Polémica por la ley de Bosques de Neuquén
14:48 | 
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Continúa la polémica por la ley de Bosques
Fecha de Publicación: 15/06/2012
Fuente: Rio Negro On Line
Provincia/Región: Neuquén
El Consejo Consultivo de Bosques Nativos emitió la semana pasada un dictamen por mayoría dirigido al ministerio de Desarrollo Territorial donde se sugiere que en lotes de hasta 10 hectáreas dentro de la categoría "verde" (menor nivel de conservación) se puedan agilizar los trámites para presentar proyectos constructivos o urbanizaciones, otorgando mayores recursos y atribuciones a la delegación local de Bosques. Todos votaron a favor, a excepción de la ONG Alerta Angostura que votó en disidencia por considerar que faltaba información para emitir el dictamen. Mientras tanto, la polémica suscitada en torno a la aplicación de la Ley de Bosques Nativos de la provincia continua. El titular del Consejo Consultivo, Fabián Mirabete salió al cruce de las críticas emitidas por el diputado provincial Jesús Escobar y trabajadores de la dirección de Gestión de Bosques Nativos, hoy en conflicto con el ministerio a nivel político. "Yo no puedo sugerir la modificación de la ley, yo no trabajo para ningún proyecto. En el mapeo de la ley los colores eran tentativos con búsqueda de datos parcelarios", dijo el funcionario. Las acusaciones apuntaban a que el Consejo había sido creado por presiones empresariales vinculadas al sector inmobiliario.
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Fecha de Publicación: 15/06/2012
Fuente: Rio Negro On Line
Provincia/Región: Neuquén
El Consejo Consultivo de Bosques Nativos emitió la semana pasada un dictamen por mayoría dirigido al ministerio de Desarrollo Territorial donde se sugiere que en lotes de hasta 10 hectáreas dentro de la categoría "verde" (menor nivel de conservación) se puedan agilizar los trámites para presentar proyectos constructivos o urbanizaciones, otorgando mayores recursos y atribuciones a la delegación local de Bosques. Todos votaron a favor, a excepción de la ONG Alerta Angostura que votó en disidencia por considerar que faltaba información para emitir el dictamen. Mientras tanto, la polémica suscitada en torno a la aplicación de la Ley de Bosques Nativos de la provincia continua. El titular del Consejo Consultivo, Fabián Mirabete salió al cruce de las críticas emitidas por el diputado provincial Jesús Escobar y trabajadores de la dirección de Gestión de Bosques Nativos, hoy en conflicto con el ministerio a nivel político. "Yo no puedo sugerir la modificación de la ley, yo no trabajo para ningún proyecto. En el mapeo de la ley los colores eran tentativos con búsqueda de datos parcelarios", dijo el funcionario. Las acusaciones apuntaban a que el Consejo había sido creado por presiones empresariales vinculadas al sector inmobiliario.
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Clausura Una planta de Coca Cola por el Riachuelo
Clausura preventiva para una planta de Coca Cola
Fecha de Publicación: 14/06/2012
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
La Justicia ordenó el cierre preventivo de la planta embotelladora FEMSA, de Pompeya. La medida se dispuso luego de confirmar que se desechó un producto químico al Riachuelo. La empresa rechazó en un comunicado la versión difundida por el Ministerio Público
La Fiscal de Cámara Verónica Guagnino requirió y logró la clausura preventiva de la Planta FEMSA S.A., empresa líder embotelladora de productos Coca Cola, ubicada en el barrio de Pompeya, en Amancio Alcorta 3570, luego de probar que la firma está desechando un elemento tóxico que contamina el Riachuelo.
Fuentes judiciales confirmaron a Infobae.com que se trata de “rodamina”, elemento tóxico a través de una “conexión clandestina” a la red pluvial que vuelca a la cuenca Matanza-Riachuelo.
En un operativo de rutina de la Dirección Gral. de Control Ambiental y la Policía Metropolitana se identificó el 11 de junio, por medio de un robot subterráneo en Cachí y Rio IV, una conexión clandestina.
Este miércoles se ingresó a la planta y mediante el uso de colorantes se corroboró la procedencia de conexión clandestina. Asimismo, se comprobó que el derrame de una torre de enfriamiento se vierte en unas rejillas que desembocaban en otra conexión ilegal a la red pluvial, informaron las fuentes.
Ante la evidencia colectada, la fiscal logró la clausura de la planta en virtud de la competencia de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, por violación del art. 54 del Código Contravencional. La medida adoptada propende a que cese el delito que afecta al medioambiente y contamina el Riachuelo.
Según se informó en el comunicado de prensa adjunto en esta nota, la clausura hasta el momento es preventiva; ahora la fiscal deberá inspeccionar la planta y, de ser necesario, solicitará una clausura prolongada.
La empresa Coca Cola difundió un comunicado de prensa en el que calificó como “inexacta” la información difundida por la Fiscalía y aclaró:
- Coca-Cola FEMSA no utiliza ni ha utilizado “rodamina” en ninguno de sus procesos industriales.
- En el día de ayer, inspectores de APRA (Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) utilizaron ese líquido colorante (Rodamina) para hacer una inspección. Se señala en el acta correspondiente que los funcionarios actuantes arrojaron el colorante por un caño para verificar el recorrido del efluente y su salida al desagüe pluvial mediante una unidad de inspección televisiva. La rodamina no forma parte de ningún proceso de producción o similar de Coca-Cola FEMSA.
- La planta de la avenida Amancio Alcorta cuenta con un sistema de monitoreo de efluentes en línea las 24 horas del día, único en el país, que permite a las autoridades conocer la calidad de los vuelcos que se realizan luego del proceso industrial.
- Coca-Cola FEMSA está como siempre a disposición de las autoridades para corroborar la seguridad ambiental de todas sus operaciones.
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Fecha de Publicación: 14/06/2012
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
La Justicia ordenó el cierre preventivo de la planta embotelladora FEMSA, de Pompeya. La medida se dispuso luego de confirmar que se desechó un producto químico al Riachuelo. La empresa rechazó en un comunicado la versión difundida por el Ministerio Público
La Fiscal de Cámara Verónica Guagnino requirió y logró la clausura preventiva de la Planta FEMSA S.A., empresa líder embotelladora de productos Coca Cola, ubicada en el barrio de Pompeya, en Amancio Alcorta 3570, luego de probar que la firma está desechando un elemento tóxico que contamina el Riachuelo.
Fuentes judiciales confirmaron a Infobae.com que se trata de “rodamina”, elemento tóxico a través de una “conexión clandestina” a la red pluvial que vuelca a la cuenca Matanza-Riachuelo.
En un operativo de rutina de la Dirección Gral. de Control Ambiental y la Policía Metropolitana se identificó el 11 de junio, por medio de un robot subterráneo en Cachí y Rio IV, una conexión clandestina.
Este miércoles se ingresó a la planta y mediante el uso de colorantes se corroboró la procedencia de conexión clandestina. Asimismo, se comprobó que el derrame de una torre de enfriamiento se vierte en unas rejillas que desembocaban en otra conexión ilegal a la red pluvial, informaron las fuentes.
Ante la evidencia colectada, la fiscal logró la clausura de la planta en virtud de la competencia de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, por violación del art. 54 del Código Contravencional. La medida adoptada propende a que cese el delito que afecta al medioambiente y contamina el Riachuelo.
Según se informó en el comunicado de prensa adjunto en esta nota, la clausura hasta el momento es preventiva; ahora la fiscal deberá inspeccionar la planta y, de ser necesario, solicitará una clausura prolongada.
La empresa Coca Cola difundió un comunicado de prensa en el que calificó como “inexacta” la información difundida por la Fiscalía y aclaró:
- Coca-Cola FEMSA no utiliza ni ha utilizado “rodamina” en ninguno de sus procesos industriales.
- En el día de ayer, inspectores de APRA (Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) utilizaron ese líquido colorante (Rodamina) para hacer una inspección. Se señala en el acta correspondiente que los funcionarios actuantes arrojaron el colorante por un caño para verificar el recorrido del efluente y su salida al desagüe pluvial mediante una unidad de inspección televisiva. La rodamina no forma parte de ningún proceso de producción o similar de Coca-Cola FEMSA.
- La planta de la avenida Amancio Alcorta cuenta con un sistema de monitoreo de efluentes en línea las 24 horas del día, único en el país, que permite a las autoridades conocer la calidad de los vuelcos que se realizan luego del proceso industrial.
- Coca-Cola FEMSA está como siempre a disposición de las autoridades para corroborar la seguridad ambiental de todas sus operaciones.
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La política argentina ante Río+20
“Quieren trasladar su crisis a nuestros países”
Fecha de Publicación: 14/06/2012
Fuente: Página/12 - Edición del 10/06/2012
Provincia/Región: Nacional
Río de Janeiro será el escenario de la disputa entre países centrales y en desarrollo sobre conceptos ambiguos como “economía verde”.
La cumbre ambiental Río+20, que en unos días concentrará en la capital carioca a presidentes y funcionarios de casi doscientos países, será escenario de una nueva disputa entre las naciones centrales y el grupo de países emergentes o en vías de de-sarrollo, nucleados en el G-77 más China. Uno de los ejes de la controversia es el concepto de “economías verdes” que, para el gobierno argentino y sus socios de América latina, es una suerte de trampa tendida por las potencias y sus aliados para poner freno a las exportaciones cuando no cumplen con ciertos parámetros “verdes”. El otro foco de conflicto es la posible creación de una agencia internacional, que tendría el poder de policía para hacer cumplir con indicadores y premisas, inspecciones que los países interpretan como la antesala a restricciones comerciales.
A diez días de la firma del documento, todavía no hay consenso. Los diplomáticos trabajan contra reloj: hace una semana las delegaciones estuvieron reunidas en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, y esta semana volverán a encontrarse en Río de Janeiro. El documento que redactaron dos funcionarios de la ONU designados por Ban Ki-moon tiene ochenta páginas y muchos de sus párrafos son cuestionados por los representantes de los países en desarrollo. Estos diplomáticos están ante una doble presión: no ceder en la defensa de sus intereses estratégicos y, a la vez, no hacer fracasar la cumbre, que pretende avanzar sobre los logros obtenidos hace 20 años en otra cumbre, en esa misma ciudad. El desafío se multiplica para el gobierno de Brasil, también crítico del documento, por su condición de anfitrión.
“En esta negociación, la Argentina ha encontrado aliados importantes, como la India y Egipto, que se sumaron a los socios del Mercosur”, dijo la subsecretaria de Planificación y Política Ambiental, Silvia Révora, una de las negociadoras argentinas, en una entrevista con Página/12.
–A días de la cumbre, ¿qué consensos y qué diferencias hay entre los países?
–El documento para Río+20 se viene trabajando desde hace muchos meses y, como no se ha avanzado en el consenso entre los países centrales y los del G-77 más China, en estos días se estuvo viendo si se cerraba un acuerdo. El G-77 más China, que son 132 países sobre un total de 193, que tiene a la mayoría de la población mundial e incluye a países emergentes como China, India y Brasil, ha estado trabajando muchos meses en este documento. Hasta ahora, no hay consenso. Evidentemente, el documento que va a salir no será un documento que refleje nuestra posición y si no nos refleja, cada país hará sus reservas.
–¿Cuáles son los grandes ejes de la divergencia?
–La gran divergencia es que los países centrales están planteando el concepto de “economía verde” como el nuevo paradigma ambiental para salvar el planeta. Nosotros planteamos que no hay una definición de economía verde, por lo tanto, no podemos apoyar algo que se desconoce. No estamos de acuerdo en sustituir el concepto de desarrollo sustentable, que es mucho más ambicioso y que implica un cambio en el modelo de producción y consumo que nos ha provocado esta crisis ambiental. Como G-77 planteamos que ese cambio lo deben liderar los países centrales, que son los que han impuesto ese modelo global de consumo y de producción insustentable, que se basa en una falacia: que los recursos naturales son infinitos. Producimos y consumimos como si fuéramos a tener una cantidad infinita de agua, de petróleo, de tierra.
–Los países centrales no aceptan eso.
–Ese es el problema central: los países centrales no asumen su responsabilidad primaria. Lo que plantean es que los costos de la crisis ambiental, por ser planetaria, los tenemos que asumir todos por igual. Países pobres, en desarrollo y ellos. Cuando son ellos los que han causado esta crisis ambiental.
–No admiten que la responsabilidad no es la misma para todos.
–En el plenario, plantearon borrar el principio de responsabilidades comunes y diferenciadas. No-sotros, como G-77 más China, tenemos premisas que no son negociables. Una es ésa, la otra es nuestra soberanía respecto del manejo de nuestros recursos naturales. No vamos a delegar el control ambiental a ninguna agencia globalizada que nos imponga lo que tenemos que hacer con nuestros recursos naturales ni parámetros de cumplimiento. Porque esto de la economía verde es una trampa.
–¿En qué consiste esa trampa?
–Ellos pretenden poner indicadores y parámetros para la producción de bienes y servicios y aquel que no los cumpla, no va a poder exportar.
Por supuesto que eso nadie lo dice. El planteo de ellos es un planteo naïf: vamos a salvar el planeta.
–¿Cuáles serían las consecuencias?
–Una gran parte de los países centrales está queriendo trasladar su crisis a los países en desarrollo utilizando el tema ambiental. Si exigen el cumplimiento de estos parámetros que quieren imponer con la economía verde, va a haber una transferencia enorme de recursos de los países en desarrollo a los desarrollados, porque los que tienen la tecnología son ellos, y nos van a obligar a comprar la tecnología y a endeudarnos. Nuestro planteo de desarrollo sustentable implica la erradicación de la pobreza nosotros, como países latinoamericanos, tenemos mucho que mostrar en Río: cómo hemos bajado los niveles de pobreza, al contrario de los países desarrollados, donde en este momento va creciendo la pobreza.
–Nuestros países han disminuido los niveles de pobreza, pero ¿se han desarrollado en forma sustentable?
–En este momento, no hay ningún país que pueda plantear que tiene un desarrollo sustentable, es nuestra utopía. Se plantea que otro tipo de desarrollo es posible. Porque el desarrollo sustentable implica que produzcamos en forma eficiente, con un uso muy racional de nuestros recursos, y consumamos en función de nuestras necesidades básicas, no permitiendo el derroche. Lo que vemos es que en nuestros países hay sectores de la población que tienen que aumentar su consumo pero también hay un sector importante que tiene que evitar despilfarrar recursos naturales a través de consumo insustentable. Por ejemplo, cuando se compran productos que tienen una vida útil muy corta o que requieren un uso intensivo de electricidad o de materias primas.
–Si el modelo económico argentino permitió aumentar el consumo, ¿podemos decir entonces que este modelo es sustentable?
–No, nadie dice eso. Lo que tenemos en la Argentina es una réplica del modelo impuesto en el planeta y que nosotros no lo vamos a poder cambiar si no lo cambian ellos, que son los que tienen el gran poder económico. Por eso, el G-77, cuando se habla de economía verde, le plantea a los países centrales que ellos lideren este cambio de modelo de producción y consumo. Nosotros no lo vamos a poder liderar porque no tenemos ni tecnología ni capacidad financiera. Sí tenemos que darle buen nivel de vida a un porcentaje importante de la población, que es una prioridad de este Gobierno.
–¿Qué balance hace de los veinte años transcurridos desde la cumbre de Río ’92?
–Para nosotros, ha habido más falencias que logros. Porque los principios rectores de Río ’92 no han sido cumplidos por los países desarrollados, la transferencia de tecnología y apoyo financiero a los países en desarrollo. Y ahora lo quieren eliminar. Ahora no hablan de transferencia de tecnología, no hablan de apoyo financiero y quieren eliminar el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que es el leitmotiv de la convención y que planteamos que deben mantenerse.
–¿En qué consiste ese principio?
–En que los que produjeron el fenómeno del calentamiento global de la atmósfera son los países industrializados, desde la época de la industrialización a finales del siglo XVII hasta ahora. Ahora, los países emergentes comenzaron a emitir también gases de efecto invernadero. China e India ya se están pareciendo a los países desarrollados en sus emisiones, pero es un hecho reciente. Por eso la convención dice que las responsabilidades son comunes pero diferenciadas: el que causó el problema debe asumir el costo. Por eso Río ’92 fue un éxito para los países en vías de desarrollo, fue un reconocimiento de que había una crisis ambiental y que los países centrales debían asumir un compromiso porque eran los que la habían causado. Ahora, veinte años después, sin haber hecho los aportes que tendrían que haber hecho, boicoteando la convención, quieren trasladar su crisis a nuestras espaldas.
–¿Qué otros planteos llevan los países de América latina?
–Por ejemplo, cuando se habla de empleo verde, nosotros lo sustituimos por empleo decente. Porque nosotros acá tenemos empleo verde, el reciclador urbano, el cartonero que separa es empleo verde, pero no es decente. Tenemos que transformarlo en empleo formal y decente.
–¿Qué frutos puede dar este consenso que hay en América latina?
–A mí me interesa la alianza que tenemos los países latinoamericanos, y también con la India y Egipto, con los que lideramos esta posición: estamos de acuerdo con el desarrollo sustentable, queremos definir los temas en forma soberana, y no tenemos que aceptar que nos impongan las prioridades de la globalización, que no están pensadas en función de nuestras necesidades. Vamos a difundir la declaración de Buenos Aires para que la gran prensa conozca nuestra posición. La gran prensa, que está globalizada y manejada por los países centrales, no conoce nuestra posición.
–Otro de los ejes de controversia es la creación de una agencia global de control ambiental.
–Los países centrales quieren crear una gran agencia en base al Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (Pnuma), porque para establecer parámetros e indicadores para la producción de bienes y servicios se necesita una agencia que controle. Quieren crear una agencia con poderes para fiscalizar el cumplimiento de la economía verde.
