Sali-Dulce: Mussi deberá explicar en la SCJ
09:40 | 
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Eco Sitio |
Por la contaminación de industrias tucumanas, Mussi deberá rendir cuentas ante la Corte
Fecha de Publicación: 22/03/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Nacional - Tucumán - Santiago del Estero
El secretario de Ambiente de la Nación tiene que presentar un informe de las acciones concretadas para impedir que se continúe volcando vinaza en la cuenca Salí-Dulce. El máximo tribunal busca determinar si la vecina provincia cumplió o no con el acuerdo firmado con Santiago y la Nación.
Los ministros de la Suprema Corte convocaron para el 30 de marzo al secretario de Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, para brinde un informe detallado de las acciones tomadas para resolver la problemática de la contaminación de la cuenca Salí- Dulce. En concreto, el máximo tribunal quiere saber si Tucumán y los ingenios con destilería de esa provincia están cumpliendo con las obras de tratamiento y saneamiento contempladas en el plan vinaza y ceniza cero.
Dicho informe que presentará Mussi saldrá del encuentro que tendrá el Comité de Cuenca Salí- Dulce mañana en la ciudad capital, en la sede permanente del órgano. Como se recordará, la Corte Suprema intervino en este conflicto, a raíz la demanda ambiental que interpusieron Fiscalía de Estado y la Defensoría del Pueblo, para pedir la clausura de aquellas destilerías e ingenios que no realicen las obras y trabajos para evitar seguir contaminando el embalse Río Hondo.
Ante este escenario, la reunión que mantendrán autoridades nacionales de Tucumán y de Santiago del Estero en el Comité de Cuenca, es considerada vital por los santiagueños, ya que exigirán a los tucumanos que digan exactamente qué harán con los mil millones de litros de vinaza acumulados de la zafra anterior y también se evaluará qué estado de avance hay con respecto a las obras y trabajos comprometidos en el plan para comenzar con el saneamiento del embalse Río Hondo.
Para ello, se tendrá en cuenta el relevamiento realizado por el Comité y la Defensoría del Pueblo a las diez plantas que suscribieron el acuerdo para evitar ser sancionadas.
También figura en el orden del día el proyecto para sanear el embalse Río Hondo que presentó la empresa Solbío de Buenos Aires, en la que propone el uso de bacterias para consumir los nutrientes que generan las algas (esto como consecuencia de largos años de contaminación por parte de las industrias tucumanas, principalmente los ingenios).
Al final de la reunión se redactará el informe que deberá remitirse a Mussi quien tendrá la audiencia con la Corte.
Desde Santiago del Estero ya manifestaron que “harán valer” el acuerdo que suscribieron ambos gobiernos y el compromiso asumido por los industriales, de que empresa que no tenga las obras para tratar la vinaza, no podrá comenzar a destilar. Fuentes del Comité indicaron que una de las mayores preocupaciones es la gran cantidad de vinaza acumulada que todavía tienen los ingenios, máxime que para este año tienen proyectada una importante producción de bioetanol y en cuyo proceso de elaboración se genera la vinaza a razón de 12 litros de vinaza por cada litro de bioetanol.
Control tecnológico
En tanto, técnicos del Comité de Cuenca realizan el relevamiento de los sitios adecuados en los distintos tributarios del embalse en donde se colocarán sensores que pueden medir varios parámetros y que tienen una alarma, para alertar cuando haya algún vuelco de vinaza y de dónde proviene dicho delito ambiental. También se estudiaron las obras necesarias para evitar que estos sensores sean destruidos o robados. “Esto permitirá una alerta temprana cuando haya vuelco de desechos y poder estar antes de que llegue al embalse y poder saber si cuál ingenio ha volcado”, comentó un funcionario.
Fecha de Publicación: 22/03/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Nacional - Tucumán - Santiago del Estero
El secretario de Ambiente de la Nación tiene que presentar un informe de las acciones concretadas para impedir que se continúe volcando vinaza en la cuenca Salí-Dulce. El máximo tribunal busca determinar si la vecina provincia cumplió o no con el acuerdo firmado con Santiago y la Nación.
Los ministros de la Suprema Corte convocaron para el 30 de marzo al secretario de Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, para brinde un informe detallado de las acciones tomadas para resolver la problemática de la contaminación de la cuenca Salí- Dulce. En concreto, el máximo tribunal quiere saber si Tucumán y los ingenios con destilería de esa provincia están cumpliendo con las obras de tratamiento y saneamiento contempladas en el plan vinaza y ceniza cero.
Dicho informe que presentará Mussi saldrá del encuentro que tendrá el Comité de Cuenca Salí- Dulce mañana en la ciudad capital, en la sede permanente del órgano. Como se recordará, la Corte Suprema intervino en este conflicto, a raíz la demanda ambiental que interpusieron Fiscalía de Estado y la Defensoría del Pueblo, para pedir la clausura de aquellas destilerías e ingenios que no realicen las obras y trabajos para evitar seguir contaminando el embalse Río Hondo.
Ante este escenario, la reunión que mantendrán autoridades nacionales de Tucumán y de Santiago del Estero en el Comité de Cuenca, es considerada vital por los santiagueños, ya que exigirán a los tucumanos que digan exactamente qué harán con los mil millones de litros de vinaza acumulados de la zafra anterior y también se evaluará qué estado de avance hay con respecto a las obras y trabajos comprometidos en el plan para comenzar con el saneamiento del embalse Río Hondo.
Para ello, se tendrá en cuenta el relevamiento realizado por el Comité y la Defensoría del Pueblo a las diez plantas que suscribieron el acuerdo para evitar ser sancionadas.
También figura en el orden del día el proyecto para sanear el embalse Río Hondo que presentó la empresa Solbío de Buenos Aires, en la que propone el uso de bacterias para consumir los nutrientes que generan las algas (esto como consecuencia de largos años de contaminación por parte de las industrias tucumanas, principalmente los ingenios).
Al final de la reunión se redactará el informe que deberá remitirse a Mussi quien tendrá la audiencia con la Corte.
Desde Santiago del Estero ya manifestaron que “harán valer” el acuerdo que suscribieron ambos gobiernos y el compromiso asumido por los industriales, de que empresa que no tenga las obras para tratar la vinaza, no podrá comenzar a destilar. Fuentes del Comité indicaron que una de las mayores preocupaciones es la gran cantidad de vinaza acumulada que todavía tienen los ingenios, máxime que para este año tienen proyectada una importante producción de bioetanol y en cuyo proceso de elaboración se genera la vinaza a razón de 12 litros de vinaza por cada litro de bioetanol.
Control tecnológico
En tanto, técnicos del Comité de Cuenca realizan el relevamiento de los sitios adecuados en los distintos tributarios del embalse en donde se colocarán sensores que pueden medir varios parámetros y que tienen una alarma, para alertar cuando haya algún vuelco de vinaza y de dónde proviene dicho delito ambiental. También se estudiaron las obras necesarias para evitar que estos sensores sean destruidos o robados. “Esto permitirá una alerta temprana cuando haya vuelco de desechos y poder estar antes de que llegue al embalse y poder saber si cuál ingenio ha volcado”, comentó un funcionario.
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Ayui Grande: Confirman que Soros se retiro
Confirman oficialmente que la empresa de George Soros se retiro del proyecto Ayui Grande
Fecha de Publicación: 21/03/2012
Fuente: Diario El Comercial (Formosa)
Provincia/Región: Corrientes
El ministro de la Producción de Corrientes, Jorge Vara, confirmó oficialmente hoy que la empresa Adeco Agro, del financista húngaro, George Soros, se retiró del proyecto productivo “Ayuí Grande”.
De esta manera, el funcionario afirmó que el proyecto arrocero que lideraban las empresas Copra S.A (perteneciente al grupo Clarin) y Adeco Agro (propiedad de Soros) y que integraban también las firmas Pilagá S.R.L., Tupantuva S.A., Santa Clara y Yuquerí S.A, no podrá ejecutarse.
“Que se retire una de las dos empresas inversoras más importantes, impide la continuidad del proyecto, porque incluía campos que pertenecen a esa empresa”, explicó Vara en diálogo con la prensa.
El mega emprendimiento arrocero fue duramente cuestionado por organizaciones ambientalistas y calificado de “incompatible” con el Estatuto del Río Uruguay y la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a través de la Resolución 1238 de Agosto de 2011.
Los inversores del proyecto “Ayuí Grande”, pretendían construir una represa con aguas del arroyo homónimo, inundando 8 mil hectáreas en una zona cercana a los esteros del Iberá.
En tanto, señaló que Adeco Agro, “se baja de este proyecto, pero continúa realizando la ampliación de siembra en Ita Ibaté”.
Sin embargo, Vara afirmó que “el proyecto está autorizado (por la provincia), así que podrían estar empezando, pero no veo que puedan avanzar en el proyecto original”.
“Los otros productores pueden hacer proyectos, lo que no va a haber es una represa significativa”, confirmó.
Los referentes de organizaciones ambientalistas rechazaban la construcción del dique que impulsaba el megaemprendimiento arrocero, porque iba a dejar bajo agua 8 mil hectáreas de bosques nativos, flora y fauna autóctona, además de contaminar el Miriñay, afluente del Río Uruguay, por lo que además del daño ambiental, violaría un tratado internacional con el país vecino.
En sus fundamentos en los que consideraba el daño ambiental, el presidente de la Fundación Iberá, Enrique Lacour, dijo también en varias oportunidades a Télam que el emprendimiento era “ilegal” y que pretendía “apropiarse de un bien público para fines comerciales privados”.
El Proyecto Ayuí Grande, contaba con el respaldo del gobernador Ricardo Colombi (UCR) y el de su antecesor en el cargo, su primo Arturo Colombi (UCR). (Télam).
Fecha de Publicación: 21/03/2012
Fuente: Diario El Comercial (Formosa)
Provincia/Región: Corrientes
El ministro de la Producción de Corrientes, Jorge Vara, confirmó oficialmente hoy que la empresa Adeco Agro, del financista húngaro, George Soros, se retiró del proyecto productivo “Ayuí Grande”.
De esta manera, el funcionario afirmó que el proyecto arrocero que lideraban las empresas Copra S.A (perteneciente al grupo Clarin) y Adeco Agro (propiedad de Soros) y que integraban también las firmas Pilagá S.R.L., Tupantuva S.A., Santa Clara y Yuquerí S.A, no podrá ejecutarse.
“Que se retire una de las dos empresas inversoras más importantes, impide la continuidad del proyecto, porque incluía campos que pertenecen a esa empresa”, explicó Vara en diálogo con la prensa.
El mega emprendimiento arrocero fue duramente cuestionado por organizaciones ambientalistas y calificado de “incompatible” con el Estatuto del Río Uruguay y la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a través de la Resolución 1238 de Agosto de 2011.
Los inversores del proyecto “Ayuí Grande”, pretendían construir una represa con aguas del arroyo homónimo, inundando 8 mil hectáreas en una zona cercana a los esteros del Iberá.
En tanto, señaló que Adeco Agro, “se baja de este proyecto, pero continúa realizando la ampliación de siembra en Ita Ibaté”.
Sin embargo, Vara afirmó que “el proyecto está autorizado (por la provincia), así que podrían estar empezando, pero no veo que puedan avanzar en el proyecto original”.
“Los otros productores pueden hacer proyectos, lo que no va a haber es una represa significativa”, confirmó.
Los referentes de organizaciones ambientalistas rechazaban la construcción del dique que impulsaba el megaemprendimiento arrocero, porque iba a dejar bajo agua 8 mil hectáreas de bosques nativos, flora y fauna autóctona, además de contaminar el Miriñay, afluente del Río Uruguay, por lo que además del daño ambiental, violaría un tratado internacional con el país vecino.
En sus fundamentos en los que consideraba el daño ambiental, el presidente de la Fundación Iberá, Enrique Lacour, dijo también en varias oportunidades a Télam que el emprendimiento era “ilegal” y que pretendía “apropiarse de un bien público para fines comerciales privados”.
El Proyecto Ayuí Grande, contaba con el respaldo del gobernador Ricardo Colombi (UCR) y el de su antecesor en el cargo, su primo Arturo Colombi (UCR). (Télam).
Las piletas de crudo estarían mal saneadas
95% de las piletas de crudo estarían mal saneadas
Fecha de Publicación: 21/03/2012
Fuente: La Opinión Austral
Provincia/Región: Santa Cruz
Mientras el gobierno avanza en ultimar detalles de una demanda por mil millones de dólares, se estima que, en realidad, ante la extensión de los yacimientos petroleros, una vez culminado el inventario ambiental, si se aplica la Ley 3.117, el pasivo podría ser mucho mayor.
La remediación ambiental a partir del daño producido por la actividad petrolera es una preocupación no sólo para las ONG que defienden los recursos naturales, sino también para las autoridades ambientales y gubernamentales.
Aunque por razones distintas, la decisión de que las operadoras deban hacerse cargo de la remediación es una medida tomada.
Impulsa esto no sólo la recuperación de suelos contaminados, sino también el hecho de que la tarea de saneamiento es, en sí, generadora de mano de obra y de inversión dineraria.
Hoy la ley marco de renegociación de las concesiones hidrocarburíferas, la Ley 3.117, establece en su capítulo B todos los requisitos que deben cumplimentar las empresas en este aspecto, desde el inventario de los pasivos ambientales hasta la toma de un seguro de caución a favor de la Provincia, en el caso de que la remediación no se cumpla acabadamente. Incluso su ausencia puede ser causal de la rescisión de contratos.
Inmersos en una dura batalla con YPF, principal operadora de la provincia y una de las pocas que aún no han renegociado sus áreas, el debate jurídico es si hoy la empresa está comprendida por los alcances de la ley marco o no.
Hay quienes dicen que al expresar su intención por escrito de renegociar, automáticamente comienza a regir la normativa. Es en base a eso que la Provincia avanza en la intimación inicial por la remediación de pasivos del orden de los mil millones de dólares, aunque el monto final para remediar el total del daño ambiental provocado podría ser mucho mayor.
Los inspectores de Medio Ambiente de la provincia, sobre unas 1.700 piletas inspeccionadas en el último año y medio, del total que tiene la empresa, habrían verificado que el 95% de las mismas “estaban mal saneadas”, indicaron a La Opinión Austral fuentes confiables.
Por otra parte, con 5 mil pozos inactivos, un 80% de los mismos están abandonados o en proceso de abandono, para lo cual la empresa debe cumplimentar una serie de pasos, fijados en la normativa para su remediación. Se estima que sólo en el saneamiento de piletas y pozos inactivos, la inversión superaría los 500 millones de dólares.
