Corpacci quiere que las mineras inviertan socialmente
14:05 | 
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Catamarca y minería
Fecha de Publicación: 08/06/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Catamarca
La gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, pidió a las empresas mineras que desarrollen proveedores locales y a los municipios, que inviertan en obras de “alto impacto social”. En la misma línea, el gobierno nacional busca que las empresas sustituyan importaciones y aumenten el grado de vinculación con el sector metalúrgico. Esa sería una forma de mejorar el impacto de la actividad en el desarrollo económico sin modificar el entramado legal que la regula y que es otra herencia de los ’90. Entre otros beneficios, la legislación establece que las empresas gozan de estabilidad fiscal por 30 años.
Corpacci pidió a las multinacionales mineras “un mayor de-sarrollo de proveedores dentro de la jurisdicción provincial” y ocupar “más mano de obra en la región en la que están instaladas”. “La realidad nos muestra que las empresas mineras contratan poca mano de obra catamarqueña, espero que esta situación se revierta”, pidió la gobernadora. Se refiere fundamentalmente a Minera La Alumbrera, que opera la anglo-suiza Xstrata en el departamento de Belén y ocupa para ello a trabajadores tucumanos.
“Las poblaciones más cercanas a los proyectos mineros son las más postergadas. Carecen de agua y otros servicios básicos. Es necesario que el grupo empresario minero implemente los mecanismos necesarios a los fines de satisfacer y brindar dichos beneficios a las zonas aludidas, ya sea a través de un fideicomiso o de otra forma”, dijo Corpacci. Pidió a los intendentes de los 36 municipios catamarqueños que “el dinero proveniente de regalías mineras sea utilizado para obras de alto impacto social”.
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Fecha de Publicación: 08/06/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Catamarca
La gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, pidió a las empresas mineras que desarrollen proveedores locales y a los municipios, que inviertan en obras de “alto impacto social”. En la misma línea, el gobierno nacional busca que las empresas sustituyan importaciones y aumenten el grado de vinculación con el sector metalúrgico. Esa sería una forma de mejorar el impacto de la actividad en el desarrollo económico sin modificar el entramado legal que la regula y que es otra herencia de los ’90. Entre otros beneficios, la legislación establece que las empresas gozan de estabilidad fiscal por 30 años.
Corpacci pidió a las multinacionales mineras “un mayor de-sarrollo de proveedores dentro de la jurisdicción provincial” y ocupar “más mano de obra en la región en la que están instaladas”. “La realidad nos muestra que las empresas mineras contratan poca mano de obra catamarqueña, espero que esta situación se revierta”, pidió la gobernadora. Se refiere fundamentalmente a Minera La Alumbrera, que opera la anglo-suiza Xstrata en el departamento de Belén y ocupa para ello a trabajadores tucumanos.
“Las poblaciones más cercanas a los proyectos mineros son las más postergadas. Carecen de agua y otros servicios básicos. Es necesario que el grupo empresario minero implemente los mecanismos necesarios a los fines de satisfacer y brindar dichos beneficios a las zonas aludidas, ya sea a través de un fideicomiso o de otra forma”, dijo Corpacci. Pidió a los intendentes de los 36 municipios catamarqueños que “el dinero proveniente de regalías mineras sea utilizado para obras de alto impacto social”.
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Detienen a dueño de curtiembre en el Riachuelo
Detienen a dueño de una curtiembre del Riachuelo
Fecha de Publicación: 07/06/2012
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
El dueño de una curtiembre del partido bonaerense de Lanús fue detenido por haber violado la clausura del establecimiento que había dispuesto la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar).
La medida la ordenó el juez federal de Quilmes, Luis Armella, en el marco de la causa por el saneamiento de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo por disposición de la Corte Suprema, luego de que "personal policial, con intervención de inspectores de la Acumar, advirtió la violación de la clausura que había sido dispuesta por las autoridades de ese organismo", informaron este jueves fuentes judiciales.
Este es "el tercer caso de violación de clausura dispuesta por Acumar que ha sido detectado en los últimos 30 días, todos ellos en Lanús", señalaron las fuentes y recordaron que los responsables pueden ser castigados con penas que llegan a los dos años de prisión.
En la misma causa, el 31 de mayo último el juez excarceló a Oscar Florencio Córdoba, titular de una empresa de galvanoplastía, también ubicada en Lanús y dedicada al niquelado de metales, que había sido clausurada por volcar residuos al río.
La clausura dispuesta por la Acumar, que actualmente pesa sobre el establecimiento, es para evitar que se prosigan volcando líquidos o sustancias tóxicas a la cuenca hídrica, cuyo saneamiento fue ordenado por la Corte Suprema en la causa “Mendoza”.
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Fecha de Publicación: 07/06/2012
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
El dueño de una curtiembre del partido bonaerense de Lanús fue detenido por haber violado la clausura del establecimiento que había dispuesto la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar).
La medida la ordenó el juez federal de Quilmes, Luis Armella, en el marco de la causa por el saneamiento de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo por disposición de la Corte Suprema, luego de que "personal policial, con intervención de inspectores de la Acumar, advirtió la violación de la clausura que había sido dispuesta por las autoridades de ese organismo", informaron este jueves fuentes judiciales.
Este es "el tercer caso de violación de clausura dispuesta por Acumar que ha sido detectado en los últimos 30 días, todos ellos en Lanús", señalaron las fuentes y recordaron que los responsables pueden ser castigados con penas que llegan a los dos años de prisión.
En la misma causa, el 31 de mayo último el juez excarceló a Oscar Florencio Córdoba, titular de una empresa de galvanoplastía, también ubicada en Lanús y dedicada al niquelado de metales, que había sido clausurada por volcar residuos al río.
La clausura dispuesta por la Acumar, que actualmente pesa sobre el establecimiento, es para evitar que se prosigan volcando líquidos o sustancias tóxicas a la cuenca hídrica, cuyo saneamiento fue ordenado por la Corte Suprema en la causa “Mendoza”.
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Chaco: Eurnekian deberá limitar las fumigaciones
Acuerdo por las fumigaciones en la Estancia Don Panos
Fecha de Publicación: 07/06/2012
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
El establecimiento del Grupo Eurnekian se comprometió a no pulverizar en una franja de seguridad dentro del establecimiento de siete mil metros por seiscientos metros para impedir que los agroquímicos lleguen a los campos y chacras lindantes. Distintos estamentos del Estado, la Justicia y el grupo empresario junto a los vecinos firmaron el acta acuerdo que será controlado dentro de 15 días.
El establecimiento Don Panos suscribió un acuerdo comprometiéndose a no pulverizar en una franja de seguridad dentro del establecimiento de siete mil metros por seiscientos metros para impedir que los agroquímicos lleguen a los campos y chacras lindantes. El acuerdo se dio en el marco del Programa de Resolución Alternativa de Conflictos de la Defensoría de la Provincia del Chaco y de la Nación y en quince días los firmantes volverán a reunirse para hacer un seguimiento del cumplimiento del compromiso.
El acta acuerdo se firmó ayer en Pampa del Indio, entre el defensor del Pueblo del Chaco, el representante del Defensor del Pueblo la Nación, representantes de Unitec Agro, la Fiscalía de Investigación de San Martín, la Subsecretario de Ambiente del Ministerio de Planificación y Ambiente de la Provincia del Chaco, la Subsecretaria de Agricultura Familiar de la Nación, los intendentes de Pampa del Indio y de Presidencia Roca, representantes de los consorcios de servicios rurales lindantes, los vecinos afectados y la Red de Salud, Ramón Carrillo.
El acuerdo surge menos de una semana después que el defensor del Pueblo del Chaco, Gustavo Corregido, había revelado que la Fiscalía de Investigación Nº 1 de San Martín, ordenó suspender las fumigaciones aéreas en una parte de la Estancia Don Panos del Grupo Eurnekián, pero a la vez reclamó que se amplíe a todos los vecinos del establecimiento agrícola-ganadero.
Corregido explicó al final del encuentro que “el acuerdo alcanzado es mucho más amplio que el ordenado por el Fiscal, porque comprende todo el lindero hacia Campo Medina y Campo Nuevo, en total siete mil metros por seiscientos metros, en el que no se podrá realizar pulverizaciones".
Los firmantes fueron Gustavo A.Corregido, defensor del Pueblo del Chaco, Roberto Mena, a cargo de la Oficina Chaco del Defensor del Pueblo de la Nación, Luis Casas, subsecretario de Ambiente del Ministerio de Planificación y Ambiente de la Provincia del Chaco, por la empresa Unitec S.A. Estancia Don Panos, Francisco Pini, Juan Arenaza y Roxana Gerez;, por la subsecretaria de Agricultura Familiar de la Nación, Ricardo Ferrara, Gerardo Marin, el intendente de Pampa del Indio, Gustavo Karaciuk, el intendente de Presidencia Roca, Jorge Batalla, por la Red de Salud, Alejandra Gomez; los vecinos Mariano Peñaloza, de Campo Medina y productor, por el Consorcio Rural N°1, Silvia Godoy y por el N°56 el Sr. Mansilla,
El acuerdo
La empresa UNITEC S.A.-Establecimiento Agropecuario Don Panos arbitrará los mecanismos técnicos convenientes y se abstendrá de provocar deriva de agroquímicos evitando su impacto a todos los vecinos linderos comprendidos en Campo Medina y Campo Nuevo dejando una franja de seguridad de 600 metros campo adentro del Establecimiento Don Panos para resguardo de las pulverizaciones.
Además, la Fiscalización de esta Acta-Compromiso estará a cargo del Ministerio de Planificación y Ambiente en conjunto con el Defensor del Pueblo de la Provincia del Chaco, La Red de Salud, la Fiscalía de Investigaciones N°1 de General San Martin, la Municipalidad de Presidencia Roca, el IDACH.
En esa línea, el Ministerio de Planificación y Ambiente elaborará con los vecinos de Campo Nuevo y Campo Medina un plan de desarrollo sustentable según la categoría de pequeños productores con el Consorcio Rural N°1 y 56 y con la Subsecretaría de Desarrollo Rural coordinando asistencia a fin de restablecer las unidades productivas, chacras de Campo Medina y Campo Nuevo. Además el Ministerio de Planificación y Ambiente con la empresa SAMEEP y el APA, así como con la empresa UNITEC S.A.-Establecimiento Don Panos, elaborarán un plan de distribución de agua en provecho sustentable de los pobladores de la ciudad de Pampa del Indio.
Finalmente el Ministerio de Planificación y Ambiente también elaborará un plan de identificación de empresas agrarias que empleen agroquímicos en la zona.
Cara a cara
Corregido, dijo además que “el motivo de la queja y la desconfianza ante éste acuerdo, por parte de los pobladores Campo Nuevo y Campo Medina es legítimo” y agregó que “es que hace tanto tiempo que hacen denuncias y nadie los escucha. Hoy en Pampa del Indio, nos reunimos con funcionarios del Ministerio de Planificación y Ambiente, los intendentes, demás funcionarios y creo que es la primera vez que los pobladores le pueden plantear las cosas en la cara a los responsables de Don Panos”.
Reveló además que los representantes de Unitec Agro “explicaron que siguen precisas instrucciones de Eurnekián en éste compromiso, para poner punto final al conflicto”, y anticipó que “dentro de quince días nos reunimos otra vez, todos los que suscribimos el acuerdo con las comunidades afectadas para saber cómo evoluciona el cumplimiento de lo acordado".
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Fecha de Publicación: 07/06/2012
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
El establecimiento del Grupo Eurnekian se comprometió a no pulverizar en una franja de seguridad dentro del establecimiento de siete mil metros por seiscientos metros para impedir que los agroquímicos lleguen a los campos y chacras lindantes. Distintos estamentos del Estado, la Justicia y el grupo empresario junto a los vecinos firmaron el acta acuerdo que será controlado dentro de 15 días.El establecimiento Don Panos suscribió un acuerdo comprometiéndose a no pulverizar en una franja de seguridad dentro del establecimiento de siete mil metros por seiscientos metros para impedir que los agroquímicos lleguen a los campos y chacras lindantes. El acuerdo se dio en el marco del Programa de Resolución Alternativa de Conflictos de la Defensoría de la Provincia del Chaco y de la Nación y en quince días los firmantes volverán a reunirse para hacer un seguimiento del cumplimiento del compromiso.
