La ley de minería de Mendoza sin definición
17:59 | 
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Se dilataría la definición de la ley 7.722
Fecha de Publicación: 18/09/2012
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Mendoza
Es la norma que prohíbe la utilización de sustancias contaminantes en la minería metalífera y que ha acumulado once recursos de inconstitucionalidad en la Suprema Corte. En los próximos días podría haber una respuesta del Gobierno por el proyecto San Jorge.
Ayer arrancó la presión de los sectores ambientalistas para que la Suprema Corte de Justicia rechace los pedidos de inconstitucionalidad a la Ley 7.722 que prohíbe el uso de sustancias contaminantes en la actividad minera metalífera.
Las organizaciones sociales llegaron a la explanada del Poder Judicial con las fotos de los jueces que deberán resolver las causas. Pese a que Mario Adaro, uno de los miembros que integra la Sala II, la que deberá resolver los planteos, le pidió al presidente de la sala, Herman Salvini y al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Pedro Llorente, que el fallo se resuelva en un plenario por la magnitud del tema, la decisión de los magistrados sería la de estirar la resolución lo más que se pueda, según sostuvieron desde el Palacio de Justicia.
“A nadie le conviene resolverlo ahora”, plantearon desde el tercer poder republicano. Lo mismo piensan en el Ejecutivo: “No es un tema para tratarlo ahora”.
Por su parte, Adaro aseguró que “la resolución llevará su tiempo” y que, en este momento, se están considerando las pruebas. “Yo sugerí lo del plenario. Es el presidente de la sala o el procurador quienes pueden pedir que las causas se resuelvan en plenario y no en la sala. En noviembre me toca a mí presidir la sala y, si aún no se ha resuelto el tema, voy a pedir el plenario”, continuó el magistrado.
El tema es que si no se resuelve este año, los once planteos de inconstitucionalidad de la ley “antiminería” pasarán al 2013, año electoral y año en el que nadie querrá quedar pegado al tema que desvela a la dirigencia política por el impacto social que este acarrea. De hecho, el gobernador Francisco Pérez ya empezó a desactivar las bombas de la minería.
Primero lo hizo cuando era candidato a gobernador por el PJ con el proyecto original San Jorge que extraería oro y cobre en Uspallata; después hizo callar a los intendentes que pedían a gritos por la instalación de la minería y las últimas señales del gobernador fueron desautorizar al intendente de Malargüe, Juan Carlos Agülles, quien presentó en Casa de Gobierno un borrador para modificar la 7.722 y evitar que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) pase por la Legislatura.
“Mi compromiso es mantener la vigencia de la 7.722”, le contestó el mandatario al malargüino, quien después de la respuesta de Pérez decidió bajar el perfil. Ayer, Agülles dijo a Los Andes: “No tenemos fecha de presentación. Estamos haciendo conocer” el borrador”.
No obstante, además de la resolución de la inconstitucionalidad o no de la ley que está en manos de la Corte, entre esta semana y la que viene el Ejecutivo provincial deberá dar respuesta a la minera San Jorge, quien hace casi 30 días hábiles renovó el proyecto previendo que la extracción de los minerales se haga en Mendoza y que el tratamiento de ellos se realice en San Juan.
Con este contexto, las organizaciones ambientales como la Asamblea Popular por el Agua comenzaron a activarse ayer al mediodía. “Una vez más, nos reunimos para defender la ley del pueblo, nuestra ley. En esta ocasión, nos concentraremos el 17, 18 y 19 de setiembre en la explanada del Poder Judicial. Queremos también demostrarles a los jueces, gobernantes y legisladores que no vamos a permitir que los intereses económicos de las transnacionales mineras se impongan frente las necesidades de las actuales y las futuras generaciones.Varias empresas megamineras han presentado pedidos de inconstitucionalidad de la ley 7.722, aduciendo que esta ley es discriminatoria con sus actividades. Jueces, escuchen al pueblo, Mendoza ya decidió: ¡No a la megaminería”, dice parte del comunicado que emitió la entidad.
Según Paula Ferreira, “en el Poder Judicial aún no deciden si se resolverán todas las causas en conjunto o en forma individual y aún no se ha pedido que el tema se trate en el plenario. Todo esto está demorando la discusión. Esta es la primera de muchas movilizaciones sociales que están organizando”, continuó la activista.
Por su parte, desde la oposición se consideró que “a resolución del tema tendrá marcada incidencia en la provincia ya que marcará el rumbo respecto de la minería. Por eso es que el asunto puede demorarse”, concluyó el titular del bloque de Senadores de la UCR, Armando Camerucci.
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Fecha de Publicación: 18/09/2012
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Mendoza
Es la norma que prohíbe la utilización de sustancias contaminantes en la minería metalífera y que ha acumulado once recursos de inconstitucionalidad en la Suprema Corte. En los próximos días podría haber una respuesta del Gobierno por el proyecto San Jorge.
Ayer arrancó la presión de los sectores ambientalistas para que la Suprema Corte de Justicia rechace los pedidos de inconstitucionalidad a la Ley 7.722 que prohíbe el uso de sustancias contaminantes en la actividad minera metalífera.
Las organizaciones sociales llegaron a la explanada del Poder Judicial con las fotos de los jueces que deberán resolver las causas. Pese a que Mario Adaro, uno de los miembros que integra la Sala II, la que deberá resolver los planteos, le pidió al presidente de la sala, Herman Salvini y al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Pedro Llorente, que el fallo se resuelva en un plenario por la magnitud del tema, la decisión de los magistrados sería la de estirar la resolución lo más que se pueda, según sostuvieron desde el Palacio de Justicia.
“A nadie le conviene resolverlo ahora”, plantearon desde el tercer poder republicano. Lo mismo piensan en el Ejecutivo: “No es un tema para tratarlo ahora”.
Por su parte, Adaro aseguró que “la resolución llevará su tiempo” y que, en este momento, se están considerando las pruebas. “Yo sugerí lo del plenario. Es el presidente de la sala o el procurador quienes pueden pedir que las causas se resuelvan en plenario y no en la sala. En noviembre me toca a mí presidir la sala y, si aún no se ha resuelto el tema, voy a pedir el plenario”, continuó el magistrado.
El tema es que si no se resuelve este año, los once planteos de inconstitucionalidad de la ley “antiminería” pasarán al 2013, año electoral y año en el que nadie querrá quedar pegado al tema que desvela a la dirigencia política por el impacto social que este acarrea. De hecho, el gobernador Francisco Pérez ya empezó a desactivar las bombas de la minería.
Primero lo hizo cuando era candidato a gobernador por el PJ con el proyecto original San Jorge que extraería oro y cobre en Uspallata; después hizo callar a los intendentes que pedían a gritos por la instalación de la minería y las últimas señales del gobernador fueron desautorizar al intendente de Malargüe, Juan Carlos Agülles, quien presentó en Casa de Gobierno un borrador para modificar la 7.722 y evitar que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) pase por la Legislatura.
“Mi compromiso es mantener la vigencia de la 7.722”, le contestó el mandatario al malargüino, quien después de la respuesta de Pérez decidió bajar el perfil. Ayer, Agülles dijo a Los Andes: “No tenemos fecha de presentación. Estamos haciendo conocer” el borrador”.
No obstante, además de la resolución de la inconstitucionalidad o no de la ley que está en manos de la Corte, entre esta semana y la que viene el Ejecutivo provincial deberá dar respuesta a la minera San Jorge, quien hace casi 30 días hábiles renovó el proyecto previendo que la extracción de los minerales se haga en Mendoza y que el tratamiento de ellos se realice en San Juan.
Con este contexto, las organizaciones ambientales como la Asamblea Popular por el Agua comenzaron a activarse ayer al mediodía. “Una vez más, nos reunimos para defender la ley del pueblo, nuestra ley. En esta ocasión, nos concentraremos el 17, 18 y 19 de setiembre en la explanada del Poder Judicial. Queremos también demostrarles a los jueces, gobernantes y legisladores que no vamos a permitir que los intereses económicos de las transnacionales mineras se impongan frente las necesidades de las actuales y las futuras generaciones.Varias empresas megamineras han presentado pedidos de inconstitucionalidad de la ley 7.722, aduciendo que esta ley es discriminatoria con sus actividades. Jueces, escuchen al pueblo, Mendoza ya decidió: ¡No a la megaminería”, dice parte del comunicado que emitió la entidad.
Según Paula Ferreira, “en el Poder Judicial aún no deciden si se resolverán todas las causas en conjunto o en forma individual y aún no se ha pedido que el tema se trate en el plenario. Todo esto está demorando la discusión. Esta es la primera de muchas movilizaciones sociales que están organizando”, continuó la activista.
Por su parte, desde la oposición se consideró que “a resolución del tema tendrá marcada incidencia en la provincia ya que marcará el rumbo respecto de la minería. Por eso es que el asunto puede demorarse”, concluyó el titular del bloque de Senadores de la UCR, Armando Camerucci.
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Recién ahora haran el EsIA de Sierra Pintada
Estudio de impacto ambiental de Sierra Pintada
Fecha de Publicación: 17/09/2012
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Mendoza
En dos meses podría presentar la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) el estudio de impacto ambiental para la remediación de las colas de uranio del Complejo Minero Fabril Sierra Pintada, ubicado en el departamento de San Rafael, y el año que viene comenzarían las actividades de remediación.
Así lo informó el secretario de Ambiente del gobierno de Mendoza, Marcos Zandomeni, tras una inspección al complejo en forma conjunta con el juez federal Eduardo Puigdéngolas, y representantes del Departamento General de Irrigación, la dirección de Minería y la de Recursos Naturales, además de la Municipalidad de San Rafael y de la CNEA.
Zandomeni informó que en dos meses la CNEA presentará el estudio de impacto ambiental para la remediación de las colas de uranio y que será evaluado por los organismo intervinientes de modo tal que el año próximo se inicie con las actividades de remediación.
Además señaló que se acordaron y concertaron los procesos de monitoreo y ensayos necesarios para garantizar la seguridad en el dique DN3B que es el que recibe los líquidos del dique pulmón y efluentes.
De este modo se verificó que no hay pérdidas y que los taludes funcionan correctamente en donde se encontrara un corte en la membrana geotextil.
Cabe recordar que tras la difusión de una filtración ocurrida en marzo en uno de los diques de remediación en Sierra Pintada, hecho que fue corroborado luego por las autoridades de la CNEA junto con la información sobre su reparación, trascendió que los trabajos de remediación en el complejo estaban detenidos.
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Fecha de Publicación: 17/09/2012
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Mendoza
En dos meses podría presentar la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) el estudio de impacto ambiental para la remediación de las colas de uranio del Complejo Minero Fabril Sierra Pintada, ubicado en el departamento de San Rafael, y el año que viene comenzarían las actividades de remediación.Así lo informó el secretario de Ambiente del gobierno de Mendoza, Marcos Zandomeni, tras una inspección al complejo en forma conjunta con el juez federal Eduardo Puigdéngolas, y representantes del Departamento General de Irrigación, la dirección de Minería y la de Recursos Naturales, además de la Municipalidad de San Rafael y de la CNEA.
Zandomeni informó que en dos meses la CNEA presentará el estudio de impacto ambiental para la remediación de las colas de uranio y que será evaluado por los organismo intervinientes de modo tal que el año próximo se inicie con las actividades de remediación.
Además señaló que se acordaron y concertaron los procesos de monitoreo y ensayos necesarios para garantizar la seguridad en el dique DN3B que es el que recibe los líquidos del dique pulmón y efluentes.
De este modo se verificó que no hay pérdidas y que los taludes funcionan correctamente en donde se encontrara un corte en la membrana geotextil.
Cabe recordar que tras la difusión de una filtración ocurrida en marzo en uno de los diques de remediación en Sierra Pintada, hecho que fue corroborado luego por las autoridades de la CNEA junto con la información sobre su reparación, trascendió que los trabajos de remediación en el complejo estaban detenidos.
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Los reclamos antimineros en Argentina
Reclamos antimineros
Fecha de Publicación: 17/09/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Chubut fue un punto de inflexión en la lucha contra la megaminería en Argentina. En 2002 y 2003 se realizaron masivas movilizaciones contra la actividad extractiva, con epicentro en Esquel, donde –plebiscito incluido– se rechazó la instalación de una minera que pretendía extraer oro y se logró aprobar una ley (la 5001) que prohíbe la actividad en la provincia. Una década después, una decena de ciudades de Chubut están movilizadas por el intento del gobierno provincial de aprobar una nueva ley que habilita el avance de las empresas mineras. “En 2003 no había licencia social de la población. Hoy el rechazo a la megaminería es aún mayor, es rotundo en toda la provincia”, afirmó Alejandro Corbeletto, de la asamblea de Esquel.
