Cartoneros argentinos premiados por la ONU
10:26 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Cartoneros argentinos premiados por la ONU
Fecha de Publicación: 19/03/2010
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Capital
Fue considerada un ejemplo de cómo llevar adelante proyectos sociales exitosos. Comenzaron en 1997 y hoy son la fuente de trabajo de un centenar de familias. Por su tarea no reciben un peso. Ganan por la basura que venden.
Mientras el gobernador Daniel Scioli y el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, se pelean por la basura generada por la ciudad de Buenos Aires, la cooperativa de cartoneros El Ceibo, que trabaja en la zona de Palermo, fue seleccionada como uno de los cinco ganadores de un concurso internacional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que premia a proyectos sociales exitosos.
El galardón consiste en participar en la Feria de Conocimiento: Capacidad es Desarrollo, que se realiza en Marruecos. La elección del lugar no es casual: ese país está especialmente interesado en reinsertar a los ciudadanos más desprotegidos. Hasta allí viajó Cristina Lescano, la presidenta de la cooperativa, a explicar el proyecto de “separación de residuos sólidos en origen puerta a puerta”, que desde hace 13 años se aplica en la ciudad de Buenos Aires y con el que lograron nuclear alrededor de 100 familias que vivían en condiciones de riesgo.
“Para nosotros es un gran reconocimiento después de tanta lucha y como una gran oportunidad para visibilizar el proyecto socioambiental en todo el mundo. Tenemos el objetivo de que nuestra experiencia pueda ser útil para otras organizaciones y fomente la concreción de emprendimientos similares que impulsen el desarrollo y empleo digno con especial atención en la preservación ambiental”, dijo a Crítica de Argentina Valeria Corbalán, secretaria de la cooperativa que, como todos, comenzó con la separación de los residuos en la vereda.
El Ceibo obtuvo el tercer premio tras un proceso de selección de 200 proyectos. “Nosotros enviamos un texto contando nuestra historia, objetivos, los resultados que hemos obtenido hasta ahora, el modo en que pasamos de la exclusión a la inclusión social y la esencia y valores de nuestra cooperativa”, detalló Corbalán.
Todo comenzó en 1997, cuando un pequeño grupo se propuso “dignificar la tarea del ciruja, básicamente dejar de revolver la basura en la calle” y le dio cuerpo a la figura del promotor ambiental, quien se encarga de capacitar a los vecinos para que el proceso de reciclaje comience por ellos con el compromiso de separar los “residuos secos” en sus viviendas. El promotor también acuerda el día y la hora en que el recuperador pasará a retirar la basura, que trasladará al galpón que en el barrio de Retiro funciona como centro de acopio. Allí clasifican los residuos para comercializarla a las empresas de reciclaje industrial. Con una flota compuesta por un camión y una camioneta, los trabajadores de El Ceibo recolectan por día unas 10 toneladas de papeles, plásticos, metales, aluminio, papel, cartón, trapos, vidrio, tetrabrick, ropa, muebles, electrodomésticos, entre otros, que aportan el tres por ciento a la suma total de basura reciclada en la ciudad.
“Además de generar empleo autogestionado y salarios estables, realizamos una labor social y ambiental vital. Fomentamos el reciclaje de forma directa, así como el ahorro de energía y recursos no renovables. En muchos lugares del mundo, esta tarea es llevada a cabo por grandes empresas que le cobran importantísimas sumas de dinero a su gobierno. A nosotros nadie nos paga nada por el servicio”, dice la cooperativa en un comunicado en el que dio a conocer el premio que les dio la ONU. “Nos resulta alarmante que mientras en nuestro lugar de origen no se nos tiene en cuenta, una entidad como la ONU premie nuestra labor y nos invite a un evento internacional”, concluyeron.
Fecha de Publicación: 19/03/2010
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Capital
Fue considerada un ejemplo de cómo llevar adelante proyectos sociales exitosos. Comenzaron en 1997 y hoy son la fuente de trabajo de un centenar de familias. Por su tarea no reciben un peso. Ganan por la basura que venden.
Mientras el gobernador Daniel Scioli y el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, se pelean por la basura generada por la ciudad de Buenos Aires, la cooperativa de cartoneros El Ceibo, que trabaja en la zona de Palermo, fue seleccionada como uno de los cinco ganadores de un concurso internacional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que premia a proyectos sociales exitosos.
El galardón consiste en participar en la Feria de Conocimiento: Capacidad es Desarrollo, que se realiza en Marruecos. La elección del lugar no es casual: ese país está especialmente interesado en reinsertar a los ciudadanos más desprotegidos. Hasta allí viajó Cristina Lescano, la presidenta de la cooperativa, a explicar el proyecto de “separación de residuos sólidos en origen puerta a puerta”, que desde hace 13 años se aplica en la ciudad de Buenos Aires y con el que lograron nuclear alrededor de 100 familias que vivían en condiciones de riesgo.
“Para nosotros es un gran reconocimiento después de tanta lucha y como una gran oportunidad para visibilizar el proyecto socioambiental en todo el mundo. Tenemos el objetivo de que nuestra experiencia pueda ser útil para otras organizaciones y fomente la concreción de emprendimientos similares que impulsen el desarrollo y empleo digno con especial atención en la preservación ambiental”, dijo a Crítica de Argentina Valeria Corbalán, secretaria de la cooperativa que, como todos, comenzó con la separación de los residuos en la vereda.
El Ceibo obtuvo el tercer premio tras un proceso de selección de 200 proyectos. “Nosotros enviamos un texto contando nuestra historia, objetivos, los resultados que hemos obtenido hasta ahora, el modo en que pasamos de la exclusión a la inclusión social y la esencia y valores de nuestra cooperativa”, detalló Corbalán.
Todo comenzó en 1997, cuando un pequeño grupo se propuso “dignificar la tarea del ciruja, básicamente dejar de revolver la basura en la calle” y le dio cuerpo a la figura del promotor ambiental, quien se encarga de capacitar a los vecinos para que el proceso de reciclaje comience por ellos con el compromiso de separar los “residuos secos” en sus viviendas. El promotor también acuerda el día y la hora en que el recuperador pasará a retirar la basura, que trasladará al galpón que en el barrio de Retiro funciona como centro de acopio. Allí clasifican los residuos para comercializarla a las empresas de reciclaje industrial. Con una flota compuesta por un camión y una camioneta, los trabajadores de El Ceibo recolectan por día unas 10 toneladas de papeles, plásticos, metales, aluminio, papel, cartón, trapos, vidrio, tetrabrick, ropa, muebles, electrodomésticos, entre otros, que aportan el tres por ciento a la suma total de basura reciclada en la ciudad.
“Además de generar empleo autogestionado y salarios estables, realizamos una labor social y ambiental vital. Fomentamos el reciclaje de forma directa, así como el ahorro de energía y recursos no renovables. En muchos lugares del mundo, esta tarea es llevada a cabo por grandes empresas que le cobran importantísimas sumas de dinero a su gobierno. A nosotros nadie nos paga nada por el servicio”, dice la cooperativa en un comunicado en el que dio a conocer el premio que les dio la ONU. “Nos resulta alarmante que mientras en nuestro lugar de origen no se nos tiene en cuenta, una entidad como la ONU premie nuestra labor y nos invite a un evento internacional”, concluyeron.
La soja empezó a derramar sangre
La soja empezó a derramar sangre en Santiago del Estero
Fecha de Publicación: 18/03/2010
Fuente: ProDiario
Provincia/Región: Santiago del Estero
Dirigentes del MOCASE-Vía Campesina hablaron con P&M tras el fallecimiento de una mujer cuando enfrentaba a las topadoras de una empresa agrícola para impedir ser desalojada de sus tierras.
La muerte agrava una crítica situación por el avance de los cultivos transgénicos, las fumigaciones indiscriminadas y la intervención de fuerzas policiales y parapoliciales.
Sandra Juárez, una madre de 33 años, murió el sábado pasado por una descompensación al enfrentarse a una topadora de la empresa agrícola cordobesa Namuncurá S.A, que al igual que otras compañías de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, se apoderan de las tierras para emprendimientos agrícolas bajo el modelo sojero.
“Veníamos advirtiendo este hecho, donde el avance del agronegocio es cada vez más fuerte sin importar las consecuencias. Ahora dejó una madre muerta y niños huérfanos. Miles de hectáreas se venían destinando a la soja transgénica, pero ahora ya empezó a correr sangre”, denunció Deolinda Carrizo, encargada de la Secretaría de Comunicación del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE-Vía Campesina), en diálogo Política&Medios.
La mujer fallecida, junto a otros vecinos de San Nicolás, departamento La Banda , ubicado a 70 kilómetros de la capital de Santiago del Estero, denuncian los desalojos por parte Namuncurá S.A desde hace dos años.
Entre febrero y la primer semana de marzo la situación se había agravado y detonó el sábado pasado, cuando las topadoras quisieron pasar por encima de las tierras de la comunidad, “aplastando todo a su paso”, según palabras de Carrizo. El cuerpo de Sandra Juárez, que se había plantado firme con su familia, no resistió más y sufrió un paro cardiorrespiratorio.
El MOCASE responsabiliza por esta muerte a los ejecutores del “modelo agroexportador que se está implementando en nuestro país”, que privan “a las comunidades indígenas de la tierra, de su forma de vivir, de producir su alimento”.
“Se está mercantilizando la tierra y la muerte de personas, como así también el envenenamiento de niños por fumigaciones –otra forma de desalojo indirecta-; mujeres que tienen abortos espontáneos, niños con malformación y otras consecuencias que hoy las estamos viviendo en carne propia, y no quienes dan permiso para la siembra y ordenan quitarnos del medio”, explicó Carrizo.
Según la dirigente, la justicia de Santiago del Estero desconoce la ley que plantea que una persona que vive 20 años en una tierra recibe inmediatamente la posesión de la misma: “Los campesinos que defienden sus tierras terminan siendo imputados, cuando tendría que ser al revés. Hay más de 500 compañeros procesados. Esto es por intereses económicos y políticos, y la justicia falla siempre por los empresarios. Además, la policía actúa en los desalojos, lo cual es ilegal, ya que no pueden hacer tareas adicionales”.
Por su parte, Pablo Orellana, también referente del MOCASE y miembro de la Mesa Coordinadora del Frente Nacional Campesino, denunció que la muerte de la campesina ocurrió en el marco de una brutal represión.
“Hoy la justicia nos castiga hostigando a las familias campesinas con policías, y con guardias blancas, que son fuerzas parapoliciales, policías privados que tienen las empresas, y que tienen la facultad de meter presos a los compañeros porque están arreglados con la policía local”, denunció Orellana.
Ambos entrevistados coincidieron además en que el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, es responsable y cómplice de los hechos sucedidos.
“Hay responsabilidad en el gobernador quien no da señales de detener esta situación que pone en peligro cotidianamente a un montón de familias. Ya habíamos advertido la posible muerte de una persona, pero nadie nos escuchó”, remarcó Carrizo.
Orellana, por su parte, aseguró que Zamora “se hace la víctima y tiene mucho que ver en todo esto; está arreglado con estas empresas, e, incluso, su Instituto de Producción es pro-sojero. Hicimos muchos comunicados y nunca tuvimos ninguna respuesta de parte suya”.
Fecha de Publicación: 18/03/2010
Fuente: ProDiario
Provincia/Región: Santiago del Estero
Dirigentes del MOCASE-Vía Campesina hablaron con P&M tras el fallecimiento de una mujer cuando enfrentaba a las topadoras de una empresa agrícola para impedir ser desalojada de sus tierras.
La muerte agrava una crítica situación por el avance de los cultivos transgénicos, las fumigaciones indiscriminadas y la intervención de fuerzas policiales y parapoliciales.
Sandra Juárez, una madre de 33 años, murió el sábado pasado por una descompensación al enfrentarse a una topadora de la empresa agrícola cordobesa Namuncurá S.A, que al igual que otras compañías de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, se apoderan de las tierras para emprendimientos agrícolas bajo el modelo sojero.
“Veníamos advirtiendo este hecho, donde el avance del agronegocio es cada vez más fuerte sin importar las consecuencias. Ahora dejó una madre muerta y niños huérfanos. Miles de hectáreas se venían destinando a la soja transgénica, pero ahora ya empezó a correr sangre”, denunció Deolinda Carrizo, encargada de la Secretaría de Comunicación del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE-Vía Campesina), en diálogo Política&Medios.
La mujer fallecida, junto a otros vecinos de San Nicolás, departamento La Banda , ubicado a 70 kilómetros de la capital de Santiago del Estero, denuncian los desalojos por parte Namuncurá S.A desde hace dos años.
Entre febrero y la primer semana de marzo la situación se había agravado y detonó el sábado pasado, cuando las topadoras quisieron pasar por encima de las tierras de la comunidad, “aplastando todo a su paso”, según palabras de Carrizo. El cuerpo de Sandra Juárez, que se había plantado firme con su familia, no resistió más y sufrió un paro cardiorrespiratorio.
El MOCASE responsabiliza por esta muerte a los ejecutores del “modelo agroexportador que se está implementando en nuestro país”, que privan “a las comunidades indígenas de la tierra, de su forma de vivir, de producir su alimento”.
“Se está mercantilizando la tierra y la muerte de personas, como así también el envenenamiento de niños por fumigaciones –otra forma de desalojo indirecta-; mujeres que tienen abortos espontáneos, niños con malformación y otras consecuencias que hoy las estamos viviendo en carne propia, y no quienes dan permiso para la siembra y ordenan quitarnos del medio”, explicó Carrizo.
Según la dirigente, la justicia de Santiago del Estero desconoce la ley que plantea que una persona que vive 20 años en una tierra recibe inmediatamente la posesión de la misma: “Los campesinos que defienden sus tierras terminan siendo imputados, cuando tendría que ser al revés. Hay más de 500 compañeros procesados. Esto es por intereses económicos y políticos, y la justicia falla siempre por los empresarios. Además, la policía actúa en los desalojos, lo cual es ilegal, ya que no pueden hacer tareas adicionales”.
Por su parte, Pablo Orellana, también referente del MOCASE y miembro de la Mesa Coordinadora del Frente Nacional Campesino, denunció que la muerte de la campesina ocurrió en el marco de una brutal represión.
“Hoy la justicia nos castiga hostigando a las familias campesinas con policías, y con guardias blancas, que son fuerzas parapoliciales, policías privados que tienen las empresas, y que tienen la facultad de meter presos a los compañeros porque están arreglados con la policía local”, denunció Orellana.
Ambos entrevistados coincidieron además en que el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, es responsable y cómplice de los hechos sucedidos.
“Hay responsabilidad en el gobernador quien no da señales de detener esta situación que pone en peligro cotidianamente a un montón de familias. Ya habíamos advertido la posible muerte de una persona, pero nadie nos escuchó”, remarcó Carrizo.
