San Carlos: enojo por la autorización a minera
12:08 | 
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Revuelo por concesión de una mina de oro y cobre
Fecha de Publicación: 24/11/2011
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
Está en San Carlos y el intendente dijo que se opondrá. En el Gobierno aclaran que sólo fue inscripta y no está activa.
La concesión de un yacimiento minero en San Carlos a una multinacional canadiense provocó ayer un gran revuelo que puso en pie de guerra al intendente del departamento, Jorge Difonso. Desde el Gobierno provincial dejaron en claro que no hay actividad autorizada y que la mina ha sido registrada a quien la descubrió bajo las normas del Código de Minería de la Nación, que está por encima de las disposiciones locales. La mina tiene una extensión de 1079 hectáreas y limita con Chile.
Todo estalló cuando se supo que en el Boletín Oficial se había publicado un edicto en el que se anunciaba el registro de un yacimiento.
La publicación oficial cita el expediente Nº2156/C/2000 - Teck Cominco Argentina Ltd. por descubrimiento diseminado de oro y cobre. En su artículo primero dice : “Regístrese por Escribanía de Minas en el Registro de Manifestaciones y Denuncios, a nombre de Teck Cominco Argentina Ltd., con alcance de concesión provisoria, el yacimiento de mineral diseminado de cobre y oro, denominado San Carlos, ubicado en el Distrito Minero Nº14”.
La novedad hizo reaccionar al intendente de San Carlos, Jorge Difonso: “Estoy sorprendido porque dan un permiso legal a una minera canadiense para la concesión de un yacimiento de oro y cobre en San Carlos, cuando hace poco la Legislatura rechazó el proyecto San Jorge”.
Difonso rápidamente marcó la cancha y recordó: “Aquí estamos en contra de la minería metalífera a cielo abierto. Yo soy coautor de la ley 7.722 que prohíbe esa actividad que se realiza con cianuro y contamina las aguas, por eso me sorprende que el Gobierno provincial haya dado una autorización provisoria .
“No hay nada autorizado”
El Gobierno no tardó en responder y aclarar. El subsecretario de Hidrocarburos, Walter Vázquez, fue contundente: “No hay ninguna actividad minera de exploración y explotación metalífera autorizada ni en trámite de hacerse en la provincia”.
Vázquez explicó a qué se refiere el edicto del yacimiento San Carlos: “Lo que se ha hecho es autorizar la petición de una empresa bajo el mandato de las normas del Código de Minería de la Nación, que está más allá de mí y de Difonso”.
El subsecretario precisó: “Esto no tiene nada que ver con San Jorge, son temas distintos. Toda empresa que descubra un yacimiento puede registrarlo a su nombre. Así lo dispone el Código de Minería y nosotros tenemos la obligación de cumplir con la ley”.
Recalcó: “De hecho hay cientos de minas registradas en Mendoza y ninguna en actividad”.
Entonces aclaró: “Esta inscripción de una mina (de eso se trata el edicto) no autoriza ninguna exploración porque para explorar y explotar ya entran en juego las leyes mendocinas y así lo dispone el Código de Minería que en ese sentido remite a las normas provinciales que estén vigentes”.
Walter Vázquez señaló: “Para hacer una segunda exploración la firma tendría que presentar un plan de trabajo y obtener la autorización de la Dirección de Minería y la Legislatura, y no hay ningún trámite en ese sentido”.
Medidas en San Carlos
El intendente de esa comuna del Valle de Uco, Jorge Difonso, adelantó que tomará tres medidas contra la concesión.
“Primero vamos a presentar una oposición formal ante el Gobierno como lo prevé la ley. Segundo, vamos a usar la vía política pidiéndole una audiencia al gobernador Celso Jaque y tercero, convocaremos al Consejo Ciudadano Consultivo de San Carlos (las fuerzas vivas) para informarle y ver el camino que seguimos”.
Enojo en San Carlos porque autorizan exploración minera
Fecha de Publicación: 24/11/2011
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El Gobierno le dio el visto bueno a una empresa canadiense que quiere buscar oro y cobre. El intendente denunció que se hizo "entre gallos y medianoche" y en una zona prohibida por ley.
La publicación de un edicto en el Boletín Oficial de ayer dejó al descubierto la intención de una minera canadiense de iniciar tareas de exploración en San Carlos para dar con reservorios de oro y cobre. La respuesta no se hizo esperar. Enseguida, el intendente Jorge Difonso encendió la luz de alerta y cargó las tintas contra el gobierno de Celso Jaque, "que quiere otorgar concesiones a este tipo de emprendimientos entre gallos y medianoche y cuando se está yendo".
El edicto publicado, que desató una nueva polémica sobre la minería en Mendoza, hace referencia a la inscripción "del yacimiento de mineral diseminado de cobre y oro, denominado San Carlos" a nombre de Teck Cominco Argentina Ltd. en el "Registro de Manifestaciones y Denuncios" de la Dirección de Minería de Mendoza. El texto aclara que será "con alcance de concesión provisoria".
El jefe comunal sancarlino dijo sentirse burlado. "Tenemos diez días para expresar nuestra oposición legal, por eso ya está trabajando el asesor letrado del municipio en la confección del escrito", señaló. Además, Difonso dijo que convocará al Consejo Ciudadano Consultivo para decidir con todos los actores comunales las medidas a tomar.
Por último, el intendente reelecto anunció que solicitará una audiencia con Jaque para pedirle explicaciones sobre el tema. "Vivimos en un Estado de derecho y las leyes son muy claras. No vamos a permitir estas exploraciones. También quiero que el gobernador me explique cómo avala un proyecto de este estilo, cuando el electo Francisco Pérez bajó el de la minera San Jorge", agregó.
Desde el Ejecutivo provincial salieron a poner paños fríos sobre el tema. El secretario de Medio Ambiente, Pablo Gudiño, minimizó la situación. "Lo que hace el edicto es reconocer un derecho de concesión sobre las tierras y dejarlo asentado en un registro. Nada más. Con esto la empresa no puede actuar, no se puede creer que mañana aparecerán máquinas explorando en la zona", graficó.
El funcionario se ocupó de dejar en claro que no están dispuestos a desoír la ley 7722 -de la cual Difonso es coautor- y destacó que para que se inicie una exploración minera, la firma debe pasar "la evaluación de impacto ambiental, someterse a la indagación de los sectoriales (donde está incluido el municipio) y por último ir al debate en la Legislatura", apuntó Gudiño. "Esto es sólo para explorar. Luego deben seguir el mismo proceso para la explotación", agregó.
Todo indica entonces que la firma canadiense Teck Cominco ha adquirido tierras en la zona que busca explotar. Aunque ayer no habían podido descifrar concretamente las coordenadas aparecidas en el edicto, Difonso expuso que todo indica que se trata de tierras que estarían comprendidas dentro de la reserva Laguna del Diamante y que limitan con Chile.
"Ninguna empresa multinacional podría ser propietaria de tierras que están en zonas limítrofes y poseedoras de reservorios de aguas dulces. Queremos analizar la posibilidad de basar nuestros argumentos en una situación de atentado contra nuestra soberanía nacional", agregó el cacique sancarlino.
Según el edicto 2156/2000, el Consejo de Minería de Mendoza avaló la presunción de la minera canadiense Teck Cominco de que en el lugar habría cobre y oro para explotar. La publicación es un registro de manifestaciones y denuncios para hacer explícita su intención de explorar el lugar.
Fecha de Publicación: 24/11/2011
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
Está en San Carlos y el intendente dijo que se opondrá. En el Gobierno aclaran que sólo fue inscripta y no está activa.
La concesión de un yacimiento minero en San Carlos a una multinacional canadiense provocó ayer un gran revuelo que puso en pie de guerra al intendente del departamento, Jorge Difonso. Desde el Gobierno provincial dejaron en claro que no hay actividad autorizada y que la mina ha sido registrada a quien la descubrió bajo las normas del Código de Minería de la Nación, que está por encima de las disposiciones locales. La mina tiene una extensión de 1079 hectáreas y limita con Chile.
Todo estalló cuando se supo que en el Boletín Oficial se había publicado un edicto en el que se anunciaba el registro de un yacimiento.
La publicación oficial cita el expediente Nº2156/C/2000 - Teck Cominco Argentina Ltd. por descubrimiento diseminado de oro y cobre. En su artículo primero dice : “Regístrese por Escribanía de Minas en el Registro de Manifestaciones y Denuncios, a nombre de Teck Cominco Argentina Ltd., con alcance de concesión provisoria, el yacimiento de mineral diseminado de cobre y oro, denominado San Carlos, ubicado en el Distrito Minero Nº14”.
La novedad hizo reaccionar al intendente de San Carlos, Jorge Difonso: “Estoy sorprendido porque dan un permiso legal a una minera canadiense para la concesión de un yacimiento de oro y cobre en San Carlos, cuando hace poco la Legislatura rechazó el proyecto San Jorge”.
Difonso rápidamente marcó la cancha y recordó: “Aquí estamos en contra de la minería metalífera a cielo abierto. Yo soy coautor de la ley 7.722 que prohíbe esa actividad que se realiza con cianuro y contamina las aguas, por eso me sorprende que el Gobierno provincial haya dado una autorización provisoria .
“No hay nada autorizado”
El Gobierno no tardó en responder y aclarar. El subsecretario de Hidrocarburos, Walter Vázquez, fue contundente: “No hay ninguna actividad minera de exploración y explotación metalífera autorizada ni en trámite de hacerse en la provincia”.
Vázquez explicó a qué se refiere el edicto del yacimiento San Carlos: “Lo que se ha hecho es autorizar la petición de una empresa bajo el mandato de las normas del Código de Minería de la Nación, que está más allá de mí y de Difonso”.
El subsecretario precisó: “Esto no tiene nada que ver con San Jorge, son temas distintos. Toda empresa que descubra un yacimiento puede registrarlo a su nombre. Así lo dispone el Código de Minería y nosotros tenemos la obligación de cumplir con la ley”.
Recalcó: “De hecho hay cientos de minas registradas en Mendoza y ninguna en actividad”.
Entonces aclaró: “Esta inscripción de una mina (de eso se trata el edicto) no autoriza ninguna exploración porque para explorar y explotar ya entran en juego las leyes mendocinas y así lo dispone el Código de Minería que en ese sentido remite a las normas provinciales que estén vigentes”.
Walter Vázquez señaló: “Para hacer una segunda exploración la firma tendría que presentar un plan de trabajo y obtener la autorización de la Dirección de Minería y la Legislatura, y no hay ningún trámite en ese sentido”.
Medidas en San Carlos
El intendente de esa comuna del Valle de Uco, Jorge Difonso, adelantó que tomará tres medidas contra la concesión.
“Primero vamos a presentar una oposición formal ante el Gobierno como lo prevé la ley. Segundo, vamos a usar la vía política pidiéndole una audiencia al gobernador Celso Jaque y tercero, convocaremos al Consejo Ciudadano Consultivo de San Carlos (las fuerzas vivas) para informarle y ver el camino que seguimos”.
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Enojo en San Carlos porque autorizan exploración minera
Fecha de Publicación: 24/11/2011
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El Gobierno le dio el visto bueno a una empresa canadiense que quiere buscar oro y cobre. El intendente denunció que se hizo "entre gallos y medianoche" y en una zona prohibida por ley.
