Comienzan a fabricar las baterías de litio
18:25 | 
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Comienzan a fabricar las baterías de litio
Fecha de Publicación: 26/03/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional - Catamarca
Serán desarrolladas en Catamarca por la empresa Sol.ar, de capitales cordobeses. El proyecto iniciado en ámbitos universitarios locales recibió pedidos de fabricantes de computadoras, motos, celulares y equipos de energía eólica. Contactos con automotrices.
El desarrollo de la primera batería de litio argentina, un proyecto surgido en ámbitos científicos de Córdoba, Buenos Aires y La Plata, iniciará su faz industrial en próximas semanas. Lo hará con la empresa Sol.ar –en la que participan como socios capitales de autopartistas cordobeses– y, como ya lo adelantó este diario en enero pasado, lo hará en provincias que tienen salinas, de donde sale el insumo más importante: la salmuera.
Científicos de universidades desarrollaron procesos para obtener los óxidos necesarios para la batería provenientes del carbonato de litio, insumo que se obtiene aplicando procesos químicos a esa salmuera.
El desarrollo de este tipo de baterías es fundamental para producir computadoras, celulares, herramientas y otros aparatos electrónicos; pero también será importante para el desarrollo de equipos de energía eólica y solar (guardan la energía que se produce) y automóviles y motocicletas eléctricas.
Por eso, el Gobierno nacional dio un fuerte apoyo al proyecto y creó la Mesa Nacional del Litio, integrada por los ministerios de Ciencia y Técnica, Industria y Economía.
Argentina, con reservas por 11 millones de toneladas métricas, es el tercer país en stock de litio y junto con Bolivia y Chile conforman lo que la revista Forbes denominó “la Arabia Saudita del litio”: concentran 85 por ciento de la reserva mundial. Para esto se estudia crear empresas mixtas (con participación privada y pública) para generar carbonato de litio, que requiere grandes inversiones. La idea es cumplir con el objetivo oficial de sustituir importaciones, pero también determinar la tecnología más “amigable” con el medio ambiente del salar (para no generar los problemas que ya tiene la minería) y establecer los procedimientos de “remediación” del ambiente, esto es, cómo dejar el salar lo mejor posible luego de terminada la explotación.
Según el coordinador del proyecto, Daniel Barraco, ex decano de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física (Famaf) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la primera planta se montará en El Pantanillo, el parque industrial de la ciudad de Catamarca, que tiene una de las salinas más importantes del país. Si el plan crece, también se montarían plantas en Jujuy y Salta.
El proyecto se inició a mediados de 2011 y el primer paso fue fabricar los óxidos, el cátodo, ánodo, electrolito y obtener los plásticos que integran la batería; el segundo fue avanzar en la purificación de los elementos. Según Barraco, el nuevo paso se dará cuando se termine de montar la planta catamarqueña, en la que trabajarían unas 30 personas, con una inversión que ronda los 30 millones de dólares. Sol.ar comenzará importando algunos componentes, pero un plan diseñado hasta 2014 prevé que el resto de las piezas internas (comenzando por las celdas) también pueda ser fabricado en el país.
El proyecto tiene el apoyo oficial para vincularse con el programa Conectar Igualdad, con el que el Gobierno distribuye netbooks entre los secundarios; para esto, inició conversaciones con BGH y Newsan.
Este año, la Nación licitará la compra de 400 mil unidades; las primeras 120 mil serán importadas, pero el resto tendrá que presentar una mayor integración de componentes nacionales, por lo cual Sol.ar sellará en estos días convenios para convertirse en proveedora de las principales fabricantes.
También hubo contactos con Brightstar (fabricante de BlackBerry) y con Mirgor, que además de ser fabricante de Nokia es un importante proveedor de la industria automotriz, lo que le abrió una puerta a esta industria para proyectos de vehículos eléctricos, su gran objetivo.
El valor de las baterías depende en parte de la cantidad de carbonato de litio que lleva (el kilo vale entre 60 y 90 dólares). El grupo logró una batería para auto de 300 a 400 kilogramos (el peso que hoy tiene la batería de los autos Tesla Roadster), con lo cual valdrían de 10 a 20 mil dólares. “El mercado hasta 2020 es de 20 por ciento del stock automotor mundial, unos 200 millones de vehículos, lo que implica un mercado global de dos billones de dólares”, dice Barraco.
Además, asegura que Sol.ar recibió pedidos de baterías para una moto eléctrica de parte de una empresa nacional (que mantuvo en reserva) y para molinos de energía eólica.
“Al principio, es probable que la batería nacional sea más cara que la importada. Pero teniendo en cuenta las reservas de la región, llegará un punto en que se fabricarán a precios muy competitivos”, pronosticó.
Quiénes participan
Primer grupo. Para la producción del carbonato de litio, el proyecto contó con la participación inicial de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Comisión Nacional de Energía Atómica (Conea).
Qué hizo. Estos tres sectores trabajaron en la producción de los óxidos, cátodo, ánodo y electrolito.
Segundo grupo. En la segunda etapa, que incluye la purificación, intervinieron también el Instituto Universitario Aeronáutico de Córdoba (IUA), la Universidad Nacional de Catamarca (Unca) y la Universidad Nacional de Jujuy (Unju).
Fecha de Publicación: 26/03/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional - Catamarca
Serán desarrolladas en Catamarca por la empresa Sol.ar, de capitales cordobeses. El proyecto iniciado en ámbitos universitarios locales recibió pedidos de fabricantes de computadoras, motos, celulares y equipos de energía eólica. Contactos con automotrices.
El desarrollo de la primera batería de litio argentina, un proyecto surgido en ámbitos científicos de Córdoba, Buenos Aires y La Plata, iniciará su faz industrial en próximas semanas. Lo hará con la empresa Sol.ar –en la que participan como socios capitales de autopartistas cordobeses– y, como ya lo adelantó este diario en enero pasado, lo hará en provincias que tienen salinas, de donde sale el insumo más importante: la salmuera.
Científicos de universidades desarrollaron procesos para obtener los óxidos necesarios para la batería provenientes del carbonato de litio, insumo que se obtiene aplicando procesos químicos a esa salmuera.
El desarrollo de este tipo de baterías es fundamental para producir computadoras, celulares, herramientas y otros aparatos electrónicos; pero también será importante para el desarrollo de equipos de energía eólica y solar (guardan la energía que se produce) y automóviles y motocicletas eléctricas.
Por eso, el Gobierno nacional dio un fuerte apoyo al proyecto y creó la Mesa Nacional del Litio, integrada por los ministerios de Ciencia y Técnica, Industria y Economía.
Argentina, con reservas por 11 millones de toneladas métricas, es el tercer país en stock de litio y junto con Bolivia y Chile conforman lo que la revista Forbes denominó “la Arabia Saudita del litio”: concentran 85 por ciento de la reserva mundial. Para esto se estudia crear empresas mixtas (con participación privada y pública) para generar carbonato de litio, que requiere grandes inversiones. La idea es cumplir con el objetivo oficial de sustituir importaciones, pero también determinar la tecnología más “amigable” con el medio ambiente del salar (para no generar los problemas que ya tiene la minería) y establecer los procedimientos de “remediación” del ambiente, esto es, cómo dejar el salar lo mejor posible luego de terminada la explotación.
Según el coordinador del proyecto, Daniel Barraco, ex decano de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física (Famaf) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la primera planta se montará en El Pantanillo, el parque industrial de la ciudad de Catamarca, que tiene una de las salinas más importantes del país. Si el plan crece, también se montarían plantas en Jujuy y Salta.
El proyecto se inició a mediados de 2011 y el primer paso fue fabricar los óxidos, el cátodo, ánodo, electrolito y obtener los plásticos que integran la batería; el segundo fue avanzar en la purificación de los elementos. Según Barraco, el nuevo paso se dará cuando se termine de montar la planta catamarqueña, en la que trabajarían unas 30 personas, con una inversión que ronda los 30 millones de dólares. Sol.ar comenzará importando algunos componentes, pero un plan diseñado hasta 2014 prevé que el resto de las piezas internas (comenzando por las celdas) también pueda ser fabricado en el país.
El proyecto tiene el apoyo oficial para vincularse con el programa Conectar Igualdad, con el que el Gobierno distribuye netbooks entre los secundarios; para esto, inició conversaciones con BGH y Newsan.
Este año, la Nación licitará la compra de 400 mil unidades; las primeras 120 mil serán importadas, pero el resto tendrá que presentar una mayor integración de componentes nacionales, por lo cual Sol.ar sellará en estos días convenios para convertirse en proveedora de las principales fabricantes.
También hubo contactos con Brightstar (fabricante de BlackBerry) y con Mirgor, que además de ser fabricante de Nokia es un importante proveedor de la industria automotriz, lo que le abrió una puerta a esta industria para proyectos de vehículos eléctricos, su gran objetivo.
El valor de las baterías depende en parte de la cantidad de carbonato de litio que lleva (el kilo vale entre 60 y 90 dólares). El grupo logró una batería para auto de 300 a 400 kilogramos (el peso que hoy tiene la batería de los autos Tesla Roadster), con lo cual valdrían de 10 a 20 mil dólares. “El mercado hasta 2020 es de 20 por ciento del stock automotor mundial, unos 200 millones de vehículos, lo que implica un mercado global de dos billones de dólares”, dice Barraco.
Además, asegura que Sol.ar recibió pedidos de baterías para una moto eléctrica de parte de una empresa nacional (que mantuvo en reserva) y para molinos de energía eólica.
“Al principio, es probable que la batería nacional sea más cara que la importada. Pero teniendo en cuenta las reservas de la región, llegará un punto en que se fabricarán a precios muy competitivos”, pronosticó.
Quiénes participan
Primer grupo. Para la producción del carbonato de litio, el proyecto contó con la participación inicial de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Comisión Nacional de Energía Atómica (Conea).
Qué hizo. Estos tres sectores trabajaron en la producción de los óxidos, cátodo, ánodo y electrolito.
Segundo grupo. En la segunda etapa, que incluye la purificación, intervinieron también el Instituto Universitario Aeronáutico de Córdoba (IUA), la Universidad Nacional de Catamarca (Unca) y la Universidad Nacional de Jujuy (Unju).
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Neuqúen: No hay estudio ambiental petrolero
No hay estudio ambiental petrolero
Fecha de Publicación: 25/03/2012
Fuente: La Mañama de Neuqúen
Provincia/Región: Neuqúen
En el extremo noroeste de la ciudad, hay 76 pozos petroleros activos que opera la firma Pluspetrol. Pertenecen al yacimiento Centenario, que ocupa casi la mitad del ejido urbano y que la empresa explota desde 1977. En 2010, el municipio proyectó la realización de un estudio propio sobre el impacto ambiental de esa actividad en el suelo y las napas subterráneas; sin embargo, a la fecha, los informes siguen pendientes.
Desde la subsecretaría de Servicios Ambientales indicaron que controlan la explotación a partir de la información que aporta la propia petrolera y las inspecciones periódicas de los pozos.
Señalaron también que no tienen conocimiento de la realización de un estudio propio del impacto ambiental a partir de la actividad hidrocarburífera, salvo el que se proyectó en 2010 y aún no concluyó. “Lo que pasa es que se trata de trabajos de costos elevados, por eso es difícil que se afronten con fondos municipales”, explicó Paola Guerrero, directora municipal de Ambiente.
Los dos estudios previstos forman parte del acuerdo que firmó el gobierno comunal con Pluspetrol hace dos años y deben financiarse con fondos aportados por la propia empresa, pero gestionados por el Ejecutivo.
El 22 de julio de 2010, al momento de rubricar el acuerdo, el entonces intendente Martín Farizano destacó la relevancia del informe que se proyectaba. Afirmó que iba “a encarar un profundo estudio de impacto ambiental respecto de las consecuencias actuales y futuras de la explotación petrolera en el ejido urbano de la ciudad".
El primero de los estudios proyectados, denominado “Degradación del suelo y sanidad edáfica con relación a la actividad industrial, petrolera y agrícola en Valentina Norte”, se adjudicó en diciembre pasado a la consultora Juan Mendía, con un presupuesto de 298 mil pesos. El relevamiento comenzó en enero y está previsto que finalice para junio de este año.
El segundo estudio, titulado “Contaminación del agua subterránea con relación a la actividad industrial, petrolera y agrícola en Valentina Norte”, está en etapa de preadjudicación a la firma Cooprogetti y aún no comenzó, según informaron desde la subsecretaría de Obras Públicas del municipio.
Hasta contar con esa información, la subsecretaría de Servicios Ambientales trabaja con los datos provistos por Pluspetrol. Los pozos están en la zona de Valentina Norte Rural, algunos quedaron a metros de asentamientos irregulares y de la traza de la autovía de la Meseta.
Nueve pozos para remediación
Además de controlar, la subsecretaría municipal de Servicios Ambientales inspecciona el plan de remediación de Pluspetrol para antiguas perforaciones inactivas, donde se estima que quedaron piletas de lodos con hidrocarburos.
Mario Celardi, director del área, contó que quedaron pozos previos a la llegada de Pluspetrol, algunos de 1964, “cuando no había tantas normativas ambientales”. En estos casos, señaló, la empresa viene aplicando un plan de remediación paulatino.
“El año pasado, se trabajó en identificar cuáles eran los pozos que podían tener piletas naturales y se caracterizaron nueve, de los que estamos esperando los análisis y después tienen que presentar el plan de cómo va a ser la remediación”, comentó.
Añadió que “varias piletas fueron remediadas en su momento pero quedan más y por eso Pluspetrol presentó un plan de trabajo”.
Afirmó también que, respecto de las perforaciones actuales, “estando bien controlado, no hay inconvenientes; pero hay que aclarar que nosotros podemos actuar hasta cierto límite, después está lo que Nación y Provincia autoricen”.
Además de los pozos, hay ductos que transportan el petróleo. En este caso, Celardi afirmó que “van al costado de la calle, siempre en terrenos públicos, y no se permite que pasen por debajo de una vivienda”.
Explicó además que no se puede difundir públicamente la ubicación de los pozos o los ductos por seguridad. “La política es que es información privada de la empresa, porque es información bastante sensible por la posibilidad de sabotajes”, fundamentó.
Fecha de Publicación: 25/03/2012
Fuente: La Mañama de Neuqúen
Provincia/Región: Neuqúen
En el extremo noroeste de la ciudad, hay 76 pozos petroleros activos que opera la firma Pluspetrol. Pertenecen al yacimiento Centenario, que ocupa casi la mitad del ejido urbano y que la empresa explota desde 1977. En 2010, el municipio proyectó la realización de un estudio propio sobre el impacto ambiental de esa actividad en el suelo y las napas subterráneas; sin embargo, a la fecha, los informes siguen pendientes.