–¿Ustedes qué proponen en cambio?
–Queremos que haya mayor sinergia entre las agencias que existen actualmente y que sea la Asamblea General y el Consejo de De-sarrollo Sustentable de Naciones Unidas un ámbito de definición y debate político. No le damos mandato al secretario general para que arme esto. Queremos el fortalecimeinto del Pnuma aumentando su membresía a todos los países. En este momento tiene solo 46 países, entre ellos la Argentina.
–¿Hay coincidencia con las ONG argentinas que van a participar de la cumbre?
–Las ONG han estado muy activas, sobre todo las que trabajan en salud y educación. Las ambientalistas son las más débiles en esto, porque siguen los lineamientos de los países centrales, porque allí tienen su base de financiamiento, y están bastante condicionadas por eso.
–¿Cuál va a ser la posición argentina respecto de las industrias extractivas, como la minería?
–En la cumbre no se debate qué actividades son sustentables y cuáles no. Todas las actividades generan impacto, la idea es que lo minimicen. Hay una impronta de ir logrando nuestro propio camino, nuestro propio desarrollo sustentable.
–Entonces no van a hablar de minería.
–Sobre la minería, le voy a decir lo que pienso. Lo que nos proponemos desde esta secretaría es fortalecer el rol del Estado en la evaluación del impacto de esta actividad. Los impactos de la minería a cielo abierto, de una hidroeléctrica, son significativos. Hay una serie de actividades que se requieren para el de-sarrollo del país, pero su localización y la tecnología que usan debe ser evaluada por el Estado para aprobarlas o no. Estamos haciendo un proyecto de ley de presupuestos mínimos de evaluación de impacto ambiental para que el Estado nacional y los provinciales podamos conjuntamente evaluar, fiscalizar y controlar estos grandes emprendimientos. Hay que aceptarlos sólo si los beneficios son mayores que los costos.
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Fecha de Publicación: 14/06/2012
Fuente: Página/12 - Edición del 10/06/2012
Provincia/Región: Nacional
Río de Janeiro será el escenario de la disputa entre países centrales y en desarrollo sobre conceptos ambiguos como “economía verde”.
La cumbre ambiental Río+20, que en unos días concentrará en la capital carioca a presidentes y funcionarios de casi doscientos países, será escenario de una nueva disputa entre las naciones centrales y el grupo de países emergentes o en vías de de-sarrollo, nucleados en el G-77 más China. Uno de los ejes de la controversia es el concepto de “economías verdes” que, para el gobierno argentino y sus socios de América latina, es una suerte de trampa tendida por las potencias y sus aliados para poner freno a las exportaciones cuando no cumplen con ciertos parámetros “verdes”. El otro foco de conflicto es la posible creación de una agencia internacional, que tendría el poder de policía para hacer cumplir con indicadores y premisas, inspecciones que los países interpretan como la antesala a restricciones comerciales.
A diez días de la firma del documento, todavía no hay consenso. Los diplomáticos trabajan contra reloj: hace una semana las delegaciones estuvieron reunidas en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, y esta semana volverán a encontrarse en Río de Janeiro. El documento que redactaron dos funcionarios de la ONU designados por Ban Ki-moon tiene ochenta páginas y muchos de sus párrafos son cuestionados por los representantes de los países en desarrollo. Estos diplomáticos están ante una doble presión: no ceder en la defensa de sus intereses estratégicos y, a la vez, no hacer fracasar la cumbre, que pretende avanzar sobre los logros obtenidos hace 20 años en otra cumbre, en esa misma ciudad. El desafío se multiplica para el gobierno de Brasil, también crítico del documento, por su condición de anfitrión.
“En esta negociación, la Argentina ha encontrado aliados importantes, como la India y Egipto, que se sumaron a los socios del Mercosur”, dijo la subsecretaria de Planificación y Política Ambiental, Silvia Révora, una de las negociadoras argentinas, en una entrevista con Página/12.
–A días de la cumbre, ¿qué consensos y qué diferencias hay entre los países?
–El documento para Río+20 se viene trabajando desde hace muchos meses y, como no se ha avanzado en el consenso entre los países centrales y los del G-77 más China, en estos días se estuvo viendo si se cerraba un acuerdo. El G-77 más China, que son 132 países sobre un total de 193, que tiene a la mayoría de la población mundial e incluye a países emergentes como China, India y Brasil, ha estado trabajando muchos meses en este documento. Hasta ahora, no hay consenso. Evidentemente, el documento que va a salir no será un documento que refleje nuestra posición y si no nos refleja, cada país hará sus reservas.
–¿Cuáles son los grandes ejes de la divergencia?
–La gran divergencia es que los países centrales están planteando el concepto de “economía verde” como el nuevo paradigma ambiental para salvar el planeta. Nosotros planteamos que no hay una definición de economía verde, por lo tanto, no podemos apoyar algo que se desconoce. No estamos de acuerdo en sustituir el concepto de desarrollo sustentable, que es mucho más ambicioso y que implica un cambio en el modelo de producción y consumo que nos ha provocado esta crisis ambiental. Como G-77 planteamos que ese cambio lo deben liderar los países centrales, que son los que han impuesto ese modelo global de consumo y de producción insustentable, que se basa en una falacia: que los recursos naturales son infinitos. Producimos y consumimos como si fuéramos a tener una cantidad infinita de agua, de petróleo, de tierra.
–Los países centrales no aceptan eso.
–Ese es el problema central: los países centrales no asumen su responsabilidad primaria. Lo que plantean es que los costos de la crisis ambiental, por ser planetaria, los tenemos que asumir todos por igual. Países pobres, en desarrollo y ellos. Cuando son ellos los que han causado esta crisis ambiental.
–No admiten que la responsabilidad no es la misma para todos.
–En el plenario, plantearon borrar el principio de responsabilidades comunes y diferenciadas. No-sotros, como G-77 más China, tenemos premisas que no son negociables. Una es ésa, la otra es nuestra soberanía respecto del manejo de nuestros recursos naturales. No vamos a delegar el control ambiental a ninguna agencia globalizada que nos imponga lo que tenemos que hacer con nuestros recursos naturales ni parámetros de cumplimiento. Porque esto de la economía verde es una trampa.
–¿En qué consiste esa trampa?
–Ellos pretenden poner indicadores y parámetros para la producción de bienes y servicios y aquel que no los cumpla, no va a poder exportar.
Por supuesto que eso nadie lo dice. El planteo de ellos es un planteo naïf: vamos a salvar el planeta.
–¿Cuáles serían las consecuencias?
–Una gran parte de los países centrales está queriendo trasladar su crisis a los países en desarrollo utilizando el tema ambiental. Si exigen el cumplimiento de estos parámetros que quieren imponer con la economía verde, va a haber una transferencia enorme de recursos de los países en desarrollo a los desarrollados, porque los que tienen la tecnología son ellos, y nos van a obligar a comprar la tecnología y a endeudarnos. Nuestro planteo de desarrollo sustentable implica la erradicación de la pobreza nosotros, como países latinoamericanos, tenemos mucho que mostrar en Río: cómo hemos bajado los niveles de pobreza, al contrario de los países desarrollados, donde en este momento va creciendo la pobreza.
–Nuestros países han disminuido los niveles de pobreza, pero ¿se han desarrollado en forma sustentable?
–En este momento, no hay ningún país que pueda plantear que tiene un desarrollo sustentable, es nuestra utopía. Se plantea que otro tipo de desarrollo es posible. Porque el desarrollo sustentable implica que produzcamos en forma eficiente, con un uso muy racional de nuestros recursos, y consumamos en función de nuestras necesidades básicas, no permitiendo el derroche. Lo que vemos es que en nuestros países hay sectores de la población que tienen que aumentar su consumo pero también hay un sector importante que tiene que evitar despilfarrar recursos naturales a través de consumo insustentable. Por ejemplo, cuando se compran productos que tienen una vida útil muy corta o que requieren un uso intensivo de electricidad o de materias primas.
–Si el modelo económico argentino permitió aumentar el consumo, ¿podemos decir entonces que este modelo es sustentable?
–No, nadie dice eso. Lo que tenemos en la Argentina es una réplica del modelo impuesto en el planeta y que nosotros no lo vamos a poder cambiar si no lo cambian ellos, que son los que tienen el gran poder económico. Por eso, el G-77, cuando se habla de economía verde, le plantea a los países centrales que ellos lideren este cambio de modelo de producción y consumo. Nosotros no lo vamos a poder liderar porque no tenemos ni tecnología ni capacidad financiera. Sí tenemos que darle buen nivel de vida a un porcentaje importante de la población, que es una prioridad de este Gobierno.
–¿Qué balance hace de los veinte años transcurridos desde la cumbre de Río ’92?
–Para nosotros, ha habido más falencias que logros. Porque los principios rectores de Río ’92 no han sido cumplidos por los países desarrollados, la transferencia de tecnología y apoyo financiero a los países en desarrollo. Y ahora lo quieren eliminar. Ahora no hablan de transferencia de tecnología, no hablan de apoyo financiero y quieren eliminar el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que es el leitmotiv de la convención y que planteamos que deben mantenerse.
–¿En qué consiste ese principio?
–En que los que produjeron el fenómeno del calentamiento global de la atmósfera son los países industrializados, desde la época de la industrialización a finales del siglo XVII hasta ahora. Ahora, los países emergentes comenzaron a emitir también gases de efecto invernadero. China e India ya se están pareciendo a los países desarrollados en sus emisiones, pero es un hecho reciente. Por eso la convención dice que las responsabilidades son comunes pero diferenciadas: el que causó el problema debe asumir el costo. Por eso Río ’92 fue un éxito para los países en vías de desarrollo, fue un reconocimiento de que había una crisis ambiental y que los países centrales debían asumir un compromiso porque eran los que la habían causado. Ahora, veinte años después, sin haber hecho los aportes que tendrían que haber hecho, boicoteando la convención, quieren trasladar su crisis a nuestras espaldas.
–¿Qué otros planteos llevan los países de América latina?
–Por ejemplo, cuando se habla de empleo verde, nosotros lo sustituimos por empleo decente. Porque nosotros acá tenemos empleo verde, el reciclador urbano, el cartonero que separa es empleo verde, pero no es decente. Tenemos que transformarlo en empleo formal y decente.
–¿Qué frutos puede dar este consenso que hay en América latina?
–A mí me interesa la alianza que tenemos los países latinoamericanos, y también con la India y Egipto, con los que lideramos esta posición: estamos de acuerdo con el desarrollo sustentable, queremos definir los temas en forma soberana, y no tenemos que aceptar que nos impongan las prioridades de la globalización, que no están pensadas en función de nuestras necesidades. Vamos a difundir la declaración de Buenos Aires para que la gran prensa conozca nuestra posición. La gran prensa, que está globalizada y manejada por los países centrales, no conoce nuestra posición.
–Otro de los ejes de controversia es la creación de una agencia global de control ambiental.
–Los países centrales quieren crear una gran agencia en base al Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (Pnuma), porque para establecer parámetros e indicadores para la producción de bienes y servicios se necesita una agencia que controle. Quieren crear una agencia con poderes para fiscalizar el cumplimiento de la economía verde.
–¿Ustedes qué proponen en cambio?
–Queremos que haya mayor sinergia entre las agencias que existen actualmente y que sea la Asamblea General y el Consejo de De-sarrollo Sustentable de Naciones Unidas un ámbito de definición y debate político. No le damos mandato al secretario general para que arme esto. Queremos el fortalecimeinto del Pnuma aumentando su membresía a todos los países. En este momento tiene solo 46 países, entre ellos la Argentina.
–¿Hay coincidencia con las ONG argentinas que van a participar de la cumbre?
–Las ONG han estado muy activas, sobre todo las que trabajan en salud y educación. Las ambientalistas son las más débiles en esto, porque siguen los lineamientos de los países centrales, porque allí tienen su base de financiamiento, y están bastante condicionadas por eso.
–¿Cuál va a ser la posición argentina respecto de las industrias extractivas, como la minería?
–En la cumbre no se debate qué actividades son sustentables y cuáles no. Todas las actividades generan impacto, la idea es que lo minimicen. Hay una impronta de ir logrando nuestro propio camino, nuestro propio desarrollo sustentable.
–Entonces no van a hablar de minería.
–Sobre la minería, le voy a decir lo que pienso. Lo que nos proponemos desde esta secretaría es fortalecer el rol del Estado en la evaluación del impacto de esta actividad. Los impactos de la minería a cielo abierto, de una hidroeléctrica, son significativos. Hay una serie de actividades que se requieren para el de-sarrollo del país, pero su localización y la tecnología que usan debe ser evaluada por el Estado para aprobarlas o no. Estamos haciendo un proyecto de ley de presupuestos mínimos de evaluación de impacto ambiental para que el Estado nacional y los provinciales podamos conjuntamente evaluar, fiscalizar y controlar estos grandes emprendimientos. Hay que aceptarlos sólo si los beneficios son mayores que los costos.
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Entrevista a al Fiscal Antonio Gustavo Gómez
"Hay impunidaden materia de contaminación"
Fecha de Publicación: 14/06/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El fiscal general de Tucumán explica por qué cree que detrás de cada delito ambiental hay un funcionario corrupto y revela datos estremecedores: la tasa de jóvenes muertos de cáncer supera la media mundial en Andalgalá, el pueblo catamarqueño que se alzó contra la contaminación minera
Qué margen tiene un fiscal hoy, en la Argentina, para investigar seriamente al poder? "Ninguno; absolutamente ninguno", fue la inquietante respuesta del fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, cuyo cargo es uno de los más importantes en la justicia federal del Norte.
"La impunidad en nuestro país solo puede ser vencida de dos maneras: con apoyo del propio Estado, como ocurrió con los delitos de lesa humanidad, a partir de que fue incluida en la agenda del kirchnerismo o cuando, detrás del magistrado, hay un apoyo militante de la sociedad que reivindica una causa como objetivo propio", relata a LA NACION este fiscal, que nació en Puerto Deseado hace 52 años, y que se ha ido transformando en una suerte de emblema para los ambientalistas de Andalgalá, aquellos que militan en contra del megaproyecto minero que explota la empresa Bajo La Alumbrera.
Ocurre que Gómez se especializa en derecho penal ambiental y, desde que llegó al Norte -donde, según dice, "hay delito ambiental para hacer dulce"- abrió más de 80 causas, entre ellas una contra un alto ejecutivo de la empresa que explota Bajo La Alumbrera, el megaproyecto minero que, hace menos de un mes, fue blanco de furiosas protestas.
Para pesadilla de muchos, desde que llegó a Tucumán, en 2001, puso en la mira de sus investigaciones a ingenios, citrícolas, papeleras, recolectoras de residuos, frigoríficos. Procesó, además, a autoridades públicas por su complicidad en la contaminación, ya que una de sus máximas jurídicas sostiene que "detrás de cada delito ambiental, no hay desidia, ni distracción sino un funcionario corrupto".
Pero a Gómez no parece bastarle con investigar a quienes dañan al ecosistema. Hace tiempo que viene poniendo el ojo, también, en delitos económicos complejos, como el contrabando y la evasión tributaria en materia sojera, desde que el Norte se convirtió en tierra fértil para el "yuyo maldito". Lo explica: "Hay grandes multinacionales que bajan a Tucumán, con maletines llenos de dinero -los tienen escaneados, según cuenta- para comprarles a productores que, en su gran mayoría, trabaja en negro. Y como el exportador necesita una factura, es allí cuando aparecen empresas falsas, vendiendo facturas truchas. Desmontamos varias de estas redes", relata.
La corrupción dentro de la propia administración de Justicia es otra de sus acciones fuertes. Y da un ejemplo impresionante: "Hemos tenido el caso de un juez del tribunal oral federal de Salta que fue sorprendido en conversaciones telefónicas con los narcos, que negociaban su libertad a cambio de dinero".
En el marco de una gira por Europa y Estados Unidos, que empezó la semana pasada y durará un mes, dará una serie de conferencias relacionadas con su expertise. En los próximos días, por ejemplo, hablará ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos, donde expondrá un caso de contaminación ocurrido en Abrapampa, Jujuy, donde el 82 por ciento de los chicos recibieron contaminación con plomo que deriva en graves discapacidades mentales. Habían instalado, en el medio de la ciudad, un campo de residuos de plomo. La empresa había abandonado el lugar, después de quebrar, y nadie más se había ocupado del asunto.
"Voy a utilizar el caso como prueba de la impunidad que existe en materia de contaminación en la Argentina", avisa.
-Le han hecho fama de fiscal antimegaminería, ¿compra ese rol?
-No me considero antimegaminería. No estoy en contra de la minería ni mucho menos. Estoy en contra de los delitos que se cometen en nombre de la minería, que es muy distinto, y en contra, también, de la explotación minera irracional y sin controles estatales.
Es cierto que soy un fiscal federal que trata de hacer su trabajo en materia de delitos ambientales -agrotóxicos, vinaza, residuos radiactivos- y probablemente me destaco porque, en el país de los ciegos, el tuerto es rey. No hay fiscales federales preocupados en capacitarse y avanzar en materia de delitos ambientales. Mi interés por la justicia ambiental empezó cuando me nombraron fiscal federal en Chubut. Entonces, abrí una causa penal que alcanzó mucha difusión, la de un empetrolamiento de 17.000 pingüinos, en 1991. El reclamo internacional por el daño ambiental y la ineficacia de las normas administrativas para tratar el tema me convencieron, finalmente, de que la única herramienta es el derecho penal ambiental.
-¿Qué presiones se enfrentan cuando se investigan delitos ambientales?
