Se fue Mussi e ingenios volcaron vinaza
15:32 | 
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Tras la visita de Mussi, hubo vuelcos de contaminantes
Fecha de Publicación: 21/09/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
Se concretó en la ciudad de San Miguel de Tucumán la primera reunión en el marco del Procedimiento de Participación Ciudadana organizado por la Defensoría del Pueblo de Tucumán en virtud del Convenio de Prevención de la Contaminación Industrial de la Cuenca Salí-Dulce. En ese marco, el presidente de la ONG ambiental Ave Fénix, Gustavo Masmud, denunció que tras la visita del secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan José Mussi, los ingenios Corona y Trinidad volcaron efluentes industriales y que se vio perjudicado el río Gastona, tributario del embalse Río Hondo. Al respecto, autoridades del Comité de Cuenca Salí-Dulce creen que se trataría de agua de lavado de caña y cenizas.
Así lo relató Martín Díaz Achával, defensor del Pueblo de Santiago del Estero, en diálogo con EL LIBERAL, al comentar sobre su participación en el encuentro, acompañando al defensor del Pueblo de Tucumán, Hugo Cabral, organizador de la reunión.
También estuvieron el secretario de Agua de Santiago del Estero, Abel Tévez; el ingeniero Juan Prado Iratchet, de la Federación de ONG ambientalistas de Tucumán; el profesor Gustavo Masmud de la ONG Ave Fénix; el ingeniero Jorge Albornoz, Norberto Primo de Fenut, y el ingeniero Franklin Adler.
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Fecha de Publicación: 21/09/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
Se concretó en la ciudad de San Miguel de Tucumán la primera reunión en el marco del Procedimiento de Participación Ciudadana organizado por la Defensoría del Pueblo de Tucumán en virtud del Convenio de Prevención de la Contaminación Industrial de la Cuenca Salí-Dulce. En ese marco, el presidente de la ONG ambiental Ave Fénix, Gustavo Masmud, denunció que tras la visita del secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan José Mussi, los ingenios Corona y Trinidad volcaron efluentes industriales y que se vio perjudicado el río Gastona, tributario del embalse Río Hondo. Al respecto, autoridades del Comité de Cuenca Salí-Dulce creen que se trataría de agua de lavado de caña y cenizas.Así lo relató Martín Díaz Achával, defensor del Pueblo de Santiago del Estero, en diálogo con EL LIBERAL, al comentar sobre su participación en el encuentro, acompañando al defensor del Pueblo de Tucumán, Hugo Cabral, organizador de la reunión.
También estuvieron el secretario de Agua de Santiago del Estero, Abel Tévez; el ingeniero Juan Prado Iratchet, de la Federación de ONG ambientalistas de Tucumán; el profesor Gustavo Masmud de la ONG Ave Fénix; el ingeniero Jorge Albornoz, Norberto Primo de Fenut, y el ingeniero Franklin Adler.
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La Justicia analiza efluentes de La Alumbrera
Analizan efluentes que la minera arroja en un canal para verificar si hay daño ambiental
Fecha de Publicación: 20/09/2012
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
El operativo, ordenado por la Justicia Federal, se realizó el martes en la planta de filtros de Minera Alumbrera en Ranchillos. Allí, la empresa vierte efluentes al canal DP2 que desemboca en la cuenca Salí-Dulce.
La medida fue dispuesta por el juez federal Nº 2, Fernando Luis Poviña, en el marco de la causa iniciada por Juan Antonio González, en 1999, por presunta violación a la ley 24.051, sobre residuos peligrosos. Pese a los años transcurridos, el banquillo de los acusados todavía sigue vacío.
Se tomaron muestras de líquido en tres puntos diferentes: en una pileta ubicada dentro de la planta (ubicada sobre la ruta 302, departamento Cruz Alta, Tucumán) donde se realiza un tratamiento del efluente; a 700 metros de la descarga del vertido y metros antes de que las aguas del canal reciban los efluentes de la minera.
Las muestras serán analizadas en laboratorios del Instituto Nacional del Agua (INA) ubicados en Buenos Aires. Allí se determinarán parámetros de cianuro, arsénico, cobre, mercurio, zinc, níquel, cromo, plomo, manganeso, selenio, cadmio, PH (medida de alcalinidad o acidez del agua), demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y demanda química de oxígeno (DQO).
Con estos valores se pretende determinar cómo la minera afecta con sus desechos a la cuenca interjurisdiccional y si existen parámetros por encima de los valores establecidos por la ley de residuos peligrosos. El vertido a analizar surge tras el filtrado del material proveniente del mineraloducto que une esta planta con el yacimiento minero ubicado en Catamarca.
Del allanamiento formaron parte técnicos del INA, peritos y representantes legales de la minera, efectivos del Escuadrón 55 de Gendarmería, la abogada querellante de la ONG ambientalista Pro-Eco, Susana Carrizo y los ingenieros de la UNT Juan Alberto Ruiz, Pedro Jorge Albornoz y Franco Davolio, quienes, por decisión judicial oficiaron como peritos pese a la resistencia de la querella.
Integrada por Ana Loto y las organizaciones Conciencia Solidaria y Pro-Eco, la parte acusadora intentó sin éxito impugnar la designación de estos peritos dado el vínculo existente entre la minera y la UNT -a través de la UTE Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) de la que forma parte la casa de altos estudios-. Por Esteban Stanich
Reclamos de la querella
Alfredo Carbonel, dirigente de Pro-Eco quien presenció el allanamiento en Ranchillos, denunció que Minera Alumbrera no presentó durante el procedimiento el Certificado de Aptitud Ambiental basado en la ley 24.051 pese a lo dispuesto por el juez Poviña.
Además, el querellante sostuvo que se lo obligó a eliminar las imágenes fotográficas que tomó durante el peritaje dentro de la planta y que se intentó impedirle fotografiar, incluso, durante la extracción de muestras en el canal DP2.
Una causa de vieja data
La causa contra Minera Alumbrera fue iniciada en 1999 por el funcionario de la entonces Dirección de Medio Ambiente provincial, Juan Antonio González, por presunta contaminación a la cuenca Salí-Dulce con residuos peligrosos arrojados al canal DP2. La investigación fue impulsada por el fiscal federal general, Antonio Gustavo Gómez.
En mayo de 2008 la Cámara Federal de Apelaciones revocó la falta de mérito a favor del vicepresidente de la firma, Julián Rooney, y dispuso su procesamiento sin prisión preventiva al encontrarlo presunto autor responsable de violar ley 24.051.
En septiembre de 2009 la Cámara Nacional de Casación Penal resolvió anular la sentencia contra Rooney y ordenó que se propongan nuevas medidas de prueba en el marco de esta causa contra la minera que aún sigue vigente.
La minera niega contaminación alguna según parámetros provinciales
Oportunamente, desde Minera Alumbrera se enfatizó que cumple con la totalidad de los parámetros establecidos en las normas aplicables (resolución N° 030 del Siprosa) en relación a la descarga de su planta de filtros ubicada en Ranchillos.
“La Justicia Federal ha podido corroborar (…) el cumplimiento ambiental de Minera Alumbrera, la cual opera bajo los parámetros ambientales más estrictos a nivel nacional e internacional. Esta actuación reafirma también el manejo responsable y sustentable de su explotación como eje de su política empresaria”, sostuvieron públicamente desde la empresa a través de su sitio virtual.
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Fecha de Publicación: 20/09/2012
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
El operativo, ordenado por la Justicia Federal, se realizó el martes en la planta de filtros de Minera Alumbrera en Ranchillos. Allí, la empresa vierte efluentes al canal DP2 que desemboca en la cuenca Salí-Dulce.La medida fue dispuesta por el juez federal Nº 2, Fernando Luis Poviña, en el marco de la causa iniciada por Juan Antonio González, en 1999, por presunta violación a la ley 24.051, sobre residuos peligrosos. Pese a los años transcurridos, el banquillo de los acusados todavía sigue vacío.
Se tomaron muestras de líquido en tres puntos diferentes: en una pileta ubicada dentro de la planta (ubicada sobre la ruta 302, departamento Cruz Alta, Tucumán) donde se realiza un tratamiento del efluente; a 700 metros de la descarga del vertido y metros antes de que las aguas del canal reciban los efluentes de la minera.
Las muestras serán analizadas en laboratorios del Instituto Nacional del Agua (INA) ubicados en Buenos Aires. Allí se determinarán parámetros de cianuro, arsénico, cobre, mercurio, zinc, níquel, cromo, plomo, manganeso, selenio, cadmio, PH (medida de alcalinidad o acidez del agua), demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y demanda química de oxígeno (DQO).
Con estos valores se pretende determinar cómo la minera afecta con sus desechos a la cuenca interjurisdiccional y si existen parámetros por encima de los valores establecidos por la ley de residuos peligrosos. El vertido a analizar surge tras el filtrado del material proveniente del mineraloducto que une esta planta con el yacimiento minero ubicado en Catamarca.
Del allanamiento formaron parte técnicos del INA, peritos y representantes legales de la minera, efectivos del Escuadrón 55 de Gendarmería, la abogada querellante de la ONG ambientalista Pro-Eco, Susana Carrizo y los ingenieros de la UNT Juan Alberto Ruiz, Pedro Jorge Albornoz y Franco Davolio, quienes, por decisión judicial oficiaron como peritos pese a la resistencia de la querella.
Integrada por Ana Loto y las organizaciones Conciencia Solidaria y Pro-Eco, la parte acusadora intentó sin éxito impugnar la designación de estos peritos dado el vínculo existente entre la minera y la UNT -a través de la UTE Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) de la que forma parte la casa de altos estudios-. Por Esteban Stanich
Reclamos de la querella
Alfredo Carbonel, dirigente de Pro-Eco quien presenció el allanamiento en Ranchillos, denunció que Minera Alumbrera no presentó durante el procedimiento el Certificado de Aptitud Ambiental basado en la ley 24.051 pese a lo dispuesto por el juez Poviña.
Además, el querellante sostuvo que se lo obligó a eliminar las imágenes fotográficas que tomó durante el peritaje dentro de la planta y que se intentó impedirle fotografiar, incluso, durante la extracción de muestras en el canal DP2.
Una causa de vieja data
La causa contra Minera Alumbrera fue iniciada en 1999 por el funcionario de la entonces Dirección de Medio Ambiente provincial, Juan Antonio González, por presunta contaminación a la cuenca Salí-Dulce con residuos peligrosos arrojados al canal DP2. La investigación fue impulsada por el fiscal federal general, Antonio Gustavo Gómez.
En mayo de 2008 la Cámara Federal de Apelaciones revocó la falta de mérito a favor del vicepresidente de la firma, Julián Rooney, y dispuso su procesamiento sin prisión preventiva al encontrarlo presunto autor responsable de violar ley 24.051.
En septiembre de 2009 la Cámara Nacional de Casación Penal resolvió anular la sentencia contra Rooney y ordenó que se propongan nuevas medidas de prueba en el marco de esta causa contra la minera que aún sigue vigente.
La minera niega contaminación alguna según parámetros provinciales
Oportunamente, desde Minera Alumbrera se enfatizó que cumple con la totalidad de los parámetros establecidos en las normas aplicables (resolución N° 030 del Siprosa) en relación a la descarga de su planta de filtros ubicada en Ranchillos.
“La Justicia Federal ha podido corroborar (…) el cumplimiento ambiental de Minera Alumbrera, la cual opera bajo los parámetros ambientales más estrictos a nivel nacional e internacional. Esta actuación reafirma también el manejo responsable y sustentable de su explotación como eje de su política empresaria”, sostuvieron públicamente desde la empresa a través de su sitio virtual.
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Entre Ríos quiere regular la fumigación aérea
También en Entre Ríos avanzan leyes que regulan la fumigación aérea
Fecha de Publicación: 20/09/2012
Fuente: Punto Biz
Provincia/Región: Entre Ríos
Dos nuevos proyectos de ley que regulan la utilización de agroquímicos fueron ingresados a la Legislatura entrerriana. El primero de ellos, presentado en el Senado, prohíbe las fumigaciones a menos de 1.000 metros del límite de construcción y establece que “si hay peligro para la salud se podrá prohibir completamente el uso de agroquímicos”. El otro, ingresado en la Cámara de Diputados, propone regular la utilización de productos fitosanitarios en todo el territorio de la provincia.
Los senadores oficialistas Oscar Arlettaz y Enrique Cresto, presentaron un proyecto que deroga la Ley provincial Nº 6.599 de Agroquímicos, que data de 1980 y establece un régimen para el uso de plaguicidas, y se propone una nueva legislación. La iniciativa tiene como ejes centrales la defensa de la salud humana, del ecosistema, de los recursos naturales y de la producción agropecuaria y de terceros. Se hace responsables a quienes utilicen los mismos, de los daños que puedan ocasionarse por usos indebidos o contrarios a lo que disponga la norma que se propone.
El proyecto será tratado únicamente en la Comisión de Producción, conducida justamente por uno de los autores de la iniciativa, Arlettaz, quien opinó que “es necesario sacar una norma que no perjudique ni al medio ambiente ni a la producción”.
De esta manera, el Senado avanza en el estudio de una nueva legislación, dejando de lado un proyecto con media sanción de Diputados, en la que se proponían tan sólo modificaciones parciales a la Ley Nº 6.559. A su vez, el presidente de Producción adelantó que intentarán crear una ley que esté en armonía con la legislación vigente en las vecinas provincias de Santa Fe y Córdoba.
Por otro lado, la Cámara de Diputados recibió un proyecto redactado por la diputada del Frente Entrerriano Federal (FEF) Rosario Romero, acompañada por su compañero de bloque Fabián Flores. El proyecto toma como punto de partida la 6.599, ampliando el sustrato material de regulación para poder hacer frente a una realidad no prevista por la norma vigente.
La iniciativa dispone que “quedan sujetos a las disposiciones de esta Ley y sus normas reglamentarias la elaboración, formulación, transporte, almacenamiento, distribución, fraccionamiento, expendio, aplicación y disposición final de envases de productos fitosanitarios cuyo empleo, manipulación y/o tenencia a cualquier título comprometa la calidad de vida de la población y/o el medio ambiente”.