La ley 5001 prohíbe la actividad minera en Chubut. En diciembre pasado, el gobernador Martín Buzzi hizo pública su intención de modificar la ley y “zonificar” la provincia para permitir la actividad en “zonas de sacrificio”.
El 4 de enero hubo una masiva movilización por las calles de Esquel, en la que participaron también comunidades mapuche-tehuelches, asambleas ambientales de Trevelin, Puerto Madryn y Río Mayo. En mayo, comunidades indígenas y pobladores de la meseta marcharon desde Gan Gan hasta Trelew. Rechazaron la avanzada de la empresa Pan American Silver del proyecto de plata y plomo llamado Navidad, que –denuncian– viola la legislación de protección indígena. Se repitieron las marchas en junio y julio.
El gobernador Buzzi se sumó en febrero a la Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi), donde participa el gobierno nacional y todas las provincias que impulsan la actividad. En mayo, el gobernador hizo público el proyecto de ley, donde de manera explícita se habilita la minería en la meseta y la costa y deja abierta la posibilidad de explotar la zona de la cordillera. En junio el proyecto fue presentado en la legislatura provincial y de inmediato girado a comisiones.
El 4 de agosto hubo marchas masivas en Trelew, Comodoro Rivadavia y Esquel. El 4 de septiembre, en Esquel marcharon más de mil personas y también hubo movilizaciones en Lago Puelo, Trelew, Rawson y Comodoro Rivadavia.
Mañana marcharán desde la cordillera, meseta y costa hasta la legislatura provincial en Rawson y acamparán durante tres días. “Grandes corporaciones transnacionales esperan sigilosas el resultado de la provocadora apuesta del gobierno de Buzzi. Decenas de megaproyectos están en la línea de largada. El yacimiento Navidad, de la canadiense Pan American Silver, es quizá el más emblemático”, denunció la Unión de Asambleas de Chubut y la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace).
Romina Krebs, de la Asamblea de Vecinos de Rawson, explicó que los legisladores “están divididos” respecto del proyecto y, en cambio, “las comunidades están unidas y rechazan” la megaminería. “Los tres días de acampe son un paso más en un año de movilizaciones y actividades que les recuerdan al gobernador y a los legisladores que no queremos megaminería”, afirmó Krebs.
En San Luis está vigente, desde octubre de 2008, la Ley de Preservación y Restauración Ambiental del Sector Minero, que prohíbe el uso de sustancias químicas contaminantes en todas las etapas de la minería metalífera. Sin embargo, la Dirección de Minería de San Luis avanza con la exploración de oro en las Sierras Centrales con doce proyectos mineros. En ese cordón montañoso nacen las vertientes que proveen el 80 por ciento del agua que se utiliza en la provincia. Incluso el gobierno provincial sancionó en 2010 una ley que declara “zona protegida” a las sierras ahora exploradas por las empresas mineras. Ya explicitaron su rechazo la Asamblea para la Protección de Aguas y Tierras Argentinas (Apata), la cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de San Luis, la intendenta de La Carolina (Ingrid Blumencweig), entre otros.
En la Argentina existen seis provincias que prohíben o limitan diversos aspectos de la minería metalífera a cielo abierto: Chubut, Tucumán, Mendoza, La Pampa, San Luis y Córdoba. La Rioja y Río Negro también habían prohibido la actividad.
Corbeletto, asambleísta de Esquel, apuntó a la política macro: “En la conformación de la Ofemi se explicitó que quieren derogar todas las leyes que frenan la megaminería, es una política de Estado, pero somos muchos los pueblos y ciudades que ya decidimos otro futuro. Las empresas extractivas tienen como aliados a los gobiernos, pero no a los pueblos”.
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Fecha de Publicación: 17/09/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Chubut fue un punto de inflexión en la lucha contra la megaminería en Argentina. En 2002 y 2003 se realizaron masivas movilizaciones contra la actividad extractiva, con epicentro en Esquel, donde –plebiscito incluido– se rechazó la instalación de una minera que pretendía extraer oro y se logró aprobar una ley (la 5001) que prohíbe la actividad en la provincia. Una década después, una decena de ciudades de Chubut están movilizadas por el intento del gobierno provincial de aprobar una nueva ley que habilita el avance de las empresas mineras. “En 2003 no había licencia social de la población. Hoy el rechazo a la megaminería es aún mayor, es rotundo en toda la provincia”, afirmó Alejandro Corbeletto, de la asamblea de Esquel.
La ley 5001 prohíbe la actividad minera en Chubut. En diciembre pasado, el gobernador Martín Buzzi hizo pública su intención de modificar la ley y “zonificar” la provincia para permitir la actividad en “zonas de sacrificio”.
El 4 de enero hubo una masiva movilización por las calles de Esquel, en la que participaron también comunidades mapuche-tehuelches, asambleas ambientales de Trevelin, Puerto Madryn y Río Mayo. En mayo, comunidades indígenas y pobladores de la meseta marcharon desde Gan Gan hasta Trelew. Rechazaron la avanzada de la empresa Pan American Silver del proyecto de plata y plomo llamado Navidad, que –denuncian– viola la legislación de protección indígena. Se repitieron las marchas en junio y julio.
El gobernador Buzzi se sumó en febrero a la Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi), donde participa el gobierno nacional y todas las provincias que impulsan la actividad. En mayo, el gobernador hizo público el proyecto de ley, donde de manera explícita se habilita la minería en la meseta y la costa y deja abierta la posibilidad de explotar la zona de la cordillera. En junio el proyecto fue presentado en la legislatura provincial y de inmediato girado a comisiones.
El 4 de agosto hubo marchas masivas en Trelew, Comodoro Rivadavia y Esquel. El 4 de septiembre, en Esquel marcharon más de mil personas y también hubo movilizaciones en Lago Puelo, Trelew, Rawson y Comodoro Rivadavia.
Mañana marcharán desde la cordillera, meseta y costa hasta la legislatura provincial en Rawson y acamparán durante tres días. “Grandes corporaciones transnacionales esperan sigilosas el resultado de la provocadora apuesta del gobierno de Buzzi. Decenas de megaproyectos están en la línea de largada. El yacimiento Navidad, de la canadiense Pan American Silver, es quizá el más emblemático”, denunció la Unión de Asambleas de Chubut y la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace).
Romina Krebs, de la Asamblea de Vecinos de Rawson, explicó que los legisladores “están divididos” respecto del proyecto y, en cambio, “las comunidades están unidas y rechazan” la megaminería. “Los tres días de acampe son un paso más en un año de movilizaciones y actividades que les recuerdan al gobernador y a los legisladores que no queremos megaminería”, afirmó Krebs.
En San Luis está vigente, desde octubre de 2008, la Ley de Preservación y Restauración Ambiental del Sector Minero, que prohíbe el uso de sustancias químicas contaminantes en todas las etapas de la minería metalífera. Sin embargo, la Dirección de Minería de San Luis avanza con la exploración de oro en las Sierras Centrales con doce proyectos mineros. En ese cordón montañoso nacen las vertientes que proveen el 80 por ciento del agua que se utiliza en la provincia. Incluso el gobierno provincial sancionó en 2010 una ley que declara “zona protegida” a las sierras ahora exploradas por las empresas mineras. Ya explicitaron su rechazo la Asamblea para la Protección de Aguas y Tierras Argentinas (Apata), la cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de San Luis, la intendenta de La Carolina (Ingrid Blumencweig), entre otros.
En la Argentina existen seis provincias que prohíben o limitan diversos aspectos de la minería metalífera a cielo abierto: Chubut, Tucumán, Mendoza, La Pampa, San Luis y Córdoba. La Rioja y Río Negro también habían prohibido la actividad.
Corbeletto, asambleísta de Esquel, apuntó a la política macro: “En la conformación de la Ofemi se explicitó que quieren derogar todas las leyes que frenan la megaminería, es una política de Estado, pero somos muchos los pueblos y ciudades que ya decidimos otro futuro. Las empresas extractivas tienen como aliados a los gobiernos, pero no a los pueblos”.
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Podrían prohibir las aeroaplicaciones en Santa Fe
Anticiparon a aviadores que se prohibirían las aeroaplicaciones
Fecha de Publicación: 16/09/2012
Fuente: Campo Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
Durante la tarde del jueves, mientras la legislatura se conmocionaba por las negociaciones de último momento antes del tratamiento de la reforma tributaria, en los despachos de la Comisión de Medioambiente de la Cámara de Diputados se reunían representantes de los pulverizadores aéreos y el diputado del Frente Para la Victoria Pablo Di Bert, titular de ese órgano.
Fue tal la desazón tras la charla que el titular de la Cámara de Empresas Agroaéreas de la provincia, Sandro Peisino, redactó un dolido -y muy autocrítico- correo electrónico en el que anuncia a sus colegas que la prohibición de las pulverizaciones aéreas en la provincia estaría decidida.
“Hoy tuve uno de los días más tristes de mi vida, siempre me creí un águila, que volaba junto a mis colegas románticamente sobre los verdes prados y los amarillos girasoles, pero hoy a la tarde en un momento de lucidez, me di cuenta que siempre fuimos avestruces, que preferimos esconder la cabeza y mirar para otro lado, esperando que otro nos salvara negando la realidad, pero hoy me hicieron ver la realidad a la fuerza”.
Tras el primer párrafo, Peisino informa que estuvo más de una hora charlando con el legislador, de cuyas palabras concluyó “como que me aconsejó vender mis aviones ya, porque la situación según me dijo estaba resuelta, que los cuatro proyectos que hay en Diputados sobre el tema contemplan la prohibición total de las fumigaciones aéreas en la provincia y me aseguro que tienen muchos estudios que demuestran como nosotros, o sea unos, estamos intoxicando a toda la población”.
Mentira la verdad
En diálogo con Campolitoral, el dirigente relató que miembros de la cámara están viajando todas las semanas a a reunirse con legisladores para informarlos sobre las características de su actividad. Buscan no perder la carrera frente a la avanzada de movimientos ecologistas que demandan importantes restricciones al uso de productos fitosanitarios, incluida la prohibición de las aplicaciones aéreas. “Nos reunimos con el diputado Jorge Abello y con los senadores Miguel Lifschitz (Rosario), Germán Giacomino (Constitución) y Lisandro Enrico (General López), todos expresaron la preocupación por una ley razonable”, comentó Peisino.
Distinta fue la impresión que se llevó de la reunión con Di Bert. “Me lo dijo totalmente seguro (que se sancionaría la prohibición) en una reunión semi formal de una hora; me dejó hablar y explicar mis argumentos y me dio los suyos para prohibir las pulverizaciones aéreas y también las terrestres, porque el problema para él es el veneno que se usa”.
El aeroaplicador dijo sentirse alarmado porque el Diputado se basa en estudios de percepción de la población sin base científica. “Primero dan charlas que generan una psicosis en la población y después se hacen encuestas en los pueblos preguntandole a la gente si algún pariente o conocido se enfermó o tiene cáncer y lo están usando como estudio científico”, denunció. Y agregó: “yo no vi los estudios que me dijo que tiene”. Además relató que, a causa del miedo y la desinformación divulgados entre la gente, ya cuentan con tres casos de aviones baleados por pobladores. “A uno en Venado Tuerto le pegaron un balazo debajo del ala, cerca del tanque de combustible; el tipo fue procesado y dijo que lo hizo porque envenenaban y porque estaba prohibido pulverizar con aviones, cosa que no es así en absoluto”, señaló.
En soledad
La cámara que preside Peisino agrupa unas 25 empresas de las 110 que hay en la provincia. En su mayoría son Pymes familiares con hasta 40 años de trabajo que emplean en forma directa entre 6 y 7 personas cada una. Como su principal función es tratar lotes atacados por plagas cuando no puede entrar una máquina terrestre, por lluvia o estado fenológico de los cultivos, tiene temporadas buenas y malas. Por el clima seco en las últimas dos campañas tuvieron poco trabajo, a tal punto que “varios socios empezaron a comprar máquinas terrestres para poder trabajar”.
El dirigente indicó que la postura del sector es “hacer cumplir la ley que existe”, aunque reconoce que la misma puede ser perfectible por los cambios tecnológicos de los últimos años. También dijo que han hecho pedidos puntuales, como “una ley específica sobre aplicación de agroquímicos para que se capacite a la gente” o “que en cada pueblo haya un ingeniero que controle las aplicaciones”. Sin embargo, se lamentó de que “hay un grupo de diputados que están a favor de prohibir las aplicaciones aéreas”.
