Amparo por la contaminación biológica del Paraná
23:05 | 
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Amparo ambiental por la contaminación biológica del Paraná
Fecha de Publicación: 14/05/2012
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
"Los barcos de ultramar ocasionan graves trastornos ecológicos, no sólo por el derrame de hidrocarburos sino también por la contaminación que produce el agua de lastre que descargan en los puertos locales", indicó el abogado Enrique Zárate, presidente del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Rosario.
Ante la Defensoría del Pueblo de la Nación, el abogado y profesor en Maestría en Ingeniería Ambiental de la Universidad Tecnológica de Rosario, reclamó que Prefectura intervenga ante la invasión de la especie conocida como mejillón dorado (Limnoperna fortunei), que fija sus colonias en filtros de las bombas de agua y cañerías, obstruye sistemas de centrales hidroeléctricas e industrias, además de alterar la composición el plancton que alimenta a los peces de la región.
"Se pueden reproducir hasta nueve meses al año, sobre roca, madera, cemento o cañerías. En 47 kilómetros cuadrados del Embalse Río Tercero se registraron 45 mil millones de mejillones (indica la revista Hydrobillogia, en 2009) y el daño es permanente porque nacen miles todos los días sin el mínimo control. Viajan por el río adherido a las embarcaciones (fouling). Así, la planta de energía de Embalse debió parar actividades para quitar los moluscos", dijo el autor del "Manual de Derecho Ambiental" (2008).
Relató que comenzaron a investigar el tema con los alumnos luego y que "los primeros detectados en el país se registraron en el río de la Plata a inicios de los años 90, luego navegaron el Paraná, desde 1996 y hoy colonizaron la cuenca: Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay".
Como un polizonte, el molusco llega a bordo de buques de ultramar que ingresan a aguas argentinas para cargar cereales. Al llegar vacíos, utilizan agua de lastre que cargan en su país de origen. Al llegar a aguas argentina para maniobrar en puertos descargan el agua con los moluscos que arrastraron.
Zárate explica que el molusco tolera cierta salinidad y sobrevive en el Paraná y afluentes, donde bloquea entradas de agua de empresas .
"Miden centímetros y tienen más caparazón que cuerpo. Los peces no digieren sus costras", explicó.
Como los mejillones también preocupan en Canadá, científicos de la Universidad de Windsor, Ontario, y de Buenos Aires (UBA) analizan juntos el tema.
"Con el crecimiento del comercio internacional y las exportaciones granarias, que en un 78 por ciento salen de puertos sobre el Paraná, cercanos a Rosario, la contaminación avanza cada día sin control y afecta a varias comunidades". resaltó Enrique Zárate.
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Fecha de Publicación: 14/05/2012
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
"Los barcos de ultramar ocasionan graves trastornos ecológicos, no sólo por el derrame de hidrocarburos sino también por la contaminación que produce el agua de lastre que descargan en los puertos locales", indicó el abogado Enrique Zárate, presidente del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Rosario.Ante la Defensoría del Pueblo de la Nación, el abogado y profesor en Maestría en Ingeniería Ambiental de la Universidad Tecnológica de Rosario, reclamó que Prefectura intervenga ante la invasión de la especie conocida como mejillón dorado (Limnoperna fortunei), que fija sus colonias en filtros de las bombas de agua y cañerías, obstruye sistemas de centrales hidroeléctricas e industrias, además de alterar la composición el plancton que alimenta a los peces de la región.
"Se pueden reproducir hasta nueve meses al año, sobre roca, madera, cemento o cañerías. En 47 kilómetros cuadrados del Embalse Río Tercero se registraron 45 mil millones de mejillones (indica la revista Hydrobillogia, en 2009) y el daño es permanente porque nacen miles todos los días sin el mínimo control. Viajan por el río adherido a las embarcaciones (fouling). Así, la planta de energía de Embalse debió parar actividades para quitar los moluscos", dijo el autor del "Manual de Derecho Ambiental" (2008).
Relató que comenzaron a investigar el tema con los alumnos luego y que "los primeros detectados en el país se registraron en el río de la Plata a inicios de los años 90, luego navegaron el Paraná, desde 1996 y hoy colonizaron la cuenca: Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay".
Como un polizonte, el molusco llega a bordo de buques de ultramar que ingresan a aguas argentinas para cargar cereales. Al llegar vacíos, utilizan agua de lastre que cargan en su país de origen. Al llegar a aguas argentina para maniobrar en puertos descargan el agua con los moluscos que arrastraron.
Zárate explica que el molusco tolera cierta salinidad y sobrevive en el Paraná y afluentes, donde bloquea entradas de agua de empresas .
"Miden centímetros y tienen más caparazón que cuerpo. Los peces no digieren sus costras", explicó.
Como los mejillones también preocupan en Canadá, científicos de la Universidad de Windsor, Ontario, y de Buenos Aires (UBA) analizan juntos el tema.
"Con el crecimiento del comercio internacional y las exportaciones granarias, que en un 78 por ciento salen de puertos sobre el Paraná, cercanos a Rosario, la contaminación avanza cada día sin control y afecta a varias comunidades". resaltó Enrique Zárate.
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Alumbrera: Un corte que no tuvo corte
Un corte que no tuvo corte
Fecha de Publicación: 14/05/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Catamarca
Luego de la detención, apaleo y liberación de dos militantes del corte de Tinogasta, la ruta sigue interrumpida para los camiones que se dirigen desde o hacia la mina de La Alumbrera. Se realizaron marchas en repudio a la detención de los dos militantes.
Manifestantes de las asambleas ciudadanas de Famatina y Chilecito que rechazan la megaminería a cielo abierto marcharon a la localidad de Campanas, La Rioja, para ratificar su postura y manifestar su repudio y solidaridad por las tres detenciones violentas ocurridas en Tinogasta, Catamarca, durante el corte de una ruta. También se realizaron movilizaciones en repudio al accionar represivo de la policía catamarqueña en el distrito provincial de Andalgalá y en Mendoza, Córdoba, Tucumán y Jujuy. Mientras, el corte de la ruta nacional 66 continúa, tal como se inició el 29 de enero pasado.
El sábado, Darío Moreno, Eduardo Algañaraz y Ezequiel Koch, tres manifestantes de la Asamblea por la Vida de Tinogasta que participaban del corte de tránsito sobre la ruta nacional 66 –un bloqueo selectivo, en el Paso Internacional San Francisco, que sólo impide circular a los camiones de La Alumbrera–, notaron que unos vehículos de la empresa internacional minera tratarían de esquivar el bloqueo por un camino de tierra que se abre unos 800 kilómetros arriba de donde se encontraban. El camino los llevaría a otra ruta provincial por la que podrían circular hacia Chile.
Para evitar que los camiones evadieran el bloqueo, los manifestantes se adelantaron a esa bifurcación, acompañados por una mujer que luego se quedaría a un costado filmando la escena. “Cuando se acercaron vieron que los camiones venían escoltados por una camioneta de la policía provincial en la que iban entre 7 y 8 policías, y por un segundo vehículo en que iban otras dos personas de civil”, contó a este diario la socióloga que realiza trabajos de campo en Tinogasta, María Comelli.
Los policías bajaron de la camioneta, los corrieron a un costado de la ruta y les empezaron a pegar. “Les dieron puñetazos y patadas, y después los subieron a la camioneta, donde siguieron escoltando a los camiones de la mina –agregó Comelli–. Eso fue a las 14.30. Luego, estuvieron dos horas desaparecidos, en la comisaría distrital decían que no sabían nada y, recién alrededor de las 18, los vecinos se enteraron por comentarios de gente del lugar de que los habían llevado a una comisaría de Fiambalá, que queda 50 kilómetros al norte.”
Cuando las radios llamaron a la comisaría, las autoridades informaron que estaban aprehendidos. Y a las 21 los soltaron. “Tenían golpes por todo el cuerpo y dijeron que les habían tirado gas pimienta”, contó la socióloga. Ayer, los asambleístas contra la megaminería expresaron su repudio a la represión. En Famatina se sintió especialmente. Una movilización arrojó petardos, tomates, piedras contra el domicilio de la diputada provincial oficialista Adriana Olima, insistente defensora de la minería a cielo abierto.
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Fecha de Publicación: 14/05/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Catamarca
Luego de la detención, apaleo y liberación de dos militantes del corte de Tinogasta, la ruta sigue interrumpida para los camiones que se dirigen desde o hacia la mina de La Alumbrera. Se realizaron marchas en repudio a la detención de los dos militantes.
Manifestantes de las asambleas ciudadanas de Famatina y Chilecito que rechazan la megaminería a cielo abierto marcharon a la localidad de Campanas, La Rioja, para ratificar su postura y manifestar su repudio y solidaridad por las tres detenciones violentas ocurridas en Tinogasta, Catamarca, durante el corte de una ruta. También se realizaron movilizaciones en repudio al accionar represivo de la policía catamarqueña en el distrito provincial de Andalgalá y en Mendoza, Córdoba, Tucumán y Jujuy. Mientras, el corte de la ruta nacional 66 continúa, tal como se inició el 29 de enero pasado.
El sábado, Darío Moreno, Eduardo Algañaraz y Ezequiel Koch, tres manifestantes de la Asamblea por la Vida de Tinogasta que participaban del corte de tránsito sobre la ruta nacional 66 –un bloqueo selectivo, en el Paso Internacional San Francisco, que sólo impide circular a los camiones de La Alumbrera–, notaron que unos vehículos de la empresa internacional minera tratarían de esquivar el bloqueo por un camino de tierra que se abre unos 800 kilómetros arriba de donde se encontraban. El camino los llevaría a otra ruta provincial por la que podrían circular hacia Chile.
Para evitar que los camiones evadieran el bloqueo, los manifestantes se adelantaron a esa bifurcación, acompañados por una mujer que luego se quedaría a un costado filmando la escena. “Cuando se acercaron vieron que los camiones venían escoltados por una camioneta de la policía provincial en la que iban entre 7 y 8 policías, y por un segundo vehículo en que iban otras dos personas de civil”, contó a este diario la socióloga que realiza trabajos de campo en Tinogasta, María Comelli.
Los policías bajaron de la camioneta, los corrieron a un costado de la ruta y les empezaron a pegar. “Les dieron puñetazos y patadas, y después los subieron a la camioneta, donde siguieron escoltando a los camiones de la mina –agregó Comelli–. Eso fue a las 14.30. Luego, estuvieron dos horas desaparecidos, en la comisaría distrital decían que no sabían nada y, recién alrededor de las 18, los vecinos se enteraron por comentarios de gente del lugar de que los habían llevado a una comisaría de Fiambalá, que queda 50 kilómetros al norte.”
Cuando las radios llamaron a la comisaría, las autoridades informaron que estaban aprehendidos. Y a las 21 los soltaron. “Tenían golpes por todo el cuerpo y dijeron que les habían tirado gas pimienta”, contó la socióloga. Ayer, los asambleístas contra la megaminería expresaron su repudio a la represión. En Famatina se sintió especialmente. Una movilización arrojó petardos, tomates, piedras contra el domicilio de la diputada provincial oficialista Adriana Olima, insistente defensora de la minería a cielo abierto.
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Sierra Pintada: mina de uranio que genera conflictos
La mina de uranio que hace 17 años genera conflictos
Fecha de Publicación: 13/05/2012
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Está en San Rafael y fue explotada durante dos décadas por la CNEA. El valor actual del mineral empuja a la Nación a plantear su reapertura y la Provincia aceptaría. Pero hay resistencia.
El Gobierno provincial no lo oculta. Una vez más hay interés de la Nación por reabrir la mina de uranio Sierra Pintada, que queda en San Rafael y que fue explotada por la Comisión Nacional de Energía Atómica desde 1975 hasta 1995.
Con ese cierre, se abrió un conflicto que lleva 17 años sin resolución debido a la presencia de residuos contaminantes que aún no fueron saneados. El rechazo que genera ese emprendimiento quedó en evidencia ayer en Alvear, con la manifestación de ambientalistas que reclamó al gobernador, Francisco Pérez, que no vuelva a funcionar.
