Los ingenios tucumanos se portan bien
21:47 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Satisface lo realizado por los ingenios para no contaminar
Fecha de Publicación: 26/06/2012
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Los avances de los 11 ingenios que poseen destilerías de alcohol para evitar la contaminación ambiental conformaron a un comité de notables designado por la Defensoría del Pueblo de Tucumán. Así lo informó ayer a LA GACETA el titular del organismo, Hugo Cabral.
Ayer finalizó el primer ciclo del que instrumentó la Defensoría para evaluar la marcha del proceso anticontaminación de la cuenca Salí-Dulce. El ciclo comprendía exposiciones por parte de responsables de las empresas sucroalcoholeras, ante una audiencia de profesionales de reconocida trayectoria en saneamiento ambiental y de organizaciones ambientalistas, así como de funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia, encabezados por su titular, Alfredo Montalván. La ponencia final estuvo a cargo de autoridades del ingenio La Florida.
"Las exposiciones duraron alrededor de 20 minutos cada una y se centraron en las acciones que llevan adelante las destilerías para disponer las cenizas y la vinaza, con respecto a los tratamientos que ejecutan y que proyectan realizar", explicó Cabral. Posteriormente, los referentes de los ingenios se someten a un interrogatorio de una hora por parte de la comisión de notables, y responden todo tipo de dudas e inquietudes sobre la temática. Finalmente, los expositores se retiran y el comité evalúa la información recabada y elaboran un listado de conclusiones.
"De acuerdo con los informes, las soluciones en marcha para el tema de la vinaza pasan por el fertirriego, conforme la metodología propuesta por la Estación Experimental (Eeaoc) y aprobada por la Secretaría de Medio Ambiente y para la recuperación de suelos improductivos", apuntó el defensor del Pueblo. Otro sistema que aplican los ingenios es el "compostaje", una pasta compuesta por cachaza, ceniza y vinaza, que se emplea también como fertilizante. También la vinaza se utiliza como alimentación de biodigestores de citrícolas, y, en estado concentrado, para combustibles para calderas o fertilizantes.
"Consideramos que en el corto plazo, de realizarse estrictamente lo expresado en las ponencias, se podría llegar a cumplir con el acta acuerdo de no contaminar la cuenca. Para el corto plazo es aceptable la metodología propuesta en todos los casos", resaltó Cabral.
El segundo ciclo arrancará en julio y consistirá en exposiciones de los responsables de los controles y monitoreos de las tareas que llevan adelante las destilerías para no contaminar.
.
Fecha de Publicación: 26/06/2012
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Los avances de los 11 ingenios que poseen destilerías de alcohol para evitar la contaminación ambiental conformaron a un comité de notables designado por la Defensoría del Pueblo de Tucumán. Así lo informó ayer a LA GACETA el titular del organismo, Hugo Cabral.Ayer finalizó el primer ciclo del que instrumentó la Defensoría para evaluar la marcha del proceso anticontaminación de la cuenca Salí-Dulce. El ciclo comprendía exposiciones por parte de responsables de las empresas sucroalcoholeras, ante una audiencia de profesionales de reconocida trayectoria en saneamiento ambiental y de organizaciones ambientalistas, así como de funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia, encabezados por su titular, Alfredo Montalván. La ponencia final estuvo a cargo de autoridades del ingenio La Florida.
"Las exposiciones duraron alrededor de 20 minutos cada una y se centraron en las acciones que llevan adelante las destilerías para disponer las cenizas y la vinaza, con respecto a los tratamientos que ejecutan y que proyectan realizar", explicó Cabral. Posteriormente, los referentes de los ingenios se someten a un interrogatorio de una hora por parte de la comisión de notables, y responden todo tipo de dudas e inquietudes sobre la temática. Finalmente, los expositores se retiran y el comité evalúa la información recabada y elaboran un listado de conclusiones.
"De acuerdo con los informes, las soluciones en marcha para el tema de la vinaza pasan por el fertirriego, conforme la metodología propuesta por la Estación Experimental (Eeaoc) y aprobada por la Secretaría de Medio Ambiente y para la recuperación de suelos improductivos", apuntó el defensor del Pueblo. Otro sistema que aplican los ingenios es el "compostaje", una pasta compuesta por cachaza, ceniza y vinaza, que se emplea también como fertilizante. También la vinaza se utiliza como alimentación de biodigestores de citrícolas, y, en estado concentrado, para combustibles para calderas o fertilizantes.
"Consideramos que en el corto plazo, de realizarse estrictamente lo expresado en las ponencias, se podría llegar a cumplir con el acta acuerdo de no contaminar la cuenca. Para el corto plazo es aceptable la metodología propuesta en todos los casos", resaltó Cabral.
El segundo ciclo arrancará en julio y consistirá en exposiciones de los responsables de los controles y monitoreos de las tareas que llevan adelante las destilerías para no contaminar.
.
Adjudican primera etapa del CARE
Ya se adjudicó la construcción de la primera etapa del CARE
Fecha de Publicación: 26/06/2012
Fuente: El1 digital
Provincia/Región: Buenos Aires
En 15 días se firmará el contrato entre las empresas que se harán cargo del proyecto y ENARSA, que abarca la primera parte de la obra. En esta etapa, la Mega Planta de clasificación —en González Catán— permitirá reciclar el 11 por ciento de la basura y recuperar otro 28.
El próximo mes, comenzará la primera parte de las obras del Centro Ambiental de Recomposición Energética (CARE). Se estipula que —esta etapa—estará finalizada en julio de 2013. Después de un período de ajustes y puesta a punto, tratará alrededor de 1500 toneladas diarias de residuos del distrito.
Con la implementación del CARE, La Matanza será pionera en la construcción de un Centro Ambiental de Recomposición Energética, que tratará el cien por ciento de la basura que se genera en el Distrito.
El funcionamiento de la Planta
En un primer momento se iniciará el emplazamiento de la obra civil, sistemas de descargas de residuos, equipos para clasificación manual y mecánica de residuos, naves para producción y almacenaje del combustible sólido recuperado.
En el caso del recurso energético solidificado, —que se obtiene de las fracciones de los residuos de segunda clasificación— luego se transformarán en insumos de otras tecnologías que, en un nuevo proceso de transformación, se convertirán en biocombustibles y energía eléctrica.
Esta obra, que se llevará a cabo en un predio de 25 hectáreas, situadas en la intersección de la Ruta 1001 y Conde, permitirá el cierre progresivo del relleno sanitario de González Catán y la creación genuina de 300 nuevos puestos de trabajo. Además, se enmarca en la Ley 13592 de la Provincia, referida al tratamiento y reducción de residuos.
Finalmente, también a partir de julio, en concordancia con las políticas Municipales de reducción de residuos enviados a disposición final, se ampliarán las Zonas de separación en origen y recolección diferenciada.
La misma será realizada por recuperadores urbanos y cooperativistas, coordinados por La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Unidad Ejecutora de Cooperativas, con el propósito de propender a la recuperación de aquellos materiales que puedan ser reingresados a la cadena productiva, reducir el consumo de nuevas materias primas y optimizar el cuidado de los recursos naturales.
.
Fecha de Publicación: 26/06/2012
Fuente: El1 digital
Provincia/Región: Buenos Aires
En 15 días se firmará el contrato entre las empresas que se harán cargo del proyecto y ENARSA, que abarca la primera parte de la obra. En esta etapa, la Mega Planta de clasificación —en González Catán— permitirá reciclar el 11 por ciento de la basura y recuperar otro 28.
El próximo mes, comenzará la primera parte de las obras del Centro Ambiental de Recomposición Energética (CARE). Se estipula que —esta etapa—estará finalizada en julio de 2013. Después de un período de ajustes y puesta a punto, tratará alrededor de 1500 toneladas diarias de residuos del distrito.
Con la implementación del CARE, La Matanza será pionera en la construcción de un Centro Ambiental de Recomposición Energética, que tratará el cien por ciento de la basura que se genera en el Distrito.
El funcionamiento de la Planta
En un primer momento se iniciará el emplazamiento de la obra civil, sistemas de descargas de residuos, equipos para clasificación manual y mecánica de residuos, naves para producción y almacenaje del combustible sólido recuperado.
En el caso del recurso energético solidificado, —que se obtiene de las fracciones de los residuos de segunda clasificación— luego se transformarán en insumos de otras tecnologías que, en un nuevo proceso de transformación, se convertirán en biocombustibles y energía eléctrica.
Esta obra, que se llevará a cabo en un predio de 25 hectáreas, situadas en la intersección de la Ruta 1001 y Conde, permitirá el cierre progresivo del relleno sanitario de González Catán y la creación genuina de 300 nuevos puestos de trabajo. Además, se enmarca en la Ley 13592 de la Provincia, referida al tratamiento y reducción de residuos.
Finalmente, también a partir de julio, en concordancia con las políticas Municipales de reducción de residuos enviados a disposición final, se ampliarán las Zonas de separación en origen y recolección diferenciada.
La misma será realizada por recuperadores urbanos y cooperativistas, coordinados por La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Unidad Ejecutora de Cooperativas, con el propósito de propender a la recuperación de aquellos materiales que puedan ser reingresados a la cadena productiva, reducir el consumo de nuevas materias primas y optimizar el cuidado de los recursos naturales.
.
Pueblos de ocho provincias contra los agroquímicos
Unidos contra los agrotóxicos
Fecha de Publicación: 25/06/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
En paralelo al primer juicio por contaminación en Córdoba, pueblos de ocho provincias se reunieron para acordar acciones conjuntas.
Pueblos que denuncian fumigaciones en ocho provincias, movimientos campesinos, pueblos indígenas y organizaciones socioambientales explicitaron los impactos del modelo agropecuario actual, responsabilizaron a los “tres poderes” del Estado por las consecuencias ambientales y sanitarias y lanzaron una campaña nacional contra los agrotóxicos. Sucedió en el Encuentro nacional de Pueblos Fumigados, en paralelo al primer juicio por fumigaciones que se desarrolla en Córdoba, donde explicaron que los agronegocios y la megaminería son parte del mismo modelo (“extractivo”) y denunciaron la “violencia desatada desde el Estado, las empresas y sus grupos armados contra quienes defienden los bienes comunes”.
En Córdoba se desarrolla desde el 11 de junio el primer juicio oral y público por fumigaciones. Se trata de dos denuncias (de 2004 y 2008) por aspersiones en el barrio Ituzaingó Anexo que llegaron a juicio en la Cámara I del Crimen (son acusados dos productores y un piloto de avión fumigador). El fundamento es la Ley Nacional de Residuos Peligrosos (24051), que prevé penas de prisión de tres a diez años al que “contamine” de un modo peligroso para la salud.
“Hoy todos los pueblos fumigados somos el barrio Ituzaingó Anexo ya que también estamos siendo afectados por los agrotóxicos que nos envenenan, nos enferman y nos matan. Exigimos justicia para Ituzaingó Anexo y para todos los pueblos fumigados del país”, reclama el primer punto de la declaración del Encuentro de Pueblos Fumigados.
Realizado el 15 y 16 de junio en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), concurrieron decenas de referentes de pueblos de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chaco, Misiones, Corrientes, Formosa y Santiago del Estero. También participaron asambleas ciudadanas, ONG ambientales, organizaciones sociales, movimientos campesinos y comunidades indígenas.
“Denunciamos la incapacidad del Estado en sus tres poderes para reconocer los impactos del uso de agrotóxicos como problema ambiental y de salud pública”, remarcaron en el documento final, en el que proponen leyes para proteger a las poblaciones cercanas a los campos, solicitan vigilancia epidemiológica para los pueblos que acumulan denuncias y tratamiento médicos urgentes para los afectados.
Recordaron a víctimas de los “agrotóxicos y el modelo de agronegocios”: Nicolás Arevalo y José Rivero, niños “muertos por intoxicación por agrotóxicos” en Puerto Viejo Lavalle (Corrientes); Ezequiel Ferreyra, niño muerto por “manipular agroquímicos en condiciones de explotación infantil en la empresa Nuestra Huella” en Pilar (Buenos Aires) y a Néstor Vargas, trabajador rural muerto por “manipular agrotóxicos como trabajador explotado” en un establecimiento rural de Vera (Santa Fe).
El viernes 15, en Estados Unidos, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner detalló en público una reunión con la empresa Monsanto (líder mundial en semillas transgénicas y agroquímicos) y anunció que la compañía confirmó la radicación de una planta en Córdoba. “Es un inversión muy importante en Malvinas Argentinas, Córdoba, en materia de maíz con una nueva semilla de carácter transgénico. También dos centros de investigación y desa-rrollo, uno en Tucumán y otro en Córdoba”, adelantó la Presidenta en la sede del Consejo de las Américas y precisó que, en el encuentro con los ejecutivos de Monsanto, les explicó la posibilidad de “extender la frontera agropecuaria” hacia la Patagonia.
El documento final de los pueblos fumigados explicitó el “repudio al anuncio de Monsanto de radicar su proyecto de producción de semillas transgénicas más grande del mundo precisamente en Córdoba” y recordó que la empresa es “claramente cuestionada en el juicio” por fumigaciones en Ituzaingó Anexo. “En lugar de un modelo productivo basado en la contaminación, envenenamiento y muerte es posible producir sin agrotóxicos. Nuestra lucha es por una producción sana y sustentable en el tiempo, como lo hacen campesinos e indígenas que resisten los desalojos y desmontes en todo el territorio nacional”, explicó Pablo Riveros, uno de los moderadores del encuentro.
