Presentaron un proyecto para conservar ecosistemas
23:17 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Apoyo al proyecto de ley de ecosistemas
Fecha de Publicación: 03/06/2012
Fuente: La Opinión Austral
Provincia/Región: Santa Cruz
El biólogo Carlos Albrieu, vicepresidente de la Asociación Ambiental Sur, expresó sus coincidencias con el proyecto de Ley presentado por el diputado del Frente para la Victoria Martín Paiva, destinado a conservar los ecosistemas naturales y preservar el paisaje natural y los bienes que integran el patrimonio cultural de Santa Cruz.
“Es un proyecto muy valioso –dijo el profesional- que viene a tapar un vacío legal. Se trata de una ley complementaria a las ya existentes en materia ambiental en la provincia y permite ver desde otra óptica lo que está pasando en el campo”.
La finalidad del proyecto apunta a complementar y potenciar la legislación vigente, al tiempo que impulsa una planificación integral de las áreas para reducir los impactos en el ambiente. También suma exigencias para el desarrollo de procesos de restauración a través de la construcción de nuevos ecosistemas, mientras se perfeccionan los controles que potencien la capacidad de exigencia del Estado provincial.
Según Albrieu, “hasta ahora, los estudios de impacto ambiental se hacen de manera puntual en cada obra. Cuando se sancione esta ley, se analizará el paisaje, el ambiente en general y sus modificaciones. Lo que se busca es organizar estos cambios para que afecten lo menos posible. Es un paso muy positivo”.
De acuerdo al articulado de la iniciativa, los planes de intervención deberán acompañarse con imágenes satelitales que se actualizarán en forma anual y que posibilitarán el seguimiento y control de la actividad. Cualquier nuevo emprendimiento que no cuente con una apropiada planificación, verá prohibido el inicio de sus obras.
“Cada vez -agregó el biólogo- que disponemos de imágenes satelitales, sobre todo de nuestra zona norte, donde la actividad petrolera es intensa, vemos que el ambiente está totalmente fragmentado, cortado por las obras, particularmente por la construcción de caminos”.
Albrieu insistió en que “esto lleva muchos años y sabemos que en épocas anteriores, donde el concepto de cuidado del medio ambiente no estaba tan arraigado como ahora, se actuó sin control. Es fundamental entonces poder revertir esta situación para que el suelo pueda ser útil para otras actividades como la ganadería y la agricultura”.
“Las llamadas ‘remediaciones’ no alcanzan. Es apenas ubicar ciertos tipos de pasturas que no son suficientes porque no nos devuelven la relación ecológica que se ha perdido. Nosotros apuntamos a recuperar el funcionamiento de los ecosistemas a través de uno nuevo, porque el anterior ya no se puede recuperar”, concluyó.
La autoridad de aplicación de la nueva legislación será la Subsecretaría de Medio Ambiente de la provincia de Santa Cruz, que deberá convocar a entidades y organizaciones para conformar un Consejo Consultivo de diez miembros que asesore y contribuya con el estudio, análisis y evaluación de los proyectos de intervención y colaborar con el seguimiento de los planes de restauración y su ejecución.
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Fecha de Publicación: 03/06/2012
Fuente: La Opinión Austral
Provincia/Región: Santa Cruz
El biólogo Carlos Albrieu, vicepresidente de la Asociación Ambiental Sur, expresó sus coincidencias con el proyecto de Ley presentado por el diputado del Frente para la Victoria Martín Paiva, destinado a conservar los ecosistemas naturales y preservar el paisaje natural y los bienes que integran el patrimonio cultural de Santa Cruz.
“Es un proyecto muy valioso –dijo el profesional- que viene a tapar un vacío legal. Se trata de una ley complementaria a las ya existentes en materia ambiental en la provincia y permite ver desde otra óptica lo que está pasando en el campo”.
La finalidad del proyecto apunta a complementar y potenciar la legislación vigente, al tiempo que impulsa una planificación integral de las áreas para reducir los impactos en el ambiente. También suma exigencias para el desarrollo de procesos de restauración a través de la construcción de nuevos ecosistemas, mientras se perfeccionan los controles que potencien la capacidad de exigencia del Estado provincial.
Según Albrieu, “hasta ahora, los estudios de impacto ambiental se hacen de manera puntual en cada obra. Cuando se sancione esta ley, se analizará el paisaje, el ambiente en general y sus modificaciones. Lo que se busca es organizar estos cambios para que afecten lo menos posible. Es un paso muy positivo”.
De acuerdo al articulado de la iniciativa, los planes de intervención deberán acompañarse con imágenes satelitales que se actualizarán en forma anual y que posibilitarán el seguimiento y control de la actividad. Cualquier nuevo emprendimiento que no cuente con una apropiada planificación, verá prohibido el inicio de sus obras.
“Cada vez -agregó el biólogo- que disponemos de imágenes satelitales, sobre todo de nuestra zona norte, donde la actividad petrolera es intensa, vemos que el ambiente está totalmente fragmentado, cortado por las obras, particularmente por la construcción de caminos”.
Albrieu insistió en que “esto lleva muchos años y sabemos que en épocas anteriores, donde el concepto de cuidado del medio ambiente no estaba tan arraigado como ahora, se actuó sin control. Es fundamental entonces poder revertir esta situación para que el suelo pueda ser útil para otras actividades como la ganadería y la agricultura”.
“Las llamadas ‘remediaciones’ no alcanzan. Es apenas ubicar ciertos tipos de pasturas que no son suficientes porque no nos devuelven la relación ecológica que se ha perdido. Nosotros apuntamos a recuperar el funcionamiento de los ecosistemas a través de uno nuevo, porque el anterior ya no se puede recuperar”, concluyó.
La autoridad de aplicación de la nueva legislación será la Subsecretaría de Medio Ambiente de la provincia de Santa Cruz, que deberá convocar a entidades y organizaciones para conformar un Consejo Consultivo de diez miembros que asesore y contribuya con el estudio, análisis y evaluación de los proyectos de intervención y colaborar con el seguimiento de los planes de restauración y su ejecución.
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El conflicto por el Atuel se trasladó a la Nación
Atuel. luego de la primera reunión no hubo cambios
Fecha de Publicación: 02/06/2012
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
Con la reunión celebrada ayer en la Casa Rosada, el gobernador Oscar Jorge confirmó que su política hídrica en torno al río Atuel se limitará a sostener una relación diplomática y sin sobresaltos, en lugar de ejecutar acciones directas para obligar a que Mendoza y el gobierno nacional asuman sus responsabilidades. En el despacho del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, ambos gobernadores (el pampeano y Francisco "Paco" Pérez) "acordaron el avance sobre los tópicos pendientes del convenio sobre el río Atuel, para desarrollar las medidas conducentes a ponerlo en vigencia".
El encuentro con el funcionario nacional estaba programado para las 17, pero el gobierno pampeano no informó sobre su resultado. Incluso, al terminar la reunión Jorge se las ingenió para escapar de la corresponsal de LA ARENA que aguardaba a las puertas de la Casa Rosada, tal cual había convenido con un funcionario provincial, que se comprometió a brindar información. Al final, la subsecretaria de Prensa, Andrea Masceli, se limitó a distribuir, vía mail, una copia textual de un cable de tres párrafos elaborado por la agencia oficial de noticias, Télam.
Obras y financiación.
La nota oficial informa que el jefe de Gabinete "convocó, por expresa indicación de la presidenta, a los gobernadores Pérez y Jorge para encaminar la resolución definitiva del convenio marco firmado entre ambas provincias en 2008". Y agrega que ambos mandatarios "se mostraron predispuestos" a celebrar "una serie de reuniones en el corto plazo".
Mientras tanto, Jorge y Pérez analizaron "los puntos del convenio firmado en 2008 que generan diferentes interpretaciones, sobre todo el referido a la escorrentía mínima de agua, y se establecieron posibles caminos para resolverla", informó Télam. También acordaron "trabajar en conjunto para la actualización de las obras originalmente convenidas (en el convenio de 2008), y su correspondiente financiación.
Nada cambia.
Así, el viaje del gobernador a Buenos Aires se tornó en una nueva decepción. No logró garantías de que Mendoza reconocerá el derecho pampeano a un escurrimiento fluvioecológico y aceptó continuar discutiendo las diferentes interpretaciones que a lo largo de varias décadas mantuvieron ambas provincias sobre ese punto trascendental.
Con esta decisión, además, el mandatario cerró la puerta al pedido de la Asamblea en Defensa de los Ríos Pampeanos y de los propios diputados justicialistas para iniciar una nueva demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como lo aconsejan los especialistas en Derecho, a partir del nuevo paradigma ambiental dispuesto por la Constitución desde 1994.
El convenio por el que ayer fueron convocados ambos gobernadores a la Casa Rosada fue suscripto el 7 de agosto de 2008 y durmió durante cuatro años en el Departamento de Irrigación, sin ser enviado al Parlamento mendocino para su ratificación legislativa. El compromiso obliga a Mendoza a liberar un escurrimiento permanente de 4,5 metros cúbicos por segundo, con el agua ahorrada mediante el revestimiento de sus canales.
"El futuro está en los ríos"
"Habiendo transcurrido un tiempo más que prudencial" la Asamblea en Defensa de los Ríos Pampeanos suscribió el 30 de mayo una nueva carta al gobernador, en la que reiteran el reclamo manifestado "en e petitorio entregado el 30 de marzo". En ella le recuerdan que la asamblea funciona en Santa Rosa, General Pico, Santa Isabel y Algarrobo del Águila" y que "sus integrantes militan bajo el pensamiento de que nuestra provincia debe tener una política hídrica definida y producto de un extenso debate democrático".
La Asamblea promueve "un nuevo juicio por el Atuel ante la STJ, bajo los nuevos preceptos constitucionales y legislación derivada, por la violación de los derechos humanos y el grave daño ambiental ocasionado"; reclama "el cumplimiento de la Ley 25688 y la creación de comités de cuenca para los ríos Atuel y Salado", y exige que "se solicite al gobierno nacional, un fondo de reparación histórica".
Los asambleístas pretenden además que Oscar Jorge "detenga y revierta el desmantelamiento de las áreas de gobierno vinculadas al tema hídrico, y que exija a Mendoza la ratificación del convenio de 2008, dejando constancia de que los 5 metros cúbicos serán de calidad de agua del río".
"Nuestro futuro pasa por desarrollar las zonas de riego" advierte la asamblea, nacida "de una toma de conciencia por parte de extensas capas de nuestra población sobre la necesidad de defender en forma más activa nuestro patrimonio hídrico, convencidos de que nuestro futuro depende en gran parte de nuestros ríos".
Volvió el Atuel
En una coincidencia llamativa -o quizá no tanto- el río Atuel volvió a escurrir estos días en territorio pampeano. El cauce se reactivó en los últimos días y se debería a agua que se larga de las chacras del sur de Mendoza -San Rafael, General Alvear, Carmensa- al haber terminado las tareas de limpieza de canales y acequias.
Las imágenes fueron tomadas por Santiago Requejo -un vecino de Santa Isabel que participa activamente de las movilizaciones por el regreso del río Atuel- en el Paso del los Vinchuqueros, en el límite entre las dos provincias.
Tiempo atrás, cuando un importante grupo de vecinos realizó una manifestación en Santa Isabel por el regreso del río, se produjo una reactivación del Atuel -que hasta ese entonces había estado totalmente seco- que algunos interpretaron como una estrategia mendocina para anular el reclamo pampeano en caso que algún medio informativo nacional fuera a observar cómo estaba el río en ese momento.
Para esta época del año, es habitual esta breve reaparición del río a raíz de las tareas de limpieza previa al inicio de otro ciclo de la temporada frutihortícola. La historia muestra que dentro de unos días el río volverá a cortarse y permanecerá así durante meses.
La coincidencia es con la reunión que ayer por la tarde tenían prevista los gobernadores de La Pampa, Oscar Mario Jorge, y de Mendoza, Francisco "Paco" Pérez, con el jefe del Gabinete de Ministros, Juan Manuel Abal Medina, para hablar sobre el convenio firmado en agosto del año 2008.
Movilizados por los ríos
Para mostrar que el conflicto del Atuel mantiene movilizado al pueblo de la provincia, la Asamblea en Defensa de los Ríos Pampeanos desplegó ayer su bandera en la casa de gobierno, mientras el gobernador se encontraba reunido con Pérez y Abal Medina. La asamblea reclama "una respuesta activa al petitorio presentado el 30 de marzo" y el inicio de una demanda ambiental contra Mendoza.
