La protección de glaciares ya es ley
22:21 | 
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Argentina aprueba una ley que protege los glaciares pero divide las aguas en el país
Fecha de Publicación: 30/09/2010
Fuente: EFE
Provincia/Región: Nacional
El Senado argentino aprobó hoy una ley que protege los glaciares y limita la actividad minera, una medida que, además de divisiones políticas, desató ásperos enfrentamientos entre organizaciones ecologistas que celebran la iniciativa y el sector minero, que advierte sobre su impacto.
Tras un largo debate parlamentario que se prolongó durante más de ocho horas, el Senado aprobó esta madrugada por 35 votos a favor, 33 en contra y una abstención, una normativa que impone restricciones a las prácticas mineras en la zona de glaciares de la frontera de Argentina con Chile.
La ley generó divisiones en el seno de las diferentes formaciones políticas del recinto, en el que se discutieron dos proyectos y terminó imponiéndose el que más limitaciones establece en la actividad minera.
La participación de las autoridades provinciales en el control de los glaciares, las fuentes de agua dulce y la explotación de la minería centró buena parte de la polémica entre los diputados oficialistas y de la oposición.
La "Ley de Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglacial" considera los glaciares como bienes de carácter público, fija las bases para su protección como reservas estratégicas de recursos hídricos y crea el Inventario Nacional de Glaciares, que deberá estar listo en 240 días con información para la adecuada protección, control y supervisión.
Organizaciones ecologistas consultadas por Efe celebraron hoy la sanción de esta ley que a su juicio permite "cuidar las reservas de agua dulce frente a actividades de impacto ambiental que pudieran producir daños irreversibles".
"La aprobación de esta ley ha sido un gran paso dado por el Congreso nacional a pesar de la insistente y desproporcionada presión ejercida desde la corporación minera en contra de una norma que proteja los glaciares y el ambiente periglacial", sostuvo Greenpeace en un comunicado.
Para Mariela Silvestein, dirigente de la organización Conciencia Solidaria, "esta ley pudo ganarle al lobby minero gracias al trabajo arduo de los ciudadanos en diferentes asambleas y entidades del país, y a la repercusión que tuvo esta temática en los medios".
La medida, no obstante, es rechazada por el sector minero, por las provincias en las que esta actividad económica tiene un fuerte impacto, e incluso por el secretario de Ambiente argentino, Homero Bibiloni.
El gobernador de la provincia argentina de La Rioja, Beder Herrera, lamentó recientemente que el proyecto aprobado pretenda "limitar las potestades propias" y afirmó que "los recursos naturales" como los glaciares "son de las provincias".
"Lo peor que le pudo pasar a este tema es haberlo politizado" a raíz de la ley que "contiene artículos que avasallan las facultades de las provincias", dijo a su turno el gobernador de San Juan, José Luis Gioja.
El senador Juan Agustín Pérez Alsina, del Partido Renovador de Salta, otra de las provincias mineras, consideró que la norma veda todo tipo de actividad en amplias áreas y abre la puerta a múltiples presentaciones judiciales en contra de la iniciativa.
"La actividad minera en todo el país con seguridad que se va a resentir", consideró el secretario de Minería de la provincia de Catamarca, Jorge Eremchuk.
En 2008, la presidenta argentina, Cristina Fernández, vetó una ley de protección de glaciares que había sido aprobada por ambas cámaras del Parlamento alegando que su puesta en práctica podría traer consecuencias negativas para la economía de las provincias mineras.
Organizaciones ambientalistas acusaron al Gobierno de haber vetado la ley para proteger los proyectos de la minera canadiense Barrick Gold, en particular el proyecto Pascua Lama, situado en la alta montaña.
Según un informe de la consultora Investigaciones Sectoriales Económicas, las exportaciones del sector de minería alcanzaron en 2009 los 2.851 millones de dólares, un 11,7 por ciento más en valores y un 1,1 por ciento superior en cantidades en relación a 2008.
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En una extensa sesión, el Senado aprobó la ley de protección de glaciares
Fecha de Publicación: 30/09/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La sanción fue con 35 votos a favor, 33 en contra y 1 abstención; las provincias mineras rechazan la norma
En una maratónica sesión, los senadores aprobaron esta madrugada la ley de protección de glaciares con 35 votos afirmativos, 33 negativos y 1 abstención. La norma es fuertemente rechazada por las provincias mineras.
La ley tiene por objeto preservar los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas.
La norma sancionada refrenda el texto que había aprobado la Cámara de Diputados, aunque a pedido del kirchnerista Daniel Filmus (Capital) se eliminó el artículo 17 del texto, que prohíbe la iniciación de nuevos yacimientos en la zona protegida por una eventual ley de presupuestos mínimos hasta tanto no esté concluido el inventario de las áreas que quedarán bajo la tutela de la norma.
Este cambio les permitirá a las empresas mineras y petroleras avanzar con nuevos emprendimientos mientras ese trabajo no esté concluido.
No obstante, sigue en pie el artículo 15, que obliga a los yacimientos ya instalados a someterse a un estudio para mensurar el impacto ambiental de las obras.
Antes de votar el proyecto que se convirtió en ley el Senado rechazó la versión que había aprobado el año pasado y que contaba con el respaldo de las provincias mineras.
La diferencia entre ambas versiones radica en el artículo dos. El texto que se convirtió en ley amplía la zona protegida a los suelos congelados, además de los glaciares. El del Senado, en tanto, es más acotado, al definir las áreas periglaciares como aquellas con suelos congelados de manera permanente.
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La protección de glaciares ya es ley
Fecha de Publicación: 30/09/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El Senado convirtió en ley el proyecto de protección de los glaciares y del ambiente periglaciar al aprobar las modificaciones hechas en Diputados a la iniciativa original surgida de la Cámara alta, excepto el artículo 17, que restringía las condiciones de los nuevos emprendimientos. En la primera votación, el dictamen de mayoría, que proponía la iniciativa del Senado, fue rechazado por 33 votos a favor y 35 en contra. Ese mismo resultado, pero al revés, se dio en la votación del dictamen de minoría que incorpora los cambios introducidos por la Cámara baja.
El extenso debate se prolongó por más de ocho horas y media, entre las 20 de ayer y las 4,30 de hoy, luego de que hicieron uso de la palabra 39 senadores, mucho más de la mitad de los 69 presentes a la hora de votar. El proyecto inició su camino por el parlamento en septiembre de 2009, cuando fue respaldado por unanimidad en la Cámara de Senadores. Luego de que Diputados le introdujera modificaciones en agosto de este año, la Comisión de Ambiente y Desarrollo Humano de la Cámara alta lo debatió en varias audiencias, a las que asistieron el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, su par de Medio Ambiente, Homero Bibiloni, y los gobernadores de las provincias mineras.
Ayer por la tarde, los integrantes de la Comisión le dieron dictamen de mayoría al proyecto sancionado por el Senado, en tanto que el dictamen de minoría respaldó casi todos los cambios introducidos por Diputados, menos el artículo 17 de la norma, que establecía que en las áreas potencialmente protegidas no se autorizará la realización de nuevas actividades hasta tanto no esté finalizado el inventario y definidos los sistemas a proteger. Ese artículo también remarcaba que ante la solicitud de nuevos emprendimientos, el Instituto Nacional de Nivología y Glaciología priorizará la realización del inventario en el área en cuestión.
La ley aprobada establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico.
Además de considerar a los glaciares como bienes de carácter público, indica que se entiende por glaciar a toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación.
Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo.
Por otra parte, la ley crea el Inventario Nacional de Glaciares, donde se individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo.
El extenso debate giró en torno de la protección de las reservas de agua dulce y de los cuestionamientos y los respaldos a la actividad de la minería ubicada sobre la cordillera de Los Andes. El senador porteño Daniel Filmus, quien consensuó con el diputado Miguel Bonasso algunas de las modificaciones al proyecto original, dijo que "la Argentina puede estar tranquila de que vamos a tener una ley de protección de glaciares". El legislador agregó que "las Naciones Unidas definieron hace poco el derecho a tener agua como un derecho humano", y sentenció: "Tener agua es más importante que tener oro".
En tanto, el presidente de la Comisión de Ambiente, Eduardo Torres, criticó la sanción de Diputados al decir que "hubiera sido bueno que algunos soberbios de la Cámara baja, ya que iban a votar una ley de presupuestos mínimos como ésta, hubieran invitado a los gobernadores".
El jefe del bloque de senadores oficialistas, Miguel Angel Pichetto, advirtió que sus palabras no eran en representación del Frente para la Victoria, sino en nombre de algunos de sus integrantes ya que el debate atravesó de forma transversal a todas las bancadas. "El mejor proyecto es el que viene de Diputados, porque es más preciso, tiene más trabajo y desarrollo y es el que más límites le pone a la actividad minera en la zona de glaciares", expresó Pichetto, quien recordó que la ley de protección de glaciares "no es antiminera".
El titular de la bancada radical, Gerardo Morales, remarcó que "se ha generado un cambio cultural del cual deben tomar nota las mineras"; y agregó que esas empresas "son las primeras que deben respetar la Constitución, porque vienen y mienten, porque en el cerro nadie las controla".
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Ley de Glaciares: los detalles de la victoria del proyecto más restrictivo
Fecha de Publicación: 30/09/2010
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Hubo 35 votos a favor, 33 en contra y una abstención. Las sorpresas de la madrugada.
El Senado aprobó esta madrugada la ley de protección de glaciares y la votación tuvo un desenlace apasionante. De los dos proyectos en discusión se impuso por sólo dos votos el que establece límites más estrictos a la minería en los alrededores de las grandes masas de hielo (ver Cómo votó cada senador).
De esta manera triunfó la posición impulsada por las organizaciones ecologistas por sobre el gran lobby que llevaron adelante las cámaras que nuclean a los empresarios mineros e hidrocarburíferos, quienes vieron perder la votación a último momento a pesar del apoyo explícito de muchos gobernadores cordilleranos y de los más altos funcionarios de la Casa Rosada.
Propuestas distintas. La diferencia entre los dos proyectos, el que sacó originalmente el Senado y el modificado por Diputados, es que el primero establece restricciones a las actividades productivas –básicamente la minería- en los glaciares y en los periglaciares, pero define a éstas zonas aledañas como los suelos congelados “permanentemente”. En cambio, la sanción de la Cámara baja –que no fue votada por el kirchnerismo- establece como zonas periglaciares a “los suelos saturados en hielo que regulan el recurso hídrico”, lo cual amplía las superficies en las cuales no se podrán extraer minerales o petróleo.
Así, la discusión pasó no sólo por la necesidad de cuidar el agua como un recurso estratégico sino que tuvo como eje el desarrollo de las economías de las provincias cordilleranas a través de la minería.
La votación se produjo recién a las 4.30, luego de 8 horas de intenso debate. Primero se puso en consideración el despacho de mayoría, que implicaba la ratificación de la media sanción que la Cámara alta dio el año pasado. Como este proyecto tuvo 33 firmas positivas y 35 negativas (con la abstención del sanjuanino Roberto Basualdo), se pasó entonces a votar el despacho de minoría que acepta los cambios que en agosto le introdujo la Cámara de Diputados en primera revisión. Fue allí que los números se invirtieron: 35 votos afirmativos y 33 negativos.
Vinieron de EE.UU. y votaron en contra. Hasta bien entrado el debate, los senadores que apoyaban la ley más flexible para la minería -grupo liderado por el sanjuanino César Gioja- creían tener grandes chances de ganar la votación ya que especulaban con tener al menos 36 votos. Pero con el correr de las horas muchos legisladores blanquearon su apoyo a la norma más proteccionista del agua, entre ellos el mendocino K Adolfo Bermejo, a quienes todos consideraban como un aliado de los gobernadores cordilleranos.
Además, 3 senadores que se daban como ausentes ya que participaron de la visita de la presidenta Cristina Fernández a Nueva York llegaron para votar: el bonaerense José Pampuro, la santafesina Roxana Latorre y la chaqueña Elena Corregido y los tres lo hicieron por el proyecto menos permisivo para las mineras.
Un giro inverso tuvo la santiagueña kirchnerista Ada Itúrrez, quien el martes apoyó el dictámen de Diputados en la comisión de Ambiente y esta madrugada cambió bruscamente su voto aludiendo que el artículo 17 de la ley sancionada por la Cámara baja "paralizaba" todas las actividades productivas en la cordillera hasta tanto no se haga un inventario de los glaciares.