Frente a este contexto, Peisino hizo un llamado a sus colegas y a los productores a participar para resistir la avanzada contra la actividad. “Urgente debemos sacar la cabeza del pozo, porque seguimos hablando entre nosotros, yo escribiéndoles a ustedes, ustedes negando la realidad y nadie se entera que existimos, ni los medios, ni los políticos, ni la sociedad”, redactó en el correo.
Por último informó que el próximo miércoles 19 de septiembre al medio día “nos recibe la comisión del Senado que tiene la ley (el proyecto), hoy los pocos senadores que están sacando la cara por nosotros me pidieron que por favor los respaldemos, que están solos contra todos”.
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Fecha de Publicación: 16/09/2012
Fuente: Campo Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
Durante la tarde del jueves, mientras la legislatura se conmocionaba por las negociaciones de último momento antes del tratamiento de la reforma tributaria, en los despachos de la Comisión de Medioambiente de la Cámara de Diputados se reunían representantes de los pulverizadores aéreos y el diputado del Frente Para la Victoria Pablo Di Bert, titular de ese órgano.Fue tal la desazón tras la charla que el titular de la Cámara de Empresas Agroaéreas de la provincia, Sandro Peisino, redactó un dolido -y muy autocrítico- correo electrónico en el que anuncia a sus colegas que la prohibición de las pulverizaciones aéreas en la provincia estaría decidida.
“Hoy tuve uno de los días más tristes de mi vida, siempre me creí un águila, que volaba junto a mis colegas románticamente sobre los verdes prados y los amarillos girasoles, pero hoy a la tarde en un momento de lucidez, me di cuenta que siempre fuimos avestruces, que preferimos esconder la cabeza y mirar para otro lado, esperando que otro nos salvara negando la realidad, pero hoy me hicieron ver la realidad a la fuerza”.
Tras el primer párrafo, Peisino informa que estuvo más de una hora charlando con el legislador, de cuyas palabras concluyó “como que me aconsejó vender mis aviones ya, porque la situación según me dijo estaba resuelta, que los cuatro proyectos que hay en Diputados sobre el tema contemplan la prohibición total de las fumigaciones aéreas en la provincia y me aseguro que tienen muchos estudios que demuestran como nosotros, o sea unos, estamos intoxicando a toda la población”.
Mentira la verdad
En diálogo con Campolitoral, el dirigente relató que miembros de la cámara están viajando todas las semanas a a reunirse con legisladores para informarlos sobre las características de su actividad. Buscan no perder la carrera frente a la avanzada de movimientos ecologistas que demandan importantes restricciones al uso de productos fitosanitarios, incluida la prohibición de las aplicaciones aéreas. “Nos reunimos con el diputado Jorge Abello y con los senadores Miguel Lifschitz (Rosario), Germán Giacomino (Constitución) y Lisandro Enrico (General López), todos expresaron la preocupación por una ley razonable”, comentó Peisino.
Distinta fue la impresión que se llevó de la reunión con Di Bert. “Me lo dijo totalmente seguro (que se sancionaría la prohibición) en una reunión semi formal de una hora; me dejó hablar y explicar mis argumentos y me dio los suyos para prohibir las pulverizaciones aéreas y también las terrestres, porque el problema para él es el veneno que se usa”.
El aeroaplicador dijo sentirse alarmado porque el Diputado se basa en estudios de percepción de la población sin base científica. “Primero dan charlas que generan una psicosis en la población y después se hacen encuestas en los pueblos preguntandole a la gente si algún pariente o conocido se enfermó o tiene cáncer y lo están usando como estudio científico”, denunció. Y agregó: “yo no vi los estudios que me dijo que tiene”. Además relató que, a causa del miedo y la desinformación divulgados entre la gente, ya cuentan con tres casos de aviones baleados por pobladores. “A uno en Venado Tuerto le pegaron un balazo debajo del ala, cerca del tanque de combustible; el tipo fue procesado y dijo que lo hizo porque envenenaban y porque estaba prohibido pulverizar con aviones, cosa que no es así en absoluto”, señaló.
En soledad
La cámara que preside Peisino agrupa unas 25 empresas de las 110 que hay en la provincia. En su mayoría son Pymes familiares con hasta 40 años de trabajo que emplean en forma directa entre 6 y 7 personas cada una. Como su principal función es tratar lotes atacados por plagas cuando no puede entrar una máquina terrestre, por lluvia o estado fenológico de los cultivos, tiene temporadas buenas y malas. Por el clima seco en las últimas dos campañas tuvieron poco trabajo, a tal punto que “varios socios empezaron a comprar máquinas terrestres para poder trabajar”.
El dirigente indicó que la postura del sector es “hacer cumplir la ley que existe”, aunque reconoce que la misma puede ser perfectible por los cambios tecnológicos de los últimos años. También dijo que han hecho pedidos puntuales, como “una ley específica sobre aplicación de agroquímicos para que se capacite a la gente” o “que en cada pueblo haya un ingeniero que controle las aplicaciones”. Sin embargo, se lamentó de que “hay un grupo de diputados que están a favor de prohibir las aplicaciones aéreas”.
Frente a este contexto, Peisino hizo un llamado a sus colegas y a los productores a participar para resistir la avanzada contra la actividad. “Urgente debemos sacar la cabeza del pozo, porque seguimos hablando entre nosotros, yo escribiéndoles a ustedes, ustedes negando la realidad y nadie se entera que existimos, ni los medios, ni los políticos, ni la sociedad”, redactó en el correo.
Por último informó que el próximo miércoles 19 de septiembre al medio día “nos recibe la comisión del Senado que tiene la ley (el proyecto), hoy los pocos senadores que están sacando la cara por nosotros me pidieron que por favor los respaldemos, que están solos contra todos”.
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Otro problemas de los agrotóxicos, los envases
Agroquímicos. Qué hacer con los envases
Fecha de Publicación: 15/09/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Frente al aumento considerable de insumos para la industria agropecuaria, sería necesaria una reglamentación común para su destino final
La creciente producción agroalimentaria ha ocasionado un aumento considerable en la utilización de insumos para esta industria. Esta situación ha mostrado la necesidad de contar con una regulación, no solamente en cuanto al uso de los insumos, sino al destino de la cantidad de envases que se utilizan para su comercialización.
Estos envases representan un riesgo potencial directo o indirecto de contaminación y, con la intención de ordenar esta actividad, ha surgido en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley para resolver un tema de evidentes consecuencias ambientales. El proyecto busca implementar un Programa Nacional para la Gestión de Envases de Producto Fitosanitarios. Se trata de una temática ya abordada por algunas provincias, pero, considerando el posible impacto, sería deseable que la Nación tenga una normativa común para organizar las campañas de concientización de los riesgos que se corren con el mal uso de estos envases, así como las políticas que deben seguir las empresas fabricantes, importadoras o distribuidoras de estos productos.
El proyecto pretende introducir la técnica del triple lavado y perforado, para reducir los niveles de restos de productos en el interior de los envases. Esta metodología ha sido investigada por diversas instituciones y sería introducida como estándar obligatorio en todo el territorio de nuestro país, siguiendo los lineamientos de las normas IRAM. Así, los envases que hayan sido tratados con esa técnica quedarían desclasificados y dejarían de ser considerados residuos peligrosos a todos los efectos legales.
También se procura crear un sistema de recolección, devolución, depósito, reciclado o disposición de envases usados, basado en el desarrollo de empresas que tengan a su cargo el tratamiento de esos envases y su reciclado, con responsabilidades para los productores, fraccionadores y usuarios, consistentes en la limpieza y eliminación de contaminantes y el posterior retiro de los envases a cargo de las empresas productoras de los agroquímicos.
Se trata de una iniciativa necesaria, que requiere ser estudiada, enriquecida y, en su momento, aprobada. Finalmente, viene al caso tener en cuenta otro hecho de difusión indeseable de materiales de uso rural: la aparición, en rutas y caminos rurales, de trozos de descarte de silos bolsa, utilizados para el depósito de granos, capaces de provocar accidentes y efectos ambientales diversos. Sería importante buscar una solución para este foco de contaminación y riesgo.
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Fecha de Publicación: 15/09/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Frente al aumento considerable de insumos para la industria agropecuaria, sería necesaria una reglamentación común para su destino final
La creciente producción agroalimentaria ha ocasionado un aumento considerable en la utilización de insumos para esta industria. Esta situación ha mostrado la necesidad de contar con una regulación, no solamente en cuanto al uso de los insumos, sino al destino de la cantidad de envases que se utilizan para su comercialización.
Estos envases representan un riesgo potencial directo o indirecto de contaminación y, con la intención de ordenar esta actividad, ha surgido en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley para resolver un tema de evidentes consecuencias ambientales. El proyecto busca implementar un Programa Nacional para la Gestión de Envases de Producto Fitosanitarios. Se trata de una temática ya abordada por algunas provincias, pero, considerando el posible impacto, sería deseable que la Nación tenga una normativa común para organizar las campañas de concientización de los riesgos que se corren con el mal uso de estos envases, así como las políticas que deben seguir las empresas fabricantes, importadoras o distribuidoras de estos productos.
El proyecto pretende introducir la técnica del triple lavado y perforado, para reducir los niveles de restos de productos en el interior de los envases. Esta metodología ha sido investigada por diversas instituciones y sería introducida como estándar obligatorio en todo el territorio de nuestro país, siguiendo los lineamientos de las normas IRAM. Así, los envases que hayan sido tratados con esa técnica quedarían desclasificados y dejarían de ser considerados residuos peligrosos a todos los efectos legales.
También se procura crear un sistema de recolección, devolución, depósito, reciclado o disposición de envases usados, basado en el desarrollo de empresas que tengan a su cargo el tratamiento de esos envases y su reciclado, con responsabilidades para los productores, fraccionadores y usuarios, consistentes en la limpieza y eliminación de contaminantes y el posterior retiro de los envases a cargo de las empresas productoras de los agroquímicos.
Se trata de una iniciativa necesaria, que requiere ser estudiada, enriquecida y, en su momento, aprobada. Finalmente, viene al caso tener en cuenta otro hecho de difusión indeseable de materiales de uso rural: la aparición, en rutas y caminos rurales, de trozos de descarte de silos bolsa, utilizados para el depósito de granos, capaces de provocar accidentes y efectos ambientales diversos. Sería importante buscar una solución para este foco de contaminación y riesgo.
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La política argentina sobre la Capa de Ozono
Argentina comprometida con la Protección de la Capa de Ozono
Fecha de Publicación: 15/09/2012
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Nuestro país ha participado activamente en los esfuerzos que realiza la comunidad internacional para restaurar la Capa de Ozono. Las acciones emprendidas con el fin de reducir el consumo de CFCs permitieron que Argentina cumpliera ampliamente con las medidas de reducción requeridas por el Protocolo de Montreal. Además, desde la Secretaría de Ambiente, se lleva adelante un Programa de Reconversión Industrial y Agrícola a tecnologías que no afecten a la Capa de Ozono, con financiamiento del Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal.
A 25 años de la firma del Protocolo de Montreal sobre Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, encabezada por el Dr. Juan José Mussi, junto a la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, organizan la celebración del Dia Internacional de la Protección de la Capa de Ozono este 16 de septiembre en la ciudad fueguina de Ushuaia, con diversas actividades que se desarrollarán desde el 15 al 19 de septiembre. El acto central tendrá el 16 de septiembre en el Auditorio del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC), con la presencia del Lic. Ariel Martínez, Secretario de Desarrollo Sustentable y Ambiente de Tierra del Fuego y de la Lic. Laura Estela Berón, Coordinadora de la Oficina Programa Ozono de la Secretaría de Ambiente nacional, quién disertará sobre la Política de la Argentina frente a esta problemática. Los días siguientes se realizarán además capacitaciones para técnicos sobre Buenas Prácticas en Refrigeración y Uso de Hidrocarburos como refrigerante y capacitaciones a funcionarios de Aduana, Gendarmería, Prefectura.
El Protocolo de Montreal puede considerarse como un ejemplo exitoso de política ambiental puesto que La comunidad internacional fue capaz de acordar una rápida y considerable reducción del consumo y producción de compuestos halogenados inmediatamente después del descubrimiento del fenómeno del agotamiento de ozono en la Antártida. En ese sentido, es importante destacar que este acuerdo reviste una singular relevancia para nuestro país que, dada la ubicación geográfica del agujero de ozono, se ve particularmente afectado por el mismo.
Argentina ha participado activamente en los esfuerzos que realiza la comunidad internacional para restaurar la Capa de Ozono y ha sido parte de este proceso trascendental al ratificar el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono y el Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono mediante las Leyes N° 23.724 y 23.778, en enero y septiembre de 1990 respectivamente.
