Controles de los desmontes en San Luis
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Intensificaron los controles de los desmontes en San Luis
Fecha de Publicación: 07/08/2010
Fuente: El Mensajero
Provincia/Región: San Luis
La provincia trabaja en controlar los desmontes ilegales dentro del territorio utilizando tecnología satelital.
El Ministerio de Medio Ambiente intensificó el control de los desmontes ilegales en el territorio provincial mediante la comparativa de imágenes satelitales provistas por la Comisión Nacional de Asuntos Espaciales (CONAE), por ello no requerirá la presencia de inspectores para llevar a cabo la fiscalización de actividades forestales no autorizadas.
Esta nueva metodología facilita y transparenta la tarea de detección de desmontes de los bosques nativos.
La misma consiste en realizar un trabajo de teledetección por personal técnico del Ministerio, en el que se comparan imágenes satelitales Landsat 5 TM. A través de estas comparativas se pueden identificar los inmuebles rurales que hayan realizados trabajos de desmontes en época de veda forestal.
En caso que ante una multa se niegue la existencia del desmonte, ingenieros forestales y ambientales del Ministerio, podrán hacerse presentes en el campo que este negando el hecho, antes de dejar firme la multa. En caso que la multa quede firme, los costos por movilizarse al lugar, serán sumados a la multa original.
A través de esta metodología se transparenta la gestión de fiscalización y control que lleva adelante el Ministerio de acuerdo a la Ley de Bosques Nativos, dando paso al acceso de la tecnología de avanzada.
Cien años en crecer, cinco minutos en caer
Los bosques, son ecosistemas muy complejos, en los que se asocian distintas especies de flora y fauna con otros componentes como suelo, subsuelo, agua; los cuales brindan diversos servicios ambientales a toda la comunidad.
La ley provincial de bosques nativos, cuyo objetivo principal es la conservación de los mismos y evitar la deforestación descontrolada, prevé la posibilidad de desmontar solo en la categoría verde (Mapa anexo de la Resolución Nº 123-2010) del Programa Recursos Naturales, debiendo presentarse a tal fin un plan de cambio de uso del suelo al MMA. El plan, cuyos requisitos de presentación se establecen en la Resolución mencionada, será evaluado por el equipo técnico del Ministerio; y una vez aprobado, el solicitante podrá ejecutarlo.
Es importante destacar, que los desmontes ejecutados y que no estén autorizados por la autoridad competente, se le aplicarán multas que pueden ascender hasta los 2,5 millones de pesos.
Fecha de Publicación: 07/08/2010
Fuente: El Mensajero
Provincia/Región: San Luis
La provincia trabaja en controlar los desmontes ilegales dentro del territorio utilizando tecnología satelital.
El Ministerio de Medio Ambiente intensificó el control de los desmontes ilegales en el territorio provincial mediante la comparativa de imágenes satelitales provistas por la Comisión Nacional de Asuntos Espaciales (CONAE), por ello no requerirá la presencia de inspectores para llevar a cabo la fiscalización de actividades forestales no autorizadas.
Esta nueva metodología facilita y transparenta la tarea de detección de desmontes de los bosques nativos.
La misma consiste en realizar un trabajo de teledetección por personal técnico del Ministerio, en el que se comparan imágenes satelitales Landsat 5 TM. A través de estas comparativas se pueden identificar los inmuebles rurales que hayan realizados trabajos de desmontes en época de veda forestal.
En caso que ante una multa se niegue la existencia del desmonte, ingenieros forestales y ambientales del Ministerio, podrán hacerse presentes en el campo que este negando el hecho, antes de dejar firme la multa. En caso que la multa quede firme, los costos por movilizarse al lugar, serán sumados a la multa original.
A través de esta metodología se transparenta la gestión de fiscalización y control que lleva adelante el Ministerio de acuerdo a la Ley de Bosques Nativos, dando paso al acceso de la tecnología de avanzada.
Cien años en crecer, cinco minutos en caer
Los bosques, son ecosistemas muy complejos, en los que se asocian distintas especies de flora y fauna con otros componentes como suelo, subsuelo, agua; los cuales brindan diversos servicios ambientales a toda la comunidad.
La ley provincial de bosques nativos, cuyo objetivo principal es la conservación de los mismos y evitar la deforestación descontrolada, prevé la posibilidad de desmontar solo en la categoría verde (Mapa anexo de la Resolución Nº 123-2010) del Programa Recursos Naturales, debiendo presentarse a tal fin un plan de cambio de uso del suelo al MMA. El plan, cuyos requisitos de presentación se establecen en la Resolución mencionada, será evaluado por el equipo técnico del Ministerio; y una vez aprobado, el solicitante podrá ejecutarlo.
Es importante destacar, que los desmontes ejecutados y que no estén autorizados por la autoridad competente, se le aplicarán multas que pueden ascender hasta los 2,5 millones de pesos.
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Bosques de Córdobas desamparados por la Ley
El ordenamiento de bosques nativos votado por la legislatura cordobesa viola la ley nacional de bosques
Fecha de Publicación: 06/08/2010
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Córdoba
La organización ambientalista Greenpeace criticó duramente la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos aprobada anoche en la legislatura cordobesa y remarcó que ante la situación de emergencia forestal que se registra en la provincia constituye una enorme irresponsabilidad.
Greenpeace denunció que la norma aprobada viola la Ley nacional 26.331 y pone en peligro los últimos bosques nativos que le quedan a la provincia.
Los ambientalistas señalaron al gobernador Juan Schiaretti y a los legisladores que apoyaron los cambios en el proyecto original elaborado por la Comisión de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (COTBN) como los responsables del atropello a la Ley nacional de Bosques Nativos y de privilegiar intereses de sectores económicos por encima del bienestar de la población en general.
“El proyecto aprobado por la legislatura cordobesa viola directamente la Ley nacional de Bosques Nativos, incluye en el área roja, destinada a la conservación, la posibilidad de realizar actividades productivas, lo cual está claramente prohibido por la ley nacional 26.331. Por otro lado, se reduce la superficie a proteger, ya que se modifica la definición de bosque nativo para poder destruir prácticamente todo lo que las topadoras o el fuego intencional tenga a su paso”, señaló M. Eugenia Testa, Directora política de Greenpeace.
La ley aprobada reduce a menos de la mitad las zonas a proteger, en comparación con el proyecto elaborado y presentado por la COTBN, e incluye la posibilidad de realizar actividades que impactan en el medioambiente dentro de las zonas de mayor protección según la ley nacional. Por otro lado, desestima la participación de la sociedad en los procesos de control ya que anula la creación del Cuerpo Voluntario de Guardianes de Bosques Nativos y no obliga a la Autoridad de Aplicación a convocar a Audiencia Pública en caso de solicitud de desmonte.
Greenpeace apoya al proyecto realizado y presentado por la COTBN para dar cumplimiento a la Ley 26.331 de protección de Bosques Nativos, en la que se establece que el proceso de ordenamiento territorial de las zonas boscosas debe realizarse a partir de la evaluación de diez criterios ambientales, económicos y sociales, y que el mismo debe ser participativo. Para cumplir con esto, la COTBN ha realizado un análisis pormenorizado de los criterios y ha garantizado la participación mediante talleres regionales y una audiencia pública con casi mil asistentes.
“El Ordenamiento Territorial que aprobó la legislatura cordobesa no solo desconoce lo establecido por la Ley de Presupuestos Mínimos, sino que además hace oídos sordos a los reclamos y propuestas de los ciudadanos cordobeses que participaron activamente durante dos años de una comisión participativa, tal como lo establece la ley”, agregó Testa.
Córdoba posee una superficie total de 16 millones de hectáreas, de las cuales el 70 por ciento (12 millones de hectáreas) eran de bosque nativo, mientras que en la actualidad sólo queda el 5 por ciento de la superficie original (unas 600.000 hectáreas); y tiene la tasa de deforestación más alta del país (-2,93% anual durante el período 1998-2002), y la misma resulta doce veces superior a la media mundial (-0,23% para 1999-2000).
“El proyecto aprobado reduce drásticamente las zonas a conservar y destinadas al desarrollo sustentable en favor de actividades económicas en una provincia que ya ha destruido prácticamente todos sus bosques nativos”, señaló Hernán Giardini, Coordinador de la Campaña de Biodiversidad de Greenpeace.
Fecha de Publicación: 06/08/2010
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Córdoba
La organización ambientalista Greenpeace criticó duramente la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos aprobada anoche en la legislatura cordobesa y remarcó que ante la situación de emergencia forestal que se registra en la provincia constituye una enorme irresponsabilidad.
Greenpeace denunció que la norma aprobada viola la Ley nacional 26.331 y pone en peligro los últimos bosques nativos que le quedan a la provincia.
Los ambientalistas señalaron al gobernador Juan Schiaretti y a los legisladores que apoyaron los cambios en el proyecto original elaborado por la Comisión de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (COTBN) como los responsables del atropello a la Ley nacional de Bosques Nativos y de privilegiar intereses de sectores económicos por encima del bienestar de la población en general.
“El proyecto aprobado por la legislatura cordobesa viola directamente la Ley nacional de Bosques Nativos, incluye en el área roja, destinada a la conservación, la posibilidad de realizar actividades productivas, lo cual está claramente prohibido por la ley nacional 26.331. Por otro lado, se reduce la superficie a proteger, ya que se modifica la definición de bosque nativo para poder destruir prácticamente todo lo que las topadoras o el fuego intencional tenga a su paso”, señaló M. Eugenia Testa, Directora política de Greenpeace.
La ley aprobada reduce a menos de la mitad las zonas a proteger, en comparación con el proyecto elaborado y presentado por la COTBN, e incluye la posibilidad de realizar actividades que impactan en el medioambiente dentro de las zonas de mayor protección según la ley nacional. Por otro lado, desestima la participación de la sociedad en los procesos de control ya que anula la creación del Cuerpo Voluntario de Guardianes de Bosques Nativos y no obliga a la Autoridad de Aplicación a convocar a Audiencia Pública en caso de solicitud de desmonte.
Greenpeace apoya al proyecto realizado y presentado por la COTBN para dar cumplimiento a la Ley 26.331 de protección de Bosques Nativos, en la que se establece que el proceso de ordenamiento territorial de las zonas boscosas debe realizarse a partir de la evaluación de diez criterios ambientales, económicos y sociales, y que el mismo debe ser participativo. Para cumplir con esto, la COTBN ha realizado un análisis pormenorizado de los criterios y ha garantizado la participación mediante talleres regionales y una audiencia pública con casi mil asistentes.
“El Ordenamiento Territorial que aprobó la legislatura cordobesa no solo desconoce lo establecido por la Ley de Presupuestos Mínimos, sino que además hace oídos sordos a los reclamos y propuestas de los ciudadanos cordobeses que participaron activamente durante dos años de una comisión participativa, tal como lo establece la ley”, agregó Testa.
Córdoba posee una superficie total de 16 millones de hectáreas, de las cuales el 70 por ciento (12 millones de hectáreas) eran de bosque nativo, mientras que en la actualidad sólo queda el 5 por ciento de la superficie original (unas 600.000 hectáreas); y tiene la tasa de deforestación más alta del país (-2,93% anual durante el período 1998-2002), y la misma resulta doce veces superior a la media mundial (-0,23% para 1999-2000).
“El proyecto aprobado reduce drásticamente las zonas a conservar y destinadas al desarrollo sustentable en favor de actividades económicas en una provincia que ya ha destruido prácticamente todos sus bosques nativos”, señaló Hernán Giardini, Coordinador de la Campaña de Biodiversidad de Greenpeace.
Glaciares: el oficialismo no dió cuorum
Los K aprovecharon algunas ausencias para voltear la sesión por la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 05/08/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Sin quórum por un pelito y con ribetes de escándalo, fracasó ayer la sesión de la Cámara de Diputados en la que se iba a intentar sancionar la nueva ley de glaciares.
A las 14.35, Agustín Rossi ingresó al recinto, 127 diputados llevaban media hora esperando. Faltaban dos para que se pudiera dar inicio al debate y el jefe de la bancada oficialista pidió entonces que se levantara la sesión.
Elisa Carrió (Coalición Cívica) y Claudio Lozano (Proyecto Sur), se levantaron indignados y pidieron que se tomara lista.
“No estamos en un ejército”, respondió Rossi.
A las 14.45, Eduardo Fellner levantó la sesión sin que se pudieran votar los 18 artículos pendientes de la nueva ley que reemplazará a la vetada el años pasado por la Presidenta Cristina Kirchner.
Había pegado el faltazo el bloque oficialista en pleno.
Pero también se ausentaron gran parte de los radicales, tres peronistas disidentes y dos diputados del PRO, entre otros.
El más furioso era Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires), autor de la iniciativa. Apenas salió del recinto se cruzó con la aliada del kirchnerismo Silvia Vázquez (Concertación), que a esa misma hora estaba dando en pleno salón de los pasos perdidos una conferencia de prensa junto a representantes de los pueblos originarios. Bonasso le endilgó que no hubiese entrado a dar quórum, Vázquez le respondió, y todo casi termina a las trompadas con los acompañantes de la diputada.
