Catamarca: Un paso a la mina abierto a la fuerza
11:31 | 
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Un paso a la mina abierto a la fuerza
Fecha de Publicación: 11/02/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Catamarca - Nacional
La policía provincial desalojó con empujones, balas de goma y gases lacrimógenos a vecinos de Tinogasta que bloqueaban el camino hacia la minera. Doce personas fueron hospitalizadas. También hubo un desalojo en Belén.
En menos de veinticuatro horas, el Kuntur, grupo de elite de la policía de Catamarca, fue acusado de reprimir “con balas de goma y gases lacrimógenos” a dos grupos de personas que desde hace diez días vienen protestando con cortes de ruta contra la minería a cielo abierto en las localidades catamarqueñas de Belén y Tinogasta. Hubo 35 detenidos y doce vecinos tuvieron que ser asistidos en el hospital de Tinogasta. “En el pueblo jamás se vivió una situación de semejante violencia. Nos sacaron a empujones y a golpes de la ruta, sin tener en cuenta que había mujeres, incluso una de ellas embarazada, y muchos niños porque nosotros somos vecinos del lugar, no somos militantes de ninguna organización política”, le dijo a Página/12 Karina Olmos, integrante de la Asamblea Ciudadana de Tinogasta. Anoche, en esa ciudad, decenas de vecinos estaban volviendo a ocupar la ruta 60, para impedir la circulación de camiones que llevan insumos hacia la minera La Alumbrera, en la vecina ciudad de Andalgalá. Antes, cerca de un millar de vecinos se reunieron frente al municipio de Tinogasta para pedir la renuncia del intendente local, Hugo Avila. Ante la situación, el ministro de Gobierno de Catamarca, Francisco Gordillo, justificó el desalojo argumentando que el bloqueo del camino retenía el paso de camiones que trasladaban “explosivos” que significaban “un peligro para la sociedad”. Al mismo tiempo, Gordillo sostuvo que tienen “las puertas abiertas” para “dialogar con los ambientalistas” (ver aparte).
Karina Olmos le respondió al funcionario diciendo que ellos también están “muy preocupados por el paso de los camiones con explosivos, que de todas maneras, haya corte o no, circulan por las calles de Tinogasta sin que nadie se preocupe desde el gobierno provincial”. Sobre la protesta, Olmos sostuvo que se han organizado “porque sabemos muy bien, por lo que ha pasado en estos quince años en Andalgalá, que la minería a cielo abierto es nociva para la salud, para el agua y para la tierra y que no nos deja ningún beneficio”. También le pidió al gobierno nacional que “de la misma manera que se está pronunciando por Malvinas, se pronuncie por nosotros, porque las empresas multinacionales se están llevando lo que es nuestro y de todos los argentinos”.
La vecina de Tinogasta dijo que en esa ciudad hay “empresas australianas y canadienses que quieren el uranio que tienen nuestros cerros, pero lo que estamos diciéndoles es que no les vamos a dar la licencia social para que se lo lleven”. Al grito de “El pueblo unido, jamás será vencido”, los vecinos se estaban reagrupando anoche sobre la ruta 60. El “violento desalojo” que denunciaron se produjo ayer cerca de las 9 de la mañana. Los vecinos recibieron primero una notificación verbal de la fiscal Liliana Carrizo, pero aseguran que no hubo “ninguna orden judicial por escrito”. En ese punto discrepan con lo que dijo el gobierno provincial.
Según los vecinos, cuando comenzó la represión se habían concentrado en la ruta cerca de 150 personas. “El corte lo veníamos haciendo unas quince o veinte personas, pero después del anuncio de la fiscal avisamos a otros vecinos y se vinieron a la ruta con nosotros.” Karina Olmos denunció que hubo “disparos de balas de goma, gases lacrimógenos y nos golpearon a todos, hombres y mujeres, sin importar que había muchos niños a los que tuvimos que proteger”. Como protesta, los vecinos –cerca de un millar– marcharon ayer por la tarde a la intendencia de Tinogasta. Como no estaba su titular, Hugo Avila, le pidieron su renuncia al viceintendente Alanis Andra. Los vecinos marcharon con un cartel que decía “Las ideas no se reprimen, siguen presentes”.
El otro desalojo ocurrió en la ruta 40, en Belén, por donde también pasan los camiones que van hacia La Alumbrera. Esto ocurrió en la tarde del jueves, a partir de las 18, por “disposición del fiscal Jorge Flores”. En este caso se produjeron empujones y golpes contra un grupo compuesto por varias decenas de vecinos que en ese momento no estaban cortando la ruta. “Estábamos en un terreno privado, de la familia Barragán, cuando vino el grupo Kuntur y nos sacó a los golpes”, relató a este diario Mariano Cervantes. Sólo hubo heridos leves, pero se llevaron detenidas a 35 personas, “diez de ellas mujeres y dos chicos menores, de 14 y 16 años”. Estuvieron detenidos durante más de ocho horas, las mujeres en la Regional 3 de Belén y los hombres en la comisaría de la localidad de Londres.
“Lo curioso es que los que sí estaban cortando la ruta eran unos 40 trabajadores de la minera La Alumbrera y sus familiares porque la empresa había amenazado con echarlos si seguía nuestro corte de ruta. A ellos no los reprimieron, los dejaron”, aseguró Cervantes. Los detenidos aseguraron que ignoran cuál es la acusación en su contra: “Nos dicen que es por resistencia a la fuerza pública o por ‘averiguación de hechos’ que no fueron precisados. Lo cierto es que el fiscal nos había recomendado que nos fuéramos para que no nos pegaran los trabajadores de La Alumbrera”.
Más Información:
- La Voz - La Nación aclaró que se trata de decisiones provinciales
- Diario C - El Gobierno reiteró su llamado al diálogo, pidió respeto a las leyes...
- Infobae - Tras los incidentes, vuelven a cortar la Ruta 60
Fecha de Publicación: 11/02/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Catamarca - Nacional
La policía provincial desalojó con empujones, balas de goma y gases lacrimógenos a vecinos de Tinogasta que bloqueaban el camino hacia la minera. Doce personas fueron hospitalizadas. También hubo un desalojo en Belén.
En menos de veinticuatro horas, el Kuntur, grupo de elite de la policía de Catamarca, fue acusado de reprimir “con balas de goma y gases lacrimógenos” a dos grupos de personas que desde hace diez días vienen protestando con cortes de ruta contra la minería a cielo abierto en las localidades catamarqueñas de Belén y Tinogasta. Hubo 35 detenidos y doce vecinos tuvieron que ser asistidos en el hospital de Tinogasta. “En el pueblo jamás se vivió una situación de semejante violencia. Nos sacaron a empujones y a golpes de la ruta, sin tener en cuenta que había mujeres, incluso una de ellas embarazada, y muchos niños porque nosotros somos vecinos del lugar, no somos militantes de ninguna organización política”, le dijo a Página/12 Karina Olmos, integrante de la Asamblea Ciudadana de Tinogasta. Anoche, en esa ciudad, decenas de vecinos estaban volviendo a ocupar la ruta 60, para impedir la circulación de camiones que llevan insumos hacia la minera La Alumbrera, en la vecina ciudad de Andalgalá. Antes, cerca de un millar de vecinos se reunieron frente al municipio de Tinogasta para pedir la renuncia del intendente local, Hugo Avila. Ante la situación, el ministro de Gobierno de Catamarca, Francisco Gordillo, justificó el desalojo argumentando que el bloqueo del camino retenía el paso de camiones que trasladaban “explosivos” que significaban “un peligro para la sociedad”. Al mismo tiempo, Gordillo sostuvo que tienen “las puertas abiertas” para “dialogar con los ambientalistas” (ver aparte).
Karina Olmos le respondió al funcionario diciendo que ellos también están “muy preocupados por el paso de los camiones con explosivos, que de todas maneras, haya corte o no, circulan por las calles de Tinogasta sin que nadie se preocupe desde el gobierno provincial”. Sobre la protesta, Olmos sostuvo que se han organizado “porque sabemos muy bien, por lo que ha pasado en estos quince años en Andalgalá, que la minería a cielo abierto es nociva para la salud, para el agua y para la tierra y que no nos deja ningún beneficio”. También le pidió al gobierno nacional que “de la misma manera que se está pronunciando por Malvinas, se pronuncie por nosotros, porque las empresas multinacionales se están llevando lo que es nuestro y de todos los argentinos”.
La vecina de Tinogasta dijo que en esa ciudad hay “empresas australianas y canadienses que quieren el uranio que tienen nuestros cerros, pero lo que estamos diciéndoles es que no les vamos a dar la licencia social para que se lo lleven”. Al grito de “El pueblo unido, jamás será vencido”, los vecinos se estaban reagrupando anoche sobre la ruta 60. El “violento desalojo” que denunciaron se produjo ayer cerca de las 9 de la mañana. Los vecinos recibieron primero una notificación verbal de la fiscal Liliana Carrizo, pero aseguran que no hubo “ninguna orden judicial por escrito”. En ese punto discrepan con lo que dijo el gobierno provincial.
Según los vecinos, cuando comenzó la represión se habían concentrado en la ruta cerca de 150 personas. “El corte lo veníamos haciendo unas quince o veinte personas, pero después del anuncio de la fiscal avisamos a otros vecinos y se vinieron a la ruta con nosotros.” Karina Olmos denunció que hubo “disparos de balas de goma, gases lacrimógenos y nos golpearon a todos, hombres y mujeres, sin importar que había muchos niños a los que tuvimos que proteger”. Como protesta, los vecinos –cerca de un millar– marcharon ayer por la tarde a la intendencia de Tinogasta. Como no estaba su titular, Hugo Avila, le pidieron su renuncia al viceintendente Alanis Andra. Los vecinos marcharon con un cartel que decía “Las ideas no se reprimen, siguen presentes”.
El otro desalojo ocurrió en la ruta 40, en Belén, por donde también pasan los camiones que van hacia La Alumbrera. Esto ocurrió en la tarde del jueves, a partir de las 18, por “disposición del fiscal Jorge Flores”. En este caso se produjeron empujones y golpes contra un grupo compuesto por varias decenas de vecinos que en ese momento no estaban cortando la ruta. “Estábamos en un terreno privado, de la familia Barragán, cuando vino el grupo Kuntur y nos sacó a los golpes”, relató a este diario Mariano Cervantes. Sólo hubo heridos leves, pero se llevaron detenidas a 35 personas, “diez de ellas mujeres y dos chicos menores, de 14 y 16 años”. Estuvieron detenidos durante más de ocho horas, las mujeres en la Regional 3 de Belén y los hombres en la comisaría de la localidad de Londres.
“Lo curioso es que los que sí estaban cortando la ruta eran unos 40 trabajadores de la minera La Alumbrera y sus familiares porque la empresa había amenazado con echarlos si seguía nuestro corte de ruta. A ellos no los reprimieron, los dejaron”, aseguró Cervantes. Los detenidos aseguraron que ignoran cuál es la acusación en su contra: “Nos dicen que es por resistencia a la fuerza pública o por ‘averiguación de hechos’ que no fueron precisados. Lo cierto es que el fiscal nos había recomendado que nos fuéramos para que no nos pegaran los trabajadores de La Alumbrera”.
Más Información:
- La Voz - La Nación aclaró que se trata de decisiones provinciales
- Diario C - El Gobierno reiteró su llamado al diálogo, pidió respeto a las leyes...
- Infobae - Tras los incidentes, vuelven a cortar la Ruta 60
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Minería: Especial sobre el bloque y desalojo
El gobierno de Catamarca se defendió tras el violento desalojo a una protesta antiminera
Fecha de Publicación: 10/02/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional - Catamarca
Tras el violento operativo de la policía de Catamarca, que esta mañana desalojó una protesta antiminera en Tinogasta, el Gobierno provincial afirmó que se "cumplió con una orden judicial" y rechazó la represión, que dejó cerca de 20 heridos.
"Nosotros hoy cumplimos una orden judicial. Somos auxiliares de la justicia", expresó el ministro de Gobierno y Justicia provincial, Francisco Gordillo, en diálogo con el canal de noticias TN. Gordillo admitió que el operativo dejó, por lo menos, 24 heridos, entre manifestantes y policías.
"Somos auxiliares de la justicia. Forma parte de la responsabilidad que tenemos como Estado. Nos duele muchísimo", agregó el funcionario, que detalló: "Hay 11 efectivos heridos, también perros policías, y móviles destrozados".
Gordillo contó que el hospital de Tinogasta hay "12 o 13 personas con heridas", y sostuvo que inciará las "actuaciones administrativas" necesarias para identificar a los policías que reprimieron violentamente a los ambientalistas. "Hoy sí o sí se tenia que hacer el desalojo, pero no estamos justificando lo que la policía puede llevar adelante", dijo el ministro.
En repudio a los hechos, distintas organizaciones civiles convocaron para esta tarde, a las 18, a una movilización en la casa de Catamarca en Buenos Aires (Córdoba 2080).
La represión
Policías, escudos, balas de goma, gases lacrimógenos, perros policías y piedras protagonizaron esta mañana un violento desalojo en la localidad catamarqueña de Tinogasta, donde un grupo de vecinos protestaban contra la mina La Alumbrera , explotada por la compañía suiza Xstrata Cooper y las canadienses Goldcorp Inc y Yamana Gold.
"Que odio e impotencia me da esto", expresó una manifestante ante el canal de noticias TN. "Es una vergüenza lo que pasa", agregó, mientras denunciaba ante cámara haber recibido una golpiza. Otro vecino lanzó: "Los gobernadores están bajo el poder económico".
La protesta impedía el paso de camiones con materiales hacia la mina. Tras el operativo policial, los vehículos tuvieron la ruta abierta.
El desalojo comenzó poco después de las 9.30 y no tardó en tener consecuencias violentas.
El secretario de Minería de la Nación, en Catamarca
Mientras en Tinogasta la polícia reprimió la protesta, a 268 kilómetros, en San Fernando del Valle de Catamarca, el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, se reunió con empresarios del sector y funcionarios locales, según pudo saber LA NACION. Del encuentro también participaron el secretario de Minería de Catamarca, Rodolfo Miccone, autoridades del gobierno ultrakirchnerista de Lucía Corpacci y legisladores locales.
Según voceros de la secretaría provincial, el encuentro se debió a la presentación, por parte de Mayoral, de la "Mesa de homologación", un programa que tiene el objetivo de que las empresas mineras compren sus insumos en la Argentina.