Desde la subsecretaría de Servicios Ambientales indicaron que controlan la explotación a partir de la información que aporta la propia petrolera y las inspecciones periódicas de los pozos.
Señalaron también que no tienen conocimiento de la realización de un estudio propio del impacto ambiental a partir de la actividad hidrocarburífera, salvo el que se proyectó en 2010 y aún no concluyó. “Lo que pasa es que se trata de trabajos de costos elevados, por eso es difícil que se afronten con fondos municipales”, explicó Paola Guerrero, directora municipal de Ambiente.
Los dos estudios previstos forman parte del acuerdo que firmó el gobierno comunal con Pluspetrol hace dos años y deben financiarse con fondos aportados por la propia empresa, pero gestionados por el Ejecutivo.
El 22 de julio de 2010, al momento de rubricar el acuerdo, el entonces intendente Martín Farizano destacó la relevancia del informe que se proyectaba. Afirmó que iba “a encarar un profundo estudio de impacto ambiental respecto de las consecuencias actuales y futuras de la explotación petrolera en el ejido urbano de la ciudad".
El primero de los estudios proyectados, denominado “Degradación del suelo y sanidad edáfica con relación a la actividad industrial, petrolera y agrícola en Valentina Norte”, se adjudicó en diciembre pasado a la consultora Juan Mendía, con un presupuesto de 298 mil pesos. El relevamiento comenzó en enero y está previsto que finalice para junio de este año.
El segundo estudio, titulado “Contaminación del agua subterránea con relación a la actividad industrial, petrolera y agrícola en Valentina Norte”, está en etapa de preadjudicación a la firma Cooprogetti y aún no comenzó, según informaron desde la subsecretaría de Obras Públicas del municipio.
Hasta contar con esa información, la subsecretaría de Servicios Ambientales trabaja con los datos provistos por Pluspetrol. Los pozos están en la zona de Valentina Norte Rural, algunos quedaron a metros de asentamientos irregulares y de la traza de la autovía de la Meseta.
Nueve pozos para remediación
Además de controlar, la subsecretaría municipal de Servicios Ambientales inspecciona el plan de remediación de Pluspetrol para antiguas perforaciones inactivas, donde se estima que quedaron piletas de lodos con hidrocarburos.
Mario Celardi, director del área, contó que quedaron pozos previos a la llegada de Pluspetrol, algunos de 1964, “cuando no había tantas normativas ambientales”. En estos casos, señaló, la empresa viene aplicando un plan de remediación paulatino.
“El año pasado, se trabajó en identificar cuáles eran los pozos que podían tener piletas naturales y se caracterizaron nueve, de los que estamos esperando los análisis y después tienen que presentar el plan de cómo va a ser la remediación”, comentó.
Añadió que “varias piletas fueron remediadas en su momento pero quedan más y por eso Pluspetrol presentó un plan de trabajo”.
Afirmó también que, respecto de las perforaciones actuales, “estando bien controlado, no hay inconvenientes; pero hay que aclarar que nosotros podemos actuar hasta cierto límite, después está lo que Nación y Provincia autoricen”.
Además de los pozos, hay ductos que transportan el petróleo. En este caso, Celardi afirmó que “van al costado de la calle, siempre en terrenos públicos, y no se permite que pasen por debajo de una vivienda”.
Explicó además que no se puede difundir públicamente la ubicación de los pozos o los ductos por seguridad. “La política es que es información privada de la empresa, porque es información bastante sensible por la posibilidad de sabotajes”, fundamentó.
Santa Fe: ganadero cerró un arroyo del Delta
Repudian a ganadero que cerró un arroyo y preparan relevamiento de las islas
Fecha de Publicación: 24/03/2012
Fuente: Rosario 3
Provincia/Región: Santa Fe
El grupo autoconvocados "El Paraná no se Toca" denunció que un empresario tabicó un cauce de agua navegable en pleno humendal con fines privados. Se trata de una práctica que se repite y que afecta la biodiversidad de la reserva frente a Rosario. Realizaron un "velorio" de ese cauce y continuarán con más acciones para crear una red de control.
Un grupo de ambientalistas, trabajadores y amantes del río denunciaron que un empresario ganadero cerró el arroyo navegable conocido como Boca de la Cruz, en las islas frente a Rosario, con fines privados. El acto afecta la zona de humedales, una reserva de la biodiversidad local, y viola la normativa vigente. Tras ese acto, van por más: realizarán un relevamiento de las islas y buscarán conformar una red de control junto a isleños.
Los autoconvocados en defensa del río realizaron el fin de semana pasado una suerte de escrache (un "velatorio" del cauce bloqueado en ese campo) y en estos días preparan un informe para elevar a Victoria, Entre Ríos, con el fin de que se avance en los controles en la zona de islas. Además, trabajan para que el Concejo realice un pedido de informes sobre el cierre de cursos de agua navegables.
"Somos un grupo heterogéneo, con abogados, biólogos, maestros, entre otros, que nos juntamos para hacer pública esta situación. La idea es conformar una red con isleños, que permita denunciar y generar conciencia rápidamente cuando se realicen trabajos ilegales sobre los humedales", contó a Rosario3.com Maximiliano, integrante del grupo que se reúne todos los martes a las 20 en el gimnasio de capoeira Zungú, de Avellaneda y avenida Alberdi, y que invita a los interesados a sumarse.
El "velatorio" en las islas
El título del mensaje que llegó al espacio de Periodismo Ciudadano de este medio fue "Una protesta más que extraña y original, en pos de los humedales" y alertó sobre la situación.
"Un productor ganadero cerró un arroyo navegable en la zona de islas cercanas a Rosario, para poder llegar hasta su casa con una 4x4, lo que generó un malestar muy grande entre la gente del río, tanto en los pescadores que viven del recurso ictícola como en los visitantes que se llegaban hasta esa zona, pues era un verdadero reservorio de biodiversidad como había pocos en aquel maravilloso estado de conservación", señala el grupo de ambientalistas y kayaquistas de la región, que acusa a Enzo Mariani, quien además es el dueño de la guardería náutica Henry Morgan.
"El grupo autoconvocados «el Paraná no se Toca», el mismo que hace pocas semanas se opusiera fuertemente al proyecto arrocero entrerriano en los humedales, esta vez se hizo eco del último pedido que hiciera Adrían Busi, un querido kayakistas fallecido de cáncer en enero de este año: hagamos un acto en el tapón del arroyo cortado. Los kayakistas se convocaron en la zona donde se mató ese cauce de agua y prepararon un velatorio para homenajear al arroyo cortado", explicaron.
El acto de protesta se llevó a cabo el fin de semana pasado (ver imágenes y relato). Ahora, desde ese grupo adelantaron a Rosario3.com que realizarán un nuevo recorrido por otros "riachos de nuestra zona para seguir documentando, inventariando y viendo cómo están los ambientes".
Por otro lado, autoridades de Victoria les pidieron las coordenadas exactas del arroyo tabicado. La misma respuesta tuvieron desde esa Municipalidad hace cuatro años cuando se realizó una denuncia similar contra el mismo titular de ese campo (ver más abajo).
La zona de conflicto se puede ver desde el Google map, herramienta que el grupo utilizó para marcar con fotos los lugares clave. Además, desde la Asociación Rosarina de Pesca con Mosca sumaron imágenes satelitales de los terraplenes ilegales registrados hace cuatro años en el mismo campo (ver Galería de imágenes).
La historia de los terraplenes
En julio de 2008 el diario Crítica de la Argentina publicó un informe sobre el mismo accionar en ese mismo sitio, que ya realizaba el empresario Mariani.
“A sólo diez kilómetros frente a Rosario, en las islas entrerrianas, un terraplén de dos metros de alto, cinco de ancho y varios kilómetros de largo corta uno de los brazos del Paranacito, uno de los riachos internos. La obra forma parte de una serie de caminos de tierra que cortan cursos de agua y secan lagunas, como base de la estrategia de un empresario ganadero para convertir el humedal en un terreno apto para multiplicar las cabezas de su hacienda”, señalaba la nota.
“Las obras no están habilitadas por el gobierno de Entre Ríos y violan la ley provincial nº 9172 de uso del agua, algo que al ente con poder de policía en el tema le consta, pero no actúa «por los tiempos que lleva un trámite en la administración pública»”, continúa el texto que puede rastrearse por internet aunque no en la página del extinto diario Critica, dada de baja.
La evidencia de que la ausencia de controles es un peligro para la preservación del humedal, uno de los más importantes del mundo, queda a sólo 45 minutos en lancha desde Rosario, a tres kilómetros de la ruta a Victoria y a sólo un click de la computadora de algún funcionario que le eche una miradita al famoso programa de imágenes satelitales Google Earth.
“Es cierto, existen muchos terraplenes que se realizan de forma ilegal”, reconoció Pamela María, titular del Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua de Entre Ríos (Corufa). El ente, que depende de la Secretaría de Producción, ejerce el poder de policía sobre la zona pero cuenta con “tres o cuatro inspectores”, según apuntó la funcionaria. Crítica de Santa Fe quiso saber la cantidad de inspecciones que el Corufa realizó en lo que va del año, pero no obtuvo respuesta.
La respuesta del empresario
El propietario del campo en cuestión, Enzo Mariani, defendió en aquel momento (hace más de cuatro años) sus acciones: “El Paranacito, que se utiliza para la navegación, está totalmente abierto. Lo que cerramos porque necesitamos el camino para pasar es una boca que se abre del Paranacito a la izquierda, que se conoce como el Zanjón de la Cruz, que no es navegable, salvo cuando hay creciente. Lo otro que cerramos es el comienzo de una zanja, el bañado de Sacacalzones, antes de otro zanjón, que se llamaba Pantanoso. No teníamos vinculación con una parte de nuestra propiedad y tapamos esa zanja para poder acceder del otro lado, nada más”.
Entre Ríos debería exigir habilitaciones y estudios de impacto ambiental ante cada obra en la zona de humedales. Así lo establece la ley de uso de aguas nº 9172. “Si eso no se cumple, hay una infracción y debe sancionarse”, aseguró Diego Rodríguez, abogado del grupo ecologista Mbiguá. El artículo 45 de esa norma es claro: “Los titulares de propiedades lindantes con cursos de aguas no navegables, podrán construir por su cuenta cruces o puentes, siempre que no entorpezcan o reduzcan el paso de las aguas”.
Fecha de Publicación: 24/03/2012
Fuente: Rosario 3
Provincia/Región: Santa Fe
El grupo autoconvocados "El Paraná no se Toca" denunció que un empresario tabicó un cauce de agua navegable en pleno humendal con fines privados. Se trata de una práctica que se repite y que afecta la biodiversidad de la reserva frente a Rosario. Realizaron un "velorio" de ese cauce y continuarán con más acciones para crear una red de control.
Un grupo de ambientalistas, trabajadores y amantes del río denunciaron que un empresario ganadero cerró el arroyo navegable conocido como Boca de la Cruz, en las islas frente a Rosario, con fines privados. El acto afecta la zona de humedales, una reserva de la biodiversidad local, y viola la normativa vigente. Tras ese acto, van por más: realizarán un relevamiento de las islas y buscarán conformar una red de control junto a isleños.
Los autoconvocados en defensa del río realizaron el fin de semana pasado una suerte de escrache (un "velatorio" del cauce bloqueado en ese campo) y en estos días preparan un informe para elevar a Victoria, Entre Ríos, con el fin de que se avance en los controles en la zona de islas. Además, trabajan para que el Concejo realice un pedido de informes sobre el cierre de cursos de agua navegables.
"Somos un grupo heterogéneo, con abogados, biólogos, maestros, entre otros, que nos juntamos para hacer pública esta situación. La idea es conformar una red con isleños, que permita denunciar y generar conciencia rápidamente cuando se realicen trabajos ilegales sobre los humedales", contó a Rosario3.com Maximiliano, integrante del grupo que se reúne todos los martes a las 20 en el gimnasio de capoeira Zungú, de Avellaneda y avenida Alberdi, y que invita a los interesados a sumarse.
El "velatorio" en las islas
El título del mensaje que llegó al espacio de Periodismo Ciudadano de este medio fue "Una protesta más que extraña y original, en pos de los humedales" y alertó sobre la situación.
"Un productor ganadero cerró un arroyo navegable en la zona de islas cercanas a Rosario, para poder llegar hasta su casa con una 4x4, lo que generó un malestar muy grande entre la gente del río, tanto en los pescadores que viven del recurso ictícola como en los visitantes que se llegaban hasta esa zona, pues era un verdadero reservorio de biodiversidad como había pocos en aquel maravilloso estado de conservación", señala el grupo de ambientalistas y kayaquistas de la región, que acusa a Enzo Mariani, quien además es el dueño de la guardería náutica Henry Morgan.
"El grupo autoconvocados «el Paraná no se Toca», el mismo que hace pocas semanas se opusiera fuertemente al proyecto arrocero entrerriano en los humedales, esta vez se hizo eco del último pedido que hiciera Adrían Busi, un querido kayakistas fallecido de cáncer en enero de este año: hagamos un acto en el tapón del arroyo cortado. Los kayakistas se convocaron en la zona donde se mató ese cauce de agua y prepararon un velatorio para homenajear al arroyo cortado", explicaron.
El acto de protesta se llevó a cabo el fin de semana pasado (ver imágenes y relato). Ahora, desde ese grupo adelantaron a Rosario3.com que realizarán un nuevo recorrido por otros "riachos de nuestra zona para seguir documentando, inventariando y viendo cómo están los ambientes".
Por otro lado, autoridades de Victoria les pidieron las coordenadas exactas del arroyo tabicado. La misma respuesta tuvieron desde esa Municipalidad hace cuatro años cuando se realizó una denuncia similar contra el mismo titular de ese campo (ver más abajo).
La zona de conflicto se puede ver desde el Google map, herramienta que el grupo utilizó para marcar con fotos los lugares clave. Además, desde la Asociación Rosarina de Pesca con Mosca sumaron imágenes satelitales de los terraplenes ilegales registrados hace cuatro años en el mismo campo (ver Galería de imágenes).
La historia de los terraplenes
En julio de 2008 el diario Crítica de la Argentina publicó un informe sobre el mismo accionar en ese mismo sitio, que ya realizaba el empresario Mariani.
