material como simbólicamente, la vida de los indígenas depende del monte: él les provee frutos, animales de caza, pasturas para sus pequeños hatos de cabras, leña, maderas y fibras textiles para sus artesanías, remedios naturales, materiales de construcción para sus viviendas, entre muchísimos otros recursos. Asimismo, cada planta, cada animal y cada lugar del monte forma parte del universo de significados donde la vida wichí cobra sentido. Es pasmoso que en un escenario regional y nacional donde se proclama como fin deseado el desarrollo sostenible y se reivindica constantemente, al menos de palabra, los derechos de los pueblos indígenas, se pueda destruir con tanta soltura el monte y el mundo social complejísimo que los wichís han sabido desarrollar en simbiosis con su entorno natural. El fin del monte es en parte el fin de los wichís, y es un nuevo hito en una historia provincial y nacional signada por la destrucción irresponsable de los recursos naturales, la pauperización de los campesinos, la reducción de la diversidad lingüística y cultural en el área, y el menosprecio y la opresión de los pueblos indígenas. El fin del monte es sin duda el último paso de la “Conquista del desierto verde” que comenzó hace más de cien años.
.
Fecha de Publicación: 25/09/2012
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Salta
"En el departamento Rivadavia Banda Norte de la provincia de Salta se vive hoy una pesadilla inexplicable: el desmonte de al menos tres latifundios privados. El hecho es inexplicable porque las tierras que van siendo devastadas están en teoría protegidas por la Ley Nacional de Bosques."
En el departamento Rivadavia Banda Norte de la provincia de Salta se vive hoy una pesadilla inexplicable: el desmonte de al menos tres latifundios privados (las fincas El Palmar, La Juanita y La Santafesina). El desmonte angustia no sólo a las comunidades wichís y a los pequeños campesinos criollos que dependen ineludiblemente del monte, sino también a todos los ciudadanos de Salta, de la Argentina y del mundo que somos conscientes de que con cada metro de bosque chaqueño que se destruye se comete un daño irreparable a la diversidad biológica y sociocultural del planeta. El hecho es inexplicable porque las tierras que van siendo devastadas están en teoría protegidas por la Ley Nacional de Bosques (Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, Nro. 26331 del año 2007), en base a la cual se ha clasificado al área en cuestión en la “categoría II” (amarillo), una categoría que permite el uso sustentable del ambiente, pero bajo ningún concepto el desmonte.
Aunque el desmonte es ilegal es, sin embargo, difícil detenerlo. Por ejemplo, en las aproximadamente mil hectáreas que forman la finca El Palmar (número de catastro 5431, propiedad de Fernando Gustavo Cenci), ubicada a mil metros al sur del pueblo de Coronel Juan Solá (estación Morillo), desde la primera semana de septiembre las máquinas avanzan dejando detrás tierra arrasada. Comenzaron con un supuesto “deslinde”: la topadora desmontó una franja de quince metros en todo el perímetro del predio y aprovechó la ocasión para también destruir impunemente el monte de veinte hectáreas colindantes que pertenecen a dos de las comunidades wichís de Morillo (La Cortada y Chañar II). Por entonces, ni los indígenas ni el municipio supieron cómo reaccionar: las idas y vueltas que han tenido las leyes ambientales tanto a nivel nacional como provincial, sumado al sistemático comportamiento ambiguo del gobierno provincial en lo que a desmontes concierne hacen que muchos de los actores locales, incluyendo a la propia intendencia, se sientan completamente desprotegidos y no actúen hasta que el daño está bien avanzado. Ahora mismo, y desde hace una semana, una topadora, un tractor y una camioneta 4 x 4 trabajan en la finca de Cenci en un supuesto “desbajerado”, que no obstante, como hemos podido comprobar visualmente y registrar con nuestras cámaras los firmantes de la nota junto con los representantes de las comunidades wichís y miembros de la ONG local Tepeyac, se trata en realidad lisa y llanamente de un desmonte. Según nos confesaron los operarios de las máquinas, el objetivo es “limpiar” quinientas hectáreas.
El día 19 de septiembre, la intendencia de Morillo y tres particulares (entre ellos, los autores de esta nota), acompañados por los presidentes de las asociaciones civiles indígenas afectadas y por Tepeyac, asentamos dos denuncias policiales a fin de detener urgentemente las máquinas que tiran árboles día y noche sin descanso. Hasta el momento el juez Medina, de la ciudad de Tartagal, competente en la causa, no ha dictado ninguna medida cautelar y por lo tanto la policía no interviene. Simultáneamente, realizamos la denuncia correspondiente en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Salta, pero la actitud de la Secretaría es sistemáticamente ambivalente: el día 18 nos confirmó mediante reiteradas comunicaciones telefónicas que el desmonte en la finca de Cenci no contaba con permiso, es decir, era ilegal; pero el día 19 se retractó diciendo que el desmonte estaba “autorizado”, aunque al mismo tiempo confesó que la autorización correspondía al año 2007 y que no había sufrido los reajustes necesarios por la sanción posterior de la Ley de Bosques. Mientras que la Secretaría confunde a los afectados con su propia ignorancia, no interviene con ninguna medida cautelar ni envía personal de fiscalización a la zona, paralelamente convocó a Cenci a la ciudad de Salta para que actualice inmediatamente sus permisos de desmonte. Por la noche y hasta entrada la madrugada del día 19 las máquinas siguieron tirando árboles.
Hoy, la presión de la intendencia, de las comunidades, de Tepeyac y nuestra parece haber detenido momentáneamente la topadora. La intendenta de Morillo, Marcela Carabajal, y su equipo están interesados en detener este y los otros desmontes que avanzan simultáneamente en el territorio del Municipio, pero no siempre consiguen las herramientas legales y el apoyo policial necesarios. Desde el punto de vista de la cantidad de superficie que será afectada, el problema del desmonte en La Juanita y La Santafesina es muchísimo más grave que el de la finca de Cenci: cada una de aquellas fincas comprende varias decenas de miles de hectáreas. No obstante, la intendencia no encuentra los recursos concretos ni siquiera para inspeccionar el área (vehículos y combustible), la provincia y la justicia se lavan las manos y los empresarios particulares dividen a las comunidades prometiendo que con sus desmontes traerán trabajo y desarrollo.
La protección del bosque nativo salteño es fundamental al menos por dos razones. En primer lugar, porque el monte del área constituye uno de los últimos reductos nacionales y continentales de un ecosistema valiosísimo per se, por la altísima biodiversidad que alberga (que ni siquiera está aún científicamente bien documentada) y por su potencialidad para el desarrollo sostenible de la región. En el contexto de un país y un planeta que atraviesa una agudísima crisis ambiental, el resguardo del hábitat del Chaco Seco salteño no sólo debe preocupar a los habitantes del área, sino también a todos los argentinos y a la humanidad. En segundo lugar, el monte chaqueño posee un valor económico, social y religioso sumamente significativo para los habitantes de la zona: para los campesinos y vecinos de los pueblos criollos, pero fundamentalmente para las comunidades wichís que habitan el territorio desde hace miles de años. Tanto material como simbólicamente, la vida de los indígenas depende del monte: él les provee frutos, animales de caza, pasturas para sus pequeños hatos de cabras, leña, maderas y fibras textiles para sus artesanías, remedios naturales, materiales de construcción para sus viviendas, entre muchísimos otros recursos. Asimismo, cada planta, cada animal y cada lugar del monte forma parte del universo de significados donde la vida wichí cobra sentido. Es pasmoso que en un escenario regional y nacional donde se proclama como fin deseado el desarrollo sostenible y se reivindica constantemente, al menos de palabra, los derechos de los pueblos indígenas, se pueda destruir con tanta soltura el monte y el mundo social complejísimo que los wichís han sabido desarrollar en simbiosis con su entorno natural. El fin del monte es en parte el fin de los wichís, y es un nuevo hito en una historia provincial y nacional signada por la destrucción irresponsable de los recursos naturales, la pauperización de los campesinos, la reducción de la diversidad lingüística y cultural en el área, y el menosprecio y la opresión de los pueblos indígenas. El fin del monte es sin duda el último paso de la “Conquista del desierto verde” que comenzó hace más de cien años.
.
