CJ de Salta intenvendrá por los desmontes
13:57 | 
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La Justicia salteña actuará en el amparo por los desmontes
Fecha de Publicación: 05/06/2012
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
La Corte de Justicia de Salta se declaró competente para intervenir en el amparo promovido contra la provincia por los desmontes. La causa, denominada “Salas, Dino y otros vs. Provincia de Salta y Estado Nacional”, había sido derivada a la Justicia local tras declararse incompetente la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Cabe recordar que la acción de amparo fue interpuesta para que cesen de forma inmediata y definitiva los desmontes y talas indiscriminadas de los bosques nativos de los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria. La paralización de la actividad se logró un par de años.
Entre otros puntos, el recurso también pide que se declare la inconstitucionalidad y nulidad absoluta e insanable de las autorizaciones otorgadas para desmontes y se prohíba otorgarlas en el futuro.
La Corte Suprema Federal había convocado en 2009 a una audiencia a las partes involucradas, ordenando en forma posterior que la Provincia realice en forma conjunta con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación un estudio de análisis del impacto ambiental acumulativo de la tala y desmonte.
Destacó, además, las medidas adoptadas durante el trámite por la Provincia, entre ellas la sanción de la ley 7543 y los decretos 2785/09, 2789/09 y 3676/09 que evidencian “la voluntad política del Gobierno provincial de superar el conflicto”.
Al recibir la causa, la Justicia de Salta días atrás se había declarado competente y ahora deberá decidir sobre el caso.
En el curso del proceso en la Corte Suprema, que duró tres años, y aun después, el gobernador de la Provincia, como titular del Poder Ejecutivo, había dictado instrumentos concretos sobre la materia del amparo y eso habilitaba la competencia del Alto Tribunal local con arreglo a lo dispuesto en la Constitución de la Provincia de Salta.
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Fecha de Publicación: 05/06/2012
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
La Corte de Justicia de Salta se declaró competente para intervenir en el amparo promovido contra la provincia por los desmontes. La causa, denominada “Salas, Dino y otros vs. Provincia de Salta y Estado Nacional”, había sido derivada a la Justicia local tras declararse incompetente la Corte Suprema de Justicia de la Nación.Cabe recordar que la acción de amparo fue interpuesta para que cesen de forma inmediata y definitiva los desmontes y talas indiscriminadas de los bosques nativos de los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria. La paralización de la actividad se logró un par de años.
Entre otros puntos, el recurso también pide que se declare la inconstitucionalidad y nulidad absoluta e insanable de las autorizaciones otorgadas para desmontes y se prohíba otorgarlas en el futuro.
La Corte Suprema Federal había convocado en 2009 a una audiencia a las partes involucradas, ordenando en forma posterior que la Provincia realice en forma conjunta con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación un estudio de análisis del impacto ambiental acumulativo de la tala y desmonte.
Destacó, además, las medidas adoptadas durante el trámite por la Provincia, entre ellas la sanción de la ley 7543 y los decretos 2785/09, 2789/09 y 3676/09 que evidencian “la voluntad política del Gobierno provincial de superar el conflicto”.
Al recibir la causa, la Justicia de Salta días atrás se había declarado competente y ahora deberá decidir sobre el caso.
En el curso del proceso en la Corte Suprema, que duró tres años, y aun después, el gobernador de la Provincia, como titular del Poder Ejecutivo, había dictado instrumentos concretos sobre la materia del amparo y eso habilitaba la competencia del Alto Tribunal local con arreglo a lo dispuesto en la Constitución de la Provincia de Salta.
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Otra vez denuncian a la ex Botnia
Argentina denuncia que Uruguay está "violando" mandato de La Haya
Fecha de Publicación: 05/06/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Sostiene que ha modificado "unilateralmente" las reglas que debe cumplir la pastera UPM.
Uno de los representantes argentinos ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru) aseguró que el gobierno de José Mujica está "violando" el mandato del Tribunal de La Haya en torno del control compartido de la pastera UPM (ex Botnia), ya que ha modificado "unilateralmente" las reglas que debe cumplir la empresa.
Así lo aseguró el vicepresidente de la delegación argentina en la Cari, Héctor Rodríguez, quien remarcó que "hay una actitud muy tozuda desde el Uruguay al violar el mandato de la sentencia del Tribunal Internacional de La Haya que ordena no agravar la situación" de conflicto binacional.
Luego de la larga lucha por la instalación de la pastera Botnia en la ciudad de Fray Bentos, fuertemente rechazada en Gualeguaychú por los posibles efectos contaminantes, fue creado un comité científico binacional dependiente de la Caru para el monitoreo de la empresa, tal como lo dispuso la Corte de La Haya.
Pero en los últimos tiempos, dijo Rodríguez, "Uruguay unilateralmente ha cambiado el parámetro de temperatura de agua en sus efluentes con la resolución 370/11".
Normativa. Esa norma, advirtió, fue emitida "para favorecer a Botnia inconstitucionalmente en violación del mandato de la sentencia del Tribunal de La Haya de 2010 que ordena no agravar la situación y consultar todo lo que tiene que ver con esa planta".
"Tan a favor de Botnia es que no se modifica el parámetro de temperatura de agua para todo el curso del Río Uruguay, sino solamente y exclusivamente para los efluentes de Botnia-UPM", remarcó Rodríguez.
El gobierno de Mujica manifiesta "una continuación en la estrategia de los hechos consumados", puntualizó, en declaraciones a radio Máxima de Gualeguaychú.
Por otra parte, Rodríguez afirmó que los representantes argentinos tienen "pruebas fehacientes de que se ha aumentado de hecho la capacidad de producción anual en tonelajes de Botnia", algo que Argentina "ha denunciado enfáticamente en las actas de la CARU", pero sin haber "recibido la más mínima respuesta".
Rodríguez manifestó asimismo que análisis realizados por laboratorios internacionales fueron "verdaderamente un fiasco", y aseguró que como fueron "burdos" en sus resultados, debieron realizarse nuevamente.
El comité científico, dijo, ingresó ocho veces a la planta, pero advirtió que los resultados de laboratorio aún no han sido validados porque no existe acuerdo en los parámetros a medir.
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Fecha de Publicación: 05/06/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Sostiene que ha modificado "unilateralmente" las reglas que debe cumplir la pastera UPM.
Uno de los representantes argentinos ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru) aseguró que el gobierno de José Mujica está "violando" el mandato del Tribunal de La Haya en torno del control compartido de la pastera UPM (ex Botnia), ya que ha modificado "unilateralmente" las reglas que debe cumplir la empresa.
Así lo aseguró el vicepresidente de la delegación argentina en la Cari, Héctor Rodríguez, quien remarcó que "hay una actitud muy tozuda desde el Uruguay al violar el mandato de la sentencia del Tribunal Internacional de La Haya que ordena no agravar la situación" de conflicto binacional.
Luego de la larga lucha por la instalación de la pastera Botnia en la ciudad de Fray Bentos, fuertemente rechazada en Gualeguaychú por los posibles efectos contaminantes, fue creado un comité científico binacional dependiente de la Caru para el monitoreo de la empresa, tal como lo dispuso la Corte de La Haya.
Pero en los últimos tiempos, dijo Rodríguez, "Uruguay unilateralmente ha cambiado el parámetro de temperatura de agua en sus efluentes con la resolución 370/11".
Normativa. Esa norma, advirtió, fue emitida "para favorecer a Botnia inconstitucionalmente en violación del mandato de la sentencia del Tribunal de La Haya de 2010 que ordena no agravar la situación y consultar todo lo que tiene que ver con esa planta".
"Tan a favor de Botnia es que no se modifica el parámetro de temperatura de agua para todo el curso del Río Uruguay, sino solamente y exclusivamente para los efluentes de Botnia-UPM", remarcó Rodríguez.
El gobierno de Mujica manifiesta "una continuación en la estrategia de los hechos consumados", puntualizó, en declaraciones a radio Máxima de Gualeguaychú.
Por otra parte, Rodríguez afirmó que los representantes argentinos tienen "pruebas fehacientes de que se ha aumentado de hecho la capacidad de producción anual en tonelajes de Botnia", algo que Argentina "ha denunciado enfáticamente en las actas de la CARU", pero sin haber "recibido la más mínima respuesta".
Rodríguez manifestó asimismo que análisis realizados por laboratorios internacionales fueron "verdaderamente un fiasco", y aseguró que como fueron "burdos" en sus resultados, debieron realizarse nuevamente.
El comité científico, dijo, ingresó ocho veces a la planta, pero advirtió que los resultados de laboratorio aún no han sido validados porque no existe acuerdo en los parámetros a medir.
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Amplio rechazo a la minería en pueblo neuquino
Loncopué rechazó la explotación minera
Fecha de Publicación: 04/06/2012
Fuente: AIM
Provincia/Región: Neuquén
Los ciudadanos de Loncopué votaron este domingo y respaldaron la ordenanza que prohíbe la explotación minera a gran escala dentro de su ejido urbano. Sufragaron 2589 electores: un 82,08 por ciento respaldó la prohibición y el 14,99 la rechazó. Hubo un 1,5 por ciento de votos en blanco y 1,4 impugnados.
Luego de conocidos los resultados, la gente festejó en la plaza de la localidad lo que consideró una victoria frente al hostigamiento del gobierno provincial.
La ciudadanía de Loncopué respaldó la prohibición de la explotación a cielo abierto de minerales de la primera categoría, el empleo de técnicas de lixiviación, actividades que afecten la intangibilidad de las tierras ocupadas por pueblos indígenas, el acopio y almacenamiento o transporte de cianuro, ácido sulfúrico, mercurio o cualquier otra sustancia tóxica, el transporte o almacenamiento de explosivos, la construcción de mineraloductos y cualquier tarea de exploración minera.
El gobierno de Sapag hizo lo imposible para que prosperaran en Loncopué los proyectos de explotación minera a cielo abierto. No contaba que enfrente tenía una pared. Un muro. No sabía -nadie sabía- qué tan sólido era. Podía tener fisuras, resquebrajarse, o derrumbarse como un castillo de naipes.
Lo que sí se sabía era que había un grupo de vecinos y vecinas -pequeño- que agitaba con más convicción que recursos su postura anti minera. Aun cuando fuera pequeño, la estrategia de Sapag fue ponerle todos los palos posibles para que cayera.
Recurrió a la justicia con insistencia. Operó políticamente. Metió presión. Incluso intentó suspender el referendum pocas horas antes de su realización. Y cuando la suerte ya estaba echada, salió a anticipar su estrategia: invalidar moral y judicialmente la movida.
Le falló todo. El pueblo de Loncopué no tuvo miedo. Salió a la calle, votó y le dió un masazo a la pretensión oficial de avanzar contra la explotación minera.