Romero expresó que “el proyecto tiene por objeto generar una herramienta legal que permita una regulación integral del uso de productos fitosanitarios con destino agropecuario en nuestro territorio, sobre la base de principios protectorios del ambiente, la salud humana y la sustentabilidad de nuestro suelo”, e indicó que “tenemos la convicción de que estamos frente a un problema que recién está comenzando a mostrar sus nocivos efectos, los cuales, se verán agravados en un futuro si no se toman medidas de diverso orden para prevenir todo cuanto sea materialmente posible”.
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Fecha de Publicación: 20/09/2012
Fuente: Punto Biz
Provincia/Región: Entre Ríos
Dos nuevos proyectos de ley que regulan la utilización de agroquímicos fueron ingresados a la Legislatura entrerriana. El primero de ellos, presentado en el Senado, prohíbe las fumigaciones a menos de 1.000 metros del límite de construcción y establece que “si hay peligro para la salud se podrá prohibir completamente el uso de agroquímicos”. El otro, ingresado en la Cámara de Diputados, propone regular la utilización de productos fitosanitarios en todo el territorio de la provincia.
Los senadores oficialistas Oscar Arlettaz y Enrique Cresto, presentaron un proyecto que deroga la Ley provincial Nº 6.599 de Agroquímicos, que data de 1980 y establece un régimen para el uso de plaguicidas, y se propone una nueva legislación. La iniciativa tiene como ejes centrales la defensa de la salud humana, del ecosistema, de los recursos naturales y de la producción agropecuaria y de terceros. Se hace responsables a quienes utilicen los mismos, de los daños que puedan ocasionarse por usos indebidos o contrarios a lo que disponga la norma que se propone.
El proyecto será tratado únicamente en la Comisión de Producción, conducida justamente por uno de los autores de la iniciativa, Arlettaz, quien opinó que “es necesario sacar una norma que no perjudique ni al medio ambiente ni a la producción”.
De esta manera, el Senado avanza en el estudio de una nueva legislación, dejando de lado un proyecto con media sanción de Diputados, en la que se proponían tan sólo modificaciones parciales a la Ley Nº 6.559. A su vez, el presidente de Producción adelantó que intentarán crear una ley que esté en armonía con la legislación vigente en las vecinas provincias de Santa Fe y Córdoba.
Por otro lado, la Cámara de Diputados recibió un proyecto redactado por la diputada del Frente Entrerriano Federal (FEF) Rosario Romero, acompañada por su compañero de bloque Fabián Flores. El proyecto toma como punto de partida la 6.599, ampliando el sustrato material de regulación para poder hacer frente a una realidad no prevista por la norma vigente.
La iniciativa dispone que “quedan sujetos a las disposiciones de esta Ley y sus normas reglamentarias la elaboración, formulación, transporte, almacenamiento, distribución, fraccionamiento, expendio, aplicación y disposición final de envases de productos fitosanitarios cuyo empleo, manipulación y/o tenencia a cualquier título comprometa la calidad de vida de la población y/o el medio ambiente”.
Romero expresó que “el proyecto tiene por objeto generar una herramienta legal que permita una regulación integral del uso de productos fitosanitarios con destino agropecuario en nuestro territorio, sobre la base de principios protectorios del ambiente, la salud humana y la sustentabilidad de nuestro suelo”, e indicó que “tenemos la convicción de que estamos frente a un problema que recién está comenzando a mostrar sus nocivos efectos, los cuales, se verán agravados en un futuro si no se toman medidas de diverso orden para prevenir todo cuanto sea materialmente posible”.
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Residuos: no usan un crédito y los multan, increíble
Multan al país por no usar un crédito para limpiar basurales
Fecha de Publicación: 19/09/2012
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Le habían otorgado 60 millones de dólares para erradicar los residuos a cielo abierto en municipios turísticos. Pero sólo se usó el 17% del dinero. Ahora, como castigo, tiene que pagar 126 mil dólares.
Fue en 2007, cuando Félix Pérez, intendente de Tilcara, se enteró de que la Nación tenía un plan para erradicar los basurales en los municipios turísticos. Era lo que necesitaba. La basura había crecido en la ciudad con la misma rapidez que llegaron turistas y se levantaron hoteles y pronto comenzó a amontonarse cerca del río. Después de cinco años de intentos, Pérez todavía no pudo comprar las dos máquinas que necesita para sacar el basural a cielo abierto. Son una compactadora y una moledora de plástico. Las dos cuestan unos 22 mil dólares, es menos del 20 por ciento de la multa que la Argentina tuvo que pagarle al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por no haber utilizado un préstamo para poner en orden los basurales a cielo abierto en los municipios turísticos del país.
Un informe de la Auditoría General de la Nación al que tuvo acceso Clarín determinó que hasta ahora sólo se utilizó el 17 por ciento del dinero otorgado por el BID. Por eso, la Argentina fue multada con 126.216 dólares. Es decir, tuvo que pagar por haber pedido un crédito que no usó.
El Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos comenzó a implementarse desde noviembre 2007. El BID se haría cargo de 60 millones de dólares, mientras que el Estado argentino debía aportar otros 15. Las secretaría de Turismo y de Ambiente, fueron las designadas para llevar adelante el programa. Pero sólo ingresaron 19 municipios. Y en muchos de ellos, como el de Puerto Iguazú el saneamiento quedó a medio camino.
De acuerdo con el convenio, los turistas agregan entre 25% y 30% al volumen anual de residuos. Y en temporada se generan “períodos de crisis para el sistema de recolección y disposición final”. Se estima que el volumen de residuos en los centros turísticos oscila entre 1,2 y 1,5 kilos por habitante por día, un “volumen significativamente superior al promedio nacional de 0,91”.
La AGN determinó que uno de los principales problemas fue que no se especificó qué es un “municipio turístico”. Por eso, sólo ingresaron tan pocos. En Argentina, existen 50 corredores turísticos –que comprenden más de un municipio– y otras 470 áreas naturales protegidas. Además, los que sí lograron entrar al programa “no reciben suficiente fortalecimiento y herramientas para gestionarlos y sostenerlos en el tiempo”.
Para llevar adelante el programa, el Estado contrató consultoras privadas que debían rendir informes semestrales. Pero la auditoría determinó que esos informes “no dan cuenta del grado de avance de los productos del Programa, ni detallan la supervisión de obras y los problemas encontrados y subsanados”.
Silvia Mucci es quien está a cargo de este programa por parte de la Secretaría de Ambiente. Consultada por Clarín , sólo dijo que “se está ejecutando con normalidad y que se está cerrando en los tiempos previstos y dentro de los parámetros normales”.
Según Alejandro Nieva, uno de los auditores que trabajó en el informe, “se gasta todo en equipamiento, en pago de consultoras y finalmente la plata no llega donde tiene que llegar ”.
“Nuestra gente es consciente –dice Félix Pérez–, pero el proyecto para sacar el basural es a mano. El 60 por ciento del ingreso de Tilcara es el Turismo, por eso pedimos ayuda. A mí me gustaría que se armen pequeñas empresitas para que la gente no tenga que vivir de un plan”. En el año 2003, la Quebrada fue declarada por la Unesco Sitio del Patrimonio de la Humanidad. Sin suerte, los municipios de la Quebrada piden que los dejen ingresar al programa.
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Fecha de Publicación: 19/09/2012
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Le habían otorgado 60 millones de dólares para erradicar los residuos a cielo abierto en municipios turísticos. Pero sólo se usó el 17% del dinero. Ahora, como castigo, tiene que pagar 126 mil dólares.Fue en 2007, cuando Félix Pérez, intendente de Tilcara, se enteró de que la Nación tenía un plan para erradicar los basurales en los municipios turísticos. Era lo que necesitaba. La basura había crecido en la ciudad con la misma rapidez que llegaron turistas y se levantaron hoteles y pronto comenzó a amontonarse cerca del río. Después de cinco años de intentos, Pérez todavía no pudo comprar las dos máquinas que necesita para sacar el basural a cielo abierto. Son una compactadora y una moledora de plástico. Las dos cuestan unos 22 mil dólares, es menos del 20 por ciento de la multa que la Argentina tuvo que pagarle al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por no haber utilizado un préstamo para poner en orden los basurales a cielo abierto en los municipios turísticos del país.
Un informe de la Auditoría General de la Nación al que tuvo acceso Clarín determinó que hasta ahora sólo se utilizó el 17 por ciento del dinero otorgado por el BID. Por eso, la Argentina fue multada con 126.216 dólares. Es decir, tuvo que pagar por haber pedido un crédito que no usó.
El Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos comenzó a implementarse desde noviembre 2007. El BID se haría cargo de 60 millones de dólares, mientras que el Estado argentino debía aportar otros 15. Las secretaría de Turismo y de Ambiente, fueron las designadas para llevar adelante el programa. Pero sólo ingresaron 19 municipios. Y en muchos de ellos, como el de Puerto Iguazú el saneamiento quedó a medio camino.
De acuerdo con el convenio, los turistas agregan entre 25% y 30% al volumen anual de residuos. Y en temporada se generan “períodos de crisis para el sistema de recolección y disposición final”. Se estima que el volumen de residuos en los centros turísticos oscila entre 1,2 y 1,5 kilos por habitante por día, un “volumen significativamente superior al promedio nacional de 0,91”.
La AGN determinó que uno de los principales problemas fue que no se especificó qué es un “municipio turístico”. Por eso, sólo ingresaron tan pocos. En Argentina, existen 50 corredores turísticos –que comprenden más de un municipio– y otras 470 áreas naturales protegidas. Además, los que sí lograron entrar al programa “no reciben suficiente fortalecimiento y herramientas para gestionarlos y sostenerlos en el tiempo”.
Para llevar adelante el programa, el Estado contrató consultoras privadas que debían rendir informes semestrales. Pero la auditoría determinó que esos informes “no dan cuenta del grado de avance de los productos del Programa, ni detallan la supervisión de obras y los problemas encontrados y subsanados”.
Silvia Mucci es quien está a cargo de este programa por parte de la Secretaría de Ambiente. Consultada por Clarín , sólo dijo que “se está ejecutando con normalidad y que se está cerrando en los tiempos previstos y dentro de los parámetros normales”.
Según Alejandro Nieva, uno de los auditores que trabajó en el informe, “se gasta todo en equipamiento, en pago de consultoras y finalmente la plata no llega donde tiene que llegar ”.
“Nuestra gente es consciente –dice Félix Pérez–, pero el proyecto para sacar el basural es a mano. El 60 por ciento del ingreso de Tilcara es el Turismo, por eso pedimos ayuda. A mí me gustaría que se armen pequeñas empresitas para que la gente no tenga que vivir de un plan”. En el año 2003, la Quebrada fue declarada por la Unesco Sitio del Patrimonio de la Humanidad. Sin suerte, los municipios de la Quebrada piden que los dejen ingresar al programa.
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El 11 de octubre hay audiencia por el Riachuelo
Convocan a audiencia pública por el Riachuelo
Fecha de Publicación: 19/09/2012
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Riachuelo
La Corte Suprema de Justicia convocó a una nueva audiencia pública para el 11 de octubre próximo con vistas a evaluar el avance del plan de obras en la llamada causa Riachuelo.
Ese día estarán presentes representantes de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, del Estado nacional, de la provincia de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires y de seis municipios bonaerenses. La decisión de la Corte llegó en medio de los cuestionamientos que se hicieron sobre el juez Luis Antonio Armella, quien supervisa la limpieza del Riachuelo y debe aclarar si ordenó una serie de obras complejas sin licitaciones que le fueron adjudicadas a empresas supuestamente vinculadas a sus allegados.
El 8 de julio del 2008, la Corte Suprema ordenó el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo (fallo "Mendoza y otros") y designó a Armella a cargo de ese largo proceso. Desde ese momento, los cortesanos nunca tuvieron voluntad política de ir a fondo para exigir al Ejecutivo que se cumpla con las obras necesarias.
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Fecha de Publicación: 19/09/2012
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Riachuelo
La Corte Suprema de Justicia convocó a una nueva audiencia pública para el 11 de octubre próximo con vistas a evaluar el avance del plan de obras en la llamada causa Riachuelo.
Ese día estarán presentes representantes de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, del Estado nacional, de la provincia de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires y de seis municipios bonaerenses. La decisión de la Corte llegó en medio de los cuestionamientos que se hicieron sobre el juez Luis Antonio Armella, quien supervisa la limpieza del Riachuelo y debe aclarar si ordenó una serie de obras complejas sin licitaciones que le fueron adjudicadas a empresas supuestamente vinculadas a sus allegados.
El 8 de julio del 2008, la Corte Suprema ordenó el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo (fallo "Mendoza y otros") y designó a Armella a cargo de ese largo proceso. Desde ese momento, los cortesanos nunca tuvieron voluntad política de ir a fondo para exigir al Ejecutivo que se cumpla con las obras necesarias.
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Monsanto entre marchas de repudio y apoyo K
Marcha multitudinaria en contra de Monsanto
Fecha de Publicación: 18/09/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Fue por las calles del Centro de Córdoba. Se movilizaron contra la radicación de una planta de semillas en Malvinas Argentinas.
Miles de personas se movilizaron anoche en la ciudad de Córdoba en contra de la instalación de una planta de Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas. La marcha comenzó en Colón y Cañada y concluyó con en la ex Plaza Vélez Sársfield.
La movilización es parte de la resistencia de vecinos y grupos ambientalistas a la radicación de una planta para procesar semillas de maíz, en la localidad de Malvinas Argentinas, ubicada 14 kilómetros al este de la Capital provincial. La construcción de dicha empresa estadounidense supone una inversión de 1.500 millones de pesos y la creación de 400 puestos de trabajo.
El plan había sido presentado a la presidenta, Cristina Fernández, en junio pasado, por directivos de la firma. Cuenta con el apoyo del gobernador, José Manuel de la Sota, y el intendente de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani.
La marcha reunió a miles de personas. Los organizadores daban cifras que hablaban de entre cinco mil a 10 mil manifestantes, principalmente jóvenes. Lo que pudo apreciar este diario es que ocupó unas tres cuadras de avenida Vélez Sarsfield.
