Río Negro: avanza en la protección de bosques
18:51 | 
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Ley de protección de bosques nativos
Fecha de Publicación: 24/12/2010
Fuente: M24
Provincia/Región: Río Negro
Autoridades de la Unidad Ejecutora Provincial de Protección de Bosques Nativos, que integran el Consejo provincial de Medio Ambiente y la Dirección de Bosques de la provincia, destacaron la importancia de la asignación de nuevos recursos en la materia, implementados por el Gobierno Nacional, al tiempo que remarcaron que Río Negro ha cumplido fehacientemente con el ordenamiento de sus bosques.
En este marco, se subrayó que el Gobierno Nacional decidió incorporar 221 millones de pesos más a los 94 millones ya distribuidos entre las provincias sumadas a este programa, lo que significa un gran avance en la implementación de esta ley de protección de bosques nativos.
Río Negro, al ser una de las 11 Provincias que han sancionada por ley su ordenamiento territorial será una de las beneficiadas con este aumento presupuestario.
Se indicó en tal sentido que el Municipio de Bariloche está cumpliendo los compromisos asumidos ante la Unidad Ejecutora Provincial en lo referido al ordenamiento territorial del área boscosa de su ejido urbano.
Cabe recordar que el artículo 19 de la ley provincial 4552 establece un período de 120 días desde la entrada en vigencia de la misma para presentar ante la Autoridad de Aplicación una propuesta de Ordenamiento Territorial de los bosques nativos existentes en la zona urbana de su ejido.
La normativa indica además que en caso de incumplimiento, será la Autoridad de Aplicación Provincial la que efectuará dicho ordenamiento siguiendo los criterios de la Ley nacional Nº 26.331.
Desde la UEP se remarcó en tal sentido que técnicos especialistas de la provincia acompañaron la realización de este trabajo, se destacó los avances logrados y la calidad del trabajo presentado que significa incorporar 10.200 hectáreas de bosques nativos al marco jurídico de protección de la Ley provincial.
A partir de esta zonificación realizada con la diferenciación de los distintos estatus de protección de Bosques y el avance en las normativas y gestión de los mismos, su utilización queda supeditada a estrictas reglas de juego, que incluyen la evaluación de impacto ambiental y la realización de Audiencias Públicas, para el caso de los cambios de uso del suelo, generando un importante avance en lo que hace a la aplicación de la ley nacional y su concordante provincial.
De esta manera, las autoridades provinciales y municipales, deberán acordar criterios técnicos y administrativos para garantizar a la ciudadanía la utilización sustentable de los bosques nativos y la preservación de los servicios ambientales que los mismos nos brindan.
Cabe recordar que la ley nacional contempla los distintos criterios de zonificación de los bosques nativos. La categoría I (rojo) incluye sectores de muy alto calor de conservación que no deben transformarse. Alcanza áreas que por sus ubicaciones relativas a reservas, su valor de conectividad, la presencia de valores biológicos sobresalientes y la protección de cuencas que ejercen, ameritan su persistencia como bosques a perpetuidad.
En tanto, la categoría II (amarillo) incluye a sectores de mediano valor de conservación que puedan estar degradadas pero, que a juicio de la Autoridad de Aplicación Jurisdiccional con la implementación de actividades de restauración, pueden tener un alto valor de conservación y que podrán ser sometidos a usos como aprovechamiento sostenible, turismo de bajo impacto, así como recolección e investigación científica.
Por su parte, la Categoría III (verde) comprende a sectores de bajo nivel de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad, siempre dentro de los criterios establecidos por la normativa nacional y provincial, el respeto a la normativa ambiental vigente, que incluye la realización de audiencias publicas para proyectos de envergadura, y la obtención de parte de la UEP provincial de la aprobación del respectivo Plan de Manejo Sustentable o de Cambio de Uso del Suelo.
Fecha de Publicación: 24/12/2010
Fuente: M24
Provincia/Región: Río Negro
Autoridades de la Unidad Ejecutora Provincial de Protección de Bosques Nativos, que integran el Consejo provincial de Medio Ambiente y la Dirección de Bosques de la provincia, destacaron la importancia de la asignación de nuevos recursos en la materia, implementados por el Gobierno Nacional, al tiempo que remarcaron que Río Negro ha cumplido fehacientemente con el ordenamiento de sus bosques.
En este marco, se subrayó que el Gobierno Nacional decidió incorporar 221 millones de pesos más a los 94 millones ya distribuidos entre las provincias sumadas a este programa, lo que significa un gran avance en la implementación de esta ley de protección de bosques nativos.
Río Negro, al ser una de las 11 Provincias que han sancionada por ley su ordenamiento territorial será una de las beneficiadas con este aumento presupuestario.
Se indicó en tal sentido que el Municipio de Bariloche está cumpliendo los compromisos asumidos ante la Unidad Ejecutora Provincial en lo referido al ordenamiento territorial del área boscosa de su ejido urbano.
Cabe recordar que el artículo 19 de la ley provincial 4552 establece un período de 120 días desde la entrada en vigencia de la misma para presentar ante la Autoridad de Aplicación una propuesta de Ordenamiento Territorial de los bosques nativos existentes en la zona urbana de su ejido.
La normativa indica además que en caso de incumplimiento, será la Autoridad de Aplicación Provincial la que efectuará dicho ordenamiento siguiendo los criterios de la Ley nacional Nº 26.331.
Desde la UEP se remarcó en tal sentido que técnicos especialistas de la provincia acompañaron la realización de este trabajo, se destacó los avances logrados y la calidad del trabajo presentado que significa incorporar 10.200 hectáreas de bosques nativos al marco jurídico de protección de la Ley provincial.
A partir de esta zonificación realizada con la diferenciación de los distintos estatus de protección de Bosques y el avance en las normativas y gestión de los mismos, su utilización queda supeditada a estrictas reglas de juego, que incluyen la evaluación de impacto ambiental y la realización de Audiencias Públicas, para el caso de los cambios de uso del suelo, generando un importante avance en lo que hace a la aplicación de la ley nacional y su concordante provincial.
De esta manera, las autoridades provinciales y municipales, deberán acordar criterios técnicos y administrativos para garantizar a la ciudadanía la utilización sustentable de los bosques nativos y la preservación de los servicios ambientales que los mismos nos brindan.
Cabe recordar que la ley nacional contempla los distintos criterios de zonificación de los bosques nativos. La categoría I (rojo) incluye sectores de muy alto calor de conservación que no deben transformarse. Alcanza áreas que por sus ubicaciones relativas a reservas, su valor de conectividad, la presencia de valores biológicos sobresalientes y la protección de cuencas que ejercen, ameritan su persistencia como bosques a perpetuidad.
En tanto, la categoría II (amarillo) incluye a sectores de mediano valor de conservación que puedan estar degradadas pero, que a juicio de la Autoridad de Aplicación Jurisdiccional con la implementación de actividades de restauración, pueden tener un alto valor de conservación y que podrán ser sometidos a usos como aprovechamiento sostenible, turismo de bajo impacto, así como recolección e investigación científica.
Por su parte, la Categoría III (verde) comprende a sectores de bajo nivel de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad, siempre dentro de los criterios establecidos por la normativa nacional y provincial, el respeto a la normativa ambiental vigente, que incluye la realización de audiencias publicas para proyectos de envergadura, y la obtención de parte de la UEP provincial de la aprobación del respectivo Plan de Manejo Sustentable o de Cambio de Uso del Suelo.
Riachuelo: Ordenan erradicar asentamientos
Ordenan erradicar asentamientos ubicados en los márgenes del
Fecha de Publicación: 23/12/2010
Fuente: CIJ
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Lo resolvió el juez Luis Armella. Con ese fin, les dio plazo a los gobiernos de la Nación, la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires hasta el 1º de febrero para que presenten un plan de relocalización. Resolución completa
El juez Luis Armella, titular del Juzgado Federal de Quilmes, ordenó la erradicación total y definitiva de los asentamientos precarios que se ubican en los márgenes del Riachuelo, como parte de la ejecución de la sentencia “Mendoza”, sobre el saneamiento de la cuenca.
Con ese fin, el juez intimó a los gobiernos de la Nación, la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires a que le entreguen el 1º de febrero un plan sustentable para lograr el objetivo y advirtió que el 1º de marzo próximo recorrerá la ribera para evaluar el cumplimiento del plan.
Según se afirma en la resolución, “sin perjuicio de las dificultades prácticas que conlleva la implementación efectiva del denominado ‘camino de sirga’, es dable resaltar lo ya expuesto por el Suscripto en fecha 07-07-09, donde se sostuvo el carácter público que tiene ese camino, lo cual conlleva, va de suyo, promover sobre esas zonas limítrofes, todas las acciones tendientes a su recuperación, tratado y emplazamiento definitivo”.
Para el magistrado, “tal objetivo pro ambiental encuentra su razón de ser en la posibilidad de que la ACUMAR y demás actores involucrados en el saneamiento de la Cuenca, puedan fácticamente trabajar sobre toda la ribera, con libertad y sin obstaculizaciones de hecho, y para lo cual, se hace indispensable contar con un acceso irrestricto y absoluto sobre toda la Cuenca hídrica”.
En consecuencia, el juez indicó que “para que ello sea posible, los Estados involucrados en el saneamiento de la Cuenca deben recuperar sin más contratiempos la ocupación efectiva de ambas márgenes del río, tal como lo demanda todo Estado para poder dar soluciones que se ajusten al requerimiento socio - ambiental que esta ejecución de sentencia impone”.
“Se torna inadmisible en el estadio procesal en el que nos encontramos, aceptar como regular una situación tan anómala como insostenible”, concluyó Armella.
Fecha de Publicación: 23/12/2010
Fuente: CIJ
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Lo resolvió el juez Luis Armella. Con ese fin, les dio plazo a los gobiernos de la Nación, la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires hasta el 1º de febrero para que presenten un plan de relocalización. Resolución completa
El juez Luis Armella, titular del Juzgado Federal de Quilmes, ordenó la erradicación total y definitiva de los asentamientos precarios que se ubican en los márgenes del Riachuelo, como parte de la ejecución de la sentencia “Mendoza”, sobre el saneamiento de la cuenca.
Con ese fin, el juez intimó a los gobiernos de la Nación, la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires a que le entreguen el 1º de febrero un plan sustentable para lograr el objetivo y advirtió que el 1º de marzo próximo recorrerá la ribera para evaluar el cumplimiento del plan.
Según se afirma en la resolución, “sin perjuicio de las dificultades prácticas que conlleva la implementación efectiva del denominado ‘camino de sirga’, es dable resaltar lo ya expuesto por el Suscripto en fecha 07-07-09, donde se sostuvo el carácter público que tiene ese camino, lo cual conlleva, va de suyo, promover sobre esas zonas limítrofes, todas las acciones tendientes a su recuperación, tratado y emplazamiento definitivo”.
Para el magistrado, “tal objetivo pro ambiental encuentra su razón de ser en la posibilidad de que la ACUMAR y demás actores involucrados en el saneamiento de la Cuenca, puedan fácticamente trabajar sobre toda la ribera, con libertad y sin obstaculizaciones de hecho, y para lo cual, se hace indispensable contar con un acceso irrestricto y absoluto sobre toda la Cuenca hídrica”.
En consecuencia, el juez indicó que “para que ello sea posible, los Estados involucrados en el saneamiento de la Cuenca deben recuperar sin más contratiempos la ocupación efectiva de ambas márgenes del río, tal como lo demanda todo Estado para poder dar soluciones que se ajusten al requerimiento socio - ambiental que esta ejecución de sentencia impone”.
“Se torna inadmisible en el estadio procesal en el que nos encontramos, aceptar como regular una situación tan anómala como insostenible”, concluyó Armella.
Ecologistas cierran canal de una arrocera
Ecologistas cierran canal de una arrocera
Fecha de Publicación: 23/12/2010
Fuente: Momarandu
Provincia/Región: Entre Ríos
Activistas de "Salvemos al Iberá" junto con pobladores de Colonia Pellegrini taparon con más de 20 mil toneladas de tierra y tosca un canal que alimenta a la arrocera Zampedri-Zambon a la que acusan de robar agua del Laguna Iberá.
El operativo fue al costado de la Ruta 40 donde despunta la boca del mecanismo montado por los propietarios de la explotación.
Los ecologistas y pobladores se hacen eco de los reclamos en el municipio de Colonia Pellegrini que sostiene una larga disputa con las arroceras de la zona que se remonta al año 2006.
Vecinos de Pellegrini se disputan en tribunales contra la arrocera propiedad de Rogelio Rafael Zampedri y Carlos José Zambon ubicada en ese poblado.
El 18 de agosto de 2009 esta arrocera había sido clausurada por indicación del ICAA pero siguió funcionado.