A ello hay que sumarle la situación de acuíferos, instalaciones, ductos, suelos empetrolados, etc., con lo que se estima que, una vez inventariado, la cifra podría superar el monto que hoy se maneja en una potencial demanda a YPF.
Inversiones prometidas
Hace un año atrás, en marzo de 2011, fueron el entonces jefe de Gabinete de Peralta, Pablo González, junto al subsecretario de Medio Ambiente, Sergio Medina, quienes anunciaban, tras un encuentro mantenido entre el gobernador y directivos de YPF, que la empresa presentó a la provincia un plan de saneamiento ambiental elevado por la operadora, sólo para 2011, por 141 millones de dólares, lo que habla, a las claras, del tamaño del pasivo ambiental
González, en aquel momento, aclaró que “esto tiene, y no, que ver con aquello que establece el anexo de la Ley 3.117 en cuanto a los requerimientos que se hace a las operadoras que van a renovar los acuerdos de concesión. Tiene que ver porque viene a sanear una importante deuda que tenía la operadora en materia medioambiental en la provincia, pero todavía existe trabajo a realizar”, aclaró.
Desde las áreas comprometidas en materia de control sobre este plan anunciado el año pasado, no se ha informado si la empresa finalmente lo cumplimentó o no.
En el encuentro previo al anuncio del retiro de áreas que mantuvieron Peralta y Buzzi, el gobernador de Santa Cruz señalaba que “la desocupación en el flanco norte de Santa Cruz es importante, y nosotros necesitamos puestos de trabajo” donde la remediación ambiental está presente, “en lo que está pendiente y vigente”, donde “el pasivo ambiental de YPF, por lo menos en Santa Cruz, es enorme” y si llegado el caso se retiran las áreas a la empresa, será “YPF la que deba hacerse cargo, porque así como ellos dicen que de la YPF estatal recibieron pasivo, ahora es la misma sociedad actual que conforma esta empresa” la que debe responder.
Tal como están
El gobierno del Chubut logró notificar ayer a la operadora YPF sobre los alcances del Decreto 324, que pone fin a la concesión que la petrolera tiene sobre las áreas El Trébol-Escalante y Campamento Central-Cañadón Perdido.
“Recién hoy (ayer) se logró comunicar a la petrolera sobre la medida que fue hecha pública, ya que el domicilio que tenía en esta capital era una casa particular sin ocupantes y nos debimos constituir en Comodoro Rivadavia, donde se hizo la notificación”, dijo a Télam el secretario Legal y Técnico de la provincia, Miguel Angel Montoya.
El funcionario provincial detalló que “a partir de mañana (por hoy) corre un plazo de 90 días para que la empresa nos entregue tal como están los yacimientos, con sus implementos, bombas y bienes muebles que son parte de la estructura que ellos recibieron tras la privatización”.
Montoya adelantó que “se constituirá una mesa de diálogo entre el Estado de Chubut y la compañía para establecer una especie de inventario, y también se harán auditorías ambientales y laborales para saber cuántos obreros hay y en qué condiciones está el entorno”.
El secretario Legal y Técnico indicó además que durante estos 90 días, Chubut se encargará de seleccionar un operador para que la producción no se detenga y continúe una vez concretado el traspaso.
Fecha de Publicación: 21/03/2012
Fuente: La Opinión Austral
Provincia/Región: Santa Cruz
Mientras el gobierno avanza en ultimar detalles de una demanda por mil millones de dólares, se estima que, en realidad, ante la extensión de los yacimientos petroleros, una vez culminado el inventario ambiental, si se aplica la Ley 3.117, el pasivo podría ser mucho mayor.
La remediación ambiental a partir del daño producido por la actividad petrolera es una preocupación no sólo para las ONG que defienden los recursos naturales, sino también para las autoridades ambientales y gubernamentales.
Aunque por razones distintas, la decisión de que las operadoras deban hacerse cargo de la remediación es una medida tomada.
Impulsa esto no sólo la recuperación de suelos contaminados, sino también el hecho de que la tarea de saneamiento es, en sí, generadora de mano de obra y de inversión dineraria.
Hoy la ley marco de renegociación de las concesiones hidrocarburíferas, la Ley 3.117, establece en su capítulo B todos los requisitos que deben cumplimentar las empresas en este aspecto, desde el inventario de los pasivos ambientales hasta la toma de un seguro de caución a favor de la Provincia, en el caso de que la remediación no se cumpla acabadamente. Incluso su ausencia puede ser causal de la rescisión de contratos.
Inmersos en una dura batalla con YPF, principal operadora de la provincia y una de las pocas que aún no han renegociado sus áreas, el debate jurídico es si hoy la empresa está comprendida por los alcances de la ley marco o no.
Hay quienes dicen que al expresar su intención por escrito de renegociar, automáticamente comienza a regir la normativa. Es en base a eso que la Provincia avanza en la intimación inicial por la remediación de pasivos del orden de los mil millones de dólares, aunque el monto final para remediar el total del daño ambiental provocado podría ser mucho mayor.
Los inspectores de Medio Ambiente de la provincia, sobre unas 1.700 piletas inspeccionadas en el último año y medio, del total que tiene la empresa, habrían verificado que el 95% de las mismas “estaban mal saneadas”, indicaron a La Opinión Austral fuentes confiables.
Por otra parte, con 5 mil pozos inactivos, un 80% de los mismos están abandonados o en proceso de abandono, para lo cual la empresa debe cumplimentar una serie de pasos, fijados en la normativa para su remediación. Se estima que sólo en el saneamiento de piletas y pozos inactivos, la inversión superaría los 500 millones de dólares.
A ello hay que sumarle la situación de acuíferos, instalaciones, ductos, suelos empetrolados, etc., con lo que se estima que, una vez inventariado, la cifra podría superar el monto que hoy se maneja en una potencial demanda a YPF.
Inversiones prometidas
Hace un año atrás, en marzo de 2011, fueron el entonces jefe de Gabinete de Peralta, Pablo González, junto al subsecretario de Medio Ambiente, Sergio Medina, quienes anunciaban, tras un encuentro mantenido entre el gobernador y directivos de YPF, que la empresa presentó a la provincia un plan de saneamiento ambiental elevado por la operadora, sólo para 2011, por 141 millones de dólares, lo que habla, a las claras, del tamaño del pasivo ambiental
González, en aquel momento, aclaró que “esto tiene, y no, que ver con aquello que establece el anexo de la Ley 3.117 en cuanto a los requerimientos que se hace a las operadoras que van a renovar los acuerdos de concesión. Tiene que ver porque viene a sanear una importante deuda que tenía la operadora en materia medioambiental en la provincia, pero todavía existe trabajo a realizar”, aclaró.
Desde las áreas comprometidas en materia de control sobre este plan anunciado el año pasado, no se ha informado si la empresa finalmente lo cumplimentó o no.
En el encuentro previo al anuncio del retiro de áreas que mantuvieron Peralta y Buzzi, el gobernador de Santa Cruz señalaba que “la desocupación en el flanco norte de Santa Cruz es importante, y nosotros necesitamos puestos de trabajo” donde la remediación ambiental está presente, “en lo que está pendiente y vigente”, donde “el pasivo ambiental de YPF, por lo menos en Santa Cruz, es enorme” y si llegado el caso se retiran las áreas a la empresa, será “YPF la que deba hacerse cargo, porque así como ellos dicen que de la YPF estatal recibieron pasivo, ahora es la misma sociedad actual que conforma esta empresa” la que debe responder.
Tal como están
El gobierno del Chubut logró notificar ayer a la operadora YPF sobre los alcances del Decreto 324, que pone fin a la concesión que la petrolera tiene sobre las áreas El Trébol-Escalante y Campamento Central-Cañadón Perdido.
“Recién hoy (ayer) se logró comunicar a la petrolera sobre la medida que fue hecha pública, ya que el domicilio que tenía en esta capital era una casa particular sin ocupantes y nos debimos constituir en Comodoro Rivadavia, donde se hizo la notificación”, dijo a Télam el secretario Legal y Técnico de la provincia, Miguel Angel Montoya.
El funcionario provincial detalló que “a partir de mañana (por hoy) corre un plazo de 90 días para que la empresa nos entregue tal como están los yacimientos, con sus implementos, bombas y bienes muebles que son parte de la estructura que ellos recibieron tras la privatización”.
Montoya adelantó que “se constituirá una mesa de diálogo entre el Estado de Chubut y la compañía para establecer una especie de inventario, y también se harán auditorías ambientales y laborales para saber cuántos obreros hay y en qué condiciones está el entorno”.
El secretario Legal y Técnico indicó además que durante estos 90 días, Chubut se encargará de seleccionar un operador para que la producción no se detenga y continúe una vez concretado el traspaso.
Reclaman un registro de sustancias contaminantes
Organizaciones reclaman un Registro Público de sustancias contaminantes
Fecha de Publicación: 20/03/2012
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Nacional
El Secretario de Ambiente de la Nación y titular de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, Juan José Mussi y los representantes de las organizaciones de control designadas por la Corte Suprema coincidieron esta mañana en la necesidad de analizar la creación de un Registro Público de sustancias contaminantes.
En el marco de la Jornada sobre Derecho a Saber y Contaminación Industrial en la Cuenca del Riachuelo coordinada por Greenpeace y la Defensoría del Pueblo de la Nación, el director ejecutivo de la entidad ambientalista, Martín Prieto, reconoció avances en el proceso de fiscalización: “En los últimos tiempos ha habido mejoras en los controles. Sin embargo, todavía es insuficiente. Es preciso que estos controles apunten al cese de los vertidos contaminantes e incorporen sustancias que hoy no están en la normativa de Acumar”.
Por su parte, el defensor adjunto del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, consideró que “Es necesario fortalecer los instrumentos de acceso a la información pública ambiental y de participación ciudadana para afianzar el paradigma de la sustentabilidad que garantice el derecho ambiental”
El seminario, organizado por la Defensoría del Pueblo de la Nación, Greenpeace, Asociación Vecinos de la Boca, FARN, CELS, ACDH, integrantes del Cuerpo Colegiado designado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Riachuelo", tuvo como objetivo conocer la distintas experiencias de Registros de Emisiones y Transferencias Contaminantes en el mundo y evaluar su posible implementación en la cuenca del Riachuelo como herramienta para el control de la contaminación industrial.
El derecho de la sociedad a la información es el fundamento de los Registros de emisiones y Transferencia Contaminantes (RETC). Esta herramienta es un inventario que brinda información sobre la cantidad y toxicidad de algunas sustancias químicas emitidas por las industrias.
Los registros, implementados en muchos países, son instrumentos de política ambiental que permiten al ciudadano ejercer su derecho a saber y conocer los riesgos ambientales que deben afrontarse.
Fecha de Publicación: 20/03/2012
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Nacional
El Secretario de Ambiente de la Nación y titular de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, Juan José Mussi y los representantes de las organizaciones de control designadas por la Corte Suprema coincidieron esta mañana en la necesidad de analizar la creación de un Registro Público de sustancias contaminantes.
En el marco de la Jornada sobre Derecho a Saber y Contaminación Industrial en la Cuenca del Riachuelo coordinada por Greenpeace y la Defensoría del Pueblo de la Nación, el director ejecutivo de la entidad ambientalista, Martín Prieto, reconoció avances en el proceso de fiscalización: “En los últimos tiempos ha habido mejoras en los controles. Sin embargo, todavía es insuficiente. Es preciso que estos controles apunten al cese de los vertidos contaminantes e incorporen sustancias que hoy no están en la normativa de Acumar”.
Por su parte, el defensor adjunto del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, consideró que “Es necesario fortalecer los instrumentos de acceso a la información pública ambiental y de participación ciudadana para afianzar el paradigma de la sustentabilidad que garantice el derecho ambiental”
El seminario, organizado por la Defensoría del Pueblo de la Nación, Greenpeace, Asociación Vecinos de la Boca, FARN, CELS, ACDH, integrantes del Cuerpo Colegiado designado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Riachuelo", tuvo como objetivo conocer la distintas experiencias de Registros de Emisiones y Transferencias Contaminantes en el mundo y evaluar su posible implementación en la cuenca del Riachuelo como herramienta para el control de la contaminación industrial.
El derecho de la sociedad a la información es el fundamento de los Registros de emisiones y Transferencia Contaminantes (RETC). Esta herramienta es un inventario que brinda información sobre la cantidad y toxicidad de algunas sustancias químicas emitidas por las industrias.
Los registros, implementados en muchos países, son instrumentos de política ambiental que permiten al ciudadano ejercer su derecho a saber y conocer los riesgos ambientales que deben afrontarse.
Cenizas y sequía impactan en la biodiversidad
Cenizas volcánicas y sequía impactan en la flora y fauna patagónica
Fecha de Publicación: 20/03/2012
Fuente: Agencia CyTA-Instituto Leloir
Provincia/Región: Patagonia
Un informe del CONICET revela el impacto de las cenizas volcánicas y la sequía sobre la vegetación patagónica. La erupción del Puyehue y la reducción de las precipitaciones disminuyeron un 42 por ciento la producción de materia seca –principal fuente de alimento del ganado- en amplias zonas de la estepa rionegrina.
El 2011 fue un año particularmente duro para los habitantes humanos y animales de la estepa rionegrina. Las cenizas derivadas de la erupción del volcán Puyehue y una caída en las precipitaciones del 30-50 por ciento respecto de la media produjeron, en conjunto, una reducción marcada en el crecimiento de la vegetación que sirve de alimento al ganado en cuatro departamentos de la provincia.
Así lo confirmaron científicos del Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART) del Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a la Agricultura (Ifeva) de la Facultad de Agronomía de la UBA y del Conicet, para quienes las cenizas y la sequía “han traído como consecuencia un 42 por ciento menos de producción de materia (vegetal) seca” en los departamentos de Pilcaniyeu, El Cuy, 25 de Mayo y Ñorquinco, donde se llevó a la cabo la investigación.
El departamento Pilcaniyeu fue el más afectado, dado que un 52 por ciento de su área presentó niveles de crecimiento de materia seca de un 50 por ciento por debajo del promedio. Efectos similares se verificaron, respectivamente, en el 46 por ciento y el 36 por ciento del área de Ñorquinco y 25 de Mayo. En el departamento El Cuy, en tanto, se observó una mengua en el desarrollo vegetal del 30 al 50 por ciento en más de dos terceras partes de su territorio.