Según pudo saber este diario, Mayoral vio por televisión, antes de participar de la reunión en el Hotel de Turismo, los incidentes en Tinogasta.
Aníbal Fernández rechazó la represión
El senador kirchnerista Aníbal Fernández rechazó la represión de la protesta. "Jamás he estado de acuerdo con reprimir una protesta social o cualquier manifestación popular. Para que quede claro, tampoco estoy de acuerdo con el uso de la violencia en Tinogasta o en cualquier lugar del NOA, cualquiera sea la causa", manifestó Fernández, según la agencia DyN. "Lo que sucede en las provincias, es una decisión de las provincias", expresó el ex jefe de gabinete.
Anteayer, la policía desalojó la ruta 40 a la altura de Alpamikuna, Catamarca, y detuvo a 30 asambleístas , quienes hacía veinte días que bloqueaban el acceso hacia la mina Bajo La Alumbrera, en el norte de Belén.
El desafío de Greenpeace
La organización Greenpeace propuso a la presidenta Cristina Kirchner que dialogue por teleconferencia con los pobladores de Catamarca y La Rioja para poder escuchar sus planteos respecto a los emprendimientos mineros.
"Estamos de acuerdo con la Presidenta en la necesidad de entablar un debate serio sobre el tema y sobre el camino de desarrollo elegido para el país; queremos participar de él", aseguró Martín Prieto, director ejecutivo de la organización.
Ayer, durante un acto , en diálogo con un trabajador de la planta de Cementos Avellaneda que reclamó el fin de los bloqueos a emprendimientos mineros como el de Bajo La Alumbrera en Catamarca, la Presidenta señaló: "Vamos a tener que darnos una discusión en serio: tenemos que exigir calidad ambiental a las empresas, pero también responsabilidad a las distintas organizaciones".
"El debate es muy serio, la reflexión es muy seria, tenemos que darlo en la Argentina", dijo la jefa de Estado. "Queremos escuchar todas las posiciones. Hay que cuidar el ambiente, porque es nuestra casa", agregó.
La reacción de Greenpeace no tardó en llegar. "Para darse un debate serio en materia ambiental deben escucharse las posiciones críticas a la minería y no reprimirlas o perseguirlas", deslizó Prieto..
Más Información:
- La Nación - Apoyo presidencial a la minería
- Nueva Rioja - La Presidenta lamentó las posiciones antimineras “dogmáticas y cerradas”
- Terra - En medio de la polémica, Cristina pide "una discusión en serio" sobre la minería
- Diario Argentino - Cristina dijo que hace falta un debate “abierto” sobre la minería en el país
Fecha de Publicación: 10/02/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional - Catamarca
Tras el violento operativo de la policía de Catamarca, que esta mañana desalojó una protesta antiminera en Tinogasta, el Gobierno provincial afirmó que se "cumplió con una orden judicial" y rechazó la represión, que dejó cerca de 20 heridos.
"Nosotros hoy cumplimos una orden judicial. Somos auxiliares de la justicia", expresó el ministro de Gobierno y Justicia provincial, Francisco Gordillo, en diálogo con el canal de noticias TN. Gordillo admitió que el operativo dejó, por lo menos, 24 heridos, entre manifestantes y policías.
"Somos auxiliares de la justicia. Forma parte de la responsabilidad que tenemos como Estado. Nos duele muchísimo", agregó el funcionario, que detalló: "Hay 11 efectivos heridos, también perros policías, y móviles destrozados".
Gordillo contó que el hospital de Tinogasta hay "12 o 13 personas con heridas", y sostuvo que inciará las "actuaciones administrativas" necesarias para identificar a los policías que reprimieron violentamente a los ambientalistas. "Hoy sí o sí se tenia que hacer el desalojo, pero no estamos justificando lo que la policía puede llevar adelante", dijo el ministro.
En repudio a los hechos, distintas organizaciones civiles convocaron para esta tarde, a las 18, a una movilización en la casa de Catamarca en Buenos Aires (Córdoba 2080).
La represión
Policías, escudos, balas de goma, gases lacrimógenos, perros policías y piedras protagonizaron esta mañana un violento desalojo en la localidad catamarqueña de Tinogasta, donde un grupo de vecinos protestaban contra la mina La Alumbrera , explotada por la compañía suiza Xstrata Cooper y las canadienses Goldcorp Inc y Yamana Gold.
"Que odio e impotencia me da esto", expresó una manifestante ante el canal de noticias TN. "Es una vergüenza lo que pasa", agregó, mientras denunciaba ante cámara haber recibido una golpiza. Otro vecino lanzó: "Los gobernadores están bajo el poder económico".
La protesta impedía el paso de camiones con materiales hacia la mina. Tras el operativo policial, los vehículos tuvieron la ruta abierta.
El desalojo comenzó poco después de las 9.30 y no tardó en tener consecuencias violentas.
El secretario de Minería de la Nación, en Catamarca
Mientras en Tinogasta la polícia reprimió la protesta, a 268 kilómetros, en San Fernando del Valle de Catamarca, el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, se reunió con empresarios del sector y funcionarios locales, según pudo saber LA NACION. Del encuentro también participaron el secretario de Minería de Catamarca, Rodolfo Miccone, autoridades del gobierno ultrakirchnerista de Lucía Corpacci y legisladores locales.
Según voceros de la secretaría provincial, el encuentro se debió a la presentación, por parte de Mayoral, de la "Mesa de homologación", un programa que tiene el objetivo de que las empresas mineras compren sus insumos en la Argentina.
Según pudo saber este diario, Mayoral vio por televisión, antes de participar de la reunión en el Hotel de Turismo, los incidentes en Tinogasta.
Aníbal Fernández rechazó la represión
El senador kirchnerista Aníbal Fernández rechazó la represión de la protesta. "Jamás he estado de acuerdo con reprimir una protesta social o cualquier manifestación popular. Para que quede claro, tampoco estoy de acuerdo con el uso de la violencia en Tinogasta o en cualquier lugar del NOA, cualquiera sea la causa", manifestó Fernández, según la agencia DyN. "Lo que sucede en las provincias, es una decisión de las provincias", expresó el ex jefe de gabinete.
Anteayer, la policía desalojó la ruta 40 a la altura de Alpamikuna, Catamarca, y detuvo a 30 asambleístas , quienes hacía veinte días que bloqueaban el acceso hacia la mina Bajo La Alumbrera, en el norte de Belén.
El desafío de Greenpeace
La organización Greenpeace propuso a la presidenta Cristina Kirchner que dialogue por teleconferencia con los pobladores de Catamarca y La Rioja para poder escuchar sus planteos respecto a los emprendimientos mineros.
"Estamos de acuerdo con la Presidenta en la necesidad de entablar un debate serio sobre el tema y sobre el camino de desarrollo elegido para el país; queremos participar de él", aseguró Martín Prieto, director ejecutivo de la organización.
Ayer, durante un acto , en diálogo con un trabajador de la planta de Cementos Avellaneda que reclamó el fin de los bloqueos a emprendimientos mineros como el de Bajo La Alumbrera en Catamarca, la Presidenta señaló: "Vamos a tener que darnos una discusión en serio: tenemos que exigir calidad ambiental a las empresas, pero también responsabilidad a las distintas organizaciones".
"El debate es muy serio, la reflexión es muy seria, tenemos que darlo en la Argentina", dijo la jefa de Estado. "Queremos escuchar todas las posiciones. Hay que cuidar el ambiente, porque es nuestra casa", agregó.
La reacción de Greenpeace no tardó en llegar. "Para darse un debate serio en materia ambiental deben escucharse las posiciones críticas a la minería y no reprimirlas o perseguirlas", deslizó Prieto..
Más Información:
- La Nación - Apoyo presidencial a la minería
- Nueva Rioja - La Presidenta lamentó las posiciones antimineras “dogmáticas y cerradas”
- Terra - En medio de la polémica, Cristina pide "una discusión en serio" sobre la minería
- Diario Argentino - Cristina dijo que hace falta un debate “abierto” sobre la minería en el país
La mira en los agrotóxicos
La mira en los agrotóxicos
Fecha de Publicación: 09/02/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El organismo relacionó el uso indebido de esos productos con distintas malformaciones, trastornos neurológicos y otras dolencias.
La Defensoría del Pueblo de la Nación afirmó que los agroquímicos tienen directa vinculación con la discapacidad, solicitó la implementación del principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio ambiental es necesario tomar medidas protectoras) e instó al Ministerio de Salud a tomar medidas “preventivas y eficaces”. “Resulta apremiante pedir a las autoridades públicas nacionales y provinciales la toma de medidas de resguardo y cautelares, para evitar la discapacidad producida por el uso de agrotóxicos”, solicitó la Defensoría del Pueblo en su “Informe especial sobre agrotóxicos y discapacidad”, publicado tras siete meses de trabajo. El organismo aseguró que no funciona correctamente la Comisión Interministerial de Investigación de Agroquímicos (creada por la Presidenta en 2009) y cuestionó al Ministerio de Agricultura y al Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Desde el Ministerio de Salud de la Nación afirmaron que la comisión trabaja en forma “normal”, según el plan previsto.
“Las malformaciones, los padecimientos neurológicos y otras dolencias ligadas al uso indebido de agroquímicos son la vía hacia la discapacidad de niños, niñas, jóvenes o adultos y, en orden a ello, cobra relevancia el concepto de prevención”, asegura el informe de la Defensoría, y afirma: “(Los trabajos científicos citados) dan cuenta de observaciones sistemáticas, las que arrojan datos relacionados con malformaciones congénitas, enfermedades y trastornos neurológicos vinculados al uso de agroquímicos”.
Un apartado especial se dedica al principio precautorio, vigente en la Ley General del Ambiente (25.675). Le Defensoría “demanda una urgente atención precautoria y preventiva para evitar el riesgo de daño a una población desfavorecida, o bien para impedir el curso del perjuicio”.
La Defensoría apunta a la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad (Conadis): “No indica haber desarrollado actividades relacionadas con la prevención primaria de la discapacidad”.
En enero de 2009, luego de un fallo del Poder Judicial de Córdoba respecto de las fumigaciones con glifosato y endosulfán en el barrio Ituzaingó de Córdoba, la Presidenta creó por decreto (21/2009) la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos (CNIA). La Defensoría del Pueblo afirma: “Se verificó que las sesiones no se realizan con la regularidad impuesta. Lejos está esa comisión de cumplir, de modo sostenido en el tiempo, con la manda presidencial que los convocó para ‘la investigación, prevención, asistencia y tratamiento en casos de intoxicación o que afecten (a la población) con productos agroquímicos”.
En julio de 2011, el Senasa dictó la Resolución 511/2011, mediante la cual reconoció las consecuencias sanitarias del insecticida endosulfán y prohibió la importación del producto a partir de julio de 2012 y la formulación y uso a partir de julio de 2013. La Defensoría del Pueblo sostiene que “una vez comprobada la toxicidad del principio activo endosulfán y sus productos formulados, corresponde preguntarse si es posible otorgar con sensatez un permiso por dos años (más), con riesgo de generar un daño de la magnitud denunciada”.
También recuerda que la Defensoría recomendó al Ministerio de Agricultura (en noviembre de 2010) que modificara la metodología de clasificación de toxicidad de los agroquímicos (en la actualidad sólo se miden los efectos agudos, en el corto plazo).
Entre las conclusiones resalta que “la autoridad pública competente” deberá preservar a la población vulnerable de la fumigación sistemática, que “deberá frustrar la amenaza de daño, aplicando el principio precautorio, impidiendo la producción de la discapacidad en niños, niñas, jóvenes o adultos”. También insta a la “prevención primaria que abarca los supuestos donde la vinculación entre la discapacidad y el uso de agroquímicos es ostensible, es un tema de competencia de distintos organismos del Estado Nacional”.
La investigación, de 25 carillas, es la base probatoria para la Resolución 06/2012 de la Defensoría. En el primer artículo recomienda al ministro de Salud, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos, que “ejecute de manera perentoria las acciones ordenadas en el decreto presidencial con el fin de propender a la prevención de la aparición de discapacidad”. El artículo dos se dirige a la Conadis: “Que realicen acciones inmediatas, enfocadas a la atención, asistencia y cuidados de las personas con discapacidad y de sus familias, afectadas como consecuencia del uso de agroquímicos”.
El informe lleva la firma de Cecilia Pazos, del área de Derechos Humanos, y Horacio Esber, director del área de Derechos Sociales. “Son siete meses de trabajo. Y nos convencimos de la relación agroquímicos-discapacidad con investigaciones científicas, encuentros con médicos y con casos concretos de familias de zonas fumigadas”, afirmó Pazos. Esber resumió: “Las consecuencias de los agroquímicos son profundamente graves y afectan a los más vulnerables. Es evidente que el Estado debe ocuparse y se impone aplicar el principio precautorio. No se puede perder más tiempo”.
Fecha de Publicación: 09/02/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El organismo relacionó el uso indebido de esos productos con distintas malformaciones, trastornos neurológicos y otras dolencias.
La Defensoría del Pueblo de la Nación afirmó que los agroquímicos tienen directa vinculación con la discapacidad, solicitó la implementación del principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio ambiental es necesario tomar medidas protectoras) e instó al Ministerio de Salud a tomar medidas “preventivas y eficaces”. “Resulta apremiante pedir a las autoridades públicas nacionales y provinciales la toma de medidas de resguardo y cautelares, para evitar la discapacidad producida por el uso de agrotóxicos”, solicitó la Defensoría del Pueblo en su “Informe especial sobre agrotóxicos y discapacidad”, publicado tras siete meses de trabajo. El organismo aseguró que no funciona correctamente la Comisión Interministerial de Investigación de Agroquímicos (creada por la Presidenta en 2009) y cuestionó al Ministerio de Agricultura y al Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Desde el Ministerio de Salud de la Nación afirmaron que la comisión trabaja en forma “normal”, según el plan previsto.
“Las malformaciones, los padecimientos neurológicos y otras dolencias ligadas al uso indebido de agroquímicos son la vía hacia la discapacidad de niños, niñas, jóvenes o adultos y, en orden a ello, cobra relevancia el concepto de prevención”, asegura el informe de la Defensoría, y afirma: “(Los trabajos científicos citados) dan cuenta de observaciones sistemáticas, las que arrojan datos relacionados con malformaciones congénitas, enfermedades y trastornos neurológicos vinculados al uso de agroquímicos”.