“Si no tienen una causa justificada para ausentarse, tengo derecho a pensar que faltaron por el lobby de la Barrick, que recibieron algún ‘banelcazo’ o presiones de las provincias mineras”, le dijo Bonasso a Clarín , después de acusar Rossi por haber tenido actitudes de “guapo de barrio” y de pedir la remoción de Fellner.
Carrió resaltó que los 19 diputados de su bloque estaban en sus bancas. Por eso prefirió cargar las tintas sobre los opositores ausentes.
Habló de “negligencia, desidia e irresponsabilidad”. Y subrayó que “nos pagan para trabajar. No puede ser que haya diputados en Europa y se nos caiga la sesión”.
Fuentes del bloque del Frente para la Victoria apuntaron que la ausencia masiva de la tropa propia fue una “pase de facturas” por los últimos dictámenes contrarios a los deseos del oficialismo, como el de la reforma del INDEC. Y para dejar a la luz las fracturas internas de la oposición que le impiden juntar el quórum propio.
De cualquier modo, en el bloque oficialista asumían que la ley seguramente será aprobada en la sesión de la semana próxima.
Antecedentes
La ley de glaciares, aprobada por unanimidad por diputados y senadores, fue vetada el año pasado por la presidenta Cristina Kirchner.
Daniel Filmus presentó un nuevo proyecto que fue aprobado en el Senado. Pero Miguel Bonasso promovió reformas desde Diputados para proteger mejor los glaciares y su zona adyacente.
Antes del receso invernal, el proyecto de Bonasso fue aprobado en general pero faltan la aprobación en particular de algunas artículos clave. Bonasso acusa al lobby en contra de las mineras.
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Fracasó la sesión por los glaciares
Fecha de Publicación: 05/08/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Con reproches cruzados entre los opositores, fracasó ayer por falta de quórum la sesión que iba a celebrarse en la Cámara de Diputados para dar media sanción al proyecto de ley de protección de glaciares.
La sesión se levantó cuando faltaban sólo dos diputados para alcanzar los 129 necesarios para el quórum. La responsabilidad recae en la oposición porque, pese a tener mayoría en el cuerpo, varios legisladores de esas filas se ausentaron. El kirchnerismo ya había avisado de antemano que no apoyaría la iniciativa.
La líder de la Coalición Cívica, la diputada Elisa Carrió, y su par Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires), uno de los principales fogoneros de la iniciativa, criticaron con dureza a sus pares opositores. Fuentes cercanas a ambos diputados sospechan que hubo un acuerdo tácito entre el oficialismo y sectores de la oposición para que la sesión fracasara.
"La Coalición estaba con todos sus diputados y no puede ser que haya legisladores paseando por Europa y nosotros tratando de sesionar aquí", se quejó Carrió. Bonasso tampoco ahorró críticas: "Los señores de la oposición deben explicar por qué no estuvieron en la sesión. Cada vez que se trata un tema ambiental que implica temas económicos este fenómeno se reitera".
El proyecto de ley de protección de glaciares había comenzado a tratarse el 14 de julio, pero cuando se estaba discutiendo en particular cada artículo se decidió postergar la sesión por falta de quórum. La iniciativa establece presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial.
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Glaciares: Los diputados de la minera Barrick Gold
Fecha de Publicación: 05/08/2010
Fuente: Urgente 24
Provincia/Región: Nacional
Entre acusaciones cruzadas, fracasó este miércoles 04/08 la aprobación del proyecto para la preservación de los glaciares. La oposición no logró reunir los votos necesarios para concretar la votación en particular y el oficialismo se retiró del recinto para que fracasara la sanción de la iniciativa.
La oposición alcanzó a reunir 128 diputados, uno menos de lo que exige el quórum, por lo que el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, pidió que se levantara la sesión por falta de número.
Hubo 129 diputados ausentes. No llamó la antención la ausencia de los diputados del Frente para la Victoria y sus aliados del Moviviento Popular Neuquino, el Frente Cívico de Santiago del Estero y los de la Concertación y los del Nuevo Encuentro popular y Solidario de Carlos Heller, Martín Sabatella y compañía.
La sorpresa se centró en la ausencia de varios diputados de la UCR, sobre todo la de Eduardo Kenny (La Pampa), que se levantó cuando había 128 diputados no posibilitando el incio de la sesión. Tambien la de varios legisladores del peronismo desidente y Federal y los del PRO.
Brillaron por su ausencia, Gerardo Millman ( GEN -Buenos Aires), Ricardo Gil Lavedra (UCR-ciudad Autónoma de Buenos Aires), Autónoma de Buenos Aires), Mauricio Ibarra (Peronismo Federal- San Juan), fue papá por 5ta vez, Beatriz Daher (Peronismo Federal-Salta), acaba de ser abuela, Sergio Pansa (Peronismo Federal- de San Luis), Atilio Benedetti (UCR-Entre Ríos), por solo nombrar algunos.
Con justa razón se quejaba la diputada de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. La ausencia de una veintena de diputados hubiera posibilitado la aprobación de la iniciativa que contempla que establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, ley que fuera vetada por la presidenta Cristina de Kirchner en 2008.
A continuación los ausentes:
ABDALA de MATARAZZO, Norma (Frente Cívico -Santiago)
ACOSTA, María Julia Frente para la Victoria (PJ-Catamarca)
AGUIRRE de SORIA, Hilda (Frente para la Victoria - La Rioja)
ALBRIEU, Oscar (Frente para la Victoria - Rio Negro)
ALFARO, German (Frente para la Victoria-Tucumán)
ALIZEGUI, Antonio (Frente para la Victoria - Entre Ríos)
ALONSO, Laura (PRO- Cdad. Aut. Bs. As)
ALVAREZ, Juan José (Peronista-Buenos Aires)
ALVARO, Héctor (De la Concertación- Mendoza)
ARETA, María Josefa (Frente de Todos- Corrientes)
ARGÜELLO, Octavio (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
ASEF, Daniel (Peronista Córdoba Ciudadana- Córdoba)
BARRANDEGUY, Raúl (Frente para la Victoria - Entre Ríos)
BEDANO, Nora (Frente para la Victoria - Córdoba)
BELOUS, Nélida (Proyecto Progresista- Tierra del Fuego)
BENEDETTI, Atilio (Union Cívica Radical- Entre Ríos)
BERNAL, María (Frente para la Victoria - Jujuy)
BERTONE, Rosana (Frente para la Victoria- Tierra del Fuego)
BIDEGAIN, Gloria (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
BLANCO de PERALTA,(Blanca Frente para la Victoria -Santa Cruz)
BRILLO, José (Movimiento Popular Neuquino- Neuquén)
BRUE, Daniel (Frente Cívico- Santiago del Estero)
BULLRICH, Esteban (con Licencia) (PRO- Cdad. Aut. Bs. As)
CALCHAQUI, Mariel (Frente para la Victoria - Tierra del Fuego)
CARLOTTO, Remo (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
CASELLES, Graciela (Partido Bloquista- San Juan)
CEJAS, Jorge (Frente para la Victoria - Rio Negro)
CHIENO, Maria Elena (Frente para la Victoria - Corrientes)
CHIQUICHANO, Rosa (Frente para la Victoria - Chubut)
CIGOGNA, Luis (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
COMELLI, Alicia (Movimiento Popular Neuquino- Neuquén)
CONTI, Diana (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
CORDOBA, Stella (Frente para la Victoria - Tucumán)
DAHER, Zulema (Peronismo Federal-Salta)
DAMILANO GRIVARELLO, Viviana (Frente para la Victoria - Chaco)
DATO, Alfredo (Frente para la Victoria - Tucumán)
de la ROSA, Maria (Frente para la Victoria - Formosa)
di TULLIO, Juliana (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
DIAZ BANCALARI, José (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
DIAZ ROIG, Juan Carlos (Frente para la Victoria - Formosa)
DIAZ, Susana (Frente para la Victoria - Tucumán)
FADEL, Patricia (Frente para la Victoria - Mendoza)
FELIX, Omar (Frente para la Victoria - Mendoza)
FERNANDEZ BASUALDO, Luis (Frente para la Victoria - Formosa)
FERRA de BARTOL, Margarita (Frente para la Victoria - San Juan)
FIOL, Paulina (Frente para la Victoria - Santa Fe)
GALLARDO, Miriam (Frente para la Victoria - Tucumán)
GARCIA, María (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
GARDELLA, Patricia (Corriente de Pensamiento Federal- Buenos Aires)
GIANNETTASIO, Graciela (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
GIL LAVEDRA, Ricardo (Union Cívica Radical- Cdad. Aut. Bs. As)
GIOJA, Juan Carlos (Frente para la Victoria - San Juan)
GODOY, Ruperto (Frente para la Victoria - San Juan)
GONZALEZ, Juan (Frente para la Victoria - Mendoza)
GONZALEZ, Nancy (Frente para la Victoria - Chubut)
GRANADOS, Dulce (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
GRIBAUDO, Christian (PRO- Buenos Aires)
GULLO, Juan Dante (Frente para la Victoria - Cdad. Aut. Bs. As)
GUZMAN, Olga (Movimiento Popular Neuquino-Neuquén)
HELLER, Carlos (Nuevo Encuentro Popular y Solidario -Cdad. Aut. Bs. As)
HERRERA, José (Frente Cívico - Santiago del Estero)
HOTTON, Cynthia (Liliana Valores para mi País- Cdad. Aut. Bs. As)
IBARRA, Mauricio (Peronismo Federal- San Juan)
IRRAZABAL, Juan Manuel (Frente para la Victoria - Misiones)
KENNY, Eduardo (Union Cívica Radical- La Pampa)
KIRCHNER, Néstor (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
KORENFELD, Beatriz (Frente para la Victoria - Santa Cruz)
KUNKEL, Carlos (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
LANDAU, Jorge (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
LEDESMA, Julio (Corriente de Pensamiento Federal- Buenos Aires)
LEGUIZAMON, María Laura (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
LEVERBERG, Stella Maris (Frente para la Victoria - Misiones)
LLANOS, Ermindo (Frente para la Victoria - Jujuy)
LLERA, Timoteo (Frente para la Victoria - Misiones)
LOPEZ, Rafael (Frente para la Victoria - Formosa)
LORGES, Juan Carlos (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
LUNA de MARCOS, Ana Zulema (Frente Cívico - Santiago del Estero)
MARCONATO, Gustavo Angel (Frente para la Victoria - Santa Fe)
MARTIARENA, Mario (Peronismo Jujeño - Jujuy)
MENDOZA, Sandra (Frente para la Victoria - Chaco)
MERA, Dalmacio (Frente para la Victoria - Catamarca)
MILMAN, Gerardo (GEN- Buenos Aires)
MOLAS, Pedro (Union Cívica Radical- Catamarca)
MONTOYA, Jorge (Peronista- Córdoba)
MORANTE, Antonio (Frente para la Victoria - Chaco)
MOREJON, Manuel (Peronista- Chubut)
MORENO, Carlos (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
NEBREDA, Carmen (Frente para la Victoria - Córdoba)
OLIVA, Cristian (Frente Cívico - Santiago del Estero)
PAIS, Juan (Frente para la Victoria - Chubut)
PANSA, Sergio (Peronismo Federal- San Luis)
PAREDES URQUIZA, Alberto (Frente para la Victoria - La Rioja)
PAROLI, Raúl (Frente Cívico y Social - Catamarca)
PASINI, Ariel (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
PASTORIZA, Mirta (Frente Cívico - Santiago del Estero)
PEREYRA, Guillermo (Frente para la Victoria - Mendoza)
PEREZ, Jorge (Frente Cívico - Santiago del Estero)
PERIE, Hugo (Frente para la Victoria - Corrientes)
PERIE, Julia (Frente para la Victoria - Misiones)
PILATTI VERGARA, María (Frente para la Victoria - Chaco)
PINTO, Sergio (Union Cívica Radical- Mendoza)
PLAINI, Francisco (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
PRIETO, Hugo (De la Concertación - Neuquén)
PUIGGROS, Adriana (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
QUINTERO, Marta (Frente para la Victoria - La Rioja)
RECALDE, Héctor (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
REGAZZOLI, María (Partido Justicialista -La Pampa)
RISKO, Silvia (Frente para la Victoria - Misiones)
RIVAS, Jorge (Encuentro Popular y Solidario - Buenos Aires)
ROBLEDO, Roberto (Partido Justicialista - La Pampa)
RODRIGUEZ, Evaristo (Frente para la Victoria - Santa Cruz)
ROSSI, Agustín (Frente para la Victoria - Santa Fe)
ROSSI, Alejandro (Frente para la Victoria - Santa Fe)
RUIZ, Ramón (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
SALIM, Juan (Frente para la Victoria - Tucumán)
SCIUTTO, Rubén (Frente para la Victoria - Tierra del Fuego)
SEGARRA, Adela (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
SLUGA, Juan Carlos (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
TOMAS, Daniel (Frente para la Victoria - San Juan)
TORFE, Mónica (Renovador de Salta -Salta)
VARGAS AIGNASSE, Gerónimo (Frente para la Victoria - Tucumán)
VAZQUEZ, Silvia (Partido de la Concertación / FORJA - Buenos Aires)
VEAUTE, Mariana (Union Cívica Radical- Catamarca)
VILARIÑO, José (Frente para la Victoria - Salta)
WAYAR, Walter (Frente Peronista Federal -Salta)
WEST, Mariano (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
YARADE, Fernando (Frente para la Victoria - Salta)
YOMA, Jorge Raul (Frente para la Victoria - La Rioja)
ZIEGLER, Alex (Frente para la Victoria - Misiones)
Diez claves de la ley de glaciares
Diez claves para entender la polémica por la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 04/08/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Horas antes del tratamiento en Diputados, el kirchnerismo ratificó que no apoyará el acuerdo entre la oposición y el senador oficialista Daniel Filmus; Pro adelantó a lanacion.com que dará quórum pero que votará en contra; pese a la negativa, la oposición confía en aprobar la iniciativa
Terminó el receso legislativo en Diputados y el debate por los glaciares se volvió a encender. Acusaciones cruzadas, denuncias de corrupción y una fuerte tensión se vivió en la Cámara baja antes de que la oposición impusiera su mayoría para aprobar en general el proyecto acordado por el diputado Miguel Bonasso y el senador kirchnerista Daniel Filmus. Se espera la misma tensión para la sesión de esta tarde, en el debate artículo por artículo. Las contradicciones del oficialismo, la negativa de Pro y las denuncias de la oposición son algunos de los temas claves para entender la discusión.
