Magdalena: un pueblo dividido por Shell
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Magdalena: un pueblo dividido por la millonaria oferta de Shell
Fecha de Publicación: 09/05/2009
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
Diez años después del mayor derrame de petróleo crudo sobre aguas dulces del mundo y en medio de un proceso judicial que enfrenta al pueblo de Magdalena contra Shell por los perjuicios que ocasionó el incidente, una propuesta de acuerdo económico entre la empresa y el Municipio está a punto de imprimirle un giro decisivo a la historia. Para algunos habitantes de esa pequeña localidad vecina de La Plata se trata de una salida atractiva a un conflicto que se ha extendido por demasiado tiempo sin grandes resultados beneficiosos. Para otros, es motivo de indignación y escándalo; y una amenaza potencial a que al desastre ecológico quede impune.
El acuerdo extrajudicial consiste en el ofrecimiento de 9,5 millones de dólares y apoyo para obras por parte de Shell al Municipio a cambio de que éste renuncie a seguir adelante con sus acciones legales en busca de una indemnización mayor. Y en él, la empresa no reconoce ninguna responsabilidad sobre los hechos ni la existencia de daño ambiental. Desde esta perspectiva, su oferta se presenta como una ayuda desinteresada más que una compensación.
La propuesta, aclaran desde el Municipio, "no salió de un vino", sino que es el resultado de una ardua negociación con Shell iniciada hace ya cinco años. Frente a un proceso judicial que sufrió una anulación y numerosas demoras, las autoridades de Magdalena consideran haber llegado finalmente a un acuerdo "conveniente" para el pueblo, en el que no va a ser posible avanzar más.
Quienes se oponen al acuerdo sostienen sin embargo que, más que resultado de una negociación, éste es producto de una necesidad política de ambas partes. Y en este sentido resaltan la proximidad tanto de las elecciones municipales como de la asamblea anual de la petrolera en La Haya, donde ésta deberá dar cuenta ante organismos internacionales e inversores sobre el caso de Magdalena.
Lo cierto es que el domingo que viene, en un plebiscito no vinculante, los habitantes de Magdalena deberán manifestarse a favor o en contra del acuerdo. Y esa instancia encuentra por estos días al pueblo en medio de grandes contradicciones.
Para el intendente de Magdalena, Fernando Carballo, los 5,4 millones de litros de petróleo que impactaron sobre la costa de su municipio en enero de 1999 constituyen ya hoy "un daño difuso". "Después de diez años de juicio estamos en cero: al ser trasladada la causa a un juzgado de la capital federal por decisión de la Corte Suprema, las actuaciones hechas en La Plata no sirven; el nuevo juez volverá a pedir pericias; y si se hacen ahora los resultados ya no son los mismos. El daño que quedó es un daño difuso que tiene que ver con el tiempo que los vecinos no pudimos usar la costa", dice.
Desde esa postura, Carballo sostiene que mejor "pájaro en mano". "En plena crisis mundial llegamos a un acuerdo por una cifra en dólares que nos parece conveniente. Tras cinco años de negociaciones es lo máximo que pudimos acordar", explica.
"Que Shell no reconozca su responsabilidad sobre los hechos es lógico -agrega-; para eso tendríamos que ganarle el juicio. Pero que no los reconozca no significa que el dinero que ofrece no sea una indemnización. La ayuda desinteresada se limita a las otras obras que entran en el acuerdo", señala Carballo en referencia a la oferta de la petrolera para asesorar al Municipio en el diseño de un plan de explotación integral en materia turística, un parque industrial y un programa de tratamiento de los residuos.
En cualquier caso, el intendente no es el único que cree que hoy lo mejor es "el pájaro en mano". Algunos vecinos también están de acuerdo con esa postura. "Un juicio como éste puede durar cuarenta o cincuenta años más. Yo entiendo que aceptar esa plata, que equivale a tres o cuatro presupuestos municipales, a Magdalena le sirve", opina Horacio Botana, un contratista local mientras desayuna en una cafetería céntrica del pueblo.
Unas mesas más allá, otros tres parroquianos no comparten su opinión. Prefieren no hablar del tema. "Para qué -dicen-, si ya todo está resuelto. El plebiscito no es vinculante; ir a votar es hacerle el juego al intendente", aseguran.
En la puerta del banco, Mónica Ostegui, una docente de Magdalena, cree en cambio que sí vale la pena hablar. "No me parece correcto este acuerdo -dice-; no sólo porque Shell debería pagar mucho más, como se calculó en un principio, si no porque además no se hace responsable del desastre que produjo".
"Desde entonces yo no llevo más a mis hijas al río ni pienso hacerlo, porque la contaminación persiste y en el pueblo se sabe que hay muchísimos casos de cáncer por contacto con hidrocarburos. Pero esto no se dice, ni tampoco se informó a la gente sobre la situación real. Muchos ignoran la dimensión del daño y hasta lo que implica este acuerdo", señala la docente.
Cuando se le pregunta si sabe que Shell le ofreció un importante suma de dinero a la Municipalidad para que no siga adelante con el juicio, Roberto Lavaggi, un jubilado de Magdalena responde con otra pregunta: "¿Y para nosotros qué?".
Uno de los tantos voluntarios que participaron en las tareas de remediación durante los días posteriores al derrame, Lavaggi asegura haber sufrido "manchas en la piel durante años". Por ese motivo es parte de un grupo de 500 vecinos que reclama a Shell una indemnización millonaria por daños. En todos estos años, nunca recibió una oferta de la empresa para llegar a un arreglo extrajudicial.
"Una gambeta al daño sobre el ambiente"
"No estamos en contra de una indemnización; consideramos que Shell tiene que pagar, y bastante más de lo que ofrece. Pero este acuerdo nos deja un sabor amargo porque, sobre todo, implica una gambeta a la responsabilidad que la empresa tiene sobre el ambiente que dañó", dice Alejandro Meitin, miembro de Ala Plástica, una fundación ambientalista involucrada con el derrame desde el primer momento.
Su preocupación no es gratuita. En enero último, al cumplirse diez años del derrame, Ala Plástica dio a conocer un complejo estudio científico basado en imágenes satelitales previas y posteriores al desastre. En él sostiene que el daño ambiental sobre el ecosistema costero no ha logrado ser revertido en todo este tiempo.