Denuncian que Macri quiere reemplazar a los cartoneros
Denuncian que quieren reemplazar a los cartoneros por grupos empresarios
Fecha de Publicación: 24/09/2012
Fuente: Parlamentario.com
Provincia/Región: Nacional
En el marco del tratamiento de residuos en la Ciudad de Buenos Aires, desde la oposición porteña advierten sobre las intenciones del Gobierno de Macri.
El Gobierno de Mauricio Macri publicó una solicitada bajo el título “Proyecto de Tratamiento Integral y de Recuperación de Residuos Sólidos Urbanos”, con el que a juicio del diputado porteño Adrián Camps, “se pretende dar un giro de 180 grados en su política de inclusión social de los cartoneros en la Ciudad de Buenos Aires, para entregar el negocio del reciclado a grandes grupos empresarios”.
“En varias oportunidades, diputados de la Legislatura nos hemos reunido con el ministro Santilli para que nos cuente los planes al respecto, pero nunca mencionó este proyecto”, aseguró el legislador integrante de la Comisión de Ambiente.
La Ciudad genera 6.200 toneladas por día: 2.000 corresponden a residuos áridos -restos de demolición-; 1000 serán tratadas en una planta ya construida en el CEAMSE. Ahora llaman a un concurso nacional e internacional para el tratamiento de otras 3.000 toneladas diarias. La suma da 6000 y abarca a la totalidad de los residuos generados. Para el diputado Camps “es obvio que lo que se busca es desplazar a las cooperativas de cartoneros de las actividades de reciclado que con gran esfuerzo vienen desarrollando desde hace más de 10 años”.
El martes pasado los recicladores urbanos se manifestaron en la Ciudad de Buenos Aires para oponerse a la instalación de contenedores de gran tamaño, porque les impiden acceder a los materiales reciclables que se depositan en su interior. “En las cooperativas sospechaban que el objetivo era desplazarlos para entregar el negocio a las empresas. La solicitada parece confirmar los peores pronósticos”, advirtió Adrián Camps.
En la actualidad trabajan en la Ciudad aproximadamente 5 mil cartoneros, de los cuales 3 mil se encuentran formalizados -cobran subsidio y cuentan con obra social-. Según Camps, “se estima que gracias a su trabajo se recupera entre un 10 y un 15% de los residuos que genera la Ciudad, evitando que se entierren en el CEAMSE y prolongando la vida útil del relleno Norte III”.
“Ninguna política de tratamiento de residuos puede desconocer esta realidad social”, finalizó el legislador.
.
Fecha de Publicación: 24/09/2012
Fuente: Parlamentario.com
Provincia/Región: Nacional
En el marco del tratamiento de residuos en la Ciudad de Buenos Aires, desde la oposición porteña advierten sobre las intenciones del Gobierno de Macri.
El Gobierno de Mauricio Macri publicó una solicitada bajo el título “Proyecto de Tratamiento Integral y de Recuperación de Residuos Sólidos Urbanos”, con el que a juicio del diputado porteño Adrián Camps, “se pretende dar un giro de 180 grados en su política de inclusión social de los cartoneros en la Ciudad de Buenos Aires, para entregar el negocio del reciclado a grandes grupos empresarios”.
“En varias oportunidades, diputados de la Legislatura nos hemos reunido con el ministro Santilli para que nos cuente los planes al respecto, pero nunca mencionó este proyecto”, aseguró el legislador integrante de la Comisión de Ambiente.
La Ciudad genera 6.200 toneladas por día: 2.000 corresponden a residuos áridos -restos de demolición-; 1000 serán tratadas en una planta ya construida en el CEAMSE. Ahora llaman a un concurso nacional e internacional para el tratamiento de otras 3.000 toneladas diarias. La suma da 6000 y abarca a la totalidad de los residuos generados. Para el diputado Camps “es obvio que lo que se busca es desplazar a las cooperativas de cartoneros de las actividades de reciclado que con gran esfuerzo vienen desarrollando desde hace más de 10 años”.
El martes pasado los recicladores urbanos se manifestaron en la Ciudad de Buenos Aires para oponerse a la instalación de contenedores de gran tamaño, porque les impiden acceder a los materiales reciclables que se depositan en su interior. “En las cooperativas sospechaban que el objetivo era desplazarlos para entregar el negocio a las empresas. La solicitada parece confirmar los peores pronósticos”, advirtió Adrián Camps.
En la actualidad trabajan en la Ciudad aproximadamente 5 mil cartoneros, de los cuales 3 mil se encuentran formalizados -cobran subsidio y cuentan con obra social-. Según Camps, “se estima que gracias a su trabajo se recupera entre un 10 y un 15% de los residuos que genera la Ciudad, evitando que se entierren en el CEAMSE y prolongando la vida útil del relleno Norte III”.
“Ninguna política de tratamiento de residuos puede desconocer esta realidad social”, finalizó el legislador.
.
Huella hídrica, la certificación que viene
Huella hídrica, la certificación que viene
Fecha de Publicación: 24/09/2012
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
Se perfila como uno de los nuevos requerimientos que impondrán los mercados más exigentes. Calcula el volumen total de agua necesaria para producir un bien. En Mendoza ya existen agroindustrias interesadas en reducir la cantidad de agua que utilizan en sus procesos.
El interés de los países centrales por conocer en qué medida se afecta el ambiente en todo el ciclo de vida de cada producto que consumen (desde la producción primaria hasta el proceso de disposición final de los residuos), se traduce paulatinamente en mayores exigencias para quienes proveen de esos bienes.
Investigadores de organismos públicos y de empresas privadas han desarrollado métodos que permiten cuantificar el impacto ambiental de esos ciclos, obteniendo protocolos para minimizarlos y procedimientos de control y seguimiento de esas prácticas sustentables.
Francia, Alemania y Japón, entre otros, han legislado sobre el tema y es de prever que algo similar ocurra en otros países. Si bien no se conocen aún antecedentes de prohibiciones del ingreso de productos a esos mercados, se sabe de casos en que los importadores priorizan la adquisición de productos con esas huellas de afectación ambiental cuantificada, preferentemente certificadas, por sobre los que no han sido sometidos al estudio correspondiente.
Indicador de sostenibilidad
La Ing. química Bárbara Civit, investigadora del Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales del Centro Científico Tecnológico Mendoza del Conicet, señala que “la idea de sostenibilidad se fundamenta en asegurar que los recursos disponibles no se consuman más rápido de lo que se renuevan y que los desechos y emisiones no se liberen con mayor velocidad que aquella a la que pueden ser absorbidos por los distintos sistemas”.
La especialista, que integra también el grupo científico Cliope de la Facultad Regional Mendoza de la Universidad Tecnológica Nacional -que investiga sobre energía, ambiente y desarrollo sustentable-, explica que diversos indicadores han sido propuestos para cuantificar la sostenibilidad de un producto, un emprendimiento o una actividad y que “entre ellos, el concepto de huella (como una medida cuantitativa de la apropiación de los recursos por parte del hombre) ha cobrado fuerza en la última década entre investigadores y científicos, pero también entre productores, consumidores y tomadores de decisión, de manera que una huella es entonces un indicador de sostenibilidad”.
Las tres huellas
Hasta el momento, han sido definidas la huella ecológica, la huella de carbono y la huella hídrica (ecological footprint, carbon footprint y water footprint, respectivamente en inglés). La primera de ellas es “una medida de la carga impuesta por una población dada, a la naturaleza”. La huella ecológica relaciona los consumos y las emisiones que se producen como consecuencia de las actividades humanas, con la superficie del planeta que se necesita para proveer recursos consumibles y absorber las emisiones y residuos generados.
La de carbono está íntimamente ligada a las emisiones de gases de efecto invernadero y al cambio climático, y se define como la cantidad neta de gases de efecto invernadero emitidos por un producto, un individuo, una organización o una nación en un período de un año.
“La huella hídrica es, de las tres, la más recientemente definida, y se refiere al cálculo del volumen total de agua consumida o contaminada -directa o indirectamente- por unidad de tiempo, para producir un bien o un servicio, o que consume un individuo, una comunidad o una fábrica”, detalla Civit. El concepto es análogo al de la huella ecológica, pero cuantificando agua en lugar de superficie productiva.