Según explicó el autor principal del informe, Gonzalo Irisarri, las cenizas depositadas sobre las hojas actúan como un “sombreo”, es decir, reducen la cantidad de luz solar que las plantas pueden absorber. Esto reduce la fotosíntesis y, en consecuencia, el crecimiento de las plantas, afirmó el docente de la UBA y becario doctoral del CONICET. La reducción en las precipitaciones sólo sirvió para agravar el panorama.
La información fue obtenida a partir del análisis de datos provistos por sensores a bordo de satélites –como el satélite TERRA de la NASA – y de mapas de tipos fisonómicos de vegetación, entre otras fuentes de datos.
Los datos obtenidos tienen una aplicación práctica inmediata, destacó Irisarri. Contar con este tipo de información podría, por ejemplo, establecer áreas de prioridad para una eventual asistencia a productores, definir sobre una base sólida cuál debe ser el nivel de carga que pueden soportar las estepas afectadas y comparar el impacto de este fenómeno con otras situaciones extremas ya sufridas en la región.
En la elaboración del informe también participaron Martín Oesterheld, José Paruelo, Pablo Baldassini, Dolores Arocena y Mariano Oyarzabal.
Las cenizas y la reducción de las precipitaciones han traído como consecuencia un 42 por ciento menos de producción de materia seca –principal fuente de alimento del ganado- en amplias zonas de los departamentos de Pilcaniyeu, El Cuy, 25 de Mayo y Ñorquinco, en la Provincia de Río Negro.
Fecha de Publicación: 20/03/2012
Fuente: Agencia CyTA-Instituto Leloir
Provincia/Región: Patagonia
Un informe del CONICET revela el impacto de las cenizas volcánicas y la sequía sobre la vegetación patagónica. La erupción del Puyehue y la reducción de las precipitaciones disminuyeron un 42 por ciento la producción de materia seca –principal fuente de alimento del ganado- en amplias zonas de la estepa rionegrina.
El 2011 fue un año particularmente duro para los habitantes humanos y animales de la estepa rionegrina. Las cenizas derivadas de la erupción del volcán Puyehue y una caída en las precipitaciones del 30-50 por ciento respecto de la media produjeron, en conjunto, una reducción marcada en el crecimiento de la vegetación que sirve de alimento al ganado en cuatro departamentos de la provincia.
Así lo confirmaron científicos del Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART) del Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a la Agricultura (Ifeva) de la Facultad de Agronomía de la UBA y del Conicet, para quienes las cenizas y la sequía “han traído como consecuencia un 42 por ciento menos de producción de materia (vegetal) seca” en los departamentos de Pilcaniyeu, El Cuy, 25 de Mayo y Ñorquinco, donde se llevó a la cabo la investigación.
El departamento Pilcaniyeu fue el más afectado, dado que un 52 por ciento de su área presentó niveles de crecimiento de materia seca de un 50 por ciento por debajo del promedio. Efectos similares se verificaron, respectivamente, en el 46 por ciento y el 36 por ciento del área de Ñorquinco y 25 de Mayo. En el departamento El Cuy, en tanto, se observó una mengua en el desarrollo vegetal del 30 al 50 por ciento en más de dos terceras partes de su territorio.
Según explicó el autor principal del informe, Gonzalo Irisarri, las cenizas depositadas sobre las hojas actúan como un “sombreo”, es decir, reducen la cantidad de luz solar que las plantas pueden absorber. Esto reduce la fotosíntesis y, en consecuencia, el crecimiento de las plantas, afirmó el docente de la UBA y becario doctoral del CONICET. La reducción en las precipitaciones sólo sirvió para agravar el panorama.
La información fue obtenida a partir del análisis de datos provistos por sensores a bordo de satélites –como el satélite TERRA de la NASA – y de mapas de tipos fisonómicos de vegetación, entre otras fuentes de datos.
Los datos obtenidos tienen una aplicación práctica inmediata, destacó Irisarri. Contar con este tipo de información podría, por ejemplo, establecer áreas de prioridad para una eventual asistencia a productores, definir sobre una base sólida cuál debe ser el nivel de carga que pueden soportar las estepas afectadas y comparar el impacto de este fenómeno con otras situaciones extremas ya sufridas en la región.
En la elaboración del informe también participaron Martín Oesterheld, José Paruelo, Pablo Baldassini, Dolores Arocena y Mariano Oyarzabal.
Las cenizas y la reducción de las precipitaciones han traído como consecuencia un 42 por ciento menos de producción de materia seca –principal fuente de alimento del ganado- en amplias zonas de los departamentos de Pilcaniyeu, El Cuy, 25 de Mayo y Ñorquinco, en la Provincia de Río Negro.
Riachuelo: mancha negra que no deja de crecer
Esa mancha negra que no deja de crecer
Fecha de Publicación: 19/03/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Según el informe realizado por la ONG ambientalista, unos análisis del Riachuelo determinaron la existencia de tóxicos no controlados en la legislación argentina, pero que son rechazados por países de la Unión Europea. La situación de las grandes empresas.
Una investigación efectuada por la entidad ambientalista Greenpeace, sobre efluentes de curtiembres sobre el Riachuelo, indicó la presencia de sustancias tóxicas que, en Europa y en otros países latinoamericanos, estarían ya bajo control. Según el informe, “muchas curtiembres, aprovechando que las regulaciones argentinas son débiles, no implementan controles adecuados de las sustancias que emiten”. Greenpeace reconoce que “desde este último año, Acumar (Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo) fiscaliza a las empresas, muestrea efluentes y requiere procesos de reconversión”, pero “hay sustancias tóxicas que la normativa actual no contempla” y además “no se limita la masa total de contaminantes que una empresa puede emitir”. Además, Greenpeace requiere que “las grandes curtiembres no se limiten a cumplir las normas vigentes: deben difundir públicamente qué sustancias emiten y fijarse plazos para eliminar las peligrosas”. En respuesta, el director ejecutivo de Acumar admitió la necesidad de limitar la masa de efluentes para cada empresa y afirmó que “ahora, cuando ya sabemos quiénes contaminan y los hemos inspeccionado, hay que avanzar en el control de sustancias que internacionalmente ya no se consideran aceptables”.
El informe “Nuevas evidencias de contaminación de curtiembres en la cuenca Matanza-Riachuelo”, de Greenpeace, recuerda que las curtiembres fueron identificadas por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS), en 2006, como responsables del 50 por ciento de la degradación ambiental del Riachuelo, y señala que “el sector está dominado por un grupo de grandes empresas, que concentran la mayor parte de la producción y el 80 por ciento de las exportaciones. El resto está constituido por múltiples curtiembres medianas y chicas que proveen al mercado interno”. Afirma que las grandes curtiembres “se adaptaron a las exigencias de calidad de sus productos para competir en mercados internacionales, pero no adoptaron estrategias eficaces para terminar con el vertido de sustancias peligrosas” y que “aprovechan la legislación local, más laxa que la vigente en muchos países, para no implementar controles estrictos”. Entre estas empresas menciona a Arlei, Sadesa, Fonseca, La Hispano Argentina, Angel Giordano, Urciuoli y Américo Gaita”.
Greenpeace señala que “hasta fines de 2011, más de 80 curtiembres –de un total superior a las 170– fueron declaradas como agentes contaminantes por la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar). A partir de ello, están obligadas a implementar planes de reconversión industrial”. Sin embargo, “la normativa vigente sobre vertidos industriales no sólo permite sustancias contaminantes por concentración de vertidos sino que no contempla una gran variedad de sustancias tóxicas. Este marco regulatorio débil, sumado a la falta de políticas de gestión de sustancias peligrosas por las industrias, no permitirá una verdadera recomposición ambiental de la Cuenca”.
Según explicó Lorena Pujó, coordinadora de la campaña Riachuelo de Greenpeace, “si consideramos laxa la normativa argentina es por dos motivos. Primero, porque el control en los efluentes de las industrias se limita a las sustancias tóxicas incluidas en la Resolución 1/2007 de Acumar. Esa norma fue un buen comienzo, pero otras legislaciones se revisan y actualizan a medida que se investigan mejor las sustancias a controlar. Así, la normativa brasileña incluye el control del cloroformo, los dicloroetilenos y el tricloroetileno; la chilena, el pentaclorofenol, el tolueno, el xileno y otras sustancias. Una segunda limitación de nuestra normativa es no tomar en cuenta la ‘carga másica’: supongamos que se vierte ‘x’ cantidad de una sustancia por litro de efluentes, pero no se establece cuál es la cantidad total máxima que cada empresa en particular puede descargar en un año o en un mes”.
“Reconocemos que, especialmente en el último año, hubo muchos avances por parte de la Acumar –puntualizó la representante de Greenpeace–. Antes ni siquiera se sabía cuántas industrias había en la Cuenca. Ahora se está empadronando a todas las empresas; Acumar las fiscaliza y muestrea los efluentes; a aquellas donde detecta emisión de sustancias tóxicas las declara agentes contaminantes y les ordena iniciar un proceso de reconversión industrial. Sin embargo, mientras no se incorporen otras sustancias tóxicas a la normativa y mientras no se incluya la ‘carga másica’, no se va a recomponer el Riachuelo.” Según el informe de la entidad ambientalista, “nueve empresas, entre ellas dos curtiembres, que en noviembre de 2011 fueron declaradas ‘reconvertidas’ por Acumar de acuerdo con la normativa vigente, siguen vertiendo sustancias tóxicas”. Por eso, Pujó sostiene que “aun si se reconvirtieran todas las empresas de acuerdo con la normativa actual de Acumar, el Riachuelo seguiría sin sanearse”.
Greenpeace tomó muestras de efluentes de curtiembres y las envió para su análisis en el laboratorio central de la entidad en Exeter, Gran Bretaña. Una serie de tomas se efectuó –entre fines de 2010 y abril de 2011– sobre las descargas de La Hispano, ubicada en el barrio porteño de Mataderos: “Los análisis demuestran la presencia de sustancias tóxicas, persistentes y bioacumulativas, como ftalatos, reconocidos como ‘sustancia de muy alta preocupación’ por la regulación Reach (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals), de la Unión Europea”. Greenpeace sostiene que “La Hispano, como empresa líder del sector exportador de las curtiembres, tiene una posición clave para realizar cambios en su proceso productivo y eliminar las sustancias peligrosas de sus vertidos”.
Otra serie de muestreos se efectuó, entre abril y mayo de 2011, sobre efluentes de curtiembres en el municipio de Lanús, conocido históricamente como “la capital del cuero” por la cantidad de estas industrias allí radicadas. Se eligieron “cuatro curtiembres representativas: Américo Gaita, Angel Giordano, María Lettieri y La Teresa”, ya declaradas como agentes contaminantes por Acumar. Los análisis de Greenpeace “demuestran la presencia de un alto porcentaje de compuestos orgánicos contaminantes”, entre ellos “el nonilfenol, reconocido como contaminante prioritario en sistemas hídricos desde hace más de una década e incluido en la primera lista de químicos de la Convención Ospar (Convenio para la Protección del Medio Marino del Atlántico del Nordeste), para que cesen sus vertidos en 2020”. Ese plazo “obedece a que es necesario trabajar con 10 a 15 de años de anticipación para lograr un adecuado reemplazo de la sustancia tóxica”, aclaró Pujó, y señaló que “estas sustancias tampoco están incluidas entre las mediciones de Acumar”.
El documento de Greenpeace sostiene que “las empresas no deben limitarse a cumplir con la norma vigente: las grandes curtiembres deben tomar la iniciativa de identificar y eliminar las sustancias peligrosas. Es necesario que difundan públicamente qué sustancias emplean e identifiquen las que debieran ser eliminadas”.
–¿Por qué suponer que las empresas van a controlarse a sí mismas aun más allá de la normativa vigente? –preguntó Página12.
–Porque también tienen clientela local. Por eso el año pasado hicimos público un informe (que Página/12 difundió el 8 de agosto de 2011) sobre prestigiosas zapaterías que utilizan cuero de empresas contaminantes. Esas empresas hoy les demandan a las curtiembres lo mismo que nosotros. Y las curtiembres grandes y medianas tienen capacidad como para implementar estos procesos –contestó Lorena Pujó–. Según la ambientalista, “si se hacen las cosas bien, será posible lograr, en 20 o 25 años, un saneamiento real del Riachuelo. La condición es establecer un compromiso de vertido cero, con metas intermedias y plazos atendibles”.
Fecha de Publicación: 19/03/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Según el informe realizado por la ONG ambientalista, unos análisis del Riachuelo determinaron la existencia de tóxicos no controlados en la legislación argentina, pero que son rechazados por países de la Unión Europea. La situación de las grandes empresas.
Una investigación efectuada por la entidad ambientalista Greenpeace, sobre efluentes de curtiembres sobre el Riachuelo, indicó la presencia de sustancias tóxicas que, en Europa y en otros países latinoamericanos, estarían ya bajo control. Según el informe, “muchas curtiembres, aprovechando que las regulaciones argentinas son débiles, no implementan controles adecuados de las sustancias que emiten”. Greenpeace reconoce que “desde este último año, Acumar (Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo) fiscaliza a las empresas, muestrea efluentes y requiere procesos de reconversión”, pero “hay sustancias tóxicas que la normativa actual no contempla” y además “no se limita la masa total de contaminantes que una empresa puede emitir”. Además, Greenpeace requiere que “las grandes curtiembres no se limiten a cumplir las normas vigentes: deben difundir públicamente qué sustancias emiten y fijarse plazos para eliminar las peligrosas”. En respuesta, el director ejecutivo de Acumar admitió la necesidad de limitar la masa de efluentes para cada empresa y afirmó que “ahora, cuando ya sabemos quiénes contaminan y los hemos inspeccionado, hay que avanzar en el control de sustancias que internacionalmente ya no se consideran aceptables”.
El informe “Nuevas evidencias de contaminación de curtiembres en la cuenca Matanza-Riachuelo”, de Greenpeace, recuerda que las curtiembres fueron identificadas por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS), en 2006, como responsables del 50 por ciento de la degradación ambiental del Riachuelo, y señala que “el sector está dominado por un grupo de grandes empresas, que concentran la mayor parte de la producción y el 80 por ciento de las exportaciones. El resto está constituido por múltiples curtiembres medianas y chicas que proveen al mercado interno”. Afirma que las grandes curtiembres “se adaptaron a las exigencias de calidad de sus productos para competir en mercados internacionales, pero no adoptaron estrategias eficaces para terminar con el vertido de sustancias peligrosas” y que “aprovechan la legislación local, más laxa que la vigente en muchos países, para no implementar controles estrictos”. Entre estas empresas menciona a Arlei, Sadesa, Fonseca, La Hispano Argentina, Angel Giordano, Urciuoli y Américo Gaita”.