-Detrás de cada delito ambiental no hay ni distracción ni desidia, sino un funcionario corrupto, por lo que en Tucumán hubo algunas condenas a intendentes y a empresarios cómplices por ese delito. Perseguimos al contaminador, pero también al funcionario que le ha permitido contaminar. Hemos iniciado causas de oficio y alentamos a la gente para que participe y haga denuncias (la página para hacerlo es www.fiscaliagratucuman.gov.ar )
La realidad es que, cuando investigamos un delito ambiental, la mayor presión que recibimos es del propio Estado. Y no sólo no reclama indemnizaciones -porque, sin duda, los más afectados por la contaminación siempre son los más pobres, que se atienden en hospitales públicos-, sino que es cómplice. Y lo peor: combate a quienes investigan.
-Hace unos meses, sin embargo, el gobernador de Santiago del Estero se convirtió en querellante ante la contaminación que, al parecer, está afectando a las Termas de Río Hondo.
-Sí, Zamora se constituyó en querellante porque las termas están afectadas, entre otras cosas por el megaproyecto de Minera La Alumbrera, y puede afectar al turismo. En las termas hay metales pesados, algunos incluso radiactivos, que en las aguas generan enfermedades. No sucedió así, sin embargo, con el gobernador Alperovich (de Tucumán), que empezó con una demanda por contaminación, hasta que La Alumbrera construyó el hospital de Niños en la provincia. Sucede que el poder económico tiene la capacidad de comprar al poder político, y difícilmente ocurre al revés, por eso es mucho más difícil investigarlo y lograr condenas. El poder económico puede comprar con mucha facilidad al Poder Judicial, o puede presionar al poder político para designaciones en el poder judicial. En la juridiscción mía, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán, los jueces de primera instancia son suplentes, desginados a dedo por el oficialismo. Eso hace que no tengamos una administración de Justicia realmente independiente.
-La protesta de los vecinos y asambleístas de Andalgalá se basa en que el megaproyecto minero afecta la salud de la gente; sin embargo, la empresa que explota el yacimiento, Xstrata Copper, argumentó que no usa cianuro en la producción de oro y, además, mostró estudios realizados por médicos prestigiosos como Daniel Stamboulián, titular de Funcei, cuya conclusión es que la minera no afecta el medioambiente. ¿Qué argumentos tiene usted para sostener lo contrario?
-En materia de minería, Andalgalá es una de las ciudades mas afectadas por la cercanía de un megaproyecto minero con las consiguientes consecuencias ambientales dañinas que ello conlleva. Y además, gracias a los avances tecnológicos, ya no están aislados: cuentan con información, tanto para darla como para recibirla.
Por otro lado, le digo que sí tiran cianuro y lo dice la misma empresa en un informe de impacto ambiental, presentado en junio de 2006, cuyo análisis fue realizado por el Instituto Nacional del Agua (Ina). Esto, creo ya, da por tierra esa discusión. Además, existen estudios que revelan datos inquietantes: que la tasa de jóvenes muertos de cáncer supera la media mundial en Andalgalá. El doctor Luis Alberto Flores, del hospital zonal, realizó, junto a un grupo de especialistas, un trabajo de investigación ante el aumento de casos de niños y niñas con cáncer, y la muerte de jóvenes por esta enfermedad. Desde la radicación de la minera la Alumbrera en Catamarca hace más de 15 años, curiosamente, aparecieron distintos tipos de cáncer que afectan a gran parte de las ciudades aledañas a la explotación de la mina. Cada año, se registran cinco casos de cáncer óseo en niños en Andalgalá.
El procesamiento por contaminación contra La Alumbrera dictado por la Cámara Federal de Tucumán, en 2008, en un fallo muy valiente, puso en crisis todo el sistema de minería a cielo abierto y se realizó en base a una comunidad que presionó a los jueces por los daños físicos provocados por la contaminación (muerte de animales, plomo en sangre de los chicos, etcétera), además de la falta de agua en los valles donde se cultiva, a raíz del uso indiscriminado del agua. Luego, la Cámara de Casación Penal dictó un fallo de falta de mérito -dos votos contra uno-, declarando nulo el procedimiento. Esta causa penal lleva ya 12 años, y el 28 de marzo la presentaré ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exponerla como un claro caso de vulneración del Pacto de San José de Costa Rica.
-Por lo visto, los escollos son muchos en materia de delito ambiental, ¿pudo lograr condenas concretas?
-Claro que es posible condenarlos. Por ejemplo, a los propietarios de un sanatorio, a tres años de prisión en suspenso, por la contaminación de un basural con residuos patogénicos. Y a un intendente, cómplice de una situación de contaminación a un año de prisión. Es posible condenarlos.
-Más allá del tema ambiental, ¿qué posibilidad tiene en la Argentina un fiscal para investigar seriamente al poder?
-Ninguna. Absolutamente ninguna si es como emergente de un juramento y mandato legal. La impunidad en Argentina sólo puede ser vencida por los fiscales de dos maneras: o con apoyo del propio Estado como ocurrió con los delitos de lesa humanidad a partir de que fue incluida en la agenda política por el doctor Néstor Kirchner o cuando tiene detrás del magistrado un apoyo militante de la sociedad que lo reinvidica como objetivo propio.
-Que el poder económico compra al poder político es un buen título, pero ¿qué evidencias puede ofrecer para apoyar esa conclusión?
-Lo he advertido cada vez que me ha tocado investigar algún caso de corrupción en obra pública. Por ejemplo, y por dar sólo uno pero hay otros), el caso "Lomas de Tafí", el del Plan Argentina Trabaja, o en los mismos delitos ambientales causados en nombre de la minería. Y en este sentido siempre digo que en el mundo la manera más efectiva de ganar dinero rápido y fácil es contaminando. A más contaminación más dinero. A más dinero, mayor corrupción; a mayor corrupción más impunidad y a más impunidad más dinero. Y así en una espiral ascendente del cual las empresas multinacionales y las ecomafias italianas han tomado debida cuenta.
-La afirmación sugiere un alto grado de corrupción en la administración de la Justicia.
-El problema de la corrupción en la administración de la Justicia es muy fuerte. Un juez del tribunal oral federal de Salta fue sorprendido en conversaciones telefónicas, grabadas por el Ministerio público, negociando con narcos su libertad. El juzgado federal de Catamarca hace diez años que está vacante, no se designa. Hay un juez suplente, que tiene una vinculación de parentezco con Alicia Kirchner.
Cuando vos estudiás la corrupción, te das cuenta de que el funcionario corrupto arma un entorno, que compromete a varios para que, en el caso de ser descubierto, varios caigan con él. De ese modo, también garantiza el silencio de sus cómplices. El hombre conserva mucha información y documentación. Tenemos el 20 por ciento de los jueces y fiscales designados a dedo, sin acuerdo del Senado de la Nación; no interviene el Senado.
-¿Qué relación hay entre contaminación y pobreza?
-Directa. Los terrenos contaminados, las márgenes de los ríos como el Riachuelo o el Salí en Tucumán están poblados de villas miserias porque son espacios físicos rechazados por las clases sociales más pudientes. Es además un detonante que agrava la pobreza porque genera un sinnúmero de enfermedades propias de la contaminación que los circunda y de la que no pueden defenderse.
Proclamo que los fiscales tenemos como "clientes" a las víctimas de los delitos. Y en materia ambiental, no hay una víctima más dolorosa, ni más sufriente que los pobres. Las áreas de contaminación ambiental no son ocupados por gente de clase media o alta sino por los más pauperizados. Además, no tienen acceso a la Justicia.
-Al principio de la entrevista hablábamos de las presiones para avanzar en las investigaciones, ¿usted las recibe?
-Sí, claro, pero no me gusta hablar de ello porque en materia de administración de justicia, donde se involucra el poder económico y político en un mismo platillo de la balanza, los magistrados son muy propensos a "atender teléfonos que nunca suenan". Esta censura casi inconsciente se basa en el miedo. Y hablar de presiones es dar pábulo a ese miedo.
Mano a mano
Hace un tiempo, en el jardín de su casa tucumana, en Yerba Buena, apareció muerto su perro. Bueno, lo de "apareció muerto" quizá no sea la expresión más exacta: el perro había sido envenenado, algo que, teniendo en cuenta las causas que este fiscal ha investigado, podría hacer pensar, y de hecho lo hizo, en un mensaje mafioso, en una advertencia.
El fiscal Gustavo Gómez vive rodeado de mujeres: su esposa, de origen mapuche; tres hijas, su suegra y dos perras. Hasta su custodia es femenina. Y vive entre causas penales, presiones y reclamos ambientalistas. Por momentos, me hace acordar al ex fiscal Manual Garrido, que finalmente, maniatado, tuvo que renunciar. Aunque, entre ambos, hay una diferencia importante: el fiscal tucumano parece más desprotegido.
Sus empleados lo adoran; sus "mujeres" viven para él; para las ONG ambientalistas es casi un héroe, igual que para los indios quilmes, que viven en las zonas contaminadas; el Nobel de la Paz, que viene promoviendo la creación de un Tribunal Internacional para delitos ambientales, lo distingue (Gómez es el encargado de explorar las vías jurídicas para desarrollar esa propuesta).
Sin embargo, pienso, este hombre no puede ser perfecto. Algún lado oscuro debe tener. Se lo pregunto. "Ah, sí, tengo un problema con el ego; debo luchar contra él", confiesa. "¿Con el ego, con la necesidad de buscar reconocimiento por lo que hace?" Admite que sí.
Bueno, ahí la cosa cierra más. Perfecto no es. Pero en mi opinión, nada opaca una virtud que, por estas pampas, resulta tan necesaria: la decisión de investigar, con o sin miedo. No es poco en la Argentina. Ni en ninguna parte del mundo.
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Fecha de Publicación: 14/06/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El fiscal general de Tucumán explica por qué cree que detrás de cada delito ambiental hay un funcionario corrupto y revela datos estremecedores: la tasa de jóvenes muertos de cáncer supera la media mundial en Andalgalá, el pueblo catamarqueño que se alzó contra la contaminación minera
Qué margen tiene un fiscal hoy, en la Argentina, para investigar seriamente al poder? "Ninguno; absolutamente ninguno", fue la inquietante respuesta del fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, cuyo cargo es uno de los más importantes en la justicia federal del Norte.
"La impunidad en nuestro país solo puede ser vencida de dos maneras: con apoyo del propio Estado, como ocurrió con los delitos de lesa humanidad, a partir de que fue incluida en la agenda del kirchnerismo o cuando, detrás del magistrado, hay un apoyo militante de la sociedad que reivindica una causa como objetivo propio", relata a LA NACION este fiscal, que nació en Puerto Deseado hace 52 años, y que se ha ido transformando en una suerte de emblema para los ambientalistas de Andalgalá, aquellos que militan en contra del megaproyecto minero que explota la empresa Bajo La Alumbrera.
Ocurre que Gómez se especializa en derecho penal ambiental y, desde que llegó al Norte -donde, según dice, "hay delito ambiental para hacer dulce"- abrió más de 80 causas, entre ellas una contra un alto ejecutivo de la empresa que explota Bajo La Alumbrera, el megaproyecto minero que, hace menos de un mes, fue blanco de furiosas protestas.
Para pesadilla de muchos, desde que llegó a Tucumán, en 2001, puso en la mira de sus investigaciones a ingenios, citrícolas, papeleras, recolectoras de residuos, frigoríficos. Procesó, además, a autoridades públicas por su complicidad en la contaminación, ya que una de sus máximas jurídicas sostiene que "detrás de cada delito ambiental, no hay desidia, ni distracción sino un funcionario corrupto".
Pero a Gómez no parece bastarle con investigar a quienes dañan al ecosistema. Hace tiempo que viene poniendo el ojo, también, en delitos económicos complejos, como el contrabando y la evasión tributaria en materia sojera, desde que el Norte se convirtió en tierra fértil para el "yuyo maldito". Lo explica: "Hay grandes multinacionales que bajan a Tucumán, con maletines llenos de dinero -los tienen escaneados, según cuenta- para comprarles a productores que, en su gran mayoría, trabaja en negro. Y como el exportador necesita una factura, es allí cuando aparecen empresas falsas, vendiendo facturas truchas. Desmontamos varias de estas redes", relata.
La corrupción dentro de la propia administración de Justicia es otra de sus acciones fuertes. Y da un ejemplo impresionante: "Hemos tenido el caso de un juez del tribunal oral federal de Salta que fue sorprendido en conversaciones telefónicas con los narcos, que negociaban su libertad a cambio de dinero".
En el marco de una gira por Europa y Estados Unidos, que empezó la semana pasada y durará un mes, dará una serie de conferencias relacionadas con su expertise. En los próximos días, por ejemplo, hablará ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos, donde expondrá un caso de contaminación ocurrido en Abrapampa, Jujuy, donde el 82 por ciento de los chicos recibieron contaminación con plomo que deriva en graves discapacidades mentales. Habían instalado, en el medio de la ciudad, un campo de residuos de plomo. La empresa había abandonado el lugar, después de quebrar, y nadie más se había ocupado del asunto.
"Voy a utilizar el caso como prueba de la impunidad que existe en materia de contaminación en la Argentina", avisa.
-Le han hecho fama de fiscal antimegaminería, ¿compra ese rol?
-No me considero antimegaminería. No estoy en contra de la minería ni mucho menos. Estoy en contra de los delitos que se cometen en nombre de la minería, que es muy distinto, y en contra, también, de la explotación minera irracional y sin controles estatales.
Es cierto que soy un fiscal federal que trata de hacer su trabajo en materia de delitos ambientales -agrotóxicos, vinaza, residuos radiactivos- y probablemente me destaco porque, en el país de los ciegos, el tuerto es rey. No hay fiscales federales preocupados en capacitarse y avanzar en materia de delitos ambientales. Mi interés por la justicia ambiental empezó cuando me nombraron fiscal federal en Chubut. Entonces, abrí una causa penal que alcanzó mucha difusión, la de un empetrolamiento de 17.000 pingüinos, en 1991. El reclamo internacional por el daño ambiental y la ineficacia de las normas administrativas para tratar el tema me convencieron, finalmente, de que la única herramienta es el derecho penal ambiental.
-¿Qué presiones se enfrentan cuando se investigan delitos ambientales?
-Detrás de cada delito ambiental no hay ni distracción ni desidia, sino un funcionario corrupto, por lo que en Tucumán hubo algunas condenas a intendentes y a empresarios cómplices por ese delito. Perseguimos al contaminador, pero también al funcionario que le ha permitido contaminar. Hemos iniciado causas de oficio y alentamos a la gente para que participe y haga denuncias (la página para hacerlo es www.fiscaliagratucuman.gov.ar )
La realidad es que, cuando investigamos un delito ambiental, la mayor presión que recibimos es del propio Estado. Y no sólo no reclama indemnizaciones -porque, sin duda, los más afectados por la contaminación siempre son los más pobres, que se atienden en hospitales públicos-, sino que es cómplice. Y lo peor: combate a quienes investigan.
-Hace unos meses, sin embargo, el gobernador de Santiago del Estero se convirtió en querellante ante la contaminación que, al parecer, está afectando a las Termas de Río Hondo.
-Sí, Zamora se constituyó en querellante porque las termas están afectadas, entre otras cosas por el megaproyecto de Minera La Alumbrera, y puede afectar al turismo. En las termas hay metales pesados, algunos incluso radiactivos, que en las aguas generan enfermedades. No sucedió así, sin embargo, con el gobernador Alperovich (de Tucumán), que empezó con una demanda por contaminación, hasta que La Alumbrera construyó el hospital de Niños en la provincia. Sucede que el poder económico tiene la capacidad de comprar al poder político, y difícilmente ocurre al revés, por eso es mucho más difícil investigarlo y lograr condenas. El poder económico puede comprar con mucha facilidad al Poder Judicial, o puede presionar al poder político para designaciones en el poder judicial. En la juridiscción mía, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán, los jueces de primera instancia son suplentes, desginados a dedo por el oficialismo. Eso hace que no tengamos una administración de Justicia realmente independiente.
-La protesta de los vecinos y asambleístas de Andalgalá se basa en que el megaproyecto minero afecta la salud de la gente; sin embargo, la empresa que explota el yacimiento, Xstrata Copper, argumentó que no usa cianuro en la producción de oro y, además, mostró estudios realizados por médicos prestigiosos como Daniel Stamboulián, titular de Funcei, cuya conclusión es que la minera no afecta el medioambiente. ¿Qué argumentos tiene usted para sostener lo contrario?
-En materia de minería, Andalgalá es una de las ciudades mas afectadas por la cercanía de un megaproyecto minero con las consiguientes consecuencias ambientales dañinas que ello conlleva. Y además, gracias a los avances tecnológicos, ya no están aislados: cuentan con información, tanto para darla como para recibirla.
Por otro lado, le digo que sí tiran cianuro y lo dice la misma empresa en un informe de impacto ambiental, presentado en junio de 2006, cuyo análisis fue realizado por el Instituto Nacional del Agua (Ina). Esto, creo ya, da por tierra esa discusión. Además, existen estudios que revelan datos inquietantes: que la tasa de jóvenes muertos de cáncer supera la media mundial en Andalgalá. El doctor Luis Alberto Flores, del hospital zonal, realizó, junto a un grupo de especialistas, un trabajo de investigación ante el aumento de casos de niños y niñas con cáncer, y la muerte de jóvenes por esta enfermedad. Desde la radicación de la minera la Alumbrera en Catamarca hace más de 15 años, curiosamente, aparecieron distintos tipos de cáncer que afectan a gran parte de las ciudades aledañas a la explotación de la mina. Cada año, se registran cinco casos de cáncer óseo en niños en Andalgalá.