“A sólo diez kilómetros frente a Rosario, en las islas entrerrianas, un terraplén de dos metros de alto, cinco de ancho y varios kilómetros de largo corta uno de los brazos del Paranacito, uno de los riachos internos. La obra forma parte de una serie de caminos de tierra que cortan cursos de agua y secan lagunas, como base de la estrategia de un empresario ganadero para convertir el humedal en un terreno apto para multiplicar las cabezas de su hacienda”, señalaba la nota.
“Las obras no están habilitadas por el gobierno de Entre Ríos y violan la ley provincial nº 9172 de uso del agua, algo que al ente con poder de policía en el tema le consta, pero no actúa «por los tiempos que lleva un trámite en la administración pública»”, continúa el texto que puede rastrearse por internet aunque no en la página del extinto diario Critica, dada de baja.
La evidencia de que la ausencia de controles es un peligro para la preservación del humedal, uno de los más importantes del mundo, queda a sólo 45 minutos en lancha desde Rosario, a tres kilómetros de la ruta a Victoria y a sólo un click de la computadora de algún funcionario que le eche una miradita al famoso programa de imágenes satelitales Google Earth.
“Es cierto, existen muchos terraplenes que se realizan de forma ilegal”, reconoció Pamela María, titular del Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua de Entre Ríos (Corufa). El ente, que depende de la Secretaría de Producción, ejerce el poder de policía sobre la zona pero cuenta con “tres o cuatro inspectores”, según apuntó la funcionaria. Crítica de Santa Fe quiso saber la cantidad de inspecciones que el Corufa realizó en lo que va del año, pero no obtuvo respuesta.
La respuesta del empresario
El propietario del campo en cuestión, Enzo Mariani, defendió en aquel momento (hace más de cuatro años) sus acciones: “El Paranacito, que se utiliza para la navegación, está totalmente abierto. Lo que cerramos porque necesitamos el camino para pasar es una boca que se abre del Paranacito a la izquierda, que se conoce como el Zanjón de la Cruz, que no es navegable, salvo cuando hay creciente. Lo otro que cerramos es el comienzo de una zanja, el bañado de Sacacalzones, antes de otro zanjón, que se llamaba Pantanoso. No teníamos vinculación con una parte de nuestra propiedad y tapamos esa zanja para poder acceder del otro lado, nada más”.
Entre Ríos debería exigir habilitaciones y estudios de impacto ambiental ante cada obra en la zona de humedales. Así lo establece la ley de uso de aguas nº 9172. “Si eso no se cumple, hay una infracción y debe sancionarse”, aseguró Diego Rodríguez, abogado del grupo ecologista Mbiguá. El artículo 45 de esa norma es claro: “Los titulares de propiedades lindantes con cursos de aguas no navegables, podrán construir por su cuenta cruces o puentes, siempre que no entorpezcan o reduzcan el paso de las aguas”.
Quieren un parque eólico
Industriales están interesados en construir un parque eólico
Fecha de Publicación: 24/03/2012
Fuente: La Capital de Mar del Plata
Provincia/Región: Buenos Aires
Directivos de la empresa Impsa interesaron al intendente sobre la posibilidad de instalar en parque eólico en base al aprovechamiento de los vientos que tiene Mar del Plata.
El intendente Gustavo Pulti y el presidente de Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE) Mario Dell'Olio, se reunieron ayer con el director comercial de la firma Impsa, interesada en construir un parque eólico en Mar del Plata.
Directivos de la empresa puntualizaron que el emprendimiento contará con cinco molinos cuya patente desarrollada en Argentina se denomina Unipower. Cada molino, de 85 metros de altura, tendrá una potencia de dos megavatios "y una eficiencia por arriba del 40%", según dijeron.
"Son de última tecnología y la idea es poder darle a OSSE una alimentación de energía sustentable aprovechando los vientos que uno tiene aquí", declaró el director comercial Rubén Sánchez Perco.
También aseguró que la construcción del parque generaría trabajo en la ciudad y que para el mantenimiento se tendrá en cuenta a técnicos de la ciudad "para capacitarlos mientras se va ejecutando la obra".
Impsa, radicada en Mendoza, desarrolló experiencias de este tipo en en La Rioja (donde instalaron aerogeneradores de distinta característica), en Santiago del Estero (proyecta colocar cuatro generadores) y en el sur.
De la reunión en el despacho principal del Palacio Municipal participaron también el directivo de Impsa Francisco López, el gerente de Recursos Hídricos de OSSE Luis Merida y el asesor del directorio de la empresa municipal Pablo Vittar Marteau.
Fecha de Publicación: 24/03/2012
Fuente: La Capital de Mar del Plata
Provincia/Región: Buenos Aires
Directivos de la empresa Impsa interesaron al intendente sobre la posibilidad de instalar en parque eólico en base al aprovechamiento de los vientos que tiene Mar del Plata.
El intendente Gustavo Pulti y el presidente de Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE) Mario Dell'Olio, se reunieron ayer con el director comercial de la firma Impsa, interesada en construir un parque eólico en Mar del Plata.
Directivos de la empresa puntualizaron que el emprendimiento contará con cinco molinos cuya patente desarrollada en Argentina se denomina Unipower. Cada molino, de 85 metros de altura, tendrá una potencia de dos megavatios "y una eficiencia por arriba del 40%", según dijeron.
"Son de última tecnología y la idea es poder darle a OSSE una alimentación de energía sustentable aprovechando los vientos que uno tiene aquí", declaró el director comercial Rubén Sánchez Perco.
También aseguró que la construcción del parque generaría trabajo en la ciudad y que para el mantenimiento se tendrá en cuenta a técnicos de la ciudad "para capacitarlos mientras se va ejecutando la obra".
Impsa, radicada en Mendoza, desarrolló experiencias de este tipo en en La Rioja (donde instalaron aerogeneradores de distinta característica), en Santiago del Estero (proyecta colocar cuatro generadores) y en el sur.
De la reunión en el despacho principal del Palacio Municipal participaron también el directivo de Impsa Francisco López, el gerente de Recursos Hídricos de OSSE Luis Merida y el asesor del directorio de la empresa municipal Pablo Vittar Marteau.
La Corte escucha a pueblos originarios por el litio
La Corte escucha a pueblos originarios por el litio
Fecha de Publicación: 23/03/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Salta - Jujuy - Nacional
La Corte Suprema de Justicia interviene nuevamente en un tema social y ambiental. El próximo miércoles llegarán a Buenos Aires comunidades indígenas de Salta y Jujuy para reclamar por su participación en la discusión sobre la explotación de litio, que según ellos, está comprometiendo las actividades económicas de subsistencia que desarrollan.
La mayoría de los miembros de las comunidades trabajan o han trabajado del pastoreo de animales y la extracción de sal, que les han proveído sustento por generaciones. “Las comunidades se han enterado a través de los medios de comunicación que las empresas se instalarán en sus territorios y nunca han sido informadas ni consultadas, sobre este tema que amenaza su forma de vida”, explicó Alicia Chalabe, abogada que representa a las comunidades ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
De acuerdo con inspecciones realizadas este año, las perforaciones están generando, de manera progresiva, la inundación del terreno en las inmediaciones, lo que impedirá la extracción de sales superficiales en los sectores afectados. Asimismo, existe el riesgo de que se esté favoreciendo la difusión de sales en la superficie hacia los acuíferos de agua dulce. Esta situación fue documentada por el Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ), en las Salinas Grandes donde se realizaron actividades de prospección minera y hidrogeológica.
Actualmente al menos 12 empresas transnacionales mineras de litio exploran en la puna jujeña y salteña, con un total de 33 proyectos, de los cuales al menos cuatro buscan comenzar su explotación en los próximos 2 a 6 años.
A comienzos del año 2010, ante el inicio de movimientos por parte de las empresas mineras en el territorio, y enterándose a través de los medios de prensa provinciales y nacionales del pronto inicio de un proyecto de extracción de litio en la cuenca de Salinas Grandes y Guayatayoc, las 33 comunidades indígenas que allí habitan decidieron autoconvocarse para proteger su territorio. Ocho de ellas pertenecen a la jurisdicción de Salta y el resto, a la de Jujuy. En ellas habitan aproximadamente 6.500 personas, donde se encuentra una gran reserva de litio y potasio.
El litio tiene numerosos usos en la industria y en la medicina. Sin embargo, la mayor demanda de este mineral en los próximos años será para la fabricación de baterías de teléfonos inteligentes, tablets y, principalmente, autos eléctricos. Argentina es el tercer productor mundial con un yacimiento en explotación en el Salar del Hombre Muerto, en la provincia de Catamarca.
En la causa de amparo iniciada por las comunidades se encuentran presentadas como amigos del tribunal las siguientes organizaciones: Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), Environmental Defender Law Center (EDLC), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ).
Fecha de Publicación: 23/03/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Salta - Jujuy - Nacional
La Corte Suprema de Justicia interviene nuevamente en un tema social y ambiental. El próximo miércoles llegarán a Buenos Aires comunidades indígenas de Salta y Jujuy para reclamar por su participación en la discusión sobre la explotación de litio, que según ellos, está comprometiendo las actividades económicas de subsistencia que desarrollan.
La mayoría de los miembros de las comunidades trabajan o han trabajado del pastoreo de animales y la extracción de sal, que les han proveído sustento por generaciones. “Las comunidades se han enterado a través de los medios de comunicación que las empresas se instalarán en sus territorios y nunca han sido informadas ni consultadas, sobre este tema que amenaza su forma de vida”, explicó Alicia Chalabe, abogada que representa a las comunidades ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
De acuerdo con inspecciones realizadas este año, las perforaciones están generando, de manera progresiva, la inundación del terreno en las inmediaciones, lo que impedirá la extracción de sales superficiales en los sectores afectados. Asimismo, existe el riesgo de que se esté favoreciendo la difusión de sales en la superficie hacia los acuíferos de agua dulce. Esta situación fue documentada por el Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ), en las Salinas Grandes donde se realizaron actividades de prospección minera y hidrogeológica.
Actualmente al menos 12 empresas transnacionales mineras de litio exploran en la puna jujeña y salteña, con un total de 33 proyectos, de los cuales al menos cuatro buscan comenzar su explotación en los próximos 2 a 6 años.
A comienzos del año 2010, ante el inicio de movimientos por parte de las empresas mineras en el territorio, y enterándose a través de los medios de prensa provinciales y nacionales del pronto inicio de un proyecto de extracción de litio en la cuenca de Salinas Grandes y Guayatayoc, las 33 comunidades indígenas que allí habitan decidieron autoconvocarse para proteger su territorio. Ocho de ellas pertenecen a la jurisdicción de Salta y el resto, a la de Jujuy. En ellas habitan aproximadamente 6.500 personas, donde se encuentra una gran reserva de litio y potasio.
El litio tiene numerosos usos en la industria y en la medicina. Sin embargo, la mayor demanda de este mineral en los próximos años será para la fabricación de baterías de teléfonos inteligentes, tablets y, principalmente, autos eléctricos. Argentina es el tercer productor mundial con un yacimiento en explotación en el Salar del Hombre Muerto, en la provincia de Catamarca.
En la causa de amparo iniciada por las comunidades se encuentran presentadas como amigos del tribunal las siguientes organizaciones: Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), Environmental Defender Law Center (EDLC), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ).
Sali-Dulce: Mussi deberá explicar en la SCJ
Por la contaminación de industrias tucumanas, Mussi deberá rendir cuentas ante la Corte
Fecha de Publicación: 22/03/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Nacional - Tucumán - Santiago del Estero
El secretario de Ambiente de la Nación tiene que presentar un informe de las acciones concretadas para impedir que se continúe volcando vinaza en la cuenca Salí-Dulce. El máximo tribunal busca determinar si la vecina provincia cumplió o no con el acuerdo firmado con Santiago y la Nación.
Los ministros de la Suprema Corte convocaron para el 30 de marzo al secretario de Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, para brinde un informe detallado de las acciones tomadas para resolver la problemática de la contaminación de la cuenca Salí- Dulce. En concreto, el máximo tribunal quiere saber si Tucumán y los ingenios con destilería de esa provincia están cumpliendo con las obras de tratamiento y saneamiento contempladas en el plan vinaza y ceniza cero.
Dicho informe que presentará Mussi saldrá del encuentro que tendrá el Comité de Cuenca Salí- Dulce mañana en la ciudad capital, en la sede permanente del órgano. Como se recordará, la Corte Suprema intervino en este conflicto, a raíz la demanda ambiental que interpusieron Fiscalía de Estado y la Defensoría del Pueblo, para pedir la clausura de aquellas destilerías e ingenios que no realicen las obras y trabajos para evitar seguir contaminando el embalse Río Hondo.
Ante este escenario, la reunión que mantendrán autoridades nacionales de Tucumán y de Santiago del Estero en el Comité de Cuenca, es considerada vital por los santiagueños, ya que exigirán a los tucumanos que digan exactamente qué harán con los mil millones de litros de vinaza acumulados de la zafra anterior y también se evaluará qué estado de avance hay con respecto a las obras y trabajos comprometidos en el plan para comenzar con el saneamiento del embalse Río Hondo.
Para ello, se tendrá en cuenta el relevamiento realizado por el Comité y la Defensoría del Pueblo a las diez plantas que suscribieron el acuerdo para evitar ser sancionadas.
También figura en el orden del día el proyecto para sanear el embalse Río Hondo que presentó la empresa Solbío de Buenos Aires, en la que propone el uso de bacterias para consumir los nutrientes que generan las algas (esto como consecuencia de largos años de contaminación por parte de las industrias tucumanas, principalmente los ingenios).
Al final de la reunión se redactará el informe que deberá remitirse a Mussi quien tendrá la audiencia con la Corte.
Desde Santiago del Estero ya manifestaron que “harán valer” el acuerdo que suscribieron ambos gobiernos y el compromiso asumido por los industriales, de que empresa que no tenga las obras para tratar la vinaza, no podrá comenzar a destilar. Fuentes del Comité indicaron que una de las mayores preocupaciones es la gran cantidad de vinaza acumulada que todavía tienen los ingenios, máxime que para este año tienen proyectada una importante producción de bioetanol y en cuyo proceso de elaboración se genera la vinaza a razón de 12 litros de vinaza por cada litro de bioetanol.