Un apartado especial se dedica al principio precautorio, vigente en la Ley General del Ambiente (25.675). Le Defensoría “demanda una urgente atención precautoria y preventiva para evitar el riesgo de daño a una población desfavorecida, o bien para impedir el curso del perjuicio”.
La Defensoría apunta a la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad (Conadis): “No indica haber desarrollado actividades relacionadas con la prevención primaria de la discapacidad”.
En enero de 2009, luego de un fallo del Poder Judicial de Córdoba respecto de las fumigaciones con glifosato y endosulfán en el barrio Ituzaingó de Córdoba, la Presidenta creó por decreto (21/2009) la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos (CNIA). La Defensoría del Pueblo afirma: “Se verificó que las sesiones no se realizan con la regularidad impuesta. Lejos está esa comisión de cumplir, de modo sostenido en el tiempo, con la manda presidencial que los convocó para ‘la investigación, prevención, asistencia y tratamiento en casos de intoxicación o que afecten (a la población) con productos agroquímicos”.
En julio de 2011, el Senasa dictó la Resolución 511/2011, mediante la cual reconoció las consecuencias sanitarias del insecticida endosulfán y prohibió la importación del producto a partir de julio de 2012 y la formulación y uso a partir de julio de 2013. La Defensoría del Pueblo sostiene que “una vez comprobada la toxicidad del principio activo endosulfán y sus productos formulados, corresponde preguntarse si es posible otorgar con sensatez un permiso por dos años (más), con riesgo de generar un daño de la magnitud denunciada”.
También recuerda que la Defensoría recomendó al Ministerio de Agricultura (en noviembre de 2010) que modificara la metodología de clasificación de toxicidad de los agroquímicos (en la actualidad sólo se miden los efectos agudos, en el corto plazo).
Entre las conclusiones resalta que “la autoridad pública competente” deberá preservar a la población vulnerable de la fumigación sistemática, que “deberá frustrar la amenaza de daño, aplicando el principio precautorio, impidiendo la producción de la discapacidad en niños, niñas, jóvenes o adultos”. También insta a la “prevención primaria que abarca los supuestos donde la vinculación entre la discapacidad y el uso de agroquímicos es ostensible, es un tema de competencia de distintos organismos del Estado Nacional”.
La investigación, de 25 carillas, es la base probatoria para la Resolución 06/2012 de la Defensoría. En el primer artículo recomienda al ministro de Salud, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos, que “ejecute de manera perentoria las acciones ordenadas en el decreto presidencial con el fin de propender a la prevención de la aparición de discapacidad”. El artículo dos se dirige a la Conadis: “Que realicen acciones inmediatas, enfocadas a la atención, asistencia y cuidados de las personas con discapacidad y de sus familias, afectadas como consecuencia del uso de agroquímicos”.
El informe lleva la firma de Cecilia Pazos, del área de Derechos Humanos, y Horacio Esber, director del área de Derechos Sociales. “Son siete meses de trabajo. Y nos convencimos de la relación agroquímicos-discapacidad con investigaciones científicas, encuentros con médicos y con casos concretos de familias de zonas fumigadas”, afirmó Pazos. Esber resumió: “Las consecuencias de los agroquímicos son profundamente graves y afectan a los más vulnerables. Es evidente que el Estado debe ocuparse y se impone aplicar el principio precautorio. No se puede perder más tiempo”.
Basura electrónica sin solución en Entre Ríos
Basura electrónica, un problema sin solución
Fecha de Publicación: 09/02/2012
Fuente: El Diario
Provincia/Región: Entre Ríos
Toneladas de computadoras, celulares, heladeras, televisores, se desechan cada año sin tratamiento. Metales pesados y gigantescos volúmenes de plástico van a parar al Volcadero sin gestión especial. Las alternativas.
El Volcadero municipal de Paraná es un enorme vertedero a cielo abierto en el oeste de la ciudad, que durante décadas fue recibiendo cientos de toneladas de desechos que la gente tira día a día al tacho de basura. Sin ningún tipo de separación en origen, ni alternativas de recuperación de materiales, todo va a parar al Volcadero sin distinción. Allí son los cirujas quienes remueven los desechos y hacen una tarea de clasificación informal entre vidrios, cartones, plásticos, que después venden a los acopiadores. Prenden fuego para ahuyentar las moscas y separar los metales, rescatan alimentos en mal estado para sus caballos y sus chanchos.
Desde hace más o menos una década al Volcadero empezaron a llegar cada vez más objetos electrónicos de desecho, en consonancia con la explosión de la industria y la venta de computadoras y celulares. De pronto de llegar electrodomésticos aislados –heladeras, cocinas- fue cada vez mayor la cantidad de residuos electrónicos. Hoy el problema es gigantesco, porque la basura va creciendo al ritmo de las ventas. Una computadora portátil se recambia antes de los cinco años de uso, y una de escritorio antes de los siete. El ritmo de recambio de celulares es mucho mayor.
Hoy lo que se rompe o se desecha va a parar al vertedero. Una computadora tiene alrededor de 50 sustancias contaminantes en su interior, entre ellas mercurio, plomo, cadmio. Las baterías recargables de las notebook y de los celulares son los elementos más contaminantes de los equipos. Estas sustancias van a parar a la tierra y al agua y provocan enfermedades graves, entre ellas cáncer. Hasta ahora los esfuerzos para revertir la situación son aislados. No hay política de Estado y los proyectos de ley duermen en el Congreso.
Ideas. En 2010, desde el Concejo Deliberante, el ex concejal Horacio Piceda presentó un proyecto sobre el tema e inclusive promovió reuniones con miembros de organizaciones no gubernamentales y de la Universidad para empezar a pensar modos de tratar esta basura. Pero este proyecto no prosperó. Paralelamente, en la Facultad de Ciencia y Técnica de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), un grupo de estudiantes bajo la dirección de la profesora María Emilia Llorente inició un proyecto de investigación sobre residuos electrónicos. Hoy este equipo está gestionando fondos para comenzar con acciones concretas. Han logrado instalar el tema, y empezar a crear conciencia sobre la existencia de este tipo de residuos y su especificidad.
El Estado municipal de Paraná ha prometido un tratamiento de estos desechos en conjunto con un cambio en la gestión de todos los residuos domiciliarios.
Mientras, hay paranaenses que siguen acumulando en sus casas aparatos rotos, sin decidirse a desecharlos sin tratamiento, y otros dejan en la vereda, sin remordimiento de conciencia, sus televisores viejos y sus impresoras obsoletas. Un dilema todavía sin solución.
Problema de todos. Daniel compró nuevos componentes para su computadora, y los antiguos, que por su tecnología ya no le satisfacían, se los dio a su hermana, para que recambie a su vez su ordenador de escritorio de más de una década. Ella desarmó, rearmó, y los elementos más antiguos se los pasó a las sobrinitas de su novio, que dentro de una carcasa desechada por otra familia, y con un monitor de los viejos, también donado, pudieron tener por primera vez su propia computadora. Este tipo de trabajo suelen hacer organizaciones solidarias en todo el país, desguazando y reparando aparatos electrónicos para dar talleres a chicos de bajos recursos, y para acercar tecnologías a grupos sociales que no pueden comprarlas. Pero son contadas estas instituciones en el país. Y tampoco hay gran cantidad de recicladores de residuos electrónicos. El resultado es que hoy –según datos de Greenpeace- se reciclan sólo entre el 2 y el 4% de todos los electrónicos que se botan a la basura. No hay redes de recicladores y tampoco hay una acción sistemática del Estado en ese tema, ni Nacional, ni provinciales, ni municipales. Se necesita logística, se necesitan herramientas, se necesita personal, y sobre todo, se necesitan fondos. No son proyectos baratos.
Hoy por hoy, casi la totalidad de las computadoras, los celulares, los televisores, las heladeras desechadas van a parar sin más a vertederos a cielo abierto –como el nuestro- o a rellenos sanitarios, sin rescatar elementos valiosos (oro, cobre) para la industria de los electrónicos ni tampoco componentes que podrían ser reutilizados para reparar aparatos rotos.
Los especialistas coinciden en que el problema de los electrónicos es de todos: de los vecinos que desechan, de quienes los fabrican y también del Estado. El desafío es aunar voluntades y coordinar acciones para que prospere un modelo de reciclado de estos artículos altamente contaminantes.
Fecha de Publicación: 09/02/2012
Fuente: El Diario
Provincia/Región: Entre Ríos
Toneladas de computadoras, celulares, heladeras, televisores, se desechan cada año sin tratamiento. Metales pesados y gigantescos volúmenes de plástico van a parar al Volcadero sin gestión especial. Las alternativas.
El Volcadero municipal de Paraná es un enorme vertedero a cielo abierto en el oeste de la ciudad, que durante décadas fue recibiendo cientos de toneladas de desechos que la gente tira día a día al tacho de basura. Sin ningún tipo de separación en origen, ni alternativas de recuperación de materiales, todo va a parar al Volcadero sin distinción. Allí son los cirujas quienes remueven los desechos y hacen una tarea de clasificación informal entre vidrios, cartones, plásticos, que después venden a los acopiadores. Prenden fuego para ahuyentar las moscas y separar los metales, rescatan alimentos en mal estado para sus caballos y sus chanchos.
Desde hace más o menos una década al Volcadero empezaron a llegar cada vez más objetos electrónicos de desecho, en consonancia con la explosión de la industria y la venta de computadoras y celulares. De pronto de llegar electrodomésticos aislados –heladeras, cocinas- fue cada vez mayor la cantidad de residuos electrónicos. Hoy el problema es gigantesco, porque la basura va creciendo al ritmo de las ventas. Una computadora portátil se recambia antes de los cinco años de uso, y una de escritorio antes de los siete. El ritmo de recambio de celulares es mucho mayor.
Hoy lo que se rompe o se desecha va a parar al vertedero. Una computadora tiene alrededor de 50 sustancias contaminantes en su interior, entre ellas mercurio, plomo, cadmio. Las baterías recargables de las notebook y de los celulares son los elementos más contaminantes de los equipos. Estas sustancias van a parar a la tierra y al agua y provocan enfermedades graves, entre ellas cáncer. Hasta ahora los esfuerzos para revertir la situación son aislados. No hay política de Estado y los proyectos de ley duermen en el Congreso.
Ideas. En 2010, desde el Concejo Deliberante, el ex concejal Horacio Piceda presentó un proyecto sobre el tema e inclusive promovió reuniones con miembros de organizaciones no gubernamentales y de la Universidad para empezar a pensar modos de tratar esta basura. Pero este proyecto no prosperó. Paralelamente, en la Facultad de Ciencia y Técnica de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), un grupo de estudiantes bajo la dirección de la profesora María Emilia Llorente inició un proyecto de investigación sobre residuos electrónicos. Hoy este equipo está gestionando fondos para comenzar con acciones concretas. Han logrado instalar el tema, y empezar a crear conciencia sobre la existencia de este tipo de residuos y su especificidad.
El Estado municipal de Paraná ha prometido un tratamiento de estos desechos en conjunto con un cambio en la gestión de todos los residuos domiciliarios.
Mientras, hay paranaenses que siguen acumulando en sus casas aparatos rotos, sin decidirse a desecharlos sin tratamiento, y otros dejan en la vereda, sin remordimiento de conciencia, sus televisores viejos y sus impresoras obsoletas. Un dilema todavía sin solución.
Problema de todos. Daniel compró nuevos componentes para su computadora, y los antiguos, que por su tecnología ya no le satisfacían, se los dio a su hermana, para que recambie a su vez su ordenador de escritorio de más de una década. Ella desarmó, rearmó, y los elementos más antiguos se los pasó a las sobrinitas de su novio, que dentro de una carcasa desechada por otra familia, y con un monitor de los viejos, también donado, pudieron tener por primera vez su propia computadora. Este tipo de trabajo suelen hacer organizaciones solidarias en todo el país, desguazando y reparando aparatos electrónicos para dar talleres a chicos de bajos recursos, y para acercar tecnologías a grupos sociales que no pueden comprarlas. Pero son contadas estas instituciones en el país. Y tampoco hay gran cantidad de recicladores de residuos electrónicos. El resultado es que hoy –según datos de Greenpeace- se reciclan sólo entre el 2 y el 4% de todos los electrónicos que se botan a la basura. No hay redes de recicladores y tampoco hay una acción sistemática del Estado en ese tema, ni Nacional, ni provinciales, ni municipales. Se necesita logística, se necesitan herramientas, se necesita personal, y sobre todo, se necesitan fondos. No son proyectos baratos.
Hoy por hoy, casi la totalidad de las computadoras, los celulares, los televisores, las heladeras desechadas van a parar sin más a vertederos a cielo abierto –como el nuestro- o a rellenos sanitarios, sin rescatar elementos valiosos (oro, cobre) para la industria de los electrónicos ni tampoco componentes que podrían ser reutilizados para reparar aparatos rotos.
Los especialistas coinciden en que el problema de los electrónicos es de todos: de los vecinos que desechan, de quienes los fabrican y también del Estado. El desafío es aunar voluntades y coordinar acciones para que prospere un modelo de reciclado de estos artículos altamente contaminantes.
Minería: Denuncian represión en Catamarca
Denuncian represión en Belén por bloqueo contra la minería
Fecha de Publicación: 08/02/2012
Fuente: La Voz
Provincia/Región: Catamarca
Manifestantes dicen que los violentaron con las fuerzas especiales. Hay tres personas asistida y varios demorados.
Asambleístas que bloqueaban el paso al Yacimiento Minero Bajo La Alumbrera en Belén fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad de Catamarca, según informaron medios locales.
Hay treinta personas detenidas y tres mujeres que debieron ser atendidas por médicos y un chico desaparecido, según informa Radio El Algarrobo.
La Policía confirmó a La Voz las detenciones y precisó que los manifestantes se encuentran en dos comisarías de la localidad de Londres. También aseguró que entre los mismos hay personas menores de edad y que todos se encuentran "demorados", pero sin cargos en su contra.
Cifras cruzadas. El comisario Giménez dijo a Cadena 3 que son 15 los demorados y que todo “ha vuelto la tranquilidad” en el lugar, aunque “hay mucha gente quería sacar a los asambleístas” de la comisaría.
El asambleísta Nicolás Berardi aseguró que las fuerzas de seguridad ingresaron por un campo que pertenecía a la madre de una de las manifestantes y a través de ese paso se replegaron sobre la zona del bloqueo.