La publicación de un edicto en el Boletín Oficial de ayer dejó al descubierto la intención de una minera canadiense de iniciar tareas de exploración en San Carlos para dar con reservorios de oro y cobre. La respuesta no se hizo esperar. Enseguida, el intendente Jorge Difonso encendió la luz de alerta y cargó las tintas contra el gobierno de Celso Jaque, "que quiere otorgar concesiones a este tipo de emprendimientos entre gallos y medianoche y cuando se está yendo".
El edicto publicado, que desató una nueva polémica sobre la minería en Mendoza, hace referencia a la inscripción "del yacimiento de mineral diseminado de cobre y oro, denominado San Carlos" a nombre de Teck Cominco Argentina Ltd. en el "Registro de Manifestaciones y Denuncios" de la Dirección de Minería de Mendoza. El texto aclara que será "con alcance de concesión provisoria".
El jefe comunal sancarlino dijo sentirse burlado. "Tenemos diez días para expresar nuestra oposición legal, por eso ya está trabajando el asesor letrado del municipio en la confección del escrito", señaló. Además, Difonso dijo que convocará al Consejo Ciudadano Consultivo para decidir con todos los actores comunales las medidas a tomar.
Por último, el intendente reelecto anunció que solicitará una audiencia con Jaque para pedirle explicaciones sobre el tema. "Vivimos en un Estado de derecho y las leyes son muy claras. No vamos a permitir estas exploraciones. También quiero que el gobernador me explique cómo avala un proyecto de este estilo, cuando el electo Francisco Pérez bajó el de la minera San Jorge", agregó.
Desde el Ejecutivo provincial salieron a poner paños fríos sobre el tema. El secretario de Medio Ambiente, Pablo Gudiño, minimizó la situación. "Lo que hace el edicto es reconocer un derecho de concesión sobre las tierras y dejarlo asentado en un registro. Nada más. Con esto la empresa no puede actuar, no se puede creer que mañana aparecerán máquinas explorando en la zona", graficó.
El funcionario se ocupó de dejar en claro que no están dispuestos a desoír la ley 7722 -de la cual Difonso es coautor- y destacó que para que se inicie una exploración minera, la firma debe pasar "la evaluación de impacto ambiental, someterse a la indagación de los sectoriales (donde está incluido el municipio) y por último ir al debate en la Legislatura", apuntó Gudiño. "Esto es sólo para explorar. Luego deben seguir el mismo proceso para la explotación", agregó.
Todo indica entonces que la firma canadiense Teck Cominco ha adquirido tierras en la zona que busca explotar. Aunque ayer no habían podido descifrar concretamente las coordenadas aparecidas en el edicto, Difonso expuso que todo indica que se trata de tierras que estarían comprendidas dentro de la reserva Laguna del Diamante y que limitan con Chile.
"Ninguna empresa multinacional podría ser propietaria de tierras que están en zonas limítrofes y poseedoras de reservorios de aguas dulces. Queremos analizar la posibilidad de basar nuestros argumentos en una situación de atentado contra nuestra soberanía nacional", agregó el cacique sancarlino.
Según el edicto 2156/2000, el Consejo de Minería de Mendoza avaló la presunción de la minera canadiense Teck Cominco de que en el lugar habría cobre y oro para explotar. La publicación es un registro de manifestaciones y denuncios para hacer explícita su intención de explorar el lugar.
Proyecto para regular las plantas de celulosa
Proyecto para regular las plantas de celulosa
Fecha de Publicación: 23/11/2011
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Mesopotamia
El Seminario “La foresto-industria y su potencialidad para el desarrollo” contó con la presencia de diputados nacionales por Corrientes, Misiones y Entre Ríos. El evento comenzó a las 15 y durante el mismo se presentó un Proyecto de Ley que garantiza presupuestos mínimos de protección ambiental para el desarrollo sostenible de este sector productivo.
Los diputados nacionales, Lucio Aspiazú y Ameghino Arbo, junto al ministro de la Producción, Jorge Vara encabezaron a partir de las 15 en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno la apertura de este seminario. Allí se presentó el Proyecto de Ley “Presupuestos mínimos de protección ambiental para el desarrollo sostenible de la industria de la pulpa celulosa y el papel”.
En este marco, el diputado Aspiazú fue el encargado de abrir con sus palabras este seminario y señaló que la iniciativa que originó el mismo surgió “después de un seminario realizado en el Congreso de la Nación” y agradeció al Gobierno provincial por “permitirnos venir intalar la importancia de la foresto-industria”. En este marco, sostuvo que “es el momento de explotar algo que está dormido y tenemos que partir de la base del conocimiento”. La forestación ya la tenemos, ahora nos falta las industrias”, agregó.
Así fue que para dar cuenta de la importancia de este sector productivo en Corrientes, señaló que todo el país tiene 1,2 millones de bosques implantados y que el 80 por ciento del mismo se encuentra en la Mesopotamia. “Tenemos un potencia de 5 a 20 millones en toda la Argentina”, dijo para dar cuenta las metas que se pueden alcanzar y comparó la producción actual del país con la chilena que la supera alcanzando los 2,2 millones.
En tanto, para alcanzar las metas fijadas, indicó el legislador nacional por Corrientes que “en la Argentina están faltando 4 mil millones de dólares en inversión para potenciar la foresto industria mediante caminos, electricidad y comunicaciones, entre otras infraestructuras”.
“Corrientes invirtió en planes forestales y llegó el momento de abrir los ojos para poner ahora las inversiones en los bosques implantados”, sostuvo para darle valor agregado a la madera que sale de la provincia. Al mismo tiempo extendió a todo el NEA esta apreciación y justificó una política en este sentido al sostener que la foresto-industria “genera trabajo genuino”.
Fecha de Publicación: 23/11/2011
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Mesopotamia
El Seminario “La foresto-industria y su potencialidad para el desarrollo” contó con la presencia de diputados nacionales por Corrientes, Misiones y Entre Ríos. El evento comenzó a las 15 y durante el mismo se presentó un Proyecto de Ley que garantiza presupuestos mínimos de protección ambiental para el desarrollo sostenible de este sector productivo.
Los diputados nacionales, Lucio Aspiazú y Ameghino Arbo, junto al ministro de la Producción, Jorge Vara encabezaron a partir de las 15 en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno la apertura de este seminario. Allí se presentó el Proyecto de Ley “Presupuestos mínimos de protección ambiental para el desarrollo sostenible de la industria de la pulpa celulosa y el papel”.
En este marco, el diputado Aspiazú fue el encargado de abrir con sus palabras este seminario y señaló que la iniciativa que originó el mismo surgió “después de un seminario realizado en el Congreso de la Nación” y agradeció al Gobierno provincial por “permitirnos venir intalar la importancia de la foresto-industria”. En este marco, sostuvo que “es el momento de explotar algo que está dormido y tenemos que partir de la base del conocimiento”. La forestación ya la tenemos, ahora nos falta las industrias”, agregó.
Así fue que para dar cuenta de la importancia de este sector productivo en Corrientes, señaló que todo el país tiene 1,2 millones de bosques implantados y que el 80 por ciento del mismo se encuentra en la Mesopotamia. “Tenemos un potencia de 5 a 20 millones en toda la Argentina”, dijo para dar cuenta las metas que se pueden alcanzar y comparó la producción actual del país con la chilena que la supera alcanzando los 2,2 millones.
En tanto, para alcanzar las metas fijadas, indicó el legislador nacional por Corrientes que “en la Argentina están faltando 4 mil millones de dólares en inversión para potenciar la foresto industria mediante caminos, electricidad y comunicaciones, entre otras infraestructuras”.
“Corrientes invirtió en planes forestales y llegó el momento de abrir los ojos para poner ahora las inversiones en los bosques implantados”, sostuvo para darle valor agregado a la madera que sale de la provincia. Al mismo tiempo extendió a todo el NEA esta apreciación y justificó una política en este sentido al sostener que la foresto-industria “genera trabajo genuino”.
Sitios Ramsar: Intercambio de experiencias
Intercambio de experiencias e información entre administradores de Sitios Ramsar de Argentina
Fecha de Publicación: 23/11/2011
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
La secretaría de Ambiente fue sede de la Reunión con los Administradores de Sitios Ramsar de Argentina, para dar continuidad al intercambio de información y experiencias entre los administradores de dichos sitios y el debate de aspectos que contribuyan a fortalecer la gestión de los sitios y la aplicación de la Convención.
El encuentro fue inaugurado por el Lic. Pablo Mesa, Director Nacional de Ordenamiento Ambiental y Conservación de la Biodiversidad en nombre de la subsecretaria de Planificación y Política Ambiental, Dra Silvia Révora, quien dirige el PROYECTO GEF-PNUD ARG/10/003 “Ordenamiento Pesquero y Conservación de los Humedales Fluviales en los ríos Paraná y Paraguay, República Argentina.”
Nuestro país cuenta con 20 sitios declarados que ocupan una superficie de 5.339.586,26 ha distribuidos en provincias como Jujuy, Formosa, Neuquén, Mendoza, Corrientes, Córdoba, entre otras y entre los que se encuentran ecosistemas como lagunas altoandinas, zonas costeras marinas, bañados, humedales fluviales y turberas, de gran relevancia por su diversidad biológica y los numerosos beneficios que brindan a las comunidades locales.
Por este motivo, el trabajo conjunto de los referentes de cada ambiente natural apunta al fortalecimiento de la articulación entre la Autoridad de Aplicación nacional de la Convención de Ramsar y los Administradores de los Sitios Ramsar, el intercambio de información y experiencias entre los administradores de los Sitios y el debate de aspectos que contribuyan a fortalecer la gestión de los Sitios y la aplicación de la Convención.
Los Sitios Ramsar son los humedales incluidos en la Lista de Humedales de Importancia Internacional establecida en el marco de la Convención sobre los Humedales, también conocida como Convención de Ramsar por la ciudad de Irán donde se suscribió en el año 1971.
La Lista de Ramsar es una red internacional de humedales importantes para la conservación de la diversidad biológica mundial y para el sustento de la vida humana debido a los componentes, procesos y beneficios de sus ecosistemas.
En nuestro país, la inclusión de humedales para la Lista de Humedales de Importancia Internacional se propone por solicitud de las autoridades que tienen competencia en los sitios: las administraciones provinciales o la Administración de Parques Nacionales (en el caso de los sitios que se encuentran bajo jurisdicción de dicho organismo).
Del encuentro participaron referentes de los Sitios Ramsar de Argentina, incluyendo representantes de las Provincias de Buenos Aires, Jujuy, Tierra del Fuego, Mendoza, San Juan, Santa Fe, Corrientes, Córdoba, La Rioja, San Luis, Chaco, Entre Ríos, la Ciudad de Buenos Aires y la Administración de Parques Nacionales.
Fecha de Publicación: 23/11/2011
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
La secretaría de Ambiente fue sede de la Reunión con los Administradores de Sitios Ramsar de Argentina, para dar continuidad al intercambio de información y experiencias entre los administradores de dichos sitios y el debate de aspectos que contribuyan a fortalecer la gestión de los sitios y la aplicación de la Convención.