El acta acuerdo se firmó ayer en Pampa del Indio, entre el defensor del Pueblo del Chaco, el representante del Defensor del Pueblo la Nación, representantes de Unitec Agro, la Fiscalía de Investigación de San Martín, la Subsecretario de Ambiente del Ministerio de Planificación y Ambiente de la Provincia del Chaco, la Subsecretaria de Agricultura Familiar de la Nación, los intendentes de Pampa del Indio y de Presidencia Roca, representantes de los consorcios de servicios rurales lindantes, los vecinos afectados y la Red de Salud, Ramón Carrillo.
El acuerdo surge menos de una semana después que el defensor del Pueblo del Chaco, Gustavo Corregido, había revelado que la Fiscalía de Investigación Nº 1 de San Martín, ordenó suspender las fumigaciones aéreas en una parte de la Estancia Don Panos del Grupo Eurnekián, pero a la vez reclamó que se amplíe a todos los vecinos del establecimiento agrícola-ganadero.
Corregido explicó al final del encuentro que “el acuerdo alcanzado es mucho más amplio que el ordenado por el Fiscal, porque comprende todo el lindero hacia Campo Medina y Campo Nuevo, en total siete mil metros por seiscientos metros, en el que no se podrá realizar pulverizaciones".
Los firmantes fueron Gustavo A.Corregido, defensor del Pueblo del Chaco, Roberto Mena, a cargo de la Oficina Chaco del Defensor del Pueblo de la Nación, Luis Casas, subsecretario de Ambiente del Ministerio de Planificación y Ambiente de la Provincia del Chaco, por la empresa Unitec S.A. Estancia Don Panos, Francisco Pini, Juan Arenaza y Roxana Gerez;, por la subsecretaria de Agricultura Familiar de la Nación, Ricardo Ferrara, Gerardo Marin, el intendente de Pampa del Indio, Gustavo Karaciuk, el intendente de Presidencia Roca, Jorge Batalla, por la Red de Salud, Alejandra Gomez; los vecinos Mariano Peñaloza, de Campo Medina y productor, por el Consorcio Rural N°1, Silvia Godoy y por el N°56 el Sr. Mansilla,
El acuerdo
La empresa UNITEC S.A.-Establecimiento Agropecuario Don Panos arbitrará los mecanismos técnicos convenientes y se abstendrá de provocar deriva de agroquímicos evitando su impacto a todos los vecinos linderos comprendidos en Campo Medina y Campo Nuevo dejando una franja de seguridad de 600 metros campo adentro del Establecimiento Don Panos para resguardo de las pulverizaciones.
Además, la Fiscalización de esta Acta-Compromiso estará a cargo del Ministerio de Planificación y Ambiente en conjunto con el Defensor del Pueblo de la Provincia del Chaco, La Red de Salud, la Fiscalía de Investigaciones N°1 de General San Martin, la Municipalidad de Presidencia Roca, el IDACH.
En esa línea, el Ministerio de Planificación y Ambiente elaborará con los vecinos de Campo Nuevo y Campo Medina un plan de desarrollo sustentable según la categoría de pequeños productores con el Consorcio Rural N°1 y 56 y con la Subsecretaría de Desarrollo Rural coordinando asistencia a fin de restablecer las unidades productivas, chacras de Campo Medina y Campo Nuevo. Además el Ministerio de Planificación y Ambiente con la empresa SAMEEP y el APA, así como con la empresa UNITEC S.A.-Establecimiento Don Panos, elaborarán un plan de distribución de agua en provecho sustentable de los pobladores de la ciudad de Pampa del Indio.
Finalmente el Ministerio de Planificación y Ambiente también elaborará un plan de identificación de empresas agrarias que empleen agroquímicos en la zona.
Cara a cara
Corregido, dijo además que “el motivo de la queja y la desconfianza ante éste acuerdo, por parte de los pobladores Campo Nuevo y Campo Medina es legítimo” y agregó que “es que hace tanto tiempo que hacen denuncias y nadie los escucha. Hoy en Pampa del Indio, nos reunimos con funcionarios del Ministerio de Planificación y Ambiente, los intendentes, demás funcionarios y creo que es la primera vez que los pobladores le pueden plantear las cosas en la cara a los responsables de Don Panos”.
Reveló además que los representantes de Unitec Agro “explicaron que siguen precisas instrucciones de Eurnekián en éste compromiso, para poner punto final al conflicto”, y anticipó que “dentro de quince días nos reunimos otra vez, todos los que suscribimos el acuerdo con las comunidades afectadas para saber cómo evoluciona el cumplimiento de lo acordado".
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No pudieron acceder a yacimiento de "Agua Rica"
Fracasó verificación de Agua Rica por la impunidad minera
Fecha de Publicación: 07/06/2012
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Catamarca
El 26 de Mayo pasado el Intendente de la ciudad de Andalgalá, Sr. Alejandro Paez, se constituyó en el portón de acceso al yacimiento de "Agua Rica"; lo acompañaba un grupo de vecinos integrantes de la multisectorial, autoconvocados de la Asamblea del Algarrobo, representantes de los pueblos originarios, profesionales convocados, documentalistas y una Escribana encargada de labrar el acta correspondiente de todo lo que se actuara en la ocasión y en el lugar.
El objeto de la reunión tuvo el claro propósito de observar el estado de desarrollo de los trabajos exploratorios por parte de la minera, y reafirmar lo expresado en tantas ocasiones, sobre la inviabilidad del proyecto minero "Agua Rica", su posible futura explotación y los daños ambientales que este emprendimiento ocasionaría a la población de Andalgalá, de llegar a materializarse.
Como profesional invitado, cumpliendo los requisitos previos de brindar nombre, apellido y número de documento de identidad tuve la sensación y posteriormente la certeza de que la minera interferiría en el cometido del Intendente y las fuerzas vivas de la ciudad y que la tarea fracasaría totalmente. Los elementos fundantes de mi juicio son: la nota de Minera Alumbrera dirigida al Sr. Intendente con fecha 25 de mayo de 2012; la referencia al convenio celebrado entre la Intendencia anterior y la empresa minera, también anterior a la concesionaria actual, con fecha 8 de setiembre de 2006 y la interpretación que para esta ocasión se hace del ejercicio del poder de policía por parte del Intendente.
Seguidamente incursionaré en los tres aspectos mencionados y me extenderé en las consideraciones que a mi criterio fueron decisivas para que el propósito popular fracasara rotundamente.
Nota de la Minera
Minera Alumbrera hace referencia a dos notas de la Intendencia -093/12- y -0160/12- desprendiéndose de estos hechos que el Intendente le comunicó a la empresa su voluntad de visitar la zona del proyecto. Por lo tanto esta última se encontraba en conocimiento de la intención del Sr. Pelaez.
La minera está lejos de interpretar que el Intendente tiene el propósito de subir hasta el yacimiento para ejercer el poder de policía, es más La Alumbrera le impone condiciones a quien quiere constituirse como autoridad y de las actitudes tomadas por Pelaez salta a la luz que o no conoce verdaderamente lo que es ejercer el poder de policía o que su arribo a la tranquera de "Agua Rica" se hizo bajo una extraordinaria presión de ambos lados.
Una sola actitud de Pelaez desnuda su intención de ser solo un observador imparcial cuando recurre a la Justicia para solicitar autorización para ingresar y lo hace enviando un recado con la fuerza pública quienes luego de transcurrido un tiempo prudencial no regresaron.
Ante tamaño desaire, las fuerzas vivas congregadas optaron por regresar a la ciudad abandonando, de momento, la intención de llegar hasta el yacimiento.
Convenio entre la minera y la intendencia
El 8 de setiembre de 2006 se firmó el convenio de marras entre el Intendente Perea y Minera "Agua Rica" LLC, en él se acordaba la participación de la Intendencia en los monitoreos periódicos establecidos por la empresa para controlar la calidad del agua en la zona de la mina.
En modo alguno el Convenio tiene algo que ver con el ejercicio del poder de policía que ejerce la autoridad municipal, además es un convenio superado por la realidad actual: el Intendente es otro y la empresa minera también, por lo que su cumplimiento está decaído en el tiempo aunque ello, no hubiera sido denunciado o explicitado por ninguna de las partes.
El poder de policía
Es una facultad que acompaña la investidura del Intendente municipal; para realizar una visita de inspección no tiene que pedir permiso a la autoridad judicial y mucho menos informar a la empresa de su pretensión, esto último sería advertir para que preparen una especie de City Tour donde a la comitiva solo se le permita ver aquello que la minera no tiene problemas en mostrar.
La empresa minera en su nota de fecha 25 de mayo ppdo. Invoca los términos del convenio del 2006 porque es el "traje" que más le conviene soslayando la cuestión del poder de policía que aparentemente, en nada la beneficiaría, si no fuera así, ¿cuales serían las razones para impedir el ingreso?, más tratándose de acciones aisladas que están previstas en el ejercicio de la autoridad municipal.
Conclusión
De esta visita realizada y de la participación en la propuesta de los organismos autoconvocados, me quedan algunas cuestiones que necesito exponer a la ciudadanía, a saber:
a) cada vez que se pretenda realizar un acto como el que se programó el 26 de mayo pasado, fracasará si en el mismo se incluyen sendos avisos a la empresa minera y a los organismos públicos involucrados en el tema minero;
b) en el portón de acceso a "Agua Rica" el Ing. Velez dijo que el pueblo de Andalgalá debía cuidar a su Intendente, yo esa noche manifesté, desde la plaza, que hacía mías las palabras del Ing. Velez pero que le daba dos interpretaciones: la primera de cuidarlo, verdaderamente, porque pocos se atreven a explicitar que son antimineros en una provincia tan conflictuada como Catamarca y la segunda hacía referencia al control que el pueblo debe ejercer sobre sus mandantes en especial cuando enfrente se tiene una empresa que es capaz de cooptar a cualquier persona, organismo, o entidad que se oponga o interfiera en su antojadizo e inescrupuloso accionar.
c) En la medida que el Intendente acompañe a los vecinos que confiaron en su discurso, lo apoyaron y lo eligieron como su autoridad, tendrá toda la consideración y el respeto de su pueblo, de lo contrario solo le quedará el tristísimo camino de la soledad y el descrédito.
d) El Intendente debe recordar que el día que las empresas mineras se vayan buscando otros horizontes, solo le quedarán los andalgalenses y con ellos deberá seguir conviviendo.
Geólogo Dr. Carlos A Seara
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Fecha de Publicación: 07/06/2012
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Catamarca
El 26 de Mayo pasado el Intendente de la ciudad de Andalgalá, Sr. Alejandro Paez, se constituyó en el portón de acceso al yacimiento de "Agua Rica"; lo acompañaba un grupo de vecinos integrantes de la multisectorial, autoconvocados de la Asamblea del Algarrobo, representantes de los pueblos originarios, profesionales convocados, documentalistas y una Escribana encargada de labrar el acta correspondiente de todo lo que se actuara en la ocasión y en el lugar.
El objeto de la reunión tuvo el claro propósito de observar el estado de desarrollo de los trabajos exploratorios por parte de la minera, y reafirmar lo expresado en tantas ocasiones, sobre la inviabilidad del proyecto minero "Agua Rica", su posible futura explotación y los daños ambientales que este emprendimiento ocasionaría a la población de Andalgalá, de llegar a materializarse.
Como profesional invitado, cumpliendo los requisitos previos de brindar nombre, apellido y número de documento de identidad tuve la sensación y posteriormente la certeza de que la minera interferiría en el cometido del Intendente y las fuerzas vivas de la ciudad y que la tarea fracasaría totalmente. Los elementos fundantes de mi juicio son: la nota de Minera Alumbrera dirigida al Sr. Intendente con fecha 25 de mayo de 2012; la referencia al convenio celebrado entre la Intendencia anterior y la empresa minera, también anterior a la concesionaria actual, con fecha 8 de setiembre de 2006 y la interpretación que para esta ocasión se hace del ejercicio del poder de policía por parte del Intendente.
Seguidamente incursionaré en los tres aspectos mencionados y me extenderé en las consideraciones que a mi criterio fueron decisivas para que el propósito popular fracasara rotundamente.