El municipio, vecinos, la organización ecologistas local Esteros Hesai, más especialistas sostienen que las arroceras de la zona dañan el ecosistema con el bombeo de agua desde la Laguna Iberá durante cada siembra
Además "contamina el ambiente y afecta la salud humana por las fumigaciones con agroquímicos", aseguran.
Los conflictos ambientales en Corrientes vienen en aumento desde hace algunos años y se expresan a través de denuncias de vecinos y de organizaciones ecologistas en más de una localidad del interior correntino.
"Con esta acción dejamos más clara nuestra postura de no permitir que se continúe con la actividad ilegal del robo de agua", explicó el coordinador de la campaña, Emilio Spataro.
"Cerramos este año con la afirmación y seguridad de que se continuará trabajando el año que viene con más fuerza y convicción que nunca hasta que se respeten las leyes ambientales, el ambiente en el que vivimos y las personas que en el habitamos", señaló.
Fecha de Publicación: 23/12/2010
Fuente: Momarandu
Provincia/Región: Entre Ríos
Activistas de "Salvemos al Iberá" junto con pobladores de Colonia Pellegrini taparon con más de 20 mil toneladas de tierra y tosca un canal que alimenta a la arrocera Zampedri-Zambon a la que acusan de robar agua del Laguna Iberá.
El operativo fue al costado de la Ruta 40 donde despunta la boca del mecanismo montado por los propietarios de la explotación.
Los ecologistas y pobladores se hacen eco de los reclamos en el municipio de Colonia Pellegrini que sostiene una larga disputa con las arroceras de la zona que se remonta al año 2006.
Vecinos de Pellegrini se disputan en tribunales contra la arrocera propiedad de Rogelio Rafael Zampedri y Carlos José Zambon ubicada en ese poblado.
El 18 de agosto de 2009 esta arrocera había sido clausurada por indicación del ICAA pero siguió funcionado.
El municipio, vecinos, la organización ecologistas local Esteros Hesai, más especialistas sostienen que las arroceras de la zona dañan el ecosistema con el bombeo de agua desde la Laguna Iberá durante cada siembra
Además "contamina el ambiente y afecta la salud humana por las fumigaciones con agroquímicos", aseguran.
Los conflictos ambientales en Corrientes vienen en aumento desde hace algunos años y se expresan a través de denuncias de vecinos y de organizaciones ecologistas en más de una localidad del interior correntino.
"Con esta acción dejamos más clara nuestra postura de no permitir que se continúe con la actividad ilegal del robo de agua", explicó el coordinador de la campaña, Emilio Spataro.
"Cerramos este año con la afirmación y seguridad de que se continuará trabajando el año que viene con más fuerza y convicción que nunca hasta que se respeten las leyes ambientales, el ambiente en el que vivimos y las personas que en el habitamos", señaló.
Piden que se plebiscite la construcción de Garabí
Piden que se plebiscite la construcción de Garabí
Fecha de Publicación: 22/12/2010
Fuente: Territorio Digital
Provincia/Región: Misiones - Corrientes
Jóvenes militantes de distintos partidos políticos y de organizaciones sociales juntaron durante el fin de semana para pedir que se plesbicite la construcción de la represa hidroeéctrica de Garabí. La Plaza 9 de julio y la costanera fueron los citios elegidos para desarrollar la campaña.
Muñidos de banderas, afiches y folletos explicativos acerca de los inconvenientes que acarrearía la instalación de nuevas represas en la región, estos jóvenes recolectaron las adhesiones.
Las firmas tienen el objeto de acompañar un petitorio que se elevará al gobernador de la provincia, Maurice Closs, para que se convoque a un plebiscito a fin de “que todos los misioneros expresen si quieren la construcción de la represa o no”, indicaron.
Esta actividad continuará en la plaza 9 de Julio y en paseos públicos de varias localidades de la provincia durante todo el verano, en el marco de la campaña de concientización y difusión sobre las represas.
Fecha de Publicación: 22/12/2010
Fuente: Territorio Digital
Provincia/Región: Misiones - Corrientes
Jóvenes militantes de distintos partidos políticos y de organizaciones sociales juntaron durante el fin de semana para pedir que se plesbicite la construcción de la represa hidroeéctrica de Garabí. La Plaza 9 de julio y la costanera fueron los citios elegidos para desarrollar la campaña.
Muñidos de banderas, afiches y folletos explicativos acerca de los inconvenientes que acarrearía la instalación de nuevas represas en la región, estos jóvenes recolectaron las adhesiones.
Las firmas tienen el objeto de acompañar un petitorio que se elevará al gobernador de la provincia, Maurice Closs, para que se convoque a un plebiscito a fin de “que todos los misioneros expresen si quieren la construcción de la represa o no”, indicaron.
Esta actividad continuará en la plaza 9 de Julio y en paseos públicos de varias localidades de la provincia durante todo el verano, en el marco de la campaña de concientización y difusión sobre las represas.
Peces muertos a lo largo de 18 kilómetros
Peces muertos a lo largo de 18 kilómetros, en una laguna
Fecha de Publicación: 21/12/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires
Lo denunció el titular del club de pesca local. Lo atribuyen a las fumigaciones.
Peces muertos a lo largo de 18 kilómetros comenzaron a aparecer desde hace ocho días en la laguna Indio Muerto, en el partido bonaerense de Saladillo, cuya Municipalidad hizo una denuncia penal. El Club de Pesca Saladillo lo atribuyó a la inadecuada fumigación con agroquímicos en campos del distrito lindero de Roque Pérez.
La laguna es, en realidad, unas 2.300 hectáreas de bañados, de la cuenca del arroyo Vallimanca, el que al ingresar en Saladillo toma su nombre. “Un lugar turístico y un centro de pesca”, la define Oscar Adorno, presidente del club de pesca, que tiene allí un camping, en el kilómetro 166 de la ruta 205, a 22 kilómetros de la ciudad.
Allí se hacía la Fiesta Provincial de la Tararira, hasta que la laguna comenzó a secarse a causa de la construcción de 22 kilómetros de canales clandestinos. “Intentaron vaciar el humedal, para sembrar campos linderos, que nunca habían sido sembrados porque son salitrales –relata Adorno–. La laguna prácticamente se secó, y aprovechando la sequía, la sembraron; pero nunca pudieron cosechar, porque apenas llueve, se inunda”. Pese a que la Justicia ordenó desactivar los canales en 2006, esto nunca ocurrió”.
“Hace diez días, la gente que estaba en el camping empezó a quejarse de picazón en el cuerpo y por el olor –contó Adorno a Clarín –. Vimos que había un ‘mosquito’ fumigando en el campo de enfrente, pegado al arroyo, pese a que durante los últimos veinte días sopló un viento nornoroeste permanente, de 20 a 40 kilómetros por hora. Y después andaba un avión azul, también fumigando”.
Los visitantes se fueron del camping. Dos días después aparecieron los primeros peces muertos. “La mortandad llega desde el centro de la laguna, hasta más allá del puente de Del Carril, que está a casi 20 km de la laguna”, precisó el presidente del club de pesca.
“El problema fue agravándose en los últimos años, con la llegada de la siembra directa, ya que era una zona típicamente ganadera. Empezamos a sentir quejas de los vecinos, que sufrían problemas respiratorios por pulverizaciones”, recordó el ingeniero agrónomo Gabriel Arisnabarreta, del grupo ambientalista Ecos de Saladillo.
Gracias a las movilizaciones, a fines de 2008 se sancionó una ordenanza, que fijó distancias y condiciones para fumigar. “Está vigente, pero falta control y difusión, y son los vecinos los que tienen que hacer la denuncia. Tampoco hay un plan de producción para la zona que quedó libre de agrotóxicos”, señala Arisnabarreta.
Esta vez, las fumigaciones fueron en el vecino partido de Roque Pérez, por lo que la directora de Gestión Ambiental de la comuna, Mariela Incollá, hizo la denuncia ante el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible. Ese mismo día, el jueves, hizo otro tanto ante la fiscalía penal de Saladillo, donde pidió el envío de un perito para analizar los peces muertos . “Las carpas que sacamos, son las más grandes, de 3 a 6 kilos; ignoramos por qué. Queremos saber si tienen algún poder residual que pueda afectar a otras especies”, comenta Adorno.
“Si no hay más mortandad, es por los canales –agrega–. El veneno, con la poca agua que hay, corre, y va matando”.
Fecha de Publicación: 21/12/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires
Lo denunció el titular del club de pesca local. Lo atribuyen a las fumigaciones.
Peces muertos a lo largo de 18 kilómetros comenzaron a aparecer desde hace ocho días en la laguna Indio Muerto, en el partido bonaerense de Saladillo, cuya Municipalidad hizo una denuncia penal. El Club de Pesca Saladillo lo atribuyó a la inadecuada fumigación con agroquímicos en campos del distrito lindero de Roque Pérez.
La laguna es, en realidad, unas 2.300 hectáreas de bañados, de la cuenca del arroyo Vallimanca, el que al ingresar en Saladillo toma su nombre. “Un lugar turístico y un centro de pesca”, la define Oscar Adorno, presidente del club de pesca, que tiene allí un camping, en el kilómetro 166 de la ruta 205, a 22 kilómetros de la ciudad.
Allí se hacía la Fiesta Provincial de la Tararira, hasta que la laguna comenzó a secarse a causa de la construcción de 22 kilómetros de canales clandestinos. “Intentaron vaciar el humedal, para sembrar campos linderos, que nunca habían sido sembrados porque son salitrales –relata Adorno–. La laguna prácticamente se secó, y aprovechando la sequía, la sembraron; pero nunca pudieron cosechar, porque apenas llueve, se inunda”. Pese a que la Justicia ordenó desactivar los canales en 2006, esto nunca ocurrió”.
“Hace diez días, la gente que estaba en el camping empezó a quejarse de picazón en el cuerpo y por el olor –contó Adorno a Clarín –. Vimos que había un ‘mosquito’ fumigando en el campo de enfrente, pegado al arroyo, pese a que durante los últimos veinte días sopló un viento nornoroeste permanente, de 20 a 40 kilómetros por hora. Y después andaba un avión azul, también fumigando”.
Los visitantes se fueron del camping. Dos días después aparecieron los primeros peces muertos. “La mortandad llega desde el centro de la laguna, hasta más allá del puente de Del Carril, que está a casi 20 km de la laguna”, precisó el presidente del club de pesca.
“El problema fue agravándose en los últimos años, con la llegada de la siembra directa, ya que era una zona típicamente ganadera. Empezamos a sentir quejas de los vecinos, que sufrían problemas respiratorios por pulverizaciones”, recordó el ingeniero agrónomo Gabriel Arisnabarreta, del grupo ambientalista Ecos de Saladillo.
Gracias a las movilizaciones, a fines de 2008 se sancionó una ordenanza, que fijó distancias y condiciones para fumigar. “Está vigente, pero falta control y difusión, y son los vecinos los que tienen que hacer la denuncia. Tampoco hay un plan de producción para la zona que quedó libre de agrotóxicos”, señala Arisnabarreta.
Esta vez, las fumigaciones fueron en el vecino partido de Roque Pérez, por lo que la directora de Gestión Ambiental de la comuna, Mariela Incollá, hizo la denuncia ante el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible. Ese mismo día, el jueves, hizo otro tanto ante la fiscalía penal de Saladillo, donde pidió el envío de un perito para analizar los peces muertos . “Las carpas que sacamos, son las más grandes, de 3 a 6 kilos; ignoramos por qué. Queremos saber si tienen algún poder residual que pueda afectar a otras especies”, comenta Adorno.
“Si no hay más mortandad, es por los canales –agrega–. El veneno, con la poca agua que hay, corre, y va matando”.
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biodiversidad,
Buenos Aires,
contaminación,
recursos hídricos
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Confía en que no deberán mover los residuos
El gerente de Pacará Pintado confía en que no deberán mover los residuos de la planta
Fecha de Publicación: 21/12/2010
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
"No se van a mover los residuos". Tajante, el gerente de la planta de Pacará Pintado, Mario Delfor Criado, dio por terminada la discusión respecto de si la basura acumulada en el predio debe o no ser trasladada a otro lugar, como lo sugirió inicialmente la Justicia.
El 17 de noviembre, la sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial Común, dispuso la clausura de la planta de disposición final de la basura, al concluir que las actividades contaminaron el medio ambiente. Además, los camaristas Carlos Ibáñez y Augusto Avila ordenaron a la concesionaria que elimine los residuos depositados en un plazo de ocho meses, desde el momento en que la sentencia quede firme. Igualmente, prohibieron que sigan realizándose vertidos de basura en el lugar.