Más Información:
- Página/12 - Un pueblo dijo “no” a la megaminería
- ADN - Loncopué votó en contra de la megaminería
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Fecha de Publicación: 04/06/2012
Fuente: AIM
Provincia/Región: Neuquén
Los ciudadanos de Loncopué votaron este domingo y respaldaron la ordenanza que prohíbe la explotación minera a gran escala dentro de su ejido urbano. Sufragaron 2589 electores: un 82,08 por ciento respaldó la prohibición y el 14,99 la rechazó. Hubo un 1,5 por ciento de votos en blanco y 1,4 impugnados.Luego de conocidos los resultados, la gente festejó en la plaza de la localidad lo que consideró una victoria frente al hostigamiento del gobierno provincial.
La ciudadanía de Loncopué respaldó la prohibición de la explotación a cielo abierto de minerales de la primera categoría, el empleo de técnicas de lixiviación, actividades que afecten la intangibilidad de las tierras ocupadas por pueblos indígenas, el acopio y almacenamiento o transporte de cianuro, ácido sulfúrico, mercurio o cualquier otra sustancia tóxica, el transporte o almacenamiento de explosivos, la construcción de mineraloductos y cualquier tarea de exploración minera.
El gobierno de Sapag hizo lo imposible para que prosperaran en Loncopué los proyectos de explotación minera a cielo abierto. No contaba que enfrente tenía una pared. Un muro. No sabía -nadie sabía- qué tan sólido era. Podía tener fisuras, resquebrajarse, o derrumbarse como un castillo de naipes.
Lo que sí se sabía era que había un grupo de vecinos y vecinas -pequeño- que agitaba con más convicción que recursos su postura anti minera. Aun cuando fuera pequeño, la estrategia de Sapag fue ponerle todos los palos posibles para que cayera.
Recurrió a la justicia con insistencia. Operó políticamente. Metió presión. Incluso intentó suspender el referendum pocas horas antes de su realización. Y cuando la suerte ya estaba echada, salió a anticipar su estrategia: invalidar moral y judicialmente la movida.
Le falló todo. El pueblo de Loncopué no tuvo miedo. Salió a la calle, votó y le dió un masazo a la pretensión oficial de avanzar contra la explotación minera.
Más Información:
- Página/12 - Un pueblo dijo “no” a la megaminería
- ADN - Loncopué votó en contra de la megaminería
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Quemar basura no paliará la crisis energética
Quemar basura no paliará la crisis energética
Fecha de Publicación: 04/06/2012
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
La gestión de los residuos sólidos urbanos en la región metropolitana está, como todos sabemos, en un momento crítico. Desde hace una década no se encuentran sitios alternativos para la disposición de los residuos, los rellenos sanitarios actuales están al borde del colapso, y son rechazados por vecinos cansados de padecer los impactos contaminantes de estas mega-montañas de basura. Ante esta situación, bajo el disfraz de "generación de energía" las autoridades nacionales apuestan una vez más al corto plazo y ofrecen como solución mágica la quema de residuos.
En las últimas semanas se conoció el proyecto de la empresa estatal ENARSA y la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) para quemar basura hogareña de esta Cuenca en predios de la CEAMSE en el partido bonaerense de San Miguel. El supuesto objetivo del plan es solucionar la crisis de los rellenos sanitarios.
La incineración de basura, en todas sus versiones, emite sustancias tóxicas al ambiente que afectan la salud de la población. Cuando, además, se busca obtener energía con la combustión, compite con los programas de reciclaje, ya que los materiales de mayor poder calorífico son aquellos más fácilmente reciclables y fuente de ingresos de cientos de recuperadores urbanos.
La excusa es la generación de energía; sin embargo, no se informa claramente que se recuperan niveles bajísimos y desproporcionados en relación a los gastos que genera sostener estas instalaciones. Así es incluso en lugares con altos niveles de incineración de basura, como en la Unión Europea, donde el porcentaje de recuperación de energía es mínimo, y muchos países deben importar basura para mantener las plantas en marcha y justificar las inversiones.
Incluso con ese marco de referencia, el proyecto impulsado por las autoridades nacionales será financiado a través de la Ley de Energías Renovables, por fuera de lo que establece esa norma, que excluye expresamente a los residuos sólidos urbanos y apuesta a promover verdaderas fuentes "verdes" como la energía eólica y solar.
Los vecinos de la Cuenca del río Reconquista, deberán sumar la contaminación de la quema de basura a la que hoy padecen por el entierro de más de 14.000 toneladas diarias de residuos provenientes en gran parte de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el distrito que genera la mayor cantidad de residuos que se envían a enterrar en rellenos sanitarios de la CEAMSE, la Ley 1.854 establece un cronograma de reducción progresiva de los residuos que se entierran mediante la implementación de programas de recolección diferenciada, reciclado y recuperación de materiales que se encuentran en los residuos, entre otras acciones. Sin embargo esta ley es ignorada por el Gobierno porteño desde hace más de cuatro años, en una estrategia que en realidad parece buscar que la Ciudad quede sin alternativas de disposición, para así cumplir con uno de los proyectos impulsados por el PRO incluso antes de asumir el primer mandato; quemar la basura porteña, en contra de lo que establece la Ley de Basura Cero.
Situaciones graves como la actual deben servir para establecer prioridades en materia de políticas sustentables de gestión de residuos e invertir en el cumplimiento de la normativa vigente que exige el reciclado y la recuperación de materiales. Plantear como estrategia seguir enterrando basura, o dónde y cómo quemarla es apagar un incendio con fuego.
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Fecha de Publicación: 04/06/2012
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
La gestión de los residuos sólidos urbanos en la región metropolitana está, como todos sabemos, en un momento crítico. Desde hace una década no se encuentran sitios alternativos para la disposición de los residuos, los rellenos sanitarios actuales están al borde del colapso, y son rechazados por vecinos cansados de padecer los impactos contaminantes de estas mega-montañas de basura. Ante esta situación, bajo el disfraz de "generación de energía" las autoridades nacionales apuestan una vez más al corto plazo y ofrecen como solución mágica la quema de residuos.
En las últimas semanas se conoció el proyecto de la empresa estatal ENARSA y la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) para quemar basura hogareña de esta Cuenca en predios de la CEAMSE en el partido bonaerense de San Miguel. El supuesto objetivo del plan es solucionar la crisis de los rellenos sanitarios.
La incineración de basura, en todas sus versiones, emite sustancias tóxicas al ambiente que afectan la salud de la población. Cuando, además, se busca obtener energía con la combustión, compite con los programas de reciclaje, ya que los materiales de mayor poder calorífico son aquellos más fácilmente reciclables y fuente de ingresos de cientos de recuperadores urbanos.
La excusa es la generación de energía; sin embargo, no se informa claramente que se recuperan niveles bajísimos y desproporcionados en relación a los gastos que genera sostener estas instalaciones. Así es incluso en lugares con altos niveles de incineración de basura, como en la Unión Europea, donde el porcentaje de recuperación de energía es mínimo, y muchos países deben importar basura para mantener las plantas en marcha y justificar las inversiones.
Incluso con ese marco de referencia, el proyecto impulsado por las autoridades nacionales será financiado a través de la Ley de Energías Renovables, por fuera de lo que establece esa norma, que excluye expresamente a los residuos sólidos urbanos y apuesta a promover verdaderas fuentes "verdes" como la energía eólica y solar.
Los vecinos de la Cuenca del río Reconquista, deberán sumar la contaminación de la quema de basura a la que hoy padecen por el entierro de más de 14.000 toneladas diarias de residuos provenientes en gran parte de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el distrito que genera la mayor cantidad de residuos que se envían a enterrar en rellenos sanitarios de la CEAMSE, la Ley 1.854 establece un cronograma de reducción progresiva de los residuos que se entierran mediante la implementación de programas de recolección diferenciada, reciclado y recuperación de materiales que se encuentran en los residuos, entre otras acciones. Sin embargo esta ley es ignorada por el Gobierno porteño desde hace más de cuatro años, en una estrategia que en realidad parece buscar que la Ciudad quede sin alternativas de disposición, para así cumplir con uno de los proyectos impulsados por el PRO incluso antes de asumir el primer mandato; quemar la basura porteña, en contra de lo que establece la Ley de Basura Cero.
Situaciones graves como la actual deben servir para establecer prioridades en materia de políticas sustentables de gestión de residuos e invertir en el cumplimiento de la normativa vigente que exige el reciclado y la recuperación de materiales. Plantear como estrategia seguir enterrando basura, o dónde y cómo quemarla es apagar un incendio con fuego.
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Buenos Aires,
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Presentaron un proyecto para conservar ecosistemas
Apoyo al proyecto de ley de ecosistemas
Fecha de Publicación: 03/06/2012
Fuente: La Opinión Austral
Provincia/Región: Santa Cruz
El biólogo Carlos Albrieu, vicepresidente de la Asociación Ambiental Sur, expresó sus coincidencias con el proyecto de Ley presentado por el diputado del Frente para la Victoria Martín Paiva, destinado a conservar los ecosistemas naturales y preservar el paisaje natural y los bienes que integran el patrimonio cultural de Santa Cruz.
“Es un proyecto muy valioso –dijo el profesional- que viene a tapar un vacío legal. Se trata de una ley complementaria a las ya existentes en materia ambiental en la provincia y permite ver desde otra óptica lo que está pasando en el campo”.
La finalidad del proyecto apunta a complementar y potenciar la legislación vigente, al tiempo que impulsa una planificación integral de las áreas para reducir los impactos en el ambiente. También suma exigencias para el desarrollo de procesos de restauración a través de la construcción de nuevos ecosistemas, mientras se perfeccionan los controles que potencien la capacidad de exigencia del Estado provincial.
Según Albrieu, “hasta ahora, los estudios de impacto ambiental se hacen de manera puntual en cada obra. Cuando se sancione esta ley, se analizará el paisaje, el ambiente en general y sus modificaciones. Lo que se busca es organizar estos cambios para que afecten lo menos posible. Es un paso muy positivo”.
De acuerdo al articulado de la iniciativa, los planes de intervención deberán acompañarse con imágenes satelitales que se actualizarán en forma anual y que posibilitarán el seguimiento y control de la actividad. Cualquier nuevo emprendimiento que no cuente con una apropiada planificación, verá prohibido el inicio de sus obras.
“Cada vez -agregó el biólogo- que disponemos de imágenes satelitales, sobre todo de nuestra zona norte, donde la actividad petrolera es intensa, vemos que el ambiente está totalmente fragmentado, cortado por las obras, particularmente por la construcción de caminos”.
Albrieu insistió en que “esto lleva muchos años y sabemos que en épocas anteriores, donde el concepto de cuidado del medio ambiente no estaba tan arraigado como ahora, se actuó sin control. Es fundamental entonces poder revertir esta situación para que el suelo pueda ser útil para otras actividades como la ganadería y la agricultura”.
“Las llamadas ‘remediaciones’ no alcanzan. Es apenas ubicar ciertos tipos de pasturas que no son suficientes porque no nos devuelven la relación ecológica que se ha perdido. Nosotros apuntamos a recuperar el funcionamiento de los ecosistemas a través de uno nuevo, porque el anterior ya no se puede recuperar”, concluyó.