"Si ya perdimos diez años en reparar el ecosistema costero, por lo menos no perdamos la posibilidad de aprender algo de este desastre", agrega Meitin, quien considera que las condiciones que dieron lugar al derrame de Magdalena no han mejorado desde entonces.
"Siguen circulando frente a nuestras costas unas 13 mil embarcaciones con sustancias tóxicas cada año y no se han intensificado las exigencias sobre doble casco de esos buques. Nada impide que el desastre se repita, poniendo en riesgo a las personas que hacemos uso directo del agua del Río de la Plata", dice.
Esta semana, Ala Plástica volverá a presentar el mismo informe ante el Municipio de Magdalena. "Antes de que el intendente tome cualquier decisión queremos que quede constancia de que el daño persiste", explican.
Fecha de Publicación: 09/05/2009
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
Diez años después del mayor derrame de petróleo crudo sobre aguas dulces del mundo y en medio de un proceso judicial que enfrenta al pueblo de Magdalena contra Shell por los perjuicios que ocasionó el incidente, una propuesta de acuerdo económico entre la empresa y el Municipio está a punto de imprimirle un giro decisivo a la historia. Para algunos habitantes de esa pequeña localidad vecina de La Plata se trata de una salida atractiva a un conflicto que se ha extendido por demasiado tiempo sin grandes resultados beneficiosos. Para otros, es motivo de indignación y escándalo; y una amenaza potencial a que al desastre ecológico quede impune.
El acuerdo extrajudicial consiste en el ofrecimiento de 9,5 millones de dólares y apoyo para obras por parte de Shell al Municipio a cambio de que éste renuncie a seguir adelante con sus acciones legales en busca de una indemnización mayor. Y en él, la empresa no reconoce ninguna responsabilidad sobre los hechos ni la existencia de daño ambiental. Desde esta perspectiva, su oferta se presenta como una ayuda desinteresada más que una compensación.
La propuesta, aclaran desde el Municipio, "no salió de un vino", sino que es el resultado de una ardua negociación con Shell iniciada hace ya cinco años. Frente a un proceso judicial que sufrió una anulación y numerosas demoras, las autoridades de Magdalena consideran haber llegado finalmente a un acuerdo "conveniente" para el pueblo, en el que no va a ser posible avanzar más.
Quienes se oponen al acuerdo sostienen sin embargo que, más que resultado de una negociación, éste es producto de una necesidad política de ambas partes. Y en este sentido resaltan la proximidad tanto de las elecciones municipales como de la asamblea anual de la petrolera en La Haya, donde ésta deberá dar cuenta ante organismos internacionales e inversores sobre el caso de Magdalena.
Lo cierto es que el domingo que viene, en un plebiscito no vinculante, los habitantes de Magdalena deberán manifestarse a favor o en contra del acuerdo. Y esa instancia encuentra por estos días al pueblo en medio de grandes contradicciones.
Para el intendente de Magdalena, Fernando Carballo, los 5,4 millones de litros de petróleo que impactaron sobre la costa de su municipio en enero de 1999 constituyen ya hoy "un daño difuso". "Después de diez años de juicio estamos en cero: al ser trasladada la causa a un juzgado de la capital federal por decisión de la Corte Suprema, las actuaciones hechas en La Plata no sirven; el nuevo juez volverá a pedir pericias; y si se hacen ahora los resultados ya no son los mismos. El daño que quedó es un daño difuso que tiene que ver con el tiempo que los vecinos no pudimos usar la costa", dice.
Desde esa postura, Carballo sostiene que mejor "pájaro en mano". "En plena crisis mundial llegamos a un acuerdo por una cifra en dólares que nos parece conveniente. Tras cinco años de negociaciones es lo máximo que pudimos acordar", explica.
"Que Shell no reconozca su responsabilidad sobre los hechos es lógico -agrega-; para eso tendríamos que ganarle el juicio. Pero que no los reconozca no significa que el dinero que ofrece no sea una indemnización. La ayuda desinteresada se limita a las otras obras que entran en el acuerdo", señala Carballo en referencia a la oferta de la petrolera para asesorar al Municipio en el diseño de un plan de explotación integral en materia turística, un parque industrial y un programa de tratamiento de los residuos.
En cualquier caso, el intendente no es el único que cree que hoy lo mejor es "el pájaro en mano". Algunos vecinos también están de acuerdo con esa postura. "Un juicio como éste puede durar cuarenta o cincuenta años más. Yo entiendo que aceptar esa plata, que equivale a tres o cuatro presupuestos municipales, a Magdalena le sirve", opina Horacio Botana, un contratista local mientras desayuna en una cafetería céntrica del pueblo.
Unas mesas más allá, otros tres parroquianos no comparten su opinión. Prefieren no hablar del tema. "Para qué -dicen-, si ya todo está resuelto. El plebiscito no es vinculante; ir a votar es hacerle el juego al intendente", aseguran.
En la puerta del banco, Mónica Ostegui, una docente de Magdalena, cree en cambio que sí vale la pena hablar. "No me parece correcto este acuerdo -dice-; no sólo porque Shell debería pagar mucho más, como se calculó en un principio, si no porque además no se hace responsable del desastre que produjo".
"Desde entonces yo no llevo más a mis hijas al río ni pienso hacerlo, porque la contaminación persiste y en el pueblo se sabe que hay muchísimos casos de cáncer por contacto con hidrocarburos. Pero esto no se dice, ni tampoco se informó a la gente sobre la situación real. Muchos ignoran la dimensión del daño y hasta lo que implica este acuerdo", señala la docente.
Cuando se le pregunta si sabe que Shell le ofreció un importante suma de dinero a la Municipalidad para que no siga adelante con el juicio, Roberto Lavaggi, un jubilado de Magdalena responde con otra pregunta: "¿Y para nosotros qué?".
Uno de los tantos voluntarios que participaron en las tareas de remediación durante los días posteriores al derrame, Lavaggi asegura haber sufrido "manchas en la piel durante años". Por ese motivo es parte de un grupo de 500 vecinos que reclama a Shell una indemnización millonaria por daños. En todos estos años, nunca recibió una oferta de la empresa para llegar a un arreglo extrajudicial.
"Una gambeta al daño sobre el ambiente"
"No estamos en contra de una indemnización; consideramos que Shell tiene que pagar, y bastante más de lo que ofrece. Pero este acuerdo nos deja un sabor amargo porque, sobre todo, implica una gambeta a la responsabilidad que la empresa tiene sobre el ambiente que dañó", dice Alejandro Meitin, miembro de Ala Plástica, una fundación ambientalista involucrada con el derrame desde el primer momento.