No obstante, un día después firmaron un fallo aclaratorio. En la resolución correctiva, los vocales ratificaron la orden de clausura de la planta, pero permitieron a la empresa que presente en un plazo de 10 días un "plan de cierre y disposición final de los residuos sólidos urbanos". En ese contexto, el secretario de Medio Ambiente, Alfredo Montalván, consideró que la alternativa ofrecida por los camaristas es superadora. Principalmente, porque de cumplir la concesionaria con el programa de saneamiento del predio, no sería necesario trasladar los desechos hacia otro lugar. Por ese motivo, la Provincia desistió de recurrir ante la Corte Suprema el fallo de la Cámara Civil y Comercial.
"Viable y razonable"
Inicialmente, la concesionaria del servicio de tratamiento de los desechos del Gran San Miguel de Tucumán presentó un recurso de casación, con el argumento de que la sentencia colocó a la Provincia en "situación de emergencia ambiental grave", atento a que con un eventual cierre de la planta, la basura que genere la población no tendría destino específico.
Criado ratificó que no desistirán del planteo ante la Corte, pero reconoció que el fallo aclaratorio de los camaristas abre otra perspectiva. "Existe un plan de cierre, y con las aclaratorias quedó en evidencia que no es factible sacar los residuos de ahí. Por ende, entra a aplicarse el plan de cierre con la modalidad, la tecnología y los tiempos que ya fueron aprobados por el Consejo Provincial de Economía y Medio Ambiente. Es algo viable y razonable", interpretó.
Precisamente, en el recurso de casación interpuesto, la concesionaria destacó que desde el 1 de octubre Pacará Pintado sólo recibe los residuos recogidos en la capital, en Las Talitas, en Banda del Río Salí, en Alderetes, en Yerba Buena y en Tafí Viejo para su separación y clasificación. Luego, la basura es depositada en Overa Pozo.
Fundamentalmente, la empresa criticó a los camaristas por ordenarle que "elimine" los desechos. "La obligación impuesta resulta ininteligible. Suponiendo por vía de hipótesis, los residuos deberían ser ’echados de Pacará Pintado’. Ahora, atento a la inexistencia en el ámbito de la provincia de un lugar físico habilitado para ello, el mandato presenta una imposibilidad de ejecución por inviabilidad técnica", justificó la empresa.
Incluso, Servicios y Construcciones La Banda SRL reforzó la teoría de que sacar la basura del predio sería perjudicial. "Frenar los procesos o interrumpirlos e intentar mover los residuos sería altamente agresivo, imposible de realizar por el daño ambiental que habría de provocarse, impactando negativamente al ecosistema. Actualmente, la totalidad de los residuos existentes en la planta están siendo tratados, monitoreados por la empresa y por la autoridad de aplicación", se sostuvo en el texto de apelación.
Fecha de Publicación: 21/12/2010
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
"No se van a mover los residuos". Tajante, el gerente de la planta de Pacará Pintado, Mario Delfor Criado, dio por terminada la discusión respecto de si la basura acumulada en el predio debe o no ser trasladada a otro lugar, como lo sugirió inicialmente la Justicia.
El 17 de noviembre, la sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial Común, dispuso la clausura de la planta de disposición final de la basura, al concluir que las actividades contaminaron el medio ambiente. Además, los camaristas Carlos Ibáñez y Augusto Avila ordenaron a la concesionaria que elimine los residuos depositados en un plazo de ocho meses, desde el momento en que la sentencia quede firme. Igualmente, prohibieron que sigan realizándose vertidos de basura en el lugar.
No obstante, un día después firmaron un fallo aclaratorio. En la resolución correctiva, los vocales ratificaron la orden de clausura de la planta, pero permitieron a la empresa que presente en un plazo de 10 días un "plan de cierre y disposición final de los residuos sólidos urbanos". En ese contexto, el secretario de Medio Ambiente, Alfredo Montalván, consideró que la alternativa ofrecida por los camaristas es superadora. Principalmente, porque de cumplir la concesionaria con el programa de saneamiento del predio, no sería necesario trasladar los desechos hacia otro lugar. Por ese motivo, la Provincia desistió de recurrir ante la Corte Suprema el fallo de la Cámara Civil y Comercial.
"Viable y razonable"
Inicialmente, la concesionaria del servicio de tratamiento de los desechos del Gran San Miguel de Tucumán presentó un recurso de casación, con el argumento de que la sentencia colocó a la Provincia en "situación de emergencia ambiental grave", atento a que con un eventual cierre de la planta, la basura que genere la población no tendría destino específico.
Criado ratificó que no desistirán del planteo ante la Corte, pero reconoció que el fallo aclaratorio de los camaristas abre otra perspectiva. "Existe un plan de cierre, y con las aclaratorias quedó en evidencia que no es factible sacar los residuos de ahí. Por ende, entra a aplicarse el plan de cierre con la modalidad, la tecnología y los tiempos que ya fueron aprobados por el Consejo Provincial de Economía y Medio Ambiente. Es algo viable y razonable", interpretó.
Precisamente, en el recurso de casación interpuesto, la concesionaria destacó que desde el 1 de octubre Pacará Pintado sólo recibe los residuos recogidos en la capital, en Las Talitas, en Banda del Río Salí, en Alderetes, en Yerba Buena y en Tafí Viejo para su separación y clasificación. Luego, la basura es depositada en Overa Pozo.
Fundamentalmente, la empresa criticó a los camaristas por ordenarle que "elimine" los desechos. "La obligación impuesta resulta ininteligible. Suponiendo por vía de hipótesis, los residuos deberían ser ’echados de Pacará Pintado’. Ahora, atento a la inexistencia en el ámbito de la provincia de un lugar físico habilitado para ello, el mandato presenta una imposibilidad de ejecución por inviabilidad técnica", justificó la empresa.
Incluso, Servicios y Construcciones La Banda SRL reforzó la teoría de que sacar la basura del predio sería perjudicial. "Frenar los procesos o interrumpirlos e intentar mover los residuos sería altamente agresivo, imposible de realizar por el daño ambiental que habría de provocarse, impactando negativamente al ecosistema. Actualmente, la totalidad de los residuos existentes en la planta están siendo tratados, monitoreados por la empresa y por la autoridad de aplicación", se sostuvo en el texto de apelación.
Quedan menos de 60 yaguaretés en Misiones
Quedan menos de 60 yaguaretés en Misiones
Fecha de Publicación: 20/12/2010
Fuente: Misionlandia
Provincia/Región: Nacional - Misiones
Menos de 60 yaguaretés habitan en Misiones, resistiendo al avance del desmonte y la caza indiscriminada. Son los últimos ejemplares de un animal que se considera patrimonio natural de la provincia. Especialistas e investigadores alertan de la desaparición de la especie y apelan a la implementación de nuevas políticas para su protección.
Los últimos estudios indican que la densidad poblacional de la especie ha caído más de tres veces entre los años 1995 y 2004. “Las principales causas de esta declinación se debieron a la disminución de una de sus presas principales (el pecarí labiado) y a la intensa persecución que sufre la especie”, explicó Agustín Paviolo, biólogo e investigador del Conicet y del Instituto de Biología Subtropical de la Unam en Puerto Iguazú.
Igualmente, los investigadores del “Proyecto Yaguareté” advirtieron que desde 2003 la caída poblacional se ha detenido en los últimos 6 años. Sin embargo, “la población actual de yaguareté de todo el Corredor Verde (incluyendo áreas cercanas de Brasil) está compuesta por menos de 60 individuos y se encuentra en serio peligro de extinción”, alertó Paviolo.
El año pasado, el equipo de investigadores comenzó a monitorear los movimientos de los yaguaretés mediante collares equipados con GPS. Los datos recabados hasta el momento sugieren que los individuos de esta especie pueden necesitar más de 30.000 hectáreas de selva para su subsistencia.
“Estos requerimientos los ponen a menudo en contacto con áreas de menores niveles de protección contra la caza furtiva o áreas ganaderas donde frecuentemente son perseguidos y eliminados, lo que pone en riesgo a la población”, detalló el especialista.
Por su parte, Miguel Rinas, director del Parque Ecológico El Puma, alertó sobre las transformaciones en el medio ambiente y la caza indiscriminada de la especie. “Lo que debemos hacer es un mantenimiento de esa superficie que no se siga desmontando más, eso es fundamental, asociado al hecho de que la gente no cace más, que no sigan habiendo tanta competencia sobre el alimento natural”.
El yaguareté forma parte de la familia “felidae” conformada por seis especies en Misiones. Se encuentra en el nivel máximo dentro de la cadena alimentaria y es un indicador de la situación del ecosistema misionero.
El Bosque Atlántico se distribuía a lo largo del sudeste brasileño, el este paraguayo y Misiones en Argentina. Hoy en día es una de las eco-regiones más amenazadas del planeta y el yaguareté ha desaparecido de la mayor parte de esta región. A su vez, la población de Misiones constituye el límite sur de distribución en el mundo, encontrándose los individuos más australes en los Parques Provinciales Salto Encantado y Moconá.
En cautiverio. Siete ejemplares de Yaguareté se albergan en el Parque Ecológico El Puma de Candelaria. Según aclaró Rinas, este grupo “va a tener que seguir en cautiverio toda la vida, porque ya no es posible liberarlos. Ya no estarían en condiciones de sobrevivir a la competencia que hay con otros de la misma especie o para cazar por su cuenta”.
Salvataje urgente. Paviolo advirtió que “al ser la población tan pequeña, el número de crías que se puede dar por año es bastante bajo. Los pocos individuos que están saliendo de esta población son muchas veces eliminados por cazadores o algunos por conflictos con los ganaderos”.
Y agregó que “al perder selva se está perdiendo el hábitat de la especie, y estas áreas transformadas por los hombres ya no son aptas para el crío de animales”.
Todavía el Corredor Verde de la provincia cuenta con la población más grande de yaguaretés de todo el Bosque Atlántico. Para el investigador “esto nos debe llenar de orgullo, pero también nos impone una enorme responsabilidad. De lo que hagamos o dejemos de hacer en los próximos años dependerá el futuro de la especie”.
Esperan la fosa en el Parque El Puma. En el Parque Ecológico El Puma aguardan la construcción de una fosa con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los siete yaguaretés. “Nuestra ilusión es poder concretar esa fosa y soltarlos. El proyecto está elaborado e incluso entró en ejecución pero está interrumpido”, aclaró Miguel Rina, director del Parque.
En total son seis personas trabajando en el lugar, pero solo tres permanecen en los turnos. “No tenemos el presupuesto suficiente, estamos con el límite de infraestructura para poder trabajar mejor. Son pasos que hay que ir mejorando. Ya tenemos estructurado cómo tiene que ser el diseño de los sitios de cada una de las especies pero falta la inversión fuerte, hacer una fosa como la que estamos previendo lleva mucho dinero y eso retrasa mucho”, explicó el director y advirtió que “cuando están en cautiverio ellos se estresan mucho y comienzan a dar vuelta en si mismos”.
Rinas comentó que los animales llegaron al Parque tras haber atacado a animales domésticos de los ganaderos. “Este año hubo denuncia en la zona del Parque Provincial Cuña Pirú y también en la zona sur del Parque Urugua-í por ataque de animales domésticos; y la semana pasada hubo otro caso en Montecarlo”.
Fecha de Publicación: 20/12/2010
Fuente: Misionlandia
Provincia/Región: Nacional - Misiones
Menos de 60 yaguaretés habitan en Misiones, resistiendo al avance del desmonte y la caza indiscriminada. Son los últimos ejemplares de un animal que se considera patrimonio natural de la provincia. Especialistas e investigadores alertan de la desaparición de la especie y apelan a la implementación de nuevas políticas para su protección.
Los últimos estudios indican que la densidad poblacional de la especie ha caído más de tres veces entre los años 1995 y 2004. “Las principales causas de esta declinación se debieron a la disminución de una de sus presas principales (el pecarí labiado) y a la intensa persecución que sufre la especie”, explicó Agustín Paviolo, biólogo e investigador del Conicet y del Instituto de Biología Subtropical de la Unam en Puerto Iguazú.
Igualmente, los investigadores del “Proyecto Yaguareté” advirtieron que desde 2003 la caída poblacional se ha detenido en los últimos 6 años. Sin embargo, “la población actual de yaguareté de todo el Corredor Verde (incluyendo áreas cercanas de Brasil) está compuesta por menos de 60 individuos y se encuentra en serio peligro de extinción”, alertó Paviolo.
El año pasado, el equipo de investigadores comenzó a monitorear los movimientos de los yaguaretés mediante collares equipados con GPS. Los datos recabados hasta el momento sugieren que los individuos de esta especie pueden necesitar más de 30.000 hectáreas de selva para su subsistencia.