El procesamiento por contaminación contra La Alumbrera dictado por la Cámara Federal de Tucumán, en 2008, en un fallo muy valiente, puso en crisis todo el sistema de minería a cielo abierto y se realizó en base a una comunidad que presionó a los jueces por los daños físicos provocados por la contaminación (muerte de animales, plomo en sangre de los chicos, etcétera), además de la falta de agua en los valles donde se cultiva, a raíz del uso indiscriminado del agua. Luego, la Cámara de Casación Penal dictó un fallo de falta de mérito -dos votos contra uno-, declarando nulo el procedimiento. Esta causa penal lleva ya 12 años, y el 28 de marzo la presentaré ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exponerla como un claro caso de vulneración del Pacto de San José de Costa Rica.
-Por lo visto, los escollos son muchos en materia de delito ambiental, ¿pudo lograr condenas concretas?
-Claro que es posible condenarlos. Por ejemplo, a los propietarios de un sanatorio, a tres años de prisión en suspenso, por la contaminación de un basural con residuos patogénicos. Y a un intendente, cómplice de una situación de contaminación a un año de prisión. Es posible condenarlos.
-Más allá del tema ambiental, ¿qué posibilidad tiene en la Argentina un fiscal para investigar seriamente al poder?
-Ninguna. Absolutamente ninguna si es como emergente de un juramento y mandato legal. La impunidad en Argentina sólo puede ser vencida por los fiscales de dos maneras: o con apoyo del propio Estado como ocurrió con los delitos de lesa humanidad a partir de que fue incluida en la agenda política por el doctor Néstor Kirchner o cuando tiene detrás del magistrado un apoyo militante de la sociedad que lo reinvidica como objetivo propio.
-Que el poder económico compra al poder político es un buen título, pero ¿qué evidencias puede ofrecer para apoyar esa conclusión?
-Lo he advertido cada vez que me ha tocado investigar algún caso de corrupción en obra pública. Por ejemplo, y por dar sólo uno pero hay otros), el caso "Lomas de Tafí", el del Plan Argentina Trabaja, o en los mismos delitos ambientales causados en nombre de la minería. Y en este sentido siempre digo que en el mundo la manera más efectiva de ganar dinero rápido y fácil es contaminando. A más contaminación más dinero. A más dinero, mayor corrupción; a mayor corrupción más impunidad y a más impunidad más dinero. Y así en una espiral ascendente del cual las empresas multinacionales y las ecomafias italianas han tomado debida cuenta.
-La afirmación sugiere un alto grado de corrupción en la administración de la Justicia.
-El problema de la corrupción en la administración de la Justicia es muy fuerte. Un juez del tribunal oral federal de Salta fue sorprendido en conversaciones telefónicas, grabadas por el Ministerio público, negociando con narcos su libertad. El juzgado federal de Catamarca hace diez años que está vacante, no se designa. Hay un juez suplente, que tiene una vinculación de parentezco con Alicia Kirchner.
Cuando vos estudiás la corrupción, te das cuenta de que el funcionario corrupto arma un entorno, que compromete a varios para que, en el caso de ser descubierto, varios caigan con él. De ese modo, también garantiza el silencio de sus cómplices. El hombre conserva mucha información y documentación. Tenemos el 20 por ciento de los jueces y fiscales designados a dedo, sin acuerdo del Senado de la Nación; no interviene el Senado.
-¿Qué relación hay entre contaminación y pobreza?
-Directa. Los terrenos contaminados, las márgenes de los ríos como el Riachuelo o el Salí en Tucumán están poblados de villas miserias porque son espacios físicos rechazados por las clases sociales más pudientes. Es además un detonante que agrava la pobreza porque genera un sinnúmero de enfermedades propias de la contaminación que los circunda y de la que no pueden defenderse.
Proclamo que los fiscales tenemos como "clientes" a las víctimas de los delitos. Y en materia ambiental, no hay una víctima más dolorosa, ni más sufriente que los pobres. Las áreas de contaminación ambiental no son ocupados por gente de clase media o alta sino por los más pauperizados. Además, no tienen acceso a la Justicia.
-Al principio de la entrevista hablábamos de las presiones para avanzar en las investigaciones, ¿usted las recibe?
-Sí, claro, pero no me gusta hablar de ello porque en materia de administración de justicia, donde se involucra el poder económico y político en un mismo platillo de la balanza, los magistrados son muy propensos a "atender teléfonos que nunca suenan". Esta censura casi inconsciente se basa en el miedo. Y hablar de presiones es dar pábulo a ese miedo.
Mano a mano
Hace un tiempo, en el jardín de su casa tucumana, en Yerba Buena, apareció muerto su perro. Bueno, lo de "apareció muerto" quizá no sea la expresión más exacta: el perro había sido envenenado, algo que, teniendo en cuenta las causas que este fiscal ha investigado, podría hacer pensar, y de hecho lo hizo, en un mensaje mafioso, en una advertencia.
El fiscal Gustavo Gómez vive rodeado de mujeres: su esposa, de origen mapuche; tres hijas, su suegra y dos perras. Hasta su custodia es femenina. Y vive entre causas penales, presiones y reclamos ambientalistas. Por momentos, me hace acordar al ex fiscal Manual Garrido, que finalmente, maniatado, tuvo que renunciar. Aunque, entre ambos, hay una diferencia importante: el fiscal tucumano parece más desprotegido.
Sus empleados lo adoran; sus "mujeres" viven para él; para las ONG ambientalistas es casi un héroe, igual que para los indios quilmes, que viven en las zonas contaminadas; el Nobel de la Paz, que viene promoviendo la creación de un Tribunal Internacional para delitos ambientales, lo distingue (Gómez es el encargado de explorar las vías jurídicas para desarrollar esa propuesta).
Sin embargo, pienso, este hombre no puede ser perfecto. Algún lado oscuro debe tener. Se lo pregunto. "Ah, sí, tengo un problema con el ego; debo luchar contra él", confiesa. "¿Con el ego, con la necesidad de buscar reconocimiento por lo que hace?" Admite que sí.
Bueno, ahí la cosa cierra más. Perfecto no es. Pero en mi opinión, nada opaca una virtud que, por estas pampas, resulta tan necesaria: la decisión de investigar, con o sin miedo. No es poco en la Argentina. Ni en ninguna parte del mundo.
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Continúa el juicio por fumigaciones en Córdoba
Una madre contra el glifosato
Fecha de Publicación: 13/06/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Córdoba
En el juicio a dos ruralistas y un piloto por las fumigaciones en el barrio Ituzaingó, de Córdoba, la madre que inició los reclamos en 2001 contó su lucha contra los agrotóxicos. Su bebé nació sin riñones. Y tiene otra hija afectada.
Sofía Gatica dio a luz un niño con una malformación que le causó la muerte en pocos minutos. Era 2001 y había poco conocimiento sobre la toxicidad de los agroquímicos, pero la cantidad de mujeres rapadas por la quimioterapia y los niños con leucemia cubiertos con barbijos aumentaba por las calles de la capital cordobesa donde vivía la mujer. Incansable, realizó encuestas por el pequeño poblado de cinco mil habitantes, descubrió que el número de patologías era superior a lo normal, sentó denuncias y conformó el colectivo Madres del Barrio Ituzaingó Anexo. Ayer, declaró como querellante en la segunda jornada del primer juicio oral y público penal de Argentina por fumigaciones con sustancias peligrosas para la salud en zonas urbanas. El tribunal escuchó además otros tres testimonios.
Tras la exposición de la situación sanitaria realizada ayer, la segunda jornada de audiencias tuvo como protagonistas a los pobladores de Ituzaingó Anexo, unas 30 manzanas ubicadas en la periferia de Córdoba Capital que limitan con áreas rurales al norte, este y sur. El juicio unifica dos demandas de 2004 y 2008 por contaminación producto de fumigaciones aéreas y terrestres de agroquímicos en detrimento de la salud de las 1200 familias que tiene aproximadamente el barrio. Los imputados por el delito de “contaminación dolosa” –cuya pena prevista es de tres a diez años de cárcel– son dos productores, Francisco Parra y Jorge Alberto Gabrielli, y el propietario y piloto del avión fumigador, Edgardo Jorge Pancelli. En caso de comprobarse la vinculación entre fumigaciones y muerte, la figura por la que se los acusa, podría ser agravada con penas de 10 a 25 años de prisión.
Gatica fue la primera testigo de la tarde. El 24 de febrero de 2004 denunció que en el “campo de Parra”, al este del barrio, aplicaban agroquímicos con un equipo terrestre, “mosquito”. En aquella ocasión, el allanamiento realizado por orden de la fiscalía local logró identificar los restos de los productos utilizados, pero la investigación quedó cajoneada. Su pelea, no obstante, había comenzado en 2001, cuando tuvo un hijo que murió a los minutos del parto por una malformación: nació sin riñones. Conmovida por la cantidad de casos de cáncer que había en el barrio y por la muerte de su bebé, hizo la primera encuesta sanitaria del barrio. Relevó dos manzanas, con la ayuda de quienes luego conformarían el espacio Madres de Ituzaingó.
“Desde entonces hasta 2010 encontramos 193 casos de cáncer entre los vecinos, además de otras malformaciones como púrpura o labio leporino”, explicó Gatica, galardonada este año con el premio Goldman por su defensa del medio ambiente. La mujer tuvo que mudarse hace más de un año para resguardar su salud y la de su hija de 17 años, que está en pleno tratamiento de desintoxicación, luego de que detectaran que su sangre convive con dos plaguicidas. Las madres denunciaron casos de alergias respiratorias y en la piel, enfermedades neurológicas, casos de malformaciones y cánceres. “En el 2003 lograron una ordenanza que estableció la distancia mínima de fumigación de 200 metros, pero los sojeros preferían pagar las multas, lo hacían de noche o en feriados. Ellas siempre estaban ahí tratando de pararlos”, contó a Página/12 Medardo Avila Vázquez, el otro querellante.
La audiencia había comenzado a la mañana con la declaración de Marcela Ferreyra. La vecina tuvo en 2004 un chico que murió en el primer día de vida también por una malformación. “Había quedado embarazada a principios de octubre, en coincidencia con la época del año en que se fumiga intensamente en los campos. Al menos dos veces por semana, el embrión recibía directamente el veneno que era rociado vía aérea”, detalló Avila Vázquez, que es médico y fue subsecretario municipal de Salud. La mujer contó al tribunal de la Cámara 1ª del Crimen que la fumigación se hacía de noche y que el cielo quedaba tapado bajo una “nube blanca”. “El olor se sentía en el aire a la mañana siguiente”, dijo. Luego, declararon Pablo Vargas, un vecino que fotografió la fumigación del 11 de febrero de 2001, y Norma Herrera.
“Sabemos que los imputados son el eslabón más débil de este modelo de agricultura tóxica que se aplica en más del 50 por ciento del país”, apuntó Avila Vázquez. “Aquí intervienen grupos económicos, como Monsanto, y grandes productores. Sin embargo, los acusados sabían lo que hacían, actuaban a conciencia y por dinero. No tienen perdón.” Las audiencias continuarán hasta al menos el martes, cuando está prevista la declaración del investigador del Conicet Andrés Carrasco, que estudió el efecto letal del glifosato en embriones.
Más Información:
- Urgente 24 - La fumigación con agroquímicos, los otros “vuelos...
- Telam - Continúa el juicio por fumigación toxica en Córdoba...
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Fecha de Publicación: 13/06/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Córdoba
En el juicio a dos ruralistas y un piloto por las fumigaciones en el barrio Ituzaingó, de Córdoba, la madre que inició los reclamos en 2001 contó su lucha contra los agrotóxicos. Su bebé nació sin riñones. Y tiene otra hija afectada.Sofía Gatica dio a luz un niño con una malformación que le causó la muerte en pocos minutos. Era 2001 y había poco conocimiento sobre la toxicidad de los agroquímicos, pero la cantidad de mujeres rapadas por la quimioterapia y los niños con leucemia cubiertos con barbijos aumentaba por las calles de la capital cordobesa donde vivía la mujer. Incansable, realizó encuestas por el pequeño poblado de cinco mil habitantes, descubrió que el número de patologías era superior a lo normal, sentó denuncias y conformó el colectivo Madres del Barrio Ituzaingó Anexo. Ayer, declaró como querellante en la segunda jornada del primer juicio oral y público penal de Argentina por fumigaciones con sustancias peligrosas para la salud en zonas urbanas. El tribunal escuchó además otros tres testimonios.
Tras la exposición de la situación sanitaria realizada ayer, la segunda jornada de audiencias tuvo como protagonistas a los pobladores de Ituzaingó Anexo, unas 30 manzanas ubicadas en la periferia de Córdoba Capital que limitan con áreas rurales al norte, este y sur. El juicio unifica dos demandas de 2004 y 2008 por contaminación producto de fumigaciones aéreas y terrestres de agroquímicos en detrimento de la salud de las 1200 familias que tiene aproximadamente el barrio. Los imputados por el delito de “contaminación dolosa” –cuya pena prevista es de tres a diez años de cárcel– son dos productores, Francisco Parra y Jorge Alberto Gabrielli, y el propietario y piloto del avión fumigador, Edgardo Jorge Pancelli. En caso de comprobarse la vinculación entre fumigaciones y muerte, la figura por la que se los acusa, podría ser agravada con penas de 10 a 25 años de prisión.
Gatica fue la primera testigo de la tarde. El 24 de febrero de 2004 denunció que en el “campo de Parra”, al este del barrio, aplicaban agroquímicos con un equipo terrestre, “mosquito”. En aquella ocasión, el allanamiento realizado por orden de la fiscalía local logró identificar los restos de los productos utilizados, pero la investigación quedó cajoneada. Su pelea, no obstante, había comenzado en 2001, cuando tuvo un hijo que murió a los minutos del parto por una malformación: nació sin riñones. Conmovida por la cantidad de casos de cáncer que había en el barrio y por la muerte de su bebé, hizo la primera encuesta sanitaria del barrio. Relevó dos manzanas, con la ayuda de quienes luego conformarían el espacio Madres de Ituzaingó.
“Desde entonces hasta 2010 encontramos 193 casos de cáncer entre los vecinos, además de otras malformaciones como púrpura o labio leporino”, explicó Gatica, galardonada este año con el premio Goldman por su defensa del medio ambiente. La mujer tuvo que mudarse hace más de un año para resguardar su salud y la de su hija de 17 años, que está en pleno tratamiento de desintoxicación, luego de que detectaran que su sangre convive con dos plaguicidas. Las madres denunciaron casos de alergias respiratorias y en la piel, enfermedades neurológicas, casos de malformaciones y cánceres. “En el 2003 lograron una ordenanza que estableció la distancia mínima de fumigación de 200 metros, pero los sojeros preferían pagar las multas, lo hacían de noche o en feriados. Ellas siempre estaban ahí tratando de pararlos”, contó a Página/12 Medardo Avila Vázquez, el otro querellante.
La audiencia había comenzado a la mañana con la declaración de Marcela Ferreyra. La vecina tuvo en 2004 un chico que murió en el primer día de vida también por una malformación. “Había quedado embarazada a principios de octubre, en coincidencia con la época del año en que se fumiga intensamente en los campos. Al menos dos veces por semana, el embrión recibía directamente el veneno que era rociado vía aérea”, detalló Avila Vázquez, que es médico y fue subsecretario municipal de Salud. La mujer contó al tribunal de la Cámara 1ª del Crimen que la fumigación se hacía de noche y que el cielo quedaba tapado bajo una “nube blanca”. “El olor se sentía en el aire a la mañana siguiente”, dijo. Luego, declararon Pablo Vargas, un vecino que fotografió la fumigación del 11 de febrero de 2001, y Norma Herrera.
“Sabemos que los imputados son el eslabón más débil de este modelo de agricultura tóxica que se aplica en más del 50 por ciento del país”, apuntó Avila Vázquez. “Aquí intervienen grupos económicos, como Monsanto, y grandes productores. Sin embargo, los acusados sabían lo que hacían, actuaban a conciencia y por dinero. No tienen perdón.” Las audiencias continuarán hasta al menos el martes, cuando está prevista la declaración del investigador del Conicet Andrés Carrasco, que estudió el efecto letal del glifosato en embriones.
Más Información:
- Urgente 24 - La fumigación con agroquímicos, los otros “vuelos...
- Telam - Continúa el juicio por fumigación toxica en Córdoba...
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Buscan a un Yaguareté en el Chaco
Sigue la búsqueda del Yaguareté en zonas y parajes rurales
Fecha de Publicación: 13/06/2012
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Tras el avistaje del yaguareté en parajes y zonas rurales al norte de la localidad de Juan José Castelli, personal de la Dirección de Fauna y Áreas Naturales Protegidas y de la Administración de Parques Nacionales, realizan un operativo de búsqueda del felino.
Se ha recorrido una zona en donde se había avistado el Yaguareté (Phantera onca), que comprende en un campo de cincuenta hectáreas con una actividad productiva de chivos, cerdos, con bosque de algarrobo y vinal. En esa zona se han encontrado huellas a una distancia de 300 metros de la vivienda familiar donde habría estado el animal y aparentemente son del sábado 19 de mayo, “ya que ese día llovió y el hermano del propietario del campo encontró las halló, de las cuales se tomaron fotografías y moldes en yeso”, informaron desde la Dirección de Fauna.
Los lugareños que fueron entrevistados por los guardaparques respondieron “que no habían sufrido daño a algún animal doméstico o de granja”, por lo que el yaguareté habría solamente pasado por el lugar, ya que “no es habitual notar su presencia”.
Aprovechando la visita se dejaron cuadernos educativos del Yaguareté con actividades para la escuela, anunciado a los pobladores de la zona visitada que está prohibido cazarlo y que las multas son muy elevadas, haciéndoles referencia que ante cualquier novedad se comuniquen con la Dirección de Fauna o Parques Nacionales.