En el año 2010 se llegó a la primera fecha de eliminación global de algunas de las sustancias controladas por el Protocolo, en particular los clorofluorocarbonos, los halones y el tetracloruro de carbono. Durante medio siglo estas sustancias fueron ampliamente usadas como gases refrigerantes, como propelentes de aerosoles, para limpieza de circuitos electrónicos, para la producción de espumas de poliuretano y como agentes extintores de incendios, entre otros usos. Como consecuencia, se liberaron a la atmósfera en cantidad suficiente como para causar un daño a gran escala en el ozono estratosférico, lo que afectó a todo el planeta y en particular al cono sudamericano.
El esfuerzo argentino
Como parte de las acciones tendientes a restaurar la Capa de Ozono, nuestro país asumió la obligación de promover la reconversión de los sectores industriales y agrícolas que utilizan en sus procesos productivos sustancias que agotan la Capa de Ozono, con el objetivo final de eliminarlas. Las acciones emprendidas con el fin de reducir el consumo de CFCs dieron como resultado que el país cumpliera con holgura las medidas de reducción requeridas por el Protocolo de Montreal. El consumo en el año 2005 se redujo en un 65%, muy por encima del 50% requerido. Durante el año 2009 el consumo se redujo sólo al 2,5% de la línea de base y fue sólo para uso medicinal.
Para cumplimentar el plan institucional de acción del gobierno, fue creada la Oficina Programa Ozono (OPROZ), en el ámbito de la actual Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Jefatura de Gabinete de Ministros. Ésta tiene a su cargo la ejecución del Programa País para la aplicación del Protocolo de Montreal. Está integrada por funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, de la Secretaría de Industria del Ministerio de Industria, y la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Jefatura de Gabinete de Ministros.
Desde el año 1994, la OPROZ lleva adelante un Programa de Reconversión Industrial y Agrícola a tecnologías que no afecten a la Capa de Ozono, con financiamiento recibido del Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal en forma de donación.
La eliminación acelerada de los hidroclorofluorocarbonos (HCFCs), aprobada en septiembre de 2007 sobre la base de una propuesta presentada por varios países, entre ellos la Argentina, no solamente traerá beneficios en el avance de la recuperación de la capa de ozono, sino también tendrá un impacto significativo en el clima. Hasta 25 Gt de emisiones equivalentes de CO2 podrían ser eliminadas hasta el año 2050 con la eliminación de los HCFCs.
Las nuevas medidas de control entran en vigencia en enero del año que viene, y están dirigidas a la eliminación del consumo de HCFCs. Estos son ampliamente usados en los sectores de la refrigeración, espumas, solventes, aerosoles y extinguidores de incendio, como una sustancia de transición para la sustitución de los CFCs. También son usados como materia prima para la producción de otros productos químicos. Aproximadamente el 75% del total de los HCFC consumidos en nuestro país son usados en los sectores de aire acondicionado y refrigeración, siendo el HCFC–22 el principal químico usado.
Algunos de los logros alcanzados en nuestro país, desde la aprobación del primer proyecto en 1994, incluyen más de 205 empresas, radicadas en 18 provincias y la ciudad de Buenos Aires, beneficiadas con proyectos de reconversión industrial, con asistencia técnica y económica en carácter de donación, ya sea a través de la entrega de maquinaria o para adaptar sus equipos o para realizar pruebas con alternativos a las SAOs; el dictado de 303 cursos en Buenas Prácticas en Refrigeración para servicios y técnicos en de cursos de refrigeración en forma gratuita en más de 53 localidades del país y la Ciudad de Buenos Aires; la recuperación de 124 toneladas (124.000 kilos) de refrigerantes desde el año 2006 y hasta agosto de 2012, y reutilización de 117 toneladas; reducción del consumo de CFCs en un 65%, muy por encima del 50% requerido en el 2005 y la reducción en 209 del consumo sólo al 2,5% de la línea de base y fue sólo para uso medicinal.
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Fecha de Publicación: 15/09/2012
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Nuestro país ha participado activamente en los esfuerzos que realiza la comunidad internacional para restaurar la Capa de Ozono. Las acciones emprendidas con el fin de reducir el consumo de CFCs permitieron que Argentina cumpliera ampliamente con las medidas de reducción requeridas por el Protocolo de Montreal. Además, desde la Secretaría de Ambiente, se lleva adelante un Programa de Reconversión Industrial y Agrícola a tecnologías que no afecten a la Capa de Ozono, con financiamiento del Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal.
A 25 años de la firma del Protocolo de Montreal sobre Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, encabezada por el Dr. Juan José Mussi, junto a la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, organizan la celebración del Dia Internacional de la Protección de la Capa de Ozono este 16 de septiembre en la ciudad fueguina de Ushuaia, con diversas actividades que se desarrollarán desde el 15 al 19 de septiembre. El acto central tendrá el 16 de septiembre en el Auditorio del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC), con la presencia del Lic. Ariel Martínez, Secretario de Desarrollo Sustentable y Ambiente de Tierra del Fuego y de la Lic. Laura Estela Berón, Coordinadora de la Oficina Programa Ozono de la Secretaría de Ambiente nacional, quién disertará sobre la Política de la Argentina frente a esta problemática. Los días siguientes se realizarán además capacitaciones para técnicos sobre Buenas Prácticas en Refrigeración y Uso de Hidrocarburos como refrigerante y capacitaciones a funcionarios de Aduana, Gendarmería, Prefectura.
El Protocolo de Montreal puede considerarse como un ejemplo exitoso de política ambiental puesto que La comunidad internacional fue capaz de acordar una rápida y considerable reducción del consumo y producción de compuestos halogenados inmediatamente después del descubrimiento del fenómeno del agotamiento de ozono en la Antártida. En ese sentido, es importante destacar que este acuerdo reviste una singular relevancia para nuestro país que, dada la ubicación geográfica del agujero de ozono, se ve particularmente afectado por el mismo.
Argentina ha participado activamente en los esfuerzos que realiza la comunidad internacional para restaurar la Capa de Ozono y ha sido parte de este proceso trascendental al ratificar el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono y el Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono mediante las Leyes N° 23.724 y 23.778, en enero y septiembre de 1990 respectivamente.
En el año 2010 se llegó a la primera fecha de eliminación global de algunas de las sustancias controladas por el Protocolo, en particular los clorofluorocarbonos, los halones y el tetracloruro de carbono. Durante medio siglo estas sustancias fueron ampliamente usadas como gases refrigerantes, como propelentes de aerosoles, para limpieza de circuitos electrónicos, para la producción de espumas de poliuretano y como agentes extintores de incendios, entre otros usos. Como consecuencia, se liberaron a la atmósfera en cantidad suficiente como para causar un daño a gran escala en el ozono estratosférico, lo que afectó a todo el planeta y en particular al cono sudamericano.
El esfuerzo argentino
Como parte de las acciones tendientes a restaurar la Capa de Ozono, nuestro país asumió la obligación de promover la reconversión de los sectores industriales y agrícolas que utilizan en sus procesos productivos sustancias que agotan la Capa de Ozono, con el objetivo final de eliminarlas. Las acciones emprendidas con el fin de reducir el consumo de CFCs dieron como resultado que el país cumpliera con holgura las medidas de reducción requeridas por el Protocolo de Montreal. El consumo en el año 2005 se redujo en un 65%, muy por encima del 50% requerido. Durante el año 2009 el consumo se redujo sólo al 2,5% de la línea de base y fue sólo para uso medicinal.
Para cumplimentar el plan institucional de acción del gobierno, fue creada la Oficina Programa Ozono (OPROZ), en el ámbito de la actual Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Jefatura de Gabinete de Ministros. Ésta tiene a su cargo la ejecución del Programa País para la aplicación del Protocolo de Montreal. Está integrada por funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, de la Secretaría de Industria del Ministerio de Industria, y la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Jefatura de Gabinete de Ministros.
Desde el año 1994, la OPROZ lleva adelante un Programa de Reconversión Industrial y Agrícola a tecnologías que no afecten a la Capa de Ozono, con financiamiento recibido del Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal en forma de donación.
La eliminación acelerada de los hidroclorofluorocarbonos (HCFCs), aprobada en septiembre de 2007 sobre la base de una propuesta presentada por varios países, entre ellos la Argentina, no solamente traerá beneficios en el avance de la recuperación de la capa de ozono, sino también tendrá un impacto significativo en el clima. Hasta 25 Gt de emisiones equivalentes de CO2 podrían ser eliminadas hasta el año 2050 con la eliminación de los HCFCs.
Las nuevas medidas de control entran en vigencia en enero del año que viene, y están dirigidas a la eliminación del consumo de HCFCs. Estos son ampliamente usados en los sectores de la refrigeración, espumas, solventes, aerosoles y extinguidores de incendio, como una sustancia de transición para la sustitución de los CFCs. También son usados como materia prima para la producción de otros productos químicos. Aproximadamente el 75% del total de los HCFC consumidos en nuestro país son usados en los sectores de aire acondicionado y refrigeración, siendo el HCFC–22 el principal químico usado.
Algunos de los logros alcanzados en nuestro país, desde la aprobación del primer proyecto en 1994, incluyen más de 205 empresas, radicadas en 18 provincias y la ciudad de Buenos Aires, beneficiadas con proyectos de reconversión industrial, con asistencia técnica y económica en carácter de donación, ya sea a través de la entrega de maquinaria o para adaptar sus equipos o para realizar pruebas con alternativos a las SAOs; el dictado de 303 cursos en Buenas Prácticas en Refrigeración para servicios y técnicos en de cursos de refrigeración en forma gratuita en más de 53 localidades del país y la Ciudad de Buenos Aires; la recuperación de 124 toneladas (124.000 kilos) de refrigerantes desde el año 2006 y hasta agosto de 2012, y reutilización de 117 toneladas; reducción del consumo de CFCs en un 65%, muy por encima del 50% requerido en el 2005 y la reducción en 209 del consumo sólo al 2,5% de la línea de base y fue sólo para uso medicinal.
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Sali-Dulce: destacan avances en los ingenios
Mussi destacó avances, pero reclamó a tres ingenios más inversión
Fecha de Publicación: 14/09/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan José Mussi, encabezó la inspección a los ingenios azucareros con destilerías que adhirieron al plan Vinaza y Ceniza Cero, y en ese marco destacó el avance de obras, aunque llamó la atención a tres ingenios de los nueve que recorrió.
Como se recordará, estas obras fueron parte del acuerdo que firmaron ambas provincias, la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sayds) y la Defensoría del Pueblo, para producir el saneamiento de la cuenca Salí - Dulce, afectada por la actividad industrial tucumana, particularmente por los efluentes que arrojaban los ingenios.
El funcionario nacional estuvo acompañado por el defensor del Pueblo, Martín Díaz Achával; el secretario del Agua, Abel Tévez y el director de Medio Ambiente, Juan Carlos Targa, por Santiago del Estero; mientras que el secretario de Medio Ambiente, Alfredo Montalván y el defensor Hugo Cabral, por Tucumán.
Durante la jornada de ayer, Mussi recorrió los ingenios Marapa, Santa Bárbara, La Corona, Trinidad, Santa Rosa, Bella Vista, Fronterita, Leales y Concepción.
En ese marco, Mussi realizó observaciones técnicas en cada una de las industrias visitadas, aunque llamó la atención en especial de los ingenios La Corona, San Juan y Santa Rosa, por la falta de inversión.
En diálogo con EL LIBERAL, Mussi resaltó que ‘hubo un cambio de actitud en los empresarios, ya que comenzaron a invertir’.
En el caso de La Corona, el funcionario indicó que ‘están prometiendo, les dimos 15 días para que presentaran un proyecto de vinazoducto y un mes para que terminaran el tema de la recuperación del agua del lavado de cenizas, están intimados; ellos sabrán lo que tienen que hacer y si no vendrá la multa y la suspensión de las tareas’.
Asimismo, sostuvo que ‘hay un cambio de actitud en los empresarios, porque comenzamos a ver que hay inversiones; estuvimos en Marapa y hubo una inversión cercana a los dos millones de dólares; en Santa Bárbara había una inversión mayor, de unos cuatro millones de dólares, hemos visto vinazoductos en los lugares, vimos fertirriego, hemos visto las piletas de decantación de cenizas, la recuperación del agua del lavado de cenizas y esos son pasos importantes’.
‘El ingenio La Corona es el que menos obras ha hecho todavía, nos dijeron que están estudiando, analizando, pero el tiempo pasa y todavía no hicieron nada’, indicó en tal sentido.
Por otra parte, Mussi señaló que desde la Secretaría de Ambiente ‘estamos realizando este trabajo a partir de una demanda que hubo en la Corte Suprema y nosotros estamos tratando de cumplir con la demanda, lo que no significa que terminemos ahí’.
En tal sentido precisó que ‘antes de fin de año se inaugura la planta San Felipe de Tucumán, que es una planta de tratamiento de líquidos cloacales con una enorme inversión”.