La CNEA empezó a operar Sierra Pintada en 1975 y, según se calcula, hubo una extracción de 1.600 toneladas de uranio (1.000 en San Rafael y 600 en Malargüe, donde quedó la mayoría de los residuos). Pero 20 años después cerró. Esa decisión se debió básicamente a que era más barato importar uranio que producirlo en la Argentina: era la época de la convertibilidad menemista y además el precio del mineral a nivel internacional estaba bajo. Pero la CNEA dejó residuos sin el tratamiento necesario para evitar la contaminación de la zona: 1.000 toneladas de desechos sólidos enterrados en 5.320 tambores y 1.700.000 colas de uranio.
En 2003, con otro marco político-económico, el organismo nacional anunció su intención de extraer nuevamente uranio y como requiere de la venia de la Provincia para hacerlo, le presentó al por entonces gobernador radical Julio Cobos una evaluación de impacto ambiental avalada por la Universidad Tecnológica de Avellaneda.
Pero el Gobierno rechazó la posibilidad de reabrir la mina. A través de una resolución firmada por el ex ministro de Ambiente y Obras Públicas Francisco Morandini se estableció que la CNEA debía resolver antes la situación de los residuos si pretendía extraer otra vez uranio. Además, puso condiciones a la evaluación presentada: debía estar bajo el régimen legal provincial.
Más allá de las decisiones gubernamentales, ante la presencia de las colas de uranio en el Sur y las denuncias crecientes de contaminación, se gestó en los últimos diez años la multisectorial del Sur por un Desarrollo Sustentable (que reúne a casi 40 entidades de distinta índole del departamento) que comenzó con una intensa lucha que incluyó una pelea judicial. Fue así que la organización se presentó ante el Juzgado Federal de San Rafael y consiguió en 2005 una medida cautelar que impedía la actividad en Sierra Pintada.
Esa presentación tuvo muchas idas y vueltas, pero finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación frenó la reapertura de la mina en un fallo de diciembre de 2010. Los jueces supremos advirtieron que, para poder reiniciar la explotación, la CNEA debe remediar los pasivos ambientales, pero aunque puso un límite a la actividad, obvió plazos para ese tratamiento (ver aparte). Paralelamente, se convocó a una audiencia pública para la remediación de los pasivos, que fracasó varias veces.
La tarea de saneamiento comenzó pero aún no está terminada y hay quejas de distintos sectores sociales por falta de información de la Nación respecto del estado de avance. En las últimos meses, con el precio del uranio en alza y la decisión expresa de la Nación de impulsar extracciones mineras, la reactivación de Sierra Pintada volvió a ser una posibilidad cierta. El Gobierno nacional está ilusionado en transformarse en uno de los principales exportadores de uranio del mundo y en ese sentido, la mina sanrafaelina es clave. Por eso, el Ejecutivo provincial está planeando distintas formas de retomar la extracción uranífera en el Sur.
Entre ellas, la de hacerla pasar como “combustible”, en el marco de la empresa provincial de energía, que impulsa el oficialismo y aún no consigue aún el aval del Senado. Pero esa posibilidad ya trajo voces en contra, especialmente por la sospecha latente de que el Gobierno estaría tratando de obviar el cumplimiento de la ley 7.722 que en 2007 prohibió el uso de sustancias contaminantes en la minería.
No a la mina
“Pérez quiere reabrir la mina de Sierra Pintada obviando la ley 7.722 que prohíbe el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos. En la extracción del uranio se utiliza el ácido sulfúrico, no existen muchas vueltas semánticas que se le puedan dar a la cuestión de Sierra Pintada”, explicó el diputado nacional por la UCR Enrique Vaquié.
En esa línea, la diputada nacional radical Mariana Juri confirmó que esta semana intentará el tratamiento de dos proyectos en el Congreso Nacional. “Uno es para exigirle a la CNEA que remedie los pasivos en todo el país y otro para que no reinicie ninguna explotación uranífera si no remedia esos pasivos”, sostuvo la legisladora.
Hace diez días, la CNEA confirmó que se detectaron filtraciones en uno de los diques de remediación de Sierra Pintada, lo que alertó más a la población. En ese sentido, Eduardo Sosa, el titular de Oikos Red Ambiental que trabajó en el tema en sintonía con la Multisectorial, aseveró: “Que la sociedad se haya enterado de una fuga de residuos peligrosos por los medios de comunicación habla claramente de todo lo que tenemos que trabajar antes de pensar en la reapertura de la mina de uranio. La historia de la industria nuclear se ha construido en base al secreto y esta situación no puede volver a ocurrir”.
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Fecha de Publicación: 13/05/2012
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Está en San Rafael y fue explotada durante dos décadas por la CNEA. El valor actual del mineral empuja a la Nación a plantear su reapertura y la Provincia aceptaría. Pero hay resistencia. El Gobierno provincial no lo oculta. Una vez más hay interés de la Nación por reabrir la mina de uranio Sierra Pintada, que queda en San Rafael y que fue explotada por la Comisión Nacional de Energía Atómica desde 1975 hasta 1995.
Con ese cierre, se abrió un conflicto que lleva 17 años sin resolución debido a la presencia de residuos contaminantes que aún no fueron saneados. El rechazo que genera ese emprendimiento quedó en evidencia ayer en Alvear, con la manifestación de ambientalistas que reclamó al gobernador, Francisco Pérez, que no vuelva a funcionar.
La CNEA empezó a operar Sierra Pintada en 1975 y, según se calcula, hubo una extracción de 1.600 toneladas de uranio (1.000 en San Rafael y 600 en Malargüe, donde quedó la mayoría de los residuos). Pero 20 años después cerró. Esa decisión se debió básicamente a que era más barato importar uranio que producirlo en la Argentina: era la época de la convertibilidad menemista y además el precio del mineral a nivel internacional estaba bajo. Pero la CNEA dejó residuos sin el tratamiento necesario para evitar la contaminación de la zona: 1.000 toneladas de desechos sólidos enterrados en 5.320 tambores y 1.700.000 colas de uranio.
En 2003, con otro marco político-económico, el organismo nacional anunció su intención de extraer nuevamente uranio y como requiere de la venia de la Provincia para hacerlo, le presentó al por entonces gobernador radical Julio Cobos una evaluación de impacto ambiental avalada por la Universidad Tecnológica de Avellaneda.
Pero el Gobierno rechazó la posibilidad de reabrir la mina. A través de una resolución firmada por el ex ministro de Ambiente y Obras Públicas Francisco Morandini se estableció que la CNEA debía resolver antes la situación de los residuos si pretendía extraer otra vez uranio. Además, puso condiciones a la evaluación presentada: debía estar bajo el régimen legal provincial.
Más allá de las decisiones gubernamentales, ante la presencia de las colas de uranio en el Sur y las denuncias crecientes de contaminación, se gestó en los últimos diez años la multisectorial del Sur por un Desarrollo Sustentable (que reúne a casi 40 entidades de distinta índole del departamento) que comenzó con una intensa lucha que incluyó una pelea judicial. Fue así que la organización se presentó ante el Juzgado Federal de San Rafael y consiguió en 2005 una medida cautelar que impedía la actividad en Sierra Pintada.
Esa presentación tuvo muchas idas y vueltas, pero finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación frenó la reapertura de la mina en un fallo de diciembre de 2010. Los jueces supremos advirtieron que, para poder reiniciar la explotación, la CNEA debe remediar los pasivos ambientales, pero aunque puso un límite a la actividad, obvió plazos para ese tratamiento (ver aparte). Paralelamente, se convocó a una audiencia pública para la remediación de los pasivos, que fracasó varias veces.
La tarea de saneamiento comenzó pero aún no está terminada y hay quejas de distintos sectores sociales por falta de información de la Nación respecto del estado de avance. En las últimos meses, con el precio del uranio en alza y la decisión expresa de la Nación de impulsar extracciones mineras, la reactivación de Sierra Pintada volvió a ser una posibilidad cierta. El Gobierno nacional está ilusionado en transformarse en uno de los principales exportadores de uranio del mundo y en ese sentido, la mina sanrafaelina es clave. Por eso, el Ejecutivo provincial está planeando distintas formas de retomar la extracción uranífera en el Sur.
Entre ellas, la de hacerla pasar como “combustible”, en el marco de la empresa provincial de energía, que impulsa el oficialismo y aún no consigue aún el aval del Senado. Pero esa posibilidad ya trajo voces en contra, especialmente por la sospecha latente de que el Gobierno estaría tratando de obviar el cumplimiento de la ley 7.722 que en 2007 prohibió el uso de sustancias contaminantes en la minería.
No a la mina
“Pérez quiere reabrir la mina de Sierra Pintada obviando la ley 7.722 que prohíbe el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos. En la extracción del uranio se utiliza el ácido sulfúrico, no existen muchas vueltas semánticas que se le puedan dar a la cuestión de Sierra Pintada”, explicó el diputado nacional por la UCR Enrique Vaquié.
En esa línea, la diputada nacional radical Mariana Juri confirmó que esta semana intentará el tratamiento de dos proyectos en el Congreso Nacional. “Uno es para exigirle a la CNEA que remedie los pasivos en todo el país y otro para que no reinicie ninguna explotación uranífera si no remedia esos pasivos”, sostuvo la legisladora.
Hace diez días, la CNEA confirmó que se detectaron filtraciones en uno de los diques de remediación de Sierra Pintada, lo que alertó más a la población. En ese sentido, Eduardo Sosa, el titular de Oikos Red Ambiental que trabajó en el tema en sintonía con la Multisectorial, aseveró: “Que la sociedad se haya enterado de una fuga de residuos peligrosos por los medios de comunicación habla claramente de todo lo que tenemos que trabajar antes de pensar en la reapertura de la mina de uranio. La historia de la industria nuclear se ha construido en base al secreto y esta situación no puede volver a ocurrir”.
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Detienen a 3 antimineros en Tinogasta
La Policía detuvo a 3 ambientalistas antimineros en Tinogasta
Fecha de Publicación: 13/05/2012
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Catamarca
Los manifestantes fueron desalojados por bloquear el ingreso a esa ciudad de Catamarca y así impedir que los camiones llegasen hasta la minera Alumbrera.
res ambientalistas fueron detenidos este sábado en un nuevo desalojo de un bloqueo selectivo que desarrollaban en el ingreso a la ciudad catamarqueña de Tinogasta para impedir el ingreso de camiones a la minera Alumbrera.
El episodio se produjo a las 14:30 cuando la Policía de Fiambalá avanzó para desplazar el corte selectivo e informativo que los ambientalistas mantienen desde el 29 de enero pasado, bloqueando el Paso Internacional San Francisco para impedir el paso de camiones con insumos para las megamineras de Catamarca y otras provincias cordilleranas.
La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) señaló en un comunicado que en el operativo "tres asambleístas fueron brutalmente golpeados y llevados por las fuerzas represivas y por más de una hora mantuvieron oculto su paradero".
Se trata de Eduardo Argañaraz, Darío Moreno y un vecino de Famatina, que se acercaron al lugar en el que estaban apostados tres camiones empresas mineras, custodiados por cerca de diez efectivos policiales y dos camionetas.
"Fueron golpeados y les tiraron gas pimienta. Después escoltaron a los tres camiones mineros que fueron ´liberados´ tras la represión", denunció la organización, que precisó que a pesar del operativo el corte selectivo en el ingreso de Tinogasta continúa, y varios vecinos se reunieron en señal de protesta frente a la comisaría de Fiambalá, distante a 50 kilómetros de Tinogasta.
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Fecha de Publicación: 13/05/2012
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Catamarca
Los manifestantes fueron desalojados por bloquear el ingreso a esa ciudad de Catamarca y así impedir que los camiones llegasen hasta la minera Alumbrera.res ambientalistas fueron detenidos este sábado en un nuevo desalojo de un bloqueo selectivo que desarrollaban en el ingreso a la ciudad catamarqueña de Tinogasta para impedir el ingreso de camiones a la minera Alumbrera.
El episodio se produjo a las 14:30 cuando la Policía de Fiambalá avanzó para desplazar el corte selectivo e informativo que los ambientalistas mantienen desde el 29 de enero pasado, bloqueando el Paso Internacional San Francisco para impedir el paso de camiones con insumos para las megamineras de Catamarca y otras provincias cordilleranas.