La autoridad de aplicación de la nueva legislación será la Subsecretaría de Medio Ambiente de la provincia de Santa Cruz, que deberá convocar a entidades y organizaciones para conformar un Consejo Consultivo de diez miembros que asesore y contribuya con el estudio, análisis y evaluación de los proyectos de intervención y colaborar con el seguimiento de los planes de restauración y su ejecución.
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Fecha de Publicación: 03/06/2012
Fuente: La Opinión Austral
Provincia/Región: Santa Cruz
El biólogo Carlos Albrieu, vicepresidente de la Asociación Ambiental Sur, expresó sus coincidencias con el proyecto de Ley presentado por el diputado del Frente para la Victoria Martín Paiva, destinado a conservar los ecosistemas naturales y preservar el paisaje natural y los bienes que integran el patrimonio cultural de Santa Cruz.
“Es un proyecto muy valioso –dijo el profesional- que viene a tapar un vacío legal. Se trata de una ley complementaria a las ya existentes en materia ambiental en la provincia y permite ver desde otra óptica lo que está pasando en el campo”.
La finalidad del proyecto apunta a complementar y potenciar la legislación vigente, al tiempo que impulsa una planificación integral de las áreas para reducir los impactos en el ambiente. También suma exigencias para el desarrollo de procesos de restauración a través de la construcción de nuevos ecosistemas, mientras se perfeccionan los controles que potencien la capacidad de exigencia del Estado provincial.
Según Albrieu, “hasta ahora, los estudios de impacto ambiental se hacen de manera puntual en cada obra. Cuando se sancione esta ley, se analizará el paisaje, el ambiente en general y sus modificaciones. Lo que se busca es organizar estos cambios para que afecten lo menos posible. Es un paso muy positivo”.
De acuerdo al articulado de la iniciativa, los planes de intervención deberán acompañarse con imágenes satelitales que se actualizarán en forma anual y que posibilitarán el seguimiento y control de la actividad. Cualquier nuevo emprendimiento que no cuente con una apropiada planificación, verá prohibido el inicio de sus obras.
“Cada vez -agregó el biólogo- que disponemos de imágenes satelitales, sobre todo de nuestra zona norte, donde la actividad petrolera es intensa, vemos que el ambiente está totalmente fragmentado, cortado por las obras, particularmente por la construcción de caminos”.
Albrieu insistió en que “esto lleva muchos años y sabemos que en épocas anteriores, donde el concepto de cuidado del medio ambiente no estaba tan arraigado como ahora, se actuó sin control. Es fundamental entonces poder revertir esta situación para que el suelo pueda ser útil para otras actividades como la ganadería y la agricultura”.
“Las llamadas ‘remediaciones’ no alcanzan. Es apenas ubicar ciertos tipos de pasturas que no son suficientes porque no nos devuelven la relación ecológica que se ha perdido. Nosotros apuntamos a recuperar el funcionamiento de los ecosistemas a través de uno nuevo, porque el anterior ya no se puede recuperar”, concluyó.
La autoridad de aplicación de la nueva legislación será la Subsecretaría de Medio Ambiente de la provincia de Santa Cruz, que deberá convocar a entidades y organizaciones para conformar un Consejo Consultivo de diez miembros que asesore y contribuya con el estudio, análisis y evaluación de los proyectos de intervención y colaborar con el seguimiento de los planes de restauración y su ejecución.
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El conflicto por el Atuel se trasladó a la Nación
Atuel. luego de la primera reunión no hubo cambios
Fecha de Publicación: 02/06/2012
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
Con la reunión celebrada ayer en la Casa Rosada, el gobernador Oscar Jorge confirmó que su política hídrica en torno al río Atuel se limitará a sostener una relación diplomática y sin sobresaltos, en lugar de ejecutar acciones directas para obligar a que Mendoza y el gobierno nacional asuman sus responsabilidades. En el despacho del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, ambos gobernadores (el pampeano y Francisco "Paco" Pérez) "acordaron el avance sobre los tópicos pendientes del convenio sobre el río Atuel, para desarrollar las medidas conducentes a ponerlo en vigencia".
El encuentro con el funcionario nacional estaba programado para las 17, pero el gobierno pampeano no informó sobre su resultado. Incluso, al terminar la reunión Jorge se las ingenió para escapar de la corresponsal de LA ARENA que aguardaba a las puertas de la Casa Rosada, tal cual había convenido con un funcionario provincial, que se comprometió a brindar información. Al final, la subsecretaria de Prensa, Andrea Masceli, se limitó a distribuir, vía mail, una copia textual de un cable de tres párrafos elaborado por la agencia oficial de noticias, Télam.
Obras y financiación.
La nota oficial informa que el jefe de Gabinete "convocó, por expresa indicación de la presidenta, a los gobernadores Pérez y Jorge para encaminar la resolución definitiva del convenio marco firmado entre ambas provincias en 2008". Y agrega que ambos mandatarios "se mostraron predispuestos" a celebrar "una serie de reuniones en el corto plazo".
Mientras tanto, Jorge y Pérez analizaron "los puntos del convenio firmado en 2008 que generan diferentes interpretaciones, sobre todo el referido a la escorrentía mínima de agua, y se establecieron posibles caminos para resolverla", informó Télam. También acordaron "trabajar en conjunto para la actualización de las obras originalmente convenidas (en el convenio de 2008), y su correspondiente financiación.
Nada cambia.
Así, el viaje del gobernador a Buenos Aires se tornó en una nueva decepción. No logró garantías de que Mendoza reconocerá el derecho pampeano a un escurrimiento fluvioecológico y aceptó continuar discutiendo las diferentes interpretaciones que a lo largo de varias décadas mantuvieron ambas provincias sobre ese punto trascendental.
Con esta decisión, además, el mandatario cerró la puerta al pedido de la Asamblea en Defensa de los Ríos Pampeanos y de los propios diputados justicialistas para iniciar una nueva demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como lo aconsejan los especialistas en Derecho, a partir del nuevo paradigma ambiental dispuesto por la Constitución desde 1994.
El convenio por el que ayer fueron convocados ambos gobernadores a la Casa Rosada fue suscripto el 7 de agosto de 2008 y durmió durante cuatro años en el Departamento de Irrigación, sin ser enviado al Parlamento mendocino para su ratificación legislativa. El compromiso obliga a Mendoza a liberar un escurrimiento permanente de 4,5 metros cúbicos por segundo, con el agua ahorrada mediante el revestimiento de sus canales.
"El futuro está en los ríos"
"Habiendo transcurrido un tiempo más que prudencial" la Asamblea en Defensa de los Ríos Pampeanos suscribió el 30 de mayo una nueva carta al gobernador, en la que reiteran el reclamo manifestado "en e petitorio entregado el 30 de marzo". En ella le recuerdan que la asamblea funciona en Santa Rosa, General Pico, Santa Isabel y Algarrobo del Águila" y que "sus integrantes militan bajo el pensamiento de que nuestra provincia debe tener una política hídrica definida y producto de un extenso debate democrático".
La Asamblea promueve "un nuevo juicio por el Atuel ante la STJ, bajo los nuevos preceptos constitucionales y legislación derivada, por la violación de los derechos humanos y el grave daño ambiental ocasionado"; reclama "el cumplimiento de la Ley 25688 y la creación de comités de cuenca para los ríos Atuel y Salado", y exige que "se solicite al gobierno nacional, un fondo de reparación histórica".
Los asambleístas pretenden además que Oscar Jorge "detenga y revierta el desmantelamiento de las áreas de gobierno vinculadas al tema hídrico, y que exija a Mendoza la ratificación del convenio de 2008, dejando constancia de que los 5 metros cúbicos serán de calidad de agua del río".
"Nuestro futuro pasa por desarrollar las zonas de riego" advierte la asamblea, nacida "de una toma de conciencia por parte de extensas capas de nuestra población sobre la necesidad de defender en forma más activa nuestro patrimonio hídrico, convencidos de que nuestro futuro depende en gran parte de nuestros ríos".
Volvió el Atuel
En una coincidencia llamativa -o quizá no tanto- el río Atuel volvió a escurrir estos días en territorio pampeano. El cauce se reactivó en los últimos días y se debería a agua que se larga de las chacras del sur de Mendoza -San Rafael, General Alvear, Carmensa- al haber terminado las tareas de limpieza de canales y acequias.
Las imágenes fueron tomadas por Santiago Requejo -un vecino de Santa Isabel que participa activamente de las movilizaciones por el regreso del río Atuel- en el Paso del los Vinchuqueros, en el límite entre las dos provincias.
Tiempo atrás, cuando un importante grupo de vecinos realizó una manifestación en Santa Isabel por el regreso del río, se produjo una reactivación del Atuel -que hasta ese entonces había estado totalmente seco- que algunos interpretaron como una estrategia mendocina para anular el reclamo pampeano en caso que algún medio informativo nacional fuera a observar cómo estaba el río en ese momento.
Para esta época del año, es habitual esta breve reaparición del río a raíz de las tareas de limpieza previa al inicio de otro ciclo de la temporada frutihortícola. La historia muestra que dentro de unos días el río volverá a cortarse y permanecerá así durante meses.
La coincidencia es con la reunión que ayer por la tarde tenían prevista los gobernadores de La Pampa, Oscar Mario Jorge, y de Mendoza, Francisco "Paco" Pérez, con el jefe del Gabinete de Ministros, Juan Manuel Abal Medina, para hablar sobre el convenio firmado en agosto del año 2008.
Movilizados por los ríos
Para mostrar que el conflicto del Atuel mantiene movilizado al pueblo de la provincia, la Asamblea en Defensa de los Ríos Pampeanos desplegó ayer su bandera en la casa de gobierno, mientras el gobernador se encontraba reunido con Pérez y Abal Medina. La asamblea reclama "una respuesta activa al petitorio presentado el 30 de marzo" y el inicio de una demanda ambiental contra Mendoza.
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Fecha de Publicación: 02/06/2012
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
Con la reunión celebrada ayer en la Casa Rosada, el gobernador Oscar Jorge confirmó que su política hídrica en torno al río Atuel se limitará a sostener una relación diplomática y sin sobresaltos, en lugar de ejecutar acciones directas para obligar a que Mendoza y el gobierno nacional asuman sus responsabilidades. En el despacho del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, ambos gobernadores (el pampeano y Francisco "Paco" Pérez) "acordaron el avance sobre los tópicos pendientes del convenio sobre el río Atuel, para desarrollar las medidas conducentes a ponerlo en vigencia".
El encuentro con el funcionario nacional estaba programado para las 17, pero el gobierno pampeano no informó sobre su resultado. Incluso, al terminar la reunión Jorge se las ingenió para escapar de la corresponsal de LA ARENA que aguardaba a las puertas de la Casa Rosada, tal cual había convenido con un funcionario provincial, que se comprometió a brindar información. Al final, la subsecretaria de Prensa, Andrea Masceli, se limitó a distribuir, vía mail, una copia textual de un cable de tres párrafos elaborado por la agencia oficial de noticias, Télam.