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Fecha de Publicación: 02/06/2012
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
Con la reunión celebrada ayer en la Casa Rosada, el gobernador Oscar Jorge confirmó que su política hídrica en torno al río Atuel se limitará a sostener una relación diplomática y sin sobresaltos, en lugar de ejecutar acciones directas para obligar a que Mendoza y el gobierno nacional asuman sus responsabilidades. En el despacho del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, ambos gobernadores (el pampeano y Francisco "Paco" Pérez) "acordaron el avance sobre los tópicos pendientes del convenio sobre el río Atuel, para desarrollar las medidas conducentes a ponerlo en vigencia".
El encuentro con el funcionario nacional estaba programado para las 17, pero el gobierno pampeano no informó sobre su resultado. Incluso, al terminar la reunión Jorge se las ingenió para escapar de la corresponsal de LA ARENA que aguardaba a las puertas de la Casa Rosada, tal cual había convenido con un funcionario provincial, que se comprometió a brindar información. Al final, la subsecretaria de Prensa, Andrea Masceli, se limitó a distribuir, vía mail, una copia textual de un cable de tres párrafos elaborado por la agencia oficial de noticias, Télam.
Obras y financiación.
La nota oficial informa que el jefe de Gabinete "convocó, por expresa indicación de la presidenta, a los gobernadores Pérez y Jorge para encaminar la resolución definitiva del convenio marco firmado entre ambas provincias en 2008". Y agrega que ambos mandatarios "se mostraron predispuestos" a celebrar "una serie de reuniones en el corto plazo".
Mientras tanto, Jorge y Pérez analizaron "los puntos del convenio firmado en 2008 que generan diferentes interpretaciones, sobre todo el referido a la escorrentía mínima de agua, y se establecieron posibles caminos para resolverla", informó Télam. También acordaron "trabajar en conjunto para la actualización de las obras originalmente convenidas (en el convenio de 2008), y su correspondiente financiación.
Nada cambia.
Así, el viaje del gobernador a Buenos Aires se tornó en una nueva decepción. No logró garantías de que Mendoza reconocerá el derecho pampeano a un escurrimiento fluvioecológico y aceptó continuar discutiendo las diferentes interpretaciones que a lo largo de varias décadas mantuvieron ambas provincias sobre ese punto trascendental.
Con esta decisión, además, el mandatario cerró la puerta al pedido de la Asamblea en Defensa de los Ríos Pampeanos y de los propios diputados justicialistas para iniciar una nueva demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como lo aconsejan los especialistas en Derecho, a partir del nuevo paradigma ambiental dispuesto por la Constitución desde 1994.
El convenio por el que ayer fueron convocados ambos gobernadores a la Casa Rosada fue suscripto el 7 de agosto de 2008 y durmió durante cuatro años en el Departamento de Irrigación, sin ser enviado al Parlamento mendocino para su ratificación legislativa. El compromiso obliga a Mendoza a liberar un escurrimiento permanente de 4,5 metros cúbicos por segundo, con el agua ahorrada mediante el revestimiento de sus canales.
"El futuro está en los ríos"
"Habiendo transcurrido un tiempo más que prudencial" la Asamblea en Defensa de los Ríos Pampeanos suscribió el 30 de mayo una nueva carta al gobernador, en la que reiteran el reclamo manifestado "en e petitorio entregado el 30 de marzo". En ella le recuerdan que la asamblea funciona en Santa Rosa, General Pico, Santa Isabel y Algarrobo del Águila" y que "sus integrantes militan bajo el pensamiento de que nuestra provincia debe tener una política hídrica definida y producto de un extenso debate democrático".
La Asamblea promueve "un nuevo juicio por el Atuel ante la STJ, bajo los nuevos preceptos constitucionales y legislación derivada, por la violación de los derechos humanos y el grave daño ambiental ocasionado"; reclama "el cumplimiento de la Ley 25688 y la creación de comités de cuenca para los ríos Atuel y Salado", y exige que "se solicite al gobierno nacional, un fondo de reparación histórica".
Los asambleístas pretenden además que Oscar Jorge "detenga y revierta el desmantelamiento de las áreas de gobierno vinculadas al tema hídrico, y que exija a Mendoza la ratificación del convenio de 2008, dejando constancia de que los 5 metros cúbicos serán de calidad de agua del río".
"Nuestro futuro pasa por desarrollar las zonas de riego" advierte la asamblea, nacida "de una toma de conciencia por parte de extensas capas de nuestra población sobre la necesidad de defender en forma más activa nuestro patrimonio hídrico, convencidos de que nuestro futuro depende en gran parte de nuestros ríos".
Volvió el Atuel
En una coincidencia llamativa -o quizá no tanto- el río Atuel volvió a escurrir estos días en territorio pampeano. El cauce se reactivó en los últimos días y se debería a agua que se larga de las chacras del sur de Mendoza -San Rafael, General Alvear, Carmensa- al haber terminado las tareas de limpieza de canales y acequias.
Las imágenes fueron tomadas por Santiago Requejo -un vecino de Santa Isabel que participa activamente de las movilizaciones por el regreso del río Atuel- en el Paso del los Vinchuqueros, en el límite entre las dos provincias.
Tiempo atrás, cuando un importante grupo de vecinos realizó una manifestación en Santa Isabel por el regreso del río, se produjo una reactivación del Atuel -que hasta ese entonces había estado totalmente seco- que algunos interpretaron como una estrategia mendocina para anular el reclamo pampeano en caso que algún medio informativo nacional fuera a observar cómo estaba el río en ese momento.
Para esta época del año, es habitual esta breve reaparición del río a raíz de las tareas de limpieza previa al inicio de otro ciclo de la temporada frutihortícola. La historia muestra que dentro de unos días el río volverá a cortarse y permanecerá así durante meses.
La coincidencia es con la reunión que ayer por la tarde tenían prevista los gobernadores de La Pampa, Oscar Mario Jorge, y de Mendoza, Francisco "Paco" Pérez, con el jefe del Gabinete de Ministros, Juan Manuel Abal Medina, para hablar sobre el convenio firmado en agosto del año 2008.
Movilizados por los ríos
Para mostrar que el conflicto del Atuel mantiene movilizado al pueblo de la provincia, la Asamblea en Defensa de los Ríos Pampeanos desplegó ayer su bandera en la casa de gobierno, mientras el gobernador se encontraba reunido con Pérez y Abal Medina. La asamblea reclama "una respuesta activa al petitorio presentado el 30 de marzo" y el inicio de una demanda ambiental contra Mendoza.
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Pueblo de Neuquén vota por la minería o no
A las urnas por la minería
Fecha de Publicación: 02/06/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Neuquén
Los habitantes de Loncopué, a 300 kilómetros de la capital provincial, participarán de un inédito referéndum para resolver si se prohíbe o no la megaminería. A diferencia del que se hizo en Esquel, en 2003, es obligatorio y vinculante.
“El pueblo decidirá.” Son las tres palabras que resuenan entre los habitantes de Loncopué, pueblo neuquino donde mañana habrá un inédito ejercicio democrático para Argentina: un referéndum dará cuenta de la aceptación o el rechazo de la megaminería. Loncopué se convertirá así en el primer lugar del país donde la población votará de manera obligatoria y vinculante respecto de la actividad extractiva. “Queremos cuidar el ambiente, queremos seguir viviendo como elegimos hace décadas, sin que nos impongan industrias contaminantes que avasallan nuestros derechos. Qué mejor que decidir mediante el voto”, afirmó Viviana Vaca, de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué (AVAL), una de las organizaciones impulsoras del referéndum.
Loncopué está ubicada en el noroeste neuquino, a 300 kilómetros de la capital provincial. Pueblo tranquilo, con siete mil habitantes y el turismo como principal actividad. En 2008 vio alterada su rutina cuando camionetas de doble tracción comenzaron a ingresar a los campos. La explicación: un contrato entre Cormine (Corporación Minera de Neuquén) y la compañía china Emprendimientos Mineros SA para instalar una mina para la extracción de cobre.
Las denuncias de contaminación que caen sobre la actividad provocaron la organización. Nacieron AVAL y la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Campana Mahuida (Avacam), otra localidad cercana al proyectado emprendimiento. Y se organizaron junto a la comunidad mapuche Mellao Morales (radicada hace cien años en la zona de interés minero). Se contactaron con otras asambleas ambientales y comenzaron a informar a la población: charlas, volanteadas informativas, asambleas y marchas.
También accionaron judicialmente. Reclamaron en 2008 la nulidad del contrato por no respetar los derechos de los pueblos originarios. También denunciaron que el gobierno provincial había cedido sin licitación pública el yacimiento a tres millones de dólares, ínfima cifra para un emprendimiento con al menos quince años de vida útil y reservas por 1800 millones de dólares.
En septiembre de 2009, el máximo tribunal de Neuquén hizo lugar a la medida cautelar de frenar toda acción hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, la legalidad o no del contrato. La decisión implicó el freno la actividad minera. El Superior Tribunal dejó constancia de que el avance minero había omitido el derecho de consulta a la comunidad indígena. El gobierno provincial apeló con un recurso extraordinario. Y, en marzo de 2011, el Superior Tribunal volvió a fallar contra el gobierno provincial y remarcó la obligación de respetar el derecho indígena.
Al mismo tiempo, los vecinos impulsaban una decisión de fondo: presentaron un anteproyecto de ordenanza para prohibir la actividad en la localidad y lograron que el Concejo Deliberante convoque a un referéndum para octubre de 2011. Pero el intendente dejó vencer los plazos y no llamó a votación.
Con las nuevas autoridades (asumidas en diciembre pasado), los concejales aceptaron llamar a un nuevo referéndum. Estuvieron de acuerdo todos los sectores políticos municipales, incluido el Movimiento Popular Neuquino (MPN) y el Frente para la Victoria.
La última semana, la Corporación Minera de Neuquén (Cormine, del Estado provincial) volvió a acudir al Superior Tribunal para que suspenda la votación. Ayer a la mañana, el máximo tribunal neuquino rechazó la presentación minera y confirmó que el referéndum es legítimo y está sujeto a derecho.
A diferencia de lo sucedido en Esquel en 2003 (donde hubo un plebiscito en el que el 81 por ciento rechazó la megaminería), mañana será la primera vez que en Argentina se ponga en práctica una votación obligatoria y vinculante respecto de la actividad extractiva. Toda la estructura del municipio estará al servicio de la votación, como sucede cuando se eligen intendente, gobernador o presidente. Se votará en escuelas, habrá presidente de mesa y fiscales.
En la forma de instrumentar el referéndum, no será “sí” o “no” a la actividad de una manera directa. Se decidirá la aprobación o rechazo de una ordenanza (ya redactada y difundida entre la población) que establece la prohibición de la actividad en Loncopué. De esta manera, quien vote “sí” a la ordenanza estará rechazando la minería (y viceversa).
La ordenanza será ratificada (y de esta forma prohibida la megaminería) si la mitad más uno de los votos elige por el “sí”.
El rechazo a la megaminería en Loncopué reunió a maestros, pequeños estancieros, amas de casa, familias campesinas, comunidades mapuches y la Iglesia Católica local. La organización llegó a reunir a 2000 habitantes en una ciudad de siete mil personas. A modo de práctica democrática, el jueves pasado la Escuela 50 Jaime De Nevares, de Loncopué, tuvo su votación: 274 chicos votaron por el rechazo a la megaminería y 12 por la aceptación.
“Es una comunidad pacífica que quiere seguir viviendo, justamente, en paz, por eso no quiere que corporaciones vengan a imponerse por sobre los derechos de quienes hace décadas viven acá”, explicó José María De Orfeo, cura párroco de Loncopué desde hace 26 años. No quiso arriesgar resultado, pero sí expresó su opinión: “La comunidad no cree en las falsas promesas de trabajo, supuesto bienestar y espejos de colores”.
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Fecha de Publicación: 02/06/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Neuquén
Los habitantes de Loncopué, a 300 kilómetros de la capital provincial, participarán de un inédito referéndum para resolver si se prohíbe o no la megaminería. A diferencia del que se hizo en Esquel, en 2003, es obligatorio y vinculante.
“El pueblo decidirá.” Son las tres palabras que resuenan entre los habitantes de Loncopué, pueblo neuquino donde mañana habrá un inédito ejercicio democrático para Argentina: un referéndum dará cuenta de la aceptación o el rechazo de la megaminería. Loncopué se convertirá así en el primer lugar del país donde la población votará de manera obligatoria y vinculante respecto de la actividad extractiva. “Queremos cuidar el ambiente, queremos seguir viviendo como elegimos hace décadas, sin que nos impongan industrias contaminantes que avasallan nuestros derechos. Qué mejor que decidir mediante el voto”, afirmó Viviana Vaca, de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué (AVAL), una de las organizaciones impulsoras del referéndum.