Orellana, por su parte, aseguró que Zamora “se hace la víctima y tiene mucho que ver en todo esto; está arreglado con estas empresas, e, incluso, su Instituto de Producción es pro-sojero. Hicimos muchos comunicados y nunca tuvimos ninguna respuesta de parte suya”.
Vigilancia Ambiental de Río Uruguay
Vigilancia Ambiental de Río Uruguay
Fecha de Publicación: 17/03/2010
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Entre Ríos
El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Homero M. Bibiloni, se reunió con el intendente de Gualeguaychú, Juan José Bahillo, con el objetivo de avanzar hacia la instalación de un laboratorio apto para efectuar análisis ambientales y de calidad de agua en esa ciudad entrerriana.
Del encuentro participaron representantes de los organismos involucrados en la iniciativa como Hernán Orduna, presidente de la Comisión Administradora del Río Uruguay, miembros del Ministerio de Salud entrerriano, de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de La Plata, de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos y de la Agencia de Ciencia y Tecnología de Entre Ríos.
En ese marco se conversó acerca de la transferencia a la provincia, municipio y sistema científico local de conocimientos y experiencias para el futuro laboratorio, de parte de los distintos equipos que integran el Programa de Vigilancia ambiental del Río Uruguay, así como también la capacitación de recursos humanos locales para desempeñarse en el mismo.
El laboratorio, además de promover el fortalecimiento del Programa de Vigilancia mencionado, tendrá un carácter regional, y será un referente en cuanto al tratamiento de cuestiones ambientales.
Fecha de Publicación: 17/03/2010
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Entre Ríos
El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Homero M. Bibiloni, se reunió con el intendente de Gualeguaychú, Juan José Bahillo, con el objetivo de avanzar hacia la instalación de un laboratorio apto para efectuar análisis ambientales y de calidad de agua en esa ciudad entrerriana.
Del encuentro participaron representantes de los organismos involucrados en la iniciativa como Hernán Orduna, presidente de la Comisión Administradora del Río Uruguay, miembros del Ministerio de Salud entrerriano, de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de La Plata, de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos y de la Agencia de Ciencia y Tecnología de Entre Ríos.
En ese marco se conversó acerca de la transferencia a la provincia, municipio y sistema científico local de conocimientos y experiencias para el futuro laboratorio, de parte de los distintos equipos que integran el Programa de Vigilancia ambiental del Río Uruguay, así como también la capacitación de recursos humanos locales para desempeñarse en el mismo.
El laboratorio, además de promover el fortalecimiento del Programa de Vigilancia mencionado, tendrá un carácter regional, y será un referente en cuanto al tratamiento de cuestiones ambientales.
Estudian incinerar los desechos en la Capital
Estudian incinerar los desechos en la ciudad
Fecha de Publicación: 16/03/2010
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Capital
El gobierno porteño evalúa la posibilidad de volver a quemar residuos, debido al colapso de los rellenos sanitarios en la provincia de Buenos Aires que tiene enfadado al gobernador bonaerense. Controversia ambiental.
Un problema de proporciones. Los rellenos sanitarios de la provincia de Buenos Aires están saturados de basura y la ciudad tiene en buena medida la culpa de esta situación. El gobernador Scioli está cansado.
Acosado por la imposibilidad de reducir las 5.060 toneladas de basura que envía a diario a la provincia de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad analiza la posibilidad de incinerar parte de esos residuos, a través de hornos de plasma que descomponen la basura mediante una olla a presión o por medio de quemas que transforman los residuos en energía. El dato fue confirmado por funcionarios del gobierno y de la Legislatura porteños, que anticiparon que la comuna analiza esos dos métodos entre cuatro alternativas que también incluyen la construcción de una planta biológica de compostaje, que transforma la basura orgánica en abono fértil. La cuarta posibilidad consiste en ampliar la red de reciclado que protagonizan los cartoneros de la ciudad, aunque la lentitud en su implementación la ha transformado en otra vieja deuda porteña.
Las cuatro alternativas forman parte de un documento al que tuvo acceso a este diario y que están siendo estudiadas por Mauricio Macri y por su ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli, quien partirá a Londres en los próximos días, en una gira prevista para conocer los principales métodos de incineración y reciclado del Viejo Continente.
La ciudad cada día produce más basura y no hay lugar donde ponerla. El problema estalló de nuevo este lunes y recalentó la interna presidencial del PRO, entre Macri y el empresario diputado Francisco De Narváez. Dentro del operativo para consolidar la candidatura de Macri, el jefe comunal le recordó a su socio que “cumpla sus compromisos con una provincia que así no da para más”. La frase cosechó la ira del gobernador Daniel Scioli, que se declaró “podrido” por la creciente cantidad de residuos que los porteños mandan a la provincia y acusó a su colega porteño de “echarles la culpa de todo a los demás” cuando ya lleva “más de dos años de gobierno” sin cumplir con la ley de basura cero, que estipula desde 2005 tres metas ambientales. La letra de la norma establece una reducción del 30% para este año, un 50% para 2012 y un 75% para 2017.
Los tres objetivos ya son imposibles. Luego de la polémica entre Scioli y Macri, el gobierno bonaerense recordó que durante todo el 2009 la ciudad debía mandar un máximo de 1.048.000 toneladas a la Coordinación Ecológica del Área Metropolitana (Ceamse) y envió un total de 1.800.047, un 70% más de lo previsto. Las estimaciones bonaerenses prevén que este año la ciudad mandará 2.000 toneladas de más por día, un panorama que confirma el colapso de los tres rellenos sanitarios bonaerenses, aunque la ciudad envía sólo a uno que tendría dos años más de “aguante”.
Los documentos del macrismo asumen el incumplimiento de la ley de basura cero, pero las urgencias son otras. El contrato de recolección de la basura es el gasto más importante de la ciudad, llega a un monto anual de 1.000 millones de pesos y lleva dos años vencido. La última prórroga vence en mayo de este año y la nueva licitación incluirá la alternativa de la incineración, un método que fue desechado en los 70, pero que volvería a aplicarse gracias a nuevas tecnologías que, según el PRO, “no son contaminantes”.
Fuentes de Greenpeace anticiparon que “cualquier tipo de incineración es inaceptable porque viola dos leyes porteñas: la de basura cero y otra que impide la instalación de plantas incinerantes en la ciudad. Para los expertos los tiempos se acortan porque ya no hay donde poner la enorme cantidad de basura que generan los porteños por día. “Es cierto que no cumplimos con la ley de basura cero”, respondió el ministro Santilli a Scioli, pero “no es cierto que no hayamos hecho nada”. La basura se sigue acumulando sin destino firme.
Fecha de Publicación: 16/03/2010
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Capital
El gobierno porteño evalúa la posibilidad de volver a quemar residuos, debido al colapso de los rellenos sanitarios en la provincia de Buenos Aires que tiene enfadado al gobernador bonaerense. Controversia ambiental.
Un problema de proporciones. Los rellenos sanitarios de la provincia de Buenos Aires están saturados de basura y la ciudad tiene en buena medida la culpa de esta situación. El gobernador Scioli está cansado.
Acosado por la imposibilidad de reducir las 5.060 toneladas de basura que envía a diario a la provincia de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad analiza la posibilidad de incinerar parte de esos residuos, a través de hornos de plasma que descomponen la basura mediante una olla a presión o por medio de quemas que transforman los residuos en energía. El dato fue confirmado por funcionarios del gobierno y de la Legislatura porteños, que anticiparon que la comuna analiza esos dos métodos entre cuatro alternativas que también incluyen la construcción de una planta biológica de compostaje, que transforma la basura orgánica en abono fértil. La cuarta posibilidad consiste en ampliar la red de reciclado que protagonizan los cartoneros de la ciudad, aunque la lentitud en su implementación la ha transformado en otra vieja deuda porteña.
Las cuatro alternativas forman parte de un documento al que tuvo acceso a este diario y que están siendo estudiadas por Mauricio Macri y por su ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli, quien partirá a Londres en los próximos días, en una gira prevista para conocer los principales métodos de incineración y reciclado del Viejo Continente.
La ciudad cada día produce más basura y no hay lugar donde ponerla. El problema estalló de nuevo este lunes y recalentó la interna presidencial del PRO, entre Macri y el empresario diputado Francisco De Narváez. Dentro del operativo para consolidar la candidatura de Macri, el jefe comunal le recordó a su socio que “cumpla sus compromisos con una provincia que así no da para más”. La frase cosechó la ira del gobernador Daniel Scioli, que se declaró “podrido” por la creciente cantidad de residuos que los porteños mandan a la provincia y acusó a su colega porteño de “echarles la culpa de todo a los demás” cuando ya lleva “más de dos años de gobierno” sin cumplir con la ley de basura cero, que estipula desde 2005 tres metas ambientales. La letra de la norma establece una reducción del 30% para este año, un 50% para 2012 y un 75% para 2017.
Los tres objetivos ya son imposibles. Luego de la polémica entre Scioli y Macri, el gobierno bonaerense recordó que durante todo el 2009 la ciudad debía mandar un máximo de 1.048.000 toneladas a la Coordinación Ecológica del Área Metropolitana (Ceamse) y envió un total de 1.800.047, un 70% más de lo previsto. Las estimaciones bonaerenses prevén que este año la ciudad mandará 2.000 toneladas de más por día, un panorama que confirma el colapso de los tres rellenos sanitarios bonaerenses, aunque la ciudad envía sólo a uno que tendría dos años más de “aguante”.
Los documentos del macrismo asumen el incumplimiento de la ley de basura cero, pero las urgencias son otras. El contrato de recolección de la basura es el gasto más importante de la ciudad, llega a un monto anual de 1.000 millones de pesos y lleva dos años vencido. La última prórroga vence en mayo de este año y la nueva licitación incluirá la alternativa de la incineración, un método que fue desechado en los 70, pero que volvería a aplicarse gracias a nuevas tecnologías que, según el PRO, “no son contaminantes”.
Fuentes de Greenpeace anticiparon que “cualquier tipo de incineración es inaceptable porque viola dos leyes porteñas: la de basura cero y otra que impide la instalación de plantas incinerantes en la ciudad. Para los expertos los tiempos se acortan porque ya no hay donde poner la enorme cantidad de basura que generan los porteños por día. “Es cierto que no cumplimos con la ley de basura cero”, respondió el ministro Santilli a Scioli, pero “no es cierto que no hayamos hecho nada”. La basura se sigue acumulando sin destino firme.
Los "planes" para el Riachuelo
Los planes para el Riachuelo
Fecha de Publicación: 16/03/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital
El Gobierno porteño propone solucionar el viejo problema del Riachuelo mediante un Parque Integrador. Detalle de las obras y de los concursos que precedieron a esta iniciativa.
La franja costera que bordea el Riachuelo es una serpentina de tierras abandonadas, con asentamientos precarios, depósitos, galpones e industrias. Degradada, el área de la cuenca Matanza Riachuelo es una de las prioridades del Ministerio de Desarrollo Urbano del gobierno porteño, que busca una oportunidad para transformar la zona en un "Parque Integrador".
En una entrevista con Diario de Arquitectura, el ministro Daniel Chaín profundizó las medidas que su cartera puso en marcha para reconvertir "este pasivo ambiental en activo, con políticas concretas y un trabajo de reconstrucción cultural". El problema no se soluciona con acupuntura, hace falta un sistema que termine con el abandono y la desidia", dijo el funcionario.
Para elaborar este plan, el ministerio de Desarrollo Urbano elaboró un diagnóstico de la situación con el fin de destacar las obras más urgentes y necesarias. Entre ellas, reconoció que hace falta un fuerte impulso a la infraestructura hidráulica, mejorar la reconversión de áreas industriales y de servicios y promover la conectividad entre la provincia y la Capital Federal. Además, pautó obras de mejoramiento en asentamientos irregulares, la recuperación y saneamiento de los lagos aliviadores del sur y la transformación del borde del Riachuelo en un eje ambiental. "Son once kilómetros de ribera. Es necesario unificar y consensuar proyectos. No queremos tapar al Riachuelo con una autopista. Pero sí generar atractivos para modificarlo. No es una obrita menor la de crear un entorno ambiental apto y revalorizar el sector", señaló Chaín.
Entre las acciones previstas figura incrementar la conectividad transversal sobre el Riachuelo a través de nuevos puentes y emprendimientos conjuntos con los partidos de la cuenca: Avellaneda, Lanús y Lomas de Zamora. Además, completar y adecuar la red de autopistas para inducir la circulación del transporte de carga.
Con vistas a conectar la Ciudad con el Sur el Gobierno porteño elaboró un plan de diseño y construcción escalonada de puentes nuevos: el Roca Patricios (ubicado en la Av. Patricios, para comunicar la ciudad con Avellaneda), el Puente AU7 Lacarra (conecta con Lanús) y el reemplazo del viejo puente La Noria, que conecta con Lomas de Zamora, una obra terminada. Estos tres municipios agrupan 1.375.000 personas, gran parte de la cual se desplaza cotidianamente a la ciudad.
El Puente Roca Patricios unirá la Av. Patricios de la Ciudad con la Av. Roca de Avellaneda. Si bien los convenios ya fueron firmados, las consultorías están adjudicadas aún no hay fecha de inicio de obra. "A fines de abril entregan el anteproyecto. Y con esa herramienta se llamará a licitación", aseguran en AUSA S.A. (Autopistas Urbanas). Del concurso de ideas convocado por AUSA se seleccionó a una Unión Transitoria de Empresas conformada por las empresas Poyry y AC&A.
Según el proyecto, el puente será "fijo, apto para el tránsito vehicular y peatonal y con cuatro carriles". La idea es que alivie el tránsito del Puente Pueyrredón y que integre los sectores industriales que se emplazan en ambas márgenes del Riachuelo.
La obra consistirá en la "implantación de un puente que vincule ambas márgenes en forma transversal, combinando materiales como acero y hormigón armado, a fin de lograr una estructura apta en cuanto a resistencia y funcionalidad.
Además, su estructura será giratoria, para permitir la navegabilidad en el Riachuelo. La conexión tendrá un largo aproximado de 70 metros ", afirman en AUSA. En tanto la construcción del Puente AU 7 Lacarra está en "estudio de factibilidad junto al municipio de Lanús", según el ministerio de Desarrollo Urbano. El arquitecto Chain destaca entre los avances de este mega plan la finalización de las obras en el Puente La Noria, el reacondicionamiento del Puente Bosch y las obras terminadas en los puentes Uriburu y Pueyrredón. "Con esta obra se recuperó una vía estratégica para el tránsito pesado y se optimizó la conectividad vial entre la ciudad y el Sur", dijo el funcionario.