“Estos requerimientos los ponen a menudo en contacto con áreas de menores niveles de protección contra la caza furtiva o áreas ganaderas donde frecuentemente son perseguidos y eliminados, lo que pone en riesgo a la población”, detalló el especialista.
Por su parte, Miguel Rinas, director del Parque Ecológico El Puma, alertó sobre las transformaciones en el medio ambiente y la caza indiscriminada de la especie. “Lo que debemos hacer es un mantenimiento de esa superficie que no se siga desmontando más, eso es fundamental, asociado al hecho de que la gente no cace más, que no sigan habiendo tanta competencia sobre el alimento natural”.
El yaguareté forma parte de la familia “felidae” conformada por seis especies en Misiones. Se encuentra en el nivel máximo dentro de la cadena alimentaria y es un indicador de la situación del ecosistema misionero.
El Bosque Atlántico se distribuía a lo largo del sudeste brasileño, el este paraguayo y Misiones en Argentina. Hoy en día es una de las eco-regiones más amenazadas del planeta y el yaguareté ha desaparecido de la mayor parte de esta región. A su vez, la población de Misiones constituye el límite sur de distribución en el mundo, encontrándose los individuos más australes en los Parques Provinciales Salto Encantado y Moconá.
En cautiverio. Siete ejemplares de Yaguareté se albergan en el Parque Ecológico El Puma de Candelaria. Según aclaró Rinas, este grupo “va a tener que seguir en cautiverio toda la vida, porque ya no es posible liberarlos. Ya no estarían en condiciones de sobrevivir a la competencia que hay con otros de la misma especie o para cazar por su cuenta”.
Salvataje urgente. Paviolo advirtió que “al ser la población tan pequeña, el número de crías que se puede dar por año es bastante bajo. Los pocos individuos que están saliendo de esta población son muchas veces eliminados por cazadores o algunos por conflictos con los ganaderos”.
Y agregó que “al perder selva se está perdiendo el hábitat de la especie, y estas áreas transformadas por los hombres ya no son aptas para el crío de animales”.
Todavía el Corredor Verde de la provincia cuenta con la población más grande de yaguaretés de todo el Bosque Atlántico. Para el investigador “esto nos debe llenar de orgullo, pero también nos impone una enorme responsabilidad. De lo que hagamos o dejemos de hacer en los próximos años dependerá el futuro de la especie”.
Esperan la fosa en el Parque El Puma. En el Parque Ecológico El Puma aguardan la construcción de una fosa con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los siete yaguaretés. “Nuestra ilusión es poder concretar esa fosa y soltarlos. El proyecto está elaborado e incluso entró en ejecución pero está interrumpido”, aclaró Miguel Rina, director del Parque.
En total son seis personas trabajando en el lugar, pero solo tres permanecen en los turnos. “No tenemos el presupuesto suficiente, estamos con el límite de infraestructura para poder trabajar mejor. Son pasos que hay que ir mejorando. Ya tenemos estructurado cómo tiene que ser el diseño de los sitios de cada una de las especies pero falta la inversión fuerte, hacer una fosa como la que estamos previendo lleva mucho dinero y eso retrasa mucho”, explicó el director y advirtió que “cuando están en cautiverio ellos se estresan mucho y comienzan a dar vuelta en si mismos”.
Rinas comentó que los animales llegaron al Parque tras haber atacado a animales domésticos de los ganaderos. “Este año hubo denuncia en la zona del Parque Provincial Cuña Pirú y también en la zona sur del Parque Urugua-í por ataque de animales domésticos; y la semana pasada hubo otro caso en Montecarlo”.
Los asambleístas vuelven a la carga
Los asambleístas vuelven a la carga
Fecha de Publicación: 20/12/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Entre Ríos
Los ambientalistas definieron su rechazo al monitoreo acordado por Argentina y Uruguay para controlar la planta de celulosa. Anunciaron que presentarán un recurso judicial para que se les “dé transparencia al proceso” y a los resultados.
Los asambleístas de Gualeguaychú no quedaron conformes con el plan de monitoreo conjunto acordado entre Argentina y Uruguay para el control de la pastera UPM-Botnia, ubicada a la vera del río compartido. Tras haberse tomado un tiempo para analizarlo, el equipo técnico de la Asamblea emitió un documento crítico en el que cuestionan los parámetros que serán usados para las mediciones y sus procedimientos, además de la ausencia de los controles adecuados. “Aceptar un mal monitoreo equivaldría a convalidar la continuidad de Botnia y de la contaminación ya evidente en el río Uruguay, poniendo en riesgo la salud de la población en la región”, concluyó la Asamblea. Además, advirtieron a Página/12 que presentarán un recurso ante la Justicia para que el Gobierno les “dé transparencia al proceso”, y a los resultados del monitoreo que recién se conocerían a fines de febrero.
Tras haber solicitado –sin éxito– una reunión con la delegación argentina del Comité Científico binacional para que les den detalles del monitoreo sobre UPM, los asambleístas hicieron su propia interpretación de los puntos del acuerdo. El equipo técnico de la organización, compuesto por médicos, bioquímicos y con el asesoramiento de los especialistas Marcelo Conti y Elías Mata, que participó de la primera etapa del reclamo argentino ante La Haya, elaboró un duro documento expresando su discrepancia con el modo en que se harán los controles. “Es inaceptable que la finalidad de los controles sea verificar que las evacuaciones de los efluentes de la Planta Orión (UPM) cumplan la normativa de la CARU y la normativa que Uruguay ha dispuesto en su jurisdicción”, expresaron. Denunciaron que el vecino país dispuso ese control en la “misma resolución ministerial” donde autorizó la instalación de la pastera en 2005.
“Todas las muestras serán tomadas por la Dinama, sin contralor de los expertos de la CARU, con excepción de las denominadas ‘visitas programadas’ del Comité Científico, cuyo número no está definido en el documento”, indicaron. A la vez, consideraron que “no resultan ni claros ni convincentes los ensayos químicos a realizar sobre los efluentes. Pretendemos que se informen valores medios representativos de toda la lista”. Apuntaron también que varios aspectos de control fueron dejados fuera del acuerdo, o tomados como estudios “experimentales”, como en el caso de la contaminación atmosférica. De ser así, si hubiera alteraciones, servirían como antecedente pero no obligarían al Uruguay a aplicar ningún cambio al funcionamiento de la pastera.
“No aceptamos normativas aplicadas en regiones industrializadas”, sólo estándares “acordes con el ecosistema de espacios abiertos”, anunciaron al rechazar el tratado. Mientras desde la otra orilla desmienten que UPM haya volcado al río 74 kilos de mercurio, en Gualeguaychú denuncian que el monitoreo “no coincide con un patrón científico acorde con las modernas técnicas de seguimiento en la emisión de contaminantes”. Los asambleístas no quieren saber nada con los límites políticos del plan, y desconfían que el acuerdo entre ambos países termine de sanar el conflicto.
Fecha de Publicación: 20/12/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Entre Ríos
Los ambientalistas definieron su rechazo al monitoreo acordado por Argentina y Uruguay para controlar la planta de celulosa. Anunciaron que presentarán un recurso judicial para que se les “dé transparencia al proceso” y a los resultados.
Los asambleístas de Gualeguaychú no quedaron conformes con el plan de monitoreo conjunto acordado entre Argentina y Uruguay para el control de la pastera UPM-Botnia, ubicada a la vera del río compartido. Tras haberse tomado un tiempo para analizarlo, el equipo técnico de la Asamblea emitió un documento crítico en el que cuestionan los parámetros que serán usados para las mediciones y sus procedimientos, además de la ausencia de los controles adecuados. “Aceptar un mal monitoreo equivaldría a convalidar la continuidad de Botnia y de la contaminación ya evidente en el río Uruguay, poniendo en riesgo la salud de la población en la región”, concluyó la Asamblea. Además, advirtieron a Página/12 que presentarán un recurso ante la Justicia para que el Gobierno les “dé transparencia al proceso”, y a los resultados del monitoreo que recién se conocerían a fines de febrero.
Tras haber solicitado –sin éxito– una reunión con la delegación argentina del Comité Científico binacional para que les den detalles del monitoreo sobre UPM, los asambleístas hicieron su propia interpretación de los puntos del acuerdo. El equipo técnico de la organización, compuesto por médicos, bioquímicos y con el asesoramiento de los especialistas Marcelo Conti y Elías Mata, que participó de la primera etapa del reclamo argentino ante La Haya, elaboró un duro documento expresando su discrepancia con el modo en que se harán los controles. “Es inaceptable que la finalidad de los controles sea verificar que las evacuaciones de los efluentes de la Planta Orión (UPM) cumplan la normativa de la CARU y la normativa que Uruguay ha dispuesto en su jurisdicción”, expresaron. Denunciaron que el vecino país dispuso ese control en la “misma resolución ministerial” donde autorizó la instalación de la pastera en 2005.
“Todas las muestras serán tomadas por la Dinama, sin contralor de los expertos de la CARU, con excepción de las denominadas ‘visitas programadas’ del Comité Científico, cuyo número no está definido en el documento”, indicaron. A la vez, consideraron que “no resultan ni claros ni convincentes los ensayos químicos a realizar sobre los efluentes. Pretendemos que se informen valores medios representativos de toda la lista”. Apuntaron también que varios aspectos de control fueron dejados fuera del acuerdo, o tomados como estudios “experimentales”, como en el caso de la contaminación atmosférica. De ser así, si hubiera alteraciones, servirían como antecedente pero no obligarían al Uruguay a aplicar ningún cambio al funcionamiento de la pastera.
“No aceptamos normativas aplicadas en regiones industrializadas”, sólo estándares “acordes con el ecosistema de espacios abiertos”, anunciaron al rechazar el tratado. Mientras desde la otra orilla desmienten que UPM haya volcado al río 74 kilos de mercurio, en Gualeguaychú denuncian que el monitoreo “no coincide con un patrón científico acorde con las modernas técnicas de seguimiento en la emisión de contaminantes”. Los asambleístas no quieren saber nada con los límites políticos del plan, y desconfían que el acuerdo entre ambos países termine de sanar el conflicto.
Neuquén: avanza la fabrica de molinos
Avanza el proyecto para fabricar molinos generadores de energía
Fecha de Publicación: 19/12/2010
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Veinte ingenieros del INVAP se encargarán del desarrollo de esta iniciativa que es impulsada por el municipio de Cutral Co. Es parte del polo tecnológico. Cutral Co > Veinte ingenieros se dedicarán en 2011 al desarrollo del proyecto de aerogeneradores de alta potencia en el INVAP. Así se anunció el viernes en la visita que realizó el intendente Ramón Rioseco y los concejales de la localidad al edificio del INVAP en Bariloche.
INVAP firmará un convenio con el municipio de Cutral Co para desarrollar la fabricación de molinos generadores de energía en el predio del polo tecnológico. En el encuentro se definió que se desarrollará en simultáneo la fase 1 y la fase 2.
La primera etapa comprende la ingeniería de los molinos y la construcción de los prototipos mientras que la fase 2 es la construcción de una planta en el predio del polo tecnológico.
Según lo previsto, cuando estén disponibles las instalaciones para la fabricación también debería estar finalizado el proceso de homologación del aerogenerador de alta potencia.
Los otros dos proyectos ya en marcha son los aerogeneradores de baja y media potencia. En el primer caso se trata de un desarrollo avanzado ya que varios artefactos ya están instalados. Producen 4.5 kw de energía y se encuentran principalmente en zonas rurales.
Los de media potencia, de más de 20 kw, todavía están en proceso de desarrollo. En breve se comenzará con la construcción de un prototipo que será analizado por varios meses.
Según se afirmó en la fábrica de Cutral Co, dentro del polo tecnológico, se desarrollarán no sólo aerogeneradores de alta potencia sino también de baja y media potencia. Las torres que sostienen los molinos de mayor tamaño tendrán torres de premoldeados. Ello es porque el hormigón se genera con materias primas cercanas a la zona de Cutral Co y porque generaría puestos de trabajo en la zona. También es posible que se puedan comercializar las torres solas para empresas que no quieran importar el aerogenerador eólico de manera completa.
La visita concluyó con un almuerzo que compartió también el presidente de INVAP, Carlos Fernández.
Fecha de Publicación: 19/12/2010
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Veinte ingenieros del INVAP se encargarán del desarrollo de esta iniciativa que es impulsada por el municipio de Cutral Co. Es parte del polo tecnológico. Cutral Co > Veinte ingenieros se dedicarán en 2011 al desarrollo del proyecto de aerogeneradores de alta potencia en el INVAP. Así se anunció el viernes en la visita que realizó el intendente Ramón Rioseco y los concejales de la localidad al edificio del INVAP en Bariloche.