Sin embargo, para poder hacer prosperar la media sanción de Diputados y convertirla en ley, el kirchnerista Daniel Filmus y el grueso de la UCR dispusieron que este artículo que introdujo en la Cámara baja el cobista Ricardo Mansur sea eliminado de cuajo, a fin de evitar que cundiera en todo el cuerpo la misma duda que enunció Itúrrez.
De este manera, la UCR logró abroquelar a todo su bloque y evitar fugas como las amagadas por el rionegrino Pablo Verani y el santiagueño Emilio Rached. Sólo 3 radicales votaron por la ratificación de la sanción original del Senado: la correntina Josefina Meabe -aliada- y los catamarqueños Oscar Castillo y Blanca Monllau.
Pichetto. Sin dudas fue la decisión que tomó el jefe de la bancada kirchnerista, Miguel Pichetto, otro de los datos de la noche. El rionegrino encabezó un grupo de 10 senadores K (sobre 31) que se desmarcaron de la posición de la Casa Rosada y votaron por la ley más restrictiva de la minería. "No hay que dramatizar -les dijo a los senadores que aseguraron que se judicializarían todos los proyectos mineros y se perderían inversiones y trabajo- las empresas seguirán viniendo porque la rentabilidad es alta", dijo luego de explicar que la Presidenta le ratificó que daba libertad de acción a todo el oficialismo.
Mientras los senadores Gioja y su coterránea Marina Riofrío no podían ocultar su desazón ya que San Juan fue la provincia que más se movilizó por defender la minería, el líder de Greanpeace, Juan Carlos Villalonga, le dijo a este diario desde un palco del Senado: "Creo que el Congreso dio un gran paso, porque de no haber salido esta ley habría sucumbido a la enorme presión de la corporación minera. Nunca jamás se vio tremenda oposición a una ley ambiental", afirmó.
Hoy se vota la Ley de Gaciares
Glaciares: hoy se vota, con ventaja minera
Fecha de Publicación: 29/09/2010
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
El Senado define una ley para proteger los grandes hielos. La Rosada inclina la balanza por el proyecto más permisivo para la actividad minera.
La presencia del secretario de Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni, ayer en el Senado no dejó dudas sobre cuál será la posición de la mayoría del bloque oficialista cuando la Cámara Alta ponga punto final a la polémica en torno de la ley de protección de glaciares. El funcionario dejó claro que la Casa Rosada apoya el proyecto de ley que el Senado votó el año pasado, que es menos restrictivo que la sanción que en agosto dio Diputados para la actividad minera al pie de la cordillera de Los Andes.
El Senado tenía previsto tratar mañana en una sesión especial la ley de glaciares, pero las autoridades de los bloques decidieron introducir el tema en la sesión ordinaria de hoy junto con otros proyectos.
Ayer, en la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable se impuso la posición del Gobierno, ya que ocho legisladores apoyaron la idea de ratificar la media sanción original del Senado y sólo cuatro (entre ellos el kirchnerista Daniel Filmus, que fue aislado por sus pares de bancada y sólo encontró eco en dos radicales y la juecista Norma Morandini) se manifestaron a favor de aceptar los cambios que introdujo Diputados.
Con este escenario se prevé que hoy, luego de un intenso debate que coronará una sesión maratónica, se convierta en ley el proyecto que fija presupuestos mínimos para la protección de glaciares y que sólo prohíbe la actividad minera en la zona de los grandes hielos, y es más flexible para los emprendimientos productivos en los ambientes periglaciares.
En los cálculos preliminares de todos los bloques, la posición que defendieron los gobernadores cordilleranos y que ayer avaló la Casa Rosada tenía una diferencia de al menos 6 ó 7 votos sobre la tesitura de los grupos ambientalistas que lograron “endurecer” las restricciones cuando el tema pasó por Diputados.
La jornada de ayer en el Senado fue intensa. Además de Bibiloni, dieron sus pareceres la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos (a favor del proyecto de Diputados), cuatro cámaras empresariales (todas por la media sanción original del Senado) y hasta el premio Nobel de la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel (quien defendió la posición de la ONU de que el agua es un derecho humano).
En el medio, hubo duros cruces. Uno de ellos entre Bibiloni y la senadora porteña María Eugenia Estenssoro, quien cuestionó que el Gobierno apoye el proyecto que el Senado se apresta a ratificar hoy porque éste no fija plazos para que las provincias y el Ianigla (Instituto de Glacialogía) realicen el inventario de los grandes hielos a fin de que la ley entre en vigencia.
El otro chispazo se produjo entre Filmus (autor de la media sanción original del Senado y a su vez impulsor, junto al diputado izquierdista Miguel Bonasso, de los cambios realizados por la Cámara Baja) y la sanjuanina Marina Riofrío. Ambos compañeros dejaron claro que están en las antípodas. Mientras el porteño deslizó que hay “intereses” no santos, la cuyana dijo que las provincias cordilleranas tienen derecho a que la ley tenga rigor léxico porque los pueblos de las zonas áridas corren el riesgo de no poder prosperar económicamente.
Sucede que el proyecto de Diputados define el ambiente periglaciar como los suelos congelados, mientras que el del Senado aclara que son aquellos que se congelan en forma permanente. La diferencia no es menor ya que si se restringe el sentido, la explotación minera podría proliferar.
Dado que hay divisiones, todos los legisladores tendrán “libertad de acción”. No se descuenta que en lugar de la ratificación de la sanción original del Senado o de la aceptación de los cambios hechos por Diputados, los senadores exploren una tercera vía de consenso. Esto implicará fusionar ambos textos, pero dejando el espíritu del proyecto del Senado, que da más chances a la actividad minera.
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Fuerte división en el Senado por el proyecto de ley de glaciares
Fecha de Publicación: 29/09/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Crece la presión de los representantes de provincias mineras en favor de las empresas
En un clima de gran incertidumbre, sin una mayoría definida y con una fuerte división hacia el interior del bloque kirchnerista, el Senado intentará sancionar hoy, a partir de las 11, un proyecto de ley de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares.
La Cámara alta tendrá que elegir entre insistir en la versión que aprobó el año pasado y que cuenta con el respaldo de las provincias mineras y, de manera más soterrada del Poder Ejecutivo, o aceptar las modificaciones introducidas al proyecto por la Cámara de Diputados en agosto pasado.
Ambas posturas mantienen dividido al Senado de manera transversal, ya que en el arco no kirchnerista tampoco hay unanimidad de criterios. Sin embargo, el impacto es más fuerte en la bancada oficialista, al borde de una crisis por la presión que ejerce el gobernador José Luis Gioja (San Juan) para que voten el texto que apoyan las provincias mineras.
Este grupo consiguió ayer un primer triunfo, ya que logró reunir ocho firmas en la Comisión de Ambiente y obtener así dictamen de mayoría. De esta manera, éste será el primer proyecto que se someterá a votación. Seis senadores, en tanto, apoyaron el texto remitido por Diputados.
Sin embargo, las cuentas de cara a la votación en el recinto están parejas. Un sondeo realizado por La Nacion arroja un empate en 32 votos con cinco senadores que permanecían sin definir su voto. El cuadro se completaría con dos ausentes y una abstención.
La disputa está centrada en cinco artículos del texto que aprobó Diputados y que las provincias con intereses mineros rechazan. Uno de ellos es el segundo, que define las áreas protegidas por la eventual ley. La versión aprobada en la Cámara baja define como ambiente periglaciar las zonas de alta montaña con suelos congelados.
Las provincias mineras sostienen que esa definición permitirá extender esa zona más allá de la cordillera de los Andes. "Esto va a ser factor de inconvenientes permanentes, necesitamos terminar con las interpretaciones erróneas", reclamó el senador kirchnerista César Gioja (San Juan).
Algo similar dijo su comprovinciana y también oficialista Marina Riofrío, para quien el texto de Diputados "va a judicializar y paralizar los proyectos económicos de muchas provincias". Ambos senadores mantuvieron un breve entredicho con el kirchnerista Daniel Filmus (Capital), quien apoyó el proyecto aprobado por Diputados al afirmar que "hace tres años las Naciones Unidas declararon el agua un derecho humano".
Suspensión
Otro de los puntos de conflicto son los artículos 15 y 17, que establecen la obligación de suspender los emprendimientos en curso hasta que concluya el censo que ordena el proyecto para determinar cuáles son las áreas que quedarán bajo protección de una futura ley.
Ayer, la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable realizó la última audiencia antes de emitir dictamen con la presencia de representantes de las cámaras empresarias y gremiales mineras y del petróleo, que avalaron el proyecto del Senado porque, de lo contrario, se afectarán fuentes de trabajo y se generará inseguridad jurídica para sus inversiones.
Uno de los que avalaron esta postura fue el secretario de Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni.
A favor del proyecto aprobado por Diputados se manifestaron la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, y el representante del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Adolfo Pérez Esquivel.
El premio Nobel de la Paz se mostró "ofendido" por la postura de algunos mandatarios que reivindicaron la facultad de sus provincias sobre la protección de los glaciares. "Los glaciares no son de las provincias, son de la gente", sentenció.
Terrible deforestación en el Chaco
En lo que va del 2010 ya se detectaron más de 6.500 hectáreas desmontadas ilegalmente
Fecha de Publicación: 29/09/2010
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Un poco más de 6.500 hectáreas de montes topadas en forma clandestina fueron las detectadas hasta ahora en lo que va de 2010. La actividad fue detectada desde el Centro de Geoinformación instalado en Sáenz Peña, que depende de la Dirección de Bosques de la provincia.
Cerca de Taco Pozo, bajando hacia el oeste por el límite interprovincial, por el camino arenoso, el movimiento de vehículos transportando madera es significativo, aunque ello no sea indicativo que el procedimiento sea ilegal. A unos 110 kilómetros al norte de Río Muerto, tomando como referencia el control policial sobre ruta 16, y llegando a la curva denominada “Las Pirámides”, en una zona donde están asentados los parajes Colombia, el Indio, el Toba y el Urundel, además de otros sectores estratégicos, es considerado como uno de los centros donde se está produciendo la mayor deforestación clandestina.
Los desmontes fueron detectados en los primeros seis meses de este año -unas 5.000 hectáreas- pero de acuerdo a datos extraoficiales, la cifra hasta la última semana, llegaría a las 6.500 hectáreas y según confirmaron fuentes de digna de crédito, desde juzgados de la Segunda Circunscripción con asiento en Sáenz Peña, se continúan librando órdenes de allanamientos para tres explotaciones de la zona por desmontes ilegales.
Operativo con policía ecológica
Tal como se indicara ayer, un dato de relevancia a tener en cuenta por las autoridades es que se detectó que “compradores” de madera, incluso ya elaboradas en forma de postes, llegan a la zona de Las Pirámides desde Santiago del Estero con la finalidad de llevarse la materia prima.
El oficial Melchiori, de la Policía Ecológica, fue contundente al señalar que ‘es preocupante como vienen de la vecina provincia a trasladar madera desde territorio chaqueño, y en virtud de esta información se hicieron operativos que dieron resultados positivos, confirmando esta presunción, ya que en todos los casos se detectó que la totalidad de los postes eran llevados hacía la localidad de Monte Quemado, como también que en los rodados que se interceptaron la mayoría de los changarines también son de la misma ciudad, distante 300 kilómetros del lugar.
Precisamente, en cuanto a la línea de la ruta 16,el corredor bioceánico, la Dirección de Bosques refrendó un convenio con la policía Ecológica para un trabajo fuerte en los caminos cercanos a la zona de Las Pirámides. A esto se suma un trabajo en conjunto con la Asociación de Productores Forestales de Los Frentones para el control de la actividad.
Este operativo desplegado en El Impenetrable, tendiente a continuar la fuerte lucha que se viene llevando adelante contra el desmonte y la explotación ilegal forestal, fue planificado con antelación y coordinado entre las fuerzas policiales y la Dirección de Bosques.
300 hectáreas topadas en 20 días
El Centro de Geoinformación instalado en Sáenz Peña, surgió en momentos en que en plena veda forestal, y cuando el Chaco solo autoriza mediante una ley de emergencia sancionada por Diputados al aprovechamiento del recurso y manejo pastoril, se producía una catara de denuncias sobre desmonte con topadoras en distintos puntos de la provincia como en el norte de Avia Terai, Pampa del Infierno y Los Frentones.
Este centro fue dotado de un sistema de detección instrumentado por la Subsecretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente. La idea, fue ponerle frenos a este flagelo y en protección de los bosques nativos.
En ámbitos de la este centro, se comenta que la tarea de inspección utilizando los recursos disponibles, no es la esperada. Incluso, en la zona de Los Frentones, hay nuevas denuncias de desmonte de unas 350 hectáreas sin el permiso correspondiente y aunque por estos días, con más reserva que en meses atrás, se observan por las rutas chaqueñas el transporte de pesadas topadoras en carretones especiales.