El primer Encuentro nacional de Pueblos Fumigados fue en 2010 en Santa Fe. Este segundo encuentro tuvo la particularidad de contar con mayor presencia de pueblos y organizaciones, y sobre todo de explicitar la articulación para el lanzamiento de la “Campaña nacional contra los agrotóxicos y por la vida”, que aborda seis ejes: sistema productivo (monocultivo, transgénicos, agrotóxicos), soberanía alimentaria, legal (presentación de denuncias, creación y reforma de leyes, reclasificación de agrotóxicos), salud, educación (“nunca más escuelas fumigadas”) y difusión.
El eje del encuentro fue el cuestionamiento al modelo agropecuario, pero fue englobado en la situación macro del “modelo extractivo” (petróleo, minería, monocultivo forestal). “La megaminería y los agronegocios destruyen nuestras formas de vida y nuestro entorno en nombre de un supuesto crecimiento económico que sólo es lucro para unos pocos”, alerta el documento final del encuentro, advierte la “violencia desatada” sobre los militantes que cuestionan el modelo extractivo y exige la “derogación de la ley antiterrorista”.
.
Fecha de Publicación: 25/06/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
En paralelo al primer juicio por contaminación en Córdoba, pueblos de ocho provincias se reunieron para acordar acciones conjuntas.Pueblos que denuncian fumigaciones en ocho provincias, movimientos campesinos, pueblos indígenas y organizaciones socioambientales explicitaron los impactos del modelo agropecuario actual, responsabilizaron a los “tres poderes” del Estado por las consecuencias ambientales y sanitarias y lanzaron una campaña nacional contra los agrotóxicos. Sucedió en el Encuentro nacional de Pueblos Fumigados, en paralelo al primer juicio por fumigaciones que se desarrolla en Córdoba, donde explicaron que los agronegocios y la megaminería son parte del mismo modelo (“extractivo”) y denunciaron la “violencia desatada desde el Estado, las empresas y sus grupos armados contra quienes defienden los bienes comunes”.
En Córdoba se desarrolla desde el 11 de junio el primer juicio oral y público por fumigaciones. Se trata de dos denuncias (de 2004 y 2008) por aspersiones en el barrio Ituzaingó Anexo que llegaron a juicio en la Cámara I del Crimen (son acusados dos productores y un piloto de avión fumigador). El fundamento es la Ley Nacional de Residuos Peligrosos (24051), que prevé penas de prisión de tres a diez años al que “contamine” de un modo peligroso para la salud.
“Hoy todos los pueblos fumigados somos el barrio Ituzaingó Anexo ya que también estamos siendo afectados por los agrotóxicos que nos envenenan, nos enferman y nos matan. Exigimos justicia para Ituzaingó Anexo y para todos los pueblos fumigados del país”, reclama el primer punto de la declaración del Encuentro de Pueblos Fumigados.
Realizado el 15 y 16 de junio en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), concurrieron decenas de referentes de pueblos de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chaco, Misiones, Corrientes, Formosa y Santiago del Estero. También participaron asambleas ciudadanas, ONG ambientales, organizaciones sociales, movimientos campesinos y comunidades indígenas.
“Denunciamos la incapacidad del Estado en sus tres poderes para reconocer los impactos del uso de agrotóxicos como problema ambiental y de salud pública”, remarcaron en el documento final, en el que proponen leyes para proteger a las poblaciones cercanas a los campos, solicitan vigilancia epidemiológica para los pueblos que acumulan denuncias y tratamiento médicos urgentes para los afectados.
Recordaron a víctimas de los “agrotóxicos y el modelo de agronegocios”: Nicolás Arevalo y José Rivero, niños “muertos por intoxicación por agrotóxicos” en Puerto Viejo Lavalle (Corrientes); Ezequiel Ferreyra, niño muerto por “manipular agroquímicos en condiciones de explotación infantil en la empresa Nuestra Huella” en Pilar (Buenos Aires) y a Néstor Vargas, trabajador rural muerto por “manipular agrotóxicos como trabajador explotado” en un establecimiento rural de Vera (Santa Fe).
El viernes 15, en Estados Unidos, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner detalló en público una reunión con la empresa Monsanto (líder mundial en semillas transgénicas y agroquímicos) y anunció que la compañía confirmó la radicación de una planta en Córdoba. “Es un inversión muy importante en Malvinas Argentinas, Córdoba, en materia de maíz con una nueva semilla de carácter transgénico. También dos centros de investigación y desa-rrollo, uno en Tucumán y otro en Córdoba”, adelantó la Presidenta en la sede del Consejo de las Américas y precisó que, en el encuentro con los ejecutivos de Monsanto, les explicó la posibilidad de “extender la frontera agropecuaria” hacia la Patagonia.
El documento final de los pueblos fumigados explicitó el “repudio al anuncio de Monsanto de radicar su proyecto de producción de semillas transgénicas más grande del mundo precisamente en Córdoba” y recordó que la empresa es “claramente cuestionada en el juicio” por fumigaciones en Ituzaingó Anexo. “En lugar de un modelo productivo basado en la contaminación, envenenamiento y muerte es posible producir sin agrotóxicos. Nuestra lucha es por una producción sana y sustentable en el tiempo, como lo hacen campesinos e indígenas que resisten los desalojos y desmontes en todo el territorio nacional”, explicó Pablo Riveros, uno de los moderadores del encuentro.
El primer Encuentro nacional de Pueblos Fumigados fue en 2010 en Santa Fe. Este segundo encuentro tuvo la particularidad de contar con mayor presencia de pueblos y organizaciones, y sobre todo de explicitar la articulación para el lanzamiento de la “Campaña nacional contra los agrotóxicos y por la vida”, que aborda seis ejes: sistema productivo (monocultivo, transgénicos, agrotóxicos), soberanía alimentaria, legal (presentación de denuncias, creación y reforma de leyes, reclasificación de agrotóxicos), salud, educación (“nunca más escuelas fumigadas”) y difusión.
El eje del encuentro fue el cuestionamiento al modelo agropecuario, pero fue englobado en la situación macro del “modelo extractivo” (petróleo, minería, monocultivo forestal). “La megaminería y los agronegocios destruyen nuestras formas de vida y nuestro entorno en nombre de un supuesto crecimiento económico que sólo es lucro para unos pocos”, alerta el documento final del encuentro, advierte la “violencia desatada” sobre los militantes que cuestionan el modelo extractivo y exige la “derogación de la ley antiterrorista”.
.
China y Argentina juntos por la energía nuclear
China participará en la construcción de la cuarta central nuclear argentina
Fecha de Publicación: 25/06/2012
Fuente: Terra
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno firmó hoy una serie de acuerdos bilaterales en materia agricultura y transporte, con la República Popular China, que además se comprometió a participar de la cuarta central nuclear argentina.
Así lo indicaron a Noticias Argentinas fuentes diplomáticas chinas, las que confirmaron que la nueva planta atómica estará en la provincia de Buenos Aires.
Hasta el momento la Argentina cuenta con tres centrales: Atucha I y II en Zárate, provincia de Buenos Aires y Embalse, en la localidad homónima de Córdoba.
El año pasado un informe de la consultora ASAP reveló que para acompañar la explosiva demanda eléctrica que la Argentina tuvo entre 2003 y 2010 debería haber instalado otros 5300 megavatios de capacidad instalada, es decir, el equivalente a lo que generan ocho centrales del tamaño de Atucha.
El entendimiento en materia de energía nuclear fue firmado por la presidenta Cristina Kirchner y el primer ministro chino, Wen Jiabao, junto a los ministerios de Planificación de la Argentina y de Energía de China.
Por otra parte, las fuentes de la diplomacia china indicaron que ambos gobiernos dejaron abierta la posibilidad de una asociación entre empresas del país asiático y la petrolera YPF al rubricar el entendimiento de cooperación energética.
Durante el segundo y último día de su visita oficial, el primer ministro chino rubricó con la presidenta una Declaración Conjunta para estrechar la cooperación bilateral y establecieron un plan de acción 2013-2017 para impulsar acuerdos bilaterales en las distintas áreas, se infirmó oficialmente.
Se firmó, además un "plan de acción conjunta" para la profundización global de la cooperación en Agricultura, destinado a "mejorar los mecanismos de colaboración agrícola" y "desarrollar las ventajas complementarias de los dos países" en el área.
A través de él se acordó "impulsar mancomunadamente el proceso de modernización agrícola" y "esforzarse en garantizar el desarrollo sostenible" de las actividades, a fin de "salvaguardar la seguridad alimentaria del mundo".
Entre los puntos específicos de acuerdo se mencionan el intercambio de recursos genéticos; la biotecnología agrícola; la extensión rural y transferencia tecnológica, a fin de aumentar el nivel de productividad de los agricultores; la investigación científica con financiamiento conjunto; la sanidad animal; lechería; siembra directa, semillas y pesca.
Además, se firmó un memorando de entendimiento destinado a establecer un marco general para la cooperación bilateral en el sector de granos, que incluye el intercambio de informaciones y de expertos, realización de proyectos conjuntos de investigación, promoción de relación directa de empresas de agronegocios de ambos países y el aliento a ellas para la profundización de inversiones mutuas en el área de comercialización.
Finalmente, el Ministerio de Economía acordó con los Bancos de Desarrollo y de de Cooperación Industrial de la República Popular de China, un préstamo para el financiamiento del proyecto de rehabilitación del ferrocarril Belgrano.
Y se firmó una carta de intención de préstamo entre el Banco de Inversión y Comercio Exterior argentino (BICE) y el Banco de Desarrollo chino.
.
Fecha de Publicación: 25/06/2012
Fuente: Terra
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno firmó hoy una serie de acuerdos bilaterales en materia agricultura y transporte, con la República Popular China, que además se comprometió a participar de la cuarta central nuclear argentina.
Así lo indicaron a Noticias Argentinas fuentes diplomáticas chinas, las que confirmaron que la nueva planta atómica estará en la provincia de Buenos Aires.
Hasta el momento la Argentina cuenta con tres centrales: Atucha I y II en Zárate, provincia de Buenos Aires y Embalse, en la localidad homónima de Córdoba.
El año pasado un informe de la consultora ASAP reveló que para acompañar la explosiva demanda eléctrica que la Argentina tuvo entre 2003 y 2010 debería haber instalado otros 5300 megavatios de capacidad instalada, es decir, el equivalente a lo que generan ocho centrales del tamaño de Atucha.
El entendimiento en materia de energía nuclear fue firmado por la presidenta Cristina Kirchner y el primer ministro chino, Wen Jiabao, junto a los ministerios de Planificación de la Argentina y de Energía de China.
Por otra parte, las fuentes de la diplomacia china indicaron que ambos gobiernos dejaron abierta la posibilidad de una asociación entre empresas del país asiático y la petrolera YPF al rubricar el entendimiento de cooperación energética.
Durante el segundo y último día de su visita oficial, el primer ministro chino rubricó con la presidenta una Declaración Conjunta para estrechar la cooperación bilateral y establecieron un plan de acción 2013-2017 para impulsar acuerdos bilaterales en las distintas áreas, se infirmó oficialmente.
Se firmó, además un "plan de acción conjunta" para la profundización global de la cooperación en Agricultura, destinado a "mejorar los mecanismos de colaboración agrícola" y "desarrollar las ventajas complementarias de los dos países" en el área.
A través de él se acordó "impulsar mancomunadamente el proceso de modernización agrícola" y "esforzarse en garantizar el desarrollo sostenible" de las actividades, a fin de "salvaguardar la seguridad alimentaria del mundo".
Entre los puntos específicos de acuerdo se mencionan el intercambio de recursos genéticos; la biotecnología agrícola; la extensión rural y transferencia tecnológica, a fin de aumentar el nivel de productividad de los agricultores; la investigación científica con financiamiento conjunto; la sanidad animal; lechería; siembra directa, semillas y pesca.
Además, se firmó un memorando de entendimiento destinado a establecer un marco general para la cooperación bilateral en el sector de granos, que incluye el intercambio de informaciones y de expertos, realización de proyectos conjuntos de investigación, promoción de relación directa de empresas de agronegocios de ambos países y el aliento a ellas para la profundización de inversiones mutuas en el área de comercialización.
Finalmente, el Ministerio de Economía acordó con los Bancos de Desarrollo y de de Cooperación Industrial de la República Popular de China, un préstamo para el financiamiento del proyecto de rehabilitación del ferrocarril Belgrano.
Y se firmó una carta de intención de préstamo entre el Banco de Inversión y Comercio Exterior argentino (BICE) y el Banco de Desarrollo chino.
.
Lo que quedó de Río+20 para Argentina
Mínimo común denominador
Fecha de Publicación: 24/06/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Funcionarios y distintas ONG discuten los logros de la convención. Unos creen que es un virtual fracaso. Los otros, que se ha logrado frenar un embate de los países desarrollados por el control de los recursos naturales.
¿Cómo impactarán en la agenda ambiental de Argentina los resultados de la cumbre Río+20, que fueron magros y frustrantes para las organizaciones sociales, pero satisfactorios para el gobierno? Para empezar el debate, Página/12 consultó a dirigentes ambientalistas y a funcionarios que participaron directamente de las negociaciones en Naciones Unidas para obtener algunas respuestas.