Desde la Dirección de Fauna señalaron que Ley Provincial de monumentos naturales en su artículo 2º declara la veda total y permanente para la caza de estas especies en todo el territorio del Chaco. De esta manera queda “expresa y absolutamente prohibida la captura por cualquier medio, el acosamiento, persecución, tenencia, tránsito y/o comercialización, este artículo se aplica también para los cotos y áreas de caza en propiedades particulares donde habiten estos Monumentos”.
Además recordaron que existe la Ley Nacional N º 25463 que declara al Yaguareté monumento natural en donde la Administración de Parques Nacionales y la Dirección Nacional de Fauna Silvestre compatibilizan con el organismo de fauna provincial correspondiente, y este a su vez con la Red Yaguareté, el Complejo Ecológico Municipal de Sáenz Peña e investigadores independientes.
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Fecha de Publicación: 13/06/2012
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Tras el avistaje del yaguareté en parajes y zonas rurales al norte de la localidad de Juan José Castelli, personal de la Dirección de Fauna y Áreas Naturales Protegidas y de la Administración de Parques Nacionales, realizan un operativo de búsqueda del felino.Se ha recorrido una zona en donde se había avistado el Yaguareté (Phantera onca), que comprende en un campo de cincuenta hectáreas con una actividad productiva de chivos, cerdos, con bosque de algarrobo y vinal. En esa zona se han encontrado huellas a una distancia de 300 metros de la vivienda familiar donde habría estado el animal y aparentemente son del sábado 19 de mayo, “ya que ese día llovió y el hermano del propietario del campo encontró las halló, de las cuales se tomaron fotografías y moldes en yeso”, informaron desde la Dirección de Fauna.
Los lugareños que fueron entrevistados por los guardaparques respondieron “que no habían sufrido daño a algún animal doméstico o de granja”, por lo que el yaguareté habría solamente pasado por el lugar, ya que “no es habitual notar su presencia”.
Aprovechando la visita se dejaron cuadernos educativos del Yaguareté con actividades para la escuela, anunciado a los pobladores de la zona visitada que está prohibido cazarlo y que las multas son muy elevadas, haciéndoles referencia que ante cualquier novedad se comuniquen con la Dirección de Fauna o Parques Nacionales.
Desde la Dirección de Fauna señalaron que Ley Provincial de monumentos naturales en su artículo 2º declara la veda total y permanente para la caza de estas especies en todo el territorio del Chaco. De esta manera queda “expresa y absolutamente prohibida la captura por cualquier medio, el acosamiento, persecución, tenencia, tránsito y/o comercialización, este artículo se aplica también para los cotos y áreas de caza en propiedades particulares donde habiten estos Monumentos”.
Además recordaron que existe la Ley Nacional N º 25463 que declara al Yaguareté monumento natural en donde la Administración de Parques Nacionales y la Dirección Nacional de Fauna Silvestre compatibilizan con el organismo de fauna provincial correspondiente, y este a su vez con la Red Yaguareté, el Complejo Ecológico Municipal de Sáenz Peña e investigadores independientes.
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Argentina en Río+20 dice no a la Economía Verde
“No a la Economía Verde, Sí al Desarrollo Sustentable”
Fecha de Publicación: 12/06/2012
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
“Vamos a ir con una postura muy firme a Río+20, decirle no a la Economía Verde y no a la Gobernanza Ambiental” que intentan imponer los países desarrollados, declaró el Secretario de Ambiente de la Nación, Dr. Juan José Mussi en el Salón Illia del Senado de la Nación con vistas a la próxima conferencia ambiental que se realizará en Río de Janeiro.
Junto con el Vicepresidente de la Nación y Presidente de la Cámara de Senadores, Lic. Amado Boudou; el Jefe de Gabinete de Ministros, Lic. Juan Manuel Abal Medina, y el Secretario de Relaciones Exteriores de la Cancillería, Emb. Eduardo Zuain, Mussi inauguró la Jornada de Difusión y Apoyo “Argentina en Río+20” que contó con las disertaciones de técnicos y especialistas en la materia.
El titular de la cartera ambiental recordó que “tenemos antecedentes” en este tema y citó al Mensaje a los Pueblos y Gobiernos del Mundo que elaboró el General Juan D. Perón en febrero de 1972, previo a la Conferencia de Naciones Unidas de Medio Humano (o de Estocolmo) celebrada en dicha ciudad, cuando Europa comenzaba a ver la contracara del desarrollo industrial.
A su vez, Mussi marcó las coincidencias con el discurso dado por el ex presidente Néstor Kirchner, en Gualeguaychú, cuando señaló que “desde nuestro carácter de acreedores ambientales debemos interpelar al mundo desarrollado”. “Esa es la postura que llevaremos”, insistió el secretario.
“La Economía Verde no es más que una propuesta comercial de los países desarrollados que no permite el desarrollo con sostenibilidad”.
En tal sentido, el vicepresidente Amado Boudou dijo que la Economía Verde “es una nueva forma de luchar contra el Imperialismo” y que lo que se va a discutir en Río+20, es “una cuestión política”.
“Hoy la discusión sobre el impacto ambiental es sobre el imperialismo y quiénes lo van a combatir”, expresó el vicepresidente, y si alguien lo niega “podemos discutir cómo nacen los niveles de polución”, destacó tras afirmar que “no cabe duda que es el residuo no deseado de la Revolución Industrial y no sucedió en ninguno de los países del Sur”.
El presidente del Senado subrayó que “los costos (de la contaminación) no han sido internalizados por los estados sino diseminados por los países”, lo que remite a épocas coloniales cuando se relaizaban actividades extractivas en países de ultramar sin que estos recibieran compensaciones, explicó Boudou.
Río+20 debe ser la cumbre de “los hechos, las políticas y las concreciones”. Es el “imperialismo de ciertas ideas, las mismas que llevaron a la economía mundial a ser una economía que gira en torno al sistema financiero y no al sistema productivo", afirmó.
Por su parte, Juan Manuel Abal Medina coincidió con los dichos de Mussi, al reconocer que “tenemos muy claro que lo que estamos llevando es parte de una voz que tiene que ver con la historia argentina”. “Lo importante es entender que pensar en el Desarrollo Sustentable es pensar en un país más sustentable”, remarcó el Jefe de Gabinete.
Y agregó: “los responsables de la gran catástrofe ambiental del planeta- expresó en línea con el vicepresidente- que han llevado a la crisis mundial hoy nos vienen a decir que todos en cnjunto debemos solucionar esto”.
Abal Medina hizo hincapié en que “los que la causaron deben resolver la crisis con el acompañamiento de los países en vías de desarrollo”, tal como enuncia el principio de las “responsabilidades comunes pero diferenciadas”. “Vamos a ser los principales fiscales de que esto sea así”, indicó el funcionario.
También, dedicó un párrafo a las ONGs ambientalistas que “muchas veces se suman acrtíticamente a discursos pasteurizados de los países del Norte”.
Para concluir, el Emb Zuain, manifestó el interés puesto por la Cancillería en el proceso de negociación hacia Rio+20, una cumbre que llega con las asignaturas pendientes de tranferencia tecnológica y apoyo financiero, de su antecesora.
“No estamos de acuerdo con la Economía Verde que fija parámetros técnicos y tecnologías muy altas para las naciones en vías de desarrollo; es como pagar un impuesto al desarrollo”, analizó Zuain.
En este sentido, “la idea es buscar un acuerdo que no condicione el desarrollo” de los países con menos recursos, conluyó.
El encuentro continuó, en el primer panel, con las disertaciones de la Dra. Silvia Révora; Subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de la Nación; el Lic. Daniel Filmus; el Senador Nacional Alberto Croce - Fundación SES; Anabel Sagasti, Diputada Nacional y la Diputada Nacional, Lic. Mara Brawer.
El segundo panel contó con la presencia de la Embajadora Cecilia Nahón, Secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería; el Dr. Guillermo Carmona, Diputado Nacional; el Lic. Claudio Casparrino - Carta Abierta - Comisión de Medio Ambiente y la Senadora Nacional Teresita Luna.
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Fecha de Publicación: 12/06/2012
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
“Vamos a ir con una postura muy firme a Río+20, decirle no a la Economía Verde y no a la Gobernanza Ambiental” que intentan imponer los países desarrollados, declaró el Secretario de Ambiente de la Nación, Dr. Juan José Mussi en el Salón Illia del Senado de la Nación con vistas a la próxima conferencia ambiental que se realizará en Río de Janeiro.Junto con el Vicepresidente de la Nación y Presidente de la Cámara de Senadores, Lic. Amado Boudou; el Jefe de Gabinete de Ministros, Lic. Juan Manuel Abal Medina, y el Secretario de Relaciones Exteriores de la Cancillería, Emb. Eduardo Zuain, Mussi inauguró la Jornada de Difusión y Apoyo “Argentina en Río+20” que contó con las disertaciones de técnicos y especialistas en la materia.
El titular de la cartera ambiental recordó que “tenemos antecedentes” en este tema y citó al Mensaje a los Pueblos y Gobiernos del Mundo que elaboró el General Juan D. Perón en febrero de 1972, previo a la Conferencia de Naciones Unidas de Medio Humano (o de Estocolmo) celebrada en dicha ciudad, cuando Europa comenzaba a ver la contracara del desarrollo industrial.
A su vez, Mussi marcó las coincidencias con el discurso dado por el ex presidente Néstor Kirchner, en Gualeguaychú, cuando señaló que “desde nuestro carácter de acreedores ambientales debemos interpelar al mundo desarrollado”. “Esa es la postura que llevaremos”, insistió el secretario.
“La Economía Verde no es más que una propuesta comercial de los países desarrollados que no permite el desarrollo con sostenibilidad”.
En tal sentido, el vicepresidente Amado Boudou dijo que la Economía Verde “es una nueva forma de luchar contra el Imperialismo” y que lo que se va a discutir en Río+20, es “una cuestión política”.
“Hoy la discusión sobre el impacto ambiental es sobre el imperialismo y quiénes lo van a combatir”, expresó el vicepresidente, y si alguien lo niega “podemos discutir cómo nacen los niveles de polución”, destacó tras afirmar que “no cabe duda que es el residuo no deseado de la Revolución Industrial y no sucedió en ninguno de los países del Sur”.
El presidente del Senado subrayó que “los costos (de la contaminación) no han sido internalizados por los estados sino diseminados por los países”, lo que remite a épocas coloniales cuando se relaizaban actividades extractivas en países de ultramar sin que estos recibieran compensaciones, explicó Boudou.
Río+20 debe ser la cumbre de “los hechos, las políticas y las concreciones”. Es el “imperialismo de ciertas ideas, las mismas que llevaron a la economía mundial a ser una economía que gira en torno al sistema financiero y no al sistema productivo", afirmó.
Por su parte, Juan Manuel Abal Medina coincidió con los dichos de Mussi, al reconocer que “tenemos muy claro que lo que estamos llevando es parte de una voz que tiene que ver con la historia argentina”. “Lo importante es entender que pensar en el Desarrollo Sustentable es pensar en un país más sustentable”, remarcó el Jefe de Gabinete.
Y agregó: “los responsables de la gran catástrofe ambiental del planeta- expresó en línea con el vicepresidente- que han llevado a la crisis mundial hoy nos vienen a decir que todos en cnjunto debemos solucionar esto”.
Abal Medina hizo hincapié en que “los que la causaron deben resolver la crisis con el acompañamiento de los países en vías de desarrollo”, tal como enuncia el principio de las “responsabilidades comunes pero diferenciadas”. “Vamos a ser los principales fiscales de que esto sea así”, indicó el funcionario.
También, dedicó un párrafo a las ONGs ambientalistas que “muchas veces se suman acrtíticamente a discursos pasteurizados de los países del Norte”.
Para concluir, el Emb Zuain, manifestó el interés puesto por la Cancillería en el proceso de negociación hacia Rio+20, una cumbre que llega con las asignaturas pendientes de tranferencia tecnológica y apoyo financiero, de su antecesora.
“No estamos de acuerdo con la Economía Verde que fija parámetros técnicos y tecnologías muy altas para las naciones en vías de desarrollo; es como pagar un impuesto al desarrollo”, analizó Zuain.
En este sentido, “la idea es buscar un acuerdo que no condicione el desarrollo” de los países con menos recursos, conluyó.
El encuentro continuó, en el primer panel, con las disertaciones de la Dra. Silvia Révora; Subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de la Nación; el Lic. Daniel Filmus; el Senador Nacional Alberto Croce - Fundación SES; Anabel Sagasti, Diputada Nacional y la Diputada Nacional, Lic. Mara Brawer.
El segundo panel contó con la presencia de la Embajadora Cecilia Nahón, Secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería; el Dr. Guillermo Carmona, Diputado Nacional; el Lic. Claudio Casparrino - Carta Abierta - Comisión de Medio Ambiente y la Senadora Nacional Teresita Luna.
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El daño ambiental de YPF aún no se debate
El daño ambiental aún no se debate
Fecha de Publicación: 12/06/2012
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
En los últimos meses, cuatro bloques legislativos plantearon sin éxito investigar los daños de la industria hidrocarburífera en la provincia. Fue antes de que el gobierno nacional difundiera faltas de Repsol.
En los últimos seis meses, bloques de la oposición en la Legislatura presentaron cuatro pedidos de informe para conocer el daño ambiental que dejó la administración española de YPF. Ocurrió antes de que el gobierno nacional confirmara el pasivo por falta de remediación en los principales pozos de la provincia. Sin embargo, el tema sigue sin discutirse en la Cámara y ninguna de las iniciativas avanzó en las comisiones de trabajo.
Daniel Baum, diputado de Unión Popular y uno de los autores de la ley que regula los controles en la industria petrolera, anticipó que pedirá discutir el tema en la próxima reunión de la comisión de Hidrocarburos. Dijo que el documento difundido recientemente por el gobierno nacional -titulado Informe Mosconi- confirmó “que sólo se remedió un 3% sobre 1,8 millones de metros cúbicos de tierra contaminada".
“La ley preveía un presupuesto de millones de pesos con una tasa ambiental para garantizar los controles y hay que ver qué pasó”, sostuvo Baum. Recordó además que la ley de control ambiental que se sancionó en 2008, si bien sufrió modificaciones hasta el año pasado, está en plena vigencia.
El presidente de la Comisión de Hidrocarburos y diputado del MPN, Luis Sapag, opinó que el pasivo ambiental “es un tema que hay que tomar con profundidad" y que "requiere legislaciones específicas". “Las leyes genéricas están y son buenas; pasa que hay que aplicarlas bien. No quiero decir que hoy se esté haciendo mal, sino que siempre se puede mejorar”, planteó.
En febrero, el bloque de UNE-FPN pidió al ministro de Energía Guillermo Coco que detallara la situación ambiental. Reiteraron el planteo un mes después, acotándolo al área Octógono Fiscal de Plaza Huincul. Ninguno de los dos proyectos fue tratado.
En abril, ante la nacionalización de YPF, Libres del Sur impulsó una declaración para que el Ejecutivo investigara el pasivo que dejó Repsol. La propuesta fue rechazada por el oficialismo en la comisión y en la Cámara.
También en abril, la UCR propuso una comisión especial para auditar la contaminación. El diputado Alejandro Vidal defendió la propuesta en la Cámara, sin mayor éxito que sus pares de UNE-FPN y Libres del Sur. Reiteró además la invitación a Coco para que diera explicaciones, pero el ministro recibió a los diputados en un hotel céntrico de la capital y no fue a la Legislatura.
Las respuestas, aunque informales, llegaron a fines de abril. El subsecretario de Ambiente, Ricardo Esquivel, aseguró que su área tenía 50 inspectores para garantizar los controles y que se había avanzado en la remediación ambiental “histórica”. El mes pasado, el ministro Coco estimó que el pasivo ronda los 1.500 millones de dólares y, por esas declaraciones, el diputado Rodolfo Canini (Frente Grande-MUN) elevó un nuevo pedido, esta vez a la vicegobernadora Ana Pechen. “Se supone que los diputados recibimos un informe cuatrimestral sobre la actividad petrolera, pero no encontré nada sobre lo que dijo el ministro", explicó Canini sobre la nota que aún no tuvo respuesta.
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Fecha de Publicación: 12/06/2012
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
En los últimos meses, cuatro bloques legislativos plantearon sin éxito investigar los daños de la industria hidrocarburífera en la provincia. Fue antes de que el gobierno nacional difundiera faltas de Repsol. En los últimos seis meses, bloques de la oposición en la Legislatura presentaron cuatro pedidos de informe para conocer el daño ambiental que dejó la administración española de YPF. Ocurrió antes de que el gobierno nacional confirmara el pasivo por falta de remediación en los principales pozos de la provincia. Sin embargo, el tema sigue sin discutirse en la Cámara y ninguna de las iniciativas avanzó en las comisiones de trabajo.
Daniel Baum, diputado de Unión Popular y uno de los autores de la ley que regula los controles en la industria petrolera, anticipó que pedirá discutir el tema en la próxima reunión de la comisión de Hidrocarburos. Dijo que el documento difundido recientemente por el gobierno nacional -titulado Informe Mosconi- confirmó “que sólo se remedió un 3% sobre 1,8 millones de metros cúbicos de tierra contaminada".
“La ley preveía un presupuesto de millones de pesos con una tasa ambiental para garantizar los controles y hay que ver qué pasó”, sostuvo Baum. Recordó además que la ley de control ambiental que se sancionó en 2008, si bien sufrió modificaciones hasta el año pasado, está en plena vigencia.
El presidente de la Comisión de Hidrocarburos y diputado del MPN, Luis Sapag, opinó que el pasivo ambiental “es un tema que hay que tomar con profundidad" y que "requiere legislaciones específicas". “Las leyes genéricas están y son buenas; pasa que hay que aplicarlas bien. No quiero decir que hoy se esté haciendo mal, sino que siempre se puede mejorar”, planteó.