La provincia, se barre con satélite
“Acá se mezclan otras cuestiones”, enfatizó ante la consulta de NORTE, Miguel Angel López, titular de la Dirección de Bosques instantes antes de viajar a Brasil donde participa de una visita a una planta elaboradora de carbón vegetal. Explicó se está haciendo un barrido de toda la provincia con imágenes que llegan con una corta periodicidad de tiempo “y hemos detectado importantes cambios por ello se han confeccionado poco más de un centenar de expedientes mediante el accionar de inspectores pertenecientes al departamento legal de Bosques para corroborar lo indicado por las imágenes”.
Detalló que una vez que se hace la inspección a campo se envían los resultados junto a lo detectado por las imágenes al Departamento de Asuntos Legales y se inician las acciones intimando por carta documento para que en el lapso de 10 días se presente el productor a hacer el descargo.
Pasado ese lapso, lo novedoso, según López, es que se pueden llegar a realizar acciones de embargo preventivo según las directivas emanadas por el ministro de la Producción, Enrique Orban si se excede el plazo y no se adviene a negociar un plan de pagos. También el responsable de Bosques indicó que tras la detección de los desmontes ilegales la actividad debe cesar inmediatamente “porque tenemos en la calle inspectores que se encargan de llevar a delante los controles‘.
Fecha de Publicación: 29/09/2010
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Un poco más de 6.500 hectáreas de montes topadas en forma clandestina fueron las detectadas hasta ahora en lo que va de 2010. La actividad fue detectada desde el Centro de Geoinformación instalado en Sáenz Peña, que depende de la Dirección de Bosques de la provincia.
Cerca de Taco Pozo, bajando hacia el oeste por el límite interprovincial, por el camino arenoso, el movimiento de vehículos transportando madera es significativo, aunque ello no sea indicativo que el procedimiento sea ilegal. A unos 110 kilómetros al norte de Río Muerto, tomando como referencia el control policial sobre ruta 16, y llegando a la curva denominada “Las Pirámides”, en una zona donde están asentados los parajes Colombia, el Indio, el Toba y el Urundel, además de otros sectores estratégicos, es considerado como uno de los centros donde se está produciendo la mayor deforestación clandestina.
Los desmontes fueron detectados en los primeros seis meses de este año -unas 5.000 hectáreas- pero de acuerdo a datos extraoficiales, la cifra hasta la última semana, llegaría a las 6.500 hectáreas y según confirmaron fuentes de digna de crédito, desde juzgados de la Segunda Circunscripción con asiento en Sáenz Peña, se continúan librando órdenes de allanamientos para tres explotaciones de la zona por desmontes ilegales.
Operativo con policía ecológica
Tal como se indicara ayer, un dato de relevancia a tener en cuenta por las autoridades es que se detectó que “compradores” de madera, incluso ya elaboradas en forma de postes, llegan a la zona de Las Pirámides desde Santiago del Estero con la finalidad de llevarse la materia prima.
El oficial Melchiori, de la Policía Ecológica, fue contundente al señalar que ‘es preocupante como vienen de la vecina provincia a trasladar madera desde territorio chaqueño, y en virtud de esta información se hicieron operativos que dieron resultados positivos, confirmando esta presunción, ya que en todos los casos se detectó que la totalidad de los postes eran llevados hacía la localidad de Monte Quemado, como también que en los rodados que se interceptaron la mayoría de los changarines también son de la misma ciudad, distante 300 kilómetros del lugar.
Precisamente, en cuanto a la línea de la ruta 16,el corredor bioceánico, la Dirección de Bosques refrendó un convenio con la policía Ecológica para un trabajo fuerte en los caminos cercanos a la zona de Las Pirámides. A esto se suma un trabajo en conjunto con la Asociación de Productores Forestales de Los Frentones para el control de la actividad.
Este operativo desplegado en El Impenetrable, tendiente a continuar la fuerte lucha que se viene llevando adelante contra el desmonte y la explotación ilegal forestal, fue planificado con antelación y coordinado entre las fuerzas policiales y la Dirección de Bosques.
300 hectáreas topadas en 20 días
El Centro de Geoinformación instalado en Sáenz Peña, surgió en momentos en que en plena veda forestal, y cuando el Chaco solo autoriza mediante una ley de emergencia sancionada por Diputados al aprovechamiento del recurso y manejo pastoril, se producía una catara de denuncias sobre desmonte con topadoras en distintos puntos de la provincia como en el norte de Avia Terai, Pampa del Infierno y Los Frentones.
Este centro fue dotado de un sistema de detección instrumentado por la Subsecretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente. La idea, fue ponerle frenos a este flagelo y en protección de los bosques nativos.
En ámbitos de la este centro, se comenta que la tarea de inspección utilizando los recursos disponibles, no es la esperada. Incluso, en la zona de Los Frentones, hay nuevas denuncias de desmonte de unas 350 hectáreas sin el permiso correspondiente y aunque por estos días, con más reserva que en meses atrás, se observan por las rutas chaqueñas el transporte de pesadas topadoras en carretones especiales.
La provincia, se barre con satélite
“Acá se mezclan otras cuestiones”, enfatizó ante la consulta de NORTE, Miguel Angel López, titular de la Dirección de Bosques instantes antes de viajar a Brasil donde participa de una visita a una planta elaboradora de carbón vegetal. Explicó se está haciendo un barrido de toda la provincia con imágenes que llegan con una corta periodicidad de tiempo “y hemos detectado importantes cambios por ello se han confeccionado poco más de un centenar de expedientes mediante el accionar de inspectores pertenecientes al departamento legal de Bosques para corroborar lo indicado por las imágenes”.
Detalló que una vez que se hace la inspección a campo se envían los resultados junto a lo detectado por las imágenes al Departamento de Asuntos Legales y se inician las acciones intimando por carta documento para que en el lapso de 10 días se presente el productor a hacer el descargo.
Pasado ese lapso, lo novedoso, según López, es que se pueden llegar a realizar acciones de embargo preventivo según las directivas emanadas por el ministro de la Producción, Enrique Orban si se excede el plazo y no se adviene a negociar un plan de pagos. También el responsable de Bosques indicó que tras la detección de los desmontes ilegales la actividad debe cesar inmediatamente “porque tenemos en la calle inspectores que se encargan de llevar a delante los controles‘.
Etiquetas:
agricultura industrial,
Chaco,
Desmontes,
legislación y derecho ambiental
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Un final caliente por la ley de glaciares
Definen el debate por los glaciares
Fecha de Publicación: 28/09/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El Senado concluye hoy la ronda de consultas sobre el proyecto de protección ambiental
El debate parlamentario por una ley de protección de los glaciares entrará hoy en su etapa definitiva cuando la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado se reúna por última vez antes de la sesión especial prevista para pasado mañana.
La reunión será decisiva. No sólo porque se espera una definición de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, sino porque una vez concluida la ronda de consultas, en la que participan también cámaras empresarias mineras y del petróleo, los senadores deberán definir cuáles serán los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares que sancionará el Congreso.
Tras los cambios introducidos por la Cámara de Diputados, el Senado tiene que definir si insiste en su texto, aprobado el año pasado, o si respalda esas modificaciones. Fuentes parlamentarias confiaron ayer a LA NACION que la solución sería una versión intermedia, que incluirá artículos de los textos aprobados por el Senado y por Diputados cuando se vote en particular.
La clave pasaría por el artículo 17 del proyecto que salió de Diputados, que ordena detener todos los emprendimientos mineros en marcha hasta que se concluya el estudio que debe definir las áreas glaciares y periglaciares existentes en las zonas de alta montaña.
Esta versión es resistida por las provincias con desarrollo minero -San Juan a la cabeza-, que sostienen que esto afectará la seguridad jurídica de las inversiones en curso en sus distritos. Además, no reuniría los votos para su aprobación, por lo que se apelaría a la redacción votada por la Cámara alta, que no contempla esa restricción.
Las provincias mineras ya manifestaron, con el aval del secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, que están en contra de cualquier ley que imponga algún tipo de regulación a la facultad constitucional que tienen las provincias de explotar los recursos minerales de los subsuelos de sus territorios. Sin embargo, la presión ejercida por las organizaciones ambientalistas y el diputado Miguel Bonasso, que apoyan el texto de la Cámara baja, haría imposible que el Senado termine cajoneando el tema.
De todas maneras, los números favorecerían a las provincias mineras, que tendrían más de 30 votos. En este escenario concurrirán hoy, a las 10, representantes de la Secretaría de Ambiente -Homero Bibiloni, su titular, no había confirmado su presencia hasta anoche- y de las cámaras Argentina de Empresarios Mineros y de Exploración y Producción de Hidrocarburos, del Instituto Argentino de Petróleo y Gas y del Instituto Geológico de la Universidad Nacional de San Juan.
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Un final caliente por la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 28/09/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La votación en el Senado por la ley de protección de glaciares promete un final de “bandera verde”. Ni quienes respaldan la media sanción que llega de Diputados con el apoyo de las organizaciones ambientalistas ni quienes sostienen la postura de la mayoría de los gobernadores cordilleranos de ratificar el proyecto original del Senado se animan a pronosticar una victoria en la reñida sesión del jueves. Una docena de senadores “indecisos” o que han esquivado definir el sentido de su voto serán los que inclinarán la balanza en el recinto, en un debate que cruza transversalmente al oficialismo y a las principales bancadas opositoras, como la UCR y el PJ anti K. Ayer, ambos sectores desmintieron la posibilidad de intentar mixturar los dos proyectos para evitar la confrontación.
La dura resistencia que encabezaron las provincias cordilleranas logró emparejar en el Senado la tendencia inicial a favor del modificado proyecto de ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares que modificó la Cámara baja. A quienes respaldan la ratificación de la media sanción que la Cámara alta aprobó por unanimidad, el documento conjunto que firmaron siete de los diez gobernadores cordilleranos –proclamando su propiedad sobre los recursos naturales, incluidos los glaciares– les permitió sacar “una luz de ventaja” en las adhesiones que ambas iniciativas recogen entre los senadores. Pero tampoco tienen certeza de una victoria.
En cambio, los legisladores que apoyan la media sanción de Diputados confían en poder soportar la resistencia de los gobernadores, aunque su pronóstico final también es reservado. La confianza de la mayoría de ellos se sostiene en la decisión del jefe del bloque K, Miguel Pichetto, de dar “libertad de acción” a sus senadores, donde el porteño Daniel Filmus y el sanjuanino César Gioja reclutan voluntades para proyectos enfrentados: Filmus respeta el acuerdo pactado con el diputado Miguel Bonasso y las reformas introducidas por la Cámara baja, mientras Gioja es la principal espada parlamentaria de los gobernadores.
Pero las posturas encontradas también atraviesan al radicalismo, donde el gobernador catamarqueño Brizuela del Moral le arrancó varias voluntades a la bancada de senadores donde la mayoría se encolumna con el proyecto de Diputados. Lo mismo sucede en el Peronismo Federal, donde el puntano Adolfo Rodríguez Saá pasó a militar en las filas de los gobernadores para no dejar solos a sus colegas salteños Juan Carlos Romero y Sonia Escudero, que apoyaron a Juan Manuel Urtubey.
Hoy será la última audiencia de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Allí, las cámaras que agrupan a los empresarios mineros y de hidrocarburos, además del sindicato minero, se alinearán con la postura de los gobernadores cordilleranos. Mientras que Adolfo Pérez Esquivel y la mandataria fueguina Fabiana Ríos –pese a haber firmado el documento de los gobernadores– respaldarán la iniciativa de Diputados. Luego se firmará el dictamen que llegará al recinto el jueves, donde entre 9 y 10 de los 15 senadores que integran la comisión están con los gobernadores.
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Bibiloni expuso en el Senado la posición de Ambiente por Ley de Glaciares
Fecha de Publicación: 28/09/2010
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
"El proyecto del Senado fue un proceso estudiado, va a permitir armonía y complementariedad a nivel jurídico”, expresó el secretario de Ambiente.
Bibiloni, se presentó en el Senado de la Nación para exponer sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos Protección de Glaciares en el marco de la última ronda de consultas impulsada por Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, previa a la sesión del jueves, cuando se espera un dictamen definitivo sobre la normativa.
"El proyecto del Senado fue un proceso estudiado, va a permitir armonía y complementariedad a nivel jurídico”, expresó el secretario al tiempo que aseguró que es “relevante valorizar el funcionamiento de ecosistemas y sus servicios ambientales para evitar la socialización de pasivos, que absorben los ciudadanos y el Estado”.