INVAP firmará un convenio con el municipio de Cutral Co para desarrollar la fabricación de molinos generadores de energía en el predio del polo tecnológico. En el encuentro se definió que se desarrollará en simultáneo la fase 1 y la fase 2.
La primera etapa comprende la ingeniería de los molinos y la construcción de los prototipos mientras que la fase 2 es la construcción de una planta en el predio del polo tecnológico.
Según lo previsto, cuando estén disponibles las instalaciones para la fabricación también debería estar finalizado el proceso de homologación del aerogenerador de alta potencia.
Los otros dos proyectos ya en marcha son los aerogeneradores de baja y media potencia. En el primer caso se trata de un desarrollo avanzado ya que varios artefactos ya están instalados. Producen 4.5 kw de energía y se encuentran principalmente en zonas rurales.
Los de media potencia, de más de 20 kw, todavía están en proceso de desarrollo. En breve se comenzará con la construcción de un prototipo que será analizado por varios meses.
Según se afirmó en la fábrica de Cutral Co, dentro del polo tecnológico, se desarrollarán no sólo aerogeneradores de alta potencia sino también de baja y media potencia. Las torres que sostienen los molinos de mayor tamaño tendrán torres de premoldeados. Ello es porque el hormigón se genera con materias primas cercanas a la zona de Cutral Co y porque generaría puestos de trabajo en la zona. También es posible que se puedan comercializar las torres solas para empresas que no quieran importar el aerogenerador eólico de manera completa.
La visita concluyó con un almuerzo que compartió también el presidente de INVAP, Carlos Fernández.
Entre Ríos: Denuncias de desmonte clandestino
Desmonte clandestino/ Más denuncias de incendios “por quema de residuales”
Fecha de Publicación: 19/12/2010
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
En Entre Ríos, “se constató que muchos incendios se produjeron por la quema de residuales que son producto de los desmontes en diferentes puntos de la provincia”, aseguró a AIM el secretario de Medio Ambiente, Fernando Raffo, quien apuntó que “se realizan controles periódicos que dependen del ministerio de la Producción”.
En diálogo con esta Agencia, Raffo indicó que “la realización de los controles acerca de la situación de los desmontes en la provincia depende del ministerio de la Producción” y recordó que este año “se lanzaron una serie de medidas para la preservación del monte nativo” que involucran a esa cartera.
En ese sentido, el secretario de medio ambiente de la provincia explicó a AIM que desde el organismo que encabeza “se constató que muchos de los incendios que ocurrieron estos meses se produjeron por la quema de residuales que son producto de los desmontes en diferentes puntos de la provincia” y agregó que “se trata de un delito que es factible de una multa”.
En cuanto a los controles, remarcó que “se debe hacer hincapié en el trabajo y las actividades de la división de Recursos Naturales” y recordó que “el ministerio de la Producción puso en marcha una resolución para hacer vuelos de control sobre las zonas en las que se efectúa la tala, mientras quien se encarga de apagar los incendios es Defensa Civil”.
Además, el funcionario expresó que “la secretaría de Medioambiente sigue trabajando en cuanto a la prevención de los incendios en la provincia, con un plan que se viene llevando adelante para buscar evitar que la problemática siga avanzando”. Sin embargo, reiteró que “esta temporada es crítica por la sequía y las condiciones meteorológicas”.
Equipo de guardaparques
La semana pasada, la cámara de Diputados provincial votó el proyecto de ley que establece la creación del equipo de guardaparques y pasó para su tratamiento al Senado, informó a AIM el legislador Horacio Flores (PJ, Uruguay) en aquella ocasión.
El equipo de guardaparques tendrá como misión la vigilancia de los recursos naturales existentes dentro de las superficies declaradas áreas protegidas, establecidas por la ley 8967.
Así, los encargados deberán controlar el estricto cumplimiento de toda normativa ambiental vigente, sobre todo en áreas naturales protegidas, caza, pesca y protección del monte nativo.
Las funciones de los guardaparques serán “proteger el ecosistema y las personas, y desempeñar con dignidad y eficiencia las tareas asignadas, en el marco de la planificación particular para cada área”.
El jefe de cuerpo deberá ser argentino nativo o naturalizado, mayor de 25 años y acreditar como mínimo seis seis de experiencia como guardaparque y tres afectado a tareas en áreas protegidas de la provincia. Además, tendrá que poseer título habilitante otorgado por instituciones provinciales o nacionales.
Fecha de Publicación: 19/12/2010
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
En Entre Ríos, “se constató que muchos incendios se produjeron por la quema de residuales que son producto de los desmontes en diferentes puntos de la provincia”, aseguró a AIM el secretario de Medio Ambiente, Fernando Raffo, quien apuntó que “se realizan controles periódicos que dependen del ministerio de la Producción”.
En diálogo con esta Agencia, Raffo indicó que “la realización de los controles acerca de la situación de los desmontes en la provincia depende del ministerio de la Producción” y recordó que este año “se lanzaron una serie de medidas para la preservación del monte nativo” que involucran a esa cartera.
En ese sentido, el secretario de medio ambiente de la provincia explicó a AIM que desde el organismo que encabeza “se constató que muchos de los incendios que ocurrieron estos meses se produjeron por la quema de residuales que son producto de los desmontes en diferentes puntos de la provincia” y agregó que “se trata de un delito que es factible de una multa”.
En cuanto a los controles, remarcó que “se debe hacer hincapié en el trabajo y las actividades de la división de Recursos Naturales” y recordó que “el ministerio de la Producción puso en marcha una resolución para hacer vuelos de control sobre las zonas en las que se efectúa la tala, mientras quien se encarga de apagar los incendios es Defensa Civil”.
Además, el funcionario expresó que “la secretaría de Medioambiente sigue trabajando en cuanto a la prevención de los incendios en la provincia, con un plan que se viene llevando adelante para buscar evitar que la problemática siga avanzando”. Sin embargo, reiteró que “esta temporada es crítica por la sequía y las condiciones meteorológicas”.
Equipo de guardaparques
La semana pasada, la cámara de Diputados provincial votó el proyecto de ley que establece la creación del equipo de guardaparques y pasó para su tratamiento al Senado, informó a AIM el legislador Horacio Flores (PJ, Uruguay) en aquella ocasión.
El equipo de guardaparques tendrá como misión la vigilancia de los recursos naturales existentes dentro de las superficies declaradas áreas protegidas, establecidas por la ley 8967.
Así, los encargados deberán controlar el estricto cumplimiento de toda normativa ambiental vigente, sobre todo en áreas naturales protegidas, caza, pesca y protección del monte nativo.
Las funciones de los guardaparques serán “proteger el ecosistema y las personas, y desempeñar con dignidad y eficiencia las tareas asignadas, en el marco de la planificación particular para cada área”.
El jefe de cuerpo deberá ser argentino nativo o naturalizado, mayor de 25 años y acreditar como mínimo seis seis de experiencia como guardaparque y tres afectado a tareas en áreas protegidas de la provincia. Además, tendrá que poseer título habilitante otorgado por instituciones provinciales o nacionales.
Barrick rompe acuerdo social minero
Barrick parada, adeuda a proveedores y rompe acuerdo social minero
Fecha de Publicación: 18/12/2010
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: San Juan
Es porque la multinacional Barrick Gold, acostumbrada a hacer lo que sus intereses privilegian, estaría adeudando más de cinco meses de pago a sus proveedores de servicios para Pascua Lama. Cansados de reclamar, las empresas locales estarían analizando realizar presentaciones judiciales contra Barrick. Cerca de 1500 trabajadores de las empresas de servicios mineros ven peligrar sus fuentes de trabajo.
Un sindicalista declaró en una radio local que la minería está frenada y no hay trabajo en su sector. La semana pasada la Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, junto a gobernadores, representantes de las empresas mineras, sindicatos, ministros, funcionaros, encabezaba el acto de la firma del Acuerdo Nacional de Promoción del Diálogo Social en la Industria Minera, que definió como "una apuesta muy importante" hacia la "sustentabilidad del crecimiento y la competitividad de la economía". Sin embargo, a pocos días de ese acto en la Casa Rosada, se conoce la noticia de que la empresa Barrick Gold estaría adeudando pagos por un monto importante, a unas 10 o 15 empresas que prestan diversos servicios para Pascua Lama.
El Tribuna Digital, pudo saber de boca de un representante legal de una de esas empresas, que sufre un atraso de pago importante y es por eso que están analizando las acciones judiciales para reclamar lo adeudado. "El problema es que las empresas están atadas con esto de la minería" dijo el profesional quien pidió reserva.
Serian entre 10 o 20 las empresas ligadas a servicios mineros que tiene problema para cobrar desde hace más de cinco meses. También unas 1.500 personas ligadas a estas empresas se verían afectadas y según fuentes confiables "las empresas no aseguran pagar los meses de enero y febrero" y adelantaron que "Barrick a roto el acuerdo que firmó, a traves del Consejo Argentino Empresario Minero (CAEM), con el gobierno nacional por lo tanto nosotros no vamos a respetar el acuerdo sino lo hace la empresa".
Algunas empresas de servicios mineros habrían informado a sus trabajaodores que "ante el incumplimiento de la empresa nos es imposible mantener las fuente laborales" y agregaron que algunas de ellas hacen siete meses que les abonan el servicio que brindan a Barrick.
Esta actitud de la empresa canadiense rompe con el compromiso que asumió el sector la semana pasada con el gobierno nacional y se repite lo que ocurrió en Perú donde aún existe un reclamo del gobierno por la deuda de casi 400 millones de dólares en concepto de IVA.
Por otra parte, en la última jornada legislativa de la Cámara de Diputados se aprobará el reglamento que le quita poderes al Tribunal de Cuenta y le abre el camino a la empresa para que liquide un porcentaje menor de regalías mineras. El organismo de controlar cuestiona la forma de liquidar el 3 por ciento y aseguró que de persistir el sistema que el gobierno y la empresa apoyan de liquidación de las regalías, las pérdidas serían varias veces millonarias.
Barrick vuelve a desafiar al gobierno nacional y tras presionar para que gremios y el gobierno provincial impulsen una medida judicial para que se declare inconstitucional la ley de protección de glaciares , ahoga a las empresas provinciales de servicios minero desde hace 7 meses.
Sindicalista reconoce que la minería está frenada
Se trata del titular del sindicato de camioneros y segundo de la CGT, Enrique Castro. En declaraciones a Radio Colón durante una entrevista, Castro manifestó que "hay serios problemas laborales en el sector" aduciendo la paralización de Pascua Lama. "Hay un freno en el sector minero y esto está paralizando la demanda laboral de camiones y por ende de choferes" dijo Castro.
De esta manera, se derrumban las campañas comunicacionales que llevan adelante los sectores ligados a la actividad que pregonan el desarrollo que significa o que ha significado la minería. El fuerte ejercicio de una prensa adicta y al servicio de unos pocos pesos de las empresas mineras hace que estos niveles de conflictos reales no salgan a la luz. Mientas hace pocos días, en San Juan festejaban que el diario Clarín se haya hecho eco de un derecho a réplica por cuestionar la actividad, la realidad le terminan dando la razón al matutino opositor.
Fecha de Publicación: 18/12/2010
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: San Juan
Es porque la multinacional Barrick Gold, acostumbrada a hacer lo que sus intereses privilegian, estaría adeudando más de cinco meses de pago a sus proveedores de servicios para Pascua Lama. Cansados de reclamar, las empresas locales estarían analizando realizar presentaciones judiciales contra Barrick. Cerca de 1500 trabajadores de las empresas de servicios mineros ven peligrar sus fuentes de trabajo.
Un sindicalista declaró en una radio local que la minería está frenada y no hay trabajo en su sector. La semana pasada la Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, junto a gobernadores, representantes de las empresas mineras, sindicatos, ministros, funcionaros, encabezaba el acto de la firma del Acuerdo Nacional de Promoción del Diálogo Social en la Industria Minera, que definió como "una apuesta muy importante" hacia la "sustentabilidad del crecimiento y la competitividad de la economía". Sin embargo, a pocos días de ese acto en la Casa Rosada, se conoce la noticia de que la empresa Barrick Gold estaría adeudando pagos por un monto importante, a unas 10 o 15 empresas que prestan diversos servicios para Pascua Lama.
El Tribuna Digital, pudo saber de boca de un representante legal de una de esas empresas, que sufre un atraso de pago importante y es por eso que están analizando las acciones judiciales para reclamar lo adeudado. "El problema es que las empresas están atadas con esto de la minería" dijo el profesional quien pidió reserva.