En febrero, el bloque de UNE-FPN pidió al ministro de Energía Guillermo Coco que detallara la situación ambiental. Reiteraron el planteo un mes después, acotándolo al área Octógono Fiscal de Plaza Huincul. Ninguno de los dos proyectos fue tratado.
En abril, ante la nacionalización de YPF, Libres del Sur impulsó una declaración para que el Ejecutivo investigara el pasivo que dejó Repsol. La propuesta fue rechazada por el oficialismo en la comisión y en la Cámara.
También en abril, la UCR propuso una comisión especial para auditar la contaminación. El diputado Alejandro Vidal defendió la propuesta en la Cámara, sin mayor éxito que sus pares de UNE-FPN y Libres del Sur. Reiteró además la invitación a Coco para que diera explicaciones, pero el ministro recibió a los diputados en un hotel céntrico de la capital y no fue a la Legislatura.
Las respuestas, aunque informales, llegaron a fines de abril. El subsecretario de Ambiente, Ricardo Esquivel, aseguró que su área tenía 50 inspectores para garantizar los controles y que se había avanzado en la remediación ambiental “histórica”. El mes pasado, el ministro Coco estimó que el pasivo ronda los 1.500 millones de dólares y, por esas declaraciones, el diputado Rodolfo Canini (Frente Grande-MUN) elevó un nuevo pedido, esta vez a la vicegobernadora Ana Pechen. “Se supone que los diputados recibimos un informe cuatrimestral sobre la actividad petrolera, pero no encontré nada sobre lo que dijo el ministro", explicó Canini sobre la nota que aún no tuvo respuesta.
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Agroquímicos: juzgan a productores por contaminación
Los agrotóxicos llegaron a juicio oral
Fecha de Publicación: 11/06/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Por primera vez en el país, una causa por fumigación con glifosato y endosulfán llega a juicio oral. Es el caso del barrio Ituzaingó, en Córdoba, donde se vienen haciendo denuncias desde hace una década. Hoy habrá una marcha en apoyo a la investigación.
El primer juicio oral y público de la historia argentina por fumigación de agroquímicos cerca de poblaciones urbanas comenzará hoy en Córdoba. El proceso judicial es el resultado de más de una década de lucha contra la contaminación ambiental en el barrio Ituzaingó Anexo, un poblado de cinco mil habitantes ubicado en la periferia de la capital provincial, al límite con áreas rurales, donde los vecinos constataron un notorio aumento de casos de cáncer y malformaciones en niños desde la implementación de la producción intensiva de soja. Durante toda la semana, organizaciones vecinales y ambientalistas realizarán manifestaciones frente a las puertas del tribunal encargado de evaluar la responsabilidad en esos hechos de dos productores agrícolas y el dueño de la avioneta que fumigaba sembradíos.
“El uso masivo y creciente de agrotóxicos es un problema de soberanía popular”, expresaron las organizaciones Madres de Barrio Ituzaingó Anexo y el Colectivo Paren de Fumigar Córdoba, impulsoras del juicio, junto a la Red de Médicos de Pueblos Fumigados. El proceso judicial, a cargo de la Cámara 1 del Crimen, comenzará a las 9 con una audiencia de acusaciones y testimonios respecto del uso ilegal de sustancias tóxicas en el barrio. La querella intentará una condena por el delito de “contaminación dolosa” para los tres imputados: los productores agropecuarios Jorge Alberto Gabrielli y Francisco Parra, y el comerciante y piloto de avión fumigador Edgardo Jorge Pancello.
El juicio unificará dos demandas presentadas en 2004 y 2008, aunque el problema se remonta a fines de 2001, cuando un grupo de mujeres, integrantes hoy de la organización Madres de Barrio Ituzaingó Anexo, comenzó a notar el incremento de enfermedades relacionadas con la contaminación. “Las mujeres andaban con pañuelo en la cabeza, rapadas por la quimioterapia, y los niños, todos con barbijo”, relató a Página/12 María Godoy, militante de esa agrupación. “Lo lamentable –expresó– es que a pesar de todo lo que conseguimos, como ordenanzas y amparos, seguimos viéndolos enfermos por la calle.” En 2004, Sofía Gatica, una de estas madres, realizó la primera denuncia por la fumigación terrestre de agroquímicos en el “campo de Parra”.
Gatica, contó Godoy, “había perdido una hija con malformación de riñón y fue quien descubrió que estábamos todos afectados. En 2011, se hizo un estudio de sangre a 140 niños del barrio que determinó que el 80 por ciento de ellos tienen agrotóxico en la sangre. El anterior había sido en 2005, a 30 niños, y había determinado que 9 de cada 10 tenía el veneno. Esto significa que el daño es irreparable, estamos contaminados”.
La segunda causa, de 2008, fue iniciada por el entonces subsecretario de Salud de la ciudad de Córdoba y hoy referente de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, Medardo Avila Vázquez, que denunció la fumigación aérea de glifosato y endosulfán por parte de una avioneta sin identificar, que resultó ser propiedad de Pancello. Además de violar las ordenanzas municipales y la Ley Provincial de Agroquímicos Nº 9164 –que advierte que el endosulfán no debe ser aplicado en un radio menor a 1500 metros y el glifosato a menos de 500 metros de zonas urbanas–, violaba la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos. El piloto había sido contratado por los empresarios sojeros Parra (el mismo denunciado por Gatica) y Gabrielli.
“Esta es la primera causa por agroquímicos de toda Latinoamérica. Hemos tenido recursos de amparo en muchas provincias, pero una causa penal, nunca. Entonces es especialmente importante que la condena sea ejemplar. No podemos permitir que apliquen veneno sobre nuestros niños”, señaló a este diario Avila Vázquez. A mediados de mayo último, el fiscal de instrucción Carlos Matheu ordenó investigar si existe una relación directa entre la fumigación y las muertes por cáncer en el barrio. Para ello, resolvió imputar a Gabrielli y Parra por “contaminación dolosa”, según la Ley 24.051, que prevé de tres a diez años de prisión, aunque la figura podría ser agravada por “resultado de muerte”, con penas de 10 a 25 años de prisión.
Más Información:
- Infobae - Córdoba: primer juicio por contaminación con agroquímicos
- El Litoral - Contaminación de agroquímicos
- Rosario 3 - Primer juicio por contaminación con agroquímicos
- Telam - Por primera vez en Córdoba, juzgan a productores ...
- AIM - Comienza el primer juicio nacional por uso de agrotóxicos
- Ver todas las noticias del día en los Diarios de Córdoba en edición impresa
- Ver todas las noticias del día en los Diarios de Córdoba en edición On Line
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Fecha de Publicación: 11/06/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Por primera vez en el país, una causa por fumigación con glifosato y endosulfán llega a juicio oral. Es el caso del barrio Ituzaingó, en Córdoba, donde se vienen haciendo denuncias desde hace una década. Hoy habrá una marcha en apoyo a la investigación.El primer juicio oral y público de la historia argentina por fumigación de agroquímicos cerca de poblaciones urbanas comenzará hoy en Córdoba. El proceso judicial es el resultado de más de una década de lucha contra la contaminación ambiental en el barrio Ituzaingó Anexo, un poblado de cinco mil habitantes ubicado en la periferia de la capital provincial, al límite con áreas rurales, donde los vecinos constataron un notorio aumento de casos de cáncer y malformaciones en niños desde la implementación de la producción intensiva de soja. Durante toda la semana, organizaciones vecinales y ambientalistas realizarán manifestaciones frente a las puertas del tribunal encargado de evaluar la responsabilidad en esos hechos de dos productores agrícolas y el dueño de la avioneta que fumigaba sembradíos.
“El uso masivo y creciente de agrotóxicos es un problema de soberanía popular”, expresaron las organizaciones Madres de Barrio Ituzaingó Anexo y el Colectivo Paren de Fumigar Córdoba, impulsoras del juicio, junto a la Red de Médicos de Pueblos Fumigados. El proceso judicial, a cargo de la Cámara 1 del Crimen, comenzará a las 9 con una audiencia de acusaciones y testimonios respecto del uso ilegal de sustancias tóxicas en el barrio. La querella intentará una condena por el delito de “contaminación dolosa” para los tres imputados: los productores agropecuarios Jorge Alberto Gabrielli y Francisco Parra, y el comerciante y piloto de avión fumigador Edgardo Jorge Pancello.
El juicio unificará dos demandas presentadas en 2004 y 2008, aunque el problema se remonta a fines de 2001, cuando un grupo de mujeres, integrantes hoy de la organización Madres de Barrio Ituzaingó Anexo, comenzó a notar el incremento de enfermedades relacionadas con la contaminación. “Las mujeres andaban con pañuelo en la cabeza, rapadas por la quimioterapia, y los niños, todos con barbijo”, relató a Página/12 María Godoy, militante de esa agrupación. “Lo lamentable –expresó– es que a pesar de todo lo que conseguimos, como ordenanzas y amparos, seguimos viéndolos enfermos por la calle.” En 2004, Sofía Gatica, una de estas madres, realizó la primera denuncia por la fumigación terrestre de agroquímicos en el “campo de Parra”.
Gatica, contó Godoy, “había perdido una hija con malformación de riñón y fue quien descubrió que estábamos todos afectados. En 2011, se hizo un estudio de sangre a 140 niños del barrio que determinó que el 80 por ciento de ellos tienen agrotóxico en la sangre. El anterior había sido en 2005, a 30 niños, y había determinado que 9 de cada 10 tenía el veneno. Esto significa que el daño es irreparable, estamos contaminados”.
La segunda causa, de 2008, fue iniciada por el entonces subsecretario de Salud de la ciudad de Córdoba y hoy referente de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, Medardo Avila Vázquez, que denunció la fumigación aérea de glifosato y endosulfán por parte de una avioneta sin identificar, que resultó ser propiedad de Pancello. Además de violar las ordenanzas municipales y la Ley Provincial de Agroquímicos Nº 9164 –que advierte que el endosulfán no debe ser aplicado en un radio menor a 1500 metros y el glifosato a menos de 500 metros de zonas urbanas–, violaba la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos. El piloto había sido contratado por los empresarios sojeros Parra (el mismo denunciado por Gatica) y Gabrielli.
“Esta es la primera causa por agroquímicos de toda Latinoamérica. Hemos tenido recursos de amparo en muchas provincias, pero una causa penal, nunca. Entonces es especialmente importante que la condena sea ejemplar. No podemos permitir que apliquen veneno sobre nuestros niños”, señaló a este diario Avila Vázquez. A mediados de mayo último, el fiscal de instrucción Carlos Matheu ordenó investigar si existe una relación directa entre la fumigación y las muertes por cáncer en el barrio. Para ello, resolvió imputar a Gabrielli y Parra por “contaminación dolosa”, según la Ley 24.051, que prevé de tres a diez años de prisión, aunque la figura podría ser agravada por “resultado de muerte”, con penas de 10 a 25 años de prisión.
Más Información:
- Infobae - Córdoba: primer juicio por contaminación con agroquímicos
- El Litoral - Contaminación de agroquímicos
- Rosario 3 - Primer juicio por contaminación con agroquímicos
- Telam - Por primera vez en Córdoba, juzgan a productores ...
- AIM - Comienza el primer juicio nacional por uso de agrotóxicos
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Basura: un problema a punto de estallar
Basura: un problema a punto de estallar del que nadie se hace cargo
Fecha de Publicación: 10/06/2012
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
En el área metropolitana, la Ceamse se encarga desde 1977 de los predios a cielo abierto donde se entierran los desechos de treinta municipios. Aunque la mayoría podría reutilizarse y reciclarse, no hay inversiones, y el tema se convirtió en una verdadera bomba de tiempo: según expertos, no sólo hay falta de espacios –en abril de 2013 colapsaría el único relleno sanitario habilitado en el Conurbano–, sino también peligro de explosiones. Algunos ya trabajan en alternativas.
El conflicto entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el de la Ciudad sobre dónde depositará cada territorio la basura desató una serie de reclamos que tiempo atrás, tanto ambientalistas como organismos especializados, venían solicitando: una política macro fuerte a largo plazo que busque gestionar de manera responsable los residuos sólidos urbanos (RSU) de toda la zona metropolitana.
Se suele decir que la problemática de la basura termina cuando el camión recolector pasa por la puerta de una propiedad. Pero es ahí cuando recién empieza. De las 16 mil toneladas de basura diarias que recibe la Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), proveniente de treinta municipios de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma, la gran mayoría podría reutilizarse y reciclarse. Sin embargo, la generación de residuos aumenta año tras año (de más de un millón de toneladas en 1980 pasó a más del doble en 2000) y diversas ONG, grupos ambientalistas y organismos especializados debatieron con PERFIL acerca de las problemáticas que genera el enterramiento y de las alternativas que algunos llevan adelante.
La implementación del método de disposición final en rellenos sanitarios nació en el país hace 35 años, bajo el mando de la Ceamse, una entidad creada en 1977 y compartida entre el Gobierno de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. A partir de ese año, la gestión de los residuos adquirió escala metropolitana. “Si bien en su momento esto fue tomado como un avance con relación a las incineraciones con residuo fósil que se venían haciendo. Nunca se pensó en invertir en maquinarias ni tecnología de recuperación o reciclaje desde la separación en origen”, planteó a PERFIL una especialista en residuos urbanos y miembro de Greenpeace, Consuelo Vilbao.
Por lo cual, luego de varios años, la disposición final se fue convirtiendo en una “bomba de tiempo”. Según la estudiosa del tema, en la actualidad se está viviendo una etapa de colapso de este sistema; no sólo por la falta de disponibilidad de nuevas tierras para enterrar desechos –en abril de 2013 colapsaría el único relleno sanitario habilitado en el Conurbano bonaerense–, sino porque los rellenos conforman un “combo tóxico”.
El consultor ambiental y asesor de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público Alvaro Huguet confirmó que los rellenos traen aparejado “contaminación de subsuelo y napas freáticas, cuyo contacto puede ocasionar enfermedades como lupus, púrpura y cáncer. Además de olores desagradables, venteo de gas metano, degradación del paisaje y atracción de roedores y plagas”.
Cómo tratarlos. La mayor tajada de los residuos que se depositan en la Ceamse es la de los residuos orgánicos (restos de alimentos, pasto) con un 60 por ciento del total de lo enterrado.
Distintos especialistas consultados coinciden en que esta fracción es la que trae aparejadas las peores consecuencias. “Al ser húmeda, es la más peligrosa y conflictiva porque es la que conlleva la putrefacción de los basurales y la generación de los lixiviados y gas metano”, detalla Huguet, quien es el creador de los biodigestores anaeróbicos, una de las soluciones que puede dársele a este tipo de residuos: transformarlos en compost, alimento para la lombriz roja californiana, producir biogás, energía renovable.
De esta manera, a partir de las explicaciones de los analistas, los residuos vuelven a la naturaleza y le generan un corte en el gasto municipal ya que cada gobierno comunal se responsabiliza de la recolección y el transporte de los residuos hacia el correspondiente relleno sanitario. Es decir, cada municipio contrata una empresa recolectora, cuyo gasto demanda un alto porcentaje del presupuesto, y a la vez le paga a la Ceamse por tonelada entregada. “En el Conurbano está el 50% de la basura del país, junto con Ciudad y La Plata. Lo orgánico es el negocio porque al estar mojado, hace más peso”, denuncia sin cobardía Huguet.
Por su parte, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires promulgó en diciembre de 2006 la Ley 13.592 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, que abarca a todos los municipios de provincia y planteaba como principal objetivo alcanzar una reducción del 30% del total de residuos para 2011. Poco se hizo al respecto ya que la gran mayoría lo sigue depositando en la Ceamse.
Sin embargo, desde dicho organismo, el ingeniero Marcelo Rosso, gerente de Operaciones de la empresa, destacó a este medio que “en cualquier sistema de gestión integral de residuos, aquí o en cualquier parte del mundo, debe contener para su etapa final uno o más rellenos sanitarios. Independientemente de las técnicas de recupero, reciclado o valoración térmica”.
Desde Greenpeace critican que no se hayan tomado las medidas suficientes para que se redujera la basura, ni que los rellenos cuenten con un adecuado sistema de impermeabilización para evitar que los lixiviados migren hacia las aguas subterráneas, como sucede en González Catán, partido de La Matanza (ver recuadro).
Aunque la Ceamse respondió que desde 2001 opera la planta de compostaje “más grande de Argentina” con una capacidad de procesamiento de 1.200 toneladas al mes, en el Norte III, uno de los rellenos más importantes y el único habilitado, pero con poco tiempo de vida útil: su fecha de colapso es en abril de 2013.
“Estas plantas son buenas si están dentro de un eslabón, porque si juntás un papel y lo humedeciste, ese papel ya no sirve más. La clave está en la separación en origen. Para ello, debe haber incentivos para esa separación, como descuentos en las tasas o multas. Es que esto es un negocio para pocos”, detalló Vilbao.
Como a principios del año que viene se agotaría la capacidad del relleno Norte III, Rosso explicó que están en desarrollo las gestiones con el Ministerio de Defensa del Gobierno nacional para extender la superficie y construir un nuevo módulo en la zona.
Experiencias alternativas. A pesar de la situación, en el país existen diversas iniciativas que promueven el reciclado y reutilización de todos los RSU.
Se calcula que en el país existen 200 plantas de tratamiento de residuos orgánicos, promovidos por sectores públicos y privados. Por ejemplo –aunque los municipios del Conurbano bonaerense no se destaquen por hacer esta clase de tareas– es notable el programa “Morón Recicla”, que lleva adelante ese municipio en algunas localidades, donde los vecinos separan los residuos reciclables secos y limpios para que promotores ambientales los recolecten. En La Plata, los ciudadanos hacen algo similar, al depositar la basura reciclable en una “bolsa verde”, para ser tratados posteriormente. Tanto en Avellaneda como Morón se prevé la instalación de plantas de tratamiento diferenciado de residuos.