Paralelamente, Mussi recordó que ‘Las Termas recibió doce millones de pesos para tratar residuos, estamos esperando a ver qué pasó con ese dinero, porque todavía estamos esperando los informes del municipio acerca de los trabajos que debía realizar; nos dicen que les faltan camiones para avanzar, pero nosotros no podemos realizar ese aporte”.
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Fecha de Publicación: 14/09/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan José Mussi, encabezó la inspección a los ingenios azucareros con destilerías que adhirieron al plan Vinaza y Ceniza Cero, y en ese marco destacó el avance de obras, aunque llamó la atención a tres ingenios de los nueve que recorrió.Como se recordará, estas obras fueron parte del acuerdo que firmaron ambas provincias, la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sayds) y la Defensoría del Pueblo, para producir el saneamiento de la cuenca Salí - Dulce, afectada por la actividad industrial tucumana, particularmente por los efluentes que arrojaban los ingenios.
El funcionario nacional estuvo acompañado por el defensor del Pueblo, Martín Díaz Achával; el secretario del Agua, Abel Tévez y el director de Medio Ambiente, Juan Carlos Targa, por Santiago del Estero; mientras que el secretario de Medio Ambiente, Alfredo Montalván y el defensor Hugo Cabral, por Tucumán.
Durante la jornada de ayer, Mussi recorrió los ingenios Marapa, Santa Bárbara, La Corona, Trinidad, Santa Rosa, Bella Vista, Fronterita, Leales y Concepción.
En ese marco, Mussi realizó observaciones técnicas en cada una de las industrias visitadas, aunque llamó la atención en especial de los ingenios La Corona, San Juan y Santa Rosa, por la falta de inversión.
En diálogo con EL LIBERAL, Mussi resaltó que ‘hubo un cambio de actitud en los empresarios, ya que comenzaron a invertir’.
En el caso de La Corona, el funcionario indicó que ‘están prometiendo, les dimos 15 días para que presentaran un proyecto de vinazoducto y un mes para que terminaran el tema de la recuperación del agua del lavado de cenizas, están intimados; ellos sabrán lo que tienen que hacer y si no vendrá la multa y la suspensión de las tareas’.
Asimismo, sostuvo que ‘hay un cambio de actitud en los empresarios, porque comenzamos a ver que hay inversiones; estuvimos en Marapa y hubo una inversión cercana a los dos millones de dólares; en Santa Bárbara había una inversión mayor, de unos cuatro millones de dólares, hemos visto vinazoductos en los lugares, vimos fertirriego, hemos visto las piletas de decantación de cenizas, la recuperación del agua del lavado de cenizas y esos son pasos importantes’.
‘El ingenio La Corona es el que menos obras ha hecho todavía, nos dijeron que están estudiando, analizando, pero el tiempo pasa y todavía no hicieron nada’, indicó en tal sentido.
Por otra parte, Mussi señaló que desde la Secretaría de Ambiente ‘estamos realizando este trabajo a partir de una demanda que hubo en la Corte Suprema y nosotros estamos tratando de cumplir con la demanda, lo que no significa que terminemos ahí’.
En tal sentido precisó que ‘antes de fin de año se inaugura la planta San Felipe de Tucumán, que es una planta de tratamiento de líquidos cloacales con una enorme inversión”.
Paralelamente, Mussi recordó que ‘Las Termas recibió doce millones de pesos para tratar residuos, estamos esperando a ver qué pasó con ese dinero, porque todavía estamos esperando los informes del municipio acerca de los trabajos que debía realizar; nos dicen que les faltan camiones para avanzar, pero nosotros no podemos realizar ese aporte”.
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La posición de Uruguay en torno a Botnia
Botnia en versión uruguaya
Fecha de Publicación: 14/09/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Los integrantes uruguayos de la CARU aseguraron que el informe argentino sobre las irregularidades en el funcionamiento de Botnia tiene “errores técnicos” y negaron que se vierta clandestinamente desechos en el río Uruguay.
Una semana después de que la contraparte argentina diera a conocer un informe muy crítico, la delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) aseguró que “no existe motivo ni fundamento” para no dar a conocer los resultados del monitoreo que se viene realizando a la planta de UPM-Botnia, en Fray Bentos. Los uruguayos sostuvieron que los cuestionamientos argentinos están plagados de “errores técnicos” y negaron que se estuvieran vertiendo clandestinamente desechos en el río.
El miércoles de la semana pasada, y luego de un año y medio sin noticias, los funcionarios argentinos presentaron un trabajo al canciller Héctor Timerman sobre el funcionamiento de la pastera en el que daban cuenta de graves irregularidades. No sólo hacían mención al vuelco de clandestino de efluentes, sino que denunciaban trabas de Uruguay al monitoreo y la modificación de normas ambientales para adecuarlas a la necesidad de la empresa. También confirmaba que Botnia viene produciendo por encima del millón de toneladas por año, el límite previsto en el fallo de la Corte de La Haya de acuerdo con lo que habían pedido las propias autoridades uruguayas.
Luego de varios días para analizar una respuesta, los funcionarios uruguayos replicaron ayer a través de un comunicado difundido por la cancillería que encabeza Luis Almagro. Allí expresan su “satisfacción” por la disposición de la delegación argentina de dar a conocer los resultados completos del monitoreo, algo que desde ambos sectores se acusaban de bloquear. “Ello permitirá un manejo objetivo y global de la información”, aseguran, dando a entender que las conclusiones de los funcionarios argentinos no lo fueron.
Los representantes uruguayos aseguran que su país “ha demostrado su apertura posibilitando todas las visitas de monitoreo requeridas por el Comité Científico binacional a la planta de UPM (dieciséis hasta la fecha) realizadas juntamente con la autoridad nacional ambiental, la Dirección Nacional de Medio Ambiente”. Al término de cada una de esas visitas –continúan los uruguayos–, el acta correspondiente explicita que las tareas se realizaron “en todo de acuerdo con lo previsto; esto es, en ningún caso ha existido manifestación o reclamo de los integrantes del Comité Científico, respecto de supuestos ‘obstáculos y retaceos’ como los que alude el comunicado de la delegación argentina”. También insisten en que el estudio debe hacerse tanto en la pastera como en la desembocadura del río, y no “sólo en la planta de UPM”, algo de lo que acusan a los argentinos.
Por otra parte, el embajador argentino en Uruguay, Dante Dovena, aseguró que el Gobierno “no va a permitir cortes” que impidan la circulación del puente que va a Fray Bentos, luego de que los asambleístas de Gualeguaychú anunciaran protestas. “Argentina no quiere reprimir por la fuerza, pero vamos a hacer todo lo posible porque estas rutas no se corten”, concluyó.
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Fecha de Publicación: 14/09/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Los integrantes uruguayos de la CARU aseguraron que el informe argentino sobre las irregularidades en el funcionamiento de Botnia tiene “errores técnicos” y negaron que se vierta clandestinamente desechos en el río Uruguay.Una semana después de que la contraparte argentina diera a conocer un informe muy crítico, la delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) aseguró que “no existe motivo ni fundamento” para no dar a conocer los resultados del monitoreo que se viene realizando a la planta de UPM-Botnia, en Fray Bentos. Los uruguayos sostuvieron que los cuestionamientos argentinos están plagados de “errores técnicos” y negaron que se estuvieran vertiendo clandestinamente desechos en el río.
El miércoles de la semana pasada, y luego de un año y medio sin noticias, los funcionarios argentinos presentaron un trabajo al canciller Héctor Timerman sobre el funcionamiento de la pastera en el que daban cuenta de graves irregularidades. No sólo hacían mención al vuelco de clandestino de efluentes, sino que denunciaban trabas de Uruguay al monitoreo y la modificación de normas ambientales para adecuarlas a la necesidad de la empresa. También confirmaba que Botnia viene produciendo por encima del millón de toneladas por año, el límite previsto en el fallo de la Corte de La Haya de acuerdo con lo que habían pedido las propias autoridades uruguayas.
Luego de varios días para analizar una respuesta, los funcionarios uruguayos replicaron ayer a través de un comunicado difundido por la cancillería que encabeza Luis Almagro. Allí expresan su “satisfacción” por la disposición de la delegación argentina de dar a conocer los resultados completos del monitoreo, algo que desde ambos sectores se acusaban de bloquear. “Ello permitirá un manejo objetivo y global de la información”, aseguran, dando a entender que las conclusiones de los funcionarios argentinos no lo fueron.
Los representantes uruguayos aseguran que su país “ha demostrado su apertura posibilitando todas las visitas de monitoreo requeridas por el Comité Científico binacional a la planta de UPM (dieciséis hasta la fecha) realizadas juntamente con la autoridad nacional ambiental, la Dirección Nacional de Medio Ambiente”. Al término de cada una de esas visitas –continúan los uruguayos–, el acta correspondiente explicita que las tareas se realizaron “en todo de acuerdo con lo previsto; esto es, en ningún caso ha existido manifestación o reclamo de los integrantes del Comité Científico, respecto de supuestos ‘obstáculos y retaceos’ como los que alude el comunicado de la delegación argentina”. También insisten en que el estudio debe hacerse tanto en la pastera como en la desembocadura del río, y no “sólo en la planta de UPM”, algo de lo que acusan a los argentinos.
Por otra parte, el embajador argentino en Uruguay, Dante Dovena, aseguró que el Gobierno “no va a permitir cortes” que impidan la circulación del puente que va a Fray Bentos, luego de que los asambleístas de Gualeguaychú anunciaran protestas. “Argentina no quiere reprimir por la fuerza, pero vamos a hacer todo lo posible porque estas rutas no se corten”, concluyó.
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Piden proteger al puma en Río Negro
Piden proteger al puma en Río Negro
Fecha de Publicación: 13/09/2012
Fuente: http://blogs.lanacion.com.ar/ecologico
Provincia/Región: Río Negro
Al parecer, en las provincias argentinas, están obsesionados con la caza de animales. A la que le tocó el turno esta vez es a Río Negro. La ley provincial Nº 763/72 brinda incentivos económicos a los productores ganaderos para que maten pumas en sus propiedades.
El conflicto entre productores agropecuarios y animales silvestres es tan antiguo como la actividad misma. La Fundación Vida Silvestre ya ha pedido públicamente la derogación de la norma e incluso ha comenzado a juntar firmas para conseguirlo. “Cuando se implementan este tipo de medidas sabemos lo que ganamos pero no tenemos dimensión de lo que perdemos con la pérdida de biodiversidad y servicios ambientales.” sostiene Andrea Michelson, Coordinadora de Áreas Protegidas de Vida Silvestre.
“En el caso del puma, si bien reconocemos que en determinadas circunstancias representa un problema para la producción ganadera, ha sido demostrado científicamente que estos casos están relacionados con algunos individuos que se acostumbran a predar sobre animales domésticos. Siendo este un problema puntual, proponer un incentivo, utilizando fondos públicos para un control no específico, atenta contra la convivencia de la producción con la conservación de los ecosistemas y sus especies”, concluye Michelson.
El avance del puma y del jabalí en amplias zonas de la meseta está relacionada con el desmonte en la región y también con el abandono de los campos. La Secretaria de Medio Ambiente de Río Negro, Laura Del Valle Juárez, se reunirá el próximo 23 de octubre en Viedma con autoridades de la Dirección de Fauna de la provincia de Chubut, e investigadores del Conicet para analizar la actual legislación rionegrina y avanzar sobre alternativas que permitan la protección de esta especie autóctona.
“Estamos en búsqueda de alternativas para proteger la especie, que es autóctona de la Argentina, e intentaremos buscar alternativas a la actual legislación que tenemos en la provincia“, destacó la funcionaria.
Indicó que al gobernador, Alberto Weretilneck, le llegaron peticiones de la Fundación Vida Silvestre con casi dos mil firmas solicitando la derogación de la ley y en tal sentido destacó: “No podemos hablar todavía de la derogación de la ley porque primero tenemos que conocer las alternativas”.
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Fecha de Publicación: 13/09/2012
Fuente: http://blogs.lanacion.com.ar/ecologico
Provincia/Región: Río Negro
Al parecer, en las provincias argentinas, están obsesionados con la caza de animales. A la que le tocó el turno esta vez es a Río Negro. La ley provincial Nº 763/72 brinda incentivos económicos a los productores ganaderos para que maten pumas en sus propiedades.
El conflicto entre productores agropecuarios y animales silvestres es tan antiguo como la actividad misma. La Fundación Vida Silvestre ya ha pedido públicamente la derogación de la norma e incluso ha comenzado a juntar firmas para conseguirlo. “Cuando se implementan este tipo de medidas sabemos lo que ganamos pero no tenemos dimensión de lo que perdemos con la pérdida de biodiversidad y servicios ambientales.” sostiene Andrea Michelson, Coordinadora de Áreas Protegidas de Vida Silvestre.