“Este modo de cálculo -revela- ha permitido determinar, por ejemplo, que tomar un pocillo de café equivale a consumir 140 litros de agua, o que comer 1 kilo de asado representa beber 16.000 litros de agua, porque se tiene en cuenta toda el agua utilizada en los procesos involucrados en la cadena de suministro del producto”.
Primeras señales
La Lic. Gabriela Puchol, auditor líder en Cuyo de Det Norske Veritas (DNV), uno de los principales verificadores de gases de efecto invernadero independientes que operan a nivel mundial (con oficina central en Oslo, Noruega), indica que “la mayoría de las empresas están recién comenzando a pensar en el cálculo de la huella de carbono y algunas ya lo están haciendo, pero hasta ahora pocas la certificaron en Argentina”.
Puchol señala que “hay, sí, muchas consultas, sobre todo por huella de carbono y en menor medida por huella hídrica”. El mayor número de esas consultas son de empresas de la industria alimentaria, como también de los rubros cemento, minería y electrodomésticos. “En la región de Cuyo -aclara- principalmente son empresas del área vitivinícola y los proveedores de esa industria (corchos, etiquetas, envases, etc.); además de empaque de uvas y, en otras regiones, procesamiento de frutas cítricas, entre otros sectores. Establecimientos que elaboran otros productos como snacks, azúcar, galletas, caramelos, gaseosas, también nos están consultando”.
La referente zonal de DNV supone que “cuando esté terminada la Norma ISO 14067 podrían comenzar a exigirla varios países, pero a la fecha no hay nada cierto”. Admite que “hoy es más bien una exigencia de algunos distribuidores mayoristas y minoristas; en algunos casos están recomendando que la calculen, pero no queda excluida la posibilidad de venderles si no tienen el cálculo de huella de carbono”. Pero aclara que “en nuestra experiencia, vemos que algunos mayoristas o importadores compran más a las empresas que ya tienen el cálculo”.
Esto es consecuencia de que “los consumidores de algunos países buscan empresas comprometidas a reducir la emisión de gases efecto invernadero, por lo cual los productos con el cálculo de huella son preferidos en las góndolas. Esto sucede en algunos países de Europa, Asia, principalmente, pero hasta ahora no hay exigencias gubernamentales”, sostiene Puchol.
Por su parte, Oscar Pinco, socio de la certificadora Green Solutions Argentina, señala que “la huella y la huella del agua están íntimamente vinculadas, porque en el mundo ya se está hablando de la huella ecológica”. Revela que “en Argentina, estamos trabajando concretamente con una empresa de Tucumán, una de las grandes citrícolas del país (la principal exportadora de limones de Suramérica), haciendo una auditoría de huella de carbono y huella de agua, porque uno de sus clientes, de Alemania, ya le está pidiendo la certificación de huella de agua también”.
.
Fecha de Publicación: 24/09/2012
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
Se perfila como uno de los nuevos requerimientos que impondrán los mercados más exigentes. Calcula el volumen total de agua necesaria para producir un bien. En Mendoza ya existen agroindustrias interesadas en reducir la cantidad de agua que utilizan en sus procesos.
El interés de los países centrales por conocer en qué medida se afecta el ambiente en todo el ciclo de vida de cada producto que consumen (desde la producción primaria hasta el proceso de disposición final de los residuos), se traduce paulatinamente en mayores exigencias para quienes proveen de esos bienes.
Investigadores de organismos públicos y de empresas privadas han desarrollado métodos que permiten cuantificar el impacto ambiental de esos ciclos, obteniendo protocolos para minimizarlos y procedimientos de control y seguimiento de esas prácticas sustentables.
Francia, Alemania y Japón, entre otros, han legislado sobre el tema y es de prever que algo similar ocurra en otros países. Si bien no se conocen aún antecedentes de prohibiciones del ingreso de productos a esos mercados, se sabe de casos en que los importadores priorizan la adquisición de productos con esas huellas de afectación ambiental cuantificada, preferentemente certificadas, por sobre los que no han sido sometidos al estudio correspondiente.
Indicador de sostenibilidad
La Ing. química Bárbara Civit, investigadora del Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales del Centro Científico Tecnológico Mendoza del Conicet, señala que “la idea de sostenibilidad se fundamenta en asegurar que los recursos disponibles no se consuman más rápido de lo que se renuevan y que los desechos y emisiones no se liberen con mayor velocidad que aquella a la que pueden ser absorbidos por los distintos sistemas”.
La especialista, que integra también el grupo científico Cliope de la Facultad Regional Mendoza de la Universidad Tecnológica Nacional -que investiga sobre energía, ambiente y desarrollo sustentable-, explica que diversos indicadores han sido propuestos para cuantificar la sostenibilidad de un producto, un emprendimiento o una actividad y que “entre ellos, el concepto de huella (como una medida cuantitativa de la apropiación de los recursos por parte del hombre) ha cobrado fuerza en la última década entre investigadores y científicos, pero también entre productores, consumidores y tomadores de decisión, de manera que una huella es entonces un indicador de sostenibilidad”.
Las tres huellas
Hasta el momento, han sido definidas la huella ecológica, la huella de carbono y la huella hídrica (ecological footprint, carbon footprint y water footprint, respectivamente en inglés). La primera de ellas es “una medida de la carga impuesta por una población dada, a la naturaleza”. La huella ecológica relaciona los consumos y las emisiones que se producen como consecuencia de las actividades humanas, con la superficie del planeta que se necesita para proveer recursos consumibles y absorber las emisiones y residuos generados.
La de carbono está íntimamente ligada a las emisiones de gases de efecto invernadero y al cambio climático, y se define como la cantidad neta de gases de efecto invernadero emitidos por un producto, un individuo, una organización o una nación en un período de un año.
“La huella hídrica es, de las tres, la más recientemente definida, y se refiere al cálculo del volumen total de agua consumida o contaminada -directa o indirectamente- por unidad de tiempo, para producir un bien o un servicio, o que consume un individuo, una comunidad o una fábrica”, detalla Civit. El concepto es análogo al de la huella ecológica, pero cuantificando agua en lugar de superficie productiva.
“Este modo de cálculo -revela- ha permitido determinar, por ejemplo, que tomar un pocillo de café equivale a consumir 140 litros de agua, o que comer 1 kilo de asado representa beber 16.000 litros de agua, porque se tiene en cuenta toda el agua utilizada en los procesos involucrados en la cadena de suministro del producto”.
Primeras señales
La Lic. Gabriela Puchol, auditor líder en Cuyo de Det Norske Veritas (DNV), uno de los principales verificadores de gases de efecto invernadero independientes que operan a nivel mundial (con oficina central en Oslo, Noruega), indica que “la mayoría de las empresas están recién comenzando a pensar en el cálculo de la huella de carbono y algunas ya lo están haciendo, pero hasta ahora pocas la certificaron en Argentina”.
Puchol señala que “hay, sí, muchas consultas, sobre todo por huella de carbono y en menor medida por huella hídrica”. El mayor número de esas consultas son de empresas de la industria alimentaria, como también de los rubros cemento, minería y electrodomésticos. “En la región de Cuyo -aclara- principalmente son empresas del área vitivinícola y los proveedores de esa industria (corchos, etiquetas, envases, etc.); además de empaque de uvas y, en otras regiones, procesamiento de frutas cítricas, entre otros sectores. Establecimientos que elaboran otros productos como snacks, azúcar, galletas, caramelos, gaseosas, también nos están consultando”.
La referente zonal de DNV supone que “cuando esté terminada la Norma ISO 14067 podrían comenzar a exigirla varios países, pero a la fecha no hay nada cierto”. Admite que “hoy es más bien una exigencia de algunos distribuidores mayoristas y minoristas; en algunos casos están recomendando que la calculen, pero no queda excluida la posibilidad de venderles si no tienen el cálculo de huella de carbono”. Pero aclara que “en nuestra experiencia, vemos que algunos mayoristas o importadores compran más a las empresas que ya tienen el cálculo”.
Esto es consecuencia de que “los consumidores de algunos países buscan empresas comprometidas a reducir la emisión de gases efecto invernadero, por lo cual los productos con el cálculo de huella son preferidos en las góndolas. Esto sucede en algunos países de Europa, Asia, principalmente, pero hasta ahora no hay exigencias gubernamentales”, sostiene Puchol.