La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) señaló en un comunicado que en el operativo "tres asambleístas fueron brutalmente golpeados y llevados por las fuerzas represivas y por más de una hora mantuvieron oculto su paradero".
Se trata de Eduardo Argañaraz, Darío Moreno y un vecino de Famatina, que se acercaron al lugar en el que estaban apostados tres camiones empresas mineras, custodiados por cerca de diez efectivos policiales y dos camionetas.
"Fueron golpeados y les tiraron gas pimienta. Después escoltaron a los tres camiones mineros que fueron ´liberados´ tras la represión", denunció la organización, que precisó que a pesar del operativo el corte selectivo en el ingreso de Tinogasta continúa, y varios vecinos se reunieron en señal de protesta frente a la comisaría de Fiambalá, distante a 50 kilómetros de Tinogasta.
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Piden consulta para yacimientos no convencionales
Piden consulta para yacimientos no convencionales
Fecha de Publicación: 13/05/2012
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Neuquén
Por tratarse de una actividad que puede generar efectos a las generaciones futuras, la explotación no convencional de yacimientos hidrocarburíferos requeriría la convocatoria a audiencias públicas, de acuerdo a lo que interpretó el abogado especialista en Derecho Ambiental Juan Fittipaldi. "Es importante en la etapa de evaluación de impacto ambiental la participación ciudadana, la audiencia pública ambiental, y luego la transversalidad, es decir que cubra todas las instancias: subsecretaría de Medio Ambiente, Recursos Hídricos e Hidrocarburos porque el recurso natural, el agua, no distingue de instancias administrativas", sostuvo el especialista.
Indicó que en el derecho ambiental, las causas deben encararse desde su origen e integralmente, no en forma parcializada.
En referencia al volumen de agua que utilizarán los yacimientos no convencionales que es varias veces superior al de los tradicionales, indicó que se trata de un recurso natural de aprovechamiento común que debe administrarse entre distintos actores sociales: emprendimientos productivos agrícolas, producción rural, producción vitivinícola, uso para consumo humano poblacional, consumo de animales para la ganadería porque hay feed lot y aprovechamiento recreativo.
"Si vamos a administrar este recurso tenemos que saber que no es ilimitado y si todos pretenden igual derecho sobre el mismo recurso en algún momento se va a agotar, entonces los que vengan en el futuro, las generaciones futuras según se las indica en el derecho ambiental, van a exigir un derecho igual sobre ese recurso al que han tenido los anteriores. ¿Vamos a poder abastecer a todos con el mismo recurso?", explicó.
Acotó que en convencional el agua que se utiliza es para lubricar el trépano y llevarlo abajo, que no se caliente y se formen los lodos de retorno que equivale a un camión regador. En tanto –aclaró– el procedimiento no convencional es distinto y hay mucho de retorno. Se trabajan con plantas de tratamiento, se le da temperatura, se evapora el agua y se la condensa y se puede reutilizar.
Precisó que la participación debería ser previa sobre todo cuando se realizan fracturas en sitios de exploración porque en zonas de mayor actividad, como Loma La Lata, el impacto puede ser mínimo. "La participación debería relacionarse con la normativa que regule, ahí es donde debemos hablar de proyectos en áreas exploratorios, está llegando a zonas donde no se había avanzado nunca y no se conoce el impacto que puede causar el uso de la nueva técnica", opinó Fittipaldi. Si se da participación en la elaboración de la norma, en la codificación y "ojalá algún día tengamos un código ambiental provincial".
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Fecha de Publicación: 13/05/2012
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Neuquén
Por tratarse de una actividad que puede generar efectos a las generaciones futuras, la explotación no convencional de yacimientos hidrocarburíferos requeriría la convocatoria a audiencias públicas, de acuerdo a lo que interpretó el abogado especialista en Derecho Ambiental Juan Fittipaldi. "Es importante en la etapa de evaluación de impacto ambiental la participación ciudadana, la audiencia pública ambiental, y luego la transversalidad, es decir que cubra todas las instancias: subsecretaría de Medio Ambiente, Recursos Hídricos e Hidrocarburos porque el recurso natural, el agua, no distingue de instancias administrativas", sostuvo el especialista.
Indicó que en el derecho ambiental, las causas deben encararse desde su origen e integralmente, no en forma parcializada.
En referencia al volumen de agua que utilizarán los yacimientos no convencionales que es varias veces superior al de los tradicionales, indicó que se trata de un recurso natural de aprovechamiento común que debe administrarse entre distintos actores sociales: emprendimientos productivos agrícolas, producción rural, producción vitivinícola, uso para consumo humano poblacional, consumo de animales para la ganadería porque hay feed lot y aprovechamiento recreativo.
"Si vamos a administrar este recurso tenemos que saber que no es ilimitado y si todos pretenden igual derecho sobre el mismo recurso en algún momento se va a agotar, entonces los que vengan en el futuro, las generaciones futuras según se las indica en el derecho ambiental, van a exigir un derecho igual sobre ese recurso al que han tenido los anteriores. ¿Vamos a poder abastecer a todos con el mismo recurso?", explicó.
Acotó que en convencional el agua que se utiliza es para lubricar el trépano y llevarlo abajo, que no se caliente y se formen los lodos de retorno que equivale a un camión regador. En tanto –aclaró– el procedimiento no convencional es distinto y hay mucho de retorno. Se trabajan con plantas de tratamiento, se le da temperatura, se evapora el agua y se la condensa y se puede reutilizar.
Precisó que la participación debería ser previa sobre todo cuando se realizan fracturas en sitios de exploración porque en zonas de mayor actividad, como Loma La Lata, el impacto puede ser mínimo. "La participación debería relacionarse con la normativa que regule, ahí es donde debemos hablar de proyectos en áreas exploratorios, está llegando a zonas donde no se había avanzado nunca y no se conoce el impacto que puede causar el uso de la nueva técnica", opinó Fittipaldi. Si se da participación en la elaboración de la norma, en la codificación y "ojalá algún día tengamos un código ambiental provincial".
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Sistemas silvopastoriles violan la Ley de Bosques
Advierten que sistemas silvopastoriles pueden violar la Ley de Bosques
Fecha de Publicación: 12/05/2012
Fuente: Momarandu
Provincia/Región: Nacional
Más de cuarenta organizaciones sociales y diez científicos advierten sobre la falta de sustentabilidad de la mayoría de los sistemas silvopastoriles.
Elllo implica en muchos casos un desmonte, y solicitan a las provincias que suspendan su autorización hasta tanto cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Bosques. Las conclusiones llegan en el marco del marco del 2° Congreso Nacional de Sistemas Silvopastoriles que se está realizando en Santiago del Estero, El documento elaborado por profesionales y organizaciones advierte que “lamentablemente, la realidad indica que generalmente el “desmonte selectivo”, “desarbustado” o “desbajerado”, que normalmente se realiza con rolo o topadora, resulta un desmonte o el paso previo al desmonte; lo que, sumado a la implantación de pasturas exóticas, no garantiza el mantenimiento y regeneración de los bosques nativos. Lo cierto es que, en la mayoría de los casos, luego de la aplicación del rolo o la topadora son muy pocos los árboles que quedan en pie.
Además, el rolado intensivo y la implantación de pasturas implican la destrucción del futuro de ese bosque, el sotobosque, fuente de alimento para gran parte de la fauna que los habita”.
Los firmantes señalaron que algunas provincias están autorizando este tipo de sistemas silvopastoriles en bosques nativos clasificados en la Categoría II (amarillo), que según la Ley de Bosques “podrán ser sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica”; y aclararon que el artículo 14 de la normativa nacional estipula claramente que “no podrán autorizarse desmontes de bosques nativos clasificados en las Categorías I (rojo) y II (amarillo)”.
Frente a esta situación, solicitaron en el texto a los gobiernos provinciales “que suspendan la autorización de sistemas silvopastoriles en bosques nativos clasificados en la Categoría II(amarillo) hasta tanto los mismos cumplan con los requisitos establecidos por la Ley de Bosques”.
“A mediados de la década de 1990, se produjo un fuerte incremento en la superficie cultivada para soja; y la ganadería intensiva, que históricamente se producía en la región pampeana, empezó a ser “corrida” hacia el norte del país propiciada por el bajo precio de la tierra.”, describe el documento.
“Los sistemas silvopastoriles son considerados como una opción de producción ganadera intensiva y forestal, donde se busca mantener en pie a las especies leñosas maduras y se implantan pasturas para el forraje, bajo un sistema de manejo integral. Sin embargo, en la región chaqueña la mayoría de los sistemas existentes son básicamente ganaderos, donde el componente forestal posee una importancia secundaria”.
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Fecha de Publicación: 12/05/2012
Fuente: Momarandu
Provincia/Región: Nacional
Más de cuarenta organizaciones sociales y diez científicos advierten sobre la falta de sustentabilidad de la mayoría de los sistemas silvopastoriles.
Elllo implica en muchos casos un desmonte, y solicitan a las provincias que suspendan su autorización hasta tanto cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Bosques. Las conclusiones llegan en el marco del marco del 2° Congreso Nacional de Sistemas Silvopastoriles que se está realizando en Santiago del Estero, El documento elaborado por profesionales y organizaciones advierte que “lamentablemente, la realidad indica que generalmente el “desmonte selectivo”, “desarbustado” o “desbajerado”, que normalmente se realiza con rolo o topadora, resulta un desmonte o el paso previo al desmonte; lo que, sumado a la implantación de pasturas exóticas, no garantiza el mantenimiento y regeneración de los bosques nativos. Lo cierto es que, en la mayoría de los casos, luego de la aplicación del rolo o la topadora son muy pocos los árboles que quedan en pie.
Además, el rolado intensivo y la implantación de pasturas implican la destrucción del futuro de ese bosque, el sotobosque, fuente de alimento para gran parte de la fauna que los habita”.
Los firmantes señalaron que algunas provincias están autorizando este tipo de sistemas silvopastoriles en bosques nativos clasificados en la Categoría II (amarillo), que según la Ley de Bosques “podrán ser sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica”; y aclararon que el artículo 14 de la normativa nacional estipula claramente que “no podrán autorizarse desmontes de bosques nativos clasificados en las Categorías I (rojo) y II (amarillo)”.
Frente a esta situación, solicitaron en el texto a los gobiernos provinciales “que suspendan la autorización de sistemas silvopastoriles en bosques nativos clasificados en la Categoría II(amarillo) hasta tanto los mismos cumplan con los requisitos establecidos por la Ley de Bosques”.
“A mediados de la década de 1990, se produjo un fuerte incremento en la superficie cultivada para soja; y la ganadería intensiva, que históricamente se producía en la región pampeana, empezó a ser “corrida” hacia el norte del país propiciada por el bajo precio de la tierra.”, describe el documento.
“Los sistemas silvopastoriles son considerados como una opción de producción ganadera intensiva y forestal, donde se busca mantener en pie a las especies leñosas maduras y se implantan pasturas para el forraje, bajo un sistema de manejo integral. Sin embargo, en la región chaqueña la mayoría de los sistemas existentes son básicamente ganaderos, donde el componente forestal posee una importancia secundaria”.
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Fallece el chico en Corrientes por fumigaciones
Fallece el chico que ingirió tierra contaminada con agroquímicos
Fecha de Publicación: 11/05/2012
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Corrientes
El niño oriundo de la ciudad de Lavalle, que había comido tierra aparentemente intoxicada con agroquímicos, falleció en horas de la siesta del miércoles en el Hospital de Pediatría “José Pedro Garrahan” de la ciudad de Buenos Aires, producto de un paro cerebral, informó ayer oficialmente el Departamento de Relaciones Institucionales de la Jefatura local.
José Rivero, de cuatro años, había sido trasladado, días atrás desde el Hospital pediátrico “Juan Pablo II” hacia Buenos Aires, a causa de una encefalopatía hepática.
El caso conmocionó a todo Corrientes y, en particular, a la ciudad de Lavalle –población distante 201 kilómetros al Sur de esta capital, donde organizaciones intermedias denunciaron en reiteradas ocasiones la incidencia de las chacras hortícolas ubicadas muy cerca del ejido urbano.