Greenpeace señala que “hasta fines de 2011, más de 80 curtiembres –de un total superior a las 170– fueron declaradas como agentes contaminantes por la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar). A partir de ello, están obligadas a implementar planes de reconversión industrial”. Sin embargo, “la normativa vigente sobre vertidos industriales no sólo permite sustancias contaminantes por concentración de vertidos sino que no contempla una gran variedad de sustancias tóxicas. Este marco regulatorio débil, sumado a la falta de políticas de gestión de sustancias peligrosas por las industrias, no permitirá una verdadera recomposición ambiental de la Cuenca”.
Según explicó Lorena Pujó, coordinadora de la campaña Riachuelo de Greenpeace, “si consideramos laxa la normativa argentina es por dos motivos. Primero, porque el control en los efluentes de las industrias se limita a las sustancias tóxicas incluidas en la Resolución 1/2007 de Acumar. Esa norma fue un buen comienzo, pero otras legislaciones se revisan y actualizan a medida que se investigan mejor las sustancias a controlar. Así, la normativa brasileña incluye el control del cloroformo, los dicloroetilenos y el tricloroetileno; la chilena, el pentaclorofenol, el tolueno, el xileno y otras sustancias. Una segunda limitación de nuestra normativa es no tomar en cuenta la ‘carga másica’: supongamos que se vierte ‘x’ cantidad de una sustancia por litro de efluentes, pero no se establece cuál es la cantidad total máxima que cada empresa en particular puede descargar en un año o en un mes”.
“Reconocemos que, especialmente en el último año, hubo muchos avances por parte de la Acumar –puntualizó la representante de Greenpeace–. Antes ni siquiera se sabía cuántas industrias había en la Cuenca. Ahora se está empadronando a todas las empresas; Acumar las fiscaliza y muestrea los efluentes; a aquellas donde detecta emisión de sustancias tóxicas las declara agentes contaminantes y les ordena iniciar un proceso de reconversión industrial. Sin embargo, mientras no se incorporen otras sustancias tóxicas a la normativa y mientras no se incluya la ‘carga másica’, no se va a recomponer el Riachuelo.” Según el informe de la entidad ambientalista, “nueve empresas, entre ellas dos curtiembres, que en noviembre de 2011 fueron declaradas ‘reconvertidas’ por Acumar de acuerdo con la normativa vigente, siguen vertiendo sustancias tóxicas”. Por eso, Pujó sostiene que “aun si se reconvirtieran todas las empresas de acuerdo con la normativa actual de Acumar, el Riachuelo seguiría sin sanearse”.
Greenpeace tomó muestras de efluentes de curtiembres y las envió para su análisis en el laboratorio central de la entidad en Exeter, Gran Bretaña. Una serie de tomas se efectuó –entre fines de 2010 y abril de 2011– sobre las descargas de La Hispano, ubicada en el barrio porteño de Mataderos: “Los análisis demuestran la presencia de sustancias tóxicas, persistentes y bioacumulativas, como ftalatos, reconocidos como ‘sustancia de muy alta preocupación’ por la regulación Reach (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals), de la Unión Europea”. Greenpeace sostiene que “La Hispano, como empresa líder del sector exportador de las curtiembres, tiene una posición clave para realizar cambios en su proceso productivo y eliminar las sustancias peligrosas de sus vertidos”.
Otra serie de muestreos se efectuó, entre abril y mayo de 2011, sobre efluentes de curtiembres en el municipio de Lanús, conocido históricamente como “la capital del cuero” por la cantidad de estas industrias allí radicadas. Se eligieron “cuatro curtiembres representativas: Américo Gaita, Angel Giordano, María Lettieri y La Teresa”, ya declaradas como agentes contaminantes por Acumar. Los análisis de Greenpeace “demuestran la presencia de un alto porcentaje de compuestos orgánicos contaminantes”, entre ellos “el nonilfenol, reconocido como contaminante prioritario en sistemas hídricos desde hace más de una década e incluido en la primera lista de químicos de la Convención Ospar (Convenio para la Protección del Medio Marino del Atlántico del Nordeste), para que cesen sus vertidos en 2020”. Ese plazo “obedece a que es necesario trabajar con 10 a 15 de años de anticipación para lograr un adecuado reemplazo de la sustancia tóxica”, aclaró Pujó, y señaló que “estas sustancias tampoco están incluidas entre las mediciones de Acumar”.
El documento de Greenpeace sostiene que “las empresas no deben limitarse a cumplir con la norma vigente: las grandes curtiembres deben tomar la iniciativa de identificar y eliminar las sustancias peligrosas. Es necesario que difundan públicamente qué sustancias emplean e identifiquen las que debieran ser eliminadas”.
–¿Por qué suponer que las empresas van a controlarse a sí mismas aun más allá de la normativa vigente? –preguntó Página12.
–Porque también tienen clientela local. Por eso el año pasado hicimos público un informe (que Página/12 difundió el 8 de agosto de 2011) sobre prestigiosas zapaterías que utilizan cuero de empresas contaminantes. Esas empresas hoy les demandan a las curtiembres lo mismo que nosotros. Y las curtiembres grandes y medianas tienen capacidad como para implementar estos procesos –contestó Lorena Pujó–. Según la ambientalista, “si se hacen las cosas bien, será posible lograr, en 20 o 25 años, un saneamiento real del Riachuelo. La condición es establecer un compromiso de vertido cero, con metas intermedias y plazos atendibles”.
Minería: Derecho a decidir
Derecho a decidir
Fecha de Publicación: 19/03/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Los megaproyectos mineros pasaron de 18 en 2002 a más de 600 en 2011, representando en la actualidad el 5 por ciento del PBI. Para preservar el medio ambiente, los desarrollistas proponen incrementar los controles y los ambientalistas, prohibir la megaminería.
En 1993 se sancionó la Ley de Inversiones Mineras que, contando con el apoyo de casi todo el arco político, establecía grandes beneficios a las transnacionales: congelamiento de la carga tributaria por 30 años, deducción del 100 por ciento de la inversión en el impuesto a las Ganancias, exención del pago de los derechos de importación, límite del 3 por ciento para el cobro de regalías provinciales, entre otros. “Esta es una de las maneras de poner en marcha la soberanía de un país a partir de, entre otras cosas, su potencial económico: inversión, explotación, son el abc en el mundo actual para el crecimiento de los pueblos. [...] Argentina les abre las puertas a todos aquellos hombres de bien y a todas las empresas que quieran venir a ayudarnos a construir una patria grande y hacer la felicidad del pueblo”, decía entonces el ex presidente Carlos Menem.
El nuevo marco jurídico junto con las nuevas tecnologías y la devaluación favorecieron la apertura de varios megaproyectos mineros, que pasaron de 18 en 2002 a más de 600 en 2011. La minería pasó del 0,22 por ciento del PIB en 1990, al 5 por ciento en la actualidad. Los gobiernos posteriores celebraron la política minera menemista. Durante la presentación del Plan Minero Nacional en 2004, Néstor Kirchner sostuvo que “el sector minero argentino es uno de los pocos que durante la década del ’90, con cambios importantes en la legislación, empezó a tener un principio y un punto de inflexión que le permitió avizorar un destino estratégico diferente. [...] Más allá de una legislación que nosotros estimamos fue positiva, que ayudó, evidentemente hoy estamos ante una posibilidad concreta de consolidar el proceso de inversión y de desarrollo minero [...] todo lo que ayude al sector y ustedes como empresarios vean como una perspectiva clara de incentivar la inversión y crean que esa inversión se puede incentivar con determinadas medidas que podemos conversar, estamos absolutamente dispuestos a escuchar...”.
Pero hoy las asambleas lograron instalar el tema en la opinión pública, gracias a la perseverancia como a las redes que han construido. Un ejemplo es la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), un espacio de encuentro que se organiza tres veces al año en distintos lugares del país en el que confluyen más de 250 asambleas, colectivos y organizaciones sociales de distintos territorios unidos bajo el lema: “Sí a la vida, contra el saqueo y la contaminación”, donde se debate y decide en comisiones y plenarios por consenso. La UAC, nacida en 2006, fue tomando varias problemáticas en conflicto: megaminería, pasteras, petroleras, deforestación de bosques y destrucción de humedales, expropiación de territorios a comunidades originarias, agrotóxicos, represas, contaminación urbano industrial, incluyendo lo cultural-comunicacional.
En otros espacios, ante este debate existen distintas posturas críticas. Algunas focalizan en el carácter foráneo de las empresas. Su solución sería que el Estado o los capitales nacionales se encarguen de esta producción. Otras posturas hacen hincapié en lo poco que dejan estas empresas y la solución, en este caso, sería cobrarles más retenciones o regalías. Ambos argumentos se basan en datos reales. Según un informe del Ministerio de Relaciones Exteriores, sólo el 18 por ciento de las mineras en la Argentina son de capitales “nacionales”. Entre 2002 y 2004, del total producido en el país en oro, plata y cobre, se exportó el 98, 97 y el 82 por ciento, respectivamente. Por otra parte, mientras la producción creció más de 600 por ciento, el empleo pasó de 9718 asalariados en 2003, a 20.999 en 2010. Cifras menores a los 500 mil empleos directos e indirectos que afirma el secretario de Minería. Además, la cantidad de empleo generado por la megaminería se concentra en los primeros años de la actividad. Por ejemplo, Minera Alumbrera contrató 6 mil trabajadores en la etapa de construcción, pero disminuyó a 1165 puestos en 2005. Por último, se encuentra el planteo centrado en la extracción y contaminación del agua, recurso no renovable. Según el hidrogeólogo Fernando Díaz, perito de la Corte Suprema de Justicia, los drenajes ácidos de esta actividad, afectan las aguas superficiales y las subterráneas, siendo imposible de evitar. Y asegura también que la megaminería reduce los caudales de un río, pudiendo eliminar los cursos de agua.
No obstante los fundamentos de estas críticas, podemos plantearnos qué es lo que hoy está realmente en cuestión: si se aumentan las retenciones, si se impulsa que estos emprendimientos sean llevados a cabo por capitales nacionales, si se multa por contaminar, o el debate es más profundo y reside en quiénes tienen derecho a decidir. En Esquel, en 2003, a pesar del 40 por ciento de desocupación de aquel momento y las promesas de empleo de la minera, el 81 por ciento de la población dijo “No a la megaminería”.
Por Laura Alvarez - Investigadora becaria del Conicet - Unqui - Licenciada en Ciencia Política (UBA)
Fecha de Publicación: 19/03/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Los megaproyectos mineros pasaron de 18 en 2002 a más de 600 en 2011, representando en la actualidad el 5 por ciento del PBI. Para preservar el medio ambiente, los desarrollistas proponen incrementar los controles y los ambientalistas, prohibir la megaminería.
En 1993 se sancionó la Ley de Inversiones Mineras que, contando con el apoyo de casi todo el arco político, establecía grandes beneficios a las transnacionales: congelamiento de la carga tributaria por 30 años, deducción del 100 por ciento de la inversión en el impuesto a las Ganancias, exención del pago de los derechos de importación, límite del 3 por ciento para el cobro de regalías provinciales, entre otros. “Esta es una de las maneras de poner en marcha la soberanía de un país a partir de, entre otras cosas, su potencial económico: inversión, explotación, son el abc en el mundo actual para el crecimiento de los pueblos. [...] Argentina les abre las puertas a todos aquellos hombres de bien y a todas las empresas que quieran venir a ayudarnos a construir una patria grande y hacer la felicidad del pueblo”, decía entonces el ex presidente Carlos Menem.
El nuevo marco jurídico junto con las nuevas tecnologías y la devaluación favorecieron la apertura de varios megaproyectos mineros, que pasaron de 18 en 2002 a más de 600 en 2011. La minería pasó del 0,22 por ciento del PIB en 1990, al 5 por ciento en la actualidad. Los gobiernos posteriores celebraron la política minera menemista. Durante la presentación del Plan Minero Nacional en 2004, Néstor Kirchner sostuvo que “el sector minero argentino es uno de los pocos que durante la década del ’90, con cambios importantes en la legislación, empezó a tener un principio y un punto de inflexión que le permitió avizorar un destino estratégico diferente. [...] Más allá de una legislación que nosotros estimamos fue positiva, que ayudó, evidentemente hoy estamos ante una posibilidad concreta de consolidar el proceso de inversión y de desarrollo minero [...] todo lo que ayude al sector y ustedes como empresarios vean como una perspectiva clara de incentivar la inversión y crean que esa inversión se puede incentivar con determinadas medidas que podemos conversar, estamos absolutamente dispuestos a escuchar...”.
Pero hoy las asambleas lograron instalar el tema en la opinión pública, gracias a la perseverancia como a las redes que han construido. Un ejemplo es la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), un espacio de encuentro que se organiza tres veces al año en distintos lugares del país en el que confluyen más de 250 asambleas, colectivos y organizaciones sociales de distintos territorios unidos bajo el lema: “Sí a la vida, contra el saqueo y la contaminación”, donde se debate y decide en comisiones y plenarios por consenso. La UAC, nacida en 2006, fue tomando varias problemáticas en conflicto: megaminería, pasteras, petroleras, deforestación de bosques y destrucción de humedales, expropiación de territorios a comunidades originarias, agrotóxicos, represas, contaminación urbano industrial, incluyendo lo cultural-comunicacional.
En otros espacios, ante este debate existen distintas posturas críticas. Algunas focalizan en el carácter foráneo de las empresas. Su solución sería que el Estado o los capitales nacionales se encarguen de esta producción. Otras posturas hacen hincapié en lo poco que dejan estas empresas y la solución, en este caso, sería cobrarles más retenciones o regalías. Ambos argumentos se basan en datos reales. Según un informe del Ministerio de Relaciones Exteriores, sólo el 18 por ciento de las mineras en la Argentina son de capitales “nacionales”. Entre 2002 y 2004, del total producido en el país en oro, plata y cobre, se exportó el 98, 97 y el 82 por ciento, respectivamente. Por otra parte, mientras la producción creció más de 600 por ciento, el empleo pasó de 9718 asalariados en 2003, a 20.999 en 2010. Cifras menores a los 500 mil empleos directos e indirectos que afirma el secretario de Minería. Además, la cantidad de empleo generado por la megaminería se concentra en los primeros años de la actividad. Por ejemplo, Minera Alumbrera contrató 6 mil trabajadores en la etapa de construcción, pero disminuyó a 1165 puestos en 2005. Por último, se encuentra el planteo centrado en la extracción y contaminación del agua, recurso no renovable. Según el hidrogeólogo Fernando Díaz, perito de la Corte Suprema de Justicia, los drenajes ácidos de esta actividad, afectan las aguas superficiales y las subterráneas, siendo imposible de evitar. Y asegura también que la megaminería reduce los caudales de un río, pudiendo eliminar los cursos de agua.