Nota de la Minera
Minera Alumbrera hace referencia a dos notas de la Intendencia -093/12- y -0160/12- desprendiéndose de estos hechos que el Intendente le comunicó a la empresa su voluntad de visitar la zona del proyecto. Por lo tanto esta última se encontraba en conocimiento de la intención del Sr. Pelaez.
La minera está lejos de interpretar que el Intendente tiene el propósito de subir hasta el yacimiento para ejercer el poder de policía, es más La Alumbrera le impone condiciones a quien quiere constituirse como autoridad y de las actitudes tomadas por Pelaez salta a la luz que o no conoce verdaderamente lo que es ejercer el poder de policía o que su arribo a la tranquera de "Agua Rica" se hizo bajo una extraordinaria presión de ambos lados.
Una sola actitud de Pelaez desnuda su intención de ser solo un observador imparcial cuando recurre a la Justicia para solicitar autorización para ingresar y lo hace enviando un recado con la fuerza pública quienes luego de transcurrido un tiempo prudencial no regresaron.
Ante tamaño desaire, las fuerzas vivas congregadas optaron por regresar a la ciudad abandonando, de momento, la intención de llegar hasta el yacimiento.
Convenio entre la minera y la intendencia
El 8 de setiembre de 2006 se firmó el convenio de marras entre el Intendente Perea y Minera "Agua Rica" LLC, en él se acordaba la participación de la Intendencia en los monitoreos periódicos establecidos por la empresa para controlar la calidad del agua en la zona de la mina.
En modo alguno el Convenio tiene algo que ver con el ejercicio del poder de policía que ejerce la autoridad municipal, además es un convenio superado por la realidad actual: el Intendente es otro y la empresa minera también, por lo que su cumplimiento está decaído en el tiempo aunque ello, no hubiera sido denunciado o explicitado por ninguna de las partes.
El poder de policía
Es una facultad que acompaña la investidura del Intendente municipal; para realizar una visita de inspección no tiene que pedir permiso a la autoridad judicial y mucho menos informar a la empresa de su pretensión, esto último sería advertir para que preparen una especie de City Tour donde a la comitiva solo se le permita ver aquello que la minera no tiene problemas en mostrar.
La empresa minera en su nota de fecha 25 de mayo ppdo. Invoca los términos del convenio del 2006 porque es el "traje" que más le conviene soslayando la cuestión del poder de policía que aparentemente, en nada la beneficiaría, si no fuera así, ¿cuales serían las razones para impedir el ingreso?, más tratándose de acciones aisladas que están previstas en el ejercicio de la autoridad municipal.
Conclusión
De esta visita realizada y de la participación en la propuesta de los organismos autoconvocados, me quedan algunas cuestiones que necesito exponer a la ciudadanía, a saber:
a) cada vez que se pretenda realizar un acto como el que se programó el 26 de mayo pasado, fracasará si en el mismo se incluyen sendos avisos a la empresa minera y a los organismos públicos involucrados en el tema minero;
b) en el portón de acceso a "Agua Rica" el Ing. Velez dijo que el pueblo de Andalgalá debía cuidar a su Intendente, yo esa noche manifesté, desde la plaza, que hacía mías las palabras del Ing. Velez pero que le daba dos interpretaciones: la primera de cuidarlo, verdaderamente, porque pocos se atreven a explicitar que son antimineros en una provincia tan conflictuada como Catamarca y la segunda hacía referencia al control que el pueblo debe ejercer sobre sus mandantes en especial cuando enfrente se tiene una empresa que es capaz de cooptar a cualquier persona, organismo, o entidad que se oponga o interfiera en su antojadizo e inescrupuloso accionar.
c) En la medida que el Intendente acompañe a los vecinos que confiaron en su discurso, lo apoyaron y lo eligieron como su autoridad, tendrá toda la consideración y el respeto de su pueblo, de lo contrario solo le quedará el tristísimo camino de la soledad y el descrédito.
d) El Intendente debe recordar que el día que las empresas mineras se vayan buscando otros horizontes, solo le quedarán los andalgalenses y con ellos deberá seguir conviviendo.
Geólogo Dr. Carlos A Seara
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Cuestionan a Uruguay por controles en Botnia
Nueva disputa con Uruguay por los controles en Botnia
Fecha de Publicación: 06/06/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La Argentina dijo que se manipuló el monitoreo ambiental; enérgica respuesta de Motevideo
La pastera UPM (ex Botnia) volvió a ser centro de batalla entre Uruguay y la Argentina, con duras acusaciones públicas cruzadas acerca de los controles ambientales conjuntos que ordenó la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
En Uruguay, donde por decisión política del presidente José Mujica se extreman los cuidados en la relación bilateral, esta vez no se ocultó el malestar generado por las palabras del vicepresidente de la delegación argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), Héctor Rodríguez, que en Gualeguaychú abrió sospechas de contaminación por la pastera.
Rodríguez dijo que el gobierno uruguayo está "violando" el mandato del Tribunal de La Haya en torno del control compartido de la pastera UPM, ya que ha modificado "unilateralmente" las reglas que debe cumplir la empresa. El delegado del gobierno de Cristina Kirchner ante la CARU dijo que "hay una actitud muy tozuda desde el Uruguay".
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay respondió anoche con un comunicado que lleva la firma de la delegación uruguaya ante la CARU y se preocupó por aclarar que su actitud ha sido siempre de "transparencia" en los datos de controles ambientales. También resaltó que la Argentina obstaculizó la divulgación de esos estudios y que la fábrica de UPM no genera contaminación.
Rodríguez había acusado a Uruguay de haber cambiado unilateralmente "el parámetro de temperatura de agua en sus efluentes" y que eso fue "para favorecer a (la ex) Botnia". Añadió que eso se hace "en violación del mandato de la sentencia" internacional de la Corte de La Haya. "Tan a favor de Botnia es que no se modifica el parámetro de temperatura de agua para todo el curso del río Uruguay, sino solamente y exclusivamente para los efluentes de Botnia-UPM", subrayó Rodríguez. El representante argentino dijo que el gobierno de Mujica aplica "una continuación en la estrategia de los hechos consumados".
Estas palabras cayeron mal en Montevideo y se evaluó que correspondía "una respuesta firme y contundente", según dijeron a LA NACION fuentes del gobierno oriental.
Para mostrar la voluntad de divulgación de los controles ambientales, Uruguay divulgó un tramo del acta de la reunión del 16 de septiembre de 2011, que sostuvo: "Para la delegación uruguaya los tiempos previstos ya están cumplidos y sobrepasados, por lo cual entiende que, cumpliendo con los procedimientos establecidos, las conclusiones sobre los respectivos monitoreos deben hacerse de público conocimiento, sin más dilaciones". El comunicado oficial agregó que ante ese planteo "la delegación argentina no prestó su conformidad".
Sobre la posibilidad de que la ex Botnia genere impacto negativo en el ambiente, el comunicado fue contundente: "No existe ningún dato serio y consistente que demuestre esa presunta contaminación, como tampoco existió durante el diferendo iniciado por la Argentina ante la Corte Internacional".
Para que no quedaran dudas de la postura uruguaya, la declaración determinó que "luego de cinco años de funcionamiento de la planta todos los controles que realiza la autoridad nacional competente siguen demostrando que los parámetros medioambientales se ajustan a los límites autorizados".
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Fecha de Publicación: 06/06/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La Argentina dijo que se manipuló el monitoreo ambiental; enérgica respuesta de MotevideoLa pastera UPM (ex Botnia) volvió a ser centro de batalla entre Uruguay y la Argentina, con duras acusaciones públicas cruzadas acerca de los controles ambientales conjuntos que ordenó la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
En Uruguay, donde por decisión política del presidente José Mujica se extreman los cuidados en la relación bilateral, esta vez no se ocultó el malestar generado por las palabras del vicepresidente de la delegación argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), Héctor Rodríguez, que en Gualeguaychú abrió sospechas de contaminación por la pastera.
Rodríguez dijo que el gobierno uruguayo está "violando" el mandato del Tribunal de La Haya en torno del control compartido de la pastera UPM, ya que ha modificado "unilateralmente" las reglas que debe cumplir la empresa. El delegado del gobierno de Cristina Kirchner ante la CARU dijo que "hay una actitud muy tozuda desde el Uruguay".
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay respondió anoche con un comunicado que lleva la firma de la delegación uruguaya ante la CARU y se preocupó por aclarar que su actitud ha sido siempre de "transparencia" en los datos de controles ambientales. También resaltó que la Argentina obstaculizó la divulgación de esos estudios y que la fábrica de UPM no genera contaminación.
Rodríguez había acusado a Uruguay de haber cambiado unilateralmente "el parámetro de temperatura de agua en sus efluentes" y que eso fue "para favorecer a (la ex) Botnia". Añadió que eso se hace "en violación del mandato de la sentencia" internacional de la Corte de La Haya. "Tan a favor de Botnia es que no se modifica el parámetro de temperatura de agua para todo el curso del río Uruguay, sino solamente y exclusivamente para los efluentes de Botnia-UPM", subrayó Rodríguez. El representante argentino dijo que el gobierno de Mujica aplica "una continuación en la estrategia de los hechos consumados".
Estas palabras cayeron mal en Montevideo y se evaluó que correspondía "una respuesta firme y contundente", según dijeron a LA NACION fuentes del gobierno oriental.
Para mostrar la voluntad de divulgación de los controles ambientales, Uruguay divulgó un tramo del acta de la reunión del 16 de septiembre de 2011, que sostuvo: "Para la delegación uruguaya los tiempos previstos ya están cumplidos y sobrepasados, por lo cual entiende que, cumpliendo con los procedimientos establecidos, las conclusiones sobre los respectivos monitoreos deben hacerse de público conocimiento, sin más dilaciones". El comunicado oficial agregó que ante ese planteo "la delegación argentina no prestó su conformidad".
Sobre la posibilidad de que la ex Botnia genere impacto negativo en el ambiente, el comunicado fue contundente: "No existe ningún dato serio y consistente que demuestre esa presunta contaminación, como tampoco existió durante el diferendo iniciado por la Argentina ante la Corte Internacional".
Para que no quedaran dudas de la postura uruguaya, la declaración determinó que "luego de cinco años de funcionamiento de la planta todos los controles que realiza la autoridad nacional competente siguen demostrando que los parámetros medioambientales se ajustan a los límites autorizados".
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CJ de Salta intenvendrá por los desmontes
La Justicia salteña actuará en el amparo por los desmontes
Fecha de Publicación: 05/06/2012
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
La Corte de Justicia de Salta se declaró competente para intervenir en el amparo promovido contra la provincia por los desmontes. La causa, denominada “Salas, Dino y otros vs. Provincia de Salta y Estado Nacional”, había sido derivada a la Justicia local tras declararse incompetente la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Cabe recordar que la acción de amparo fue interpuesta para que cesen de forma inmediata y definitiva los desmontes y talas indiscriminadas de los bosques nativos de los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria. La paralización de la actividad se logró un par de años.
Entre otros puntos, el recurso también pide que se declare la inconstitucionalidad y nulidad absoluta e insanable de las autorizaciones otorgadas para desmontes y se prohíba otorgarlas en el futuro.
La Corte Suprema Federal había convocado en 2009 a una audiencia a las partes involucradas, ordenando en forma posterior que la Provincia realice en forma conjunta con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación un estudio de análisis del impacto ambiental acumulativo de la tala y desmonte.
Destacó, además, las medidas adoptadas durante el trámite por la Provincia, entre ellas la sanción de la ley 7543 y los decretos 2785/09, 2789/09 y 3676/09 que evidencian “la voluntad política del Gobierno provincial de superar el conflicto”.
Al recibir la causa, la Justicia de Salta días atrás se había declarado competente y ahora deberá decidir sobre el caso.
En el curso del proceso en la Corte Suprema, que duró tres años, y aun después, el gobernador de la Provincia, como titular del Poder Ejecutivo, había dictado instrumentos concretos sobre la materia del amparo y eso habilitaba la competencia del Alto Tribunal local con arreglo a lo dispuesto en la Constitución de la Provincia de Salta.