Obras y financiación.
La nota oficial informa que el jefe de Gabinete "convocó, por expresa indicación de la presidenta, a los gobernadores Pérez y Jorge para encaminar la resolución definitiva del convenio marco firmado entre ambas provincias en 2008". Y agrega que ambos mandatarios "se mostraron predispuestos" a celebrar "una serie de reuniones en el corto plazo".
Mientras tanto, Jorge y Pérez analizaron "los puntos del convenio firmado en 2008 que generan diferentes interpretaciones, sobre todo el referido a la escorrentía mínima de agua, y se establecieron posibles caminos para resolverla", informó Télam. También acordaron "trabajar en conjunto para la actualización de las obras originalmente convenidas (en el convenio de 2008), y su correspondiente financiación.
Nada cambia.
Así, el viaje del gobernador a Buenos Aires se tornó en una nueva decepción. No logró garantías de que Mendoza reconocerá el derecho pampeano a un escurrimiento fluvioecológico y aceptó continuar discutiendo las diferentes interpretaciones que a lo largo de varias décadas mantuvieron ambas provincias sobre ese punto trascendental.
Con esta decisión, además, el mandatario cerró la puerta al pedido de la Asamblea en Defensa de los Ríos Pampeanos y de los propios diputados justicialistas para iniciar una nueva demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como lo aconsejan los especialistas en Derecho, a partir del nuevo paradigma ambiental dispuesto por la Constitución desde 1994.
El convenio por el que ayer fueron convocados ambos gobernadores a la Casa Rosada fue suscripto el 7 de agosto de 2008 y durmió durante cuatro años en el Departamento de Irrigación, sin ser enviado al Parlamento mendocino para su ratificación legislativa. El compromiso obliga a Mendoza a liberar un escurrimiento permanente de 4,5 metros cúbicos por segundo, con el agua ahorrada mediante el revestimiento de sus canales.
"El futuro está en los ríos"
"Habiendo transcurrido un tiempo más que prudencial" la Asamblea en Defensa de los Ríos Pampeanos suscribió el 30 de mayo una nueva carta al gobernador, en la que reiteran el reclamo manifestado "en e petitorio entregado el 30 de marzo". En ella le recuerdan que la asamblea funciona en Santa Rosa, General Pico, Santa Isabel y Algarrobo del Águila" y que "sus integrantes militan bajo el pensamiento de que nuestra provincia debe tener una política hídrica definida y producto de un extenso debate democrático".
La Asamblea promueve "un nuevo juicio por el Atuel ante la STJ, bajo los nuevos preceptos constitucionales y legislación derivada, por la violación de los derechos humanos y el grave daño ambiental ocasionado"; reclama "el cumplimiento de la Ley 25688 y la creación de comités de cuenca para los ríos Atuel y Salado", y exige que "se solicite al gobierno nacional, un fondo de reparación histórica".
Los asambleístas pretenden además que Oscar Jorge "detenga y revierta el desmantelamiento de las áreas de gobierno vinculadas al tema hídrico, y que exija a Mendoza la ratificación del convenio de 2008, dejando constancia de que los 5 metros cúbicos serán de calidad de agua del río".
"Nuestro futuro pasa por desarrollar las zonas de riego" advierte la asamblea, nacida "de una toma de conciencia por parte de extensas capas de nuestra población sobre la necesidad de defender en forma más activa nuestro patrimonio hídrico, convencidos de que nuestro futuro depende en gran parte de nuestros ríos".
Volvió el Atuel
En una coincidencia llamativa -o quizá no tanto- el río Atuel volvió a escurrir estos días en territorio pampeano. El cauce se reactivó en los últimos días y se debería a agua que se larga de las chacras del sur de Mendoza -San Rafael, General Alvear, Carmensa- al haber terminado las tareas de limpieza de canales y acequias.
Las imágenes fueron tomadas por Santiago Requejo -un vecino de Santa Isabel que participa activamente de las movilizaciones por el regreso del río Atuel- en el Paso del los Vinchuqueros, en el límite entre las dos provincias.
Tiempo atrás, cuando un importante grupo de vecinos realizó una manifestación en Santa Isabel por el regreso del río, se produjo una reactivación del Atuel -que hasta ese entonces había estado totalmente seco- que algunos interpretaron como una estrategia mendocina para anular el reclamo pampeano en caso que algún medio informativo nacional fuera a observar cómo estaba el río en ese momento.
Para esta época del año, es habitual esta breve reaparición del río a raíz de las tareas de limpieza previa al inicio de otro ciclo de la temporada frutihortícola. La historia muestra que dentro de unos días el río volverá a cortarse y permanecerá así durante meses.
La coincidencia es con la reunión que ayer por la tarde tenían prevista los gobernadores de La Pampa, Oscar Mario Jorge, y de Mendoza, Francisco "Paco" Pérez, con el jefe del Gabinete de Ministros, Juan Manuel Abal Medina, para hablar sobre el convenio firmado en agosto del año 2008.
Movilizados por los ríos
Para mostrar que el conflicto del Atuel mantiene movilizado al pueblo de la provincia, la Asamblea en Defensa de los Ríos Pampeanos desplegó ayer su bandera en la casa de gobierno, mientras el gobernador se encontraba reunido con Pérez y Abal Medina. La asamblea reclama "una respuesta activa al petitorio presentado el 30 de marzo" y el inicio de una demanda ambiental contra Mendoza.
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Pueblo de Neuquén vota por la minería o no
A las urnas por la minería
Fecha de Publicación: 02/06/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Neuquén
Los habitantes de Loncopué, a 300 kilómetros de la capital provincial, participarán de un inédito referéndum para resolver si se prohíbe o no la megaminería. A diferencia del que se hizo en Esquel, en 2003, es obligatorio y vinculante.
“El pueblo decidirá.” Son las tres palabras que resuenan entre los habitantes de Loncopué, pueblo neuquino donde mañana habrá un inédito ejercicio democrático para Argentina: un referéndum dará cuenta de la aceptación o el rechazo de la megaminería. Loncopué se convertirá así en el primer lugar del país donde la población votará de manera obligatoria y vinculante respecto de la actividad extractiva. “Queremos cuidar el ambiente, queremos seguir viviendo como elegimos hace décadas, sin que nos impongan industrias contaminantes que avasallan nuestros derechos. Qué mejor que decidir mediante el voto”, afirmó Viviana Vaca, de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué (AVAL), una de las organizaciones impulsoras del referéndum.
Loncopué está ubicada en el noroeste neuquino, a 300 kilómetros de la capital provincial. Pueblo tranquilo, con siete mil habitantes y el turismo como principal actividad. En 2008 vio alterada su rutina cuando camionetas de doble tracción comenzaron a ingresar a los campos. La explicación: un contrato entre Cormine (Corporación Minera de Neuquén) y la compañía china Emprendimientos Mineros SA para instalar una mina para la extracción de cobre.
Las denuncias de contaminación que caen sobre la actividad provocaron la organización. Nacieron AVAL y la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Campana Mahuida (Avacam), otra localidad cercana al proyectado emprendimiento. Y se organizaron junto a la comunidad mapuche Mellao Morales (radicada hace cien años en la zona de interés minero). Se contactaron con otras asambleas ambientales y comenzaron a informar a la población: charlas, volanteadas informativas, asambleas y marchas.
También accionaron judicialmente. Reclamaron en 2008 la nulidad del contrato por no respetar los derechos de los pueblos originarios. También denunciaron que el gobierno provincial había cedido sin licitación pública el yacimiento a tres millones de dólares, ínfima cifra para un emprendimiento con al menos quince años de vida útil y reservas por 1800 millones de dólares.
En septiembre de 2009, el máximo tribunal de Neuquén hizo lugar a la medida cautelar de frenar toda acción hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, la legalidad o no del contrato. La decisión implicó el freno la actividad minera. El Superior Tribunal dejó constancia de que el avance minero había omitido el derecho de consulta a la comunidad indígena. El gobierno provincial apeló con un recurso extraordinario. Y, en marzo de 2011, el Superior Tribunal volvió a fallar contra el gobierno provincial y remarcó la obligación de respetar el derecho indígena.
Al mismo tiempo, los vecinos impulsaban una decisión de fondo: presentaron un anteproyecto de ordenanza para prohibir la actividad en la localidad y lograron que el Concejo Deliberante convoque a un referéndum para octubre de 2011. Pero el intendente dejó vencer los plazos y no llamó a votación.
Con las nuevas autoridades (asumidas en diciembre pasado), los concejales aceptaron llamar a un nuevo referéndum. Estuvieron de acuerdo todos los sectores políticos municipales, incluido el Movimiento Popular Neuquino (MPN) y el Frente para la Victoria.
La última semana, la Corporación Minera de Neuquén (Cormine, del Estado provincial) volvió a acudir al Superior Tribunal para que suspenda la votación. Ayer a la mañana, el máximo tribunal neuquino rechazó la presentación minera y confirmó que el referéndum es legítimo y está sujeto a derecho.
A diferencia de lo sucedido en Esquel en 2003 (donde hubo un plebiscito en el que el 81 por ciento rechazó la megaminería), mañana será la primera vez que en Argentina se ponga en práctica una votación obligatoria y vinculante respecto de la actividad extractiva. Toda la estructura del municipio estará al servicio de la votación, como sucede cuando se eligen intendente, gobernador o presidente. Se votará en escuelas, habrá presidente de mesa y fiscales.
En la forma de instrumentar el referéndum, no será “sí” o “no” a la actividad de una manera directa. Se decidirá la aprobación o rechazo de una ordenanza (ya redactada y difundida entre la población) que establece la prohibición de la actividad en Loncopué. De esta manera, quien vote “sí” a la ordenanza estará rechazando la minería (y viceversa).
La ordenanza será ratificada (y de esta forma prohibida la megaminería) si la mitad más uno de los votos elige por el “sí”.
El rechazo a la megaminería en Loncopué reunió a maestros, pequeños estancieros, amas de casa, familias campesinas, comunidades mapuches y la Iglesia Católica local. La organización llegó a reunir a 2000 habitantes en una ciudad de siete mil personas. A modo de práctica democrática, el jueves pasado la Escuela 50 Jaime De Nevares, de Loncopué, tuvo su votación: 274 chicos votaron por el rechazo a la megaminería y 12 por la aceptación.
“Es una comunidad pacífica que quiere seguir viviendo, justamente, en paz, por eso no quiere que corporaciones vengan a imponerse por sobre los derechos de quienes hace décadas viven acá”, explicó José María De Orfeo, cura párroco de Loncopué desde hace 26 años. No quiso arriesgar resultado, pero sí expresó su opinión: “La comunidad no cree en las falsas promesas de trabajo, supuesto bienestar y espejos de colores”.
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Fecha de Publicación: 02/06/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Neuquén
Los habitantes de Loncopué, a 300 kilómetros de la capital provincial, participarán de un inédito referéndum para resolver si se prohíbe o no la megaminería. A diferencia del que se hizo en Esquel, en 2003, es obligatorio y vinculante.