No obstante los fundamentos de estas críticas, podemos plantearnos qué es lo que hoy está realmente en cuestión: si se aumentan las retenciones, si se impulsa que estos emprendimientos sean llevados a cabo por capitales nacionales, si se multa por contaminar, o el debate es más profundo y reside en quiénes tienen derecho a decidir. En Esquel, en 2003, a pesar del 40 por ciento de desocupación de aquel momento y las promesas de empleo de la minera, el 81 por ciento de la población dijo “No a la megaminería”.
Por Laura Alvarez - Investigadora becaria del Conicet - Unqui - Licenciada en Ciencia Política (UBA)
Asambleístas enfrentan una demanda civil
Asambleístas de Gualeguaychú enfrentan una demanda civil por 680 mil pesos
Fecha de Publicación: 18/03/2012
Fuente: La Calle On Line
Provincia/Región: Entre Ríos
Integrantes de la Asamblea Ambiental enfrentan una demanda civil por el accidente fatal de un motociclista ocurrido en abril de 2009, en el lugar donde se realizaba el corte sobre la Ruta 136, en el marco de la protesta contra Botnia-UPM.
Así lo reveló Luis Leissa, uno de los abogados de la Asamblea de Gualeguaychú, quien defendió a los vecinos asambleístas al manifestar que “gente que no tenía ninguna participación política, que solamente defendía el medio ambiente, hoy se ve involucrada en una demanda civil y también en una causa penal”. El motociclista Walter Maulucci, de 32 años, murió luego de chocar contra un acoplado que cortaba la ruta internacional 136 en la noche del domingo 26 de abril de 2009, cuando se dirigía desde la ciudad uruguaya de Fray Bentos hacia Gualeguaychú. Leissa dijo que el reclamo judicial “hace mella en la voluntad de la gente”, en tanto decenas de asambleístas debieron declarar ante el juzgado Federal de Concepción del Uruguay por los cortes de ruta y las movilizaciones en las carreteras. “Esta persecución que hubo hacia los asambleístas jugó un papel de mellar el ánimo y la participación de la gente. Porque muchos vecinos se vieron involucrados en causas criminales o como ahora, en esta demanda civil. Son cinco ambientalistas a los que la madre de Maulucci les inició una demanda por 680 mil pesos”, explicó Leissa. Leissa dijo que “hay una decisión firme del gobierno por acallar el reclamo de Botnia (Orión)”. En declaraciones a FM La Plaza de Paraná, el abogado dijo que pese a todo, la Asamblea trabaja en la organización de la octava marcha al puente internacional General San Martín para el domingo 29 de abril. “La sociedad continúa trabajando para que el reclamo no quede en el olvido, por eso, entre otras cosas, se está organizando para el 29 de abril la octava marcha y abrazo al río en defensa del medioambiente”, señaló. Subrayó que “más allá de que hoy hay otro escenario muy distinto a años atrás, la sociedad sigue trabajando para continuar con el reclamo y para que esta lucha no quede en el olvido”. Leissa recordó que “el gobierno dijo que se iba a poner una pantalla gigante para que informara en tiempo real cuál era el resultado de los controles que se hacía en Botnia, en el marco del cumplimiento del fallo de La Haya, pero no se hizo nada. Esto se anunció por parte del canciller Héctor Timerman y en presencia del gobernador Sergio Urribarri y del intendente (de Gualeguaychú) Juan José Bahillo, pero todo quedó en la nada”. Tambien criticó la “parsimonia” con la que actúa la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), ya que “ni siquiera está cumpliendo con el monitoreo constante que se tenía que hacer en Botnia”.
Fecha de Publicación: 18/03/2012
Fuente: La Calle On Line
Provincia/Región: Entre Ríos
Integrantes de la Asamblea Ambiental enfrentan una demanda civil por el accidente fatal de un motociclista ocurrido en abril de 2009, en el lugar donde se realizaba el corte sobre la Ruta 136, en el marco de la protesta contra Botnia-UPM.
Así lo reveló Luis Leissa, uno de los abogados de la Asamblea de Gualeguaychú, quien defendió a los vecinos asambleístas al manifestar que “gente que no tenía ninguna participación política, que solamente defendía el medio ambiente, hoy se ve involucrada en una demanda civil y también en una causa penal”. El motociclista Walter Maulucci, de 32 años, murió luego de chocar contra un acoplado que cortaba la ruta internacional 136 en la noche del domingo 26 de abril de 2009, cuando se dirigía desde la ciudad uruguaya de Fray Bentos hacia Gualeguaychú. Leissa dijo que el reclamo judicial “hace mella en la voluntad de la gente”, en tanto decenas de asambleístas debieron declarar ante el juzgado Federal de Concepción del Uruguay por los cortes de ruta y las movilizaciones en las carreteras. “Esta persecución que hubo hacia los asambleístas jugó un papel de mellar el ánimo y la participación de la gente. Porque muchos vecinos se vieron involucrados en causas criminales o como ahora, en esta demanda civil. Son cinco ambientalistas a los que la madre de Maulucci les inició una demanda por 680 mil pesos”, explicó Leissa. Leissa dijo que “hay una decisión firme del gobierno por acallar el reclamo de Botnia (Orión)”. En declaraciones a FM La Plaza de Paraná, el abogado dijo que pese a todo, la Asamblea trabaja en la organización de la octava marcha al puente internacional General San Martín para el domingo 29 de abril. “La sociedad continúa trabajando para que el reclamo no quede en el olvido, por eso, entre otras cosas, se está organizando para el 29 de abril la octava marcha y abrazo al río en defensa del medioambiente”, señaló. Subrayó que “más allá de que hoy hay otro escenario muy distinto a años atrás, la sociedad sigue trabajando para continuar con el reclamo y para que esta lucha no quede en el olvido”. Leissa recordó que “el gobierno dijo que se iba a poner una pantalla gigante para que informara en tiempo real cuál era el resultado de los controles que se hacía en Botnia, en el marco del cumplimiento del fallo de La Haya, pero no se hizo nada. Esto se anunció por parte del canciller Héctor Timerman y en presencia del gobernador Sergio Urribarri y del intendente (de Gualeguaychú) Juan José Bahillo, pero todo quedó en la nada”. Tambien criticó la “parsimonia” con la que actúa la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), ya que “ni siquiera está cumpliendo con el monitoreo constante que se tenía que hacer en Botnia”.
Agroquímicos: Chaco presentó nuevo proyecto
Agroquímicos: ingresó proyecto que fija límites para las fumigaciones
Fecha de Publicación: 18/03/2012
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
La iniciativa es casi idéntica a la elaborada por la comisión de Agricultura en 2011, pero incorpora límite para las pulverizaciones terrestres y áreas de 500 y 1000 metros, respectivamente. Fija al Ministerio de Planificación y Ambiente como autoridad
El Poder Ejecutivo entiende que para “fortalecer su rol de resguardo ambiental y desarrollo sustentable”, que implican el impacto de las actividades productivas agrícolas en la Provincia, es necesario “mejorar la actual ley de Biocidas (3378) y además poseer la potestad de ejercer la autoridad de aplicación de la misma”.
Fundamenta la medida y así lo expone en la necesidad de “unificar la fiscalización de las leyes de Residuos Peligrosos (Ley 3936) y de Biocidas”, debido a que poseen una estrecha relación, “en legislar y ordenar los envases de agroquímicos (considerados residuos peligrosos)”.
Además de “acatar lo expresado por el pueblo del Chaco, en las dos audiencias públicas realizadas en el Recinto de la Cámara de Diputados (septiembre de 2011), donde solicitan un mayor control de la actividad agrícola por parte del Poder Ejecutivo” y explicitar en el cuerpo de la ley las “distancias de resguardo de las poblaciones respecto de las aplicaciones terrestres y/o aéreas de productos agroquímicos”
También considera los aportes que presentan los proyectos de ley 391/09 y 492/11, presentados por la diputada María Cristina Barrios y el diputado Carlos Martínez, respectivamente.
En otro punto y como argumento se considera la certificación obligatoria de un “Protocolo de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA Chaco)”, firmado por un responsable técnico (Ingeniero Agrónomo o título equivalente) y avalado institucionalmente por el Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos (CPIACH) y “la necesidad de registrar y verificar técnicamente el funcionamiento de todos los equipos de aplicación terrestre”, no sólo los inscriptos como servicios comerciales de aplicación terrestre, sino la de todos los productores agrícolas de la provincia y “tomar como base el proyecto de ley del bloque oficialista (consensuado con los Asesores Técnicos)".
Se plantea “unificar el organismo de aplicación para el ordenamiento de las actividades productivas que mayor impacto en el ambiente produzcan, en el marco de las competencias del Ministerio de Planificación y Ambiente”.
Fecha de Publicación: 18/03/2012
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
La iniciativa es casi idéntica a la elaborada por la comisión de Agricultura en 2011, pero incorpora límite para las pulverizaciones terrestres y áreas de 500 y 1000 metros, respectivamente. Fija al Ministerio de Planificación y Ambiente como autoridad
El Poder Ejecutivo entiende que para “fortalecer su rol de resguardo ambiental y desarrollo sustentable”, que implican el impacto de las actividades productivas agrícolas en la Provincia, es necesario “mejorar la actual ley de Biocidas (3378) y además poseer la potestad de ejercer la autoridad de aplicación de la misma”.
Fundamenta la medida y así lo expone en la necesidad de “unificar la fiscalización de las leyes de Residuos Peligrosos (Ley 3936) y de Biocidas”, debido a que poseen una estrecha relación, “en legislar y ordenar los envases de agroquímicos (considerados residuos peligrosos)”.
Además de “acatar lo expresado por el pueblo del Chaco, en las dos audiencias públicas realizadas en el Recinto de la Cámara de Diputados (septiembre de 2011), donde solicitan un mayor control de la actividad agrícola por parte del Poder Ejecutivo” y explicitar en el cuerpo de la ley las “distancias de resguardo de las poblaciones respecto de las aplicaciones terrestres y/o aéreas de productos agroquímicos”
También considera los aportes que presentan los proyectos de ley 391/09 y 492/11, presentados por la diputada María Cristina Barrios y el diputado Carlos Martínez, respectivamente.
En otro punto y como argumento se considera la certificación obligatoria de un “Protocolo de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA Chaco)”, firmado por un responsable técnico (Ingeniero Agrónomo o título equivalente) y avalado institucionalmente por el Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos (CPIACH) y “la necesidad de registrar y verificar técnicamente el funcionamiento de todos los equipos de aplicación terrestre”, no sólo los inscriptos como servicios comerciales de aplicación terrestre, sino la de todos los productores agrícolas de la provincia y “tomar como base el proyecto de ley del bloque oficialista (consensuado con los Asesores Técnicos)".
Se plantea “unificar el organismo de aplicación para el ordenamiento de las actividades productivas que mayor impacto en el ambiente produzcan, en el marco de las competencias del Ministerio de Planificación y Ambiente”.
El Río Hondo, amenazado por la vinaza
El Río Hondo, amenazado por la vinaza
Fecha de Publicación: 17/03/2012
Fuente: Blog Ecológico La Nación
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Terminaron las cumbres sobre el agua y se acerca la celebración del Día Mundial que instauró la ONU, sin embargo, en los ingenios tucumanos todavía no se percataron de la importancia de no contaminar el líquido vital. Según publicó el diario El Liberal la semana pasada, hay unos 1.000 millones de litros de vinaza acumulados en los ingenios tucumanos que amenazan la sustentabilidad al ser liberados según denuncian vecinos de las ciudades de la misma provincia, Bella Vista y Concepción.
Los ingenios Bella Vista y el Corona, arrojaron millones de litros de vinaza a canales que desembocan en cursos hídricos que alimentan el embalse Río Hondo. También advirtieron que este año continuarán con estas maniobras ya que no advierten que se hayan realizado obras para evitar el impacto ambiental, pese a que la Secretaría de Ambiente de Nación otrogó amplias facilidades a los mismos.
La vinaza, desecho que se genera durante la elaboración de etanol con la melaza de la caña de azúcar, representa el principal problema de contaminación de la cuenca Salí Dulce, de la que también forma parte la provincia de Santiago del Estero.
Como para darse una idea de la magnitid del problema, se calcula que este año se producirán cerca de 200 millones de litros de etanol y por cada litro de este biocombustible se generan 13 de vinaza, lo que da cuenta que en la presente zafra se generarán 2.600.000.000 millones de litro del residuo industrial, lo que pone en peligro el ecosistema de la cuenca si no se toman las medidas para evitar vuelcos en ríos y arroyos que tributan al lago.
Son 15 los ingenios que hay en Tucumán, todos están denunciados por contaminar, pero particularmente son 10 los que elaboran etanol, el más importante es La Florida, que este año tiene un cupo de producción de 50 millones de litros del biocombustible y que durante el año pasado fue clausurado de manera provisoria, por vuelcos de desechos a un curso de agua que tributa al lago Río Hondo.
Las consecuencias de esta contaminación son trágicas. En enero, un niño tucumano Braian Maidana sufrió quemaduras graves en sus piernas y manos al tomar contacto con la vinaza. Está internado aún en el Hospital de Niños de Tucumán. Sus padres iniciaron una demanda penal contra el ingenio Marapa.
Ante esta situación, la Secretaría de Ambiente de la Nación obligó a los ingenios a presentar un plan de saneamiento llamado Vinaza 0 y se declaró “garante” del fin de la contaminación. Sin embargo, por ahora los avances no se perciben. Sólo el año pasado la Justicia Federal de Tucumán procesó a 14 empresarios de esa provincia: dueños de citrícolas, frigoríficos, ingenios, papelera y del basural, por la contaminación de la Cuenca Salí-Dulce en violación a la ley de Residuos Peligrosos.
Cabe recordar que las primeras denuncias por contaminación comenzaron en 1996. Desde ese momento se produjeron periódicamente, grandes mortandades de peces que se descubrieron en el lago Río Hondo; la más terrible fue la del 29 y 30 de noviembre de 2011 en la que aparecieron 30 toneladas de peces muertos, muchos de ellos hembras que estaban a punto de desovar. En esa oportunidad, casi todo el lago quedó sin oxígeno.