El encuentro fue inaugurado por el Lic. Pablo Mesa, Director Nacional de Ordenamiento Ambiental y Conservación de la Biodiversidad en nombre de la subsecretaria de Planificación y Política Ambiental, Dra Silvia Révora, quien dirige el PROYECTO GEF-PNUD ARG/10/003 “Ordenamiento Pesquero y Conservación de los Humedales Fluviales en los ríos Paraná y Paraguay, República Argentina.”
Nuestro país cuenta con 20 sitios declarados que ocupan una superficie de 5.339.586,26 ha distribuidos en provincias como Jujuy, Formosa, Neuquén, Mendoza, Corrientes, Córdoba, entre otras y entre los que se encuentran ecosistemas como lagunas altoandinas, zonas costeras marinas, bañados, humedales fluviales y turberas, de gran relevancia por su diversidad biológica y los numerosos beneficios que brindan a las comunidades locales.
Por este motivo, el trabajo conjunto de los referentes de cada ambiente natural apunta al fortalecimiento de la articulación entre la Autoridad de Aplicación nacional de la Convención de Ramsar y los Administradores de los Sitios Ramsar, el intercambio de información y experiencias entre los administradores de los Sitios y el debate de aspectos que contribuyan a fortalecer la gestión de los Sitios y la aplicación de la Convención.
Los Sitios Ramsar son los humedales incluidos en la Lista de Humedales de Importancia Internacional establecida en el marco de la Convención sobre los Humedales, también conocida como Convención de Ramsar por la ciudad de Irán donde se suscribió en el año 1971.
La Lista de Ramsar es una red internacional de humedales importantes para la conservación de la diversidad biológica mundial y para el sustento de la vida humana debido a los componentes, procesos y beneficios de sus ecosistemas.
En nuestro país, la inclusión de humedales para la Lista de Humedales de Importancia Internacional se propone por solicitud de las autoridades que tienen competencia en los sitios: las administraciones provinciales o la Administración de Parques Nacionales (en el caso de los sitios que se encuentran bajo jurisdicción de dicho organismo).
Del encuentro participaron referentes de los Sitios Ramsar de Argentina, incluyendo representantes de las Provincias de Buenos Aires, Jujuy, Tierra del Fuego, Mendoza, San Juan, Santa Fe, Corrientes, Córdoba, La Rioja, San Luis, Chaco, Entre Ríos, la Ciudad de Buenos Aires y la Administración de Parques Nacionales.
Suspenden desmontes en Santiago del Estero
Suspenden desmontes en Santiago del Estero
Fecha de Publicación: 22/11/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Santiago del Estero
A casi una semana del asesinato de Cristian Ferreyra, el joven dirigente del Mocase-Vía Campesina, por un conflicto de tierras en el departamento de Copo, ubicado en el norte provincial, casi en el limite con Salta, el gobierno santiagueño anunció una serie de medidas en las que se destaca la suspensión de desmontes por seis meses en todo el territorio de Santiago del Estero.
La medida fue anunciada por el jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez, quien, en nombre del gobernador local, el radical K Gerardo Zamora, destacó que "estas medidas servirán para ordenar y arribar a una solución definitiva de la problemática campesina" y que se suma a otras "que ya habían sido puestas en marcha años atrás".
En tal sentido, Suárez subrayó la suspensión en todo el ámbito del territorio provincial, por el término de 180 días, "las autorizaciones de planes productivos que involucren actividades de desmonte, así como los permisos ya otorgados y los que se encuentren en trámite de aprobación y cualquier otra práctica que conlleve a la deforestación de bosques nativos".
La medida tiene vigencia desde ayer y hasta el 21 de mayo próximo. De esta manera, la gestión Zamora toma una medida fuerte con relación a la problemática campesina luego de varios días cargados de tensión en la zona de Monte Quemado, donde ocurrió la muerte de Ferreyra.
Por ese caso fueron detenidos Javier Juárez, principal sospechoso de haber ultimado de un escopetazo a Ferreyra, junto con Carlos y Mario Abregú, y Walter Juárez, y se pidió la captura de Jorge Ciccioli, empresario santafecino para quien trabajarían estas personas.
Fecha de Publicación: 22/11/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Santiago del Estero
A casi una semana del asesinato de Cristian Ferreyra, el joven dirigente del Mocase-Vía Campesina, por un conflicto de tierras en el departamento de Copo, ubicado en el norte provincial, casi en el limite con Salta, el gobierno santiagueño anunció una serie de medidas en las que se destaca la suspensión de desmontes por seis meses en todo el territorio de Santiago del Estero.
La medida fue anunciada por el jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez, quien, en nombre del gobernador local, el radical K Gerardo Zamora, destacó que "estas medidas servirán para ordenar y arribar a una solución definitiva de la problemática campesina" y que se suma a otras "que ya habían sido puestas en marcha años atrás".
En tal sentido, Suárez subrayó la suspensión en todo el ámbito del territorio provincial, por el término de 180 días, "las autorizaciones de planes productivos que involucren actividades de desmonte, así como los permisos ya otorgados y los que se encuentren en trámite de aprobación y cualquier otra práctica que conlleve a la deforestación de bosques nativos".
La medida tiene vigencia desde ayer y hasta el 21 de mayo próximo. De esta manera, la gestión Zamora toma una medida fuerte con relación a la problemática campesina luego de varios días cargados de tensión en la zona de Monte Quemado, donde ocurrió la muerte de Ferreyra.
Por ese caso fueron detenidos Javier Juárez, principal sospechoso de haber ultimado de un escopetazo a Ferreyra, junto con Carlos y Mario Abregú, y Walter Juárez, y se pidió la captura de Jorge Ciccioli, empresario santafecino para quien trabajarían estas personas.
Neuquén: 38% de los bosques en manos privadas
El 38% de los bosques nativos de Neuquén está en manos privadas
Fecha de Publicación: 21/11/2011
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Neuquén
El cálculo no contempla los que pertenecen a Parques. La nueva legislación definió los permisos de uso.
Sobre 1,2 millones de hectáreas de bosques nativos que se mantienen en la provincia, sin tener en cuenta las que están en los Parques Nacionales, el 38% está ubicada en tierras privadas. El resto se distribuye entre el Estado provincial, los municipios, Pulmarí y comunidades mapuches, pero ninguno de estos actores supera el porcentaje en manos de particulares o empresas.
Un nuevo relevamiento, que se realizará con la participación de la Universidad Nacional del Comahue, afinará los números, pero se descuenta que no revelará grandes variaciones. La Legislatura, a partir de una ley nacional que sirvió de marco para comenzar el trabajo hace un año y medio, aprobó recientemente la ley provincial para el ordenamiento territorial de los bosques nativos de la provincia, cuyo objetivo es dar los parámetros sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer en los lugares en donde aún se mantiene la fauna autóctona.
Habrá límites, entonces, para los privados, pero también dinero para compensarlos. Los fondos para hacerlo están asegurados: en 2010, el gobierno nacional giró a la provincia 1,8 millones de pesos para desarrollar el programa y, con la ley aprobada, está garantizada la misma cifra -como mínimo- para los próximos años.
El ordenamiento, explicó la presidenta de la comisión de Medio Ambiente de la Legislatura, Graciela Muñiz Saavedra, definió un mapa para la protección de los bosques. Según la propiedad de la tierra, se desprende que el 9% corresponde a municipios, el 8% a pueblos originarios, el 15% a la corporación Pulmarí, el 30% son tierras fiscales y el 38% pertenece a privados.
Sobre esa superficie se definió otra clasificación, que es la que establece permisos y prohibiciones de uso. Tras un largo debate, será el gobierno provincial el que tendrá la facultad de habilitar o no actividades o emprendimientos en las zonas que por estar en riesgo ambiental mayor requieren una autorización. Los municipios podrán "consensuar" con la autoridad de aplicación.
Se estableció un sistema de categorías para determinar los niveles de riesgo ambiental y las posibilidades de realizar o no actividades en los bosques nativos: la roja es la más comprometida y allí, además de preservar o recomponer, sólo pueden intervenir poblaciones rurales o pueblos originarios. El norte neuquino, donde la cría de ganado degradó con mayor fuerza la fauna autóctona, está dentro de estos límites. Con amarillo y verde se definieron los niveles decrecientes de protección.
La autoridad de aplicación del relevamiento será el ministerio de Desarrollo Territorial, pero también habrá un espacio en el que participarían asociaciones intermedias: el consejo consultivo.
Fecha de Publicación: 21/11/2011
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Neuquén
El cálculo no contempla los que pertenecen a Parques. La nueva legislación definió los permisos de uso.
Sobre 1,2 millones de hectáreas de bosques nativos que se mantienen en la provincia, sin tener en cuenta las que están en los Parques Nacionales, el 38% está ubicada en tierras privadas. El resto se distribuye entre el Estado provincial, los municipios, Pulmarí y comunidades mapuches, pero ninguno de estos actores supera el porcentaje en manos de particulares o empresas.
Un nuevo relevamiento, que se realizará con la participación de la Universidad Nacional del Comahue, afinará los números, pero se descuenta que no revelará grandes variaciones. La Legislatura, a partir de una ley nacional que sirvió de marco para comenzar el trabajo hace un año y medio, aprobó recientemente la ley provincial para el ordenamiento territorial de los bosques nativos de la provincia, cuyo objetivo es dar los parámetros sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer en los lugares en donde aún se mantiene la fauna autóctona.
Habrá límites, entonces, para los privados, pero también dinero para compensarlos. Los fondos para hacerlo están asegurados: en 2010, el gobierno nacional giró a la provincia 1,8 millones de pesos para desarrollar el programa y, con la ley aprobada, está garantizada la misma cifra -como mínimo- para los próximos años.
El ordenamiento, explicó la presidenta de la comisión de Medio Ambiente de la Legislatura, Graciela Muñiz Saavedra, definió un mapa para la protección de los bosques. Según la propiedad de la tierra, se desprende que el 9% corresponde a municipios, el 8% a pueblos originarios, el 15% a la corporación Pulmarí, el 30% son tierras fiscales y el 38% pertenece a privados.
Sobre esa superficie se definió otra clasificación, que es la que establece permisos y prohibiciones de uso. Tras un largo debate, será el gobierno provincial el que tendrá la facultad de habilitar o no actividades o emprendimientos en las zonas que por estar en riesgo ambiental mayor requieren una autorización. Los municipios podrán "consensuar" con la autoridad de aplicación.
Se estableció un sistema de categorías para determinar los niveles de riesgo ambiental y las posibilidades de realizar o no actividades en los bosques nativos: la roja es la más comprometida y allí, además de preservar o recomponer, sólo pueden intervenir poblaciones rurales o pueblos originarios. El norte neuquino, donde la cría de ganado degradó con mayor fuerza la fauna autóctona, está dentro de estos límites. Con amarillo y verde se definieron los niveles decrecientes de protección.
La autoridad de aplicación del relevamiento será el ministerio de Desarrollo Territorial, pero también habrá un espacio en el que participarían asociaciones intermedias: el consejo consultivo.
Corrientes: agroquimico arrocero, toman muestras
Toman muestras en cuencas de uso arrocero
Fecha de Publicación: 21/11/2011
Fuente: Xsupuesto
Provincia/Región: Corrientes
El Instituto Correntino del Agua y del Ambiente realiza la toma de muestras del monitoreo de calidad de recursos hídricos en las cuencas de los ríos Corriente, Miriñay y Sistema Iberá para evaluar la presencia de agroquímicos.