Serian entre 10 o 20 las empresas ligadas a servicios mineros que tiene problema para cobrar desde hace más de cinco meses. También unas 1.500 personas ligadas a estas empresas se verían afectadas y según fuentes confiables "las empresas no aseguran pagar los meses de enero y febrero" y adelantaron que "Barrick a roto el acuerdo que firmó, a traves del Consejo Argentino Empresario Minero (CAEM), con el gobierno nacional por lo tanto nosotros no vamos a respetar el acuerdo sino lo hace la empresa".
Algunas empresas de servicios mineros habrían informado a sus trabajaodores que "ante el incumplimiento de la empresa nos es imposible mantener las fuente laborales" y agregaron que algunas de ellas hacen siete meses que les abonan el servicio que brindan a Barrick.
Esta actitud de la empresa canadiense rompe con el compromiso que asumió el sector la semana pasada con el gobierno nacional y se repite lo que ocurrió en Perú donde aún existe un reclamo del gobierno por la deuda de casi 400 millones de dólares en concepto de IVA.
Por otra parte, en la última jornada legislativa de la Cámara de Diputados se aprobará el reglamento que le quita poderes al Tribunal de Cuenta y le abre el camino a la empresa para que liquide un porcentaje menor de regalías mineras. El organismo de controlar cuestiona la forma de liquidar el 3 por ciento y aseguró que de persistir el sistema que el gobierno y la empresa apoyan de liquidación de las regalías, las pérdidas serían varias veces millonarias.
Barrick vuelve a desafiar al gobierno nacional y tras presionar para que gremios y el gobierno provincial impulsen una medida judicial para que se declare inconstitucional la ley de protección de glaciares , ahoga a las empresas provinciales de servicios minero desde hace 7 meses.
Sindicalista reconoce que la minería está frenada
Se trata del titular del sindicato de camioneros y segundo de la CGT, Enrique Castro. En declaraciones a Radio Colón durante una entrevista, Castro manifestó que "hay serios problemas laborales en el sector" aduciendo la paralización de Pascua Lama. "Hay un freno en el sector minero y esto está paralizando la demanda laboral de camiones y por ende de choferes" dijo Castro.
De esta manera, se derrumban las campañas comunicacionales que llevan adelante los sectores ligados a la actividad que pregonan el desarrollo que significa o que ha significado la minería. El fuerte ejercicio de una prensa adicta y al servicio de unos pocos pesos de las empresas mineras hace que estos niveles de conflictos reales no salgan a la luz. Mientas hace pocos días, en San Juan festejaban que el diario Clarín se haya hecho eco de un derecho a réplica por cuestionar la actividad, la realidad le terminan dando la razón al matutino opositor.
Cuestionaron el proyecto de extracción de potasio
Cuestionaron el proyecto de extracción de potasio
Fecha de Publicación: 18/12/2010
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Mendoza - Neuquén
Vecinos de Rincón afirman que la traza del ferrocarril que transportará el mineral afectará el desarrollo urbanístico.
Además, criticaron que se utilizará un 75% de mano de obra de Mendoza, cuando Rincón está a sólo 60 kilómetros del yacimiento y Malargüe, a unos 200.
El desarrollo minero de extracción de sales de potasio a partir de la radicación de la empresa Vale, a unos 60 kilómetros de la localidad, y la construcción de una línea férrea generan preocupación en esta ciudad.
La utilización de grandes volúmenes de agua extraídas del río Colorado, los depósitos de sal que se formarán con la extracción del potasio, la ruptura de bardas multicolor a metros de la zona de urbanización y la aceptación de la empresa minera a la ley Compre Mendocino son las principales cuestiones que generan resistencia en esta comunidad.
Durante una reunión realizada el pasado jueves entre representantes de la minera y referentes de instituciones locales y vecinos se agudizaron los planteos que cuestionaron la traza del proyecto de ferrocarril que modificará la naturaleza agreste del paisaje, destruyendo parte de autódromo local y afectando el desarrollo urbanístico de la nueva zona de expansión.
“Hay un proyecto que tiene muchos años y es realizar un museo de sitio en la zona donde está planificada la traza del ferrocarril que se pretende construir”, aseguró uno de los referentes de la Cámara de Comercio.
Desde el Centro de Jubilados de la ciudad también se preguntaron abiertamente “qué es lo que queda para Rincón de este proyecto”. “Un tren carguero que tendrá unos 20 operarios que harán el acondicionamiento de la vía”, se contestaron con resignación.
Desde la empresa aseguraron que “trabajan con el municipio y con provincia para lograr la autorización” que otorgue vía libre al desarrollo del proyecto y que “la empresa está haciendo aportes de compromiso social empresarial en todas las localidades por donde se pretende atravesar con el proyecto”.
La mano de obra mendocina
La utilización del 75 por ciento de mano de obra y contratación de empresas mendocinas también genera polémica, debido a que el yacimiento se encuentra a unos 200 kilómetros de la ciudad de Malargüe y a tan sólo 60 kilómetros de Rincón de los Sauces, siendo ésta la ciudad con mayor proximidad al lugar, donde se pretende albergar a 3.500 trabajadores vivirán en el yacimiento durante el diagrama de trabajo.
“Queremos igualdad de oportunidades para los jóvenes de Rincón y Neuquén, vemos que es injusto que hayan aceptado la cláusula de Compre Mendocino y queremos que haya una equidad en este sentido”, manifestó uno de los vecinos que participó de la reunión.
Fecha de Publicación: 18/12/2010
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Mendoza - Neuquén
Vecinos de Rincón afirman que la traza del ferrocarril que transportará el mineral afectará el desarrollo urbanístico.
Además, criticaron que se utilizará un 75% de mano de obra de Mendoza, cuando Rincón está a sólo 60 kilómetros del yacimiento y Malargüe, a unos 200.
El desarrollo minero de extracción de sales de potasio a partir de la radicación de la empresa Vale, a unos 60 kilómetros de la localidad, y la construcción de una línea férrea generan preocupación en esta ciudad.
La utilización de grandes volúmenes de agua extraídas del río Colorado, los depósitos de sal que se formarán con la extracción del potasio, la ruptura de bardas multicolor a metros de la zona de urbanización y la aceptación de la empresa minera a la ley Compre Mendocino son las principales cuestiones que generan resistencia en esta comunidad.
Durante una reunión realizada el pasado jueves entre representantes de la minera y referentes de instituciones locales y vecinos se agudizaron los planteos que cuestionaron la traza del proyecto de ferrocarril que modificará la naturaleza agreste del paisaje, destruyendo parte de autódromo local y afectando el desarrollo urbanístico de la nueva zona de expansión.
“Hay un proyecto que tiene muchos años y es realizar un museo de sitio en la zona donde está planificada la traza del ferrocarril que se pretende construir”, aseguró uno de los referentes de la Cámara de Comercio.
Desde el Centro de Jubilados de la ciudad también se preguntaron abiertamente “qué es lo que queda para Rincón de este proyecto”. “Un tren carguero que tendrá unos 20 operarios que harán el acondicionamiento de la vía”, se contestaron con resignación.
Desde la empresa aseguraron que “trabajan con el municipio y con provincia para lograr la autorización” que otorgue vía libre al desarrollo del proyecto y que “la empresa está haciendo aportes de compromiso social empresarial en todas las localidades por donde se pretende atravesar con el proyecto”.
La mano de obra mendocina
La utilización del 75 por ciento de mano de obra y contratación de empresas mendocinas también genera polémica, debido a que el yacimiento se encuentra a unos 200 kilómetros de la ciudad de Malargüe y a tan sólo 60 kilómetros de Rincón de los Sauces, siendo ésta la ciudad con mayor proximidad al lugar, donde se pretende albergar a 3.500 trabajadores vivirán en el yacimiento durante el diagrama de trabajo.
“Queremos igualdad de oportunidades para los jóvenes de Rincón y Neuquén, vemos que es injusto que hayan aceptado la cláusula de Compre Mendocino y queremos que haya una equidad en este sentido”, manifestó uno de los vecinos que participó de la reunión.
Regulan basura electrónica en Buenos Aires
Regulan basura electrónica
Fecha de Publicación: 17/12/2010
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
La cámara de Senadores aprobó y giró a Diputados un proyecto de Ley que apunta a minimizar la generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. La iniciativa surgió de la unificación de los proyectos presentados en esa línea por los senadores Luis Malagamba, José Zingoni (GEN) y Santiago Nardelli (FpV). La propuesta asigna a la industria la responsabilidad de financiar la gestión ambiental de los productos por ella puesta en el mercado.
Por otro lado, la cámara Alta aprobó un proyecto de Ley de Desarrollo Rural Sostenible, que ahora deberá ser discutido por la cámara Baja. La iniciativa, del senador del GEN Roberto Molini, prevé un presupuesto participativo, plurianual y co-financiado por los municipios y en parte por los mismos productores de la región y estipula “Convenios de Colaboración entre la provincia y municipios”.
En tanto, el Senado también aprobó un proyecto de ley a través del cuál se declara al Padre Carlos Cajade, Ciudadano Ilustre Post Mortem de la Provincia. La iniciativa, que tuvo el respaldo de todos los bloques parlamentarios, fue presentada por el senador Antonio Nieto (FpV/PJ), quien en los fundamentos del mismo se refirió a Cajade como “uno de los tantos prohombres que ha dado esta bendecida tierra bonaerense a lo largo de su historia”.
Fecha de Publicación: 17/12/2010
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
La cámara de Senadores aprobó y giró a Diputados un proyecto de Ley que apunta a minimizar la generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. La iniciativa surgió de la unificación de los proyectos presentados en esa línea por los senadores Luis Malagamba, José Zingoni (GEN) y Santiago Nardelli (FpV). La propuesta asigna a la industria la responsabilidad de financiar la gestión ambiental de los productos por ella puesta en el mercado.
Por otro lado, la cámara Alta aprobó un proyecto de Ley de Desarrollo Rural Sostenible, que ahora deberá ser discutido por la cámara Baja. La iniciativa, del senador del GEN Roberto Molini, prevé un presupuesto participativo, plurianual y co-financiado por los municipios y en parte por los mismos productores de la región y estipula “Convenios de Colaboración entre la provincia y municipios”.
En tanto, el Senado también aprobó un proyecto de ley a través del cuál se declara al Padre Carlos Cajade, Ciudadano Ilustre Post Mortem de la Provincia. La iniciativa, que tuvo el respaldo de todos los bloques parlamentarios, fue presentada por el senador Antonio Nieto (FpV/PJ), quien en los fundamentos del mismo se refirió a Cajade como “uno de los tantos prohombres que ha dado esta bendecida tierra bonaerense a lo largo de su historia”.
Un nuevo paso para salvar al yaguareté
Un nuevo paso para salvar al yaguareté
Fecha de Publicación: 16/12/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Corrientes
Planean reintroducirlo en una zona del Iberá, en Corrientes. Allí, las crías crecerán sin contacto humano. En el país quedan menos de 150 ejemplares.
Hace dos siglos, el yaguareté vivía en gran parte del país, hasta el río Negro, y cazaba entre los altos pastizales de la pampa húmeda. Hoy quedan menos de 150 ejemplares en estado salvaje , lo que justifica el ambicioso proyecto encarado por la Fundación CLT para reintroducir al felino en Corrientes, específicamente en el Iberá .
En esa provincia, el último ejemplar fue visto y muerto en 1953 . Al igual que en el resto del país, las poblaciones fueron extinguiéndose a causa de la caza y de la desaparición de su hábitat, reemplazado por la ganadería y la agricultura.
Parte esencial de la cultura del norte argentino –su nombre tiene origen guaraní–, aparece como protagonista de numerosas leyendas, cuentos y canciones. Sin embargo, han sido los mitos negativos los que contribuyeron a diezmarlo: la creencia de que ataca a las personas –cuando en los últimos 50 años no causó ninguna muerte –; y el temor de que mate al ganado, algo que sí es factible, pero también evitable.
Los estudiosos de este gran carnívoro están convencidos de que la reserva Rincón del Socorro, de CLT, contigua a la Reserva Natural Iberá, es el lugar ideal para iniciar su reintroducción, una experiencia que no tiene antecedentes para esta especie en Sudamérica ni en América Central. “Hay mucho hábitat, con muchas presas : son entre 300.000 y 400.000 hectáreas sin ganado, y donde vive muy poca gente”, resume Ignacio Jiménez Pérez, coordinador del Programa de Recuperación de Especies Amenazadas en Iberá para CLT.
“Iberá es perfecto, porque se han creado grandes áreas de reservas, donde hay pocas situaciones conflictivas ”, coincide el investigador del Conicet Mario Di Bitetti, uno de los principales especialistas del mundo en esta especie. Allí se alimentaría de carpinchos, ciervos de los pantanos, guasunchos y yacarés, ya que es uno de los pocos felinos acuáticos. Será beneficioso para la fauna, sostiene el biólogo, ya que hay superpoblación de carpinchos, y el yaguareté preda sobre todo los animales enfermos y débiles.