1. Diferencias dentro del kirchnerismo. Pese a que el oficialista Filmus, principal defensor de la preservación de los glaciares en el Senado, acordó con la oposición en Diputados un proyecto en común, el kirchnerismo no acompañó su decisión. Tras pedir 15 días de prórroga para estudiar el tema, el oficialismo votó en contra del acuerdo que selló un legislador de su misma fuerza en la última sesión. En diálogo con lanacion.com, el diputado Daniel Tomas ratificó la negativa del Frente para la Victoria en la votación de esta tarde. "No vamos a apoyar lo acordado porque el concepto de área periglaciar no es válido. Se va al extremo de prohibir toda la actividad industrial en nuestra zona", afirmó. El oficialismo intentará introducir modificaciones en la iniciativa.
2. Pro, en contra. Si bien el bloque macrista apoyó el acuerdo en la votación en general, su postura es negativa con respecto a los artículos polémicos que prohíben la actividad industrial en la zona periglaciar. "Vamos a votar en contra", aseguró a lanacion.com el jefe de esa fuerza en Diputados, Federico Pinedo. "Esos lugares de agua congelada que menciona el proyecto como zona periglaciar es la totalidad de la cordillera. Si van a prohibir cualquier industria, obviamente no lo vamos a apoyar", explicó.
3. Cuentas. "No les dan los números", dijeron fuentes oficialistas a este medio, entusiasmados por la negativa de Pro a los artículos más polémicos. Del otro lado, aseguran que juntan los votos para aprobar la iniciativa: el Acuerdo Cívico, el Peronismo Federal y los bloques de centroizquierda la apoyan.
4. La minería, eje del debate. La discusión por la preservación de los glaciares pone en agenda la discusión sobre la minería a cielo abierto. La negativa del kirchnerismo en la Cámara baja está vinculada, entre otras disidencias, a ese tema. "La sanción de este acuerdo perjudica el desarrollo de proyectos mineros, porque la mayoría de las minas funcionan con suelo congelado en invierno", dijo Tomas. La oposición, en cambio, se manifestó en contra de cualquier tipo de actividad industrial en la zona periglaciar. "Sostenemos la prohibición de las actividades que generen impacto sobre los glaciares", dijo la diputada Fernanda Reyes (Coalición Cívica) a lanacion.com.
5. Artículos polémicos. Existen diversos temas que despiertan polémica en torno a la protección de los glaciares. El artículo 2, ya aprobado en particular por la oposición (sin el apoyo del kirchnerismo ni de Pro), es determinante para los intereses de ambas partes. En ese apartado se define el concepto de glaciar y de área periglaciar. Como el oficialismo ya no puede modificarlo, apuntará al artículo 6, que prohíbe la exploración y explotación minera en el área periglaciar definida en el artículo 2. El kirchnerismo considera excesiva la zona delimitada por el proyecto conjunto y planteará que los apartados polémicos sean reemplazados por los del proyecto aprobado en el Senado, iniciativa que rechaza la oposición. El debate continuará con el artículo 15, en el que se discuten las disposiciones transitorias para las minas en funcionamiento. La oposición propone que la auditoría ambiental que determina si una mina contamina sea realizada 180 días después de la sanción de la ley. El kirchnerismo, en cambio, pedirá que el estudio sea ejecutado en el mismo plazo, pero luego de la culminación del inventario que desarrolle cada jurisdicción, en plazos que no son determinados dentro del proyecto.
6. El veto. Tras obtener un apoyo unánime en el Congreso, la ley de glaciares fue vetada en 2008 por Cristina Kirchner. En los fundamentos expuestos por el Ejecutivo, se cuestiona que la ley "no puede limitarse a la absoluta prohibición de actividades" y se considera "excesivo prohibir la actividad de minería o perforación petrolera en los glaciares y en las áreas que bordean los glaciares". Además, el Gobierno admitió que "gobernadores de la zona cordillerana han manifestado su preocupación con lo dispuesto por la norma sancionada" porque afectaría inversiones y puestos de trabajo.
7. El acuerdo. Luego del veto, la Presidenta impulsó la presentación de un nuevo proyecto en el Senado, a través de Filmus. La iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Cámara alta. Pero en Diputados no contó con el mismo apoyo. La oposición introdujo considerables cambios en el proyecto original, lo que motivó un fuerte debate entre el diputado Bonasso y Filmus. Finalmente, los legisladores limaron las diferencias y acordaron un proyecto conjunto que, curiosamente, no fue votado por el FPV.
8. La foto. El encuentro que mantuvo en Canadá Cristina Kirchner con el CEO de Barrick Gold, Peter Munk, despertó la ira opositora. Durante el almuerzo de negocios organizado para promover las inversiones mineras en el país, la mandataria recibió los elogios del empresario por "mantener las reglas de juego" para los capitales del sector. "Las reglas no cambiarán y eso es muy importante para una inversión de largo plazo", asintió ella.
9. Las acusaciones. Desde el veto de la Presidenta, la oposición vinculó la decisión presidencial con los intereses de las empresas mineras. Los diputados Bonasso y Reyes presentaron una denuncia ante la Justicia en la que se acusa a funcionarios kirchneristas por incompatibilidades entre la función pública y el vínculo que supuestamente mantienen como empresarios con empresas mineras. La relación del Gobierno con Barrick Gold es el principal argumento que esboza la oposición para explicar el rechazo oficial de aprobar al proyecto que había sido aprobado por unanimidad. Los apuntados fueron el senador kirchnerista César Gioja y el secretario de Minería, Jorge Mayoral. "Están defendiendo negocios particulares, como en el caso de Gioja y de Mayoral, que tienen vínculos con Barrick", acusó Bonasso ante lanacion.com.
10. La última sesión. Cuando el acuerdo parecía sellado, el oficialismo sorprendió en el recinto con un pedido de prórroga por 15 días para estudiar el tema. El arco opositor se negó y le torció el brazo: el kirchnerismo votó en contra, pero el proyecto fue aprobado en general. En plena discusión artículo por artículo, la oposición se quedó sin quórum y postergó su aprobación hasta que se reanude la actividad legislativa, la semana próxima.
Fecha de Publicación: 04/08/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Horas antes del tratamiento en Diputados, el kirchnerismo ratificó que no apoyará el acuerdo entre la oposición y el senador oficialista Daniel Filmus; Pro adelantó a lanacion.com que dará quórum pero que votará en contra; pese a la negativa, la oposición confía en aprobar la iniciativa
Terminó el receso legislativo en Diputados y el debate por los glaciares se volvió a encender. Acusaciones cruzadas, denuncias de corrupción y una fuerte tensión se vivió en la Cámara baja antes de que la oposición impusiera su mayoría para aprobar en general el proyecto acordado por el diputado Miguel Bonasso y el senador kirchnerista Daniel Filmus. Se espera la misma tensión para la sesión de esta tarde, en el debate artículo por artículo. Las contradicciones del oficialismo, la negativa de Pro y las denuncias de la oposición son algunos de los temas claves para entender la discusión.
1. Diferencias dentro del kirchnerismo. Pese a que el oficialista Filmus, principal defensor de la preservación de los glaciares en el Senado, acordó con la oposición en Diputados un proyecto en común, el kirchnerismo no acompañó su decisión. Tras pedir 15 días de prórroga para estudiar el tema, el oficialismo votó en contra del acuerdo que selló un legislador de su misma fuerza en la última sesión. En diálogo con lanacion.com, el diputado Daniel Tomas ratificó la negativa del Frente para la Victoria en la votación de esta tarde. "No vamos a apoyar lo acordado porque el concepto de área periglaciar no es válido. Se va al extremo de prohibir toda la actividad industrial en nuestra zona", afirmó. El oficialismo intentará introducir modificaciones en la iniciativa.
2. Pro, en contra. Si bien el bloque macrista apoyó el acuerdo en la votación en general, su postura es negativa con respecto a los artículos polémicos que prohíben la actividad industrial en la zona periglaciar. "Vamos a votar en contra", aseguró a lanacion.com el jefe de esa fuerza en Diputados, Federico Pinedo. "Esos lugares de agua congelada que menciona el proyecto como zona periglaciar es la totalidad de la cordillera. Si van a prohibir cualquier industria, obviamente no lo vamos a apoyar", explicó.
3. Cuentas. "No les dan los números", dijeron fuentes oficialistas a este medio, entusiasmados por la negativa de Pro a los artículos más polémicos. Del otro lado, aseguran que juntan los votos para aprobar la iniciativa: el Acuerdo Cívico, el Peronismo Federal y los bloques de centroizquierda la apoyan.
4. La minería, eje del debate. La discusión por la preservación de los glaciares pone en agenda la discusión sobre la minería a cielo abierto. La negativa del kirchnerismo en la Cámara baja está vinculada, entre otras disidencias, a ese tema. "La sanción de este acuerdo perjudica el desarrollo de proyectos mineros, porque la mayoría de las minas funcionan con suelo congelado en invierno", dijo Tomas. La oposición, en cambio, se manifestó en contra de cualquier tipo de actividad industrial en la zona periglaciar. "Sostenemos la prohibición de las actividades que generen impacto sobre los glaciares", dijo la diputada Fernanda Reyes (Coalición Cívica) a lanacion.com.
5. Artículos polémicos. Existen diversos temas que despiertan polémica en torno a la protección de los glaciares. El artículo 2, ya aprobado en particular por la oposición (sin el apoyo del kirchnerismo ni de Pro), es determinante para los intereses de ambas partes. En ese apartado se define el concepto de glaciar y de área periglaciar. Como el oficialismo ya no puede modificarlo, apuntará al artículo 6, que prohíbe la exploración y explotación minera en el área periglaciar definida en el artículo 2. El kirchnerismo considera excesiva la zona delimitada por el proyecto conjunto y planteará que los apartados polémicos sean reemplazados por los del proyecto aprobado en el Senado, iniciativa que rechaza la oposición. El debate continuará con el artículo 15, en el que se discuten las disposiciones transitorias para las minas en funcionamiento. La oposición propone que la auditoría ambiental que determina si una mina contamina sea realizada 180 días después de la sanción de la ley. El kirchnerismo, en cambio, pedirá que el estudio sea ejecutado en el mismo plazo, pero luego de la culminación del inventario que desarrolle cada jurisdicción, en plazos que no son determinados dentro del proyecto.
6. El veto. Tras obtener un apoyo unánime en el Congreso, la ley de glaciares fue vetada en 2008 por Cristina Kirchner. En los fundamentos expuestos por el Ejecutivo, se cuestiona que la ley "no puede limitarse a la absoluta prohibición de actividades" y se considera "excesivo prohibir la actividad de minería o perforación petrolera en los glaciares y en las áreas que bordean los glaciares". Además, el Gobierno admitió que "gobernadores de la zona cordillerana han manifestado su preocupación con lo dispuesto por la norma sancionada" porque afectaría inversiones y puestos de trabajo.
7. El acuerdo. Luego del veto, la Presidenta impulsó la presentación de un nuevo proyecto en el Senado, a través de Filmus. La iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Cámara alta. Pero en Diputados no contó con el mismo apoyo. La oposición introdujo considerables cambios en el proyecto original, lo que motivó un fuerte debate entre el diputado Bonasso y Filmus. Finalmente, los legisladores limaron las diferencias y acordaron un proyecto conjunto que, curiosamente, no fue votado por el FPV.
8. La foto. El encuentro que mantuvo en Canadá Cristina Kirchner con el CEO de Barrick Gold, Peter Munk, despertó la ira opositora. Durante el almuerzo de negocios organizado para promover las inversiones mineras en el país, la mandataria recibió los elogios del empresario por "mantener las reglas de juego" para los capitales del sector. "Las reglas no cambiarán y eso es muy importante para una inversión de largo plazo", asintió ella.
9. Las acusaciones. Desde el veto de la Presidenta, la oposición vinculó la decisión presidencial con los intereses de las empresas mineras. Los diputados Bonasso y Reyes presentaron una denuncia ante la Justicia en la que se acusa a funcionarios kirchneristas por incompatibilidades entre la función pública y el vínculo que supuestamente mantienen como empresarios con empresas mineras. La relación del Gobierno con Barrick Gold es el principal argumento que esboza la oposición para explicar el rechazo oficial de aprobar al proyecto que había sido aprobado por unanimidad. Los apuntados fueron el senador kirchnerista César Gioja y el secretario de Minería, Jorge Mayoral. "Están defendiendo negocios particulares, como en el caso de Gioja y de Mayoral, que tienen vínculos con Barrick", acusó Bonasso ante lanacion.com.