Entre la lista de concursos de ideas y anteproyectos realizados función de transformar los bordes del Riachuelo en corredores verdes integrados a la Ciudad figuran el Parque Lineal del Sur, el Parque Cívico, Barracas Central, el entorno del Transbordador Nicolás Avellaneda y las plazoletas A. Magaldi y M. Unamuno. Si bien Chaín reconoció que la ejecución del proyecto ganador del Parque Lineal del Sur "transciende la posibilidad de hacerlo en una sola administración", la propuesta tiene buena aceptación. Se trata de un gran corredor verde diseñado por los estudios AFRA y ONAS, (primer premio), gracias a una visión macro del problema y al planteo de una estrategia general de espacios verdes, con bicisendas y sectores peatonales.
Los ganadores del concurso Parque Cívico de la Ciudad de Buenos Aires proponen la conformación espacial de un área central como gran Plaza Cívica a partir de la cual se replantea la conformación de tejido urbano como forma de construir trama, que permita integrar el proyecto a la situación de borde existente, según los autores Luis Bruno, Leonardo Lotopolsky, Marcelo Lorelli y Edgardo Minond. En tanto, el concurso Ribera de Riachuelo apunta a crear un sistema de espacios públicos encadenados y vincular el paseo costero con la Dársena Sur. Así buscan conectar el área, con Puerto Madero, el mojón ABC1 del Sur, según los ganadores, Federico Azubel, Ignacio Trabucchi y Walter Viggiano (ATV Arquitectos). El proyecto incluye además la creación de una plaza en la cabecera Norte del Transbordador y obras para mejorar el malecón con la idea de disolver los bordes entre el muelle y el entorno. El desarrollo de un plan hidráulico que amplíe la red pluvial con la ejecución de sumideros, nexos, bocas de registro y cámaras de enlace y el rediseño urbano, vehicular y peatonal en las avenidas Sáenz y Ribera del Riachuelo completan el menú de acciones que el gobierno porteño tiene previsto desplegar para reconvertir la zona en un gran corredor, con servicios, oferta cultural y calidad ambiental. "¿Cómo resuelvo un río si no están resueltas las cuencas?", se pregunta Chaín. Y anuncia que hay "obras concretas en marcha para sacar agua: Estructuras pluviales que llevarán agua al arroyo entubado que desemboca en el Riachuelo. Y además, obras que evitarán el estancamiento de agua". Los conductos se están instalando en las cuencas Ochoa Elía, boca Barracas (falta una estación de bombeo para terminar la obra) y Erézcano Cildáñez.
Fecha de Publicación: 16/03/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital
El Gobierno porteño propone solucionar el viejo problema del Riachuelo mediante un Parque Integrador. Detalle de las obras y de los concursos que precedieron a esta iniciativa.
La franja costera que bordea el Riachuelo es una serpentina de tierras abandonadas, con asentamientos precarios, depósitos, galpones e industrias. Degradada, el área de la cuenca Matanza Riachuelo es una de las prioridades del Ministerio de Desarrollo Urbano del gobierno porteño, que busca una oportunidad para transformar la zona en un "Parque Integrador".
En una entrevista con Diario de Arquitectura, el ministro Daniel Chaín profundizó las medidas que su cartera puso en marcha para reconvertir "este pasivo ambiental en activo, con políticas concretas y un trabajo de reconstrucción cultural". El problema no se soluciona con acupuntura, hace falta un sistema que termine con el abandono y la desidia", dijo el funcionario.
Para elaborar este plan, el ministerio de Desarrollo Urbano elaboró un diagnóstico de la situación con el fin de destacar las obras más urgentes y necesarias. Entre ellas, reconoció que hace falta un fuerte impulso a la infraestructura hidráulica, mejorar la reconversión de áreas industriales y de servicios y promover la conectividad entre la provincia y la Capital Federal. Además, pautó obras de mejoramiento en asentamientos irregulares, la recuperación y saneamiento de los lagos aliviadores del sur y la transformación del borde del Riachuelo en un eje ambiental. "Son once kilómetros de ribera. Es necesario unificar y consensuar proyectos. No queremos tapar al Riachuelo con una autopista. Pero sí generar atractivos para modificarlo. No es una obrita menor la de crear un entorno ambiental apto y revalorizar el sector", señaló Chaín.
Entre las acciones previstas figura incrementar la conectividad transversal sobre el Riachuelo a través de nuevos puentes y emprendimientos conjuntos con los partidos de la cuenca: Avellaneda, Lanús y Lomas de Zamora. Además, completar y adecuar la red de autopistas para inducir la circulación del transporte de carga.
Con vistas a conectar la Ciudad con el Sur el Gobierno porteño elaboró un plan de diseño y construcción escalonada de puentes nuevos: el Roca Patricios (ubicado en la Av. Patricios, para comunicar la ciudad con Avellaneda), el Puente AU7 Lacarra (conecta con Lanús) y el reemplazo del viejo puente La Noria, que conecta con Lomas de Zamora, una obra terminada. Estos tres municipios agrupan 1.375.000 personas, gran parte de la cual se desplaza cotidianamente a la ciudad.
El Puente Roca Patricios unirá la Av. Patricios de la Ciudad con la Av. Roca de Avellaneda. Si bien los convenios ya fueron firmados, las consultorías están adjudicadas aún no hay fecha de inicio de obra. "A fines de abril entregan el anteproyecto. Y con esa herramienta se llamará a licitación", aseguran en AUSA S.A. (Autopistas Urbanas). Del concurso de ideas convocado por AUSA se seleccionó a una Unión Transitoria de Empresas conformada por las empresas Poyry y AC&A.
Según el proyecto, el puente será "fijo, apto para el tránsito vehicular y peatonal y con cuatro carriles". La idea es que alivie el tránsito del Puente Pueyrredón y que integre los sectores industriales que se emplazan en ambas márgenes del Riachuelo.
La obra consistirá en la "implantación de un puente que vincule ambas márgenes en forma transversal, combinando materiales como acero y hormigón armado, a fin de lograr una estructura apta en cuanto a resistencia y funcionalidad.
Además, su estructura será giratoria, para permitir la navegabilidad en el Riachuelo. La conexión tendrá un largo aproximado de 70 metros ", afirman en AUSA. En tanto la construcción del Puente AU 7 Lacarra está en "estudio de factibilidad junto al municipio de Lanús", según el ministerio de Desarrollo Urbano. El arquitecto Chain destaca entre los avances de este mega plan la finalización de las obras en el Puente La Noria, el reacondicionamiento del Puente Bosch y las obras terminadas en los puentes Uriburu y Pueyrredón. "Con esta obra se recuperó una vía estratégica para el tránsito pesado y se optimizó la conectividad vial entre la ciudad y el Sur", dijo el funcionario.
Entre la lista de concursos de ideas y anteproyectos realizados función de transformar los bordes del Riachuelo en corredores verdes integrados a la Ciudad figuran el Parque Lineal del Sur, el Parque Cívico, Barracas Central, el entorno del Transbordador Nicolás Avellaneda y las plazoletas A. Magaldi y M. Unamuno. Si bien Chaín reconoció que la ejecución del proyecto ganador del Parque Lineal del Sur "transciende la posibilidad de hacerlo en una sola administración", la propuesta tiene buena aceptación. Se trata de un gran corredor verde diseñado por los estudios AFRA y ONAS, (primer premio), gracias a una visión macro del problema y al planteo de una estrategia general de espacios verdes, con bicisendas y sectores peatonales.
Los ganadores del concurso Parque Cívico de la Ciudad de Buenos Aires proponen la conformación espacial de un área central como gran Plaza Cívica a partir de la cual se replantea la conformación de tejido urbano como forma de construir trama, que permita integrar el proyecto a la situación de borde existente, según los autores Luis Bruno, Leonardo Lotopolsky, Marcelo Lorelli y Edgardo Minond. En tanto, el concurso Ribera de Riachuelo apunta a crear un sistema de espacios públicos encadenados y vincular el paseo costero con la Dársena Sur. Así buscan conectar el área, con Puerto Madero, el mojón ABC1 del Sur, según los ganadores, Federico Azubel, Ignacio Trabucchi y Walter Viggiano (ATV Arquitectos). El proyecto incluye además la creación de una plaza en la cabecera Norte del Transbordador y obras para mejorar el malecón con la idea de disolver los bordes entre el muelle y el entorno. El desarrollo de un plan hidráulico que amplíe la red pluvial con la ejecución de sumideros, nexos, bocas de registro y cámaras de enlace y el rediseño urbano, vehicular y peatonal en las avenidas Sáenz y Ribera del Riachuelo completan el menú de acciones que el gobierno porteño tiene previsto desplegar para reconvertir la zona en un gran corredor, con servicios, oferta cultural y calidad ambiental. "¿Cómo resuelvo un río si no están resueltas las cuencas?", se pregunta Chaín. Y anuncia que hay "obras concretas en marcha para sacar agua: Estructuras pluviales que llevarán agua al arroyo entubado que desemboca en el Riachuelo. Y además, obras que evitarán el estancamiento de agua". Los conductos se están instalando en las cuencas Ochoa Elía, boca Barracas (falta una estación de bombeo para terminar la obra) y Erézcano Cildáñez.
Un freno a los agroquímicos
Un freno a los agroquímicos
Fecha de Publicación: 15/03/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Santa Fe
La Justicia de Santa Fe dejó firme la prohibición de utilizar glifosato, el pilar fundamental de la producción sojera, en cercanías de zonas urbanas. El fallo marca jurisprudencia, invierte el cargo de la prueba y exige nuevos estudios a la provincia.
La Justicia de Santa Fe dictó un fallo inédito, con posibles impactos en el modelo agropecuario de la Argentina, al dejar firme una sentencia que prohíbe las fumigaciones con glifosato en cercanías de zonas urbanas de la ciudad de San Jorge, en el oeste provincial. La medida fue decidida por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial (Sala II) de Santa Fe, que dio otro paso inédito: ordenó que el gobierno de Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) demuestren, en el lapso de seis meses, que los agroquímicos no son perjudiciales para la salud. De esta manera, por primera vez, se invirtió la carga de la prueba: era una regla que los vecinos y campesinos intoxicados tenían que demostrar las afecciones en la salud, pero ahora serán los impulsores del modelo de agronegocios quienes tendrán que demostrar la inocuidad de los químicos. Los jueces también marcaron jurisprudencia al invocar el principio precautorio: ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable, es necesario tomar medidas protectoras. Los iniciadores de la causa, vecinos que sufrieron trastornos en la salud por las fumigaciones, ya solicitaron que la medida se extienda a toda la provincia. El glifosato es pilar fundamental del monocultivo de soja.
San Jorge es una ciudad de 25 mil habitantes, ubicada a 144 kilómetros de la capital provincial. Es una zona sojera por excelencia. Durante los últimos quince años creció al abrigo del monocultivo, la zona urbana se extendió y también los campos sembrados. El barrio Urquiza está en el margen del pueblo, es humilde, con viviendas aún sin terminar y fue durante una década lindero a campos de soja. Desde la casa de Viviana Peralta se ve el campo, y también los aviones fumigadores. Ella fue una de las impulsoras de la denuncia inicial, luego de que su hija Ailén, de sólo dos años, sufriera ahogos, intoxicación y un desmayo después de una fumigación.
En marzo de 2009, el juez Tristán Martínez –del Juzgado Civil, Comercial y Laboral Nº 11– hizo lugar a un amparo y ordenó la suspensión inmediata de las fumigaciones en adyacencias de la zona urbana de la ciudad, hasta que el Concejo Deliberante y el municipio se hicieran eco de la ley 11.273 (sancionada en 1995) y determinaran qué zonas pueden ser rociadas con agroquímicos.
Los productores, la Municipalidad y el gobierno provincial, mediante el Ministerio de Producción, apelaron la medida. Los tres jueces de la Cámara en lo Civil y Comercial de Santa Fe (Armando Drago, Enrique Müller y María Cristina de Césaris de Dos Santos Freire) confirmaron el fallo de primera instancia: prohibición total de fumigar con agroquímicos a menos de 800 metros de viviendas familiares (si el método utilizado es terrestre) y a 1500 metros (si la aspersión es mediante avionetas).
El inédito fallo, unánime, fue dictado en diciembre pasado, pero recién se conoció ahora. “Lo llamado a decidir (la prohibición) se desarrolla en un contexto difícil en donde juegan controversias científicas, intereses económicos, presiones y contrapresiones de orden político y empresario, riesgos reconocidos socialmente (...) que tienen la propiedad de transformar lo apolítico en político, desinformación interesada, descoordinación en la gestión pública, insolidaridad con los posibles afectados”, advierte la Justicia.
En las centenares de denuncias por contaminación e intoxicación, los afectados chocan en la Justicia con un pedido de difícil cumplimiento: son los mismos perjudicados (indígenas, campesinos y humildes habitantes periurbanos) quienes deben probar científicamente que los agroquímicos son perjudiciales.
La apelación del gobierno de Santa Fe se dirigió a ese punto débil. La provincia argumentó que la denuncia original (la acción de amparo) era inadecuada porque, antes de cualquier prohibición, se debía dar un debate amplio con demostraciones científicas que certifiquen los perjuicios sobre la salud y el ambiente. Pero la Justicia rechazó ese camino. “Me permito señalar enfáticamente que la cuestión no requiere de mayor amplitud en cuanto a ‘debate y prueba’. Se discute sobre actos que atentan contra el medio ambiente, repercutiendo de manera directa en la salud de los vecinos de la ciudad de San Jorge, lo que importa que existe un factor de urgencia que (debe) ser atendido”, sentenció la Cámara de Apelaciones.
Y, por primera vez en casos de agroquímicos, invirtió la carga de la prueba. No solicitó a las familias afectadas que probaran los males de los agroquímicos. Ordenó que el gobierno provincial, mediante el Ministerio de Producción, realice estudios junto a la Universidad Nacional del Litoral (UNL). En el término de seis meses deberá probar que los agroquímicos no afectan la salud y el ambiente. El juez de primera instancia Tristán Martínez recibió nuevamente la causa recién la semana pasada. Lo antes posible debe notificar a la provincia y la UNL. Cuando se cumpla el plazo de seis meses, el juez Martínez deberá decidir –estudio en mano– si revierte la medida, la mantiene o la profundiza.
El otro aspecto inédito del fallo es el uso del principio precautorio en lo que respecta a agroquímicos. La Ley Nacional del Ambiente define al principio precautorio en su artículo cuatro: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científicas no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”. La Cámara de Apelaciones de Santa Fe lo utiliza como una de las bases de su fallo, enumera siete casos en los que fue implementado, destaca que se justifica su utilización cuando haya “falta de certidumbre científica y amenazada de daño al ambiente o la salud humana”, y toma como antecedente lo actuado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, máximo tribunal del país, en el freno a los desmontes en Salta (diciembre de 2008).