Loncopué está ubicada en el noroeste neuquino, a 300 kilómetros de la capital provincial. Pueblo tranquilo, con siete mil habitantes y el turismo como principal actividad. En 2008 vio alterada su rutina cuando camionetas de doble tracción comenzaron a ingresar a los campos. La explicación: un contrato entre Cormine (Corporación Minera de Neuquén) y la compañía china Emprendimientos Mineros SA para instalar una mina para la extracción de cobre.
Las denuncias de contaminación que caen sobre la actividad provocaron la organización. Nacieron AVAL y la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Campana Mahuida (Avacam), otra localidad cercana al proyectado emprendimiento. Y se organizaron junto a la comunidad mapuche Mellao Morales (radicada hace cien años en la zona de interés minero). Se contactaron con otras asambleas ambientales y comenzaron a informar a la población: charlas, volanteadas informativas, asambleas y marchas.
También accionaron judicialmente. Reclamaron en 2008 la nulidad del contrato por no respetar los derechos de los pueblos originarios. También denunciaron que el gobierno provincial había cedido sin licitación pública el yacimiento a tres millones de dólares, ínfima cifra para un emprendimiento con al menos quince años de vida útil y reservas por 1800 millones de dólares.
En septiembre de 2009, el máximo tribunal de Neuquén hizo lugar a la medida cautelar de frenar toda acción hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, la legalidad o no del contrato. La decisión implicó el freno la actividad minera. El Superior Tribunal dejó constancia de que el avance minero había omitido el derecho de consulta a la comunidad indígena. El gobierno provincial apeló con un recurso extraordinario. Y, en marzo de 2011, el Superior Tribunal volvió a fallar contra el gobierno provincial y remarcó la obligación de respetar el derecho indígena.
Al mismo tiempo, los vecinos impulsaban una decisión de fondo: presentaron un anteproyecto de ordenanza para prohibir la actividad en la localidad y lograron que el Concejo Deliberante convoque a un referéndum para octubre de 2011. Pero el intendente dejó vencer los plazos y no llamó a votación.
Con las nuevas autoridades (asumidas en diciembre pasado), los concejales aceptaron llamar a un nuevo referéndum. Estuvieron de acuerdo todos los sectores políticos municipales, incluido el Movimiento Popular Neuquino (MPN) y el Frente para la Victoria.
La última semana, la Corporación Minera de Neuquén (Cormine, del Estado provincial) volvió a acudir al Superior Tribunal para que suspenda la votación. Ayer a la mañana, el máximo tribunal neuquino rechazó la presentación minera y confirmó que el referéndum es legítimo y está sujeto a derecho.
A diferencia de lo sucedido en Esquel en 2003 (donde hubo un plebiscito en el que el 81 por ciento rechazó la megaminería), mañana será la primera vez que en Argentina se ponga en práctica una votación obligatoria y vinculante respecto de la actividad extractiva. Toda la estructura del municipio estará al servicio de la votación, como sucede cuando se eligen intendente, gobernador o presidente. Se votará en escuelas, habrá presidente de mesa y fiscales.
En la forma de instrumentar el referéndum, no será “sí” o “no” a la actividad de una manera directa. Se decidirá la aprobación o rechazo de una ordenanza (ya redactada y difundida entre la población) que establece la prohibición de la actividad en Loncopué. De esta manera, quien vote “sí” a la ordenanza estará rechazando la minería (y viceversa).
La ordenanza será ratificada (y de esta forma prohibida la megaminería) si la mitad más uno de los votos elige por el “sí”.
El rechazo a la megaminería en Loncopué reunió a maestros, pequeños estancieros, amas de casa, familias campesinas, comunidades mapuches y la Iglesia Católica local. La organización llegó a reunir a 2000 habitantes en una ciudad de siete mil personas. A modo de práctica democrática, el jueves pasado la Escuela 50 Jaime De Nevares, de Loncopué, tuvo su votación: 274 chicos votaron por el rechazo a la megaminería y 12 por la aceptación.
“Es una comunidad pacífica que quiere seguir viviendo, justamente, en paz, por eso no quiere que corporaciones vengan a imponerse por sobre los derechos de quienes hace décadas viven acá”, explicó José María De Orfeo, cura párroco de Loncopué desde hace 26 años. No quiso arriesgar resultado, pero sí expresó su opinión: “La comunidad no cree en las falsas promesas de trabajo, supuesto bienestar y espejos de colores”.
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Instarán a los ingenios a no retener vinaza
Instarán a los ingenios a no retener vinaza más de 25 días
Fecha de Publicación: 01/06/2012
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Tucumán
La nueva ley ambiental de Tucumán buscará sancionar con multas más duras a aquellos que contaminen y no resuelvan irregularidades.
Luego de la reciente reunión mantenida entre representantes del Comité de la Cuenca Salí-Dulce, junto a las Defensorías del Pueblo de las provincias de Santiago del Estero y Tucumán, el secretario de Medio Ambiente tucumano, Ing. Alfredo Montalván, explicó sobre las nuevas metodologías de trabajo impulsadas por el gobierno de aquella provincia, tendiente a evitar vuelcos de vinaza y posterior contaminación de la cuenca.
“Estamos impulsando un nuevo esquema de trabajo para que en un futuro no muy lejano sólo haya pulmones de amortiguación de 20 a 25 días de capacidad de almacenamiento de vinaza, y no lagunas donde se almacene la vinaza de toda una zafra”, resaltó.
A la par de los constantes monitoreos realizados a los ingenios por parte de la cartera ambiental, señaló que “constantemente estamos atentos por cualquier irregularidad que se detecte, ya que todo el tiempo que se registran alarmas, y cada vez que se detecta un evento salen los camionetas de Medio Ambiente a verificar algún posible vuelco de vinaza, de ceniza o si es producto del inicio de la zafra”, indicó.
En torno a la reciente reunión mantenida entre representantes del Comité, junto a las Defensorías del Pueblo de Santiago y Tucumán, junto a los equipos de Participación Social, para el contralor de la cuenca, Montalván señaló que en breve se sumará la participación de la Universidad Tecnológica Nacional de Tucumán.
Sobre los últimos vuelcos remarcó que Ambiente de Tucumán procedió a la inhabilitación preventiva del ingenio, medida que luego fue levantada al realizarse las medidas correctivas.
Por ello, dijo que “hay un nuevo esquema sancionatorio y desde la Legislatura sacamos una nueva ley ambiental que se la estará promulgando en estos días, con nuevos niveles de multas que ascienden a la categoría de un sueldo básico de la provincia Tucumán”, remarcó.
“Tolerancia será cero”
Acerca de la participación de la Universidad Tecnológica de Tucumán para el control de la cuenca Salí Dulce, el defensor del Pueblo de Tucumán, Hugo Cabral, manifestó a la prensa tucumana que “hay 60 puntos que se controlan desde todos los afluentes que van a la cuenca, de los cuales hay 35 que dos veces al día serán controlados por 12 días. La provincia lo hará todos los días y se unirá la Tecnológica”, sostuvo Cabral, en alusión al aporte de la UTN.
“Yo espero que a partir de allí se deje de contaminar, si llega a ocurrir se tomarán todas las medidas que la ley demande. Es importante destacar que cada una de las industrias está realizando las tareas necesarias para que no se vuelva a contaminar”, expresó.
El funcionario tucumano fue estricto al afirmar que “si alguien no cumple con los compromisos, deberá ser sancionado. La tolerancia será cero”, sostuvo finalmente Cabral.
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Fecha de Publicación: 01/06/2012
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Tucumán
La nueva ley ambiental de Tucumán buscará sancionar con multas más duras a aquellos que contaminen y no resuelvan irregularidades.
Luego de la reciente reunión mantenida entre representantes del Comité de la Cuenca Salí-Dulce, junto a las Defensorías del Pueblo de las provincias de Santiago del Estero y Tucumán, el secretario de Medio Ambiente tucumano, Ing. Alfredo Montalván, explicó sobre las nuevas metodologías de trabajo impulsadas por el gobierno de aquella provincia, tendiente a evitar vuelcos de vinaza y posterior contaminación de la cuenca.
“Estamos impulsando un nuevo esquema de trabajo para que en un futuro no muy lejano sólo haya pulmones de amortiguación de 20 a 25 días de capacidad de almacenamiento de vinaza, y no lagunas donde se almacene la vinaza de toda una zafra”, resaltó.
A la par de los constantes monitoreos realizados a los ingenios por parte de la cartera ambiental, señaló que “constantemente estamos atentos por cualquier irregularidad que se detecte, ya que todo el tiempo que se registran alarmas, y cada vez que se detecta un evento salen los camionetas de Medio Ambiente a verificar algún posible vuelco de vinaza, de ceniza o si es producto del inicio de la zafra”, indicó.
En torno a la reciente reunión mantenida entre representantes del Comité, junto a las Defensorías del Pueblo de Santiago y Tucumán, junto a los equipos de Participación Social, para el contralor de la cuenca, Montalván señaló que en breve se sumará la participación de la Universidad Tecnológica Nacional de Tucumán.
Sobre los últimos vuelcos remarcó que Ambiente de Tucumán procedió a la inhabilitación preventiva del ingenio, medida que luego fue levantada al realizarse las medidas correctivas.
Por ello, dijo que “hay un nuevo esquema sancionatorio y desde la Legislatura sacamos una nueva ley ambiental que se la estará promulgando en estos días, con nuevos niveles de multas que ascienden a la categoría de un sueldo básico de la provincia Tucumán”, remarcó.
“Tolerancia será cero”
Acerca de la participación de la Universidad Tecnológica de Tucumán para el control de la cuenca Salí Dulce, el defensor del Pueblo de Tucumán, Hugo Cabral, manifestó a la prensa tucumana que “hay 60 puntos que se controlan desde todos los afluentes que van a la cuenca, de los cuales hay 35 que dos veces al día serán controlados por 12 días. La provincia lo hará todos los días y se unirá la Tecnológica”, sostuvo Cabral, en alusión al aporte de la UTN.
“Yo espero que a partir de allí se deje de contaminar, si llega a ocurrir se tomarán todas las medidas que la ley demande. Es importante destacar que cada una de las industrias está realizando las tareas necesarias para que no se vuelva a contaminar”, expresó.
El funcionario tucumano fue estricto al afirmar que “si alguien no cumple con los compromisos, deberá ser sancionado. La tolerancia será cero”, sostuvo finalmente Cabral.
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Corpacci no quiere más cortes antimineros
Corpacci pidió a la Corte que actúe ante los cortes antimineros
Fecha de Publicación: 01/06/2012
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Desde Chile se plantearon los perjuicios por los bloqueos y el malestar de las autoridades.
Tras una misiva enviada por el embajador de Chile, Ginés González García, la gobernadora, Lucía Corpacci, solicitó a la Corte de Justicia de la Provincia que intervenga en el conflicto minero y actúe para liberar el paso en la ruta 60, interrumpido por un grupo de ambientalistas.
La primera mandataria envió ayer dos notas, una dirigida a la presidenta de la Corte de Justicia, Amelia Sesto de Leiva, y otra al procurador general del máximo tribunal, Enrique Lilljedahl.
En ellas, les informa sobre la preocupación transmitida por el embajador de Chile por las consecuencias negativas de los cortes.
En ese sentido, Corpacci pide a las autoridades que "arbitren los mecanismos conducentes a los efectos de hacer cesar el impedimento de tránsito que afecta a la libre circulación de las rutas, la libertad de trabajar, la libertad de comercializar y a la libertad de ejercer industria lícita en la ruta 60".
Además, hace constar el valor estratégico que el corredor bioceánico tiene para la Provincia y los perjuicios que los bloqueos generan a la sociedad catamarqueña.
Corpacci menciona en la nota que el conflicto ya afectó al comercio, el turismo, la hotelería y el sector productivo".
También aclara que el requerimiento efectuado se realiza "con el mayor de los respetos, en el marco de la independencia de poderes que garantiza el Estado de Derecho", en base a las "atribuciones, deberes constitucionales y facultades legales" del máximo tribunal.
Los cortes producidos en la ruta 60, en el ingreso a Tinogasta, impiden el tránsito provincial, regional e internacional, en especial el que se realiza a través del Paso San Francisco.
El reclamo de ambientalistas se mantiene desde febrero de este año.
Días atrás, la Provincia se constituyó en querellante en las causas que pesan sobre 50 ambientalistas que participaron de enfrentamientos con el personal de la policía durante un intento de desalojo del bloqueo.