Su preocupación no es gratuita. En enero último, al cumplirse diez años del derrame, Ala Plástica dio a conocer un complejo estudio científico basado en imágenes satelitales previas y posteriores al desastre. En él sostiene que el daño ambiental sobre el ecosistema costero no ha logrado ser revertido en todo este tiempo.
"Si ya perdimos diez años en reparar el ecosistema costero, por lo menos no perdamos la posibilidad de aprender algo de este desastre", agrega Meitin, quien considera que las condiciones que dieron lugar al derrame de Magdalena no han mejorado desde entonces.
"Siguen circulando frente a nuestras costas unas 13 mil embarcaciones con sustancias tóxicas cada año y no se han intensificado las exigencias sobre doble casco de esos buques. Nada impide que el desastre se repita, poniendo en riesgo a las personas que hacemos uso directo del agua del Río de la Plata", dice.
Esta semana, Ala Plástica volverá a presentar el mismo informe ante el Municipio de Magdalena. "Antes de que el intendente tome cualquier decisión queremos que quede constancia de que el daño persiste", explican.
Denuncias ambientales vía Web
Denuncias ambientales vía Web
Fecha de Publicación: 08/05/2009
Fuente: Diario Judicial
Provincia/Región: Nacional
Se trata de un portal al que se podrá acceder en los próximos 45 días que recibirá denuncias de todo el país y las remitirá al juez que corresponda, según la jurisdicción. Es una iniciativa de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, que, entre otras causas, fue querellante en una presentación ante la Corte Suprema de Justicia por la utilización en la siembra de glifosato y endosulfán.
La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AADEAA) pondrá en funcionamiento una página Web para receptar todas las denuncias por contaminación en el país y remitirlas al juez de la jurisdicción que corresponda. Además, en el portal se publicarán estadísticas de las situaciones en las distintas regiones argentinas.
El director ejecutivo de la entidad, Mariano Aguilar, anticipó, en diálogo con DiarioJudicial.com que el portal (www.banconam.org.ar) estará accesible para el público en los próximos 45 días.
Consultado respecto de las principales denuncias por contaminación en el país, Aguilar aseguró que Buenos Aires es la provincia “con mayor cantidad de casos”.
“Está destruida”, manifestó y agregó que “los pocos lugares verdes que existen pretenden ser utilizados para la construcción de shoppings o polos industriales que, en general, no guardan estudios de impacto ambiental”.
El abogado comentó el caso de Claromecó, una localidad a 565 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, en la que los vecinos están llevando a cabo manifestaciones contra la tala de dos manzanas de árboles.
Respecto de otros distritos con problemas ambientales, Aguilar expresó que hay cientos de denuncias sobre la situación en las provincias cordilleranas (entre ellas Mendoza, Chubut y Neuquén) por la explotación de minerales. También se refirió a algunas localidades con problemas de contaminación por la mala utilización de los ríos (nombró a Santiago del Estero y Río Negro).
La AADEAA, que preside Enrique Viale, presentó hace diez días un amparo ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar un medida cautelar que frene la aplicación de los agroquímicos Glifosato y Endosulfán en la siembra porque contribuyen a “la degradación del ambiente y de la salud de la población”.
El principal basamento de la acción fue la aplicación del Principio Precautorio, incorporado en la legislación argentina a través del artículo 4° de la ley 25.675.
En un comunicado que difundió a través de su página Web (http://www.aadeaa.org.ar), la asociación sostuvo que no mantiene “ninguna relación con el Gobierno Nacional, quien es uno de los demandados en la acción de amparo y (…) que prioriza perversamente los intereses económicos por sobre los derechos ambientales y que carece de política ambiental alguna”.
“Tampoco tenemos ninguna animosidad contra el sector agrícola, simplemente peticionamos que la producción no lesione irremediablemente la salud de la población y los ecosistemas de nuestro país, como ocurre con la descontrolada e inadecuada aplicación generalizada del glisofato y el endosulfán, situaciones silenciadas armónicamente, en aras de exclusivos objetivos económicos”, denunció el comunicado.
La AADEAA sostuvo que pretende “una real incorporación del concepto de Desarrollo Sustentable en la producción agrícola de nuestro país” y pidió la “puesta en funcionamiento” de la Comisión Nacional creada por el Decreto 21/09 “para que se expida científica e independientemente sobre la toxicidad de éstos productos, en la búsqueda de prevenir y amparar ambientalmente, de sus nocivos efectos, a las personas y a toda la vida circundante de las explotaciones agrícolas (…)”.
Fecha de Publicación: 08/05/2009
Fuente: Diario Judicial
Provincia/Región: Nacional
Se trata de un portal al que se podrá acceder en los próximos 45 días que recibirá denuncias de todo el país y las remitirá al juez que corresponda, según la jurisdicción. Es una iniciativa de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, que, entre otras causas, fue querellante en una presentación ante la Corte Suprema de Justicia por la utilización en la siembra de glifosato y endosulfán.
La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AADEAA) pondrá en funcionamiento una página Web para receptar todas las denuncias por contaminación en el país y remitirlas al juez de la jurisdicción que corresponda. Además, en el portal se publicarán estadísticas de las situaciones en las distintas regiones argentinas.
El director ejecutivo de la entidad, Mariano Aguilar, anticipó, en diálogo con DiarioJudicial.com que el portal (www.banconam.org.ar) estará accesible para el público en los próximos 45 días.
Consultado respecto de las principales denuncias por contaminación en el país, Aguilar aseguró que Buenos Aires es la provincia “con mayor cantidad de casos”.
“Está destruida”, manifestó y agregó que “los pocos lugares verdes que existen pretenden ser utilizados para la construcción de shoppings o polos industriales que, en general, no guardan estudios de impacto ambiental”.
El abogado comentó el caso de Claromecó, una localidad a 565 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, en la que los vecinos están llevando a cabo manifestaciones contra la tala de dos manzanas de árboles.
Respecto de otros distritos con problemas ambientales, Aguilar expresó que hay cientos de denuncias sobre la situación en las provincias cordilleranas (entre ellas Mendoza, Chubut y Neuquén) por la explotación de minerales. También se refirió a algunas localidades con problemas de contaminación por la mala utilización de los ríos (nombró a Santiago del Estero y Río Negro).