“La ruta es una ruta nacional, sin embargo el Gobierno de Cristina no se hace cargo de la represión”, aseguró Berardi.
Desde los medios locales denuncian varias irregularidades en el procedimiento, ya que “la policía provincial de Catamarca los detuvo en una ruta nacional que no es su jurisdicción”.
Además, aseguran que funcionarios de la provincia tampoco no han dado respuestas sobre el tema.
Jutificación. Según las palabras oficiales del comisario a cargo del operativo, el desalojo del lugar se realizó para evitar que se produjeran enfrentamientos con otro grupo de manifestantes que estaban protestando a favor de la minería.
Estos últimos serían familiares de obreros mineros que habían cortado esta tarde la ruta para manifestar su apoyo a la explotación de estos yacimientos.
“Era inevitable el choque, así que intentamos evitarlo", dijo el comisario. “Esto fue a partir de la orden del fiscal interviniente para proteger a estos asambleístas que estaban cortando, pero que en minutos se iban a enfrentar con 500 personas que están a favor”, agregó.
Más Información:
- Los Andes - Denunciaron represión en un corte antiminero en Catamarca
- No a la Mina - Reprimen corte selectivo en Belén, detienen a vecinos y periodistas
Fecha de Publicación: 08/02/2012
Fuente: La Voz
Provincia/Región: Catamarca
Manifestantes dicen que los violentaron con las fuerzas especiales. Hay tres personas asistida y varios demorados.
Asambleístas que bloqueaban el paso al Yacimiento Minero Bajo La Alumbrera en Belén fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad de Catamarca, según informaron medios locales.
Hay treinta personas detenidas y tres mujeres que debieron ser atendidas por médicos y un chico desaparecido, según informa Radio El Algarrobo.
La Policía confirmó a La Voz las detenciones y precisó que los manifestantes se encuentran en dos comisarías de la localidad de Londres. También aseguró que entre los mismos hay personas menores de edad y que todos se encuentran "demorados", pero sin cargos en su contra.
Cifras cruzadas. El comisario Giménez dijo a Cadena 3 que son 15 los demorados y que todo “ha vuelto la tranquilidad” en el lugar, aunque “hay mucha gente quería sacar a los asambleístas” de la comisaría.
El asambleísta Nicolás Berardi aseguró que las fuerzas de seguridad ingresaron por un campo que pertenecía a la madre de una de las manifestantes y a través de ese paso se replegaron sobre la zona del bloqueo.
“La ruta es una ruta nacional, sin embargo el Gobierno de Cristina no se hace cargo de la represión”, aseguró Berardi.
Desde los medios locales denuncian varias irregularidades en el procedimiento, ya que “la policía provincial de Catamarca los detuvo en una ruta nacional que no es su jurisdicción”.
Además, aseguran que funcionarios de la provincia tampoco no han dado respuestas sobre el tema.
Jutificación. Según las palabras oficiales del comisario a cargo del operativo, el desalojo del lugar se realizó para evitar que se produjeran enfrentamientos con otro grupo de manifestantes que estaban protestando a favor de la minería.
Estos últimos serían familiares de obreros mineros que habían cortado esta tarde la ruta para manifestar su apoyo a la explotación de estos yacimientos.
“Era inevitable el choque, así que intentamos evitarlo", dijo el comisario. “Esto fue a partir de la orden del fiscal interviniente para proteger a estos asambleístas que estaban cortando, pero que en minutos se iban a enfrentar con 500 personas que están a favor”, agregó.
Más Información:
- Los Andes - Denunciaron represión en un corte antiminero en Catamarca
- No a la Mina - Reprimen corte selectivo en Belén, detienen a vecinos y periodistas
La cara oscura de la bonanza sojera
La cara oscura de la bonanza sojera
Fecha de Publicación: 07/02/2012
Fuente: BBC
País/Región: Nacional
En el último siglo, Argentina perdió dos tercios de sus bosques nativos. De las 106 millones de hectáreas que tenía en 1914 apenas le quedan poco más de 33 millones, según un reciente inventario de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Perder casi el 70% de las regiones forestales de un país es grave, según los especialistas, pero el dato que más preocupa es que la mayor pérdida se dio en los últimos 20 años.
Según los expertos, el principal culpable es la soja, el cultivo que se ha convertido en el motor de la economía argentina en los últimos años.
Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de la organización ambientalista Greenpeace, dijo a BBC Mundo que la producción de esta oleaginosa motivó que se talaran unas 280.000 hectáreas de bosque al año entre 1990 y 2008.
"Cada 2 minutos se desmontó una hectárea de bosque", enumeró.
Así, Argentina se ha convertido en uno de los países de Sudamérica con mayor deforestación, un problema que suele afectar más a los países tropicales.
El ingeniero forestal Ignacio Gasparri, del Instituto de Ecología Regional de la Universidad Nacional de Tucumán, en el norte de Argentina, dijo a BBC Mundo que sus estudios demuestran irrefutablemente el vínculo entre la soja y la deforestación.
"Incluso las áreas que se desmontaron para desarrollar la ganadería tienen relación indirecta con la soja, ya que en la mayoría de los casos el ganadero se mudó allí porque fue desplazado de su lugar original por ese cultivo", afirmó Gasparri.
Las zonas en peligro
Los árboles más amenazados por la soja son los que forman parte de los bosques subtropicales argentinos, ubicados en el norte del país.
Según los expertos, el principal culpable es la soja, el cultivo que se ha convertido en el motor de la economía argentina en los últimos años.
Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de la organización ambientalista Greenpeace, dijo a BBC Mundo que la producción de esta oleaginosa motivó que se talaran unas 280.000 hectáreas de bosque al año entre 1990 y 2008.
"Cada 2 minutos se desmontó una hectárea de bosque", enumeró.
Así, Argentina se ha convertido en uno de los países de Sudamérica con mayor deforestación, un problema que suele afectar más a los países tropicales.
El ingeniero forestal Ignacio Gasparri, del Instituto de Ecología Regional de la Universidad Nacional de Tucumán, en el norte de Argentina, dijo a BBC Mundo que sus estudios demuestran irrefutablemente el vínculo entre la soja y la deforestación.
"Incluso las áreas que se desmontaron para desarrollar la ganadería tienen relación indirecta con la soja, ya que en la mayoría de los casos el ganadero se mudó allí porque fue desplazado de su lugar original por ese cultivo", afirmó Gasparri.
Las zonas en peligro
Los árboles más amenazados por la soja son los que forman parte de los bosques subtropicales argentinos, ubicados en el norte del país.
"En la mayoría de los desmontes los bosques son quemados y eso genera gran contaminación", explicó Gasparri.
Según el experto, mediciones del año 2000 muestran que la quema de árboles generó más gases de efecto invernadero que lo que produjo todo el sistema de transporte del país.
Pero no todas son malas noticias: la aprobación de la llamada Ley de Bosques, en 2007, marcó un punto de inflexión y puso un freno –al menos temporal- a la desaforada tala de árboles.
Hernán Giardini, de Greenpeace, dijo a BBC Mundo que en 2008 bajó un 50% la deforestación en el país.
Esta norma establece presupuestos mínimos de protección ambiental para la conservación de zonas forestales y obliga a las provincias a realizar un reordenamiento de sus bosques nativos, indicando dónde se puede y dónde no se puede cortar árboles.
Si bien Greenpeace elogió el hecho de que la mayoría de las provincias (17) ya realizaron esta tarea, advirtió que algunos gobiernos no están respetando las zonas que debieran conservarse.
Además, Giardini criticó al gobierno nacional por no destinar los recursos necesarios para la aplicación de la ley.
"En el presupuesto de 2012 hay siete veces menos de lo que corresponde para financiar la Ley de Bosques", denunció el activista ambiental.
Fecha de Publicación: 07/02/2012
Fuente: BBC
País/Región: Nacional
En el último siglo, Argentina perdió dos tercios de sus bosques nativos. De las 106 millones de hectáreas que tenía en 1914 apenas le quedan poco más de 33 millones, según un reciente inventario de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Perder casi el 70% de las regiones forestales de un país es grave, según los especialistas, pero el dato que más preocupa es que la mayor pérdida se dio en los últimos 20 años.
Según los expertos, el principal culpable es la soja, el cultivo que se ha convertido en el motor de la economía argentina en los últimos años.
Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de la organización ambientalista Greenpeace, dijo a BBC Mundo que la producción de esta oleaginosa motivó que se talaran unas 280.000 hectáreas de bosque al año entre 1990 y 2008.
"Cada 2 minutos se desmontó una hectárea de bosque", enumeró.
Así, Argentina se ha convertido en uno de los países de Sudamérica con mayor deforestación, un problema que suele afectar más a los países tropicales.
El ingeniero forestal Ignacio Gasparri, del Instituto de Ecología Regional de la Universidad Nacional de Tucumán, en el norte de Argentina, dijo a BBC Mundo que sus estudios demuestran irrefutablemente el vínculo entre la soja y la deforestación.
"Incluso las áreas que se desmontaron para desarrollar la ganadería tienen relación indirecta con la soja, ya que en la mayoría de los casos el ganadero se mudó allí porque fue desplazado de su lugar original por ese cultivo", afirmó Gasparri.
Las zonas en peligro
Los árboles más amenazados por la soja son los que forman parte de los bosques subtropicales argentinos, ubicados en el norte del país.
Según los expertos, el principal culpable es la soja, el cultivo que se ha convertido en el motor de la economía argentina en los últimos años.
Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de la organización ambientalista Greenpeace, dijo a BBC Mundo que la producción de esta oleaginosa motivó que se talaran unas 280.000 hectáreas de bosque al año entre 1990 y 2008.
"Cada 2 minutos se desmontó una hectárea de bosque", enumeró.
Así, Argentina se ha convertido en uno de los países de Sudamérica con mayor deforestación, un problema que suele afectar más a los países tropicales.
El ingeniero forestal Ignacio Gasparri, del Instituto de Ecología Regional de la Universidad Nacional de Tucumán, en el norte de Argentina, dijo a BBC Mundo que sus estudios demuestran irrefutablemente el vínculo entre la soja y la deforestación.
"Incluso las áreas que se desmontaron para desarrollar la ganadería tienen relación indirecta con la soja, ya que en la mayoría de los casos el ganadero se mudó allí porque fue desplazado de su lugar original por ese cultivo", afirmó Gasparri.
Las zonas en peligro
Los árboles más amenazados por la soja son los que forman parte de los bosques subtropicales argentinos, ubicados en el norte del país.
"En la mayoría de los desmontes los bosques son quemados y eso genera gran contaminación", explicó Gasparri.
Según el experto, mediciones del año 2000 muestran que la quema de árboles generó más gases de efecto invernadero que lo que produjo todo el sistema de transporte del país.
Pero no todas son malas noticias: la aprobación de la llamada Ley de Bosques, en 2007, marcó un punto de inflexión y puso un freno –al menos temporal- a la desaforada tala de árboles.
Hernán Giardini, de Greenpeace, dijo a BBC Mundo que en 2008 bajó un 50% la deforestación en el país.
Esta norma establece presupuestos mínimos de protección ambiental para la conservación de zonas forestales y obliga a las provincias a realizar un reordenamiento de sus bosques nativos, indicando dónde se puede y dónde no se puede cortar árboles.
Si bien Greenpeace elogió el hecho de que la mayoría de las provincias (17) ya realizaron esta tarea, advirtió que algunos gobiernos no están respetando las zonas que debieran conservarse.
Además, Giardini criticó al gobierno nacional por no destinar los recursos necesarios para la aplicación de la ley.
"En el presupuesto de 2012 hay siete veces menos de lo que corresponde para financiar la Ley de Bosques", denunció el activista ambiental.
“El que se va a acabar es el hombre”
“El que se va a acabar es el hombre”
Fecha de Publicación: 07/02/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Acompañado por Hebe de Bonafini y Horacio González, el ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni sostuvo que, si se siguen destruyendo ríos, montañas, bosques, “el planeta no se va a acabar, el que se va a extinguir es el ser humano”.
En su libro La Pachamama y el hombre, presentado ayer en sociedad, el ministro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Raúl Zaffaroni hace un recorrido jurídico, filosófico y humanístico sobre la relación del hombre con la naturaleza y con el mundo animal. En una frase que podría resumir el objetivo, la razón de ser de su obra, Zaffaroni llamó a trabajar “con inteligencia” en la búsqueda de una “convivencia amable” entre el hombre y la Pachamama, la Madre Tierra, porque si siguen depredando los ríos, las montañas y los animales que lo habitan “el planeta va a seguir viviendo, no se va a terminar, pero los que no vamos a seguir viviendo somos nosotros, los seres humanos”. La presentación del libro se hizo en la Biblioteca Nacional, con la participación en el panel de Hebe de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, y del sociólogo Horacio González, mientras que el humorista Miguel Rep, que acompañó el texto de Zaffaroni con sus ilustraciones, hacía dibujos relacionados con el tema que se veían en simultáneo sobre una pantalla gigante.
En su intervención, Zaffaroni afirmó que era “un enorme honor” el que le hacía la Asociación Madres de Plaza de Mayo al editar su libro, en conjunto con Colihue. Bonafini, al abrir el acto de presentación, recordó que en Bolivia, junto a Evo Morales, le tocó presenciar la celebración de la Pachamama, la invocación religiosa que suelen hacer los aymaras y otros pueblos originarios, en homenaje y como expresión de gratitud hacia la tierra. “El libro de Zaffaroni reivindica ese mensaje que nos dan esos pueblos y nos enseña a valorar la relación con los animales.” Emocionada, recordó que hace poco murió una perra que la acompañó “muchos años y que entendía todo lo que le hablaba. Fue compañera, sin traición ni engaño”.
González, director de la Biblioteca Nacional, sostuvo que la obra del ministro de la Corte tiene “una importancia política fundamental en estos momentos en que se están discutiendo problemas relacionados con la minería a cielo abierto y cuestiones relacionadas con el medio ambiente”. Sin tomar posición a favor o en contra de esos proyectos mineros, de todos modos advirtió que “las decisiones políticas que se toman a veces no tienen en cuenta que está la especie humana en riesgo si no se toman las medidas adecuadas”.