Junto al pequeño habían viajado a Buenos Aires sus padres, David Rivero y María Eugenia Sánchez. El pequeño José se encontraba grave en una de las salas de Terapia Intensiva del mencionado hospital porteño. En principio se barajaba la posibilidad de un trasplante de hígado, cuyo donante sería el jefe de familia, sin embargo quedó trunco, tras el terrible deceso.
Todo empezó hace veinte días, cuando la familia sintió olores nauseabundos muy cerca de la finca donde residían como cuidadores, al parecer por una serie de fumigaciones en una chacra lindera. Posteriormente, cayeron muertas las mascotas, instancia que impulsó a los Rivero a solicitar ayuda al abuelo del pequeño, cuidador de otra quinta de Lavalle.
Sin embargo la salud de José se agravó, hasta que el sábado 5 de Mayo fue trasladado de urgencia, en medio de una crisis de convulsiones.
Desde el Hospital Pediátrico “Juan Pablo II” se informó que el niño sufría una encefalopatía hepática, no obstante se aseguró que no se podía establecer si la causal era por incidencia de productos agroquímicos.
En 2011, los niños Nicolás Arévalo y su prima Celeste Estévez también recibieron internación por el mismo problema, con el agravante que el varoncito perdió la vida antes de ser trasladado a Buenos Aires, en tanto que la niña aún permanece con tratamiento. En el caso de Nicolás, la autopsia determinó incidencia de productos clorados.
Los casos están judicializados, y el de Arévalo permanece en el Juzgado de Instrucción 2, con carátula provisoria. Fuentes judiciales dijeron a NORTE que hay pruebas contundentes sobre la intoxicación por influencia de productos a base de endosulfán, pero el juez aún no se expidió, a pesar de que ha pasado más de un año.
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Fecha de Publicación: 11/05/2012
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Corrientes
El niño oriundo de la ciudad de Lavalle, que había comido tierra aparentemente intoxicada con agroquímicos, falleció en horas de la siesta del miércoles en el Hospital de Pediatría “José Pedro Garrahan” de la ciudad de Buenos Aires, producto de un paro cerebral, informó ayer oficialmente el Departamento de Relaciones Institucionales de la Jefatura local.José Rivero, de cuatro años, había sido trasladado, días atrás desde el Hospital pediátrico “Juan Pablo II” hacia Buenos Aires, a causa de una encefalopatía hepática.
El caso conmocionó a todo Corrientes y, en particular, a la ciudad de Lavalle –población distante 201 kilómetros al Sur de esta capital, donde organizaciones intermedias denunciaron en reiteradas ocasiones la incidencia de las chacras hortícolas ubicadas muy cerca del ejido urbano.
Junto al pequeño habían viajado a Buenos Aires sus padres, David Rivero y María Eugenia Sánchez. El pequeño José se encontraba grave en una de las salas de Terapia Intensiva del mencionado hospital porteño. En principio se barajaba la posibilidad de un trasplante de hígado, cuyo donante sería el jefe de familia, sin embargo quedó trunco, tras el terrible deceso.
Todo empezó hace veinte días, cuando la familia sintió olores nauseabundos muy cerca de la finca donde residían como cuidadores, al parecer por una serie de fumigaciones en una chacra lindera. Posteriormente, cayeron muertas las mascotas, instancia que impulsó a los Rivero a solicitar ayuda al abuelo del pequeño, cuidador de otra quinta de Lavalle.
Sin embargo la salud de José se agravó, hasta que el sábado 5 de Mayo fue trasladado de urgencia, en medio de una crisis de convulsiones.
Desde el Hospital Pediátrico “Juan Pablo II” se informó que el niño sufría una encefalopatía hepática, no obstante se aseguró que no se podía establecer si la causal era por incidencia de productos agroquímicos.
En 2011, los niños Nicolás Arévalo y su prima Celeste Estévez también recibieron internación por el mismo problema, con el agravante que el varoncito perdió la vida antes de ser trasladado a Buenos Aires, en tanto que la niña aún permanece con tratamiento. En el caso de Nicolás, la autopsia determinó incidencia de productos clorados.
Los casos están judicializados, y el de Arévalo permanece en el Juzgado de Instrucción 2, con carátula provisoria. Fuentes judiciales dijeron a NORTE que hay pruebas contundentes sobre la intoxicación por influencia de productos a base de endosulfán, pero el juez aún no se expidió, a pesar de que ha pasado más de un año.
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Policía minera en Mendoza
Presentan controles para la minería
Fecha de Publicación: 10/05/2012
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El ministro Baldasso puso en funcionamiento la Policía Minera, que se encargará de supervisar las tareas de exploración y explotación de las compañías. Los funcionarios reivindicaron a la actividad y los empresarios cuestionaron las señales ambiguas del Gobierno.
La orden es nacional y la "necesidad" es provincial. Aún con amagues, el Gobierno empezó a abrir la puerta a la minería como alternativa a la matriz productiva mendocina. Con un fuerte discurso minero, el ministro de Infraestructura, Rolando Baldasso, y el subsecretario de Hidrocarburos y Energía, hoy interventor de YPF, Walter Vázquez, presentaron la Policía Minera como una forma de dar garantía a la sociedad de que todo proyecto de extracción mineral será "controlado" y correlativamente "sustentable".
El timón lo tomó Vázquez y la ausencia del gobernador fue notable, pese a que Baldasso justificó el faltazo de Pérez por "problemas de agenda", dijo. "La policía ambiental es parte de una serie de medidas que darán ánimo al pueblo y que garantizarán la sustentabilidad. La actividad minera es muy noble. Hoy hay regiones que no tienen equilibrio y, por lo tanto, están siendo relegadas", defendió el interventor de YPF y dijo sin titubear: "La Pampa Húmeda no nos va a sacar de la falta de recursos", aseguró.
Vázquez, muy cerca de los funcionarios nacionales, tomó las riendas de la instalación de la minería y lo evidenció en la presentación de la Policía Minera que controlará y sancionará a las empresas que no cumplan con los mecanismos estipulados para la extracción. Pero esta especie de apertura que ha empezado a encarar el Ejecutivo tiene un sustento social basado en una encuesta que el PJ pidió al encuestador preferido por el partido, Enrique Bollati. El especialista sondeó, en marzo, los ánimos de los mendocinos con respecto a la actividad en discusión.
Los resultados arrojaron que un 20 por ciento de los encuestados está en contra por militancia, un 30 por ciento estaría a favor por historia y un 50 por ciento de la población "no tendría problemas de su desarrollo, siempre y cuando el Estado controle". Este último grupo es el que intenta captar el Gobierno con acciones públicas que den como mensaje: "El Estado garantiza la sustentabilidad". "La minería es una actividad noble. Seamos portadores del mensaje tranquilizador para los pueblos", pidió en consonancia el subsecretario.
Con más prudencia, Baldasso pronunció: "Es una semana de festejos porque es la semana de la minería. Es una actividad trascendente que ha sido estigmatizada como si fuera un pecado y, en realidad, es una actividad que permite subsistir".
Ante la pregunta de la prensa: Para proyectos metalíferos ¿también habrá control?, el ministro respondió: "Si sale minería metalífera, también habrá control". El escenario y los invitados tuvieron voz propia. El titular de la Cámara de Minería, Roberto Zenobi; Pablo Soria, gerente de Ambiente de Vale S.A; el director de Minería, Carlos Molina y la senadora por Malargüe, Silvia Calvi; presenciaron el acto y marcando su clara postura a favor de la minería.
Ultimátum nacional
El ultimátum nacional a la apertura de Mendoza a la minería quedó evidenciada en el acto de ayer pese a que el gobernador no se hizo presente. De hecho, Vázquez aseguró: "Estamos orgullosos de la Ofemi (Organización Federal de Estados Mineros)". La postura del mandatario ha sido más tambaleante y hasta por momentos ambigua. Incluso, en el acto del uno de mayo, Pérez destacó la ley 7.722 y dijo que se necesita licencia social para la minería.
Precisamente de ese discurso se hizo eco Zenobi quien fue muy duro con el gobernador. "Quisiera saber qué es licencia social. ¿Un grupo que se opone a una actividad que es lícita?". Con mucha crudeza en sus declaraciones, Zenobi cuestionó: "La cabeza está pensando en una cosa y los pies en otra.., yo sigo a los pies", haciendo referencia a Pérez y a sus ministros. Este último comentario fue desestimado en el séptimo piso de Casa de Gobierno donde aseguran "estar encolumnados detrás del proyecto de Francisco Pérez".
Sin embargo, Zenobi siguió hablando. "El gobernador, lamentablemente, se carga una mochila que no le corresponde. Que delegue a su gente", y le dijo a Pérez: "No se puede cambiar el destino". El titular de la Cámara aseguró que hay más de 60 proyectos mineros (incluidos los metalíferos) que requieren de la declaración de impacto ambiental pero que la Secretaría de Ambiente se niega a reconocerlos. "La cordillera está pedida (para la explotación) sobre todo la parte oeste", sentenció.
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Fecha de Publicación: 10/05/2012
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El ministro Baldasso puso en funcionamiento la Policía Minera, que se encargará de supervisar las tareas de exploración y explotación de las compañías. Los funcionarios reivindicaron a la actividad y los empresarios cuestionaron las señales ambiguas del Gobierno. La orden es nacional y la "necesidad" es provincial. Aún con amagues, el Gobierno empezó a abrir la puerta a la minería como alternativa a la matriz productiva mendocina. Con un fuerte discurso minero, el ministro de Infraestructura, Rolando Baldasso, y el subsecretario de Hidrocarburos y Energía, hoy interventor de YPF, Walter Vázquez, presentaron la Policía Minera como una forma de dar garantía a la sociedad de que todo proyecto de extracción mineral será "controlado" y correlativamente "sustentable".
El timón lo tomó Vázquez y la ausencia del gobernador fue notable, pese a que Baldasso justificó el faltazo de Pérez por "problemas de agenda", dijo. "La policía ambiental es parte de una serie de medidas que darán ánimo al pueblo y que garantizarán la sustentabilidad. La actividad minera es muy noble. Hoy hay regiones que no tienen equilibrio y, por lo tanto, están siendo relegadas", defendió el interventor de YPF y dijo sin titubear: "La Pampa Húmeda no nos va a sacar de la falta de recursos", aseguró.
Vázquez, muy cerca de los funcionarios nacionales, tomó las riendas de la instalación de la minería y lo evidenció en la presentación de la Policía Minera que controlará y sancionará a las empresas que no cumplan con los mecanismos estipulados para la extracción. Pero esta especie de apertura que ha empezado a encarar el Ejecutivo tiene un sustento social basado en una encuesta que el PJ pidió al encuestador preferido por el partido, Enrique Bollati. El especialista sondeó, en marzo, los ánimos de los mendocinos con respecto a la actividad en discusión.
Los resultados arrojaron que un 20 por ciento de los encuestados está en contra por militancia, un 30 por ciento estaría a favor por historia y un 50 por ciento de la población "no tendría problemas de su desarrollo, siempre y cuando el Estado controle". Este último grupo es el que intenta captar el Gobierno con acciones públicas que den como mensaje: "El Estado garantiza la sustentabilidad". "La minería es una actividad noble. Seamos portadores del mensaje tranquilizador para los pueblos", pidió en consonancia el subsecretario.
Con más prudencia, Baldasso pronunció: "Es una semana de festejos porque es la semana de la minería. Es una actividad trascendente que ha sido estigmatizada como si fuera un pecado y, en realidad, es una actividad que permite subsistir".
Ante la pregunta de la prensa: Para proyectos metalíferos ¿también habrá control?, el ministro respondió: "Si sale minería metalífera, también habrá control". El escenario y los invitados tuvieron voz propia. El titular de la Cámara de Minería, Roberto Zenobi; Pablo Soria, gerente de Ambiente de Vale S.A; el director de Minería, Carlos Molina y la senadora por Malargüe, Silvia Calvi; presenciaron el acto y marcando su clara postura a favor de la minería.
Ultimátum nacional
El ultimátum nacional a la apertura de Mendoza a la minería quedó evidenciada en el acto de ayer pese a que el gobernador no se hizo presente. De hecho, Vázquez aseguró: "Estamos orgullosos de la Ofemi (Organización Federal de Estados Mineros)". La postura del mandatario ha sido más tambaleante y hasta por momentos ambigua. Incluso, en el acto del uno de mayo, Pérez destacó la ley 7.722 y dijo que se necesita licencia social para la minería.