La AADEAA, que preside Enrique Viale, presentó hace diez días un amparo ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar un medida cautelar que frene la aplicación de los agroquímicos Glifosato y Endosulfán en la siembra porque contribuyen a “la degradación del ambiente y de la salud de la población”.
El principal basamento de la acción fue la aplicación del Principio Precautorio, incorporado en la legislación argentina a través del artículo 4° de la ley 25.675.
En un comunicado que difundió a través de su página Web (http://www.aadeaa.org.ar), la asociación sostuvo que no mantiene “ninguna relación con el Gobierno Nacional, quien es uno de los demandados en la acción de amparo y (…) que prioriza perversamente los intereses económicos por sobre los derechos ambientales y que carece de política ambiental alguna”.
“Tampoco tenemos ninguna animosidad contra el sector agrícola, simplemente peticionamos que la producción no lesione irremediablemente la salud de la población y los ecosistemas de nuestro país, como ocurre con la descontrolada e inadecuada aplicación generalizada del glisofato y el endosulfán, situaciones silenciadas armónicamente, en aras de exclusivos objetivos económicos”, denunció el comunicado.
La AADEAA sostuvo que pretende “una real incorporación del concepto de Desarrollo Sustentable en la producción agrícola de nuestro país” y pidió la “puesta en funcionamiento” de la Comisión Nacional creada por el Decreto 21/09 “para que se expida científica e independientemente sobre la toxicidad de éstos productos, en la búsqueda de prevenir y amparar ambientalmente, de sus nocivos efectos, a las personas y a toda la vida circundante de las explotaciones agrícolas (…)”.
Sobre la gestión de pilas y aparatos electrónicos
Greenpeace calificó de improvisada la gestión de pilas y aparatos electrónicos del Gobierno de la Ciudad
Fecha de Publicación: 08/05/2009
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Capital
Greenpeace denunció hoy la improvisada gestión del tratamiento y disposición final de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) por parte del Gobierno de la Ciudad que, en la práctica, es incoherente con sus objetivos y refleja una vez más una política vacía en relación a la gestión de la basura.
“Las iniciativas del gobierno porteño sólo apuntan a ofrecer una salida cosmética y publicitaria y no a dar soluciones de fondo al grave problema de los desechos electrónicos, que crece día a día en la Argentina y en el mundo. Para evitar este tipo de acciones, es indispensable contar con un marco legal nacional que regule la gestión de estos residuos; en este sentido, el proyecto que está en discusión en el Senado Nacional es un paso muy importante”, declaró Rosario Espina, coordinadora de la campaña de Residuos Electrónicos de Greenpeace Argentina.
Para la organización ambientalista, el Plan de Gestión Integral de Pilas y Baterías Recargables Agotadas y los Programas Piloto de Recolección Aparatos Eléctricos y Electrónicos propuestos por el gobierno porteño carecen de los mecanismos de gestión convenientes para el tratamiento de estos residuos. “Además del manejo inadecuado, cargan al Estado y a los contribuyentes con la obligación económica de esta tarea, mientras que la política que debe aplicarse en estos casos es que la responsabilidad recaiga sobre los productores de los aparatos descartados”, agregó Espina.
En el caso del programa de gestión de residuos eléctricos y electrónicos, Greenpeace advirtió que presenta serias fallas a nivel operativo: quienes reciben estos residuos no cuentan con tecnología, capacitación e infraestructura para realizar el tratamiento de estos residuos peligrosos. Esta situación promueve el manejo informal de estos residuos con el consiguiente riesgo para la salud de los trabajadores y el medio ambiente.
Con respecto a las pilas y baterías recargables, la entidad ambientalista aclaró que la resolución del gobierno de la Ciudad no establece sanciones por lo que esta gestión queda en manos de la iniciativa voluntaria de las empresas productoras. En lo referido a la disposición final, no se tuvo en cuenta que la Argentina no tiene aún plantas que traten este tipo de residuos y que no se ha habilitado la exportación para su reciclaje en el exterior con tecnologías adecuadas, lo que representa la mejor opción ambiental para su tratamiento.
Los residuos electrónicos, las pilas y baterías requieren de un tratamiento específico por su alta toxicidad. La Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires propone el envío de pilas y baterías no recargables a los rellenos sanitarios comunes sin ningún proceso previo. Las pilas y baterías aún si cumplen con los valores máximos establecidos por ley, no deben ser consideradas inocuas, y mucho menos deben ser recolectadas, concentradas y enviadas a rellenos sanitarios por el potencial de contaminación que puede tener esa concentración, sino enviadas a rellenos de seguridad.
Greenpeace consideró que el proyecto de ley sobre gestión y tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos representa un gran avance para crear de manera urgente una infraestructura especial de reciclaje, establecer la responsabilidad individual del productor como concepto político y determinar incentivos para reducir la presencia de residuos peligrosos y complejos en los nuevos aparatos eléctricos y electrónicos.
Fecha de Publicación: 08/05/2009
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Capital
Greenpeace denunció hoy la improvisada gestión del tratamiento y disposición final de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) por parte del Gobierno de la Ciudad que, en la práctica, es incoherente con sus objetivos y refleja una vez más una política vacía en relación a la gestión de la basura.
“Las iniciativas del gobierno porteño sólo apuntan a ofrecer una salida cosmética y publicitaria y no a dar soluciones de fondo al grave problema de los desechos electrónicos, que crece día a día en la Argentina y en el mundo. Para evitar este tipo de acciones, es indispensable contar con un marco legal nacional que regule la gestión de estos residuos; en este sentido, el proyecto que está en discusión en el Senado Nacional es un paso muy importante”, declaró Rosario Espina, coordinadora de la campaña de Residuos Electrónicos de Greenpeace Argentina.
Para la organización ambientalista, el Plan de Gestión Integral de Pilas y Baterías Recargables Agotadas y los Programas Piloto de Recolección Aparatos Eléctricos y Electrónicos propuestos por el gobierno porteño carecen de los mecanismos de gestión convenientes para el tratamiento de estos residuos. “Además del manejo inadecuado, cargan al Estado y a los contribuyentes con la obligación económica de esta tarea, mientras que la política que debe aplicarse en estos casos es que la responsabilidad recaiga sobre los productores de los aparatos descartados”, agregó Espina.