Control tecnológico
En tanto, técnicos del Comité de Cuenca realizan el relevamiento de los sitios adecuados en los distintos tributarios del embalse en donde se colocarán sensores que pueden medir varios parámetros y que tienen una alarma, para alertar cuando haya algún vuelco de vinaza y de dónde proviene dicho delito ambiental. También se estudiaron las obras necesarias para evitar que estos sensores sean destruidos o robados. “Esto permitirá una alerta temprana cuando haya vuelco de desechos y poder estar antes de que llegue al embalse y poder saber si cuál ingenio ha volcado”, comentó un funcionario.
Fecha de Publicación: 22/03/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Nacional - Tucumán - Santiago del Estero
El secretario de Ambiente de la Nación tiene que presentar un informe de las acciones concretadas para impedir que se continúe volcando vinaza en la cuenca Salí-Dulce. El máximo tribunal busca determinar si la vecina provincia cumplió o no con el acuerdo firmado con Santiago y la Nación.
Los ministros de la Suprema Corte convocaron para el 30 de marzo al secretario de Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, para brinde un informe detallado de las acciones tomadas para resolver la problemática de la contaminación de la cuenca Salí- Dulce. En concreto, el máximo tribunal quiere saber si Tucumán y los ingenios con destilería de esa provincia están cumpliendo con las obras de tratamiento y saneamiento contempladas en el plan vinaza y ceniza cero.
Dicho informe que presentará Mussi saldrá del encuentro que tendrá el Comité de Cuenca Salí- Dulce mañana en la ciudad capital, en la sede permanente del órgano. Como se recordará, la Corte Suprema intervino en este conflicto, a raíz la demanda ambiental que interpusieron Fiscalía de Estado y la Defensoría del Pueblo, para pedir la clausura de aquellas destilerías e ingenios que no realicen las obras y trabajos para evitar seguir contaminando el embalse Río Hondo.
Ante este escenario, la reunión que mantendrán autoridades nacionales de Tucumán y de Santiago del Estero en el Comité de Cuenca, es considerada vital por los santiagueños, ya que exigirán a los tucumanos que digan exactamente qué harán con los mil millones de litros de vinaza acumulados de la zafra anterior y también se evaluará qué estado de avance hay con respecto a las obras y trabajos comprometidos en el plan para comenzar con el saneamiento del embalse Río Hondo.
Para ello, se tendrá en cuenta el relevamiento realizado por el Comité y la Defensoría del Pueblo a las diez plantas que suscribieron el acuerdo para evitar ser sancionadas.
También figura en el orden del día el proyecto para sanear el embalse Río Hondo que presentó la empresa Solbío de Buenos Aires, en la que propone el uso de bacterias para consumir los nutrientes que generan las algas (esto como consecuencia de largos años de contaminación por parte de las industrias tucumanas, principalmente los ingenios).
Al final de la reunión se redactará el informe que deberá remitirse a Mussi quien tendrá la audiencia con la Corte.
Desde Santiago del Estero ya manifestaron que “harán valer” el acuerdo que suscribieron ambos gobiernos y el compromiso asumido por los industriales, de que empresa que no tenga las obras para tratar la vinaza, no podrá comenzar a destilar. Fuentes del Comité indicaron que una de las mayores preocupaciones es la gran cantidad de vinaza acumulada que todavía tienen los ingenios, máxime que para este año tienen proyectada una importante producción de bioetanol y en cuyo proceso de elaboración se genera la vinaza a razón de 12 litros de vinaza por cada litro de bioetanol.
Control tecnológico
En tanto, técnicos del Comité de Cuenca realizan el relevamiento de los sitios adecuados en los distintos tributarios del embalse en donde se colocarán sensores que pueden medir varios parámetros y que tienen una alarma, para alertar cuando haya algún vuelco de vinaza y de dónde proviene dicho delito ambiental. También se estudiaron las obras necesarias para evitar que estos sensores sean destruidos o robados. “Esto permitirá una alerta temprana cuando haya vuelco de desechos y poder estar antes de que llegue al embalse y poder saber si cuál ingenio ha volcado”, comentó un funcionario.
Ayui Grande: Confirman que Soros se retiro
Confirman oficialmente que la empresa de George Soros se retiro del proyecto Ayui Grande
Fecha de Publicación: 21/03/2012
Fuente: Diario El Comercial (Formosa)
Provincia/Región: Corrientes
El ministro de la Producción de Corrientes, Jorge Vara, confirmó oficialmente hoy que la empresa Adeco Agro, del financista húngaro, George Soros, se retiró del proyecto productivo “Ayuí Grande”.
De esta manera, el funcionario afirmó que el proyecto arrocero que lideraban las empresas Copra S.A (perteneciente al grupo Clarin) y Adeco Agro (propiedad de Soros) y que integraban también las firmas Pilagá S.R.L., Tupantuva S.A., Santa Clara y Yuquerí S.A, no podrá ejecutarse.
“Que se retire una de las dos empresas inversoras más importantes, impide la continuidad del proyecto, porque incluía campos que pertenecen a esa empresa”, explicó Vara en diálogo con la prensa.
El mega emprendimiento arrocero fue duramente cuestionado por organizaciones ambientalistas y calificado de “incompatible” con el Estatuto del Río Uruguay y la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a través de la Resolución 1238 de Agosto de 2011.
Los inversores del proyecto “Ayuí Grande”, pretendían construir una represa con aguas del arroyo homónimo, inundando 8 mil hectáreas en una zona cercana a los esteros del Iberá.
En tanto, señaló que Adeco Agro, “se baja de este proyecto, pero continúa realizando la ampliación de siembra en Ita Ibaté”.
Sin embargo, Vara afirmó que “el proyecto está autorizado (por la provincia), así que podrían estar empezando, pero no veo que puedan avanzar en el proyecto original”.
“Los otros productores pueden hacer proyectos, lo que no va a haber es una represa significativa”, confirmó.
Los referentes de organizaciones ambientalistas rechazaban la construcción del dique que impulsaba el megaemprendimiento arrocero, porque iba a dejar bajo agua 8 mil hectáreas de bosques nativos, flora y fauna autóctona, además de contaminar el Miriñay, afluente del Río Uruguay, por lo que además del daño ambiental, violaría un tratado internacional con el país vecino.
En sus fundamentos en los que consideraba el daño ambiental, el presidente de la Fundación Iberá, Enrique Lacour, dijo también en varias oportunidades a Télam que el emprendimiento era “ilegal” y que pretendía “apropiarse de un bien público para fines comerciales privados”.
El Proyecto Ayuí Grande, contaba con el respaldo del gobernador Ricardo Colombi (UCR) y el de su antecesor en el cargo, su primo Arturo Colombi (UCR). (Télam).
Fecha de Publicación: 21/03/2012
Fuente: Diario El Comercial (Formosa)
Provincia/Región: Corrientes
El ministro de la Producción de Corrientes, Jorge Vara, confirmó oficialmente hoy que la empresa Adeco Agro, del financista húngaro, George Soros, se retiró del proyecto productivo “Ayuí Grande”.
De esta manera, el funcionario afirmó que el proyecto arrocero que lideraban las empresas Copra S.A (perteneciente al grupo Clarin) y Adeco Agro (propiedad de Soros) y que integraban también las firmas Pilagá S.R.L., Tupantuva S.A., Santa Clara y Yuquerí S.A, no podrá ejecutarse.
“Que se retire una de las dos empresas inversoras más importantes, impide la continuidad del proyecto, porque incluía campos que pertenecen a esa empresa”, explicó Vara en diálogo con la prensa.
El mega emprendimiento arrocero fue duramente cuestionado por organizaciones ambientalistas y calificado de “incompatible” con el Estatuto del Río Uruguay y la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a través de la Resolución 1238 de Agosto de 2011.
Los inversores del proyecto “Ayuí Grande”, pretendían construir una represa con aguas del arroyo homónimo, inundando 8 mil hectáreas en una zona cercana a los esteros del Iberá.
En tanto, señaló que Adeco Agro, “se baja de este proyecto, pero continúa realizando la ampliación de siembra en Ita Ibaté”.
Sin embargo, Vara afirmó que “el proyecto está autorizado (por la provincia), así que podrían estar empezando, pero no veo que puedan avanzar en el proyecto original”.
“Los otros productores pueden hacer proyectos, lo que no va a haber es una represa significativa”, confirmó.
Los referentes de organizaciones ambientalistas rechazaban la construcción del dique que impulsaba el megaemprendimiento arrocero, porque iba a dejar bajo agua 8 mil hectáreas de bosques nativos, flora y fauna autóctona, además de contaminar el Miriñay, afluente del Río Uruguay, por lo que además del daño ambiental, violaría un tratado internacional con el país vecino.
En sus fundamentos en los que consideraba el daño ambiental, el presidente de la Fundación Iberá, Enrique Lacour, dijo también en varias oportunidades a Télam que el emprendimiento era “ilegal” y que pretendía “apropiarse de un bien público para fines comerciales privados”.
El Proyecto Ayuí Grande, contaba con el respaldo del gobernador Ricardo Colombi (UCR) y el de su antecesor en el cargo, su primo Arturo Colombi (UCR). (Télam).
Las piletas de crudo estarían mal saneadas
95% de las piletas de crudo estarían mal saneadas
Fecha de Publicación: 21/03/2012
Fuente: La Opinión Austral
Provincia/Región: Santa Cruz
Mientras el gobierno avanza en ultimar detalles de una demanda por mil millones de dólares, se estima que, en realidad, ante la extensión de los yacimientos petroleros, una vez culminado el inventario ambiental, si se aplica la Ley 3.117, el pasivo podría ser mucho mayor.
La remediación ambiental a partir del daño producido por la actividad petrolera es una preocupación no sólo para las ONG que defienden los recursos naturales, sino también para las autoridades ambientales y gubernamentales.
Aunque por razones distintas, la decisión de que las operadoras deban hacerse cargo de la remediación es una medida tomada.
Impulsa esto no sólo la recuperación de suelos contaminados, sino también el hecho de que la tarea de saneamiento es, en sí, generadora de mano de obra y de inversión dineraria.
Hoy la ley marco de renegociación de las concesiones hidrocarburíferas, la Ley 3.117, establece en su capítulo B todos los requisitos que deben cumplimentar las empresas en este aspecto, desde el inventario de los pasivos ambientales hasta la toma de un seguro de caución a favor de la Provincia, en el caso de que la remediación no se cumpla acabadamente. Incluso su ausencia puede ser causal de la rescisión de contratos.
Inmersos en una dura batalla con YPF, principal operadora de la provincia y una de las pocas que aún no han renegociado sus áreas, el debate jurídico es si hoy la empresa está comprendida por los alcances de la ley marco o no.
Hay quienes dicen que al expresar su intención por escrito de renegociar, automáticamente comienza a regir la normativa. Es en base a eso que la Provincia avanza en la intimación inicial por la remediación de pasivos del orden de los mil millones de dólares, aunque el monto final para remediar el total del daño ambiental provocado podría ser mucho mayor.
Los inspectores de Medio Ambiente de la provincia, sobre unas 1.700 piletas inspeccionadas en el último año y medio, del total que tiene la empresa, habrían verificado que el 95% de las mismas “estaban mal saneadas”, indicaron a La Opinión Austral fuentes confiables.
Por otra parte, con 5 mil pozos inactivos, un 80% de los mismos están abandonados o en proceso de abandono, para lo cual la empresa debe cumplimentar una serie de pasos, fijados en la normativa para su remediación. Se estima que sólo en el saneamiento de piletas y pozos inactivos, la inversión superaría los 500 millones de dólares.
A ello hay que sumarle la situación de acuíferos, instalaciones, ductos, suelos empetrolados, etc., con lo que se estima que, una vez inventariado, la cifra podría superar el monto que hoy se maneja en una potencial demanda a YPF.
Inversiones prometidas
Hace un año atrás, en marzo de 2011, fueron el entonces jefe de Gabinete de Peralta, Pablo González, junto al subsecretario de Medio Ambiente, Sergio Medina, quienes anunciaban, tras un encuentro mantenido entre el gobernador y directivos de YPF, que la empresa presentó a la provincia un plan de saneamiento ambiental elevado por la operadora, sólo para 2011, por 141 millones de dólares, lo que habla, a las claras, del tamaño del pasivo ambiental
González, en aquel momento, aclaró que “esto tiene, y no, que ver con aquello que establece el anexo de la Ley 3.117 en cuanto a los requerimientos que se hace a las operadoras que van a renovar los acuerdos de concesión. Tiene que ver porque viene a sanear una importante deuda que tenía la operadora en materia medioambiental en la provincia, pero todavía existe trabajo a realizar”, aclaró.
Desde las áreas comprometidas en materia de control sobre este plan anunciado el año pasado, no se ha informado si la empresa finalmente lo cumplimentó o no.
En el encuentro previo al anuncio del retiro de áreas que mantuvieron Peralta y Buzzi, el gobernador de Santa Cruz señalaba que “la desocupación en el flanco norte de Santa Cruz es importante, y nosotros necesitamos puestos de trabajo” donde la remediación ambiental está presente, “en lo que está pendiente y vigente”, donde “el pasivo ambiental de YPF, por lo menos en Santa Cruz, es enorme” y si llegado el caso se retiran las áreas a la empresa, será “YPF la que deba hacerse cargo, porque así como ellos dicen que de la YPF estatal recibieron pasivo, ahora es la misma sociedad actual que conforma esta empresa” la que debe responder.
Tal como están
El gobierno del Chubut logró notificar ayer a la operadora YPF sobre los alcances del Decreto 324, que pone fin a la concesión que la petrolera tiene sobre las áreas El Trébol-Escalante y Campamento Central-Cañadón Perdido.
“Recién hoy (ayer) se logró comunicar a la petrolera sobre la medida que fue hecha pública, ya que el domicilio que tenía en esta capital era una casa particular sin ocupantes y nos debimos constituir en Comodoro Rivadavia, donde se hizo la notificación”, dijo a Télam el secretario Legal y Técnico de la provincia, Miguel Angel Montoya.
El funcionario provincial detalló que “a partir de mañana (por hoy) corre un plazo de 90 días para que la empresa nos entregue tal como están los yacimientos, con sus implementos, bombas y bienes muebles que son parte de la estructura que ellos recibieron tras la privatización”.
Montoya adelantó que “se constituirá una mesa de diálogo entre el Estado de Chubut y la compañía para establecer una especie de inventario, y también se harán auditorías ambientales y laborales para saber cuántos obreros hay y en qué condiciones está el entorno”.
El secretario Legal y Técnico indicó además que durante estos 90 días, Chubut se encargará de seleccionar un operador para que la producción no se detenga y continúe una vez concretado el traspaso.