Por su parte, Oscar Pinco, socio de la certificadora Green Solutions Argentina, señala que “la huella y la huella del agua están íntimamente vinculadas, porque en el mundo ya se está hablando de la huella ecológica”. Revela que “en Argentina, estamos trabajando concretamente con una empresa de Tucumán, una de las grandes citrícolas del país (la principal exportadora de limones de Suramérica), haciendo una auditoría de huella de carbono y huella de agua, porque uno de sus clientes, de Alemania, ya le está pidiendo la certificación de huella de agua también”.
.
Anonymous hackeó webs por la minería
Anonymous hackeó la web del Congreso de la Nación en protesta por la minería a cielo abierto en Argentina
Fecha de Publicación: 23/09/2012
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Nacional
La agrupación logró doblegar la seguridad del portal de la Legislatura y publicó sus proclamas. Lo hizo en el marco de la Operación Terra Viva que contempló también una marcha callejera en Buenos Aires.
El grupo de hackers que se identifican con la organización Anonymous lanzó esta tarde la llamada Operación Terra Viva, que apuntó contra sitios web relacionados con la explotación de la minería en Argentina.
Entre la gran cantidad de páginas atacados por Anonymous Argentina figuran la del Congreso Nacional y las de las compañías Barrick y La Alumbrera, según publicó el medio InfoBaE.
En agosto y septiembre habían derribado el sitio web del Indec, el Banco Central y Economía y semanas más tarde el de Diputados y Senadores de Mendoza.
.
Fecha de Publicación: 23/09/2012
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Nacional
La agrupación logró doblegar la seguridad del portal de la Legislatura y publicó sus proclamas. Lo hizo en el marco de la Operación Terra Viva que contempló también una marcha callejera en Buenos Aires. El grupo de hackers que se identifican con la organización Anonymous lanzó esta tarde la llamada Operación Terra Viva, que apuntó contra sitios web relacionados con la explotación de la minería en Argentina.
Entre la gran cantidad de páginas atacados por Anonymous Argentina figuran la del Congreso Nacional y las de las compañías Barrick y La Alumbrera, según publicó el medio InfoBaE.
En agosto y septiembre habían derribado el sitio web del Indec, el Banco Central y Economía y semanas más tarde el de Diputados y Senadores de Mendoza.
.
Conflicto por un relleno de basura en Buenos Aires
Intendentes contra Scioli por la ampliación de un relleno de basura
Fecha de Publicación: 22/09/2012
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires
El conflicto de la basura en el área metropolitana suma un nuevo capitulo deenfrentamientos y polémicas. El gobierno de Daniel Scioli anunció la postergación del cierre del relleno sanitario de José León Suárez –previsto para 2013– y le puso un nuevo plazo a su caducidad: 2016. El anuncio provocó mucha molestia entre un grupo de intendentes queimpulsan el cese de actividades en el predio, asentado en más de 100 hectáreas. Allí, todos los días se entierran 17 mil toneladas de basura que envía la Ciudad (6.240 toneladas) y otros 28 municipios del Conurbano.
Durante la tarde de ayer además se sumó con sus declaraciones el mismo Jefe de Gabinete de Scioli, Alberto Pérez. Quien sumó algo de confusión, porque no desestimó el anuncio, aunque intentó bajarle el tono, ante la airada reacción de los intendentes: “No se va a tomar ninguna medida sin el consenso de todos ”, aseguró desde Luján, en donde participó de un evento.
“En San Martín estamos decididos a no permitir que se entierre más basura de otras jurisdicciones. Venimos planteando el cierre del relleno de José León Suárez y de repente nos enteramos que se extienden los plazos. Lo peor es que no hay políticas de fondo que nos permitan entender esta decisión”, le dijo ayer a este diario el jefe comunal de San Martín, Gabriel Katopodis. Este municipio entierra todos los días 500 toneladas de residuos a US$ 50 cada una.
El anuncio con la decisión de extender la vida útil del relleno conocido con el nombre Norte III trascendió a última hora del viernes. Pero ayer ningún funcionario del área de la Secretaría de Espacio Público y Urbanismo de la Provincia, a cargo de Eduardo Aparicio, pudo explicarcómo se llegó a esta decisión . Es decir, sobre qué valores técnicos o en el marco de qué estudios ambientales se plantea el 2016 como una nueva fecha de cierre para el relleno. Trascendió entre los intendentes que simplemente la montaña de basura crecerá hacia arriba, de 14 a 20 metros. Porque en lo que respecta a la expansión en hectáreas del relleno, se necesita una autorización del Ministerio de Defensa de la Nación y el visto bueno de la Presidenta, que no estaría de acuerdo con impulsar el crecimiento del sitio.
Desde el entorno de Joaquín De La Torre, intendente de San Miguel –quien además trabajó un tiempo en la Ceamse– impulsaron una reunión para hoy con los intendentes de San Fernando, San Martín y Tigre a fin de decidir acciones que implementarán para contrarrestar este anuncio. Con mayor o menos intensidad, todos los intendentes pusieron el eje en la basura durante sus campañas. Más allá de que, como todos sus vecinos, padecen los olores nauseabundos que despiden los rellenos en los días de calor.
Desde el punto de vista político, los jefes comunales tampoco perdonan haberse enterado por los medios periodísticos.
La Ceamse (Coordinación Ecológica Area Metropolitana) se creó en 1978 y está conformada por los gobiernos de Provincia y Ciudad. Pese a que en esta última rige la Ley Basura Cero, que obliga a reducir el envío de basura a los rellenos, eso no se cumple. Hay otros dos que reciben basura de seis municipios: son el de González Catán (que colapsaría en marzo de 2013) y el de Punta Lara, que tiene orden de clausura de la Corte boanerense desde 2006.
.
Fecha de Publicación: 22/09/2012
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires
El conflicto de la basura en el área metropolitana suma un nuevo capitulo deenfrentamientos y polémicas. El gobierno de Daniel Scioli anunció la postergación del cierre del relleno sanitario de José León Suárez –previsto para 2013– y le puso un nuevo plazo a su caducidad: 2016. El anuncio provocó mucha molestia entre un grupo de intendentes queimpulsan el cese de actividades en el predio, asentado en más de 100 hectáreas. Allí, todos los días se entierran 17 mil toneladas de basura que envía la Ciudad (6.240 toneladas) y otros 28 municipios del Conurbano.
Durante la tarde de ayer además se sumó con sus declaraciones el mismo Jefe de Gabinete de Scioli, Alberto Pérez. Quien sumó algo de confusión, porque no desestimó el anuncio, aunque intentó bajarle el tono, ante la airada reacción de los intendentes: “No se va a tomar ninguna medida sin el consenso de todos ”, aseguró desde Luján, en donde participó de un evento.
“En San Martín estamos decididos a no permitir que se entierre más basura de otras jurisdicciones. Venimos planteando el cierre del relleno de José León Suárez y de repente nos enteramos que se extienden los plazos. Lo peor es que no hay políticas de fondo que nos permitan entender esta decisión”, le dijo ayer a este diario el jefe comunal de San Martín, Gabriel Katopodis. Este municipio entierra todos los días 500 toneladas de residuos a US$ 50 cada una.
El anuncio con la decisión de extender la vida útil del relleno conocido con el nombre Norte III trascendió a última hora del viernes. Pero ayer ningún funcionario del área de la Secretaría de Espacio Público y Urbanismo de la Provincia, a cargo de Eduardo Aparicio, pudo explicarcómo se llegó a esta decisión . Es decir, sobre qué valores técnicos o en el marco de qué estudios ambientales se plantea el 2016 como una nueva fecha de cierre para el relleno. Trascendió entre los intendentes que simplemente la montaña de basura crecerá hacia arriba, de 14 a 20 metros. Porque en lo que respecta a la expansión en hectáreas del relleno, se necesita una autorización del Ministerio de Defensa de la Nación y el visto bueno de la Presidenta, que no estaría de acuerdo con impulsar el crecimiento del sitio.