“El conflicto es más simbólico que real”, sostiene Jiménez Pérez. El año próximo se trabajará con intensidad para convocar a los mayores expertos nacionales e internacionales, para diseñar este proyecto que, admite, llevará como mínimo diez años . Una encuesta mostró una altísima predisposición favorable de la población local a tener al gran felino viviendo en Corrientes.
Jiménez Pérez –quien ya ha dirigido la exitosa reintroducción en Iberá de osos hormigueros gigantes y venados de las pampas–, estuvo este año en Sudáfrica, estudiando experiencias similares. “Allí, los estancieros están pidiendo que saquen el cerco a los parques nacionales, porque les resulta mejor negocio poner un hotel y organizar excursiones, que criar ganado”.
Los yaguaretés a ser reintroducidos no serán los cautivos –al menos 36 en el país–, sino las crías. Se espera el aporte de los zoos para ir soltando a una pareja o a una hembra preñada en un corral de caza de 10 a 20 hectáreas, en su futuro hábitat. “El instinto de caza es muy fuerte en los grandes carnívoros: se les larga presas pequeñas, no se les da de comer todos los días, y pronto aprenden a cazar –cuenta Jiménez Pérez–. Luego, la madre enseñará a las crías”.
Éstas crecerán monitoreadas de cerca, pero sin contacto con personas. Al llegar a la adultez, los animales serán trasladados a corrales más pequeños, ya en el área definitiva, para retirar las cercas cuando estén listos para su liberación completa. La intención es comenzar con hembras y usarlas como “ancla”, ya que su territorio de campeo es menor que el de los machos, lo que reducirá la probabilidad de conflictos. De todos modos, se espera consensuar con las autoridades un mecanismo ágil para resarcir por eventuales pérdidas de ganado.
A largo plazo, los yaguaretés nacidos en libertad dispondrán de 1,3 millón de hectáreas de toda la Reserva Natural Iberá, “donde ya hay algo de ganado, pero muy poca gente. No es una locura –subraya Jiménez Pérez–: al ver lo hecho en otros países, uno ve que es posible”.
Fecha de Publicación: 16/12/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Corrientes
Planean reintroducirlo en una zona del Iberá, en Corrientes. Allí, las crías crecerán sin contacto humano. En el país quedan menos de 150 ejemplares.
Hace dos siglos, el yaguareté vivía en gran parte del país, hasta el río Negro, y cazaba entre los altos pastizales de la pampa húmeda. Hoy quedan menos de 150 ejemplares en estado salvaje , lo que justifica el ambicioso proyecto encarado por la Fundación CLT para reintroducir al felino en Corrientes, específicamente en el Iberá .
En esa provincia, el último ejemplar fue visto y muerto en 1953 . Al igual que en el resto del país, las poblaciones fueron extinguiéndose a causa de la caza y de la desaparición de su hábitat, reemplazado por la ganadería y la agricultura.
Parte esencial de la cultura del norte argentino –su nombre tiene origen guaraní–, aparece como protagonista de numerosas leyendas, cuentos y canciones. Sin embargo, han sido los mitos negativos los que contribuyeron a diezmarlo: la creencia de que ataca a las personas –cuando en los últimos 50 años no causó ninguna muerte –; y el temor de que mate al ganado, algo que sí es factible, pero también evitable.
Los estudiosos de este gran carnívoro están convencidos de que la reserva Rincón del Socorro, de CLT, contigua a la Reserva Natural Iberá, es el lugar ideal para iniciar su reintroducción, una experiencia que no tiene antecedentes para esta especie en Sudamérica ni en América Central. “Hay mucho hábitat, con muchas presas : son entre 300.000 y 400.000 hectáreas sin ganado, y donde vive muy poca gente”, resume Ignacio Jiménez Pérez, coordinador del Programa de Recuperación de Especies Amenazadas en Iberá para CLT.
“Iberá es perfecto, porque se han creado grandes áreas de reservas, donde hay pocas situaciones conflictivas ”, coincide el investigador del Conicet Mario Di Bitetti, uno de los principales especialistas del mundo en esta especie. Allí se alimentaría de carpinchos, ciervos de los pantanos, guasunchos y yacarés, ya que es uno de los pocos felinos acuáticos. Será beneficioso para la fauna, sostiene el biólogo, ya que hay superpoblación de carpinchos, y el yaguareté preda sobre todo los animales enfermos y débiles.
“El conflicto es más simbólico que real”, sostiene Jiménez Pérez. El año próximo se trabajará con intensidad para convocar a los mayores expertos nacionales e internacionales, para diseñar este proyecto que, admite, llevará como mínimo diez años . Una encuesta mostró una altísima predisposición favorable de la población local a tener al gran felino viviendo en Corrientes.
Jiménez Pérez –quien ya ha dirigido la exitosa reintroducción en Iberá de osos hormigueros gigantes y venados de las pampas–, estuvo este año en Sudáfrica, estudiando experiencias similares. “Allí, los estancieros están pidiendo que saquen el cerco a los parques nacionales, porque les resulta mejor negocio poner un hotel y organizar excursiones, que criar ganado”.
Los yaguaretés a ser reintroducidos no serán los cautivos –al menos 36 en el país–, sino las crías. Se espera el aporte de los zoos para ir soltando a una pareja o a una hembra preñada en un corral de caza de 10 a 20 hectáreas, en su futuro hábitat. “El instinto de caza es muy fuerte en los grandes carnívoros: se les larga presas pequeñas, no se les da de comer todos los días, y pronto aprenden a cazar –cuenta Jiménez Pérez–. Luego, la madre enseñará a las crías”.
Éstas crecerán monitoreadas de cerca, pero sin contacto con personas. Al llegar a la adultez, los animales serán trasladados a corrales más pequeños, ya en el área definitiva, para retirar las cercas cuando estén listos para su liberación completa. La intención es comenzar con hembras y usarlas como “ancla”, ya que su territorio de campeo es menor que el de los machos, lo que reducirá la probabilidad de conflictos. De todos modos, se espera consensuar con las autoridades un mecanismo ágil para resarcir por eventuales pérdidas de ganado.
A largo plazo, los yaguaretés nacidos en libertad dispondrán de 1,3 millón de hectáreas de toda la Reserva Natural Iberá, “donde ya hay algo de ganado, pero muy poca gente. No es una locura –subraya Jiménez Pérez–: al ver lo hecho en otros países, uno ve que es posible”.
No se podrá reabrir mina de uranio
Corte Suprema dispone que no se podrá reabrir mina de uranio
Fecha de Publicación: 16/12/2010
Fuente: Funam / No a la Mina
Provincia/Región: Mendoza
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso de queja que había interpuesto la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) contra la decisión de un Juez Federal de primera instancia, el Dr. Héctor Raúl Acosta. El Juez le había ordenado a CNEA "abstenerse" de iniciar cualquier explotación productiva en el complejo minero fabril de Sierra Pintada, en San Rafael (Mendoza).
La medida fue dictada en el marco de la acción de amparo interpuesta por dos vecinos de San Rafael, Gabriel Arenas y María Graciela Bitar, con el patrocinio de los Abogados Andrés Gil Domínguez y Paulina Martínez y el asesoramiento técnico del Dr. Raúl Montenegro.
CNEA pretendía reabrir la mina mientras se hacía la remediación. Ahora, por decisión de la Corte, no podrá hacerlo. Antes deberá remediar los descalabros ambientales que produjo en Sierra Pintada.
El Dr. Raúl Montenegro, presidente de FUNAM y Premio Nóbel Alternativo, sostuvo que esta decisión "es trascendente porque coloca en primer lugar la necesidad de remediar la mina y no la intención de CNEA de reabrir la explotación".
Agregó que Sierra Pintada "es un cóctel de fuentes contaminantes" y que CNEA "sembró el país de minas sin remediar".
La Multisectorial del Sur de San Rafael indicó que este fallo de la Corte Suprema de Justicia "es un triunfo del Principio de Precaución".
San Rafael, Córdoba y Buenos Aires (Argentina), 16 de diciembre de 2010.- La Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM) informó que por decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "CNEA no podrá reabrir la mina de uranio de Sierra Pintada de San Rafael, Mendoza" y calificó el hecho de "contundente éxito judicial".
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso de queja que había interpuesto la CNEA contra la decisión de un Juez Federal de primera instancia, el Dr. Héctor Raúl Acosta. El Juez le había ordenado a CNEA "abstenerse" de iniciar cualquier explotación productiva en el complejo minero fabril de Sierra Pintada, en San Rafael (Mendoza).
La medida fue dictada en el marco de la acción de amparo interpuesta por dos vecinos de San Rafael, Gabriel Arenas y María Graciela Bitar, con el patrocinio de los Abogados Andrés Gil Domínguez y Paulina Martínez. Ambos trabajaron desde la Multisectorial del Sur, de San Rafael, institución pionera en denunciar el impacto ambiental de la mina y exigir el tratamiento de sus pasivos ambientales.
CNEA "pretendía reabrir la mina y remediar al mismo tiempo menos del 4% de todo el uranio contenido en los residuos. Ahora, por decisión de la Corte, no puede iniciar actividades productivas hasta tanto no remedie en forma total los descalabros ambientales que produjo en Sierra Pintada", informó la Fundación para la defensa del ambiente.
El Dr. Raúl Montenegro, presidente de FUNAM y Premio Nóbel Alternativo, que elaboró los informes técnicos usados en las presentaciones judiciales, sostuvo que la decisión de la Corte Suprema de Justicia "es trascendente por que coloca en primer lugar la necesidad de remediar la mina, y no la intención de CNEA de reabrir la explotación".
Agregó que Sierra Pintada "es un cóctel de fuentes contaminantes" y que CNEA "sembró el país de minas sin remediar".
Tras la decisión de la Corte Suprema, los abogados patrocinantes –Andrés Gil Domínguez y Paulina Martínez- coincidieron en señalar que el fallo "es muy importante respecto de la protección eficaz del ambiente y la protección de las generaciones futuras. Hasta tanto la CNEA no remedie la totalidad de los pasivos ambientales y esto sea homologado judicialmente no podrá reabrir Sierra Pintada. Esto implica una aplicación razonable del principio precautorio en torno al daño ambiental verificado".
Alejandro Beletzky, reconocido ambientalista y comunicador social de la Patagonia, consideró que el fallo de la Corte Suprema de Justicia "sienta un precedente muy importante para Argentina. Ahora los pobladores de todos los lugares afectados por minas de uranio pueden exigir la remediación completa y total, no solamente las remediaciones mezquinas y parciales que propone CNEA".
FUNAM indicó que esta decisión de la Corte "es un homenaje póstumo para Beatriz Gómez Carmona, la otra vecina de San Rafael que luchó incansablemente contra la reapertura de Sierra Pintada, y que también presentó una acción de amparo contra la remediación parcial de la mina". La acción interpuesta por Beatriz Gómez Carmona fue patrocinada por los Abogados Paulina Martínez y Andrés Gil Domínguez con el asesoramiento técnico del Dr. Raúl Montenegro. Al igual que en el caso Arenas-Bitar la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Mendoza confirmó en febrero del año 2009 la medida cautelar dispuesta por el juez de primera instancia Dr. Héctor Raúl Acosta.
Uranio sin control en Sierra Pintada y otras minas que operó CNEA
El Dr. Raúl Montenegro indicó que la situación ambiental de Sierra Pintada "es lamentable" y que en la mina se acumulan "mas de 870.000 metros cúbicos de agua de cantera con 3.749 kilogramos de uranio; 5.223 tambores con residuos que tienen 14.249 kilogramos de uranio; más de 1.700.000 toneladas de colas de mina con 306.720 kilogramos de uranio; más de 370.000 toneladas de mineral marginal con 110.636 kg de uranio; más de 320.000 toneladas de precipitados sólidos con 47.379 kilogramos de uranio y casi 10.000.000 de toneladas de residuos estériles con 1.900 kilogramos de uranio. Esto suma unas 477 toneladas de uranio residual, una cifra que debe ser mucho mayor".
Agregó que además del uranio "estos residuos contienen todos sus derivados radiactivos, entre ellos radón 222, radio 226 y plomo 210. Es un cóctel de materiales radiactivos naturales que fueron artificialmente concentrados durante años".
Tras calificar el caso de Sierra Pintada como "testigo" recordó que en Argentina "CNEA dejó sin remediar prácticamente todas las minas que operaron bajo su responsabilidad, entre ellas Huemul en Mendoza, Pichiñán en Chubut, Los Gigantes en Córdoba, La Estela en San Luis, Tonco en Salta y Los Colorados en La Rioja. Solo ha comenzado una cuestionada remediación en Malargüe, Mendoza".