Fecha de Publicación: 21/03/2012
Fuente: La Opinión Austral
Provincia/Región: Santa Cruz
Mientras el gobierno avanza en ultimar detalles de una demanda por mil millones de dólares, se estima que, en realidad, ante la extensión de los yacimientos petroleros, una vez culminado el inventario ambiental, si se aplica la Ley 3.117, el pasivo podría ser mucho mayor.
La remediación ambiental a partir del daño producido por la actividad petrolera es una preocupación no sólo para las ONG que defienden los recursos naturales, sino también para las autoridades ambientales y gubernamentales.
Aunque por razones distintas, la decisión de que las operadoras deban hacerse cargo de la remediación es una medida tomada.
Impulsa esto no sólo la recuperación de suelos contaminados, sino también el hecho de que la tarea de saneamiento es, en sí, generadora de mano de obra y de inversión dineraria.
Hoy la ley marco de renegociación de las concesiones hidrocarburíferas, la Ley 3.117, establece en su capítulo B todos los requisitos que deben cumplimentar las empresas en este aspecto, desde el inventario de los pasivos ambientales hasta la toma de un seguro de caución a favor de la Provincia, en el caso de que la remediación no se cumpla acabadamente. Incluso su ausencia puede ser causal de la rescisión de contratos.
Inmersos en una dura batalla con YPF, principal operadora de la provincia y una de las pocas que aún no han renegociado sus áreas, el debate jurídico es si hoy la empresa está comprendida por los alcances de la ley marco o no.
Hay quienes dicen que al expresar su intención por escrito de renegociar, automáticamente comienza a regir la normativa. Es en base a eso que la Provincia avanza en la intimación inicial por la remediación de pasivos del orden de los mil millones de dólares, aunque el monto final para remediar el total del daño ambiental provocado podría ser mucho mayor.
Los inspectores de Medio Ambiente de la provincia, sobre unas 1.700 piletas inspeccionadas en el último año y medio, del total que tiene la empresa, habrían verificado que el 95% de las mismas “estaban mal saneadas”, indicaron a La Opinión Austral fuentes confiables.
Por otra parte, con 5 mil pozos inactivos, un 80% de los mismos están abandonados o en proceso de abandono, para lo cual la empresa debe cumplimentar una serie de pasos, fijados en la normativa para su remediación. Se estima que sólo en el saneamiento de piletas y pozos inactivos, la inversión superaría los 500 millones de dólares.
A ello hay que sumarle la situación de acuíferos, instalaciones, ductos, suelos empetrolados, etc., con lo que se estima que, una vez inventariado, la cifra podría superar el monto que hoy se maneja en una potencial demanda a YPF.
Inversiones prometidas
Hace un año atrás, en marzo de 2011, fueron el entonces jefe de Gabinete de Peralta, Pablo González, junto al subsecretario de Medio Ambiente, Sergio Medina, quienes anunciaban, tras un encuentro mantenido entre el gobernador y directivos de YPF, que la empresa presentó a la provincia un plan de saneamiento ambiental elevado por la operadora, sólo para 2011, por 141 millones de dólares, lo que habla, a las claras, del tamaño del pasivo ambiental
González, en aquel momento, aclaró que “esto tiene, y no, que ver con aquello que establece el anexo de la Ley 3.117 en cuanto a los requerimientos que se hace a las operadoras que van a renovar los acuerdos de concesión. Tiene que ver porque viene a sanear una importante deuda que tenía la operadora en materia medioambiental en la provincia, pero todavía existe trabajo a realizar”, aclaró.
Desde las áreas comprometidas en materia de control sobre este plan anunciado el año pasado, no se ha informado si la empresa finalmente lo cumplimentó o no.
En el encuentro previo al anuncio del retiro de áreas que mantuvieron Peralta y Buzzi, el gobernador de Santa Cruz señalaba que “la desocupación en el flanco norte de Santa Cruz es importante, y nosotros necesitamos puestos de trabajo” donde la remediación ambiental está presente, “en lo que está pendiente y vigente”, donde “el pasivo ambiental de YPF, por lo menos en Santa Cruz, es enorme” y si llegado el caso se retiran las áreas a la empresa, será “YPF la que deba hacerse cargo, porque así como ellos dicen que de la YPF estatal recibieron pasivo, ahora es la misma sociedad actual que conforma esta empresa” la que debe responder.
Tal como están
El gobierno del Chubut logró notificar ayer a la operadora YPF sobre los alcances del Decreto 324, que pone fin a la concesión que la petrolera tiene sobre las áreas El Trébol-Escalante y Campamento Central-Cañadón Perdido.
“Recién hoy (ayer) se logró comunicar a la petrolera sobre la medida que fue hecha pública, ya que el domicilio que tenía en esta capital era una casa particular sin ocupantes y nos debimos constituir en Comodoro Rivadavia, donde se hizo la notificación”, dijo a Télam el secretario Legal y Técnico de la provincia, Miguel Angel Montoya.
El funcionario provincial detalló que “a partir de mañana (por hoy) corre un plazo de 90 días para que la empresa nos entregue tal como están los yacimientos, con sus implementos, bombas y bienes muebles que son parte de la estructura que ellos recibieron tras la privatización”.
Montoya adelantó que “se constituirá una mesa de diálogo entre el Estado de Chubut y la compañía para establecer una especie de inventario, y también se harán auditorías ambientales y laborales para saber cuántos obreros hay y en qué condiciones está el entorno”.
El secretario Legal y Técnico indicó además que durante estos 90 días, Chubut se encargará de seleccionar un operador para que la producción no se detenga y continúe una vez concretado el traspaso.
Reclaman un registro de sustancias contaminantes
Organizaciones reclaman un Registro Público de sustancias contaminantes
Fecha de Publicación: 20/03/2012
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Nacional
El Secretario de Ambiente de la Nación y titular de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, Juan José Mussi y los representantes de las organizaciones de control designadas por la Corte Suprema coincidieron esta mañana en la necesidad de analizar la creación de un Registro Público de sustancias contaminantes.
En el marco de la Jornada sobre Derecho a Saber y Contaminación Industrial en la Cuenca del Riachuelo coordinada por Greenpeace y la Defensoría del Pueblo de la Nación, el director ejecutivo de la entidad ambientalista, Martín Prieto, reconoció avances en el proceso de fiscalización: “En los últimos tiempos ha habido mejoras en los controles. Sin embargo, todavía es insuficiente. Es preciso que estos controles apunten al cese de los vertidos contaminantes e incorporen sustancias que hoy no están en la normativa de Acumar”.
Por su parte, el defensor adjunto del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, consideró que “Es necesario fortalecer los instrumentos de acceso a la información pública ambiental y de participación ciudadana para afianzar el paradigma de la sustentabilidad que garantice el derecho ambiental”
El seminario, organizado por la Defensoría del Pueblo de la Nación, Greenpeace, Asociación Vecinos de la Boca, FARN, CELS, ACDH, integrantes del Cuerpo Colegiado designado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Riachuelo", tuvo como objetivo conocer la distintas experiencias de Registros de Emisiones y Transferencias Contaminantes en el mundo y evaluar su posible implementación en la cuenca del Riachuelo como herramienta para el control de la contaminación industrial.
El derecho de la sociedad a la información es el fundamento de los Registros de emisiones y Transferencia Contaminantes (RETC). Esta herramienta es un inventario que brinda información sobre la cantidad y toxicidad de algunas sustancias químicas emitidas por las industrias.
Los registros, implementados en muchos países, son instrumentos de política ambiental que permiten al ciudadano ejercer su derecho a saber y conocer los riesgos ambientales que deben afrontarse.
Fecha de Publicación: 20/03/2012
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Nacional
El Secretario de Ambiente de la Nación y titular de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, Juan José Mussi y los representantes de las organizaciones de control designadas por la Corte Suprema coincidieron esta mañana en la necesidad de analizar la creación de un Registro Público de sustancias contaminantes.
En el marco de la Jornada sobre Derecho a Saber y Contaminación Industrial en la Cuenca del Riachuelo coordinada por Greenpeace y la Defensoría del Pueblo de la Nación, el director ejecutivo de la entidad ambientalista, Martín Prieto, reconoció avances en el proceso de fiscalización: “En los últimos tiempos ha habido mejoras en los controles. Sin embargo, todavía es insuficiente. Es preciso que estos controles apunten al cese de los vertidos contaminantes e incorporen sustancias que hoy no están en la normativa de Acumar”.
Por su parte, el defensor adjunto del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, consideró que “Es necesario fortalecer los instrumentos de acceso a la información pública ambiental y de participación ciudadana para afianzar el paradigma de la sustentabilidad que garantice el derecho ambiental”
El seminario, organizado por la Defensoría del Pueblo de la Nación, Greenpeace, Asociación Vecinos de la Boca, FARN, CELS, ACDH, integrantes del Cuerpo Colegiado designado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Riachuelo", tuvo como objetivo conocer la distintas experiencias de Registros de Emisiones y Transferencias Contaminantes en el mundo y evaluar su posible implementación en la cuenca del Riachuelo como herramienta para el control de la contaminación industrial.
El derecho de la sociedad a la información es el fundamento de los Registros de emisiones y Transferencia Contaminantes (RETC). Esta herramienta es un inventario que brinda información sobre la cantidad y toxicidad de algunas sustancias químicas emitidas por las industrias.
Los registros, implementados en muchos países, son instrumentos de política ambiental que permiten al ciudadano ejercer su derecho a saber y conocer los riesgos ambientales que deben afrontarse.
Cenizas y sequía impactan en la biodiversidad
Cenizas volcánicas y sequía impactan en la flora y fauna patagónica
Fecha de Publicación: 20/03/2012
Fuente: Agencia CyTA-Instituto Leloir
Provincia/Región: Patagonia
Un informe del CONICET revela el impacto de las cenizas volcánicas y la sequía sobre la vegetación patagónica. La erupción del Puyehue y la reducción de las precipitaciones disminuyeron un 42 por ciento la producción de materia seca –principal fuente de alimento del ganado- en amplias zonas de la estepa rionegrina.
El 2011 fue un año particularmente duro para los habitantes humanos y animales de la estepa rionegrina. Las cenizas derivadas de la erupción del volcán Puyehue y una caída en las precipitaciones del 30-50 por ciento respecto de la media produjeron, en conjunto, una reducción marcada en el crecimiento de la vegetación que sirve de alimento al ganado en cuatro departamentos de la provincia.
Así lo confirmaron científicos del Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART) del Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a la Agricultura (Ifeva) de la Facultad de Agronomía de la UBA y del Conicet, para quienes las cenizas y la sequía “han traído como consecuencia un 42 por ciento menos de producción de materia (vegetal) seca” en los departamentos de Pilcaniyeu, El Cuy, 25 de Mayo y Ñorquinco, donde se llevó a la cabo la investigación.
El departamento Pilcaniyeu fue el más afectado, dado que un 52 por ciento de su área presentó niveles de crecimiento de materia seca de un 50 por ciento por debajo del promedio. Efectos similares se verificaron, respectivamente, en el 46 por ciento y el 36 por ciento del área de Ñorquinco y 25 de Mayo. En el departamento El Cuy, en tanto, se observó una mengua en el desarrollo vegetal del 30 al 50 por ciento en más de dos terceras partes de su territorio.
Según explicó el autor principal del informe, Gonzalo Irisarri, las cenizas depositadas sobre las hojas actúan como un “sombreo”, es decir, reducen la cantidad de luz solar que las plantas pueden absorber. Esto reduce la fotosíntesis y, en consecuencia, el crecimiento de las plantas, afirmó el docente de la UBA y becario doctoral del CONICET. La reducción en las precipitaciones sólo sirvió para agravar el panorama.
La información fue obtenida a partir del análisis de datos provistos por sensores a bordo de satélites –como el satélite TERRA de la NASA – y de mapas de tipos fisonómicos de vegetación, entre otras fuentes de datos.
Los datos obtenidos tienen una aplicación práctica inmediata, destacó Irisarri. Contar con este tipo de información podría, por ejemplo, establecer áreas de prioridad para una eventual asistencia a productores, definir sobre una base sólida cuál debe ser el nivel de carga que pueden soportar las estepas afectadas y comparar el impacto de este fenómeno con otras situaciones extremas ya sufridas en la región.
En la elaboración del informe también participaron Martín Oesterheld, José Paruelo, Pablo Baldassini, Dolores Arocena y Mariano Oyarzabal.
Las cenizas y la reducción de las precipitaciones han traído como consecuencia un 42 por ciento menos de producción de materia seca –principal fuente de alimento del ganado- en amplias zonas de los departamentos de Pilcaniyeu, El Cuy, 25 de Mayo y Ñorquinco, en la Provincia de Río Negro.
Fecha de Publicación: 20/03/2012
Fuente: Agencia CyTA-Instituto Leloir
Provincia/Región: Patagonia
Un informe del CONICET revela el impacto de las cenizas volcánicas y la sequía sobre la vegetación patagónica. La erupción del Puyehue y la reducción de las precipitaciones disminuyeron un 42 por ciento la producción de materia seca –principal fuente de alimento del ganado- en amplias zonas de la estepa rionegrina.
El 2011 fue un año particularmente duro para los habitantes humanos y animales de la estepa rionegrina. Las cenizas derivadas de la erupción del volcán Puyehue y una caída en las precipitaciones del 30-50 por ciento respecto de la media produjeron, en conjunto, una reducción marcada en el crecimiento de la vegetación que sirve de alimento al ganado en cuatro departamentos de la provincia.
Así lo confirmaron científicos del Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART) del Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a la Agricultura (Ifeva) de la Facultad de Agronomía de la UBA y del Conicet, para quienes las cenizas y la sequía “han traído como consecuencia un 42 por ciento menos de producción de materia (vegetal) seca” en los departamentos de Pilcaniyeu, El Cuy, 25 de Mayo y Ñorquinco, donde se llevó a la cabo la investigación.
El departamento Pilcaniyeu fue el más afectado, dado que un 52 por ciento de su área presentó niveles de crecimiento de materia seca de un 50 por ciento por debajo del promedio. Efectos similares se verificaron, respectivamente, en el 46 por ciento y el 36 por ciento del área de Ñorquinco y 25 de Mayo. En el departamento El Cuy, en tanto, se observó una mengua en el desarrollo vegetal del 30 al 50 por ciento en más de dos terceras partes de su territorio.
Según explicó el autor principal del informe, Gonzalo Irisarri, las cenizas depositadas sobre las hojas actúan como un “sombreo”, es decir, reducen la cantidad de luz solar que las plantas pueden absorber. Esto reduce la fotosíntesis y, en consecuencia, el crecimiento de las plantas, afirmó el docente de la UBA y becario doctoral del CONICET. La reducción en las precipitaciones sólo sirvió para agravar el panorama.