“En el caso del puma, si bien reconocemos que en determinadas circunstancias representa un problema para la producción ganadera, ha sido demostrado científicamente que estos casos están relacionados con algunos individuos que se acostumbran a predar sobre animales domésticos. Siendo este un problema puntual, proponer un incentivo, utilizando fondos públicos para un control no específico, atenta contra la convivencia de la producción con la conservación de los ecosistemas y sus especies”, concluye Michelson.
El avance del puma y del jabalí en amplias zonas de la meseta está relacionada con el desmonte en la región y también con el abandono de los campos. La Secretaria de Medio Ambiente de Río Negro, Laura Del Valle Juárez, se reunirá el próximo 23 de octubre en Viedma con autoridades de la Dirección de Fauna de la provincia de Chubut, e investigadores del Conicet para analizar la actual legislación rionegrina y avanzar sobre alternativas que permitan la protección de esta especie autóctona.
“Estamos en búsqueda de alternativas para proteger la especie, que es autóctona de la Argentina, e intentaremos buscar alternativas a la actual legislación que tenemos en la provincia“, destacó la funcionaria.
Indicó que al gobernador, Alberto Weretilneck, le llegaron peticiones de la Fundación Vida Silvestre con casi dos mil firmas solicitando la derogación de la ley y en tal sentido destacó: “No podemos hablar todavía de la derogación de la ley porque primero tenemos que conocer las alternativas”.
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Río Negro también contaminado con agrotóxicos
Presentan denuncia por contaminación con agroquímicos
Fecha de Publicación: 13/09/2012
Fuente: Roca OnLine
Provincia/Región: Río Negro - Neuquén
La Defensora del Pueblo de Rìo Negro, Nadina Díaz, intervendrá en una denuncia que se presentará en conjunto con el Defensor del Pueblo de Neuquén en torno a casos de vecinos con graves enfermedades que serían atribuibles a la contaminación con agroquímicos.
El asunto será planteado este jueves en Neuquén, en donde ambos funcionarios darán detalles sobre el tema, del que existirían elementos de peso como para avanzar en esa presentación.
Días sostuvo que se trata de “un problema que va a generar discusiones a futuro, es bastante preocupante, y nos vamos a poner en campaña con la colaboración del Defensor del Pueblo de Neuquén, que es donde se originó el análisis del tema.
Así lo anticipó en declaraciones a radio Show Roca. Remarcó que el tema será planteado dentro de una serie de acciones con su par neuquino que apuntan a “estrechar lazos con defensoríaas de la Patagonia que tienen similares inquietudes a las nuestras”.
Remarcó que se trata de casos con “enfermedades provocadas por la contaminación con agroquímicos, casos de cáncer que serían atribuibles” al contacto con esos productos.
Un asunto del que siempre se ha hablado en la región, pero del que hasta ahora no existía documentación o elementos de peso como para avanzar en una presentación ante las autoridades.
Es una cuestión delicada, donde seguramente también vamos a tener contacto con la Secretaría de Medio Ambiente, y otros organismos pertinentes que hagan a estas cuestiones”.
También enumeró otros aspectos, como la preocupación por el estado de la cuenca de los ríos de la zona, por lo que tiene previsto una reunión con funcionarios de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas”.
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Fecha de Publicación: 13/09/2012
Fuente: Roca OnLine
Provincia/Región: Río Negro - Neuquén
La Defensora del Pueblo de Rìo Negro, Nadina Díaz, intervendrá en una denuncia que se presentará en conjunto con el Defensor del Pueblo de Neuquén en torno a casos de vecinos con graves enfermedades que serían atribuibles a la contaminación con agroquímicos.
El asunto será planteado este jueves en Neuquén, en donde ambos funcionarios darán detalles sobre el tema, del que existirían elementos de peso como para avanzar en esa presentación.
Días sostuvo que se trata de “un problema que va a generar discusiones a futuro, es bastante preocupante, y nos vamos a poner en campaña con la colaboración del Defensor del Pueblo de Neuquén, que es donde se originó el análisis del tema.
Así lo anticipó en declaraciones a radio Show Roca. Remarcó que el tema será planteado dentro de una serie de acciones con su par neuquino que apuntan a “estrechar lazos con defensoríaas de la Patagonia que tienen similares inquietudes a las nuestras”.
Remarcó que se trata de casos con “enfermedades provocadas por la contaminación con agroquímicos, casos de cáncer que serían atribuibles” al contacto con esos productos.
Un asunto del que siempre se ha hablado en la región, pero del que hasta ahora no existía documentación o elementos de peso como para avanzar en una presentación ante las autoridades.
Es una cuestión delicada, donde seguramente también vamos a tener contacto con la Secretaría de Medio Ambiente, y otros organismos pertinentes que hagan a estas cuestiones”.
También enumeró otros aspectos, como la preocupación por el estado de la cuenca de los ríos de la zona, por lo que tiene previsto una reunión con funcionarios de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas”.
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Controlán contaminación en ríos rionegrinos
Control por contaminación en ríos
Fecha de Publicación: 13/09/2012
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
La defensora del pueblo de Río Negro, Nadina Díaz, se reunirá hoy con su par de Neuquén, Ricardo Rivas, para firmar un acuerdo de colaboración y realizar una recorrida por los sectores contaminados de los ríos Limay, Neuquén y Negro. Díaz estuvo ayer en Cipolletti recibiendo denuncias y problemas de gente de la ciudad. También se reunió con el intendente Baratti e integrantes del Concejo Deliberante.
Reconoció su preocupación sobre la contaminación de los ríos de la región que, dijo, afecta no sólo la producción sino también la salud de la gente. Además, la Fundación Patagónica de pesca que está llevando adelante un plan de educación ambiental con niños convencidos de que es la manera de que la temática también se comience a tratar entre los adultos. Para ello realiza charlas en las escuelas primarias de Cipolletti y F. Oro.
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Fecha de Publicación: 13/09/2012
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
La defensora del pueblo de Río Negro, Nadina Díaz, se reunirá hoy con su par de Neuquén, Ricardo Rivas, para firmar un acuerdo de colaboración y realizar una recorrida por los sectores contaminados de los ríos Limay, Neuquén y Negro. Díaz estuvo ayer en Cipolletti recibiendo denuncias y problemas de gente de la ciudad. También se reunió con el intendente Baratti e integrantes del Concejo Deliberante.
Reconoció su preocupación sobre la contaminación de los ríos de la región que, dijo, afecta no sólo la producción sino también la salud de la gente. Además, la Fundación Patagónica de pesca que está llevando adelante un plan de educación ambiental con niños convencidos de que es la manera de que la temática también se comience a tratar entre los adultos. Para ello realiza charlas en las escuelas primarias de Cipolletti y F. Oro.
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Sali-Dulce: ahora apuntan a citrícolas y cloacas
Ponen la mira en citrícolas y sistema cloacal
Fecha de Publicación: 12/09/2012
Fuente: Nuevo Diario Web
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Targa afirmó que en la situación actual no se alcanza a cubrir al 40% de San Miguel con el servicio de cloacas. Habría mejoras.
El embalse de Las Termas de Río Hondo presenta un fuerte olor nauseabundo debido a desechos cloacales que provienen de Tucumán y al bajo nivel de agua que presenta.
El director de Medio Ambiente de la Provincia, ingeniero Juan Carlos Targa, explicó a Nuevo Diario que “prácticamente ninguna de sus ciudades (tucumanas) tiene tratamientos cloacales. San Miguel sí, pero no alcanza a abastecer al 40 por ciento de la población”, señaló. También aclaró que esta contaminación es histórica y a ella se suman la generada por las industrias azucareras, citrícolas y alcoholeras, en las que producen vinaza, cenizas y otros elementos.
“Los contaminantes más fuerte y más rápido de atacar eran la vinaza y la ceniza, que este año, con la denuncia, los acuerdos firmados, más los controles que estamos haciendo, se logró prácticamente que no haya vinaza ni cenizas en los ríos. Recientemente hubo un vuelco de cenizas, pero se los multó y se corrigió inmediatamente”, aclaró.
Ahora, las citrícolas
Targa continuó explicando que ahora es el turno de las citrícolas “que están empezando a hacer tratamientos”, los mataderos y principalmente los desechos cloacales, de los cuales el 40 por ciento es prácticamente lo único que tiene tratamiento. Al respecto manifestó que se está realizando la obra de construcción de la planta de tratamiento de efluentes cloacales para el gran Tucumán y que “teóricamente estarían finalizándolo hasta fin de año, el cual disminuiría casi un 90 por ciento la contaminación de cloacas”.
El funcionario reconoció: “Eso lo conocíamos, lo sabemos y se está trabajando al respecto”, y explicó, “pero además el embalse de Las Termas, desde que lo cerraron, hace 40 años, viene recibiendo todos esos efluentes en los cuales muchos quedan depositados en el fondo”.
Año complicado
“Este es un año complicado porque ya tenemos elevadas temperaturas, ha llovido poco en todo lo que es la cuenca alta, entonces el embalse está con baja cantidad de agua. La contaminación cloacal que sigue, más los depósitos del fondo hacen que en este momento esté bastante complicado en ese sentido. Es decir que vamos a sentir olor a líquidos cloacales, aún cuando dejen de ingresar más desechos vamos a seguir sintiéndolos por los depósitos que existían por la baja cantidad de agua”, advirtió.
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Fecha de Publicación: 12/09/2012
Fuente: Nuevo Diario Web
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Targa afirmó que en la situación actual no se alcanza a cubrir al 40% de San Miguel con el servicio de cloacas. Habría mejoras. El embalse de Las Termas de Río Hondo presenta un fuerte olor nauseabundo debido a desechos cloacales que provienen de Tucumán y al bajo nivel de agua que presenta.
El director de Medio Ambiente de la Provincia, ingeniero Juan Carlos Targa, explicó a Nuevo Diario que “prácticamente ninguna de sus ciudades (tucumanas) tiene tratamientos cloacales. San Miguel sí, pero no alcanza a abastecer al 40 por ciento de la población”, señaló. También aclaró que esta contaminación es histórica y a ella se suman la generada por las industrias azucareras, citrícolas y alcoholeras, en las que producen vinaza, cenizas y otros elementos.
“Los contaminantes más fuerte y más rápido de atacar eran la vinaza y la ceniza, que este año, con la denuncia, los acuerdos firmados, más los controles que estamos haciendo, se logró prácticamente que no haya vinaza ni cenizas en los ríos. Recientemente hubo un vuelco de cenizas, pero se los multó y se corrigió inmediatamente”, aclaró.
Ahora, las citrícolas
Targa continuó explicando que ahora es el turno de las citrícolas “que están empezando a hacer tratamientos”, los mataderos y principalmente los desechos cloacales, de los cuales el 40 por ciento es prácticamente lo único que tiene tratamiento. Al respecto manifestó que se está realizando la obra de construcción de la planta de tratamiento de efluentes cloacales para el gran Tucumán y que “teóricamente estarían finalizándolo hasta fin de año, el cual disminuiría casi un 90 por ciento la contaminación de cloacas”.
El funcionario reconoció: “Eso lo conocíamos, lo sabemos y se está trabajando al respecto”, y explicó, “pero además el embalse de Las Termas, desde que lo cerraron, hace 40 años, viene recibiendo todos esos efluentes en los cuales muchos quedan depositados en el fondo”.
Año complicado
“Este es un año complicado porque ya tenemos elevadas temperaturas, ha llovido poco en todo lo que es la cuenca alta, entonces el embalse está con baja cantidad de agua. La contaminación cloacal que sigue, más los depósitos del fondo hacen que en este momento esté bastante complicado en ese sentido. Es decir que vamos a sentir olor a líquidos cloacales, aún cuando dejen de ingresar más desechos vamos a seguir sintiéndolos por los depósitos que existían por la baja cantidad de agua”, advirtió.
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Nuevo monitoreo a Botnia
Se realizó un nuevo monitoreo a Botnia y la semana que viene analizarán el río Uruguay
Fecha de Publicación: 12/09/2012
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Nacional
Ayer se realizó un nuevo monitoreo a la pastera Botnia (UPM) y se presume que el lunes 17 se analizarán por primera vez en la historias las aguas del río Uruguay, a la altura del caño difusor de la planta.
Cuando las tensiones entre Argentina y Uruguay no han cesado, ayer el Comité Científico que trabaja para la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru) ingresó nuevamente a la planta Orion (UPM, ex Botnia) para realizar un nuevo monitoreo.