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Fecha de Publicación: 05/06/2012
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
La Corte de Justicia de Salta se declaró competente para intervenir en el amparo promovido contra la provincia por los desmontes. La causa, denominada “Salas, Dino y otros vs. Provincia de Salta y Estado Nacional”, había sido derivada a la Justicia local tras declararse incompetente la Corte Suprema de Justicia de la Nación.Cabe recordar que la acción de amparo fue interpuesta para que cesen de forma inmediata y definitiva los desmontes y talas indiscriminadas de los bosques nativos de los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria. La paralización de la actividad se logró un par de años.
Entre otros puntos, el recurso también pide que se declare la inconstitucionalidad y nulidad absoluta e insanable de las autorizaciones otorgadas para desmontes y se prohíba otorgarlas en el futuro.
La Corte Suprema Federal había convocado en 2009 a una audiencia a las partes involucradas, ordenando en forma posterior que la Provincia realice en forma conjunta con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación un estudio de análisis del impacto ambiental acumulativo de la tala y desmonte.
Destacó, además, las medidas adoptadas durante el trámite por la Provincia, entre ellas la sanción de la ley 7543 y los decretos 2785/09, 2789/09 y 3676/09 que evidencian “la voluntad política del Gobierno provincial de superar el conflicto”.
Al recibir la causa, la Justicia de Salta días atrás se había declarado competente y ahora deberá decidir sobre el caso.
En el curso del proceso en la Corte Suprema, que duró tres años, y aun después, el gobernador de la Provincia, como titular del Poder Ejecutivo, había dictado instrumentos concretos sobre la materia del amparo y eso habilitaba la competencia del Alto Tribunal local con arreglo a lo dispuesto en la Constitución de la Provincia de Salta.
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Otra vez denuncian a la ex Botnia
Argentina denuncia que Uruguay está "violando" mandato de La Haya
Fecha de Publicación: 05/06/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Sostiene que ha modificado "unilateralmente" las reglas que debe cumplir la pastera UPM.
Uno de los representantes argentinos ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru) aseguró que el gobierno de José Mujica está "violando" el mandato del Tribunal de La Haya en torno del control compartido de la pastera UPM (ex Botnia), ya que ha modificado "unilateralmente" las reglas que debe cumplir la empresa.
Así lo aseguró el vicepresidente de la delegación argentina en la Cari, Héctor Rodríguez, quien remarcó que "hay una actitud muy tozuda desde el Uruguay al violar el mandato de la sentencia del Tribunal Internacional de La Haya que ordena no agravar la situación" de conflicto binacional.
Luego de la larga lucha por la instalación de la pastera Botnia en la ciudad de Fray Bentos, fuertemente rechazada en Gualeguaychú por los posibles efectos contaminantes, fue creado un comité científico binacional dependiente de la Caru para el monitoreo de la empresa, tal como lo dispuso la Corte de La Haya.
Pero en los últimos tiempos, dijo Rodríguez, "Uruguay unilateralmente ha cambiado el parámetro de temperatura de agua en sus efluentes con la resolución 370/11".
Normativa. Esa norma, advirtió, fue emitida "para favorecer a Botnia inconstitucionalmente en violación del mandato de la sentencia del Tribunal de La Haya de 2010 que ordena no agravar la situación y consultar todo lo que tiene que ver con esa planta".
"Tan a favor de Botnia es que no se modifica el parámetro de temperatura de agua para todo el curso del Río Uruguay, sino solamente y exclusivamente para los efluentes de Botnia-UPM", remarcó Rodríguez.
El gobierno de Mujica manifiesta "una continuación en la estrategia de los hechos consumados", puntualizó, en declaraciones a radio Máxima de Gualeguaychú.
Por otra parte, Rodríguez afirmó que los representantes argentinos tienen "pruebas fehacientes de que se ha aumentado de hecho la capacidad de producción anual en tonelajes de Botnia", algo que Argentina "ha denunciado enfáticamente en las actas de la CARU", pero sin haber "recibido la más mínima respuesta".
Rodríguez manifestó asimismo que análisis realizados por laboratorios internacionales fueron "verdaderamente un fiasco", y aseguró que como fueron "burdos" en sus resultados, debieron realizarse nuevamente.
El comité científico, dijo, ingresó ocho veces a la planta, pero advirtió que los resultados de laboratorio aún no han sido validados porque no existe acuerdo en los parámetros a medir.
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Fecha de Publicación: 05/06/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Sostiene que ha modificado "unilateralmente" las reglas que debe cumplir la pastera UPM.
Uno de los representantes argentinos ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru) aseguró que el gobierno de José Mujica está "violando" el mandato del Tribunal de La Haya en torno del control compartido de la pastera UPM (ex Botnia), ya que ha modificado "unilateralmente" las reglas que debe cumplir la empresa.
Así lo aseguró el vicepresidente de la delegación argentina en la Cari, Héctor Rodríguez, quien remarcó que "hay una actitud muy tozuda desde el Uruguay al violar el mandato de la sentencia del Tribunal Internacional de La Haya que ordena no agravar la situación" de conflicto binacional.
Luego de la larga lucha por la instalación de la pastera Botnia en la ciudad de Fray Bentos, fuertemente rechazada en Gualeguaychú por los posibles efectos contaminantes, fue creado un comité científico binacional dependiente de la Caru para el monitoreo de la empresa, tal como lo dispuso la Corte de La Haya.
Pero en los últimos tiempos, dijo Rodríguez, "Uruguay unilateralmente ha cambiado el parámetro de temperatura de agua en sus efluentes con la resolución 370/11".
Normativa. Esa norma, advirtió, fue emitida "para favorecer a Botnia inconstitucionalmente en violación del mandato de la sentencia del Tribunal de La Haya de 2010 que ordena no agravar la situación y consultar todo lo que tiene que ver con esa planta".
"Tan a favor de Botnia es que no se modifica el parámetro de temperatura de agua para todo el curso del Río Uruguay, sino solamente y exclusivamente para los efluentes de Botnia-UPM", remarcó Rodríguez.
El gobierno de Mujica manifiesta "una continuación en la estrategia de los hechos consumados", puntualizó, en declaraciones a radio Máxima de Gualeguaychú.
Por otra parte, Rodríguez afirmó que los representantes argentinos tienen "pruebas fehacientes de que se ha aumentado de hecho la capacidad de producción anual en tonelajes de Botnia", algo que Argentina "ha denunciado enfáticamente en las actas de la CARU", pero sin haber "recibido la más mínima respuesta".
Rodríguez manifestó asimismo que análisis realizados por laboratorios internacionales fueron "verdaderamente un fiasco", y aseguró que como fueron "burdos" en sus resultados, debieron realizarse nuevamente.
El comité científico, dijo, ingresó ocho veces a la planta, pero advirtió que los resultados de laboratorio aún no han sido validados porque no existe acuerdo en los parámetros a medir.
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Amplio rechazo a la minería en pueblo neuquino
Loncopué rechazó la explotación minera
Fecha de Publicación: 04/06/2012
Fuente: AIM
Provincia/Región: Neuquén
Los ciudadanos de Loncopué votaron este domingo y respaldaron la ordenanza que prohíbe la explotación minera a gran escala dentro de su ejido urbano. Sufragaron 2589 electores: un 82,08 por ciento respaldó la prohibición y el 14,99 la rechazó. Hubo un 1,5 por ciento de votos en blanco y 1,4 impugnados.
Luego de conocidos los resultados, la gente festejó en la plaza de la localidad lo que consideró una victoria frente al hostigamiento del gobierno provincial.
La ciudadanía de Loncopué respaldó la prohibición de la explotación a cielo abierto de minerales de la primera categoría, el empleo de técnicas de lixiviación, actividades que afecten la intangibilidad de las tierras ocupadas por pueblos indígenas, el acopio y almacenamiento o transporte de cianuro, ácido sulfúrico, mercurio o cualquier otra sustancia tóxica, el transporte o almacenamiento de explosivos, la construcción de mineraloductos y cualquier tarea de exploración minera.
El gobierno de Sapag hizo lo imposible para que prosperaran en Loncopué los proyectos de explotación minera a cielo abierto. No contaba que enfrente tenía una pared. Un muro. No sabía -nadie sabía- qué tan sólido era. Podía tener fisuras, resquebrajarse, o derrumbarse como un castillo de naipes.
Lo que sí se sabía era que había un grupo de vecinos y vecinas -pequeño- que agitaba con más convicción que recursos su postura anti minera. Aun cuando fuera pequeño, la estrategia de Sapag fue ponerle todos los palos posibles para que cayera.
Recurrió a la justicia con insistencia. Operó políticamente. Metió presión. Incluso intentó suspender el referendum pocas horas antes de su realización. Y cuando la suerte ya estaba echada, salió a anticipar su estrategia: invalidar moral y judicialmente la movida.
Le falló todo. El pueblo de Loncopué no tuvo miedo. Salió a la calle, votó y le dió un masazo a la pretensión oficial de avanzar contra la explotación minera.
Más Información:
- Página/12 - Un pueblo dijo “no” a la megaminería
- ADN - Loncopué votó en contra de la megaminería
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Fecha de Publicación: 04/06/2012
Fuente: AIM
Provincia/Región: Neuquén
Los ciudadanos de Loncopué votaron este domingo y respaldaron la ordenanza que prohíbe la explotación minera a gran escala dentro de su ejido urbano. Sufragaron 2589 electores: un 82,08 por ciento respaldó la prohibición y el 14,99 la rechazó. Hubo un 1,5 por ciento de votos en blanco y 1,4 impugnados.Luego de conocidos los resultados, la gente festejó en la plaza de la localidad lo que consideró una victoria frente al hostigamiento del gobierno provincial.
La ciudadanía de Loncopué respaldó la prohibición de la explotación a cielo abierto de minerales de la primera categoría, el empleo de técnicas de lixiviación, actividades que afecten la intangibilidad de las tierras ocupadas por pueblos indígenas, el acopio y almacenamiento o transporte de cianuro, ácido sulfúrico, mercurio o cualquier otra sustancia tóxica, el transporte o almacenamiento de explosivos, la construcción de mineraloductos y cualquier tarea de exploración minera.
El gobierno de Sapag hizo lo imposible para que prosperaran en Loncopué los proyectos de explotación minera a cielo abierto. No contaba que enfrente tenía una pared. Un muro. No sabía -nadie sabía- qué tan sólido era. Podía tener fisuras, resquebrajarse, o derrumbarse como un castillo de naipes.
Lo que sí se sabía era que había un grupo de vecinos y vecinas -pequeño- que agitaba con más convicción que recursos su postura anti minera. Aun cuando fuera pequeño, la estrategia de Sapag fue ponerle todos los palos posibles para que cayera.
Recurrió a la justicia con insistencia. Operó políticamente. Metió presión. Incluso intentó suspender el referendum pocas horas antes de su realización. Y cuando la suerte ya estaba echada, salió a anticipar su estrategia: invalidar moral y judicialmente la movida.
Le falló todo. El pueblo de Loncopué no tuvo miedo. Salió a la calle, votó y le dió un masazo a la pretensión oficial de avanzar contra la explotación minera.
Más Información:
- Página/12 - Un pueblo dijo “no” a la megaminería
- ADN - Loncopué votó en contra de la megaminería
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Quemar basura no paliará la crisis energética
Quemar basura no paliará la crisis energética
Fecha de Publicación: 04/06/2012
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
La gestión de los residuos sólidos urbanos en la región metropolitana está, como todos sabemos, en un momento crítico. Desde hace una década no se encuentran sitios alternativos para la disposición de los residuos, los rellenos sanitarios actuales están al borde del colapso, y son rechazados por vecinos cansados de padecer los impactos contaminantes de estas mega-montañas de basura. Ante esta situación, bajo el disfraz de "generación de energía" las autoridades nacionales apuestan una vez más al corto plazo y ofrecen como solución mágica la quema de residuos.
En las últimas semanas se conoció el proyecto de la empresa estatal ENARSA y la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) para quemar basura hogareña de esta Cuenca en predios de la CEAMSE en el partido bonaerense de San Miguel. El supuesto objetivo del plan es solucionar la crisis de los rellenos sanitarios.