La Justicia de Santa Fe afirmó que la limitación en el uso del glifosato para la ciudad de San Jorge se fundamenta en “la incertidumbre científica acerca de los riesgos ambientales, la incidencia de la alteración seria del medio ambiente y la irreversibilidad que pueden provocar tales daños”, y explica que su medida se entiende en razón de “evitar un daño futuro, pero relativamente cierto y mensurable”. El fallo también se mete de lleno en la práctica común judicial: llama a fiscales y jueces que “repiensen que los avances tecnológicos no son poderes que se legitiman a sí mismos”.
En la sentencia, los tres jueces advierten que intervienen intereses sectoriales que no buscan identificar los riesgos reales sino defender sus propios roles en la cadena de agronegocios. Señala que los fumigadores sostienen que las contaminaciones se deben al mal uso (un argumento recurrente de las cámaras empresarias), advierte que las compañías productoras de agroquímicos “sostienen la atoxicidad con estudios encargadas por ellas mismas”, el Estado “pregona su preocupación por el medio ambiente, pero olvida que la mejor manera de comprometerse en el tema es efectuando los debidos controles” y evidencia la falta de solidaridad de los chacareros: “Sostienen que si los productos que aplican se encuentran autorizados, nadie puede endilgar acción antijurídica alguna, por lo que no puede impedírseles trabajar y producir”.
“Lo que se muestra claro es que las posiciones divergentes antes de disiparnos las dudas de utilización de los agroquímicos, sobre todo en zonas urbanas, las acrecientan porque todos conocen los potenciales riesgos de su utilización (...), la preeminencia no la tienen los intereses sectoriales de nadie sino que, por el contrario, la preeminencia está del lado de la salud pública y del medio ambiente”, sentenció la Justicia de Santa Fe y afirmó: “Frente a la existencia de la duda relevante, la aplicación del principio precautorio deviene ineludible, porque la sola existencia de los niños afectados (...) así lo determinan”.
El Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat), organización impulsora de la denuncia inicial, ya anunció que solicitará que la limitación del uso de glifosato se amplíe a toda la provincia. “La Justicia protegió a los habitantes de San Jorge hasta que se demuestre la supuesta inocuidad. Pedimos que se proteja al resto de los santafesinos. Si eso no sucede, habrá ciudadanos de primera, protegidos del uso de agroquímicos, y el resto de la provincia estará expuesto a químicos que están sospechados de afectar la salud y el ambiente.”
El Cepronat, que integra la campaña nacional “Paren de fumigar” –donde confluyen decenas de organizaciones sociales y pueblos fumigados–, instó a que el gobernador Hermes Binner escuchara el fallo judicial y extendiera la limitación para las fumigaciones. “Ante todo, el gobernador es médico, entiende que la salud debe anteceder a las actividades productivas”, afirmó Carlos Manessi, del Cepronat.
Este diario intentó dialogar con el gobernador, pero su vocero explicó que no hablará del tema y derivó las preguntas al Ministerio de Producción. Desde la cartera informaron que los funcionarios no harán declaraciones públicas hasta tanto no sean notificados por la Justicia.
Binner se graduó en Medicina en 1970, en la Universidad de Rosario. Entre otras especializaciones, según su curriculum vitae, focalizó su profesión en “salud pública”, que es un concepto social y político que (según la misma definición médica) está destinado a “mejorar la salud y mejorar la calidad de vida de las poblaciones mediante la promoción de salud, la prevención de enfermedades y la armonía con el ambiente”.
Fecha de Publicación: 15/03/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Santa Fe
La Justicia de Santa Fe dejó firme la prohibición de utilizar glifosato, el pilar fundamental de la producción sojera, en cercanías de zonas urbanas. El fallo marca jurisprudencia, invierte el cargo de la prueba y exige nuevos estudios a la provincia.
La Justicia de Santa Fe dictó un fallo inédito, con posibles impactos en el modelo agropecuario de la Argentina, al dejar firme una sentencia que prohíbe las fumigaciones con glifosato en cercanías de zonas urbanas de la ciudad de San Jorge, en el oeste provincial. La medida fue decidida por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial (Sala II) de Santa Fe, que dio otro paso inédito: ordenó que el gobierno de Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) demuestren, en el lapso de seis meses, que los agroquímicos no son perjudiciales para la salud. De esta manera, por primera vez, se invirtió la carga de la prueba: era una regla que los vecinos y campesinos intoxicados tenían que demostrar las afecciones en la salud, pero ahora serán los impulsores del modelo de agronegocios quienes tendrán que demostrar la inocuidad de los químicos. Los jueces también marcaron jurisprudencia al invocar el principio precautorio: ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable, es necesario tomar medidas protectoras. Los iniciadores de la causa, vecinos que sufrieron trastornos en la salud por las fumigaciones, ya solicitaron que la medida se extienda a toda la provincia. El glifosato es pilar fundamental del monocultivo de soja.
San Jorge es una ciudad de 25 mil habitantes, ubicada a 144 kilómetros de la capital provincial. Es una zona sojera por excelencia. Durante los últimos quince años creció al abrigo del monocultivo, la zona urbana se extendió y también los campos sembrados. El barrio Urquiza está en el margen del pueblo, es humilde, con viviendas aún sin terminar y fue durante una década lindero a campos de soja. Desde la casa de Viviana Peralta se ve el campo, y también los aviones fumigadores. Ella fue una de las impulsoras de la denuncia inicial, luego de que su hija Ailén, de sólo dos años, sufriera ahogos, intoxicación y un desmayo después de una fumigación.
En marzo de 2009, el juez Tristán Martínez –del Juzgado Civil, Comercial y Laboral Nº 11– hizo lugar a un amparo y ordenó la suspensión inmediata de las fumigaciones en adyacencias de la zona urbana de la ciudad, hasta que el Concejo Deliberante y el municipio se hicieran eco de la ley 11.273 (sancionada en 1995) y determinaran qué zonas pueden ser rociadas con agroquímicos.
Los productores, la Municipalidad y el gobierno provincial, mediante el Ministerio de Producción, apelaron la medida. Los tres jueces de la Cámara en lo Civil y Comercial de Santa Fe (Armando Drago, Enrique Müller y María Cristina de Césaris de Dos Santos Freire) confirmaron el fallo de primera instancia: prohibición total de fumigar con agroquímicos a menos de 800 metros de viviendas familiares (si el método utilizado es terrestre) y a 1500 metros (si la aspersión es mediante avionetas).
El inédito fallo, unánime, fue dictado en diciembre pasado, pero recién se conoció ahora. “Lo llamado a decidir (la prohibición) se desarrolla en un contexto difícil en donde juegan controversias científicas, intereses económicos, presiones y contrapresiones de orden político y empresario, riesgos reconocidos socialmente (...) que tienen la propiedad de transformar lo apolítico en político, desinformación interesada, descoordinación en la gestión pública, insolidaridad con los posibles afectados”, advierte la Justicia.
En las centenares de denuncias por contaminación e intoxicación, los afectados chocan en la Justicia con un pedido de difícil cumplimiento: son los mismos perjudicados (indígenas, campesinos y humildes habitantes periurbanos) quienes deben probar científicamente que los agroquímicos son perjudiciales.
La apelación del gobierno de Santa Fe se dirigió a ese punto débil. La provincia argumentó que la denuncia original (la acción de amparo) era inadecuada porque, antes de cualquier prohibición, se debía dar un debate amplio con demostraciones científicas que certifiquen los perjuicios sobre la salud y el ambiente. Pero la Justicia rechazó ese camino. “Me permito señalar enfáticamente que la cuestión no requiere de mayor amplitud en cuanto a ‘debate y prueba’. Se discute sobre actos que atentan contra el medio ambiente, repercutiendo de manera directa en la salud de los vecinos de la ciudad de San Jorge, lo que importa que existe un factor de urgencia que (debe) ser atendido”, sentenció la Cámara de Apelaciones.
Y, por primera vez en casos de agroquímicos, invirtió la carga de la prueba. No solicitó a las familias afectadas que probaran los males de los agroquímicos. Ordenó que el gobierno provincial, mediante el Ministerio de Producción, realice estudios junto a la Universidad Nacional del Litoral (UNL). En el término de seis meses deberá probar que los agroquímicos no afectan la salud y el ambiente. El juez de primera instancia Tristán Martínez recibió nuevamente la causa recién la semana pasada. Lo antes posible debe notificar a la provincia y la UNL. Cuando se cumpla el plazo de seis meses, el juez Martínez deberá decidir –estudio en mano– si revierte la medida, la mantiene o la profundiza.
El otro aspecto inédito del fallo es el uso del principio precautorio en lo que respecta a agroquímicos. La Ley Nacional del Ambiente define al principio precautorio en su artículo cuatro: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científicas no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”. La Cámara de Apelaciones de Santa Fe lo utiliza como una de las bases de su fallo, enumera siete casos en los que fue implementado, destaca que se justifica su utilización cuando haya “falta de certidumbre científica y amenazada de daño al ambiente o la salud humana”, y toma como antecedente lo actuado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, máximo tribunal del país, en el freno a los desmontes en Salta (diciembre de 2008).
La Justicia de Santa Fe afirmó que la limitación en el uso del glifosato para la ciudad de San Jorge se fundamenta en “la incertidumbre científica acerca de los riesgos ambientales, la incidencia de la alteración seria del medio ambiente y la irreversibilidad que pueden provocar tales daños”, y explica que su medida se entiende en razón de “evitar un daño futuro, pero relativamente cierto y mensurable”. El fallo también se mete de lleno en la práctica común judicial: llama a fiscales y jueces que “repiensen que los avances tecnológicos no son poderes que se legitiman a sí mismos”.
En la sentencia, los tres jueces advierten que intervienen intereses sectoriales que no buscan identificar los riesgos reales sino defender sus propios roles en la cadena de agronegocios. Señala que los fumigadores sostienen que las contaminaciones se deben al mal uso (un argumento recurrente de las cámaras empresarias), advierte que las compañías productoras de agroquímicos “sostienen la atoxicidad con estudios encargadas por ellas mismas”, el Estado “pregona su preocupación por el medio ambiente, pero olvida que la mejor manera de comprometerse en el tema es efectuando los debidos controles” y evidencia la falta de solidaridad de los chacareros: “Sostienen que si los productos que aplican se encuentran autorizados, nadie puede endilgar acción antijurídica alguna, por lo que no puede impedírseles trabajar y producir”.
“Lo que se muestra claro es que las posiciones divergentes antes de disiparnos las dudas de utilización de los agroquímicos, sobre todo en zonas urbanas, las acrecientan porque todos conocen los potenciales riesgos de su utilización (...), la preeminencia no la tienen los intereses sectoriales de nadie sino que, por el contrario, la preeminencia está del lado de la salud pública y del medio ambiente”, sentenció la Justicia de Santa Fe y afirmó: “Frente a la existencia de la duda relevante, la aplicación del principio precautorio deviene ineludible, porque la sola existencia de los niños afectados (...) así lo determinan”.
El Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat), organización impulsora de la denuncia inicial, ya anunció que solicitará que la limitación del uso de glifosato se amplíe a toda la provincia. “La Justicia protegió a los habitantes de San Jorge hasta que se demuestre la supuesta inocuidad. Pedimos que se proteja al resto de los santafesinos. Si eso no sucede, habrá ciudadanos de primera, protegidos del uso de agroquímicos, y el resto de la provincia estará expuesto a químicos que están sospechados de afectar la salud y el ambiente.”
El Cepronat, que integra la campaña nacional “Paren de fumigar” –donde confluyen decenas de organizaciones sociales y pueblos fumigados–, instó a que el gobernador Hermes Binner escuchara el fallo judicial y extendiera la limitación para las fumigaciones. “Ante todo, el gobernador es médico, entiende que la salud debe anteceder a las actividades productivas”, afirmó Carlos Manessi, del Cepronat.
Este diario intentó dialogar con el gobernador, pero su vocero explicó que no hablará del tema y derivó las preguntas al Ministerio de Producción. Desde la cartera informaron que los funcionarios no harán declaraciones públicas hasta tanto no sean notificados por la Justicia.
Binner se graduó en Medicina en 1970, en la Universidad de Rosario. Entre otras especializaciones, según su curriculum vitae, focalizó su profesión en “salud pública”, que es un concepto social y político que (según la misma definición médica) está destinado a “mejorar la salud y mejorar la calidad de vida de las poblaciones mediante la promoción de salud, la prevención de enfermedades y la armonía con el ambiente”.
"Podridos de recibir cada vez más basura"
"Estamos podridos de recibir cada vez más basura de la Ciudad"
Fecha de Publicación: 15/03/2010
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Así lo manifestó el gobernador bonaerense, Daniel Scioli. Le reclamó a Macri que "cumpla con la Ley de Basura Cero", que obliga a reducir los volúmenes de residuos que envía la Capital a la Provincia
El gobernador bonaerense manifestó esta mañana estar "podrido de recibir cada vez más basura" desde la Ciudad de Buenos Aires para terminar siendo enterrada en predios de la Provincia como rellenos sanitarios.
"Le pediría al Jefe de Gobierno, ya que últimamente se está ocupando de hacer referencia a algunas cosas de la Provincia, que cumpla con la Ley de Basura de la Capital Federal porque estamos podridos de recibir cada vez más volúmenes de basura de la Ciudad, que no aplica el reciclaje y reducción de los residuos, esto afecta a la salud ", afirmó el mandatario.
El titular del Ejecutivo provincial resaltó que "la Provincia de Buenos Aires no puede ser un gran basural, aumentó más de un 30% el envío de residuos al Conurbano, por eso, se debe ocupar y solucionar este tema ya".
Al hablar sobre Macri, Danil Scioli lanzó duras declaraciones: "Que haga lo que tenga que hacer, pero que haga algo, porque esta cosa de echarle la culpa a los demás y nunca se hacen cargo". Además, recordó que en los últimos meses su administración "se hizo cargo de los problemas y no tiene el problema de las inundaciones, de que las obras en el subte no se hicieron, de que la basura gana un 30% más de volumen".
"Cada problema que hay en la Ciudad la culpa la tienen o los que estuvieron antes de él o la Provincia, o la tiene el Gobierno nacional... Yo vengo de una Provincia muy compleja y nunca me van a escuchar poniendo excusas y echándole la culpa a nadie", continuó.
Fecha de Publicación: 15/03/2010
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Así lo manifestó el gobernador bonaerense, Daniel Scioli. Le reclamó a Macri que "cumpla con la Ley de Basura Cero", que obliga a reducir los volúmenes de residuos que envía la Capital a la Provincia
El gobernador bonaerense manifestó esta mañana estar "podrido de recibir cada vez más basura" desde la Ciudad de Buenos Aires para terminar siendo enterrada en predios de la Provincia como rellenos sanitarios.