El Frente Amplio que lidera el presidente José “Pepe” Mujica se ha caracterizado por ejecutar al pie de la letra los anuncios del capitalismo salvaje y lejos de aportar soluciones a este largo conflicto, agrava la controversia con el anuncio de una tercera pastera.
El propio Mujica anunció la instalación de una tercera planta de celulosa e incluso anticipó que estará ubicada sobre el río Negro, entre Cerro Largo, Tacuarembó y Durazno. Este anuncio puso en alerta a la Cancillería Argentina y especialmente a la delegación argentina ante la Caru, dado que el río Negro es tributario del río Uruguay y por ende debe ser consultado previamente el organismo binacional para no volver a configurar otra violación serial al Estatuto del Río Uruguay.
El ingreso de ayer a la planta de Botnia busca acopiar la mayor cantidad de análisis antes de la parada anual que tiene programada la empresa. Este hecho pone en jaque a la firma finlandesa, que además la semana que viene se verá acorralada cuando el Comité Científico analice por primera vez en la historia de este conflicto las aguas del río Uruguay en inmediaciones del caño de efluentes que tiene Botnia sobe el lecho del recurso compartido. Un aspecto que también desnuda la precariedad con la que han venido trabajando en materia de monitoreo ambiental.
Con respecto al último comunicado de la cancillería, donde se puso de manifiesto que el Uruguay además de no colaborar, constantemente actúa de mala fe, desde el gobierno uruguayo no lo desmintieron y apenas sostuvieron “que se trata de una exageración”.
Desde entonces, la estrategia del gobierno de Mujica es avivar la chispa para que se vuelva a cortar la ruta y así no tener que dar respuestas, tal como se las está pidiendo el gobierno argentino.
Por otro lado, en el ingreso de ayer a la planta se constató que la fábrica prácticamente no estaba produciendo en sus niveles históricos y eso fue fácilmente observable por el poco caudal de sus piletas. Esto tiene relación con el nivel máximo alcanzado por UPM que ya rondaría las 990 mil toneladas y no puede superar el millón anual.
Es cierto que el comunicado de la cancillería no contempló los resultados obtenidos en las 16 entradas a la planta UPM, pedido de información que hace tiempo viene solicitando la Asamblea Ambiental, el Honorable Concejo Deliberante de Gualeguaychú e incluso la propia Justicia Federal. Pero también es verdad que ese comunicado explícitamente manifestó el interés de la delegación argentina ante la Caru para lograr la concreción de una reunión con su contraparte uruguaya a fin de acordar la difusión de los resultados obtenidos por el Comité Científico. Y hasta el momento, ha prevalecido el silencio desde el otro lado de la costa.
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Fecha de Publicación: 12/09/2012
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Nacional
Ayer se realizó un nuevo monitoreo a la pastera Botnia (UPM) y se presume que el lunes 17 se analizarán por primera vez en la historias las aguas del río Uruguay, a la altura del caño difusor de la planta.
Cuando las tensiones entre Argentina y Uruguay no han cesado, ayer el Comité Científico que trabaja para la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru) ingresó nuevamente a la planta Orion (UPM, ex Botnia) para realizar un nuevo monitoreo.
El Frente Amplio que lidera el presidente José “Pepe” Mujica se ha caracterizado por ejecutar al pie de la letra los anuncios del capitalismo salvaje y lejos de aportar soluciones a este largo conflicto, agrava la controversia con el anuncio de una tercera pastera.
El propio Mujica anunció la instalación de una tercera planta de celulosa e incluso anticipó que estará ubicada sobre el río Negro, entre Cerro Largo, Tacuarembó y Durazno. Este anuncio puso en alerta a la Cancillería Argentina y especialmente a la delegación argentina ante la Caru, dado que el río Negro es tributario del río Uruguay y por ende debe ser consultado previamente el organismo binacional para no volver a configurar otra violación serial al Estatuto del Río Uruguay.
El ingreso de ayer a la planta de Botnia busca acopiar la mayor cantidad de análisis antes de la parada anual que tiene programada la empresa. Este hecho pone en jaque a la firma finlandesa, que además la semana que viene se verá acorralada cuando el Comité Científico analice por primera vez en la historia de este conflicto las aguas del río Uruguay en inmediaciones del caño de efluentes que tiene Botnia sobe el lecho del recurso compartido. Un aspecto que también desnuda la precariedad con la que han venido trabajando en materia de monitoreo ambiental.
Con respecto al último comunicado de la cancillería, donde se puso de manifiesto que el Uruguay además de no colaborar, constantemente actúa de mala fe, desde el gobierno uruguayo no lo desmintieron y apenas sostuvieron “que se trata de una exageración”.
Desde entonces, la estrategia del gobierno de Mujica es avivar la chispa para que se vuelva a cortar la ruta y así no tener que dar respuestas, tal como se las está pidiendo el gobierno argentino.
Por otro lado, en el ingreso de ayer a la planta se constató que la fábrica prácticamente no estaba produciendo en sus niveles históricos y eso fue fácilmente observable por el poco caudal de sus piletas. Esto tiene relación con el nivel máximo alcanzado por UPM que ya rondaría las 990 mil toneladas y no puede superar el millón anual.
Es cierto que el comunicado de la cancillería no contempló los resultados obtenidos en las 16 entradas a la planta UPM, pedido de información que hace tiempo viene solicitando la Asamblea Ambiental, el Honorable Concejo Deliberante de Gualeguaychú e incluso la propia Justicia Federal. Pero también es verdad que ese comunicado explícitamente manifestó el interés de la delegación argentina ante la Caru para lograr la concreción de una reunión con su contraparte uruguaya a fin de acordar la difusión de los resultados obtenidos por el Comité Científico. Y hasta el momento, ha prevalecido el silencio desde el otro lado de la costa.
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OT de bosques en Entre Ríos cuetionado
Ecologistas cuestionan el proyecto de ordenamiento territorial de bosques
Fecha de Publicación: 11/09/2012
Fuente: Uno Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
La organización M’Biguá hizo una presentación ante la Cámara de Diputados de la provincia, criticando el proyecto de ley de bosque nativo. Aseguran que se desconoce la protección de los humedales y no se prevé un plan de recuperación, entre otras falencias.
La organización socioambiental M’Biguá, Ciudadanía y Justicia Ambiental, presentó ante la Cámara de Diputados de Entre Ríos un documento con 12 puntos, que resumen sus aportes y críticas al proyecto de ley que se está tratando en la legislatura en relación al ordenamiento territorial del bosque nativo.
Desde la ONG manifestaron que “se presentó un documento de análisis crítico al proyecto de ley de ordenamiento territorial del bosque nativo de Entre Ríos, que fue remitido por el Poder Ejecutivo provincial a la Cámara de Diputados. Nuestro objetivo es que los aportes y las críticas sirvan para el tratamiento del texto elevado”.
En su presentación la ONG critica los puntos más resonantes de dicho proyecto de ley, destacando entre otros que “el proyecto no se apropia de la línea conceptual y por lo tanto normativa y aplicable al bosque nativo y la selva ribereña prevista en la Constitución de la provincia de Entre Ríos. No se utilizan los términos: preservación, recuperación, corredores biológicos. En particular, no profundiza sobre políticas claras y focalizadas en cuanto a las obligaciones de inducir a los propietarios, por medio de forestación de nativas, los bordes de ríos y arroyos, en cualquier escala, sino más bien, sólo expone la regeneración natural".
Así también en el escrito presentado puede leerse que "no existe en el proyecto de ley, un plan o programa sistematizado de recuperación del monte nativo, más allá de lo normado en el artículo 15 y los puntos desarrollados al final del documento objeto de discusión”.
Otro de los puntos a indica que “la Constituciónde la provincia de Entre Ríos determina la existencia y valor de la evaluación ambiental estratégica. La iniciativa oficial desconoce y no hace referencia alguna a la evaluación ambiental estratégica del Programa Integral Estratégico para la Conservacióny el Desarrollo y el Desarrollo Sostenible de la Región Delta del Paraná, conocido como PIECAS-DP, en cuanto a la región del Delta y el valor y significación de sus aportes”.
Desde la ONG expresaron también que “la norma en debate expone sobre tres regiones que, según el texto, corresponden a tres situaciones ecológicas diferentes y conceptualiza a una de ellas, definida como Región III, como tradicionalmente agrícola con humedales. Es decir, iguala la región agrícola por excelencia de Entre Ríos a los humedales, liberando, en cuanto a sus usos, el acceso del modelo productivo vigente en dicha región hacia el Delta. Claramente este uso del lenguaje confuso, habilitaría la explotación agrícola fuera de los albardones que contienen selvas ribereñas y poco monte nativo” recalcando que “de esta manera no se salvaguarda la estabilidad ecológica de los humedales, cuestión normada en artículo 85 párrafo séptimo dela Constituciónde la provincia de Entre Ríos.”
Finalmente indicaron que: “El proyecto de ley en debate en Diputados desconoce el debate cívico que se viene dando en el contexto de protección y sustentabilidad de los humedales de la cuenca sur de la Cuenca del Plata. Ignora la mirada focalizada del PIECAS-DP y las conclusiones de su Evaluación Ambiental Estratégica. La iniciativa debería incorporar y/o atender a los lineamientos propuestos por el PIECAS-DP. Asimismo, debe cumplirse con la modalidad participativa prevista en la Ley de Presupuestos Mínimos del Bosque Nativo, en cuanto a la celebración de audiencias públicas, como se ha realizado en muchas de las provincias que ya tienen sancionado su ordenamiento territorial de bosques nativos”.
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Fecha de Publicación: 11/09/2012
Fuente: Uno Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
La organización M’Biguá hizo una presentación ante la Cámara de Diputados de la provincia, criticando el proyecto de ley de bosque nativo. Aseguran que se desconoce la protección de los humedales y no se prevé un plan de recuperación, entre otras falencias.La organización socioambiental M’Biguá, Ciudadanía y Justicia Ambiental, presentó ante la Cámara de Diputados de Entre Ríos un documento con 12 puntos, que resumen sus aportes y críticas al proyecto de ley que se está tratando en la legislatura en relación al ordenamiento territorial del bosque nativo.
Desde la ONG manifestaron que “se presentó un documento de análisis crítico al proyecto de ley de ordenamiento territorial del bosque nativo de Entre Ríos, que fue remitido por el Poder Ejecutivo provincial a la Cámara de Diputados. Nuestro objetivo es que los aportes y las críticas sirvan para el tratamiento del texto elevado”.
En su presentación la ONG critica los puntos más resonantes de dicho proyecto de ley, destacando entre otros que “el proyecto no se apropia de la línea conceptual y por lo tanto normativa y aplicable al bosque nativo y la selva ribereña prevista en la Constitución de la provincia de Entre Ríos. No se utilizan los términos: preservación, recuperación, corredores biológicos. En particular, no profundiza sobre políticas claras y focalizadas en cuanto a las obligaciones de inducir a los propietarios, por medio de forestación de nativas, los bordes de ríos y arroyos, en cualquier escala, sino más bien, sólo expone la regeneración natural".
Así también en el escrito presentado puede leerse que "no existe en el proyecto de ley, un plan o programa sistematizado de recuperación del monte nativo, más allá de lo normado en el artículo 15 y los puntos desarrollados al final del documento objeto de discusión”.
Otro de los puntos a indica que “la Constituciónde la provincia de Entre Ríos determina la existencia y valor de la evaluación ambiental estratégica. La iniciativa oficial desconoce y no hace referencia alguna a la evaluación ambiental estratégica del Programa Integral Estratégico para la Conservacióny el Desarrollo y el Desarrollo Sostenible de la Región Delta del Paraná, conocido como PIECAS-DP, en cuanto a la región del Delta y el valor y significación de sus aportes”.
Desde la ONG expresaron también que “la norma en debate expone sobre tres regiones que, según el texto, corresponden a tres situaciones ecológicas diferentes y conceptualiza a una de ellas, definida como Región III, como tradicionalmente agrícola con humedales. Es decir, iguala la región agrícola por excelencia de Entre Ríos a los humedales, liberando, en cuanto a sus usos, el acceso del modelo productivo vigente en dicha región hacia el Delta. Claramente este uso del lenguaje confuso, habilitaría la explotación agrícola fuera de los albardones que contienen selvas ribereñas y poco monte nativo” recalcando que “de esta manera no se salvaguarda la estabilidad ecológica de los humedales, cuestión normada en artículo 85 párrafo séptimo dela Constituciónde la provincia de Entre Ríos.”