Ser querellante en la causa le permitirá a los abogados de la Fiscalía de Estado seguir de cerca la investigación y presentar pruebas. Por otra parte, hay pedidos de municipios y de vecinos de las localidades afectadas para que se habiliten vías alternativas de circulación, como la Cuesta de Zapata y la ruta que une Río Grande, en Tinogasta, con Puerta de Corral Quemado, Belén.
Malestar de autoridades chilenas
En la nota enviada a la Gobernadora, el embajador de Chile, Ginés González García, manifiesta que hay malestar en el sector privado y en las autoridades chilenas por la imposibilidad de utilizar el Paso San Francisco.
Menciona que empresarios de transporte internacional de cargas realizaron un reclamo ante las autoridades de ese país por las consecuencias que les genera el no poder transportar la carga de insumos mineros hacia la Provincia por el corredor internacional, considerado como "una herramienta vital para la integración y el desarrollo".
Por último, el embajador asegura que la continuidad del reclamo opacará el trabajo bilateral que vienen realizando ambos países.
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Fecha de Publicación: 01/06/2012
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Desde Chile se plantearon los perjuicios por los bloqueos y el malestar de las autoridades. Tras una misiva enviada por el embajador de Chile, Ginés González García, la gobernadora, Lucía Corpacci, solicitó a la Corte de Justicia de la Provincia que intervenga en el conflicto minero y actúe para liberar el paso en la ruta 60, interrumpido por un grupo de ambientalistas.
La primera mandataria envió ayer dos notas, una dirigida a la presidenta de la Corte de Justicia, Amelia Sesto de Leiva, y otra al procurador general del máximo tribunal, Enrique Lilljedahl.
En ellas, les informa sobre la preocupación transmitida por el embajador de Chile por las consecuencias negativas de los cortes.
En ese sentido, Corpacci pide a las autoridades que "arbitren los mecanismos conducentes a los efectos de hacer cesar el impedimento de tránsito que afecta a la libre circulación de las rutas, la libertad de trabajar, la libertad de comercializar y a la libertad de ejercer industria lícita en la ruta 60".
Además, hace constar el valor estratégico que el corredor bioceánico tiene para la Provincia y los perjuicios que los bloqueos generan a la sociedad catamarqueña.
Corpacci menciona en la nota que el conflicto ya afectó al comercio, el turismo, la hotelería y el sector productivo".
También aclara que el requerimiento efectuado se realiza "con el mayor de los respetos, en el marco de la independencia de poderes que garantiza el Estado de Derecho", en base a las "atribuciones, deberes constitucionales y facultades legales" del máximo tribunal.
Los cortes producidos en la ruta 60, en el ingreso a Tinogasta, impiden el tránsito provincial, regional e internacional, en especial el que se realiza a través del Paso San Francisco.
El reclamo de ambientalistas se mantiene desde febrero de este año.
Días atrás, la Provincia se constituyó en querellante en las causas que pesan sobre 50 ambientalistas que participaron de enfrentamientos con el personal de la policía durante un intento de desalojo del bloqueo.
Ser querellante en la causa le permitirá a los abogados de la Fiscalía de Estado seguir de cerca la investigación y presentar pruebas. Por otra parte, hay pedidos de municipios y de vecinos de las localidades afectadas para que se habiliten vías alternativas de circulación, como la Cuesta de Zapata y la ruta que une Río Grande, en Tinogasta, con Puerta de Corral Quemado, Belén.
Malestar de autoridades chilenas
En la nota enviada a la Gobernadora, el embajador de Chile, Ginés González García, manifiesta que hay malestar en el sector privado y en las autoridades chilenas por la imposibilidad de utilizar el Paso San Francisco.
Menciona que empresarios de transporte internacional de cargas realizaron un reclamo ante las autoridades de ese país por las consecuencias que les genera el no poder transportar la carga de insumos mineros hacia la Provincia por el corredor internacional, considerado como "una herramienta vital para la integración y el desarrollo".
Por último, el embajador asegura que la continuidad del reclamo opacará el trabajo bilateral que vienen realizando ambos países.
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Sali-Dulce: se reunió el comité de cuenca
El Comité de Cuenca se reunió con los equipos de Participación Social
Fecha de Publicación: 31/05/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero - Córdoba - Catamarca.
El Comité de Cuenca Salí-Dulce realizó una reunión de trabajo de los responsables de los equipos de Participación Social, con presencia de representaciones de Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y Catamarca.
En la ocasión, se consideró todo lo inherente a la integración de equipos de trabajo que aseguren también la participación de ONG’s, en un todo de acuerdo al convenio que suscribieran oportunamente la Secretaría de Ambiente, las provincias de Tucumán, Santiago y la Defensoría del Pueblo, para el contralor de la cuenca.
La representación local ilustró sobre la convocatoria realizada y las reuniones que se concretaron a los efectos de integrar a representantes de ONGs a la comisión de seguimiento de la Defensoría. Así también se abundó sobre el moderno sistema de monitoreo implementado y las tareas de capacitación correspondiente al personal.
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Fecha de Publicación: 31/05/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero - Córdoba - Catamarca.
El Comité de Cuenca Salí-Dulce realizó una reunión de trabajo de los responsables de los equipos de Participación Social, con presencia de representaciones de Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y Catamarca.En la ocasión, se consideró todo lo inherente a la integración de equipos de trabajo que aseguren también la participación de ONG’s, en un todo de acuerdo al convenio que suscribieran oportunamente la Secretaría de Ambiente, las provincias de Tucumán, Santiago y la Defensoría del Pueblo, para el contralor de la cuenca.
La representación local ilustró sobre la convocatoria realizada y las reuniones que se concretaron a los efectos de integrar a representantes de ONGs a la comisión de seguimiento de la Defensoría. Así también se abundó sobre el moderno sistema de monitoreo implementado y las tareas de capacitación correspondiente al personal.
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Empresario detenido por violar clausura en el Riachuelo
Detuvieron a un empresario por violar la clausura de una fábrica en el Riachuelo
Fecha de Publicación: 31/05/2012
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Buenos Aires
Se trata del responsable de una firma de galvanoplastía ubicada en Lanús que incumplió el plan de saneamiento integral de la Cuenca Matanza Riachuelo. El empresario fue indagado el martes. En tanto, las autoridades resolvieron la clausura total del establecimiento
Un empresario fue detenido el lunes por violar la clausura que le había impuesto la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) en el marco de la ejecución del fallo "Mendoza", por el cual la Corte Suprema de Justicia ordenó un plan de saneamiento integral de la zona afectada.
La detención fue ordenada por el juez Luis Armella, titular del Juzgado Federal de Quilmes, luego de que personal de la ACUMAR y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires constatara la violación de la clausura impuesta a la fábrica de galvanoplastía "Cordoba oscar florencio", de la localidad de Lanús.
El martes se cumplió con la indagatoria del empresario. Y los inspectores de ACUMAR dispusieron la clausura total del establecimiento, dedicado al niquelado y electrozincado de metales, según informó el Centro de Información Judicial.
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Fecha de Publicación: 31/05/2012
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Buenos Aires
Se trata del responsable de una firma de galvanoplastía ubicada en Lanús que incumplió el plan de saneamiento integral de la Cuenca Matanza Riachuelo. El empresario fue indagado el martes. En tanto, las autoridades resolvieron la clausura total del establecimiento Un empresario fue detenido el lunes por violar la clausura que le había impuesto la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) en el marco de la ejecución del fallo "Mendoza", por el cual la Corte Suprema de Justicia ordenó un plan de saneamiento integral de la zona afectada.
La detención fue ordenada por el juez Luis Armella, titular del Juzgado Federal de Quilmes, luego de que personal de la ACUMAR y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires constatara la violación de la clausura impuesta a la fábrica de galvanoplastía "Cordoba oscar florencio", de la localidad de Lanús.
El martes se cumplió con la indagatoria del empresario. Y los inspectores de ACUMAR dispusieron la clausura total del establecimiento, dedicado al niquelado y electrozincado de metales, según informó el Centro de Información Judicial.
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Analizan el impacto de los agroquímicos en Santa Fe
Relevamiento para ver el impacto de los agroquímicos en la salud
Fecha de Publicación: 30/05/2012
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
La necesidad de determinar a ciencia cierta en esta ciudad el impacto de los agroquímicos en la salud de la población derivará en una suerte de relevamiento que realizará un grupo de estudiantes avanzados en las carreras de medicina y enfermería a partir de un convenio entre los Estados local y provincial y la UNR.
El trabajo, que se llevará adelante en la segunda quincena del próximo mes bajo la coordinación del docente y médico socio ambiental Damián Verzeñassi, permitirá trazar un mapa sobre las patologías que serían causados por el uso de agrotóxicos.
En Firmat, como el resto de las localidades de la zona cuya actividad económica gira alrededor del campo, crece la preocupación por los efectos no deseados de las fumigaciones a pesar de los controles establecidos a instancias de normativas que regulan las aplicaciones.
Desde hace tiempo se vienen reportando en la región enfermedades aparentemente relacionadas con esta cuestión aunque de compleja comprobación. El caso más sonado fue la experiencia traumática y fatal que le tocó vivir a un matrimonio de esta ciudad que perdió uno de los gemelos que estaba esperando, como publicó oportunamente LaCapital.
La sospecha médica de que el deceso se produjo por la influencia de agrotóxicos fue tal que el obstetra recomendó a la madre y su familia mudarse de la casa donde vivían, en cercanías de zonas sujetas a fumigación. La tarea prevista consiste en relevar hogares y la totalidad del área rural, lo que permitirá recoger datos que serán analizados y ordenados para ser transmitidos. El estudio comprenderá a más de 300 familias, lo que resultará una muestra representativa de la población firmatense, compuesta por 19 mil personas.
La secretaria de Salud de Firmat, Marta Vilar, sostuvo que "hay elementos ambientales, producto de la actividad del hombre, que son tóxicos. Si bien los innovaciones tecnológicas trajeron progreso, también tienen un efecto negativo que merece ser abordado para minimizar impactos en la población".
El estudio permitirá fijar si las frecuencias de ciertas enfermedades están relacionadas con las épocas de más fumigación, entre otros indicadores tendientes a definir estrategias para disminuir el riesgo de los agroquímicos. En Murphy se realizó recientemente un trabajo sobre el mismo tema cuyos resultados revelaron que las muertes por cáncer están por encima de la media provincial.
La funcionaria indicó que "cuando se presentan enfermedades alérgicas así como oncológicas o endocrinológica no podemos, en general, fijar un causa-efecto directa con una sola noxa". No obstante el relevamiento será una herramienta importante para intentar establecer si el uso de sustancias tóxicas produjo un aumento de patologías.
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Fecha de Publicación: 30/05/2012
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
La necesidad de determinar a ciencia cierta en esta ciudad el impacto de los agroquímicos en la salud de la población derivará en una suerte de relevamiento que realizará un grupo de estudiantes avanzados en las carreras de medicina y enfermería a partir de un convenio entre los Estados local y provincial y la UNR.El trabajo, que se llevará adelante en la segunda quincena del próximo mes bajo la coordinación del docente y médico socio ambiental Damián Verzeñassi, permitirá trazar un mapa sobre las patologías que serían causados por el uso de agrotóxicos.
En Firmat, como el resto de las localidades de la zona cuya actividad económica gira alrededor del campo, crece la preocupación por los efectos no deseados de las fumigaciones a pesar de los controles establecidos a instancias de normativas que regulan las aplicaciones.
Desde hace tiempo se vienen reportando en la región enfermedades aparentemente relacionadas con esta cuestión aunque de compleja comprobación. El caso más sonado fue la experiencia traumática y fatal que le tocó vivir a un matrimonio de esta ciudad que perdió uno de los gemelos que estaba esperando, como publicó oportunamente LaCapital.
La sospecha médica de que el deceso se produjo por la influencia de agrotóxicos fue tal que el obstetra recomendó a la madre y su familia mudarse de la casa donde vivían, en cercanías de zonas sujetas a fumigación. La tarea prevista consiste en relevar hogares y la totalidad del área rural, lo que permitirá recoger datos que serán analizados y ordenados para ser transmitidos. El estudio comprenderá a más de 300 familias, lo que resultará una muestra representativa de la población firmatense, compuesta por 19 mil personas.
La secretaria de Salud de Firmat, Marta Vilar, sostuvo que "hay elementos ambientales, producto de la actividad del hombre, que son tóxicos. Si bien los innovaciones tecnológicas trajeron progreso, también tienen un efecto negativo que merece ser abordado para minimizar impactos en la población".