A su turno, Zaffaroni reconoció que el texto de su libro “puede parecer una locura”, pero luego dio probadas muestras de que no lo es. La idea del libro surgió de las nuevas Constituciones de Bolivia y de Ecuador, en la que se establecen “los derechos de la naturaleza, equiparándolos con los derechos humanos”. Luego de hacer un racconto de cómo, a nivel jurídico, se ha ido cimentando, desde 1917 en adelante, la defensa de los derechos humanos, “aunque después no hagamos cumplir las leyes”, abogó por empezar a respetar los derechos de la Pachamama.
“Desde hace mucho tiempo venimos diciendo que por el camino que vamos, vamos a provocar la destrucción del planeta”, pero al mismo tiempo “no se habla a fondo del problema ni se toman las medidas que corresponden”. Recordó que una de las peores guerras contemporáneas, la que estalló hace años en la República de Sudán, se intensificó “por la desertificación de una parte del territorio, lo que obligó a disputar la parte en la cual todavía se puede desarrollar la vida humana”. En ese sentido, pronosticó como posible que se produzcan conflictos bélicos similares en el futuro.
Zaffaroni dejó sentado que “los valores de nuestras culturas originarias, que valoraban la tierra, siguen vivos, como siguen vivos los valores de gaia”, una cultura originaria de Grecia que también le daba el status de “humano” a la naturaleza, a la que había que preservar y defender. “Lo que tenemos que hacer es cambiar el eje. Este libro no es ambientalista ni ecologista, lo que propone es que tenemos que dialogar con la naturaleza, preguntarle qué tratamiento hay que darles a las montañas, a los ríos, a los animales, pero debe ser un diálogo y no un interrogatorio como en la Inquisición: ‘Decime lo que quiero escuchar o te reviento’”.
Fecha de Publicación: 07/02/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Acompañado por Hebe de Bonafini y Horacio González, el ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni sostuvo que, si se siguen destruyendo ríos, montañas, bosques, “el planeta no se va a acabar, el que se va a extinguir es el ser humano”.
En su libro La Pachamama y el hombre, presentado ayer en sociedad, el ministro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Raúl Zaffaroni hace un recorrido jurídico, filosófico y humanístico sobre la relación del hombre con la naturaleza y con el mundo animal. En una frase que podría resumir el objetivo, la razón de ser de su obra, Zaffaroni llamó a trabajar “con inteligencia” en la búsqueda de una “convivencia amable” entre el hombre y la Pachamama, la Madre Tierra, porque si siguen depredando los ríos, las montañas y los animales que lo habitan “el planeta va a seguir viviendo, no se va a terminar, pero los que no vamos a seguir viviendo somos nosotros, los seres humanos”. La presentación del libro se hizo en la Biblioteca Nacional, con la participación en el panel de Hebe de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, y del sociólogo Horacio González, mientras que el humorista Miguel Rep, que acompañó el texto de Zaffaroni con sus ilustraciones, hacía dibujos relacionados con el tema que se veían en simultáneo sobre una pantalla gigante.
En su intervención, Zaffaroni afirmó que era “un enorme honor” el que le hacía la Asociación Madres de Plaza de Mayo al editar su libro, en conjunto con Colihue. Bonafini, al abrir el acto de presentación, recordó que en Bolivia, junto a Evo Morales, le tocó presenciar la celebración de la Pachamama, la invocación religiosa que suelen hacer los aymaras y otros pueblos originarios, en homenaje y como expresión de gratitud hacia la tierra. “El libro de Zaffaroni reivindica ese mensaje que nos dan esos pueblos y nos enseña a valorar la relación con los animales.” Emocionada, recordó que hace poco murió una perra que la acompañó “muchos años y que entendía todo lo que le hablaba. Fue compañera, sin traición ni engaño”.
González, director de la Biblioteca Nacional, sostuvo que la obra del ministro de la Corte tiene “una importancia política fundamental en estos momentos en que se están discutiendo problemas relacionados con la minería a cielo abierto y cuestiones relacionadas con el medio ambiente”. Sin tomar posición a favor o en contra de esos proyectos mineros, de todos modos advirtió que “las decisiones políticas que se toman a veces no tienen en cuenta que está la especie humana en riesgo si no se toman las medidas adecuadas”.
A su turno, Zaffaroni reconoció que el texto de su libro “puede parecer una locura”, pero luego dio probadas muestras de que no lo es. La idea del libro surgió de las nuevas Constituciones de Bolivia y de Ecuador, en la que se establecen “los derechos de la naturaleza, equiparándolos con los derechos humanos”. Luego de hacer un racconto de cómo, a nivel jurídico, se ha ido cimentando, desde 1917 en adelante, la defensa de los derechos humanos, “aunque después no hagamos cumplir las leyes”, abogó por empezar a respetar los derechos de la Pachamama.
“Desde hace mucho tiempo venimos diciendo que por el camino que vamos, vamos a provocar la destrucción del planeta”, pero al mismo tiempo “no se habla a fondo del problema ni se toman las medidas que corresponden”. Recordó que una de las peores guerras contemporáneas, la que estalló hace años en la República de Sudán, se intensificó “por la desertificación de una parte del territorio, lo que obligó a disputar la parte en la cual todavía se puede desarrollar la vida humana”. En ese sentido, pronosticó como posible que se produzcan conflictos bélicos similares en el futuro.
Zaffaroni dejó sentado que “los valores de nuestras culturas originarias, que valoraban la tierra, siguen vivos, como siguen vivos los valores de gaia”, una cultura originaria de Grecia que también le daba el status de “humano” a la naturaleza, a la que había que preservar y defender. “Lo que tenemos que hacer es cambiar el eje. Este libro no es ambientalista ni ecologista, lo que propone es que tenemos que dialogar con la naturaleza, preguntarle qué tratamiento hay que darles a las montañas, a los ríos, a los animales, pero debe ser un diálogo y no un interrogatorio como en la Inquisición: ‘Decime lo que quiero escuchar o te reviento’”.
Hidroeléctrica El Chocón vierte aceite al río
Intimarán a Hidroeléctrica El Chocón por el vertido de aceite al río
Fecha de Publicación: 07/02/2012
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) intimará a Hidroeléctrica El Chocón por no haber informado a los órganos de control y regulación de la pérdida de aceite de una de las turbinas, según anunció ayer el presidente del ente, Elías Sapag (hijo). Se analizarán además las sanciones que podrían corresponderle a la compañía por el vertido de la sustancia al río.
La empresa detectó "el jueves 26 de enero a las 19.30" una pérdida de aceite sobre el canal de fuga proveniente de una de las máquinas de Arroyito. Lo que se existió fue "una avería en el intercambiador de calor agua-aceite del sistema de refrigeración del cojinete de la guía superior", según la explicación que dio la compañía el 4 de febrero pasado.
Arroyito es una presa compensadora de los caudales de El Chocón, como lo es Pichi Picún Leufú de Piedra del Águila, pero a diferencia de éstas, cuando se privatizaron las centrales, se las unificó en una sola unidad de negocios.
La central que sufrió la pérdida es operada de manera remota, con telecomando, desde El Chocón, que está 25 kilómetros aguas arriba.
Hasta ayer, la Autoridad de Cuencas, que es el regulador del uso del agua, no había recibido la información oficial sobre el episodio, informó Sapag. Tampoco el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (Orsep), cuya regional Comahue integra Sapag. Este ente se ocupa de la integridad de la obra.
Y en los registros de Cammesa, que es la autoridad nacional del despacho eléctrico, no existe el incidente, lo mismo que en el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), a pesar de que la turbina y el generador estuvieron indisponibles.
Lo que decidió la AIC es enviar una misiva (no estaba claro si una nota o una carta documento) para intimarlos a informar, de acuerdo con los procedimientos que forman parte del contrato de concesión.
"La hidroeléctrica tiene un protocolo que le indica cómo debe comportarse y cómo debe informar hechos como éste", le dijo Sapag a "Río Negro".
Hasta ahora la AIC no pudo aplicar sanciones a las concesionarias porque, cuando lo intentó, las empresas adujeron que el que tiene potestad para hacerlo es el ENRE.
Fecha de Publicación: 07/02/2012
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) intimará a Hidroeléctrica El Chocón por no haber informado a los órganos de control y regulación de la pérdida de aceite de una de las turbinas, según anunció ayer el presidente del ente, Elías Sapag (hijo). Se analizarán además las sanciones que podrían corresponderle a la compañía por el vertido de la sustancia al río.
La empresa detectó "el jueves 26 de enero a las 19.30" una pérdida de aceite sobre el canal de fuga proveniente de una de las máquinas de Arroyito. Lo que se existió fue "una avería en el intercambiador de calor agua-aceite del sistema de refrigeración del cojinete de la guía superior", según la explicación que dio la compañía el 4 de febrero pasado.
Arroyito es una presa compensadora de los caudales de El Chocón, como lo es Pichi Picún Leufú de Piedra del Águila, pero a diferencia de éstas, cuando se privatizaron las centrales, se las unificó en una sola unidad de negocios.
La central que sufrió la pérdida es operada de manera remota, con telecomando, desde El Chocón, que está 25 kilómetros aguas arriba.
Hasta ayer, la Autoridad de Cuencas, que es el regulador del uso del agua, no había recibido la información oficial sobre el episodio, informó Sapag. Tampoco el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (Orsep), cuya regional Comahue integra Sapag. Este ente se ocupa de la integridad de la obra.
Y en los registros de Cammesa, que es la autoridad nacional del despacho eléctrico, no existe el incidente, lo mismo que en el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), a pesar de que la turbina y el generador estuvieron indisponibles.
Lo que decidió la AIC es enviar una misiva (no estaba claro si una nota o una carta documento) para intimarlos a informar, de acuerdo con los procedimientos que forman parte del contrato de concesión.
"La hidroeléctrica tiene un protocolo que le indica cómo debe comportarse y cómo debe informar hechos como éste", le dijo Sapag a "Río Negro".
Hasta ahora la AIC no pudo aplicar sanciones a las concesionarias porque, cuando lo intentó, las empresas adujeron que el que tiene potestad para hacerlo es el ENRE.
Apelan por la reclasificación agroquímicos
Reclasificación agroquímicos: apelación
Fecha de Publicación: 06/02/2012
Fuente: Claudio Lowy
Provincia/Región: Nacional
Apelación ante la Cámara Federal por el rechazo del amparo ambiental para el cambio de metodología de clasificación de los agroquímicos.
Se argumenta la competencia del Poder Judicial.
Se plantea la inconstitucionalidad de la Resolución 350/99 de la SAGPYA
Más de 12.800 firmas apoyan el reclamo.
El trabajo y la militancia ambiental del colectivo integrado por habitantes, organizaciones sociales y redes para lograr el cambio de metodología de clasificación de los agroquímicos, que comenzó a mediados de 2009, siguió por la Defensoría del Pueblo de la Nación hasta noviembre de 2010 y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca hasta junio de 2011.
La falta de respuesta por parte del Ministerio motivó que el jueves 18 de agosto de 2011 se presentara en la Justicia Federal una acción de Amparo Ambiental solicitando se ordene:
· El cambio de metodología de clasificación de los agroquímicos para que se considere no sólo la toxicidad letal aguda, sino también la subletal (si enferma pero no mata) y la crónica (si enferma en el mediano y largo plazo o por aplicaciones repetidas).
· Hasta tanto se realice la revisión de la clasificación, los agroquímicos aprobados que no tengan evaluado el grado de su toxicidad en las dosis subletales y crónicas sean clasificados como I.a: sumamente peligrosos, muy tóxicos e identificados con banda roja.
· Los formulados de los agroquímicos sean clasificados con la toxicidad mayor, que puede corresponder a la del componente más tóxico o al formulado considerado integralmente.
· Los estudios sobre los que se basan las clasificaciones de los agroquímicos sean realizados por entidades de acreditada y reconocida independencia de criterio.
· Se asegure el libre acceso a la información ambiental vinculada a la clasificación de los agroquímicos y su registro.
· Demandados: el Poder Ejecutivo Nacional, a través de su Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y el SENASA.
La Jueza Cecilia G.M.de Negre, del Juzgado Nacional de 1ra. Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 8, Secretaria Nº 15, emitió una resolución anoticiada el 27 de diciembre de 2011, donde reconoce la legitimación de los amparistas como accionantes, pero rechaza el amparo por considerar que el cambio de metodología de clasificación de los agroquímicos no es competencia del Poder Judicial sino del Poder Ejecutivo y/o el Congreso de la Nación.
Se ha apelado dicha resolución en primera instancia
La apelación
Sólo se transcriben aquí parte de los argumentos del punto 2.2. y 2.10.