"Le pediría al Jefe de Gobierno, ya que últimamente se está ocupando de hacer referencia a algunas cosas de la Provincia, que cumpla con la Ley de Basura de la Capital Federal porque estamos podridos de recibir cada vez más volúmenes de basura de la Ciudad, que no aplica el reciclaje y reducción de los residuos, esto afecta a la salud ", afirmó el mandatario.
El titular del Ejecutivo provincial resaltó que "la Provincia de Buenos Aires no puede ser un gran basural, aumentó más de un 30% el envío de residuos al Conurbano, por eso, se debe ocupar y solucionar este tema ya".
Al hablar sobre Macri, Danil Scioli lanzó duras declaraciones: "Que haga lo que tenga que hacer, pero que haga algo, porque esta cosa de echarle la culpa a los demás y nunca se hacen cargo". Además, recordó que en los últimos meses su administración "se hizo cargo de los problemas y no tiene el problema de las inundaciones, de que las obras en el subte no se hicieron, de que la basura gana un 30% más de volumen".
"Cada problema que hay en la Ciudad la culpa la tienen o los que estuvieron antes de él o la Provincia, o la tiene el Gobierno nacional... Yo vengo de una Provincia muy compleja y nunca me van a escuchar poniendo excusas y echándole la culpa a nadie", continuó.
Crece el alerta por la basura en Buenos Aires
Crece el alerta por la basura que ingresa en la región
Fecha de Publicación: 14/03/2010
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Buenos Aires
El tiempo pasa y el impacto ambiental que provoca la contaminación del relleno sanitario de la Ceamse se acrecienta. El gobierno provincial y las comunas de la región, en el ojo de la tormenta.
La cuestión de la basura es un tema que atañe a cada ciudadano de la ciudad de La Plata y a cada habitante del territorio bonaerense.
Mientras por estos días nuevamente existieron cruces entre funcionarios del gobierno de la Provincia con sus pares de la ciudad de Buenos Aires por la cantidad de residuos que se envían desde la Capital, la realidad también hace que las cosas no anden del todo bien puertas adentro.
El problema de la Ceamse aún está sin solución y tanto el gobierno provincial como los municipios de La Plata, Berisso y Ensenada no activan lo suficiente como para darle el final a la cuestión.
Ante el problema de la basura, Hoy pudo saber que distintas ONG están trabajando en la elaboración de una ordenanza de “Basura Cero” que rija en los municipios de La Plata, Berisso y Ensenada (por ahora, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad este modelo).
Sin embargo, y más allá de los pasos cortos que se están dando, los ambientalistas sostienen que el problema cada vez se pone peor.
Desde la ONG Nuevo Ambiente apuntan a la “falta del compromiso ambiental por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque no cumple con los distintos convenios”, y solicitan el cierre de la Ceamse.
En ese sentido, Marcelo Martínez, miembro de Nuevo Ambiente, sostuvo que los “riesgos ambientales y sanitarios ya existen” en la región por la contaminación que produce la Ceamse.
La contaminación aérea, visual y también en las napas subterráneas es un problema que no es de ahora y que a medida que pasa el tiempo se sigue agudizando.
A su vez, Martínez contó que la “montaña de basura” que tiene la Ceamse tiene “más de 25 metros de altura” y “está a punto de colapsar”.
En ese sentido, son varios los organismos ambientalistas que sostienen que tanto el gobierno provincial como los gobiernos municipales de La Plata, Berisso y Ensenada son los responsables por los efectos del impacto ambiental que existe en la región.
Por otro lado, desde Nuevo Ambiente sostuvieron que existe una ordenanza que solicita al Municipio de Ensenada que prohíba el ingreso de residuos desde Magdalena y Brandsen, dado que según la ley no lo pueden hacer, ya que se encuentran a más de 20 kilómetros del lugar.
Dentro de un marco más provincial, hace pocos días, a más de dos años de la modificación a la ley de Gestión de Residuos Domiciliarios, donde algunos municipios debían decidir si continuaban dentro de la Ceamse o desarrollaban su propio programa, la diputada Ana de Otazúa pidió precisiones al Ejecutivo provincial para conocer cuál es la situación actual.
En ese sentido, también consultó por los polos ambientales y por los basurales a cielo abierto. A su vez, la legisladora del GEN consideró “necesario” saber tanto sobre la decisión de aquellas comunas que estaban comprendidas en la operatoria de la Ceamse como de las que no, y así “conocer cuáles han sido las acciones por ellas realizadas en lo referente a residuos sólidos urbanos en su relación con el Estado provincial y con las leyes vigentes en la materia”.
Por ese camino, requirió conocer “la ubicación y situación de los basurales para estar al tanto sobre cuáles son los pasos dados en el tema”.
Además, en el pedido de informes, la legisladora preguntó por las ubicaciones potenciales de los polos ambientales provinciales.
Para saber: ¿qué es la Ceamse?
Es la Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado y se encarga del destino final de los residuos menos “degradables” a través del método de relleno sanitario.
Sin embargo, en los últimos años diversos estudios han detectado que dentro de sus napas, e incluso en las cercanías de la Ceamse se han detectado altos grados de contaminación ambiental con sustancias tóxicas.
También hay casos de personas con enfermedades a causa de ese daño.
Fecha de Publicación: 14/03/2010
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Buenos Aires
El tiempo pasa y el impacto ambiental que provoca la contaminación del relleno sanitario de la Ceamse se acrecienta. El gobierno provincial y las comunas de la región, en el ojo de la tormenta.
La cuestión de la basura es un tema que atañe a cada ciudadano de la ciudad de La Plata y a cada habitante del territorio bonaerense.
Mientras por estos días nuevamente existieron cruces entre funcionarios del gobierno de la Provincia con sus pares de la ciudad de Buenos Aires por la cantidad de residuos que se envían desde la Capital, la realidad también hace que las cosas no anden del todo bien puertas adentro.
El problema de la Ceamse aún está sin solución y tanto el gobierno provincial como los municipios de La Plata, Berisso y Ensenada no activan lo suficiente como para darle el final a la cuestión.
Ante el problema de la basura, Hoy pudo saber que distintas ONG están trabajando en la elaboración de una ordenanza de “Basura Cero” que rija en los municipios de La Plata, Berisso y Ensenada (por ahora, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad este modelo).
Sin embargo, y más allá de los pasos cortos que se están dando, los ambientalistas sostienen que el problema cada vez se pone peor.
Desde la ONG Nuevo Ambiente apuntan a la “falta del compromiso ambiental por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque no cumple con los distintos convenios”, y solicitan el cierre de la Ceamse.
En ese sentido, Marcelo Martínez, miembro de Nuevo Ambiente, sostuvo que los “riesgos ambientales y sanitarios ya existen” en la región por la contaminación que produce la Ceamse.
La contaminación aérea, visual y también en las napas subterráneas es un problema que no es de ahora y que a medida que pasa el tiempo se sigue agudizando.
A su vez, Martínez contó que la “montaña de basura” que tiene la Ceamse tiene “más de 25 metros de altura” y “está a punto de colapsar”.
En ese sentido, son varios los organismos ambientalistas que sostienen que tanto el gobierno provincial como los gobiernos municipales de La Plata, Berisso y Ensenada son los responsables por los efectos del impacto ambiental que existe en la región.
Por otro lado, desde Nuevo Ambiente sostuvieron que existe una ordenanza que solicita al Municipio de Ensenada que prohíba el ingreso de residuos desde Magdalena y Brandsen, dado que según la ley no lo pueden hacer, ya que se encuentran a más de 20 kilómetros del lugar.
Dentro de un marco más provincial, hace pocos días, a más de dos años de la modificación a la ley de Gestión de Residuos Domiciliarios, donde algunos municipios debían decidir si continuaban dentro de la Ceamse o desarrollaban su propio programa, la diputada Ana de Otazúa pidió precisiones al Ejecutivo provincial para conocer cuál es la situación actual.
En ese sentido, también consultó por los polos ambientales y por los basurales a cielo abierto. A su vez, la legisladora del GEN consideró “necesario” saber tanto sobre la decisión de aquellas comunas que estaban comprendidas en la operatoria de la Ceamse como de las que no, y así “conocer cuáles han sido las acciones por ellas realizadas en lo referente a residuos sólidos urbanos en su relación con el Estado provincial y con las leyes vigentes en la materia”.
Por ese camino, requirió conocer “la ubicación y situación de los basurales para estar al tanto sobre cuáles son los pasos dados en el tema”.
Además, en el pedido de informes, la legisladora preguntó por las ubicaciones potenciales de los polos ambientales provinciales.
Para saber: ¿qué es la Ceamse?
Es la Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado y se encarga del destino final de los residuos menos “degradables” a través del método de relleno sanitario.
Sin embargo, en los últimos años diversos estudios han detectado que dentro de sus napas, e incluso en las cercanías de la Ceamse se han detectado altos grados de contaminación ambiental con sustancias tóxicas.
También hay casos de personas con enfermedades a causa de ese daño.
Advertencia de las mineras en Catamarca
Advertencia de las mineras
Fecha de Publicación: 14/03/2010
Fuente: El Diario 24
Provincia/Región: Catamarca
La Asociación de Empresas Mineras de Catamarca advirtió que de continuar la embestida contra la actividad, más de 2 mil catamarqueños podrían quedar sin trabajo.
El presidente de la entidad, Alfredo Marchioli, sostuvo que más de 2 mil personas quedarían sin trabajo si se continúan llevando adelante iniciativas promovidas por anti mineros que “en definitiva son minorías acomodadas que dependen del Estado y no necesitan trabajar”.
Marchioli exhortó a los catamarqueños: “"Dejemos de perder el tiempo con el sí o el no a la explotación minera a cielo abierto porque así estamos postergando el desarrollo en la provincia", con respecto a la ordenanza sobre el llamado al referéndum vinculante sancionado ayer por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Andalgalá.
“No hay informes técnicos ni científicos, de gente que estudió para hablar con propiedad sobre el tema, que manifiesten que la actividad genere contaminación ambiental o problemas en la salud de la población; eso es todo un mito, un discurso generado para provocar miedo a la población” aseguró.
También sostuvo que "no hay fundamentos legales" para que desde Andalgalá se promueva el plebiscito.
" La Constitución provincial obliga al Estado a promocionar la actividad minera. Y es el Estado provincial el propietario de los recursos, y, por ende, el que debe decidir al respecto", remarcó.
Marchioli también recordó que, hoy por hoy, la provincia depende de los fondos que percibe de la minería para mantener equilibradas las cuentas provinciales y que los empleados estatales perciben buena parte de sus sueldos, y pueden obtener incrementos salariales gracias a estos recursos.
"La gente está preocupada por la distribución de los recursos mineros, pero esa cuestión no depende de la actividad, sino de los Gobiernos", indicó a continuación.
Fecha de Publicación: 14/03/2010
Fuente: El Diario 24
Provincia/Región: Catamarca
La Asociación de Empresas Mineras de Catamarca advirtió que de continuar la embestida contra la actividad, más de 2 mil catamarqueños podrían quedar sin trabajo.
El presidente de la entidad, Alfredo Marchioli, sostuvo que más de 2 mil personas quedarían sin trabajo si se continúan llevando adelante iniciativas promovidas por anti mineros que “en definitiva son minorías acomodadas que dependen del Estado y no necesitan trabajar”.
Marchioli exhortó a los catamarqueños: “"Dejemos de perder el tiempo con el sí o el no a la explotación minera a cielo abierto porque así estamos postergando el desarrollo en la provincia", con respecto a la ordenanza sobre el llamado al referéndum vinculante sancionado ayer por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Andalgalá.
“No hay informes técnicos ni científicos, de gente que estudió para hablar con propiedad sobre el tema, que manifiesten que la actividad genere contaminación ambiental o problemas en la salud de la población; eso es todo un mito, un discurso generado para provocar miedo a la población” aseguró.
También sostuvo que "no hay fundamentos legales" para que desde Andalgalá se promueva el plebiscito.
" La Constitución provincial obliga al Estado a promocionar la actividad minera. Y es el Estado provincial el propietario de los recursos, y, por ende, el que debe decidir al respecto", remarcó.
Marchioli también recordó que, hoy por hoy, la provincia depende de los fondos que percibe de la minería para mantener equilibradas las cuentas provinciales y que los empleados estatales perciben buena parte de sus sueldos, y pueden obtener incrementos salariales gracias a estos recursos.
"La gente está preocupada por la distribución de los recursos mineros, pero esa cuestión no depende de la actividad, sino de los Gobiernos", indicó a continuación.
El Gobierno avanza con Atucha III
El Gobierno avanza con Atucha III, un negocio de US$ 3000 millones
Fecha de Publicación: 13/03/2010
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
El kirchnerismo dio pasos decisivos en su ambicioso y costoso programa nuclear. Demoras y denuncias en Atucha II.
El Gobierno avanzó sigilosamente en las últimas semanas en un ambicioso y polémico plan para construir una cuarta central nuclear en la Argentina, un mega emprendimiento de más de 3.000 millones de dólares que ya recibió el visto bueno de Estados Unidos, Francia, Rusia y Canadá; en lo que parece ser una revitalización local y mundial de la energía atómica, un contexto en el que nuestro país pretende ser un jugador central en los próximos años.
El proyecto aparece en el tramo final de la construcción de Atucha II –el tercer reactor en suelo argentino luego de Atucha I y de la central cordobesa de Embalse–, que viene con un retraso de casi dos años de lo prometido por el Gobierno, además de denuncias por sobreprecios y peleas gremiales en empresas cercanas al ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, algunas de las cuales terminaron entre balas y cuchillos.
El mega emprendimiento que, de llevarse a cabo sería el más importante del país, será llamado Atucha III y su construcción fue aprobada por ley a fines de noviembre pasado sin un debate demasiado amplio por el Congreso, a días del recambio legislativo. En septiembre, antes de sancionarse, el Gobierno sin embargo, ya había firmado un convenio con una empresa canadiense para su construcción y tenía a su disposición los terrenos en los que se levantará la nueva central, “río abajo de donde funcionan Atucha I y II, también al margen del Paraná”, explicaron fuentes oficiales.
Fecha de Publicación: 13/03/2010
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
El kirchnerismo dio pasos decisivos en su ambicioso y costoso programa nuclear. Demoras y denuncias en Atucha II.
El Gobierno avanzó sigilosamente en las últimas semanas en un ambicioso y polémico plan para construir una cuarta central nuclear en la Argentina, un mega emprendimiento de más de 3.000 millones de dólares que ya recibió el visto bueno de Estados Unidos, Francia, Rusia y Canadá; en lo que parece ser una revitalización local y mundial de la energía atómica, un contexto en el que nuestro país pretende ser un jugador central en los próximos años.