La información fue obtenida a partir del análisis de datos provistos por sensores a bordo de satélites –como el satélite TERRA de la NASA – y de mapas de tipos fisonómicos de vegetación, entre otras fuentes de datos.
Los datos obtenidos tienen una aplicación práctica inmediata, destacó Irisarri. Contar con este tipo de información podría, por ejemplo, establecer áreas de prioridad para una eventual asistencia a productores, definir sobre una base sólida cuál debe ser el nivel de carga que pueden soportar las estepas afectadas y comparar el impacto de este fenómeno con otras situaciones extremas ya sufridas en la región.
En la elaboración del informe también participaron Martín Oesterheld, José Paruelo, Pablo Baldassini, Dolores Arocena y Mariano Oyarzabal.
Las cenizas y la reducción de las precipitaciones han traído como consecuencia un 42 por ciento menos de producción de materia seca –principal fuente de alimento del ganado- en amplias zonas de los departamentos de Pilcaniyeu, El Cuy, 25 de Mayo y Ñorquinco, en la Provincia de Río Negro.
Riachuelo: mancha negra que no deja de crecer
Esa mancha negra que no deja de crecer
Fecha de Publicación: 19/03/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Según el informe realizado por la ONG ambientalista, unos análisis del Riachuelo determinaron la existencia de tóxicos no controlados en la legislación argentina, pero que son rechazados por países de la Unión Europea. La situación de las grandes empresas.
Una investigación efectuada por la entidad ambientalista Greenpeace, sobre efluentes de curtiembres sobre el Riachuelo, indicó la presencia de sustancias tóxicas que, en Europa y en otros países latinoamericanos, estarían ya bajo control. Según el informe, “muchas curtiembres, aprovechando que las regulaciones argentinas son débiles, no implementan controles adecuados de las sustancias que emiten”. Greenpeace reconoce que “desde este último año, Acumar (Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo) fiscaliza a las empresas, muestrea efluentes y requiere procesos de reconversión”, pero “hay sustancias tóxicas que la normativa actual no contempla” y además “no se limita la masa total de contaminantes que una empresa puede emitir”. Además, Greenpeace requiere que “las grandes curtiembres no se limiten a cumplir las normas vigentes: deben difundir públicamente qué sustancias emiten y fijarse plazos para eliminar las peligrosas”. En respuesta, el director ejecutivo de Acumar admitió la necesidad de limitar la masa de efluentes para cada empresa y afirmó que “ahora, cuando ya sabemos quiénes contaminan y los hemos inspeccionado, hay que avanzar en el control de sustancias que internacionalmente ya no se consideran aceptables”.
El informe “Nuevas evidencias de contaminación de curtiembres en la cuenca Matanza-Riachuelo”, de Greenpeace, recuerda que las curtiembres fueron identificadas por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS), en 2006, como responsables del 50 por ciento de la degradación ambiental del Riachuelo, y señala que “el sector está dominado por un grupo de grandes empresas, que concentran la mayor parte de la producción y el 80 por ciento de las exportaciones. El resto está constituido por múltiples curtiembres medianas y chicas que proveen al mercado interno”. Afirma que las grandes curtiembres “se adaptaron a las exigencias de calidad de sus productos para competir en mercados internacionales, pero no adoptaron estrategias eficaces para terminar con el vertido de sustancias peligrosas” y que “aprovechan la legislación local, más laxa que la vigente en muchos países, para no implementar controles estrictos”. Entre estas empresas menciona a Arlei, Sadesa, Fonseca, La Hispano Argentina, Angel Giordano, Urciuoli y Américo Gaita”.
Greenpeace señala que “hasta fines de 2011, más de 80 curtiembres –de un total superior a las 170– fueron declaradas como agentes contaminantes por la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar). A partir de ello, están obligadas a implementar planes de reconversión industrial”. Sin embargo, “la normativa vigente sobre vertidos industriales no sólo permite sustancias contaminantes por concentración de vertidos sino que no contempla una gran variedad de sustancias tóxicas. Este marco regulatorio débil, sumado a la falta de políticas de gestión de sustancias peligrosas por las industrias, no permitirá una verdadera recomposición ambiental de la Cuenca”.
Según explicó Lorena Pujó, coordinadora de la campaña Riachuelo de Greenpeace, “si consideramos laxa la normativa argentina es por dos motivos. Primero, porque el control en los efluentes de las industrias se limita a las sustancias tóxicas incluidas en la Resolución 1/2007 de Acumar. Esa norma fue un buen comienzo, pero otras legislaciones se revisan y actualizan a medida que se investigan mejor las sustancias a controlar. Así, la normativa brasileña incluye el control del cloroformo, los dicloroetilenos y el tricloroetileno; la chilena, el pentaclorofenol, el tolueno, el xileno y otras sustancias. Una segunda limitación de nuestra normativa es no tomar en cuenta la ‘carga másica’: supongamos que se vierte ‘x’ cantidad de una sustancia por litro de efluentes, pero no se establece cuál es la cantidad total máxima que cada empresa en particular puede descargar en un año o en un mes”.
“Reconocemos que, especialmente en el último año, hubo muchos avances por parte de la Acumar –puntualizó la representante de Greenpeace–. Antes ni siquiera se sabía cuántas industrias había en la Cuenca. Ahora se está empadronando a todas las empresas; Acumar las fiscaliza y muestrea los efluentes; a aquellas donde detecta emisión de sustancias tóxicas las declara agentes contaminantes y les ordena iniciar un proceso de reconversión industrial. Sin embargo, mientras no se incorporen otras sustancias tóxicas a la normativa y mientras no se incluya la ‘carga másica’, no se va a recomponer el Riachuelo.” Según el informe de la entidad ambientalista, “nueve empresas, entre ellas dos curtiembres, que en noviembre de 2011 fueron declaradas ‘reconvertidas’ por Acumar de acuerdo con la normativa vigente, siguen vertiendo sustancias tóxicas”. Por eso, Pujó sostiene que “aun si se reconvirtieran todas las empresas de acuerdo con la normativa actual de Acumar, el Riachuelo seguiría sin sanearse”.
Greenpeace tomó muestras de efluentes de curtiembres y las envió para su análisis en el laboratorio central de la entidad en Exeter, Gran Bretaña. Una serie de tomas se efectuó –entre fines de 2010 y abril de 2011– sobre las descargas de La Hispano, ubicada en el barrio porteño de Mataderos: “Los análisis demuestran la presencia de sustancias tóxicas, persistentes y bioacumulativas, como ftalatos, reconocidos como ‘sustancia de muy alta preocupación’ por la regulación Reach (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals), de la Unión Europea”. Greenpeace sostiene que “La Hispano, como empresa líder del sector exportador de las curtiembres, tiene una posición clave para realizar cambios en su proceso productivo y eliminar las sustancias peligrosas de sus vertidos”.
Otra serie de muestreos se efectuó, entre abril y mayo de 2011, sobre efluentes de curtiembres en el municipio de Lanús, conocido históricamente como “la capital del cuero” por la cantidad de estas industrias allí radicadas. Se eligieron “cuatro curtiembres representativas: Américo Gaita, Angel Giordano, María Lettieri y La Teresa”, ya declaradas como agentes contaminantes por Acumar. Los análisis de Greenpeace “demuestran la presencia de un alto porcentaje de compuestos orgánicos contaminantes”, entre ellos “el nonilfenol, reconocido como contaminante prioritario en sistemas hídricos desde hace más de una década e incluido en la primera lista de químicos de la Convención Ospar (Convenio para la Protección del Medio Marino del Atlántico del Nordeste), para que cesen sus vertidos en 2020”. Ese plazo “obedece a que es necesario trabajar con 10 a 15 de años de anticipación para lograr un adecuado reemplazo de la sustancia tóxica”, aclaró Pujó, y señaló que “estas sustancias tampoco están incluidas entre las mediciones de Acumar”.
El documento de Greenpeace sostiene que “las empresas no deben limitarse a cumplir con la norma vigente: las grandes curtiembres deben tomar la iniciativa de identificar y eliminar las sustancias peligrosas. Es necesario que difundan públicamente qué sustancias emplean e identifiquen las que debieran ser eliminadas”.
–¿Por qué suponer que las empresas van a controlarse a sí mismas aun más allá de la normativa vigente? –preguntó Página12.
–Porque también tienen clientela local. Por eso el año pasado hicimos público un informe (que Página/12 difundió el 8 de agosto de 2011) sobre prestigiosas zapaterías que utilizan cuero de empresas contaminantes. Esas empresas hoy les demandan a las curtiembres lo mismo que nosotros. Y las curtiembres grandes y medianas tienen capacidad como para implementar estos procesos –contestó Lorena Pujó–. Según la ambientalista, “si se hacen las cosas bien, será posible lograr, en 20 o 25 años, un saneamiento real del Riachuelo. La condición es establecer un compromiso de vertido cero, con metas intermedias y plazos atendibles”.
Fecha de Publicación: 19/03/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Según el informe realizado por la ONG ambientalista, unos análisis del Riachuelo determinaron la existencia de tóxicos no controlados en la legislación argentina, pero que son rechazados por países de la Unión Europea. La situación de las grandes empresas.
Una investigación efectuada por la entidad ambientalista Greenpeace, sobre efluentes de curtiembres sobre el Riachuelo, indicó la presencia de sustancias tóxicas que, en Europa y en otros países latinoamericanos, estarían ya bajo control. Según el informe, “muchas curtiembres, aprovechando que las regulaciones argentinas son débiles, no implementan controles adecuados de las sustancias que emiten”. Greenpeace reconoce que “desde este último año, Acumar (Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo) fiscaliza a las empresas, muestrea efluentes y requiere procesos de reconversión”, pero “hay sustancias tóxicas que la normativa actual no contempla” y además “no se limita la masa total de contaminantes que una empresa puede emitir”. Además, Greenpeace requiere que “las grandes curtiembres no se limiten a cumplir las normas vigentes: deben difundir públicamente qué sustancias emiten y fijarse plazos para eliminar las peligrosas”. En respuesta, el director ejecutivo de Acumar admitió la necesidad de limitar la masa de efluentes para cada empresa y afirmó que “ahora, cuando ya sabemos quiénes contaminan y los hemos inspeccionado, hay que avanzar en el control de sustancias que internacionalmente ya no se consideran aceptables”.
El informe “Nuevas evidencias de contaminación de curtiembres en la cuenca Matanza-Riachuelo”, de Greenpeace, recuerda que las curtiembres fueron identificadas por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS), en 2006, como responsables del 50 por ciento de la degradación ambiental del Riachuelo, y señala que “el sector está dominado por un grupo de grandes empresas, que concentran la mayor parte de la producción y el 80 por ciento de las exportaciones. El resto está constituido por múltiples curtiembres medianas y chicas que proveen al mercado interno”. Afirma que las grandes curtiembres “se adaptaron a las exigencias de calidad de sus productos para competir en mercados internacionales, pero no adoptaron estrategias eficaces para terminar con el vertido de sustancias peligrosas” y que “aprovechan la legislación local, más laxa que la vigente en muchos países, para no implementar controles estrictos”. Entre estas empresas menciona a Arlei, Sadesa, Fonseca, La Hispano Argentina, Angel Giordano, Urciuoli y Américo Gaita”.
Greenpeace señala que “hasta fines de 2011, más de 80 curtiembres –de un total superior a las 170– fueron declaradas como agentes contaminantes por la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar). A partir de ello, están obligadas a implementar planes de reconversión industrial”. Sin embargo, “la normativa vigente sobre vertidos industriales no sólo permite sustancias contaminantes por concentración de vertidos sino que no contempla una gran variedad de sustancias tóxicas. Este marco regulatorio débil, sumado a la falta de políticas de gestión de sustancias peligrosas por las industrias, no permitirá una verdadera recomposición ambiental de la Cuenca”.
Según explicó Lorena Pujó, coordinadora de la campaña Riachuelo de Greenpeace, “si consideramos laxa la normativa argentina es por dos motivos. Primero, porque el control en los efluentes de las industrias se limita a las sustancias tóxicas incluidas en la Resolución 1/2007 de Acumar. Esa norma fue un buen comienzo, pero otras legislaciones se revisan y actualizan a medida que se investigan mejor las sustancias a controlar. Así, la normativa brasileña incluye el control del cloroformo, los dicloroetilenos y el tricloroetileno; la chilena, el pentaclorofenol, el tolueno, el xileno y otras sustancias. Una segunda limitación de nuestra normativa es no tomar en cuenta la ‘carga másica’: supongamos que se vierte ‘x’ cantidad de una sustancia por litro de efluentes, pero no se establece cuál es la cantidad total máxima que cada empresa en particular puede descargar en un año o en un mes”.
“Reconocemos que, especialmente en el último año, hubo muchos avances por parte de la Acumar –puntualizó la representante de Greenpeace–. Antes ni siquiera se sabía cuántas industrias había en la Cuenca. Ahora se está empadronando a todas las empresas; Acumar las fiscaliza y muestrea los efluentes; a aquellas donde detecta emisión de sustancias tóxicas las declara agentes contaminantes y les ordena iniciar un proceso de reconversión industrial. Sin embargo, mientras no se incorporen otras sustancias tóxicas a la normativa y mientras no se incluya la ‘carga másica’, no se va a recomponer el Riachuelo.” Según el informe de la entidad ambientalista, “nueve empresas, entre ellas dos curtiembres, que en noviembre de 2011 fueron declaradas ‘reconvertidas’ por Acumar de acuerdo con la normativa vigente, siguen vertiendo sustancias tóxicas”. Por eso, Pujó sostiene que “aun si se reconvirtieran todas las empresas de acuerdo con la normativa actual de Acumar, el Riachuelo seguiría sin sanearse”.
Greenpeace tomó muestras de efluentes de curtiembres y las envió para su análisis en el laboratorio central de la entidad en Exeter, Gran Bretaña. Una serie de tomas se efectuó –entre fines de 2010 y abril de 2011– sobre las descargas de La Hispano, ubicada en el barrio porteño de Mataderos: “Los análisis demuestran la presencia de sustancias tóxicas, persistentes y bioacumulativas, como ftalatos, reconocidos como ‘sustancia de muy alta preocupación’ por la regulación Reach (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals), de la Unión Europea”. Greenpeace sostiene que “La Hispano, como empresa líder del sector exportador de las curtiembres, tiene una posición clave para realizar cambios en su proceso productivo y eliminar las sustancias peligrosas de sus vertidos”.