En el marco de la segunda campaña de 2011 de extracciones de muestras de agua y sedimentos que efectúan el Icaa, la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz (Acpa) y la Facultad de Ciencias Exactas Naturales y Agrimensura (Facena) de la Unne, se realizarán nuevos monitoreos esta semana.
El estudio tiene como propósito sistematizar la investigación científica sobre los efectos de usos de agroquímicos de la actividad arrocera en los recursos hídricos y sedimentos, los datos recolectados permiten caracterizar la calidad del agua, la información actualizada es una base de datos de referencia para analizar posibles impactos en el ecosistema tanto de actividades antrópicas, así como causas naturales.
El cronograma de la campaña está previsto del 23 al 25 de noviembre muestreo en los puntos de extracción de las cuencas de Río Miriñay y Río Corriente, mientras que 5 y 6 de diciembre monitoreo en la cuenca del Sistema Iberá.
El equipo de trabajo está coordinado por los profesionales del Icaa Ceres Andisco, de Facena Francisco Antonio Vázquez titular de la Cátedra de Química Analítica y de Acpa Jorge Fedre, quienes junto al equipo técnico recorrerán los puntos establecidos para las extracciones de muestras desde la naciente y hasta la desembocadura de las mencionadas cuencas.
Fecha de Publicación: 21/11/2011
Fuente: Xsupuesto
Provincia/Región: Corrientes
El Instituto Correntino del Agua y del Ambiente realiza la toma de muestras del monitoreo de calidad de recursos hídricos en las cuencas de los ríos Corriente, Miriñay y Sistema Iberá para evaluar la presencia de agroquímicos.
En el marco de la segunda campaña de 2011 de extracciones de muestras de agua y sedimentos que efectúan el Icaa, la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz (Acpa) y la Facultad de Ciencias Exactas Naturales y Agrimensura (Facena) de la Unne, se realizarán nuevos monitoreos esta semana.
El estudio tiene como propósito sistematizar la investigación científica sobre los efectos de usos de agroquímicos de la actividad arrocera en los recursos hídricos y sedimentos, los datos recolectados permiten caracterizar la calidad del agua, la información actualizada es una base de datos de referencia para analizar posibles impactos en el ecosistema tanto de actividades antrópicas, así como causas naturales.
El cronograma de la campaña está previsto del 23 al 25 de noviembre muestreo en los puntos de extracción de las cuencas de Río Miriñay y Río Corriente, mientras que 5 y 6 de diciembre monitoreo en la cuenca del Sistema Iberá.
El equipo de trabajo está coordinado por los profesionales del Icaa Ceres Andisco, de Facena Francisco Antonio Vázquez titular de la Cátedra de Química Analítica y de Acpa Jorge Fedre, quienes junto al equipo técnico recorrerán los puntos establecidos para las extracciones de muestras desde la naciente y hasta la desembocadura de las mencionadas cuencas.
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Posible accidente en la ex Botnia encendió alarma
Un presunto accidente en la ex Botnia encendió la alarma
Fecha de Publicación: 20/11/2011
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Un supuesto incidente a raíz de la rotura de una caldera encendió la alarma en la orilla argentina del Río Uruguay.
Un presunto accidente ocurrido en la planta de Botnia-UPM a raíz de la rotura de una caldera encendió la alarma en la orilla argentina del Río Uruguay, confirmó ayer el intendente de Gualeguaychú, Juan José Bahillo.
Bahillo dijo que el percance se produjo esta mañana y que el lunes enviará una nota a la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru), organismo binacional que tiene a su cargo el comité de monitoreo de la planta industrial, para "exigir explicaciones sobre lo ocurrido".
"El accidente produjo una grave multiplicación de material particulado en el aire y en el sulfhídrico", aseguró el intendente.
Además, dijo que su comunidad quiere saber "si hubo variaciones en la calidad del aire producto de la explosión de la caldera", y agregó: "queremos saber qué sustancias y qué parámetros".
"También preguntaré qué plan de contingencia tiene la empresa frente a un accidente de estas características", agregó el jefe comunal.
En tanto, medios periodísticos de Gualeguaychú indicaron que el accidente se produjo poco antes de las 10 de hoy y que lo ocurrido obligó a trasladarse al lugar al intendente de Río Negro (Fray Bentos), Omar Lafluf, y también a que técnicos de la Dirección Nacional de Medio Ambiente del Uruguay (Dinama) viajaran desde Montevideo.
Fecha de Publicación: 20/11/2011
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Un supuesto incidente a raíz de la rotura de una caldera encendió la alarma en la orilla argentina del Río Uruguay.
Un presunto accidente ocurrido en la planta de Botnia-UPM a raíz de la rotura de una caldera encendió la alarma en la orilla argentina del Río Uruguay, confirmó ayer el intendente de Gualeguaychú, Juan José Bahillo.
Bahillo dijo que el percance se produjo esta mañana y que el lunes enviará una nota a la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru), organismo binacional que tiene a su cargo el comité de monitoreo de la planta industrial, para "exigir explicaciones sobre lo ocurrido".
"El accidente produjo una grave multiplicación de material particulado en el aire y en el sulfhídrico", aseguró el intendente.
Además, dijo que su comunidad quiere saber "si hubo variaciones en la calidad del aire producto de la explosión de la caldera", y agregó: "queremos saber qué sustancias y qué parámetros".
"También preguntaré qué plan de contingencia tiene la empresa frente a un accidente de estas características", agregó el jefe comunal.
En tanto, medios periodísticos de Gualeguaychú indicaron que el accidente se produjo poco antes de las 10 de hoy y que lo ocurrido obligó a trasladarse al lugar al intendente de Río Negro (Fray Bentos), Omar Lafluf, y también a que técnicos de la Dirección Nacional de Medio Ambiente del Uruguay (Dinama) viajaran desde Montevideo.
Piden informes por represas chilenas
Piden informes por represas chilenas
Fecha de Publicación: 20/11/2011
Fuente: La Opinión Austral
Provincia/Región: Chubut - Patagonia
El senador nacional chubutense Marcelo Guinle requirió a la Cancillería, al Ministerio de Planificación y a la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, un “seguimiento preciso y permanente de las autoridades argentinas” sobre el Proyecto HidroAysén, que contempla la construcción y operación de cinco centrales hidroeléctricas, dos en el río Baker y tres en el río Pascua, en la región de Aysén, en el sur de Chile.
“La condición de cuenca compartida de los ríos Baker (a través del Lago Buenos Aires, Santa Cruz) y Pascua (a través del Lago San Martín, Santa Cruz) hace imprescindible contar con información oficial actualizada permanentemente, que indique una puesta en conocimiento y análisis de parte de las autoridades argentinas en todos los ámbitos de incumbencia, a fin de interactuar con la contraparte chilena con el objeto de no afrontar hechos a futuro que repercutan desfavorablemente en la relación internacional y, principalmente, en la preservación del medio ambiente”, remarcó Guinle.
El diario Madryn publicó ayer que en su pedido de informe, el legislador recuerda que el 13 de mayo pasado, la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Aysén aprobó el proceso de evaluación ambiental del proyecto, lo que determinó la presentación de distintos recursos administrativos y judiciales.
Asimismo señala que el proyecto fue origen de controversia en la última reunión bilateral del Grupo de Expertos Sobre Recursos Hídricos Compartidos, en lo referido a la condición jurídica de cuenca compartida los ríos Baker y Pascua, a la luz de de la interpretación de los acuerdos internacionales en materia ambiental entre los dos países, en especial el Acta de Santiago sobre Cuencas Hidrológicas, de 1971.
Para Guinle, “el avance de un Proyecto de las magnitud de HidroAysén no es un tema menor y requiere de seguimiento preciso y permanente de las autoridades”
Además, el matutino remarca que en el pedido de informes responde “a la necesidad imperiosa de contar, en el más corto plazo posible, con información fidedigna que asegure la no afectación ambiental y socioeconómica de nuestra Región Patagónica, su población y los invalorables recursos naturales allí presentes”, explicó.
“En virtud de los avances que ha evidenciado el proyecto en el corriente año, la discrepancia de interpretaciones respecto de la condición jurídica de los ríos Baker y Pascua y el anuncio de eventuales esquemas asociativos entre Argentina y Chile a fin de transportar por territorio argentino energía eléctrica generada a través del Proyecto, entiendo es necesario contar con una respuesta clara, a fin de transparentar cualquier proceso, de manera previa a la consumación de los hechos”, finalizó.
Fecha de Publicación: 20/11/2011
Fuente: La Opinión Austral
Provincia/Región: Chubut - Patagonia
El senador nacional chubutense Marcelo Guinle requirió a la Cancillería, al Ministerio de Planificación y a la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, un “seguimiento preciso y permanente de las autoridades argentinas” sobre el Proyecto HidroAysén, que contempla la construcción y operación de cinco centrales hidroeléctricas, dos en el río Baker y tres en el río Pascua, en la región de Aysén, en el sur de Chile.
“La condición de cuenca compartida de los ríos Baker (a través del Lago Buenos Aires, Santa Cruz) y Pascua (a través del Lago San Martín, Santa Cruz) hace imprescindible contar con información oficial actualizada permanentemente, que indique una puesta en conocimiento y análisis de parte de las autoridades argentinas en todos los ámbitos de incumbencia, a fin de interactuar con la contraparte chilena con el objeto de no afrontar hechos a futuro que repercutan desfavorablemente en la relación internacional y, principalmente, en la preservación del medio ambiente”, remarcó Guinle.
El diario Madryn publicó ayer que en su pedido de informe, el legislador recuerda que el 13 de mayo pasado, la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Aysén aprobó el proceso de evaluación ambiental del proyecto, lo que determinó la presentación de distintos recursos administrativos y judiciales.
Asimismo señala que el proyecto fue origen de controversia en la última reunión bilateral del Grupo de Expertos Sobre Recursos Hídricos Compartidos, en lo referido a la condición jurídica de cuenca compartida los ríos Baker y Pascua, a la luz de de la interpretación de los acuerdos internacionales en materia ambiental entre los dos países, en especial el Acta de Santiago sobre Cuencas Hidrológicas, de 1971.
Para Guinle, “el avance de un Proyecto de las magnitud de HidroAysén no es un tema menor y requiere de seguimiento preciso y permanente de las autoridades”
Además, el matutino remarca que en el pedido de informes responde “a la necesidad imperiosa de contar, en el más corto plazo posible, con información fidedigna que asegure la no afectación ambiental y socioeconómica de nuestra Región Patagónica, su población y los invalorables recursos naturales allí presentes”, explicó.
“En virtud de los avances que ha evidenciado el proyecto en el corriente año, la discrepancia de interpretaciones respecto de la condición jurídica de los ríos Baker y Pascua y el anuncio de eventuales esquemas asociativos entre Argentina y Chile a fin de transportar por territorio argentino energía eléctrica generada a través del Proyecto, entiendo es necesario contar con una respuesta clara, a fin de transparentar cualquier proceso, de manera previa a la consumación de los hechos”, finalizó.
Santiago, Chaco y Parques por los bosques
Santiago, Chaco y Parques Nacionales suman fuerzas para proteger el bosque nativo
Fecha de Publicación: 19/11/2011
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero - Chaco - Nacional
Cada una de las partes se comprometió a hacer sus aportes para reforzar la seguridad y proteger las flora y la fauna de la región.