Hubo una fuerte presencia de organizaciones ambientalistas, dirigentes y militantes de partidos de izquierda y de movimientos sociales, identificados con sus respectivas banderas.
Las principales críticas se apuntaron contra De la Sota, contra Arzani y contra los funcionarios de Agricultura de la Provincia. También había banderas en contra del Gobierno nacional.
Los oradores y las pancartas denunciaban el “peligro de contaminación por la instalación de la planta” y pedían que Monsanto fuera expulsada de América latina.
“Le estamos diciendo no a Monsanto por el currículo que tiene. Si uno se pone a leer desde el inicio de esa empresa, está destinada a crear muerte y contaminación, desde el agente naranja en adelante”, dijo Martín Carranza, del colectivo Paren de Fumigar.
“Otro punto fundamental es que países del primer mundo europeo, como Francia, le han dicho no a la instalación de Monsanto. En un montón de países tienen juicios por contaminación que los han perdido. Por eso decimos no a Monsanto”, agregó.
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Argentina: la Federación Agraria acusó a Yauhar de querer beneficiar a Monsanto
Fecha de Publicación: 18/09/2012
Fuente: Infocampo - Acción por la Biodiversidad
Provincia/Región: Nacional
La Federación Agraria Argentina (FAA) remitió el 10 de septiembre una dura carta al Ministro de Agricultura Norberto Yauhar en la que le anunció que no seguirá participando de las reuniones que impulsa esa Cartera en las que se está discutiendo la modificación a la ley de semillas.
“Bajo la apariencia de una búsqueda de consensos, es una mesa donde priman los intereses de las corporaciones por sobre los de soberanía de nuestra Nación y la de los productores en particular”, dice la nota y agrega: “No podemos convalidar con nuestra presencia la entrega de la soberanía nacional en materia de semillas, ni la consolidación de la propiedad privada sobre la diversidad biológica y el patentamiento de la reproducción natural de las simientes”.
Además, la entidad acusa al ministro de inclinar la discusión "hacia la obtención de la búsqueda de legitimación para un proyecto que beneficie a la empresa Monsanto, pulverizando limitando el derecho de uso propio por parte de los agricultores y legitimando respecto al cobro de regalías extendidas que eternizan y consolidan la concentración de la industria semillera”.
En la misiva, también se remarca que en ningún caso se opone a los desarrollos biotecnológicos, sino a que se beneficie a una o más empresas: “Reiteramos: no convalidaremos con nuestra presencia esta verdadera entrega de la soberanía nacional en el área de semillas ni nos pondremos al servicio de los intereses de los sectores más concentrados de la economía que están siendo los reales ganadores del modelo", aseguró FAA.
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Monsanto, ese incómodo aliado de Cristina
Fecha de Publicación: 18/09/2012
Fuente: Urgente24 - No a la Mina
Provincia/Región: Nacional
El fabricante de transgénicos y glifosato es una corporación que pone en permanente contradicción al cristinismo. Depende la conveniencia, es amigo o enemigo. La acusa de causar daño en la salud, pero luego celebra sus anuncios de millonarias inversiones. La nueva 'ley de semillas'.
A partir de las 18:00 de este lunes (17/9) agrupaciones ambientalistas y vecinos de la localidad de Malvinas Argentinas, en la provincia de Córdoba, se manifiestan en la capital provincial para rechazar la instalación de una planta de semillas de la empresa de origen estadounidense Monsanto en su municipio.
Bajo la consigna "No importa lo bien que lo muestren, Monsanto mata", los manifestates marcharán por el centro cordobés para "hacer visible" su repudio al arribo del fabricante de semillas transgénicas y glifosato. De acuerdo a la convocatoria, participan de la marcha las ONGs Malvinas Lucha por la Vida, Paren de Fumigar, Madres de Barrio Ituzaingó y la Coordinadora por la Sobernía Alimentaria No a Monsanto.
No es la 1ra manifestación contra la empresa de los vecinos de Malvinas Argentinas. A principios de mes las organizaciones ya realizaron un acto de rechazo sobre la ruta 19, donde marcharon hasta el lugar donde se levantará la planta. En el mismo lugar se volvieron a convocar el 10/9.
En cuanto al proyecto malvinense, incluye la ocupación de una campo de 28 hectáreas con una planta de semillas, que pretende ser una de las más grandes del mundo y estaría en operaciones durante la 1ra parte de 2014.
Monsanto es una corporación que pone en permanente contradicción al cristinismo. Depende la conveniencia, es amigo o enemigo. La militancia K insiste con atribuirle una sociedad con Clarín y La Nación cuando quiere desprestigiar a esos diarios. También se acusó a los sectores agropecuarios por el uso del glifosato en sus plantaciones durante el conflicto con el campo en 2008, por el efecto que este agroquímico tendría en la salud y el medioambiente.
Pero hay ocasiones en que se celebran los anuncios de la compañía norteamericana sobre inversiones millonarias en el país. En junio fue la misma presidente Cristina Fernández la que se encargó de anunciar la inversión de $1.800 millones por parte de Monsanto. "La inversión de Monsanto es importantísima y va a ayudar a la concreción de nuestro plan, tanto agroalimentario 20-20, como nuestro plan industrial. Me decía su titular que les había impresionado mucho el apoyo que nuestro Gobierno estaba dando a la ciencia y a la tecnología", dijo la mandataria tras un encuentro privado con las autoridades de la empresa en Nueva York.
El diario oficialista Página12 destacaba que "la ministra de Industria, Débora Giorgi, agregó que la nueva planta para producción de semillas de maíz implica "400 puestos de trabajo más" y destacó que el lugar de emplazamiento del emprendimiento es el barrio Malvinas Argentinas, en Córdoba, algo que ligó con el hecho de que la Presidenta estuviera en Nueva York debido al discurso que dio ante el Comité de Descolonización de la ONU".
Pero, curiosamente, no toda la prensa oficialista está dispuesto a firmarle un cheque en blanco a Monsanto, poniendo de manifiesto esa contradicción existente en el cristinismo respecto al fabricante de semillas. Apenas un día después de la crónica de Página12, un artículo del diario Tiempo Argentino alertaba sobre la falta de control de los agroquímicos de Monsanto y Nidera por parte del organismo oficial competente, el Senasa, y que eran las mismas compañías las que certificaban sus pesticidas.
La nota firmada por Manuel Alfieri señalaba que "los laboratorios que realizan las evaluaciones paradeterminar la toxicidad de los agro-químicos que se utilizan en nuestro país están directamente vinculados o son las mismas empresas que producen y comercializan pesticidas", y agrega: "Sí, los laboratorios Monsanto realizan los ensayos toxicológicosque establecen si los productos de la empresa Monsanto SA –entreellos, el glifosato, denunciado porcontaminar el medio ambiente y atentar contra la salud de las personas– pueden diseminarse en los campos argentinos".
En la misma nota del diario al que nunca podría acusarse de anti-cristinista se entrevistaba a al especialista Claudio Lowy, quien abundaba sobre el rol del Senasa. "El SENASA no realiza ensayos de toxicidad de los pesticidas, sinoque evalúa los ensayos ya realizados porlos laboratorios habilitados. Esos laboratorios no son indepe-dientes, porque están vinculados o son lasmismas empresas que producen y comercializan pesticidas, como Monsanto y Nidera. Osea, son juez y parte", dijo el Lowy, un ingeniero forestal y experto en desarrollo sustentable.
No obstante, la alianza, incómoda, del Gobierno Nacional con el productor de transgénicos parece tener una meta clara. Recientemente el Ejecutivo le autorizó a Monsanto comercializar en el país un nuevo tipo de semilla, la 'Intacta RR2 PRO'. Se trata de una semilla homologada, es decir certificada por la misma empresa.
Esto le permitiría al fisco tener una mayor control sobre la producción de granos, especialmente de la soja, reduciendo los niveles de evasión. Caber recordar que el Estado argentino recauda US$ 12.000 millones por año en concepto de retenciones a las exportaciones de soja, casi el 9% de la recaudación total.
En este marco comenzará a tratarse una nueva 'Ley de Semillas' que apunta a reconocerle la "autoría" a los fabricantes de las mismas. Es un proyecto que impulsa el Gobierno Nacional através del ministerio de Agricultura. Con esta ley los productores agrícolas deberían pagarle regalías a los fabricantes de semillas, como Monsanto.
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Fecha de Publicación: 18/09/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Fue por las calles del Centro de Córdoba. Se movilizaron contra la radicación de una planta de semillas en Malvinas Argentinas.Miles de personas se movilizaron anoche en la ciudad de Córdoba en contra de la instalación de una planta de Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas. La marcha comenzó en Colón y Cañada y concluyó con en la ex Plaza Vélez Sársfield.
La movilización es parte de la resistencia de vecinos y grupos ambientalistas a la radicación de una planta para procesar semillas de maíz, en la localidad de Malvinas Argentinas, ubicada 14 kilómetros al este de la Capital provincial. La construcción de dicha empresa estadounidense supone una inversión de 1.500 millones de pesos y la creación de 400 puestos de trabajo.
El plan había sido presentado a la presidenta, Cristina Fernández, en junio pasado, por directivos de la firma. Cuenta con el apoyo del gobernador, José Manuel de la Sota, y el intendente de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani.
La marcha reunió a miles de personas. Los organizadores daban cifras que hablaban de entre cinco mil a 10 mil manifestantes, principalmente jóvenes. Lo que pudo apreciar este diario es que ocupó unas tres cuadras de avenida Vélez Sarsfield.
Hubo una fuerte presencia de organizaciones ambientalistas, dirigentes y militantes de partidos de izquierda y de movimientos sociales, identificados con sus respectivas banderas.
Las principales críticas se apuntaron contra De la Sota, contra Arzani y contra los funcionarios de Agricultura de la Provincia. También había banderas en contra del Gobierno nacional.
Los oradores y las pancartas denunciaban el “peligro de contaminación por la instalación de la planta” y pedían que Monsanto fuera expulsada de América latina.
“Le estamos diciendo no a Monsanto por el currículo que tiene. Si uno se pone a leer desde el inicio de esa empresa, está destinada a crear muerte y contaminación, desde el agente naranja en adelante”, dijo Martín Carranza, del colectivo Paren de Fumigar.
“Otro punto fundamental es que países del primer mundo europeo, como Francia, le han dicho no a la instalación de Monsanto. En un montón de países tienen juicios por contaminación que los han perdido. Por eso decimos no a Monsanto”, agregó.
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Argentina: la Federación Agraria acusó a Yauhar de querer beneficiar a Monsanto
Fecha de Publicación: 18/09/2012
Fuente: Infocampo - Acción por la Biodiversidad
Provincia/Región: Nacional
La Federación Agraria Argentina (FAA) remitió el 10 de septiembre una dura carta al Ministro de Agricultura Norberto Yauhar en la que le anunció que no seguirá participando de las reuniones que impulsa esa Cartera en las que se está discutiendo la modificación a la ley de semillas.
“Bajo la apariencia de una búsqueda de consensos, es una mesa donde priman los intereses de las corporaciones por sobre los de soberanía de nuestra Nación y la de los productores en particular”, dice la nota y agrega: “No podemos convalidar con nuestra presencia la entrega de la soberanía nacional en materia de semillas, ni la consolidación de la propiedad privada sobre la diversidad biológica y el patentamiento de la reproducción natural de las simientes”.
Además, la entidad acusa al ministro de inclinar la discusión "hacia la obtención de la búsqueda de legitimación para un proyecto que beneficie a la empresa Monsanto, pulverizando limitando el derecho de uso propio por parte de los agricultores y legitimando respecto al cobro de regalías extendidas que eternizan y consolidan la concentración de la industria semillera”.
En la misiva, también se remarca que en ningún caso se opone a los desarrollos biotecnológicos, sino a que se beneficie a una o más empresas: “Reiteramos: no convalidaremos con nuestra presencia esta verdadera entrega de la soberanía nacional en el área de semillas ni nos pondremos al servicio de los intereses de los sectores más concentrados de la economía que están siendo los reales ganadores del modelo", aseguró FAA.
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Monsanto, ese incómodo aliado de Cristina
Fecha de Publicación: 18/09/2012
Fuente: Urgente24 - No a la Mina
Provincia/Región: Nacional
El fabricante de transgénicos y glifosato es una corporación que pone en permanente contradicción al cristinismo. Depende la conveniencia, es amigo o enemigo. La acusa de causar daño en la salud, pero luego celebra sus anuncios de millonarias inversiones. La nueva 'ley de semillas'.
A partir de las 18:00 de este lunes (17/9) agrupaciones ambientalistas y vecinos de la localidad de Malvinas Argentinas, en la provincia de Córdoba, se manifiestan en la capital provincial para rechazar la instalación de una planta de semillas de la empresa de origen estadounidense Monsanto en su municipio.
Bajo la consigna "No importa lo bien que lo muestren, Monsanto mata", los manifestates marcharán por el centro cordobés para "hacer visible" su repudio al arribo del fabricante de semillas transgénicas y glifosato. De acuerdo a la convocatoria, participan de la marcha las ONGs Malvinas Lucha por la Vida, Paren de Fumigar, Madres de Barrio Ituzaingó y la Coordinadora por la Sobernía Alimentaria No a Monsanto.
No es la 1ra manifestación contra la empresa de los vecinos de Malvinas Argentinas. A principios de mes las organizaciones ya realizaron un acto de rechazo sobre la ruta 19, donde marcharon hasta el lugar donde se levantará la planta. En el mismo lugar se volvieron a convocar el 10/9.
En cuanto al proyecto malvinense, incluye la ocupación de una campo de 28 hectáreas con una planta de semillas, que pretende ser una de las más grandes del mundo y estaría en operaciones durante la 1ra parte de 2014.
Monsanto es una corporación que pone en permanente contradicción al cristinismo. Depende la conveniencia, es amigo o enemigo. La militancia K insiste con atribuirle una sociedad con Clarín y La Nación cuando quiere desprestigiar a esos diarios. También se acusó a los sectores agropecuarios por el uso del glifosato en sus plantaciones durante el conflicto con el campo en 2008, por el efecto que este agroquímico tendría en la salud y el medioambiente.