En ese sentido, destacó que el proyecto que cuenta con media sanción del Senado superó las observaciones y contiene un enfoque integral coincidente con los lineamientos federales que interpreta la Secretaría de Ambiente de la Nación. Además, porque propone preservar los glaciares y el ambiente periglacial por ser reservas estratégicas de recursos hídricos.
Al respecto, Bibiloni explicó que éste avala “competencias múltiples”, como la participación de la Cancillería, entre otros organismos, en línea con el trabajo transversal interministerial y sectorial.
Durante su presentación en el Salón de las Provincias, el titular de la cartera ambiental, destacó que el proyecto hace hincapié en la protección de las masas de hielo visibles y en las zonas cubiertas por roca, en la realización de un inventario y seguimiento de situación de estas áreas para impedir conflictos a futuro.
“Los glaciares y áreas periglaciares constituyen reservas estratégicas de recursos hídricos”, puntualizó el funcionario. El texto del proyecto se distancia del aprobado por diputados, ya que define: glaciares descubiertos, cubiertos y de escombros, lo que delimita claramente el ambiente periglacial pudiendo ser inventariado; mientras que el de la cámara baja refiere a suelos congelados y saturados lo cual daría lugar a interpretaciones amplias y a posibles controversias.
Bibiloni, se presentó en el Senado de la Nación en el marco de la última ronda de consultas impulsada por Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, previa a la sesión del jueves, cuando se espera un dictamen definitivo sobre la normativa.
Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLIA), “el cual impartirá una metodología única con un panorama totalizador, homogéneo y con criterios de seguimiento”, explicó Bibiloni.
Tras sostener que la Secretaría de Ambiente mantuvo la misma postura desde enero de 2009 acompañando el proyecto que cuenta con media sanción del Senado, el secretario se refirió a que el trabajo se realizó “con una clara ética de la gestión pública, pensando en las generaciones futuras y el valor del agua como recurso estratégica no transable en términos de mercado, pero de indudable valor económico”. Finalmente, los diálogos generados en torno al tema “no cambiaron la decisión de la Secretaría de apoyar el proyecto que se estima más ajustado a la posibilidad de realización del Inventario”, concluyó Bibiloni.
Por su parte, tras la jornada de debate, Labor Parlamentaria decidió que el tema sea tratado en sesión ordinaria esta semana.
Dicen que La Alumbrera no contamina
Catamarca: Aseguran que no hay evidencia de contaminación por la minería
Fecha de Publicación: 28/09/2010
Fuente: Derf
Provincia/Región: Catamarca
Especialistas aseguraron que no hay ninguna relación entre los casos de cáncer registrados en la Provincia y la explotación minera · Médicos especialistas concluyeron que la minería no afectó a la salud, según informa hoy diario El Ancasti.
“Por los datos que hoy tenemos, y con todo lo que hemos hecho no encontramos evidencia de contaminación ambiental que perturbe la salud”, concluyó ayer el doctor Daniel Stamboulián, director de la Fundación Centro de Estudios Infectológicos (FUNCEI) que presentó los resultados de una investigación para determinar si la explotación minera produjo riesgos en la salud de los pobladores.
Al ser consultado por los casos de cáncer que se registran en la Provincia, el médico infectólogo sintetizó: “No hemos encontrado diferencias con otros lugares del país y en relación con la contaminación y producción de enfermedades no hemos encontrado situaciones distintas a las del resto del país”, sintetizó.
Stamboulián estuvo acompañado por los médicos Miguel Borruel y Diego Fridman que presentaron una síntesis de la investigación. Al referirse al estudio de los casos de cáncer en la Provincia, Borruel señaló que en el ranking de las provincias argentinas, Catamarca se ubica en el lugar décimo noveno.
Al presentar el informe sobre el impacto de la enfermedad terminal la dividió en cáncer infantil o pediátrico (menores de 15 años) y cáncer de adultos. Sobre el primer grupo, aseguró que está “muy bien controlado en el hospital de Niños con un registro de datos que es de lujo”, acotó y señaló que en que este grupo Catamarca está por debajo de la media nacional.
Agregó que por la metodología de la investigación se dividió la provincia en regiones: central, este y oeste. Observó que con respecto a la media nacional hay un pequeño aumento de casos de linfomas y tumores del sistema nervioso central que son los más comunes en los niños. “Eso está por encima estadísticamente, lo decimos con todas las palabras”, dijo Borruel.
Al analizar los casos de cáncer de adultos concluyó que el cáncer de próstata y de mama están por encima de la media nacional. Tiene mayor incidencia en la región central, mientras que en las otras dos áreas está por debajo de la media nacional.
Los profesionales comentaron que se entrevistaron con representantes de grupos Autoconvocados que pregonaban el incremento de los casos de esta enfermedad. Sin embargo, se negaron a mostrar algún caso.
"Cuando nos adentramos para que nos contacten con alguna persona, familiar o médico que esté atendiendo algún caso, sorpresivamente se nos corta el relato y dicen que no lo van a mostrar. Es un relato que queda trunco", apuntó. De igual modo, confirmaron que la niña que murió en Andalgalá y que se difundió como un caso nacional fue por una enfermedad congénita.
El médico explicó también que se investigó la situación sanitaria de toda la población de la localidad de Amanao (60 personas) que suman 1700 años de residencia en la zona, que viven cerca del yacimiento de Bajo La Alumbrera y consume agua de las márgenes del río Vis Vis. En conclusión, no se encontraron enfermedades vinculadas a la contaminación del ambiente, pero sí hallaron presencia de enfermedades endémicas como Chagas Mazza y brucelosis.
Conclusiones del informes
- Para el estudio se tomaron muestras de agua de todo el río Vis Vis, el dique de colas y la zona de filtración y se realizaron estudios propios. También se estudio el recorrido del mineraloducto.
Los especialistas señalaron que el agua viene "bien procesada y tratada" hasta que cae en un canal artificial en la Provincia de Tucumán. "Allí se mezcla el agua limpia, con agua sucia", dijo uno de los especialistas al referirse a una de las cuentas que luego desemboca en un dique de Santiago del Estero.
- En las poblaciones que rodean al río Vis Vis, Amanao, Hualfín, Belén y Andalgalá se profundizó en la situación epidemiológica a partir del informe de los médicos de la zona.
Por otra parte, el secretario de Minería de la Provincia, Jorge Eremchuk no descartó que se inicie algún tipo de acción legal contra aquellas personas que presentaron la muerte de una niña de Andalgalá como una consecuencia de la actividad minera en la zona. Aunque no lo nombró, la medida sería en contra del diputado nacional `Pino` Solanas.
Fecha de Publicación: 28/09/2010
Fuente: Derf
Provincia/Región: Catamarca
Especialistas aseguraron que no hay ninguna relación entre los casos de cáncer registrados en la Provincia y la explotación minera · Médicos especialistas concluyeron que la minería no afectó a la salud, según informa hoy diario El Ancasti.
“Por los datos que hoy tenemos, y con todo lo que hemos hecho no encontramos evidencia de contaminación ambiental que perturbe la salud”, concluyó ayer el doctor Daniel Stamboulián, director de la Fundación Centro de Estudios Infectológicos (FUNCEI) que presentó los resultados de una investigación para determinar si la explotación minera produjo riesgos en la salud de los pobladores.
Al ser consultado por los casos de cáncer que se registran en la Provincia, el médico infectólogo sintetizó: “No hemos encontrado diferencias con otros lugares del país y en relación con la contaminación y producción de enfermedades no hemos encontrado situaciones distintas a las del resto del país”, sintetizó.
Stamboulián estuvo acompañado por los médicos Miguel Borruel y Diego Fridman que presentaron una síntesis de la investigación. Al referirse al estudio de los casos de cáncer en la Provincia, Borruel señaló que en el ranking de las provincias argentinas, Catamarca se ubica en el lugar décimo noveno.
Al presentar el informe sobre el impacto de la enfermedad terminal la dividió en cáncer infantil o pediátrico (menores de 15 años) y cáncer de adultos. Sobre el primer grupo, aseguró que está “muy bien controlado en el hospital de Niños con un registro de datos que es de lujo”, acotó y señaló que en que este grupo Catamarca está por debajo de la media nacional.
Agregó que por la metodología de la investigación se dividió la provincia en regiones: central, este y oeste. Observó que con respecto a la media nacional hay un pequeño aumento de casos de linfomas y tumores del sistema nervioso central que son los más comunes en los niños. “Eso está por encima estadísticamente, lo decimos con todas las palabras”, dijo Borruel.
Al analizar los casos de cáncer de adultos concluyó que el cáncer de próstata y de mama están por encima de la media nacional. Tiene mayor incidencia en la región central, mientras que en las otras dos áreas está por debajo de la media nacional.
Los profesionales comentaron que se entrevistaron con representantes de grupos Autoconvocados que pregonaban el incremento de los casos de esta enfermedad. Sin embargo, se negaron a mostrar algún caso.
"Cuando nos adentramos para que nos contacten con alguna persona, familiar o médico que esté atendiendo algún caso, sorpresivamente se nos corta el relato y dicen que no lo van a mostrar. Es un relato que queda trunco", apuntó. De igual modo, confirmaron que la niña que murió en Andalgalá y que se difundió como un caso nacional fue por una enfermedad congénita.
El médico explicó también que se investigó la situación sanitaria de toda la población de la localidad de Amanao (60 personas) que suman 1700 años de residencia en la zona, que viven cerca del yacimiento de Bajo La Alumbrera y consume agua de las márgenes del río Vis Vis. En conclusión, no se encontraron enfermedades vinculadas a la contaminación del ambiente, pero sí hallaron presencia de enfermedades endémicas como Chagas Mazza y brucelosis.
Conclusiones del informes
- Para el estudio se tomaron muestras de agua de todo el río Vis Vis, el dique de colas y la zona de filtración y se realizaron estudios propios. También se estudio el recorrido del mineraloducto.
Los especialistas señalaron que el agua viene "bien procesada y tratada" hasta que cae en un canal artificial en la Provincia de Tucumán. "Allí se mezcla el agua limpia, con agua sucia", dijo uno de los especialistas al referirse a una de las cuentas que luego desemboca en un dique de Santiago del Estero.
- En las poblaciones que rodean al río Vis Vis, Amanao, Hualfín, Belén y Andalgalá se profundizó en la situación epidemiológica a partir del informe de los médicos de la zona.
Por otra parte, el secretario de Minería de la Provincia, Jorge Eremchuk no descartó que se inicie algún tipo de acción legal contra aquellas personas que presentaron la muerte de una niña de Andalgalá como una consecuencia de la actividad minera en la zona. Aunque no lo nombró, la medida sería en contra del diputado nacional `Pino` Solanas.
Vehículos causan el 80% de la contaminación
Autos y colectivos causan el 80% de la contaminación
Fecha de Publicación: 28/09/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Capital
Buscan reducir los gases con un bus ecológico. Una las principales razones del aumento de la polución es que cada vez hay más coches y los micros antiguos siguen circulando. El nuevo ómnibus con motor eléctrico sale a la calle la semana próxima.
Para el Gobierno porteño, un 80% de la contaminación del aire de la Ciudad se produce por los gases que emiten los vehículos, tanto los colectivos como los autos particulares. Y en lo que va del año, la Agencia de Protección Ambiental sancionó a un 12% de los colectivos inspeccionados por exceso de emisión de gases. Mientras Buenos Aires sufre cada vez más la polución, hoy será presentado el primer colectivo ecológico.
En los primeros ocho meses del año, la Agencia realizó 14.600 inspecciones a colectivos en la calle, donde mide la emisión de humo negro y de ruidos. De ese total, el 15% tuvo algún tipo de sanción: el 12% por polución por gases y el 3% restante por emisión de ruidos.
El argumento repetido por la Agencia de Protección Ambiental porteña, es que uno de los principales motivos de la contaminación que generan los colectivos es su antigüedad . Es que la Secretaría de Transportes de la Nación viene prorrogando la vida útil de los vehículos hasta 13 años, cuando el tope legal es de diez . La explicación es que las empresas de transporte no tienen la rentabilidad suficiente como para reemplazar la flota. Si ahora se quisiera sacar de circulación a todos los vehículos con más de diez años, se estima que la mitad de las 9.500 unidades que recorren Capital y el Conurbano tendrían que dejar de funcionar .
Como parte del plan para reducir la contaminación, Buenos Aires presentará hoy su primer colectivo ecológico , que funcionará con un motor eléctrico. Así, podrá bajar en un 75% la emisión de lo que se conoce como “material particulado”, uno de los tóxicos más dañinos para la salud . También reducirá un 55% la propagación de dióxido de carbono y entre un 30% y 40% la de gases de efecto invernadero.