Con el propósito de abordar un tema muy importante en la región, como lo es la explotación clandestina de madera y la caza furtiva, se realizó en la ciudad chaqueña de Los Frentones, un encuentro en el que funcionarios de los gobiernos de Chaco y de Santiago del Estero, y las autoridades del Parque Nacional Copo dieron el primer paso para el diseño de un plan estratégico de control y vigilancia ambiental en la región boscosa que comparten ambas provincias.
La reunión fue convocada por la Dirección de Bosque de Chaco y Parques Nacionales, y contó con la presencia del subsecretario de Recursos Naturales del Ministerio de Producción y Ambiente de Chaco, Ing. Miguel Brunswig; el director de Bosque de la vecina provincia, Ing. Miguel Ángel López; el titular de Fauna, Dr. Carlos Cuevas; el intendente del Parque Nacional Copo, guardaparque Álvaro Alzogaray, y el director de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Santiago del Estero, Ing. Publio Araujo.
También asistieron los jefes policiales de la División Ecología y Rural y de las comisarías de Taco Pozo, Gancedo, Los Frentones; Pampa del Infierno, Las Breñas y Castelli, y el intendente de Los Frentones, Pedro Orestes Paoletti. Tras la bienvenida del intendente anfitrión, hizo uso de la palabra el subsecretario de Recursos Naturales de Chaco, Ing. Brunswig, y a posteriori el Ing. López realizó una exposición en power point, mientras que el guardaparque Alzogaray expuso sobre la complejidad de la problemática, el alcance y las normas de aplicación en las áreas protegidas.
“Destaco que esta reunión es el reflejo de la buenas relaciones institucionales que mantiene Parques Nacionales con las provincias del Chaco y Santiago del Estero”, dijo el responsable del parque Copo, al referirse a la idea de trabajar en el desarrollo estratégico de los corredores de conservación del Gran Chaco Argentino y resaltó que “la problemática ambiental no tiene fronteras por lo que es oportuno que en este escenario de buenas relaciones y que nuestro país tiene como política de estado el cuidado del medio ambiente trabajaremos de manera coordinada”.
En tanto, el Ing. Brunswig dijo que en recientes reuniones con el directorio de Parques Nacionales se acordaron una serie de actividades que están en las agendas de ambas instituciones para atender la problemática ambiental de manera conjunta.
A su turno, el Ing. Publio Araujo resaltó también las buenas relaciones y el trabajo en conjunto con el Parque Nacional Copo y los acuerdos con Nación en lo que respecta a la política ambiental.
De acuerdo a lo manifestado por los presentes, entre ellos productores de la zona y funcionarios, la reunión “es histórica ya que viene a saldar una vieja deuda en cuanto al control y fiscalización en la zona del Impenetrable o Gran Chaco Argentino”.
De esta reunión se concluyó con un acuerdo entre las dos provincias y Parques Nacionales para trabajar coordinadamente y está prevista para la próxima semana en otra reunión en Parque Nacional Copo, donde se iniciaría el diseñar de un plan estratégico de control y vigilancia ambiental mediante el aporte de recursos logísticos y humano de las partes, como la creación de un destacamento de la policía ecológica en la zona de La Pirámide y el patrullaje conjunto de las instituciones involucradas.
Fecha de Publicación: 19/11/2011
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero - Chaco - Nacional
Cada una de las partes se comprometió a hacer sus aportes para reforzar la seguridad y proteger las flora y la fauna de la región.
Con el propósito de abordar un tema muy importante en la región, como lo es la explotación clandestina de madera y la caza furtiva, se realizó en la ciudad chaqueña de Los Frentones, un encuentro en el que funcionarios de los gobiernos de Chaco y de Santiago del Estero, y las autoridades del Parque Nacional Copo dieron el primer paso para el diseño de un plan estratégico de control y vigilancia ambiental en la región boscosa que comparten ambas provincias.
La reunión fue convocada por la Dirección de Bosque de Chaco y Parques Nacionales, y contó con la presencia del subsecretario de Recursos Naturales del Ministerio de Producción y Ambiente de Chaco, Ing. Miguel Brunswig; el director de Bosque de la vecina provincia, Ing. Miguel Ángel López; el titular de Fauna, Dr. Carlos Cuevas; el intendente del Parque Nacional Copo, guardaparque Álvaro Alzogaray, y el director de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Santiago del Estero, Ing. Publio Araujo.
También asistieron los jefes policiales de la División Ecología y Rural y de las comisarías de Taco Pozo, Gancedo, Los Frentones; Pampa del Infierno, Las Breñas y Castelli, y el intendente de Los Frentones, Pedro Orestes Paoletti. Tras la bienvenida del intendente anfitrión, hizo uso de la palabra el subsecretario de Recursos Naturales de Chaco, Ing. Brunswig, y a posteriori el Ing. López realizó una exposición en power point, mientras que el guardaparque Alzogaray expuso sobre la complejidad de la problemática, el alcance y las normas de aplicación en las áreas protegidas.
“Destaco que esta reunión es el reflejo de la buenas relaciones institucionales que mantiene Parques Nacionales con las provincias del Chaco y Santiago del Estero”, dijo el responsable del parque Copo, al referirse a la idea de trabajar en el desarrollo estratégico de los corredores de conservación del Gran Chaco Argentino y resaltó que “la problemática ambiental no tiene fronteras por lo que es oportuno que en este escenario de buenas relaciones y que nuestro país tiene como política de estado el cuidado del medio ambiente trabajaremos de manera coordinada”.
En tanto, el Ing. Brunswig dijo que en recientes reuniones con el directorio de Parques Nacionales se acordaron una serie de actividades que están en las agendas de ambas instituciones para atender la problemática ambiental de manera conjunta.
A su turno, el Ing. Publio Araujo resaltó también las buenas relaciones y el trabajo en conjunto con el Parque Nacional Copo y los acuerdos con Nación en lo que respecta a la política ambiental.
De acuerdo a lo manifestado por los presentes, entre ellos productores de la zona y funcionarios, la reunión “es histórica ya que viene a saldar una vieja deuda en cuanto al control y fiscalización en la zona del Impenetrable o Gran Chaco Argentino”.
De esta reunión se concluyó con un acuerdo entre las dos provincias y Parques Nacionales para trabajar coordinadamente y está prevista para la próxima semana en otra reunión en Parque Nacional Copo, donde se iniciaría el diseñar de un plan estratégico de control y vigilancia ambiental mediante el aporte de recursos logísticos y humano de las partes, como la creación de un destacamento de la policía ecológica en la zona de La Pirámide y el patrullaje conjunto de las instituciones involucradas.
Otra víctima del modelo sojero
Otra víctima por defender su territorio
Fecha de Publicación: 18/11/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Santiago del Estero
Cristian Ferreyra, de 23 años, fue baleado por dos hombres cuando intentó resistir un desalojo en el campo donde vivió toda su vida. Desde el Mocase denunciaron que los homicidas trabajan para un empresario agropecuario de la zona.
Cristian Ferreyra nació y vivió sus 23 años en el mismo lugar: el paraje San Antonio, al norte de Santiago del Estero. Quería mantener una forma de vida que implica trabajar la tierra, criar animales, sembrar y cosechar su comida. Pero un disparo de escopeta lo hirió cuando se negó a dejar el territorio, pretendido por un empresario. “Esto es el Lejano Oeste, no se cumplen nuestros derechos, nos matan como animales”, denunció Marilena Santillán, compañera de militancia de Ferreyra e integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina), con voz entrecortada, aún conmovida. También fue herido Darío Godoy, de 26 años. En los últimos dos años fueron asesinados en la Argentina cuatro campesinos e indígenas. La organización campesina denunció que la represión tiene directa relación con el avance del modelo de agronegocios, con la soja y la ganadería intensiva, sobre territorios comunitarios.
Ferreyra formaba parte de la comunidad indígena lule-vilela de San Antonio, que habita dos mil hectáreas comunitarias desde hace generaciones. A pesar de su juventud era identificado como un referente, tranquilo, pero decidido a permanecer en territorio ancestral, a 60 kilómetros de Monte Quemado. Desde hace dos años, la comunidad denuncia el acoso de empresarios que pretenden las tierras comunitarias: cierre de caminos vecinales, amenazas a niños cuando iban a la escuela y matanza de animales.
El miércoles, a la hora de la siesta, según contó ayer Jualián Roqué, un compañero de la víctima, llegaron hasta la casa de Darío Godoy dos personas encapuchadas. “Eran los hermanos Javier y Anton Juárez, dos guardias privados enviados por el empresarios santafesino José Ciccioli”, aseguró Roqué. “Buscaban a Cristian Ferreyra y, sin mediar palabra, le dispararon a sangre fría con una escopeta”, concluyó. Ferreyra falleció desangrado, ante la impotencia y desesperación de su esposa y su hijo de 2 años. Además fue herido Godoy (también integrante del Mocase), con disparos en las piernas. Aún permanece internado en el hospital. Los agresores huyeron y hasta ayer no habían sido detenidos.
“Mataron a Cristian porque era un joven fuerte, decidido a defender el territorio de sus padres y de su hijo. El hablaba, dialogaba, pero no negociaba el territorio. Por eso lo mataron”, lamentó Santillán y precisó que el ataque fue un día antes de una asamblea que iba a realizarse en casa de Ferreyra con el objetivo de definir un plan para frenar las topadoras.
El Mocase-VC emitió un comunicado: “Esto ocurre con complicidad y alevosía de parte de autoridades provinciales y funcionarios del Poder Judicial e instituciones como la Dirección Provincial de Bosques, que autorizó desmonte en un lugar donde viven familias campesinas indígenas de varias generaciones. A todos ellos los hacemos responsables directos del asesinato de Cristian”.
Desde el Mocase-VC, que integra el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), explicaron que las tierras ancestrales, que familias rurales y originarias habitaron durante generaciones, comenzaron a ser pretendidas por empresarios a medida que la frontera agropecuaria, principalmente para plantaciones de soja, comenzó a expandirse.
La Secretaría de Ambiente de la Nación precisa que Santiago es de las provincias líderes en desmonte: 515 mil hectáreas entre 2003 y 2007, un 72 por ciento más que entre 1998 y 2002. Avance del monocultivo y devastación de bosques tienen directa relación.
La soja transgénica con uso intensivo de agrotóxicos fue autorizada en 1996, cuando abarcaba una superficie de 6,6 millones de hectáreas en todo el país. En 2000 ya había trepado hasta las 10,5 millones. Y en la actualidad cubre 19,8 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la tierra cultivada de la Argentina, 50 millones de toneladas de soja.
El geógrafo y docente Marcelo Giraud analizó el avance agropecuario en Santiago. En 1996, en la provincia había sólo 95 mil hectáreas con soja. En 2008 había saltado a 629 mil hectáreas y dos años después, en 2010, al record de 1,1 millón de hectáreas. “En sólo dos años aumentó un 75 por ciento”, afirmó.
La ONG Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) publicó el relevamiento “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco Argentino”. Hasta octubre de 2010 había contabilizado 164 conflictos de tierras y ambientales, casi 8 millones de hectáreas.