En el caso del programa de gestión de residuos eléctricos y electrónicos, Greenpeace advirtió que presenta serias fallas a nivel operativo: quienes reciben estos residuos no cuentan con tecnología, capacitación e infraestructura para realizar el tratamiento de estos residuos peligrosos. Esta situación promueve el manejo informal de estos residuos con el consiguiente riesgo para la salud de los trabajadores y el medio ambiente.
Con respecto a las pilas y baterías recargables, la entidad ambientalista aclaró que la resolución del gobierno de la Ciudad no establece sanciones por lo que esta gestión queda en manos de la iniciativa voluntaria de las empresas productoras. En lo referido a la disposición final, no se tuvo en cuenta que la Argentina no tiene aún plantas que traten este tipo de residuos y que no se ha habilitado la exportación para su reciclaje en el exterior con tecnologías adecuadas, lo que representa la mejor opción ambiental para su tratamiento.
Los residuos electrónicos, las pilas y baterías requieren de un tratamiento específico por su alta toxicidad. La Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires propone el envío de pilas y baterías no recargables a los rellenos sanitarios comunes sin ningún proceso previo. Las pilas y baterías aún si cumplen con los valores máximos establecidos por ley, no deben ser consideradas inocuas, y mucho menos deben ser recolectadas, concentradas y enviadas a rellenos sanitarios por el potencial de contaminación que puede tener esa concentración, sino enviadas a rellenos de seguridad.
Greenpeace consideró que el proyecto de ley sobre gestión y tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos representa un gran avance para crear de manera urgente una infraestructura especial de reciclaje, establecer la responsabilidad individual del productor como concepto político y determinar incentivos para reducir la presencia de residuos peligrosos y complejos en los nuevos aparatos eléctricos y electrónicos.
Contaminación en la Ciudad
Contaminación en la Ciudad
Fecha de Publicación: 07/05/2009
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Capital
Según el gobierno porteño, tienen transformadores refrigerados con PCB, una sustancia cancerígena. La Ciudad Universitaria, también bajo sospecha.
Cuando faltan dos meses para que la Ciudad de Buenos Aires anuncie que los 10 mil transformadores eléctricos que funcionan en su territorio están libres de cantidades nocivas de PCB, la Agencia de Protección Ambiental (APRA) del gobierno porteño denunció que Canal 7, la empresa Aguas y Saneamiento S. A. (AySA) y la sede de Ciudad Universitaria de la UBA “todavía poseen transformadores que tienen 500 mil partes por millón, una cifra demasiado alta cuando estamos a 60 días de mandar a descontaminar los últimos aparatos con 50 mil partes por millón”, explicó Horacio Walter, director de evaluación técnica del organismo que tiene el poder de policía en toda la ciudad para hacer cumplir la Ley 760. La norma fija el 31 de diciembre de 2010 como la fecha final para “eliminar o exportar todas las sustancias que contengan PCB en concentraciones superiores a 50 partes por millón”. Aunque la ciudad está a un paso de cumplir esa meta un año antes, sólo quedan tres organismos dependientes del Estado Nacional que no lo hacen porque se valen de la legislación federal para no retirarlos antes.
UN CANCERÍGENO MUY NOCIVO. PCB es la sigla que identifica una sustancia altamente tóxica que todavía se utiliza en la Argentina como refrigerante para transformadores de la red de eléctrica nacional. En 2001, la Convención de Estocolmo estableció que los PCB, entre otros compuestos, son contaminantes orgánicos persistentes que llegan a estar más de seis años en suelos y sedimentos y 10 años en peces adultos. Pero además de ser un poderoso ecotóxico, se trata de una sustancia cancerígena. La primera norma que fijó plazos para dejar de usar al PCB como refrigerante es la 25.670, llamada Ley de Presupuestos Mínimos de PCB, que data de 2002 y que creó el Registro Nacional Integrado de Poseedores de esta sustancia y que determina que “en 2010 todos los aparatos que lo contengan, y que su poseedor quiera mantenerlos en operación, deberán ser descontaminados a exclusivo cargo del poseedor. Hasta tanto esto suceda no se podrá reponer” esta sustancia.
“Como encargados porteños de evitar el uso del PCB nunca pudimos entrar a ninguna de estas tres jurisdicciones salvo con la ayuda de la Secretaría de Ambiente de la Nación, con la que pudimos corroborar que sus sistemas eléctricos siguen funcionando con transformadores con alto poder de contaminación”, explicó Walter. Según el organismo, los transformadores fuera de regla están ubicados en la planta potabilizadora de AySA en el barrio porteño de Palermo, al lado del Aeroparque Jorge Newbery, en la sede central de Canal 7, ubicada en Figueroa Alcorta y Tagle, y en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, con sede en la Ciudad Universitaria.
En la Ciudad de Buenos Aires, la red eléctrica utiliza 7.500 transformadores administrados por las empresas Edesur y Edenor, las dos distribuidoras de energía de Capital y Gran Buenos Aires. Según un informe al que tuvo acceso este diario “Edesur posee cerca de 50 transformadores en proceso de descontaminación mientras que Edenor posee otros 43 con menos de 500 partes por millón”, por esa razón se estima que todos estarán descontaminados a fines de julio.
LAS RESPUESTAS. Crítica de la Argentina se comunicó con los tres organismos cuyos transformadores están fuera de regla. En el caso de la UBA, su subsecretario de Infraestructura, Marcelo De Cusatis, confirmó que existen “dos transformadores con PCB en buen estado dentro de la Facultad de Ciencias Exactas, pero que serán reemplazados antes de fin de año, gracias a una obra de 629.000 pesos”. Sin embargo, había otros dos en la Facultad de Arquitectura que fueron desmantelados a principios de los 90, pero su contenido está en dos tambores que no han podido ser enviados a Francia para su descontaminación. “Hacerlo tiene un costo aproximado de 50 mil euros y no tenemos presupuesto para hacerlo”, explicó De Cusatis. En el caso de Canal 7, sus voceros contestaron que “analizarán el caso”, mientras que fuentes de AySA respondieron que “no hay atraso” y que están en la última etapa de remoción”. Para la APRA, esas explicaciones no alcanzan y el próximo paso será denunciarlos ante la Justicia.
Fecha de Publicación: 07/05/2009
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Capital
Según el gobierno porteño, tienen transformadores refrigerados con PCB, una sustancia cancerígena. La Ciudad Universitaria, también bajo sospecha.