"En Córdoba no solamente está sin remediar la mina de Los Gigantes, sino también el depósito de residuos de uranio de Dioxitek, planta localizada en uno de los barrios más densamente poblados de la ciudad capital. Allí se depositan, sin membranas, más de 57.000 toneladas de residuos de uranio", indicó Montenegro.
"Todos debemos asumir que con la concentración de materiales radiactivos no se juega. A nivel de radiactividad no hay ningún límite seguro", remarcó.
Datos preocupantes para San Rafael y Córdoba
"Sierra Pintada es una reconocida fuente de contaminación. Aun cerrada, sus residuos contaminan el agua superficial y subterránea. Mientras el río Diamante en Mendoza tiene un promedio de1,4 microgramos de uranio por litro, con un máximo de 3,5 microgramos por litro, el arroyo Tigre, aguas abajo de la mina de Sierra Pintada, tiene un promedio de 10,9 microgramos por litro y un máximo de 75 microgramos por litro. Recordemos que la Ley Nacional de Residuos Peligrosos 24.051 y la propia legislación minera establecen que la cantidad de uranio en las aguas de riego no debe superar los 10 microgramos por litro. En el arroyo Tigre su cantidad de uranio está más de 7 veces por encima de lo permitido", indicó Montenegro.
Agregó que en la mina de uranio de Los Gigantes en Córdoba la propia CNEA midió aguas abajo de la mina "hasta 34,4 microgramos de uranio por litro, y hasta 92 microgramos de uranio por litro en el agua subterránea. Mientras tanto la propia CNEA y el gobierno de Córdoba miran para otro lado. El fallo de la Corte Suprema es un soplo de aire fresco y un duro llamado de atención para la Comisión Nacional de Energía Atómica".
Triunfo del principio de precaución
La Multisectorial del Sur de San Rafael indicó que este fallo de la Corte Suprema de Justicia "es un triunfo del Principio de Precaución".
La institución recordó que la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones con asiento en la ciudad de Mendoza "cuando confirmó en febrero del año 2009 la medida cautelar dispuesta por el juez de primera instancia Dr. Héctor Raúl Acosta fundó su decisión en el Principio de Precaución". Al ratificar lo actuado por el Juez de Primera Instancia la Cámara de Apelaciones de Mendoza había indicado:
"Cuando se tiene la incertidumbre acerca de los impactos negativos de una determinada actividad sobre el medio ambiente o salud, en vez de asumir que las actividades humanas pueden continuar hasta que se tenga clara evidencia de que son perjudiciales, este principio apoya acciones que buscan evitar y prever daños ambientales por anticipado" [1].
"Al rechazar la queja presentada por CNEA, la Corte Suprema de Justicia de la Nación coloca definitivamente las cosas en su lugar. Privilegió el ambiente y la salud de las personas, y reforzó la plena vigencia del Principio de Precaución".
Referencias:
[1] Sala B de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Mendoza. Magistrados actuantes en la sentencia del caso iniciado por Gabriel Arenas y María Graciela Bitar: Luis Francisco Miret, Carlos M. Pereyra Gonzalez y Antonio Alberto Endeiza. En la sentencia del caso que inició Beatriz Gómez Carmona, el Magistrado Luis Francisco Miret estaba de licencia (febrero de 2009).
Fecha de Publicación: 16/12/2010
Fuente: Funam / No a la Mina
Provincia/Región: Mendoza
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso de queja que había interpuesto la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) contra la decisión de un Juez Federal de primera instancia, el Dr. Héctor Raúl Acosta. El Juez le había ordenado a CNEA "abstenerse" de iniciar cualquier explotación productiva en el complejo minero fabril de Sierra Pintada, en San Rafael (Mendoza).
La medida fue dictada en el marco de la acción de amparo interpuesta por dos vecinos de San Rafael, Gabriel Arenas y María Graciela Bitar, con el patrocinio de los Abogados Andrés Gil Domínguez y Paulina Martínez y el asesoramiento técnico del Dr. Raúl Montenegro.
CNEA pretendía reabrir la mina mientras se hacía la remediación. Ahora, por decisión de la Corte, no podrá hacerlo. Antes deberá remediar los descalabros ambientales que produjo en Sierra Pintada.
El Dr. Raúl Montenegro, presidente de FUNAM y Premio Nóbel Alternativo, sostuvo que esta decisión "es trascendente porque coloca en primer lugar la necesidad de remediar la mina y no la intención de CNEA de reabrir la explotación".
Agregó que Sierra Pintada "es un cóctel de fuentes contaminantes" y que CNEA "sembró el país de minas sin remediar".
La Multisectorial del Sur de San Rafael indicó que este fallo de la Corte Suprema de Justicia "es un triunfo del Principio de Precaución".
San Rafael, Córdoba y Buenos Aires (Argentina), 16 de diciembre de 2010.- La Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM) informó que por decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "CNEA no podrá reabrir la mina de uranio de Sierra Pintada de San Rafael, Mendoza" y calificó el hecho de "contundente éxito judicial".
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso de queja que había interpuesto la CNEA contra la decisión de un Juez Federal de primera instancia, el Dr. Héctor Raúl Acosta. El Juez le había ordenado a CNEA "abstenerse" de iniciar cualquier explotación productiva en el complejo minero fabril de Sierra Pintada, en San Rafael (Mendoza).
La medida fue dictada en el marco de la acción de amparo interpuesta por dos vecinos de San Rafael, Gabriel Arenas y María Graciela Bitar, con el patrocinio de los Abogados Andrés Gil Domínguez y Paulina Martínez. Ambos trabajaron desde la Multisectorial del Sur, de San Rafael, institución pionera en denunciar el impacto ambiental de la mina y exigir el tratamiento de sus pasivos ambientales.
CNEA "pretendía reabrir la mina y remediar al mismo tiempo menos del 4% de todo el uranio contenido en los residuos. Ahora, por decisión de la Corte, no puede iniciar actividades productivas hasta tanto no remedie en forma total los descalabros ambientales que produjo en Sierra Pintada", informó la Fundación para la defensa del ambiente.
El Dr. Raúl Montenegro, presidente de FUNAM y Premio Nóbel Alternativo, que elaboró los informes técnicos usados en las presentaciones judiciales, sostuvo que la decisión de la Corte Suprema de Justicia "es trascendente por que coloca en primer lugar la necesidad de remediar la mina, y no la intención de CNEA de reabrir la explotación".
Agregó que Sierra Pintada "es un cóctel de fuentes contaminantes" y que CNEA "sembró el país de minas sin remediar".
Tras la decisión de la Corte Suprema, los abogados patrocinantes –Andrés Gil Domínguez y Paulina Martínez- coincidieron en señalar que el fallo "es muy importante respecto de la protección eficaz del ambiente y la protección de las generaciones futuras. Hasta tanto la CNEA no remedie la totalidad de los pasivos ambientales y esto sea homologado judicialmente no podrá reabrir Sierra Pintada. Esto implica una aplicación razonable del principio precautorio en torno al daño ambiental verificado".
Alejandro Beletzky, reconocido ambientalista y comunicador social de la Patagonia, consideró que el fallo de la Corte Suprema de Justicia "sienta un precedente muy importante para Argentina. Ahora los pobladores de todos los lugares afectados por minas de uranio pueden exigir la remediación completa y total, no solamente las remediaciones mezquinas y parciales que propone CNEA".
FUNAM indicó que esta decisión de la Corte "es un homenaje póstumo para Beatriz Gómez Carmona, la otra vecina de San Rafael que luchó incansablemente contra la reapertura de Sierra Pintada, y que también presentó una acción de amparo contra la remediación parcial de la mina". La acción interpuesta por Beatriz Gómez Carmona fue patrocinada por los Abogados Paulina Martínez y Andrés Gil Domínguez con el asesoramiento técnico del Dr. Raúl Montenegro. Al igual que en el caso Arenas-Bitar la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Mendoza confirmó en febrero del año 2009 la medida cautelar dispuesta por el juez de primera instancia Dr. Héctor Raúl Acosta.
Uranio sin control en Sierra Pintada y otras minas que operó CNEA
El Dr. Raúl Montenegro indicó que la situación ambiental de Sierra Pintada "es lamentable" y que en la mina se acumulan "mas de 870.000 metros cúbicos de agua de cantera con 3.749 kilogramos de uranio; 5.223 tambores con residuos que tienen 14.249 kilogramos de uranio; más de 1.700.000 toneladas de colas de mina con 306.720 kilogramos de uranio; más de 370.000 toneladas de mineral marginal con 110.636 kg de uranio; más de 320.000 toneladas de precipitados sólidos con 47.379 kilogramos de uranio y casi 10.000.000 de toneladas de residuos estériles con 1.900 kilogramos de uranio. Esto suma unas 477 toneladas de uranio residual, una cifra que debe ser mucho mayor".
Agregó que además del uranio "estos residuos contienen todos sus derivados radiactivos, entre ellos radón 222, radio 226 y plomo 210. Es un cóctel de materiales radiactivos naturales que fueron artificialmente concentrados durante años".
Tras calificar el caso de Sierra Pintada como "testigo" recordó que en Argentina "CNEA dejó sin remediar prácticamente todas las minas que operaron bajo su responsabilidad, entre ellas Huemul en Mendoza, Pichiñán en Chubut, Los Gigantes en Córdoba, La Estela en San Luis, Tonco en Salta y Los Colorados en La Rioja. Solo ha comenzado una cuestionada remediación en Malargüe, Mendoza".
"En Córdoba no solamente está sin remediar la mina de Los Gigantes, sino también el depósito de residuos de uranio de Dioxitek, planta localizada en uno de los barrios más densamente poblados de la ciudad capital. Allí se depositan, sin membranas, más de 57.000 toneladas de residuos de uranio", indicó Montenegro.
"Todos debemos asumir que con la concentración de materiales radiactivos no se juega. A nivel de radiactividad no hay ningún límite seguro", remarcó.
Datos preocupantes para San Rafael y Córdoba
"Sierra Pintada es una reconocida fuente de contaminación. Aun cerrada, sus residuos contaminan el agua superficial y subterránea. Mientras el río Diamante en Mendoza tiene un promedio de1,4 microgramos de uranio por litro, con un máximo de 3,5 microgramos por litro, el arroyo Tigre, aguas abajo de la mina de Sierra Pintada, tiene un promedio de 10,9 microgramos por litro y un máximo de 75 microgramos por litro. Recordemos que la Ley Nacional de Residuos Peligrosos 24.051 y la propia legislación minera establecen que la cantidad de uranio en las aguas de riego no debe superar los 10 microgramos por litro. En el arroyo Tigre su cantidad de uranio está más de 7 veces por encima de lo permitido", indicó Montenegro.
Agregó que en la mina de uranio de Los Gigantes en Córdoba la propia CNEA midió aguas abajo de la mina "hasta 34,4 microgramos de uranio por litro, y hasta 92 microgramos de uranio por litro en el agua subterránea. Mientras tanto la propia CNEA y el gobierno de Córdoba miran para otro lado. El fallo de la Corte Suprema es un soplo de aire fresco y un duro llamado de atención para la Comisión Nacional de Energía Atómica".
Triunfo del principio de precaución
La Multisectorial del Sur de San Rafael indicó que este fallo de la Corte Suprema de Justicia "es un triunfo del Principio de Precaución".
La institución recordó que la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones con asiento en la ciudad de Mendoza "cuando confirmó en febrero del año 2009 la medida cautelar dispuesta por el juez de primera instancia Dr. Héctor Raúl Acosta fundó su decisión en el Principio de Precaución". Al ratificar lo actuado por el Juez de Primera Instancia la Cámara de Apelaciones de Mendoza había indicado:
"Cuando se tiene la incertidumbre acerca de los impactos negativos de una determinada actividad sobre el medio ambiente o salud, en vez de asumir que las actividades humanas pueden continuar hasta que se tenga clara evidencia de que son perjudiciales, este principio apoya acciones que buscan evitar y prever daños ambientales por anticipado" [1].
"Al rechazar la queja presentada por CNEA, la Corte Suprema de Justicia de la Nación coloca definitivamente las cosas en su lugar. Privilegió el ambiente y la salud de las personas, y reforzó la plena vigencia del Principio de Precaución".
Referencias:
[1] Sala B de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Mendoza. Magistrados actuantes en la sentencia del caso iniciado por Gabriel Arenas y María Graciela Bitar: Luis Francisco Miret, Carlos M. Pereyra Gonzalez y Antonio Alberto Endeiza. En la sentencia del caso que inició Beatriz Gómez Carmona, el Magistrado Luis Francisco Miret estaba de licencia (febrero de 2009).
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