Hacemos saber y denunciamos la inexistencia de una ley de presupuestos mínimos de agroquímicos a la cual podamos recurrir para evitar la presente acción; señalamos, que en el ámbito del Poder Legislativo, los proyectos de ley para la regulación de agroquímicos se fueron presentando sucesivamente desde el año 1984, sin que se haya logrado siquiera, un despacho de comisión de ninguno de ellos; tampoco de los presentados por los colegios profesionales especializados en la materia. Nos basamos para actuar aquí, en la aplicación de la ley 25.675 la cual entendemos la Justicia es la responsable en actuar, aplicando las normativas que indica la misma en particular en su articulo 32 donde faculta a los Jueces para actuar, mas allá de lo peticionado por las partes.- En orden a ello, es bueno recordar lo allí prescripto, para abonar la necesidad de que V.E. cambie el rumbo de la negativa obtenida.-
El artículo 32 de dicha norma básica afirma que:
…El acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie. El juez interviniente podrá disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general. Asimismo, en su sentencia, de acuerdo a las reglas de la sana critica, el juez podrá extender su fallo a cuestiones no sometidas expresamente a su consideración por las partes. En cualquier estado del proceso, aun con carácter de medida precautoria, podrán solicitarse medidas de urgencia, aun sin audiencia de la parte contraria, prestando debida caución por los daños y perjuicios que pudieran producirse. El juez podrá, asimismo, disponerlas, sin petición de parte. .-
Se le hace saber aquí a V.E., que actualmente el SENASA utiliza una metodología de clasificación toxicológica de los agroquímicos para su registro, comercialización y aplicación que solo considera los daños letales y agudos, es decir, si el producto mata en el corto plazo; pero no considera los daños subletales, es decir si enferma pero no mata; ni los crónicos, es decir, si enferma o mata a largo plazo o por repetición de aplicaciones. Adicionalmente, los ensayos de laboratorio sobre los cuales se basa la clasificación no evalúan la toxicidad sobre los productos formulados que realmente se aplican, sino que se realizan sobre el principio activo. Todo lo cual los hace aparecer como mucho menos tóxicos de lo que en realidad son. Además, los estudios de laboratorio sobre los cuales se basan las clasificaciones toxicológicas están realizados por las mismas empresas que los producen y/o comercializan y/o por laboratorios vinculados a ellos, que NO son publicados y son propiedad confidencial de esas mismas empresas, todo ello en perjuicios del interés publico de la población. Asimismo, esto hace que los mencionados estudios no puedan ser contrastados por investigadores independientes, que confirmen o contradigan sus conclusiones, motivos por los cuales no constituyen trabajos científicos. De esta manera, esta metodología de clasificación utilizada por el SENASA no hace mas que permitir indebidamente la aplicación de clasificaciones equivocas y ausentes de la debida defensa de los derechos ambientales, de vida las personas y de todos los seres vivos que enferman y/o mueren en virtud de la indebida clasificación resultante.- Esta circunstancia, se advierte claramente en las presentes actuaciones, y que la sentencia de grado no otorgo satisfacción alguna a un valor tan importante como la vida y la salud.- De ello se trata, de preservar la vida protegida en el articulo 41 de la Constitución Nacional.- De ello nos agraviamos.-
2.-10.- Por todo ello, en ejercicio de la reserva de caso federal formulado oportunamente, y teniendo en cuenta que la Constitución Nacional en su articulo 43 garantiza que en los procesos de amparo el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva, venimos a solicitar LA DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA RESOLUCION 350/99 SAGPyA de fecha 30 de septiembre de 1999 de la Secretaria de Agricultura Ganadería y Pesca juntamente con toda aquella otra normativa concordante y/o modificatoria y/o suplementaria que permite la metodología de clasificación vigente de los agroquímicos, pesticidas y/o productos fitosanitario , por parte de V.E., en virtud de que la misma es arbitraria y contrario a nuestro sistema constitucional vigente, ya que mediante su aplicación se conculcan gravemente derechos y garantías elementales sin motivo aparente. Recordamos que los productos fitosanitarios actualmente habilitados y/o registrados comportan grados de toxicidad no tolerables para la salud humana y el ambiente, razón por la cual, se encuentran provocando daños irreparables que afectan gravemente las condiciones mínimas de seguridad para la población de nuestro país, sobre los cuales el Poder Judicial esta obligado intervenir en forma urgente.
El texto completo de la apelación esta disponible para quien lo solicite a la dirección de correo electrónico indicada al final.
Más de 12.800 firmas
A las 10.630 adhesiones al reclamo del cambio de metodología de clasificación de los agroquímicos presentadas al momento del Recurso de Amparo, se agregaron otras 2.197 firmas nuevas. Así, se suman un total de 12.827 ciudadanas y ciudadanos argentinos de los más diversos lugares del país y que desempeñan las más variadas actividades, que manifiestan con su firma y su documento de identidad, en planillas de papel, el rechazo a los riesgos y daños a la salud que generan los agroquímicos.
Firmaron la apelación: Elena Beatriz Álvarez, Lujan, Pcia. de Buenos Aires; Adrián Rodolfo Camps, C.A.B.A; Graciela Iturraspe, Mar del Plata; Claudio Lowy, C.A.B.A; Eduardo Macaluse. Pcia. de Buenos Aires; Miriam Mabel Miguenz, Cañuelas, Pcia. de Buenos Aires; Eduardo Daniel Pérez, CABA; Héctor Teodoro Polino, CABA; Carlos Osvaldo Roberto, Florida, Pcia. de Buenos Aires; Javier Rodríguez Pardo, CABA
Abogados patrocinantes: María Lujan Pérez Terrone y Mariano J. Aguilar.
Fecha de Publicación: 06/02/2012
Fuente: Claudio Lowy
Provincia/Región: Nacional
Apelación ante la Cámara Federal por el rechazo del amparo ambiental para el cambio de metodología de clasificación de los agroquímicos.
Se argumenta la competencia del Poder Judicial.
Se plantea la inconstitucionalidad de la Resolución 350/99 de la SAGPYA
Más de 12.800 firmas apoyan el reclamo.
El trabajo y la militancia ambiental del colectivo integrado por habitantes, organizaciones sociales y redes para lograr el cambio de metodología de clasificación de los agroquímicos, que comenzó a mediados de 2009, siguió por la Defensoría del Pueblo de la Nación hasta noviembre de 2010 y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca hasta junio de 2011.
La falta de respuesta por parte del Ministerio motivó que el jueves 18 de agosto de 2011 se presentara en la Justicia Federal una acción de Amparo Ambiental solicitando se ordene:
· El cambio de metodología de clasificación de los agroquímicos para que se considere no sólo la toxicidad letal aguda, sino también la subletal (si enferma pero no mata) y la crónica (si enferma en el mediano y largo plazo o por aplicaciones repetidas).
· Hasta tanto se realice la revisión de la clasificación, los agroquímicos aprobados que no tengan evaluado el grado de su toxicidad en las dosis subletales y crónicas sean clasificados como I.a: sumamente peligrosos, muy tóxicos e identificados con banda roja.
· Los formulados de los agroquímicos sean clasificados con la toxicidad mayor, que puede corresponder a la del componente más tóxico o al formulado considerado integralmente.
· Los estudios sobre los que se basan las clasificaciones de los agroquímicos sean realizados por entidades de acreditada y reconocida independencia de criterio.
· Se asegure el libre acceso a la información ambiental vinculada a la clasificación de los agroquímicos y su registro.
· Demandados: el Poder Ejecutivo Nacional, a través de su Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y el SENASA.
La Jueza Cecilia G.M.de Negre, del Juzgado Nacional de 1ra. Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 8, Secretaria Nº 15, emitió una resolución anoticiada el 27 de diciembre de 2011, donde reconoce la legitimación de los amparistas como accionantes, pero rechaza el amparo por considerar que el cambio de metodología de clasificación de los agroquímicos no es competencia del Poder Judicial sino del Poder Ejecutivo y/o el Congreso de la Nación.
Se ha apelado dicha resolución en primera instancia
La apelación
Sólo se transcriben aquí parte de los argumentos del punto 2.2. y 2.10.
Hacemos saber y denunciamos la inexistencia de una ley de presupuestos mínimos de agroquímicos a la cual podamos recurrir para evitar la presente acción; señalamos, que en el ámbito del Poder Legislativo, los proyectos de ley para la regulación de agroquímicos se fueron presentando sucesivamente desde el año 1984, sin que se haya logrado siquiera, un despacho de comisión de ninguno de ellos; tampoco de los presentados por los colegios profesionales especializados en la materia. Nos basamos para actuar aquí, en la aplicación de la ley 25.675 la cual entendemos la Justicia es la responsable en actuar, aplicando las normativas que indica la misma en particular en su articulo 32 donde faculta a los Jueces para actuar, mas allá de lo peticionado por las partes.- En orden a ello, es bueno recordar lo allí prescripto, para abonar la necesidad de que V.E. cambie el rumbo de la negativa obtenida.-
El artículo 32 de dicha norma básica afirma que:
…El acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie. El juez interviniente podrá disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general. Asimismo, en su sentencia, de acuerdo a las reglas de la sana critica, el juez podrá extender su fallo a cuestiones no sometidas expresamente a su consideración por las partes. En cualquier estado del proceso, aun con carácter de medida precautoria, podrán solicitarse medidas de urgencia, aun sin audiencia de la parte contraria, prestando debida caución por los daños y perjuicios que pudieran producirse. El juez podrá, asimismo, disponerlas, sin petición de parte. .-
Se le hace saber aquí a V.E., que actualmente el SENASA utiliza una metodología de clasificación toxicológica de los agroquímicos para su registro, comercialización y aplicación que solo considera los daños letales y agudos, es decir, si el producto mata en el corto plazo; pero no considera los daños subletales, es decir si enferma pero no mata; ni los crónicos, es decir, si enferma o mata a largo plazo o por repetición de aplicaciones. Adicionalmente, los ensayos de laboratorio sobre los cuales se basa la clasificación no evalúan la toxicidad sobre los productos formulados que realmente se aplican, sino que se realizan sobre el principio activo. Todo lo cual los hace aparecer como mucho menos tóxicos de lo que en realidad son. Además, los estudios de laboratorio sobre los cuales se basan las clasificaciones toxicológicas están realizados por las mismas empresas que los producen y/o comercializan y/o por laboratorios vinculados a ellos, que NO son publicados y son propiedad confidencial de esas mismas empresas, todo ello en perjuicios del interés publico de la población. Asimismo, esto hace que los mencionados estudios no puedan ser contrastados por investigadores independientes, que confirmen o contradigan sus conclusiones, motivos por los cuales no constituyen trabajos científicos. De esta manera, esta metodología de clasificación utilizada por el SENASA no hace mas que permitir indebidamente la aplicación de clasificaciones equivocas y ausentes de la debida defensa de los derechos ambientales, de vida las personas y de todos los seres vivos que enferman y/o mueren en virtud de la indebida clasificación resultante.- Esta circunstancia, se advierte claramente en las presentes actuaciones, y que la sentencia de grado no otorgo satisfacción alguna a un valor tan importante como la vida y la salud.- De ello se trata, de preservar la vida protegida en el articulo 41 de la Constitución Nacional.- De ello nos agraviamos.-
2.-10.- Por todo ello, en ejercicio de la reserva de caso federal formulado oportunamente, y teniendo en cuenta que la Constitución Nacional en su articulo 43 garantiza que en los procesos de amparo el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva, venimos a solicitar LA DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA RESOLUCION 350/99 SAGPyA de fecha 30 de septiembre de 1999 de la Secretaria de Agricultura Ganadería y Pesca juntamente con toda aquella otra normativa concordante y/o modificatoria y/o suplementaria que permite la metodología de clasificación vigente de los agroquímicos, pesticidas y/o productos fitosanitario , por parte de V.E., en virtud de que la misma es arbitraria y contrario a nuestro sistema constitucional vigente, ya que mediante su aplicación se conculcan gravemente derechos y garantías elementales sin motivo aparente. Recordamos que los productos fitosanitarios actualmente habilitados y/o registrados comportan grados de toxicidad no tolerables para la salud humana y el ambiente, razón por la cual, se encuentran provocando daños irreparables que afectan gravemente las condiciones mínimas de seguridad para la población de nuestro país, sobre los cuales el Poder Judicial esta obligado intervenir en forma urgente.
El texto completo de la apelación esta disponible para quien lo solicite a la dirección de correo electrónico indicada al final.
Más de 12.800 firmas
A las 10.630 adhesiones al reclamo del cambio de metodología de clasificación de los agroquímicos presentadas al momento del Recurso de Amparo, se agregaron otras 2.197 firmas nuevas. Así, se suman un total de 12.827 ciudadanas y ciudadanos argentinos de los más diversos lugares del país y que desempeñan las más variadas actividades, que manifiestan con su firma y su documento de identidad, en planillas de papel, el rechazo a los riesgos y daños a la salud que generan los agroquímicos.
Firmaron la apelación: Elena Beatriz Álvarez, Lujan, Pcia. de Buenos Aires; Adrián Rodolfo Camps, C.A.B.A; Graciela Iturraspe, Mar del Plata; Claudio Lowy, C.A.B.A; Eduardo Macaluse. Pcia. de Buenos Aires; Miriam Mabel Miguenz, Cañuelas, Pcia. de Buenos Aires; Eduardo Daniel Pérez, CABA; Héctor Teodoro Polino, CABA; Carlos Osvaldo Roberto, Florida, Pcia. de Buenos Aires; Javier Rodríguez Pardo, CABA
Abogados patrocinantes: María Lujan Pérez Terrone y Mariano J. Aguilar.
El rechazo social contra la minería crece
El rechazo social contra la minería en Argentina crece al ritmo de los negocios
Fecha de Publicación: 05/02/2012
Fuente: EPA
Provincia/Región: Nacional
El rechazo social a las actividades de la "megaminería" a cielo abierto en Argentina es creciente, con protestas de pobladores y ambientalistas que se multiplican en todo el país, donde las inversiones mineras alcanzaron un nivel récord en 2011.
En las últimas semanas las protestas se hicieron sentir con fuerza en la norteña provincia de La Rioja, donde habitantes de las localidades de Famatina y Chilecito mantienen desde el 2 de enero un bloqueo en el acceso a un yacimiento de oro que planea explorar la canadiense Osisko, un proyecto que, aseguran, contaminará su única fuente de agua potable.
La protesta en defensa del cerro Famatina alcanzó una dimensión inusitada cuando poblaciones de otros puntos del país que albergan proyectos mineros se adhirieron al reclamo, con actos y marchas.
El Gobierno de La Rioja, socio minoritario de Osisko en el proyecto, terminó por prometer la semana pasada que la exploración no se realizará sin la "licencia social" de los vecinos, para lo cual, anticipó, emprenderá una "campaña de información" sobre los beneficios de la minería, al tiempo que garantizó que no se afectará el medioambiente.
"Reclamamos que no se realice una explotación minera a cielo abierto en el Famatina, hermanados con el rechazo a todos los megaproyectos mineros que se están dando en toda Argentina, especialmente en los Andes", dijo a Efe Yanina Millicay, una de las integrantes de la asamblea ciudadana de Chilecito.
El otro foco de fuertes protestas está en las norteñas provincias de Catamarca y Tucumán, donde también se realizan bloqueos para exigir el cierre de Bajo de la Alumbrera, uno de los principales yacimientos de oro y cobre del mundo, explotado por la anglo-suiza Xstrata en sociedad con las canadienses Goldcorp y Yamana.
Esta sociedad, que asegura operar bajo estándares de cuidado ambiental, tiene además los derechos para explotar Agua Rica, un yacimiento también de oro y cobre, cercano a La Alumbrera y que los habitantes de la zona reclaman que no sea puesto en marcha.
"Hace varios años que luchamos contra La Alumbrera y ahora quieren explotar Agua Rica, que está en las nacientes de nuestros ríos", dijo a Efe Ricardo Morel, miembro de la Asamblea Ciudadana de Algarrobo, una de las localidades que rechaza ambos proyectos.
Las protestas en La Rioja y Catamarca, donde varios pobladores fueron encausado judicialmente por los bloqueos, reactivaron reclamos contra otros proyectos mineros en las provincias de Río Negro, Chubut y Mendoza.