“El pueblo decidirá.” Son las tres palabras que resuenan entre los habitantes de Loncopué, pueblo neuquino donde mañana habrá un inédito ejercicio democrático para Argentina: un referéndum dará cuenta de la aceptación o el rechazo de la megaminería. Loncopué se convertirá así en el primer lugar del país donde la población votará de manera obligatoria y vinculante respecto de la actividad extractiva. “Queremos cuidar el ambiente, queremos seguir viviendo como elegimos hace décadas, sin que nos impongan industrias contaminantes que avasallan nuestros derechos. Qué mejor que decidir mediante el voto”, afirmó Viviana Vaca, de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué (AVAL), una de las organizaciones impulsoras del referéndum.
Loncopué está ubicada en el noroeste neuquino, a 300 kilómetros de la capital provincial. Pueblo tranquilo, con siete mil habitantes y el turismo como principal actividad. En 2008 vio alterada su rutina cuando camionetas de doble tracción comenzaron a ingresar a los campos. La explicación: un contrato entre Cormine (Corporación Minera de Neuquén) y la compañía china Emprendimientos Mineros SA para instalar una mina para la extracción de cobre.
Las denuncias de contaminación que caen sobre la actividad provocaron la organización. Nacieron AVAL y la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Campana Mahuida (Avacam), otra localidad cercana al proyectado emprendimiento. Y se organizaron junto a la comunidad mapuche Mellao Morales (radicada hace cien años en la zona de interés minero). Se contactaron con otras asambleas ambientales y comenzaron a informar a la población: charlas, volanteadas informativas, asambleas y marchas.
También accionaron judicialmente. Reclamaron en 2008 la nulidad del contrato por no respetar los derechos de los pueblos originarios. También denunciaron que el gobierno provincial había cedido sin licitación pública el yacimiento a tres millones de dólares, ínfima cifra para un emprendimiento con al menos quince años de vida útil y reservas por 1800 millones de dólares.
En septiembre de 2009, el máximo tribunal de Neuquén hizo lugar a la medida cautelar de frenar toda acción hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, la legalidad o no del contrato. La decisión implicó el freno la actividad minera. El Superior Tribunal dejó constancia de que el avance minero había omitido el derecho de consulta a la comunidad indígena. El gobierno provincial apeló con un recurso extraordinario. Y, en marzo de 2011, el Superior Tribunal volvió a fallar contra el gobierno provincial y remarcó la obligación de respetar el derecho indígena.
Al mismo tiempo, los vecinos impulsaban una decisión de fondo: presentaron un anteproyecto de ordenanza para prohibir la actividad en la localidad y lograron que el Concejo Deliberante convoque a un referéndum para octubre de 2011. Pero el intendente dejó vencer los plazos y no llamó a votación.
Con las nuevas autoridades (asumidas en diciembre pasado), los concejales aceptaron llamar a un nuevo referéndum. Estuvieron de acuerdo todos los sectores políticos municipales, incluido el Movimiento Popular Neuquino (MPN) y el Frente para la Victoria.
La última semana, la Corporación Minera de Neuquén (Cormine, del Estado provincial) volvió a acudir al Superior Tribunal para que suspenda la votación. Ayer a la mañana, el máximo tribunal neuquino rechazó la presentación minera y confirmó que el referéndum es legítimo y está sujeto a derecho.
A diferencia de lo sucedido en Esquel en 2003 (donde hubo un plebiscito en el que el 81 por ciento rechazó la megaminería), mañana será la primera vez que en Argentina se ponga en práctica una votación obligatoria y vinculante respecto de la actividad extractiva. Toda la estructura del municipio estará al servicio de la votación, como sucede cuando se eligen intendente, gobernador o presidente. Se votará en escuelas, habrá presidente de mesa y fiscales.
En la forma de instrumentar el referéndum, no será “sí” o “no” a la actividad de una manera directa. Se decidirá la aprobación o rechazo de una ordenanza (ya redactada y difundida entre la población) que establece la prohibición de la actividad en Loncopué. De esta manera, quien vote “sí” a la ordenanza estará rechazando la minería (y viceversa).
La ordenanza será ratificada (y de esta forma prohibida la megaminería) si la mitad más uno de los votos elige por el “sí”.
El rechazo a la megaminería en Loncopué reunió a maestros, pequeños estancieros, amas de casa, familias campesinas, comunidades mapuches y la Iglesia Católica local. La organización llegó a reunir a 2000 habitantes en una ciudad de siete mil personas. A modo de práctica democrática, el jueves pasado la Escuela 50 Jaime De Nevares, de Loncopué, tuvo su votación: 274 chicos votaron por el rechazo a la megaminería y 12 por la aceptación.
“Es una comunidad pacífica que quiere seguir viviendo, justamente, en paz, por eso no quiere que corporaciones vengan a imponerse por sobre los derechos de quienes hace décadas viven acá”, explicó José María De Orfeo, cura párroco de Loncopué desde hace 26 años. No quiso arriesgar resultado, pero sí expresó su opinión: “La comunidad no cree en las falsas promesas de trabajo, supuesto bienestar y espejos de colores”.
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Instarán a los ingenios a no retener vinaza
Instarán a los ingenios a no retener vinaza más de 25 días
Fecha de Publicación: 01/06/2012
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Tucumán
La nueva ley ambiental de Tucumán buscará sancionar con multas más duras a aquellos que contaminen y no resuelvan irregularidades.
Luego de la reciente reunión mantenida entre representantes del Comité de la Cuenca Salí-Dulce, junto a las Defensorías del Pueblo de las provincias de Santiago del Estero y Tucumán, el secretario de Medio Ambiente tucumano, Ing. Alfredo Montalván, explicó sobre las nuevas metodologías de trabajo impulsadas por el gobierno de aquella provincia, tendiente a evitar vuelcos de vinaza y posterior contaminación de la cuenca.
“Estamos impulsando un nuevo esquema de trabajo para que en un futuro no muy lejano sólo haya pulmones de amortiguación de 20 a 25 días de capacidad de almacenamiento de vinaza, y no lagunas donde se almacene la vinaza de toda una zafra”, resaltó.
A la par de los constantes monitoreos realizados a los ingenios por parte de la cartera ambiental, señaló que “constantemente estamos atentos por cualquier irregularidad que se detecte, ya que todo el tiempo que se registran alarmas, y cada vez que se detecta un evento salen los camionetas de Medio Ambiente a verificar algún posible vuelco de vinaza, de ceniza o si es producto del inicio de la zafra”, indicó.
En torno a la reciente reunión mantenida entre representantes del Comité, junto a las Defensorías del Pueblo de Santiago y Tucumán, junto a los equipos de Participación Social, para el contralor de la cuenca, Montalván señaló que en breve se sumará la participación de la Universidad Tecnológica Nacional de Tucumán.
Sobre los últimos vuelcos remarcó que Ambiente de Tucumán procedió a la inhabilitación preventiva del ingenio, medida que luego fue levantada al realizarse las medidas correctivas.
Por ello, dijo que “hay un nuevo esquema sancionatorio y desde la Legislatura sacamos una nueva ley ambiental que se la estará promulgando en estos días, con nuevos niveles de multas que ascienden a la categoría de un sueldo básico de la provincia Tucumán”, remarcó.
“Tolerancia será cero”
Acerca de la participación de la Universidad Tecnológica de Tucumán para el control de la cuenca Salí Dulce, el defensor del Pueblo de Tucumán, Hugo Cabral, manifestó a la prensa tucumana que “hay 60 puntos que se controlan desde todos los afluentes que van a la cuenca, de los cuales hay 35 que dos veces al día serán controlados por 12 días. La provincia lo hará todos los días y se unirá la Tecnológica”, sostuvo Cabral, en alusión al aporte de la UTN.
“Yo espero que a partir de allí se deje de contaminar, si llega a ocurrir se tomarán todas las medidas que la ley demande. Es importante destacar que cada una de las industrias está realizando las tareas necesarias para que no se vuelva a contaminar”, expresó.
El funcionario tucumano fue estricto al afirmar que “si alguien no cumple con los compromisos, deberá ser sancionado. La tolerancia será cero”, sostuvo finalmente Cabral.
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Fecha de Publicación: 01/06/2012
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Tucumán
La nueva ley ambiental de Tucumán buscará sancionar con multas más duras a aquellos que contaminen y no resuelvan irregularidades.
Luego de la reciente reunión mantenida entre representantes del Comité de la Cuenca Salí-Dulce, junto a las Defensorías del Pueblo de las provincias de Santiago del Estero y Tucumán, el secretario de Medio Ambiente tucumano, Ing. Alfredo Montalván, explicó sobre las nuevas metodologías de trabajo impulsadas por el gobierno de aquella provincia, tendiente a evitar vuelcos de vinaza y posterior contaminación de la cuenca.
“Estamos impulsando un nuevo esquema de trabajo para que en un futuro no muy lejano sólo haya pulmones de amortiguación de 20 a 25 días de capacidad de almacenamiento de vinaza, y no lagunas donde se almacene la vinaza de toda una zafra”, resaltó.
A la par de los constantes monitoreos realizados a los ingenios por parte de la cartera ambiental, señaló que “constantemente estamos atentos por cualquier irregularidad que se detecte, ya que todo el tiempo que se registran alarmas, y cada vez que se detecta un evento salen los camionetas de Medio Ambiente a verificar algún posible vuelco de vinaza, de ceniza o si es producto del inicio de la zafra”, indicó.
En torno a la reciente reunión mantenida entre representantes del Comité, junto a las Defensorías del Pueblo de Santiago y Tucumán, junto a los equipos de Participación Social, para el contralor de la cuenca, Montalván señaló que en breve se sumará la participación de la Universidad Tecnológica Nacional de Tucumán.
Sobre los últimos vuelcos remarcó que Ambiente de Tucumán procedió a la inhabilitación preventiva del ingenio, medida que luego fue levantada al realizarse las medidas correctivas.
Por ello, dijo que “hay un nuevo esquema sancionatorio y desde la Legislatura sacamos una nueva ley ambiental que se la estará promulgando en estos días, con nuevos niveles de multas que ascienden a la categoría de un sueldo básico de la provincia Tucumán”, remarcó.
“Tolerancia será cero”
Acerca de la participación de la Universidad Tecnológica de Tucumán para el control de la cuenca Salí Dulce, el defensor del Pueblo de Tucumán, Hugo Cabral, manifestó a la prensa tucumana que “hay 60 puntos que se controlan desde todos los afluentes que van a la cuenca, de los cuales hay 35 que dos veces al día serán controlados por 12 días. La provincia lo hará todos los días y se unirá la Tecnológica”, sostuvo Cabral, en alusión al aporte de la UTN.
“Yo espero que a partir de allí se deje de contaminar, si llega a ocurrir se tomarán todas las medidas que la ley demande. Es importante destacar que cada una de las industrias está realizando las tareas necesarias para que no se vuelva a contaminar”, expresó.