10. La última sesión. Cuando el acuerdo parecía sellado, el oficialismo sorprendió en el recinto con un pedido de prórroga por 15 días para estudiar el tema. El arco opositor se negó y le torció el brazo: el kirchnerismo votó en contra, pero el proyecto fue aprobado en general. En plena discusión artículo por artículo, la oposición se quedó sin quórum y postergó su aprobación hasta que se reanude la actividad legislativa, la semana próxima.
La Rioja: el Parque Eólico más grande del país
La Rioja cuenta con el Parque Eólico más grande del país
Fecha de Publicación: 04/08/2010
Fuente: Noticias NOA
Provincia/Región: La Rioja
Lo que durante mucho tiempo fue una utopía, hoy es una realidad palpable. Durante años se habló sobre la posibilidad de que la Provincia comience a generar energía eólica, pero fue durante la presente gestión del gobernador Luis Beder Herrera que se tomó la decisión de encarar el proyecto más importante de los últimos años a nivel nacional, en materia de energías alternativas.
El parque eólico riojano crece y se consolida como el más importante y moderno de la Nación. Su nacimiento se enmarca en el Programa Productivo Provincial y sus potencialidades despertaron el interés de numerosas empresas de invertir en esta empresa.
Este hecho cobra mucho más valor si tenemos en cuenta que cuando la Provincia contaba con el apoyo del entonces presidente Carlos Saúl Menem no se logró nada al respecto y se dejó pasar la oportunidad de desarrollar las potencialidades del Valle de la Puerta, en el Departamento Arauco, para la puesta en marcha de un proyecto de esta envergadura.
Actualmente, en ese sitio, ya se instaló el tercer generador eólico de una nueva generación de máquinas de origen nacional y con la mayor capacidad de generación instalada de Latinoamérica: 2,1 MW de potencia. Precisamente, en los últimos días se terminó de izar este tercer equipo y próximamente se avanzará en el montaje de 4 equipos más.
El parque eólico riojano ya es noticia a nivel internacional. Durante la semana pasada fue visitado por numerosos medios periodísticos provenientes de diversas partes del mundo interesados en la tecnología que IMPSA está instalando en nuestro territorio.
A nivel político, el Gobierno Provincial considera a esta actividad como una Política de Estado estratégica para el desarrollo productivo provincial y, en lo económico, los inversores que pretendan radicar sus inversiones en el Valle de la Puerta deberán trabajar junto al Estado, en calidad de socio.
El viento se convirtió en un recurso de enorme valor y el Gobierno Provincial tiene la firme decisión de capitalizar esta oportunidad histórica que le brinda el desarrollo del parque eólico. La idea es que esta monumental herramienta de desarrollo haga posible la inserción definitiva de La Rioja en el esquema productivo nacional.
En la actualidad, producir energía es un medio para obtener dividendos que se pueden capitalizar en más desarrollo y la Provincia no está dispuesta a desaprovechar esta nueva oportunidad.
A diferencia de otros proyectos en los cuales las Provincias sólo reciben un pequeño porcentaje por el uso de las tierras, que muchas veces es usufructuado por particulares; en la Rioja, el Estado Provincial no solo es dueño de los terrenos donde se está instalando el Parque, sino que también forma parte de la sociedad que se encargará de la operación del Parque Eólico.
Respecto del proveedor de los equipos, la empresa mendocina IMPSA invirtió durante más de 7 años en el desarrollo de esta tecnología propia y se ha consolidado como el mayor generador de energía eólica de Latinoamérica, con varios parques instalados y otros en proceso de montaje.
En estos últimos años, la Argentina logró un fuerte avance en la propuesta de generación de energías alternativas y La Rioja está a la vanguardia.
En este proceso, ya se consolida el primer parque riojano de 25,2 Mw de potencia instalada y se trabaja para que en el 2011 quede consolidado el segundo parque de 25,2 Mw. En el mediado plazo, también se planifica la expansión del potencial máximo del Valle de la Puerta a la generación de entre 350 a 400 Mw de potencia.
Estas importantes concreciones no hubieran sido posibles, sin el inestimable apoyo de nuestra Presidenta, Cristina Fernández quien supo interpretar a nuestro Gobernador cuando le pidió apoyó para esta obra considerada como el emprendimiento del Bicentenario en La Rioja.
De esta manera, La Rioja asume orgullosa un rol activo y preponderante en el plano de las políticas energéticas de la Nación, a partir de una iniciativa fuertemente identificada con el cuidado del ambiente y con enormes potencialidades para promover el desarrollo económico y productivo de sus habitantes.
Fecha de Publicación: 04/08/2010
Fuente: Noticias NOA
Provincia/Región: La Rioja
Lo que durante mucho tiempo fue una utopía, hoy es una realidad palpable. Durante años se habló sobre la posibilidad de que la Provincia comience a generar energía eólica, pero fue durante la presente gestión del gobernador Luis Beder Herrera que se tomó la decisión de encarar el proyecto más importante de los últimos años a nivel nacional, en materia de energías alternativas.
El parque eólico riojano crece y se consolida como el más importante y moderno de la Nación. Su nacimiento se enmarca en el Programa Productivo Provincial y sus potencialidades despertaron el interés de numerosas empresas de invertir en esta empresa.
Este hecho cobra mucho más valor si tenemos en cuenta que cuando la Provincia contaba con el apoyo del entonces presidente Carlos Saúl Menem no se logró nada al respecto y se dejó pasar la oportunidad de desarrollar las potencialidades del Valle de la Puerta, en el Departamento Arauco, para la puesta en marcha de un proyecto de esta envergadura.
Actualmente, en ese sitio, ya se instaló el tercer generador eólico de una nueva generación de máquinas de origen nacional y con la mayor capacidad de generación instalada de Latinoamérica: 2,1 MW de potencia. Precisamente, en los últimos días se terminó de izar este tercer equipo y próximamente se avanzará en el montaje de 4 equipos más.
El parque eólico riojano ya es noticia a nivel internacional. Durante la semana pasada fue visitado por numerosos medios periodísticos provenientes de diversas partes del mundo interesados en la tecnología que IMPSA está instalando en nuestro territorio.
A nivel político, el Gobierno Provincial considera a esta actividad como una Política de Estado estratégica para el desarrollo productivo provincial y, en lo económico, los inversores que pretendan radicar sus inversiones en el Valle de la Puerta deberán trabajar junto al Estado, en calidad de socio.
El viento se convirtió en un recurso de enorme valor y el Gobierno Provincial tiene la firme decisión de capitalizar esta oportunidad histórica que le brinda el desarrollo del parque eólico. La idea es que esta monumental herramienta de desarrollo haga posible la inserción definitiva de La Rioja en el esquema productivo nacional.
En la actualidad, producir energía es un medio para obtener dividendos que se pueden capitalizar en más desarrollo y la Provincia no está dispuesta a desaprovechar esta nueva oportunidad.
A diferencia de otros proyectos en los cuales las Provincias sólo reciben un pequeño porcentaje por el uso de las tierras, que muchas veces es usufructuado por particulares; en la Rioja, el Estado Provincial no solo es dueño de los terrenos donde se está instalando el Parque, sino que también forma parte de la sociedad que se encargará de la operación del Parque Eólico.
Respecto del proveedor de los equipos, la empresa mendocina IMPSA invirtió durante más de 7 años en el desarrollo de esta tecnología propia y se ha consolidado como el mayor generador de energía eólica de Latinoamérica, con varios parques instalados y otros en proceso de montaje.
En estos últimos años, la Argentina logró un fuerte avance en la propuesta de generación de energías alternativas y La Rioja está a la vanguardia.
En este proceso, ya se consolida el primer parque riojano de 25,2 Mw de potencia instalada y se trabaja para que en el 2011 quede consolidado el segundo parque de 25,2 Mw. En el mediado plazo, también se planifica la expansión del potencial máximo del Valle de la Puerta a la generación de entre 350 a 400 Mw de potencia.
Estas importantes concreciones no hubieran sido posibles, sin el inestimable apoyo de nuestra Presidenta, Cristina Fernández quien supo interpretar a nuestro Gobernador cuando le pidió apoyó para esta obra considerada como el emprendimiento del Bicentenario en La Rioja.
De esta manera, La Rioja asume orgullosa un rol activo y preponderante en el plano de las políticas energéticas de la Nación, a partir de una iniciativa fuertemente identificada con el cuidado del ambiente y con enormes potencialidades para promover el desarrollo económico y productivo de sus habitantes.
Riachuelo: No quieren dejar de contaminar
No quieren dejar de contaminar
Fecha de Publicación: 03/08/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Las ONG encargadas de monitorear el plan de saneamiento de la cuenca cuestionaron a la central empresaria porque amenaza con iniciar acciones judiciales contra el Estado, en defensa de supuestos derechos adquiridos.
El Cuerpo Colegiado que monitorea el plan de saneamiento del Riachuelo denunció “la falta de colaboración de la Unión Industrial Argentina (UIA)”, que representa “a responsables de la grave emergencia ambiental”. El organismo –designado por la Corte Suprema de Justicia– criticó en especial un anuncio de la UIA, que estudia iniciar acciones judiciales para voltear normas de saneamiento, con el argumento de que, como antes esas normas no existían, el nivel de contaminación que presentan las empresas es un derecho adquirido que debería respetarse. En los últimos meses se detectaron 118 industrias contaminantes en la cuenca Matanza-Riachuelo: de ellas, sólo cuatro cumplieron en presentar planes de reconversión y ninguna empezó a llevarlo a la práctica.
El Cuerpo Colegiado, coordinado por el defensor del Pueblo de la Nación, está conformado por cinco ONG: la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Greenpeace Argentina, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) y la Asociación de Vecinos de La Boca; la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo designó para controlar su orden de ejecutar un plan de saneamiento del Riachuelo.
“Sorprenden las declaraciones del sector industrial acerca de sus intenciones de recurrir a la Justicia, cuando ha sido la máxima autoridad judicial de la Nación la que tuvo que intervenir para dar respuesta a los millones de habitantes que se ven afectados por la contaminación de origen industrial”, advierte el Cuerpo Colegiado.
El comité ejecutivo de la UIA dispuso hace unos días “avanzar en el estudio de acciones jurídicas contra resoluciones que está emitiendo la Autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar)”. Fuentes de la UIA sostuvieron que “muchas empresas plantean un problema legal porque la Acumar saca resoluciones que concentran el poder ambiental y eso depende de cada jurisdicción, entonces la UIA acordó salir en defensa de esas firmas”, ya que “la jurisdicción les dio autorización para instalarse en determinadas condiciones y ahora la Acumar resuelve cambiarlas. Se merecen, como mínimo, un resarcimiento”. Además, la UIA anunció que pedirá audiencia al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y que se comunicará con los jefes de bloque en el Congreso, para pedir modificaciones a la Ley del Ambiente.
Andrés Napoli, director del área Riachuelo de la FARN, recordó a este diario que “el sentido de la creación de la Acumar fue precisamente contar con un organismo que estuviera por encima de las jurisdicciones, las cuales históricamente no lograron resolver la contaminación en la cuenca. Las facultades de Acumar le fueron expresamente cedidas, no sólo por ley nacional, sino por las legislaturas bonaerense y porteña. En función de esas facultades, la entidad emitió una serie de resoluciones de unificación de vertidos”.
El representante de la FARN explicó que “a partir de medidas judiciales y por protestas del Cuerpo Colegiado, la Acumar aceleró la inspección de empresas y el análisis de efluentes industriales. Los inspectores toman muestras y, si están fuera de parámetros, se declara que la empresa es agente contaminante y se la intima a iniciar un proceso de reconversión industrial”.
El comunicado del Cuerpo Colegiado advierte que “ya existen 118 industrias declaradas agentes contaminantes (ver recuadro) y sólo cuatro de ellas han prestado disposición para presentar un plan de reconversión industrial acorde a procesos limpios, pero todavía ninguno fue puesto en funcionamiento; esto demuestra la baja iniciativa del sector para colaborar con la disminución de la contaminación que ellos generan en la cuenca”.
En 2008, la Corte ordenó al Poder Ejecutivo implementar el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, de acuerdo con una serie de pautas. La ejecución de la sentencia quedó a cargo del juez federal de Quilmes, Luis Armella, asistido por el Cuerpo Colegiado. El comunicado de este organismo señala también que “un reciente estudio en conjunto con organismos de las Naciones Unidas muestra que, de los 12 millones de niños y adolescentes de la Argentina, alrededor de cinco millones residen en municipios donde existe un alto riesgo ambiental a causa de la actividad industrial; de éstos, cinco de los 15 municipios que presentan mayor riesgo están en la cuenca Matanza-Riachuelo”.
Fecha de Publicación: 03/08/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Las ONG encargadas de monitorear el plan de saneamiento de la cuenca cuestionaron a la central empresaria porque amenaza con iniciar acciones judiciales contra el Estado, en defensa de supuestos derechos adquiridos.