"La coyuntura de estas protestas es favorable porque hizo que este tema, que estaba tratando de ser ocultado por los poderes políticos de turno, saliera a la luz", dijo a Efe Mariela Silvestein, presidenta de la organización ambientalista Conciencia Solidaria.
Silvestein consideró "urgente" que el Parlamento discuta un proyecto presentado por el senador opositor Eugenio Artaza para prohibir la megaminería y la extracción de minerales radiactivos y, en este sentido, apuntó que el "clima social" de rechazo ayudará a que esta iniciativa se debata.
En una entrevista publicada hoy por el diario Tiempo Argentino, el secretario de Ambiente argentino, Juan José Mussi, reconoció que el tema minero es "controvertido" y dijo que la movilización popular "debe servir para lograr consensos que equilibren la sustentabilidad ambiental con el crecimiento del conjunto de las poblaciones involucradas".
Quienes rechazan la minería, que mayormente viven de la agricultura y el turismo, plantean que está en riesgo su fuente de trabajo.
Pero las provincias que conceden los derechos mineros ven en esta actividad en boga en Argentina suculentos ingresos para sus alicaídas arcas.
"No podemos darnos el lujo de prescindir de la minería", dijo el ministro de Producción de Catamarca, Ángel Mercado.
Según datos de la Secretaría de Minería argentina, las inversiones mineras alcanzaron en 2011 un récord de 2.546 millones de dólares.
También fue récord la actividad exploratoria, con más de 1 millón de metros de perforaciones (41 % más que en 2010) e inversiones por 133 millones de dólares.
Argentina tiene unos 600 proyectos en actividad, que emplean directa e indirectamente a 517.000 personas, según datos oficiales.
Fecha de Publicación: 05/02/2012
Fuente: EPA
Provincia/Región: Nacional
El rechazo social a las actividades de la "megaminería" a cielo abierto en Argentina es creciente, con protestas de pobladores y ambientalistas que se multiplican en todo el país, donde las inversiones mineras alcanzaron un nivel récord en 2011.
En las últimas semanas las protestas se hicieron sentir con fuerza en la norteña provincia de La Rioja, donde habitantes de las localidades de Famatina y Chilecito mantienen desde el 2 de enero un bloqueo en el acceso a un yacimiento de oro que planea explorar la canadiense Osisko, un proyecto que, aseguran, contaminará su única fuente de agua potable.
La protesta en defensa del cerro Famatina alcanzó una dimensión inusitada cuando poblaciones de otros puntos del país que albergan proyectos mineros se adhirieron al reclamo, con actos y marchas.
El Gobierno de La Rioja, socio minoritario de Osisko en el proyecto, terminó por prometer la semana pasada que la exploración no se realizará sin la "licencia social" de los vecinos, para lo cual, anticipó, emprenderá una "campaña de información" sobre los beneficios de la minería, al tiempo que garantizó que no se afectará el medioambiente.
"Reclamamos que no se realice una explotación minera a cielo abierto en el Famatina, hermanados con el rechazo a todos los megaproyectos mineros que se están dando en toda Argentina, especialmente en los Andes", dijo a Efe Yanina Millicay, una de las integrantes de la asamblea ciudadana de Chilecito.
El otro foco de fuertes protestas está en las norteñas provincias de Catamarca y Tucumán, donde también se realizan bloqueos para exigir el cierre de Bajo de la Alumbrera, uno de los principales yacimientos de oro y cobre del mundo, explotado por la anglo-suiza Xstrata en sociedad con las canadienses Goldcorp y Yamana.
Esta sociedad, que asegura operar bajo estándares de cuidado ambiental, tiene además los derechos para explotar Agua Rica, un yacimiento también de oro y cobre, cercano a La Alumbrera y que los habitantes de la zona reclaman que no sea puesto en marcha.
"Hace varios años que luchamos contra La Alumbrera y ahora quieren explotar Agua Rica, que está en las nacientes de nuestros ríos", dijo a Efe Ricardo Morel, miembro de la Asamblea Ciudadana de Algarrobo, una de las localidades que rechaza ambos proyectos.
Las protestas en La Rioja y Catamarca, donde varios pobladores fueron encausado judicialmente por los bloqueos, reactivaron reclamos contra otros proyectos mineros en las provincias de Río Negro, Chubut y Mendoza.
"La coyuntura de estas protestas es favorable porque hizo que este tema, que estaba tratando de ser ocultado por los poderes políticos de turno, saliera a la luz", dijo a Efe Mariela Silvestein, presidenta de la organización ambientalista Conciencia Solidaria.
Silvestein consideró "urgente" que el Parlamento discuta un proyecto presentado por el senador opositor Eugenio Artaza para prohibir la megaminería y la extracción de minerales radiactivos y, en este sentido, apuntó que el "clima social" de rechazo ayudará a que esta iniciativa se debata.
En una entrevista publicada hoy por el diario Tiempo Argentino, el secretario de Ambiente argentino, Juan José Mussi, reconoció que el tema minero es "controvertido" y dijo que la movilización popular "debe servir para lograr consensos que equilibren la sustentabilidad ambiental con el crecimiento del conjunto de las poblaciones involucradas".
Quienes rechazan la minería, que mayormente viven de la agricultura y el turismo, plantean que está en riesgo su fuente de trabajo.
Pero las provincias que conceden los derechos mineros ven en esta actividad en boga en Argentina suculentos ingresos para sus alicaídas arcas.
"No podemos darnos el lujo de prescindir de la minería", dijo el ministro de Producción de Catamarca, Ángel Mercado.
Según datos de la Secretaría de Minería argentina, las inversiones mineras alcanzaron en 2011 un récord de 2.546 millones de dólares.
También fue récord la actividad exploratoria, con más de 1 millón de metros de perforaciones (41 % más que en 2010) e inversiones por 133 millones de dólares.
Argentina tiene unos 600 proyectos en actividad, que emplean directa e indirectamente a 517.000 personas, según datos oficiales.
Mussi quiso irse pero no lo dejaron
Mussi quiso irse de Medio Ambiente, pero no lo dejaron
Fecha de Publicación: 04/02/2012
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
El secretario de Medio Ambiente, Juan José Mussi, presentó la renuncia a su cargo pero el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, no se la aceptó. Según se pudo confirmar, el ex intendente de Berazategui mantuvo en la tarde de ayer comunicaciones con distintos intendentes de la cuenca del Riachuelo con los que dialogó temas referentes a su gestión. Esto confirmó que desde la Casa Rosada decidieron no aceptarle la renuncia que fue decidida por Mussi el pasado miércoles, pero que recién ayer se hizo efectiva. Pese a estar a no contar con el apoyo de Abal Medina, la Presidenta decidió mantenerlo en el cargo .
Las complicaciones para Mussi comenzaron la semana pasada, cuando marcó su posición en el conflicto ambiental que mantiene paralizado el yacimiento minero de Famatina en la provincia de La Rioja.
“La minería no es un demonio” , dijo Mussi, que además convocó a la población de Famatina a que acepte el proyecto.
Esas declaraciones explotaron en el seno del Ejecutivo Nacional, que mantiene como estrategia no meterse en la discusión ambiental.
Además, Mussi tiene inconvenientes en su pago chico. El miércoles, detuvieron a Elvio Ayala, subsecretario de Asuntos Políticos de Berazategui, partido gobernado por el hijo de Mussi. Ayala está acusado de cobrar entre cerca de 10 mil pesos para adjudicar casas del plan federal de viviendas.
Fecha de Publicación: 04/02/2012
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
El secretario de Medio Ambiente, Juan José Mussi, presentó la renuncia a su cargo pero el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, no se la aceptó. Según se pudo confirmar, el ex intendente de Berazategui mantuvo en la tarde de ayer comunicaciones con distintos intendentes de la cuenca del Riachuelo con los que dialogó temas referentes a su gestión. Esto confirmó que desde la Casa Rosada decidieron no aceptarle la renuncia que fue decidida por Mussi el pasado miércoles, pero que recién ayer se hizo efectiva. Pese a estar a no contar con el apoyo de Abal Medina, la Presidenta decidió mantenerlo en el cargo .
Las complicaciones para Mussi comenzaron la semana pasada, cuando marcó su posición en el conflicto ambiental que mantiene paralizado el yacimiento minero de Famatina en la provincia de La Rioja.
“La minería no es un demonio” , dijo Mussi, que además convocó a la población de Famatina a que acepte el proyecto.
Esas declaraciones explotaron en el seno del Ejecutivo Nacional, que mantiene como estrategia no meterse en la discusión ambiental.
Además, Mussi tiene inconvenientes en su pago chico. El miércoles, detuvieron a Elvio Ayala, subsecretario de Asuntos Políticos de Berazategui, partido gobernado por el hijo de Mussi. Ayala está acusado de cobrar entre cerca de 10 mil pesos para adjudicar casas del plan federal de viviendas.
Río Negro creará una empresa minera estatal
Río Negro creará una empresa minera estatal para participar de la explotación
Fecha de Publicación: 04/02/2012
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Río Negro
El gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, anunció ayer la creación de una empresa minera que será "cien por ciento estatal" y permitirá al Estado provincial participar de la explotación de la actividad económica.
Weretilneck confirmó la decisión en un acto realizado en San Carlos de Bariloche, y comentó que en los próximos días enviará a la Legislatura un proyecto para promover la compañía minera.
La intención del gobernador kirchnerista es que la empresa estatal sea socia de las privadas, con la intención de “no solamente recibir las regalías sino participar de las ganancias y controlar las políticas de control del impacto ambiental”. A poco de asumir, el fallecido Carlos Soria derogó una ley que impedía la utilización de cianuro así como la minería a cielo abierto.
Fecha de Publicación: 04/02/2012
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Río Negro
El gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, anunció ayer la creación de una empresa minera que será "cien por ciento estatal" y permitirá al Estado provincial participar de la explotación de la actividad económica.
Weretilneck confirmó la decisión en un acto realizado en San Carlos de Bariloche, y comentó que en los próximos días enviará a la Legislatura un proyecto para promover la compañía minera.
La intención del gobernador kirchnerista es que la empresa estatal sea socia de las privadas, con la intención de “no solamente recibir las regalías sino participar de las ganancias y controlar las políticas de control del impacto ambiental”. A poco de asumir, el fallecido Carlos Soria derogó una ley que impedía la utilización de cianuro así como la minería a cielo abierto.
Fuertes rumores sobre renuncia de Mussi
En medio de la pelea de CFK con ambientalistas, hubo fuertes rumores sobre Mussi
Fecha de Publicación: 03/02/2012
Fuente: Cronista
Provincia/Región: Nacional
Durante todo el día de ayer circularon versiones sobre el alejamiento del secretario de Ambiente del Gobierno. En las dos últimas apariciones Cristina criticó a ONGs
En medio del enojo presidencial con las ONG ambientalistas, toma fuerza el rumor de la posible salida del Gobierno del secretario de Ambiente, Juan José Mussi. Incluso ayer, fuentes del sector ya daban por hecho la renuncia del hombre fuerte de Berazategui. Sin embargo, cerca del ex intendente lo desmintieron.
En su primera reaparición pública luego de su intervención quirúrgica, que le demandó 20 días de reposo, Cristina Fernández de Kirchner cuestionó a las organizaciones ambientalistas por, supuestamente, no denunciar la depredación que realizaría el gobierno británico en las inmediaciones de las Islas Malvinas. Más allá del tenso momento que viven la Argentina e Inglaterra por la soberanía del archipiélago, detrás confluye la pelea del pueblo riojano de Famatina contra la minería. Pero Greenpeace no se quedó callada y la acusó de no tener preocupación ecológica.
La réplica presidencial no se hizo esperar. Desde el Salón de las Mujeres, el miércoles CFK adelantó la inversión de u$s 38 millones de una empresa en Berazategui para fabricar vidrio. Defendiendo ese material, al que alabó por ser reciclable, preguntó con ironía: Qué raro que ningún ambientalistas se queje de las botellitas de plástico. Por la fuerte tormenta desatada en la Ciudad de Buenos Aires, no se pudo realizar la videoconferencia para anunciar las futuras obras en ese distrito del conurbano bonaerense, cuyo intendente es Juan Patricio Mussi, hijo del secretario de Ambiente.
En esta ocasión, ninguna organización ambiental respondió el ataque. Incluso, desde una de ellas, deslizaron a El Cronista que esta vez preferían evitar el enfrentamiento.
Mientras continúa la polémica, varios rumores apuntaron que Mussi terminaría pagando los platos rotos. Y dieron por confirmado que el ex intendente se había reunido con el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, para presentarle la renuncia. Incluso se llegó a mencionar al senador Daniel Filmus como posible reemplazante pero cerca suyo negaron que le hayan ofrecido el cargo. Completaba la danza de nombres la actual subsecretaria del área, Silvia Révora, por estos días en Ecuador en un foro de ministros de Ambiente de América Latina.
Las razones de la eventual salida son varias: desde su apoyo a la minería que luego negó en medio del conflicto en Famatina hasta supuestas diferencias con Abal Medina en la limpieza del Riachuelo. Lo cierto, por ahora, es que el ex intendente dejó trascender que no presentó la renuncia y que sigue trabajando como siempre.
Fecha de Publicación: 03/02/2012
Fuente: Cronista
Provincia/Región: Nacional
Durante todo el día de ayer circularon versiones sobre el alejamiento del secretario de Ambiente del Gobierno. En las dos últimas apariciones Cristina criticó a ONGs
En medio del enojo presidencial con las ONG ambientalistas, toma fuerza el rumor de la posible salida del Gobierno del secretario de Ambiente, Juan José Mussi. Incluso ayer, fuentes del sector ya daban por hecho la renuncia del hombre fuerte de Berazategui. Sin embargo, cerca del ex intendente lo desmintieron.
En su primera reaparición pública luego de su intervención quirúrgica, que le demandó 20 días de reposo, Cristina Fernández de Kirchner cuestionó a las organizaciones ambientalistas por, supuestamente, no denunciar la depredación que realizaría el gobierno británico en las inmediaciones de las Islas Malvinas. Más allá del tenso momento que viven la Argentina e Inglaterra por la soberanía del archipiélago, detrás confluye la pelea del pueblo riojano de Famatina contra la minería. Pero Greenpeace no se quedó callada y la acusó de no tener preocupación ecológica.