En sólo dos años fueron asesinados cuatro militantes por la defensa del territorio. El 12 de octubre de 2009 ejecutaron en Tucumán al diaguita Javier Chocobar. El 13 de marzo de 2010 falleció de un paro cardíaco frente a una topadora la campesina santiagueña Sandra “Ely” Juárez. El 23 de noviembre de 2010 fue asesinado en un corte de ruta el qom de Formosa Roberto López. El miércoles, la lista sumó a Cristian Ferreyra. En ningún caso están detenidos los autores materiales ni intelectuales de los crímenes.
El Código Civil establece el “derecho veinteañal”, que reconoce a quienes ocuparon y trabajaron un terreno durante dos décadas. Y también están vigentes leyes específicas para pueblos originarios (Convenio 169 de la OIT, Ley 26.160 de suspensión de desalojos, artículo 75 de la Constitución Nacional), pero (salvo excepciones) el Poder Judicial no aplica esas leyes.
“El asesinato de Cristian Ferreyra no va a quedar impune. Con toda la rabia y el dolor que sentimos, sus compañeros reafirmamos una vez más que en la defensa de nuestros territorios llegaremos hasta la últimas consecuencias”, advirtió el Mocase-VC. Diego Montón, del MNCI, aseguró: “El agronegocio se cobró otra vida campesina, esta vez la de un joven militante. No es posible la convivencia con el agronegocio, su lógica es de muerte y lucro, es un modelo donde no hay lugar para la vida”.
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Piden justicia por el crimen de un campesino
Fecha de Publicación: 18/11/2011
Fuente: ADN
Provincia/Región: Santiago del Estero
La CTA y diversos movimientos sociales marcharon para pedir el esclarecimiento de la muerte de un miembro del Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero.
La Central de Trabajadores Argentinos y diferentes movimientos sociales marcharon al mediodía desde el obelisco porteño a la Casa de Santiago del Estero, para repudiar el asesinato del campesino Cristian Ferreira, que fu asesinado aparentemente por sicarios que cumplieron la orden de un empresario sojero.
Se produjeron incidentes en medio de la movilización de manifestantes que se dirigían a la sede de la casa del distrito santiagueño, ubicada en Florida 274, de esta ciudad. La Policía Federal cortó el tránsito en la zona de Diagonal Norte para que se pueda realizar la marcha.
Ferreira, de 25 años e integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina (Mocase-VC), fue asesinado el miércoles en el paraje de Campo Quemado por la supuesta orden del empresario sojero santafesino José Ciccioli, denunciaron los compañeros de la víctima.
Mussi exige a ingenios un plan de saneamiento
Mussi exige que cada ingenio le presente su proyecto de saneamiento
Fecha de Publicación: 18/11/2011
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
Antes de esa instancia, cada iniciativa de las empresas tiene que contar con el visto bueno del Comité de Cuenca y de Santiago en particular.
El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan José Mussi, exigió que cada uno de los ingenios le presente personalmente el proyecto de saneamiento de sus desechos, antes de aprobar cualquier fondo para obras de saneamiento de sus desechos y revertir el daño ecológico que las industrias tucumanas producen en la cuenca Salí-Dulce.
Esto surgió del encuentro que mantuvieron ayer las autoridades de las provincias que integran el Comité de Cuenca, en la sede de la Secretaría de Ambiente de Tucumán. En el cónclave, Santiago del Estero reiteró la firme postura de que en 2012 Tucumán no tiene que arrojar vinaza ni ceniza a los tributarios que aportan al embalse Río Hondo.
“Seguimos sobre el plan que habíamos comenzado a trabajar, lo estamos puliendo, viendo cómo se llevarán adelante las acciones, priorizando acciones, plazos y cronogramas de presentación de obras”, comentó Juan Carlos Targa, director de Medio Ambiente provincial que junto con el secretario del Agua, Abel Tévez, representaron a Santiago del Estero. “Lo principal de todo esto es que nosotros estamos pidiendo y diciendo que en 2012 no vaya ni ceniza ni vinaza a los cuerpos receptores. Esto ha quedado claro y esto es lo principal de este plan”, remarcó.
El funcionario indicó que hay algunas fábricas que plantearon medidas que no son sostenibles con el tiempo, como usar camiones para retirar vinaza de los ingenios y regar campos. Al respecto, dijo que si bien se tolerará por el momento para que no arrojen los residuos en los tributarios, tendrán un plazo para incorporar otra tecnología.
Targa manifestó que no hay definido todavía un monto global de cuánto será la inversión que se necesite para realizar las obras que permitan tratar los desechos de las industrias tucumanas y salvar el lago del embalse Río Hondo, ya que el propio secretario de Ambiente, Juan José Mussi, quiere que cada firma le presente su plan de obras. “Cada uno va a tener que hablar con la Secretaría de Ambiente, ellos (por los empresarios) propondrán un monto, que la Secretaría lo aceptará o no. Vamos a ver qué es lo que le proponen a Mussi, cada empresa va a presentar su programa y dirá cuáles son sus necesidades para llevar a cabo todo un sistema de tratamiento que sea sustentable en el tiempo”.
El funcionario provincial dijo que está pendiente una reunión con los ingenios, para conocer sus propuestas de inversión, “qué es lo que se necesitaría, si nosotros aceptamos o no esa propuesta”, recalcó.
Otro de los puntos analizados durante la reunión, fue la queja de Santiago por el hallazgo de vinaza en el arroyo Matazambi, durante un reciente monitoreo en los tributarios. Las autoridades tucumanas quedaron en investigar este caso.
Fecha de Publicación: 18/11/2011
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
Antes de esa instancia, cada iniciativa de las empresas tiene que contar con el visto bueno del Comité de Cuenca y de Santiago en particular.
El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan José Mussi, exigió que cada uno de los ingenios le presente personalmente el proyecto de saneamiento de sus desechos, antes de aprobar cualquier fondo para obras de saneamiento de sus desechos y revertir el daño ecológico que las industrias tucumanas producen en la cuenca Salí-Dulce.
Esto surgió del encuentro que mantuvieron ayer las autoridades de las provincias que integran el Comité de Cuenca, en la sede de la Secretaría de Ambiente de Tucumán. En el cónclave, Santiago del Estero reiteró la firme postura de que en 2012 Tucumán no tiene que arrojar vinaza ni ceniza a los tributarios que aportan al embalse Río Hondo.
“Seguimos sobre el plan que habíamos comenzado a trabajar, lo estamos puliendo, viendo cómo se llevarán adelante las acciones, priorizando acciones, plazos y cronogramas de presentación de obras”, comentó Juan Carlos Targa, director de Medio Ambiente provincial que junto con el secretario del Agua, Abel Tévez, representaron a Santiago del Estero. “Lo principal de todo esto es que nosotros estamos pidiendo y diciendo que en 2012 no vaya ni ceniza ni vinaza a los cuerpos receptores. Esto ha quedado claro y esto es lo principal de este plan”, remarcó.
El funcionario indicó que hay algunas fábricas que plantearon medidas que no son sostenibles con el tiempo, como usar camiones para retirar vinaza de los ingenios y regar campos. Al respecto, dijo que si bien se tolerará por el momento para que no arrojen los residuos en los tributarios, tendrán un plazo para incorporar otra tecnología.
Targa manifestó que no hay definido todavía un monto global de cuánto será la inversión que se necesite para realizar las obras que permitan tratar los desechos de las industrias tucumanas y salvar el lago del embalse Río Hondo, ya que el propio secretario de Ambiente, Juan José Mussi, quiere que cada firma le presente su plan de obras. “Cada uno va a tener que hablar con la Secretaría de Ambiente, ellos (por los empresarios) propondrán un monto, que la Secretaría lo aceptará o no. Vamos a ver qué es lo que le proponen a Mussi, cada empresa va a presentar su programa y dirá cuáles son sus necesidades para llevar a cabo todo un sistema de tratamiento que sea sustentable en el tiempo”.
El funcionario provincial dijo que está pendiente una reunión con los ingenios, para conocer sus propuestas de inversión, “qué es lo que se necesitaría, si nosotros aceptamos o no esa propuesta”, recalcó.
Otro de los puntos analizados durante la reunión, fue la queja de Santiago por el hallazgo de vinaza en el arroyo Matazambi, durante un reciente monitoreo en los tributarios. Las autoridades tucumanas quedaron en investigar este caso.
Bosques nativos: el desastre ambiental continúa
Bosques nativos: el desastre ambiental continúa
Fecha de Publicación: 17/11/2011
Fuente: Notio
Provincia/Región: Nacional
Argentina se encuentra en emergencia forestal. Ya se perdió el 70% de los bosques nativos originales y la deforestación aumentó fuertemente en los últimos años. Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2006 la superficie talada fue de 2.295.576 hectáreas, lo que equivale a más de 250.000 por año.
Los bosques nativos son el hogar del 70% de las plantas y animales de la tierra y son fuente de una gran variedad de productos naturales que son utilizados por el hombre como leña, carbón, hongos, helechos, semillas, resinas, miel, frutos, aceites esenciales y tinturas. Además, brindan servicios valiosos como la protección de los recursos hídricos y del suelo, la regulación del clima y posibilidades para el turismo y la recreación.
“Es notable como en algunas áreas tras perderse enormes superficies de bosques los regímenes de precipitaciones han cambiado y las temperaturas han bajado. El control de la erosión y la polinización son actividades realizadas por los bosques que son fundamentales y se pierden con la deforestación”, sostiene Pablo Herrera, director de Conservación de la Fundación Vida Silvestre.
La deforestación y la degradación de los bosques representan el 17% del total de las emisiones de gases del efecto invernadero, según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas. A medida que mueren los árboles, aumentan las emisiones, que en 2010 alcanzaron el record de 30,6 gigatoneladas.
En Argentina, son tres los ecosistemas que están en la situación más crítica: “La selva misionera tiene muy pocas hectáreas en Argentina pero es lo único que queda del ecosistema ya que fue totalmente diezmada en Brasil y Paraguay. En Chaco todavía hay una oportunidad de salvar grandes áreas. En La Pampa, el espinal está siendo muy atacado”, evalúa Emiliano Ezcurra, director de la ONG Banco de Bosques.
La agricultura y la ganadería son las principales amenazas de los bosques nativos. Se produce una transformación del ecosistema en un monocultivo agrícola o en una pastura ganadera. Desde el 2001, el bajo precio de la tierra llevó a una expansión de la actividad agropecuaria fuera de la región pampeana y ello derivó en un aumento de la deforestación.
“A partir de la expansión de la frontera agrícola en los últimos años, la forestación se incrementó fuertemente. Historicamente actividades productivas como la ganadería han impactado en los bosques pero a traves de la degradación y no de la perdida directa, que es lo que está ocurriendo ahora”, describe Herrera.
Soluciones para conservar los bosques
Son varias las acciones que ya se están implementando a favor de los bosques nativos. 2011 fue declarado por las Naciones Unidas Año Internacional de los Bosques y World Wildlife Fund convoca a todos para trabajar con el objetivo de cero deforestación y degradación par el 2020. Para lograrlo, se proponen ordenar la expansión agropecuaria, hacer más eficiente la producción y conservar las áreas de mayor valor para la diversidad biológica.
Cinco años atrás, el diputador Miguel Bonasso presentó el proyecto de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos. En marzo de 2007 fue aprobado y pasó a la Cámara de Senadores, donde fue girado a seis comisiones. El 21 de noviembre de ese mismo año fue tratado y aprobado. Sin embargo, recién en febrero de 2009 el Poder Ejecutivo reglamentó la ley.