La incineración de basura, en todas sus versiones, emite sustancias tóxicas al ambiente que afectan la salud de la población. Cuando, además, se busca obtener energía con la combustión, compite con los programas de reciclaje, ya que los materiales de mayor poder calorífico son aquellos más fácilmente reciclables y fuente de ingresos de cientos de recuperadores urbanos.
La excusa es la generación de energía; sin embargo, no se informa claramente que se recuperan niveles bajísimos y desproporcionados en relación a los gastos que genera sostener estas instalaciones. Así es incluso en lugares con altos niveles de incineración de basura, como en la Unión Europea, donde el porcentaje de recuperación de energía es mínimo, y muchos países deben importar basura para mantener las plantas en marcha y justificar las inversiones.
Incluso con ese marco de referencia, el proyecto impulsado por las autoridades nacionales será financiado a través de la Ley de Energías Renovables, por fuera de lo que establece esa norma, que excluye expresamente a los residuos sólidos urbanos y apuesta a promover verdaderas fuentes "verdes" como la energía eólica y solar.
Los vecinos de la Cuenca del río Reconquista, deberán sumar la contaminación de la quema de basura a la que hoy padecen por el entierro de más de 14.000 toneladas diarias de residuos provenientes en gran parte de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el distrito que genera la mayor cantidad de residuos que se envían a enterrar en rellenos sanitarios de la CEAMSE, la Ley 1.854 establece un cronograma de reducción progresiva de los residuos que se entierran mediante la implementación de programas de recolección diferenciada, reciclado y recuperación de materiales que se encuentran en los residuos, entre otras acciones. Sin embargo esta ley es ignorada por el Gobierno porteño desde hace más de cuatro años, en una estrategia que en realidad parece buscar que la Ciudad quede sin alternativas de disposición, para así cumplir con uno de los proyectos impulsados por el PRO incluso antes de asumir el primer mandato; quemar la basura porteña, en contra de lo que establece la Ley de Basura Cero.
Situaciones graves como la actual deben servir para establecer prioridades en materia de políticas sustentables de gestión de residuos e invertir en el cumplimiento de la normativa vigente que exige el reciclado y la recuperación de materiales. Plantear como estrategia seguir enterrando basura, o dónde y cómo quemarla es apagar un incendio con fuego.
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Fecha de Publicación: 04/06/2012
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
La gestión de los residuos sólidos urbanos en la región metropolitana está, como todos sabemos, en un momento crítico. Desde hace una década no se encuentran sitios alternativos para la disposición de los residuos, los rellenos sanitarios actuales están al borde del colapso, y son rechazados por vecinos cansados de padecer los impactos contaminantes de estas mega-montañas de basura. Ante esta situación, bajo el disfraz de "generación de energía" las autoridades nacionales apuestan una vez más al corto plazo y ofrecen como solución mágica la quema de residuos.
En las últimas semanas se conoció el proyecto de la empresa estatal ENARSA y la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) para quemar basura hogareña de esta Cuenca en predios de la CEAMSE en el partido bonaerense de San Miguel. El supuesto objetivo del plan es solucionar la crisis de los rellenos sanitarios.
La incineración de basura, en todas sus versiones, emite sustancias tóxicas al ambiente que afectan la salud de la población. Cuando, además, se busca obtener energía con la combustión, compite con los programas de reciclaje, ya que los materiales de mayor poder calorífico son aquellos más fácilmente reciclables y fuente de ingresos de cientos de recuperadores urbanos.
La excusa es la generación de energía; sin embargo, no se informa claramente que se recuperan niveles bajísimos y desproporcionados en relación a los gastos que genera sostener estas instalaciones. Así es incluso en lugares con altos niveles de incineración de basura, como en la Unión Europea, donde el porcentaje de recuperación de energía es mínimo, y muchos países deben importar basura para mantener las plantas en marcha y justificar las inversiones.
Incluso con ese marco de referencia, el proyecto impulsado por las autoridades nacionales será financiado a través de la Ley de Energías Renovables, por fuera de lo que establece esa norma, que excluye expresamente a los residuos sólidos urbanos y apuesta a promover verdaderas fuentes "verdes" como la energía eólica y solar.
Los vecinos de la Cuenca del río Reconquista, deberán sumar la contaminación de la quema de basura a la que hoy padecen por el entierro de más de 14.000 toneladas diarias de residuos provenientes en gran parte de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el distrito que genera la mayor cantidad de residuos que se envían a enterrar en rellenos sanitarios de la CEAMSE, la Ley 1.854 establece un cronograma de reducción progresiva de los residuos que se entierran mediante la implementación de programas de recolección diferenciada, reciclado y recuperación de materiales que se encuentran en los residuos, entre otras acciones. Sin embargo esta ley es ignorada por el Gobierno porteño desde hace más de cuatro años, en una estrategia que en realidad parece buscar que la Ciudad quede sin alternativas de disposición, para así cumplir con uno de los proyectos impulsados por el PRO incluso antes de asumir el primer mandato; quemar la basura porteña, en contra de lo que establece la Ley de Basura Cero.
Situaciones graves como la actual deben servir para establecer prioridades en materia de políticas sustentables de gestión de residuos e invertir en el cumplimiento de la normativa vigente que exige el reciclado y la recuperación de materiales. Plantear como estrategia seguir enterrando basura, o dónde y cómo quemarla es apagar un incendio con fuego.
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Presentaron un proyecto para conservar ecosistemas
Apoyo al proyecto de ley de ecosistemas
Fecha de Publicación: 03/06/2012
Fuente: La Opinión Austral
Provincia/Región: Santa Cruz
El biólogo Carlos Albrieu, vicepresidente de la Asociación Ambiental Sur, expresó sus coincidencias con el proyecto de Ley presentado por el diputado del Frente para la Victoria Martín Paiva, destinado a conservar los ecosistemas naturales y preservar el paisaje natural y los bienes que integran el patrimonio cultural de Santa Cruz.
“Es un proyecto muy valioso –dijo el profesional- que viene a tapar un vacío legal. Se trata de una ley complementaria a las ya existentes en materia ambiental en la provincia y permite ver desde otra óptica lo que está pasando en el campo”.
La finalidad del proyecto apunta a complementar y potenciar la legislación vigente, al tiempo que impulsa una planificación integral de las áreas para reducir los impactos en el ambiente. También suma exigencias para el desarrollo de procesos de restauración a través de la construcción de nuevos ecosistemas, mientras se perfeccionan los controles que potencien la capacidad de exigencia del Estado provincial.
Según Albrieu, “hasta ahora, los estudios de impacto ambiental se hacen de manera puntual en cada obra. Cuando se sancione esta ley, se analizará el paisaje, el ambiente en general y sus modificaciones. Lo que se busca es organizar estos cambios para que afecten lo menos posible. Es un paso muy positivo”.
De acuerdo al articulado de la iniciativa, los planes de intervención deberán acompañarse con imágenes satelitales que se actualizarán en forma anual y que posibilitarán el seguimiento y control de la actividad. Cualquier nuevo emprendimiento que no cuente con una apropiada planificación, verá prohibido el inicio de sus obras.
“Cada vez -agregó el biólogo- que disponemos de imágenes satelitales, sobre todo de nuestra zona norte, donde la actividad petrolera es intensa, vemos que el ambiente está totalmente fragmentado, cortado por las obras, particularmente por la construcción de caminos”.
Albrieu insistió en que “esto lleva muchos años y sabemos que en épocas anteriores, donde el concepto de cuidado del medio ambiente no estaba tan arraigado como ahora, se actuó sin control. Es fundamental entonces poder revertir esta situación para que el suelo pueda ser útil para otras actividades como la ganadería y la agricultura”.
“Las llamadas ‘remediaciones’ no alcanzan. Es apenas ubicar ciertos tipos de pasturas que no son suficientes porque no nos devuelven la relación ecológica que se ha perdido. Nosotros apuntamos a recuperar el funcionamiento de los ecosistemas a través de uno nuevo, porque el anterior ya no se puede recuperar”, concluyó.
La autoridad de aplicación de la nueva legislación será la Subsecretaría de Medio Ambiente de la provincia de Santa Cruz, que deberá convocar a entidades y organizaciones para conformar un Consejo Consultivo de diez miembros que asesore y contribuya con el estudio, análisis y evaluación de los proyectos de intervención y colaborar con el seguimiento de los planes de restauración y su ejecución.
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Fecha de Publicación: 03/06/2012
Fuente: La Opinión Austral
Provincia/Región: Santa Cruz
El biólogo Carlos Albrieu, vicepresidente de la Asociación Ambiental Sur, expresó sus coincidencias con el proyecto de Ley presentado por el diputado del Frente para la Victoria Martín Paiva, destinado a conservar los ecosistemas naturales y preservar el paisaje natural y los bienes que integran el patrimonio cultural de Santa Cruz.
“Es un proyecto muy valioso –dijo el profesional- que viene a tapar un vacío legal. Se trata de una ley complementaria a las ya existentes en materia ambiental en la provincia y permite ver desde otra óptica lo que está pasando en el campo”.
La finalidad del proyecto apunta a complementar y potenciar la legislación vigente, al tiempo que impulsa una planificación integral de las áreas para reducir los impactos en el ambiente. También suma exigencias para el desarrollo de procesos de restauración a través de la construcción de nuevos ecosistemas, mientras se perfeccionan los controles que potencien la capacidad de exigencia del Estado provincial.
Según Albrieu, “hasta ahora, los estudios de impacto ambiental se hacen de manera puntual en cada obra. Cuando se sancione esta ley, se analizará el paisaje, el ambiente en general y sus modificaciones. Lo que se busca es organizar estos cambios para que afecten lo menos posible. Es un paso muy positivo”.
De acuerdo al articulado de la iniciativa, los planes de intervención deberán acompañarse con imágenes satelitales que se actualizarán en forma anual y que posibilitarán el seguimiento y control de la actividad. Cualquier nuevo emprendimiento que no cuente con una apropiada planificación, verá prohibido el inicio de sus obras.
“Cada vez -agregó el biólogo- que disponemos de imágenes satelitales, sobre todo de nuestra zona norte, donde la actividad petrolera es intensa, vemos que el ambiente está totalmente fragmentado, cortado por las obras, particularmente por la construcción de caminos”.
Albrieu insistió en que “esto lleva muchos años y sabemos que en épocas anteriores, donde el concepto de cuidado del medio ambiente no estaba tan arraigado como ahora, se actuó sin control. Es fundamental entonces poder revertir esta situación para que el suelo pueda ser útil para otras actividades como la ganadería y la agricultura”.
“Las llamadas ‘remediaciones’ no alcanzan. Es apenas ubicar ciertos tipos de pasturas que no son suficientes porque no nos devuelven la relación ecológica que se ha perdido. Nosotros apuntamos a recuperar el funcionamiento de los ecosistemas a través de uno nuevo, porque el anterior ya no se puede recuperar”, concluyó.
La autoridad de aplicación de la nueva legislación será la Subsecretaría de Medio Ambiente de la provincia de Santa Cruz, que deberá convocar a entidades y organizaciones para conformar un Consejo Consultivo de diez miembros que asesore y contribuya con el estudio, análisis y evaluación de los proyectos de intervención y colaborar con el seguimiento de los planes de restauración y su ejecución.
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El conflicto por el Atuel se trasladó a la Nación
Atuel. luego de la primera reunión no hubo cambios
Fecha de Publicación: 02/06/2012
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
Con la reunión celebrada ayer en la Casa Rosada, el gobernador Oscar Jorge confirmó que su política hídrica en torno al río Atuel se limitará a sostener una relación diplomática y sin sobresaltos, en lugar de ejecutar acciones directas para obligar a que Mendoza y el gobierno nacional asuman sus responsabilidades. En el despacho del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, ambos gobernadores (el pampeano y Francisco "Paco" Pérez) "acordaron el avance sobre los tópicos pendientes del convenio sobre el río Atuel, para desarrollar las medidas conducentes a ponerlo en vigencia".
El encuentro con el funcionario nacional estaba programado para las 17, pero el gobierno pampeano no informó sobre su resultado. Incluso, al terminar la reunión Jorge se las ingenió para escapar de la corresponsal de LA ARENA que aguardaba a las puertas de la Casa Rosada, tal cual había convenido con un funcionario provincial, que se comprometió a brindar información. Al final, la subsecretaria de Prensa, Andrea Masceli, se limitó a distribuir, vía mail, una copia textual de un cable de tres párrafos elaborado por la agencia oficial de noticias, Télam.