Otra serie de muestreos se efectuó, entre abril y mayo de 2011, sobre efluentes de curtiembres en el municipio de Lanús, conocido históricamente como “la capital del cuero” por la cantidad de estas industrias allí radicadas. Se eligieron “cuatro curtiembres representativas: Américo Gaita, Angel Giordano, María Lettieri y La Teresa”, ya declaradas como agentes contaminantes por Acumar. Los análisis de Greenpeace “demuestran la presencia de un alto porcentaje de compuestos orgánicos contaminantes”, entre ellos “el nonilfenol, reconocido como contaminante prioritario en sistemas hídricos desde hace más de una década e incluido en la primera lista de químicos de la Convención Ospar (Convenio para la Protección del Medio Marino del Atlántico del Nordeste), para que cesen sus vertidos en 2020”. Ese plazo “obedece a que es necesario trabajar con 10 a 15 de años de anticipación para lograr un adecuado reemplazo de la sustancia tóxica”, aclaró Pujó, y señaló que “estas sustancias tampoco están incluidas entre las mediciones de Acumar”.
El documento de Greenpeace sostiene que “las empresas no deben limitarse a cumplir con la norma vigente: las grandes curtiembres deben tomar la iniciativa de identificar y eliminar las sustancias peligrosas. Es necesario que difundan públicamente qué sustancias emplean e identifiquen las que debieran ser eliminadas”.
–¿Por qué suponer que las empresas van a controlarse a sí mismas aun más allá de la normativa vigente? –preguntó Página12.
–Porque también tienen clientela local. Por eso el año pasado hicimos público un informe (que Página/12 difundió el 8 de agosto de 2011) sobre prestigiosas zapaterías que utilizan cuero de empresas contaminantes. Esas empresas hoy les demandan a las curtiembres lo mismo que nosotros. Y las curtiembres grandes y medianas tienen capacidad como para implementar estos procesos –contestó Lorena Pujó–. Según la ambientalista, “si se hacen las cosas bien, será posible lograr, en 20 o 25 años, un saneamiento real del Riachuelo. La condición es establecer un compromiso de vertido cero, con metas intermedias y plazos atendibles”.
Minería: Derecho a decidir
Derecho a decidir
Fecha de Publicación: 19/03/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Los megaproyectos mineros pasaron de 18 en 2002 a más de 600 en 2011, representando en la actualidad el 5 por ciento del PBI. Para preservar el medio ambiente, los desarrollistas proponen incrementar los controles y los ambientalistas, prohibir la megaminería.
En 1993 se sancionó la Ley de Inversiones Mineras que, contando con el apoyo de casi todo el arco político, establecía grandes beneficios a las transnacionales: congelamiento de la carga tributaria por 30 años, deducción del 100 por ciento de la inversión en el impuesto a las Ganancias, exención del pago de los derechos de importación, límite del 3 por ciento para el cobro de regalías provinciales, entre otros. “Esta es una de las maneras de poner en marcha la soberanía de un país a partir de, entre otras cosas, su potencial económico: inversión, explotación, son el abc en el mundo actual para el crecimiento de los pueblos. [...] Argentina les abre las puertas a todos aquellos hombres de bien y a todas las empresas que quieran venir a ayudarnos a construir una patria grande y hacer la felicidad del pueblo”, decía entonces el ex presidente Carlos Menem.
El nuevo marco jurídico junto con las nuevas tecnologías y la devaluación favorecieron la apertura de varios megaproyectos mineros, que pasaron de 18 en 2002 a más de 600 en 2011. La minería pasó del 0,22 por ciento del PIB en 1990, al 5 por ciento en la actualidad. Los gobiernos posteriores celebraron la política minera menemista. Durante la presentación del Plan Minero Nacional en 2004, Néstor Kirchner sostuvo que “el sector minero argentino es uno de los pocos que durante la década del ’90, con cambios importantes en la legislación, empezó a tener un principio y un punto de inflexión que le permitió avizorar un destino estratégico diferente. [...] Más allá de una legislación que nosotros estimamos fue positiva, que ayudó, evidentemente hoy estamos ante una posibilidad concreta de consolidar el proceso de inversión y de desarrollo minero [...] todo lo que ayude al sector y ustedes como empresarios vean como una perspectiva clara de incentivar la inversión y crean que esa inversión se puede incentivar con determinadas medidas que podemos conversar, estamos absolutamente dispuestos a escuchar...”.
Pero hoy las asambleas lograron instalar el tema en la opinión pública, gracias a la perseverancia como a las redes que han construido. Un ejemplo es la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), un espacio de encuentro que se organiza tres veces al año en distintos lugares del país en el que confluyen más de 250 asambleas, colectivos y organizaciones sociales de distintos territorios unidos bajo el lema: “Sí a la vida, contra el saqueo y la contaminación”, donde se debate y decide en comisiones y plenarios por consenso. La UAC, nacida en 2006, fue tomando varias problemáticas en conflicto: megaminería, pasteras, petroleras, deforestación de bosques y destrucción de humedales, expropiación de territorios a comunidades originarias, agrotóxicos, represas, contaminación urbano industrial, incluyendo lo cultural-comunicacional.
En otros espacios, ante este debate existen distintas posturas críticas. Algunas focalizan en el carácter foráneo de las empresas. Su solución sería que el Estado o los capitales nacionales se encarguen de esta producción. Otras posturas hacen hincapié en lo poco que dejan estas empresas y la solución, en este caso, sería cobrarles más retenciones o regalías. Ambos argumentos se basan en datos reales. Según un informe del Ministerio de Relaciones Exteriores, sólo el 18 por ciento de las mineras en la Argentina son de capitales “nacionales”. Entre 2002 y 2004, del total producido en el país en oro, plata y cobre, se exportó el 98, 97 y el 82 por ciento, respectivamente. Por otra parte, mientras la producción creció más de 600 por ciento, el empleo pasó de 9718 asalariados en 2003, a 20.999 en 2010. Cifras menores a los 500 mil empleos directos e indirectos que afirma el secretario de Minería. Además, la cantidad de empleo generado por la megaminería se concentra en los primeros años de la actividad. Por ejemplo, Minera Alumbrera contrató 6 mil trabajadores en la etapa de construcción, pero disminuyó a 1165 puestos en 2005. Por último, se encuentra el planteo centrado en la extracción y contaminación del agua, recurso no renovable. Según el hidrogeólogo Fernando Díaz, perito de la Corte Suprema de Justicia, los drenajes ácidos de esta actividad, afectan las aguas superficiales y las subterráneas, siendo imposible de evitar. Y asegura también que la megaminería reduce los caudales de un río, pudiendo eliminar los cursos de agua.
No obstante los fundamentos de estas críticas, podemos plantearnos qué es lo que hoy está realmente en cuestión: si se aumentan las retenciones, si se impulsa que estos emprendimientos sean llevados a cabo por capitales nacionales, si se multa por contaminar, o el debate es más profundo y reside en quiénes tienen derecho a decidir. En Esquel, en 2003, a pesar del 40 por ciento de desocupación de aquel momento y las promesas de empleo de la minera, el 81 por ciento de la población dijo “No a la megaminería”.
Por Laura Alvarez - Investigadora becaria del Conicet - Unqui - Licenciada en Ciencia Política (UBA)
Fecha de Publicación: 19/03/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Los megaproyectos mineros pasaron de 18 en 2002 a más de 600 en 2011, representando en la actualidad el 5 por ciento del PBI. Para preservar el medio ambiente, los desarrollistas proponen incrementar los controles y los ambientalistas, prohibir la megaminería.
En 1993 se sancionó la Ley de Inversiones Mineras que, contando con el apoyo de casi todo el arco político, establecía grandes beneficios a las transnacionales: congelamiento de la carga tributaria por 30 años, deducción del 100 por ciento de la inversión en el impuesto a las Ganancias, exención del pago de los derechos de importación, límite del 3 por ciento para el cobro de regalías provinciales, entre otros. “Esta es una de las maneras de poner en marcha la soberanía de un país a partir de, entre otras cosas, su potencial económico: inversión, explotación, son el abc en el mundo actual para el crecimiento de los pueblos. [...] Argentina les abre las puertas a todos aquellos hombres de bien y a todas las empresas que quieran venir a ayudarnos a construir una patria grande y hacer la felicidad del pueblo”, decía entonces el ex presidente Carlos Menem.
El nuevo marco jurídico junto con las nuevas tecnologías y la devaluación favorecieron la apertura de varios megaproyectos mineros, que pasaron de 18 en 2002 a más de 600 en 2011. La minería pasó del 0,22 por ciento del PIB en 1990, al 5 por ciento en la actualidad. Los gobiernos posteriores celebraron la política minera menemista. Durante la presentación del Plan Minero Nacional en 2004, Néstor Kirchner sostuvo que “el sector minero argentino es uno de los pocos que durante la década del ’90, con cambios importantes en la legislación, empezó a tener un principio y un punto de inflexión que le permitió avizorar un destino estratégico diferente. [...] Más allá de una legislación que nosotros estimamos fue positiva, que ayudó, evidentemente hoy estamos ante una posibilidad concreta de consolidar el proceso de inversión y de desarrollo minero [...] todo lo que ayude al sector y ustedes como empresarios vean como una perspectiva clara de incentivar la inversión y crean que esa inversión se puede incentivar con determinadas medidas que podemos conversar, estamos absolutamente dispuestos a escuchar...”.
Pero hoy las asambleas lograron instalar el tema en la opinión pública, gracias a la perseverancia como a las redes que han construido. Un ejemplo es la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), un espacio de encuentro que se organiza tres veces al año en distintos lugares del país en el que confluyen más de 250 asambleas, colectivos y organizaciones sociales de distintos territorios unidos bajo el lema: “Sí a la vida, contra el saqueo y la contaminación”, donde se debate y decide en comisiones y plenarios por consenso. La UAC, nacida en 2006, fue tomando varias problemáticas en conflicto: megaminería, pasteras, petroleras, deforestación de bosques y destrucción de humedales, expropiación de territorios a comunidades originarias, agrotóxicos, represas, contaminación urbano industrial, incluyendo lo cultural-comunicacional.
En otros espacios, ante este debate existen distintas posturas críticas. Algunas focalizan en el carácter foráneo de las empresas. Su solución sería que el Estado o los capitales nacionales se encarguen de esta producción. Otras posturas hacen hincapié en lo poco que dejan estas empresas y la solución, en este caso, sería cobrarles más retenciones o regalías. Ambos argumentos se basan en datos reales. Según un informe del Ministerio de Relaciones Exteriores, sólo el 18 por ciento de las mineras en la Argentina son de capitales “nacionales”. Entre 2002 y 2004, del total producido en el país en oro, plata y cobre, se exportó el 98, 97 y el 82 por ciento, respectivamente. Por otra parte, mientras la producción creció más de 600 por ciento, el empleo pasó de 9718 asalariados en 2003, a 20.999 en 2010. Cifras menores a los 500 mil empleos directos e indirectos que afirma el secretario de Minería. Además, la cantidad de empleo generado por la megaminería se concentra en los primeros años de la actividad. Por ejemplo, Minera Alumbrera contrató 6 mil trabajadores en la etapa de construcción, pero disminuyó a 1165 puestos en 2005. Por último, se encuentra el planteo centrado en la extracción y contaminación del agua, recurso no renovable. Según el hidrogeólogo Fernando Díaz, perito de la Corte Suprema de Justicia, los drenajes ácidos de esta actividad, afectan las aguas superficiales y las subterráneas, siendo imposible de evitar. Y asegura también que la megaminería reduce los caudales de un río, pudiendo eliminar los cursos de agua.
No obstante los fundamentos de estas críticas, podemos plantearnos qué es lo que hoy está realmente en cuestión: si se aumentan las retenciones, si se impulsa que estos emprendimientos sean llevados a cabo por capitales nacionales, si se multa por contaminar, o el debate es más profundo y reside en quiénes tienen derecho a decidir. En Esquel, en 2003, a pesar del 40 por ciento de desocupación de aquel momento y las promesas de empleo de la minera, el 81 por ciento de la población dijo “No a la megaminería”.
Por Laura Alvarez - Investigadora becaria del Conicet - Unqui - Licenciada en Ciencia Política (UBA)
Asambleístas enfrentan una demanda civil
Asambleístas de Gualeguaychú enfrentan una demanda civil por 680 mil pesos
Fecha de Publicación: 18/03/2012
Fuente: La Calle On Line
Provincia/Región: Entre Ríos
Integrantes de la Asamblea Ambiental enfrentan una demanda civil por el accidente fatal de un motociclista ocurrido en abril de 2009, en el lugar donde se realizaba el corte sobre la Ruta 136, en el marco de la protesta contra Botnia-UPM.
Así lo reveló Luis Leissa, uno de los abogados de la Asamblea de Gualeguaychú, quien defendió a los vecinos asambleístas al manifestar que “gente que no tenía ninguna participación política, que solamente defendía el medio ambiente, hoy se ve involucrada en una demanda civil y también en una causa penal”. El motociclista Walter Maulucci, de 32 años, murió luego de chocar contra un acoplado que cortaba la ruta internacional 136 en la noche del domingo 26 de abril de 2009, cuando se dirigía desde la ciudad uruguaya de Fray Bentos hacia Gualeguaychú. Leissa dijo que el reclamo judicial “hace mella en la voluntad de la gente”, en tanto decenas de asambleístas debieron declarar ante el juzgado Federal de Concepción del Uruguay por los cortes de ruta y las movilizaciones en las carreteras. “Esta persecución que hubo hacia los asambleístas jugó un papel de mellar el ánimo y la participación de la gente. Porque muchos vecinos se vieron involucrados en causas criminales o como ahora, en esta demanda civil. Son cinco ambientalistas a los que la madre de Maulucci les inició una demanda por 680 mil pesos”, explicó Leissa. Leissa dijo que “hay una decisión firme del gobierno por acallar el reclamo de Botnia (Orión)”. En declaraciones a FM La Plaza de Paraná, el abogado dijo que pese a todo, la Asamblea trabaja en la organización de la octava marcha al puente internacional General San Martín para el domingo 29 de abril. “La sociedad continúa trabajando para que el reclamo no quede en el olvido, por eso, entre otras cosas, se está organizando para el 29 de abril la octava marcha y abrazo al río en defensa del medioambiente”, señaló. Subrayó que “más allá de que hoy hay otro escenario muy distinto a años atrás, la sociedad sigue trabajando para continuar con el reclamo y para que esta lucha no quede en el olvido”. Leissa recordó que “el gobierno dijo que se iba a poner una pantalla gigante para que informara en tiempo real cuál era el resultado de los controles que se hacía en Botnia, en el marco del cumplimiento del fallo de La Haya, pero no se hizo nada. Esto se anunció por parte del canciller Héctor Timerman y en presencia del gobernador Sergio Urribarri y del intendente (de Gualeguaychú) Juan José Bahillo, pero todo quedó en la nada”. Tambien criticó la “parsimonia” con la que actúa la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), ya que “ni siquiera está cumpliendo con el monitoreo constante que se tenía que hacer en Botnia”.