La réplica presidencial no se hizo esperar. Desde el Salón de las Mujeres, el miércoles CFK adelantó la inversión de u$s 38 millones de una empresa en Berazategui para fabricar vidrio. Defendiendo ese material, al que alabó por ser reciclable, preguntó con ironía: Qué raro que ningún ambientalistas se queje de las botellitas de plástico. Por la fuerte tormenta desatada en la Ciudad de Buenos Aires, no se pudo realizar la videoconferencia para anunciar las futuras obras en ese distrito del conurbano bonaerense, cuyo intendente es Juan Patricio Mussi, hijo del secretario de Ambiente.
En esta ocasión, ninguna organización ambiental respondió el ataque. Incluso, desde una de ellas, deslizaron a El Cronista que esta vez preferían evitar el enfrentamiento.
Mientras continúa la polémica, varios rumores apuntaron que Mussi terminaría pagando los platos rotos. Y dieron por confirmado que el ex intendente se había reunido con el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, para presentarle la renuncia. Incluso se llegó a mencionar al senador Daniel Filmus como posible reemplazante pero cerca suyo negaron que le hayan ofrecido el cargo. Completaba la danza de nombres la actual subsecretaria del área, Silvia Révora, por estos días en Ecuador en un foro de ministros de Ambiente de América Latina.
Las razones de la eventual salida son varias: desde su apoyo a la minería que luego negó en medio del conflicto en Famatina hasta supuestas diferencias con Abal Medina en la limpieza del Riachuelo. Lo cierto, por ahora, es que el ex intendente dejó trascender que no presentó la renuncia y que sigue trabajando como siempre.
El futuro del Riachuelo
El futuro del Riachuelo
Fecha de Publicación: 03/02/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Más allá de los anuncios, todavía resta definir aspectos básicos para que el saneamiento se haga efectivo
El vicepresidente Amado Boudou, mientras estuvo en ejercicio del Poder Ejecutivo por enfermedad de la jefa del Estado, realizó la presentación de nuevos camiones volcadores y compactadores de residuos para cinco comunas bonaerenses e hizo una defensa de las políticas ambientales impulsadas desde el Estado, las cuales, según Boudou, marcan "el rumbo donde está la Argentina en materia de ecología y reparación de problemas ambientales".
En el mismo acto se encontraba presente el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan José Mussi, quien ha manifestado que "al cabo de cinco años" el Riachuelo "no tiene que tener más vuelcos de ninguna naturaleza" y que las tareas de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo llevarán cinco años más.
Si bien es cierto que han existido avances en la gestión, resulta apresurado hacer manifestaciones que, en mucho, se asemejan a las que tantas veces se han realizado en relación con este maltratado curso de agua.
Es que, más allá del reciente anuncio de que se invertirán 2800 millones de pesos en desagües, aún no se pusieron en marcha las obras de infraestructura para contener la contaminación cloacal; tampoco se inspeccionaron todas las empresas que vierten sustancias contaminantes sobre la cuenca, ni se ha definido un plan de ordenamiento territorial.
Es importante destacar que la Corte Suprema de Justicia, en su fallo del 8 de julio de 2008, fijó tres objetivos fundamentales a cumplir por parte del Estado nacional y los gobiernos de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires. Se trata de la recomposición del daño ambiental de la cuenca, de mejorar la calidad de vida de la población y de prevenir daños futuros.
La Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) no ha definido aún qué significa recomponer el ambiente, cuestión que resulta fundamental para interpretar las definiciones expresadas por Mussi.
En tal sentido, varias organizaciones que integran ese cuerpo colegiado y el defensor del pueblo de la Nación han manifestado en reiteradas oportunidades que es necesario perseguir la recomposición total de la cuenca, que no sólo incluye su saneamiento, sino el cumplimiento simultáneo de los tres objetivos establecidos por la Corte.
Sin duda, esos fines no podrán alcanzarse si no se establece un cambio de patrones de producción, organización y consumo de todas las actividades productivas, residenciales y de transporte que se realicen en la cuenca, aspecto sobre el cual todavía no se ha avanzado lo necesario para fundar de manera adecuada las afirmaciones del secretario del Ambiente de la Nación.
El saneamiento de un río que recorre 65 km, a la vera del cual vive una población cercana a los 5 millones de personas, es una acción que requiere el compromiso y la participación de todos los actores políticos, sociales y económicos, y de la ciudadanía.
Por la importancia y envergadura de la tarea que requiere el Riachuelo no se necesitan más promesas de carácter político: si efectivamente se busca alcanzar el verdadero saneamiento de la cuenca, sería deseable que se realizara una convocatoria amplia para lograr un proceso de participación política y social que establezca una verdadera y sólida política de Estado para el Riachuelo. Eso incluye definir cuál es la cuenca que esperamos para 2016 y para los años sucesivos y, fundamentalmente, cuáles son las políticas y las acciones necesarias para lograr su saneamiento definitivo y su recomposición.
Fecha de Publicación: 03/02/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Más allá de los anuncios, todavía resta definir aspectos básicos para que el saneamiento se haga efectivo
El vicepresidente Amado Boudou, mientras estuvo en ejercicio del Poder Ejecutivo por enfermedad de la jefa del Estado, realizó la presentación de nuevos camiones volcadores y compactadores de residuos para cinco comunas bonaerenses e hizo una defensa de las políticas ambientales impulsadas desde el Estado, las cuales, según Boudou, marcan "el rumbo donde está la Argentina en materia de ecología y reparación de problemas ambientales".
En el mismo acto se encontraba presente el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan José Mussi, quien ha manifestado que "al cabo de cinco años" el Riachuelo "no tiene que tener más vuelcos de ninguna naturaleza" y que las tareas de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo llevarán cinco años más.
Si bien es cierto que han existido avances en la gestión, resulta apresurado hacer manifestaciones que, en mucho, se asemejan a las que tantas veces se han realizado en relación con este maltratado curso de agua.
Es que, más allá del reciente anuncio de que se invertirán 2800 millones de pesos en desagües, aún no se pusieron en marcha las obras de infraestructura para contener la contaminación cloacal; tampoco se inspeccionaron todas las empresas que vierten sustancias contaminantes sobre la cuenca, ni se ha definido un plan de ordenamiento territorial.
Es importante destacar que la Corte Suprema de Justicia, en su fallo del 8 de julio de 2008, fijó tres objetivos fundamentales a cumplir por parte del Estado nacional y los gobiernos de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires. Se trata de la recomposición del daño ambiental de la cuenca, de mejorar la calidad de vida de la población y de prevenir daños futuros.
La Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) no ha definido aún qué significa recomponer el ambiente, cuestión que resulta fundamental para interpretar las definiciones expresadas por Mussi.
En tal sentido, varias organizaciones que integran ese cuerpo colegiado y el defensor del pueblo de la Nación han manifestado en reiteradas oportunidades que es necesario perseguir la recomposición total de la cuenca, que no sólo incluye su saneamiento, sino el cumplimiento simultáneo de los tres objetivos establecidos por la Corte.
Sin duda, esos fines no podrán alcanzarse si no se establece un cambio de patrones de producción, organización y consumo de todas las actividades productivas, residenciales y de transporte que se realicen en la cuenca, aspecto sobre el cual todavía no se ha avanzado lo necesario para fundar de manera adecuada las afirmaciones del secretario del Ambiente de la Nación.
El saneamiento de un río que recorre 65 km, a la vera del cual vive una población cercana a los 5 millones de personas, es una acción que requiere el compromiso y la participación de todos los actores políticos, sociales y económicos, y de la ciudadanía.
Por la importancia y envergadura de la tarea que requiere el Riachuelo no se necesitan más promesas de carácter político: si efectivamente se busca alcanzar el verdadero saneamiento de la cuenca, sería deseable que se realizara una convocatoria amplia para lograr un proceso de participación política y social que establezca una verdadera y sólida política de Estado para el Riachuelo. Eso incluye definir cuál es la cuenca que esperamos para 2016 y para los años sucesivos y, fundamentalmente, cuáles son las políticas y las acciones necesarias para lograr su saneamiento definitivo y su recomposición.
Sali-Dulce: La Nación ahora es garantía
La Nación ahora garantiza que no se contaminará el Salí-Dulce
Fecha de Publicación: 02/02/2012
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Nacional - Tucumán - Santiago del Estero
El fin de la feria trae novedades para algunos industriales tucumanos. Ayer el Gobierno y la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero cumplieron lo pactado a fines del año pasado y presentaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un pedido de suspensión de plazos procesales del amparo que iniciaron en el máximo tribunal contra directivos de firmas tucumanas que contaminarían el río Salí.
Pero una decena de empresarios azucareros y citrícolas también deberá alistarse para prestar declaración indagatoria ante la Justicia federal santiagueña. La citación se enmarca en la causa iniciada por el fiscal de Estado de Santiago del Estero, Raúl Abate, luego de que a fines de noviembre se observó una masiva mortandad de peces a lo largo de tres kilómetros del Embalse de Río Hondo.
Según publicó ayer el diario santiagueño "El Liberal", el juez federal de ese distrito, Guillermo Daniel Molinari, prevé indagar a Jorge Rocchia Ferro (Compañía Azucarera Los Balcanes), a Julio Colombres (Azucarera Juan Manuel Terán), a Héctor Gregorio Mateos (SA Azucarera Argentina), a Santiago Gasep (Azucarera del Sur SRL), a Roberto Mario Ortiz (ingenio San Juan), a Luis Lorenzo Pardo (Citromax), a Gonzalo Tanoira (Citrícola San Miguel), a Mario Menéndez (Litoral Citrus), a José Antonio Fernández (Los Dulces Norte SA) y a Fernando José Terán (Santa Bárbara). El diario agregó que la declaración se hará efectiva luego de que el juez conozca el contenido de un informe sobre la mortandad de los peces -elaborado por representantes del Comité de la Cuenca Salí-Dulce-, que sería presentado hoy.
Funcionario tucumano
Además de los empresarios, citarán al secretario de Medio Ambiente de Tucumán, Alfredo Montalván. La Fiscalía federal de Santiago del Estero entendió que le corresponde: "la responsabilidad penal que les cabría a las autoridades encargadas de ejercer los controles pertinentes tanto en función del poder de policía cuanto como partes del convenio suscrito por Nación, Provincias y titulares de empresas involucradas". LA GACETA no logró comunicarse con Montalván.
El ombudsman santiagueño, Martín Díaz Achával, recordó que la presentación que realizaron ayer ante el máximo tribunal cumple con lo acordado el 29 de diciembre del año pasado entre Tucumán, Santiago del Estero y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Según este acuerdo, la Nación será la última garante de que las firmas tucumanas no arrojen ni vinaza ni cenizas al cauce del río desde 2012. Díaz Achával aclaró que el pedido de suspensión no significa que desistan de la acción. "Nos habíamos comprometido a presentar un pedido de suspensión de plazos procesales. (Pero) esto no se detiene, porque nunca puede haber un pacto de impunidad", dijo.
Señaló que lo que la Corte suspendería, en caso de que acceda a su pedido, es el amparo presentado por la Defensoría y por el Gobierno de Santiago del Estero; pero que continúan las causas que se tramitan en otras instancias. "El interés punitivo, respecto de quien ya cometió un delito, corre por cuenta separada. Eso quedó muy claro para los industriales tucumanos", afirmó.
Fecha de Publicación: 02/02/2012
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Nacional - Tucumán - Santiago del Estero
El fin de la feria trae novedades para algunos industriales tucumanos. Ayer el Gobierno y la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero cumplieron lo pactado a fines del año pasado y presentaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un pedido de suspensión de plazos procesales del amparo que iniciaron en el máximo tribunal contra directivos de firmas tucumanas que contaminarían el río Salí.
Pero una decena de empresarios azucareros y citrícolas también deberá alistarse para prestar declaración indagatoria ante la Justicia federal santiagueña. La citación se enmarca en la causa iniciada por el fiscal de Estado de Santiago del Estero, Raúl Abate, luego de que a fines de noviembre se observó una masiva mortandad de peces a lo largo de tres kilómetros del Embalse de Río Hondo.
Según publicó ayer el diario santiagueño "El Liberal", el juez federal de ese distrito, Guillermo Daniel Molinari, prevé indagar a Jorge Rocchia Ferro (Compañía Azucarera Los Balcanes), a Julio Colombres (Azucarera Juan Manuel Terán), a Héctor Gregorio Mateos (SA Azucarera Argentina), a Santiago Gasep (Azucarera del Sur SRL), a Roberto Mario Ortiz (ingenio San Juan), a Luis Lorenzo Pardo (Citromax), a Gonzalo Tanoira (Citrícola San Miguel), a Mario Menéndez (Litoral Citrus), a José Antonio Fernández (Los Dulces Norte SA) y a Fernando José Terán (Santa Bárbara). El diario agregó que la declaración se hará efectiva luego de que el juez conozca el contenido de un informe sobre la mortandad de los peces -elaborado por representantes del Comité de la Cuenca Salí-Dulce-, que sería presentado hoy.
Funcionario tucumano
Además de los empresarios, citarán al secretario de Medio Ambiente de Tucumán, Alfredo Montalván. La Fiscalía federal de Santiago del Estero entendió que le corresponde: "la responsabilidad penal que les cabría a las autoridades encargadas de ejercer los controles pertinentes tanto en función del poder de policía cuanto como partes del convenio suscrito por Nación, Provincias y titulares de empresas involucradas". LA GACETA no logró comunicarse con Montalván.
El ombudsman santiagueño, Martín Díaz Achával, recordó que la presentación que realizaron ayer ante el máximo tribunal cumple con lo acordado el 29 de diciembre del año pasado entre Tucumán, Santiago del Estero y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Según este acuerdo, la Nación será la última garante de que las firmas tucumanas no arrojen ni vinaza ni cenizas al cauce del río desde 2012. Díaz Achával aclaró que el pedido de suspensión no significa que desistan de la acción. "Nos habíamos comprometido a presentar un pedido de suspensión de plazos procesales. (Pero) esto no se detiene, porque nunca puede haber un pacto de impunidad", dijo.
Señaló que lo que la Corte suspendería, en caso de que acceda a su pedido, es el amparo presentado por la Defensoría y por el Gobierno de Santiago del Estero; pero que continúan las causas que se tramitan en otras instancias. "El interés punitivo, respecto de quien ya cometió un delito, corre por cuenta separada. Eso quedó muy claro para los industriales tucumanos", afirmó.
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