El Cuerpo Colegiado que monitorea el plan de saneamiento del Riachuelo denunció “la falta de colaboración de la Unión Industrial Argentina (UIA)”, que representa “a responsables de la grave emergencia ambiental”. El organismo –designado por la Corte Suprema de Justicia– criticó en especial un anuncio de la UIA, que estudia iniciar acciones judiciales para voltear normas de saneamiento, con el argumento de que, como antes esas normas no existían, el nivel de contaminación que presentan las empresas es un derecho adquirido que debería respetarse. En los últimos meses se detectaron 118 industrias contaminantes en la cuenca Matanza-Riachuelo: de ellas, sólo cuatro cumplieron en presentar planes de reconversión y ninguna empezó a llevarlo a la práctica.
El Cuerpo Colegiado, coordinado por el defensor del Pueblo de la Nación, está conformado por cinco ONG: la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Greenpeace Argentina, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) y la Asociación de Vecinos de La Boca; la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo designó para controlar su orden de ejecutar un plan de saneamiento del Riachuelo.
“Sorprenden las declaraciones del sector industrial acerca de sus intenciones de recurrir a la Justicia, cuando ha sido la máxima autoridad judicial de la Nación la que tuvo que intervenir para dar respuesta a los millones de habitantes que se ven afectados por la contaminación de origen industrial”, advierte el Cuerpo Colegiado.
El comité ejecutivo de la UIA dispuso hace unos días “avanzar en el estudio de acciones jurídicas contra resoluciones que está emitiendo la Autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar)”. Fuentes de la UIA sostuvieron que “muchas empresas plantean un problema legal porque la Acumar saca resoluciones que concentran el poder ambiental y eso depende de cada jurisdicción, entonces la UIA acordó salir en defensa de esas firmas”, ya que “la jurisdicción les dio autorización para instalarse en determinadas condiciones y ahora la Acumar resuelve cambiarlas. Se merecen, como mínimo, un resarcimiento”. Además, la UIA anunció que pedirá audiencia al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y que se comunicará con los jefes de bloque en el Congreso, para pedir modificaciones a la Ley del Ambiente.
Andrés Napoli, director del área Riachuelo de la FARN, recordó a este diario que “el sentido de la creación de la Acumar fue precisamente contar con un organismo que estuviera por encima de las jurisdicciones, las cuales históricamente no lograron resolver la contaminación en la cuenca. Las facultades de Acumar le fueron expresamente cedidas, no sólo por ley nacional, sino por las legislaturas bonaerense y porteña. En función de esas facultades, la entidad emitió una serie de resoluciones de unificación de vertidos”.
El representante de la FARN explicó que “a partir de medidas judiciales y por protestas del Cuerpo Colegiado, la Acumar aceleró la inspección de empresas y el análisis de efluentes industriales. Los inspectores toman muestras y, si están fuera de parámetros, se declara que la empresa es agente contaminante y se la intima a iniciar un proceso de reconversión industrial”.
El comunicado del Cuerpo Colegiado advierte que “ya existen 118 industrias declaradas agentes contaminantes (ver recuadro) y sólo cuatro de ellas han prestado disposición para presentar un plan de reconversión industrial acorde a procesos limpios, pero todavía ninguno fue puesto en funcionamiento; esto demuestra la baja iniciativa del sector para colaborar con la disminución de la contaminación que ellos generan en la cuenca”.
En 2008, la Corte ordenó al Poder Ejecutivo implementar el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, de acuerdo con una serie de pautas. La ejecución de la sentencia quedó a cargo del juez federal de Quilmes, Luis Armella, asistido por el Cuerpo Colegiado. El comunicado de este organismo señala también que “un reciente estudio en conjunto con organismos de las Naciones Unidas muestra que, de los 12 millones de niños y adolescentes de la Argentina, alrededor de cinco millones residen en municipios donde existe un alto riesgo ambiental a causa de la actividad industrial; de éstos, cinco de los 15 municipios que presentan mayor riesgo están en la cuenca Matanza-Riachuelo”.
Se suspendió la matanza de perros en Neuquén
Se suspendió la matanza de perros en Neuquén
Fecha de Publicación: 03/08/2010
Fuente: Neuquén On Line
Provincia/Región: Neuquén
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, a través de su cuenta en Twitter, le pidió al jefe comunal, Martín Farizano, que no permita la eutanasia canina.
La decisión del intendente Martín Farizano, de aprobar por vía de excepción el sacrificio de animales sumó una nueva voz a la polémica. Esta vez, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, a través de su cuenta en Twitter, le pidió al jefe comunal que no permita la eutanasia canina.
"Neuquén tiene el mismo número de letras que asesino. No permita, señor intendente, desde su hombría de bien, que esta llamativa casualidad se transforme en una realidad para el escarnio del municipio frente a los argentinos y al resto del mundo", sostuvo Fernández.
Al argumento oficial de Farizano de que la decisión se adoptó por vía de excepción, en una zona de la ciudad en donde se detectaron casos de leptospirosis en humanos -que transmiten los perros-, el funcionario nacional replicó: "la matanza como método de control de cualquier población sólo aumenta su número a mediano plazo. Se entiende, entonces que, además de inútil, ineficaz e ineficiente, esta medida también es cruel, antiética y, sobre todo, innecesaria".
Frente a las protestas de organizaciones defensoras de animales, Farizano admitió ayer que aún no se sacrificó ningún perro en Colonia Nueva Esperanza, donde se produjo el brote de leptospirosis. El funcionario también dijo que se hará todo lo posible para no llegar a ese extremo.
Fecha de Publicación: 03/08/2010
Fuente: Neuquén On Line
Provincia/Región: Neuquén
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, a través de su cuenta en Twitter, le pidió al jefe comunal, Martín Farizano, que no permita la eutanasia canina.
La decisión del intendente Martín Farizano, de aprobar por vía de excepción el sacrificio de animales sumó una nueva voz a la polémica. Esta vez, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, a través de su cuenta en Twitter, le pidió al jefe comunal que no permita la eutanasia canina.
"Neuquén tiene el mismo número de letras que asesino. No permita, señor intendente, desde su hombría de bien, que esta llamativa casualidad se transforme en una realidad para el escarnio del municipio frente a los argentinos y al resto del mundo", sostuvo Fernández.
Al argumento oficial de Farizano de que la decisión se adoptó por vía de excepción, en una zona de la ciudad en donde se detectaron casos de leptospirosis en humanos -que transmiten los perros-, el funcionario nacional replicó: "la matanza como método de control de cualquier población sólo aumenta su número a mediano plazo. Se entiende, entonces que, además de inútil, ineficaz e ineficiente, esta medida también es cruel, antiética y, sobre todo, innecesaria".
Frente a las protestas de organizaciones defensoras de animales, Farizano admitió ayer que aún no se sacrificó ningún perro en Colonia Nueva Esperanza, donde se produjo el brote de leptospirosis. El funcionario también dijo que se hará todo lo posible para no llegar a ese extremo.
ONGs apuntan a la UIA por el Riachuelo
ONGs apuntan a la UIA por el Riachuelo
Fecha de Publicación: 02/08/2010
Fuente: Noticias Urbanas
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
El Cuerpo Colegiado que supervisa las tareas de saneamiento del río más contaminado del país criticó la intención del Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina de iniciar acciones legales contra las resoluciones de ACUMAR. Acusan falta de voluntad por parte de las empresas.
Una vez más el Riachuelo vuelve a ser eje de polémica. Después de que la el Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA) manifestara su intención de analizar el inicio de acciones legales contra las resoluciones de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), el Cuerpo Colegiado que, por orden de la Corte Suprema de Justicia, controla el plan de saneamiento del río, le comunicó a la asociación su disconformidad.
De acuerdo a lo publicado por el Cronista.com el pasado 21 de julio, desde la UIA se tomó la decisión a partir de que varias empresas plantearon la existencia de un problema legal debido a que Acumar estaba sacando resoluciones que concentraban “el poder ambiental” y alegaron que esto competía a cada jurisdicción. A partir de esto el Comité Directivo planteó iniciar una acción legal conjunta como entidad.
A través de un comunicado de prensa, los integrantes del Cuerpo Colegiado manifestaron su “decepción” por lo que consideran una falta de colaboración por parte de las empresas, a las que consideran “uno de los sectores responsables de la grave emergencia ambiental que sufre la Cuenca Matanza Riachuelo”. También recordaron que fue justamente la máxima autoridad judicial la que ordenó a los gobiernos nacional, bonaerense y porteño dar solución a la contaminación del río.
Por otra parte, el Cuerpo Colegiado destacó que ya existen 118 industrias declaradas agentes contaminantes y “sólo cuatro de ellas han prestado disposición para presentar un plan de reconversión industrial acorde a procesos limpios, pero todavía ninguno fue puesto en funcionamiento”. Para los autores del comunicado, esto refleja “la baja iniciativa del sector para colaborar con la disminución de la contaminación que generan en la Cuenca”.
El Cuerpo Colegiado está conformado por cinco ONGs que trabajan bajo la coordinación del Defensor del Pueblo de la Nación. Las cinco agrupaciones son: Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), Asociación de Vecinos La Boca, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), y Fundación Greenpeace Argentina.
Fecha de Publicación: 02/08/2010
Fuente: Noticias Urbanas
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
El Cuerpo Colegiado que supervisa las tareas de saneamiento del río más contaminado del país criticó la intención del Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina de iniciar acciones legales contra las resoluciones de ACUMAR. Acusan falta de voluntad por parte de las empresas.
Una vez más el Riachuelo vuelve a ser eje de polémica. Después de que la el Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA) manifestara su intención de analizar el inicio de acciones legales contra las resoluciones de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), el Cuerpo Colegiado que, por orden de la Corte Suprema de Justicia, controla el plan de saneamiento del río, le comunicó a la asociación su disconformidad.
De acuerdo a lo publicado por el Cronista.com el pasado 21 de julio, desde la UIA se tomó la decisión a partir de que varias empresas plantearon la existencia de un problema legal debido a que Acumar estaba sacando resoluciones que concentraban “el poder ambiental” y alegaron que esto competía a cada jurisdicción. A partir de esto el Comité Directivo planteó iniciar una acción legal conjunta como entidad.
A través de un comunicado de prensa, los integrantes del Cuerpo Colegiado manifestaron su “decepción” por lo que consideran una falta de colaboración por parte de las empresas, a las que consideran “uno de los sectores responsables de la grave emergencia ambiental que sufre la Cuenca Matanza Riachuelo”. También recordaron que fue justamente la máxima autoridad judicial la que ordenó a los gobiernos nacional, bonaerense y porteño dar solución a la contaminación del río.
Por otra parte, el Cuerpo Colegiado destacó que ya existen 118 industrias declaradas agentes contaminantes y “sólo cuatro de ellas han prestado disposición para presentar un plan de reconversión industrial acorde a procesos limpios, pero todavía ninguno fue puesto en funcionamiento”. Para los autores del comunicado, esto refleja “la baja iniciativa del sector para colaborar con la disminución de la contaminación que generan en la Cuenca”.
El Cuerpo Colegiado está conformado por cinco ONGs que trabajan bajo la coordinación del Defensor del Pueblo de la Nación. Las cinco agrupaciones son: Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), Asociación de Vecinos La Boca, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), y Fundación Greenpeace Argentina.
Misiones: protegería un millón de ha de bosques
Pretenden preservar más de un millón de hectáreas de bosques en la provincia
Fecha de Publicación: 01/08/2010
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
El ministro de Ecología, Recursos Naturales Renovables y Turismo de Misiones, Horacio Blodek, brindó precisiones sobre el proyecto de ordenamiento territorial de los bosques nativos que tomó estado parlamentario en la última sesión legislativa, cuya finalidad es dar un cumplimento a lo exigido en la ley nacional 26.331. Entre los objetivos indicó que aspiran llegar al millón de hectáreas de bosques que se conserven.
Blodek explicó que el ordenamiento de los bosques nativos tiene como objetivo dar un cumplimento a lo exigido en la ley nacional 26.331 que establece un mecanismo de exigencia a las distintas jurisdicciones del país. Cada provincia debe tener una normativa provincial, para recibir los beneficios establecidos en la normativa nacional, la ley ordena las distintas zonas.
Al respecto aclaró que la provincia tiene distintas normas que están en vigencia, que ya le dieron un ordenamiento a los bosques nativos.
La provincia debe definir tres zonas (roja, verde y amarilla) que tiene ciertas restricciones en el uso del bosque y de la tierra.
La zona roja refiere a la parte de bosques que no se podrá tocar más. La verde se permite hacer ciertos tipos de tareas en el bosque pero sin reconvertir la tierra, mientras que la amarilla se puede hacer hasta la reconvención del boque. Todos estos aspectos “ya lo tenemos ordenados en la provincia”, indicó el ministro.
Sin embargo, están terminando de procesar toda la información para determinar la cantidad de superficie. Indicó que aspiran llegar al millón de hectáreas de bosques que se conserven, “con una imagen de la provincia de mucha naturaleza, que tiene una relación muy directa con el turismo”, manifestó.
Por otro lado, expuso además que, si el productor misionero tiene mil hectáreas de bosques, podrá reconvertir 400 hectáreas, mientras que las restantes tendría que preservarlos. Estos aspectos serían discutidos en la legislatura provincial. “Este trabajo nos va a permitir garantizar que la tarea que se realice sobre un bosque nativo este determinada con claridad”, dijo y agregó que “el productor recibiría una compensación a nivel nacional. En función de las zonas habrá valores establecidos, que aún no está aprobada”.