El estudio permitirá fijar si las frecuencias de ciertas enfermedades están relacionadas con las épocas de más fumigación, entre otros indicadores tendientes a definir estrategias para disminuir el riesgo de los agroquímicos. En Murphy se realizó recientemente un trabajo sobre el mismo tema cuyos resultados revelaron que las muertes por cáncer están por encima de la media provincial.
La funcionaria indicó que "cuando se presentan enfermedades alérgicas así como oncológicas o endocrinológica no podemos, en general, fijar un causa-efecto directa con una sola noxa". No obstante el relevamiento será una herramienta importante para intentar establecer si el uso de sustancias tóxicas produjo un aumento de patologías.
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ONGs no quieren incineración en el Riachuelo
Unánime rechazo a la incineración en la audiencia por la basura de la Cuenca del Riachuelo
Fecha de Publicación: 30/05/2012
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Cuenca Matanza - Riachuelo
Después de la presentación del Plan Maestro por parte del Director Técnico de ACUMAR, que hizo hincapié en la limpieza de basurales y los Ecopuntos como columna vertebral del Plan, se escucharon las opiniones del Defensor del Pueblo de la Nación, organizaciones sociales, vecinos, Diputados y Concejales. La mayoría de las exposiciones destinaron sus críticas a la etapa de disposición final, que tuvo una leve mención en la presentación de ACUMAR y argumentaron que la Incineración no será solución al entierro masivo de residuos y representará nuevos riesgos.
La organización Greenpeace manifestó que el supuesto cambió de paradigma del Plan Maestro, es sólo una apuesta a la separación mecánica y la “valorización” (combustión) de Residuos. “Se apunta a resolver la cuestión de los residuos apelando a tecnologías muchas veces “mágicas” que están en etapa experimental o que han demostrado su ineficiencia en diferentes lugares del mundo. Si bien se argumenta como la tendencia actual en Europa, de acuerdo a una reciente normativa se podría decir todo lo contrario. El Parlamento Europeo estableció que la financiación pública de la Unión Europea debe dar prioridad a las plantas de reciclado sobre la eliminación de residuos y prohíbe gradualmente para el 2020, la incineración de residuos que pueden ser compostables o reciclabes” (1).
Asimismo, los ambientalistas señalaron la preocupación por los proyectos de incineración incluidos en el Plan Maestro y licitados por ENARSA para obtener energía de los Residuos provenientes de la Cuenca: El CARE en González Catan y el de Termovalorización Energética en el predio Norte III de CEAMSE. Ambos proyectos incluyen la incorporación de nuevas tecnologías para la obtención de energía de los residuos, como una opción atractiva, pero se omite irresponsablemente evaluar los riesgos de estos emprendimientos.
Frente al incumplimiento de leyes nacionales que establecen directivas basadas en la minimización en la generación, el reciclado y la recuperación de los materiales presentes en los residuos, se apuesta a la incineración, que lejos de resolver el actual colapso de los rellenos sanitarios, significaran en los hechos nuevos riesgos ambientales y sanitarios que serán visibles en el corto y largo plazo.
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Fecha de Publicación: 30/05/2012
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Cuenca Matanza - Riachuelo
Después de la presentación del Plan Maestro por parte del Director Técnico de ACUMAR, que hizo hincapié en la limpieza de basurales y los Ecopuntos como columna vertebral del Plan, se escucharon las opiniones del Defensor del Pueblo de la Nación, organizaciones sociales, vecinos, Diputados y Concejales. La mayoría de las exposiciones destinaron sus críticas a la etapa de disposición final, que tuvo una leve mención en la presentación de ACUMAR y argumentaron que la Incineración no será solución al entierro masivo de residuos y representará nuevos riesgos.
La organización Greenpeace manifestó que el supuesto cambió de paradigma del Plan Maestro, es sólo una apuesta a la separación mecánica y la “valorización” (combustión) de Residuos. “Se apunta a resolver la cuestión de los residuos apelando a tecnologías muchas veces “mágicas” que están en etapa experimental o que han demostrado su ineficiencia en diferentes lugares del mundo. Si bien se argumenta como la tendencia actual en Europa, de acuerdo a una reciente normativa se podría decir todo lo contrario. El Parlamento Europeo estableció que la financiación pública de la Unión Europea debe dar prioridad a las plantas de reciclado sobre la eliminación de residuos y prohíbe gradualmente para el 2020, la incineración de residuos que pueden ser compostables o reciclabes” (1).
Asimismo, los ambientalistas señalaron la preocupación por los proyectos de incineración incluidos en el Plan Maestro y licitados por ENARSA para obtener energía de los Residuos provenientes de la Cuenca: El CARE en González Catan y el de Termovalorización Energética en el predio Norte III de CEAMSE. Ambos proyectos incluyen la incorporación de nuevas tecnologías para la obtención de energía de los residuos, como una opción atractiva, pero se omite irresponsablemente evaluar los riesgos de estos emprendimientos.
Frente al incumplimiento de leyes nacionales que establecen directivas basadas en la minimización en la generación, el reciclado y la recuperación de los materiales presentes en los residuos, se apuesta a la incineración, que lejos de resolver el actual colapso de los rellenos sanitarios, significaran en los hechos nuevos riesgos ambientales y sanitarios que serán visibles en el corto y largo plazo.
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Minería y represión van de la mano
El conflicto minero. Minería y represión van de la mano
Fecha de Publicación: 30/05/2012
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
“Los Estados han aceptado cumplir el rol de guardianes del sistema extractivista protegiendo sus intereses a costa de la integridad, seguridad y derechos de las poblaciones nacionales. La criminalización se torna una práctica común tanto en gobiernos neoliberales como en los llamados ‘progresistas’”.
Andalgalá, Santa María, Belén y Tinogasta (Catamarca). Y Amaicha del Valle (Tucumán). Lugares donde en los últimos cinco meses se repitieron represiones y detenciones sobre asambleas socioambientales que rechazan la megaminería. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (Ocmal) analizó la situación en todos los países de la región, con situaciones muy similares a las que se padecen en Catamarca, y resaltó puntos comunes para todo el continente: “Los Estados han aceptado cumplir el rol de guardianes del sistema extractivista protegiendo sus intereses a costa de la integridad, seguridad y derechos de las poblaciones nacionales. La criminalización se torna una práctica común tanto en gobiernos neoliberales como en los llamados ‘progresistas’”.
Minera Alumbrera, en Catamarca, es la explotación testigo de megaminería en Argentina. Es el yacimiento más grande (en explotación): hace 15 años extrae oro, cobre y molibdeno. Las asambleas catamarqueñas cortaron este verano los caminos hacia Alumbrera.
El 26 de enero fueron detenidos cuatro asambleístas en Santa María. Al día siguiente, hubo 18 detenidos y represión. El 8 de febrero fue destruido el acampe de Belén y detenidas veinte personas (entre ellas un chico de 13 años). El 10 de febrero, a las 3.45 de la noche, la policía de Tucumán desalojó el corte de Amaicha del Valle. El mismo día, a las 9 de la mañana, un centenar de efectivos reprimió violentamente en Tinogasta. El 13 de febrero allanaron las viviendas de ocho asambleístas de Andalgalá.
El 12 de febrero, y durante una semana, el ingreso a Andalgalá estuvo bloqueado para quienes criticaban la megaminería. Militantes del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) viajaron al lugar y no pudieron ingresar (lo mismo le sucedió a medios de comunicación y asambleístas). El Serpaj denunció a la “patota” de las empresas contratistas ligadas a la minería y a militantes del oficialismo provincial. Diez días se mantuvo el corte.
El 12 de mayo último, en Tinogasta, detuvieron y golpearon a asambleístas. “La criminalización en países de América latina ocurre con el objetivo de intimidar o acallar las voces y acciones de resistencia frente a proyectos extractivos”, denuncia el Ocmal en su último informe. Y explica que la criminalización se expresa con procesos judiciales, amenazas contra la vida, agresiones, militarización, represión y asesinatos.
El trabajo, del que también participó la ONG Acción Ecológica de Ecuador, realiza un recorrido de proyectos mineros y resistencias de Bolivia, Chile, Brasil, Ecuador, Honduras, Perú y México, entre otros. Remarca que, a pesar de las diferencias o matices ideológicos de los presidentes, el modelo extractivo y la violencia se repiten en todos los países.
El informe, de 180 carillas, remarca que “las comunidades ven cómo las transnacionales gozan del apoyo explícito de los gobiernos bajo lemas poco convincentes y menos aún reales como el empleo, desarrollo y bienestar”. Y precisa que el modelo extractivo necesita controlar el territorio: “Es por eso que uno de los problemas más importantes lo constituye el desplazamiento de poblaciones completas”, recuerda y señala como primeros perjudicados (aunque no únicos) a pueblos indígenas, campesinos y pequeñas ciudades.
La situación particular de Argentina la aborda en el capítulo tres. “El considerado ‘granero del mundo’ está inscripto en la carrera por convertirse en un país minero por excelencia. Ha comenzado a despejar las barreras impuestas a la minería e invertir en proyectos mineros transnacionales”, caracteriza y precisa que, entre 2003 y 2007, aumentó un 740 por ciento la cantidad de proyectos mineros.
Resalta como hecho positivo el plebiscito de Esquel en 2003 (en rechazo a un proyecto minero), la sanción de la Ley de Glaciares y las acciones de la Unión de Asamblea Ciudadanas (UAC, espacio de encuentro de un centenar de asambleas de todo el país). Aunque el informe fue editado en noviembre de 2011, antes de las represiones de este año, Ocmal toma como referencia la situación en Catamarca: “Hay aproximadamente 40 personas judicializadas (de las asambleas), mientras que son cerca de 40 las denuncias presentadas por la represión y contra la minera Agua Rica que no tuvieron trámite. Números éstos que demuestran las intenciones de los poderes locales, convivientes con la empresa megaminera”.
El Observatorio proyecta para Argentina la posibilidad de que “se insista en la criminalización de la oposición a la minería en un escenario de esfuerzos por profundizar el modelo extractivo”.
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Fecha de Publicación: 30/05/2012
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
“Los Estados han aceptado cumplir el rol de guardianes del sistema extractivista protegiendo sus intereses a costa de la integridad, seguridad y derechos de las poblaciones nacionales. La criminalización se torna una práctica común tanto en gobiernos neoliberales como en los llamados ‘progresistas’”.
Andalgalá, Santa María, Belén y Tinogasta (Catamarca). Y Amaicha del Valle (Tucumán). Lugares donde en los últimos cinco meses se repitieron represiones y detenciones sobre asambleas socioambientales que rechazan la megaminería. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (Ocmal) analizó la situación en todos los países de la región, con situaciones muy similares a las que se padecen en Catamarca, y resaltó puntos comunes para todo el continente: “Los Estados han aceptado cumplir el rol de guardianes del sistema extractivista protegiendo sus intereses a costa de la integridad, seguridad y derechos de las poblaciones nacionales. La criminalización se torna una práctica común tanto en gobiernos neoliberales como en los llamados ‘progresistas’”.
Minera Alumbrera, en Catamarca, es la explotación testigo de megaminería en Argentina. Es el yacimiento más grande (en explotación): hace 15 años extrae oro, cobre y molibdeno. Las asambleas catamarqueñas cortaron este verano los caminos hacia Alumbrera.
El 26 de enero fueron detenidos cuatro asambleístas en Santa María. Al día siguiente, hubo 18 detenidos y represión. El 8 de febrero fue destruido el acampe de Belén y detenidas veinte personas (entre ellas un chico de 13 años). El 10 de febrero, a las 3.45 de la noche, la policía de Tucumán desalojó el corte de Amaicha del Valle. El mismo día, a las 9 de la mañana, un centenar de efectivos reprimió violentamente en Tinogasta. El 13 de febrero allanaron las viviendas de ocho asambleístas de Andalgalá.
El 12 de febrero, y durante una semana, el ingreso a Andalgalá estuvo bloqueado para quienes criticaban la megaminería. Militantes del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) viajaron al lugar y no pudieron ingresar (lo mismo le sucedió a medios de comunicación y asambleístas). El Serpaj denunció a la “patota” de las empresas contratistas ligadas a la minería y a militantes del oficialismo provincial. Diez días se mantuvo el corte.
El 12 de mayo último, en Tinogasta, detuvieron y golpearon a asambleístas. “La criminalización en países de América latina ocurre con el objetivo de intimidar o acallar las voces y acciones de resistencia frente a proyectos extractivos”, denuncia el Ocmal en su último informe. Y explica que la criminalización se expresa con procesos judiciales, amenazas contra la vida, agresiones, militarización, represión y asesinatos.
El trabajo, del que también participó la ONG Acción Ecológica de Ecuador, realiza un recorrido de proyectos mineros y resistencias de Bolivia, Chile, Brasil, Ecuador, Honduras, Perú y México, entre otros. Remarca que, a pesar de las diferencias o matices ideológicos de los presidentes, el modelo extractivo y la violencia se repiten en todos los países.