El funcionario tucumano fue estricto al afirmar que “si alguien no cumple con los compromisos, deberá ser sancionado. La tolerancia será cero”, sostuvo finalmente Cabral.
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Corpacci no quiere más cortes antimineros
Corpacci pidió a la Corte que actúe ante los cortes antimineros
Fecha de Publicación: 01/06/2012
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Desde Chile se plantearon los perjuicios por los bloqueos y el malestar de las autoridades.
Tras una misiva enviada por el embajador de Chile, Ginés González García, la gobernadora, Lucía Corpacci, solicitó a la Corte de Justicia de la Provincia que intervenga en el conflicto minero y actúe para liberar el paso en la ruta 60, interrumpido por un grupo de ambientalistas.
La primera mandataria envió ayer dos notas, una dirigida a la presidenta de la Corte de Justicia, Amelia Sesto de Leiva, y otra al procurador general del máximo tribunal, Enrique Lilljedahl.
En ellas, les informa sobre la preocupación transmitida por el embajador de Chile por las consecuencias negativas de los cortes.
En ese sentido, Corpacci pide a las autoridades que "arbitren los mecanismos conducentes a los efectos de hacer cesar el impedimento de tránsito que afecta a la libre circulación de las rutas, la libertad de trabajar, la libertad de comercializar y a la libertad de ejercer industria lícita en la ruta 60".
Además, hace constar el valor estratégico que el corredor bioceánico tiene para la Provincia y los perjuicios que los bloqueos generan a la sociedad catamarqueña.
Corpacci menciona en la nota que el conflicto ya afectó al comercio, el turismo, la hotelería y el sector productivo".
También aclara que el requerimiento efectuado se realiza "con el mayor de los respetos, en el marco de la independencia de poderes que garantiza el Estado de Derecho", en base a las "atribuciones, deberes constitucionales y facultades legales" del máximo tribunal.
Los cortes producidos en la ruta 60, en el ingreso a Tinogasta, impiden el tránsito provincial, regional e internacional, en especial el que se realiza a través del Paso San Francisco.
El reclamo de ambientalistas se mantiene desde febrero de este año.
Días atrás, la Provincia se constituyó en querellante en las causas que pesan sobre 50 ambientalistas que participaron de enfrentamientos con el personal de la policía durante un intento de desalojo del bloqueo.
Ser querellante en la causa le permitirá a los abogados de la Fiscalía de Estado seguir de cerca la investigación y presentar pruebas. Por otra parte, hay pedidos de municipios y de vecinos de las localidades afectadas para que se habiliten vías alternativas de circulación, como la Cuesta de Zapata y la ruta que une Río Grande, en Tinogasta, con Puerta de Corral Quemado, Belén.
Malestar de autoridades chilenas
En la nota enviada a la Gobernadora, el embajador de Chile, Ginés González García, manifiesta que hay malestar en el sector privado y en las autoridades chilenas por la imposibilidad de utilizar el Paso San Francisco.
Menciona que empresarios de transporte internacional de cargas realizaron un reclamo ante las autoridades de ese país por las consecuencias que les genera el no poder transportar la carga de insumos mineros hacia la Provincia por el corredor internacional, considerado como "una herramienta vital para la integración y el desarrollo".
Por último, el embajador asegura que la continuidad del reclamo opacará el trabajo bilateral que vienen realizando ambos países.
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Fecha de Publicación: 01/06/2012
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Desde Chile se plantearon los perjuicios por los bloqueos y el malestar de las autoridades. Tras una misiva enviada por el embajador de Chile, Ginés González García, la gobernadora, Lucía Corpacci, solicitó a la Corte de Justicia de la Provincia que intervenga en el conflicto minero y actúe para liberar el paso en la ruta 60, interrumpido por un grupo de ambientalistas.
La primera mandataria envió ayer dos notas, una dirigida a la presidenta de la Corte de Justicia, Amelia Sesto de Leiva, y otra al procurador general del máximo tribunal, Enrique Lilljedahl.
En ellas, les informa sobre la preocupación transmitida por el embajador de Chile por las consecuencias negativas de los cortes.
En ese sentido, Corpacci pide a las autoridades que "arbitren los mecanismos conducentes a los efectos de hacer cesar el impedimento de tránsito que afecta a la libre circulación de las rutas, la libertad de trabajar, la libertad de comercializar y a la libertad de ejercer industria lícita en la ruta 60".
Además, hace constar el valor estratégico que el corredor bioceánico tiene para la Provincia y los perjuicios que los bloqueos generan a la sociedad catamarqueña.
Corpacci menciona en la nota que el conflicto ya afectó al comercio, el turismo, la hotelería y el sector productivo".
También aclara que el requerimiento efectuado se realiza "con el mayor de los respetos, en el marco de la independencia de poderes que garantiza el Estado de Derecho", en base a las "atribuciones, deberes constitucionales y facultades legales" del máximo tribunal.
Los cortes producidos en la ruta 60, en el ingreso a Tinogasta, impiden el tránsito provincial, regional e internacional, en especial el que se realiza a través del Paso San Francisco.
El reclamo de ambientalistas se mantiene desde febrero de este año.
Días atrás, la Provincia se constituyó en querellante en las causas que pesan sobre 50 ambientalistas que participaron de enfrentamientos con el personal de la policía durante un intento de desalojo del bloqueo.
Ser querellante en la causa le permitirá a los abogados de la Fiscalía de Estado seguir de cerca la investigación y presentar pruebas. Por otra parte, hay pedidos de municipios y de vecinos de las localidades afectadas para que se habiliten vías alternativas de circulación, como la Cuesta de Zapata y la ruta que une Río Grande, en Tinogasta, con Puerta de Corral Quemado, Belén.
Malestar de autoridades chilenas
En la nota enviada a la Gobernadora, el embajador de Chile, Ginés González García, manifiesta que hay malestar en el sector privado y en las autoridades chilenas por la imposibilidad de utilizar el Paso San Francisco.
Menciona que empresarios de transporte internacional de cargas realizaron un reclamo ante las autoridades de ese país por las consecuencias que les genera el no poder transportar la carga de insumos mineros hacia la Provincia por el corredor internacional, considerado como "una herramienta vital para la integración y el desarrollo".
Por último, el embajador asegura que la continuidad del reclamo opacará el trabajo bilateral que vienen realizando ambos países.
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Sali-Dulce: se reunió el comité de cuenca
El Comité de Cuenca se reunió con los equipos de Participación Social
Fecha de Publicación: 31/05/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero - Córdoba - Catamarca.
El Comité de Cuenca Salí-Dulce realizó una reunión de trabajo de los responsables de los equipos de Participación Social, con presencia de representaciones de Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y Catamarca.
En la ocasión, se consideró todo lo inherente a la integración de equipos de trabajo que aseguren también la participación de ONG’s, en un todo de acuerdo al convenio que suscribieran oportunamente la Secretaría de Ambiente, las provincias de Tucumán, Santiago y la Defensoría del Pueblo, para el contralor de la cuenca.
La representación local ilustró sobre la convocatoria realizada y las reuniones que se concretaron a los efectos de integrar a representantes de ONGs a la comisión de seguimiento de la Defensoría. Así también se abundó sobre el moderno sistema de monitoreo implementado y las tareas de capacitación correspondiente al personal.
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Fecha de Publicación: 31/05/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero - Córdoba - Catamarca.
El Comité de Cuenca Salí-Dulce realizó una reunión de trabajo de los responsables de los equipos de Participación Social, con presencia de representaciones de Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y Catamarca.En la ocasión, se consideró todo lo inherente a la integración de equipos de trabajo que aseguren también la participación de ONG’s, en un todo de acuerdo al convenio que suscribieran oportunamente la Secretaría de Ambiente, las provincias de Tucumán, Santiago y la Defensoría del Pueblo, para el contralor de la cuenca.
La representación local ilustró sobre la convocatoria realizada y las reuniones que se concretaron a los efectos de integrar a representantes de ONGs a la comisión de seguimiento de la Defensoría. Así también se abundó sobre el moderno sistema de monitoreo implementado y las tareas de capacitación correspondiente al personal.
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Empresario detenido por violar clausura en el Riachuelo
Detuvieron a un empresario por violar la clausura de una fábrica en el Riachuelo
Fecha de Publicación: 31/05/2012
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Buenos Aires
Se trata del responsable de una firma de galvanoplastía ubicada en Lanús que incumplió el plan de saneamiento integral de la Cuenca Matanza Riachuelo. El empresario fue indagado el martes. En tanto, las autoridades resolvieron la clausura total del establecimiento
Un empresario fue detenido el lunes por violar la clausura que le había impuesto la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) en el marco de la ejecución del fallo "Mendoza", por el cual la Corte Suprema de Justicia ordenó un plan de saneamiento integral de la zona afectada.
La detención fue ordenada por el juez Luis Armella, titular del Juzgado Federal de Quilmes, luego de que personal de la ACUMAR y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires constatara la violación de la clausura impuesta a la fábrica de galvanoplastía "Cordoba oscar florencio", de la localidad de Lanús.
El martes se cumplió con la indagatoria del empresario. Y los inspectores de ACUMAR dispusieron la clausura total del establecimiento, dedicado al niquelado y electrozincado de metales, según informó el Centro de Información Judicial.
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Fecha de Publicación: 31/05/2012
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Buenos Aires
Se trata del responsable de una firma de galvanoplastía ubicada en Lanús que incumplió el plan de saneamiento integral de la Cuenca Matanza Riachuelo. El empresario fue indagado el martes. En tanto, las autoridades resolvieron la clausura total del establecimiento Un empresario fue detenido el lunes por violar la clausura que le había impuesto la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) en el marco de la ejecución del fallo "Mendoza", por el cual la Corte Suprema de Justicia ordenó un plan de saneamiento integral de la zona afectada.
La detención fue ordenada por el juez Luis Armella, titular del Juzgado Federal de Quilmes, luego de que personal de la ACUMAR y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires constatara la violación de la clausura impuesta a la fábrica de galvanoplastía "Cordoba oscar florencio", de la localidad de Lanús.
El martes se cumplió con la indagatoria del empresario. Y los inspectores de ACUMAR dispusieron la clausura total del establecimiento, dedicado al niquelado y electrozincado de metales, según informó el Centro de Información Judicial.
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Analizan el impacto de los agroquímicos en Santa Fe
Relevamiento para ver el impacto de los agroquímicos en la salud
Fecha de Publicación: 30/05/2012
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
La necesidad de determinar a ciencia cierta en esta ciudad el impacto de los agroquímicos en la salud de la población derivará en una suerte de relevamiento que realizará un grupo de estudiantes avanzados en las carreras de medicina y enfermería a partir de un convenio entre los Estados local y provincial y la UNR.
El trabajo, que se llevará adelante en la segunda quincena del próximo mes bajo la coordinación del docente y médico socio ambiental Damián Verzeñassi, permitirá trazar un mapa sobre las patologías que serían causados por el uso de agrotóxicos.