Para Daniel Ryan, representante de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el documento reflejó “el común denominador más bajo”. Si bien coincide en que “no hubo avances”, admite que “tampoco hubo retrocesos en términos de principios”. Y respecto de la falta de metas concretas en el documento final, advierte que en el plano local “vamos a tener que pelear para que esto no se tome como una vía libre para el desarrollo sin importar las consecuencias ambientales. Muchos actores lo van a tomar como un triunfo del desarrollismo sobre la sustentabilidad”, sostiene.
La subsecretaria de Planificación y Política Ambiental, Silvia Révora, hace un análisis geopolítico del asunto. “El documento es el resultado de dos concepciones con respecto al desarrollo sustentable. Los países centrales querían con la economía verde vender su tecnología y salvarse de la crisis. Nosotros, que hemos frenado ese intento, reafirmamos los principios de Río ’92”, explica, para concluir que el acuerdo será beneficioso en términos de autonomía e independencia económica.
Respecto de los temas puntuales que más preocupan, las fuentes también dieron su posición.
- Minería. “En el documento se introduce a la actividad minera como posible dinamizador del desarrollo. Más allá de que la minería no es sustentable por principio, al ser un recurso no renovable, esta inclusión puede ser utilizada como ‘maquillaje verde’, por la megaminería a cielo abierto”, evalúa Milko Schvartzman, de Greenpeace. Juan Carlos Villalonga, del foro de Ecología Política Los Verdes, coincide en que “el texto que se introdujo legitima la actividad antes que poner el acento en la necesidad, por ejemplo, de eliminar totalmente los subsidios que la minería recibe y en la urgente necesidad de un uso más racional de los recursos”.
Silvia Mérega, directora de Asuntos Ambientales de Cancillería y relatora argentina en la cumbre, explica que la inclusión de la minería como “una actividad que promueve el desarrollo económico y social, porque crea fuentes de trabajo” tiene importancia ya que se advierte que se deben tomar medidas ambientales para crear un equilibrio que conduzca al desarrollo sustentable”. Révora coincide en que “no es una actividad sustentable, pues es extractiva, pero con una buena evaluación de impacto pueden aprobarse algunos emprendimientos”. Considera además que “se debe garantizar la participación ciudadana y el control durante toda la vida útil de la actividad y luego remediar si corresponde”.
- Agroquímicos: “No hay nada en el texto que comprometa a los países a promover la agroecología, la verdadera agricultura verde, y mucho menos con respecto a compromisos para reducir y prohibir los productos químicos peligrosos o tóxicos utilizados hoy en día en la agricultura”, advierte Schvartzman. El representante de Greenpeace considera que sobre ese punto “el texto es realmente muy vago y deja la puerta abierta para más prácticas de agricultura no sostenibles, como ser la utilización de transgénicos y los herbicidas acompañantes”.
Révora argumenta que “el documento de Río no tuvo como objetivo plantear soluciones específicas. En cuanto a los agroquímicos, personalmente estoy por la prohibición de la fumigación aérea pues afecta la salud y los ecosistemas”. Sobre una limitación más amplia, sostiene que “aún hacen falta más estudios para evaluar su impacto”.
- Energías limpias: Para Greenpeace, en el resultado de la cumbre “no existen compromisos ni plazos para la ampliación de la participación de las energías renovables ni para la quita de subsidios a los combustibles fósiles. Esta era una de las principales demandas de la sociedad civil, para disminuir el cambio climático y sus consecuencias”, sintetiza Schvartzman. Villalonga coincide en que “desaparecieron las metas que originalmente existían sobre eficiencia energética y renovable. Todo lo que se dice ahora son generalidades, usando incluso un vocabulario que es más benigno con los combustibles fósiles”.
La subsecretaria de Política Ambiental admite que no hubo avances. Pero destaca que en el país “las venimos planteando hace mucho tiempo: se están armando proyectos de desarrollo de energía eólica”. Sostiene sin embargo que “los combustibles fósiles no pueden ser totalmente remplazados, aunque por supuesto que lo deseable es ir cambiando la matriz energética”. En efecto, el país tiene parques eólicos y solares, aunque en ese ítem está bastante más atrasado que otros, por ejemplo, Brasil.
- Deforestación. Ryan, de FARN, reprocha que el acuerdo de Río “no tiene compromisos ni metas concretas” para limitar esa práctica. “El texto representa una gran frustración, ya que no avanza en nada. No hay ningún objetivo planteado”, coincide Schvartzman.
Para Révora, el tema de la deforestación “ya está regulado por anteriores convenciones, como la de cambio climático y conservación de la biodiversidad, y los países que han adherido, entre ellos la Argentina, están comprometidos a trabajar en la preservación de los ecosistemas”.
“Considerar como un éxito la ratificación de los principios de Río ’92 es una visión demasiado optimista”, evalúa Ryan. “Los funcionarios preocupados por el tema y las organizaciones vamos a tener que luchar mucho para que estos resultados no se tomen como un aval para el desarrollo sin importar las consecuencias ambientales”, vaticinó. Destacó sin embargo el acuerdo regional que se dio, a partir de una propuesta de Chile, para garantizar el cumplimiento del Principio 10 de Río ’92, que promueve la participación pública, el acceso a la información ambiental y el acceso a la justicia. “Los dos primeros puntos no se cumplen cabalmente en nuestro país: cada provincia tiene su criterio para las audiencias públicas y el acceso a la información es muy limitado”.
Para Villalonga, “lo peor es que en materia de cambio climático, lo que viene es un proceso más debilitado aún, y esto promoverá la proliferación de iniciativas parciales, de parte del sector privado, gobiernos locales y ONG, que no alcanzan para enfrentar el problema y, en algunos casos, serán tremendamente peligrosas”. Destacó, sin embargo, un avance en “la iniciativa de reducción de emisiones de las megaciudades, donde Buenos Aires participa, pero eso es absolutamente voluntario y fuera de todo control”.
Para Révora, “el documento no tuvo como objetivo plantear soluciones específicas: estaba en juego el poder de los países centrales de seguir dominando el comercio internacional y frenar a los países emergentes”. El saldo positivo es que “se le dio poder a la Asamblea General de Naciones Unidas y no a la Secretaría General para fijar las nuevas metas y medios de implementación. La idea es democratizar a la ONU”, resume.
Sobre la opinión de las organizaciones, Révora opina que “no hacen un análisis de la realidad internacional y creen que poniendo algunos enunciados de buenas intenciones vamos a cambiar el mundo. ¿Por qué los países centrales no van a la médula del problema y toman decisiones para cambiar los patrones de producción y consumo? ¿Por qué no eliminan la publicidad que genera demandas superfluas y hacen más durables los bienes de consumo? Porque eso sería ir contra el sistema y ellos han sido los más beneficiados del mismo”.
.
Fecha de Publicación: 24/06/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Funcionarios y distintas ONG discuten los logros de la convención. Unos creen que es un virtual fracaso. Los otros, que se ha logrado frenar un embate de los países desarrollados por el control de los recursos naturales.¿Cómo impactarán en la agenda ambiental de Argentina los resultados de la cumbre Río+20, que fueron magros y frustrantes para las organizaciones sociales, pero satisfactorios para el gobierno? Para empezar el debate, Página/12 consultó a dirigentes ambientalistas y a funcionarios que participaron directamente de las negociaciones en Naciones Unidas para obtener algunas respuestas.
Para Daniel Ryan, representante de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el documento reflejó “el común denominador más bajo”. Si bien coincide en que “no hubo avances”, admite que “tampoco hubo retrocesos en términos de principios”. Y respecto de la falta de metas concretas en el documento final, advierte que en el plano local “vamos a tener que pelear para que esto no se tome como una vía libre para el desarrollo sin importar las consecuencias ambientales. Muchos actores lo van a tomar como un triunfo del desarrollismo sobre la sustentabilidad”, sostiene.
La subsecretaria de Planificación y Política Ambiental, Silvia Révora, hace un análisis geopolítico del asunto. “El documento es el resultado de dos concepciones con respecto al desarrollo sustentable. Los países centrales querían con la economía verde vender su tecnología y salvarse de la crisis. Nosotros, que hemos frenado ese intento, reafirmamos los principios de Río ’92”, explica, para concluir que el acuerdo será beneficioso en términos de autonomía e independencia económica.
Respecto de los temas puntuales que más preocupan, las fuentes también dieron su posición.
- Minería. “En el documento se introduce a la actividad minera como posible dinamizador del desarrollo. Más allá de que la minería no es sustentable por principio, al ser un recurso no renovable, esta inclusión puede ser utilizada como ‘maquillaje verde’, por la megaminería a cielo abierto”, evalúa Milko Schvartzman, de Greenpeace. Juan Carlos Villalonga, del foro de Ecología Política Los Verdes, coincide en que “el texto que se introdujo legitima la actividad antes que poner el acento en la necesidad, por ejemplo, de eliminar totalmente los subsidios que la minería recibe y en la urgente necesidad de un uso más racional de los recursos”.
Silvia Mérega, directora de Asuntos Ambientales de Cancillería y relatora argentina en la cumbre, explica que la inclusión de la minería como “una actividad que promueve el desarrollo económico y social, porque crea fuentes de trabajo” tiene importancia ya que se advierte que se deben tomar medidas ambientales para crear un equilibrio que conduzca al desarrollo sustentable”. Révora coincide en que “no es una actividad sustentable, pues es extractiva, pero con una buena evaluación de impacto pueden aprobarse algunos emprendimientos”. Considera además que “se debe garantizar la participación ciudadana y el control durante toda la vida útil de la actividad y luego remediar si corresponde”.
- Agroquímicos: “No hay nada en el texto que comprometa a los países a promover la agroecología, la verdadera agricultura verde, y mucho menos con respecto a compromisos para reducir y prohibir los productos químicos peligrosos o tóxicos utilizados hoy en día en la agricultura”, advierte Schvartzman. El representante de Greenpeace considera que sobre ese punto “el texto es realmente muy vago y deja la puerta abierta para más prácticas de agricultura no sostenibles, como ser la utilización de transgénicos y los herbicidas acompañantes”.
Révora argumenta que “el documento de Río no tuvo como objetivo plantear soluciones específicas. En cuanto a los agroquímicos, personalmente estoy por la prohibición de la fumigación aérea pues afecta la salud y los ecosistemas”. Sobre una limitación más amplia, sostiene que “aún hacen falta más estudios para evaluar su impacto”.
- Energías limpias: Para Greenpeace, en el resultado de la cumbre “no existen compromisos ni plazos para la ampliación de la participación de las energías renovables ni para la quita de subsidios a los combustibles fósiles. Esta era una de las principales demandas de la sociedad civil, para disminuir el cambio climático y sus consecuencias”, sintetiza Schvartzman. Villalonga coincide en que “desaparecieron las metas que originalmente existían sobre eficiencia energética y renovable. Todo lo que se dice ahora son generalidades, usando incluso un vocabulario que es más benigno con los combustibles fósiles”.
La subsecretaria de Política Ambiental admite que no hubo avances. Pero destaca que en el país “las venimos planteando hace mucho tiempo: se están armando proyectos de desarrollo de energía eólica”. Sostiene sin embargo que “los combustibles fósiles no pueden ser totalmente remplazados, aunque por supuesto que lo deseable es ir cambiando la matriz energética”. En efecto, el país tiene parques eólicos y solares, aunque en ese ítem está bastante más atrasado que otros, por ejemplo, Brasil.
- Deforestación. Ryan, de FARN, reprocha que el acuerdo de Río “no tiene compromisos ni metas concretas” para limitar esa práctica. “El texto representa una gran frustración, ya que no avanza en nada. No hay ningún objetivo planteado”, coincide Schvartzman.
Para Révora, el tema de la deforestación “ya está regulado por anteriores convenciones, como la de cambio climático y conservación de la biodiversidad, y los países que han adherido, entre ellos la Argentina, están comprometidos a trabajar en la preservación de los ecosistemas”.
“Considerar como un éxito la ratificación de los principios de Río ’92 es una visión demasiado optimista”, evalúa Ryan. “Los funcionarios preocupados por el tema y las organizaciones vamos a tener que luchar mucho para que estos resultados no se tomen como un aval para el desarrollo sin importar las consecuencias ambientales”, vaticinó. Destacó sin embargo el acuerdo regional que se dio, a partir de una propuesta de Chile, para garantizar el cumplimiento del Principio 10 de Río ’92, que promueve la participación pública, el acceso a la información ambiental y el acceso a la justicia. “Los dos primeros puntos no se cumplen cabalmente en nuestro país: cada provincia tiene su criterio para las audiencias públicas y el acceso a la información es muy limitado”.
Para Villalonga, “lo peor es que en materia de cambio climático, lo que viene es un proceso más debilitado aún, y esto promoverá la proliferación de iniciativas parciales, de parte del sector privado, gobiernos locales y ONG, que no alcanzan para enfrentar el problema y, en algunos casos, serán tremendamente peligrosas”. Destacó, sin embargo, un avance en “la iniciativa de reducción de emisiones de las megaciudades, donde Buenos Aires participa, pero eso es absolutamente voluntario y fuera de todo control”.
Para Révora, “el documento no tuvo como objetivo plantear soluciones específicas: estaba en juego el poder de los países centrales de seguir dominando el comercio internacional y frenar a los países emergentes”. El saldo positivo es que “se le dio poder a la Asamblea General de Naciones Unidas y no a la Secretaría General para fijar las nuevas metas y medios de implementación. La idea es democratizar a la ONU”, resume.