Pero hay ocasiones en que se celebran los anuncios de la compañía norteamericana sobre inversiones millonarias en el país. En junio fue la misma presidente Cristina Fernández la que se encargó de anunciar la inversión de $1.800 millones por parte de Monsanto. "La inversión de Monsanto es importantísima y va a ayudar a la concreción de nuestro plan, tanto agroalimentario 20-20, como nuestro plan industrial. Me decía su titular que les había impresionado mucho el apoyo que nuestro Gobierno estaba dando a la ciencia y a la tecnología", dijo la mandataria tras un encuentro privado con las autoridades de la empresa en Nueva York.
El diario oficialista Página12 destacaba que "la ministra de Industria, Débora Giorgi, agregó que la nueva planta para producción de semillas de maíz implica "400 puestos de trabajo más" y destacó que el lugar de emplazamiento del emprendimiento es el barrio Malvinas Argentinas, en Córdoba, algo que ligó con el hecho de que la Presidenta estuviera en Nueva York debido al discurso que dio ante el Comité de Descolonización de la ONU".
Pero, curiosamente, no toda la prensa oficialista está dispuesto a firmarle un cheque en blanco a Monsanto, poniendo de manifiesto esa contradicción existente en el cristinismo respecto al fabricante de semillas. Apenas un día después de la crónica de Página12, un artículo del diario Tiempo Argentino alertaba sobre la falta de control de los agroquímicos de Monsanto y Nidera por parte del organismo oficial competente, el Senasa, y que eran las mismas compañías las que certificaban sus pesticidas.
La nota firmada por Manuel Alfieri señalaba que "los laboratorios que realizan las evaluaciones paradeterminar la toxicidad de los agro-químicos que se utilizan en nuestro país están directamente vinculados o son las mismas empresas que producen y comercializan pesticidas", y agrega: "Sí, los laboratorios Monsanto realizan los ensayos toxicológicosque establecen si los productos de la empresa Monsanto SA –entreellos, el glifosato, denunciado porcontaminar el medio ambiente y atentar contra la salud de las personas– pueden diseminarse en los campos argentinos".
En la misma nota del diario al que nunca podría acusarse de anti-cristinista se entrevistaba a al especialista Claudio Lowy, quien abundaba sobre el rol del Senasa. "El SENASA no realiza ensayos de toxicidad de los pesticidas, sinoque evalúa los ensayos ya realizados porlos laboratorios habilitados. Esos laboratorios no son indepe-dientes, porque están vinculados o son lasmismas empresas que producen y comercializan pesticidas, como Monsanto y Nidera. Osea, son juez y parte", dijo el Lowy, un ingeniero forestal y experto en desarrollo sustentable.
No obstante, la alianza, incómoda, del Gobierno Nacional con el productor de transgénicos parece tener una meta clara. Recientemente el Ejecutivo le autorizó a Monsanto comercializar en el país un nuevo tipo de semilla, la 'Intacta RR2 PRO'. Se trata de una semilla homologada, es decir certificada por la misma empresa.
Esto le permitiría al fisco tener una mayor control sobre la producción de granos, especialmente de la soja, reduciendo los niveles de evasión. Caber recordar que el Estado argentino recauda US$ 12.000 millones por año en concepto de retenciones a las exportaciones de soja, casi el 9% de la recaudación total.
En este marco comenzará a tratarse una nueva 'Ley de Semillas' que apunta a reconocerle la "autoría" a los fabricantes de las mismas. Es un proyecto que impulsa el Gobierno Nacional através del ministerio de Agricultura. Con esta ley los productores agrícolas deberían pagarle regalías a los fabricantes de semillas, como Monsanto.
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La Angostura desmontaría para dos countries
Denuncian la violación de la Ley de Bosques en Villa La Angostura
Fecha de Publicación: 18/09/2012
Fuente: Bariloche Opina
Provincia/Región: Neuquén
Greenpeace reclamó hoy a las empresas Cerro Bayo SA y EIDICO SA la cancelación urgente y definitiva de los proyectos urbanísticos que llevan adelante en Villa La Angostura (1). Los ambientalistas denuncian que los emprendimientos violan la Ley nacional 26.331 de Bosques Nativos. Las empresas planean la construcción de por los menos dos mega-countries y una cancha de golf en el Cerro Bayo, por los que desmontarán más de 1.000 hectáreas de bosques patagónicos. El área, valiosa en biodiversidad, es una de las mejores conservadas del país con árboles de más de 100 años.
Diez escaladores de Greenpeace desplegaron un cartel con el lema “El bosque no se vende” desde el puente de la ruta 231 sobre el río Correntoso (2), frente a los proyectos urbanísticos de EIDICO S.A. y Cerro Bayo S.A., para denunciar que las empresas ya han realizado el loteo para la venta de predios que claramente están en zonas protegidas por ley, y para reclamar la cancelación definitiva de los proyectos.
“Nos sumamos al reclamo de los vecinos de Villa La Angostura por el cumplimiento efectivo de la Ley 26.331 y por la protección del bosque. Las empresas deben cesar en su intento de evadir la normativa vigente y retirar sus proyectos. Asimismo, las autoridades locales tienen que reglamentar la Ley provincial respetando los criterios ambientales establecidos por la norma, sin intentar favorecer a las empresas” señaló María Eugenia Testa, Directora Política de Greenpeace.
Los proyectos “Cerro Bayo Village”, “Chacras del Correntoso” y “Cerro Bayo Golf” se encuentran ubicados mayormente en áreas en las cuales está prohibido el desmonte, ya sea para agricultura, ganadería o emprendimientos inmobiliarios, según las categorías I (Rojo) y II (Amarillo) de la Ley de Bosques y del Ordenamiento Territorial realizado por la provincia (3). No obstante, la empresa ya ha ofrecido lotes a la venta y no ha cancelado definitivamente el proyecto.
“En varias oportunidades y frente a presiones que intentaron vulnerar el medio ambiente o la decisión de ser una Aldea de Montaña, nuestra comunidad tuvo la constante vocación por autoconvocarse. Desde 2007 hemos estado abocados a la defensa de nuestro bosque nativo andino patagónico frente al embate de empresas y gobiernos que pretenden urbanizarlo”, señaló Emilia Eldelstein, de la ONG local Alerta Angostura.
Villa La Angostura es la parte de la zona centro-norte de la región del bosque andino patagónico, una de las últimas reservas mundiales de bosques templados con poca alteración por intervención del hombre y valiosa biodiversidad, además es uno de los biomas argentinos mejores conservados. En los últimos años, el avance de los desmontes para nuevos proyectos urbanísticos está produciendo un retroceso de la flora y la fauna en toda la región.
“Es imprescindible que las autoridades sean las garantes del cumplimiento de la ley. Los beneficios económicos de las empresas no pueden estar por sobre la legislación vigente, los derechos de los vecinos de La Angostura, ni por sobre la protección de un ecosistema de las características del bosque patagónico”, finalizó Testa.
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Fecha de Publicación: 18/09/2012
Fuente: Bariloche Opina
Provincia/Región: Neuquén
Greenpeace reclamó hoy a las empresas Cerro Bayo SA y EIDICO SA la cancelación urgente y definitiva de los proyectos urbanísticos que llevan adelante en Villa La Angostura (1). Los ambientalistas denuncian que los emprendimientos violan la Ley nacional 26.331 de Bosques Nativos. Las empresas planean la construcción de por los menos dos mega-countries y una cancha de golf en el Cerro Bayo, por los que desmontarán más de 1.000 hectáreas de bosques patagónicos. El área, valiosa en biodiversidad, es una de las mejores conservadas del país con árboles de más de 100 años.Diez escaladores de Greenpeace desplegaron un cartel con el lema “El bosque no se vende” desde el puente de la ruta 231 sobre el río Correntoso (2), frente a los proyectos urbanísticos de EIDICO S.A. y Cerro Bayo S.A., para denunciar que las empresas ya han realizado el loteo para la venta de predios que claramente están en zonas protegidas por ley, y para reclamar la cancelación definitiva de los proyectos.
“Nos sumamos al reclamo de los vecinos de Villa La Angostura por el cumplimiento efectivo de la Ley 26.331 y por la protección del bosque. Las empresas deben cesar en su intento de evadir la normativa vigente y retirar sus proyectos. Asimismo, las autoridades locales tienen que reglamentar la Ley provincial respetando los criterios ambientales establecidos por la norma, sin intentar favorecer a las empresas” señaló María Eugenia Testa, Directora Política de Greenpeace.
Los proyectos “Cerro Bayo Village”, “Chacras del Correntoso” y “Cerro Bayo Golf” se encuentran ubicados mayormente en áreas en las cuales está prohibido el desmonte, ya sea para agricultura, ganadería o emprendimientos inmobiliarios, según las categorías I (Rojo) y II (Amarillo) de la Ley de Bosques y del Ordenamiento Territorial realizado por la provincia (3). No obstante, la empresa ya ha ofrecido lotes a la venta y no ha cancelado definitivamente el proyecto.
“En varias oportunidades y frente a presiones que intentaron vulnerar el medio ambiente o la decisión de ser una Aldea de Montaña, nuestra comunidad tuvo la constante vocación por autoconvocarse. Desde 2007 hemos estado abocados a la defensa de nuestro bosque nativo andino patagónico frente al embate de empresas y gobiernos que pretenden urbanizarlo”, señaló Emilia Eldelstein, de la ONG local Alerta Angostura.
Villa La Angostura es la parte de la zona centro-norte de la región del bosque andino patagónico, una de las últimas reservas mundiales de bosques templados con poca alteración por intervención del hombre y valiosa biodiversidad, además es uno de los biomas argentinos mejores conservados. En los últimos años, el avance de los desmontes para nuevos proyectos urbanísticos está produciendo un retroceso de la flora y la fauna en toda la región.
“Es imprescindible que las autoridades sean las garantes del cumplimiento de la ley. Los beneficios económicos de las empresas no pueden estar por sobre la legislación vigente, los derechos de los vecinos de La Angostura, ni por sobre la protección de un ecosistema de las características del bosque patagónico”, finalizó Testa.
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La ley de minería de Mendoza sin definición
Se dilataría la definición de la ley 7.722
Fecha de Publicación: 18/09/2012
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Mendoza
Es la norma que prohíbe la utilización de sustancias contaminantes en la minería metalífera y que ha acumulado once recursos de inconstitucionalidad en la Suprema Corte. En los próximos días podría haber una respuesta del Gobierno por el proyecto San Jorge.
Ayer arrancó la presión de los sectores ambientalistas para que la Suprema Corte de Justicia rechace los pedidos de inconstitucionalidad a la Ley 7.722 que prohíbe el uso de sustancias contaminantes en la actividad minera metalífera.
Las organizaciones sociales llegaron a la explanada del Poder Judicial con las fotos de los jueces que deberán resolver las causas. Pese a que Mario Adaro, uno de los miembros que integra la Sala II, la que deberá resolver los planteos, le pidió al presidente de la sala, Herman Salvini y al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Pedro Llorente, que el fallo se resuelva en un plenario por la magnitud del tema, la decisión de los magistrados sería la de estirar la resolución lo más que se pueda, según sostuvieron desde el Palacio de Justicia.
“A nadie le conviene resolverlo ahora”, plantearon desde el tercer poder republicano. Lo mismo piensan en el Ejecutivo: “No es un tema para tratarlo ahora”.
Por su parte, Adaro aseguró que “la resolución llevará su tiempo” y que, en este momento, se están considerando las pruebas. “Yo sugerí lo del plenario. Es el presidente de la sala o el procurador quienes pueden pedir que las causas se resuelvan en plenario y no en la sala. En noviembre me toca a mí presidir la sala y, si aún no se ha resuelto el tema, voy a pedir el plenario”, continuó el magistrado.
El tema es que si no se resuelve este año, los once planteos de inconstitucionalidad de la ley “antiminería” pasarán al 2013, año electoral y año en el que nadie querrá quedar pegado al tema que desvela a la dirigencia política por el impacto social que este acarrea. De hecho, el gobernador Francisco Pérez ya empezó a desactivar las bombas de la minería.
Primero lo hizo cuando era candidato a gobernador por el PJ con el proyecto original San Jorge que extraería oro y cobre en Uspallata; después hizo callar a los intendentes que pedían a gritos por la instalación de la minería y las últimas señales del gobernador fueron desautorizar al intendente de Malargüe, Juan Carlos Agülles, quien presentó en Casa de Gobierno un borrador para modificar la 7.722 y evitar que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) pase por la Legislatura.
“Mi compromiso es mantener la vigencia de la 7.722”, le contestó el mandatario al malargüino, quien después de la respuesta de Pérez decidió bajar el perfil. Ayer, Agülles dijo a Los Andes: “No tenemos fecha de presentación. Estamos haciendo conocer” el borrador”.
No obstante, además de la resolución de la inconstitucionalidad o no de la ley que está en manos de la Corte, entre esta semana y la que viene el Ejecutivo provincial deberá dar respuesta a la minera San Jorge, quien hace casi 30 días hábiles renovó el proyecto previendo que la extracción de los minerales se haga en Mendoza y que el tratamiento de ellos se realice en San Juan.
Con este contexto, las organizaciones ambientales como la Asamblea Popular por el Agua comenzaron a activarse ayer al mediodía. “Una vez más, nos reunimos para defender la ley del pueblo, nuestra ley. En esta ocasión, nos concentraremos el 17, 18 y 19 de setiembre en la explanada del Poder Judicial. Queremos también demostrarles a los jueces, gobernantes y legisladores que no vamos a permitir que los intereses económicos de las transnacionales mineras se impongan frente las necesidades de las actuales y las futuras generaciones.Varias empresas megamineras han presentado pedidos de inconstitucionalidad de la ley 7.722, aduciendo que esta ley es discriminatoria con sus actividades. Jueces, escuchen al pueblo, Mendoza ya decidió: ¡No a la megaminería”, dice parte del comunicado que emitió la entidad.