Fecha de Publicación: 18/03/2012
Fuente: La Calle On Line
Provincia/Región: Entre Ríos
Integrantes de la Asamblea Ambiental enfrentan una demanda civil por el accidente fatal de un motociclista ocurrido en abril de 2009, en el lugar donde se realizaba el corte sobre la Ruta 136, en el marco de la protesta contra Botnia-UPM.
Así lo reveló Luis Leissa, uno de los abogados de la Asamblea de Gualeguaychú, quien defendió a los vecinos asambleístas al manifestar que “gente que no tenía ninguna participación política, que solamente defendía el medio ambiente, hoy se ve involucrada en una demanda civil y también en una causa penal”. El motociclista Walter Maulucci, de 32 años, murió luego de chocar contra un acoplado que cortaba la ruta internacional 136 en la noche del domingo 26 de abril de 2009, cuando se dirigía desde la ciudad uruguaya de Fray Bentos hacia Gualeguaychú. Leissa dijo que el reclamo judicial “hace mella en la voluntad de la gente”, en tanto decenas de asambleístas debieron declarar ante el juzgado Federal de Concepción del Uruguay por los cortes de ruta y las movilizaciones en las carreteras. “Esta persecución que hubo hacia los asambleístas jugó un papel de mellar el ánimo y la participación de la gente. Porque muchos vecinos se vieron involucrados en causas criminales o como ahora, en esta demanda civil. Son cinco ambientalistas a los que la madre de Maulucci les inició una demanda por 680 mil pesos”, explicó Leissa. Leissa dijo que “hay una decisión firme del gobierno por acallar el reclamo de Botnia (Orión)”. En declaraciones a FM La Plaza de Paraná, el abogado dijo que pese a todo, la Asamblea trabaja en la organización de la octava marcha al puente internacional General San Martín para el domingo 29 de abril. “La sociedad continúa trabajando para que el reclamo no quede en el olvido, por eso, entre otras cosas, se está organizando para el 29 de abril la octava marcha y abrazo al río en defensa del medioambiente”, señaló. Subrayó que “más allá de que hoy hay otro escenario muy distinto a años atrás, la sociedad sigue trabajando para continuar con el reclamo y para que esta lucha no quede en el olvido”. Leissa recordó que “el gobierno dijo que se iba a poner una pantalla gigante para que informara en tiempo real cuál era el resultado de los controles que se hacía en Botnia, en el marco del cumplimiento del fallo de La Haya, pero no se hizo nada. Esto se anunció por parte del canciller Héctor Timerman y en presencia del gobernador Sergio Urribarri y del intendente (de Gualeguaychú) Juan José Bahillo, pero todo quedó en la nada”. Tambien criticó la “parsimonia” con la que actúa la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), ya que “ni siquiera está cumpliendo con el monitoreo constante que se tenía que hacer en Botnia”.
Agroquímicos: Chaco presentó nuevo proyecto
Agroquímicos: ingresó proyecto que fija límites para las fumigaciones
Fecha de Publicación: 18/03/2012
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
La iniciativa es casi idéntica a la elaborada por la comisión de Agricultura en 2011, pero incorpora límite para las pulverizaciones terrestres y áreas de 500 y 1000 metros, respectivamente. Fija al Ministerio de Planificación y Ambiente como autoridad
El Poder Ejecutivo entiende que para “fortalecer su rol de resguardo ambiental y desarrollo sustentable”, que implican el impacto de las actividades productivas agrícolas en la Provincia, es necesario “mejorar la actual ley de Biocidas (3378) y además poseer la potestad de ejercer la autoridad de aplicación de la misma”.
Fundamenta la medida y así lo expone en la necesidad de “unificar la fiscalización de las leyes de Residuos Peligrosos (Ley 3936) y de Biocidas”, debido a que poseen una estrecha relación, “en legislar y ordenar los envases de agroquímicos (considerados residuos peligrosos)”.
Además de “acatar lo expresado por el pueblo del Chaco, en las dos audiencias públicas realizadas en el Recinto de la Cámara de Diputados (septiembre de 2011), donde solicitan un mayor control de la actividad agrícola por parte del Poder Ejecutivo” y explicitar en el cuerpo de la ley las “distancias de resguardo de las poblaciones respecto de las aplicaciones terrestres y/o aéreas de productos agroquímicos”
También considera los aportes que presentan los proyectos de ley 391/09 y 492/11, presentados por la diputada María Cristina Barrios y el diputado Carlos Martínez, respectivamente.
En otro punto y como argumento se considera la certificación obligatoria de un “Protocolo de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA Chaco)”, firmado por un responsable técnico (Ingeniero Agrónomo o título equivalente) y avalado institucionalmente por el Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos (CPIACH) y “la necesidad de registrar y verificar técnicamente el funcionamiento de todos los equipos de aplicación terrestre”, no sólo los inscriptos como servicios comerciales de aplicación terrestre, sino la de todos los productores agrícolas de la provincia y “tomar como base el proyecto de ley del bloque oficialista (consensuado con los Asesores Técnicos)".
Se plantea “unificar el organismo de aplicación para el ordenamiento de las actividades productivas que mayor impacto en el ambiente produzcan, en el marco de las competencias del Ministerio de Planificación y Ambiente”.
Fecha de Publicación: 18/03/2012
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
La iniciativa es casi idéntica a la elaborada por la comisión de Agricultura en 2011, pero incorpora límite para las pulverizaciones terrestres y áreas de 500 y 1000 metros, respectivamente. Fija al Ministerio de Planificación y Ambiente como autoridad
El Poder Ejecutivo entiende que para “fortalecer su rol de resguardo ambiental y desarrollo sustentable”, que implican el impacto de las actividades productivas agrícolas en la Provincia, es necesario “mejorar la actual ley de Biocidas (3378) y además poseer la potestad de ejercer la autoridad de aplicación de la misma”.
Fundamenta la medida y así lo expone en la necesidad de “unificar la fiscalización de las leyes de Residuos Peligrosos (Ley 3936) y de Biocidas”, debido a que poseen una estrecha relación, “en legislar y ordenar los envases de agroquímicos (considerados residuos peligrosos)”.
Además de “acatar lo expresado por el pueblo del Chaco, en las dos audiencias públicas realizadas en el Recinto de la Cámara de Diputados (septiembre de 2011), donde solicitan un mayor control de la actividad agrícola por parte del Poder Ejecutivo” y explicitar en el cuerpo de la ley las “distancias de resguardo de las poblaciones respecto de las aplicaciones terrestres y/o aéreas de productos agroquímicos”
También considera los aportes que presentan los proyectos de ley 391/09 y 492/11, presentados por la diputada María Cristina Barrios y el diputado Carlos Martínez, respectivamente.
En otro punto y como argumento se considera la certificación obligatoria de un “Protocolo de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA Chaco)”, firmado por un responsable técnico (Ingeniero Agrónomo o título equivalente) y avalado institucionalmente por el Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos (CPIACH) y “la necesidad de registrar y verificar técnicamente el funcionamiento de todos los equipos de aplicación terrestre”, no sólo los inscriptos como servicios comerciales de aplicación terrestre, sino la de todos los productores agrícolas de la provincia y “tomar como base el proyecto de ley del bloque oficialista (consensuado con los Asesores Técnicos)".
Se plantea “unificar el organismo de aplicación para el ordenamiento de las actividades productivas que mayor impacto en el ambiente produzcan, en el marco de las competencias del Ministerio de Planificación y Ambiente”.
El Río Hondo, amenazado por la vinaza
El Río Hondo, amenazado por la vinaza
Fecha de Publicación: 17/03/2012
Fuente: Blog Ecológico La Nación
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Terminaron las cumbres sobre el agua y se acerca la celebración del Día Mundial que instauró la ONU, sin embargo, en los ingenios tucumanos todavía no se percataron de la importancia de no contaminar el líquido vital. Según publicó el diario El Liberal la semana pasada, hay unos 1.000 millones de litros de vinaza acumulados en los ingenios tucumanos que amenazan la sustentabilidad al ser liberados según denuncian vecinos de las ciudades de la misma provincia, Bella Vista y Concepción.
Los ingenios Bella Vista y el Corona, arrojaron millones de litros de vinaza a canales que desembocan en cursos hídricos que alimentan el embalse Río Hondo. También advirtieron que este año continuarán con estas maniobras ya que no advierten que se hayan realizado obras para evitar el impacto ambiental, pese a que la Secretaría de Ambiente de Nación otrogó amplias facilidades a los mismos.
La vinaza, desecho que se genera durante la elaboración de etanol con la melaza de la caña de azúcar, representa el principal problema de contaminación de la cuenca Salí Dulce, de la que también forma parte la provincia de Santiago del Estero.
Como para darse una idea de la magnitid del problema, se calcula que este año se producirán cerca de 200 millones de litros de etanol y por cada litro de este biocombustible se generan 13 de vinaza, lo que da cuenta que en la presente zafra se generarán 2.600.000.000 millones de litro del residuo industrial, lo que pone en peligro el ecosistema de la cuenca si no se toman las medidas para evitar vuelcos en ríos y arroyos que tributan al lago.
Son 15 los ingenios que hay en Tucumán, todos están denunciados por contaminar, pero particularmente son 10 los que elaboran etanol, el más importante es La Florida, que este año tiene un cupo de producción de 50 millones de litros del biocombustible y que durante el año pasado fue clausurado de manera provisoria, por vuelcos de desechos a un curso de agua que tributa al lago Río Hondo.
Las consecuencias de esta contaminación son trágicas. En enero, un niño tucumano Braian Maidana sufrió quemaduras graves en sus piernas y manos al tomar contacto con la vinaza. Está internado aún en el Hospital de Niños de Tucumán. Sus padres iniciaron una demanda penal contra el ingenio Marapa.
Ante esta situación, la Secretaría de Ambiente de la Nación obligó a los ingenios a presentar un plan de saneamiento llamado Vinaza 0 y se declaró “garante” del fin de la contaminación. Sin embargo, por ahora los avances no se perciben. Sólo el año pasado la Justicia Federal de Tucumán procesó a 14 empresarios de esa provincia: dueños de citrícolas, frigoríficos, ingenios, papelera y del basural, por la contaminación de la Cuenca Salí-Dulce en violación a la ley de Residuos Peligrosos.
Cabe recordar que las primeras denuncias por contaminación comenzaron en 1996. Desde ese momento se produjeron periódicamente, grandes mortandades de peces que se descubrieron en el lago Río Hondo; la más terrible fue la del 29 y 30 de noviembre de 2011 en la que aparecieron 30 toneladas de peces muertos, muchos de ellos hembras que estaban a punto de desovar. En esa oportunidad, casi todo el lago quedó sin oxígeno.
Fecha de Publicación: 17/03/2012
Fuente: Blog Ecológico La Nación
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Terminaron las cumbres sobre el agua y se acerca la celebración del Día Mundial que instauró la ONU, sin embargo, en los ingenios tucumanos todavía no se percataron de la importancia de no contaminar el líquido vital. Según publicó el diario El Liberal la semana pasada, hay unos 1.000 millones de litros de vinaza acumulados en los ingenios tucumanos que amenazan la sustentabilidad al ser liberados según denuncian vecinos de las ciudades de la misma provincia, Bella Vista y Concepción.
Los ingenios Bella Vista y el Corona, arrojaron millones de litros de vinaza a canales que desembocan en cursos hídricos que alimentan el embalse Río Hondo. También advirtieron que este año continuarán con estas maniobras ya que no advierten que se hayan realizado obras para evitar el impacto ambiental, pese a que la Secretaría de Ambiente de Nación otrogó amplias facilidades a los mismos.
La vinaza, desecho que se genera durante la elaboración de etanol con la melaza de la caña de azúcar, representa el principal problema de contaminación de la cuenca Salí Dulce, de la que también forma parte la provincia de Santiago del Estero.
Como para darse una idea de la magnitid del problema, se calcula que este año se producirán cerca de 200 millones de litros de etanol y por cada litro de este biocombustible se generan 13 de vinaza, lo que da cuenta que en la presente zafra se generarán 2.600.000.000 millones de litro del residuo industrial, lo que pone en peligro el ecosistema de la cuenca si no se toman las medidas para evitar vuelcos en ríos y arroyos que tributan al lago.
Son 15 los ingenios que hay en Tucumán, todos están denunciados por contaminar, pero particularmente son 10 los que elaboran etanol, el más importante es La Florida, que este año tiene un cupo de producción de 50 millones de litros del biocombustible y que durante el año pasado fue clausurado de manera provisoria, por vuelcos de desechos a un curso de agua que tributa al lago Río Hondo.
Las consecuencias de esta contaminación son trágicas. En enero, un niño tucumano Braian Maidana sufrió quemaduras graves en sus piernas y manos al tomar contacto con la vinaza. Está internado aún en el Hospital de Niños de Tucumán. Sus padres iniciaron una demanda penal contra el ingenio Marapa.
Ante esta situación, la Secretaría de Ambiente de la Nación obligó a los ingenios a presentar un plan de saneamiento llamado Vinaza 0 y se declaró “garante” del fin de la contaminación. Sin embargo, por ahora los avances no se perciben. Sólo el año pasado la Justicia Federal de Tucumán procesó a 14 empresarios de esa provincia: dueños de citrícolas, frigoríficos, ingenios, papelera y del basural, por la contaminación de la Cuenca Salí-Dulce en violación a la ley de Residuos Peligrosos.
Cabe recordar que las primeras denuncias por contaminación comenzaron en 1996. Desde ese momento se produjeron periódicamente, grandes mortandades de peces que se descubrieron en el lago Río Hondo; la más terrible fue la del 29 y 30 de noviembre de 2011 en la que aparecieron 30 toneladas de peces muertos, muchos de ellos hembras que estaban a punto de desovar. En esa oportunidad, casi todo el lago quedó sin oxígeno.
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