En Firmat, como el resto de las localidades de la zona cuya actividad económica gira alrededor del campo, crece la preocupación por los efectos no deseados de las fumigaciones a pesar de los controles establecidos a instancias de normativas que regulan las aplicaciones.
Desde hace tiempo se vienen reportando en la región enfermedades aparentemente relacionadas con esta cuestión aunque de compleja comprobación. El caso más sonado fue la experiencia traumática y fatal que le tocó vivir a un matrimonio de esta ciudad que perdió uno de los gemelos que estaba esperando, como publicó oportunamente LaCapital.
La sospecha médica de que el deceso se produjo por la influencia de agrotóxicos fue tal que el obstetra recomendó a la madre y su familia mudarse de la casa donde vivían, en cercanías de zonas sujetas a fumigación. La tarea prevista consiste en relevar hogares y la totalidad del área rural, lo que permitirá recoger datos que serán analizados y ordenados para ser transmitidos. El estudio comprenderá a más de 300 familias, lo que resultará una muestra representativa de la población firmatense, compuesta por 19 mil personas.
La secretaria de Salud de Firmat, Marta Vilar, sostuvo que "hay elementos ambientales, producto de la actividad del hombre, que son tóxicos. Si bien los innovaciones tecnológicas trajeron progreso, también tienen un efecto negativo que merece ser abordado para minimizar impactos en la población".
El estudio permitirá fijar si las frecuencias de ciertas enfermedades están relacionadas con las épocas de más fumigación, entre otros indicadores tendientes a definir estrategias para disminuir el riesgo de los agroquímicos. En Murphy se realizó recientemente un trabajo sobre el mismo tema cuyos resultados revelaron que las muertes por cáncer están por encima de la media provincial.
La funcionaria indicó que "cuando se presentan enfermedades alérgicas así como oncológicas o endocrinológica no podemos, en general, fijar un causa-efecto directa con una sola noxa". No obstante el relevamiento será una herramienta importante para intentar establecer si el uso de sustancias tóxicas produjo un aumento de patologías.
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Fecha de Publicación: 30/05/2012
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
La necesidad de determinar a ciencia cierta en esta ciudad el impacto de los agroquímicos en la salud de la población derivará en una suerte de relevamiento que realizará un grupo de estudiantes avanzados en las carreras de medicina y enfermería a partir de un convenio entre los Estados local y provincial y la UNR.El trabajo, que se llevará adelante en la segunda quincena del próximo mes bajo la coordinación del docente y médico socio ambiental Damián Verzeñassi, permitirá trazar un mapa sobre las patologías que serían causados por el uso de agrotóxicos.
En Firmat, como el resto de las localidades de la zona cuya actividad económica gira alrededor del campo, crece la preocupación por los efectos no deseados de las fumigaciones a pesar de los controles establecidos a instancias de normativas que regulan las aplicaciones.
Desde hace tiempo se vienen reportando en la región enfermedades aparentemente relacionadas con esta cuestión aunque de compleja comprobación. El caso más sonado fue la experiencia traumática y fatal que le tocó vivir a un matrimonio de esta ciudad que perdió uno de los gemelos que estaba esperando, como publicó oportunamente LaCapital.
La sospecha médica de que el deceso se produjo por la influencia de agrotóxicos fue tal que el obstetra recomendó a la madre y su familia mudarse de la casa donde vivían, en cercanías de zonas sujetas a fumigación. La tarea prevista consiste en relevar hogares y la totalidad del área rural, lo que permitirá recoger datos que serán analizados y ordenados para ser transmitidos. El estudio comprenderá a más de 300 familias, lo que resultará una muestra representativa de la población firmatense, compuesta por 19 mil personas.
La secretaria de Salud de Firmat, Marta Vilar, sostuvo que "hay elementos ambientales, producto de la actividad del hombre, que son tóxicos. Si bien los innovaciones tecnológicas trajeron progreso, también tienen un efecto negativo que merece ser abordado para minimizar impactos en la población".
El estudio permitirá fijar si las frecuencias de ciertas enfermedades están relacionadas con las épocas de más fumigación, entre otros indicadores tendientes a definir estrategias para disminuir el riesgo de los agroquímicos. En Murphy se realizó recientemente un trabajo sobre el mismo tema cuyos resultados revelaron que las muertes por cáncer están por encima de la media provincial.
La funcionaria indicó que "cuando se presentan enfermedades alérgicas así como oncológicas o endocrinológica no podemos, en general, fijar un causa-efecto directa con una sola noxa". No obstante el relevamiento será una herramienta importante para intentar establecer si el uso de sustancias tóxicas produjo un aumento de patologías.
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ONGs no quieren incineración en el Riachuelo
Unánime rechazo a la incineración en la audiencia por la basura de la Cuenca del Riachuelo
Fecha de Publicación: 30/05/2012
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Cuenca Matanza - Riachuelo
Después de la presentación del Plan Maestro por parte del Director Técnico de ACUMAR, que hizo hincapié en la limpieza de basurales y los Ecopuntos como columna vertebral del Plan, se escucharon las opiniones del Defensor del Pueblo de la Nación, organizaciones sociales, vecinos, Diputados y Concejales. La mayoría de las exposiciones destinaron sus críticas a la etapa de disposición final, que tuvo una leve mención en la presentación de ACUMAR y argumentaron que la Incineración no será solución al entierro masivo de residuos y representará nuevos riesgos.
La organización Greenpeace manifestó que el supuesto cambió de paradigma del Plan Maestro, es sólo una apuesta a la separación mecánica y la “valorización” (combustión) de Residuos. “Se apunta a resolver la cuestión de los residuos apelando a tecnologías muchas veces “mágicas” que están en etapa experimental o que han demostrado su ineficiencia en diferentes lugares del mundo. Si bien se argumenta como la tendencia actual en Europa, de acuerdo a una reciente normativa se podría decir todo lo contrario. El Parlamento Europeo estableció que la financiación pública de la Unión Europea debe dar prioridad a las plantas de reciclado sobre la eliminación de residuos y prohíbe gradualmente para el 2020, la incineración de residuos que pueden ser compostables o reciclabes” (1).
Asimismo, los ambientalistas señalaron la preocupación por los proyectos de incineración incluidos en el Plan Maestro y licitados por ENARSA para obtener energía de los Residuos provenientes de la Cuenca: El CARE en González Catan y el de Termovalorización Energética en el predio Norte III de CEAMSE. Ambos proyectos incluyen la incorporación de nuevas tecnologías para la obtención de energía de los residuos, como una opción atractiva, pero se omite irresponsablemente evaluar los riesgos de estos emprendimientos.
Frente al incumplimiento de leyes nacionales que establecen directivas basadas en la minimización en la generación, el reciclado y la recuperación de los materiales presentes en los residuos, se apuesta a la incineración, que lejos de resolver el actual colapso de los rellenos sanitarios, significaran en los hechos nuevos riesgos ambientales y sanitarios que serán visibles en el corto y largo plazo.
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Fecha de Publicación: 30/05/2012
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Cuenca Matanza - Riachuelo
Después de la presentación del Plan Maestro por parte del Director Técnico de ACUMAR, que hizo hincapié en la limpieza de basurales y los Ecopuntos como columna vertebral del Plan, se escucharon las opiniones del Defensor del Pueblo de la Nación, organizaciones sociales, vecinos, Diputados y Concejales. La mayoría de las exposiciones destinaron sus críticas a la etapa de disposición final, que tuvo una leve mención en la presentación de ACUMAR y argumentaron que la Incineración no será solución al entierro masivo de residuos y representará nuevos riesgos.
La organización Greenpeace manifestó que el supuesto cambió de paradigma del Plan Maestro, es sólo una apuesta a la separación mecánica y la “valorización” (combustión) de Residuos. “Se apunta a resolver la cuestión de los residuos apelando a tecnologías muchas veces “mágicas” que están en etapa experimental o que han demostrado su ineficiencia en diferentes lugares del mundo. Si bien se argumenta como la tendencia actual en Europa, de acuerdo a una reciente normativa se podría decir todo lo contrario. El Parlamento Europeo estableció que la financiación pública de la Unión Europea debe dar prioridad a las plantas de reciclado sobre la eliminación de residuos y prohíbe gradualmente para el 2020, la incineración de residuos que pueden ser compostables o reciclabes” (1).
Asimismo, los ambientalistas señalaron la preocupación por los proyectos de incineración incluidos en el Plan Maestro y licitados por ENARSA para obtener energía de los Residuos provenientes de la Cuenca: El CARE en González Catan y el de Termovalorización Energética en el predio Norte III de CEAMSE. Ambos proyectos incluyen la incorporación de nuevas tecnologías para la obtención de energía de los residuos, como una opción atractiva, pero se omite irresponsablemente evaluar los riesgos de estos emprendimientos.
Frente al incumplimiento de leyes nacionales que establecen directivas basadas en la minimización en la generación, el reciclado y la recuperación de los materiales presentes en los residuos, se apuesta a la incineración, que lejos de resolver el actual colapso de los rellenos sanitarios, significaran en los hechos nuevos riesgos ambientales y sanitarios que serán visibles en el corto y largo plazo.
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Minería y represión van de la mano
El conflicto minero. Minería y represión van de la mano
Fecha de Publicación: 30/05/2012
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
“Los Estados han aceptado cumplir el rol de guardianes del sistema extractivista protegiendo sus intereses a costa de la integridad, seguridad y derechos de las poblaciones nacionales. La criminalización se torna una práctica común tanto en gobiernos neoliberales como en los llamados ‘progresistas’”.
Andalgalá, Santa María, Belén y Tinogasta (Catamarca). Y Amaicha del Valle (Tucumán). Lugares donde en los últimos cinco meses se repitieron represiones y detenciones sobre asambleas socioambientales que rechazan la megaminería. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (Ocmal) analizó la situación en todos los países de la región, con situaciones muy similares a las que se padecen en Catamarca, y resaltó puntos comunes para todo el continente: “Los Estados han aceptado cumplir el rol de guardianes del sistema extractivista protegiendo sus intereses a costa de la integridad, seguridad y derechos de las poblaciones nacionales. La criminalización se torna una práctica común tanto en gobiernos neoliberales como en los llamados ‘progresistas’”.
Minera Alumbrera, en Catamarca, es la explotación testigo de megaminería en Argentina. Es el yacimiento más grande (en explotación): hace 15 años extrae oro, cobre y molibdeno. Las asambleas catamarqueñas cortaron este verano los caminos hacia Alumbrera.
El 26 de enero fueron detenidos cuatro asambleístas en Santa María. Al día siguiente, hubo 18 detenidos y represión. El 8 de febrero fue destruido el acampe de Belén y detenidas veinte personas (entre ellas un chico de 13 años). El 10 de febrero, a las 3.45 de la noche, la policía de Tucumán desalojó el corte de Amaicha del Valle. El mismo día, a las 9 de la mañana, un centenar de efectivos reprimió violentamente en Tinogasta. El 13 de febrero allanaron las viviendas de ocho asambleístas de Andalgalá.