Obras y financiación.
La nota oficial informa que el jefe de Gabinete "convocó, por expresa indicación de la presidenta, a los gobernadores Pérez y Jorge para encaminar la resolución definitiva del convenio marco firmado entre ambas provincias en 2008". Y agrega que ambos mandatarios "se mostraron predispuestos" a celebrar "una serie de reuniones en el corto plazo".
Mientras tanto, Jorge y Pérez analizaron "los puntos del convenio firmado en 2008 que generan diferentes interpretaciones, sobre todo el referido a la escorrentía mínima de agua, y se establecieron posibles caminos para resolverla", informó Télam. También acordaron "trabajar en conjunto para la actualización de las obras originalmente convenidas (en el convenio de 2008), y su correspondiente financiación.
Nada cambia.
Así, el viaje del gobernador a Buenos Aires se tornó en una nueva decepción. No logró garantías de que Mendoza reconocerá el derecho pampeano a un escurrimiento fluvioecológico y aceptó continuar discutiendo las diferentes interpretaciones que a lo largo de varias décadas mantuvieron ambas provincias sobre ese punto trascendental.
Con esta decisión, además, el mandatario cerró la puerta al pedido de la Asamblea en Defensa de los Ríos Pampeanos y de los propios diputados justicialistas para iniciar una nueva demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como lo aconsejan los especialistas en Derecho, a partir del nuevo paradigma ambiental dispuesto por la Constitución desde 1994.
El convenio por el que ayer fueron convocados ambos gobernadores a la Casa Rosada fue suscripto el 7 de agosto de 2008 y durmió durante cuatro años en el Departamento de Irrigación, sin ser enviado al Parlamento mendocino para su ratificación legislativa. El compromiso obliga a Mendoza a liberar un escurrimiento permanente de 4,5 metros cúbicos por segundo, con el agua ahorrada mediante el revestimiento de sus canales.
"El futuro está en los ríos"
"Habiendo transcurrido un tiempo más que prudencial" la Asamblea en Defensa de los Ríos Pampeanos suscribió el 30 de mayo una nueva carta al gobernador, en la que reiteran el reclamo manifestado "en e petitorio entregado el 30 de marzo". En ella le recuerdan que la asamblea funciona en Santa Rosa, General Pico, Santa Isabel y Algarrobo del Águila" y que "sus integrantes militan bajo el pensamiento de que nuestra provincia debe tener una política hídrica definida y producto de un extenso debate democrático".
La Asamblea promueve "un nuevo juicio por el Atuel ante la STJ, bajo los nuevos preceptos constitucionales y legislación derivada, por la violación de los derechos humanos y el grave daño ambiental ocasionado"; reclama "el cumplimiento de la Ley 25688 y la creación de comités de cuenca para los ríos Atuel y Salado", y exige que "se solicite al gobierno nacional, un fondo de reparación histórica".
Los asambleístas pretenden además que Oscar Jorge "detenga y revierta el desmantelamiento de las áreas de gobierno vinculadas al tema hídrico, y que exija a Mendoza la ratificación del convenio de 2008, dejando constancia de que los 5 metros cúbicos serán de calidad de agua del río".
"Nuestro futuro pasa por desarrollar las zonas de riego" advierte la asamblea, nacida "de una toma de conciencia por parte de extensas capas de nuestra población sobre la necesidad de defender en forma más activa nuestro patrimonio hídrico, convencidos de que nuestro futuro depende en gran parte de nuestros ríos".
Volvió el Atuel
En una coincidencia llamativa -o quizá no tanto- el río Atuel volvió a escurrir estos días en territorio pampeano. El cauce se reactivó en los últimos días y se debería a agua que se larga de las chacras del sur de Mendoza -San Rafael, General Alvear, Carmensa- al haber terminado las tareas de limpieza de canales y acequias.
Las imágenes fueron tomadas por Santiago Requejo -un vecino de Santa Isabel que participa activamente de las movilizaciones por el regreso del río Atuel- en el Paso del los Vinchuqueros, en el límite entre las dos provincias.
Tiempo atrás, cuando un importante grupo de vecinos realizó una manifestación en Santa Isabel por el regreso del río, se produjo una reactivación del Atuel -que hasta ese entonces había estado totalmente seco- que algunos interpretaron como una estrategia mendocina para anular el reclamo pampeano en caso que algún medio informativo nacional fuera a observar cómo estaba el río en ese momento.
Para esta época del año, es habitual esta breve reaparición del río a raíz de las tareas de limpieza previa al inicio de otro ciclo de la temporada frutihortícola. La historia muestra que dentro de unos días el río volverá a cortarse y permanecerá así durante meses.
La coincidencia es con la reunión que ayer por la tarde tenían prevista los gobernadores de La Pampa, Oscar Mario Jorge, y de Mendoza, Francisco "Paco" Pérez, con el jefe del Gabinete de Ministros, Juan Manuel Abal Medina, para hablar sobre el convenio firmado en agosto del año 2008.
Movilizados por los ríos
Para mostrar que el conflicto del Atuel mantiene movilizado al pueblo de la provincia, la Asamblea en Defensa de los Ríos Pampeanos desplegó ayer su bandera en la casa de gobierno, mientras el gobernador se encontraba reunido con Pérez y Abal Medina. La asamblea reclama "una respuesta activa al petitorio presentado el 30 de marzo" y el inicio de una demanda ambiental contra Mendoza.
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Fecha de Publicación: 02/06/2012
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
Con la reunión celebrada ayer en la Casa Rosada, el gobernador Oscar Jorge confirmó que su política hídrica en torno al río Atuel se limitará a sostener una relación diplomática y sin sobresaltos, en lugar de ejecutar acciones directas para obligar a que Mendoza y el gobierno nacional asuman sus responsabilidades. En el despacho del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, ambos gobernadores (el pampeano y Francisco "Paco" Pérez) "acordaron el avance sobre los tópicos pendientes del convenio sobre el río Atuel, para desarrollar las medidas conducentes a ponerlo en vigencia".
El encuentro con el funcionario nacional estaba programado para las 17, pero el gobierno pampeano no informó sobre su resultado. Incluso, al terminar la reunión Jorge se las ingenió para escapar de la corresponsal de LA ARENA que aguardaba a las puertas de la Casa Rosada, tal cual había convenido con un funcionario provincial, que se comprometió a brindar información. Al final, la subsecretaria de Prensa, Andrea Masceli, se limitó a distribuir, vía mail, una copia textual de un cable de tres párrafos elaborado por la agencia oficial de noticias, Télam.
Obras y financiación.
La nota oficial informa que el jefe de Gabinete "convocó, por expresa indicación de la presidenta, a los gobernadores Pérez y Jorge para encaminar la resolución definitiva del convenio marco firmado entre ambas provincias en 2008". Y agrega que ambos mandatarios "se mostraron predispuestos" a celebrar "una serie de reuniones en el corto plazo".
Mientras tanto, Jorge y Pérez analizaron "los puntos del convenio firmado en 2008 que generan diferentes interpretaciones, sobre todo el referido a la escorrentía mínima de agua, y se establecieron posibles caminos para resolverla", informó Télam. También acordaron "trabajar en conjunto para la actualización de las obras originalmente convenidas (en el convenio de 2008), y su correspondiente financiación.
Nada cambia.
Así, el viaje del gobernador a Buenos Aires se tornó en una nueva decepción. No logró garantías de que Mendoza reconocerá el derecho pampeano a un escurrimiento fluvioecológico y aceptó continuar discutiendo las diferentes interpretaciones que a lo largo de varias décadas mantuvieron ambas provincias sobre ese punto trascendental.
Con esta decisión, además, el mandatario cerró la puerta al pedido de la Asamblea en Defensa de los Ríos Pampeanos y de los propios diputados justicialistas para iniciar una nueva demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como lo aconsejan los especialistas en Derecho, a partir del nuevo paradigma ambiental dispuesto por la Constitución desde 1994.
El convenio por el que ayer fueron convocados ambos gobernadores a la Casa Rosada fue suscripto el 7 de agosto de 2008 y durmió durante cuatro años en el Departamento de Irrigación, sin ser enviado al Parlamento mendocino para su ratificación legislativa. El compromiso obliga a Mendoza a liberar un escurrimiento permanente de 4,5 metros cúbicos por segundo, con el agua ahorrada mediante el revestimiento de sus canales.
"El futuro está en los ríos"
"Habiendo transcurrido un tiempo más que prudencial" la Asamblea en Defensa de los Ríos Pampeanos suscribió el 30 de mayo una nueva carta al gobernador, en la que reiteran el reclamo manifestado "en e petitorio entregado el 30 de marzo". En ella le recuerdan que la asamblea funciona en Santa Rosa, General Pico, Santa Isabel y Algarrobo del Águila" y que "sus integrantes militan bajo el pensamiento de que nuestra provincia debe tener una política hídrica definida y producto de un extenso debate democrático".
La Asamblea promueve "un nuevo juicio por el Atuel ante la STJ, bajo los nuevos preceptos constitucionales y legislación derivada, por la violación de los derechos humanos y el grave daño ambiental ocasionado"; reclama "el cumplimiento de la Ley 25688 y la creación de comités de cuenca para los ríos Atuel y Salado", y exige que "se solicite al gobierno nacional, un fondo de reparación histórica".
Los asambleístas pretenden además que Oscar Jorge "detenga y revierta el desmantelamiento de las áreas de gobierno vinculadas al tema hídrico, y que exija a Mendoza la ratificación del convenio de 2008, dejando constancia de que los 5 metros cúbicos serán de calidad de agua del río".
"Nuestro futuro pasa por desarrollar las zonas de riego" advierte la asamblea, nacida "de una toma de conciencia por parte de extensas capas de nuestra población sobre la necesidad de defender en forma más activa nuestro patrimonio hídrico, convencidos de que nuestro futuro depende en gran parte de nuestros ríos".
Volvió el Atuel
En una coincidencia llamativa -o quizá no tanto- el río Atuel volvió a escurrir estos días en territorio pampeano. El cauce se reactivó en los últimos días y se debería a agua que se larga de las chacras del sur de Mendoza -San Rafael, General Alvear, Carmensa- al haber terminado las tareas de limpieza de canales y acequias.
Las imágenes fueron tomadas por Santiago Requejo -un vecino de Santa Isabel que participa activamente de las movilizaciones por el regreso del río Atuel- en el Paso del los Vinchuqueros, en el límite entre las dos provincias.
Tiempo atrás, cuando un importante grupo de vecinos realizó una manifestación en Santa Isabel por el regreso del río, se produjo una reactivación del Atuel -que hasta ese entonces había estado totalmente seco- que algunos interpretaron como una estrategia mendocina para anular el reclamo pampeano en caso que algún medio informativo nacional fuera a observar cómo estaba el río en ese momento.
Para esta época del año, es habitual esta breve reaparición del río a raíz de las tareas de limpieza previa al inicio de otro ciclo de la temporada frutihortícola. La historia muestra que dentro de unos días el río volverá a cortarse y permanecerá así durante meses.
La coincidencia es con la reunión que ayer por la tarde tenían prevista los gobernadores de La Pampa, Oscar Mario Jorge, y de Mendoza, Francisco "Paco" Pérez, con el jefe del Gabinete de Ministros, Juan Manuel Abal Medina, para hablar sobre el convenio firmado en agosto del año 2008.
Movilizados por los ríos
Para mostrar que el conflicto del Atuel mantiene movilizado al pueblo de la provincia, la Asamblea en Defensa de los Ríos Pampeanos desplegó ayer su bandera en la casa de gobierno, mientras el gobernador se encontraba reunido con Pérez y Abal Medina. La asamblea reclama "una respuesta activa al petitorio presentado el 30 de marzo" y el inicio de una demanda ambiental contra Mendoza.
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Pueblo de Neuquén vota por la minería o no
A las urnas por la minería
Fecha de Publicación: 02/06/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Neuquén
Los habitantes de Loncopué, a 300 kilómetros de la capital provincial, participarán de un inédito referéndum para resolver si se prohíbe o no la megaminería. A diferencia del que se hizo en Esquel, en 2003, es obligatorio y vinculante.