Cuando faltan dos meses para que la Ciudad de Buenos Aires anuncie que los 10 mil transformadores eléctricos que funcionan en su territorio están libres de cantidades nocivas de PCB, la Agencia de Protección Ambiental (APRA) del gobierno porteño denunció que Canal 7, la empresa Aguas y Saneamiento S. A. (AySA) y la sede de Ciudad Universitaria de la UBA “todavía poseen transformadores que tienen 500 mil partes por millón, una cifra demasiado alta cuando estamos a 60 días de mandar a descontaminar los últimos aparatos con 50 mil partes por millón”, explicó Horacio Walter, director de evaluación técnica del organismo que tiene el poder de policía en toda la ciudad para hacer cumplir la Ley 760. La norma fija el 31 de diciembre de 2010 como la fecha final para “eliminar o exportar todas las sustancias que contengan PCB en concentraciones superiores a 50 partes por millón”. Aunque la ciudad está a un paso de cumplir esa meta un año antes, sólo quedan tres organismos dependientes del Estado Nacional que no lo hacen porque se valen de la legislación federal para no retirarlos antes.
UN CANCERÍGENO MUY NOCIVO. PCB es la sigla que identifica una sustancia altamente tóxica que todavía se utiliza en la Argentina como refrigerante para transformadores de la red de eléctrica nacional. En 2001, la Convención de Estocolmo estableció que los PCB, entre otros compuestos, son contaminantes orgánicos persistentes que llegan a estar más de seis años en suelos y sedimentos y 10 años en peces adultos. Pero además de ser un poderoso ecotóxico, se trata de una sustancia cancerígena. La primera norma que fijó plazos para dejar de usar al PCB como refrigerante es la 25.670, llamada Ley de Presupuestos Mínimos de PCB, que data de 2002 y que creó el Registro Nacional Integrado de Poseedores de esta sustancia y que determina que “en 2010 todos los aparatos que lo contengan, y que su poseedor quiera mantenerlos en operación, deberán ser descontaminados a exclusivo cargo del poseedor. Hasta tanto esto suceda no se podrá reponer” esta sustancia.
“Como encargados porteños de evitar el uso del PCB nunca pudimos entrar a ninguna de estas tres jurisdicciones salvo con la ayuda de la Secretaría de Ambiente de la Nación, con la que pudimos corroborar que sus sistemas eléctricos siguen funcionando con transformadores con alto poder de contaminación”, explicó Walter. Según el organismo, los transformadores fuera de regla están ubicados en la planta potabilizadora de AySA en el barrio porteño de Palermo, al lado del Aeroparque Jorge Newbery, en la sede central de Canal 7, ubicada en Figueroa Alcorta y Tagle, y en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, con sede en la Ciudad Universitaria.
En la Ciudad de Buenos Aires, la red eléctrica utiliza 7.500 transformadores administrados por las empresas Edesur y Edenor, las dos distribuidoras de energía de Capital y Gran Buenos Aires. Según un informe al que tuvo acceso este diario “Edesur posee cerca de 50 transformadores en proceso de descontaminación mientras que Edenor posee otros 43 con menos de 500 partes por millón”, por esa razón se estima que todos estarán descontaminados a fines de julio.
LAS RESPUESTAS. Crítica de la Argentina se comunicó con los tres organismos cuyos transformadores están fuera de regla. En el caso de la UBA, su subsecretario de Infraestructura, Marcelo De Cusatis, confirmó que existen “dos transformadores con PCB en buen estado dentro de la Facultad de Ciencias Exactas, pero que serán reemplazados antes de fin de año, gracias a una obra de 629.000 pesos”. Sin embargo, había otros dos en la Facultad de Arquitectura que fueron desmantelados a principios de los 90, pero su contenido está en dos tambores que no han podido ser enviados a Francia para su descontaminación. “Hacerlo tiene un costo aproximado de 50 mil euros y no tenemos presupuesto para hacerlo”, explicó De Cusatis. En el caso de Canal 7, sus voceros contestaron que “analizarán el caso”, mientras que fuentes de AySA respondieron que “no hay atraso” y que están en la última etapa de remoción”. Para la APRA, esas explicaciones no alcanzan y el próximo paso será denunciarlos ante la Justicia.
Clausuran la planta de una multinacional
Clausuran la planta de una multinacional por contaminación
Fecha de Publicación: 06/05/2009
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
El Juzgado Federal Nº 1 de San Isidro dispuso el cierre de una planta de snacks de Pepsico, a la cual se le descubrió cañerías ocultas que derivaban en un arroyo de Olivos
La Justicia ordenó esta tarde la clausura de la planta que tiene en Olivos la multinacional que se orienta a la producción de snacks -la de bebidas funciona en la localidad de Quilmes- en la Argentina.
Si bien el cierre fue ordenado este martes, la investigación había sido iniciada tiempo atrás por la jueza Sandra Arroyo, quien hace algunos meses había encabezado un allanamiento en la zona.
Según explicaron fuentes de la investigación, en el primer procedimiento que se realizó en la zona la Justicia no constató ninguna anormalidad en el funcionamiento de la planta, y todas las salidas al arroyo cumplían con los requerimentos de las leyes medioambientales de la Provincia.
Sin embargo, nuevas pericias realizadas en los últimos días detectaron una serie de cañerías ilegales que arrojarían desechos químicos de gran peligrosidad.
Según los primeros informes, entre los residuos contaminantes se habría encontrado materia fecal y químicos ácidos, lo que impulsó a las autoridades judiciales a disponer la inmediata clausura del lugar.
Por las diferencias surgidas entre el primer allanamiento y los operativos realizados esta semana, los funcionarios judiciales creen que desde la empresa intentaron ocultar las cañerías ilegales en la inspección que se realizó en el inicio de la causa.
El operativo realizado esta tarde estuvo a cargo del fiscal Alberto Gentili, la división Delitos Ambientales de la Policía Federal y un cuerpo médico forense, de cuyos peritajes se determinó la peligrosidad de los químicos que se vertían sobre la corriente de agua.
Fecha de Publicación: 06/05/2009
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
El Juzgado Federal Nº 1 de San Isidro dispuso el cierre de una planta de snacks de Pepsico, a la cual se le descubrió cañerías ocultas que derivaban en un arroyo de Olivos
La Justicia ordenó esta tarde la clausura de la planta que tiene en Olivos la multinacional que se orienta a la producción de snacks -la de bebidas funciona en la localidad de Quilmes- en la Argentina.
Si bien el cierre fue ordenado este martes, la investigación había sido iniciada tiempo atrás por la jueza Sandra Arroyo, quien hace algunos meses había encabezado un allanamiento en la zona.