Según Paula Ferreira, “en el Poder Judicial aún no deciden si se resolverán todas las causas en conjunto o en forma individual y aún no se ha pedido que el tema se trate en el plenario. Todo esto está demorando la discusión. Esta es la primera de muchas movilizaciones sociales que están organizando”, continuó la activista.
Por su parte, desde la oposición se consideró que “a resolución del tema tendrá marcada incidencia en la provincia ya que marcará el rumbo respecto de la minería. Por eso es que el asunto puede demorarse”, concluyó el titular del bloque de Senadores de la UCR, Armando Camerucci.
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Fecha de Publicación: 18/09/2012
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Mendoza
Es la norma que prohíbe la utilización de sustancias contaminantes en la minería metalífera y que ha acumulado once recursos de inconstitucionalidad en la Suprema Corte. En los próximos días podría haber una respuesta del Gobierno por el proyecto San Jorge.
Ayer arrancó la presión de los sectores ambientalistas para que la Suprema Corte de Justicia rechace los pedidos de inconstitucionalidad a la Ley 7.722 que prohíbe el uso de sustancias contaminantes en la actividad minera metalífera.
Las organizaciones sociales llegaron a la explanada del Poder Judicial con las fotos de los jueces que deberán resolver las causas. Pese a que Mario Adaro, uno de los miembros que integra la Sala II, la que deberá resolver los planteos, le pidió al presidente de la sala, Herman Salvini y al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Pedro Llorente, que el fallo se resuelva en un plenario por la magnitud del tema, la decisión de los magistrados sería la de estirar la resolución lo más que se pueda, según sostuvieron desde el Palacio de Justicia.
“A nadie le conviene resolverlo ahora”, plantearon desde el tercer poder republicano. Lo mismo piensan en el Ejecutivo: “No es un tema para tratarlo ahora”.
Por su parte, Adaro aseguró que “la resolución llevará su tiempo” y que, en este momento, se están considerando las pruebas. “Yo sugerí lo del plenario. Es el presidente de la sala o el procurador quienes pueden pedir que las causas se resuelvan en plenario y no en la sala. En noviembre me toca a mí presidir la sala y, si aún no se ha resuelto el tema, voy a pedir el plenario”, continuó el magistrado.
El tema es que si no se resuelve este año, los once planteos de inconstitucionalidad de la ley “antiminería” pasarán al 2013, año electoral y año en el que nadie querrá quedar pegado al tema que desvela a la dirigencia política por el impacto social que este acarrea. De hecho, el gobernador Francisco Pérez ya empezó a desactivar las bombas de la minería.
Primero lo hizo cuando era candidato a gobernador por el PJ con el proyecto original San Jorge que extraería oro y cobre en Uspallata; después hizo callar a los intendentes que pedían a gritos por la instalación de la minería y las últimas señales del gobernador fueron desautorizar al intendente de Malargüe, Juan Carlos Agülles, quien presentó en Casa de Gobierno un borrador para modificar la 7.722 y evitar que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) pase por la Legislatura.
“Mi compromiso es mantener la vigencia de la 7.722”, le contestó el mandatario al malargüino, quien después de la respuesta de Pérez decidió bajar el perfil. Ayer, Agülles dijo a Los Andes: “No tenemos fecha de presentación. Estamos haciendo conocer” el borrador”.
No obstante, además de la resolución de la inconstitucionalidad o no de la ley que está en manos de la Corte, entre esta semana y la que viene el Ejecutivo provincial deberá dar respuesta a la minera San Jorge, quien hace casi 30 días hábiles renovó el proyecto previendo que la extracción de los minerales se haga en Mendoza y que el tratamiento de ellos se realice en San Juan.
Con este contexto, las organizaciones ambientales como la Asamblea Popular por el Agua comenzaron a activarse ayer al mediodía. “Una vez más, nos reunimos para defender la ley del pueblo, nuestra ley. En esta ocasión, nos concentraremos el 17, 18 y 19 de setiembre en la explanada del Poder Judicial. Queremos también demostrarles a los jueces, gobernantes y legisladores que no vamos a permitir que los intereses económicos de las transnacionales mineras se impongan frente las necesidades de las actuales y las futuras generaciones.Varias empresas megamineras han presentado pedidos de inconstitucionalidad de la ley 7.722, aduciendo que esta ley es discriminatoria con sus actividades. Jueces, escuchen al pueblo, Mendoza ya decidió: ¡No a la megaminería”, dice parte del comunicado que emitió la entidad.
Según Paula Ferreira, “en el Poder Judicial aún no deciden si se resolverán todas las causas en conjunto o en forma individual y aún no se ha pedido que el tema se trate en el plenario. Todo esto está demorando la discusión. Esta es la primera de muchas movilizaciones sociales que están organizando”, continuó la activista.
Por su parte, desde la oposición se consideró que “a resolución del tema tendrá marcada incidencia en la provincia ya que marcará el rumbo respecto de la minería. Por eso es que el asunto puede demorarse”, concluyó el titular del bloque de Senadores de la UCR, Armando Camerucci.
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Recién ahora haran el EsIA de Sierra Pintada
Estudio de impacto ambiental de Sierra Pintada
Fecha de Publicación: 17/09/2012
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Mendoza
En dos meses podría presentar la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) el estudio de impacto ambiental para la remediación de las colas de uranio del Complejo Minero Fabril Sierra Pintada, ubicado en el departamento de San Rafael, y el año que viene comenzarían las actividades de remediación.
Así lo informó el secretario de Ambiente del gobierno de Mendoza, Marcos Zandomeni, tras una inspección al complejo en forma conjunta con el juez federal Eduardo Puigdéngolas, y representantes del Departamento General de Irrigación, la dirección de Minería y la de Recursos Naturales, además de la Municipalidad de San Rafael y de la CNEA.
Zandomeni informó que en dos meses la CNEA presentará el estudio de impacto ambiental para la remediación de las colas de uranio y que será evaluado por los organismo intervinientes de modo tal que el año próximo se inicie con las actividades de remediación.
Además señaló que se acordaron y concertaron los procesos de monitoreo y ensayos necesarios para garantizar la seguridad en el dique DN3B que es el que recibe los líquidos del dique pulmón y efluentes.
De este modo se verificó que no hay pérdidas y que los taludes funcionan correctamente en donde se encontrara un corte en la membrana geotextil.
Cabe recordar que tras la difusión de una filtración ocurrida en marzo en uno de los diques de remediación en Sierra Pintada, hecho que fue corroborado luego por las autoridades de la CNEA junto con la información sobre su reparación, trascendió que los trabajos de remediación en el complejo estaban detenidos.
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Fecha de Publicación: 17/09/2012
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Mendoza
En dos meses podría presentar la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) el estudio de impacto ambiental para la remediación de las colas de uranio del Complejo Minero Fabril Sierra Pintada, ubicado en el departamento de San Rafael, y el año que viene comenzarían las actividades de remediación.Así lo informó el secretario de Ambiente del gobierno de Mendoza, Marcos Zandomeni, tras una inspección al complejo en forma conjunta con el juez federal Eduardo Puigdéngolas, y representantes del Departamento General de Irrigación, la dirección de Minería y la de Recursos Naturales, además de la Municipalidad de San Rafael y de la CNEA.
Zandomeni informó que en dos meses la CNEA presentará el estudio de impacto ambiental para la remediación de las colas de uranio y que será evaluado por los organismo intervinientes de modo tal que el año próximo se inicie con las actividades de remediación.
Además señaló que se acordaron y concertaron los procesos de monitoreo y ensayos necesarios para garantizar la seguridad en el dique DN3B que es el que recibe los líquidos del dique pulmón y efluentes.
De este modo se verificó que no hay pérdidas y que los taludes funcionan correctamente en donde se encontrara un corte en la membrana geotextil.
Cabe recordar que tras la difusión de una filtración ocurrida en marzo en uno de los diques de remediación en Sierra Pintada, hecho que fue corroborado luego por las autoridades de la CNEA junto con la información sobre su reparación, trascendió que los trabajos de remediación en el complejo estaban detenidos.
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Los reclamos antimineros en Argentina
Reclamos antimineros
Fecha de Publicación: 17/09/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Chubut fue un punto de inflexión en la lucha contra la megaminería en Argentina. En 2002 y 2003 se realizaron masivas movilizaciones contra la actividad extractiva, con epicentro en Esquel, donde –plebiscito incluido– se rechazó la instalación de una minera que pretendía extraer oro y se logró aprobar una ley (la 5001) que prohíbe la actividad en la provincia. Una década después, una decena de ciudades de Chubut están movilizadas por el intento del gobierno provincial de aprobar una nueva ley que habilita el avance de las empresas mineras. “En 2003 no había licencia social de la población. Hoy el rechazo a la megaminería es aún mayor, es rotundo en toda la provincia”, afirmó Alejandro Corbeletto, de la asamblea de Esquel.
La ley 5001 prohíbe la actividad minera en Chubut. En diciembre pasado, el gobernador Martín Buzzi hizo pública su intención de modificar la ley y “zonificar” la provincia para permitir la actividad en “zonas de sacrificio”.
El 4 de enero hubo una masiva movilización por las calles de Esquel, en la que participaron también comunidades mapuche-tehuelches, asambleas ambientales de Trevelin, Puerto Madryn y Río Mayo. En mayo, comunidades indígenas y pobladores de la meseta marcharon desde Gan Gan hasta Trelew. Rechazaron la avanzada de la empresa Pan American Silver del proyecto de plata y plomo llamado Navidad, que –denuncian– viola la legislación de protección indígena. Se repitieron las marchas en junio y julio.
El gobernador Buzzi se sumó en febrero a la Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi), donde participa el gobierno nacional y todas las provincias que impulsan la actividad. En mayo, el gobernador hizo público el proyecto de ley, donde de manera explícita se habilita la minería en la meseta y la costa y deja abierta la posibilidad de explotar la zona de la cordillera. En junio el proyecto fue presentado en la legislatura provincial y de inmediato girado a comisiones.
El 4 de agosto hubo marchas masivas en Trelew, Comodoro Rivadavia y Esquel. El 4 de septiembre, en Esquel marcharon más de mil personas y también hubo movilizaciones en Lago Puelo, Trelew, Rawson y Comodoro Rivadavia.
Mañana marcharán desde la cordillera, meseta y costa hasta la legislatura provincial en Rawson y acamparán durante tres días. “Grandes corporaciones transnacionales esperan sigilosas el resultado de la provocadora apuesta del gobierno de Buzzi. Decenas de megaproyectos están en la línea de largada. El yacimiento Navidad, de la canadiense Pan American Silver, es quizá el más emblemático”, denunció la Unión de Asambleas de Chubut y la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace).
Romina Krebs, de la Asamblea de Vecinos de Rawson, explicó que los legisladores “están divididos” respecto del proyecto y, en cambio, “las comunidades están unidas y rechazan” la megaminería. “Los tres días de acampe son un paso más en un año de movilizaciones y actividades que les recuerdan al gobernador y a los legisladores que no queremos megaminería”, afirmó Krebs.
En San Luis está vigente, desde octubre de 2008, la Ley de Preservación y Restauración Ambiental del Sector Minero, que prohíbe el uso de sustancias químicas contaminantes en todas las etapas de la minería metalífera. Sin embargo, la Dirección de Minería de San Luis avanza con la exploración de oro en las Sierras Centrales con doce proyectos mineros. En ese cordón montañoso nacen las vertientes que proveen el 80 por ciento del agua que se utiliza en la provincia. Incluso el gobierno provincial sancionó en 2010 una ley que declara “zona protegida” a las sierras ahora exploradas por las empresas mineras. Ya explicitaron su rechazo la Asamblea para la Protección de Aguas y Tierras Argentinas (Apata), la cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de San Luis, la intendenta de La Carolina (Ingrid Blumencweig), entre otros.
En la Argentina existen seis provincias que prohíben o limitan diversos aspectos de la minería metalífera a cielo abierto: Chubut, Tucumán, Mendoza, La Pampa, San Luis y Córdoba. La Rioja y Río Negro también habían prohibido la actividad.
Corbeletto, asambleísta de Esquel, apuntó a la política macro: “En la conformación de la Ofemi se explicitó que quieren derogar todas las leyes que frenan la megaminería, es una política de Estado, pero somos muchos los pueblos y ciudades que ya decidimos otro futuro. Las empresas extractivas tienen como aliados a los gobiernos, pero no a los pueblos”.
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Fecha de Publicación: 17/09/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Chubut fue un punto de inflexión en la lucha contra la megaminería en Argentina. En 2002 y 2003 se realizaron masivas movilizaciones contra la actividad extractiva, con epicentro en Esquel, donde –plebiscito incluido– se rechazó la instalación de una minera que pretendía extraer oro y se logró aprobar una ley (la 5001) que prohíbe la actividad en la provincia. Una década después, una decena de ciudades de Chubut están movilizadas por el intento del gobierno provincial de aprobar una nueva ley que habilita el avance de las empresas mineras. “En 2003 no había licencia social de la población. Hoy el rechazo a la megaminería es aún mayor, es rotundo en toda la provincia”, afirmó Alejandro Corbeletto, de la asamblea de Esquel.
La ley 5001 prohíbe la actividad minera en Chubut. En diciembre pasado, el gobernador Martín Buzzi hizo pública su intención de modificar la ley y “zonificar” la provincia para permitir la actividad en “zonas de sacrificio”.
El 4 de enero hubo una masiva movilización por las calles de Esquel, en la que participaron también comunidades mapuche-tehuelches, asambleas ambientales de Trevelin, Puerto Madryn y Río Mayo. En mayo, comunidades indígenas y pobladores de la meseta marcharon desde Gan Gan hasta Trelew. Rechazaron la avanzada de la empresa Pan American Silver del proyecto de plata y plomo llamado Navidad, que –denuncian– viola la legislación de protección indígena. Se repitieron las marchas en junio y julio.
El gobernador Buzzi se sumó en febrero a la Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi), donde participa el gobierno nacional y todas las provincias que impulsan la actividad. En mayo, el gobernador hizo público el proyecto de ley, donde de manera explícita se habilita la minería en la meseta y la costa y deja abierta la posibilidad de explotar la zona de la cordillera. En junio el proyecto fue presentado en la legislatura provincial y de inmediato girado a comisiones.