Finalmente indicaron que: “El proyecto de ley en debate en Diputados desconoce el debate cívico que se viene dando en el contexto de protección y sustentabilidad de los humedales de la cuenca sur de la Cuenca del Plata. Ignora la mirada focalizada del PIECAS-DP y las conclusiones de su Evaluación Ambiental Estratégica. La iniciativa debería incorporar y/o atender a los lineamientos propuestos por el PIECAS-DP. Asimismo, debe cumplirse con la modalidad participativa prevista en la Ley de Presupuestos Mínimos del Bosque Nativo, en cuanto a la celebración de audiencias públicas, como se ha realizado en muchas de las provincias que ya tienen sancionado su ordenamiento territorial de bosques nativos”.
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Etiquetas:
bosques nativos,
ecosistemas,
Entre Ríos,
legislación y derecho ambiental
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A dos años de la ley de glaciares
A dos años de la ley de glaciares se difundirán datos sobre el censo
Fecha de Publicación: 11/09/2012
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
Para algunos legisladores nacionales por Mendoza, los avances del inventario deberían haber estado antes, mientras que para el Ianigla están en "los tiempos que se habían previsto, incluso más rápido".
El 30 de setiembre de 2010, luego de haber sido aprobada por unanimidad tres años antes y posteriormente vetada ese mismo año (2007), en el Congreso se aprobaba por segunda vez la Ley de Protección de Glaciares.
Una de las tareas que se fijaba era la realización urgente de un itinerario de zonas glaciares y periglaciares en la Cordillera de los Andes para determinar en qué áreas de la cordillera podían autorizarse y desarrollarse emprendimientos mineros, de infraestructura y arquitectura y en cuáles no.
En coincidencia con el segundo aniversario de la sanción de la normativa, el director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) -ente que coordina la realización del estudio a nivel nacional-, Ricardo Villalba destacó que a fines de mes se presentarán los primeros resultados, datos y estadísticas del censo nacional en el Consejo Federal del Medio Ambiente (Cofema) al tiempo que resaltó que "se están cumpliendo los tiempos que se habían previsto, incluso más rápido de lo que habíamos pensado".
Para los legisladores nacionales por Mendoza de la oposición, es "preocupante" que este primer informe se difunda recién a dos años de la sanción de la ley y podría haberse hecho mucho más a esta altura.
Historia
Luego de ser vetada por el Gobierno nacional, la ley que establecía la protección de glaciares y periglaciares en 2007, se aprobó en 2010 la norma N° 26.639 de "Régimen de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y del ambiente periglacial", similar a su antecesora y esta vez con un acuerdo entre todos los partidos.
Entre sus artículos, esta legislación establece que es necesario definir cuáles son las áreas glaciares y periglaciares al tiempo que define qué actividades están prohibidas y para eso establece la creación de un inventario nacional de glaciares.
"La ley prohíbe la esparsión y liberación de sustancias contaminantes en glaciares y periglaciares, al tiempo que restringe las construcciones de obras arquitectónicas y de infraestructura así como también la explotación minera e hidrocarburífera, además de la instalación de actividades industriales", destacó Mariana Juri, diputada nacional mendocina por la UCR y una de las legisladoras que manifestó su preocupación por la demora de la implementación de la ley y la presentación de los resultados del censo de glaciares.
Del mismo modo, Juri y su par, Enrique Vaquié, hicieron una presentación exigiendo que se expongan públicamente los avances del Inventario Nacional de Glaciares, en especial lo referido a Mendoza. En este apartado se refirieron al Ianigla, que -de acuerdo a la ley- es el encargado de coordinar el censo de glaciares.
"Es entendible que argumenten que esto se demora, pero ya llevamos dos años desde que se aprobó la ley y no se conoce ningún resultado. Incluso creo que las conclusiones y datos deberían exponerse públicamente justamente para bajar el enojo público y se pueda tener un debate en serio sobre la minería. ¿Cómo vamos a debatir el tema en serio si todavía no sabemos en qué lugares se puede y en cuáles no?", sostuvo la legisladora.
Reclamó que los resultados deberían presentarse en el Congreso, de forma pública (como lo establece la ley) y también en Mendoza, ya que la provincia aportó fondos para financiar el inventario en esta jurisdicción.
Al respecto, Ricardo Villalba destacó que se está cumpliendo con los tiempos previstos y resaltó que a fin de mes se conocerán los primeros resultados del censo.
"Cuando los legisladores me consultaron, yo les estuve contando en qué se ha trabajado y cómo se va avanzando. No todo depende de nosotros, porque somos la institución que está coordinando el inventario. A fin de mes se van a presentar los primeros resultados en el Consejo Federal de Medio Ambiente, del que van a participar los secretarios de Ambiente de todo el país. Ahí vamos a a exponer sobre los avances con el inventario y liberar información y datos precisos. Pero nada se está demorando intencionalmente ni más de lo previsto. Se está trabajando en un buen tiempo", contó Villalba, quien indicó que probablemente el fuerte de las críticas tenga como destinataria a la Secretaría de Ambiente de la Nación, ya que es esa dependencia la que debe hacer las presentaciones.
El Ianigla está coordinando los censos en las provincias de Mendoza, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, pero el inventario se hace a lo largo de toda la cordillera y en otras provincias lo coordinan otros órganos. En San Juan, por ejemplo, la encargada es la Universidad Nacional de San Juan.
Los otros pendientes
Además de mostrarse preocupados por la demora en la realización del inventario, los legisladores radicales por Mendoza también advirtieron que tampoco se cumplieron las cláusulas transitorias fijadas hasta tanto esté listo el censo.
"Justamente, pensando en la demora, en la 26.639 se fijó una cláusula para que a los 60 días de aprobada la ley se presentara al menos el cronograma para la ejecución del inventario y que de inmediato (entiéndase en no más de 180 días) se haya empezado a hacer el censo en las zonas prioritarias, entendiendo por éstas los lugares en los que hayan pedidos de proyectos que estarían prohibidos por la ley, tal como ocurrió en Famatina (La Rioja) con el proyecto minero. En los lugares en los que ya se estuviera trabajando, como ocurre en San Juan que el emprendimiento minero ya está instalado, la cláusula establecía que debía hacerse una auditoría ambiental que reflejara el impacto. Ninguna de esas cosas se cumplieron", acusó Juri.
Mientras, en Famatina, el juez Carlos Díaz falló hace poco más de un mes que no podría comenzar la actividad hasta tanto no esté el inventario, en San Juan el Gobierno de esa provincia interpuso una medida cautelar para poder continuar con la actividad en sus emprendimientos (Veladero y Pascua Lama, donde ya habían empezado) sin que se haga el inventario ni la presentación de impacto ambiental. Pero fue la Justicia la que rechazó la cautelar y no autorizó (al menos en la teoría) a que los emprendimientos sigan avanzando hasta tanto no estén concluidos los informes.
"Insistimos que con información se contribuye a calmar el enojo y la violencia social. No hace falta seguir jugando a las escondidas y menos con estos temas", sentenciaron los legisladores.
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Fecha de Publicación: 11/09/2012
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
Para algunos legisladores nacionales por Mendoza, los avances del inventario deberían haber estado antes, mientras que para el Ianigla están en "los tiempos que se habían previsto, incluso más rápido". El 30 de setiembre de 2010, luego de haber sido aprobada por unanimidad tres años antes y posteriormente vetada ese mismo año (2007), en el Congreso se aprobaba por segunda vez la Ley de Protección de Glaciares.
Una de las tareas que se fijaba era la realización urgente de un itinerario de zonas glaciares y periglaciares en la Cordillera de los Andes para determinar en qué áreas de la cordillera podían autorizarse y desarrollarse emprendimientos mineros, de infraestructura y arquitectura y en cuáles no.
En coincidencia con el segundo aniversario de la sanción de la normativa, el director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) -ente que coordina la realización del estudio a nivel nacional-, Ricardo Villalba destacó que a fines de mes se presentarán los primeros resultados, datos y estadísticas del censo nacional en el Consejo Federal del Medio Ambiente (Cofema) al tiempo que resaltó que "se están cumpliendo los tiempos que se habían previsto, incluso más rápido de lo que habíamos pensado".
Para los legisladores nacionales por Mendoza de la oposición, es "preocupante" que este primer informe se difunda recién a dos años de la sanción de la ley y podría haberse hecho mucho más a esta altura.
Historia
Luego de ser vetada por el Gobierno nacional, la ley que establecía la protección de glaciares y periglaciares en 2007, se aprobó en 2010 la norma N° 26.639 de "Régimen de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y del ambiente periglacial", similar a su antecesora y esta vez con un acuerdo entre todos los partidos.
Entre sus artículos, esta legislación establece que es necesario definir cuáles son las áreas glaciares y periglaciares al tiempo que define qué actividades están prohibidas y para eso establece la creación de un inventario nacional de glaciares.
"La ley prohíbe la esparsión y liberación de sustancias contaminantes en glaciares y periglaciares, al tiempo que restringe las construcciones de obras arquitectónicas y de infraestructura así como también la explotación minera e hidrocarburífera, además de la instalación de actividades industriales", destacó Mariana Juri, diputada nacional mendocina por la UCR y una de las legisladoras que manifestó su preocupación por la demora de la implementación de la ley y la presentación de los resultados del censo de glaciares.
Del mismo modo, Juri y su par, Enrique Vaquié, hicieron una presentación exigiendo que se expongan públicamente los avances del Inventario Nacional de Glaciares, en especial lo referido a Mendoza. En este apartado se refirieron al Ianigla, que -de acuerdo a la ley- es el encargado de coordinar el censo de glaciares.
"Es entendible que argumenten que esto se demora, pero ya llevamos dos años desde que se aprobó la ley y no se conoce ningún resultado. Incluso creo que las conclusiones y datos deberían exponerse públicamente justamente para bajar el enojo público y se pueda tener un debate en serio sobre la minería. ¿Cómo vamos a debatir el tema en serio si todavía no sabemos en qué lugares se puede y en cuáles no?", sostuvo la legisladora.
Reclamó que los resultados deberían presentarse en el Congreso, de forma pública (como lo establece la ley) y también en Mendoza, ya que la provincia aportó fondos para financiar el inventario en esta jurisdicción.
Al respecto, Ricardo Villalba destacó que se está cumpliendo con los tiempos previstos y resaltó que a fin de mes se conocerán los primeros resultados del censo.
"Cuando los legisladores me consultaron, yo les estuve contando en qué se ha trabajado y cómo se va avanzando. No todo depende de nosotros, porque somos la institución que está coordinando el inventario. A fin de mes se van a presentar los primeros resultados en el Consejo Federal de Medio Ambiente, del que van a participar los secretarios de Ambiente de todo el país. Ahí vamos a a exponer sobre los avances con el inventario y liberar información y datos precisos. Pero nada se está demorando intencionalmente ni más de lo previsto. Se está trabajando en un buen tiempo", contó Villalba, quien indicó que probablemente el fuerte de las críticas tenga como destinataria a la Secretaría de Ambiente de la Nación, ya que es esa dependencia la que debe hacer las presentaciones.
El Ianigla está coordinando los censos en las provincias de Mendoza, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, pero el inventario se hace a lo largo de toda la cordillera y en otras provincias lo coordinan otros órganos. En San Juan, por ejemplo, la encargada es la Universidad Nacional de San Juan.
Los otros pendientes
Además de mostrarse preocupados por la demora en la realización del inventario, los legisladores radicales por Mendoza también advirtieron que tampoco se cumplieron las cláusulas transitorias fijadas hasta tanto esté listo el censo.
"Justamente, pensando en la demora, en la 26.639 se fijó una cláusula para que a los 60 días de aprobada la ley se presentara al menos el cronograma para la ejecución del inventario y que de inmediato (entiéndase en no más de 180 días) se haya empezado a hacer el censo en las zonas prioritarias, entendiendo por éstas los lugares en los que hayan pedidos de proyectos que estarían prohibidos por la ley, tal como ocurrió en Famatina (La Rioja) con el proyecto minero. En los lugares en los que ya se estuviera trabajando, como ocurre en San Juan que el emprendimiento minero ya está instalado, la cláusula establecía que debía hacerse una auditoría ambiental que reflejara el impacto. Ninguna de esas cosas se cumplieron", acusó Juri.
Mientras, en Famatina, el juez Carlos Díaz falló hace poco más de un mes que no podría comenzar la actividad hasta tanto no esté el inventario, en San Juan el Gobierno de esa provincia interpuso una medida cautelar para poder continuar con la actividad en sus emprendimientos (Veladero y Pascua Lama, donde ya habían empezado) sin que se haga el inventario ni la presentación de impacto ambiental. Pero fue la Justicia la que rechazó la cautelar y no autorizó (al menos en la teoría) a que los emprendimientos sigan avanzando hasta tanto no estén concluidos los informes.
"Insistimos que con información se contribuye a calmar el enojo y la violencia social. No hace falta seguir jugando a las escondidas y menos con estos temas", sentenciaron los legisladores.
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