Sobre la opinión de las organizaciones, Révora opina que “no hacen un análisis de la realidad internacional y creen que poniendo algunos enunciados de buenas intenciones vamos a cambiar el mundo. ¿Por qué los países centrales no van a la médula del problema y toman decisiones para cambiar los patrones de producción y consumo? ¿Por qué no eliminan la publicidad que genera demandas superfluas y hacen más durables los bienes de consumo? Porque eso sería ir contra el sistema y ellos han sido los más beneficiados del mismo”.
.
Audiencia por desmonte en Jujuy
Audiencia por desmonte
Fecha de Publicación: 24/06/2012
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Jujuy
El próximo miércoles se llevará a cabo la primera audiencia judicial, a las 9.30, en los Tribunales de calle Independencia y La Madrid, a fin de avanzar con la defensa de los montes nativos que actualmente están siendo devastados de la zona de Palma Sola, y que estarían destinados para sembrar soja y caña.
Cabe recordar que la audiencia fue suspendida semanas atrás debido a que la justicia resolvió que al no encontrarse todas los partes notificadas de la audiencia, determinó la suspensión y prórroga de la misma.
La audiencia será pública y están citados el Gobierno provincial: la Dirección de Políticas Ambientales y quienes llevan adelante los desmontes en el Departamento Santa Bárbara.
Entre las citaciones estaría el vicegobernador Guillermo Jenefes, también están citados el Ingenio Ledesma, representantes de las familias Macedo, Flores, etc.
La Organización Campesina Agro Ganadera, los vecinos de Palma Sola, la Central de Trabajadores de la Argentina y comunidades indígenas, convocan para la primera audiencia judicial el miércoles en la puerta de los Tribunales para defender los bosques nativos de la provincia de aquellos que quieren desmontar la zona.
La existencia del monte chaqueño y las yungas garantiza la existencia de campesinos que producen alimentos sanos para los pueblos, argumenta una de las partes.
.
Fecha de Publicación: 24/06/2012
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Jujuy
El próximo miércoles se llevará a cabo la primera audiencia judicial, a las 9.30, en los Tribunales de calle Independencia y La Madrid, a fin de avanzar con la defensa de los montes nativos que actualmente están siendo devastados de la zona de Palma Sola, y que estarían destinados para sembrar soja y caña.
Cabe recordar que la audiencia fue suspendida semanas atrás debido a que la justicia resolvió que al no encontrarse todas los partes notificadas de la audiencia, determinó la suspensión y prórroga de la misma.
La audiencia será pública y están citados el Gobierno provincial: la Dirección de Políticas Ambientales y quienes llevan adelante los desmontes en el Departamento Santa Bárbara.
Entre las citaciones estaría el vicegobernador Guillermo Jenefes, también están citados el Ingenio Ledesma, representantes de las familias Macedo, Flores, etc.
La Organización Campesina Agro Ganadera, los vecinos de Palma Sola, la Central de Trabajadores de la Argentina y comunidades indígenas, convocan para la primera audiencia judicial el miércoles en la puerta de los Tribunales para defender los bosques nativos de la provincia de aquellos que quieren desmontar la zona.
La existencia del monte chaqueño y las yungas garantiza la existencia de campesinos que producen alimentos sanos para los pueblos, argumenta una de las partes.
.
Etiquetas:
agricultura industrial,
Desmontes,
Jujuy,
legislación y derecho ambiental
|
0
comentarios
Río+20 terminó y ni fu ni fa
Un final sin avances ni retrocesos
Fecha de Publicación: 23/06/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Como se esperaba, las conclusiones fueron genéricas, porque no hubo manera de compatibilizar los intereses del mundo desarrollado con los de los países en desarrollo. El discurso argentino, sobre las responsabilidades diferentes de cada país.
Los delegados de los 193 países que participaron de la cumbre ambiental se fueron de Río de Janeiro sin ver el sol. Desde el miércoles fueron tres días nublados, lluviosos, grises, con tan pocos matices como el documento que se aprobó anoche: sin avances en nuevas metas para la protección del planeta, pero tampoco retrocesos respecto de los logros alcanzados hace veinte años aquí mismo, en la Cumbre de la Tierra. Este último aspecto es el que rescata el gobierno argentino que, junto al G-77 y China, resistió el embate de los países desarrollados para hacer pagar la crisis ambiental a todos por igual, los que históricamente contaminaron y los que recién están avanzando en su desarrollo económico y social.
La Argentina tuvo ayer al fin su lugar en el escenario de los discursos. No habló Cristina Kirchner, porque regresó a Buenos Aires el miércoles de urgencia por el conflicto con Camioneros. No habló el canciller Héctor Timerman, porque viajó el jueves con igual premura a Asunción, junto a los cancilleres de Unasur, por el golpe institucional en ese país. En definitiva, fue la directora de Asuntos Ambientales de la Cancillería, Silvia Merega, la que leyó el discurso ante los delegados. Funcionaria de carrera, con 31 años de trayectoria, fue la principal negociadora argentina en la previa de la cumbre.
“Soy portadora de un llamado de la Presidenta y del pueblo argentino para que todos los países aquí reunidos adoptemos medidas concretas, claras y globales para retomar el camino hacia el desarrollo sustentable, buscando erradicar la pobreza por medio de objetivos ambientales, económicos y sociales”, definió Merega. En el texto, reafirmó la vigencia del principio de que todos los países tienen responsabilidades comunes en materia medioambiental, pero que no son para todos por igual. “A la hora de contribuir al desarrollo sustentable, las obligaciones de cada país deben corresponder con su desarrollo y con sus diferentes responsabilidades históricas en el deterioro del ambiente.”
Aprovechó luego la mención al principio de “plena soberanía de cada país sobre sus recursos naturales”, establecido en el documento, para destacar la reciente estatización de “nuestra principal empresa petrolera”, y para rechazar “en el marco de la disputa por la soberanía de las islas Malvinas las actividades unilaterales británicas” en esa zona, “que incluyen la exploración y explotación de recursos naturales y no renovables”.
También cuestionó la no adopción de medidas de protección de los recursos naturales en aguas internacionales, una iniciativa impulsada con fuerza por la Argentina, pero no mencionó a los países que hicieron valer sus intereses para vetar ese punto: Estados Unidos, Japón, Rusia y Venezuela.
“No existe un modelo de desarrollo único aplicable a todas las naciones”, enfatizó. Pero aclaró que “sí creemos en el deber común de tener en cuenta a cada hombre y a cada mujer, intentando que en cada país el crecimiento sea con inclusión social”, ratificó Merega. Fue la introducción para rechazar “la fiscalización externa” que se pretendió imponer en la cumbre para “garantizar sus políticas de desarrollo sustentable”.
Se refirió luego al controvertido concepto de “economía verde, que aparece hoy en el debate internacional, pero cuya definición aún no tiene consenso”. “Por eso no aceptaremos que la propuesta de una economía verde derive en un proteccionismo verde y fomente políticas que constituyan restricciones encubiertas al comercio internacional con discriminaciones arbitrarias e injustificables”, argumentó. Y sostuvo que “sólo será posible concebir la economía verde como una forma más del desarrollo sustentable, que cada país soberanamente podrá utilizar en función de sus necesidades políticas y sus prioridades nacionales”. Una definición que, en términos idénticos, quedó plasmada en el documento final.
La economía verde había sido impulsada principalmente por países de la Unión Europea, justamente los que se mostraron más decepcionados con el documento final de la Conferencia. Los países en desarrollo creyeron ver en ese concepto la avanzada para una certificación ambiental de productos que, arbitrariamente, podría dejar fuera del mercado a producciones enteras de países periféricos. Desde ese punto de vista, también podría ser un argumento para transferir tecnología, con el consiguiente endeudamiento de las naciones receptoras.
Otra ambición de los países europeos, con el apoyo de algunas naciones africanas, era la creación de un nuevo marco institucional en Naciones Unidas, una agencia para el control de desarrollo sustentable. “La solución no se encuentra en crear más estructuras supranacionales. Por el contrario, impulsamos el fortalecimiento de los organismos que ya están constituidos, como el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente”.
Luego se refirió a metas y objetivos concretos, ausentes en el documento final, pero que serán tratados en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.
“Los destinatarios de la conferencia –concluyó la funcionaria– son los países con menos recursos. Por eso la balanza deberá inclinarse a favor de los más desfavorecidos históricamente. Aún faltan grandes temas que acordar, grandes decisiones a tomar y más coraje y fortaleza para llevarlas a cabo. Mientras continuemos con políticas basadas en la prosperidad y riqueza de unos pocos países a costa de la pobreza de muchos, la deuda continuará pendiente.”
.
Fecha de Publicación: 23/06/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Como se esperaba, las conclusiones fueron genéricas, porque no hubo manera de compatibilizar los intereses del mundo desarrollado con los de los países en desarrollo. El discurso argentino, sobre las responsabilidades diferentes de cada país.
Los delegados de los 193 países que participaron de la cumbre ambiental se fueron de Río de Janeiro sin ver el sol. Desde el miércoles fueron tres días nublados, lluviosos, grises, con tan pocos matices como el documento que se aprobó anoche: sin avances en nuevas metas para la protección del planeta, pero tampoco retrocesos respecto de los logros alcanzados hace veinte años aquí mismo, en la Cumbre de la Tierra. Este último aspecto es el que rescata el gobierno argentino que, junto al G-77 y China, resistió el embate de los países desarrollados para hacer pagar la crisis ambiental a todos por igual, los que históricamente contaminaron y los que recién están avanzando en su desarrollo económico y social.
La Argentina tuvo ayer al fin su lugar en el escenario de los discursos. No habló Cristina Kirchner, porque regresó a Buenos Aires el miércoles de urgencia por el conflicto con Camioneros. No habló el canciller Héctor Timerman, porque viajó el jueves con igual premura a Asunción, junto a los cancilleres de Unasur, por el golpe institucional en ese país. En definitiva, fue la directora de Asuntos Ambientales de la Cancillería, Silvia Merega, la que leyó el discurso ante los delegados. Funcionaria de carrera, con 31 años de trayectoria, fue la principal negociadora argentina en la previa de la cumbre.
“Soy portadora de un llamado de la Presidenta y del pueblo argentino para que todos los países aquí reunidos adoptemos medidas concretas, claras y globales para retomar el camino hacia el desarrollo sustentable, buscando erradicar la pobreza por medio de objetivos ambientales, económicos y sociales”, definió Merega. En el texto, reafirmó la vigencia del principio de que todos los países tienen responsabilidades comunes en materia medioambiental, pero que no son para todos por igual. “A la hora de contribuir al desarrollo sustentable, las obligaciones de cada país deben corresponder con su desarrollo y con sus diferentes responsabilidades históricas en el deterioro del ambiente.”
Aprovechó luego la mención al principio de “plena soberanía de cada país sobre sus recursos naturales”, establecido en el documento, para destacar la reciente estatización de “nuestra principal empresa petrolera”, y para rechazar “en el marco de la disputa por la soberanía de las islas Malvinas las actividades unilaterales británicas” en esa zona, “que incluyen la exploración y explotación de recursos naturales y no renovables”.
También cuestionó la no adopción de medidas de protección de los recursos naturales en aguas internacionales, una iniciativa impulsada con fuerza por la Argentina, pero no mencionó a los países que hicieron valer sus intereses para vetar ese punto: Estados Unidos, Japón, Rusia y Venezuela.
“No existe un modelo de desarrollo único aplicable a todas las naciones”, enfatizó. Pero aclaró que “sí creemos en el deber común de tener en cuenta a cada hombre y a cada mujer, intentando que en cada país el crecimiento sea con inclusión social”, ratificó Merega. Fue la introducción para rechazar “la fiscalización externa” que se pretendió imponer en la cumbre para “garantizar sus políticas de desarrollo sustentable”.
Se refirió luego al controvertido concepto de “economía verde, que aparece hoy en el debate internacional, pero cuya definición aún no tiene consenso”. “Por eso no aceptaremos que la propuesta de una economía verde derive en un proteccionismo verde y fomente políticas que constituyan restricciones encubiertas al comercio internacional con discriminaciones arbitrarias e injustificables”, argumentó. Y sostuvo que “sólo será posible concebir la economía verde como una forma más del desarrollo sustentable, que cada país soberanamente podrá utilizar en función de sus necesidades políticas y sus prioridades nacionales”. Una definición que, en términos idénticos, quedó plasmada en el documento final.
La economía verde había sido impulsada principalmente por países de la Unión Europea, justamente los que se mostraron más decepcionados con el documento final de la Conferencia. Los países en desarrollo creyeron ver en ese concepto la avanzada para una certificación ambiental de productos que, arbitrariamente, podría dejar fuera del mercado a producciones enteras de países periféricos. Desde ese punto de vista, también podría ser un argumento para transferir tecnología, con el consiguiente endeudamiento de las naciones receptoras.
Otra ambición de los países europeos, con el apoyo de algunas naciones africanas, era la creación de un nuevo marco institucional en Naciones Unidas, una agencia para el control de desarrollo sustentable. “La solución no se encuentra en crear más estructuras supranacionales. Por el contrario, impulsamos el fortalecimiento de los organismos que ya están constituidos, como el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente”.
Luego se refirió a metas y objetivos concretos, ausentes en el documento final, pero que serán tratados en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.
“Los destinatarios de la conferencia –concluyó la funcionaria– son los países con menos recursos. Por eso la balanza deberá inclinarse a favor de los más desfavorecidos históricamente. Aún faltan grandes temas que acordar, grandes decisiones a tomar y más coraje y fortaleza para llevarlas a cabo. Mientras continuemos con políticas basadas en la prosperidad y riqueza de unos pocos países a costa de la pobreza de muchos, la deuda continuará pendiente.”