Fecha de Publicación: 01/08/2010
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
El ministro de Ecología, Recursos Naturales Renovables y Turismo de Misiones, Horacio Blodek, brindó precisiones sobre el proyecto de ordenamiento territorial de los bosques nativos que tomó estado parlamentario en la última sesión legislativa, cuya finalidad es dar un cumplimento a lo exigido en la ley nacional 26.331. Entre los objetivos indicó que aspiran llegar al millón de hectáreas de bosques que se conserven.
Blodek explicó que el ordenamiento de los bosques nativos tiene como objetivo dar un cumplimento a lo exigido en la ley nacional 26.331 que establece un mecanismo de exigencia a las distintas jurisdicciones del país. Cada provincia debe tener una normativa provincial, para recibir los beneficios establecidos en la normativa nacional, la ley ordena las distintas zonas.
Al respecto aclaró que la provincia tiene distintas normas que están en vigencia, que ya le dieron un ordenamiento a los bosques nativos.
La provincia debe definir tres zonas (roja, verde y amarilla) que tiene ciertas restricciones en el uso del bosque y de la tierra.
La zona roja refiere a la parte de bosques que no se podrá tocar más. La verde se permite hacer ciertos tipos de tareas en el bosque pero sin reconvertir la tierra, mientras que la amarilla se puede hacer hasta la reconvención del boque. Todos estos aspectos “ya lo tenemos ordenados en la provincia”, indicó el ministro.
Sin embargo, están terminando de procesar toda la información para determinar la cantidad de superficie. Indicó que aspiran llegar al millón de hectáreas de bosques que se conserven, “con una imagen de la provincia de mucha naturaleza, que tiene una relación muy directa con el turismo”, manifestó.
Por otro lado, expuso además que, si el productor misionero tiene mil hectáreas de bosques, podrá reconvertir 400 hectáreas, mientras que las restantes tendría que preservarlos. Estos aspectos serían discutidos en la legislatura provincial. “Este trabajo nos va a permitir garantizar que la tarea que se realice sobre un bosque nativo este determinada con claridad”, dijo y agregó que “el productor recibiría una compensación a nivel nacional. En función de las zonas habrá valores establecidos, que aún no está aprobada”.
Enarsa y presunto negociado con Innviron
Por un presunto negociado, otra vez el escándalo envuelve a Enarsa
Fecha de Publicación: 31/07/2010
Fuente: Urgente24
Provincia/Región: Córdoba - Nacional
En Córdoba denuncian que a través de la estatal se pretende beneficiar a una compañía de capitales extranjeros muy vinculada al kirchnerismo.
El 21/5 último, el sitio cordobés Diariosumario.com.ar daba cuenta de las nuevas incorporaciones locales del Frente para la Victoria, el partido fundado por Néstor Kirchner.
Entre los nombres figuraba el de Víctor Hugo Toledo, intendente, casualmente, de la localidad de Toledo.
Poco antes de cumplirse un mes de esa novedad, otra sorprendió a los vecinos de esta comuna ubicada a sólo 16 kilómetros de la capital cordobesa: el jefe comunal vetó una ordenanza que prohibía a la empresa de capitales norteamericanos Innviron radicarse en su ciudad.
Ambos sucesos estarían relacionados.
Innviron es una compañía especializada en tratamientos de residuos a la que se acusa de tener importantes vínculos con el kirchnerismo, lo que le permitiría hacerse con una serie de beneficios de la mano de la estatal Enarsa.
La historia
Enarsa lanzó en 2009 una licitación para aquellas empresas interesadas en generar energía con fuentes alternativas. Aquel llamado fue declarado 'desierto', pero este año fue lanzado otro que se limitaba a la energía producida a través del tratamiento de residuos sólidos urbanos.
El llamado a concurso finalizaba en junio, pero fue prorrogado hasta el 16/7 como última fecha.
Desde la Coalición Cívica cordobesa denunciaron que la extensión de los plazos apuntaba a beneficiar a Innviron. "Está claro que los tiempos se van acomodando a lo que pasa con Innviron, una empresa amiga del poder kirchnerista", disparó Eduardo Scoppa concejal de la CC. Cuando se conoció la prorroga, el legislador comunal manifestó que esta se debía a que la empresa no había podido cerrar los acuerdos que necesitaba en el tiempo estimado.
Scoppa denunció que el propósito de la empresa es quedarse con los subsidios que otorgará Enarsa. “Procesar 500 toneladas por día tampoco tiene réditos económicos, es ineficiente esta producción de energía. Usted entra a la página de internet de Camessa y va a ver el precio que tiene la energía, los números no cierran. Ese negocio sólo cierra con los subsidios que se entrega Enarsa”, culminó el edil de la CC.
Con la adjudicación de la licitación Innviron accedería a subsidios durante 15 años que le permitirán hacer rentable un negocio que en el resto del mundo, aseguran, es altamente deficitario.
Innviron tiene en su agenda instalarse en varios puntos de Córdoba. Río Cuarto es uno de esos puntos. En Villa María aseguran que su intendente, el ultra kirchnerista Eduardo Accastello acordó con la compañía en "tiempo récord".
Claudia Bringas, concejal del Frente de la Gente de Río Cuarto, consideró como "muy sugestivo que justo ahora la Nación decida comprar energía producida con basura" teniendo en cuenta las intenciones de Innviron.
En Córdoba capital Innviron ganó la licitación para tratar los residuos. Ante esto el concejal Walter Nostrala, quien responde a Luis Juez, había asegurado que detrás de la firma estadounidense se encontraban intereses políticos vinculados al matrimonio presidencial.
“Es una empresa que está relacionada con el Gobierno nacional. El vicepresidente de la empresa a nivel nacional es el interventor del PJ en Santiago del Estero, y este puesto lo designa el titular del partido, que es el ex presidente Néstor Kirchner. Además otro de los altos funcionarios de Innviron en Córdoba es un hombre muy cercano a Julio De Vido”, denunció públicamente el concejal.
Dudas sobre la empresa
Por su parte, la diputada nacional por la CC Griselda Baldatta dijo que se realizará un pedido de informe parlamentario al Enarsa por la situación de Innviron.
"Cuando vine de Washington no solo averigüé por Innviron sino por el mecanismo de gasificación. Desde el organismo que reúne a los empresarios me dijeron que desconocían por completo las alternativas", indicó la legisladora en declaraciones recogidas por el sitio Telediariodigital.com.ar.
Baldatta denunció que la multinacional había señalado en Río Cuarto que estaban operando en 500 ciudades importantes del mundo y "esto no es real".
"Queremos saber que tipo de tratamientos se avalaría y los detalles sobre los subsidios. En la misma página de Enarsa se advierte que un llamado que vencía en junio fue prorrogado hasta fines de julio. Creemos que puede haber una vinculación del desembarco de Innviron en Córdoba con una eventual participación en la licitación de Enarsa", explicó.
Para la legisladora, "se buscaba hacer un negocio acordado rápidamente".
"Este es un debate que es competencia de los municipios y la Provincia. Argentina adhirió al Protocolo de Estocolmo pero el silencio de la Nación quizás tiene que ver con este negocio que vincula al kirchnerismo", aseveró Baldatta.
Fecha de Publicación: 31/07/2010
Fuente: Urgente24
Provincia/Región: Córdoba - Nacional
En Córdoba denuncian que a través de la estatal se pretende beneficiar a una compañía de capitales extranjeros muy vinculada al kirchnerismo.
El 21/5 último, el sitio cordobés Diariosumario.com.ar daba cuenta de las nuevas incorporaciones locales del Frente para la Victoria, el partido fundado por Néstor Kirchner.
Entre los nombres figuraba el de Víctor Hugo Toledo, intendente, casualmente, de la localidad de Toledo.
Poco antes de cumplirse un mes de esa novedad, otra sorprendió a los vecinos de esta comuna ubicada a sólo 16 kilómetros de la capital cordobesa: el jefe comunal vetó una ordenanza que prohibía a la empresa de capitales norteamericanos Innviron radicarse en su ciudad.
Ambos sucesos estarían relacionados.
Innviron es una compañía especializada en tratamientos de residuos a la que se acusa de tener importantes vínculos con el kirchnerismo, lo que le permitiría hacerse con una serie de beneficios de la mano de la estatal Enarsa.
La historia
Enarsa lanzó en 2009 una licitación para aquellas empresas interesadas en generar energía con fuentes alternativas. Aquel llamado fue declarado 'desierto', pero este año fue lanzado otro que se limitaba a la energía producida a través del tratamiento de residuos sólidos urbanos.
El llamado a concurso finalizaba en junio, pero fue prorrogado hasta el 16/7 como última fecha.
Desde la Coalición Cívica cordobesa denunciaron que la extensión de los plazos apuntaba a beneficiar a Innviron. "Está claro que los tiempos se van acomodando a lo que pasa con Innviron, una empresa amiga del poder kirchnerista", disparó Eduardo Scoppa concejal de la CC. Cuando se conoció la prorroga, el legislador comunal manifestó que esta se debía a que la empresa no había podido cerrar los acuerdos que necesitaba en el tiempo estimado.
Scoppa denunció que el propósito de la empresa es quedarse con los subsidios que otorgará Enarsa. “Procesar 500 toneladas por día tampoco tiene réditos económicos, es ineficiente esta producción de energía. Usted entra a la página de internet de Camessa y va a ver el precio que tiene la energía, los números no cierran. Ese negocio sólo cierra con los subsidios que se entrega Enarsa”, culminó el edil de la CC.
Con la adjudicación de la licitación Innviron accedería a subsidios durante 15 años que le permitirán hacer rentable un negocio que en el resto del mundo, aseguran, es altamente deficitario.
Innviron tiene en su agenda instalarse en varios puntos de Córdoba. Río Cuarto es uno de esos puntos. En Villa María aseguran que su intendente, el ultra kirchnerista Eduardo Accastello acordó con la compañía en "tiempo récord".
Claudia Bringas, concejal del Frente de la Gente de Río Cuarto, consideró como "muy sugestivo que justo ahora la Nación decida comprar energía producida con basura" teniendo en cuenta las intenciones de Innviron.
En Córdoba capital Innviron ganó la licitación para tratar los residuos. Ante esto el concejal Walter Nostrala, quien responde a Luis Juez, había asegurado que detrás de la firma estadounidense se encontraban intereses políticos vinculados al matrimonio presidencial.
“Es una empresa que está relacionada con el Gobierno nacional. El vicepresidente de la empresa a nivel nacional es el interventor del PJ en Santiago del Estero, y este puesto lo designa el titular del partido, que es el ex presidente Néstor Kirchner. Además otro de los altos funcionarios de Innviron en Córdoba es un hombre muy cercano a Julio De Vido”, denunció públicamente el concejal.
Dudas sobre la empresa
Por su parte, la diputada nacional por la CC Griselda Baldatta dijo que se realizará un pedido de informe parlamentario al Enarsa por la situación de Innviron.
"Cuando vine de Washington no solo averigüé por Innviron sino por el mecanismo de gasificación. Desde el organismo que reúne a los empresarios me dijeron que desconocían por completo las alternativas", indicó la legisladora en declaraciones recogidas por el sitio Telediariodigital.com.ar.
Baldatta denunció que la multinacional había señalado en Río Cuarto que estaban operando en 500 ciudades importantes del mundo y "esto no es real".
"Queremos saber que tipo de tratamientos se avalaría y los detalles sobre los subsidios. En la misma página de Enarsa se advierte que un llamado que vencía en junio fue prorrogado hasta fines de julio. Creemos que puede haber una vinculación del desembarco de Innviron en Córdoba con una eventual participación en la licitación de Enarsa", explicó.
Para la legisladora, "se buscaba hacer un negocio acordado rápidamente".
"Este es un debate que es competencia de los municipios y la Provincia. Argentina adhirió al Protocolo de Estocolmo pero el silencio de la Nación quizás tiene que ver con este negocio que vincula al kirchnerismo", aseveró Baldatta.
Gualeguaychú rechaza el acuerdo
Gualeguaychú rechaza el acuerdo y ya se vuelve a hablar de protesta
Fecha de Publicación: 30/07/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Entre Ríos - Nacional
El 19 de agosto se cumple el plazo de suspensión del corte del paso internacional.
El acuerdo está, pero casi nadie está de acuerdo. Para la Asamblea de Gualeguaychú, los alcances exactos del acuerdo de monitoreo son oscuros. ¿Qué hará la Asamblea el 19 de agosto, cuando se cumpla el plazo de dos meses estipulado al levantar el corte de ruta? Orgánicamente, no se ha tratado el tema. Todavía dura el shock de la firma de dos días atrás y de las notificaciones judiciales que han recibido varios asambleístas.
Y hay quienes ya evalúan volver a la protesta.
Para el abogado Luis Leissa, tras el levantamiento del corte, el Gobierno ha hecho “gestos pequeños sin respuestas acertadas, mientras sigue apostando a la resignación y al cansancio de Gualeguaychú. Ni siquiera aceptó la posibilidad de que Susana Ruiz Cerrutti, de Cancillería, y científicos de las universidades de La Plata y UBA vinieran a Gualeguaychú a explicarnos las pruebas que presentaron ante La Haya.