“La ley agregó mayores restricciones a la hora de pedir un desmonte como hacer un estudio de impacto ambiental y una audiencia pública. Se dejaron de entregar los permisos hasta que cada provincia hiciera su ordenamiento”, describe Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Biodiversidad de Greenpeace.
La Secretaría de Ambiente ya acordó con las provincias la distribución de los fondos para controlar los desmontes pero el dinero asignado es mucho menor a la cantidad que se fijó inicialmente en la norma. Incluso parte de los recursos que iban a ser destinados a esta normativa fueron desviados al programa Fútbol Para Todos.
Fecha de Publicación: 17/11/2011
Fuente: Notio
Provincia/Región: Nacional
Argentina se encuentra en emergencia forestal. Ya se perdió el 70% de los bosques nativos originales y la deforestación aumentó fuertemente en los últimos años. Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2006 la superficie talada fue de 2.295.576 hectáreas, lo que equivale a más de 250.000 por año.
Los bosques nativos son el hogar del 70% de las plantas y animales de la tierra y son fuente de una gran variedad de productos naturales que son utilizados por el hombre como leña, carbón, hongos, helechos, semillas, resinas, miel, frutos, aceites esenciales y tinturas. Además, brindan servicios valiosos como la protección de los recursos hídricos y del suelo, la regulación del clima y posibilidades para el turismo y la recreación.
“Es notable como en algunas áreas tras perderse enormes superficies de bosques los regímenes de precipitaciones han cambiado y las temperaturas han bajado. El control de la erosión y la polinización son actividades realizadas por los bosques que son fundamentales y se pierden con la deforestación”, sostiene Pablo Herrera, director de Conservación de la Fundación Vida Silvestre.
La deforestación y la degradación de los bosques representan el 17% del total de las emisiones de gases del efecto invernadero, según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas. A medida que mueren los árboles, aumentan las emisiones, que en 2010 alcanzaron el record de 30,6 gigatoneladas.
En Argentina, son tres los ecosistemas que están en la situación más crítica: “La selva misionera tiene muy pocas hectáreas en Argentina pero es lo único que queda del ecosistema ya que fue totalmente diezmada en Brasil y Paraguay. En Chaco todavía hay una oportunidad de salvar grandes áreas. En La Pampa, el espinal está siendo muy atacado”, evalúa Emiliano Ezcurra, director de la ONG Banco de Bosques.
La agricultura y la ganadería son las principales amenazas de los bosques nativos. Se produce una transformación del ecosistema en un monocultivo agrícola o en una pastura ganadera. Desde el 2001, el bajo precio de la tierra llevó a una expansión de la actividad agropecuaria fuera de la región pampeana y ello derivó en un aumento de la deforestación.
“A partir de la expansión de la frontera agrícola en los últimos años, la forestación se incrementó fuertemente. Historicamente actividades productivas como la ganadería han impactado en los bosques pero a traves de la degradación y no de la perdida directa, que es lo que está ocurriendo ahora”, describe Herrera.
Soluciones para conservar los bosques
Son varias las acciones que ya se están implementando a favor de los bosques nativos. 2011 fue declarado por las Naciones Unidas Año Internacional de los Bosques y World Wildlife Fund convoca a todos para trabajar con el objetivo de cero deforestación y degradación par el 2020. Para lograrlo, se proponen ordenar la expansión agropecuaria, hacer más eficiente la producción y conservar las áreas de mayor valor para la diversidad biológica.
Cinco años atrás, el diputador Miguel Bonasso presentó el proyecto de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos. En marzo de 2007 fue aprobado y pasó a la Cámara de Senadores, donde fue girado a seis comisiones. El 21 de noviembre de ese mismo año fue tratado y aprobado. Sin embargo, recién en febrero de 2009 el Poder Ejecutivo reglamentó la ley.
“La ley agregó mayores restricciones a la hora de pedir un desmonte como hacer un estudio de impacto ambiental y una audiencia pública. Se dejaron de entregar los permisos hasta que cada provincia hiciera su ordenamiento”, describe Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Biodiversidad de Greenpeace.
La Secretaría de Ambiente ya acordó con las provincias la distribución de los fondos para controlar los desmontes pero el dinero asignado es mucho menor a la cantidad que se fijó inicialmente en la norma. Incluso parte de los recursos que iban a ser destinados a esta normativa fueron desviados al programa Fútbol Para Todos.
Mina Sierra Grande: retiran cianuro y arsénico
Empiezan a retirar cianuro y arsénico de mina Sierra Grande
Fecha de Publicación: 17/11/2011
Fuente: No a la Mina - Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Esta semana fueron retirados del depósito de tóxicos de Hiparsa, "Los Polvorines" dos tambores con cianuro y otro de arsénico. Se cree que a principios del año próximo serán retirados los 25 .000 litros de PCB. En mayo de este año, un grupo de vecinos presentó un recurso de amparo que tuvo un fallo favorable del juez Víctor Hugo Sodero Nievas que ordenó erradicar el tóxico antes de fin de año.
Este es el primer paso para el retiro de todos los contaminantes que hay en Sierra Grande y que ha sido motivo de constantes reclamos.
Desde entonces se esperaba que se retire de Sierra Grande no solo el PCB sino el cianuro y el arsénico que hay en el sitio.
"La inacción provincial había profundizado los trámites para erradicar el PCB, hemos encontrado eco en la justicia y en el Juez Sodero Nievas" sostuvo a este medio el legislador Renzo Tamburrini uno de los amparistas.
Este martes se erradicaron los tambores de cianuro (que tienen como destino San Juan) y de arsénico (que van a Córdoba).
A las 11, una empresa con la fiscalización del Codema y seguida de cerca por los vecinos amparistas retiró los tóxicos.
Ahora falta sacar el PCB y que el gobierno provincial contrate por la suma de 2 millones de pesos a una empresa que realice la tarea. De todos modos, se cree que recién a principios del próximo año eso se puede lograr.
"Estos tambores fueron noticia en abril de este año cuando se encontraron tirados en un campo de Las Grutas; estaban bajo el cuidado de Hiparsa y hoy por fin se van de Sierra Grande", sostuvo Griselda Vargas, una de las amparistas.
Fecha de Publicación: 17/11/2011
Fuente: No a la Mina - Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Esta semana fueron retirados del depósito de tóxicos de Hiparsa, "Los Polvorines" dos tambores con cianuro y otro de arsénico. Se cree que a principios del año próximo serán retirados los 25 .000 litros de PCB. En mayo de este año, un grupo de vecinos presentó un recurso de amparo que tuvo un fallo favorable del juez Víctor Hugo Sodero Nievas que ordenó erradicar el tóxico antes de fin de año.
Este es el primer paso para el retiro de todos los contaminantes que hay en Sierra Grande y que ha sido motivo de constantes reclamos.
Desde entonces se esperaba que se retire de Sierra Grande no solo el PCB sino el cianuro y el arsénico que hay en el sitio.
"La inacción provincial había profundizado los trámites para erradicar el PCB, hemos encontrado eco en la justicia y en el Juez Sodero Nievas" sostuvo a este medio el legislador Renzo Tamburrini uno de los amparistas.
Este martes se erradicaron los tambores de cianuro (que tienen como destino San Juan) y de arsénico (que van a Córdoba).
A las 11, una empresa con la fiscalización del Codema y seguida de cerca por los vecinos amparistas retiró los tóxicos.
Ahora falta sacar el PCB y que el gobierno provincial contrate por la suma de 2 millones de pesos a una empresa que realice la tarea. De todos modos, se cree que recién a principios del próximo año eso se puede lograr.
"Estos tambores fueron noticia en abril de este año cuando se encontraron tirados en un campo de Las Grutas; estaban bajo el cuidado de Hiparsa y hoy por fin se van de Sierra Grande", sostuvo Griselda Vargas, una de las amparistas.
Ambiente: “La prioridad son el ambiente y la salud”
“La prioridad son el ambiente y la salud”
Fecha de Publicación: 17/11/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
La Justicia de Salta prohibió fumigaciones con agrotóxicos en un pueblo rodeado de soja. La sentencia establece límites de 300 metros para aspersiones terrestres y de 1500 para las aéreas. La demanda había sido promovida por los vecinos.
Antillas es un pequeño pueblo que está, literalmente, rodeado de soja. El monocultivo llega hasta el frente de las casas e, incluso, a tres metros de la escuela. Y también llegan hasta allí las fumigaciones, que rociaron el patio donde los alumnos practican deportes, la sala de primeros auxilios y las casas de los vecinos. El Juzgado Correccional 2 del Distrito Judicial Sur tomó una medida inédita en la provincia: prohibió las fumigaciones en cercanías de las viviendas. No se podrá fumigar con avioneta a menos de 1500 metros y a no menos de 300 si las aspersiones son terrestres. La demanda había apuntado al glifosato y el endosulfán (dos de los más utilizados en soja), pero la sentencia prohibió todo tipo de fumigaciones. Ya son seis las provincias con sentencias que limitan el uso de agrotóxicos.
En Antillas viven mil personas, está ubicado al sur de Salta (municipio de El Potrero), sobre la ruta 34, casi al límite con Santiago del Estero. Las fotos muestran el patio de la escuela lindante con el campo de soja. La imagen satelital da cuenta de un pueblo rodeado, literalmente, de cultivo. Las empresas Cusillos S.R.L. y Gramas S.A. cuentan con 5000 hectáreas de monocultivo. Y desde hace cinco años se repiten las denuncias de los vecinos: problemas respiratorios, alergias e intoxicaciones. También la muerte de animales y vegetación quemada (plantas de jardín y árboles frutales).
Las fumigaciones llegaron hasta la escuela primaria 4413, con alumnos que debían encerrarse en las aulas. E incluso fue fumigada la sala de primeros auxilios.
Quince vecinos se reunieron y presentaron un amparo en el Juzgado Correccional 2 del Distrito Judicial Sur. No contaban con recursos para acceder a un abogado, e intervino el Ministerio Público (la defensora civil Mirta Redondo de Torino), que acompañó el pedido de los denunciantes.
La jueza Carolina Poma visitó el lugar, recorrió las casas y vivió en carne propia el ambiente fumigado, incluso el secretario del juzgado se descompuso por el olor penetrante de los agrotóxicos. En los fundamentos del fallo resalta que conoce la actividad agrícola ganadera de la zona y su importancia económica, pero destaca la necesidad de tener “especial énfasis en el cuidado del ambiente de manera tal que no se comprometan las posibilidades de vida y desarrollo de las generaciones presentes y futuras”.
“(Resuelvo) hacer lugar a la acción de amparo (...) Y prohibir todo tipo de fumigaciones dentro de la franja de los 300 metros manual o mecánica (los vecinos habían solicitado sólo 50 metros); no a menos de 1500 metros para fumigaciones aéreas”, obliga la sentencia, con fecha 29 de septiembre, pero conocida esta semana.
La jueza remarca en reiteradas oportunidades que se prohíben las fumigaciones “cualquiera sea el producto fitosanitario y el plaguicida”. También ordena que las avionetas se abstengan de sobrevolar los centros poblados “ni aun después de haber agotado su carga”. La sentencia también ordena al empresario a reforestar los límites del campo que lindan con el sector urbano (cortinas forestales) e insta al Concejo Deliberante a dictar ordenanzas que limiten y controlen las fumigaciones y prohíban el tránsito de máquinas fumigadoras por el pueblo.