“El pueblo decidirá.” Son las tres palabras que resuenan entre los habitantes de Loncopué, pueblo neuquino donde mañana habrá un inédito ejercicio democrático para Argentina: un referéndum dará cuenta de la aceptación o el rechazo de la megaminería. Loncopué se convertirá así en el primer lugar del país donde la población votará de manera obligatoria y vinculante respecto de la actividad extractiva. “Queremos cuidar el ambiente, queremos seguir viviendo como elegimos hace décadas, sin que nos impongan industrias contaminantes que avasallan nuestros derechos. Qué mejor que decidir mediante el voto”, afirmó Viviana Vaca, de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué (AVAL), una de las organizaciones impulsoras del referéndum.
Loncopué está ubicada en el noroeste neuquino, a 300 kilómetros de la capital provincial. Pueblo tranquilo, con siete mil habitantes y el turismo como principal actividad. En 2008 vio alterada su rutina cuando camionetas de doble tracción comenzaron a ingresar a los campos. La explicación: un contrato entre Cormine (Corporación Minera de Neuquén) y la compañía china Emprendimientos Mineros SA para instalar una mina para la extracción de cobre.
Las denuncias de contaminación que caen sobre la actividad provocaron la organización. Nacieron AVAL y la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Campana Mahuida (Avacam), otra localidad cercana al proyectado emprendimiento. Y se organizaron junto a la comunidad mapuche Mellao Morales (radicada hace cien años en la zona de interés minero). Se contactaron con otras asambleas ambientales y comenzaron a informar a la población: charlas, volanteadas informativas, asambleas y marchas.
También accionaron judicialmente. Reclamaron en 2008 la nulidad del contrato por no respetar los derechos de los pueblos originarios. También denunciaron que el gobierno provincial había cedido sin licitación pública el yacimiento a tres millones de dólares, ínfima cifra para un emprendimiento con al menos quince años de vida útil y reservas por 1800 millones de dólares.
En septiembre de 2009, el máximo tribunal de Neuquén hizo lugar a la medida cautelar de frenar toda acción hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, la legalidad o no del contrato. La decisión implicó el freno la actividad minera. El Superior Tribunal dejó constancia de que el avance minero había omitido el derecho de consulta a la comunidad indígena. El gobierno provincial apeló con un recurso extraordinario. Y, en marzo de 2011, el Superior Tribunal volvió a fallar contra el gobierno provincial y remarcó la obligación de respetar el derecho indígena.
Al mismo tiempo, los vecinos impulsaban una decisión de fondo: presentaron un anteproyecto de ordenanza para prohibir la actividad en la localidad y lograron que el Concejo Deliberante convoque a un referéndum para octubre de 2011. Pero el intendente dejó vencer los plazos y no llamó a votación.
Con las nuevas autoridades (asumidas en diciembre pasado), los concejales aceptaron llamar a un nuevo referéndum. Estuvieron de acuerdo todos los sectores políticos municipales, incluido el Movimiento Popular Neuquino (MPN) y el Frente para la Victoria.
La última semana, la Corporación Minera de Neuquén (Cormine, del Estado provincial) volvió a acudir al Superior Tribunal para que suspenda la votación. Ayer a la mañana, el máximo tribunal neuquino rechazó la presentación minera y confirmó que el referéndum es legítimo y está sujeto a derecho.
A diferencia de lo sucedido en Esquel en 2003 (donde hubo un plebiscito en el que el 81 por ciento rechazó la megaminería), mañana será la primera vez que en Argentina se ponga en práctica una votación obligatoria y vinculante respecto de la actividad extractiva. Toda la estructura del municipio estará al servicio de la votación, como sucede cuando se eligen intendente, gobernador o presidente. Se votará en escuelas, habrá presidente de mesa y fiscales.
En la forma de instrumentar el referéndum, no será “sí” o “no” a la actividad de una manera directa. Se decidirá la aprobación o rechazo de una ordenanza (ya redactada y difundida entre la población) que establece la prohibición de la actividad en Loncopué. De esta manera, quien vote “sí” a la ordenanza estará rechazando la minería (y viceversa).
La ordenanza será ratificada (y de esta forma prohibida la megaminería) si la mitad más uno de los votos elige por el “sí”.
El rechazo a la megaminería en Loncopué reunió a maestros, pequeños estancieros, amas de casa, familias campesinas, comunidades mapuches y la Iglesia Católica local. La organización llegó a reunir a 2000 habitantes en una ciudad de siete mil personas. A modo de práctica democrática, el jueves pasado la Escuela 50 Jaime De Nevares, de Loncopué, tuvo su votación: 274 chicos votaron por el rechazo a la megaminería y 12 por la aceptación.
“Es una comunidad pacífica que quiere seguir viviendo, justamente, en paz, por eso no quiere que corporaciones vengan a imponerse por sobre los derechos de quienes hace décadas viven acá”, explicó José María De Orfeo, cura párroco de Loncopué desde hace 26 años. No quiso arriesgar resultado, pero sí expresó su opinión: “La comunidad no cree en las falsas promesas de trabajo, supuesto bienestar y espejos de colores”.
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Fecha de Publicación: 02/06/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Neuquén
Los habitantes de Loncopué, a 300 kilómetros de la capital provincial, participarán de un inédito referéndum para resolver si se prohíbe o no la megaminería. A diferencia del que se hizo en Esquel, en 2003, es obligatorio y vinculante.
“El pueblo decidirá.” Son las tres palabras que resuenan entre los habitantes de Loncopué, pueblo neuquino donde mañana habrá un inédito ejercicio democrático para Argentina: un referéndum dará cuenta de la aceptación o el rechazo de la megaminería. Loncopué se convertirá así en el primer lugar del país donde la población votará de manera obligatoria y vinculante respecto de la actividad extractiva. “Queremos cuidar el ambiente, queremos seguir viviendo como elegimos hace décadas, sin que nos impongan industrias contaminantes que avasallan nuestros derechos. Qué mejor que decidir mediante el voto”, afirmó Viviana Vaca, de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué (AVAL), una de las organizaciones impulsoras del referéndum.
Loncopué está ubicada en el noroeste neuquino, a 300 kilómetros de la capital provincial. Pueblo tranquilo, con siete mil habitantes y el turismo como principal actividad. En 2008 vio alterada su rutina cuando camionetas de doble tracción comenzaron a ingresar a los campos. La explicación: un contrato entre Cormine (Corporación Minera de Neuquén) y la compañía china Emprendimientos Mineros SA para instalar una mina para la extracción de cobre.
Las denuncias de contaminación que caen sobre la actividad provocaron la organización. Nacieron AVAL y la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Campana Mahuida (Avacam), otra localidad cercana al proyectado emprendimiento. Y se organizaron junto a la comunidad mapuche Mellao Morales (radicada hace cien años en la zona de interés minero). Se contactaron con otras asambleas ambientales y comenzaron a informar a la población: charlas, volanteadas informativas, asambleas y marchas.
También accionaron judicialmente. Reclamaron en 2008 la nulidad del contrato por no respetar los derechos de los pueblos originarios. También denunciaron que el gobierno provincial había cedido sin licitación pública el yacimiento a tres millones de dólares, ínfima cifra para un emprendimiento con al menos quince años de vida útil y reservas por 1800 millones de dólares.
En septiembre de 2009, el máximo tribunal de Neuquén hizo lugar a la medida cautelar de frenar toda acción hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, la legalidad o no del contrato. La decisión implicó el freno la actividad minera. El Superior Tribunal dejó constancia de que el avance minero había omitido el derecho de consulta a la comunidad indígena. El gobierno provincial apeló con un recurso extraordinario. Y, en marzo de 2011, el Superior Tribunal volvió a fallar contra el gobierno provincial y remarcó la obligación de respetar el derecho indígena.
Al mismo tiempo, los vecinos impulsaban una decisión de fondo: presentaron un anteproyecto de ordenanza para prohibir la actividad en la localidad y lograron que el Concejo Deliberante convoque a un referéndum para octubre de 2011. Pero el intendente dejó vencer los plazos y no llamó a votación.
Con las nuevas autoridades (asumidas en diciembre pasado), los concejales aceptaron llamar a un nuevo referéndum. Estuvieron de acuerdo todos los sectores políticos municipales, incluido el Movimiento Popular Neuquino (MPN) y el Frente para la Victoria.
La última semana, la Corporación Minera de Neuquén (Cormine, del Estado provincial) volvió a acudir al Superior Tribunal para que suspenda la votación. Ayer a la mañana, el máximo tribunal neuquino rechazó la presentación minera y confirmó que el referéndum es legítimo y está sujeto a derecho.
A diferencia de lo sucedido en Esquel en 2003 (donde hubo un plebiscito en el que el 81 por ciento rechazó la megaminería), mañana será la primera vez que en Argentina se ponga en práctica una votación obligatoria y vinculante respecto de la actividad extractiva. Toda la estructura del municipio estará al servicio de la votación, como sucede cuando se eligen intendente, gobernador o presidente. Se votará en escuelas, habrá presidente de mesa y fiscales.
En la forma de instrumentar el referéndum, no será “sí” o “no” a la actividad de una manera directa. Se decidirá la aprobación o rechazo de una ordenanza (ya redactada y difundida entre la población) que establece la prohibición de la actividad en Loncopué. De esta manera, quien vote “sí” a la ordenanza estará rechazando la minería (y viceversa).
La ordenanza será ratificada (y de esta forma prohibida la megaminería) si la mitad más uno de los votos elige por el “sí”.
El rechazo a la megaminería en Loncopué reunió a maestros, pequeños estancieros, amas de casa, familias campesinas, comunidades mapuches y la Iglesia Católica local. La organización llegó a reunir a 2000 habitantes en una ciudad de siete mil personas. A modo de práctica democrática, el jueves pasado la Escuela 50 Jaime De Nevares, de Loncopué, tuvo su votación: 274 chicos votaron por el rechazo a la megaminería y 12 por la aceptación.
“Es una comunidad pacífica que quiere seguir viviendo, justamente, en paz, por eso no quiere que corporaciones vengan a imponerse por sobre los derechos de quienes hace décadas viven acá”, explicó José María De Orfeo, cura párroco de Loncopué desde hace 26 años. No quiso arriesgar resultado, pero sí expresó su opinión: “La comunidad no cree en las falsas promesas de trabajo, supuesto bienestar y espejos de colores”.
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Instarán a los ingenios a no retener vinaza
Instarán a los ingenios a no retener vinaza más de 25 días
Fecha de Publicación: 01/06/2012
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Tucumán
La nueva ley ambiental de Tucumán buscará sancionar con multas más duras a aquellos que contaminen y no resuelvan irregularidades.
Luego de la reciente reunión mantenida entre representantes del Comité de la Cuenca Salí-Dulce, junto a las Defensorías del Pueblo de las provincias de Santiago del Estero y Tucumán, el secretario de Medio Ambiente tucumano, Ing. Alfredo Montalván, explicó sobre las nuevas metodologías de trabajo impulsadas por el gobierno de aquella provincia, tendiente a evitar vuelcos de vinaza y posterior contaminación de la cuenca.
“Estamos impulsando un nuevo esquema de trabajo para que en un futuro no muy lejano sólo haya pulmones de amortiguación de 20 a 25 días de capacidad de almacenamiento de vinaza, y no lagunas donde se almacene la vinaza de toda una zafra”, resaltó.
A la par de los constantes monitoreos realizados a los ingenios por parte de la cartera ambiental, señaló que “constantemente estamos atentos por cualquier irregularidad que se detecte, ya que todo el tiempo que se registran alarmas, y cada vez que se detecta un evento salen los camionetas de Medio Ambiente a verificar algún posible vuelco de vinaza, de ceniza o si es producto del inicio de la zafra”, indicó.
En torno a la reciente reunión mantenida entre representantes del Comité, junto a las Defensorías del Pueblo de Santiago y Tucumán, junto a los equipos de Participación Social, para el contralor de la cuenca, Montalván señaló que en breve se sumará la participación de la Universidad Tecnológica Nacional de Tucumán.