Según explicaron fuentes de la investigación, en el primer procedimiento que se realizó en la zona la Justicia no constató ninguna anormalidad en el funcionamiento de la planta, y todas las salidas al arroyo cumplían con los requerimentos de las leyes medioambientales de la Provincia.
Sin embargo, nuevas pericias realizadas en los últimos días detectaron una serie de cañerías ilegales que arrojarían desechos químicos de gran peligrosidad.
Según los primeros informes, entre los residuos contaminantes se habría encontrado materia fecal y químicos ácidos, lo que impulsó a las autoridades judiciales a disponer la inmediata clausura del lugar.
Por las diferencias surgidas entre el primer allanamiento y los operativos realizados esta semana, los funcionarios judiciales creen que desde la empresa intentaron ocultar las cañerías ilegales en la inspección que se realizó en el inicio de la causa.
El operativo realizado esta tarde estuvo a cargo del fiscal Alberto Gentili, la división Delitos Ambientales de la Policía Federal y un cuerpo médico forense, de cuyos peritajes se determinó la peligrosidad de los químicos que se vertían sobre la corriente de agua.
¿Cómo está el negocio del biodiesel?
¿Cómo está el negocio del biodiesel?
Fecha de Publicación: 06/05/2009
Fuente: RosarioNet
Provincia/Región: Nacional
El precio de exportación cayó y ahora las locales buscan hacer negocios con las nuevas variables - El caso de Patagania Bionergía.
La continua caída de los valores de exportación del biodiesel está retrasando los proyectos de la región para comenzar a comercializar biodiesel. Las industrias del sector están preocupadas porque la Unión Europea está discutiendo barreras arancelarias que perjudicarían económicamente a las plantas.
A partir de la crisis internacional el aceite de soja -insumo principal del biodiesel- ha caído un 50% en los últimos siete meses. Sólo en el mes de febrero se registró una caída de los valores de exportación en un 5.5%. Esta merma ha provocado que las empresas de biocombustibles del cordón industrial continúen en stand by hasta que el panorama aclare.
Federico Pochat, gerente general de Patagonia Bionergía, una de las industrias ubicadas en la ciudad de San Lorenzo, adelantó a punto biz, que la planta ya está operativamente lista y a la espera de que reanude la comercialización del biodiesel.
“Confiamos que el mercado internacional volverá a comprar biodiesel durante el mes de marzo, para embarcar en abril. Asimismo, estamos tratando que se permita la comercialización de nuestro biodiesel en el mercado local. Creemos que sería muy bueno, desde todo punto de vista, que la Argentina consuma biodiesel hecho en nuestro país”, dijo.
Los otros casos
La realidad de las empresas de biocombustibles ha cambiado notablemente en los últimos meses. Tanto Patagonia como Renova, Ecofuel (la fusión de AGD y Bunge en Terminal 6) y Explora (estas últimas en Puerto San Martín), la crisis internacional y el conflicto agropecuario, con las retenciones a la soja que provoca que los productores no comercialicen sus cupos, han paralizado o reducido al máximo, la producción en estas empresas.
En el mes de febrero, las exportaciones fueron de 63.914 toneladas a diferencia de las 75.494, registradas en enero, representando una caída del 5.5% con respecto al mes de diciembre y un 46% respecto a agosto del año pasado.
Por otra parte, el ingreso de exportaciones en Europa, comienza a dificultarse para las empresas argentinas. La Unión Europea está discutiendo barreras para-arancelarias que podrían eventualmente bloquear o penalizar económicamente al biodiesel de soja argentino.
Según explicaron desde Patagonia, a partir del 13 de marzo, las empresas de EEUU que exporten Biodiesel a la Unión Europa tendrán que pagar tarifas adicionales (desde €260 a €410 por tonelada, según la empresa) en concepto de derechos compensatorios, que buscan neutralizar el subsidio que los productores norteamericanos reciben al exportar biodiesel a Europa, que afectan tanto a los productores europeos como a los argentinos.
“El mercado europeo privilegia al biodiesel considerado “sustentable”, que es aquel que cumple ciertas condiciones de producción que le permiten, entre otras cosas, tener un balance de gases de efecto invernadero positivo (es decir, que generan menos Gases de Efecto Invernadero (GEI) que los combustibles que reemplazan, con un mínimo propuesto del 35% de ahorro con respecto a las emisiones que generan los combustibles fósiles); no fomentar la deforestación; etc.” Explicó Pochat quien agregó: “El Biodiesel Argentino a partir de aceite de soja es, desde todo punto de vista, uno de los biocombustibles más sustentables que existen y Patagonia Bioenergía, cumple ampliamente todas las normas de calidad de combustibles europeas y norteamericanas”
Pruebas exitosas
Patagonia Bioenergía S.A. una empresa dedicada a la producción y comercialización de biodiesel, está formada por dos empresas nacionales: Cazenave y Asociados S.A. - y Energía & Soluciones S.A. El gerente general de la planta anunció que en San Lorenzo, las pruebas de puesta en marcha han concluido con éxito.
“Sería bueno que comience a comercializarse el biodiesel para las cuentas fiscales ya que se reemplazaría gas-oil importado (que es caro por el transporte) con un producto nacional. Ayudaría a disminuir los faltantes crónicos de gas-oil en las estaciones de servicio, en especial durante las épocas de consumo pico y generaría mano de obra local (tanto en la producción como en la distribución)”, sostuvo Pochat.
Fecha de Publicación: 06/05/2009
Fuente: RosarioNet
Provincia/Región: Nacional
El precio de exportación cayó y ahora las locales buscan hacer negocios con las nuevas variables - El caso de Patagania Bionergía.
La continua caída de los valores de exportación del biodiesel está retrasando los proyectos de la región para comenzar a comercializar biodiesel. Las industrias del sector están preocupadas porque la Unión Europea está discutiendo barreras arancelarias que perjudicarían económicamente a las plantas.
A partir de la crisis internacional el aceite de soja -insumo principal del biodiesel- ha caído un 50% en los últimos siete meses. Sólo en el mes de febrero se registró una caída de los valores de exportación en un 5.5%. Esta merma ha provocado que las empresas de biocombustibles del cordón industrial continúen en stand by hasta que el panorama aclare.