El informe, de 180 carillas, remarca que “las comunidades ven cómo las transnacionales gozan del apoyo explícito de los gobiernos bajo lemas poco convincentes y menos aún reales como el empleo, desarrollo y bienestar”. Y precisa que el modelo extractivo necesita controlar el territorio: “Es por eso que uno de los problemas más importantes lo constituye el desplazamiento de poblaciones completas”, recuerda y señala como primeros perjudicados (aunque no únicos) a pueblos indígenas, campesinos y pequeñas ciudades.
La situación particular de Argentina la aborda en el capítulo tres. “El considerado ‘granero del mundo’ está inscripto en la carrera por convertirse en un país minero por excelencia. Ha comenzado a despejar las barreras impuestas a la minería e invertir en proyectos mineros transnacionales”, caracteriza y precisa que, entre 2003 y 2007, aumentó un 740 por ciento la cantidad de proyectos mineros.
Resalta como hecho positivo el plebiscito de Esquel en 2003 (en rechazo a un proyecto minero), la sanción de la Ley de Glaciares y las acciones de la Unión de Asamblea Ciudadanas (UAC, espacio de encuentro de un centenar de asambleas de todo el país). Aunque el informe fue editado en noviembre de 2011, antes de las represiones de este año, Ocmal toma como referencia la situación en Catamarca: “Hay aproximadamente 40 personas judicializadas (de las asambleas), mientras que son cerca de 40 las denuncias presentadas por la represión y contra la minera Agua Rica que no tuvieron trámite. Números éstos que demuestran las intenciones de los poderes locales, convivientes con la empresa megaminera”.
El Observatorio proyecta para Argentina la posibilidad de que “se insista en la criminalización de la oposición a la minería en un escenario de esfuerzos por profundizar el modelo extractivo”.
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Exigen prisión para el cazador de un yaguareté
Piden prisión para quien mató al yaguareté Guacurarí
Fecha de Publicación: 29/05/2012
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
Durante las últimas tres semanas, cientos de voluntarios colocan afiches en todo el territorio de la provincia, exigiendo prisión para el cazador de un yaguareté que era monitoreado por científicos. Este yaguareté, conocido como Guacurarí, era estudiado por investigadores del Conicet a través de un sistema de seguimiento satelital, y fue muerto por cazadores furtivos en el interior del Parque provincial Urugua-í.
Gracias al dispositivo GPS que el felino tenía colocado fue posible encontrar sus restos (el sistema emite una señal cuando pasan muchas horas sin que el animal se mueva) ya que los cazadores intentaron destruirlo sin éxito.
A raíz de la gran difusión que tomó el caso por la gravedad del asunto, cientos de voluntarios están pegando afiches exigiendo que el responsable vaya preso, pues los rumores que circulan indican que hay pistas sobre los responsables. Así es como comercios, oficinas públicas, colegios y calles sostienen hoy el pedido de justicia para este yaguareté, emblema de la riqueza natural de Misiones, que se ha convertido en el símbolo de la protección de esta especie, de la que solamente quedan unos 40-50 ejemplares en la provincia donde otrora abundaban.
Desde la Red Yaguareté indicaron que se llevarán adelante una serie de acciones para exigir el enjuiciamiento y condena de los responsables. Paralelamente, una campaña del Ceiba y la FVSA recolectó cerca de 15.000 firmas para pedir al Ministerio de Ecología, la Administración de Parques Nacionales y la Secretaría de Ambiente de la Nación, mayor protección para las áreas naturales protegidas y las especies en peligro de extinción
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Fecha de Publicación: 29/05/2012
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
Durante las últimas tres semanas, cientos de voluntarios colocan afiches en todo el territorio de la provincia, exigiendo prisión para el cazador de un yaguareté que era monitoreado por científicos. Este yaguareté, conocido como Guacurarí, era estudiado por investigadores del Conicet a través de un sistema de seguimiento satelital, y fue muerto por cazadores furtivos en el interior del Parque provincial Urugua-í.Gracias al dispositivo GPS que el felino tenía colocado fue posible encontrar sus restos (el sistema emite una señal cuando pasan muchas horas sin que el animal se mueva) ya que los cazadores intentaron destruirlo sin éxito.
A raíz de la gran difusión que tomó el caso por la gravedad del asunto, cientos de voluntarios están pegando afiches exigiendo que el responsable vaya preso, pues los rumores que circulan indican que hay pistas sobre los responsables. Así es como comercios, oficinas públicas, colegios y calles sostienen hoy el pedido de justicia para este yaguareté, emblema de la riqueza natural de Misiones, que se ha convertido en el símbolo de la protección de esta especie, de la que solamente quedan unos 40-50 ejemplares en la provincia donde otrora abundaban.
Desde la Red Yaguareté indicaron que se llevarán adelante una serie de acciones para exigir el enjuiciamiento y condena de los responsables. Paralelamente, una campaña del Ceiba y la FVSA recolectó cerca de 15.000 firmas para pedir al Ministerio de Ecología, la Administración de Parques Nacionales y la Secretaría de Ambiente de la Nación, mayor protección para las áreas naturales protegidas y las especies en peligro de extinción
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Tierra del Fuego avanza en la ley de bosques
Cumplen el primer paso para implementar la ley de bosques
Fecha de Publicación: 29/05/2012
Fuente: Tes Lineas
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Se trata de la primera convocatoria para presentar planes de manejo y conservación de los bosques nativos de Tierra del Fuego. De esta manera, la provincia podrá acceder a fondos nacionales destinados para ese fin, contemplados por la Ley 26.331.
El Gobierno provincial, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente, abrió la convocatoria para la presentación de planes de manejo y conservación de bosques nativos.
Se trata de la primera convocatoria que realiza Tierra del Fuego tras la sanción de la Ley Provincial N° 869 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos; condición necesaria para que la provincia acceda al Fondo para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos, según lo establece la Ley Nacional 26.331.
Para esta convocatoria, se establece como prioridad y de interés para la provincia la presentación de planes que contemplen prácticas activas de conservación de bosques, como ser prevención de incendios, control de especies exóticas y herbívoras.
Además, se tendrán en cuenta los proyectos referidos a la restauración de bosques degradados; el manejo integral de ambientes rurales y sistemas silvopastoriles; usos múltiples del bosque, organización y administración de áreas de recreación; bosques urbanos; silvicultura sin retorno económico inmediato; obtención de productos forestales no madereros e implementación de buenas prácticas de manejo forestal y uso integral del recurso.
Los planes que se presenten deberán contar con la firma de un profesional universitario, de carrera de grado de cuatro años o más, con título habilitante e incumbencias debidamente acreditadas, y se podrán entregar hasta el 18 de junio.
Para consultar formularios, modalidades y contenidos mínimos de planes de manejo y conservación de bosques, los interesados podrán dirigirse a las oficinas de la Dirección General de Bosques en Ushuaia (San Martín 1401 o Don Bosco 640) o bien a la delegación Tolhuin (Ángela Loig 251), en el horario de 9.00 a 16.00.
La sanción de la ley de bosques, en abril pasado, se dio sobre el límite del plazo que había establecido el Consejo Federal de Medio Ambiente en su última sesión de marzo.
En esa ocasión, el organismo nacional le había otorgado una prórroga al Gobierno fueguino para presentar el Ordenamiento de Bosques Nativos que vencía el 30 de marzo, permitiendo así que la provincia -junto a otras jurisdicciones cuya ley seguía pendiente de aprobación, pudieran ingresar en la distribución de fondos durante 2012.
Este año, el presupuesto de bosques nativos otorgado por la Nación pasó de 300 millones a 540 millones de pesos. Hasta marzo pasado, la provincia ya había perdido 24 millones de pesos al no haber sido aprobada la normativa, según estimaciones del Gobierno.
Con el cambio de autoridades en la Legislatura, el Ejecutivo fueguino, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente, ingresó por tercer año consecutivo el proyecto de ley, que finalmente se sancionó el mes pasado.
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Fecha de Publicación: 29/05/2012
Fuente: Tes Lineas
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Se trata de la primera convocatoria para presentar planes de manejo y conservación de los bosques nativos de Tierra del Fuego. De esta manera, la provincia podrá acceder a fondos nacionales destinados para ese fin, contemplados por la Ley 26.331.
El Gobierno provincial, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente, abrió la convocatoria para la presentación de planes de manejo y conservación de bosques nativos.
Se trata de la primera convocatoria que realiza Tierra del Fuego tras la sanción de la Ley Provincial N° 869 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos; condición necesaria para que la provincia acceda al Fondo para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos, según lo establece la Ley Nacional 26.331.
Para esta convocatoria, se establece como prioridad y de interés para la provincia la presentación de planes que contemplen prácticas activas de conservación de bosques, como ser prevención de incendios, control de especies exóticas y herbívoras.
Además, se tendrán en cuenta los proyectos referidos a la restauración de bosques degradados; el manejo integral de ambientes rurales y sistemas silvopastoriles; usos múltiples del bosque, organización y administración de áreas de recreación; bosques urbanos; silvicultura sin retorno económico inmediato; obtención de productos forestales no madereros e implementación de buenas prácticas de manejo forestal y uso integral del recurso.
Los planes que se presenten deberán contar con la firma de un profesional universitario, de carrera de grado de cuatro años o más, con título habilitante e incumbencias debidamente acreditadas, y se podrán entregar hasta el 18 de junio.
Para consultar formularios, modalidades y contenidos mínimos de planes de manejo y conservación de bosques, los interesados podrán dirigirse a las oficinas de la Dirección General de Bosques en Ushuaia (San Martín 1401 o Don Bosco 640) o bien a la delegación Tolhuin (Ángela Loig 251), en el horario de 9.00 a 16.00.
La sanción de la ley de bosques, en abril pasado, se dio sobre el límite del plazo que había establecido el Consejo Federal de Medio Ambiente en su última sesión de marzo.
En esa ocasión, el organismo nacional le había otorgado una prórroga al Gobierno fueguino para presentar el Ordenamiento de Bosques Nativos que vencía el 30 de marzo, permitiendo así que la provincia -junto a otras jurisdicciones cuya ley seguía pendiente de aprobación, pudieran ingresar en la distribución de fondos durante 2012.
Este año, el presupuesto de bosques nativos otorgado por la Nación pasó de 300 millones a 540 millones de pesos. Hasta marzo pasado, la provincia ya había perdido 24 millones de pesos al no haber sido aprobada la normativa, según estimaciones del Gobierno.
Con el cambio de autoridades en la Legislatura, el Ejecutivo fueguino, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente, ingresó por tercer año consecutivo el proyecto de ley, que finalmente se sancionó el mes pasado.
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El Estado como guardían de la minería
El conflicto minero
Fecha de Publicación: 28/05/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Catamarca - Nacional
Andalgalá, Santa María, Belén y Tinogasta (Catamarca). Y Amaicha del Valle (Tucumán). Lugares donde en los últimos cinco meses se repitieron represiones y detenciones sobre asambleas socioambientales que rechazan la megaminería. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (Ocmal) analizó la situación en todos los países de la región, con situaciones muy similares a las que se padecen en Catamarca, y resaltó puntos comunes para todo el continente: “Los Estados han aceptado cumplir el rol de guardianes del sistema extractivista protegiendo sus intereses a costa de la integridad, seguridad y derechos de las poblaciones nacionales. La criminalización se torna una práctica común tanto en gobiernos neoliberales como en los llamados ‘progresistas’”.
Minera Alumbrera, en Catamarca, es la explotación testigo de megaminería en Argentina. Es el yacimiento más grande (en explotación): hace 15 años extrae oro, cobre y molibdeno. Las asambleas catamarqueñas cortaron este verano los caminos hacia Alumbrera.
El 26 de enero fueron detenidos cuatro asambleístas en Santa María. Al día siguiente, hubo 18 detenidos y represión. El 8 de febrero fue destruido el acampe de Belén y detenidas veinte personas (entre ellas un chico de 13 años). El 10 de febrero, a las 3.45 de la noche, la policía de Tucumán desalojó el corte de Amaicha del Valle. El mismo día, a las 9 de la mañana, un centenar de efectivos reprimió violentamente en Tinogasta. El 13 de febrero allanaron las viviendas de ocho asambleístas de Andalgalá.
El 12 de febrero, y durante una semana, el ingreso a Andalgalá estuvo bloqueado para quienes criticaban la megaminería. Militantes del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) viajaron al lugar y no pudieron ingresar (lo mismo le sucedió a medios de comunicación y asambleístas). El Serpaj denunció a la “patota” de las empresas contratistas ligadas a la minería y a militantes del oficialismo provincial. Diez días se mantuvo el corte.