Desde el entorno de Joaquín De La Torre, intendente de San Miguel –quien además trabajó un tiempo en la Ceamse– impulsaron una reunión para hoy con los intendentes de San Fernando, San Martín y Tigre a fin de decidir acciones que implementarán para contrarrestar este anuncio. Con mayor o menos intensidad, todos los intendentes pusieron el eje en la basura durante sus campañas. Más allá de que, como todos sus vecinos, padecen los olores nauseabundos que despiden los rellenos en los días de calor.
Desde el punto de vista político, los jefes comunales tampoco perdonan haberse enterado por los medios periodísticos.
La Ceamse (Coordinación Ecológica Area Metropolitana) se creó en 1978 y está conformada por los gobiernos de Provincia y Ciudad. Pese a que en esta última rige la Ley Basura Cero, que obliga a reducir el envío de basura a los rellenos, eso no se cumple. Hay otros dos que reciben basura de seis municipios: son el de González Catán (que colapsaría en marzo de 2013) y el de Punta Lara, que tiene orden de clausura de la Corte boanerense desde 2006.
.
En La Rioja piden reglamentar la Ley de Agroquímicos
Exigen que se reglamente la Ley de Agroquímicos
Fecha de Publicación: 22/09/2012
Fuente: Nueva Rioja
Provincia/Región: La Rioja
La Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de La Rioja, COPIALAR, advierte con preocupación las actividades de fumigación aérea llevadas a cabo en días anteriores, sobre distintos sectores de Aimogasta, Departamento Arauco, y muy cerca de la zona poblada.
Ante éste hecho, de acuerdo a un comunicado emitido desde la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios “nos encontramos con la Ley de Agroquímicos Nº 9170/10, que requiere de un pronto y urgente Decreto Reglamentario, emanado desde el Ejecutivo Provincial”.
COPIALAR, a través de CARPA considera que “para poder colocar en hechos concretos el espíritu de la Ley; que es la protección de la salud humana, de los recursos naturales, de la producción agropecuaria, y de los daños que pudieran ocasionarse por usos contrarios a lo dispuestos en la Ley y en su reglamentación. Preservando la calidad de los alimentos y materias primas de origen vegetal, como también asegurar su trazabilidad y la de los productos químicos o biológicos de uso agropecuario, contribuyendo al desarrollo sostenible y a la disminución del impacto ambiental que estos productos pudiesen generar”.
De acuerdo a la Ley, se considera producto químico o biológico de uso agropecuario a todo producto químico inorgánico y orgánico o biológico, que se emplea para combatir o prevenir al acción de insectos, ácaros, malezas, hongos, bacterias, y roedores, perjudiciales al hombre o a los animales y de todo agente de origen animal o vegetal, que ataque o perjudique a las plantas útiles y sus productos, por ejemplo acaricidas, alguicidas, bactericidas, fungicidas, herbicidas, insecticidas, molusquicidas, nematicidas y rodenticidas. Esta definición también incluye a los productos químicos utilizados como fertilizantes e inoculantes, exceptuando a los productos de uso veterinario.
La fumigación realizada ha sido con un producto de toxicidad media, llamado Abamectina, que se utiliza para el control eriófido.
Las fumigaciones aplicadas en el marco de lo normado en la Ley de Agroquímicos de la Provincia, resultarían necesarias y con ese control; seguras y efectivas.
Por todo esto es que el Consejo de Ingenieros insta por el urgente tratamiento del Decreto Reglamentario de la Ley de Agroquímicos Nº 9170/10.
.
Fecha de Publicación: 22/09/2012
Fuente: Nueva Rioja
Provincia/Región: La Rioja
La Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de La Rioja, COPIALAR, advierte con preocupación las actividades de fumigación aérea llevadas a cabo en días anteriores, sobre distintos sectores de Aimogasta, Departamento Arauco, y muy cerca de la zona poblada.
Ante éste hecho, de acuerdo a un comunicado emitido desde la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios “nos encontramos con la Ley de Agroquímicos Nº 9170/10, que requiere de un pronto y urgente Decreto Reglamentario, emanado desde el Ejecutivo Provincial”.
COPIALAR, a través de CARPA considera que “para poder colocar en hechos concretos el espíritu de la Ley; que es la protección de la salud humana, de los recursos naturales, de la producción agropecuaria, y de los daños que pudieran ocasionarse por usos contrarios a lo dispuestos en la Ley y en su reglamentación. Preservando la calidad de los alimentos y materias primas de origen vegetal, como también asegurar su trazabilidad y la de los productos químicos o biológicos de uso agropecuario, contribuyendo al desarrollo sostenible y a la disminución del impacto ambiental que estos productos pudiesen generar”.
De acuerdo a la Ley, se considera producto químico o biológico de uso agropecuario a todo producto químico inorgánico y orgánico o biológico, que se emplea para combatir o prevenir al acción de insectos, ácaros, malezas, hongos, bacterias, y roedores, perjudiciales al hombre o a los animales y de todo agente de origen animal o vegetal, que ataque o perjudique a las plantas útiles y sus productos, por ejemplo acaricidas, alguicidas, bactericidas, fungicidas, herbicidas, insecticidas, molusquicidas, nematicidas y rodenticidas. Esta definición también incluye a los productos químicos utilizados como fertilizantes e inoculantes, exceptuando a los productos de uso veterinario.
La fumigación realizada ha sido con un producto de toxicidad media, llamado Abamectina, que se utiliza para el control eriófido.
Las fumigaciones aplicadas en el marco de lo normado en la Ley de Agroquímicos de la Provincia, resultarían necesarias y con ese control; seguras y efectivas.
Por todo esto es que el Consejo de Ingenieros insta por el urgente tratamiento del Decreto Reglamentario de la Ley de Agroquímicos Nº 9170/10.
.
Se fue Mussi e ingenios volcaron vinaza
Tras la visita de Mussi, hubo vuelcos de contaminantes
Fecha de Publicación: 21/09/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
Se concretó en la ciudad de San Miguel de Tucumán la primera reunión en el marco del Procedimiento de Participación Ciudadana organizado por la Defensoría del Pueblo de Tucumán en virtud del Convenio de Prevención de la Contaminación Industrial de la Cuenca Salí-Dulce. En ese marco, el presidente de la ONG ambiental Ave Fénix, Gustavo Masmud, denunció que tras la visita del secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan José Mussi, los ingenios Corona y Trinidad volcaron efluentes industriales y que se vio perjudicado el río Gastona, tributario del embalse Río Hondo. Al respecto, autoridades del Comité de Cuenca Salí-Dulce creen que se trataría de agua de lavado de caña y cenizas.
Así lo relató Martín Díaz Achával, defensor del Pueblo de Santiago del Estero, en diálogo con EL LIBERAL, al comentar sobre su participación en el encuentro, acompañando al defensor del Pueblo de Tucumán, Hugo Cabral, organizador de la reunión.
También estuvieron el secretario de Agua de Santiago del Estero, Abel Tévez; el ingeniero Juan Prado Iratchet, de la Federación de ONG ambientalistas de Tucumán; el profesor Gustavo Masmud de la ONG Ave Fénix; el ingeniero Jorge Albornoz, Norberto Primo de Fenut, y el ingeniero Franklin Adler.
.
Fecha de Publicación: 21/09/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
Se concretó en la ciudad de San Miguel de Tucumán la primera reunión en el marco del Procedimiento de Participación Ciudadana organizado por la Defensoría del Pueblo de Tucumán en virtud del Convenio de Prevención de la Contaminación Industrial de la Cuenca Salí-Dulce. En ese marco, el presidente de la ONG ambiental Ave Fénix, Gustavo Masmud, denunció que tras la visita del secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan José Mussi, los ingenios Corona y Trinidad volcaron efluentes industriales y que se vio perjudicado el río Gastona, tributario del embalse Río Hondo. Al respecto, autoridades del Comité de Cuenca Salí-Dulce creen que se trataría de agua de lavado de caña y cenizas.Así lo relató Martín Díaz Achával, defensor del Pueblo de Santiago del Estero, en diálogo con EL LIBERAL, al comentar sobre su participación en el encuentro, acompañando al defensor del Pueblo de Tucumán, Hugo Cabral, organizador de la reunión.
También estuvieron el secretario de Agua de Santiago del Estero, Abel Tévez; el ingeniero Juan Prado Iratchet, de la Federación de ONG ambientalistas de Tucumán; el profesor Gustavo Masmud de la ONG Ave Fénix; el ingeniero Jorge Albornoz, Norberto Primo de Fenut, y el ingeniero Franklin Adler.