Fecha de Publicación: 17/03/2012
Fuente: Blog Ecológico La Nación
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Terminaron las cumbres sobre el agua y se acerca la celebración del Día Mundial que instauró la ONU, sin embargo, en los ingenios tucumanos todavía no se percataron de la importancia de no contaminar el líquido vital. Según publicó el diario El Liberal la semana pasada, hay unos 1.000 millones de litros de vinaza acumulados en los ingenios tucumanos que amenazan la sustentabilidad al ser liberados según denuncian vecinos de las ciudades de la misma provincia, Bella Vista y Concepción.
Los ingenios Bella Vista y el Corona, arrojaron millones de litros de vinaza a canales que desembocan en cursos hídricos que alimentan el embalse Río Hondo. También advirtieron que este año continuarán con estas maniobras ya que no advierten que se hayan realizado obras para evitar el impacto ambiental, pese a que la Secretaría de Ambiente de Nación otrogó amplias facilidades a los mismos.
La vinaza, desecho que se genera durante la elaboración de etanol con la melaza de la caña de azúcar, representa el principal problema de contaminación de la cuenca Salí Dulce, de la que también forma parte la provincia de Santiago del Estero.
Como para darse una idea de la magnitid del problema, se calcula que este año se producirán cerca de 200 millones de litros de etanol y por cada litro de este biocombustible se generan 13 de vinaza, lo que da cuenta que en la presente zafra se generarán 2.600.000.000 millones de litro del residuo industrial, lo que pone en peligro el ecosistema de la cuenca si no se toman las medidas para evitar vuelcos en ríos y arroyos que tributan al lago.
Son 15 los ingenios que hay en Tucumán, todos están denunciados por contaminar, pero particularmente son 10 los que elaboran etanol, el más importante es La Florida, que este año tiene un cupo de producción de 50 millones de litros del biocombustible y que durante el año pasado fue clausurado de manera provisoria, por vuelcos de desechos a un curso de agua que tributa al lago Río Hondo.
Las consecuencias de esta contaminación son trágicas. En enero, un niño tucumano Braian Maidana sufrió quemaduras graves en sus piernas y manos al tomar contacto con la vinaza. Está internado aún en el Hospital de Niños de Tucumán. Sus padres iniciaron una demanda penal contra el ingenio Marapa.
Ante esta situación, la Secretaría de Ambiente de la Nación obligó a los ingenios a presentar un plan de saneamiento llamado Vinaza 0 y se declaró “garante” del fin de la contaminación. Sin embargo, por ahora los avances no se perciben. Sólo el año pasado la Justicia Federal de Tucumán procesó a 14 empresarios de esa provincia: dueños de citrícolas, frigoríficos, ingenios, papelera y del basural, por la contaminación de la Cuenca Salí-Dulce en violación a la ley de Residuos Peligrosos.
Cabe recordar que las primeras denuncias por contaminación comenzaron en 1996. Desde ese momento se produjeron periódicamente, grandes mortandades de peces que se descubrieron en el lago Río Hondo; la más terrible fue la del 29 y 30 de noviembre de 2011 en la que aparecieron 30 toneladas de peces muertos, muchos de ellos hembras que estaban a punto de desovar. En esa oportunidad, casi todo el lago quedó sin oxígeno.
Modesta evaluación en el desempeño ambiental
Modesta evaluación en el desempeño ambiental de Argentina
Fecha de Publicación: 17/03/2012
Fuente: AIM
Provincia/Región: Nacional
Si bien mejoramos en relación a la evaluación de 2010, el Estado no está haciendo esfuerzos suficientes para preservar efectivamente el patrimonio natural, situación que puede convertirse en un freno para el logro de metas de crecimiento económico, incluso podría acentuarse la pobreza.
Las Universidades estadounidenses de Yale y Columbia publicaron el Índice de Desempeño Ambiental 2012 (Environmental Performance Index -EPI en inglés) que evalúa y clasifica a 132 países del mundo en su esfuerzo por mantener un ambiente saludable.
El EPI es un método para medir el desempeño de los gobiernos nacionales en relación con las políticas ambientales y se calcula en base a dos grandes objetivos de política ambiental: salud ambiental y vitalidad de los ecosistemas, de los cuales nacen 25 indicadores como el agua y los efectos sobre los seres humanos; la contaminación del aire y el efecto del ambiente en las enfermedades; y la vitalidad de los ecosistemas que se mide en base a variables forestales de pesca, agricultura, cambio climático, biodiversidad y contaminación del aire, agua y suelo.
La publicación profundiza en las relaciones que existen entre las temáticas de la salud, la mortalidad infantil, las emisiones de dióxido de carbono, la deforestación, la disponibilidad de agua y la protección de hábitats, con el medio ambiente y la manera en la que la respectiva institucionalidad los ha atendido.
Conservar la biodiversidad
Lo más relevante de un país es sin duda la naturaleza por sobre la misma obra del hombre. Del buen o mal uso de los recursos naturales disponibles hoy, dependerán las generaciones venideras.
Según un nuevo informe que publicó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) revela que el 80 por ciento de los consumidores dejaría de comprar a fabricantes que no hacen consideraciones éticas en la obtención de materias primas. Los líderes empresariales están preocupados por las pérdidas de “capital natural” y biodiversidad de los países en desarrollo.
Pavan Sukhdev, responsable del Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad (Teeb) y ex director de la Iniciativa para la Economía Verde del Pnuma indicó que “la importancia económica de la biodiversidad y los ecosistemas está emergiendo desde lo invisible”.
Cada día, utilizamos materiales de la tierra en forma gratuita sin pensar, seamos más cuidadosos con lo que usamos y lo que perdemos. “El problema, destacó el experto, es que el tiempo se acaba para la naturaleza. El ritmo de los cambios necesarios para una conservación sustentable se mueve más rápido que los cambios de políticas gubernamentales e industriales”.
Ubicación
Nuestro país se encuentra en un modesto puesto 51, un punto medio según la evaluación dada por el EPI, con un puntaje de 51,3, contra el puntaje máximo de 100. Si bien mejoramos 20 puntos, en relación al año 2010, consideramos que deberíamos haber avanzado mucho más.
Los cinco países más verdes del mundo
1. Islandia, puntaje 93.5. La gente de Islandia utiliza la energía geotérmica muy bien, mientras que la fuente de calor es el hidrógeno.
2. Suiza, puntaje 89.1. El gobierno ha impuesto una cuota para la disposición de la basura del país y la gente está muy interesada por la ecología.
3. Costa Rica, puntaje 86.4. (Se han fijado la meta de convertirse en carbono neutral para el 2021 ). La tierra sufrió la deforestación durante años con el fin de hacer espacio para la agricultura, pero ahora uno de sus principales objetivos es la reforestación del país, se plantaron más de cinco millones de árboles durante los últimos cinco años.
4. Suecia, puntaje 86.0. Lo que los puso tan alto en la lista, es el hecho de que están en fase avanzada de la ejecución del plan para la eliminación de los combustibles fósiles para el año 2020. El gobierno sueco también está tratando de utilizar muy bien los bosques y el aserrín de la madera se usa para la generación de calor.
5. Noruega, puntaje 81.1. El Estado de Noruega y su gente, están haciendo grandes esfuerzos para convertirse en carbono neutral hasta 2030, aunque es un país orientado a la exportación de petróleo. El combustible diesel será más caro que los combustibles ecológicos y habrá estímulos para utilizar estos últimos.
Para mejorar
Para mejorar nuestro Índice de Desempeño Ambiental (EPI), deberíamos tomar estas medidas urgentemente:
-Desarrollar la sustitución de las energías tradicionales por fuentes renovables y limpias de energía.
-Reducir las Emisiones Nacionales por Deforestación y Degradación de Bosques para así fortalecer la calidad ambiental de vida de los habitantes del país.
-Impulsar acciones para dotar a las áreas de Conservación, de los Recursos Humanos y Financieros que requieran, en beneficio de la protección del aire, agua, suelo y vegetación.
-Realizar un inventario de todas las aguas superficiales, acuíferos, áreas de recarga acuífera, nacientes, glaciares y zonas periglaciares.
-Implementar un Programa Nacional de Calidad Ambiental que permita el monitoreo, vigilancia, control y regulación de los recursos ambientales (aire, suelo, agua, biodiversidad, paisaje), y
-Propiciar la gestión de la prevención de desastres por causa de amenazas meteorológicas, geológicas y derivadas del aprovechamiento minero.
Conclusión
La mayor amenaza que tiene Argentina y la mayoría de países en Latinoamérica es el impacto que el cambio climático puede generar en el ambiente, lo que hace necesario considerar medidas preventivas antes de que se provoquen daños serios en los ecosistemas.
Fecha de Publicación: 17/03/2012
Fuente: AIM
Provincia/Región: Nacional
Si bien mejoramos en relación a la evaluación de 2010, el Estado no está haciendo esfuerzos suficientes para preservar efectivamente el patrimonio natural, situación que puede convertirse en un freno para el logro de metas de crecimiento económico, incluso podría acentuarse la pobreza.
Las Universidades estadounidenses de Yale y Columbia publicaron el Índice de Desempeño Ambiental 2012 (Environmental Performance Index -EPI en inglés) que evalúa y clasifica a 132 países del mundo en su esfuerzo por mantener un ambiente saludable.
El EPI es un método para medir el desempeño de los gobiernos nacionales en relación con las políticas ambientales y se calcula en base a dos grandes objetivos de política ambiental: salud ambiental y vitalidad de los ecosistemas, de los cuales nacen 25 indicadores como el agua y los efectos sobre los seres humanos; la contaminación del aire y el efecto del ambiente en las enfermedades; y la vitalidad de los ecosistemas que se mide en base a variables forestales de pesca, agricultura, cambio climático, biodiversidad y contaminación del aire, agua y suelo.
La publicación profundiza en las relaciones que existen entre las temáticas de la salud, la mortalidad infantil, las emisiones de dióxido de carbono, la deforestación, la disponibilidad de agua y la protección de hábitats, con el medio ambiente y la manera en la que la respectiva institucionalidad los ha atendido.
Conservar la biodiversidad
Lo más relevante de un país es sin duda la naturaleza por sobre la misma obra del hombre. Del buen o mal uso de los recursos naturales disponibles hoy, dependerán las generaciones venideras.
Según un nuevo informe que publicó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) revela que el 80 por ciento de los consumidores dejaría de comprar a fabricantes que no hacen consideraciones éticas en la obtención de materias primas. Los líderes empresariales están preocupados por las pérdidas de “capital natural” y biodiversidad de los países en desarrollo.
Pavan Sukhdev, responsable del Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad (Teeb) y ex director de la Iniciativa para la Economía Verde del Pnuma indicó que “la importancia económica de la biodiversidad y los ecosistemas está emergiendo desde lo invisible”.
Cada día, utilizamos materiales de la tierra en forma gratuita sin pensar, seamos más cuidadosos con lo que usamos y lo que perdemos. “El problema, destacó el experto, es que el tiempo se acaba para la naturaleza. El ritmo de los cambios necesarios para una conservación sustentable se mueve más rápido que los cambios de políticas gubernamentales e industriales”.
Ubicación
Nuestro país se encuentra en un modesto puesto 51, un punto medio según la evaluación dada por el EPI, con un puntaje de 51,3, contra el puntaje máximo de 100. Si bien mejoramos 20 puntos, en relación al año 2010, consideramos que deberíamos haber avanzado mucho más.
Los cinco países más verdes del mundo
1. Islandia, puntaje 93.5. La gente de Islandia utiliza la energía geotérmica muy bien, mientras que la fuente de calor es el hidrógeno.
2. Suiza, puntaje 89.1. El gobierno ha impuesto una cuota para la disposición de la basura del país y la gente está muy interesada por la ecología.
3. Costa Rica, puntaje 86.4. (Se han fijado la meta de convertirse en carbono neutral para el 2021 ). La tierra sufrió la deforestación durante años con el fin de hacer espacio para la agricultura, pero ahora uno de sus principales objetivos es la reforestación del país, se plantaron más de cinco millones de árboles durante los últimos cinco años.
4. Suecia, puntaje 86.0. Lo que los puso tan alto en la lista, es el hecho de que están en fase avanzada de la ejecución del plan para la eliminación de los combustibles fósiles para el año 2020. El gobierno sueco también está tratando de utilizar muy bien los bosques y el aserrín de la madera se usa para la generación de calor.
5. Noruega, puntaje 81.1. El Estado de Noruega y su gente, están haciendo grandes esfuerzos para convertirse en carbono neutral hasta 2030, aunque es un país orientado a la exportación de petróleo. El combustible diesel será más caro que los combustibles ecológicos y habrá estímulos para utilizar estos últimos.
Para mejorar
Para mejorar nuestro Índice de Desempeño Ambiental (EPI), deberíamos tomar estas medidas urgentemente:
-Desarrollar la sustitución de las energías tradicionales por fuentes renovables y limpias de energía.
-Reducir las Emisiones Nacionales por Deforestación y Degradación de Bosques para así fortalecer la calidad ambiental de vida de los habitantes del país.
-Impulsar acciones para dotar a las áreas de Conservación, de los Recursos Humanos y Financieros que requieran, en beneficio de la protección del aire, agua, suelo y vegetación.
-Realizar un inventario de todas las aguas superficiales, acuíferos, áreas de recarga acuífera, nacientes, glaciares y zonas periglaciares.
-Implementar un Programa Nacional de Calidad Ambiental que permita el monitoreo, vigilancia, control y regulación de los recursos ambientales (aire, suelo, agua, biodiversidad, paisaje), y
-Propiciar la gestión de la prevención de desastres por causa de amenazas meteorológicas, geológicas y derivadas del aprovechamiento minero.
Conclusión
La mayor amenaza que tiene Argentina y la mayoría de países en Latinoamérica es el impacto que el cambio climático puede generar en el ambiente, lo que hace necesario considerar medidas preventivas antes de que se provoquen daños serios en los ecosistemas.
Bariloche, “libre” de minería
Concejales de Bariloche: sin minería en el ejido y con minería en la provincia
Fecha de Publicación: 16/03/2012
Fuente: No a la Mina - Agencia de Noticias Bariloche
Provincia/Región: Río Negro
Los ediles del Partido Justicialista y el Frente Grande impusieron su mayoría y trabaron la aprobación del proyecto que pedía al gobierno rionegrino dejar sin efecto la ley que autoriza el uso de cianuro. Durante una hora y media se expusieron argumentos en un sentido y otro. Un grupo de ambientalistas presentes en la sala de sesión criticaron la decisión. "Al asumir una banca parece que pierden autonomía y capacidad de pensar", endilgó Ana Wieman a los concejales que rechazaron la iniciativa. La mayoría oficialista aprobó declarar a Bariloche "libre de actividad minera e hidrocarburífera".