Entre otras referencias, el Juzgado explicitó la vigencia del artículo 41 de la Constitución Nacional: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”.
El único demandante que habló con los medios fue Antonio Arata. “Es un fallo ejemplar, marca jurisprudencia en Salta”, celebró ante el diario El Tribuno. La jueza Poma dialogó sólo con Radio Nacional Salta. Remarcó el valor del diálogo entre el empresario y los vecinos afectados, explicó que se consensuaron mejores prácticas productivas para no fumigar las casas ni la escuela y reconoció que “hay muchos intereses en juego”, en referencia a la actividad sojera, que es dominante en esa región de Salta. “La prioridad son el ambiente y la salud”, afirmó.
La empresa presentó un “recurso de aclaratoria” en el que solicitó explicaciones a los límites de fumigaciones, solicitó flexibilidad en la medida argumentando un “daño irreparable (para los productores) que verán cómo la explotación deja de ser rentable y también (un daño) para los habitantes de Antillas que trabaja en dichos campos”. La jueza no hizo lugar al pedido y mantuvo las limitaciones.
Con el reciente fallo en Salta ya son seis las sentencias del Poder Judicial que limitan o prohíben las fumigaciones con agrotóxicos más utilizados en el actual modelo agropecuario. Formosa (Colonia Loma Senés), Buenos Aires (Mercedes), Córdoba (Barrio Ituzaingó Anexo), Chaco (La Leonesa y Las Palmas) y Santa Fe (San Jorge). La Red Universitaria de Ambiente y Salud, que reúne a médicos de pueblos fumigados y científicos, denunció en su último congreso (abril de 2011) que en Argentina se utilizan cada año 300 millones de litros de agrotóxicos y alertó que corren peligro doce millones de personas.
Fecha de Publicación: 17/11/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
La Justicia de Salta prohibió fumigaciones con agrotóxicos en un pueblo rodeado de soja. La sentencia establece límites de 300 metros para aspersiones terrestres y de 1500 para las aéreas. La demanda había sido promovida por los vecinos.
Antillas es un pequeño pueblo que está, literalmente, rodeado de soja. El monocultivo llega hasta el frente de las casas e, incluso, a tres metros de la escuela. Y también llegan hasta allí las fumigaciones, que rociaron el patio donde los alumnos practican deportes, la sala de primeros auxilios y las casas de los vecinos. El Juzgado Correccional 2 del Distrito Judicial Sur tomó una medida inédita en la provincia: prohibió las fumigaciones en cercanías de las viviendas. No se podrá fumigar con avioneta a menos de 1500 metros y a no menos de 300 si las aspersiones son terrestres. La demanda había apuntado al glifosato y el endosulfán (dos de los más utilizados en soja), pero la sentencia prohibió todo tipo de fumigaciones. Ya son seis las provincias con sentencias que limitan el uso de agrotóxicos.
En Antillas viven mil personas, está ubicado al sur de Salta (municipio de El Potrero), sobre la ruta 34, casi al límite con Santiago del Estero. Las fotos muestran el patio de la escuela lindante con el campo de soja. La imagen satelital da cuenta de un pueblo rodeado, literalmente, de cultivo. Las empresas Cusillos S.R.L. y Gramas S.A. cuentan con 5000 hectáreas de monocultivo. Y desde hace cinco años se repiten las denuncias de los vecinos: problemas respiratorios, alergias e intoxicaciones. También la muerte de animales y vegetación quemada (plantas de jardín y árboles frutales).
Las fumigaciones llegaron hasta la escuela primaria 4413, con alumnos que debían encerrarse en las aulas. E incluso fue fumigada la sala de primeros auxilios.
Quince vecinos se reunieron y presentaron un amparo en el Juzgado Correccional 2 del Distrito Judicial Sur. No contaban con recursos para acceder a un abogado, e intervino el Ministerio Público (la defensora civil Mirta Redondo de Torino), que acompañó el pedido de los denunciantes.
La jueza Carolina Poma visitó el lugar, recorrió las casas y vivió en carne propia el ambiente fumigado, incluso el secretario del juzgado se descompuso por el olor penetrante de los agrotóxicos. En los fundamentos del fallo resalta que conoce la actividad agrícola ganadera de la zona y su importancia económica, pero destaca la necesidad de tener “especial énfasis en el cuidado del ambiente de manera tal que no se comprometan las posibilidades de vida y desarrollo de las generaciones presentes y futuras”.
“(Resuelvo) hacer lugar a la acción de amparo (...) Y prohibir todo tipo de fumigaciones dentro de la franja de los 300 metros manual o mecánica (los vecinos habían solicitado sólo 50 metros); no a menos de 1500 metros para fumigaciones aéreas”, obliga la sentencia, con fecha 29 de septiembre, pero conocida esta semana.
La jueza remarca en reiteradas oportunidades que se prohíben las fumigaciones “cualquiera sea el producto fitosanitario y el plaguicida”. También ordena que las avionetas se abstengan de sobrevolar los centros poblados “ni aun después de haber agotado su carga”. La sentencia también ordena al empresario a reforestar los límites del campo que lindan con el sector urbano (cortinas forestales) e insta al Concejo Deliberante a dictar ordenanzas que limiten y controlen las fumigaciones y prohíban el tránsito de máquinas fumigadoras por el pueblo.
Entre otras referencias, el Juzgado explicitó la vigencia del artículo 41 de la Constitución Nacional: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”.
El único demandante que habló con los medios fue Antonio Arata. “Es un fallo ejemplar, marca jurisprudencia en Salta”, celebró ante el diario El Tribuno. La jueza Poma dialogó sólo con Radio Nacional Salta. Remarcó el valor del diálogo entre el empresario y los vecinos afectados, explicó que se consensuaron mejores prácticas productivas para no fumigar las casas ni la escuela y reconoció que “hay muchos intereses en juego”, en referencia a la actividad sojera, que es dominante en esa región de Salta. “La prioridad son el ambiente y la salud”, afirmó.
La empresa presentó un “recurso de aclaratoria” en el que solicitó explicaciones a los límites de fumigaciones, solicitó flexibilidad en la medida argumentando un “daño irreparable (para los productores) que verán cómo la explotación deja de ser rentable y también (un daño) para los habitantes de Antillas que trabaja en dichos campos”. La jueza no hizo lugar al pedido y mantuvo las limitaciones.
Con el reciente fallo en Salta ya son seis las sentencias del Poder Judicial que limitan o prohíben las fumigaciones con agrotóxicos más utilizados en el actual modelo agropecuario. Formosa (Colonia Loma Senés), Buenos Aires (Mercedes), Córdoba (Barrio Ituzaingó Anexo), Chaco (La Leonesa y Las Palmas) y Santa Fe (San Jorge). La Red Universitaria de Ambiente y Salud, que reúne a médicos de pueblos fumigados y científicos, denunció en su último congreso (abril de 2011) que en Argentina se utilizan cada año 300 millones de litros de agrotóxicos y alertó que corren peligro doce millones de personas.
Media Pila
Media Pila
Fecha de Publicación: 16/11/2011
Fuente: ADN Ciudad
Provincia/Región: Nacional
La ONG Greenpeace, pidió al Congreso nacional el tratamiento de la ley de "basura electrónica", que cuenta con media sanción del Senado. La Argentina genera unas 120 mil toneladas anuales de basura electrónica y la iniciativa lleva casi 4 años sin ser aprobada.
Greenpeace reclamó el tratamiento y sanción de la ley de Presupuestos Mínimos de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, que establece la gestión de la basura electrónica. Los diputados son quienes deben dar dictamen al proyecto para que pueda ser tratado en el recinto antes de fin de año. Ya que la iniciativa tiene media sanción del Senado.
Según informaron, "la Argentina genera unas 120 mil toneladas anuales de basura electrónica entre pilas, celulares, baterías y otros artefactos. La norma establece la responsabilidad legal y financiera de los productores sobre la gestión de los residuos que generan sus propios productos y la prohibición de sustancias tóxicas en la fabricación de nuevos aparatos, entre otras cuestiones".
El proyecto de ley de "Basura Electrónica" establece la responsabilidad legal y financiera de los productores de artefactos eléctricos y electrónicos sobre la gestión de los residuos que generan sus propios productos, y la prohibición de sustancias tóxicas en la fabricación de nuevos aparatos. También promueve el establecimiento de un sistema nacional para la reutilización y el reciclado de este tipo de residuos, para que sus materiales vuelvan a formar parte del proceso productivo y no terminen en basurales contaminando el suelo, las napas de agua y el aire.
"En promedio, cada argentino genera 3 kilogramos de basura electrónica por año, lo que representa unas 120 mil toneladas anuales. El ritmo y el nivel de consumo y descarte de estos aparatos son alarmantes a nivel mundial y a nivel local. Argentina no cuenta hoy con un sistema de gestión ambientalmente adecuado para poder tratar este tipo de basura, lo que generará problemas de altas proporciones en el corto plazo si no se interviene. La una ley de "Basura Electrónica" que separe a los residuos electrónicos del flujo de la basura común es necesaria de manera urgente", señaló Yanina Rullo, de la Campaña de Basura Cero de Greenpeace.
Fecha de Publicación: 16/11/2011
Fuente: ADN Ciudad
Provincia/Región: Nacional
La ONG Greenpeace, pidió al Congreso nacional el tratamiento de la ley de "basura electrónica", que cuenta con media sanción del Senado. La Argentina genera unas 120 mil toneladas anuales de basura electrónica y la iniciativa lleva casi 4 años sin ser aprobada.
Greenpeace reclamó el tratamiento y sanción de la ley de Presupuestos Mínimos de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, que establece la gestión de la basura electrónica. Los diputados son quienes deben dar dictamen al proyecto para que pueda ser tratado en el recinto antes de fin de año. Ya que la iniciativa tiene media sanción del Senado.
Según informaron, "la Argentina genera unas 120 mil toneladas anuales de basura electrónica entre pilas, celulares, baterías y otros artefactos. La norma establece la responsabilidad legal y financiera de los productores sobre la gestión de los residuos que generan sus propios productos y la prohibición de sustancias tóxicas en la fabricación de nuevos aparatos, entre otras cuestiones".
El proyecto de ley de "Basura Electrónica" establece la responsabilidad legal y financiera de los productores de artefactos eléctricos y electrónicos sobre la gestión de los residuos que generan sus propios productos, y la prohibición de sustancias tóxicas en la fabricación de nuevos aparatos. También promueve el establecimiento de un sistema nacional para la reutilización y el reciclado de este tipo de residuos, para que sus materiales vuelvan a formar parte del proceso productivo y no terminen en basurales contaminando el suelo, las napas de agua y el aire.
"En promedio, cada argentino genera 3 kilogramos de basura electrónica por año, lo que representa unas 120 mil toneladas anuales. El ritmo y el nivel de consumo y descarte de estos aparatos son alarmantes a nivel mundial y a nivel local. Argentina no cuenta hoy con un sistema de gestión ambientalmente adecuado para poder tratar este tipo de basura, lo que generará problemas de altas proporciones en el corto plazo si no se interviene. La una ley de "Basura Electrónica" que separe a los residuos electrónicos del flujo de la basura común es necesaria de manera urgente", señaló Yanina Rullo, de la Campaña de Basura Cero de Greenpeace.
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