El proyecto aparece en el tramo final de la construcción de Atucha II –el tercer reactor en suelo argentino luego de Atucha I y de la central cordobesa de Embalse–, que viene con un retraso de casi dos años de lo prometido por el Gobierno, además de denuncias por sobreprecios y peleas gremiales en empresas cercanas al ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, algunas de las cuales terminaron entre balas y cuchillos.
El mega emprendimiento que, de llevarse a cabo sería el más importante del país, será llamado Atucha III y su construcción fue aprobada por ley a fines de noviembre pasado sin un debate demasiado amplio por el Congreso, a días del recambio legislativo. En septiembre, antes de sancionarse, el Gobierno sin embargo, ya había firmado un convenio con una empresa canadiense para su construcción y tenía a su disposición los terrenos en los que se levantará la nueva central, “río abajo de donde funcionan Atucha I y II, también al margen del Paraná”, explicaron fuentes oficiales.
Córdoba es la que más superficie protegerá
Córdoba es la provincia que más superficie protegerá
Fecha de Publicación: 13/03/2010
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional - Córdoba
Cartez y ambientalistas tienen proyectos para resguardar un cuarto del territorio / En otros distritos no alcanza al 10%.
Ya sea por el proyecto de ruralistas y productores, o por el elaborado por la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (COTBN), Córdoba es la provincia que más porcentaje de su territorio protegerá cuando la Legislatura sancione la normativa. La ley nacional 26.331, sancionada en noviembre de 2007, obligó a la provincias a categorizar sus bosques en tres zonas: roja, amarilla y verde.
La primera es la de mayor protección y debe incluir “sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse”, según la norma nacional. El proyecto de Cartez (Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona) incluye en esta categoría 4,25 millones de hectáreas. De ellas, 3.608.000 son netas; 547 mil de corredores y núcleos boscosos dentro la zona amarilla, según una normativa vigente; y 95 mil de futuras forestaciones de banquinas y costas de ríos y lagos).
En tanto, la COTBN prevé 3.981.000 en la zona roja. Representan el 25,91 por ciento y 24,27 por ciento del territorio provincial respectivamente.
Otros distritos que han aprobado sus leyes tienen porcentajes significativamente inferiores (ver Por distrito). Santiago del Estero es el que menos protege con el 0,76 por ciento, mientras que, en el otro extremo, se ubica Salta con el 8,33 por ciento.
Alicia Barchuk, presidenta de la COTBN, explicó que se tomó como criterio prioritario la protección de las cuencas hídricas y de las sierras como productoras de agua. “Otras provincias incluyen en el rojo territorios con pendientes superiores al 25 por ciento, para Córdoba el criterio fue mayor al cinco por ciento”, indicó. Y agregó: “Hay muchos sectores que pueden ser bosques a futuro y que se pueden recuperar, para ello hay que protegerlos porque son territorios de valor ecológico”
Eliseo Arrarás, representante de productores independientes vinculados a Cartez, entiende que más importante que saber cuántas hectáreas hay en cada categoría es qué se permitirá hacer en esos terrenos.
“Sólo hay dos millones de hectáreas de bosque en buen estado. Eso no hay que tocarlo, sea en el sector verde, amarillo o rojo, y sean terrenos chicos o grandes”, asevera.
Según el proyecto de Cartez, en la categoría roja se puede hacer un “aprovechamiento ganadero natural sin incorporar especies exóticas”, mientras que en el amarillo se debería “dejar núcleos y corredores de bosques y permitir el desmonte selectivo y siembra de pasturas exóticas”, dice Arrarás.
En tanto, la COTBN no permite el desmonte parcial en las categorías roja y amarilla. En la primera prevé que se pueda realizar un “uso ganadero sustentable”, siempre sujeto a un Plan de Conservación.
En el amarillo permite el “manejo del sotobosque” y la “tala manual de árboles individuales”, previa presentación de un Plan de Manejo Sustentable.
Más protectoras. Sin embargo, en las otras provincias la categoría roja es más restrictiva ya que no permite ninguna actividad ganadera.
En el amarillo las restricciones varían por distrito. A su vez, no “pintan” de verde las áreas con cultivos como hacen los proyectos cordobeses, sino sólo los sectores boscosos con un nivel de conservación inferior, de allí a que el total contemplando entre las tres zonas no sea del ciento por ciento. Algunos ejemplos:
Chaco. En el rojo, las actividades productivas que se prevén en Chaco son el turismo y sólo permite la recolección de flora y fauna con fines de investigación. En el amarillo se puede realizar un aprovechamiento forestal sostenible y en el 50 por ciento del terreno podrá efectuarse silvoganadería.
Salta. En el rojo, “ninguna actividad que modifique la características naturales ni disminuyan la superficie de bosque nativo”, con excepción de las destinada a la apreciación turística, investigación científica, actividades de conservación y hábitat de pueblos originales.
En el amarillo se permite la explotación forestal sostenible (incluye forestación con exóticas) y la ganadería silvopastoril (solo retiro de ramas secas, sin siembra de pasturas). El verde tiene diferentes subcategorías y en algunas sólo se permite el desmonte selectivo para implantar pasturas.
San Luis. Sólo aclara que el territorio en rojo “no debe transformarse”. En el amarillo se puede realizar un “aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica”. En el verde se podrá cambiar el uso de suelo dejando un mínimo del 10 por ciento de bosque.
Corrientes. En el sector rojo no se puede desmontar y extraer madera, sólo actividades turísticas y ecológicas. Para el amarillo prevé un “aprovechamiento sostenible incluidas actividades de limpieza” del terreno.
Debate legislativo
La Legislatura provincial sigue discutiendo la futura ley de bosques en el seno de la Comisión de Asuntos Ecológicos, que será la encargada de generar un proyecto. Se espera que el recinto lo trate a fines de marzo.
“La ley Bonasso”
La ley nacional 26.331 obliga a cada provincia a realizar un ordenamiento de sus bosques nativos con un plazo máximo de un año desde su sanción. Fue aprobada a fines de noviembre de 2007, por lo que Córdoba está en deuda.
Fecha de Publicación: 13/03/2010
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional - Córdoba
Cartez y ambientalistas tienen proyectos para resguardar un cuarto del territorio / En otros distritos no alcanza al 10%.
Ya sea por el proyecto de ruralistas y productores, o por el elaborado por la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (COTBN), Córdoba es la provincia que más porcentaje de su territorio protegerá cuando la Legislatura sancione la normativa. La ley nacional 26.331, sancionada en noviembre de 2007, obligó a la provincias a categorizar sus bosques en tres zonas: roja, amarilla y verde.
La primera es la de mayor protección y debe incluir “sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse”, según la norma nacional. El proyecto de Cartez (Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona) incluye en esta categoría 4,25 millones de hectáreas. De ellas, 3.608.000 son netas; 547 mil de corredores y núcleos boscosos dentro la zona amarilla, según una normativa vigente; y 95 mil de futuras forestaciones de banquinas y costas de ríos y lagos).
En tanto, la COTBN prevé 3.981.000 en la zona roja. Representan el 25,91 por ciento y 24,27 por ciento del territorio provincial respectivamente.
Otros distritos que han aprobado sus leyes tienen porcentajes significativamente inferiores (ver Por distrito). Santiago del Estero es el que menos protege con el 0,76 por ciento, mientras que, en el otro extremo, se ubica Salta con el 8,33 por ciento.
Alicia Barchuk, presidenta de la COTBN, explicó que se tomó como criterio prioritario la protección de las cuencas hídricas y de las sierras como productoras de agua. “Otras provincias incluyen en el rojo territorios con pendientes superiores al 25 por ciento, para Córdoba el criterio fue mayor al cinco por ciento”, indicó. Y agregó: “Hay muchos sectores que pueden ser bosques a futuro y que se pueden recuperar, para ello hay que protegerlos porque son territorios de valor ecológico”
Eliseo Arrarás, representante de productores independientes vinculados a Cartez, entiende que más importante que saber cuántas hectáreas hay en cada categoría es qué se permitirá hacer en esos terrenos.
“Sólo hay dos millones de hectáreas de bosque en buen estado. Eso no hay que tocarlo, sea en el sector verde, amarillo o rojo, y sean terrenos chicos o grandes”, asevera.
Según el proyecto de Cartez, en la categoría roja se puede hacer un “aprovechamiento ganadero natural sin incorporar especies exóticas”, mientras que en el amarillo se debería “dejar núcleos y corredores de bosques y permitir el desmonte selectivo y siembra de pasturas exóticas”, dice Arrarás.
En tanto, la COTBN no permite el desmonte parcial en las categorías roja y amarilla. En la primera prevé que se pueda realizar un “uso ganadero sustentable”, siempre sujeto a un Plan de Conservación.
En el amarillo permite el “manejo del sotobosque” y la “tala manual de árboles individuales”, previa presentación de un Plan de Manejo Sustentable.
Más protectoras. Sin embargo, en las otras provincias la categoría roja es más restrictiva ya que no permite ninguna actividad ganadera.
En el amarillo las restricciones varían por distrito. A su vez, no “pintan” de verde las áreas con cultivos como hacen los proyectos cordobeses, sino sólo los sectores boscosos con un nivel de conservación inferior, de allí a que el total contemplando entre las tres zonas no sea del ciento por ciento. Algunos ejemplos:
Chaco. En el rojo, las actividades productivas que se prevén en Chaco son el turismo y sólo permite la recolección de flora y fauna con fines de investigación. En el amarillo se puede realizar un aprovechamiento forestal sostenible y en el 50 por ciento del terreno podrá efectuarse silvoganadería.
Salta. En el rojo, “ninguna actividad que modifique la características naturales ni disminuyan la superficie de bosque nativo”, con excepción de las destinada a la apreciación turística, investigación científica, actividades de conservación y hábitat de pueblos originales.
En el amarillo se permite la explotación forestal sostenible (incluye forestación con exóticas) y la ganadería silvopastoril (solo retiro de ramas secas, sin siembra de pasturas). El verde tiene diferentes subcategorías y en algunas sólo se permite el desmonte selectivo para implantar pasturas.
San Luis. Sólo aclara que el territorio en rojo “no debe transformarse”. En el amarillo se puede realizar un “aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica”. En el verde se podrá cambiar el uso de suelo dejando un mínimo del 10 por ciento de bosque.
Corrientes. En el sector rojo no se puede desmontar y extraer madera, sólo actividades turísticas y ecológicas. Para el amarillo prevé un “aprovechamiento sostenible incluidas actividades de limpieza” del terreno.
Debate legislativo
La Legislatura provincial sigue discutiendo la futura ley de bosques en el seno de la Comisión de Asuntos Ecológicos, que será la encargada de generar un proyecto. Se espera que el recinto lo trate a fines de marzo.
“La ley Bonasso”
La ley nacional 26.331 obliga a cada provincia a realizar un ordenamiento de sus bosques nativos con un plazo máximo de un año desde su sanción. Fue aprobada a fines de noviembre de 2007, por lo que Córdoba está en deuda.
Etiquetas:
bosques nativos,
Córdoba,
Desmontes,
ecosistemas,
legislación y derecho ambiental
|
0
comentarios
Andalgalá aprobó el plebiscito por la minería
El Concejo aprobó el plebiscito por la minería
Fecha de Publicación: 12/03/2010
Fuente: El Ancasti Digital
Provincia/Región: Catamarca
Es vinculante y pretenden que la consulta se realice el 25 de mayo. Ahora está en manos del intendente.
Ayer, el Concejo Deliberante de Andalgalá aprobó el referéndum vinculante que propone la votación por el sí o el no a la minería. La propuesta es que la votación sea el 25 de mayo, en coincidencia con el Bicentenario. Ahora queda en manos del intendente José Perea, que podrá vetarla o no. El jefe comunal ya había advertido a los concejales que el municipio no puede legislar sobre la actividad minera, sino que es una facultad reservada a la provincia ya que es la dueña de los recursos naturales. Los ediles ya adelantaron que insistirán con la propuesta ya que ayer obtuvieron los dos tercios que les permitirá insistir con la propuesta.
Fue una sesión que comenzó esta vez muy temprano y que culminó a las 8.30. La iniciativa fue aprobada por 5 votos contra dos. Los votos en contra del proyecto pertenecieron a los concejales Ramón Ocampo y María Sbembler (Partido con Gestión). Los positivos fueron de Alejandro Páez y Alcira Moreno (FCS), Edgardo Bernal (FPV), Jorge Ramos (Catamarca para Todos) y, la sorpresa que otorgó los dos tercios necesarios fue el voto del presidente del Cuerpo Martín Garay que responde al intendente José Perea.
"Lo que uno siente es paz, tranquilidad, por haber actuado en consonancia con el discurso que uno siempre desplegó, que era estar al lado del pueblo de Andalgalá, no defraudarlo. El poder mirarlos a la cara y decirles ustedes mismos van a elegir y van a ser artífices de crear su propio futuro de decir qué es lo que quieren", dijo el concejal Alejandro Páez, autor de la iniciativa, quien criticó el autoritarismo del Gobierno provincial al pretender imponer el proyecto de explotación de Agua Rica. Ahora, el Concejo debe elaborar la ordenanza para reglamentar la convocatoria. Los ediles que ayer votaron la propuesta adelantaron que finalmente será la Corte de Justicia la que dirima el conflicto de competencias entre municipio y provincia.
En contra del referéndum
El presidente de la Asociación de Empresas Mineras de Catamarca (AEMCA), Alfredo Marchioli, expresó su preocupación por la convocatoria del CD andalgalense a un referéndum sobre la explotación minera en el departamento. "Dejemos de perder el tiempo con el sí o el no a la explotación minera a cielo abierto. Así estamos postergando el desarrollo en la provincia", aseveró Marchioli a Radio Ancasti. Y sostuvo que genera una "profunda preocupación" al sector la determinación del cuerpo deliberativo. "No hay informes que manifiesten que la actividad genera contaminación ambiental o problemas en la salud de la población; sino todo lo contrario", enfatizó.
Fecha de Publicación: 12/03/2010
Fuente: El Ancasti Digital
Provincia/Región: Catamarca
Es vinculante y pretenden que la consulta se realice el 25 de mayo. Ahora está en manos del intendente.
Ayer, el Concejo Deliberante de Andalgalá aprobó el referéndum vinculante que propone la votación por el sí o el no a la minería. La propuesta es que la votación sea el 25 de mayo, en coincidencia con el Bicentenario. Ahora queda en manos del intendente José Perea, que podrá vetarla o no. El jefe comunal ya había advertido a los concejales que el municipio no puede legislar sobre la actividad minera, sino que es una facultad reservada a la provincia ya que es la dueña de los recursos naturales. Los ediles ya adelantaron que insistirán con la propuesta ya que ayer obtuvieron los dos tercios que les permitirá insistir con la propuesta.