.
Estudian la contaminación de la Villa Inflamable
Estudian el estado de dos mil familias que viven cerca del Riachuelo
Fecha de Publicación: 23/06/2012
Fuente: Clarin Avellaneda
Provincia/Región: Buenos Aires
Las evaluaciones clínicas, nutricionales y de toxicología se hacen sobre la población de Villa Inflamable. Se dará tratamiento y seguimiento de cada uno de los pacientes. Participarán más de 60 profesionales.
Villa Inflamable es quizás una de las dolencias más visibles de la contaminación del Riachuelo. El nombre original del predio era Villa Prost pero, con el correr de los años, cambió por una definición más descriptiva, una que logró retratar el nivel de combustión que tiene el lugar. De sus calles salió, en 2004 y a través de una demanda de Beatriz Mendoza (psicóloga social que trabajaba en una salita sanitaria del asentamiento), la causa que llegó a la Corte Suprema y generó el fallo ambiental más importante del país: el saneamiento del Riachuelo. Dentro de este marco, la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), organismo responsable de llevar adelante el plan para revertir la contaminación, inició una evaluación integral de salud de dos mil familias que viven en Villa Inflamable.
La iniciativa buscará detectar la presencia de contaminantes, estudiar la situación nutricional y de crecimiento físico e identificar trastornos en la población que reside en esa área. "Se están haciendo exámenes de toxicología y de desarrollo neurológico y nutricional en chicos y adultos de Villa Inflamable. También se lleva a cabo una evaluación clínica de los abuelos de la zona", explicó a avellaneda.clarin.com Oscar Fariña, coordinador del programa de Salud y Ambiente del ministerio de Salud de Buenos Aires.
La ACUMAR además garantizará el tratamiento y seguimiento de cada uno de los pacientes. "En la evaluación participan más de 60 profesionales de la salud. Los resultados de los estudios clínicos, físicos y nutricionales se entregarán a la Corte Suprema y formarán parte de los informes del plan de Saneamiento Integral exigido por la Justicia", comentó Fariña.
Que el Riachuelo contamina a la población que vive en su ribera parece una obviedad. Pero estos estudios permitirán salir de lo que se puede inferir para dar una respuesta científica sobre la relación entre Riachuelo y enfermedad.
.
Fecha de Publicación: 23/06/2012
Fuente: Clarin Avellaneda
Provincia/Región: Buenos Aires
Las evaluaciones clínicas, nutricionales y de toxicología se hacen sobre la población de Villa Inflamable. Se dará tratamiento y seguimiento de cada uno de los pacientes. Participarán más de 60 profesionales. Villa Inflamable es quizás una de las dolencias más visibles de la contaminación del Riachuelo. El nombre original del predio era Villa Prost pero, con el correr de los años, cambió por una definición más descriptiva, una que logró retratar el nivel de combustión que tiene el lugar. De sus calles salió, en 2004 y a través de una demanda de Beatriz Mendoza (psicóloga social que trabajaba en una salita sanitaria del asentamiento), la causa que llegó a la Corte Suprema y generó el fallo ambiental más importante del país: el saneamiento del Riachuelo. Dentro de este marco, la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), organismo responsable de llevar adelante el plan para revertir la contaminación, inició una evaluación integral de salud de dos mil familias que viven en Villa Inflamable.
La iniciativa buscará detectar la presencia de contaminantes, estudiar la situación nutricional y de crecimiento físico e identificar trastornos en la población que reside en esa área. "Se están haciendo exámenes de toxicología y de desarrollo neurológico y nutricional en chicos y adultos de Villa Inflamable. También se lleva a cabo una evaluación clínica de los abuelos de la zona", explicó a avellaneda.clarin.com Oscar Fariña, coordinador del programa de Salud y Ambiente del ministerio de Salud de Buenos Aires.
La ACUMAR además garantizará el tratamiento y seguimiento de cada uno de los pacientes. "En la evaluación participan más de 60 profesionales de la salud. Los resultados de los estudios clínicos, físicos y nutricionales se entregarán a la Corte Suprema y formarán parte de los informes del plan de Saneamiento Integral exigido por la Justicia", comentó Fariña.
Que el Riachuelo contamina a la población que vive en su ribera parece una obviedad. Pero estos estudios permitirán salir de lo que se puede inferir para dar una respuesta científica sobre la relación entre Riachuelo y enfermedad.
.
De no creer: ahora Argentina elogia Río+20
A contramano, Argentina elogia el acuerdo
Fecha de Publicación: 22/06/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
La delegación nacional dice que es un éxito de los países en desarrollo. Pero los presidentes latinoamericanos y ONG siguieron con sus críticas.
Una paradoja que involucra a la Argentina ocurrió ayer en la cumbre sobre Desarrollo Sustentable Río+20. Un evento auspiciado por nuestro país tuvo como oradores a los principales responsables de las ONG mundiales. En el foro “Rescatando Río+20, ONG líderes sobre lo que los líderes mundiales deben hacer ahora”, dispararon todos los dardos contra el texto que hoy aprobarán los 192 países para proteger el ambiente y erradicar la pobreza y desigualdades del mundo (ver Las ONG no confían... ).
Lo curioso es que la delegación argentina elogió el texto acordado. “Marca un éxito de los países en desarrollo, contra quienes querían responsabilizarnos del deterioro ambiental planetario”, dijo la subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de la Nación, Silvia Révora, la negociadora en la ONU por nuestro país. Y agregó: “Tanto en Argentina como en Latinoamérica estamos de acuerdo en que las responsabilidades son comunes a todo el mundo, pero diferenciadas. Es el espíritu que prima en el documento final. Quienes dicen que la cumbre fue un fracaso, hablan por los intereses de los países centrales”.
Révora dijo que bajo el lema de “economía verde” las naciones ricas quieren vender su tecnología limpia al mundo y hacer pagar a los demás la destrucción ambiental planetaria de la cual son los principales responsables. A sotto voce , seguramente otras naciones menos desarrolladas –del bloque conocido como G-77– piensan igual que Argentina. Sin embargo, prefirieron mantener un discurso crítico y evitar elogios.
Es el caso de los países latinoamericanos, cuyos presidentes hablaron ayer. Evo Morales, de Bolivia, criticó el capitalismo de los países avanzados que a su juicio promueve “un modelo económico depredador” mientras exigen protección ambiental a las naciones pobres.
El mandatario ecuatoriano Rafael Correa señaló a las naciones más ricas como las mayores responsables de la contaminación ambiental, por lo que consideró que ellos deben financiar la preservación de la naturaleza. A estas críticas se sumaron Juan Manuel Santos, de Colombia; y Raúl Castro, de Cuba. Ninguno alabó el acuerdo.
El senador del Partido Socialista, Rubén Giustiniani, también presente en la cumbre, se sorprendió con la postura nacional. “El mensaje que le damos al mundo es pobre. Decir que es positivo porque podría haber sido peor es una valoración muy personal”, dijo. El legislador, que preside la Comisión de Ambiente del Senado, confesó que vino con bajas expectativas pero que se va aun más decepcionado. “El documento no recoge ningún avance respecto a la reunión de Río hace 20 años”, indicó.
Se esperaba que el acuerdo fijara metas concretas para avanzar en el desarrollo sustentable y en mecanismos de financiación desde los países ricos a los pobres para lograr esos objetivos. Nada de eso está en el texto. Tampoco un cambio de estatuto del Programa de la ONU para el Ambiente (Pnuma).
La rueda de discurso finaliza hoy, cuando se aprobará el acuerdo.
Juntos por primera vez. A pesar de estar en las antípodas ideológicas, Venezuela y EE.UU., junto con Canadá y Rusia, se opusieron a avanzar en un tratado que proteja los mares profundos. La palabra clave es petróleo.
.
Fecha de Publicación: 22/06/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
La delegación nacional dice que es un éxito de los países en desarrollo. Pero los presidentes latinoamericanos y ONG siguieron con sus críticas.Una paradoja que involucra a la Argentina ocurrió ayer en la cumbre sobre Desarrollo Sustentable Río+20. Un evento auspiciado por nuestro país tuvo como oradores a los principales responsables de las ONG mundiales. En el foro “Rescatando Río+20, ONG líderes sobre lo que los líderes mundiales deben hacer ahora”, dispararon todos los dardos contra el texto que hoy aprobarán los 192 países para proteger el ambiente y erradicar la pobreza y desigualdades del mundo (ver Las ONG no confían... ).
Lo curioso es que la delegación argentina elogió el texto acordado. “Marca un éxito de los países en desarrollo, contra quienes querían responsabilizarnos del deterioro ambiental planetario”, dijo la subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de la Nación, Silvia Révora, la negociadora en la ONU por nuestro país. Y agregó: “Tanto en Argentina como en Latinoamérica estamos de acuerdo en que las responsabilidades son comunes a todo el mundo, pero diferenciadas. Es el espíritu que prima en el documento final. Quienes dicen que la cumbre fue un fracaso, hablan por los intereses de los países centrales”.
Révora dijo que bajo el lema de “economía verde” las naciones ricas quieren vender su tecnología limpia al mundo y hacer pagar a los demás la destrucción ambiental planetaria de la cual son los principales responsables. A sotto voce , seguramente otras naciones menos desarrolladas –del bloque conocido como G-77– piensan igual que Argentina. Sin embargo, prefirieron mantener un discurso crítico y evitar elogios.
Es el caso de los países latinoamericanos, cuyos presidentes hablaron ayer. Evo Morales, de Bolivia, criticó el capitalismo de los países avanzados que a su juicio promueve “un modelo económico depredador” mientras exigen protección ambiental a las naciones pobres.
El mandatario ecuatoriano Rafael Correa señaló a las naciones más ricas como las mayores responsables de la contaminación ambiental, por lo que consideró que ellos deben financiar la preservación de la naturaleza. A estas críticas se sumaron Juan Manuel Santos, de Colombia; y Raúl Castro, de Cuba. Ninguno alabó el acuerdo.
El senador del Partido Socialista, Rubén Giustiniani, también presente en la cumbre, se sorprendió con la postura nacional. “El mensaje que le damos al mundo es pobre. Decir que es positivo porque podría haber sido peor es una valoración muy personal”, dijo. El legislador, que preside la Comisión de Ambiente del Senado, confesó que vino con bajas expectativas pero que se va aun más decepcionado. “El documento no recoge ningún avance respecto a la reunión de Río hace 20 años”, indicó.
Se esperaba que el acuerdo fijara metas concretas para avanzar en el desarrollo sustentable y en mecanismos de financiación desde los países ricos a los pobres para lograr esos objetivos. Nada de eso está en el texto. Tampoco un cambio de estatuto del Programa de la ONU para el Ambiente (Pnuma).
La rueda de discurso finaliza hoy, cuando se aprobará el acuerdo.
Juntos por primera vez. A pesar de estar en las antípodas ideológicas, Venezuela y EE.UU., junto con Canadá y Rusia, se opusieron a avanzar en un tratado que proteja los mares profundos. La palabra clave es petróleo.
.
Entre Ríos: Quieren una nueva ley de agroquímicos
Legisladores elaborarán nueva ley de agroquímicos
Fecha de Publicación: 22/06/2012
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
La Cámara de Senadores provincial trabajará en una nueva ley de agroquímicos, porque “no queremos emparchar lo que ya se encuentra en la legislatura sino armar otro proyecto”, informó a AIM el legislador Oscar Arlettaz (PJ, Colón), quien añadió que se buscará consultar o englobar toda iniciativa, norma o resolución existente y, además, realizar algo más moderno, teniendo en cuenta nuevos paradigmas.
En diálogo con esta Agencia, el senador expresó que la Cámara alta elaborará una nueva ley de agroquímicos, ya que “no queremos emparchar lo que ya se encuentra en la legislatura sino armar otro proyecto”.
Esta semana, “estuvimos complicados pero, seguramente, la próxima convocaré a una reunión para empezar a trabajar en el tema que es un asunto pendiente del órgano”, señaló a AIM.
“En lugar de modificar la que vino de Diputados, es más prudente hacer una nueva; por eso, armaremos un nuevo anteproyecto para presentarlo”. Además, “buscaremos consensuarlo con la Cámara baja, así sale más fácil durante su tratamiento”, destacó.
“Se buscará consultar o englobar toda iniciativa, norma o resolución existente y, además, realizar algo más moderno, teniendo en cuenta nuevos paradigmas y el tiempo que pasó desde la sanción de otras leyes”.
El proyecto. El texto que se encuentra en la comisión de Senadores se presentó en 2010 y regula el uso de los agroquímicos en la provincia. Tiene media sanción de Diputados. A través de la propuesta, se busca modificar los artículos ocho y 14 de la ley 6.599 de Plaguicidas que se encuentra vigente e incorporar el artículo 15 bis referido a la utilización de agrotóxicos en el territorio provincial.
Otra propuesta sobre el tema. El ex legislador Héctor de la Fuente es autor de otra iniciativa que apunta a la regulación de agroquímicos y, en ese sentido, sentenció a AIM que esta propuesta es diferente a la que se encuentra en el Senado, “ya que aborda a Entre Ríos como una provincia sojera y todas las problemáticas que eso conlleva”.
.