Eso muestra que deben esconder cosas” , dijo. “Creo que la protesta debe continuar, ante la desprotección en que nos deja el estado nacional”, agregó Leissa. ¿Eso significa volver a la ruta? “El corte es una medida más. Hay otras, como el reclamo que acabamos ante la embajada de Finlandia. O marchas al puente, cortes sorpresivos en vez de permanentes, tareas de divulgación, reunión con la Comisión de Medio Ambiente del Senado”, indicó.
“Nadie aclara el procedimiento –dijo a Clarín Gustavo Rivollier–. En Montevideo, al regresar ayer, el canciller uruguayo dijo a la oposición que no se entrará a Botnia.
Siguen 30 días en los que la CARU deberá detallar condiciones de trabajo. Recibimos anuncios y nadie aclara la letra chica”.
Es factible que el grupo que votó en contra del levantamiento en junio reclame ahora reinstaurar el bloqueo. “Podría volver a realizarse una gran asamblea para que todos opinen. Pero por ahora, estamos atentos a conocer mejor el acuerdo. Que la DINAMA uruguaya sea quien controle a Botnia acompañada del comité científico no es buen auspicio”, afirmó Leissa. “Inés Camillioni, científica de la facultad de Ciencias Exactas de la UBA, declaró que el equipo de investigadores de Argentina verificó 78 episodios de contaminación con ácido sulfídrico procedente de Botnia. Pero que desde mayo, el gobierno cortó los fondos al equipo científico”.
Para Ana Angelini, “el acuerdo no cumple con lo mandado por la La Haya y, encima, pone parámetros de la DINAMA, que ya estiró espectacularmente todos los parámetros de control para permitir que Botnia se instale”. Pese a ello, “todavía es pronto para hablar sobre qué sucederá el 19 de agosto”.
¿Monitoreo o automonitoreo consentido?
Por Raúl A. Estrada Oyuela
El acuerdo firmado el martes por los presidentes Cristina Fernández de Kirchner y José Mujica no satisface el entendimiento que ambos habían alcanzado el 2 de junio, ni aporta una aproximación razonable a la preocupación creada por el grave impacto ambiental de la plata de celulosa sobre el Río Uruguay. Lamentablemente, queda abierta la cuestión.
En junio, se estableció que el 17 del corriente, las delegaciones debían acordar en la Comisión Administradora del Río Uruguay las condiciones de vigilancia para la planta de Botnia–UPM y de prevención de la contaminación del río.
No hay noticias de que esto se haya logrado.
La novedad es que, en 30 días, cada gobierno designará dos científicos para que conformen un comité de la CARU, a fin de monitorear el río y todos los establecimientos que vuelquen efluentes. La CARU tiene cinco comisiones técnicas y ellas se ocupan del medio ambiente y el uso del agua, de la pesca y de la calidad de las aguas y la prevención de la contaminación. Están integradas por profesionales que en muchos casos son investigadores de primera línea. ¿En qué consiste entonces la novedad? Hablar de científicos no cambia la sustancia.
La CARU no ha definido el nuevo monitoreo en el río, que debe registrar los caudales, la velocidad y la dirección del flujo en toda la columna de agua, y controlar las condiciones atmosféricas.
Deben además definirse los indicadores y la frecuencia con que se tomarán las muestras. Importan la biota del río, las especies bio-acumuladoras de contaminantes, el plancton, y las diferentes especies ictícolas. Beben tomarse muestras del agua a distintas profundidades, de los sedimentos del fondo, y analizar el material en suspensión.
Deben controlarse los gases y el material suspendido que se lanza a la atmósfera, pero una frase críptica del Acuerdo dice que se controlarán las “emisiones gaseosas que puedan acceder al Río Uruguay”.
¿Declinamos controlar la contaminación que puede llegar al territorio desde la planta? Pero además habrá que explicar cómo se distinguen los gases y partículas que pueden “caer” al río antes de alcanzar la otra costa.
Para el monitoreo en la planta los presidentes acordaron que las acciones estarán a cargo de la DINAMA y que se aplicarán las normativas de la CARU –que no existen para el caso– y las de la DINAMA. La norma de la DINAMA ha establecido que los operarios y supervisores de Botnia-UPM monitorean la planta, según informa la Comisión de Seguimiento de Monitoreo Ambiental. ¿Estará el Comité Científico estará sujeto a esa norma? ¿Es eso monitoreo conjunto, o automonitoreo de la industria consentido por los gobiernos? Las visitas científicas no podrán ser más de doce por año, a pesar de que el Estatuto del río Uruguay establece que “cada parte autorizará a la otra a efectuar estudios e investigaciones de carácter científico en su respectiva jurisdicción” y que esta autorización sólo podrá ser denegada en circunstancias excepcionales y por períodos limitados”. Parece difícil restringir un tratado mediante un acuerdo pactado en el primer cordón del conurbano bonaerense.
Finalmente el acuerdo dice que el monitoreo comenzará en la planta de celulosa y en la desembocadura del Río Gualeguachú. El Estatuto del río asimila afluentes y efluentes.
Como no se indica ninguna industria en la desembocadura del río Gualeguaychú, puede entenderse que en la otra margen, donde esta la planta de celulosa, no se será monitoreado su interior, sino que sólo se observarán los efluentes cuando lleguen al Río Uruguay.
Fecha de Publicación: 30/07/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Entre Ríos - Nacional
El 19 de agosto se cumple el plazo de suspensión del corte del paso internacional.
El acuerdo está, pero casi nadie está de acuerdo. Para la Asamblea de Gualeguaychú, los alcances exactos del acuerdo de monitoreo son oscuros. ¿Qué hará la Asamblea el 19 de agosto, cuando se cumpla el plazo de dos meses estipulado al levantar el corte de ruta? Orgánicamente, no se ha tratado el tema. Todavía dura el shock de la firma de dos días atrás y de las notificaciones judiciales que han recibido varios asambleístas.
Y hay quienes ya evalúan volver a la protesta.
Para el abogado Luis Leissa, tras el levantamiento del corte, el Gobierno ha hecho “gestos pequeños sin respuestas acertadas, mientras sigue apostando a la resignación y al cansancio de Gualeguaychú. Ni siquiera aceptó la posibilidad de que Susana Ruiz Cerrutti, de Cancillería, y científicos de las universidades de La Plata y UBA vinieran a Gualeguaychú a explicarnos las pruebas que presentaron ante La Haya.
Eso muestra que deben esconder cosas” , dijo. “Creo que la protesta debe continuar, ante la desprotección en que nos deja el estado nacional”, agregó Leissa. ¿Eso significa volver a la ruta? “El corte es una medida más. Hay otras, como el reclamo que acabamos ante la embajada de Finlandia. O marchas al puente, cortes sorpresivos en vez de permanentes, tareas de divulgación, reunión con la Comisión de Medio Ambiente del Senado”, indicó.
“Nadie aclara el procedimiento –dijo a Clarín Gustavo Rivollier–. En Montevideo, al regresar ayer, el canciller uruguayo dijo a la oposición que no se entrará a Botnia.
Siguen 30 días en los que la CARU deberá detallar condiciones de trabajo. Recibimos anuncios y nadie aclara la letra chica”.
Es factible que el grupo que votó en contra del levantamiento en junio reclame ahora reinstaurar el bloqueo. “Podría volver a realizarse una gran asamblea para que todos opinen. Pero por ahora, estamos atentos a conocer mejor el acuerdo. Que la DINAMA uruguaya sea quien controle a Botnia acompañada del comité científico no es buen auspicio”, afirmó Leissa. “Inés Camillioni, científica de la facultad de Ciencias Exactas de la UBA, declaró que el equipo de investigadores de Argentina verificó 78 episodios de contaminación con ácido sulfídrico procedente de Botnia. Pero que desde mayo, el gobierno cortó los fondos al equipo científico”.
Para Ana Angelini, “el acuerdo no cumple con lo mandado por la La Haya y, encima, pone parámetros de la DINAMA, que ya estiró espectacularmente todos los parámetros de control para permitir que Botnia se instale”. Pese a ello, “todavía es pronto para hablar sobre qué sucederá el 19 de agosto”.
¿Monitoreo o automonitoreo consentido?
Por Raúl A. Estrada Oyuela
El acuerdo firmado el martes por los presidentes Cristina Fernández de Kirchner y José Mujica no satisface el entendimiento que ambos habían alcanzado el 2 de junio, ni aporta una aproximación razonable a la preocupación creada por el grave impacto ambiental de la plata de celulosa sobre el Río Uruguay. Lamentablemente, queda abierta la cuestión.
En junio, se estableció que el 17 del corriente, las delegaciones debían acordar en la Comisión Administradora del Río Uruguay las condiciones de vigilancia para la planta de Botnia–UPM y de prevención de la contaminación del río.
No hay noticias de que esto se haya logrado.
La novedad es que, en 30 días, cada gobierno designará dos científicos para que conformen un comité de la CARU, a fin de monitorear el río y todos los establecimientos que vuelquen efluentes. La CARU tiene cinco comisiones técnicas y ellas se ocupan del medio ambiente y el uso del agua, de la pesca y de la calidad de las aguas y la prevención de la contaminación. Están integradas por profesionales que en muchos casos son investigadores de primera línea. ¿En qué consiste entonces la novedad? Hablar de científicos no cambia la sustancia.
La CARU no ha definido el nuevo monitoreo en el río, que debe registrar los caudales, la velocidad y la dirección del flujo en toda la columna de agua, y controlar las condiciones atmosféricas.
Deben además definirse los indicadores y la frecuencia con que se tomarán las muestras. Importan la biota del río, las especies bio-acumuladoras de contaminantes, el plancton, y las diferentes especies ictícolas. Beben tomarse muestras del agua a distintas profundidades, de los sedimentos del fondo, y analizar el material en suspensión.
Deben controlarse los gases y el material suspendido que se lanza a la atmósfera, pero una frase críptica del Acuerdo dice que se controlarán las “emisiones gaseosas que puedan acceder al Río Uruguay”.
¿Declinamos controlar la contaminación que puede llegar al territorio desde la planta? Pero además habrá que explicar cómo se distinguen los gases y partículas que pueden “caer” al río antes de alcanzar la otra costa.
Para el monitoreo en la planta los presidentes acordaron que las acciones estarán a cargo de la DINAMA y que se aplicarán las normativas de la CARU –que no existen para el caso– y las de la DINAMA. La norma de la DINAMA ha establecido que los operarios y supervisores de Botnia-UPM monitorean la planta, según informa la Comisión de Seguimiento de Monitoreo Ambiental. ¿Estará el Comité Científico estará sujeto a esa norma? ¿Es eso monitoreo conjunto, o automonitoreo de la industria consentido por los gobiernos? Las visitas científicas no podrán ser más de doce por año, a pesar de que el Estatuto del río Uruguay establece que “cada parte autorizará a la otra a efectuar estudios e investigaciones de carácter científico en su respectiva jurisdicción” y que esta autorización sólo podrá ser denegada en circunstancias excepcionales y por períodos limitados”. Parece difícil restringir un tratado mediante un acuerdo pactado en el primer cordón del conurbano bonaerense.
Finalmente el acuerdo dice que el monitoreo comenzará en la planta de celulosa y en la desembocadura del Río Gualeguachú. El Estatuto del río asimila afluentes y efluentes.
Como no se indica ninguna industria en la desembocadura del río Gualeguaychú, puede entenderse que en la otra margen, donde esta la planta de celulosa, no se será monitoreado su interior, sino que sólo se observarán los efluentes cuando lleguen al Río Uruguay.
Acuerdo con Uruguay para el monitoreo de Botnia
Acuerdo con Uruguay para el monitoreo de la planta de Botnia
Fecha de Publicación: 29/07/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Entre Ríos - Nacional
Autoriza hasta doce inspecciones por año de científicos de ambos países en el interior de la pastera.
Sólo una reacción adversa de los asambleístas de Gualeguaychú, cuyo reclamo tuvo un peso descomunal en la política exterior con Uruguay durante años, podría hacer naufragar el acuerdo firmado entre Cristina Kirchner y José Mujica ayer, en la Quinta de Olivos. Este contempla finalmente, como pedía la Argentina, que técnicos argentinos, con pares uruguayos, puedan inspeccionar el interior de la pastera de la empresa finlandesa UPM (ex Botnia), que se levanta en Fray Bentos.
También podría frenarse si la empresa se negara a permitir a los argentinos entrar a la planta. Pero supo este diario de fuentes en Uruguay que la compañía no se opondrá a ello siempre y cuando se haga bajo estándares internacionales, científicos y no políticos. Con todo, la empresa dijo ayer que como lo “ha manifestado anteriormente, este es un tema entre gobiernos” y consideró que “no” correspondía hacer declaraciones sobre el asunto”. El gobierno de Mujica informó anoche el acuerdo a la oposición política y en las próximas horas hará los mismo con UPM.