La presentación se hará hoy a las 12.20 en Paseo Colón y Belgrano. Pero el Ecobus comenzará a funcionar la semana que viene, una vez que la Comisión Nacional de Regulación de Transporte le dé la habilitación final.
“Esta unidad es la primera de una serie de cinco que se irán incorporando paulatinamente. Contribuirán a mejorar la calidad del aire de la Ciudad y a reducir el consumo de combustible fósil no renovable”, aseguró el ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli. Los siguientes cinco vehículos híbridos serían construidos en lo que resta del año, y circularían a partir del año que viene.
El colectivo prestará servicio para la línea 62, que une Retiro, Once y Constitución. Aunque el color característico de esta línea es el rojo, el Ecobus estará pintado de amarillo y verde . Hará el mismo recorrido que el resto de los vehículos, ya que no tiene ninguna diferencia en cuanto a la velocidad u otras prestaciones respecto de un colectivo normal.
El vehículo fue construido gracias a un convenio entre la Universidad de La Plata, la Ciudad y TATSA, la empresa de los hermanos Cirigliano que se dedica a la fabricación de colectivos. Costó 420.000 dólares, de los cuales el Gobierno puso 340.000, y los restantes 80.000 los aportó la empresa con el chasis, la carrocería y el armado. Es un vehículo de piso bajo, con rampas para discapacitados.
La diferencia de precios con los colectivos comunes es importante: según TATSA, un bus normal de piso bajo cuesta unos 120.000 dólares (y 135.000 si tiene aire acondicionado). Pero la inversión se compensa con el consumo, ya que el Ecobus gasta un 30% menos de combustible .
El proyecto para construir el Ecobus fue lanzado en 2008, y entonces se dijo que iba a estar listo en diciembre de ese año. Pero la presentación del prototipo la hizo el Gobierno porteño el 23 de junio del año pasado, días antes de las elecciones legislativas. Y recién ahora lo sacan a la calle.
Así, Buenos Aires se convertirá en la primera ciudad argentina en contar con un colectivo híbrido . Y será la segunda en Latinoamérica detrás de San Pablo, que ya tiene cuatro circulando. Superará incluso a grandes ciudades como París, que aún no tiene un vehículo de este tipo.
Fecha de Publicación: 28/09/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Capital
Buscan reducir los gases con un bus ecológico. Una las principales razones del aumento de la polución es que cada vez hay más coches y los micros antiguos siguen circulando. El nuevo ómnibus con motor eléctrico sale a la calle la semana próxima.
Para el Gobierno porteño, un 80% de la contaminación del aire de la Ciudad se produce por los gases que emiten los vehículos, tanto los colectivos como los autos particulares. Y en lo que va del año, la Agencia de Protección Ambiental sancionó a un 12% de los colectivos inspeccionados por exceso de emisión de gases. Mientras Buenos Aires sufre cada vez más la polución, hoy será presentado el primer colectivo ecológico.
En los primeros ocho meses del año, la Agencia realizó 14.600 inspecciones a colectivos en la calle, donde mide la emisión de humo negro y de ruidos. De ese total, el 15% tuvo algún tipo de sanción: el 12% por polución por gases y el 3% restante por emisión de ruidos.
El argumento repetido por la Agencia de Protección Ambiental porteña, es que uno de los principales motivos de la contaminación que generan los colectivos es su antigüedad . Es que la Secretaría de Transportes de la Nación viene prorrogando la vida útil de los vehículos hasta 13 años, cuando el tope legal es de diez . La explicación es que las empresas de transporte no tienen la rentabilidad suficiente como para reemplazar la flota. Si ahora se quisiera sacar de circulación a todos los vehículos con más de diez años, se estima que la mitad de las 9.500 unidades que recorren Capital y el Conurbano tendrían que dejar de funcionar .
Como parte del plan para reducir la contaminación, Buenos Aires presentará hoy su primer colectivo ecológico , que funcionará con un motor eléctrico. Así, podrá bajar en un 75% la emisión de lo que se conoce como “material particulado”, uno de los tóxicos más dañinos para la salud . También reducirá un 55% la propagación de dióxido de carbono y entre un 30% y 40% la de gases de efecto invernadero.
La presentación se hará hoy a las 12.20 en Paseo Colón y Belgrano. Pero el Ecobus comenzará a funcionar la semana que viene, una vez que la Comisión Nacional de Regulación de Transporte le dé la habilitación final.
“Esta unidad es la primera de una serie de cinco que se irán incorporando paulatinamente. Contribuirán a mejorar la calidad del aire de la Ciudad y a reducir el consumo de combustible fósil no renovable”, aseguró el ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli. Los siguientes cinco vehículos híbridos serían construidos en lo que resta del año, y circularían a partir del año que viene.
El colectivo prestará servicio para la línea 62, que une Retiro, Once y Constitución. Aunque el color característico de esta línea es el rojo, el Ecobus estará pintado de amarillo y verde . Hará el mismo recorrido que el resto de los vehículos, ya que no tiene ninguna diferencia en cuanto a la velocidad u otras prestaciones respecto de un colectivo normal.
El vehículo fue construido gracias a un convenio entre la Universidad de La Plata, la Ciudad y TATSA, la empresa de los hermanos Cirigliano que se dedica a la fabricación de colectivos. Costó 420.000 dólares, de los cuales el Gobierno puso 340.000, y los restantes 80.000 los aportó la empresa con el chasis, la carrocería y el armado. Es un vehículo de piso bajo, con rampas para discapacitados.
La diferencia de precios con los colectivos comunes es importante: según TATSA, un bus normal de piso bajo cuesta unos 120.000 dólares (y 135.000 si tiene aire acondicionado). Pero la inversión se compensa con el consumo, ya que el Ecobus gasta un 30% menos de combustible .
El proyecto para construir el Ecobus fue lanzado en 2008, y entonces se dijo que iba a estar listo en diciembre de ese año. Pero la presentación del prototipo la hizo el Gobierno porteño el 23 de junio del año pasado, días antes de las elecciones legislativas. Y recién ahora lo sacan a la calle.
Así, Buenos Aires se convertirá en la primera ciudad argentina en contar con un colectivo híbrido . Y será la segunda en Latinoamérica detrás de San Pablo, que ya tiene cuatro circulando. Superará incluso a grandes ciudades como París, que aún no tiene un vehículo de este tipo.
Semana clave para los glaciares de Argentina
Semana clave para los glaciares de Argentina
Fecha de Publicación: 27/09/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Tenemos derecho a los glaciares
Por Maristella Svampa SOCIOLOGA E INVESTIGADORA DEL CONICET. Marcelo Giraud GEOGRAFO, UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
Es importante resguardar nuestras reservas de agua dulce desde una óptica que recupere la idea integral de territorio nacional, tal como lo prevé el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados que se trata esta semana en el Senado.
Para muchos es una discusión engorrosa, propia de juristas, técnicos y ambientalistas, muy alejada de nuestra realidad cotidiana. Pero lo cierto es que los glaciares y el área periglacial constituyen una vital reserva y fuente de agua dulce; un bien común al que todos tenemos derecho, más allá de los orígenes provinciales o los intereses corporativos. Por eso es importante resguardarlos, desde una óptica que recupere la idea integral de territorio nacional, tal como lo prevé el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados, próximo a tratarse en el Senado.
Dicha norma fue consensuada entre el diputado Miguel Bonasso y el senador Daniel Filmus, luego del veto presidencial en 2008, a lo que siguió la media sanción de un sospechado proyecto en el Senado, con respaldo del lobby minero. En cambio, el proyecto superador de la Cámara Baja cuenta hoy con el apoyo de trescientas asambleas socioambientales, ciento cincuenta reconocidas organizaciones ambientalistas y numerosos académicos.
Frente a los gobernadores que se escudan en el artículo 124 de la Constitución Nacional -que establece que los recursos naturales son dominio originario de las provincias-, varias veces se ha insistido desde el derecho que éstas no pueden disponer discrecionalmente de los mismos. Justamente el artículo 41 de nuestra Carta Magna ha limitado lo absoluto de este dominio provincial, atribuyendo al Congreso la facultad de dictar las normas de presupuestos mínimos de protección ambiental, que las provincias podrán complementar. Pero el interesado discurso, erróneamente federalista, choca también con la misma geografía, pues muchas cuencas hídricas presentan una unidad ecológica y no conocen de límites jurisdiccionales. Las aguas nacen en una provincia, cruzan su territorio y continúan su curso a través de una o más provincias, regando y dando vida a campos y ciudades. Por ende, al tratarse de cuencas interprovinciales, compete también al Estado nacional el ser garante de las mismas, dado que cualquier actuación o determinación legal en la gestión de las aguas afecta a los territorios de las provincias por las que éstas discurren.
No hay que engañar más a la sociedad. No es cierto que la Ley aprobada en la Cámara Baja restrinja la actividad minera en gran parte del país o de las provincias cordilleranas. En su artículo 6, prohíbe diversas actividades -no sólo la minería- en una muy pequeña porción de nuestro territorio. A escala nacional, puede estimarse que aún con la extensión del campo de hielo santacruceño, y del área periglacial reguladora del recurso hídrico, la ley sólo protege en torno al 1% del territorio argentino (en su porción americana). Tampoco es verdad que la ley impida la realización de obras de infraestructura -como el tren trasandino en Mendoza o el túnel de Agua Negra en San Juan- ya que, a diferencia del proyecto del Senado, el de Diputados no las prohíbe en el ambiente periglacial, sino sólo en los glaciares. Tampoco se está discutiendo sobre la insustentabilidad de la minería; sólo se apunta a resguardar nuestras reservas y fuentes de agua. Por ello, antinomias falaces como “minería sí - minería no” están fuera de lugar, pues implicarían un debate sobre todo el territorio y no sobre una ínfima parte de él. En realidad, tales engaños esconden el interés de empresas como Barrick Gold, que se instalaron en áreas muy frágiles, amenazando un recurso esencial y vulnerable como el agua, que hoy exige una debida protección.
Lo mismo sucede con el empleo en minería, pues los datos han sido deliberadamente inflados. Según el Indec, en 2009 hubo un promedio de 18.342 asalariados registrados en minería, de los cuales sólo 6.533 en minerales metalíferos. En Chile, la minería factura 8 veces más que en Argentina y emplea 174.125 trabajadores, incluyendo contratistas, mientras que en Canadá, con una facturación similar a la chilena, sólo 58.505 trabajadores directos. En consecuencia, por más empleo indirecto que produzca, de ningún modo se justifica la afirmación de la Secretaría de Minería de la Nación, según la cual “la minería ya genera 500.000 empleos en el país”.
Las reformas neoliberales de los años 90 implicaron una significativa pérdida de regulación y control de territorios y recursos por parte del Estado frente a las grandes corporaciones transnacionales. A la luz de las nuevas problemáticas y en nombre de nuestra integridad ambiental y territorial, ya es tiempo de retomar aquellas funciones, si de verdad se está pensando en un concepto inclusivo de nación y en el bienestar de las generaciones futuras.
Senado: pelean por definir quién hará el inventario de los glaciares
Es porque donde se determine que existen hielos, no podrán explotarse minas.
Uno de los puntos más conflictivos del proyecto de ley de protección de glaciares que se debate en el Senado es qué organismo se encargará de hacer el primer inventario de hielos del país . Por un lado, el diputado opositor Miguel Bonasso y otros legisladores se plantaron en que sea el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que depende del CONICET, mientras que varios gobernadores pretenden que lo realicen las direcciones de Minería de sus provincias.
No es un dato menor. Donde se registre un glaciar o un preglaciar no podrá haber minas o extracción de agua para la minería a cielo abierto; y las que existen deberán ser relocalizadas.
“En este punto se da la batalla decisiva para la protección del agua de los argentinos. Podemos discutir otros puntos formales del texto aprobado en Diputados, pero no quién hará el inventario”, enfatizó Bonasso a Clarín . El diputado adelantó que se reunirá con el senador oficialista Daniel Filmus, con quien acordó el texto aprobado en la Cámara baja, para reafirmar ese punto (ver Análisis ).
En cambio, un grupo gobernadores de provincias mineras encabezados por el sanjuanino César Gioja pretenden que el inventario que decidirá qué zona es glacial, preglaciar o apta para la minería lo hagan las provincias. Se basan en un argumento federal: se trata de recursos naturales propios.