El oficialismo del Frente para la Victoria rechazó el proyecto de comunicación dirigido al gobierno provincial, que reclamaba la derogación de la Ley que permite el uso de cianuro en la minería. Por seis votos a cuatro, los ediles del Partido Justicialista y el Frente Grande no permitieron la aprobación de la iniciativa del bloque Frente Social del Pueblo que planteaba a la provincia el rechazo a la actividad minera con la utilización de cianuro y otros materiales contaminantes.
Durante el extenso debate, quedaron expuestos los argumentos contrapuestos en relación a los beneficios y perjuicios de la megaminería.
En la misma sesión, los ediles del oficialismo lograron la aprobación de una declaración de Bariloche "libre" de actividad minera e hidrocarburífera, que en realidad tiene su antecedente en una ordenanza vigente de 2005. Así, la nueva norma es poco más que un gesto para intentar apaciguar el reclamo vecinal contra el uso de cianuro en toda la provincia.
De hecho, un grupo de integrantes de organizaciones ambientalistas presenciaron la sesión, y criticaron la decisión de la mayoría de los concejales a quienes endilgaron "falta de autonomía y capacidad para pensar" debido a las "fidelidades partidarias".
Durante el debate del proyecto -Nº 16-, uno de sus autores, Leandro Lescano argumentó que "ambientalmente es insostenible la utilización de cianuro en estos procesos de explotación", y cargó contra las "consecuencias negativas" para el medio ambiente. Pero además, expuso que desde el punto de vista económico y social tampoco genera una ecuación positiva: "el promedio de ganancia de las empresas multinacionales mineras es del 40 por ciento, y de otros rubros el 13 por ciento", dijo, y criticó que por regalías el Estado sólo recibe el 3 por ciento de las ganancias.
Lescano además cuestionó el proyecto del oficialismo que planteó la declaración de Bariloche como "libre" de actividad minera, ya que "el medio ambiente no termina en los límites de los municipios". Por el "principio de solidaridad" debe tenerse en cuenta que "el medio ambiente y los ecosistemas, se componen de regiones que trascienden los municipios, las provincias y hasta los países".
"Hay que pensar que una explotación minera a 200 kilómetros, afecta generaciones futuras de ese lugar y otros", resumió.
La defensa del rechazo al proyecto quedó en manos del concejal del Frente Grande, Carlos Valeri, quien en 2005, en su carácter de legislador, votó a favor de la Ley que prohibió el uso de cianuro en la minería.
El edil argumentó que las ciudades -por mandato de la Constitución provincial- "tienen que autodeterminarse", y que los concejales deben transmitir "lo que queremos en nuestra comunidad".
"¿Puedo decirle a la comunidad de Catriel que no lleven adelante un desarrollo petrolero?, ¿puedo decirle a la comunidad de Sierra Grande que el desarrollo minero es incompatible con su desarrollo?", se preguntó Valeri, quien además recordó que el gobernador Alberto Weretilneck garantizó que cada proyecto deberá contar con "licencia social" de cada una de las comunidades donde se desarrollen.
Los concejales que rechazaron el proyecto que reclamaba a provincia un cambio de rumbo en la materia, fueron Valeri, Alfredo Martín y Diego Benítez (los tres del Frente Grande), Alejandro Ramós Mejía, María Eugenia Martini y Ramón Chiocconi (Partido Justicialista). A favor votaron Irma Haneck (SUR), Leandro Lescano y Carmen Giménez (Frente Social del Pueblo), y Elena Welleschik (UCR).
Fecha de Publicación: 16/03/2012
Fuente: No a la Mina - Agencia de Noticias Bariloche
Provincia/Región: Río Negro
Los ediles del Partido Justicialista y el Frente Grande impusieron su mayoría y trabaron la aprobación del proyecto que pedía al gobierno rionegrino dejar sin efecto la ley que autoriza el uso de cianuro. Durante una hora y media se expusieron argumentos en un sentido y otro. Un grupo de ambientalistas presentes en la sala de sesión criticaron la decisión. "Al asumir una banca parece que pierden autonomía y capacidad de pensar", endilgó Ana Wieman a los concejales que rechazaron la iniciativa. La mayoría oficialista aprobó declarar a Bariloche "libre de actividad minera e hidrocarburífera".
El oficialismo del Frente para la Victoria rechazó el proyecto de comunicación dirigido al gobierno provincial, que reclamaba la derogación de la Ley que permite el uso de cianuro en la minería. Por seis votos a cuatro, los ediles del Partido Justicialista y el Frente Grande no permitieron la aprobación de la iniciativa del bloque Frente Social del Pueblo que planteaba a la provincia el rechazo a la actividad minera con la utilización de cianuro y otros materiales contaminantes.
Durante el extenso debate, quedaron expuestos los argumentos contrapuestos en relación a los beneficios y perjuicios de la megaminería.
En la misma sesión, los ediles del oficialismo lograron la aprobación de una declaración de Bariloche "libre" de actividad minera e hidrocarburífera, que en realidad tiene su antecedente en una ordenanza vigente de 2005. Así, la nueva norma es poco más que un gesto para intentar apaciguar el reclamo vecinal contra el uso de cianuro en toda la provincia.
De hecho, un grupo de integrantes de organizaciones ambientalistas presenciaron la sesión, y criticaron la decisión de la mayoría de los concejales a quienes endilgaron "falta de autonomía y capacidad para pensar" debido a las "fidelidades partidarias".
Durante el debate del proyecto -Nº 16-, uno de sus autores, Leandro Lescano argumentó que "ambientalmente es insostenible la utilización de cianuro en estos procesos de explotación", y cargó contra las "consecuencias negativas" para el medio ambiente. Pero además, expuso que desde el punto de vista económico y social tampoco genera una ecuación positiva: "el promedio de ganancia de las empresas multinacionales mineras es del 40 por ciento, y de otros rubros el 13 por ciento", dijo, y criticó que por regalías el Estado sólo recibe el 3 por ciento de las ganancias.
Lescano además cuestionó el proyecto del oficialismo que planteó la declaración de Bariloche como "libre" de actividad minera, ya que "el medio ambiente no termina en los límites de los municipios". Por el "principio de solidaridad" debe tenerse en cuenta que "el medio ambiente y los ecosistemas, se componen de regiones que trascienden los municipios, las provincias y hasta los países".
"Hay que pensar que una explotación minera a 200 kilómetros, afecta generaciones futuras de ese lugar y otros", resumió.
La defensa del rechazo al proyecto quedó en manos del concejal del Frente Grande, Carlos Valeri, quien en 2005, en su carácter de legislador, votó a favor de la Ley que prohibió el uso de cianuro en la minería.
El edil argumentó que las ciudades -por mandato de la Constitución provincial- "tienen que autodeterminarse", y que los concejales deben transmitir "lo que queremos en nuestra comunidad".
"¿Puedo decirle a la comunidad de Catriel que no lleven adelante un desarrollo petrolero?, ¿puedo decirle a la comunidad de Sierra Grande que el desarrollo minero es incompatible con su desarrollo?", se preguntó Valeri, quien además recordó que el gobernador Alberto Weretilneck garantizó que cada proyecto deberá contar con "licencia social" de cada una de las comunidades donde se desarrollen.
Los concejales que rechazaron el proyecto que reclamaba a provincia un cambio de rumbo en la materia, fueron Valeri, Alfredo Martín y Diego Benítez (los tres del Frente Grande), Alejandro Ramós Mejía, María Eugenia Martini y Ramón Chiocconi (Partido Justicialista). A favor votaron Irma Haneck (SUR), Leandro Lescano y Carmen Giménez (Frente Social del Pueblo), y Elena Welleschik (UCR).
Dispositivo para producir energía undimotriz
La UTN diseña un dispositivo para producir energía undimotriz
Fecha de Publicación: 16/03/2012
Fuente: Telam
Provincia/Región: Buenos Aires
Generada a partir del movimiento de las olas, se trata de una energía limpia y de gran potencial. Además de numerosos proyectos experimentales, en el mundo existen sólo dos emprendimientos comerciales: uno en España y otro en Portugal, Ahora, la Argentina presenta este novedoso dispositivo, ideal para generar energía a lo largo de toda la costa patagónica.
Un grupo interdisciplinario integrado por investigadores, docentes y alumnos pertenecientes al Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN-Regional Buenos Aires), trabaja en el diseño y desarrollo de un novedoso dispositivo undimotriz.
¿Qué es esto? Para decirlo sencillamente, se trata de un dispositivo capaz de transformar la energía mecánica generada por el movimiento de las ondas del mar en energía eléctrica.
Según el director del proyecto, el ingeniero Mario Pelissero, “el diseño del dispositivo es muy simple: consta de un cuerpo fijo donde se aloja el sistema electromecánico unido a un par de brazos de palanca que tienen adosados una boya a cada uno de sus dos extremos”.
Sobre el funcionamiento, el ingeniero explicó que esas grandes boyas copian el movimiento ondulatorio del mar, subiendo y bajando al compás de las ondas. De esta manera, “logran capturar la energía de ese movimiento que se trasmite por medio de los brazos de palanca al sistema electromecánico central, donde se genera la corriente eléctrica”.
“En resumen —sintetizó Pelissero— el dispositivo es una cadena cinemática; es decir, mecanismos asociados capaces de recolectar la energía undimotriz y transformarla en un movimiento capaz de ser aprovechado por un generador”. Posteriormente, la energía captada y transformada en electricidad es trasladada en forma soterrada mediante un cableado submarino hasta la costa, en donde se ubicará una estación de transformación y distribución de la corriente eléctrica.
El objetivo final de estos equipos es la creación de parques modulares de energía undimotriz, semi sumergidos y ubicados a distancias medias de la costa (middle shore) para abastecer comunidades dispersas y no conectadas al sistema de distribución de electricidad. Sin embargo, estos parques también podrían constituirse como fuente de energía para industrias o actuar como proveedores del Sistema Interconectado Eléctrico Nacional. Incluso, esa energía se podría acumular en baterías o generar hidrógeno para su posterior combustión.
Con respecto a la potencia de generación, los creadores calculan que cada dispositivo podría producir entre 30 y 40 Kw. “Sería como prender entre 300 y 400 lamparitas de 100 watts”, comparó Pelissero. El director del proyecto agregó, además, que “este dispositivo necesita, por lo menos, entre 1,5 y 2 metros de altura de onda. Es decir, que desde Mar del Plata hacía el sur se lo podría instalar en toda la costa, aunque las mejores potencialidades están en la Patagonia. Allí el escenario es óptimo debido a la escasa profundidad del lecho marino y a la presencia constante de vientos”.
Por otra parte, cabe aclarar que la instalación de estos parques modulares de energía undimotriz tendría un bajo impacto ambiental y visual. Según Pelissero, “la idea es aprovechar el fenómeno en una posición middle y off-shore, porque no queremos afectar al medio ambiente. Estamos pensando en una distancia de unos 4 Km. de la costa, donde el impacto visual es casi nulo”.
Este novedoso sistema de transformación de energía ya fue presentado en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI) para obtener su patentamiento y, además, cuenta con el apoyo de la Cámara Argentina de Energías Renovables (CAER).
Con respecto a los próximos pasos, el director del proyecto indicó que este año construirán un prototipo más grande (1:10). “Teniendo en cuenta que la mayoría de las cuestiones técnicas ya están resueltas, nuestro compromiso es que el prototipo esté listo para 2013. A los efectos de realizar los ensayos, hemos mantenido conversaciones con la gente del Departamento a Naval de la Facultad de Ingeniería de la UBA y del Instituto Nacional del Agua (INA) y ambas instituciones nos han autorizado a realizar los ensayos en sus canales de prueba”.
Además, el equipo interdisciplinario de la UTN ya se ha puesto en contacto con investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia (UNPa), quienes desde hace años están estudiando este recurso y en la actualidad están explorando las posibilidades que presentan distintas caletas del Golfo de San Julián.
Fecha de Publicación: 16/03/2012
Fuente: Telam
Provincia/Región: Buenos Aires
Generada a partir del movimiento de las olas, se trata de una energía limpia y de gran potencial. Además de numerosos proyectos experimentales, en el mundo existen sólo dos emprendimientos comerciales: uno en España y otro en Portugal, Ahora, la Argentina presenta este novedoso dispositivo, ideal para generar energía a lo largo de toda la costa patagónica.
Un grupo interdisciplinario integrado por investigadores, docentes y alumnos pertenecientes al Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN-Regional Buenos Aires), trabaja en el diseño y desarrollo de un novedoso dispositivo undimotriz.
¿Qué es esto? Para decirlo sencillamente, se trata de un dispositivo capaz de transformar la energía mecánica generada por el movimiento de las ondas del mar en energía eléctrica.
Según el director del proyecto, el ingeniero Mario Pelissero, “el diseño del dispositivo es muy simple: consta de un cuerpo fijo donde se aloja el sistema electromecánico unido a un par de brazos de palanca que tienen adosados una boya a cada uno de sus dos extremos”.
Sobre el funcionamiento, el ingeniero explicó que esas grandes boyas copian el movimiento ondulatorio del mar, subiendo y bajando al compás de las ondas. De esta manera, “logran capturar la energía de ese movimiento que se trasmite por medio de los brazos de palanca al sistema electromecánico central, donde se genera la corriente eléctrica”.
“En resumen —sintetizó Pelissero— el dispositivo es una cadena cinemática; es decir, mecanismos asociados capaces de recolectar la energía undimotriz y transformarla en un movimiento capaz de ser aprovechado por un generador”. Posteriormente, la energía captada y transformada en electricidad es trasladada en forma soterrada mediante un cableado submarino hasta la costa, en donde se ubicará una estación de transformación y distribución de la corriente eléctrica.
El objetivo final de estos equipos es la creación de parques modulares de energía undimotriz, semi sumergidos y ubicados a distancias medias de la costa (middle shore) para abastecer comunidades dispersas y no conectadas al sistema de distribución de electricidad. Sin embargo, estos parques también podrían constituirse como fuente de energía para industrias o actuar como proveedores del Sistema Interconectado Eléctrico Nacional. Incluso, esa energía se podría acumular en baterías o generar hidrógeno para su posterior combustión.