Fecha de Publicación: 22/06/2012
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
La Cámara de Senadores provincial trabajará en una nueva ley de agroquímicos, porque “no queremos emparchar lo que ya se encuentra en la legislatura sino armar otro proyecto”, informó a AIM el legislador Oscar Arlettaz (PJ, Colón), quien añadió que se buscará consultar o englobar toda iniciativa, norma o resolución existente y, además, realizar algo más moderno, teniendo en cuenta nuevos paradigmas.
En diálogo con esta Agencia, el senador expresó que la Cámara alta elaborará una nueva ley de agroquímicos, ya que “no queremos emparchar lo que ya se encuentra en la legislatura sino armar otro proyecto”.
Esta semana, “estuvimos complicados pero, seguramente, la próxima convocaré a una reunión para empezar a trabajar en el tema que es un asunto pendiente del órgano”, señaló a AIM.
“En lugar de modificar la que vino de Diputados, es más prudente hacer una nueva; por eso, armaremos un nuevo anteproyecto para presentarlo”. Además, “buscaremos consensuarlo con la Cámara baja, así sale más fácil durante su tratamiento”, destacó.
“Se buscará consultar o englobar toda iniciativa, norma o resolución existente y, además, realizar algo más moderno, teniendo en cuenta nuevos paradigmas y el tiempo que pasó desde la sanción de otras leyes”.
El proyecto. El texto que se encuentra en la comisión de Senadores se presentó en 2010 y regula el uso de los agroquímicos en la provincia. Tiene media sanción de Diputados. A través de la propuesta, se busca modificar los artículos ocho y 14 de la ley 6.599 de Plaguicidas que se encuentra vigente e incorporar el artículo 15 bis referido a la utilización de agrotóxicos en el territorio provincial.
Otra propuesta sobre el tema. El ex legislador Héctor de la Fuente es autor de otra iniciativa que apunta a la regulación de agroquímicos y, en ese sentido, sentenció a AIM que esta propuesta es diferente a la que se encuentra en el Senado, “ya que aborda a Entre Ríos como una provincia sojera y todas las problemáticas que eso conlleva”.
.
Ahora quieren bioenergía de bosques
Evalúan la bioenergía en bosques
Fecha de Publicación: 22/06/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
En el contexto actual de crisis energética, la Facultad de Agronomía de la UBA (Fauba) desarrolló una investigación que describe el enorme potencial que tiene la Argentina para la generación de bioenergía.
El estudio alienta a diseñar sistemas productivos sustentables, que disminuyan el desmonte que hoy se realiza para expandir la frontera agrícola en la región chaqueña, y propone utilizar la biomasa de los bosques que eventualmente se quema en fuegos de vegetación naturales para producir electricidad.
“Cada año, la vegetación que se pierde en incendios en la Argentina permitiría satisfacer la demanda total de energía eléctrica del país”, sostuvo Santiago Verón, investigador del departamento de Métodos Cuantitativos de la Fauba, del Conicet y del Inta Castelar. Sus cálculos abarcan la conversión de biomasa en electricidad (bioelectricidad) de todos los fuegos registrados en la Argentina entre 2003 y 2010, tanto los generados por el hombre (por desmontes, por ejemplo), y otros por causas ajenas.
“Podríamos generar 154 terawatts por hora de electricidad por año, cuando el consumo de nuestro país en 2008 fue de 110 tw/h. O sea que estamos por encima del 100 por ciento de la electricidad necesaria”, aseguró.
Situación privilegiada. Las conclusiones del estudio revelan una situación privilegiada de la Argentina en materia de bioenergía, ya que forma parte de un grupo de 57 países que podrían satisfacer su demanda total de electricidad a partir de la energía que se libera en los fuegos de vegetación. Además, el trabajo señala que la utilización de esta fuente de energía podría reducir las emisiones de gases con efecto invernadero al reemplazar a los combustibles fósiles involucrados en la generación termoeléctrica. A diferencia de estos últimos, la utilización de biomasa vegetal constituye una recirculación de carbono y no un aporte neto de CO2 (dióxido de carbono) a la atmósfera, como cuando se usa gas o fueloil para generar electricidad.
Cosechas mecánicas. ¿Cómo se podría canalizar esa energía hacia la producción de electricidad? “Según nuestros cálculos, durante el período analizado (2003-2010), los fuegos consumieron en promedio el 11 por ciento de la productividad primaria neta de los bosques chaqueños. Entonces, proponemos que el hombre se apropie de ese 11 por ciento del crecimiento anual de las plantas, mediante cosechas mecánicas, y lo utilice para generar electricidad en una planta de generación termoeléctrica como las disponibles actualmente”, dijo el investigador.
Según las mediciones de la Fauba, una planta de generación térmica con una capacidad instalada de 113 megawats (equivalente a un tercio de Atucha I o a una sexta parte de Atucha 2), requiere un área circular de 34 kilómetros de diámetro de bosque chaqueño para funcionar durante todo un año, lo cual no representaría una gran superficie para la región. Con una red de alta tensión, la energía generada en el bosque chaqueño se podría utilizar en cualquier cordón industrial o ciudad del país.
La producción de bioelectricidad no implica un cambio tan radical el uso del suelo como sucede cuando se reemplaza el monte por el cultivo de soja, y a la vez representa un uso mucho más eficiente respecto de la producción de carbón que se realiza en esos bosques bajo condiciones de trabajo extremadamente precarias.
“Buscamos hacer un uso más inteligente del espacio, que en los próximos años va a ser fundamental, porque el problema ya no sólo se plantea entre la producción agrícola y el ambiente, sino entre la agricultura para alimentos, la preservación de los recursos naturales y un nuevo actor, que es la energía. Hoy, todo esto lo estamos yendo a buscar a un mismo ecosistema, porque en la medida que se acaben los combustibles fósiles, ya no los podemos ir a buscar al subsuelo”, afirmó Verón.
Las investigaciones también incluyeron el cálculo de la cantidad de energía que se disipa a partir de incendios de vegetación a nivel global, con resultados reveladores, ya que, en promedio, cada año se quema una superficie de alrededor de 4,3 millones de kilómetros cuadrados por incendios naturales y provocados por el hombre, para incorporar nuevas áreas a la agricultura, por ejemplo. Se trata de una superficie equivalente a la de la India.
Los resultados del trabajo muestran que la energía disipada en esos fuegos equivale al 15 por ciento de la energía que se consume anualmente en el mundo. Sólo teniendo en cuenta la electricidad, se podría satisfacer el 47 por ciento del consumo anual global, considerando eficiencias conservadoras de conversión de biomasa a electricidad.
Otra manera. Según José Paruelo, director de la licenciatura en Ciencias Ambientales de la Fauba, “estos estudios sugieren la posibilidad de pensar los sistemas productivos en la región chaqueña desde otra perspectiva, porque cuando se elimina el bosque, se elimina un sistema que tiene una productividad mucho más alta que el sistema que generalmente lo reemplaza, el cultivo de soja, que en Argentina se destina cada vez más a la producción de biodiésel, es decir, a producir energía”.
Paruelo señala que existe una contradicción porque el cultivo de soja genera menos energía que el bosque, y lo estamos reemplazando para producir energía.
Esta práctica, si bien puede ser rentable desde el punto de vista económico, es poco eficiente desde lo energético, teniendo en cuenta alternativas como la producción de electricidad a partir de la biomasa del bosque.
.
Fecha de Publicación: 22/06/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
En el contexto actual de crisis energética, la Facultad de Agronomía de la UBA (Fauba) desarrolló una investigación que describe el enorme potencial que tiene la Argentina para la generación de bioenergía.
El estudio alienta a diseñar sistemas productivos sustentables, que disminuyan el desmonte que hoy se realiza para expandir la frontera agrícola en la región chaqueña, y propone utilizar la biomasa de los bosques que eventualmente se quema en fuegos de vegetación naturales para producir electricidad.
“Cada año, la vegetación que se pierde en incendios en la Argentina permitiría satisfacer la demanda total de energía eléctrica del país”, sostuvo Santiago Verón, investigador del departamento de Métodos Cuantitativos de la Fauba, del Conicet y del Inta Castelar. Sus cálculos abarcan la conversión de biomasa en electricidad (bioelectricidad) de todos los fuegos registrados en la Argentina entre 2003 y 2010, tanto los generados por el hombre (por desmontes, por ejemplo), y otros por causas ajenas.
“Podríamos generar 154 terawatts por hora de electricidad por año, cuando el consumo de nuestro país en 2008 fue de 110 tw/h. O sea que estamos por encima del 100 por ciento de la electricidad necesaria”, aseguró.
Situación privilegiada. Las conclusiones del estudio revelan una situación privilegiada de la Argentina en materia de bioenergía, ya que forma parte de un grupo de 57 países que podrían satisfacer su demanda total de electricidad a partir de la energía que se libera en los fuegos de vegetación. Además, el trabajo señala que la utilización de esta fuente de energía podría reducir las emisiones de gases con efecto invernadero al reemplazar a los combustibles fósiles involucrados en la generación termoeléctrica. A diferencia de estos últimos, la utilización de biomasa vegetal constituye una recirculación de carbono y no un aporte neto de CO2 (dióxido de carbono) a la atmósfera, como cuando se usa gas o fueloil para generar electricidad.
Cosechas mecánicas. ¿Cómo se podría canalizar esa energía hacia la producción de electricidad? “Según nuestros cálculos, durante el período analizado (2003-2010), los fuegos consumieron en promedio el 11 por ciento de la productividad primaria neta de los bosques chaqueños. Entonces, proponemos que el hombre se apropie de ese 11 por ciento del crecimiento anual de las plantas, mediante cosechas mecánicas, y lo utilice para generar electricidad en una planta de generación termoeléctrica como las disponibles actualmente”, dijo el investigador.
Según las mediciones de la Fauba, una planta de generación térmica con una capacidad instalada de 113 megawats (equivalente a un tercio de Atucha I o a una sexta parte de Atucha 2), requiere un área circular de 34 kilómetros de diámetro de bosque chaqueño para funcionar durante todo un año, lo cual no representaría una gran superficie para la región. Con una red de alta tensión, la energía generada en el bosque chaqueño se podría utilizar en cualquier cordón industrial o ciudad del país.
La producción de bioelectricidad no implica un cambio tan radical el uso del suelo como sucede cuando se reemplaza el monte por el cultivo de soja, y a la vez representa un uso mucho más eficiente respecto de la producción de carbón que se realiza en esos bosques bajo condiciones de trabajo extremadamente precarias.
“Buscamos hacer un uso más inteligente del espacio, que en los próximos años va a ser fundamental, porque el problema ya no sólo se plantea entre la producción agrícola y el ambiente, sino entre la agricultura para alimentos, la preservación de los recursos naturales y un nuevo actor, que es la energía. Hoy, todo esto lo estamos yendo a buscar a un mismo ecosistema, porque en la medida que se acaben los combustibles fósiles, ya no los podemos ir a buscar al subsuelo”, afirmó Verón.
Las investigaciones también incluyeron el cálculo de la cantidad de energía que se disipa a partir de incendios de vegetación a nivel global, con resultados reveladores, ya que, en promedio, cada año se quema una superficie de alrededor de 4,3 millones de kilómetros cuadrados por incendios naturales y provocados por el hombre, para incorporar nuevas áreas a la agricultura, por ejemplo. Se trata de una superficie equivalente a la de la India.
Los resultados del trabajo muestran que la energía disipada en esos fuegos equivale al 15 por ciento de la energía que se consume anualmente en el mundo. Sólo teniendo en cuenta la electricidad, se podría satisfacer el 47 por ciento del consumo anual global, considerando eficiencias conservadoras de conversión de biomasa a electricidad.
Otra manera. Según José Paruelo, director de la licenciatura en Ciencias Ambientales de la Fauba, “estos estudios sugieren la posibilidad de pensar los sistemas productivos en la región chaqueña desde otra perspectiva, porque cuando se elimina el bosque, se elimina un sistema que tiene una productividad mucho más alta que el sistema que generalmente lo reemplaza, el cultivo de soja, que en Argentina se destina cada vez más a la producción de biodiésel, es decir, a producir energía”.
Paruelo señala que existe una contradicción porque el cultivo de soja genera menos energía que el bosque, y lo estamos reemplazando para producir energía.
Esta práctica, si bien puede ser rentable desde el punto de vista económico, es poco eficiente desde lo energético, teniendo en cuenta alternativas como la producción de electricidad a partir de la biomasa del bosque.
.
Embalse Río Hondo comenzaría a remediarse
El 28 habrá una reunión clave para comenzar con el saneamiento del lago
Fecha de Publicación: 21/06/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero
Se aplicarán bacterias y es importante que para que el tratamiento sea más efectivo no ingresen más desechos.
Autoridades nacionales y de las provincias que integran la cuenca Salí-Dulce se reunirán el 28 de junio en Santiago del Estero, en la sede permanente. Aunque no está definido el temario final, lo que sí está confirmado es que uno de los puntos centrales será definir la aplicación del plan de biorremediación del embalse Río Hondo.
Así lo adelantó a EL LIBERAL el secretario del Agua de la provincia, Abel Tévez, quien además preside la Comisión Técnica del Comité de Cuenca.
En este sentido, el secretario de Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, había manifestado el interés del organismo que tiene a su cargo de construir antes de fin de año un estanque para trabajar en el saneamiento del embalse Río Hondo a partir de la aplicación de bacterias.