El director del IANIGLA, Ricardo Villalba, dijo a Clarín que de aprobarse el proyecto Bonasso su organismo “coordinaría a nivel nacional, en colaboración con universidades y gobiernos provinciales, el Inventario de Glaciares. En estos momentos estamos avanzando en un convenio con la provincia de Mendoza para realizar el Inventario de Glaciares solamente en esa provincia”.
Cuando se le preguntó cuántos glaciares se estima que existen, contestó que hasta ahora nunca se hizo un inventario, pero habría miles. “En base al inventario de glaciares del Río Mendoza, sólo en su cuenca había 980 cuerpos de hielo que cubrían una superficie de 664 km2”. El área de la Capital es de 500 km2.
El IANIGLA, que tiene sede en Mendoza, hizo relevamientos previos en la década del 80, empleando fotos aéreas de 1963 de algunos sectores de las provincias de Mendoza y San Juan.
El fiscal general de Tucumán y especialista en medio ambiente Antonio Gustavo Gómez se sumó a la defensa del IANIGLA. “En mis investigaciones vi cómo distintas direcciones de minería provinciales fracasaron en el momento de controlar la contaminación . Es el zorro puesto a cuidar el gallinero. El ejemplo más doloroso tal vez sea Abra Pampa, en Jujuy. Allí Metal Huasi, con la complicidad de las autoridades que tenían la obligación de controlarla, afectó con plomo el 81% de los niños evaluados. No hay dudas, detrás de cada delito ambiental y en especial en los provocados por la minería a gran escala, hay un funcionario corrupto. No sólo hay contaminación ambiental sino también ‘contaminación social’”.
Los lobbies y la votación del jueves
Como viene ocurriendo en el Senado con cada proyecto controvertido, las fuerzas están parejas y recién se sabrá en el momento de la votación (¿el próximo jueves?) si el país tendrá una ley de Glaciares restrictiva o si gana la pulseada una norma más blanda en sintonía con la propuesta de las provincias mineras.
El jefe del bloque oficial, Miguel Pichetto, dijo que “dará libertad de acción” a los legisladores kirchneristas. Y la misma actitud adoptó Gerardo Morales, de la UCR.
De un lado están la mayoría de los legisladores de las provincias mineras, liderados por el sanjuanino César Gioja, que votarán la sanción del Senado. Aunque los radicales Morales (Jujuy), Alfredo Martínez (Santa Cruz), Ernesto Sanz (Mendoza), el kirchnerista Marcelo Fuentes (Neuquén) y el chubutense Marcelo Guinle votarán a favor de la sanción de Diputados que es más severa. Del otro, hay un conglomerado que se referencia en el pacto Bonasso-Filmus y están a favor de definir con claridad lugares de prohibición de la actividad minera y de investigar en un plazo de 180 días a las actuales explotaciones.
Los números están parejos y la gran incógnita es si la Casa Rosada mantiene su neutralidad.
Si el Gobierno se inclina a favor de las provincias mineras ganará la sanción más blanda del Senado.
Como pocas veces en el Congreso se hizo explícita en este debate la presión de las mineras, la UIA y la CAC que apuestan como mal menor por la sanción del Senado.
Y también han desplegado su arsenal, pero a favor de la sanción de Diputados, los ecologistas que convocaron a un acampe frente al Congreso. En la misma sintonía, mañana hablará en la comisión de Ambiente la gobernadora fueguina Fabiana Rios.
Fecha de Publicación: 27/09/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Tenemos derecho a los glaciares
Por Maristella Svampa SOCIOLOGA E INVESTIGADORA DEL CONICET. Marcelo Giraud GEOGRAFO, UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
Es importante resguardar nuestras reservas de agua dulce desde una óptica que recupere la idea integral de territorio nacional, tal como lo prevé el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados que se trata esta semana en el Senado.
Para muchos es una discusión engorrosa, propia de juristas, técnicos y ambientalistas, muy alejada de nuestra realidad cotidiana. Pero lo cierto es que los glaciares y el área periglacial constituyen una vital reserva y fuente de agua dulce; un bien común al que todos tenemos derecho, más allá de los orígenes provinciales o los intereses corporativos. Por eso es importante resguardarlos, desde una óptica que recupere la idea integral de territorio nacional, tal como lo prevé el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados, próximo a tratarse en el Senado.
Dicha norma fue consensuada entre el diputado Miguel Bonasso y el senador Daniel Filmus, luego del veto presidencial en 2008, a lo que siguió la media sanción de un sospechado proyecto en el Senado, con respaldo del lobby minero. En cambio, el proyecto superador de la Cámara Baja cuenta hoy con el apoyo de trescientas asambleas socioambientales, ciento cincuenta reconocidas organizaciones ambientalistas y numerosos académicos.
Frente a los gobernadores que se escudan en el artículo 124 de la Constitución Nacional -que establece que los recursos naturales son dominio originario de las provincias-, varias veces se ha insistido desde el derecho que éstas no pueden disponer discrecionalmente de los mismos. Justamente el artículo 41 de nuestra Carta Magna ha limitado lo absoluto de este dominio provincial, atribuyendo al Congreso la facultad de dictar las normas de presupuestos mínimos de protección ambiental, que las provincias podrán complementar. Pero el interesado discurso, erróneamente federalista, choca también con la misma geografía, pues muchas cuencas hídricas presentan una unidad ecológica y no conocen de límites jurisdiccionales. Las aguas nacen en una provincia, cruzan su territorio y continúan su curso a través de una o más provincias, regando y dando vida a campos y ciudades. Por ende, al tratarse de cuencas interprovinciales, compete también al Estado nacional el ser garante de las mismas, dado que cualquier actuación o determinación legal en la gestión de las aguas afecta a los territorios de las provincias por las que éstas discurren.
No hay que engañar más a la sociedad. No es cierto que la Ley aprobada en la Cámara Baja restrinja la actividad minera en gran parte del país o de las provincias cordilleranas. En su artículo 6, prohíbe diversas actividades -no sólo la minería- en una muy pequeña porción de nuestro territorio. A escala nacional, puede estimarse que aún con la extensión del campo de hielo santacruceño, y del área periglacial reguladora del recurso hídrico, la ley sólo protege en torno al 1% del territorio argentino (en su porción americana). Tampoco es verdad que la ley impida la realización de obras de infraestructura -como el tren trasandino en Mendoza o el túnel de Agua Negra en San Juan- ya que, a diferencia del proyecto del Senado, el de Diputados no las prohíbe en el ambiente periglacial, sino sólo en los glaciares. Tampoco se está discutiendo sobre la insustentabilidad de la minería; sólo se apunta a resguardar nuestras reservas y fuentes de agua. Por ello, antinomias falaces como “minería sí - minería no” están fuera de lugar, pues implicarían un debate sobre todo el territorio y no sobre una ínfima parte de él. En realidad, tales engaños esconden el interés de empresas como Barrick Gold, que se instalaron en áreas muy frágiles, amenazando un recurso esencial y vulnerable como el agua, que hoy exige una debida protección.
Lo mismo sucede con el empleo en minería, pues los datos han sido deliberadamente inflados. Según el Indec, en 2009 hubo un promedio de 18.342 asalariados registrados en minería, de los cuales sólo 6.533 en minerales metalíferos. En Chile, la minería factura 8 veces más que en Argentina y emplea 174.125 trabajadores, incluyendo contratistas, mientras que en Canadá, con una facturación similar a la chilena, sólo 58.505 trabajadores directos. En consecuencia, por más empleo indirecto que produzca, de ningún modo se justifica la afirmación de la Secretaría de Minería de la Nación, según la cual “la minería ya genera 500.000 empleos en el país”.
Las reformas neoliberales de los años 90 implicaron una significativa pérdida de regulación y control de territorios y recursos por parte del Estado frente a las grandes corporaciones transnacionales. A la luz de las nuevas problemáticas y en nombre de nuestra integridad ambiental y territorial, ya es tiempo de retomar aquellas funciones, si de verdad se está pensando en un concepto inclusivo de nación y en el bienestar de las generaciones futuras.
Senado: pelean por definir quién hará el inventario de los glaciares
Es porque donde se determine que existen hielos, no podrán explotarse minas.
Uno de los puntos más conflictivos del proyecto de ley de protección de glaciares que se debate en el Senado es qué organismo se encargará de hacer el primer inventario de hielos del país . Por un lado, el diputado opositor Miguel Bonasso y otros legisladores se plantaron en que sea el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que depende del CONICET, mientras que varios gobernadores pretenden que lo realicen las direcciones de Minería de sus provincias.
No es un dato menor. Donde se registre un glaciar o un preglaciar no podrá haber minas o extracción de agua para la minería a cielo abierto; y las que existen deberán ser relocalizadas.
“En este punto se da la batalla decisiva para la protección del agua de los argentinos. Podemos discutir otros puntos formales del texto aprobado en Diputados, pero no quién hará el inventario”, enfatizó Bonasso a Clarín . El diputado adelantó que se reunirá con el senador oficialista Daniel Filmus, con quien acordó el texto aprobado en la Cámara baja, para reafirmar ese punto (ver Análisis ).
En cambio, un grupo gobernadores de provincias mineras encabezados por el sanjuanino César Gioja pretenden que el inventario que decidirá qué zona es glacial, preglaciar o apta para la minería lo hagan las provincias. Se basan en un argumento federal: se trata de recursos naturales propios.
El director del IANIGLA, Ricardo Villalba, dijo a Clarín que de aprobarse el proyecto Bonasso su organismo “coordinaría a nivel nacional, en colaboración con universidades y gobiernos provinciales, el Inventario de Glaciares. En estos momentos estamos avanzando en un convenio con la provincia de Mendoza para realizar el Inventario de Glaciares solamente en esa provincia”.
Cuando se le preguntó cuántos glaciares se estima que existen, contestó que hasta ahora nunca se hizo un inventario, pero habría miles. “En base al inventario de glaciares del Río Mendoza, sólo en su cuenca había 980 cuerpos de hielo que cubrían una superficie de 664 km2”. El área de la Capital es de 500 km2.
El IANIGLA, que tiene sede en Mendoza, hizo relevamientos previos en la década del 80, empleando fotos aéreas de 1963 de algunos sectores de las provincias de Mendoza y San Juan.
El fiscal general de Tucumán y especialista en medio ambiente Antonio Gustavo Gómez se sumó a la defensa del IANIGLA. “En mis investigaciones vi cómo distintas direcciones de minería provinciales fracasaron en el momento de controlar la contaminación . Es el zorro puesto a cuidar el gallinero. El ejemplo más doloroso tal vez sea Abra Pampa, en Jujuy. Allí Metal Huasi, con la complicidad de las autoridades que tenían la obligación de controlarla, afectó con plomo el 81% de los niños evaluados. No hay dudas, detrás de cada delito ambiental y en especial en los provocados por la minería a gran escala, hay un funcionario corrupto. No sólo hay contaminación ambiental sino también ‘contaminación social’”.
Los lobbies y la votación del jueves
Como viene ocurriendo en el Senado con cada proyecto controvertido, las fuerzas están parejas y recién se sabrá en el momento de la votación (¿el próximo jueves?) si el país tendrá una ley de Glaciares restrictiva o si gana la pulseada una norma más blanda en sintonía con la propuesta de las provincias mineras.
El jefe del bloque oficial, Miguel Pichetto, dijo que “dará libertad de acción” a los legisladores kirchneristas. Y la misma actitud adoptó Gerardo Morales, de la UCR.
De un lado están la mayoría de los legisladores de las provincias mineras, liderados por el sanjuanino César Gioja, que votarán la sanción del Senado. Aunque los radicales Morales (Jujuy), Alfredo Martínez (Santa Cruz), Ernesto Sanz (Mendoza), el kirchnerista Marcelo Fuentes (Neuquén) y el chubutense Marcelo Guinle votarán a favor de la sanción de Diputados que es más severa. Del otro, hay un conglomerado que se referencia en el pacto Bonasso-Filmus y están a favor de definir con claridad lugares de prohibición de la actividad minera y de investigar en un plazo de 180 días a las actuales explotaciones.
Los números están parejos y la gran incógnita es si la Casa Rosada mantiene su neutralidad.
Si el Gobierno se inclina a favor de las provincias mineras ganará la sanción más blanda del Senado.
Como pocas veces en el Congreso se hizo explícita en este debate la presión de las mineras, la UIA y la CAC que apuestan como mal menor por la sanción del Senado.
Y también han desplegado su arsenal, pero a favor de la sanción de Diputados, los ecologistas que convocaron a un acampe frente al Congreso. En la misma sintonía, mañana hablará en la comisión de Ambiente la gobernadora fueguina Fabiana Rios.