En el interior de la provincia también se vivencian casos de tratamiento, como Trenque Lauquen, que desde los ‘90 desarrolla un proyecto que clasifica la basura en residuos orgánicos e inorgánicos. Los primeros vuelven a ser clasificados en una planta de tratamiento, que genera compost.
Por su parte, en varias provincias del país, como la ciudad de Santa Fe, se dan modelos de recolección diferenciada en los domicilios particulares. Allí se trabaja fuertemente con los supermercados, hospitales, comercios, industrias y locales gastronómicos.
En tanto, científicos del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente (Iniboma) elaboraron un proyecto de generación de basura y reciclado en Aluminé (Neuquén), que contempla el cierre de un antiguo basurero y la discriminación de desechos húmedos y secos. En Colón, Entre Ríos, se acaba de instalar un biodigestor en una escuela que genera biogás.
De todos modos, la pregunta sigue siendo compleja: ¿qué hacemos con la basura?
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Fecha de Publicación: 10/06/2012
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
En el área metropolitana, la Ceamse se encarga desde 1977 de los predios a cielo abierto donde se entierran los desechos de treinta municipios. Aunque la mayoría podría reutilizarse y reciclarse, no hay inversiones, y el tema se convirtió en una verdadera bomba de tiempo: según expertos, no sólo hay falta de espacios –en abril de 2013 colapsaría el único relleno sanitario habilitado en el Conurbano–, sino también peligro de explosiones. Algunos ya trabajan en alternativas.El conflicto entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el de la Ciudad sobre dónde depositará cada territorio la basura desató una serie de reclamos que tiempo atrás, tanto ambientalistas como organismos especializados, venían solicitando: una política macro fuerte a largo plazo que busque gestionar de manera responsable los residuos sólidos urbanos (RSU) de toda la zona metropolitana.
Se suele decir que la problemática de la basura termina cuando el camión recolector pasa por la puerta de una propiedad. Pero es ahí cuando recién empieza. De las 16 mil toneladas de basura diarias que recibe la Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), proveniente de treinta municipios de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma, la gran mayoría podría reutilizarse y reciclarse. Sin embargo, la generación de residuos aumenta año tras año (de más de un millón de toneladas en 1980 pasó a más del doble en 2000) y diversas ONG, grupos ambientalistas y organismos especializados debatieron con PERFIL acerca de las problemáticas que genera el enterramiento y de las alternativas que algunos llevan adelante.
La implementación del método de disposición final en rellenos sanitarios nació en el país hace 35 años, bajo el mando de la Ceamse, una entidad creada en 1977 y compartida entre el Gobierno de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. A partir de ese año, la gestión de los residuos adquirió escala metropolitana. “Si bien en su momento esto fue tomado como un avance con relación a las incineraciones con residuo fósil que se venían haciendo. Nunca se pensó en invertir en maquinarias ni tecnología de recuperación o reciclaje desde la separación en origen”, planteó a PERFIL una especialista en residuos urbanos y miembro de Greenpeace, Consuelo Vilbao.
Por lo cual, luego de varios años, la disposición final se fue convirtiendo en una “bomba de tiempo”. Según la estudiosa del tema, en la actualidad se está viviendo una etapa de colapso de este sistema; no sólo por la falta de disponibilidad de nuevas tierras para enterrar desechos –en abril de 2013 colapsaría el único relleno sanitario habilitado en el Conurbano bonaerense–, sino porque los rellenos conforman un “combo tóxico”.
El consultor ambiental y asesor de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público Alvaro Huguet confirmó que los rellenos traen aparejado “contaminación de subsuelo y napas freáticas, cuyo contacto puede ocasionar enfermedades como lupus, púrpura y cáncer. Además de olores desagradables, venteo de gas metano, degradación del paisaje y atracción de roedores y plagas”.
Cómo tratarlos. La mayor tajada de los residuos que se depositan en la Ceamse es la de los residuos orgánicos (restos de alimentos, pasto) con un 60 por ciento del total de lo enterrado.
Distintos especialistas consultados coinciden en que esta fracción es la que trae aparejadas las peores consecuencias. “Al ser húmeda, es la más peligrosa y conflictiva porque es la que conlleva la putrefacción de los basurales y la generación de los lixiviados y gas metano”, detalla Huguet, quien es el creador de los biodigestores anaeróbicos, una de las soluciones que puede dársele a este tipo de residuos: transformarlos en compost, alimento para la lombriz roja californiana, producir biogás, energía renovable.
De esta manera, a partir de las explicaciones de los analistas, los residuos vuelven a la naturaleza y le generan un corte en el gasto municipal ya que cada gobierno comunal se responsabiliza de la recolección y el transporte de los residuos hacia el correspondiente relleno sanitario. Es decir, cada municipio contrata una empresa recolectora, cuyo gasto demanda un alto porcentaje del presupuesto, y a la vez le paga a la Ceamse por tonelada entregada. “En el Conurbano está el 50% de la basura del país, junto con Ciudad y La Plata. Lo orgánico es el negocio porque al estar mojado, hace más peso”, denuncia sin cobardía Huguet.
Por su parte, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires promulgó en diciembre de 2006 la Ley 13.592 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, que abarca a todos los municipios de provincia y planteaba como principal objetivo alcanzar una reducción del 30% del total de residuos para 2011. Poco se hizo al respecto ya que la gran mayoría lo sigue depositando en la Ceamse.
Sin embargo, desde dicho organismo, el ingeniero Marcelo Rosso, gerente de Operaciones de la empresa, destacó a este medio que “en cualquier sistema de gestión integral de residuos, aquí o en cualquier parte del mundo, debe contener para su etapa final uno o más rellenos sanitarios. Independientemente de las técnicas de recupero, reciclado o valoración térmica”.
Desde Greenpeace critican que no se hayan tomado las medidas suficientes para que se redujera la basura, ni que los rellenos cuenten con un adecuado sistema de impermeabilización para evitar que los lixiviados migren hacia las aguas subterráneas, como sucede en González Catán, partido de La Matanza (ver recuadro).
Aunque la Ceamse respondió que desde 2001 opera la planta de compostaje “más grande de Argentina” con una capacidad de procesamiento de 1.200 toneladas al mes, en el Norte III, uno de los rellenos más importantes y el único habilitado, pero con poco tiempo de vida útil: su fecha de colapso es en abril de 2013.
“Estas plantas son buenas si están dentro de un eslabón, porque si juntás un papel y lo humedeciste, ese papel ya no sirve más. La clave está en la separación en origen. Para ello, debe haber incentivos para esa separación, como descuentos en las tasas o multas. Es que esto es un negocio para pocos”, detalló Vilbao.
Como a principios del año que viene se agotaría la capacidad del relleno Norte III, Rosso explicó que están en desarrollo las gestiones con el Ministerio de Defensa del Gobierno nacional para extender la superficie y construir un nuevo módulo en la zona.
Experiencias alternativas. A pesar de la situación, en el país existen diversas iniciativas que promueven el reciclado y reutilización de todos los RSU.
Se calcula que en el país existen 200 plantas de tratamiento de residuos orgánicos, promovidos por sectores públicos y privados. Por ejemplo –aunque los municipios del Conurbano bonaerense no se destaquen por hacer esta clase de tareas– es notable el programa “Morón Recicla”, que lleva adelante ese municipio en algunas localidades, donde los vecinos separan los residuos reciclables secos y limpios para que promotores ambientales los recolecten. En La Plata, los ciudadanos hacen algo similar, al depositar la basura reciclable en una “bolsa verde”, para ser tratados posteriormente. Tanto en Avellaneda como Morón se prevé la instalación de plantas de tratamiento diferenciado de residuos.
En el interior de la provincia también se vivencian casos de tratamiento, como Trenque Lauquen, que desde los ‘90 desarrolla un proyecto que clasifica la basura en residuos orgánicos e inorgánicos. Los primeros vuelven a ser clasificados en una planta de tratamiento, que genera compost.
Por su parte, en varias provincias del país, como la ciudad de Santa Fe, se dan modelos de recolección diferenciada en los domicilios particulares. Allí se trabaja fuertemente con los supermercados, hospitales, comercios, industrias y locales gastronómicos.
En tanto, científicos del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente (Iniboma) elaboraron un proyecto de generación de basura y reciclado en Aluminé (Neuquén), que contempla el cierre de un antiguo basurero y la discriminación de desechos húmedos y secos. En Colón, Entre Ríos, se acaba de instalar un biodigestor en una escuela que genera biogás.
De todos modos, la pregunta sigue siendo compleja: ¿qué hacemos con la basura?
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En Neuquén recurren al TSJ por Loncopué
Minería: la Provincia va el lunes al TSJ
Fecha de Publicación: 09/06/2012
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Lo confirmó el fiscal de Estado, Raúl Gaitán, en referencia a la consulta que rechazó la actividad en Loncopué. “Durante el fin de semana se terminará de trabajar en la presentación”, afirmó.
No dieron los tiempos y el gobierno provincial pospuso para el lunes la presentación contra la consulta realizada el fin de semana pasado en Loncopué, que derivó en la sanción de una ordenanza que prohíbe la minería a cielo abierto en la localidad.
“No la presentamos. Lo vamos a hacer el lunes. Vamos a trabajarla el fin de semana”, confirmó el fiscal de Estado, Raúl Gaitán, en referencia al recurso con el que el gobierno provincial intentará dejar sin efecto el resultado de la consulta pública y, en consecuencia, también la ordenanza por la que fue convocada.
El camino elegido por los equipos legales de la Provincia sería el de la acción de inconstitucionalidad, en tanto que uno de los principales argumentos que se terminarán de trabajar durante el fin de semana apunta a demostrar que el municipio de Loncopué se habría excedido en sus facultades al convocar al acto eleccionario. Además, que se habría inmiscuido en las que le corresponden, por Constitución, al gobierno provincial.
Gaitán evitó precisar el rumbo del escrito, pero en diálogo con La Mañana de Neuquén confirmó que se cuestionará, además del acto, la ordenanza en la que derivó. “Lo de la ordenanza se va a pedir que se pare, pero no puedo adelantar más. El lunes vamos a presentarnos”, sostuvo el fiscal de Estado.
El objetivo del gobierno provincial es que el TSJ intervenga en lo que considera un conflicto de poderes. Así lo plantearon en los últimos días diputados, el gobernador Jorge Sapag y su vice, Ana Pechen. El punto común del discurso es que el artículo 311 de la Constitución Provincial no faculta a los municipios a hacer consultas obligatorias y vinculantes que, sostienen, es lo que ocurrió el domingo pasado en Loncopué.
Definirá el pleno
Cuando la Corporación Minera de la Provincia (Cormine) intentó frenar la consulta, la Sala Procesal Administrativa del TSJ, integrada por Oscar Massei y Antonio Labate, resolvió no hacer lugar a la medida cautelar. Se advirtió en el fallo que si eventualmente se sancionara la norma sometida a votación, ésta podía ser igualmente sometida a revisión jurisdiccional.
Ante el nuevo recurso no resolvería la sala, sino el cuerpo de los cinco vocales en su conjunto. Es que las acciones de inconstitucionalidad, según la ley orgánica del Poder Judicial, se definen por el pleno.
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Fecha de Publicación: 09/06/2012
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Lo confirmó el fiscal de Estado, Raúl Gaitán, en referencia a la consulta que rechazó la actividad en Loncopué. “Durante el fin de semana se terminará de trabajar en la presentación”, afirmó.
No dieron los tiempos y el gobierno provincial pospuso para el lunes la presentación contra la consulta realizada el fin de semana pasado en Loncopué, que derivó en la sanción de una ordenanza que prohíbe la minería a cielo abierto en la localidad.
“No la presentamos. Lo vamos a hacer el lunes. Vamos a trabajarla el fin de semana”, confirmó el fiscal de Estado, Raúl Gaitán, en referencia al recurso con el que el gobierno provincial intentará dejar sin efecto el resultado de la consulta pública y, en consecuencia, también la ordenanza por la que fue convocada.
El camino elegido por los equipos legales de la Provincia sería el de la acción de inconstitucionalidad, en tanto que uno de los principales argumentos que se terminarán de trabajar durante el fin de semana apunta a demostrar que el municipio de Loncopué se habría excedido en sus facultades al convocar al acto eleccionario. Además, que se habría inmiscuido en las que le corresponden, por Constitución, al gobierno provincial.
Gaitán evitó precisar el rumbo del escrito, pero en diálogo con La Mañana de Neuquén confirmó que se cuestionará, además del acto, la ordenanza en la que derivó. “Lo de la ordenanza se va a pedir que se pare, pero no puedo adelantar más. El lunes vamos a presentarnos”, sostuvo el fiscal de Estado.
El objetivo del gobierno provincial es que el TSJ intervenga en lo que considera un conflicto de poderes. Así lo plantearon en los últimos días diputados, el gobernador Jorge Sapag y su vice, Ana Pechen. El punto común del discurso es que el artículo 311 de la Constitución Provincial no faculta a los municipios a hacer consultas obligatorias y vinculantes que, sostienen, es lo que ocurrió el domingo pasado en Loncopué.
Definirá el pleno
Cuando la Corporación Minera de la Provincia (Cormine) intentó frenar la consulta, la Sala Procesal Administrativa del TSJ, integrada por Oscar Massei y Antonio Labate, resolvió no hacer lugar a la medida cautelar. Se advirtió en el fallo que si eventualmente se sancionara la norma sometida a votación, ésta podía ser igualmente sometida a revisión jurisdiccional.
Ante el nuevo recurso no resolvería la sala, sino el cuerpo de los cinco vocales en su conjunto. Es que las acciones de inconstitucionalidad, según la ley orgánica del Poder Judicial, se definen por el pleno.
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Buscan soluciones al arsénico
Científicos argentinos avanzan en soluciones contra el arsénico
Fecha de Publicación: 08/06/2012
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Nacional
Un equipo realiza investigaciones tendientes a eliminar este contaminante natural del medio ambiente, por lo que han obtenido diversas distinciones.
El arsénico es un metaloide -tiene propiedades de los metales y de los no metales que está presente en la atmósfera, suelo y rocas, y aparece por causa de la erosión o procesos volcánicos. Es un contaminante, y su principal complicación es que es mayoritariamente de origen natural y se encuentra en las aguas de muchas partes del planeta. Su ingesta en pequeñas dosis durante períodos prolongados se asocia a una serie de manifestaciones dermatológicas y viscerales que se conoce como hidroarsenicismo crónico regional endémico, que puede provocar desde lesiones hasta cáncer. Por sus efectos en la salud humana, la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó que 10 microgramos por litroes la máxima concentración segura en agua para consumo.
El problema del arsénico en el Mercosur. Un abordaje integrado y multidisciplinar en la investigación y desarrollo para contribuir a su resolución es un trabajo que ganó el premio Mercosur de Ciencia y Tecnología 2011. Lo dirigió Marta Litter, química e investigadora del Conicet en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y fue publicado a comienzos de año en la revista Environmental Science and Technology.
Litter y su equipo ya habían sido reconocidos en el mismo certamen en 2006, también por el problema del arsénico y de la provisión de agua segura en zonas rurales aisladas. En 2009, además, sus investigaciones les valieron el Premio Innovar, organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.
Tanto en ciencia básica como en aplicada, Litter y su grupo están dedicados a la remoción de este contaminante en agua, una problemática que, a nivel mundial, distintos estudios se han ocupado de buscarle solución.
El equipo argentino trabaja en lo que se conoce como tecnologías avanzadas de oxidación, procesos químicos por los cuales se generan productos -especies o sustancias- que interactúan con contaminantes en agua, aire y suelo y los transforma en sustancias menos tóxicas, o que pueden ser retiradas del medio.
En su búsqueda por remover y eliminar el arsénico en el agua mediante estas tecnologías, los investigadores consiguieron transformar el arsénico del estado de oxidación +3 al +5, que es menos tóxico, y luego separarlo del agua. Pero lo más novedoso que han alcanzado recientemente es llevar el arsénico al estado 0, menos tóxico aún y sólido, lo que lo hace fácil de retirar del agua. Esto se obtuvo mediante una metodología llamada fotocatálisis heterogénea reductiva y supuso un importante logro que no registra antecedentes hasta el momento.
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Fecha de Publicación: 08/06/2012
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Nacional
Un equipo realiza investigaciones tendientes a eliminar este contaminante natural del medio ambiente, por lo que han obtenido diversas distinciones.
El arsénico es un metaloide -tiene propiedades de los metales y de los no metales que está presente en la atmósfera, suelo y rocas, y aparece por causa de la erosión o procesos volcánicos. Es un contaminante, y su principal complicación es que es mayoritariamente de origen natural y se encuentra en las aguas de muchas partes del planeta. Su ingesta en pequeñas dosis durante períodos prolongados se asocia a una serie de manifestaciones dermatológicas y viscerales que se conoce como hidroarsenicismo crónico regional endémico, que puede provocar desde lesiones hasta cáncer. Por sus efectos en la salud humana, la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó que 10 microgramos por litroes la máxima concentración segura en agua para consumo.
El problema del arsénico en el Mercosur. Un abordaje integrado y multidisciplinar en la investigación y desarrollo para contribuir a su resolución es un trabajo que ganó el premio Mercosur de Ciencia y Tecnología 2011. Lo dirigió Marta Litter, química e investigadora del Conicet en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y fue publicado a comienzos de año en la revista Environmental Science and Technology.
Litter y su equipo ya habían sido reconocidos en el mismo certamen en 2006, también por el problema del arsénico y de la provisión de agua segura en zonas rurales aisladas. En 2009, además, sus investigaciones les valieron el Premio Innovar, organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.