El 12 de febrero, y durante una semana, el ingreso a Andalgalá estuvo bloqueado para quienes criticaban la megaminería. Militantes del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) viajaron al lugar y no pudieron ingresar (lo mismo le sucedió a medios de comunicación y asambleístas). El Serpaj denunció a la “patota” de las empresas contratistas ligadas a la minería y a militantes del oficialismo provincial. Diez días se mantuvo el corte.
El 12 de mayo último, en Tinogasta, detuvieron y golpearon a asambleístas. “La criminalización en países de América latina ocurre con el objetivo de intimidar o acallar las voces y acciones de resistencia frente a proyectos extractivos”, denuncia el Ocmal en su último informe. Y explica que la criminalización se expresa con procesos judiciales, amenazas contra la vida, agresiones, militarización, represión y asesinatos.
El trabajo, del que también participó la ONG Acción Ecológica de Ecuador, realiza un recorrido de proyectos mineros y resistencias de Bolivia, Chile, Brasil, Ecuador, Honduras, Perú y México, entre otros. Remarca que, a pesar de las diferencias o matices ideológicos de los presidentes, el modelo extractivo y la violencia se repiten en todos los países.
El informe, de 180 carillas, remarca que “las comunidades ven cómo las transnacionales gozan del apoyo explícito de los gobiernos bajo lemas poco convincentes y menos aún reales como el empleo, desarrollo y bienestar”. Y precisa que el modelo extractivo necesita controlar el territorio: “Es por eso que uno de los problemas más importantes lo constituye el desplazamiento de poblaciones completas”, recuerda y señala como primeros perjudicados (aunque no únicos) a pueblos indígenas, campesinos y pequeñas ciudades.
La situación particular de Argentina la aborda en el capítulo tres. “El considerado ‘granero del mundo’ está inscripto en la carrera por convertirse en un país minero por excelencia. Ha comenzado a despejar las barreras impuestas a la minería e invertir en proyectos mineros transnacionales”, caracteriza y precisa que, entre 2003 y 2007, aumentó un 740 por ciento la cantidad de proyectos mineros.
Resalta como hecho positivo el plebiscito de Esquel en 2003 (en rechazo a un proyecto minero), la sanción de la Ley de Glaciares y las acciones de la Unión de Asamblea Ciudadanas (UAC, espacio de encuentro de un centenar de asambleas de todo el país). Aunque el informe fue editado en noviembre de 2011, antes de las represiones de este año, Ocmal toma como referencia la situación en Catamarca: “Hay aproximadamente 40 personas judicializadas (de las asambleas), mientras que son cerca de 40 las denuncias presentadas por la represión y contra la minera Agua Rica que no tuvieron trámite. Números éstos que demuestran las intenciones de los poderes locales, convivientes con la empresa megaminera”.
El Observatorio proyecta para Argentina la posibilidad de que “se insista en la criminalización de la oposición a la minería en un escenario de esfuerzos por profundizar el modelo extractivo”.
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Fecha de Publicación: 30/05/2012
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
“Los Estados han aceptado cumplir el rol de guardianes del sistema extractivista protegiendo sus intereses a costa de la integridad, seguridad y derechos de las poblaciones nacionales. La criminalización se torna una práctica común tanto en gobiernos neoliberales como en los llamados ‘progresistas’”.
Andalgalá, Santa María, Belén y Tinogasta (Catamarca). Y Amaicha del Valle (Tucumán). Lugares donde en los últimos cinco meses se repitieron represiones y detenciones sobre asambleas socioambientales que rechazan la megaminería. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (Ocmal) analizó la situación en todos los países de la región, con situaciones muy similares a las que se padecen en Catamarca, y resaltó puntos comunes para todo el continente: “Los Estados han aceptado cumplir el rol de guardianes del sistema extractivista protegiendo sus intereses a costa de la integridad, seguridad y derechos de las poblaciones nacionales. La criminalización se torna una práctica común tanto en gobiernos neoliberales como en los llamados ‘progresistas’”.
Minera Alumbrera, en Catamarca, es la explotación testigo de megaminería en Argentina. Es el yacimiento más grande (en explotación): hace 15 años extrae oro, cobre y molibdeno. Las asambleas catamarqueñas cortaron este verano los caminos hacia Alumbrera.
El 26 de enero fueron detenidos cuatro asambleístas en Santa María. Al día siguiente, hubo 18 detenidos y represión. El 8 de febrero fue destruido el acampe de Belén y detenidas veinte personas (entre ellas un chico de 13 años). El 10 de febrero, a las 3.45 de la noche, la policía de Tucumán desalojó el corte de Amaicha del Valle. El mismo día, a las 9 de la mañana, un centenar de efectivos reprimió violentamente en Tinogasta. El 13 de febrero allanaron las viviendas de ocho asambleístas de Andalgalá.
El 12 de febrero, y durante una semana, el ingreso a Andalgalá estuvo bloqueado para quienes criticaban la megaminería. Militantes del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) viajaron al lugar y no pudieron ingresar (lo mismo le sucedió a medios de comunicación y asambleístas). El Serpaj denunció a la “patota” de las empresas contratistas ligadas a la minería y a militantes del oficialismo provincial. Diez días se mantuvo el corte.
El 12 de mayo último, en Tinogasta, detuvieron y golpearon a asambleístas. “La criminalización en países de América latina ocurre con el objetivo de intimidar o acallar las voces y acciones de resistencia frente a proyectos extractivos”, denuncia el Ocmal en su último informe. Y explica que la criminalización se expresa con procesos judiciales, amenazas contra la vida, agresiones, militarización, represión y asesinatos.
El trabajo, del que también participó la ONG Acción Ecológica de Ecuador, realiza un recorrido de proyectos mineros y resistencias de Bolivia, Chile, Brasil, Ecuador, Honduras, Perú y México, entre otros. Remarca que, a pesar de las diferencias o matices ideológicos de los presidentes, el modelo extractivo y la violencia se repiten en todos los países.
El informe, de 180 carillas, remarca que “las comunidades ven cómo las transnacionales gozan del apoyo explícito de los gobiernos bajo lemas poco convincentes y menos aún reales como el empleo, desarrollo y bienestar”. Y precisa que el modelo extractivo necesita controlar el territorio: “Es por eso que uno de los problemas más importantes lo constituye el desplazamiento de poblaciones completas”, recuerda y señala como primeros perjudicados (aunque no únicos) a pueblos indígenas, campesinos y pequeñas ciudades.
La situación particular de Argentina la aborda en el capítulo tres. “El considerado ‘granero del mundo’ está inscripto en la carrera por convertirse en un país minero por excelencia. Ha comenzado a despejar las barreras impuestas a la minería e invertir en proyectos mineros transnacionales”, caracteriza y precisa que, entre 2003 y 2007, aumentó un 740 por ciento la cantidad de proyectos mineros.
Resalta como hecho positivo el plebiscito de Esquel en 2003 (en rechazo a un proyecto minero), la sanción de la Ley de Glaciares y las acciones de la Unión de Asamblea Ciudadanas (UAC, espacio de encuentro de un centenar de asambleas de todo el país). Aunque el informe fue editado en noviembre de 2011, antes de las represiones de este año, Ocmal toma como referencia la situación en Catamarca: “Hay aproximadamente 40 personas judicializadas (de las asambleas), mientras que son cerca de 40 las denuncias presentadas por la represión y contra la minera Agua Rica que no tuvieron trámite. Números éstos que demuestran las intenciones de los poderes locales, convivientes con la empresa megaminera”.
El Observatorio proyecta para Argentina la posibilidad de que “se insista en la criminalización de la oposición a la minería en un escenario de esfuerzos por profundizar el modelo extractivo”.
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Exigen prisión para el cazador de un yaguareté
Piden prisión para quien mató al yaguareté Guacurarí
Fecha de Publicación: 29/05/2012
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
Durante las últimas tres semanas, cientos de voluntarios colocan afiches en todo el territorio de la provincia, exigiendo prisión para el cazador de un yaguareté que era monitoreado por científicos. Este yaguareté, conocido como Guacurarí, era estudiado por investigadores del Conicet a través de un sistema de seguimiento satelital, y fue muerto por cazadores furtivos en el interior del Parque provincial Urugua-í.
Gracias al dispositivo GPS que el felino tenía colocado fue posible encontrar sus restos (el sistema emite una señal cuando pasan muchas horas sin que el animal se mueva) ya que los cazadores intentaron destruirlo sin éxito.
A raíz de la gran difusión que tomó el caso por la gravedad del asunto, cientos de voluntarios están pegando afiches exigiendo que el responsable vaya preso, pues los rumores que circulan indican que hay pistas sobre los responsables. Así es como comercios, oficinas públicas, colegios y calles sostienen hoy el pedido de justicia para este yaguareté, emblema de la riqueza natural de Misiones, que se ha convertido en el símbolo de la protección de esta especie, de la que solamente quedan unos 40-50 ejemplares en la provincia donde otrora abundaban.
Desde la Red Yaguareté indicaron que se llevarán adelante una serie de acciones para exigir el enjuiciamiento y condena de los responsables. Paralelamente, una campaña del Ceiba y la FVSA recolectó cerca de 15.000 firmas para pedir al Ministerio de Ecología, la Administración de Parques Nacionales y la Secretaría de Ambiente de la Nación, mayor protección para las áreas naturales protegidas y las especies en peligro de extinción
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Fecha de Publicación: 29/05/2012
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
Durante las últimas tres semanas, cientos de voluntarios colocan afiches en todo el territorio de la provincia, exigiendo prisión para el cazador de un yaguareté que era monitoreado por científicos. Este yaguareté, conocido como Guacurarí, era estudiado por investigadores del Conicet a través de un sistema de seguimiento satelital, y fue muerto por cazadores furtivos en el interior del Parque provincial Urugua-í.Gracias al dispositivo GPS que el felino tenía colocado fue posible encontrar sus restos (el sistema emite una señal cuando pasan muchas horas sin que el animal se mueva) ya que los cazadores intentaron destruirlo sin éxito.
A raíz de la gran difusión que tomó el caso por la gravedad del asunto, cientos de voluntarios están pegando afiches exigiendo que el responsable vaya preso, pues los rumores que circulan indican que hay pistas sobre los responsables. Así es como comercios, oficinas públicas, colegios y calles sostienen hoy el pedido de justicia para este yaguareté, emblema de la riqueza natural de Misiones, que se ha convertido en el símbolo de la protección de esta especie, de la que solamente quedan unos 40-50 ejemplares en la provincia donde otrora abundaban.
Desde la Red Yaguareté indicaron que se llevarán adelante una serie de acciones para exigir el enjuiciamiento y condena de los responsables. Paralelamente, una campaña del Ceiba y la FVSA recolectó cerca de 15.000 firmas para pedir al Ministerio de Ecología, la Administración de Parques Nacionales y la Secretaría de Ambiente de la Nación, mayor protección para las áreas naturales protegidas y las especies en peligro de extinción
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