Implicará la construcción de un estanque de 100 mil litros en inmediaciones del embalse, que tendrá las mismas características del ecosistema existente en el lago, para hacer las experiencias: agua con barro y hasta peces pequeños. Se harán estudios y análisis de cómo se puede comportar el sistema, con el tratamiento bacteriológico. No son bacterias extrañas, sino las mismas que tiene el embalse que se cultivarán y potenciarán de manera controlada. Esta bacteria consume la materia orgánica, también el nitrógeno y fósforo que favorecen el desarrollo de algas que cuando se descomponen consumen mucho oxígeno y producen mortandad de peces por anoxia (falta de oxígeno). Cuando se dejen de agregar bacterias al lago, se eliminarán solas.
.
Fecha de Publicación: 21/06/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero
Se aplicarán bacterias y es importante que para que el tratamiento sea más efectivo no ingresen más desechos.
Autoridades nacionales y de las provincias que integran la cuenca Salí-Dulce se reunirán el 28 de junio en Santiago del Estero, en la sede permanente. Aunque no está definido el temario final, lo que sí está confirmado es que uno de los puntos centrales será definir la aplicación del plan de biorremediación del embalse Río Hondo.
Así lo adelantó a EL LIBERAL el secretario del Agua de la provincia, Abel Tévez, quien además preside la Comisión Técnica del Comité de Cuenca.
En este sentido, el secretario de Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, había manifestado el interés del organismo que tiene a su cargo de construir antes de fin de año un estanque para trabajar en el saneamiento del embalse Río Hondo a partir de la aplicación de bacterias.
Implicará la construcción de un estanque de 100 mil litros en inmediaciones del embalse, que tendrá las mismas características del ecosistema existente en el lago, para hacer las experiencias: agua con barro y hasta peces pequeños. Se harán estudios y análisis de cómo se puede comportar el sistema, con el tratamiento bacteriológico. No son bacterias extrañas, sino las mismas que tiene el embalse que se cultivarán y potenciarán de manera controlada. Esta bacteria consume la materia orgánica, también el nitrógeno y fósforo que favorecen el desarrollo de algas que cuando se descomponen consumen mucho oxígeno y producen mortandad de peces por anoxia (falta de oxígeno). Cuando se dejen de agregar bacterias al lago, se eliminarán solas.
.
Fumigaciones judicializadas también en Tucumán
Avanza la causa penal por las fumigaciones con glifosato en Acheral
Fecha de Publicación: 20/06/2012
Fuente: El Siglo
Provincia/Región: Tucumán
Por orden del juez federal Bejas, la Gendarmería concretó un allanamiento y secuestró pesticidas en un campo sembrado con soja en dicha localidad. La causa se inició a partir de las publicaciones realizadas por EL SIGLO sobre las denuncias de vecinos de la zona, que vieron afectada su salud como consecuencia de las fumigaciones.
La causa penal iniciada en la Justicia Federal de Tucumán, a partir de las notas que publicó EL SIGLO sobre las denuncias de vecinos de la localidad de Acheral por las fumigaciones con glifosato en un campo de soja ubicado a metros de sus casas y de una escuela, comenzó a tomar impulso esta semana.
Por orden del titular del Juzgado Federal I, Daniel Bejas, personal de la Gendarmería Nacional realizó una serie de allanamientos en ese predio y secuestró una importante cantidad de agrotóxicos, cuya utilización en zonas urbanas estaría expresamente prohibida por las normas vigentes.
La causa se inició en febrero último, mediante una actuación de oficio realizada por el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, tomando como eje las publicaciones de nuestro diario respecto a las fumigaciones con glifosato en Acheral. El fiscal requirió una serie de medidas a los fines de constatar la posible comisión de un delito ambiental por parte de los responsables de ese campo sembrado con soja, cuyo arrendatario es Ariel Mena.
El juez Bejas confirmó a EL SIGLO la concreción de los allanamientos por parte de la Gendarmería y dijo que está "a la espera de los informes para evaluar los pasos a seguir en la investigación".
El magistrado informó que lo que se procura indagar es si el herbicida utilizado en las fumigaciones está dentro de los elementos prohibidos por normas nacionales, como la ley 24.051 (de Residuos Peligrosos), por un lado, y si existe una cuestión interjurisdiccional que habilite la prosecución de la causa en el fuero Federal, por otro.
En este sentido, explicó que la investigación apunta a determinar si, tal como se sospecha, el potente pesticida utilizado en ese campo de soja es arrastrado, por efectos del riego o las lluvias, hacia un arroyo que desemboca en un tributario de la cuenca Salí-Dulce. Para corroborar esta situación, Bejas ordenó la realización de una fotografía satelital que muestre el recorrido que realiza el curso de agua lindero con el terreno a los fines de determinar si, efectivamente, desemboca en alguno de los ríos tributarios del Salí-Dulce. De constatarse esa situación, el dueño del terreno podría quedar imputado por la comisión de un delito federal, puesto que afectaría un recurso hídrico compartido por las provincias de Tucumán y Santiago del Estero.
El peso de las noticias
Por su parte, Gómez resaltó el hecho de que hayan sido los informes periodísticos de EL SIGLO el sustento principal para el inicio, de oficio ,de la causa penal.
"A pesar de que la gente no cree en la administración de justicia, esto demuestra que los fiscales con un recorte de un diario pueden iniciar una causa penal, y que aún sin que alguien vaya a Tribunales a realizar una denuncia, a veces lo que informa la prensa sirve para poder investigar un delito ambiental. Esta es una luz para aquellos que todavía no creen en el sistema", reflexionó el fiscal en diálogo con nuestro matutino.
Las notas periodísticas que dieron origen a esta causa penal en la Justicia Federal fueron publicadas por EL SIGLO en las ediciones del 21 de febrero y del 17 de marzo de este año.
En el primer informe, con el título "Fumigaciones con glifosato y problemas de salud en la localidad de Acheral", este diario hizo públicas las denuncias de los habitantes de esa comuna, ubicada a 45 kilómetros de la Capital tucumana, sobre la utilización de ese herbicida en un campo de soja, ubicado a metros de sus casas y frente a una escuela. En esa oportunidad, los vecinos aseguraron que desde que se iniciaron las fumigaciones en ese terreno, en diciembre de 2011, varias personas que viven en la zona enfermaron, sin recibir respuestas pese a las quejas planteadas al delegado comunal, Víctor Hugo Cardozo. En la nota mencionada, los ciudadanos Alfredo Olea, María Villarreal, Graciela Salomón y Norberta Lorenzo, entre otros, relataron a este diario que el último 9 de enero "se fumigo a las 9 de la mañana eran 4 de la tarde y no se aguantaba el olor del veneno, se murieron perritos y pollos, los árboles de las veredas estaban todos amarillos. Además, varias personas presentaron problemas respiratorios, a la vista, dermatológicos, y del aparato digestivo durante todo el día. Cuando fumigaron, Analía Galindez nos contó que estuvo todo ese día con vómitos, mareos y mucho dolor de cabeza, como así también toda su familia, en especial sus hijos", graficaron los vecinos, en una visita a nuestra redacción.
El pasado 17 de marzo, EL SIGLO publicó una segunda nota, con el título "Volvió la tensión a Acheral por las fumigaciones en un campo de soja", informando que el arrendatario del terreno había retomado esa actividad, con las mismas consecuencias para la población, pese a que la Justicia Federal ya había iniciado una causa penal.
Esa última información también había sido revelada en exclusiva por nuestro diario el 23 de febrero, en un informe titulado "La Justicia Federal inició una causa penal por el uso de glifosato en Acheral".
Antecedente
Gómez también destacó el impulso que podría tener esta causa ,iniciada a raíz de las denuncias realizadas a la prensa por vecinos de Acheral, con el juicio oral y público que se realiza en Córdoba contra productores acusados de haber fumigado en inmediaciones de un barrio. "Este es uno de los primeros procesos que se realizan en el país por fumigaciones con sustancias peligrosas para la salud, contra tres productores sojeros y dos aeroaplicadores. A partir de esto, se podría avanzar con la investigación de este tipo de delitos en otras provincias, como Tucumán", detalló.
La causa a la que hizo alusión Gómez se inició en 2002, cuando un grupo de madres del barrio Ituzaingó denunció la existencia de numerosos casos de cáncer en esa zona periférica de la ciudad.
Esas mujeres aportaron una serie de pruebas y testimonios según los cuales, en años anteriores habían detectado que casi 200 personas habían contraído cáncer y cera de 100 habían fallecido como consecuencia de esa enfermedad.
Más tarde, en 2008, fue iniciado otro expediente en los tribunales de la ciudad de Deán Funes, contra un productor rural y un aplicador aéreo, acusados de arrojar plaguicidas tóxicos en cultivos adyacentes al norteño pueblo de Villa de María de Río Seco.
Por disposición de la Corte Suprema de Justicia de Córdoba, ambas causas fueron unificadas para su juzgamiento.
A los imputados en el juicio se los acusa de violación de la ley provincial de Agroquímicos 9164, que prohíbe precisamente la aplicación aérea de endosulfán o glifosato, en cultivos ubicados en proximidades de zonas pobladas.
Dicha norma establece expresamente la prohibición de realizar fumigaciones con endosulfán a una distancia menor a 1500 metros de una zona urbana, y de glifosato a menos de 500 metros, por tratarse de químicos peligrosos para la salud.
A raíz de los antecedentes recopilados, la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) exigió que se investigara a todos los responsables y que se estableciera "la relación de causalidad entre las conductas denunciadas y el centenar de muertes registradas, como así también el impacto en la salud a casi 5000 vecinos del lugar".
Paralelamente, y en función a los estudios previos que la fiscalía de instrucción actuante ordenó realizar en organismos públicos, se detectó la existencia de tres posibles causas contaminantes.
En primer término figura la fumigación clandestina con agroquímicos peligrosos para la salud, el PCB de los transformadores instalados en ese barrio por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec), y el agua destinada al consumo humano contaminada por arsénico y plomo.
En los argumentos esgrimidos por la fiscalía a la hora de solicitar la elevación a juicio de la causa se sostiene que este peligroso cóctel contaminante dejó enfermos de leucemia, cáncer de próstata y otras enfermedades oncológicas y respiratorias.
.
Fecha de Publicación: 20/06/2012
Fuente: El Siglo
Provincia/Región: Tucumán
Por orden del juez federal Bejas, la Gendarmería concretó un allanamiento y secuestró pesticidas en un campo sembrado con soja en dicha localidad. La causa se inició a partir de las publicaciones realizadas por EL SIGLO sobre las denuncias de vecinos de la zona, que vieron afectada su salud como consecuencia de las fumigaciones. La causa penal iniciada en la Justicia Federal de Tucumán, a partir de las notas que publicó EL SIGLO sobre las denuncias de vecinos de la localidad de Acheral por las fumigaciones con glifosato en un campo de soja ubicado a metros de sus casas y de una escuela, comenzó a tomar impulso esta semana.
Por orden del titular del Juzgado Federal I, Daniel Bejas, personal de la Gendarmería Nacional realizó una serie de allanamientos en ese predio y secuestró una importante cantidad de agrotóxicos, cuya utilización en zonas urbanas estaría expresamente prohibida por las normas vigentes.
La causa se inició en febrero último, mediante una actuación de oficio realizada por el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, tomando como eje las publicaciones de nuestro diario respecto a las fumigaciones con glifosato en Acheral. El fiscal requirió una serie de medidas a los fines de constatar la posible comisión de un delito ambiental por parte de los responsables de ese campo sembrado con soja, cuyo arrendatario es Ariel Mena.
El juez Bejas confirmó a EL SIGLO la concreción de los allanamientos por parte de la Gendarmería y dijo que está "a la espera de los informes para evaluar los pasos a seguir en la investigación".
El magistrado informó que lo que se procura indagar es si el herbicida utilizado en las fumigaciones está dentro de los elementos prohibidos por normas nacionales, como la ley 24.051 (de Residuos Peligrosos), por un lado, y si existe una cuestión interjurisdiccional que habilite la prosecución de la causa en el fuero Federal, por otro.
En este sentido, explicó que la investigación apunta a determinar si, tal como se sospecha, el potente pesticida utilizado en ese campo de soja es arrastrado, por efectos del riego o las lluvias, hacia un arroyo que desemboca en un tributario de la cuenca Salí-Dulce. Para corroborar esta situación, Bejas ordenó la realización de una fotografía satelital que muestre el recorrido que realiza el curso de agua lindero con el terreno a los fines de determinar si, efectivamente, desemboca en alguno de los ríos tributarios del Salí-Dulce. De constatarse esa situación, el dueño del terreno podría quedar imputado por la comisión de un delito federal, puesto que afectaría un recurso hídrico compartido por las provincias de Tucumán y Santiago del Estero.
El peso de las noticias
Por su parte, Gómez resaltó el hecho de que hayan sido los informes periodísticos de EL SIGLO el sustento principal para el inicio, de oficio ,de la causa penal.
"A pesar de que la gente no cree en la administración de justicia, esto demuestra que los fiscales con un recorte de un diario pueden iniciar una causa penal, y que aún sin que alguien vaya a Tribunales a realizar una denuncia, a veces lo que informa la prensa sirve para poder investigar un delito ambiental. Esta es una luz para aquellos que todavía no creen en el sistema", reflexionó el fiscal en diálogo con nuestro matutino.
Las notas periodísticas que dieron origen a esta causa penal en la Justicia Federal fueron publicadas por EL SIGLO en las ediciones del 21 de febrero y del 17 de marzo de este año.