Tanto en ciencia básica como en aplicada, Litter y su grupo están dedicados a la remoción de este contaminante en agua, una problemática que, a nivel mundial, distintos estudios se han ocupado de buscarle solución.
El equipo argentino trabaja en lo que se conoce como tecnologías avanzadas de oxidación, procesos químicos por los cuales se generan productos -especies o sustancias- que interactúan con contaminantes en agua, aire y suelo y los transforma en sustancias menos tóxicas, o que pueden ser retiradas del medio.
En su búsqueda por remover y eliminar el arsénico en el agua mediante estas tecnologías, los investigadores consiguieron transformar el arsénico del estado de oxidación +3 al +5, que es menos tóxico, y luego separarlo del agua. Pero lo más novedoso que han alcanzado recientemente es llevar el arsénico al estado 0, menos tóxico aún y sólido, lo que lo hace fácil de retirar del agua. Esto se obtuvo mediante una metodología llamada fotocatálisis heterogénea reductiva y supuso un importante logro que no registra antecedentes hasta el momento.
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Corpacci quiere que las mineras inviertan socialmente
Catamarca y minería
Fecha de Publicación: 08/06/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Catamarca
La gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, pidió a las empresas mineras que desarrollen proveedores locales y a los municipios, que inviertan en obras de “alto impacto social”. En la misma línea, el gobierno nacional busca que las empresas sustituyan importaciones y aumenten el grado de vinculación con el sector metalúrgico. Esa sería una forma de mejorar el impacto de la actividad en el desarrollo económico sin modificar el entramado legal que la regula y que es otra herencia de los ’90. Entre otros beneficios, la legislación establece que las empresas gozan de estabilidad fiscal por 30 años.
Corpacci pidió a las multinacionales mineras “un mayor de-sarrollo de proveedores dentro de la jurisdicción provincial” y ocupar “más mano de obra en la región en la que están instaladas”. “La realidad nos muestra que las empresas mineras contratan poca mano de obra catamarqueña, espero que esta situación se revierta”, pidió la gobernadora. Se refiere fundamentalmente a Minera La Alumbrera, que opera la anglo-suiza Xstrata en el departamento de Belén y ocupa para ello a trabajadores tucumanos.
“Las poblaciones más cercanas a los proyectos mineros son las más postergadas. Carecen de agua y otros servicios básicos. Es necesario que el grupo empresario minero implemente los mecanismos necesarios a los fines de satisfacer y brindar dichos beneficios a las zonas aludidas, ya sea a través de un fideicomiso o de otra forma”, dijo Corpacci. Pidió a los intendentes de los 36 municipios catamarqueños que “el dinero proveniente de regalías mineras sea utilizado para obras de alto impacto social”.
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Fecha de Publicación: 08/06/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Catamarca
La gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, pidió a las empresas mineras que desarrollen proveedores locales y a los municipios, que inviertan en obras de “alto impacto social”. En la misma línea, el gobierno nacional busca que las empresas sustituyan importaciones y aumenten el grado de vinculación con el sector metalúrgico. Esa sería una forma de mejorar el impacto de la actividad en el desarrollo económico sin modificar el entramado legal que la regula y que es otra herencia de los ’90. Entre otros beneficios, la legislación establece que las empresas gozan de estabilidad fiscal por 30 años.
Corpacci pidió a las multinacionales mineras “un mayor de-sarrollo de proveedores dentro de la jurisdicción provincial” y ocupar “más mano de obra en la región en la que están instaladas”. “La realidad nos muestra que las empresas mineras contratan poca mano de obra catamarqueña, espero que esta situación se revierta”, pidió la gobernadora. Se refiere fundamentalmente a Minera La Alumbrera, que opera la anglo-suiza Xstrata en el departamento de Belén y ocupa para ello a trabajadores tucumanos.
“Las poblaciones más cercanas a los proyectos mineros son las más postergadas. Carecen de agua y otros servicios básicos. Es necesario que el grupo empresario minero implemente los mecanismos necesarios a los fines de satisfacer y brindar dichos beneficios a las zonas aludidas, ya sea a través de un fideicomiso o de otra forma”, dijo Corpacci. Pidió a los intendentes de los 36 municipios catamarqueños que “el dinero proveniente de regalías mineras sea utilizado para obras de alto impacto social”.
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Detienen a dueño de curtiembre en el Riachuelo
Detienen a dueño de una curtiembre del Riachuelo
Fecha de Publicación: 07/06/2012
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
El dueño de una curtiembre del partido bonaerense de Lanús fue detenido por haber violado la clausura del establecimiento que había dispuesto la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar).
La medida la ordenó el juez federal de Quilmes, Luis Armella, en el marco de la causa por el saneamiento de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo por disposición de la Corte Suprema, luego de que "personal policial, con intervención de inspectores de la Acumar, advirtió la violación de la clausura que había sido dispuesta por las autoridades de ese organismo", informaron este jueves fuentes judiciales.
Este es "el tercer caso de violación de clausura dispuesta por Acumar que ha sido detectado en los últimos 30 días, todos ellos en Lanús", señalaron las fuentes y recordaron que los responsables pueden ser castigados con penas que llegan a los dos años de prisión.
En la misma causa, el 31 de mayo último el juez excarceló a Oscar Florencio Córdoba, titular de una empresa de galvanoplastía, también ubicada en Lanús y dedicada al niquelado de metales, que había sido clausurada por volcar residuos al río.
La clausura dispuesta por la Acumar, que actualmente pesa sobre el establecimiento, es para evitar que se prosigan volcando líquidos o sustancias tóxicas a la cuenca hídrica, cuyo saneamiento fue ordenado por la Corte Suprema en la causa “Mendoza”.
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Fecha de Publicación: 07/06/2012
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
El dueño de una curtiembre del partido bonaerense de Lanús fue detenido por haber violado la clausura del establecimiento que había dispuesto la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar).
La medida la ordenó el juez federal de Quilmes, Luis Armella, en el marco de la causa por el saneamiento de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo por disposición de la Corte Suprema, luego de que "personal policial, con intervención de inspectores de la Acumar, advirtió la violación de la clausura que había sido dispuesta por las autoridades de ese organismo", informaron este jueves fuentes judiciales.
Este es "el tercer caso de violación de clausura dispuesta por Acumar que ha sido detectado en los últimos 30 días, todos ellos en Lanús", señalaron las fuentes y recordaron que los responsables pueden ser castigados con penas que llegan a los dos años de prisión.
En la misma causa, el 31 de mayo último el juez excarceló a Oscar Florencio Córdoba, titular de una empresa de galvanoplastía, también ubicada en Lanús y dedicada al niquelado de metales, que había sido clausurada por volcar residuos al río.
La clausura dispuesta por la Acumar, que actualmente pesa sobre el establecimiento, es para evitar que se prosigan volcando líquidos o sustancias tóxicas a la cuenca hídrica, cuyo saneamiento fue ordenado por la Corte Suprema en la causa “Mendoza”.
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Chaco: Eurnekian deberá limitar las fumigaciones
Acuerdo por las fumigaciones en la Estancia Don Panos
Fecha de Publicación: 07/06/2012
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
El establecimiento del Grupo Eurnekian se comprometió a no pulverizar en una franja de seguridad dentro del establecimiento de siete mil metros por seiscientos metros para impedir que los agroquímicos lleguen a los campos y chacras lindantes. Distintos estamentos del Estado, la Justicia y el grupo empresario junto a los vecinos firmaron el acta acuerdo que será controlado dentro de 15 días.
El establecimiento Don Panos suscribió un acuerdo comprometiéndose a no pulverizar en una franja de seguridad dentro del establecimiento de siete mil metros por seiscientos metros para impedir que los agroquímicos lleguen a los campos y chacras lindantes. El acuerdo se dio en el marco del Programa de Resolución Alternativa de Conflictos de la Defensoría de la Provincia del Chaco y de la Nación y en quince días los firmantes volverán a reunirse para hacer un seguimiento del cumplimiento del compromiso.
El acta acuerdo se firmó ayer en Pampa del Indio, entre el defensor del Pueblo del Chaco, el representante del Defensor del Pueblo la Nación, representantes de Unitec Agro, la Fiscalía de Investigación de San Martín, la Subsecretario de Ambiente del Ministerio de Planificación y Ambiente de la Provincia del Chaco, la Subsecretaria de Agricultura Familiar de la Nación, los intendentes de Pampa del Indio y de Presidencia Roca, representantes de los consorcios de servicios rurales lindantes, los vecinos afectados y la Red de Salud, Ramón Carrillo.
El acuerdo surge menos de una semana después que el defensor del Pueblo del Chaco, Gustavo Corregido, había revelado que la Fiscalía de Investigación Nº 1 de San Martín, ordenó suspender las fumigaciones aéreas en una parte de la Estancia Don Panos del Grupo Eurnekián, pero a la vez reclamó que se amplíe a todos los vecinos del establecimiento agrícola-ganadero.
Corregido explicó al final del encuentro que “el acuerdo alcanzado es mucho más amplio que el ordenado por el Fiscal, porque comprende todo el lindero hacia Campo Medina y Campo Nuevo, en total siete mil metros por seiscientos metros, en el que no se podrá realizar pulverizaciones".
Los firmantes fueron Gustavo A.Corregido, defensor del Pueblo del Chaco, Roberto Mena, a cargo de la Oficina Chaco del Defensor del Pueblo de la Nación, Luis Casas, subsecretario de Ambiente del Ministerio de Planificación y Ambiente de la Provincia del Chaco, por la empresa Unitec S.A. Estancia Don Panos, Francisco Pini, Juan Arenaza y Roxana Gerez;, por la subsecretaria de Agricultura Familiar de la Nación, Ricardo Ferrara, Gerardo Marin, el intendente de Pampa del Indio, Gustavo Karaciuk, el intendente de Presidencia Roca, Jorge Batalla, por la Red de Salud, Alejandra Gomez; los vecinos Mariano Peñaloza, de Campo Medina y productor, por el Consorcio Rural N°1, Silvia Godoy y por el N°56 el Sr. Mansilla,
El acuerdo
La empresa UNITEC S.A.-Establecimiento Agropecuario Don Panos arbitrará los mecanismos técnicos convenientes y se abstendrá de provocar deriva de agroquímicos evitando su impacto a todos los vecinos linderos comprendidos en Campo Medina y Campo Nuevo dejando una franja de seguridad de 600 metros campo adentro del Establecimiento Don Panos para resguardo de las pulverizaciones.
Además, la Fiscalización de esta Acta-Compromiso estará a cargo del Ministerio de Planificación y Ambiente en conjunto con el Defensor del Pueblo de la Provincia del Chaco, La Red de Salud, la Fiscalía de Investigaciones N°1 de General San Martin, la Municipalidad de Presidencia Roca, el IDACH.
En esa línea, el Ministerio de Planificación y Ambiente elaborará con los vecinos de Campo Nuevo y Campo Medina un plan de desarrollo sustentable según la categoría de pequeños productores con el Consorcio Rural N°1 y 56 y con la Subsecretaría de Desarrollo Rural coordinando asistencia a fin de restablecer las unidades productivas, chacras de Campo Medina y Campo Nuevo. Además el Ministerio de Planificación y Ambiente con la empresa SAMEEP y el APA, así como con la empresa UNITEC S.A.-Establecimiento Don Panos, elaborarán un plan de distribución de agua en provecho sustentable de los pobladores de la ciudad de Pampa del Indio.
Finalmente el Ministerio de Planificación y Ambiente también elaborará un plan de identificación de empresas agrarias que empleen agroquímicos en la zona.
Cara a cara
Corregido, dijo además que “el motivo de la queja y la desconfianza ante éste acuerdo, por parte de los pobladores Campo Nuevo y Campo Medina es legítimo” y agregó que “es que hace tanto tiempo que hacen denuncias y nadie los escucha. Hoy en Pampa del Indio, nos reunimos con funcionarios del Ministerio de Planificación y Ambiente, los intendentes, demás funcionarios y creo que es la primera vez que los pobladores le pueden plantear las cosas en la cara a los responsables de Don Panos”.
Reveló además que los representantes de Unitec Agro “explicaron que siguen precisas instrucciones de Eurnekián en éste compromiso, para poner punto final al conflicto”, y anticipó que “dentro de quince días nos reunimos otra vez, todos los que suscribimos el acuerdo con las comunidades afectadas para saber cómo evoluciona el cumplimiento de lo acordado".
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Fecha de Publicación: 07/06/2012
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
El establecimiento del Grupo Eurnekian se comprometió a no pulverizar en una franja de seguridad dentro del establecimiento de siete mil metros por seiscientos metros para impedir que los agroquímicos lleguen a los campos y chacras lindantes. Distintos estamentos del Estado, la Justicia y el grupo empresario junto a los vecinos firmaron el acta acuerdo que será controlado dentro de 15 días.El establecimiento Don Panos suscribió un acuerdo comprometiéndose a no pulverizar en una franja de seguridad dentro del establecimiento de siete mil metros por seiscientos metros para impedir que los agroquímicos lleguen a los campos y chacras lindantes. El acuerdo se dio en el marco del Programa de Resolución Alternativa de Conflictos de la Defensoría de la Provincia del Chaco y de la Nación y en quince días los firmantes volverán a reunirse para hacer un seguimiento del cumplimiento del compromiso.
El acta acuerdo se firmó ayer en Pampa del Indio, entre el defensor del Pueblo del Chaco, el representante del Defensor del Pueblo la Nación, representantes de Unitec Agro, la Fiscalía de Investigación de San Martín, la Subsecretario de Ambiente del Ministerio de Planificación y Ambiente de la Provincia del Chaco, la Subsecretaria de Agricultura Familiar de la Nación, los intendentes de Pampa del Indio y de Presidencia Roca, representantes de los consorcios de servicios rurales lindantes, los vecinos afectados y la Red de Salud, Ramón Carrillo.
El acuerdo surge menos de una semana después que el defensor del Pueblo del Chaco, Gustavo Corregido, había revelado que la Fiscalía de Investigación Nº 1 de San Martín, ordenó suspender las fumigaciones aéreas en una parte de la Estancia Don Panos del Grupo Eurnekián, pero a la vez reclamó que se amplíe a todos los vecinos del establecimiento agrícola-ganadero.
Corregido explicó al final del encuentro que “el acuerdo alcanzado es mucho más amplio que el ordenado por el Fiscal, porque comprende todo el lindero hacia Campo Medina y Campo Nuevo, en total siete mil metros por seiscientos metros, en el que no se podrá realizar pulverizaciones".
Los firmantes fueron Gustavo A.Corregido, defensor del Pueblo del Chaco, Roberto Mena, a cargo de la Oficina Chaco del Defensor del Pueblo de la Nación, Luis Casas, subsecretario de Ambiente del Ministerio de Planificación y Ambiente de la Provincia del Chaco, por la empresa Unitec S.A. Estancia Don Panos, Francisco Pini, Juan Arenaza y Roxana Gerez;, por la subsecretaria de Agricultura Familiar de la Nación, Ricardo Ferrara, Gerardo Marin, el intendente de Pampa del Indio, Gustavo Karaciuk, el intendente de Presidencia Roca, Jorge Batalla, por la Red de Salud, Alejandra Gomez; los vecinos Mariano Peñaloza, de Campo Medina y productor, por el Consorcio Rural N°1, Silvia Godoy y por el N°56 el Sr. Mansilla,
El acuerdo
La empresa UNITEC S.A.-Establecimiento Agropecuario Don Panos arbitrará los mecanismos técnicos convenientes y se abstendrá de provocar deriva de agroquímicos evitando su impacto a todos los vecinos linderos comprendidos en Campo Medina y Campo Nuevo dejando una franja de seguridad de 600 metros campo adentro del Establecimiento Don Panos para resguardo de las pulverizaciones.
Además, la Fiscalización de esta Acta-Compromiso estará a cargo del Ministerio de Planificación y Ambiente en conjunto con el Defensor del Pueblo de la Provincia del Chaco, La Red de Salud, la Fiscalía de Investigaciones N°1 de General San Martin, la Municipalidad de Presidencia Roca, el IDACH.
En esa línea, el Ministerio de Planificación y Ambiente elaborará con los vecinos de Campo Nuevo y Campo Medina un plan de desarrollo sustentable según la categoría de pequeños productores con el Consorcio Rural N°1 y 56 y con la Subsecretaría de Desarrollo Rural coordinando asistencia a fin de restablecer las unidades productivas, chacras de Campo Medina y Campo Nuevo. Además el Ministerio de Planificación y Ambiente con la empresa SAMEEP y el APA, así como con la empresa UNITEC S.A.-Establecimiento Don Panos, elaborarán un plan de distribución de agua en provecho sustentable de los pobladores de la ciudad de Pampa del Indio.
Finalmente el Ministerio de Planificación y Ambiente también elaborará un plan de identificación de empresas agrarias que empleen agroquímicos en la zona.
Cara a cara
Corregido, dijo además que “el motivo de la queja y la desconfianza ante éste acuerdo, por parte de los pobladores Campo Nuevo y Campo Medina es legítimo” y agregó que “es que hace tanto tiempo que hacen denuncias y nadie los escucha. Hoy en Pampa del Indio, nos reunimos con funcionarios del Ministerio de Planificación y Ambiente, los intendentes, demás funcionarios y creo que es la primera vez que los pobladores le pueden plantear las cosas en la cara a los responsables de Don Panos”.
Reveló además que los representantes de Unitec Agro “explicaron que siguen precisas instrucciones de Eurnekián en éste compromiso, para poner punto final al conflicto”, y anticipó que “dentro de quince días nos reunimos otra vez, todos los que suscribimos el acuerdo con las comunidades afectadas para saber cómo evoluciona el cumplimiento de lo acordado".
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