Jardines en las azoteas de la Capital
Jardines en las azoteas mejoran el medio ambiente y ahorran energía
Fecha de Publicación: 27/09/2010
Fuente: EFE
Provincia/Región: Capital
La Alcaldía de Buenos Aires rebajará los impuestos a cambio de la instalación de jardines en las azoteas de los edificios con el fin de mejorar el ambiente y ahorrar energía como hacen Tokio y Berlín, entre otras ciudades.
Las "azoteas verdes" generan "numerosos beneficios" medioambientales a las ciudades, como la mejora de la calidad del aire o la reducción de la temperatura media, explicó hoy a Efe el arquitecto Jorge Leder, responsable de la construcción del primero de estos jardines.
La capital argentina -con una extensión de 200 kilómetros cuadrados y tres millones de habitantes- dispone de dos metros cuadrados de espacio verde por habitante, muy por debajo de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que estipulan como mínimo un valor de diez metros cuadrados.
Buscando "dar ejemplo", la primera de estas terrazas se instaló en el municipal Centro de Gestión y Participación Comunal 2, cuya azotea pasó en dos meses de ser "normal", con suelo de cemento irregular, a "verde" con la macetas con plantas Sedum que ocupan 30 metros cuadrados.
"Lo más complicado fue encontrar la planta adecuada, porque tenía que resistir todo tipo de clima y requerir muy poco riego", comentó Leder que colaboró en este cambio ecologista junto a Lilia Vence, investigadora de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires,
Más allá de los beneficios que aportan a la ciudad, las "azoteas verdes" ofrecen muchas ventajas para el inmueble en el que se ubican, advirtió.
Por ejemplo, las plantas del tejado del centro comunal retienen la lluvia y absorben las temperaturas ambientales, con lo que hace menos frío y calor en las oficinas situadas debajo y se consume menor energía, indicó.
La terraza cuenta también con un colector solar que "calienta" el agua de las cañerías del edificio y con un sistema de canalización que "recoge" las gotas de agua de los aires acondicionados para "reutilizarlas" en el riego de las plantas y la limpieza de los patios, señaló Facundo Carrillo, director del centro.
La nueva instalación permite además aumentar la vida útil de las láminas metálicas impermeables de las terrazas porque las plantas y las placas solares "interceptan los rayos UVA que las envejecerían y degradarían", apuntó Vence.
La construcción del jardín del centro comunal finalizó hace unos meses después de que el estudio de arquitectura Leder-Denegri se adjudicara el concurso convocado por la Agencia de Protección Ambiental de Buenos Aires (APRA).
El proyecto -con un costo de 40.000 pesos (unos 10.000 dólares), cuya mitad financió la APRA- se inició en 2008 en la Facultad de Agronomía donde se investigaron las plantas "adecuadas" para el tipo de clima y exposición solar de la azotea, dijo Leder.
La iniciativa oficial "La conquista del desierto urbano" permite pagar menos tasas municipales a los edificios que construyan jardines en los tejados vacíos de viviendas unifamiliares y comercios de Buenos Aires y se seguirá instalando "como ejemplo" en más sedes del Ayuntamiento.
Otras ciudades como Tokio, Berlín, Sao Paulo, Ciudad de México, Chicago, Toronto o Moscú tienen también "cubiertas ecológicas" en sus edificios para combatir la isla de calor que generan los inmuebles y colaborar en la lucha contra el cambio climático.
Toronto y Tokio cuentan por ejemplo con estrictas legislaciones que obligan a determinados edificios a contar con una superficie mínima de tejados verdes.
Fecha de Publicación: 27/09/2010
Fuente: EFE
Provincia/Región: Capital
La Alcaldía de Buenos Aires rebajará los impuestos a cambio de la instalación de jardines en las azoteas de los edificios con el fin de mejorar el ambiente y ahorrar energía como hacen Tokio y Berlín, entre otras ciudades.
Las "azoteas verdes" generan "numerosos beneficios" medioambientales a las ciudades, como la mejora de la calidad del aire o la reducción de la temperatura media, explicó hoy a Efe el arquitecto Jorge Leder, responsable de la construcción del primero de estos jardines.
La capital argentina -con una extensión de 200 kilómetros cuadrados y tres millones de habitantes- dispone de dos metros cuadrados de espacio verde por habitante, muy por debajo de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que estipulan como mínimo un valor de diez metros cuadrados.
Buscando "dar ejemplo", la primera de estas terrazas se instaló en el municipal Centro de Gestión y Participación Comunal 2, cuya azotea pasó en dos meses de ser "normal", con suelo de cemento irregular, a "verde" con la macetas con plantas Sedum que ocupan 30 metros cuadrados.
"Lo más complicado fue encontrar la planta adecuada, porque tenía que resistir todo tipo de clima y requerir muy poco riego", comentó Leder que colaboró en este cambio ecologista junto a Lilia Vence, investigadora de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires,
Más allá de los beneficios que aportan a la ciudad, las "azoteas verdes" ofrecen muchas ventajas para el inmueble en el que se ubican, advirtió.
Por ejemplo, las plantas del tejado del centro comunal retienen la lluvia y absorben las temperaturas ambientales, con lo que hace menos frío y calor en las oficinas situadas debajo y se consume menor energía, indicó.
La terraza cuenta también con un colector solar que "calienta" el agua de las cañerías del edificio y con un sistema de canalización que "recoge" las gotas de agua de los aires acondicionados para "reutilizarlas" en el riego de las plantas y la limpieza de los patios, señaló Facundo Carrillo, director del centro.
La nueva instalación permite además aumentar la vida útil de las láminas metálicas impermeables de las terrazas porque las plantas y las placas solares "interceptan los rayos UVA que las envejecerían y degradarían", apuntó Vence.
La construcción del jardín del centro comunal finalizó hace unos meses después de que el estudio de arquitectura Leder-Denegri se adjudicara el concurso convocado por la Agencia de Protección Ambiental de Buenos Aires (APRA).
El proyecto -con un costo de 40.000 pesos (unos 10.000 dólares), cuya mitad financió la APRA- se inició en 2008 en la Facultad de Agronomía donde se investigaron las plantas "adecuadas" para el tipo de clima y exposición solar de la azotea, dijo Leder.
La iniciativa oficial "La conquista del desierto urbano" permite pagar menos tasas municipales a los edificios que construyan jardines en los tejados vacíos de viviendas unifamiliares y comercios de Buenos Aires y se seguirá instalando "como ejemplo" en más sedes del Ayuntamiento.
Otras ciudades como Tokio, Berlín, Sao Paulo, Ciudad de México, Chicago, Toronto o Moscú tienen también "cubiertas ecológicas" en sus edificios para combatir la isla de calor que generan los inmuebles y colaborar en la lucha contra el cambio climático.
Toronto y Tokio cuentan por ejemplo con estrictas legislaciones que obligan a determinados edificios a contar con una superficie mínima de tejados verdes.
Alerta en Córdoba por contaminación en Santiago
Alerta en Córdoba por contaminación en Santiago
Fecha de Publicación: 26/09/2010
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba - Santiago del Estero
La degradación de la cuenca Salí-Dulce provoca mortandad masiva de peces en Río Hondo. Llaman a reunión técnica.
Santiago del Estero. Un grupo de técnicos que trabaja para el Comité de Cuenca Salí-Dulce comprobó que algunos afluentes del embalse de Río Hondo, donde se produjo mortandad de peces, presentan carencia de oxígeno, tras realizar una tarea de campo en Tucumán.
La problemática de la contaminación generada por la producción industrial de Tucumán provocó en los últimos meses repetida mortandad de peces de distintas especies, por la falta de oxígeno en el agua.
Debido a la creciente producción de los ingenios de la provincia vecina, actividad que genera residuos como vinaza y cachaza, nocivos para la fauna ictícola, se dispuso la realización de monitoreos periódicos en los cursos de agua.
Convocatoria. Las mediciones se efectuaron en los ríos Medina, Gastona, Salí, Marapa y Matazambi, así como también en los arroyos Mixto, Aguas Blancas y Del Estero.
Además, se tomaron muestras en el canal DP2, al que se arrojaron los desechos de complejos industriales que luego llegaron a Río Hondo.
La situación derivó en la convocatoria a una reunión del cuerpo técnico de la cuenca para el 4 de octubre, en su sede de la Capital santiagueña.
El comité está integrado por representantes de las provincias de Catamarca, Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero, Salta y de la Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Nación
Fecha de Publicación: 26/09/2010
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba - Santiago del Estero
La degradación de la cuenca Salí-Dulce provoca mortandad masiva de peces en Río Hondo. Llaman a reunión técnica.
Santiago del Estero. Un grupo de técnicos que trabaja para el Comité de Cuenca Salí-Dulce comprobó que algunos afluentes del embalse de Río Hondo, donde se produjo mortandad de peces, presentan carencia de oxígeno, tras realizar una tarea de campo en Tucumán.
La problemática de la contaminación generada por la producción industrial de Tucumán provocó en los últimos meses repetida mortandad de peces de distintas especies, por la falta de oxígeno en el agua.
Debido a la creciente producción de los ingenios de la provincia vecina, actividad que genera residuos como vinaza y cachaza, nocivos para la fauna ictícola, se dispuso la realización de monitoreos periódicos en los cursos de agua.
Convocatoria. Las mediciones se efectuaron en los ríos Medina, Gastona, Salí, Marapa y Matazambi, así como también en los arroyos Mixto, Aguas Blancas y Del Estero.
Además, se tomaron muestras en el canal DP2, al que se arrojaron los desechos de complejos industriales que luego llegaron a Río Hondo.
La situación derivó en la convocatoria a una reunión del cuerpo técnico de la cuenca para el 4 de octubre, en su sede de la Capital santiagueña.
El comité está integrado por representantes de las provincias de Catamarca, Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero, Salta y de la Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Nación
Riachuelo: instan al Gobierno porteño a cumplir
Riachuelo: instan al Gobierno porteño a cumplir con la urbanización de las villas
Fecha de Publicación: 25/09/2010
Fuente: Centro de Información Judicial
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Fue durante una audiencia convocada por el juez federal de Quilmes, Luis Armella, quien tiene a su cargo la ejecución del fallo de la Corte que ordenó el saneamiento de la cuenca. Instó a las partes involucradas a trabajar en conjunto
El juez federal de Quilmes, Luis Armella, exhortó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a “un mayor compromiso” con la urbanización de las villas y asentamientos precarios lindantes a la Cuenca Matanza-Riachuelo, en el marco de la ejecución de la sentencia “Mendoza” de la Corte Suprema.
Fue durante una audiencia convocada por el magistrado y realizada este jueves en el Palacio de Tribunales, en la que se analizaron las medidas adoptadas por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), y por los gobiernos Nacional, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad, con relación a las villas, y cuáles serán las que se implementarán en el futuro.
En ese marco, Armella aseguró que “no sirve la acción aislada, por eso exhorto al Gobierno de la Ciudad a un mayor compromiso y trabajo en conjunto con el resto de los involucrados, porque lo que está en juego es la dignidad del ser humano. Esta es una gran oportunidad para dar soluciones concretas”.
Cabe recordar que, en una resolución del 8 de julio, Armella dispuso que “respecto a los asentamientos precarios que se encuentran a lo largo de la Cuenca Matanza Riachuelo, cabe destacar que la problemática socio ambiental que ellos acarrean merece un esfuerzo mancomunado y sin dilación alguna de la ACUMAR y los Estados involucrados para dar soluciones urgentes que, en tal sentido, conlleva la efectiva, rápida y eficiente relocalización de las familias que se encuentran sobre sus márgenes”.
Entre los funcionarios convocados a la audiencia estaban el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Julio de Vido y la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner.
También fueron convocados: Homero Bibiloni (presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo y secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación), Gustavo Villa Uría (presidente ejecutivo de la ACUMAR), todos los integrantes del Consejo Directivo de la ACUMAR en representación de los tres Estados (Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Julio De Vido (ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación) y Alicia Kirchner (ministra de Desarrollo Social de la Nación).
Además, fueron citados: Luis Alberto Bontempo (titular de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación), María Cristina Álvarez Rodríguez (ministra de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires), Gustavo Aguilera (titular del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires), Daniel Chain (ministro de Desarrollo Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Omar Abboud (titular del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Diego Santilli (ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Baldomero Álvarez de Olivera (ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires) y María Eugenia Vidal (ministra de Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Fecha de Publicación: 25/09/2010
Fuente: Centro de Información Judicial
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Fue durante una audiencia convocada por el juez federal de Quilmes, Luis Armella, quien tiene a su cargo la ejecución del fallo de la Corte que ordenó el saneamiento de la cuenca. Instó a las partes involucradas a trabajar en conjunto
El juez federal de Quilmes, Luis Armella, exhortó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a “un mayor compromiso” con la urbanización de las villas y asentamientos precarios lindantes a la Cuenca Matanza-Riachuelo, en el marco de la ejecución de la sentencia “Mendoza” de la Corte Suprema.