Precisamente de ese discurso se hizo eco Zenobi quien fue muy duro con el gobernador. "Quisiera saber qué es licencia social. ¿Un grupo que se opone a una actividad que es lícita?". Con mucha crudeza en sus declaraciones, Zenobi cuestionó: "La cabeza está pensando en una cosa y los pies en otra.., yo sigo a los pies", haciendo referencia a Pérez y a sus ministros. Este último comentario fue desestimado en el séptimo piso de Casa de Gobierno donde aseguran "estar encolumnados detrás del proyecto de Francisco Pérez".
Sin embargo, Zenobi siguió hablando. "El gobernador, lamentablemente, se carga una mochila que no le corresponde. Que delegue a su gente", y le dijo a Pérez: "No se puede cambiar el destino". El titular de la Cámara aseguró que hay más de 60 proyectos mineros (incluidos los metalíferos) que requieren de la declaración de impacto ambiental pero que la Secretaría de Ambiente se niega a reconocerlos. "La cordillera está pedida (para la explotación) sobre todo la parte oeste", sentenció.
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La pelea por la basura entre Capital y Nación
Política, basura y territorio
Fecha de Publicación: 09/05/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
El conflicto por la basura contiene todos los ingredientes que el kirchnerismo suele usar para neutralizar a aquellos actores que pueden pelearle poder. Con él acorrala al jefe de gobierno, Mauricio Macri; obliga al gobernador bonaerense, Daniel Scioli, a pararse en la vereda kirchnerista, y desenmascara el poder del jefe de la CGT, Hugo Moyano, en la Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse).
La ciudad de Buenos Aires podría transformarse rápidamente en la Nápoles de hace un par de años. Las 6300 toneladas de residuos diarios que genera el distrito no se pueden esfumar. A pesar de que se hable de reciclado y de recuperación es imposible disminuir esa cantidad de desechos para 2014. Existen tecnologías que podrían conseguirlo, pero el costo político sería alto: habría que recurrir a la incineración, que está prohibida por la legislación porteña.
El conflicto también devela que el acuerdo que firmaron la provincia y la Capital no puede cumplirse. En 2008 se comprometieron a que la Ciudad financiaría la construcción de dos nuevos rellenos sanitarios en territorio bonaerense. No hay distrito que quiera recibir basura. Hoy ese escenario es imposible. Sin embargo, la solución territorial no es la única posible. Por caso, la ciudad de La Plata consiguió 6 hectáreas en su propio ejido para recuperar el 80% de las 1000 toneladas de basura diaria que genera.
El conflicto subió el volumen la semana pasada cuando el presidente de la Ceamse, Raúl de Elizalde, resolvió que la ciudad de Buenos Aires debía pagar un 35% más por los residuos que deposita en los rellenos sanitarios, pero el dinero no resuelve el problema. Para la provincia el mayor inconveniente es que la gestión macrista nunca cumplió con lo que prometió respecto de la disminución de residuos. Es más, en el último año aumentó la cantidad de desechos. Sin embargo, ayer el proyecto del que se hablaba insistentemente se materializó y salió del Senado bonaerense, con la firma de Cristina Fioramonti, presidenta del bloque del Frente para la Victoria y esposa del diputado nacional Carlos Kunkel.
Esa iniciativa pretende que la Ciudad deje de enviar residuos reciclables a los rellenos sanitarios bonaerenses para 2014 y establece cupos hasta esa fecha. También liquidar la Ceamse, una empresa conformada por las administraciones porteña y bonaerense, a la cual la Nación no tiene acceso. En la Ciudad indicaron que si sucediera, de un día para el otro la Ceamse recibiría $ 600 millones menos, que tendrían que salir a cubrir los intendentes. La provincia plantea que la Capital debe ser cliente y no socio.
Moyano también quedó en evidencia en esta pelea. Hace un par de semanas consiguió indemnizaciones para los empleados de las empresas de Higiene Urbana para cuando finalice el contrato de recolección en la Capital. Pero el gremialista también maneja a los transportadores de residuos que generan varios dolores de cabeza a los intendentes. En esta guerra el jefe de la CGT está al lado de Macri.
Pero el conflicto no termina ahí. Nadie quiere rellenos sanitarios en sus partidos. Norte III, el más emblemático, ya ocupa parte de San Miguel, San Martín y Tigre. Sus intendentes prefieren desarrollos inmobiliarios Y hay otras 140 hectáreas que pertenecen al predio de Campo de Mayo y que la ministra de Seguridad, Nilda Garré, debe ceder para dar 6 años más de aire al sistema. Lo más trágico que devela este conflicto es que no hay una solución integral metropolitana con nueva tecnología para los residuos.
Fecha de Publicación: 09/05/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
El conflicto por la basura contiene todos los ingredientes que el kirchnerismo suele usar para neutralizar a aquellos actores que pueden pelearle poder. Con él acorrala al jefe de gobierno, Mauricio Macri; obliga al gobernador bonaerense, Daniel Scioli, a pararse en la vereda kirchnerista, y desenmascara el poder del jefe de la CGT, Hugo Moyano, en la Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse).La ciudad de Buenos Aires podría transformarse rápidamente en la Nápoles de hace un par de años. Las 6300 toneladas de residuos diarios que genera el distrito no se pueden esfumar. A pesar de que se hable de reciclado y de recuperación es imposible disminuir esa cantidad de desechos para 2014. Existen tecnologías que podrían conseguirlo, pero el costo político sería alto: habría que recurrir a la incineración, que está prohibida por la legislación porteña.
El conflicto también devela que el acuerdo que firmaron la provincia y la Capital no puede cumplirse. En 2008 se comprometieron a que la Ciudad financiaría la construcción de dos nuevos rellenos sanitarios en territorio bonaerense. No hay distrito que quiera recibir basura. Hoy ese escenario es imposible. Sin embargo, la solución territorial no es la única posible. Por caso, la ciudad de La Plata consiguió 6 hectáreas en su propio ejido para recuperar el 80% de las 1000 toneladas de basura diaria que genera.
El conflicto subió el volumen la semana pasada cuando el presidente de la Ceamse, Raúl de Elizalde, resolvió que la ciudad de Buenos Aires debía pagar un 35% más por los residuos que deposita en los rellenos sanitarios, pero el dinero no resuelve el problema. Para la provincia el mayor inconveniente es que la gestión macrista nunca cumplió con lo que prometió respecto de la disminución de residuos. Es más, en el último año aumentó la cantidad de desechos. Sin embargo, ayer el proyecto del que se hablaba insistentemente se materializó y salió del Senado bonaerense, con la firma de Cristina Fioramonti, presidenta del bloque del Frente para la Victoria y esposa del diputado nacional Carlos Kunkel.
Esa iniciativa pretende que la Ciudad deje de enviar residuos reciclables a los rellenos sanitarios bonaerenses para 2014 y establece cupos hasta esa fecha. También liquidar la Ceamse, una empresa conformada por las administraciones porteña y bonaerense, a la cual la Nación no tiene acceso. En la Ciudad indicaron que si sucediera, de un día para el otro la Ceamse recibiría $ 600 millones menos, que tendrían que salir a cubrir los intendentes. La provincia plantea que la Capital debe ser cliente y no socio.
Moyano también quedó en evidencia en esta pelea. Hace un par de semanas consiguió indemnizaciones para los empleados de las empresas de Higiene Urbana para cuando finalice el contrato de recolección en la Capital. Pero el gremialista también maneja a los transportadores de residuos que generan varios dolores de cabeza a los intendentes. En esta guerra el jefe de la CGT está al lado de Macri.
Pero el conflicto no termina ahí. Nadie quiere rellenos sanitarios en sus partidos. Norte III, el más emblemático, ya ocupa parte de San Miguel, San Martín y Tigre. Sus intendentes prefieren desarrollos inmobiliarios Y hay otras 140 hectáreas que pertenecen al predio de Campo de Mayo y que la ministra de Seguridad, Nilda Garré, debe ceder para dar 6 años más de aire al sistema. Lo más trágico que devela este conflicto es que no hay una solución integral metropolitana con nueva tecnología para los residuos.
El Gobierno le pone pilas a la minería
El Gobierno le pone pilas a la minería
Fecha de Publicación: 09/05/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno hará una apuesta fuerte por desarrollar la minería en el país y, en particular, por generar valor agregado a esa producción. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner instruyó a distintas áreas de su administración a trabajar en la generación de proyectos. Al Ministerio de Industria le encomendó vincular a las empresas extractivas con otras que procesen esa materia prima, apuntando a un paulatino proceso de industrialización de la minería. Canadá y Australia son modelos a seguir. En esa línea, la mandataria recibió anteayer a un grupo de compañías que comenzará a producir baterías de litio con mayores componentes nacionales, las cuales serán incorporadas a computadoras, celulares y demás electrónicos que se ensamblan en Tierra del Fuego.
El proyecto de industrialización del litio movilizará inversiones por 360 millones de dólares, según dijeron desde la cartera que conduce Débora Giorgi. “La producción de baterías de litio y de semiconductores son dos sectores clave de la industria electrónica argentina. Se trata de un proyecto prioritario de trabajo público y privado, en el que el Gobierno tiene un enorme interés”, sostuvo la ministra.
En este proyecto participan empresas como Pla Ka y Probattery, además de universidades nacionales, el Conicet y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Producirán todo tipo de baterías para computadoras portátiles, celulares, herramientas, energía solar, energía eólica, motos y autos eléctricos, entre otros. Entre fines de este año y mediados de 2013 se fabricarán las baterías con celdas producidas en el país.
Empresas radicadas en Tierra del Fuego, como Mirgor, Newsan, Brightstar, BGH, Electro Fueguina (Frávega), Novatech, Air Computer, Exo, Nec, Mirgor, Garbarino, Radio Victoria Fueguina, Pc Arts y Grupo Núcleo, se comprometieron a utilizar esas baterías en los productos que ensamblan en la provincia. A su vez, anunciaron que constituirán un fideicomiso de 1100 millones de dólares para desarrollar inversiones en los próximos cinco años en sectores productivos y energías renovables.
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Fecha de Publicación: 09/05/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno hará una apuesta fuerte por desarrollar la minería en el país y, en particular, por generar valor agregado a esa producción. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner instruyó a distintas áreas de su administración a trabajar en la generación de proyectos. Al Ministerio de Industria le encomendó vincular a las empresas extractivas con otras que procesen esa materia prima, apuntando a un paulatino proceso de industrialización de la minería. Canadá y Australia son modelos a seguir. En esa línea, la mandataria recibió anteayer a un grupo de compañías que comenzará a producir baterías de litio con mayores componentes nacionales, las cuales serán incorporadas a computadoras, celulares y demás electrónicos que se ensamblan en Tierra del Fuego.
El proyecto de industrialización del litio movilizará inversiones por 360 millones de dólares, según dijeron desde la cartera que conduce Débora Giorgi. “La producción de baterías de litio y de semiconductores son dos sectores clave de la industria electrónica argentina. Se trata de un proyecto prioritario de trabajo público y privado, en el que el Gobierno tiene un enorme interés”, sostuvo la ministra.
En este proyecto participan empresas como Pla Ka y Probattery, además de universidades nacionales, el Conicet y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Producirán todo tipo de baterías para computadoras portátiles, celulares, herramientas, energía solar, energía eólica, motos y autos eléctricos, entre otros. Entre fines de este año y mediados de 2013 se fabricarán las baterías con celdas producidas en el país.
Empresas radicadas en Tierra del Fuego, como Mirgor, Newsan, Brightstar, BGH, Electro Fueguina (Frávega), Novatech, Air Computer, Exo, Nec, Mirgor, Garbarino, Radio Victoria Fueguina, Pc Arts y Grupo Núcleo, se comprometieron a utilizar esas baterías en los productos que ensamblan en la provincia. A su vez, anunciaron que constituirán un fideicomiso de 1100 millones de dólares para desarrollar inversiones en los próximos cinco años en sectores productivos y energías renovables.