El 4 de agosto hubo marchas masivas en Trelew, Comodoro Rivadavia y Esquel. El 4 de septiembre, en Esquel marcharon más de mil personas y también hubo movilizaciones en Lago Puelo, Trelew, Rawson y Comodoro Rivadavia.
Mañana marcharán desde la cordillera, meseta y costa hasta la legislatura provincial en Rawson y acamparán durante tres días. “Grandes corporaciones transnacionales esperan sigilosas el resultado de la provocadora apuesta del gobierno de Buzzi. Decenas de megaproyectos están en la línea de largada. El yacimiento Navidad, de la canadiense Pan American Silver, es quizá el más emblemático”, denunció la Unión de Asambleas de Chubut y la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace).
Romina Krebs, de la Asamblea de Vecinos de Rawson, explicó que los legisladores “están divididos” respecto del proyecto y, en cambio, “las comunidades están unidas y rechazan” la megaminería. “Los tres días de acampe son un paso más en un año de movilizaciones y actividades que les recuerdan al gobernador y a los legisladores que no queremos megaminería”, afirmó Krebs.
En San Luis está vigente, desde octubre de 2008, la Ley de Preservación y Restauración Ambiental del Sector Minero, que prohíbe el uso de sustancias químicas contaminantes en todas las etapas de la minería metalífera. Sin embargo, la Dirección de Minería de San Luis avanza con la exploración de oro en las Sierras Centrales con doce proyectos mineros. En ese cordón montañoso nacen las vertientes que proveen el 80 por ciento del agua que se utiliza en la provincia. Incluso el gobierno provincial sancionó en 2010 una ley que declara “zona protegida” a las sierras ahora exploradas por las empresas mineras. Ya explicitaron su rechazo la Asamblea para la Protección de Aguas y Tierras Argentinas (Apata), la cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de San Luis, la intendenta de La Carolina (Ingrid Blumencweig), entre otros.
En la Argentina existen seis provincias que prohíben o limitan diversos aspectos de la minería metalífera a cielo abierto: Chubut, Tucumán, Mendoza, La Pampa, San Luis y Córdoba. La Rioja y Río Negro también habían prohibido la actividad.
Corbeletto, asambleísta de Esquel, apuntó a la política macro: “En la conformación de la Ofemi se explicitó que quieren derogar todas las leyes que frenan la megaminería, es una política de Estado, pero somos muchos los pueblos y ciudades que ya decidimos otro futuro. Las empresas extractivas tienen como aliados a los gobiernos, pero no a los pueblos”.
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Podrían prohibir las aeroaplicaciones en Santa Fe
Anticiparon a aviadores que se prohibirían las aeroaplicaciones
Fecha de Publicación: 16/09/2012
Fuente: Campo Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
Durante la tarde del jueves, mientras la legislatura se conmocionaba por las negociaciones de último momento antes del tratamiento de la reforma tributaria, en los despachos de la Comisión de Medioambiente de la Cámara de Diputados se reunían representantes de los pulverizadores aéreos y el diputado del Frente Para la Victoria Pablo Di Bert, titular de ese órgano.
Fue tal la desazón tras la charla que el titular de la Cámara de Empresas Agroaéreas de la provincia, Sandro Peisino, redactó un dolido -y muy autocrítico- correo electrónico en el que anuncia a sus colegas que la prohibición de las pulverizaciones aéreas en la provincia estaría decidida.
“Hoy tuve uno de los días más tristes de mi vida, siempre me creí un águila, que volaba junto a mis colegas románticamente sobre los verdes prados y los amarillos girasoles, pero hoy a la tarde en un momento de lucidez, me di cuenta que siempre fuimos avestruces, que preferimos esconder la cabeza y mirar para otro lado, esperando que otro nos salvara negando la realidad, pero hoy me hicieron ver la realidad a la fuerza”.
Tras el primer párrafo, Peisino informa que estuvo más de una hora charlando con el legislador, de cuyas palabras concluyó “como que me aconsejó vender mis aviones ya, porque la situación según me dijo estaba resuelta, que los cuatro proyectos que hay en Diputados sobre el tema contemplan la prohibición total de las fumigaciones aéreas en la provincia y me aseguro que tienen muchos estudios que demuestran como nosotros, o sea unos, estamos intoxicando a toda la población”.
Mentira la verdad
En diálogo con Campolitoral, el dirigente relató que miembros de la cámara están viajando todas las semanas a a reunirse con legisladores para informarlos sobre las características de su actividad. Buscan no perder la carrera frente a la avanzada de movimientos ecologistas que demandan importantes restricciones al uso de productos fitosanitarios, incluida la prohibición de las aplicaciones aéreas. “Nos reunimos con el diputado Jorge Abello y con los senadores Miguel Lifschitz (Rosario), Germán Giacomino (Constitución) y Lisandro Enrico (General López), todos expresaron la preocupación por una ley razonable”, comentó Peisino.
Distinta fue la impresión que se llevó de la reunión con Di Bert. “Me lo dijo totalmente seguro (que se sancionaría la prohibición) en una reunión semi formal de una hora; me dejó hablar y explicar mis argumentos y me dio los suyos para prohibir las pulverizaciones aéreas y también las terrestres, porque el problema para él es el veneno que se usa”.
El aeroaplicador dijo sentirse alarmado porque el Diputado se basa en estudios de percepción de la población sin base científica. “Primero dan charlas que generan una psicosis en la población y después se hacen encuestas en los pueblos preguntandole a la gente si algún pariente o conocido se enfermó o tiene cáncer y lo están usando como estudio científico”, denunció. Y agregó: “yo no vi los estudios que me dijo que tiene”. Además relató que, a causa del miedo y la desinformación divulgados entre la gente, ya cuentan con tres casos de aviones baleados por pobladores. “A uno en Venado Tuerto le pegaron un balazo debajo del ala, cerca del tanque de combustible; el tipo fue procesado y dijo que lo hizo porque envenenaban y porque estaba prohibido pulverizar con aviones, cosa que no es así en absoluto”, señaló.
En soledad
La cámara que preside Peisino agrupa unas 25 empresas de las 110 que hay en la provincia. En su mayoría son Pymes familiares con hasta 40 años de trabajo que emplean en forma directa entre 6 y 7 personas cada una. Como su principal función es tratar lotes atacados por plagas cuando no puede entrar una máquina terrestre, por lluvia o estado fenológico de los cultivos, tiene temporadas buenas y malas. Por el clima seco en las últimas dos campañas tuvieron poco trabajo, a tal punto que “varios socios empezaron a comprar máquinas terrestres para poder trabajar”.
El dirigente indicó que la postura del sector es “hacer cumplir la ley que existe”, aunque reconoce que la misma puede ser perfectible por los cambios tecnológicos de los últimos años. También dijo que han hecho pedidos puntuales, como “una ley específica sobre aplicación de agroquímicos para que se capacite a la gente” o “que en cada pueblo haya un ingeniero que controle las aplicaciones”. Sin embargo, se lamentó de que “hay un grupo de diputados que están a favor de prohibir las aplicaciones aéreas”.
Frente a este contexto, Peisino hizo un llamado a sus colegas y a los productores a participar para resistir la avanzada contra la actividad. “Urgente debemos sacar la cabeza del pozo, porque seguimos hablando entre nosotros, yo escribiéndoles a ustedes, ustedes negando la realidad y nadie se entera que existimos, ni los medios, ni los políticos, ni la sociedad”, redactó en el correo.
Por último informó que el próximo miércoles 19 de septiembre al medio día “nos recibe la comisión del Senado que tiene la ley (el proyecto), hoy los pocos senadores que están sacando la cara por nosotros me pidieron que por favor los respaldemos, que están solos contra todos”.
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Fecha de Publicación: 16/09/2012
Fuente: Campo Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
Durante la tarde del jueves, mientras la legislatura se conmocionaba por las negociaciones de último momento antes del tratamiento de la reforma tributaria, en los despachos de la Comisión de Medioambiente de la Cámara de Diputados se reunían representantes de los pulverizadores aéreos y el diputado del Frente Para la Victoria Pablo Di Bert, titular de ese órgano.Fue tal la desazón tras la charla que el titular de la Cámara de Empresas Agroaéreas de la provincia, Sandro Peisino, redactó un dolido -y muy autocrítico- correo electrónico en el que anuncia a sus colegas que la prohibición de las pulverizaciones aéreas en la provincia estaría decidida.
“Hoy tuve uno de los días más tristes de mi vida, siempre me creí un águila, que volaba junto a mis colegas románticamente sobre los verdes prados y los amarillos girasoles, pero hoy a la tarde en un momento de lucidez, me di cuenta que siempre fuimos avestruces, que preferimos esconder la cabeza y mirar para otro lado, esperando que otro nos salvara negando la realidad, pero hoy me hicieron ver la realidad a la fuerza”.
Tras el primer párrafo, Peisino informa que estuvo más de una hora charlando con el legislador, de cuyas palabras concluyó “como que me aconsejó vender mis aviones ya, porque la situación según me dijo estaba resuelta, que los cuatro proyectos que hay en Diputados sobre el tema contemplan la prohibición total de las fumigaciones aéreas en la provincia y me aseguro que tienen muchos estudios que demuestran como nosotros, o sea unos, estamos intoxicando a toda la población”.
Mentira la verdad
En diálogo con Campolitoral, el dirigente relató que miembros de la cámara están viajando todas las semanas a a reunirse con legisladores para informarlos sobre las características de su actividad. Buscan no perder la carrera frente a la avanzada de movimientos ecologistas que demandan importantes restricciones al uso de productos fitosanitarios, incluida la prohibición de las aplicaciones aéreas. “Nos reunimos con el diputado Jorge Abello y con los senadores Miguel Lifschitz (Rosario), Germán Giacomino (Constitución) y Lisandro Enrico (General López), todos expresaron la preocupación por una ley razonable”, comentó Peisino.
Distinta fue la impresión que se llevó de la reunión con Di Bert. “Me lo dijo totalmente seguro (que se sancionaría la prohibición) en una reunión semi formal de una hora; me dejó hablar y explicar mis argumentos y me dio los suyos para prohibir las pulverizaciones aéreas y también las terrestres, porque el problema para él es el veneno que se usa”.
El aeroaplicador dijo sentirse alarmado porque el Diputado se basa en estudios de percepción de la población sin base científica. “Primero dan charlas que generan una psicosis en la población y después se hacen encuestas en los pueblos preguntandole a la gente si algún pariente o conocido se enfermó o tiene cáncer y lo están usando como estudio científico”, denunció. Y agregó: “yo no vi los estudios que me dijo que tiene”. Además relató que, a causa del miedo y la desinformación divulgados entre la gente, ya cuentan con tres casos de aviones baleados por pobladores. “A uno en Venado Tuerto le pegaron un balazo debajo del ala, cerca del tanque de combustible; el tipo fue procesado y dijo que lo hizo porque envenenaban y porque estaba prohibido pulverizar con aviones, cosa que no es así en absoluto”, señaló.
En soledad
La cámara que preside Peisino agrupa unas 25 empresas de las 110 que hay en la provincia. En su mayoría son Pymes familiares con hasta 40 años de trabajo que emplean en forma directa entre 6 y 7 personas cada una. Como su principal función es tratar lotes atacados por plagas cuando no puede entrar una máquina terrestre, por lluvia o estado fenológico de los cultivos, tiene temporadas buenas y malas. Por el clima seco en las últimas dos campañas tuvieron poco trabajo, a tal punto que “varios socios empezaron a comprar máquinas terrestres para poder trabajar”.
El dirigente indicó que la postura del sector es “hacer cumplir la ley que existe”, aunque reconoce que la misma puede ser perfectible por los cambios tecnológicos de los últimos años. También dijo que han hecho pedidos puntuales, como “una ley específica sobre aplicación de agroquímicos para que se capacite a la gente” o “que en cada pueblo haya un ingeniero que controle las aplicaciones”. Sin embargo, se lamentó de que “hay un grupo de diputados que están a favor de prohibir las aplicaciones aéreas”.
Frente a este contexto, Peisino hizo un llamado a sus colegas y a los productores a participar para resistir la avanzada contra la actividad. “Urgente debemos sacar la cabeza del pozo, porque seguimos hablando entre nosotros, yo escribiéndoles a ustedes, ustedes negando la realidad y nadie se entera que existimos, ni los medios, ni los políticos, ni la sociedad”, redactó en el correo.
Por último informó que el próximo miércoles 19 de septiembre al medio día “nos recibe la comisión del Senado que tiene la ley (el proyecto), hoy los pocos senadores que están sacando la cara por nosotros me pidieron que por favor los respaldemos, que están solos contra todos”.
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Otro problemas de los agrotóxicos, los envases
Agroquímicos. Qué hacer con los envases
Fecha de Publicación: 15/09/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Frente al aumento considerable de insumos para la industria agropecuaria, sería necesaria una reglamentación común para su destino final
La creciente producción agroalimentaria ha ocasionado un aumento considerable en la utilización de insumos para esta industria. Esta situación ha mostrado la necesidad de contar con una regulación, no solamente en cuanto al uso de los insumos, sino al destino de la cantidad de envases que se utilizan para su comercialización.
Estos envases representan un riesgo potencial directo o indirecto de contaminación y, con la intención de ordenar esta actividad, ha surgido en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley para resolver un tema de evidentes consecuencias ambientales. El proyecto busca implementar un Programa Nacional para la Gestión de Envases de Producto Fitosanitarios. Se trata de una temática ya abordada por algunas provincias, pero, considerando el posible impacto, sería deseable que la Nación tenga una normativa común para organizar las campañas de concientización de los riesgos que se corren con el mal uso de estos envases, así como las políticas que deben seguir las empresas fabricantes, importadoras o distribuidoras de estos productos.