Fue durante una audiencia convocada por el magistrado y realizada este jueves en el Palacio de Tribunales, en la que se analizaron las medidas adoptadas por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), y por los gobiernos Nacional, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad, con relación a las villas, y cuáles serán las que se implementarán en el futuro.
En ese marco, Armella aseguró que “no sirve la acción aislada, por eso exhorto al Gobierno de la Ciudad a un mayor compromiso y trabajo en conjunto con el resto de los involucrados, porque lo que está en juego es la dignidad del ser humano. Esta es una gran oportunidad para dar soluciones concretas”.
Cabe recordar que, en una resolución del 8 de julio, Armella dispuso que “respecto a los asentamientos precarios que se encuentran a lo largo de la Cuenca Matanza Riachuelo, cabe destacar que la problemática socio ambiental que ellos acarrean merece un esfuerzo mancomunado y sin dilación alguna de la ACUMAR y los Estados involucrados para dar soluciones urgentes que, en tal sentido, conlleva la efectiva, rápida y eficiente relocalización de las familias que se encuentran sobre sus márgenes”.
Entre los funcionarios convocados a la audiencia estaban el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Julio de Vido y la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner.
También fueron convocados: Homero Bibiloni (presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo y secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación), Gustavo Villa Uría (presidente ejecutivo de la ACUMAR), todos los integrantes del Consejo Directivo de la ACUMAR en representación de los tres Estados (Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Julio De Vido (ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación) y Alicia Kirchner (ministra de Desarrollo Social de la Nación).
Además, fueron citados: Luis Alberto Bontempo (titular de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación), María Cristina Álvarez Rodríguez (ministra de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires), Gustavo Aguilera (titular del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires), Daniel Chain (ministro de Desarrollo Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Omar Abboud (titular del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Diego Santilli (ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Baldomero Álvarez de Olivera (ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires) y María Eugenia Vidal (ministra de Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
La Pampa en alerta por el corte del río Atuel
La provincia realizará un estudio sobre el daño económico por el corte del río Atuel
Fecha de Publicación: 24/09/2010
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
El gobernador Oscar Mario Jorge anunció que se realizará el estudio para evaluar el impacto ambiental que provocó el corte del río Atuel en el oeste pampeano.
Oficialmente se informó que, a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI), se logró el financiamiento para realizar el estudio.
El mismo será llevado adelante a partir de un convenio que se firmará con la Universidad de La Pampa, para lo cual el Gobernador Jorge se reunirá con el rector de esa casa de estudios, Sergio Baudino, para ultimar los detalles que permitan efectivizar el convenio para realizar el trabajo.
Según trascendió, el estudio se había pedido hace unos meses y el costo que había presupuestado la universidad a principio de año era de 750.000 pesos.
“Es una evaluación para determinar el impacto económico que provoca el corte. Queremos saber cuánto pierde la provincia por año, y después utilizar esta información en una eventual demanda ambiental que el Gobierno Provincial realice contra Mendoza”, dijo el subsecretario de Recursos Hídricos, Juan Pablo Morisoli.
Las pérdidas económicas por el corte del río nunca se evaluaron. En 1947, con las obras del dique El Nihuil, en Mendoza, cesaron los últimos escurrimientos del Atuel hacia La Pampa y la cuenca Desaguadero-Salado-Chadileuvú desapareció.
De los cinco brazos del Atuel, actualmente sólo queda activo el arroyo de la Barda y prácticamente ha desaparecido un humedal de casi un millón de hectáreas.
En 1987, cuatro décadas después del corte del río, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir de una demanda del Estado pampeano, consagró “la interprovincialidad del río Atuel”, pero los ribereños pampeanos todavía esperan el regreso del agua.
El Gobierno de Mendoza insiste en argumentar que cumple con el fallo judicial de 1987, que establece que puede utilizar agua del Atuel para regar 72.150 hectáreas, un cupo no cubierto todavía.
Sin embargo, el Gobierno de La Pampa sostiene que la administración cuyana está incumpliendo con el fallo de la CSJN de 1987 porque no se está garantizando un mínimo fluvioecológico.
En 2009, un grupo de organizaciones no gubernamentales e instituciones intermedias pampeanas también hicieron una denuncia en la Corte pero fue desestimada por cuestiones formales.
En 2008, los gobernadores Oscar Jorge y Celso Jaque firmaron, junto a la presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, un convenio que establece un caudal mínimo para La Pampa y una serie de obras en el sur mendocino.
Ese acuerdo, fuertemente resistido tanto por legisladores opositores como oficialistas mendocinos, aún no fue ratificado en la Legislatura de la provincia cuyana y el corte del río Atuel persiste.
Fecha de Publicación: 24/09/2010
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
El gobernador Oscar Mario Jorge anunció que se realizará el estudio para evaluar el impacto ambiental que provocó el corte del río Atuel en el oeste pampeano.
Oficialmente se informó que, a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI), se logró el financiamiento para realizar el estudio.
El mismo será llevado adelante a partir de un convenio que se firmará con la Universidad de La Pampa, para lo cual el Gobernador Jorge se reunirá con el rector de esa casa de estudios, Sergio Baudino, para ultimar los detalles que permitan efectivizar el convenio para realizar el trabajo.
Según trascendió, el estudio se había pedido hace unos meses y el costo que había presupuestado la universidad a principio de año era de 750.000 pesos.
“Es una evaluación para determinar el impacto económico que provoca el corte. Queremos saber cuánto pierde la provincia por año, y después utilizar esta información en una eventual demanda ambiental que el Gobierno Provincial realice contra Mendoza”, dijo el subsecretario de Recursos Hídricos, Juan Pablo Morisoli.
Las pérdidas económicas por el corte del río nunca se evaluaron. En 1947, con las obras del dique El Nihuil, en Mendoza, cesaron los últimos escurrimientos del Atuel hacia La Pampa y la cuenca Desaguadero-Salado-Chadileuvú desapareció.
De los cinco brazos del Atuel, actualmente sólo queda activo el arroyo de la Barda y prácticamente ha desaparecido un humedal de casi un millón de hectáreas.
En 1987, cuatro décadas después del corte del río, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir de una demanda del Estado pampeano, consagró “la interprovincialidad del río Atuel”, pero los ribereños pampeanos todavía esperan el regreso del agua.
El Gobierno de Mendoza insiste en argumentar que cumple con el fallo judicial de 1987, que establece que puede utilizar agua del Atuel para regar 72.150 hectáreas, un cupo no cubierto todavía.
Sin embargo, el Gobierno de La Pampa sostiene que la administración cuyana está incumpliendo con el fallo de la CSJN de 1987 porque no se está garantizando un mínimo fluvioecológico.
En 2009, un grupo de organizaciones no gubernamentales e instituciones intermedias pampeanas también hicieron una denuncia en la Corte pero fue desestimada por cuestiones formales.
En 2008, los gobernadores Oscar Jorge y Celso Jaque firmaron, junto a la presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, un convenio que establece un caudal mínimo para La Pampa y una serie de obras en el sur mendocino.
Ese acuerdo, fuertemente resistido tanto por legisladores opositores como oficialistas mendocinos, aún no fue ratificado en la Legislatura de la provincia cuyana y el corte del río Atuel persiste.
Etiquetas:
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Contra las fumigaciones y el proyecto Ayuí
Diputados rechazaron las fumigaciones aéreas y el proyecto Ayuí
Fecha de Publicación: 23/09/2010
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
Los legisladores que integran la Comisión de Recursos Naturales, trataron un proyecto de ley que prohíbe la fumigación aérea con plaguicidas y restringe la distancia para su aplicación terrestre en todo país. También se comprometieron a trabajar en el seguimiento de las causas judiciales de impugnación de la Ley de Bosques y en pedidos de informes al Gobierno de Corrientes por la Represa de Ayuí.
El pasado martes 21 de septiembre, se reunió la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados en una audiencia pública en la que se debatió en torno a la cuestión del proyecto Ayuí Grande y sus implicancias ambientales y sociales.
Los legisladores se comprometieron a trabajar activamente en el seguimiento de las causas judiciales presentadas por Fundación Iberá impugnando la Ley de Bosques y en pedidos de informes al Gobierno de Corrientes.
El mismo día, la Diputada Nacional, Cecilia Merchán, junto al interbloque Proyecto Sur, organizó una Audiencia Pública para debatir las consecuencias sanitarias de la aplicación indiscriminada de agro químicos.
En la audiencia, de la que participaron unas 200 personas, se presentó el proyecto de ley que prohíbe la fumigación aérea con plaguicidas y restringe la distancia para su aplicación terrestre en todo país (5857-D-2010).
Asimismo, se analizaron otras iniciativas legislativas presentadas a nivel nacional, provincial y local que van desde la restricción de productos de comprobada peligrosidad, a una mayor regulación y control en su aplicación.
En la oportunidad, disertaron por las organizaciones de la sociedad civil y del sector académico, Andrés Carrasco (UBA-CONICET), Raúl Horacio Lucero (Universidad Nacional del Nordeste, Chaco), Norma Giarracca (Socióloga), Medardo Ávila Vázquez (Universidad Nacional de Córdoba), Javier Souza Casadinho (RAPAL), Salvemos al Iberá (Corrientes), y Vecinos de la localidad bonaerense de San Pedro, entre otros.
El jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Raúl Horacio Lucero, detalló frente a legisladores las historias clínicas de niños malformados que comenzaron y llegaron a su consultorio, exhibió radiografías de bebés sin dedos, chicas con brazos sin articulación.
En tanto Emilio Spataro, Coordinador de la Campaña Salvemos al Iberá presentó el caso de Colonia Carlos Pellegrini como un ejemplo de como afecta a la economía local (basada en el ecoturismo), además de a la salud humana, la actividad arrocera que fumiga sobre poblaciones humanas en la Reserva Provincial Esteros del Iberá.
Fecha de Publicación: 23/09/2010
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
Los legisladores que integran la Comisión de Recursos Naturales, trataron un proyecto de ley que prohíbe la fumigación aérea con plaguicidas y restringe la distancia para su aplicación terrestre en todo país. También se comprometieron a trabajar en el seguimiento de las causas judiciales de impugnación de la Ley de Bosques y en pedidos de informes al Gobierno de Corrientes por la Represa de Ayuí.
El pasado martes 21 de septiembre, se reunió la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados en una audiencia pública en la que se debatió en torno a la cuestión del proyecto Ayuí Grande y sus implicancias ambientales y sociales.
Los legisladores se comprometieron a trabajar activamente en el seguimiento de las causas judiciales presentadas por Fundación Iberá impugnando la Ley de Bosques y en pedidos de informes al Gobierno de Corrientes.
El mismo día, la Diputada Nacional, Cecilia Merchán, junto al interbloque Proyecto Sur, organizó una Audiencia Pública para debatir las consecuencias sanitarias de la aplicación indiscriminada de agro químicos.
En la audiencia, de la que participaron unas 200 personas, se presentó el proyecto de ley que prohíbe la fumigación aérea con plaguicidas y restringe la distancia para su aplicación terrestre en todo país (5857-D-2010).
Asimismo, se analizaron otras iniciativas legislativas presentadas a nivel nacional, provincial y local que van desde la restricción de productos de comprobada peligrosidad, a una mayor regulación y control en su aplicación.
En la oportunidad, disertaron por las organizaciones de la sociedad civil y del sector académico, Andrés Carrasco (UBA-CONICET), Raúl Horacio Lucero (Universidad Nacional del Nordeste, Chaco), Norma Giarracca (Socióloga), Medardo Ávila Vázquez (Universidad Nacional de Córdoba), Javier Souza Casadinho (RAPAL), Salvemos al Iberá (Corrientes), y Vecinos de la localidad bonaerense de San Pedro, entre otros.
El jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Raúl Horacio Lucero, detalló frente a legisladores las historias clínicas de niños malformados que comenzaron y llegaron a su consultorio, exhibió radiografías de bebés sin dedos, chicas con brazos sin articulación.
En tanto Emilio Spataro, Coordinador de la Campaña Salvemos al Iberá presentó el caso de Colonia Carlos Pellegrini como un ejemplo de como afecta a la economía local (basada en el ecoturismo), además de a la salud humana, la actividad arrocera que fumiga sobre poblaciones humanas en la Reserva Provincial Esteros del Iberá.
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