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Minería: no expropiarán, pero si empresas mixtas
Minería: no expropiarán, pero aceleran empresas mixtas
Fecha de Publicación: 08/05/2012
Fuente: Cronista
Provincia/Región: Nacional
En medio de la efervescencia empresaria tras la expropiación de YPF, el Gobierno y los hombres de negocios del sector minero trasparentaron ayer un acuerdo tácito: la administración de Cristina Fernández no avanzará en medidas que impliquen una mayor injerencia pública en las decisiones directas de las empresas privadas. A cambio, reclama la puesta en marcha lo antes posible de empresas de capital mixto provincial y privado, bajo gerenciamiento de estos últimos, la reinversión de utilidades y mayor notoriedad de los efectos positivos de la actividad en las comunidades.
El escenario fue la celebración del Día de la Minería, que se realizó en esta ciudad. Ante versiones de posibles avances públicos sobre el sector, el secretario de Minería, Jorge Mayoral, fue tajante: Mientras ellos (por las empresas) reinviertan utilidades y avancen en la conformación de empresas mixtas, no va a haber problemas. Lo mismo planteó el gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner.
El mensaje tranquilizador de Mayoral fue, en parte, una respuesta a las palabras elogiosas que había recibido la gestión K de boca de Martín Dedeu, presidente de la CAEM reúne a las empresas del sector, quien mencionó que el explícito respaldo del Gobierno a la actividad no puede pasar desapercibido.
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Fecha de Publicación: 08/05/2012
Fuente: Cronista
Provincia/Región: Nacional
En medio de la efervescencia empresaria tras la expropiación de YPF, el Gobierno y los hombres de negocios del sector minero trasparentaron ayer un acuerdo tácito: la administración de Cristina Fernández no avanzará en medidas que impliquen una mayor injerencia pública en las decisiones directas de las empresas privadas. A cambio, reclama la puesta en marcha lo antes posible de empresas de capital mixto provincial y privado, bajo gerenciamiento de estos últimos, la reinversión de utilidades y mayor notoriedad de los efectos positivos de la actividad en las comunidades.El escenario fue la celebración del Día de la Minería, que se realizó en esta ciudad. Ante versiones de posibles avances públicos sobre el sector, el secretario de Minería, Jorge Mayoral, fue tajante: Mientras ellos (por las empresas) reinviertan utilidades y avancen en la conformación de empresas mixtas, no va a haber problemas. Lo mismo planteó el gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner.
El mensaje tranquilizador de Mayoral fue, en parte, una respuesta a las palabras elogiosas que había recibido la gestión K de boca de Martín Dedeu, presidente de la CAEM reúne a las empresas del sector, quien mencionó que el explícito respaldo del Gobierno a la actividad no puede pasar desapercibido.
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El lecho del Riachuelo, todavía sin solución
El lecho del Riachuelo, todavía sin solución
Fecha de Publicación: 08/05/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
El fallo de la Corte que ordena sanear el Riachuelo cumplirá cuatro años en menos de un mes. Sin embargo, la calidad del agua no ha mejorado y hay algo aun peor: si se pudiera cambiar todo el líquido contaminado por uno absolutamente puro, destilado, en el lapso de una semana la contaminación sería la misma.
Esa es una de las conclusiones a las que llegó un grupo de científicos de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que desde 1998 analiza de manera sistemática el río. Los resultados de su último estudio detectaron altos niveles de metales pesados y de materia orgánica en el lecho. Y una concentración de oxígeno igual a cero.
"La situación es preocupante. En nuestros sistemas de incubación las muestras no se mueven. En el Riachuelo sí y se van al Río de la Plata, que aunque sea ancho y tenga mucha agua, es el que nos da de tomar. Por ahora está contaminado, pero se diluye en el montón, no sé cuánto más va a aguantar", indicó Martha Bargiela, integrante de la cátedra de Química Analítica, que dirige Alicia Rosa Fabrizio de Iorio.
"La idea surgió cuando vimos que, con el plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, se limpiaba el agua y no el sedimento, que está debajo y tiene mucha materia orgánica y metales. La relación entre ellos hace que los metales que estaban instalados en un lugar se puedan movilizar hacia otro", indicó la experta.
Los análisis, que fueron realizados en distintos puntos de la cuenca en la que viven más de 5 millones de personas, detectaron especialmente cromo y plomo, entre los metales más peligrosos para la salud. El cromo está presente particularmente en las curtiembres, mientras que el plomo puede ser un residuo de hidrocarburos y también estar presente en la actividad de la galvanoplastia.
Bargiela explicó cómo se realizó el experimento: "Llevamos las muestras al laboratorio y simulamos el contacto con agua no contaminada para ver si el sedimento que estaba altamente deteriorado se quedaba abajo o si se disolvía. Vimos que para los metales contaminantes, como el plomo, por ejemplo, en los sedimentos controlaban su pasaje hacia el agua y se disolvían, entonces el agua se deterioraba más. Si limpiamos el agua y tratamos de sacar los sedimentos del fondo, le damos oxígeno y los metales por el movimiento se liberan y se vuelve a contaminar".
¿Cuál sería la solución a corto plazo? "La primera es la de proseguir con el ordenamiento territorial. Es fundamental que deje de caer carga orgánica directamente al río. Además, no hay que quitar las plantas de la ribera porque, como están adaptadas, pueden fijar los metales", indicó.
Para las investigadoras, de ningún modo remover los lodos del fondo del lecho del río sería una buena medida, porque pondría en riesgo aún más al Río de la Plata, fuente de agua segura para 14 millones de personas en el área metropolitana.
"Si se sacaran esos lodos con la tecnología adecuada, ¿adónde irían?, ¿quién los descontaminaría? Es riesgoso", agregó Bargiela. Precisamente éste es uno de los proyectos que están en estudio en la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), que tiene a cargo la ejecución del proceso de saneamiento.
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Fecha de Publicación: 08/05/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
El fallo de la Corte que ordena sanear el Riachuelo cumplirá cuatro años en menos de un mes. Sin embargo, la calidad del agua no ha mejorado y hay algo aun peor: si se pudiera cambiar todo el líquido contaminado por uno absolutamente puro, destilado, en el lapso de una semana la contaminación sería la misma.Esa es una de las conclusiones a las que llegó un grupo de científicos de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que desde 1998 analiza de manera sistemática el río. Los resultados de su último estudio detectaron altos niveles de metales pesados y de materia orgánica en el lecho. Y una concentración de oxígeno igual a cero.
"La situación es preocupante. En nuestros sistemas de incubación las muestras no se mueven. En el Riachuelo sí y se van al Río de la Plata, que aunque sea ancho y tenga mucha agua, es el que nos da de tomar. Por ahora está contaminado, pero se diluye en el montón, no sé cuánto más va a aguantar", indicó Martha Bargiela, integrante de la cátedra de Química Analítica, que dirige Alicia Rosa Fabrizio de Iorio.
"La idea surgió cuando vimos que, con el plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, se limpiaba el agua y no el sedimento, que está debajo y tiene mucha materia orgánica y metales. La relación entre ellos hace que los metales que estaban instalados en un lugar se puedan movilizar hacia otro", indicó la experta.
Los análisis, que fueron realizados en distintos puntos de la cuenca en la que viven más de 5 millones de personas, detectaron especialmente cromo y plomo, entre los metales más peligrosos para la salud. El cromo está presente particularmente en las curtiembres, mientras que el plomo puede ser un residuo de hidrocarburos y también estar presente en la actividad de la galvanoplastia.
Bargiela explicó cómo se realizó el experimento: "Llevamos las muestras al laboratorio y simulamos el contacto con agua no contaminada para ver si el sedimento que estaba altamente deteriorado se quedaba abajo o si se disolvía. Vimos que para los metales contaminantes, como el plomo, por ejemplo, en los sedimentos controlaban su pasaje hacia el agua y se disolvían, entonces el agua se deterioraba más. Si limpiamos el agua y tratamos de sacar los sedimentos del fondo, le damos oxígeno y los metales por el movimiento se liberan y se vuelve a contaminar".
¿Cuál sería la solución a corto plazo? "La primera es la de proseguir con el ordenamiento territorial. Es fundamental que deje de caer carga orgánica directamente al río. Además, no hay que quitar las plantas de la ribera porque, como están adaptadas, pueden fijar los metales", indicó.
Para las investigadoras, de ningún modo remover los lodos del fondo del lecho del río sería una buena medida, porque pondría en riesgo aún más al Río de la Plata, fuente de agua segura para 14 millones de personas en el área metropolitana.
"Si se sacaran esos lodos con la tecnología adecuada, ¿adónde irían?, ¿quién los descontaminaría? Es riesgoso", agregó Bargiela. Precisamente éste es uno de los proyectos que están en estudio en la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), que tiene a cargo la ejecución del proceso de saneamiento.
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Piden producción agrícola diferente en Santa Fe
"Se puede producir de otra manera"
Fecha de Publicación: 07/05/2012
Fuente: Rosario/12
Provincia/Región: Santa Fe
Quieren que la Legislatura provincial se defina en la regulación de los agroquímicos en la que diputados y senadores no avanzan.
Idas y vueltas en las Cámaras Legislativas provinciales demoran la aprobación de las modificaciones a la ley de fitosanitarios que rige desde el año 1995. Así lo entienden las agrupaciones que se reunieron el sábado en Arroyo Seco en la Asamblea de los Pueblos Fumigados Santafesinos, a la que concurrieron representantes de Reconquista, Santa Fe, Villa Constitución, San Lorenzo, Rosario y otras provincias como Córdoba y Buenos Aires. El plenario viró también hacia otro eje, el pedido de prohibición de "toda" la fumigación aérea en la provincia. "Nos estamos dedicando a juntar la mayor cantidad de firmas y el compromiso de la población en que se trate este tema. Llevará tiempo pero se va a lograr", estimó, en diálogo con Rosario/12, Marta Boxler, representante local.
La Campaña Paren de Fumigarnos tiene la costumbre de salir de gira por las ciudades y pueblos fumigados del sur de Santa Fe, con el objetivo de "compartir información y concientizar sobre los riesgos de la masiva utilización de agroquímicos". Creen enfáticamente que "es posible otro modo de producir y de vivir". Por ese motivo, elaboraron una propuesta para la reforma de la llamada "Ley de Fitosanitarios", Nº 11.273, a través de la cual postulan una franja libre de fumigaciones de por lo menos 800 metros en torno a poblaciones, escuelas rurales, cursos de agua y caseríos además de la total prohibición de fumigaciones aéreas sobre el territorio provincial, entre otras modificaciones.
Para Boxler las fumigaciones ya no solo perjudican a los ciudadanos del centro y sur de Santa Fe. Ahora es "toda" la provincia la que padece los efectos del uso de agroquímicos. "Es todo el litoral y te diría que toda la república. En la Patagonia va a haber soja, en Tucumán, Salta, Jujuy se hace el desmonte para este cultivo", afirmó una de las organizadoras de la asamblea. Ese escenario quedó claro en la jornada de análisis que se llevó a cabo durante todo el día en la Escuela de Enseñanza Media Juan Bautista Alberdi, de Arroyo.
Las agrupaciones tienen la esperanza de que las modificaciones a la ley se debatan en 2012, para que la promulgación llegue antes de fin de año. "Desde hace mas de 4 años" aguardan la sanción mientras mantiene vigencia "una ley perteneciente a otra época y otra realidad, cuando los agroquímicos constituían menos del 10% de los que hoy se utilizan, afectando la salud de los santafecinos". En ese sentido, la Campaña Paren de Fumigarnos viene desarrollando actividades con el objetivo de lograr que el Senado trate las modificaciones.
Reconocen que los recibieron en la Cámara de Diputados y que "próximamente" tendrán otra audiencia con legisladores. No obstante, son escépticos porque consideran que es "difícil" el tratamiento de la norma, ya que afecta" intereses económicos". En la Legislatura han encontrado "gente que nos escucha y quiere comprometerse, otros que dicen que hay una ley y hay que cumplirla", describió Boxler, que admitió que "es un tema que se va prolongando en el tiempo".