Llegado ayer a las 15 horas en helicóptero desde Montevideo, a su cuarta bilateral con Cristina, Mujica permaneció unas dos horas en Olivos. Pero fueron los cancilleres Héctor Timerman y Luis Almagro, los que en el último mes tuvieron varios encuentros –y también desacuerdos– quienes anunciaron a los periodistas el acuerdo. Este estipula la creación en los próximos 30 días de un comité científico integrado por dos científicos uruguayos y dos argentinos, que serán elegidos por cada país. Trabajarán en el marco de la Comisión Administradora del Río Uruguay (la CARU), el ente regulador del Estatuto del Río Uruguay, firmado por los dos países en 1975. El comité monitoreará “todos los establecimientos industriales, agrícolas y centros urbanos que vuelcan sus efluentes al Río y sus áreas de influencia”, incluyendo la plata de Botnia, que será de hecho, dada las prioridades, la que primero se inspeccionará.
Este punto es una victoria para la Argentina, pero también hay otra para los uruguayos que pedían que las inspecciones también abarquen a las industrias y campos contaminantes del lado argentino. El acuerdo estipula que “el máximo de ingresos” de control del comité científico en cada establecimiento será de hasta 12 veces por año. Y se espera que empiece lo antes posible.
Cuando las inspecciones del comité sean del lado uruguayo, serán dirigidas por la dirección de medioambiente oriental, y viceversa cuando ocurran del lado argentino. “Se cierra un capítulo de nuestra historia y empieza otro que es el de la cooperación en el control ambiental del río Uruguay y su zona de influencia”, dijo ayer Timerman junto a Almagro.
Cristina y Mujica se verán lunes y martes en San Juan, en la cumbre del Mercosur. Ambos querían llegar ahí con un acuerdo cerrado, tal como buscaron tras el fallo de abril de la Corte de La Haya, que no habilitó la relocalización de Botnia pero considero a la vez que los uruguayos sí violaron el Estatuto binacional sobre el río. Es curioso igual porque en 2006 Argentina rechazó una propuesta algo similar de “monitoreo permanente y conjunto” sobre el impacto ambiental de las cuestionadas pasteras sobre el río.
Para Cristina, “ejemplar”
En medio de la recepción que dio ayer al equipo de hockey de Las leonas, la presidenta Cristina Kirchner hizo un alto para hablar con la prensa y expresar que estaba “muy contenta” por el acuerdo con Uruguay en el conflicto por la pastera Botnia.
Cristina calificó de “ejemplar” el acuerdo alcanzado para el monitoreo ambiental del Río Uruguay. Sostuvo que “con Pepe (José Mujica) siempre tenemos muy buena onda, porque ambos queremos solucionar”, y aseguró que “le encontramos respuesta a un problema que veníamos arrastrando hace años y teníamos que superar”. “No hay nada que pueda separarnos” con Uruguay, añadió la Presidenta.
Explicó que el acuerdo “tiene que desarrollarse en el marco de la CARU” porque así lo indica el Tratado del Río Uruguay.
Contó también que habían visto “viejas actas” de la CARU y que los mecanismos de monitoreo ya se aplicaron en 1999 y 2000.
“Era una práctica muy común que la CARU hiciera inspecciones a plantas industriales de ambas márgenes del río. No sé por qué eso se dejó de hacer”, aseguró la Presidenta.
Coincidencias en Uruguay
A su vuelta de Buenos Aires, luego de participar en la reunión de la Quinta de Olivos, el canciller Luis Almagro convocó anoche a Luis Lacalle, Pedro Bordaberry y Pablo Mieres, principales líderes de la oposición, para explicarles los términos del acuerdo alcanzado con la Argentina. El ex presidente Lacalle se mostró complacido con la actitud del gobierno. “En temas de fronteras afuera todos debemos caminar juntos y velar por los intereses del país”, añadió. “Creo que se llegó a una buena solución”, fue lo primero que expresó Bordaberry. “Los buenos acuerdos se dan cuando las partes quedan en algún punto un poco molestas”. Ante la pregunta de cómo cree que van a reaccionar en Gualeguaychú, Bordaberry se excusó de opinar. “A los políticos uruguayos no nos corresponde pronunciarnos sobre los asambleístas, y creo no es un momento para agregar tensiones”. Mieres también expresó satisfacción por que se haya llegado a un entendimiento. “Hay equilibrio entres las partes, algo fundamental para poder encarar de la mejor manera el trabajo del cuidado ambiental”.
Fecha de Publicación: 29/07/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Entre Ríos - Nacional
Autoriza hasta doce inspecciones por año de científicos de ambos países en el interior de la pastera.
Sólo una reacción adversa de los asambleístas de Gualeguaychú, cuyo reclamo tuvo un peso descomunal en la política exterior con Uruguay durante años, podría hacer naufragar el acuerdo firmado entre Cristina Kirchner y José Mujica ayer, en la Quinta de Olivos. Este contempla finalmente, como pedía la Argentina, que técnicos argentinos, con pares uruguayos, puedan inspeccionar el interior de la pastera de la empresa finlandesa UPM (ex Botnia), que se levanta en Fray Bentos.
También podría frenarse si la empresa se negara a permitir a los argentinos entrar a la planta. Pero supo este diario de fuentes en Uruguay que la compañía no se opondrá a ello siempre y cuando se haga bajo estándares internacionales, científicos y no políticos. Con todo, la empresa dijo ayer que como lo “ha manifestado anteriormente, este es un tema entre gobiernos” y consideró que “no” correspondía hacer declaraciones sobre el asunto”. El gobierno de Mujica informó anoche el acuerdo a la oposición política y en las próximas horas hará los mismo con UPM.
Llegado ayer a las 15 horas en helicóptero desde Montevideo, a su cuarta bilateral con Cristina, Mujica permaneció unas dos horas en Olivos. Pero fueron los cancilleres Héctor Timerman y Luis Almagro, los que en el último mes tuvieron varios encuentros –y también desacuerdos– quienes anunciaron a los periodistas el acuerdo. Este estipula la creación en los próximos 30 días de un comité científico integrado por dos científicos uruguayos y dos argentinos, que serán elegidos por cada país. Trabajarán en el marco de la Comisión Administradora del Río Uruguay (la CARU), el ente regulador del Estatuto del Río Uruguay, firmado por los dos países en 1975. El comité monitoreará “todos los establecimientos industriales, agrícolas y centros urbanos que vuelcan sus efluentes al Río y sus áreas de influencia”, incluyendo la plata de Botnia, que será de hecho, dada las prioridades, la que primero se inspeccionará.
Este punto es una victoria para la Argentina, pero también hay otra para los uruguayos que pedían que las inspecciones también abarquen a las industrias y campos contaminantes del lado argentino. El acuerdo estipula que “el máximo de ingresos” de control del comité científico en cada establecimiento será de hasta 12 veces por año. Y se espera que empiece lo antes posible.
Cuando las inspecciones del comité sean del lado uruguayo, serán dirigidas por la dirección de medioambiente oriental, y viceversa cuando ocurran del lado argentino. “Se cierra un capítulo de nuestra historia y empieza otro que es el de la cooperación en el control ambiental del río Uruguay y su zona de influencia”, dijo ayer Timerman junto a Almagro.
Cristina y Mujica se verán lunes y martes en San Juan, en la cumbre del Mercosur. Ambos querían llegar ahí con un acuerdo cerrado, tal como buscaron tras el fallo de abril de la Corte de La Haya, que no habilitó la relocalización de Botnia pero considero a la vez que los uruguayos sí violaron el Estatuto binacional sobre el río. Es curioso igual porque en 2006 Argentina rechazó una propuesta algo similar de “monitoreo permanente y conjunto” sobre el impacto ambiental de las cuestionadas pasteras sobre el río.
Para Cristina, “ejemplar”
En medio de la recepción que dio ayer al equipo de hockey de Las leonas, la presidenta Cristina Kirchner hizo un alto para hablar con la prensa y expresar que estaba “muy contenta” por el acuerdo con Uruguay en el conflicto por la pastera Botnia.
Cristina calificó de “ejemplar” el acuerdo alcanzado para el monitoreo ambiental del Río Uruguay. Sostuvo que “con Pepe (José Mujica) siempre tenemos muy buena onda, porque ambos queremos solucionar”, y aseguró que “le encontramos respuesta a un problema que veníamos arrastrando hace años y teníamos que superar”. “No hay nada que pueda separarnos” con Uruguay, añadió la Presidenta.
Explicó que el acuerdo “tiene que desarrollarse en el marco de la CARU” porque así lo indica el Tratado del Río Uruguay.
Contó también que habían visto “viejas actas” de la CARU y que los mecanismos de monitoreo ya se aplicaron en 1999 y 2000.
“Era una práctica muy común que la CARU hiciera inspecciones a plantas industriales de ambas márgenes del río. No sé por qué eso se dejó de hacer”, aseguró la Presidenta.
Coincidencias en Uruguay
A su vuelta de Buenos Aires, luego de participar en la reunión de la Quinta de Olivos, el canciller Luis Almagro convocó anoche a Luis Lacalle, Pedro Bordaberry y Pablo Mieres, principales líderes de la oposición, para explicarles los términos del acuerdo alcanzado con la Argentina. El ex presidente Lacalle se mostró complacido con la actitud del gobierno. “En temas de fronteras afuera todos debemos caminar juntos y velar por los intereses del país”, añadió. “Creo que se llegó a una buena solución”, fue lo primero que expresó Bordaberry. “Los buenos acuerdos se dan cuando las partes quedan en algún punto un poco molestas”. Ante la pregunta de cómo cree que van a reaccionar en Gualeguaychú, Bordaberry se excusó de opinar. “A los políticos uruguayos no nos corresponde pronunciarnos sobre los asambleístas, y creo no es un momento para agregar tensiones”. Mieres también expresó satisfacción por que se haya llegado a un entendimiento. “Hay equilibrio entres las partes, algo fundamental para poder encarar de la mejor manera el trabajo del cuidado ambiental”.
Va a estar pilas Buenos Aires
Va a estar pilas Buenos Aires
Fecha de Publicación: 29/07/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Capital
La organización ecologista Greenpeace denunció ayer que “las diez toneladas de pilas y baterías recolectadas por el gobierno porteño son de marcas reconocidas. Exportarlas para su correcto tratamiento y reciclado en Europa o Canadá, como estas empresas hacen en otros países, es más económico que enterrarlas en el país en rellenos de seguridad”.
Según datos del Gobierno de la Ciudad, la empresa Befesa SA (compañía especializada en la gestión integral de residuos peligrosos) presentó un presupuesto en el cual consigna que “el costo para el tratamiento de las diez toneladas de pilas y baterías mediante la disposición final en rellenos de seguridad rondaría los 72.600 pesos”, según se indicó en un comunicado.
En tanto, y de acuerdo con un presupuesto solicitado por Greenpeace a la empresa Silkers SA, el costo de exportar esas mismas diez toneladas de residuos de pilas para ser recicladas, lograr recuperar materiales valiosos y evitar el impacto ambiental de su disposición en rellenos alcanza los 64.935 pesos.
Greenpeace reclamó que “las empresas importadoras se hagan cargo legal y financieramente de las pilas y baterías que recolectó el Gobierno de la Ciudad; esto significa que se hagan responsables de la exportación para su posterior reciclado, ya que, en consonancia con la legislación internacional, son las empresas productoras, importadoras o comercializadoras las responsables por la gestión de los residuos de sus propios productos”.
“Con un simple vistazo a las toneladas de pilas y baterías acopiadas por la Ciudad se pueden reconocer muchas de las marcas conocidas”, sostienen en la organización ecologista. “Todas estas compañías hoy se desentienden del destino de los residuos de los productos que colocan en el mercado”, señaló Yanina Rullo, integrante de la campaña contra la Contaminación encarada por Greenpeace.
Fecha de Publicación: 29/07/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Capital
La organización ecologista Greenpeace denunció ayer que “las diez toneladas de pilas y baterías recolectadas por el gobierno porteño son de marcas reconocidas. Exportarlas para su correcto tratamiento y reciclado en Europa o Canadá, como estas empresas hacen en otros países, es más económico que enterrarlas en el país en rellenos de seguridad”.
Según datos del Gobierno de la Ciudad, la empresa Befesa SA (compañía especializada en la gestión integral de residuos peligrosos) presentó un presupuesto en el cual consigna que “el costo para el tratamiento de las diez toneladas de pilas y baterías mediante la disposición final en rellenos de seguridad rondaría los 72.600 pesos”, según se indicó en un comunicado.
En tanto, y de acuerdo con un presupuesto solicitado por Greenpeace a la empresa Silkers SA, el costo de exportar esas mismas diez toneladas de residuos de pilas para ser recicladas, lograr recuperar materiales valiosos y evitar el impacto ambiental de su disposición en rellenos alcanza los 64.935 pesos.
Greenpeace reclamó que “las empresas importadoras se hagan cargo legal y financieramente de las pilas y baterías que recolectó el Gobierno de la Ciudad; esto significa que se hagan responsables de la exportación para su posterior reciclado, ya que, en consonancia con la legislación internacional, son las empresas productoras, importadoras o comercializadoras las responsables por la gestión de los residuos de sus propios productos”.
“Con un simple vistazo a las toneladas de pilas y baterías acopiadas por la Ciudad se pueden reconocer muchas de las marcas conocidas”, sostienen en la organización ecologista. “Todas estas compañías hoy se desentienden del destino de los residuos de los productos que colocan en el mercado”, señaló Yanina Rullo, integrante de la campaña contra la Contaminación encarada por Greenpeace.
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