Fue una sesión que comenzó esta vez muy temprano y que culminó a las 8.30. La iniciativa fue aprobada por 5 votos contra dos. Los votos en contra del proyecto pertenecieron a los concejales Ramón Ocampo y María Sbembler (Partido con Gestión). Los positivos fueron de Alejandro Páez y Alcira Moreno (FCS), Edgardo Bernal (FPV), Jorge Ramos (Catamarca para Todos) y, la sorpresa que otorgó los dos tercios necesarios fue el voto del presidente del Cuerpo Martín Garay que responde al intendente José Perea.
"Lo que uno siente es paz, tranquilidad, por haber actuado en consonancia con el discurso que uno siempre desplegó, que era estar al lado del pueblo de Andalgalá, no defraudarlo. El poder mirarlos a la cara y decirles ustedes mismos van a elegir y van a ser artífices de crear su propio futuro de decir qué es lo que quieren", dijo el concejal Alejandro Páez, autor de la iniciativa, quien criticó el autoritarismo del Gobierno provincial al pretender imponer el proyecto de explotación de Agua Rica. Ahora, el Concejo debe elaborar la ordenanza para reglamentar la convocatoria. Los ediles que ayer votaron la propuesta adelantaron que finalmente será la Corte de Justicia la que dirima el conflicto de competencias entre municipio y provincia.
En contra del referéndum
El presidente de la Asociación de Empresas Mineras de Catamarca (AEMCA), Alfredo Marchioli, expresó su preocupación por la convocatoria del CD andalgalense a un referéndum sobre la explotación minera en el departamento. "Dejemos de perder el tiempo con el sí o el no a la explotación minera a cielo abierto. Así estamos postergando el desarrollo en la provincia", aseveró Marchioli a Radio Ancasti. Y sostuvo que genera una "profunda preocupación" al sector la determinación del cuerpo deliberativo. "No hay informes que manifiesten que la actividad genera contaminación ambiental o problemas en la salud de la población; sino todo lo contrario", enfatizó.
Glaciares en peligro de extinción
Glaciares en peligro de extinción
Fecha de Publicación: 11/03/2010
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Nacional
Como consecuencia de los efectos del calentamiento global, dentro de treinta años muchos de los cuerpos de hielo patagónicos habrán desaparecido, advirtió el glaciólogo Jorge Rabassa.
El investigador ofrecerá mañana una charla sobre esta problemática en el Seminario Latinoamericano "El agua como derecho humano" que se inicia hoy en el Teatro Español de esta ciudad.
“Los pequeños glaciares de montaña van a desaparecer inexorablemente durante la primera mitad de este siglo”, afirmó el glaciólogo y actual integrante del plantel del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC, Conicet) de Tierra del Fuego, Jorge Rabassa durante una charla con La Mañana de Neuquén.
El investigador llegó a esta ciudad donde brindará mañana una conferencia acerca de la desaparición de los glaciares patagónicos y fueguinos en el marco del Segundo Seminario Latinoamericano “El agua como derecho humano”, organizado por la Defensoría del Pueblo local a realizarse en el Teatro Español.
Explicó que junto a sus colegas del CADIC “en los últimos años estamos observando un proceso de extinción de muchos de los glaciares de la Patagonia, especialmente los de montañas que por su posición topográfica se encuentran por encima de la línea de las nieves permanentes, como consecuencia del cambio climático, y al quedar expuestos no acumulan nieve para el próximo invierno, por lo tanto se van muriendo".
Citó como ejemplo, el glaciar Martial que proporciona a los ciudadanos de Ushuaia el 90 por ciento de los recursos hídricos. “En Ushuaia el abastecimiento hídrico proviene de las aguas del deshielo del glaciar Martial, que con el tiempo se ha ido fragmentando y se estima que desaparecerá antes de 2050. Por lo tanto Ushuaia tendrá que buscar nuevas fuentes alternativas para proporcionar de agua potable a la ciudad”, comentó.
Advirtió que la situación podrá agravarse antes de lo previsto como consecuencia del cambio climático global y de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera.
Rabassa señaló que no sólo se pone en riesgo la reserva de agua sino también el turismo. “Los glaciares son parte de nuestro patrimonio natural desde el punto de vista de los recursos hídricos pero también son un atractivo turístico importante, mucha gente los va a ver o hacen trekking”, agregó.
Consultado acerca de cómo se revierte esta situación, Rabassa afirmó que “a nivel global la humanidad tiene que cambiar su esquema de consumo de energía”. “Si aceptamos la posición de las Naciones Unidas respecto a que el calentamiento global es la consecuencia de la incorporación de los gases de invernadero en la atmósfera lo que se debe hacer es disminuir las emisiones. Y disminuir las emisiones significa que parte de la energía generada a través de hidrocarburos se reemplacen por otras fuentes de energía no contaminantes. De la misma manera hay que evitar la deforestación, impedir la explotación de los bosques nativos y disminuir todos aquellos factores que los afectan”, describió. Sin embargo expresó que estos objetivos son “difíciles” de lograr. “Prueba de ello es el Protocolo de Kyoto sobre cambio climático que nunca se pudo implementar y el fracaso de la reunión de Copenhague el año pasado. La cuestión es difícil de lograr a través de un consenso sobre todo si las grandes potencias como Estados Unidos, China e India, que son grandes emisores de gases, no están interesados en que las cosas se modifiquen. Estados Unidos representa el 20 por ciento de todas las emisiones de gases que recibe la atmósfera, cuando su población no supera el 5 por ciento de la población total”, agregó.
Rabassa se refirió a la situación del glaciar Perito Moreno, el más conocido de los glaciares argentinos, situado en cercanías de El Calafate. “Tiene un comportamiento anómalo porque se mantiene en avance permanente, a diferencia de muchos otros glaciares".
Fecha de Publicación: 11/03/2010
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Nacional
Como consecuencia de los efectos del calentamiento global, dentro de treinta años muchos de los cuerpos de hielo patagónicos habrán desaparecido, advirtió el glaciólogo Jorge Rabassa.
El investigador ofrecerá mañana una charla sobre esta problemática en el Seminario Latinoamericano "El agua como derecho humano" que se inicia hoy en el Teatro Español de esta ciudad.
“Los pequeños glaciares de montaña van a desaparecer inexorablemente durante la primera mitad de este siglo”, afirmó el glaciólogo y actual integrante del plantel del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC, Conicet) de Tierra del Fuego, Jorge Rabassa durante una charla con La Mañana de Neuquén.
El investigador llegó a esta ciudad donde brindará mañana una conferencia acerca de la desaparición de los glaciares patagónicos y fueguinos en el marco del Segundo Seminario Latinoamericano “El agua como derecho humano”, organizado por la Defensoría del Pueblo local a realizarse en el Teatro Español.
Explicó que junto a sus colegas del CADIC “en los últimos años estamos observando un proceso de extinción de muchos de los glaciares de la Patagonia, especialmente los de montañas que por su posición topográfica se encuentran por encima de la línea de las nieves permanentes, como consecuencia del cambio climático, y al quedar expuestos no acumulan nieve para el próximo invierno, por lo tanto se van muriendo".
Citó como ejemplo, el glaciar Martial que proporciona a los ciudadanos de Ushuaia el 90 por ciento de los recursos hídricos. “En Ushuaia el abastecimiento hídrico proviene de las aguas del deshielo del glaciar Martial, que con el tiempo se ha ido fragmentando y se estima que desaparecerá antes de 2050. Por lo tanto Ushuaia tendrá que buscar nuevas fuentes alternativas para proporcionar de agua potable a la ciudad”, comentó.
Advirtió que la situación podrá agravarse antes de lo previsto como consecuencia del cambio climático global y de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera.
Rabassa señaló que no sólo se pone en riesgo la reserva de agua sino también el turismo. “Los glaciares son parte de nuestro patrimonio natural desde el punto de vista de los recursos hídricos pero también son un atractivo turístico importante, mucha gente los va a ver o hacen trekking”, agregó.
Consultado acerca de cómo se revierte esta situación, Rabassa afirmó que “a nivel global la humanidad tiene que cambiar su esquema de consumo de energía”. “Si aceptamos la posición de las Naciones Unidas respecto a que el calentamiento global es la consecuencia de la incorporación de los gases de invernadero en la atmósfera lo que se debe hacer es disminuir las emisiones. Y disminuir las emisiones significa que parte de la energía generada a través de hidrocarburos se reemplacen por otras fuentes de energía no contaminantes. De la misma manera hay que evitar la deforestación, impedir la explotación de los bosques nativos y disminuir todos aquellos factores que los afectan”, describió. Sin embargo expresó que estos objetivos son “difíciles” de lograr. “Prueba de ello es el Protocolo de Kyoto sobre cambio climático que nunca se pudo implementar y el fracaso de la reunión de Copenhague el año pasado. La cuestión es difícil de lograr a través de un consenso sobre todo si las grandes potencias como Estados Unidos, China e India, que son grandes emisores de gases, no están interesados en que las cosas se modifiquen. Estados Unidos representa el 20 por ciento de todas las emisiones de gases que recibe la atmósfera, cuando su población no supera el 5 por ciento de la población total”, agregó.
Rabassa se refirió a la situación del glaciar Perito Moreno, el más conocido de los glaciares argentinos, situado en cercanías de El Calafate. “Tiene un comportamiento anómalo porque se mantiene en avance permanente, a diferencia de muchos otros glaciares".
Cartez dice defender la ley de bosques, pero ....
Defienden la ley de bosques, pero tienen infracciones por desmontar
Fecha de Publicación: 10/03/2010
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Así lo denuncian ecologistas de la COTBN sobre la base de expedientes de la Secretaría de Ambiente / Algunos productores impulsan un proyecto en la Legislatura.
Varios productores de la agrupación ruralista Cartez (Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona) tienen infracciones de la Secretaría de Ambiente por desmontar sus campos, según información suministrada a La Voz del Interior por la Comisión de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (COTBN).
Algunos de estos productores se presentaron en la Legislatura provincial para defender un proyecto de ley para proteger los bosques cordobeses.
En la actualidad, el poder legislativo cordobés está debatiendo una normativa para preservar el poco bosque que sobrevive en el territorio cordobés. Cabe recordar que sólo quedan 600 mil hectáreas de los 16 millones que tenía a fines del siglo XIX.
Hay dos grupos que presentaron proyectos. El texto que se tomará como base es el de la COTBN, creada para tal fin e integrada por agrupaciones ambientalistas e instituciones científicas universitarias.
Por su parte, Cartez y productores autoconvocados presentaron un texto diferente tras asegurar haber quedado excluidos de la COTBN. Varios integrantes de esta entidad tienen infracciones a la normativa sobre bosques (ley 8.066), que rigió hasta 2005, por desmontar, según figura en los expedientes de la Secretaría de Ambiente provincial entre 1999 y 2004.
“Un caso puntual es el de uno de los presentadores del proyecto de Cartez en la Legislatura. En 2003 recibió una infracción por tener desmontado el 95 por ciento de su campo de dos mil hectáreas en la pedanía Quilino del departamento Ischilín”, señaló Alicia Barchuk, presidenta de la COTBN.
Este departamento es una de las zonas con la peor tasa de deforestación del mundo. Según el trabajo de la COTBN, entre 1997 y 2007, la década en la que se impulsó la soja en Argentina, la tasa anual de desmonte fue del 6,47 por ciento. Esto significa que se perdieron unas 30 mil hectáreas por año. “Estamos haciendo una proyección para 2009 y todo indica que la deforestación sigue, a pesar de que hay una veda”, indicó Barchuk.
Según Ambiente, desde enero a noviembre de 2009 constataron el desmonte de 3.009 hectáreas. Esto equivale a 9,4 hectáreas diarias, es decir, 19 canchas de fútbol.
Sin embargo, organizaciones ambientalistas y científicos señalan que la tasa de deforestación es mayor. La ley provincial 9.219, sancionada en 2005 y vigente, prohíbe el desmonte total en el territorio cordobés.
Pero también habilita a realizar desmonte selectivo u “otras intervenciones”, siempre con la aprobación de la Secretaría de Ambiente. Según Barchuk, por este mecanismo la Provincia ha autorizado desmontes totales.
Otro integrante de Cartez con campo en la pedanía San Pedro del departamento de Tulumba desmontó ocho mil de las 10 mil hectáreas que posee, según los datos proporcionados por la COTBN. Recibió dos multas de Ambiente por un millón de pesos, pero los expedientes están parados en el área legal del organismo público.
La Voz del Interior se contactó con uno de los productores denunciados, quien reconoció la multa, pero aseguró que, a pesar de que la infracción es de 2003, recién fue notificado en 2008.
“La infracción está en discusión. Ser infractor no es ser culpable. He presentado los descargos correspondientes”, dijo. Y explicó que lo que está en discusión es la cantidad de árboles remanentes por hectárea.
“Desde que lo compré nunca hubo bosque nativo, es un fachinal. Estoy al lado del ferrocarril donde al principio del siglo XX se hachaba leña. Ahora estoy preservando mi campo”, aseguró.
Ya queda muy poco. A fines del siglo XIX, Córdoba tenía 11 millones de hectáreas de bosques, sobre los 16 millones de superficie total. Hoy sólo quedan 600 mil. La tasa de deforestación 1998-2008 en Córdoba fue del 2,93 por ciento. El Amazonas se desmontaa 0,38 por ciento anual.
Marcha con caballos a la Legislatura provincial
La Legislatura provincial está debatiendo una nueva ley de bosques que se adecue a la normativa nacional sancionada a fines de 2007.
En marzo, las discusiones continuarán en la Comisión de Asuntos Ecológicas para que en abril se debata en el recinto general.
Marcelo Falo, presidente de esta comisión, indicó que el texto que se tomará como base será el de la Comisión de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (COTBN).
El otro proyecto es del de Cartez. Entre uno y otro hay 373.394 hectáreas de diferencia entre los que protegen la iniciativa “ambientalista” y la “ruralista”.
Cada sector critica el texto del otro al aducir que no se adapta a lo solicitado por la ley nacional 26.331. Esta normativa les pide a las provincias que delimiten tres zonas según el grado de conservación de los bosques.
En rojo, los sectores con alto grado de conservación y en los que la actividades productivas son mínimas. En amarillo, sectores con mediana conservación que deben recuperarse y en los que se permiten actividades sustentables. En verde, las áreas cultivables.