.
La Justicia analiza efluentes de La Alumbrera
Analizan efluentes que la minera arroja en un canal para verificar si hay daño ambiental
Fecha de Publicación: 20/09/2012
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
El operativo, ordenado por la Justicia Federal, se realizó el martes en la planta de filtros de Minera Alumbrera en Ranchillos. Allí, la empresa vierte efluentes al canal DP2 que desemboca en la cuenca Salí-Dulce.
La medida fue dispuesta por el juez federal Nº 2, Fernando Luis Poviña, en el marco de la causa iniciada por Juan Antonio González, en 1999, por presunta violación a la ley 24.051, sobre residuos peligrosos. Pese a los años transcurridos, el banquillo de los acusados todavía sigue vacío.
Se tomaron muestras de líquido en tres puntos diferentes: en una pileta ubicada dentro de la planta (ubicada sobre la ruta 302, departamento Cruz Alta, Tucumán) donde se realiza un tratamiento del efluente; a 700 metros de la descarga del vertido y metros antes de que las aguas del canal reciban los efluentes de la minera.
Las muestras serán analizadas en laboratorios del Instituto Nacional del Agua (INA) ubicados en Buenos Aires. Allí se determinarán parámetros de cianuro, arsénico, cobre, mercurio, zinc, níquel, cromo, plomo, manganeso, selenio, cadmio, PH (medida de alcalinidad o acidez del agua), demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y demanda química de oxígeno (DQO).
Con estos valores se pretende determinar cómo la minera afecta con sus desechos a la cuenca interjurisdiccional y si existen parámetros por encima de los valores establecidos por la ley de residuos peligrosos. El vertido a analizar surge tras el filtrado del material proveniente del mineraloducto que une esta planta con el yacimiento minero ubicado en Catamarca.
Del allanamiento formaron parte técnicos del INA, peritos y representantes legales de la minera, efectivos del Escuadrón 55 de Gendarmería, la abogada querellante de la ONG ambientalista Pro-Eco, Susana Carrizo y los ingenieros de la UNT Juan Alberto Ruiz, Pedro Jorge Albornoz y Franco Davolio, quienes, por decisión judicial oficiaron como peritos pese a la resistencia de la querella.
Integrada por Ana Loto y las organizaciones Conciencia Solidaria y Pro-Eco, la parte acusadora intentó sin éxito impugnar la designación de estos peritos dado el vínculo existente entre la minera y la UNT -a través de la UTE Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) de la que forma parte la casa de altos estudios-. Por Esteban Stanich
Reclamos de la querella
Alfredo Carbonel, dirigente de Pro-Eco quien presenció el allanamiento en Ranchillos, denunció que Minera Alumbrera no presentó durante el procedimiento el Certificado de Aptitud Ambiental basado en la ley 24.051 pese a lo dispuesto por el juez Poviña.
Además, el querellante sostuvo que se lo obligó a eliminar las imágenes fotográficas que tomó durante el peritaje dentro de la planta y que se intentó impedirle fotografiar, incluso, durante la extracción de muestras en el canal DP2.
Una causa de vieja data
La causa contra Minera Alumbrera fue iniciada en 1999 por el funcionario de la entonces Dirección de Medio Ambiente provincial, Juan Antonio González, por presunta contaminación a la cuenca Salí-Dulce con residuos peligrosos arrojados al canal DP2. La investigación fue impulsada por el fiscal federal general, Antonio Gustavo Gómez.
En mayo de 2008 la Cámara Federal de Apelaciones revocó la falta de mérito a favor del vicepresidente de la firma, Julián Rooney, y dispuso su procesamiento sin prisión preventiva al encontrarlo presunto autor responsable de violar ley 24.051.
En septiembre de 2009 la Cámara Nacional de Casación Penal resolvió anular la sentencia contra Rooney y ordenó que se propongan nuevas medidas de prueba en el marco de esta causa contra la minera que aún sigue vigente.
La minera niega contaminación alguna según parámetros provinciales
Oportunamente, desde Minera Alumbrera se enfatizó que cumple con la totalidad de los parámetros establecidos en las normas aplicables (resolución N° 030 del Siprosa) en relación a la descarga de su planta de filtros ubicada en Ranchillos.
“La Justicia Federal ha podido corroborar (…) el cumplimiento ambiental de Minera Alumbrera, la cual opera bajo los parámetros ambientales más estrictos a nivel nacional e internacional. Esta actuación reafirma también el manejo responsable y sustentable de su explotación como eje de su política empresaria”, sostuvieron públicamente desde la empresa a través de su sitio virtual.
.
Fecha de Publicación: 20/09/2012
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
El operativo, ordenado por la Justicia Federal, se realizó el martes en la planta de filtros de Minera Alumbrera en Ranchillos. Allí, la empresa vierte efluentes al canal DP2 que desemboca en la cuenca Salí-Dulce.La medida fue dispuesta por el juez federal Nº 2, Fernando Luis Poviña, en el marco de la causa iniciada por Juan Antonio González, en 1999, por presunta violación a la ley 24.051, sobre residuos peligrosos. Pese a los años transcurridos, el banquillo de los acusados todavía sigue vacío.
Se tomaron muestras de líquido en tres puntos diferentes: en una pileta ubicada dentro de la planta (ubicada sobre la ruta 302, departamento Cruz Alta, Tucumán) donde se realiza un tratamiento del efluente; a 700 metros de la descarga del vertido y metros antes de que las aguas del canal reciban los efluentes de la minera.
Las muestras serán analizadas en laboratorios del Instituto Nacional del Agua (INA) ubicados en Buenos Aires. Allí se determinarán parámetros de cianuro, arsénico, cobre, mercurio, zinc, níquel, cromo, plomo, manganeso, selenio, cadmio, PH (medida de alcalinidad o acidez del agua), demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y demanda química de oxígeno (DQO).
Con estos valores se pretende determinar cómo la minera afecta con sus desechos a la cuenca interjurisdiccional y si existen parámetros por encima de los valores establecidos por la ley de residuos peligrosos. El vertido a analizar surge tras el filtrado del material proveniente del mineraloducto que une esta planta con el yacimiento minero ubicado en Catamarca.
Del allanamiento formaron parte técnicos del INA, peritos y representantes legales de la minera, efectivos del Escuadrón 55 de Gendarmería, la abogada querellante de la ONG ambientalista Pro-Eco, Susana Carrizo y los ingenieros de la UNT Juan Alberto Ruiz, Pedro Jorge Albornoz y Franco Davolio, quienes, por decisión judicial oficiaron como peritos pese a la resistencia de la querella.
Integrada por Ana Loto y las organizaciones Conciencia Solidaria y Pro-Eco, la parte acusadora intentó sin éxito impugnar la designación de estos peritos dado el vínculo existente entre la minera y la UNT -a través de la UTE Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) de la que forma parte la casa de altos estudios-. Por Esteban Stanich
Reclamos de la querella
Alfredo Carbonel, dirigente de Pro-Eco quien presenció el allanamiento en Ranchillos, denunció que Minera Alumbrera no presentó durante el procedimiento el Certificado de Aptitud Ambiental basado en la ley 24.051 pese a lo dispuesto por el juez Poviña.
Además, el querellante sostuvo que se lo obligó a eliminar las imágenes fotográficas que tomó durante el peritaje dentro de la planta y que se intentó impedirle fotografiar, incluso, durante la extracción de muestras en el canal DP2.
Una causa de vieja data
La causa contra Minera Alumbrera fue iniciada en 1999 por el funcionario de la entonces Dirección de Medio Ambiente provincial, Juan Antonio González, por presunta contaminación a la cuenca Salí-Dulce con residuos peligrosos arrojados al canal DP2. La investigación fue impulsada por el fiscal federal general, Antonio Gustavo Gómez.
En mayo de 2008 la Cámara Federal de Apelaciones revocó la falta de mérito a favor del vicepresidente de la firma, Julián Rooney, y dispuso su procesamiento sin prisión preventiva al encontrarlo presunto autor responsable de violar ley 24.051.