Con respecto a la potencia de generación, los creadores calculan que cada dispositivo podría producir entre 30 y 40 Kw. “Sería como prender entre 300 y 400 lamparitas de 100 watts”, comparó Pelissero. El director del proyecto agregó, además, que “este dispositivo necesita, por lo menos, entre 1,5 y 2 metros de altura de onda. Es decir, que desde Mar del Plata hacía el sur se lo podría instalar en toda la costa, aunque las mejores potencialidades están en la Patagonia. Allí el escenario es óptimo debido a la escasa profundidad del lecho marino y a la presencia constante de vientos”.
Por otra parte, cabe aclarar que la instalación de estos parques modulares de energía undimotriz tendría un bajo impacto ambiental y visual. Según Pelissero, “la idea es aprovechar el fenómeno en una posición middle y off-shore, porque no queremos afectar al medio ambiente. Estamos pensando en una distancia de unos 4 Km. de la costa, donde el impacto visual es casi nulo”.
Este novedoso sistema de transformación de energía ya fue presentado en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI) para obtener su patentamiento y, además, cuenta con el apoyo de la Cámara Argentina de Energías Renovables (CAER).
Con respecto a los próximos pasos, el director del proyecto indicó que este año construirán un prototipo más grande (1:10). “Teniendo en cuenta que la mayoría de las cuestiones técnicas ya están resueltas, nuestro compromiso es que el prototipo esté listo para 2013. A los efectos de realizar los ensayos, hemos mantenido conversaciones con la gente del Departamento a Naval de la Facultad de Ingeniería de la UBA y del Instituto Nacional del Agua (INA) y ambas instituciones nos han autorizado a realizar los ensayos en sus canales de prueba”.
Además, el equipo interdisciplinario de la UTN ya se ha puesto en contacto con investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia (UNPa), quienes desde hace años están estudiando este recurso y en la actualidad están explorando las posibilidades que presentan distintas caletas del Golfo de San Julián.
Audiencia en la CSJ por el litio en Salta y Jujuy
Audiencia en la Corte Suprema por el litio en Salta y Jujuy
Fecha de Publicación: 15/03/2012
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Salta - Jujuy - Nacional
Representantes de 33 comunidades indígenas de Salta y Jujuy, comprendidas en la cuenca de la Laguna Guayatayoc y de las Salinas Grandes, participarán el próximo 28 de marzo, a partir de las 10, de una audiencia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para exponer las razones por las que piden el cese inmediato de toda la actividad que realizan empresas mineras en la zona.
Encabezadas por la Comunidad Aborigen Santuario Tres Pozos, los pueblos originarios que habitan los departamentos Cochinoca y Tumbaya en Jujuy y La Poma y Los Andes en Salta, sostienen que los gobiernos de Jujuy y Salta omitieron cumplir con el derecho de consulta, información y participación al autorizar permisos de cateo y exploración y explotación de litio y borato en estos departamentos.
En noviembre del año pasado las comunidades recurrieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con un recurso de amparo y medida cautelar pidiendo que se cumpla el derecho de consulta a las comunidades que serán directamente afectadas por estos emprendimientos.
Alicia Chalabe, abogada de las comunidades junto al abogado Rodrigo Sola, informó que en el amparo se solicita "que se cumpla el derecho de consulta de las comunidades, que quiere decir establecer un procedimiento previsto en el Convenio 169 de la OIT y en tratados internacionales de derechos humanos" a los que adhirió la Argentina. El Convenio 169 establece el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades originarias sobre los emprendimientos que puedan afectar su ambiente.
En este caso las comunidades sostienen que la sola exploración, con fines de explotación, de litio y borato en la zona de las Salinas Grandes y de la Laguna Guayatayoc está provocando cambios importantes en su ambiente. Estas comunidades sostienen que son habitantes ancestrales en la zona, y que las salinas constituyen un sistema único comprendido en su territorio y que los provee de los recursos naturales de uso común necesarios para su subsistencia.
El Gobierno jujeño otorgó permisos de cateo, exploración y explotación de litio y borato.
La cautelar solicitada por las comunidades busca que se impida seguir otorgando permisos y se suspenda la ejecución de las autorizaciones ya concedidas.
Aunque la demanda es contra las provincias de Jujuy y Salta, y el Estado nacional, la Corte Suprema citó a la audiencia solamente al Gobierno jujeño. Entre los antecedentes de audiencias públicas la Corte citó la causa "Salas, Dino y otros c/Salta, provincia de y Estado Nacional", el amparo presentado por comunidades indígenas y campesinos en procura de frenar los desmontes. En este caso, el máximo tribunal nacional suspendió preventivamente los desmontes pero luego terminó declarándose incompetente para resolver sobre el fondo del planteo.
Este antecedente también ha sido recordado por el Gobierno de Jujuy en un comunicado en el que destacó, precisamente, que la Corte aún no se ha declarado competente en el amparo por el litio.
Fecha de Publicación: 15/03/2012
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Salta - Jujuy - Nacional
Representantes de 33 comunidades indígenas de Salta y Jujuy, comprendidas en la cuenca de la Laguna Guayatayoc y de las Salinas Grandes, participarán el próximo 28 de marzo, a partir de las 10, de una audiencia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para exponer las razones por las que piden el cese inmediato de toda la actividad que realizan empresas mineras en la zona.
Encabezadas por la Comunidad Aborigen Santuario Tres Pozos, los pueblos originarios que habitan los departamentos Cochinoca y Tumbaya en Jujuy y La Poma y Los Andes en Salta, sostienen que los gobiernos de Jujuy y Salta omitieron cumplir con el derecho de consulta, información y participación al autorizar permisos de cateo y exploración y explotación de litio y borato en estos departamentos.
En noviembre del año pasado las comunidades recurrieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con un recurso de amparo y medida cautelar pidiendo que se cumpla el derecho de consulta a las comunidades que serán directamente afectadas por estos emprendimientos.
Alicia Chalabe, abogada de las comunidades junto al abogado Rodrigo Sola, informó que en el amparo se solicita "que se cumpla el derecho de consulta de las comunidades, que quiere decir establecer un procedimiento previsto en el Convenio 169 de la OIT y en tratados internacionales de derechos humanos" a los que adhirió la Argentina. El Convenio 169 establece el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades originarias sobre los emprendimientos que puedan afectar su ambiente.
En este caso las comunidades sostienen que la sola exploración, con fines de explotación, de litio y borato en la zona de las Salinas Grandes y de la Laguna Guayatayoc está provocando cambios importantes en su ambiente. Estas comunidades sostienen que son habitantes ancestrales en la zona, y que las salinas constituyen un sistema único comprendido en su territorio y que los provee de los recursos naturales de uso común necesarios para su subsistencia.
El Gobierno jujeño otorgó permisos de cateo, exploración y explotación de litio y borato.
La cautelar solicitada por las comunidades busca que se impida seguir otorgando permisos y se suspenda la ejecución de las autorizaciones ya concedidas.
Aunque la demanda es contra las provincias de Jujuy y Salta, y el Estado nacional, la Corte Suprema citó a la audiencia solamente al Gobierno jujeño. Entre los antecedentes de audiencias públicas la Corte citó la causa "Salas, Dino y otros c/Salta, provincia de y Estado Nacional", el amparo presentado por comunidades indígenas y campesinos en procura de frenar los desmontes. En este caso, el máximo tribunal nacional suspendió preventivamente los desmontes pero luego terminó declarándose incompetente para resolver sobre el fondo del planteo.
Este antecedente también ha sido recordado por el Gobierno de Jujuy en un comunicado en el que destacó, precisamente, que la Corte aún no se ha declarado competente en el amparo por el litio.
Explican cómo controlarán a los ingenios
Funcionarios explican cómo controlarán a los ingenios
Fecha de Publicación: 14/03/2012
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Ayer comenzó algo nuevo en la repetida y triste historia de la contaminación de la Cuenca Salí-Dulce. Y tan larga que se cae de la memoria: los presentes en la sede del Defensor del Pueblo de Tucumán no recordaban si el problema tiene dos, 100 o 200 años de antigüedad. Pero Jorge Feijoó, ministro de Desarrollo Productivo, y Alfredo Montalván, secretario de Medio Ambiente, pretenden que 2011 sea el punto de inflexión, según lo que dijeron a las cuatro organizaciones no gubernamentales (ONG) y a la media docena de técnicos que asistieron a la primera reunión de monitoreo del acuerdo que en diciembre firmaron la Provincia, y 10 ingenios y destilerías.
"Tenemos que ser capaces de identificar al incumplimiento y al incumplidor", manifestó el ministro. "Tenemos un marcha un plan de alta gestión para disponer adecuadamente los efluentes industriales", expresó a su turno el secretario.
Lo nuevo no son las promesas políticas, sino a quiénes estuvieron dirigidas: una audiencia especializada en los avatares de la contaminación que seguirá las acciones vinculadas al objetivo de eliminar el vertido de ceniza y vinaza en cursos de agua durante las próximas dos zafras.
A modo de introducción, Hugo Cabral, defensor del Pueblo de Tucumán, explicó las reglas de esta instancia de participación ciudadana surgida del acta que en diciembre consensuaron la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, las provincias de Tucumán y de Santiago del Estero, y la Defensoría del Pueblo de esa jurisdicción (se comprometió a suspender la presentación de amparos). Quincenalmente, las ONG Ave Fénix, Federación de ONG Ambientalistas de Tucumán, Sitea y Fenut, y profesionales invitados ("los más activos en la temática ambiental, sin perjuicio de que puedan sumarse otros", precisó Cabral) escucharán a representantes del Gobierno y de las empresas que rubricaron el acuerdo. A continuación, sacarán conclusiones y harán recomendaciones, que serán públicas e integrarán el informe que requirió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en una sentencia del año pasado.
Más alcohol
En sus respectivas exposiciones, Feijoó y Montalván afirmaron que los industriales están en condiciones de cumplir con la parte del acuerdo que les compete. "No porque detengamos la contaminación en Tucumán dejaremos de tener picos de mortandad de peces en el Embalse El Frontal", matizó el secretario para descartar que los efectos del eventual cambio vayan a ser evidentes e inmediatos.
"Para que podamos estar aquí, hubo que pasar por muchas experiencias", recordó el ministro. Se refería al Plan de Producción Limpia, y al primer y segundo Programa de Reconversión Industrial que impulsó el Gobierno durante la última década. "No todo se ha cumplido", reconoció Feijoó. Y agregó: "las chimeneas de las fábricas no se instalan en 48 horas así como la economía azucarera no es la misma de hace tres años. Soy consciente de que Tucumán debe producir más alcohol, pero con mecanismos que respeten los compromisos. Y el Estado no puede permitir que produzca aquel que incumple".
Los funcionarios también detallaron el sistema de control de los ingenios organizado en la dependencia de Montalván. Según Feijoó, este procedimiento está a cargo de dos directores y consiste en un triple monitoreo: 1) de los cauces hídricos; 2) del proceso industrial, y 3) del volumen y la calidad de los efluentes por medio de sensores remotos conectados a internet. El objetivo es detectar las infracciones y dar aviso a la unidad de fiscalización para que adopte las medidas y sanciones que correspondan.
Fecha de Publicación: 14/03/2012
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Ayer comenzó algo nuevo en la repetida y triste historia de la contaminación de la Cuenca Salí-Dulce. Y tan larga que se cae de la memoria: los presentes en la sede del Defensor del Pueblo de Tucumán no recordaban si el problema tiene dos, 100 o 200 años de antigüedad. Pero Jorge Feijoó, ministro de Desarrollo Productivo, y Alfredo Montalván, secretario de Medio Ambiente, pretenden que 2011 sea el punto de inflexión, según lo que dijeron a las cuatro organizaciones no gubernamentales (ONG) y a la media docena de técnicos que asistieron a la primera reunión de monitoreo del acuerdo que en diciembre firmaron la Provincia, y 10 ingenios y destilerías.
"Tenemos que ser capaces de identificar al incumplimiento y al incumplidor", manifestó el ministro. "Tenemos un marcha un plan de alta gestión para disponer adecuadamente los efluentes industriales", expresó a su turno el secretario.
Lo nuevo no son las promesas políticas, sino a quiénes estuvieron dirigidas: una audiencia especializada en los avatares de la contaminación que seguirá las acciones vinculadas al objetivo de eliminar el vertido de ceniza y vinaza en cursos de agua durante las próximas dos zafras.
A modo de introducción, Hugo Cabral, defensor del Pueblo de Tucumán, explicó las reglas de esta instancia de participación ciudadana surgida del acta que en diciembre consensuaron la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, las provincias de Tucumán y de Santiago del Estero, y la Defensoría del Pueblo de esa jurisdicción (se comprometió a suspender la presentación de amparos). Quincenalmente, las ONG Ave Fénix, Federación de ONG Ambientalistas de Tucumán, Sitea y Fenut, y profesionales invitados ("los más activos en la temática ambiental, sin perjuicio de que puedan sumarse otros", precisó Cabral) escucharán a representantes del Gobierno y de las empresas que rubricaron el acuerdo. A continuación, sacarán conclusiones y harán recomendaciones, que serán públicas e integrarán el informe que requirió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en una sentencia del año pasado.
Más alcohol
En sus respectivas exposiciones, Feijoó y Montalván afirmaron que los industriales están en condiciones de cumplir con la parte del acuerdo que les compete. "No porque detengamos la contaminación en Tucumán dejaremos de tener picos de mortandad de peces en el Embalse El Frontal", matizó el secretario para descartar que los efectos del eventual cambio vayan a ser evidentes e inmediatos.
"Para que podamos estar aquí, hubo que pasar por muchas experiencias", recordó el ministro. Se refería al Plan de Producción Limpia, y al primer y segundo Programa de Reconversión Industrial que impulsó el Gobierno durante la última década. "No todo se ha cumplido", reconoció Feijoó. Y agregó: "las chimeneas de las fábricas no se instalan en 48 horas así como la economía azucarera no es la misma de hace tres años. Soy consciente de que Tucumán debe producir más alcohol, pero con mecanismos que respeten los compromisos. Y el Estado no puede permitir que produzca aquel que incumple".
Los funcionarios también detallaron el sistema de control de los ingenios organizado en la dependencia de Montalván. Según Feijoó, este procedimiento está a cargo de dos directores y consiste en un triple monitoreo: 1) de los cauces hídricos; 2) del proceso industrial, y 3) del volumen y la calidad de los efluentes por medio de sensores remotos conectados a internet. El objetivo es detectar las infracciones y dar aviso a la unidad de fiscalización para que adopte las medidas y sanciones que correspondan.
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