El 12 de mayo último, en Tinogasta, detuvieron y golpearon a asambleístas. “La criminalización en países de América latina ocurre con el objetivo de intimidar o acallar las voces y acciones de resistencia frente a proyectos extractivos”, denuncia el Ocmal en su último informe. Y explica que la criminalización se expresa con procesos judiciales, amenazas contra la vida, agresiones, militarización, represión y asesinatos.
El trabajo, del que también participó la ONG Acción Ecológica de Ecuador, realiza un recorrido de proyectos mineros y resistencias de Bolivia, Chile, Brasil, Ecuador, Honduras, Perú y México, entre otros. Remarca que, a pesar de las diferencias o matices ideológicos de los presidentes, el modelo extractivo y la violencia se repiten en todos los países.
El informe, de 180 carillas, remarca que “las comunidades ven cómo las transnacionales gozan del apoyo explícito de los gobiernos bajo lemas poco convincentes y menos aún reales como el empleo, desarrollo y bienestar”. Y precisa que el modelo extractivo necesita controlar el territorio: “Es por eso que uno de los problemas más importantes lo constituye el desplazamiento de poblaciones completas”, recuerda y señala como primeros perjudicados (aunque no únicos) a pueblos indígenas, campesinos y pequeñas ciudades.
La situación particular de Argentina la aborda en el capítulo tres. “El considerado ‘granero del mundo’ está inscripto en la carrera por convertirse en un país minero por excelencia. Ha comenzado a despejar las barreras impuestas a la minería e invertir en proyectos mineros transnacionales”, caracteriza y precisa que, entre 2003 y 2007, aumentó un 740 por ciento la cantidad de proyectos mineros.
Resalta como hecho positivo el plebiscito de Esquel en 2003 (en rechazo a un proyecto minero), la sanción de la Ley de Glaciares y las acciones de la Unión de Asamblea Ciudadanas (UAC, espacio de encuentro de un centenar de asambleas de todo el país). Aunque el informe fue editado en noviembre de 2011, antes de las represiones de este año, Ocmal toma como referencia la situación en Catamarca: “Hay aproximadamente 40 personas judicializadas (de las asambleas), mientras que son cerca de 40 las denuncias presentadas por la represión y contra la minera Agua Rica que no tuvieron trámite. Números éstos que demuestran las intenciones de los poderes locales, convivientes con la empresa megaminera”.
El Observatorio proyecta para Argentina la posibilidad de que “se insista en la criminalización de la oposición a la minería en un escenario de esfuerzos por profundizar el modelo extractivo”.
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Fecha de Publicación: 28/05/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Catamarca - Nacional
Andalgalá, Santa María, Belén y Tinogasta (Catamarca). Y Amaicha del Valle (Tucumán). Lugares donde en los últimos cinco meses se repitieron represiones y detenciones sobre asambleas socioambientales que rechazan la megaminería. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (Ocmal) analizó la situación en todos los países de la región, con situaciones muy similares a las que se padecen en Catamarca, y resaltó puntos comunes para todo el continente: “Los Estados han aceptado cumplir el rol de guardianes del sistema extractivista protegiendo sus intereses a costa de la integridad, seguridad y derechos de las poblaciones nacionales. La criminalización se torna una práctica común tanto en gobiernos neoliberales como en los llamados ‘progresistas’”.Minera Alumbrera, en Catamarca, es la explotación testigo de megaminería en Argentina. Es el yacimiento más grande (en explotación): hace 15 años extrae oro, cobre y molibdeno. Las asambleas catamarqueñas cortaron este verano los caminos hacia Alumbrera.
El 26 de enero fueron detenidos cuatro asambleístas en Santa María. Al día siguiente, hubo 18 detenidos y represión. El 8 de febrero fue destruido el acampe de Belén y detenidas veinte personas (entre ellas un chico de 13 años). El 10 de febrero, a las 3.45 de la noche, la policía de Tucumán desalojó el corte de Amaicha del Valle. El mismo día, a las 9 de la mañana, un centenar de efectivos reprimió violentamente en Tinogasta. El 13 de febrero allanaron las viviendas de ocho asambleístas de Andalgalá.
El 12 de febrero, y durante una semana, el ingreso a Andalgalá estuvo bloqueado para quienes criticaban la megaminería. Militantes del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) viajaron al lugar y no pudieron ingresar (lo mismo le sucedió a medios de comunicación y asambleístas). El Serpaj denunció a la “patota” de las empresas contratistas ligadas a la minería y a militantes del oficialismo provincial. Diez días se mantuvo el corte.
El 12 de mayo último, en Tinogasta, detuvieron y golpearon a asambleístas. “La criminalización en países de América latina ocurre con el objetivo de intimidar o acallar las voces y acciones de resistencia frente a proyectos extractivos”, denuncia el Ocmal en su último informe. Y explica que la criminalización se expresa con procesos judiciales, amenazas contra la vida, agresiones, militarización, represión y asesinatos.
El trabajo, del que también participó la ONG Acción Ecológica de Ecuador, realiza un recorrido de proyectos mineros y resistencias de Bolivia, Chile, Brasil, Ecuador, Honduras, Perú y México, entre otros. Remarca que, a pesar de las diferencias o matices ideológicos de los presidentes, el modelo extractivo y la violencia se repiten en todos los países.
El informe, de 180 carillas, remarca que “las comunidades ven cómo las transnacionales gozan del apoyo explícito de los gobiernos bajo lemas poco convincentes y menos aún reales como el empleo, desarrollo y bienestar”. Y precisa que el modelo extractivo necesita controlar el territorio: “Es por eso que uno de los problemas más importantes lo constituye el desplazamiento de poblaciones completas”, recuerda y señala como primeros perjudicados (aunque no únicos) a pueblos indígenas, campesinos y pequeñas ciudades.
La situación particular de Argentina la aborda en el capítulo tres. “El considerado ‘granero del mundo’ está inscripto en la carrera por convertirse en un país minero por excelencia. Ha comenzado a despejar las barreras impuestas a la minería e invertir en proyectos mineros transnacionales”, caracteriza y precisa que, entre 2003 y 2007, aumentó un 740 por ciento la cantidad de proyectos mineros.
Resalta como hecho positivo el plebiscito de Esquel en 2003 (en rechazo a un proyecto minero), la sanción de la Ley de Glaciares y las acciones de la Unión de Asamblea Ciudadanas (UAC, espacio de encuentro de un centenar de asambleas de todo el país). Aunque el informe fue editado en noviembre de 2011, antes de las represiones de este año, Ocmal toma como referencia la situación en Catamarca: “Hay aproximadamente 40 personas judicializadas (de las asambleas), mientras que son cerca de 40 las denuncias presentadas por la represión y contra la minera Agua Rica que no tuvieron trámite. Números éstos que demuestran las intenciones de los poderes locales, convivientes con la empresa megaminera”.
El Observatorio proyecta para Argentina la posibilidad de que “se insista en la criminalización de la oposición a la minería en un escenario de esfuerzos por profundizar el modelo extractivo”.
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La contaminación que dejó YPF
Huellas de la contaminación petrolera
Fecha de Publicación: 28/05/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Neuquén - Río Negro
En la localidad de Añelo, a cien kilómetros de la ciudad de Neuquén, la Policía Federal y la Corte Suprema certificaron que los habitantes del lugar “presentan medidas alarmantes de mercurio, cromo y plomo en sangre”.
Desde que YPF pasó a manos privadas y hasta hoy, se presentaron decenas de denuncias civiles y penales por contaminación ambiental producida por derrames de petróleo en Neuquén y Río Negro. En una de las causas, que llegó a la Corte Suprema de Justicia, se afirma que Repsol y otras empresas extranjeras deberían pagar por daños ambientales una suma que se estima en el orden de los cinco mil millones de dólares. El caso fue presentado en 2006 por la Asociación de Superficiarios de Petróleo de la Patagonia (Assupa), demanda a la que se sumaron, como querellantes, unos 200 pobladores de la Comunidad Mapuche de Añelo, ubicada a cien kilómetros de la ciudad de Neuquén. Una de las demandantes, Cristina Cherqui, de 55 años, falleció el 16 de abril de este año. Años atrás le detectaron plomo y otros metales pesados en la sangre. Además de Repsol, las demandas alcanzan también a las empresas Pan American, Chevron, Total Austral y Medanito. En total son 18 las implicadas en las denuncias.
La presentación de Assupa, a la que tuvo acceso Página/12, centraliza las denuncias por la contaminación sufrida en las cuencas de los ríos Negro y Colorado. Lo que se solicita es que las empresas sean condenadas a tomar “todas las medidas necesarias para la desaparición de los agentes contaminantes del medio ambiente y para la recomposición de los daños colectivos ambientales causados” por la actividad petrolera. En lo que respecta a la situación en el llamado “Desierto de Añelo”, la División Delitos Ambientales de la Policía Federal y el Laboratorio de Toxicología y Química Legal de la Corte Suprema determinaron que los cuatro mil habitantes del lugar “presentan medidas alarmantes de mercurio, cromo y plomo en sangre”, mientras que el agua del lago de la región “está contaminada 500 veces más de lo permitido para uso recreativo”.
Assupa sostuvo en uno de sus informes que “el problema es mucho más grave porque además de la contaminación en el terreno, hay que sumar la contaminación en los lagos Los Barreales y Marimenuco, de donde sale el agua supuestamente potable que abastece a la ciudad de Neuquén” y otras zonas pobladas de la provincia. Los estudios de los expertos se hicieron sobre las napas freáticas y sobre las aguas de superficie.
Luis Arellano, apoderado legal de Assupa, le dijo a este diario que “los niveles de hidrocarburos en el agua que toma la gente son alarmantes” y precisó que en la zona de Loma La Lata, una de las de mayor producción de petróleo en el país, “la presencia de hidrocarburos en el agua llega a los 150 microgramos por litro”.
Las penas por envenenamiento con residuos tóxicos tienen una escala ascendente que va de los tres a los 25 años de prisión, según la gravedad del hecho. Las sanciones más altas son para los casos en que se hayan producido muertes comprobables y compatibles con problemas derivados de la contaminación ambiental. El caso de Cristina Cherqui llegó en estos días a la Cámara de Diputados de la Nación, donde algunos legisladores solicitaron que se pida al Poder Ejecutivo Nacional que presente un informe retrospectivo sobre las medidas, sanciones y condenas que se hayan tomado o que se puedan llegar a tomar en el futuro, a partir de la expropiación de la empresa, en contra de las empresas Repsol YPF, Pan American, Chevron, Total Austral y Medanito, entre otras petroleras que operan o han operado en la zona. La advertencia es, además, para que en el futuro se tomen los recaudos necesarios para que no se repita la misma situación.
En Rincón de los Sauces también hay denuncias contra Repsol. Una de las primeras se produjo en mayo de 1997, a partir del derrame de unos diez mil litros de combustible en el yacimiento Lomitas Sur, que forma parte de la zona Chihuidos-Lomitas. El accidente ocurrió en la Batería 15, ubicada unos 30 kilómetros al oeste de Rincón y a diez kilómetros del cauce del Río Colorado. En esa Batería se encontraban en plena producción 20 pozos, con una extracción diaria de 700 metros cúbicos por día. En ese momento, Lidia Anaya, que integraba la Comisión de Madres de Rincón de los Sauces, denunció que las empresas petroleras y las autoridades locales y nacionales estaban “tratando de minimizar el problema”.
En agosto de 2011 otra denuncia conmocionó a Rincón. Raúl Martínez, ex operario de la firma Baker Hughes, denunció ser víctima de contaminación radiactiva. El Global Dosimetry Solution de Canadá envió a la Baker en Argentina un informe confirmando que Martínez presentaba en su cuerpo un nivel de 0,41 millisieverts, unidad de medida de radiación. El elemento radiactivo era el cesio, un metal blando que se usa en herramientas de precisión para completar la terminación de los pozos petroleros.
En Añelo, que está muy cerca del yacimiento de Loma la Lata, ya en enero de 2007 se había realizado una pueblada para denunciar la situación por la que atravesaba Nora Apablaza, postrada por haber consumido agua contaminada. Su esposo, Leopoldo Araneda, denunció que cuando sacaba agua de la canilla de su casa, era notorio “el olor a querosén”. En la zona, las comunidades mapuches de Kaxipayiñ y Paynemil demandaron a Repsol por la suma de 440 millones de dólares. Todas las denuncias, en forma directa o indirecta, están pendientes de lo que resuelva la Corte Suprema respecto de la presentación hecha por Assupa, que puede ser la llave para avanzar hacia una sanción que podría sentar jurisprudencia en la materia. En otra causa penal, por la contaminación en la zona de Añelo, están imputados el titular de la firma Repsol, Antonio Brufau, y el ex CEO de YPF, Sebastián Eskenazi. Esta causa tramita en el Juzgado Federal N° 2 de Neuquén.