En septiembre de 2009 la Cámara Nacional de Casación Penal resolvió anular la sentencia contra Rooney y ordenó que se propongan nuevas medidas de prueba en el marco de esta causa contra la minera que aún sigue vigente.
La minera niega contaminación alguna según parámetros provinciales
Oportunamente, desde Minera Alumbrera se enfatizó que cumple con la totalidad de los parámetros establecidos en las normas aplicables (resolución N° 030 del Siprosa) en relación a la descarga de su planta de filtros ubicada en Ranchillos.
“La Justicia Federal ha podido corroborar (…) el cumplimiento ambiental de Minera Alumbrera, la cual opera bajo los parámetros ambientales más estrictos a nivel nacional e internacional. Esta actuación reafirma también el manejo responsable y sustentable de su explotación como eje de su política empresaria”, sostuvieron públicamente desde la empresa a través de su sitio virtual.
.
Entre Ríos quiere regular la fumigación aérea
También en Entre Ríos avanzan leyes que regulan la fumigación aérea
Fecha de Publicación: 20/09/2012
Fuente: Punto Biz
Provincia/Región: Entre Ríos
Dos nuevos proyectos de ley que regulan la utilización de agroquímicos fueron ingresados a la Legislatura entrerriana. El primero de ellos, presentado en el Senado, prohíbe las fumigaciones a menos de 1.000 metros del límite de construcción y establece que “si hay peligro para la salud se podrá prohibir completamente el uso de agroquímicos”. El otro, ingresado en la Cámara de Diputados, propone regular la utilización de productos fitosanitarios en todo el territorio de la provincia.
Los senadores oficialistas Oscar Arlettaz y Enrique Cresto, presentaron un proyecto que deroga la Ley provincial Nº 6.599 de Agroquímicos, que data de 1980 y establece un régimen para el uso de plaguicidas, y se propone una nueva legislación. La iniciativa tiene como ejes centrales la defensa de la salud humana, del ecosistema, de los recursos naturales y de la producción agropecuaria y de terceros. Se hace responsables a quienes utilicen los mismos, de los daños que puedan ocasionarse por usos indebidos o contrarios a lo que disponga la norma que se propone.
El proyecto será tratado únicamente en la Comisión de Producción, conducida justamente por uno de los autores de la iniciativa, Arlettaz, quien opinó que “es necesario sacar una norma que no perjudique ni al medio ambiente ni a la producción”.
De esta manera, el Senado avanza en el estudio de una nueva legislación, dejando de lado un proyecto con media sanción de Diputados, en la que se proponían tan sólo modificaciones parciales a la Ley Nº 6.559. A su vez, el presidente de Producción adelantó que intentarán crear una ley que esté en armonía con la legislación vigente en las vecinas provincias de Santa Fe y Córdoba.
Por otro lado, la Cámara de Diputados recibió un proyecto redactado por la diputada del Frente Entrerriano Federal (FEF) Rosario Romero, acompañada por su compañero de bloque Fabián Flores. El proyecto toma como punto de partida la 6.599, ampliando el sustrato material de regulación para poder hacer frente a una realidad no prevista por la norma vigente.
La iniciativa dispone que “quedan sujetos a las disposiciones de esta Ley y sus normas reglamentarias la elaboración, formulación, transporte, almacenamiento, distribución, fraccionamiento, expendio, aplicación y disposición final de envases de productos fitosanitarios cuyo empleo, manipulación y/o tenencia a cualquier título comprometa la calidad de vida de la población y/o el medio ambiente”.
Romero expresó que “el proyecto tiene por objeto generar una herramienta legal que permita una regulación integral del uso de productos fitosanitarios con destino agropecuario en nuestro territorio, sobre la base de principios protectorios del ambiente, la salud humana y la sustentabilidad de nuestro suelo”, e indicó que “tenemos la convicción de que estamos frente a un problema que recién está comenzando a mostrar sus nocivos efectos, los cuales, se verán agravados en un futuro si no se toman medidas de diverso orden para prevenir todo cuanto sea materialmente posible”.
.
Fecha de Publicación: 20/09/2012
Fuente: Punto Biz
Provincia/Región: Entre Ríos
Dos nuevos proyectos de ley que regulan la utilización de agroquímicos fueron ingresados a la Legislatura entrerriana. El primero de ellos, presentado en el Senado, prohíbe las fumigaciones a menos de 1.000 metros del límite de construcción y establece que “si hay peligro para la salud se podrá prohibir completamente el uso de agroquímicos”. El otro, ingresado en la Cámara de Diputados, propone regular la utilización de productos fitosanitarios en todo el territorio de la provincia.
Los senadores oficialistas Oscar Arlettaz y Enrique Cresto, presentaron un proyecto que deroga la Ley provincial Nº 6.599 de Agroquímicos, que data de 1980 y establece un régimen para el uso de plaguicidas, y se propone una nueva legislación. La iniciativa tiene como ejes centrales la defensa de la salud humana, del ecosistema, de los recursos naturales y de la producción agropecuaria y de terceros. Se hace responsables a quienes utilicen los mismos, de los daños que puedan ocasionarse por usos indebidos o contrarios a lo que disponga la norma que se propone.
El proyecto será tratado únicamente en la Comisión de Producción, conducida justamente por uno de los autores de la iniciativa, Arlettaz, quien opinó que “es necesario sacar una norma que no perjudique ni al medio ambiente ni a la producción”.
De esta manera, el Senado avanza en el estudio de una nueva legislación, dejando de lado un proyecto con media sanción de Diputados, en la que se proponían tan sólo modificaciones parciales a la Ley Nº 6.559. A su vez, el presidente de Producción adelantó que intentarán crear una ley que esté en armonía con la legislación vigente en las vecinas provincias de Santa Fe y Córdoba.
Por otro lado, la Cámara de Diputados recibió un proyecto redactado por la diputada del Frente Entrerriano Federal (FEF) Rosario Romero, acompañada por su compañero de bloque Fabián Flores. El proyecto toma como punto de partida la 6.599, ampliando el sustrato material de regulación para poder hacer frente a una realidad no prevista por la norma vigente.
La iniciativa dispone que “quedan sujetos a las disposiciones de esta Ley y sus normas reglamentarias la elaboración, formulación, transporte, almacenamiento, distribución, fraccionamiento, expendio, aplicación y disposición final de envases de productos fitosanitarios cuyo empleo, manipulación y/o tenencia a cualquier título comprometa la calidad de vida de la población y/o el medio ambiente”.
Romero expresó que “el proyecto tiene por objeto generar una herramienta legal que permita una regulación integral del uso de productos fitosanitarios con destino agropecuario en nuestro territorio, sobre la base de principios protectorios del ambiente, la salud humana y la sustentabilidad de nuestro suelo”, e indicó que “tenemos la convicción de que estamos frente a un problema que recién está comenzando a mostrar sus nocivos efectos, los cuales, se verán agravados en un futuro si no se toman medidas de diverso orden para prevenir todo cuanto sea materialmente posible”.
.
Residuos: no usan un crédito y los multan, increíble
Multan al país por no usar un crédito para limpiar basurales
Fecha de Publicación: 19/09/2012
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Le habían otorgado 60 millones de dólares para erradicar los residuos a cielo abierto en municipios turísticos. Pero sólo se usó el 17% del dinero. Ahora, como castigo, tiene que pagar 126 mil dólares.
Fue en 2007, cuando Félix Pérez, intendente de Tilcara, se enteró de que la Nación tenía un plan para erradicar los basurales en los municipios turísticos. Era lo que necesitaba. La basura había crecido en la ciudad con la misma rapidez que llegaron turistas y se levantaron hoteles y pronto comenzó a amontonarse cerca del río. Después de cinco años de intentos, Pérez todavía no pudo comprar las dos máquinas que necesita para sacar el basural a cielo abierto. Son una compactadora y una moledora de plástico. Las dos cuestan unos 22 mil dólares, es menos del 20 por ciento de la multa que la Argentina tuvo que pagarle al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por no haber utilizado un préstamo para poner en orden los basurales a cielo abierto en los municipios turísticos del país.
Un informe de la Auditoría General de la Nación al que tuvo acceso Clarín determinó que hasta ahora sólo se utilizó el 17 por ciento del dinero otorgado por el BID. Por eso, la Argentina fue multada con 126.216 dólares. Es decir, tuvo que pagar por haber pedido un crédito que no usó.
El Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos comenzó a implementarse desde noviembre 2007. El BID se haría cargo de 60 millones de dólares, mientras que el Estado argentino debía aportar otros 15. Las secretaría de Turismo y de Ambiente, fueron las designadas para llevar adelante el programa. Pero sólo ingresaron 19 municipios. Y en muchos de ellos, como el de Puerto Iguazú el saneamiento quedó a medio camino.
De acuerdo con el convenio, los turistas agregan entre 25% y 30% al volumen anual de residuos. Y en temporada se generan “períodos de crisis para el sistema de recolección y disposición final”. Se estima que el volumen de residuos en los centros turísticos oscila entre 1,2 y 1,5 kilos por habitante por día, un “volumen significativamente superior al promedio nacional de 0,91”.
La AGN determinó que uno de los principales problemas fue que no se especificó qué es un “municipio turístico”. Por eso, sólo ingresaron tan pocos. En Argentina, existen 50 corredores turísticos –que comprenden más de un municipio– y otras 470 áreas naturales protegidas. Además, los que sí lograron entrar al programa “no reciben suficiente fortalecimiento y herramientas para gestionarlos y sostenerlos en el tiempo”.
Para llevar adelante el programa, el Estado contrató consultoras privadas que debían rendir informes semestrales. Pero la auditoría determinó que esos informes “no dan cuenta del grado de avance de los productos del Programa, ni detallan la supervisión de obras y los problemas encontrados y subsanados”.
Silvia Mucci es quien está a cargo de este programa por parte de la Secretaría de Ambiente. Consultada por Clarín , sólo dijo que “se está ejecutando con normalidad y que se está cerrando en los tiempos previstos y dentro de los parámetros normales”.
Según Alejandro Nieva, uno de los auditores que trabajó en el informe, “se gasta todo en equipamiento, en pago de consultoras y finalmente la plata no llega donde tiene que llegar ”.
“Nuestra gente es consciente –dice Félix Pérez–, pero el proyecto para sacar el basural es a mano. El 60 por ciento del ingreso de Tilcara es el Turismo, por eso pedimos ayuda. A mí me gustaría que se armen pequeñas empresitas para que la gente no tenga que vivir de un plan”. En el año 2003, la Quebrada fue declarada por la Unesco Sitio del Patrimonio de la Humanidad. Sin suerte, los municipios de la Quebrada piden que los dejen ingresar al programa.
.
Fecha de Publicación: 19/09/2012
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Le habían otorgado 60 millones de dólares para erradicar los residuos a cielo abierto en municipios turísticos. Pero sólo se usó el 17% del dinero. Ahora, como castigo, tiene que pagar 126 mil dólares.Fue en 2007, cuando Félix Pérez, intendente de Tilcara, se enteró de que la Nación tenía un plan para erradicar los basurales en los municipios turísticos. Era lo que necesitaba. La basura había crecido en la ciudad con la misma rapidez que llegaron turistas y se levantaron hoteles y pronto comenzó a amontonarse cerca del río. Después de cinco años de intentos, Pérez todavía no pudo comprar las dos máquinas que necesita para sacar el basural a cielo abierto. Son una compactadora y una moledora de plástico. Las dos cuestan unos 22 mil dólares, es menos del 20 por ciento de la multa que la Argentina tuvo que pagarle al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por no haber utilizado un préstamo para poner en orden los basurales a cielo abierto en los municipios turísticos del país.
Un informe de la Auditoría General de la Nación al que tuvo acceso Clarín determinó que hasta ahora sólo se utilizó el 17 por ciento del dinero otorgado por el BID. Por eso, la Argentina fue multada con 126.216 dólares. Es decir, tuvo que pagar por haber pedido un crédito que no usó.
El Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos comenzó a implementarse desde noviembre 2007. El BID se haría cargo de 60 millones de dólares, mientras que el Estado argentino debía aportar otros 15. Las secretaría de Turismo y de Ambiente, fueron las designadas para llevar adelante el programa. Pero sólo ingresaron 19 municipios. Y en muchos de ellos, como el de Puerto Iguazú el saneamiento quedó a medio camino.
De acuerdo con el convenio, los turistas agregan entre 25% y 30% al volumen anual de residuos. Y en temporada se generan “períodos de crisis para el sistema de recolección y disposición final”. Se estima que el volumen de residuos en los centros turísticos oscila entre 1,2 y 1,5 kilos por habitante por día, un “volumen significativamente superior al promedio nacional de 0,91”.
La AGN determinó que uno de los principales problemas fue que no se especificó qué es un “municipio turístico”. Por eso, sólo ingresaron tan pocos. En Argentina, existen 50 corredores turísticos –que comprenden más de un municipio– y otras 470 áreas naturales protegidas. Además, los que sí lograron entrar al programa “no reciben suficiente fortalecimiento y herramientas para gestionarlos y sostenerlos en el tiempo”.
Para llevar adelante el programa, el Estado contrató consultoras privadas que debían rendir informes semestrales. Pero la auditoría determinó que esos informes “no dan cuenta del grado de avance de los productos del Programa, ni detallan la supervisión de obras y los problemas encontrados y subsanados”.
Silvia Mucci es quien está a cargo de este programa por parte de la Secretaría de Ambiente. Consultada por Clarín , sólo dijo que “se está ejecutando con normalidad y que se está cerrando en los tiempos previstos y dentro de los parámetros normales”.
Según Alejandro Nieva, uno de los auditores que trabajó en el informe, “se gasta todo en equipamiento, en pago de consultoras y finalmente la plata no llega donde tiene que llegar ”.
“Nuestra gente es consciente –dice Félix Pérez–, pero el proyecto para sacar el basural es a mano. El 60 por ciento del ingreso de Tilcara es el Turismo, por eso pedimos ayuda. A mí me gustaría que se armen pequeñas empresitas para que la gente no tenga que vivir de un plan”. En el año 2003, la Quebrada fue declarada por la Unesco Sitio del Patrimonio de la Humanidad. Sin suerte, los municipios de la Quebrada piden que los dejen ingresar al programa.
.
El 11 de octubre hay audiencia por el Riachuelo
Convocan a audiencia pública por el Riachuelo
Fecha de Publicación: 19/09/2012
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Riachuelo
La Corte Suprema de Justicia convocó a una nueva audiencia pública para el 11 de octubre próximo con vistas a evaluar el avance del plan de obras en la llamada causa Riachuelo.
Ese día estarán presentes representantes de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, del Estado nacional, de la provincia de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires y de seis municipios bonaerenses. La decisión de la Corte llegó en medio de los cuestionamientos que se hicieron sobre el juez Luis Antonio Armella, quien supervisa la limpieza del Riachuelo y debe aclarar si ordenó una serie de obras complejas sin licitaciones que le fueron adjudicadas a empresas supuestamente vinculadas a sus allegados.
El 8 de julio del 2008, la Corte Suprema ordenó el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo (fallo "Mendoza y otros") y designó a Armella a cargo de ese largo proceso. Desde ese momento, los cortesanos nunca tuvieron voluntad política de ir a fondo para exigir al Ejecutivo que se cumpla con las obras necesarias.
.
Fecha de Publicación: 19/09/2012
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Riachuelo
La Corte Suprema de Justicia convocó a una nueva audiencia pública para el 11 de octubre próximo con vistas a evaluar el avance del plan de obras en la llamada causa Riachuelo.
Ese día estarán presentes representantes de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, del Estado nacional, de la provincia de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires y de seis municipios bonaerenses. La decisión de la Corte llegó en medio de los cuestionamientos que se hicieron sobre el juez Luis Antonio Armella, quien supervisa la limpieza del Riachuelo y debe aclarar si ordenó una serie de obras complejas sin licitaciones que le fueron adjudicadas a empresas supuestamente vinculadas a sus allegados.
El 8 de julio del 2008, la Corte Suprema ordenó el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo (fallo "Mendoza y otros") y designó a Armella a cargo de ese largo proceso. Desde ese momento, los cortesanos nunca tuvieron voluntad política de ir a fondo para exigir al Ejecutivo que se cumpla con las obras necesarias.
.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Suscribirse
Entradas
Comentarios