El proyecto pretende introducir la técnica del triple lavado y perforado, para reducir los niveles de restos de productos en el interior de los envases. Esta metodología ha sido investigada por diversas instituciones y sería introducida como estándar obligatorio en todo el territorio de nuestro país, siguiendo los lineamientos de las normas IRAM. Así, los envases que hayan sido tratados con esa técnica quedarían desclasificados y dejarían de ser considerados residuos peligrosos a todos los efectos legales.
También se procura crear un sistema de recolección, devolución, depósito, reciclado o disposición de envases usados, basado en el desarrollo de empresas que tengan a su cargo el tratamiento de esos envases y su reciclado, con responsabilidades para los productores, fraccionadores y usuarios, consistentes en la limpieza y eliminación de contaminantes y el posterior retiro de los envases a cargo de las empresas productoras de los agroquímicos.
Se trata de una iniciativa necesaria, que requiere ser estudiada, enriquecida y, en su momento, aprobada. Finalmente, viene al caso tener en cuenta otro hecho de difusión indeseable de materiales de uso rural: la aparición, en rutas y caminos rurales, de trozos de descarte de silos bolsa, utilizados para el depósito de granos, capaces de provocar accidentes y efectos ambientales diversos. Sería importante buscar una solución para este foco de contaminación y riesgo.
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Fecha de Publicación: 15/09/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Frente al aumento considerable de insumos para la industria agropecuaria, sería necesaria una reglamentación común para su destino final
La creciente producción agroalimentaria ha ocasionado un aumento considerable en la utilización de insumos para esta industria. Esta situación ha mostrado la necesidad de contar con una regulación, no solamente en cuanto al uso de los insumos, sino al destino de la cantidad de envases que se utilizan para su comercialización.
Estos envases representan un riesgo potencial directo o indirecto de contaminación y, con la intención de ordenar esta actividad, ha surgido en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley para resolver un tema de evidentes consecuencias ambientales. El proyecto busca implementar un Programa Nacional para la Gestión de Envases de Producto Fitosanitarios. Se trata de una temática ya abordada por algunas provincias, pero, considerando el posible impacto, sería deseable que la Nación tenga una normativa común para organizar las campañas de concientización de los riesgos que se corren con el mal uso de estos envases, así como las políticas que deben seguir las empresas fabricantes, importadoras o distribuidoras de estos productos.
El proyecto pretende introducir la técnica del triple lavado y perforado, para reducir los niveles de restos de productos en el interior de los envases. Esta metodología ha sido investigada por diversas instituciones y sería introducida como estándar obligatorio en todo el territorio de nuestro país, siguiendo los lineamientos de las normas IRAM. Así, los envases que hayan sido tratados con esa técnica quedarían desclasificados y dejarían de ser considerados residuos peligrosos a todos los efectos legales.
También se procura crear un sistema de recolección, devolución, depósito, reciclado o disposición de envases usados, basado en el desarrollo de empresas que tengan a su cargo el tratamiento de esos envases y su reciclado, con responsabilidades para los productores, fraccionadores y usuarios, consistentes en la limpieza y eliminación de contaminantes y el posterior retiro de los envases a cargo de las empresas productoras de los agroquímicos.
Se trata de una iniciativa necesaria, que requiere ser estudiada, enriquecida y, en su momento, aprobada. Finalmente, viene al caso tener en cuenta otro hecho de difusión indeseable de materiales de uso rural: la aparición, en rutas y caminos rurales, de trozos de descarte de silos bolsa, utilizados para el depósito de granos, capaces de provocar accidentes y efectos ambientales diversos. Sería importante buscar una solución para este foco de contaminación y riesgo.
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La política argentina sobre la Capa de Ozono
Argentina comprometida con la Protección de la Capa de Ozono
Fecha de Publicación: 15/09/2012
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Nuestro país ha participado activamente en los esfuerzos que realiza la comunidad internacional para restaurar la Capa de Ozono. Las acciones emprendidas con el fin de reducir el consumo de CFCs permitieron que Argentina cumpliera ampliamente con las medidas de reducción requeridas por el Protocolo de Montreal. Además, desde la Secretaría de Ambiente, se lleva adelante un Programa de Reconversión Industrial y Agrícola a tecnologías que no afecten a la Capa de Ozono, con financiamiento del Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal.
A 25 años de la firma del Protocolo de Montreal sobre Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, encabezada por el Dr. Juan José Mussi, junto a la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, organizan la celebración del Dia Internacional de la Protección de la Capa de Ozono este 16 de septiembre en la ciudad fueguina de Ushuaia, con diversas actividades que se desarrollarán desde el 15 al 19 de septiembre. El acto central tendrá el 16 de septiembre en el Auditorio del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC), con la presencia del Lic. Ariel Martínez, Secretario de Desarrollo Sustentable y Ambiente de Tierra del Fuego y de la Lic. Laura Estela Berón, Coordinadora de la Oficina Programa Ozono de la Secretaría de Ambiente nacional, quién disertará sobre la Política de la Argentina frente a esta problemática. Los días siguientes se realizarán además capacitaciones para técnicos sobre Buenas Prácticas en Refrigeración y Uso de Hidrocarburos como refrigerante y capacitaciones a funcionarios de Aduana, Gendarmería, Prefectura.
El Protocolo de Montreal puede considerarse como un ejemplo exitoso de política ambiental puesto que La comunidad internacional fue capaz de acordar una rápida y considerable reducción del consumo y producción de compuestos halogenados inmediatamente después del descubrimiento del fenómeno del agotamiento de ozono en la Antártida. En ese sentido, es importante destacar que este acuerdo reviste una singular relevancia para nuestro país que, dada la ubicación geográfica del agujero de ozono, se ve particularmente afectado por el mismo.
Argentina ha participado activamente en los esfuerzos que realiza la comunidad internacional para restaurar la Capa de Ozono y ha sido parte de este proceso trascendental al ratificar el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono y el Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono mediante las Leyes N° 23.724 y 23.778, en enero y septiembre de 1990 respectivamente.
En el año 2010 se llegó a la primera fecha de eliminación global de algunas de las sustancias controladas por el Protocolo, en particular los clorofluorocarbonos, los halones y el tetracloruro de carbono. Durante medio siglo estas sustancias fueron ampliamente usadas como gases refrigerantes, como propelentes de aerosoles, para limpieza de circuitos electrónicos, para la producción de espumas de poliuretano y como agentes extintores de incendios, entre otros usos. Como consecuencia, se liberaron a la atmósfera en cantidad suficiente como para causar un daño a gran escala en el ozono estratosférico, lo que afectó a todo el planeta y en particular al cono sudamericano.
El esfuerzo argentino
Como parte de las acciones tendientes a restaurar la Capa de Ozono, nuestro país asumió la obligación de promover la reconversión de los sectores industriales y agrícolas que utilizan en sus procesos productivos sustancias que agotan la Capa de Ozono, con el objetivo final de eliminarlas. Las acciones emprendidas con el fin de reducir el consumo de CFCs dieron como resultado que el país cumpliera con holgura las medidas de reducción requeridas por el Protocolo de Montreal. El consumo en el año 2005 se redujo en un 65%, muy por encima del 50% requerido. Durante el año 2009 el consumo se redujo sólo al 2,5% de la línea de base y fue sólo para uso medicinal.
Para cumplimentar el plan institucional de acción del gobierno, fue creada la Oficina Programa Ozono (OPROZ), en el ámbito de la actual Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Jefatura de Gabinete de Ministros. Ésta tiene a su cargo la ejecución del Programa País para la aplicación del Protocolo de Montreal. Está integrada por funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, de la Secretaría de Industria del Ministerio de Industria, y la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Jefatura de Gabinete de Ministros.
Desde el año 1994, la OPROZ lleva adelante un Programa de Reconversión Industrial y Agrícola a tecnologías que no afecten a la Capa de Ozono, con financiamiento recibido del Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal en forma de donación.
La eliminación acelerada de los hidroclorofluorocarbonos (HCFCs), aprobada en septiembre de 2007 sobre la base de una propuesta presentada por varios países, entre ellos la Argentina, no solamente traerá beneficios en el avance de la recuperación de la capa de ozono, sino también tendrá un impacto significativo en el clima. Hasta 25 Gt de emisiones equivalentes de CO2 podrían ser eliminadas hasta el año 2050 con la eliminación de los HCFCs.
Las nuevas medidas de control entran en vigencia en enero del año que viene, y están dirigidas a la eliminación del consumo de HCFCs. Estos son ampliamente usados en los sectores de la refrigeración, espumas, solventes, aerosoles y extinguidores de incendio, como una sustancia de transición para la sustitución de los CFCs. También son usados como materia prima para la producción de otros productos químicos. Aproximadamente el 75% del total de los HCFC consumidos en nuestro país son usados en los sectores de aire acondicionado y refrigeración, siendo el HCFC–22 el principal químico usado.
Algunos de los logros alcanzados en nuestro país, desde la aprobación del primer proyecto en 1994, incluyen más de 205 empresas, radicadas en 18 provincias y la ciudad de Buenos Aires, beneficiadas con proyectos de reconversión industrial, con asistencia técnica y económica en carácter de donación, ya sea a través de la entrega de maquinaria o para adaptar sus equipos o para realizar pruebas con alternativos a las SAOs; el dictado de 303 cursos en Buenas Prácticas en Refrigeración para servicios y técnicos en de cursos de refrigeración en forma gratuita en más de 53 localidades del país y la Ciudad de Buenos Aires; la recuperación de 124 toneladas (124.000 kilos) de refrigerantes desde el año 2006 y hasta agosto de 2012, y reutilización de 117 toneladas; reducción del consumo de CFCs en un 65%, muy por encima del 50% requerido en el 2005 y la reducción en 209 del consumo sólo al 2,5% de la línea de base y fue sólo para uso medicinal.
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Fecha de Publicación: 15/09/2012
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Nuestro país ha participado activamente en los esfuerzos que realiza la comunidad internacional para restaurar la Capa de Ozono. Las acciones emprendidas con el fin de reducir el consumo de CFCs permitieron que Argentina cumpliera ampliamente con las medidas de reducción requeridas por el Protocolo de Montreal. Además, desde la Secretaría de Ambiente, se lleva adelante un Programa de Reconversión Industrial y Agrícola a tecnologías que no afecten a la Capa de Ozono, con financiamiento del Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal.
A 25 años de la firma del Protocolo de Montreal sobre Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, encabezada por el Dr. Juan José Mussi, junto a la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, organizan la celebración del Dia Internacional de la Protección de la Capa de Ozono este 16 de septiembre en la ciudad fueguina de Ushuaia, con diversas actividades que se desarrollarán desde el 15 al 19 de septiembre. El acto central tendrá el 16 de septiembre en el Auditorio del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC), con la presencia del Lic. Ariel Martínez, Secretario de Desarrollo Sustentable y Ambiente de Tierra del Fuego y de la Lic. Laura Estela Berón, Coordinadora de la Oficina Programa Ozono de la Secretaría de Ambiente nacional, quién disertará sobre la Política de la Argentina frente a esta problemática. Los días siguientes se realizarán además capacitaciones para técnicos sobre Buenas Prácticas en Refrigeración y Uso de Hidrocarburos como refrigerante y capacitaciones a funcionarios de Aduana, Gendarmería, Prefectura.
El Protocolo de Montreal puede considerarse como un ejemplo exitoso de política ambiental puesto que La comunidad internacional fue capaz de acordar una rápida y considerable reducción del consumo y producción de compuestos halogenados inmediatamente después del descubrimiento del fenómeno del agotamiento de ozono en la Antártida. En ese sentido, es importante destacar que este acuerdo reviste una singular relevancia para nuestro país que, dada la ubicación geográfica del agujero de ozono, se ve particularmente afectado por el mismo.
Argentina ha participado activamente en los esfuerzos que realiza la comunidad internacional para restaurar la Capa de Ozono y ha sido parte de este proceso trascendental al ratificar el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono y el Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono mediante las Leyes N° 23.724 y 23.778, en enero y septiembre de 1990 respectivamente.
En el año 2010 se llegó a la primera fecha de eliminación global de algunas de las sustancias controladas por el Protocolo, en particular los clorofluorocarbonos, los halones y el tetracloruro de carbono. Durante medio siglo estas sustancias fueron ampliamente usadas como gases refrigerantes, como propelentes de aerosoles, para limpieza de circuitos electrónicos, para la producción de espumas de poliuretano y como agentes extintores de incendios, entre otros usos. Como consecuencia, se liberaron a la atmósfera en cantidad suficiente como para causar un daño a gran escala en el ozono estratosférico, lo que afectó a todo el planeta y en particular al cono sudamericano.
El esfuerzo argentino
Como parte de las acciones tendientes a restaurar la Capa de Ozono, nuestro país asumió la obligación de promover la reconversión de los sectores industriales y agrícolas que utilizan en sus procesos productivos sustancias que agotan la Capa de Ozono, con el objetivo final de eliminarlas. Las acciones emprendidas con el fin de reducir el consumo de CFCs dieron como resultado que el país cumpliera con holgura las medidas de reducción requeridas por el Protocolo de Montreal. El consumo en el año 2005 se redujo en un 65%, muy por encima del 50% requerido. Durante el año 2009 el consumo se redujo sólo al 2,5% de la línea de base y fue sólo para uso medicinal.
Para cumplimentar el plan institucional de acción del gobierno, fue creada la Oficina Programa Ozono (OPROZ), en el ámbito de la actual Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Jefatura de Gabinete de Ministros. Ésta tiene a su cargo la ejecución del Programa País para la aplicación del Protocolo de Montreal. Está integrada por funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, de la Secretaría de Industria del Ministerio de Industria, y la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Jefatura de Gabinete de Ministros.
Desde el año 1994, la OPROZ lleva adelante un Programa de Reconversión Industrial y Agrícola a tecnologías que no afecten a la Capa de Ozono, con financiamiento recibido del Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal en forma de donación.
La eliminación acelerada de los hidroclorofluorocarbonos (HCFCs), aprobada en septiembre de 2007 sobre la base de una propuesta presentada por varios países, entre ellos la Argentina, no solamente traerá beneficios en el avance de la recuperación de la capa de ozono, sino también tendrá un impacto significativo en el clima. Hasta 25 Gt de emisiones equivalentes de CO2 podrían ser eliminadas hasta el año 2050 con la eliminación de los HCFCs.