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Fecha de Publicación: 28/05/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Neuquén - Río Negro
En la localidad de Añelo, a cien kilómetros de la ciudad de Neuquén, la Policía Federal y la Corte Suprema certificaron que los habitantes del lugar “presentan medidas alarmantes de mercurio, cromo y plomo en sangre”.
Desde que YPF pasó a manos privadas y hasta hoy, se presentaron decenas de denuncias civiles y penales por contaminación ambiental producida por derrames de petróleo en Neuquén y Río Negro. En una de las causas, que llegó a la Corte Suprema de Justicia, se afirma que Repsol y otras empresas extranjeras deberían pagar por daños ambientales una suma que se estima en el orden de los cinco mil millones de dólares. El caso fue presentado en 2006 por la Asociación de Superficiarios de Petróleo de la Patagonia (Assupa), demanda a la que se sumaron, como querellantes, unos 200 pobladores de la Comunidad Mapuche de Añelo, ubicada a cien kilómetros de la ciudad de Neuquén. Una de las demandantes, Cristina Cherqui, de 55 años, falleció el 16 de abril de este año. Años atrás le detectaron plomo y otros metales pesados en la sangre. Además de Repsol, las demandas alcanzan también a las empresas Pan American, Chevron, Total Austral y Medanito. En total son 18 las implicadas en las denuncias.
La presentación de Assupa, a la que tuvo acceso Página/12, centraliza las denuncias por la contaminación sufrida en las cuencas de los ríos Negro y Colorado. Lo que se solicita es que las empresas sean condenadas a tomar “todas las medidas necesarias para la desaparición de los agentes contaminantes del medio ambiente y para la recomposición de los daños colectivos ambientales causados” por la actividad petrolera. En lo que respecta a la situación en el llamado “Desierto de Añelo”, la División Delitos Ambientales de la Policía Federal y el Laboratorio de Toxicología y Química Legal de la Corte Suprema determinaron que los cuatro mil habitantes del lugar “presentan medidas alarmantes de mercurio, cromo y plomo en sangre”, mientras que el agua del lago de la región “está contaminada 500 veces más de lo permitido para uso recreativo”.
Assupa sostuvo en uno de sus informes que “el problema es mucho más grave porque además de la contaminación en el terreno, hay que sumar la contaminación en los lagos Los Barreales y Marimenuco, de donde sale el agua supuestamente potable que abastece a la ciudad de Neuquén” y otras zonas pobladas de la provincia. Los estudios de los expertos se hicieron sobre las napas freáticas y sobre las aguas de superficie.
Luis Arellano, apoderado legal de Assupa, le dijo a este diario que “los niveles de hidrocarburos en el agua que toma la gente son alarmantes” y precisó que en la zona de Loma La Lata, una de las de mayor producción de petróleo en el país, “la presencia de hidrocarburos en el agua llega a los 150 microgramos por litro”.
Las penas por envenenamiento con residuos tóxicos tienen una escala ascendente que va de los tres a los 25 años de prisión, según la gravedad del hecho. Las sanciones más altas son para los casos en que se hayan producido muertes comprobables y compatibles con problemas derivados de la contaminación ambiental. El caso de Cristina Cherqui llegó en estos días a la Cámara de Diputados de la Nación, donde algunos legisladores solicitaron que se pida al Poder Ejecutivo Nacional que presente un informe retrospectivo sobre las medidas, sanciones y condenas que se hayan tomado o que se puedan llegar a tomar en el futuro, a partir de la expropiación de la empresa, en contra de las empresas Repsol YPF, Pan American, Chevron, Total Austral y Medanito, entre otras petroleras que operan o han operado en la zona. La advertencia es, además, para que en el futuro se tomen los recaudos necesarios para que no se repita la misma situación.
En Rincón de los Sauces también hay denuncias contra Repsol. Una de las primeras se produjo en mayo de 1997, a partir del derrame de unos diez mil litros de combustible en el yacimiento Lomitas Sur, que forma parte de la zona Chihuidos-Lomitas. El accidente ocurrió en la Batería 15, ubicada unos 30 kilómetros al oeste de Rincón y a diez kilómetros del cauce del Río Colorado. En esa Batería se encontraban en plena producción 20 pozos, con una extracción diaria de 700 metros cúbicos por día. En ese momento, Lidia Anaya, que integraba la Comisión de Madres de Rincón de los Sauces, denunció que las empresas petroleras y las autoridades locales y nacionales estaban “tratando de minimizar el problema”.
En agosto de 2011 otra denuncia conmocionó a Rincón. Raúl Martínez, ex operario de la firma Baker Hughes, denunció ser víctima de contaminación radiactiva. El Global Dosimetry Solution de Canadá envió a la Baker en Argentina un informe confirmando que Martínez presentaba en su cuerpo un nivel de 0,41 millisieverts, unidad de medida de radiación. El elemento radiactivo era el cesio, un metal blando que se usa en herramientas de precisión para completar la terminación de los pozos petroleros.
En Añelo, que está muy cerca del yacimiento de Loma la Lata, ya en enero de 2007 se había realizado una pueblada para denunciar la situación por la que atravesaba Nora Apablaza, postrada por haber consumido agua contaminada. Su esposo, Leopoldo Araneda, denunció que cuando sacaba agua de la canilla de su casa, era notorio “el olor a querosén”. En la zona, las comunidades mapuches de Kaxipayiñ y Paynemil demandaron a Repsol por la suma de 440 millones de dólares. Todas las denuncias, en forma directa o indirecta, están pendientes de lo que resuelva la Corte Suprema respecto de la presentación hecha por Assupa, que puede ser la llave para avanzar hacia una sanción que podría sentar jurisprudencia en la materia. En otra causa penal, por la contaminación en la zona de Añelo, están imputados el titular de la firma Repsol, Antonio Brufau, y el ex CEO de YPF, Sebastián Eskenazi. Esta causa tramita en el Juzgado Federal N° 2 de Neuquén.
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Nuevo round por los bosques en Chaco
Hoy, nuevo capítulo de la polémica por los desmontes chaqueños entre Greenpeace y el gobierno
Fecha de Publicación: 28/05/2012
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Ante la grave denuncia efectuada por la organización ecologista Greenpeace, que en audiencia judicial entregó en Tribunales un informe detallado con imágenes de desmontes selectivos realizados en El Impenetrable “autorizados por la provincia en clara violación de la Ley de Bosques”, según argumentaron oportunamente, hoy en el Hotel Gualok, a las 10, la Subsecretaria de Recursos Naturales y la Dirección de Bosques, darán a conocer un informe con imágenes de la actual situación de los predios denunciados, en los cuales según adelantaron “existen serias falencias”, de acuerdo a los funcionarios provinciales.
Tras la audiencia convocada por la doctora Iride Isabel María Grillo, en el Juzgado Civil Nº 6, Greenpeace sostuvo que “las imágenes son contundentes: los sistemas silvopastoriles que se están autorizando en El Impenetrable no son sustentables y resultan un desmonte encubierto o en etapas”.
En tanto según dijeron en forma preliminar las autoridades de Bosques, encabezadas por Miguel Angel López “esto es falso porque las fotos no son actuales y lo vamos a desmentir con argumentos que sobran”, prometió.
Algunas explicaciones
Desde Bosques aseguran que hasta el año 2006 estaba permitido desmontar y hacer aprovechamiento Silvopastoril con un límite máximo de 300 ha/año. En el año 2006 fueron suspendidas las habilitaciones de desmonte y los permisos de aprovechamiento Silvopastoril solo se otorgaban hasta un máximo de 300 ha/año. Esto fue así hasta que en el año 2010 se aprueba la nueva legislación.
“Las coordenadas con las que se individualiza cada imagen en la mayoría de los casos denunciados por Greenpeace –de acuerdo a lo que dice el ingeniero López- no se corresponden con la vertical, es decir, lo que se muestra no tiene su correlato en el punto sobre el terreno. Por esta razón, identificar los lotes cuestionados ha sido una tarea en algunos casos difícil.
A pesar de la inexactitud de los datos proporcionados se realizó una interpretación de a qué lotes se hacía referencia en las imágenes. Esta tarea se realizó por comparación de imágenes y teniendo en cuenta el estado del área circundante al punto, es decir, los lotes vecinos. Todo esto lo vamos a exponer en la conferencia de este lunes”, anunciaron en un comunicado emitido ayer.
Lo que dice Greenpeace
Entre otras cuestiones planteadas, Greenpeace, a través de Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de la organización, dice que “luego de la aplicación del rolo o la topadora, son muy pocos los árboles que quedan en pie y se pierde casi toda la biodiversidad. Esto, sumado a la implantación de pasturas, implica la destrucción del bosque bajo, que es el sustento de la mayoría de la fauna chaqueña y el futuro del bosque”.
“Vamos a seguir monitoreando la región y hacer que se cumpla la Ley de Bosques. No vamos a permitir que ni una topadora desmonte en El Impenetrable. Es positivo que el gobernador haya reconocido la gravedad de la situación y suspendido los desmontes por 60 días para analizar la situación, pero esperamos que luego de la moratoria cumpla con la Ley de Bosques y los prohíba en forma definitiva”, afirmó Giardini.
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Fecha de Publicación: 28/05/2012
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Ante la grave denuncia efectuada por la organización ecologista Greenpeace, que en audiencia judicial entregó en Tribunales un informe detallado con imágenes de desmontes selectivos realizados en El Impenetrable “autorizados por la provincia en clara violación de la Ley de Bosques”, según argumentaron oportunamente, hoy en el Hotel Gualok, a las 10, la Subsecretaria de Recursos Naturales y la Dirección de Bosques, darán a conocer un informe con imágenes de la actual situación de los predios denunciados, en los cuales según adelantaron “existen serias falencias”, de acuerdo a los funcionarios provinciales.
Tras la audiencia convocada por la doctora Iride Isabel María Grillo, en el Juzgado Civil Nº 6, Greenpeace sostuvo que “las imágenes son contundentes: los sistemas silvopastoriles que se están autorizando en El Impenetrable no son sustentables y resultan un desmonte encubierto o en etapas”.
En tanto según dijeron en forma preliminar las autoridades de Bosques, encabezadas por Miguel Angel López “esto es falso porque las fotos no son actuales y lo vamos a desmentir con argumentos que sobran”, prometió.
Algunas explicaciones
Desde Bosques aseguran que hasta el año 2006 estaba permitido desmontar y hacer aprovechamiento Silvopastoril con un límite máximo de 300 ha/año. En el año 2006 fueron suspendidas las habilitaciones de desmonte y los permisos de aprovechamiento Silvopastoril solo se otorgaban hasta un máximo de 300 ha/año. Esto fue así hasta que en el año 2010 se aprueba la nueva legislación.
“Las coordenadas con las que se individualiza cada imagen en la mayoría de los casos denunciados por Greenpeace –de acuerdo a lo que dice el ingeniero López- no se corresponden con la vertical, es decir, lo que se muestra no tiene su correlato en el punto sobre el terreno. Por esta razón, identificar los lotes cuestionados ha sido una tarea en algunos casos difícil.
A pesar de la inexactitud de los datos proporcionados se realizó una interpretación de a qué lotes se hacía referencia en las imágenes. Esta tarea se realizó por comparación de imágenes y teniendo en cuenta el estado del área circundante al punto, es decir, los lotes vecinos. Todo esto lo vamos a exponer en la conferencia de este lunes”, anunciaron en un comunicado emitido ayer.
Lo que dice Greenpeace
Entre otras cuestiones planteadas, Greenpeace, a través de Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de la organización, dice que “luego de la aplicación del rolo o la topadora, son muy pocos los árboles que quedan en pie y se pierde casi toda la biodiversidad. Esto, sumado a la implantación de pasturas, implica la destrucción del bosque bajo, que es el sustento de la mayoría de la fauna chaqueña y el futuro del bosque”.
“Vamos a seguir monitoreando la región y hacer que se cumpla la Ley de Bosques. No vamos a permitir que ni una topadora desmonte en El Impenetrable. Es positivo que el gobernador haya reconocido la gravedad de la situación y suspendido los desmontes por 60 días para analizar la situación, pero esperamos que luego de la moratoria cumpla con la Ley de Bosques y los prohíba en forma definitiva”, afirmó Giardini.
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