En tanto, desde el gobierno provincial "no hay apoyo". Boxler recordó las declaraciones del ex gobernador Hermes Binner, que había afirmado el año pasado que había que "desmitificar sobre las cuestiones tóxicas" del glifosato y el perjuicio que provoca. Pero considera que esas palabras no tienen su correlato en la práctica porque no son recibidos para cambiar pareceres sobre el uso de agrotóxicos. "No lo logramos, somos escuchados mediamente. Pero resultados no hay, todavía no hay voluntad política. Supongo que a mayor movimiento, las movilizaciones y los petitorios que vamos a presentar, seremos escuchados", sostuvo Boxler.
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Fecha de Publicación: 07/05/2012
Fuente: Rosario/12
Provincia/Región: Santa Fe
Quieren que la Legislatura provincial se defina en la regulación de los agroquímicos en la que diputados y senadores no avanzan.
Idas y vueltas en las Cámaras Legislativas provinciales demoran la aprobación de las modificaciones a la ley de fitosanitarios que rige desde el año 1995. Así lo entienden las agrupaciones que se reunieron el sábado en Arroyo Seco en la Asamblea de los Pueblos Fumigados Santafesinos, a la que concurrieron representantes de Reconquista, Santa Fe, Villa Constitución, San Lorenzo, Rosario y otras provincias como Córdoba y Buenos Aires. El plenario viró también hacia otro eje, el pedido de prohibición de "toda" la fumigación aérea en la provincia. "Nos estamos dedicando a juntar la mayor cantidad de firmas y el compromiso de la población en que se trate este tema. Llevará tiempo pero se va a lograr", estimó, en diálogo con Rosario/12, Marta Boxler, representante local.
La Campaña Paren de Fumigarnos tiene la costumbre de salir de gira por las ciudades y pueblos fumigados del sur de Santa Fe, con el objetivo de "compartir información y concientizar sobre los riesgos de la masiva utilización de agroquímicos". Creen enfáticamente que "es posible otro modo de producir y de vivir". Por ese motivo, elaboraron una propuesta para la reforma de la llamada "Ley de Fitosanitarios", Nº 11.273, a través de la cual postulan una franja libre de fumigaciones de por lo menos 800 metros en torno a poblaciones, escuelas rurales, cursos de agua y caseríos además de la total prohibición de fumigaciones aéreas sobre el territorio provincial, entre otras modificaciones.
Para Boxler las fumigaciones ya no solo perjudican a los ciudadanos del centro y sur de Santa Fe. Ahora es "toda" la provincia la que padece los efectos del uso de agroquímicos. "Es todo el litoral y te diría que toda la república. En la Patagonia va a haber soja, en Tucumán, Salta, Jujuy se hace el desmonte para este cultivo", afirmó una de las organizadoras de la asamblea. Ese escenario quedó claro en la jornada de análisis que se llevó a cabo durante todo el día en la Escuela de Enseñanza Media Juan Bautista Alberdi, de Arroyo.
Las agrupaciones tienen la esperanza de que las modificaciones a la ley se debatan en 2012, para que la promulgación llegue antes de fin de año. "Desde hace mas de 4 años" aguardan la sanción mientras mantiene vigencia "una ley perteneciente a otra época y otra realidad, cuando los agroquímicos constituían menos del 10% de los que hoy se utilizan, afectando la salud de los santafecinos". En ese sentido, la Campaña Paren de Fumigarnos viene desarrollando actividades con el objetivo de lograr que el Senado trate las modificaciones.
Reconocen que los recibieron en la Cámara de Diputados y que "próximamente" tendrán otra audiencia con legisladores. No obstante, son escépticos porque consideran que es "difícil" el tratamiento de la norma, ya que afecta" intereses económicos". En la Legislatura han encontrado "gente que nos escucha y quiere comprometerse, otros que dicen que hay una ley y hay que cumplirla", describió Boxler, que admitió que "es un tema que se va prolongando en el tiempo".
En tanto, desde el gobierno provincial "no hay apoyo". Boxler recordó las declaraciones del ex gobernador Hermes Binner, que había afirmado el año pasado que había que "desmitificar sobre las cuestiones tóxicas" del glifosato y el perjuicio que provoca. Pero considera que esas palabras no tienen su correlato en la práctica porque no son recibidos para cambiar pareceres sobre el uso de agrotóxicos. "No lo logramos, somos escuchados mediamente. Pero resultados no hay, todavía no hay voluntad política. Supongo que a mayor movimiento, las movilizaciones y los petitorios que vamos a presentar, seremos escuchados", sostuvo Boxler.
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Basura: Macri incumple la ley
Basura: Macri incumple la ley y pone en riesgo la recolección en la Ciudad
Fecha de Publicación: 06/05/2012
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
La normativa sobre Basura Cero lo obligaba a reducir las emisiones, que crecieron más de un 50% entre 2004 y 2011. La CEAMSE priorizará los residuos bonaerenses, lo que podría hacer colapsar el sistema en la Capital Federal.
Cada día, el Área Metropolitana envía unas 15.700 toneladas de basura al relleno que la CEAMSE posee en la provincia de Buenos Aires. Son 5.706.063 toneladas al año. Todos esos residuos, además de ser una bomba de tiempo ambiental y un negocio millonario en manos de las empresas recolectoras, son la base de disputas políticas y territoriales que hasta el momento no fueron saldadas. También evidencian una clara disparidad entre la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense. Una situación que de no resolverse podría derivar en el colapso sanitario de las calles porteñas.
El conflicto, siempre latente, volvió a reactivarse a partir de la situación crítica en que se encuentra la capacidad del complejo de la CEAMSE en José León Suárez, González Catán y Ensenada que diariamente reciben un total de casi 6300 toneladas de desperdicios generados en suelo porteño y 9400 toneladas de 33 municipios provinciales. Esto significa que la Capital Federal, a pesar de ser sólo uno de los distritos que utiliza el servicio, suma el 40% de lo depositado.
En los centros –mayormente en el relleno Norte III de José León Suárez– se acumula lo desechado por cerca de 13 millones de personas, y si se considera que el Censo 2010 arrojó para la Ciudad una población de casi 2,9 millones de habitantes, esto significa que por cada porteño se envían 2,17 kilos de basura cada 24 horas, en tanto que por bonaerense, menos de 1 kilo. A este desequilibrio se suma que la administración de Mauricio Macri está lejos de cumplir con los objetivos que se establecieron en 2007 a través del Plan Basura Cero, en el marco de la Ley Nº 1854. Según el artículo 6º de esta norma, “la autoridad de aplicación fija un cronograma de reducción progresiva de la disposición final de residuos sólidos urbanos, que conllevará a una disminución de la cantidad de desechos a ser depositados en rellenos sanitarios”. Las metas a cumplir eran de una merma del 30% para 2010, de un 50% para 2012 y un 75% para 2017, tomando como referencia lo informado por la CEAMSE durante 2004. En ese año, la Ciudad había enterrado 1.492.867 toneladas.
Muy a contramano de esta legislación, el volumen de desperdicios enviados desde la Capital Federal a la provincia viene en aumento: de 1.847.748 toneladas en 2009, pasó a 2.110.122 en 2010 y a 2.277.772 en 2011, lo que significa un crecimiento del 23,27% –en el caso de los municipios, fue del 8,5%– . Y si, como pide la propia ley, se compara con 2004, la cifra es aun más elocuente: los envíos de la Ciudad se incrementaron en 784.905 toneladas, es decir, un 52,57%.
Con estas metas frustradas, la tensión entre el gobierno porteño y el bonaerense –las dos jurisdicciones que integran la CEAMSE– se espiralizó. En especial, luego de que Cristina Fernández instara públicamente a que la administración de Daniel Scioli y los intendentes involucrados hicieran lo necesario para modificar el escenario. “Todos los municipios tienen que ponerse al frente de la lucha por la basura, no es justo que se contamine y ni siquiera se retribuya como corresponde. La CEAMSE de Campo de Mayo no da más”, advirtió la presidenta el pasado 3 de mayo, y agregó: “Que la Ciudad pague lo que tiene que pagar o que procesen allí los residuos.”
De inmediato, el conflicto se sumó al grupo de temas que la Nación exige que la Ciudad asuma como de su entera competencia, similar al caso de la seguridad, la red de subterráneos y el transporte de colectivos. “Cada uno tiene que hacerse cargo de su distrito, porque eso es gobernar”, sostuvo Cristina durante un acto en Esteban Echeverría, junto al intendente Fernando Gray, quien mantiene una fuerte disputa con la empresa que maneja la recolección de residuos en su distrito. Los contratos millonarios firmados con estas compañías, que insumen varios dígitos de los presupuestos municipales, es otro de los puntos ásperos en la problemática de la basura (ver aparte).
El pedido presidencial tuvo un impacto inmediato: la CEAMSE aumentó en un 35% el canon que el gobierno porteño venía pagando para echar sus bolsas en el relleno Norte III. La medida regirá desde el 1 de junio. En el mismo comunicado donde dio a conocer la suba, el titular del organismo interjurisdiccional, Raúl de Elizalde, adelantó que, de ahora en más, se va a “priorizar la asignación de los espacios remanentes para la disposición de residuos originados en los municipios del Conurbano Bonaerense”, como resultado de una disponibilidad “crítica”.
De Elizalde, representante de la provincia en la entidad, también reclamó la puesta en marcha de la Ley 1854, para asegurar una “disminución efectiva” de los desechos porteños en un 50% en un lapso de 30 meses. A su vez, sostuvo que “dicho programa deberá garantizar que en el plazo de 60 meses sólo sean remitidos a nuestros complejos ambientales residuos (…) que hubieran sido previamente tratados”. Por su parte, Scioli había solicitado la “colaboración” del macrismo para que “en un plazo razonable reduzca al mínimo los desechos que ingresan diariamente a la provincia”. Para el gobernador, “no es un problema técnico, la solución demanda decisión política”.
A estas críticas viene respondiendo el ministro de Ambiente y Espació Público porteño, Diego Santilli, quien días atrás se mostró junto a los nuevos contenedores que el PRO instaló en el microcentro. Tiempo Argentino intentó comunicarse con Santilli, pero el ministro no contestó los llamados. Hasta el momento, en su defensa la Ciudad sostuvo, por lo bajo, que los objetivos impuestos por la legislación resultan imposibles de alcanzar. También aseguró haber hecho inversiones en plantas compactadoras y le reclamó a la provincia que inaugure nuevos rellenos sanitarios. Santilli había dicho que la Ciudad paga 50 dólares por tonelada dispuesta. “El doble que los municipios de la provincia”, se quejó. En declaraciones a la prensa, el ministro también adelantó que en julio comenzará a operar en José León Suárez una planta de tratamiento para recuperar 1000 toneladas de basura por día, esto es, un 15% de lo hoy enviado a los rellenos.
En contraste, surgen experiencias exitosas como la de Mar del Plata. “Contamos con una respuesta importante de la presidenta, que nos permitió acceder a un financiamiento del Banco Mundial con el que encaramos la construcción de un centro de disposición final de residuos, que es uno de los más modernos del país”, explicó el intendente Gustavo Pulti. “Hacemos exactamente lo contrario de lo que hace el intendente de Buenos Aires”, concluyó el jefe comunal.
Por otra parte, en el caso de la Ciudad, no sólo se trataría de un problema de cantidades, sino también de calidad, ya que la política de clasificación de residuos, otro de los puntos medulares, es igualmente cuestionada. “No se genera ningún tipo de separación en origen de la basura. El tema de una correcta clasificación de los residuos en secos y húmedos, que permita hacer un acopio de material residuable ordenado, es casi inexistente”, denunció la legisladora porteña María Elena Naddeo. “Si nunca hubo campaña pública de separación de residuos, no se puede esperar que los vecinos usen correctamente los contenedores”, se lamentó. Para la diputada del Frente Progresista y Popular, el programa de los containers, caballito de batalla del PRO, es insuficiente. “Si no se separa la basura antes, lo recuperable de lo irrecuperable, hay un desborde. Las calles quedan sucias. Después pasan de a dos a tres veces los dispositivos de aseo para barrer y esto encarece aun más el proceso”, explicó Naddeo, quien remarcó que el gasto de los porteños en recolección creció un 33% en 2012, llegando a los $ 2.549.037.