Las nuevas medidas de control entran en vigencia en enero del año que viene, y están dirigidas a la eliminación del consumo de HCFCs. Estos son ampliamente usados en los sectores de la refrigeración, espumas, solventes, aerosoles y extinguidores de incendio, como una sustancia de transición para la sustitución de los CFCs. También son usados como materia prima para la producción de otros productos químicos. Aproximadamente el 75% del total de los HCFC consumidos en nuestro país son usados en los sectores de aire acondicionado y refrigeración, siendo el HCFC–22 el principal químico usado.
Algunos de los logros alcanzados en nuestro país, desde la aprobación del primer proyecto en 1994, incluyen más de 205 empresas, radicadas en 18 provincias y la ciudad de Buenos Aires, beneficiadas con proyectos de reconversión industrial, con asistencia técnica y económica en carácter de donación, ya sea a través de la entrega de maquinaria o para adaptar sus equipos o para realizar pruebas con alternativos a las SAOs; el dictado de 303 cursos en Buenas Prácticas en Refrigeración para servicios y técnicos en de cursos de refrigeración en forma gratuita en más de 53 localidades del país y la Ciudad de Buenos Aires; la recuperación de 124 toneladas (124.000 kilos) de refrigerantes desde el año 2006 y hasta agosto de 2012, y reutilización de 117 toneladas; reducción del consumo de CFCs en un 65%, muy por encima del 50% requerido en el 2005 y la reducción en 209 del consumo sólo al 2,5% de la línea de base y fue sólo para uso medicinal.
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Sali-Dulce: destacan avances en los ingenios
Mussi destacó avances, pero reclamó a tres ingenios más inversión
Fecha de Publicación: 14/09/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan José Mussi, encabezó la inspección a los ingenios azucareros con destilerías que adhirieron al plan Vinaza y Ceniza Cero, y en ese marco destacó el avance de obras, aunque llamó la atención a tres ingenios de los nueve que recorrió.
Como se recordará, estas obras fueron parte del acuerdo que firmaron ambas provincias, la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sayds) y la Defensoría del Pueblo, para producir el saneamiento de la cuenca Salí - Dulce, afectada por la actividad industrial tucumana, particularmente por los efluentes que arrojaban los ingenios.
El funcionario nacional estuvo acompañado por el defensor del Pueblo, Martín Díaz Achával; el secretario del Agua, Abel Tévez y el director de Medio Ambiente, Juan Carlos Targa, por Santiago del Estero; mientras que el secretario de Medio Ambiente, Alfredo Montalván y el defensor Hugo Cabral, por Tucumán.
Durante la jornada de ayer, Mussi recorrió los ingenios Marapa, Santa Bárbara, La Corona, Trinidad, Santa Rosa, Bella Vista, Fronterita, Leales y Concepción.
En ese marco, Mussi realizó observaciones técnicas en cada una de las industrias visitadas, aunque llamó la atención en especial de los ingenios La Corona, San Juan y Santa Rosa, por la falta de inversión.
En diálogo con EL LIBERAL, Mussi resaltó que ‘hubo un cambio de actitud en los empresarios, ya que comenzaron a invertir’.
En el caso de La Corona, el funcionario indicó que ‘están prometiendo, les dimos 15 días para que presentaran un proyecto de vinazoducto y un mes para que terminaran el tema de la recuperación del agua del lavado de cenizas, están intimados; ellos sabrán lo que tienen que hacer y si no vendrá la multa y la suspensión de las tareas’.
Asimismo, sostuvo que ‘hay un cambio de actitud en los empresarios, porque comenzamos a ver que hay inversiones; estuvimos en Marapa y hubo una inversión cercana a los dos millones de dólares; en Santa Bárbara había una inversión mayor, de unos cuatro millones de dólares, hemos visto vinazoductos en los lugares, vimos fertirriego, hemos visto las piletas de decantación de cenizas, la recuperación del agua del lavado de cenizas y esos son pasos importantes’.
‘El ingenio La Corona es el que menos obras ha hecho todavía, nos dijeron que están estudiando, analizando, pero el tiempo pasa y todavía no hicieron nada’, indicó en tal sentido.
Por otra parte, Mussi señaló que desde la Secretaría de Ambiente ‘estamos realizando este trabajo a partir de una demanda que hubo en la Corte Suprema y nosotros estamos tratando de cumplir con la demanda, lo que no significa que terminemos ahí’.
En tal sentido precisó que ‘antes de fin de año se inaugura la planta San Felipe de Tucumán, que es una planta de tratamiento de líquidos cloacales con una enorme inversión”.
Paralelamente, Mussi recordó que ‘Las Termas recibió doce millones de pesos para tratar residuos, estamos esperando a ver qué pasó con ese dinero, porque todavía estamos esperando los informes del municipio acerca de los trabajos que debía realizar; nos dicen que les faltan camiones para avanzar, pero nosotros no podemos realizar ese aporte”.
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Fecha de Publicación: 14/09/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan José Mussi, encabezó la inspección a los ingenios azucareros con destilerías que adhirieron al plan Vinaza y Ceniza Cero, y en ese marco destacó el avance de obras, aunque llamó la atención a tres ingenios de los nueve que recorrió.Como se recordará, estas obras fueron parte del acuerdo que firmaron ambas provincias, la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sayds) y la Defensoría del Pueblo, para producir el saneamiento de la cuenca Salí - Dulce, afectada por la actividad industrial tucumana, particularmente por los efluentes que arrojaban los ingenios.
El funcionario nacional estuvo acompañado por el defensor del Pueblo, Martín Díaz Achával; el secretario del Agua, Abel Tévez y el director de Medio Ambiente, Juan Carlos Targa, por Santiago del Estero; mientras que el secretario de Medio Ambiente, Alfredo Montalván y el defensor Hugo Cabral, por Tucumán.
Durante la jornada de ayer, Mussi recorrió los ingenios Marapa, Santa Bárbara, La Corona, Trinidad, Santa Rosa, Bella Vista, Fronterita, Leales y Concepción.
En ese marco, Mussi realizó observaciones técnicas en cada una de las industrias visitadas, aunque llamó la atención en especial de los ingenios La Corona, San Juan y Santa Rosa, por la falta de inversión.
En diálogo con EL LIBERAL, Mussi resaltó que ‘hubo un cambio de actitud en los empresarios, ya que comenzaron a invertir’.
En el caso de La Corona, el funcionario indicó que ‘están prometiendo, les dimos 15 días para que presentaran un proyecto de vinazoducto y un mes para que terminaran el tema de la recuperación del agua del lavado de cenizas, están intimados; ellos sabrán lo que tienen que hacer y si no vendrá la multa y la suspensión de las tareas’.
Asimismo, sostuvo que ‘hay un cambio de actitud en los empresarios, porque comenzamos a ver que hay inversiones; estuvimos en Marapa y hubo una inversión cercana a los dos millones de dólares; en Santa Bárbara había una inversión mayor, de unos cuatro millones de dólares, hemos visto vinazoductos en los lugares, vimos fertirriego, hemos visto las piletas de decantación de cenizas, la recuperación del agua del lavado de cenizas y esos son pasos importantes’.
‘El ingenio La Corona es el que menos obras ha hecho todavía, nos dijeron que están estudiando, analizando, pero el tiempo pasa y todavía no hicieron nada’, indicó en tal sentido.
Por otra parte, Mussi señaló que desde la Secretaría de Ambiente ‘estamos realizando este trabajo a partir de una demanda que hubo en la Corte Suprema y nosotros estamos tratando de cumplir con la demanda, lo que no significa que terminemos ahí’.
En tal sentido precisó que ‘antes de fin de año se inaugura la planta San Felipe de Tucumán, que es una planta de tratamiento de líquidos cloacales con una enorme inversión”.
Paralelamente, Mussi recordó que ‘Las Termas recibió doce millones de pesos para tratar residuos, estamos esperando a ver qué pasó con ese dinero, porque todavía estamos esperando los informes del municipio acerca de los trabajos que debía realizar; nos dicen que les faltan camiones para avanzar, pero nosotros no podemos realizar ese aporte”.
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La posición de Uruguay en torno a Botnia
Botnia en versión uruguaya
Fecha de Publicación: 14/09/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Los integrantes uruguayos de la CARU aseguraron que el informe argentino sobre las irregularidades en el funcionamiento de Botnia tiene “errores técnicos” y negaron que se vierta clandestinamente desechos en el río Uruguay.
Una semana después de que la contraparte argentina diera a conocer un informe muy crítico, la delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) aseguró que “no existe motivo ni fundamento” para no dar a conocer los resultados del monitoreo que se viene realizando a la planta de UPM-Botnia, en Fray Bentos. Los uruguayos sostuvieron que los cuestionamientos argentinos están plagados de “errores técnicos” y negaron que se estuvieran vertiendo clandestinamente desechos en el río.
El miércoles de la semana pasada, y luego de un año y medio sin noticias, los funcionarios argentinos presentaron un trabajo al canciller Héctor Timerman sobre el funcionamiento de la pastera en el que daban cuenta de graves irregularidades. No sólo hacían mención al vuelco de clandestino de efluentes, sino que denunciaban trabas de Uruguay al monitoreo y la modificación de normas ambientales para adecuarlas a la necesidad de la empresa. También confirmaba que Botnia viene produciendo por encima del millón de toneladas por año, el límite previsto en el fallo de la Corte de La Haya de acuerdo con lo que habían pedido las propias autoridades uruguayas.
Luego de varios días para analizar una respuesta, los funcionarios uruguayos replicaron ayer a través de un comunicado difundido por la cancillería que encabeza Luis Almagro. Allí expresan su “satisfacción” por la disposición de la delegación argentina de dar a conocer los resultados completos del monitoreo, algo que desde ambos sectores se acusaban de bloquear. “Ello permitirá un manejo objetivo y global de la información”, aseguran, dando a entender que las conclusiones de los funcionarios argentinos no lo fueron.
Los representantes uruguayos aseguran que su país “ha demostrado su apertura posibilitando todas las visitas de monitoreo requeridas por el Comité Científico binacional a la planta de UPM (dieciséis hasta la fecha) realizadas juntamente con la autoridad nacional ambiental, la Dirección Nacional de Medio Ambiente”. Al término de cada una de esas visitas –continúan los uruguayos–, el acta correspondiente explicita que las tareas se realizaron “en todo de acuerdo con lo previsto; esto es, en ningún caso ha existido manifestación o reclamo de los integrantes del Comité Científico, respecto de supuestos ‘obstáculos y retaceos’ como los que alude el comunicado de la delegación argentina”. También insisten en que el estudio debe hacerse tanto en la pastera como en la desembocadura del río, y no “sólo en la planta de UPM”, algo de lo que acusan a los argentinos.
Por otra parte, el embajador argentino en Uruguay, Dante Dovena, aseguró que el Gobierno “no va a permitir cortes” que impidan la circulación del puente que va a Fray Bentos, luego de que los asambleístas de Gualeguaychú anunciaran protestas. “Argentina no quiere reprimir por la fuerza, pero vamos a hacer todo lo posible porque estas rutas no se corten”, concluyó.
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Fecha de Publicación: 14/09/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Los integrantes uruguayos de la CARU aseguraron que el informe argentino sobre las irregularidades en el funcionamiento de Botnia tiene “errores técnicos” y negaron que se vierta clandestinamente desechos en el río Uruguay.Una semana después de que la contraparte argentina diera a conocer un informe muy crítico, la delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) aseguró que “no existe motivo ni fundamento” para no dar a conocer los resultados del monitoreo que se viene realizando a la planta de UPM-Botnia, en Fray Bentos. Los uruguayos sostuvieron que los cuestionamientos argentinos están plagados de “errores técnicos” y negaron que se estuvieran vertiendo clandestinamente desechos en el río.
El miércoles de la semana pasada, y luego de un año y medio sin noticias, los funcionarios argentinos presentaron un trabajo al canciller Héctor Timerman sobre el funcionamiento de la pastera en el que daban cuenta de graves irregularidades. No sólo hacían mención al vuelco de clandestino de efluentes, sino que denunciaban trabas de Uruguay al monitoreo y la modificación de normas ambientales para adecuarlas a la necesidad de la empresa. También confirmaba que Botnia viene produciendo por encima del millón de toneladas por año, el límite previsto en el fallo de la Corte de La Haya de acuerdo con lo que habían pedido las propias autoridades uruguayas.
Luego de varios días para analizar una respuesta, los funcionarios uruguayos replicaron ayer a través de un comunicado difundido por la cancillería que encabeza Luis Almagro. Allí expresan su “satisfacción” por la disposición de la delegación argentina de dar a conocer los resultados completos del monitoreo, algo que desde ambos sectores se acusaban de bloquear. “Ello permitirá un manejo objetivo y global de la información”, aseguran, dando a entender que las conclusiones de los funcionarios argentinos no lo fueron.
Los representantes uruguayos aseguran que su país “ha demostrado su apertura posibilitando todas las visitas de monitoreo requeridas por el Comité Científico binacional a la planta de UPM (dieciséis hasta la fecha) realizadas juntamente con la autoridad nacional ambiental, la Dirección Nacional de Medio Ambiente”. Al término de cada una de esas visitas –continúan los uruguayos–, el acta correspondiente explicita que las tareas se realizaron “en todo de acuerdo con lo previsto; esto es, en ningún caso ha existido manifestación o reclamo de los integrantes del Comité Científico, respecto de supuestos ‘obstáculos y retaceos’ como los que alude el comunicado de la delegación argentina”. También insisten en que el estudio debe hacerse tanto en la pastera como en la desembocadura del río, y no “sólo en la planta de UPM”, algo de lo que acusan a los argentinos.
Por otra parte, el embajador argentino en Uruguay, Dante Dovena, aseguró que el Gobierno “no va a permitir cortes” que impidan la circulación del puente que va a Fray Bentos, luego de que los asambleístas de Gualeguaychú anunciaran protestas. “Argentina no quiere reprimir por la fuerza, pero vamos a hacer todo lo posible porque estas rutas no se corten”, concluyó.
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