En el primer informe, con el título "Fumigaciones con glifosato y problemas de salud en la localidad de Acheral", este diario hizo públicas las denuncias de los habitantes de esa comuna, ubicada a 45 kilómetros de la Capital tucumana, sobre la utilización de ese herbicida en un campo de soja, ubicado a metros de sus casas y frente a una escuela. En esa oportunidad, los vecinos aseguraron que desde que se iniciaron las fumigaciones en ese terreno, en diciembre de 2011, varias personas que viven en la zona enfermaron, sin recibir respuestas pese a las quejas planteadas al delegado comunal, Víctor Hugo Cardozo. En la nota mencionada, los ciudadanos Alfredo Olea, María Villarreal, Graciela Salomón y Norberta Lorenzo, entre otros, relataron a este diario que el último 9 de enero "se fumigo a las 9 de la mañana eran 4 de la tarde y no se aguantaba el olor del veneno, se murieron perritos y pollos, los árboles de las veredas estaban todos amarillos. Además, varias personas presentaron problemas respiratorios, a la vista, dermatológicos, y del aparato digestivo durante todo el día. Cuando fumigaron, Analía Galindez nos contó que estuvo todo ese día con vómitos, mareos y mucho dolor de cabeza, como así también toda su familia, en especial sus hijos", graficaron los vecinos, en una visita a nuestra redacción.
El pasado 17 de marzo, EL SIGLO publicó una segunda nota, con el título "Volvió la tensión a Acheral por las fumigaciones en un campo de soja", informando que el arrendatario del terreno había retomado esa actividad, con las mismas consecuencias para la población, pese a que la Justicia Federal ya había iniciado una causa penal.
Esa última información también había sido revelada en exclusiva por nuestro diario el 23 de febrero, en un informe titulado "La Justicia Federal inició una causa penal por el uso de glifosato en Acheral".
Antecedente
Gómez también destacó el impulso que podría tener esta causa ,iniciada a raíz de las denuncias realizadas a la prensa por vecinos de Acheral, con el juicio oral y público que se realiza en Córdoba contra productores acusados de haber fumigado en inmediaciones de un barrio. "Este es uno de los primeros procesos que se realizan en el país por fumigaciones con sustancias peligrosas para la salud, contra tres productores sojeros y dos aeroaplicadores. A partir de esto, se podría avanzar con la investigación de este tipo de delitos en otras provincias, como Tucumán", detalló.
La causa a la que hizo alusión Gómez se inició en 2002, cuando un grupo de madres del barrio Ituzaingó denunció la existencia de numerosos casos de cáncer en esa zona periférica de la ciudad.
Esas mujeres aportaron una serie de pruebas y testimonios según los cuales, en años anteriores habían detectado que casi 200 personas habían contraído cáncer y cera de 100 habían fallecido como consecuencia de esa enfermedad.
Más tarde, en 2008, fue iniciado otro expediente en los tribunales de la ciudad de Deán Funes, contra un productor rural y un aplicador aéreo, acusados de arrojar plaguicidas tóxicos en cultivos adyacentes al norteño pueblo de Villa de María de Río Seco.
Por disposición de la Corte Suprema de Justicia de Córdoba, ambas causas fueron unificadas para su juzgamiento.
A los imputados en el juicio se los acusa de violación de la ley provincial de Agroquímicos 9164, que prohíbe precisamente la aplicación aérea de endosulfán o glifosato, en cultivos ubicados en proximidades de zonas pobladas.
Dicha norma establece expresamente la prohibición de realizar fumigaciones con endosulfán a una distancia menor a 1500 metros de una zona urbana, y de glifosato a menos de 500 metros, por tratarse de químicos peligrosos para la salud.
A raíz de los antecedentes recopilados, la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) exigió que se investigara a todos los responsables y que se estableciera "la relación de causalidad entre las conductas denunciadas y el centenar de muertes registradas, como así también el impacto en la salud a casi 5000 vecinos del lugar".
Paralelamente, y en función a los estudios previos que la fiscalía de instrucción actuante ordenó realizar en organismos públicos, se detectó la existencia de tres posibles causas contaminantes.
En primer término figura la fumigación clandestina con agroquímicos peligrosos para la salud, el PCB de los transformadores instalados en ese barrio por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec), y el agua destinada al consumo humano contaminada por arsénico y plomo.
En los argumentos esgrimidos por la fiscalía a la hora de solicitar la elevación a juicio de la causa se sostiene que este peligroso cóctel contaminante dejó enfermos de leucemia, cáncer de próstata y otras enfermedades oncológicas y respiratorias.
.
Mendoza: Marcharon en defensa de la Ley 7.722
Marcharon en defensa de la Ley antiminería
Fecha de Publicación: 20/06/2012
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Los ambientalistas fueron a la Legislatura y a Tribunales para que se ratifique la vigencia de la Ley 7.722, que prohíbe la minería a cielo abierto con sustancias tóxicas como el cianuro.
Unas 200 personas marcharon ayer a la mañana por el centro de Mendoza hacia la Legislatura y Tribunales para defender la Ley 7.722, que prohíbe las mineras a cielo abierto con sustancias contaminantes como el cianuro.
La Multisectorial planea organizar otra marcha para la Cumbre del Mercosur que se hará en Mendoza el 28 y 29 de junio y que reunirá a los jefes de Estado del bloque.
.
Fecha de Publicación: 20/06/2012
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Los ambientalistas fueron a la Legislatura y a Tribunales para que se ratifique la vigencia de la Ley 7.722, que prohíbe la minería a cielo abierto con sustancias tóxicas como el cianuro. Unas 200 personas marcharon ayer a la mañana por el centro de Mendoza hacia la Legislatura y Tribunales para defender la Ley 7.722, que prohíbe las mineras a cielo abierto con sustancias contaminantes como el cianuro.
La Multisectorial planea organizar otra marcha para la Cumbre del Mercosur que se hará en Mendoza el 28 y 29 de junio y que reunirá a los jefes de Estado del bloque.
.
Argentina no quiere la "economía verde"
La Argentina: no a la "economía verde"
Fecha de Publicación: 19/06/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Mientras Brasil trabaja contra el reloj para impedir que sucumba la Cumbre de la Tierra Río+20 , la delegación argentina que llegará mañana a esta ciudad tiene una posición tomada: dirá que no a la "economía verde". Así lo confirmaron fuentes oficiales, días antes de arribar a la ciudad carioca.
"Estamos camino a una guerra comercial -sostuvo Silvia Révora, subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de la Nación-. Detrás del concepto «economía verde», que los países centrales promueven como eje del modo productivo del nuevo milenio, se esconden trampas de diferentes colores: con la excusa del control ambiental, algunas empresas se volverán certificadoras y otras dirán qué productos consumir bajo ciertos estándares de producción".
La drástica posición argentina es la que suscribe el G-77, un paraguas bajo el cual están varios países emergentes, entre ellos Brasil y la India, a la que también se ha sumado China. El argumento critica especialmente el establecimiento del etiquetado de los productos y la huella de carbono (la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos por un individuo, organización, evento o producto) como medidor de sustentabilidad.
La Argentina también está en contra de la propuesta de gobernanza mundial traducida en la transformación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en una agencia autónoma. Es que el Gobierno interpreta como una amenaza a la soberanía la imposición de estándares que deban cumplir todos los países. China, el mayor contaminador del mundo, también suscribe a esta tesis, y Estados Unidos, distante de la agenda ambiental, nunca estuvo en un lugar más cómodo, ya que dejó de ser el malo de la película.
La postura oficial generó un quiebre con las organizaciones ambientalistas argentinas. Después de que Révora las acusara de defender "intereses imperialistas", Greenpeace respondió con críticas a la política ambiental nacional y recibió adhesiones de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y de Los Verdes.
"No se entiende la negativa del Estado argentino. No se puede negar que hay que cambiar el modelo económico. Todavía no está definido el concepto de «economía verde», pero lo peor que se puede hacer es ni siquiera discutirlo. Este es el ámbito donde se pueden insertar los cambios. Además, la Argentina defiende el desarrollo sustentable mientras no puede justificar que no lo aplica. Está muy bien defender la soberanía, pero no hay que olvidar las responsabilidades que eso conlleva", indicó María Eugenia Di Paola, de FARN, que participa de la cumbre.
"Como organización ambientalista no podemos adherir a una posición de gobierno que enumera como logros leyes y programas ambientales que son una conquista de la sociedad civil a través de sus demandas públicas frente a diferentes gobiernos y al sector corporativo, pero que hoy son sistemáticamente ignoradas. Leyes como la de protección de bosques nativos, de protección de glaciares, de promoción de las energías renovables, de gestión de residuos, entre otras, hoy no son respetadas, ya sea por su vaciamiento económico, su falta de implementación, la falta de reglamentación de artículos clave o la falta de promoción", indicó Greenpeace Argentina en un comunicado. Juan Carlos Villalonga, de Los Verdes, agregó: "Es muy reduccionista pensar que una agencia pueda solamente generar barreras paraarancelarias. Hay distintas ideas de estructura. Todos estaríamos muchísimo peor si no existiera un espacio supranacional al que recurrir".
Más de 300 diplomáticos brasileños trabajan en el documento final, cuyo borrador cambió completamente. Las metas y los objetivos desaparecieron y se ha convertido en un compromiso más general. A pesar de que en el primer borrador no aparecía la minería como una industria para dar apoyo, fue incorporada. El agregado no fue vetado por los países desarrollados, pero tampoco por los países en desarrollo. En la redacción del documento no se incluye el impacto social que pueden tener los emprendimientos.
Mañana llegarán aquí los jefes de Estado. Y el viernes debería ser firmado el compromiso final. Ese día se sabrá si sólo se trata de un enunciado de buenas intenciones.
.
Fecha de Publicación: 19/06/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Mientras Brasil trabaja contra el reloj para impedir que sucumba la Cumbre de la Tierra Río+20 , la delegación argentina que llegará mañana a esta ciudad tiene una posición tomada: dirá que no a la "economía verde". Así lo confirmaron fuentes oficiales, días antes de arribar a la ciudad carioca."Estamos camino a una guerra comercial -sostuvo Silvia Révora, subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de la Nación-. Detrás del concepto «economía verde», que los países centrales promueven como eje del modo productivo del nuevo milenio, se esconden trampas de diferentes colores: con la excusa del control ambiental, algunas empresas se volverán certificadoras y otras dirán qué productos consumir bajo ciertos estándares de producción".
La drástica posición argentina es la que suscribe el G-77, un paraguas bajo el cual están varios países emergentes, entre ellos Brasil y la India, a la que también se ha sumado China. El argumento critica especialmente el establecimiento del etiquetado de los productos y la huella de carbono (la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos por un individuo, organización, evento o producto) como medidor de sustentabilidad.
La Argentina también está en contra de la propuesta de gobernanza mundial traducida en la transformación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en una agencia autónoma. Es que el Gobierno interpreta como una amenaza a la soberanía la imposición de estándares que deban cumplir todos los países. China, el mayor contaminador del mundo, también suscribe a esta tesis, y Estados Unidos, distante de la agenda ambiental, nunca estuvo en un lugar más cómodo, ya que dejó de ser el malo de la película.
La postura oficial generó un quiebre con las organizaciones ambientalistas argentinas. Después de que Révora las acusara de defender "intereses imperialistas", Greenpeace respondió con críticas a la política ambiental nacional y recibió adhesiones de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y de Los Verdes.
"No se entiende la negativa del Estado argentino. No se puede negar que hay que cambiar el modelo económico. Todavía no está definido el concepto de «economía verde», pero lo peor que se puede hacer es ni siquiera discutirlo. Este es el ámbito donde se pueden insertar los cambios. Además, la Argentina defiende el desarrollo sustentable mientras no puede justificar que no lo aplica. Está muy bien defender la soberanía, pero no hay que olvidar las responsabilidades que eso conlleva", indicó María Eugenia Di Paola, de FARN, que participa de la cumbre.
"Como organización ambientalista no podemos adherir a una posición de gobierno que enumera como logros leyes y programas ambientales que son una conquista de la sociedad civil a través de sus demandas públicas frente a diferentes gobiernos y al sector corporativo, pero que hoy son sistemáticamente ignoradas. Leyes como la de protección de bosques nativos, de protección de glaciares, de promoción de las energías renovables, de gestión de residuos, entre otras, hoy no son respetadas, ya sea por su vaciamiento económico, su falta de implementación, la falta de reglamentación de artículos clave o la falta de promoción", indicó Greenpeace Argentina en un comunicado. Juan Carlos Villalonga, de Los Verdes, agregó: "Es muy reduccionista pensar que una agencia pueda solamente generar barreras paraarancelarias. Hay distintas ideas de estructura. Todos estaríamos muchísimo peor si no existiera un espacio supranacional al que recurrir".
Más de 300 diplomáticos brasileños trabajan en el documento final, cuyo borrador cambió completamente. Las metas y los objetivos desaparecieron y se ha convertido en un compromiso más general. A pesar de que en el primer borrador no aparecía la minería como una industria para dar apoyo, fue incorporada. El agregado no fue vetado por los países desarrollados, pero tampoco por los países en desarrollo. En la redacción del documento no se incluye el impacto social que pueden tener los emprendimientos.
Mañana llegarán aquí los jefes de Estado. Y el viernes debería ser firmado el compromiso final. Ese día se sabrá si sólo se trata de un enunciado de buenas intenciones.
.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Suscribirse
Entradas
Comentarios