Ante esta situación, parece que a la Ciudad ya no le va a alcanzar con esconder sus toneladas de basura debajo de la alfombra de la CEAMSE. <
Antecedentes
El Área Metropolitana envía unas 15.700 toneladas de basura por día a la CEAMSE. En total, son 5.706.063 toneladas al año. El 40% de ese volumen corresponde a residuos de la Ciudad de Buenos Aires.
Por cada porteño, se depositan 2,17 kilos de basura cada 24 horas en territorio provincial; mientras que por cada bonaerense no se llega a un kilo.
Lejos de cumplir las metas del Plan Basura Cero, la Ciudad aumentó en un 52,57% su emisión de residuos con respecto al año 2004.
A partir del 1 de junio, el gobierno porteño deberá pagar un 35% más en concepto de canon para enterrar sus desechos en la CEMASE.
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Fecha de Publicación: 06/05/2012
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
La normativa sobre Basura Cero lo obligaba a reducir las emisiones, que crecieron más de un 50% entre 2004 y 2011. La CEAMSE priorizará los residuos bonaerenses, lo que podría hacer colapsar el sistema en la Capital Federal.Cada día, el Área Metropolitana envía unas 15.700 toneladas de basura al relleno que la CEAMSE posee en la provincia de Buenos Aires. Son 5.706.063 toneladas al año. Todos esos residuos, además de ser una bomba de tiempo ambiental y un negocio millonario en manos de las empresas recolectoras, son la base de disputas políticas y territoriales que hasta el momento no fueron saldadas. También evidencian una clara disparidad entre la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense. Una situación que de no resolverse podría derivar en el colapso sanitario de las calles porteñas.
El conflicto, siempre latente, volvió a reactivarse a partir de la situación crítica en que se encuentra la capacidad del complejo de la CEAMSE en José León Suárez, González Catán y Ensenada que diariamente reciben un total de casi 6300 toneladas de desperdicios generados en suelo porteño y 9400 toneladas de 33 municipios provinciales. Esto significa que la Capital Federal, a pesar de ser sólo uno de los distritos que utiliza el servicio, suma el 40% de lo depositado.
En los centros –mayormente en el relleno Norte III de José León Suárez– se acumula lo desechado por cerca de 13 millones de personas, y si se considera que el Censo 2010 arrojó para la Ciudad una población de casi 2,9 millones de habitantes, esto significa que por cada porteño se envían 2,17 kilos de basura cada 24 horas, en tanto que por bonaerense, menos de 1 kilo. A este desequilibrio se suma que la administración de Mauricio Macri está lejos de cumplir con los objetivos que se establecieron en 2007 a través del Plan Basura Cero, en el marco de la Ley Nº 1854. Según el artículo 6º de esta norma, “la autoridad de aplicación fija un cronograma de reducción progresiva de la disposición final de residuos sólidos urbanos, que conllevará a una disminución de la cantidad de desechos a ser depositados en rellenos sanitarios”. Las metas a cumplir eran de una merma del 30% para 2010, de un 50% para 2012 y un 75% para 2017, tomando como referencia lo informado por la CEAMSE durante 2004. En ese año, la Ciudad había enterrado 1.492.867 toneladas.
Muy a contramano de esta legislación, el volumen de desperdicios enviados desde la Capital Federal a la provincia viene en aumento: de 1.847.748 toneladas en 2009, pasó a 2.110.122 en 2010 y a 2.277.772 en 2011, lo que significa un crecimiento del 23,27% –en el caso de los municipios, fue del 8,5%– . Y si, como pide la propia ley, se compara con 2004, la cifra es aun más elocuente: los envíos de la Ciudad se incrementaron en 784.905 toneladas, es decir, un 52,57%.
Con estas metas frustradas, la tensión entre el gobierno porteño y el bonaerense –las dos jurisdicciones que integran la CEAMSE– se espiralizó. En especial, luego de que Cristina Fernández instara públicamente a que la administración de Daniel Scioli y los intendentes involucrados hicieran lo necesario para modificar el escenario. “Todos los municipios tienen que ponerse al frente de la lucha por la basura, no es justo que se contamine y ni siquiera se retribuya como corresponde. La CEAMSE de Campo de Mayo no da más”, advirtió la presidenta el pasado 3 de mayo, y agregó: “Que la Ciudad pague lo que tiene que pagar o que procesen allí los residuos.”
De inmediato, el conflicto se sumó al grupo de temas que la Nación exige que la Ciudad asuma como de su entera competencia, similar al caso de la seguridad, la red de subterráneos y el transporte de colectivos. “Cada uno tiene que hacerse cargo de su distrito, porque eso es gobernar”, sostuvo Cristina durante un acto en Esteban Echeverría, junto al intendente Fernando Gray, quien mantiene una fuerte disputa con la empresa que maneja la recolección de residuos en su distrito. Los contratos millonarios firmados con estas compañías, que insumen varios dígitos de los presupuestos municipales, es otro de los puntos ásperos en la problemática de la basura (ver aparte).
El pedido presidencial tuvo un impacto inmediato: la CEAMSE aumentó en un 35% el canon que el gobierno porteño venía pagando para echar sus bolsas en el relleno Norte III. La medida regirá desde el 1 de junio. En el mismo comunicado donde dio a conocer la suba, el titular del organismo interjurisdiccional, Raúl de Elizalde, adelantó que, de ahora en más, se va a “priorizar la asignación de los espacios remanentes para la disposición de residuos originados en los municipios del Conurbano Bonaerense”, como resultado de una disponibilidad “crítica”.
De Elizalde, representante de la provincia en la entidad, también reclamó la puesta en marcha de la Ley 1854, para asegurar una “disminución efectiva” de los desechos porteños en un 50% en un lapso de 30 meses. A su vez, sostuvo que “dicho programa deberá garantizar que en el plazo de 60 meses sólo sean remitidos a nuestros complejos ambientales residuos (…) que hubieran sido previamente tratados”. Por su parte, Scioli había solicitado la “colaboración” del macrismo para que “en un plazo razonable reduzca al mínimo los desechos que ingresan diariamente a la provincia”. Para el gobernador, “no es un problema técnico, la solución demanda decisión política”.
A estas críticas viene respondiendo el ministro de Ambiente y Espació Público porteño, Diego Santilli, quien días atrás se mostró junto a los nuevos contenedores que el PRO instaló en el microcentro. Tiempo Argentino intentó comunicarse con Santilli, pero el ministro no contestó los llamados. Hasta el momento, en su defensa la Ciudad sostuvo, por lo bajo, que los objetivos impuestos por la legislación resultan imposibles de alcanzar. También aseguró haber hecho inversiones en plantas compactadoras y le reclamó a la provincia que inaugure nuevos rellenos sanitarios. Santilli había dicho que la Ciudad paga 50 dólares por tonelada dispuesta. “El doble que los municipios de la provincia”, se quejó. En declaraciones a la prensa, el ministro también adelantó que en julio comenzará a operar en José León Suárez una planta de tratamiento para recuperar 1000 toneladas de basura por día, esto es, un 15% de lo hoy enviado a los rellenos.
En contraste, surgen experiencias exitosas como la de Mar del Plata. “Contamos con una respuesta importante de la presidenta, que nos permitió acceder a un financiamiento del Banco Mundial con el que encaramos la construcción de un centro de disposición final de residuos, que es uno de los más modernos del país”, explicó el intendente Gustavo Pulti. “Hacemos exactamente lo contrario de lo que hace el intendente de Buenos Aires”, concluyó el jefe comunal.
Por otra parte, en el caso de la Ciudad, no sólo se trataría de un problema de cantidades, sino también de calidad, ya que la política de clasificación de residuos, otro de los puntos medulares, es igualmente cuestionada. “No se genera ningún tipo de separación en origen de la basura. El tema de una correcta clasificación de los residuos en secos y húmedos, que permita hacer un acopio de material residuable ordenado, es casi inexistente”, denunció la legisladora porteña María Elena Naddeo. “Si nunca hubo campaña pública de separación de residuos, no se puede esperar que los vecinos usen correctamente los contenedores”, se lamentó. Para la diputada del Frente Progresista y Popular, el programa de los containers, caballito de batalla del PRO, es insuficiente. “Si no se separa la basura antes, lo recuperable de lo irrecuperable, hay un desborde. Las calles quedan sucias. Después pasan de a dos a tres veces los dispositivos de aseo para barrer y esto encarece aun más el proceso”, explicó Naddeo, quien remarcó que el gasto de los porteños en recolección creció un 33% en 2012, llegando a los $ 2.549.037.
Ante esta situación, parece que a la Ciudad ya no le va a alcanzar con esconder sus toneladas de basura debajo de la alfombra de la CEAMSE. <
Antecedentes
El Área Metropolitana envía unas 15.700 toneladas de basura por día a la CEAMSE. En total, son 5.706.063 toneladas al año. El 40% de ese volumen corresponde a residuos de la Ciudad de Buenos Aires.
Por cada porteño, se depositan 2,17 kilos de basura cada 24 horas en territorio provincial; mientras que por cada bonaerense no se llega a un kilo.
Lejos de cumplir las metas del Plan Basura Cero, la Ciudad aumentó en un 52,57% su emisión de residuos con respecto al año 2004.
A partir del 1 de junio, el gobierno porteño deberá pagar un 35% más en concepto de canon para enterrar sus desechos en la CEMASE.
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Contaminación por YPF: recién ahora se sabe
Denuncias de contaminación
Fecha de Publicación: 06/05/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Neuquén
La ciudad de Rincón de los Sauces, en el nordeste de la provincia de Neuquén, lideró desde fines de los noventa la producción de petróleo y gas en la Argentina, al punto de llegar a cubrir la mitad de la extracción total de hidrocarburos en el país. Desde el 2008 se ha detenido esa fuente de producción y desde mucho antes se acumulan las denuncias contra Repsol YPF por contaminación de los ríos y de las napas subterráneas por derrames de petróleo. En los últimos años se han acumulado denuncias contra la empresa privada por daños ambientales en Neuquén y en otras provincias cuyos montos llegarían a los cinco mil millones de dólares.
En 2006, luego de analizar distintas causas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó una denuncia que se había presentado contra 18 empresas petroleras por contaminación de la cuenca hidrocarburífera neuquina. La demanda había sido presentada por los dueños de tierras por las que pasa el tendido de la red de distribución. En ese momento la Corte argumentó que la demanda contenía errores de información. Las acciones legales continuaron desarrollándose, con participación también del Estado provincial como demandante.
En 1998, la provincia había pedido a Repsol, Pérez Companc y Pluspetrol que hicieran reparaciones de la red por 935 millones de dólares. También hubo denuncias de poblaciones mapuches, en uno de los casos por la malformación del niño que llevaba en su vientre una joven que vivía en la zona de Loma de la Lata. Las quejas de los mapuches contra Repsol han sido constantes durante dos décadas.
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Fecha de Publicación: 06/05/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Neuquén
La ciudad de Rincón de los Sauces, en el nordeste de la provincia de Neuquén, lideró desde fines de los noventa la producción de petróleo y gas en la Argentina, al punto de llegar a cubrir la mitad de la extracción total de hidrocarburos en el país. Desde el 2008 se ha detenido esa fuente de producción y desde mucho antes se acumulan las denuncias contra Repsol YPF por contaminación de los ríos y de las napas subterráneas por derrames de petróleo. En los últimos años se han acumulado denuncias contra la empresa privada por daños ambientales en Neuquén y en otras provincias cuyos montos llegarían a los cinco mil millones de dólares.
En 2006, luego de analizar distintas causas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó una denuncia que se había presentado contra 18 empresas petroleras por contaminación de la cuenca hidrocarburífera neuquina. La demanda había sido presentada por los dueños de tierras por las que pasa el tendido de la red de distribución. En ese momento la Corte argumentó que la demanda contenía errores de información. Las acciones legales continuaron desarrollándose, con participación también del Estado provincial como demandante.
En 1998, la provincia había pedido a Repsol, Pérez Companc y Pluspetrol que hicieran reparaciones de la red por 935 millones de dólares. También hubo denuncias de poblaciones mapuches, en uno de los casos por la malformación del niño que llevaba en su vientre una joven que vivía en la zona de Loma de la Lata. Las quejas de los mapuches contra Repsol han sido constantes durante dos décadas.
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