Además de que la COTBN quiere incorporar más territorios en la categoría roja, hay diferencias cualitativas en las actividades que se pueden hacer en cada una, la forma en que se efectuarán las sanciones, los resarcimientos, la declaración o no de la emergencia forestal, el uso de plaguicidas, los estudios de impacto ambiental, entre otros.
Estas diferencias también se ponen de manifiesto en la calle.
De hecho, mañana, ruralistas y campesinos vinculados al proyecto de Cartez marcharán hacia la Legislatura de Córdoba para peticionar a los legisladores “que se aplique adecuadamente la ley nacional de bosques nativos”.
Según señala la gacetilla, solicitarán el cuidado de los suelos y del clima, al mismo tiempo que “proponen ni un metro menos de bosques nativos para soja, tal como manifiestan directivos de Cartez”.
Partirán desde Obispo Trejo 323 (sede de la Universidad Católica de Córdoba) a las 10.30. Se espera la presencia de gente a caballo. La convocatoria es realizada por Cartez, Coninagro y la Sociedad Rural Argentina.
Por su parte, la COTBN ha realizado varias movilizaciones callejeras, acompañada de movimientos campesinos y organizaciones sociales.
Fecha de Publicación: 10/03/2010
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Así lo denuncian ecologistas de la COTBN sobre la base de expedientes de la Secretaría de Ambiente / Algunos productores impulsan un proyecto en la Legislatura.
Varios productores de la agrupación ruralista Cartez (Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona) tienen infracciones de la Secretaría de Ambiente por desmontar sus campos, según información suministrada a La Voz del Interior por la Comisión de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (COTBN).
Algunos de estos productores se presentaron en la Legislatura provincial para defender un proyecto de ley para proteger los bosques cordobeses.
En la actualidad, el poder legislativo cordobés está debatiendo una normativa para preservar el poco bosque que sobrevive en el territorio cordobés. Cabe recordar que sólo quedan 600 mil hectáreas de los 16 millones que tenía a fines del siglo XIX.
Hay dos grupos que presentaron proyectos. El texto que se tomará como base es el de la COTBN, creada para tal fin e integrada por agrupaciones ambientalistas e instituciones científicas universitarias.
Por su parte, Cartez y productores autoconvocados presentaron un texto diferente tras asegurar haber quedado excluidos de la COTBN. Varios integrantes de esta entidad tienen infracciones a la normativa sobre bosques (ley 8.066), que rigió hasta 2005, por desmontar, según figura en los expedientes de la Secretaría de Ambiente provincial entre 1999 y 2004.
“Un caso puntual es el de uno de los presentadores del proyecto de Cartez en la Legislatura. En 2003 recibió una infracción por tener desmontado el 95 por ciento de su campo de dos mil hectáreas en la pedanía Quilino del departamento Ischilín”, señaló Alicia Barchuk, presidenta de la COTBN.
Este departamento es una de las zonas con la peor tasa de deforestación del mundo. Según el trabajo de la COTBN, entre 1997 y 2007, la década en la que se impulsó la soja en Argentina, la tasa anual de desmonte fue del 6,47 por ciento. Esto significa que se perdieron unas 30 mil hectáreas por año. “Estamos haciendo una proyección para 2009 y todo indica que la deforestación sigue, a pesar de que hay una veda”, indicó Barchuk.
Según Ambiente, desde enero a noviembre de 2009 constataron el desmonte de 3.009 hectáreas. Esto equivale a 9,4 hectáreas diarias, es decir, 19 canchas de fútbol.
Sin embargo, organizaciones ambientalistas y científicos señalan que la tasa de deforestación es mayor. La ley provincial 9.219, sancionada en 2005 y vigente, prohíbe el desmonte total en el territorio cordobés.
Pero también habilita a realizar desmonte selectivo u “otras intervenciones”, siempre con la aprobación de la Secretaría de Ambiente. Según Barchuk, por este mecanismo la Provincia ha autorizado desmontes totales.
Otro integrante de Cartez con campo en la pedanía San Pedro del departamento de Tulumba desmontó ocho mil de las 10 mil hectáreas que posee, según los datos proporcionados por la COTBN. Recibió dos multas de Ambiente por un millón de pesos, pero los expedientes están parados en el área legal del organismo público.
La Voz del Interior se contactó con uno de los productores denunciados, quien reconoció la multa, pero aseguró que, a pesar de que la infracción es de 2003, recién fue notificado en 2008.
“La infracción está en discusión. Ser infractor no es ser culpable. He presentado los descargos correspondientes”, dijo. Y explicó que lo que está en discusión es la cantidad de árboles remanentes por hectárea.
“Desde que lo compré nunca hubo bosque nativo, es un fachinal. Estoy al lado del ferrocarril donde al principio del siglo XX se hachaba leña. Ahora estoy preservando mi campo”, aseguró.
Ya queda muy poco. A fines del siglo XIX, Córdoba tenía 11 millones de hectáreas de bosques, sobre los 16 millones de superficie total. Hoy sólo quedan 600 mil. La tasa de deforestación 1998-2008 en Córdoba fue del 2,93 por ciento. El Amazonas se desmontaa 0,38 por ciento anual.
Marcha con caballos a la Legislatura provincial
La Legislatura provincial está debatiendo una nueva ley de bosques que se adecue a la normativa nacional sancionada a fines de 2007.
En marzo, las discusiones continuarán en la Comisión de Asuntos Ecológicas para que en abril se debata en el recinto general.
Marcelo Falo, presidente de esta comisión, indicó que el texto que se tomará como base será el de la Comisión de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (COTBN).
El otro proyecto es del de Cartez. Entre uno y otro hay 373.394 hectáreas de diferencia entre los que protegen la iniciativa “ambientalista” y la “ruralista”.
Cada sector critica el texto del otro al aducir que no se adapta a lo solicitado por la ley nacional 26.331. Esta normativa les pide a las provincias que delimiten tres zonas según el grado de conservación de los bosques.
En rojo, los sectores con alto grado de conservación y en los que la actividades productivas son mínimas. En amarillo, sectores con mediana conservación que deben recuperarse y en los que se permiten actividades sustentables. En verde, las áreas cultivables.
Además de que la COTBN quiere incorporar más territorios en la categoría roja, hay diferencias cualitativas en las actividades que se pueden hacer en cada una, la forma en que se efectuarán las sanciones, los resarcimientos, la declaración o no de la emergencia forestal, el uso de plaguicidas, los estudios de impacto ambiental, entre otros.
Estas diferencias también se ponen de manifiesto en la calle.
De hecho, mañana, ruralistas y campesinos vinculados al proyecto de Cartez marcharán hacia la Legislatura de Córdoba para peticionar a los legisladores “que se aplique adecuadamente la ley nacional de bosques nativos”.
Según señala la gacetilla, solicitarán el cuidado de los suelos y del clima, al mismo tiempo que “proponen ni un metro menos de bosques nativos para soja, tal como manifiestan directivos de Cartez”.
Partirán desde Obispo Trejo 323 (sede de la Universidad Católica de Córdoba) a las 10.30. Se espera la presencia de gente a caballo. La convocatoria es realizada por Cartez, Coninagro y la Sociedad Rural Argentina.
Por su parte, la COTBN ha realizado varias movilizaciones callejeras, acompañada de movimientos campesinos y organizaciones sociales.
Arroceras: sigue el descontrol de fumigaciones
Arroceras: Vecinos critican “politización” del reclamo
Fecha de Publicación: 10/03/2010
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
“La clase política lo quiere politizar, quiere llevarlo a ese plano para no dar soluciones verdaderas”, afirmó el docente Marco Ferrau, uno de los voceros de vecinos de La Leonesa que reclaman por el descontrol de las fumigaciones en arroceras
“Nosotros estamos preocupados porque la clase política lo quiere politizar, quiere llevarlo a ese plano para no dar soluciones verdaderas a quiénes estamos pidiendo soluciones”, aseguró Ferrau, en declaraciones a FM Libertad. Así, esta inquietud de los habitantes de La Leonesa y Las Palmas se suma a la preocupación por el incremento de casos de leucemia y enfermedades respiratorias en niños del barrio La Ralera de La Leonesa, por posibles consecuencias de las fumigaciones aéreas descontroladas con agroquímicos en los campos arroceros linderos.
Desde que el reclamo de los vecinos movilizados adquirió trascendencia pública, el intendente de La Leonesa, José Carbajal, aseguró que todas las denuncias eran parte de una campaña política en su contra. A esas declaraciones, siguieron descalificaciones, intimidaciones y agresiones a periodistas y vecinos, cuestionamientos al fiscal federal que intervino en el caso y amenazas de querellas a otros vecinos y militantes con el objetivo de silenciar el reclamo de los vecinos.
Pese a que el propio gobernador Capitanich se comprometió a la creación de una comisión que estudie las denuncias y el posible impacto negativo en el medioambiente de los agroquímicos utilizados en la producción arrocera, el bloque de legisladores del justicialismo tomó un claro partido en defensa de los propietarios de las cuestionadas arroceras San Carlos y Cancha Larga, luego de participar de una visita a esos establecimientos acompañados por sus propios dueños.
Ferrau reconoció que “a nosotros nos duele que esta cuestión no se tome en serio, no se tome con el debido respeto y la seriedad que se merece, y que siempre todas las cuestiones se politizan desde el punto de vista de los partidos políticos”. No obstante, aclaró que “sabemos que debe ser una política de salud la que se debe implementar, pero no queremos que esto sea como un partido de fútbol, queremos que se cambien las políticas que tienen que ver con salud, que se discutan las políticas que tienen que ver con el medio ambiente, con el cuidado de los vecinos, pero esto uno lo ve con desagrado porque por experiencia sabemos que no lleva a buen puerto. O termina siempre en una discusión estéril sin dar solución a los que verdaderamente necesitamos una solución que somos los pobladores, la gente que vivimos en La Leonesa y Las Palmas”.
“No pedimos que se deje de cultivar”
El docente que vive en La Leonesa pero trabaja en una escuela de Las Palmas aclaró que “no pedimos que se deje de cultivar”. Sin embargo, advirtió que “queremos que las autoridades nos den respuesta y comiencen a involucrarse en esta problemática”. “Los vecinos son los convidados de piedra, los diputados del PJ vinieron, estuvieron recorriendo las arroceras y no se reunieron con vecinos de Las Palmas ni de la Leonesa”, cuestionó. En tanto, sólo rescató que los únicos que se interesaron en el tema fueron los legisladores Fabricio Bolatti del Frente Grande y la actual diputada nacional por el ARI, Alicia Terada.
“El intendente debería ponerse a la cabeza de la población defiende más los intereses de las arroceras”, advirtió Ferrau, y apuntó que “los funcionarios tienen que dar respuesta a la población, porque están puestos por la población y por el voto del pueblo, porque así lo dice la Constitución”. Y puntualizó que “las empresas tendrán quiénes las defiendan, tendrán para hacer su propia defensa, su propio estudio”.
“Lo único que falta es que la próxima vez seamos acusados nosotros, los vecinos, con una carta documento, o tengamos que ir presos los vecinos por reclamar un derecho para todos”, alertó.
Fecha de Publicación: 10/03/2010
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
“La clase política lo quiere politizar, quiere llevarlo a ese plano para no dar soluciones verdaderas”, afirmó el docente Marco Ferrau, uno de los voceros de vecinos de La Leonesa que reclaman por el descontrol de las fumigaciones en arroceras
“Nosotros estamos preocupados porque la clase política lo quiere politizar, quiere llevarlo a ese plano para no dar soluciones verdaderas a quiénes estamos pidiendo soluciones”, aseguró Ferrau, en declaraciones a FM Libertad. Así, esta inquietud de los habitantes de La Leonesa y Las Palmas se suma a la preocupación por el incremento de casos de leucemia y enfermedades respiratorias en niños del barrio La Ralera de La Leonesa, por posibles consecuencias de las fumigaciones aéreas descontroladas con agroquímicos en los campos arroceros linderos.
Desde que el reclamo de los vecinos movilizados adquirió trascendencia pública, el intendente de La Leonesa, José Carbajal, aseguró que todas las denuncias eran parte de una campaña política en su contra. A esas declaraciones, siguieron descalificaciones, intimidaciones y agresiones a periodistas y vecinos, cuestionamientos al fiscal federal que intervino en el caso y amenazas de querellas a otros vecinos y militantes con el objetivo de silenciar el reclamo de los vecinos.
Pese a que el propio gobernador Capitanich se comprometió a la creación de una comisión que estudie las denuncias y el posible impacto negativo en el medioambiente de los agroquímicos utilizados en la producción arrocera, el bloque de legisladores del justicialismo tomó un claro partido en defensa de los propietarios de las cuestionadas arroceras San Carlos y Cancha Larga, luego de participar de una visita a esos establecimientos acompañados por sus propios dueños.
Ferrau reconoció que “a nosotros nos duele que esta cuestión no se tome en serio, no se tome con el debido respeto y la seriedad que se merece, y que siempre todas las cuestiones se politizan desde el punto de vista de los partidos políticos”. No obstante, aclaró que “sabemos que debe ser una política de salud la que se debe implementar, pero no queremos que esto sea como un partido de fútbol, queremos que se cambien las políticas que tienen que ver con salud, que se discutan las políticas que tienen que ver con el medio ambiente, con el cuidado de los vecinos, pero esto uno lo ve con desagrado porque por experiencia sabemos que no lleva a buen puerto. O termina siempre en una discusión estéril sin dar solución a los que verdaderamente necesitamos una solución que somos los pobladores, la gente que vivimos en La Leonesa y Las Palmas”.
“No pedimos que se deje de cultivar”
El docente que vive en La Leonesa pero trabaja en una escuela de Las Palmas aclaró que “no pedimos que se deje de cultivar”. Sin embargo, advirtió que “queremos que las autoridades nos den respuesta y comiencen a involucrarse en esta problemática”. “Los vecinos son los convidados de piedra, los diputados del PJ vinieron, estuvieron recorriendo las arroceras y no se reunieron con vecinos de Las Palmas ni de la Leonesa”, cuestionó. En tanto, sólo rescató que los únicos que se interesaron en el tema fueron los legisladores Fabricio Bolatti del Frente Grande y la actual diputada nacional por el ARI, Alicia Terada.
“El intendente debería ponerse a la cabeza de la población defiende más los intereses de las arroceras”, advirtió Ferrau, y apuntó que “los funcionarios tienen que dar respuesta a la población, porque están puestos por la población y por el voto del pueblo, porque así lo dice la Constitución”. Y puntualizó que “las empresas tendrán quiénes las defiendan, tendrán para hacer su propia defensa, su propio estudio”.
“Lo único que falta es que la próxima vez seamos acusados nosotros, los vecinos, con una carta documento, o tengamos que ir presos los vecinos por reclamar un derecho para todos”, alertó.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Suscribirse
Entradas
Comentarios