Sobre los últimos vuelcos remarcó que Ambiente de Tucumán procedió a la inhabilitación preventiva del ingenio, medida que luego fue levantada al realizarse las medidas correctivas.
Por ello, dijo que “hay un nuevo esquema sancionatorio y desde la Legislatura sacamos una nueva ley ambiental que se la estará promulgando en estos días, con nuevos niveles de multas que ascienden a la categoría de un sueldo básico de la provincia Tucumán”, remarcó.
“Tolerancia será cero”
Acerca de la participación de la Universidad Tecnológica de Tucumán para el control de la cuenca Salí Dulce, el defensor del Pueblo de Tucumán, Hugo Cabral, manifestó a la prensa tucumana que “hay 60 puntos que se controlan desde todos los afluentes que van a la cuenca, de los cuales hay 35 que dos veces al día serán controlados por 12 días. La provincia lo hará todos los días y se unirá la Tecnológica”, sostuvo Cabral, en alusión al aporte de la UTN.
“Yo espero que a partir de allí se deje de contaminar, si llega a ocurrir se tomarán todas las medidas que la ley demande. Es importante destacar que cada una de las industrias está realizando las tareas necesarias para que no se vuelva a contaminar”, expresó.
El funcionario tucumano fue estricto al afirmar que “si alguien no cumple con los compromisos, deberá ser sancionado. La tolerancia será cero”, sostuvo finalmente Cabral.
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Fecha de Publicación: 01/06/2012
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Tucumán
La nueva ley ambiental de Tucumán buscará sancionar con multas más duras a aquellos que contaminen y no resuelvan irregularidades.
Luego de la reciente reunión mantenida entre representantes del Comité de la Cuenca Salí-Dulce, junto a las Defensorías del Pueblo de las provincias de Santiago del Estero y Tucumán, el secretario de Medio Ambiente tucumano, Ing. Alfredo Montalván, explicó sobre las nuevas metodologías de trabajo impulsadas por el gobierno de aquella provincia, tendiente a evitar vuelcos de vinaza y posterior contaminación de la cuenca.
“Estamos impulsando un nuevo esquema de trabajo para que en un futuro no muy lejano sólo haya pulmones de amortiguación de 20 a 25 días de capacidad de almacenamiento de vinaza, y no lagunas donde se almacene la vinaza de toda una zafra”, resaltó.
A la par de los constantes monitoreos realizados a los ingenios por parte de la cartera ambiental, señaló que “constantemente estamos atentos por cualquier irregularidad que se detecte, ya que todo el tiempo que se registran alarmas, y cada vez que se detecta un evento salen los camionetas de Medio Ambiente a verificar algún posible vuelco de vinaza, de ceniza o si es producto del inicio de la zafra”, indicó.
En torno a la reciente reunión mantenida entre representantes del Comité, junto a las Defensorías del Pueblo de Santiago y Tucumán, junto a los equipos de Participación Social, para el contralor de la cuenca, Montalván señaló que en breve se sumará la participación de la Universidad Tecnológica Nacional de Tucumán.
Sobre los últimos vuelcos remarcó que Ambiente de Tucumán procedió a la inhabilitación preventiva del ingenio, medida que luego fue levantada al realizarse las medidas correctivas.
Por ello, dijo que “hay un nuevo esquema sancionatorio y desde la Legislatura sacamos una nueva ley ambiental que se la estará promulgando en estos días, con nuevos niveles de multas que ascienden a la categoría de un sueldo básico de la provincia Tucumán”, remarcó.
“Tolerancia será cero”
Acerca de la participación de la Universidad Tecnológica de Tucumán para el control de la cuenca Salí Dulce, el defensor del Pueblo de Tucumán, Hugo Cabral, manifestó a la prensa tucumana que “hay 60 puntos que se controlan desde todos los afluentes que van a la cuenca, de los cuales hay 35 que dos veces al día serán controlados por 12 días. La provincia lo hará todos los días y se unirá la Tecnológica”, sostuvo Cabral, en alusión al aporte de la UTN.
“Yo espero que a partir de allí se deje de contaminar, si llega a ocurrir se tomarán todas las medidas que la ley demande. Es importante destacar que cada una de las industrias está realizando las tareas necesarias para que no se vuelva a contaminar”, expresó.
El funcionario tucumano fue estricto al afirmar que “si alguien no cumple con los compromisos, deberá ser sancionado. La tolerancia será cero”, sostuvo finalmente Cabral.
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Corpacci no quiere más cortes antimineros
Corpacci pidió a la Corte que actúe ante los cortes antimineros
Fecha de Publicación: 01/06/2012
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Desde Chile se plantearon los perjuicios por los bloqueos y el malestar de las autoridades.
Tras una misiva enviada por el embajador de Chile, Ginés González García, la gobernadora, Lucía Corpacci, solicitó a la Corte de Justicia de la Provincia que intervenga en el conflicto minero y actúe para liberar el paso en la ruta 60, interrumpido por un grupo de ambientalistas.
La primera mandataria envió ayer dos notas, una dirigida a la presidenta de la Corte de Justicia, Amelia Sesto de Leiva, y otra al procurador general del máximo tribunal, Enrique Lilljedahl.
En ellas, les informa sobre la preocupación transmitida por el embajador de Chile por las consecuencias negativas de los cortes.
En ese sentido, Corpacci pide a las autoridades que "arbitren los mecanismos conducentes a los efectos de hacer cesar el impedimento de tránsito que afecta a la libre circulación de las rutas, la libertad de trabajar, la libertad de comercializar y a la libertad de ejercer industria lícita en la ruta 60".
Además, hace constar el valor estratégico que el corredor bioceánico tiene para la Provincia y los perjuicios que los bloqueos generan a la sociedad catamarqueña.
Corpacci menciona en la nota que el conflicto ya afectó al comercio, el turismo, la hotelería y el sector productivo".
También aclara que el requerimiento efectuado se realiza "con el mayor de los respetos, en el marco de la independencia de poderes que garantiza el Estado de Derecho", en base a las "atribuciones, deberes constitucionales y facultades legales" del máximo tribunal.
Los cortes producidos en la ruta 60, en el ingreso a Tinogasta, impiden el tránsito provincial, regional e internacional, en especial el que se realiza a través del Paso San Francisco.
El reclamo de ambientalistas se mantiene desde febrero de este año.
Días atrás, la Provincia se constituyó en querellante en las causas que pesan sobre 50 ambientalistas que participaron de enfrentamientos con el personal de la policía durante un intento de desalojo del bloqueo.
Ser querellante en la causa le permitirá a los abogados de la Fiscalía de Estado seguir de cerca la investigación y presentar pruebas. Por otra parte, hay pedidos de municipios y de vecinos de las localidades afectadas para que se habiliten vías alternativas de circulación, como la Cuesta de Zapata y la ruta que une Río Grande, en Tinogasta, con Puerta de Corral Quemado, Belén.
Malestar de autoridades chilenas
En la nota enviada a la Gobernadora, el embajador de Chile, Ginés González García, manifiesta que hay malestar en el sector privado y en las autoridades chilenas por la imposibilidad de utilizar el Paso San Francisco.
Menciona que empresarios de transporte internacional de cargas realizaron un reclamo ante las autoridades de ese país por las consecuencias que les genera el no poder transportar la carga de insumos mineros hacia la Provincia por el corredor internacional, considerado como "una herramienta vital para la integración y el desarrollo".
Por último, el embajador asegura que la continuidad del reclamo opacará el trabajo bilateral que vienen realizando ambos países.
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Fecha de Publicación: 01/06/2012
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Desde Chile se plantearon los perjuicios por los bloqueos y el malestar de las autoridades. Tras una misiva enviada por el embajador de Chile, Ginés González García, la gobernadora, Lucía Corpacci, solicitó a la Corte de Justicia de la Provincia que intervenga en el conflicto minero y actúe para liberar el paso en la ruta 60, interrumpido por un grupo de ambientalistas.
La primera mandataria envió ayer dos notas, una dirigida a la presidenta de la Corte de Justicia, Amelia Sesto de Leiva, y otra al procurador general del máximo tribunal, Enrique Lilljedahl.
En ellas, les informa sobre la preocupación transmitida por el embajador de Chile por las consecuencias negativas de los cortes.
En ese sentido, Corpacci pide a las autoridades que "arbitren los mecanismos conducentes a los efectos de hacer cesar el impedimento de tránsito que afecta a la libre circulación de las rutas, la libertad de trabajar, la libertad de comercializar y a la libertad de ejercer industria lícita en la ruta 60".
Además, hace constar el valor estratégico que el corredor bioceánico tiene para la Provincia y los perjuicios que los bloqueos generan a la sociedad catamarqueña.
Corpacci menciona en la nota que el conflicto ya afectó al comercio, el turismo, la hotelería y el sector productivo".
También aclara que el requerimiento efectuado se realiza "con el mayor de los respetos, en el marco de la independencia de poderes que garantiza el Estado de Derecho", en base a las "atribuciones, deberes constitucionales y facultades legales" del máximo tribunal.
Los cortes producidos en la ruta 60, en el ingreso a Tinogasta, impiden el tránsito provincial, regional e internacional, en especial el que se realiza a través del Paso San Francisco.
El reclamo de ambientalistas se mantiene desde febrero de este año.
Días atrás, la Provincia se constituyó en querellante en las causas que pesan sobre 50 ambientalistas que participaron de enfrentamientos con el personal de la policía durante un intento de desalojo del bloqueo.
Ser querellante en la causa le permitirá a los abogados de la Fiscalía de Estado seguir de cerca la investigación y presentar pruebas. Por otra parte, hay pedidos de municipios y de vecinos de las localidades afectadas para que se habiliten vías alternativas de circulación, como la Cuesta de Zapata y la ruta que une Río Grande, en Tinogasta, con Puerta de Corral Quemado, Belén.
Malestar de autoridades chilenas
En la nota enviada a la Gobernadora, el embajador de Chile, Ginés González García, manifiesta que hay malestar en el sector privado y en las autoridades chilenas por la imposibilidad de utilizar el Paso San Francisco.
Menciona que empresarios de transporte internacional de cargas realizaron un reclamo ante las autoridades de ese país por las consecuencias que les genera el no poder transportar la carga de insumos mineros hacia la Provincia por el corredor internacional, considerado como "una herramienta vital para la integración y el desarrollo".
Por último, el embajador asegura que la continuidad del reclamo opacará el trabajo bilateral que vienen realizando ambos países.
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Sali-Dulce: se reunió el comité de cuenca
El Comité de Cuenca se reunió con los equipos de Participación Social
Fecha de Publicación: 31/05/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero - Córdoba - Catamarca.
El Comité de Cuenca Salí-Dulce realizó una reunión de trabajo de los responsables de los equipos de Participación Social, con presencia de representaciones de Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y Catamarca.
En la ocasión, se consideró todo lo inherente a la integración de equipos de trabajo que aseguren también la participación de ONG’s, en un todo de acuerdo al convenio que suscribieran oportunamente la Secretaría de Ambiente, las provincias de Tucumán, Santiago y la Defensoría del Pueblo, para el contralor de la cuenca.
La representación local ilustró sobre la convocatoria realizada y las reuniones que se concretaron a los efectos de integrar a representantes de ONGs a la comisión de seguimiento de la Defensoría. Así también se abundó sobre el moderno sistema de monitoreo implementado y las tareas de capacitación correspondiente al personal.
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Fecha de Publicación: 31/05/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero - Córdoba - Catamarca.
El Comité de Cuenca Salí-Dulce realizó una reunión de trabajo de los responsables de los equipos de Participación Social, con presencia de representaciones de Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y Catamarca.En la ocasión, se consideró todo lo inherente a la integración de equipos de trabajo que aseguren también la participación de ONG’s, en un todo de acuerdo al convenio que suscribieran oportunamente la Secretaría de Ambiente, las provincias de Tucumán, Santiago y la Defensoría del Pueblo, para el contralor de la cuenca.
La representación local ilustró sobre la convocatoria realizada y las reuniones que se concretaron a los efectos de integrar a representantes de ONGs a la comisión de seguimiento de la Defensoría. Así también se abundó sobre el moderno sistema de monitoreo implementado y las tareas de capacitación correspondiente al personal.
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