Federico Pochat, gerente general de Patagonia Bionergía, una de las industrias ubicadas en la ciudad de San Lorenzo, adelantó a punto biz, que la planta ya está operativamente lista y a la espera de que reanude la comercialización del biodiesel.
“Confiamos que el mercado internacional volverá a comprar biodiesel durante el mes de marzo, para embarcar en abril. Asimismo, estamos tratando que se permita la comercialización de nuestro biodiesel en el mercado local. Creemos que sería muy bueno, desde todo punto de vista, que la Argentina consuma biodiesel hecho en nuestro país”, dijo.
Los otros casos
La realidad de las empresas de biocombustibles ha cambiado notablemente en los últimos meses. Tanto Patagonia como Renova, Ecofuel (la fusión de AGD y Bunge en Terminal 6) y Explora (estas últimas en Puerto San Martín), la crisis internacional y el conflicto agropecuario, con las retenciones a la soja que provoca que los productores no comercialicen sus cupos, han paralizado o reducido al máximo, la producción en estas empresas.
En el mes de febrero, las exportaciones fueron de 63.914 toneladas a diferencia de las 75.494, registradas en enero, representando una caída del 5.5% con respecto al mes de diciembre y un 46% respecto a agosto del año pasado.
Por otra parte, el ingreso de exportaciones en Europa, comienza a dificultarse para las empresas argentinas. La Unión Europea está discutiendo barreras para-arancelarias que podrían eventualmente bloquear o penalizar económicamente al biodiesel de soja argentino.
Según explicaron desde Patagonia, a partir del 13 de marzo, las empresas de EEUU que exporten Biodiesel a la Unión Europa tendrán que pagar tarifas adicionales (desde €260 a €410 por tonelada, según la empresa) en concepto de derechos compensatorios, que buscan neutralizar el subsidio que los productores norteamericanos reciben al exportar biodiesel a Europa, que afectan tanto a los productores europeos como a los argentinos.
“El mercado europeo privilegia al biodiesel considerado “sustentable”, que es aquel que cumple ciertas condiciones de producción que le permiten, entre otras cosas, tener un balance de gases de efecto invernadero positivo (es decir, que generan menos Gases de Efecto Invernadero (GEI) que los combustibles que reemplazan, con un mínimo propuesto del 35% de ahorro con respecto a las emisiones que generan los combustibles fósiles); no fomentar la deforestación; etc.” Explicó Pochat quien agregó: “El Biodiesel Argentino a partir de aceite de soja es, desde todo punto de vista, uno de los biocombustibles más sustentables que existen y Patagonia Bioenergía, cumple ampliamente todas las normas de calidad de combustibles europeas y norteamericanas”
Pruebas exitosas
Patagonia Bioenergía S.A. una empresa dedicada a la producción y comercialización de biodiesel, está formada por dos empresas nacionales: Cazenave y Asociados S.A. - y Energía & Soluciones S.A. El gerente general de la planta anunció que en San Lorenzo, las pruebas de puesta en marcha han concluido con éxito.
“Sería bueno que comience a comercializarse el biodiesel para las cuentas fiscales ya que se reemplazaría gas-oil importado (que es caro por el transporte) con un producto nacional. Ayudaría a disminuir los faltantes crónicos de gas-oil en las estaciones de servicio, en especial durante las épocas de consumo pico y generaría mano de obra local (tanto en la producción como en la distribución)”, sostuvo Pochat.
PCB en Entre Ríos
Enersa aseguro que todos los transformadores de la empresa están libres de contaminación por PCB
Fecha de Publicación: 05/05/2009
Fuente: Litoral Digital - APF.Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
Luego de la denuncia de un grupo de vecinos de San Salvador que se manifestaron preocupados por su salud a raíz de un depósito de transformadores de la empresa Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima; el responsable de prensa de la compañía, Federico Gentile, aseguró a APF que los transformadores no son contaminantes • “La empresa ha sido decretada libre de PCB desde hace varios años”, afirmó
El intendente de San Salvador, Victor Hugo Vilhem, por su parte anticipó que los pobladores “van a ser informados” sobre el tema.
Un grupo de vecinos de San Salvador había presentado una nota al Municipio solicitando información y el pedido de relocalización de un depósito que la empresa estatal de energía tiene el centro de la ciudad. Los pobladores se sintieron movilizados ante la preocupación de que los aparatos representen daños para su salud.
Consultado al respecto, el responsable de prensa de Enersa, indicó: “Lo que estamos haciendo es contestar una nota que ellos mandaron explicándoles que la empresa ha sido decretada libre de PCB desde hace varios años. Todo lo que es líquido refrigerante fue eliminado”.
Además ante la inquietud de los ciudadanos de San Salvador, adelantó que “le vamos a entregar la nota con los certificados correspondientes y además si quieren podemos tener una reunión”.
Según entendió, la preocupación de los vecinos “es parte de un temor generalizado que tienen que ver con todo lo que son las instalaciones eléctricas” y en este sentido expresó que de acuerdo a los dichos de “la especialista en Toxicología de la Nación, no hay prueba cierta de que este tipo de instalaciones provoquen problemas físicos”, señaló.
Por su parte, el intendente Vilhem dijo que “confía” en lo dicho por Enersa y en este orden reiteró que “la gente de la empresa aseguró que los transformadores no tienen PCB”.
En respuesta a los vecinos además comentó que “desde la mesa ambiental del Concejo Deliberante se les va a pasar información. Yo estoy tranquilo, sé que genera temor”, reconoció por último en declaraciones a esta Agencia.
PCB
Los PCB son compuestos químicos formados por cloro, carbono e hidrógeno.
Según el texto de la ley 25670, se considera PCB a: “los policlorobifenilos (Bifenilos Policlorados), los policloroterfenilos (PCT), el monometiltetraclorodifenilmetano, el monometildiclorodifenilmetano, el monometildibromodifenilmetano, y a cualquier mezcla cuyo contenido total de cualquiera de las sustancias anteriormente mencionadas sea superior al 0,005% en peso (50ppm)”.
Estas sustancias fueron usadas como aislantes para equipos eléctricos como transformadores, capacitores y termostatos, debido a su gran estabilidad térmica, química y biológica, así como por su elevada constante dieléctrica.
Sin embargo, durante la década de 1970 se determinó que los PCB podrían ser dañinos para las personas, animales y el medio ambiente, dado que no se degradan rápidamente y a que posteriores disposiciones permitían liberar considerables cantidades al medio ambiente. En investigaciones se encontraron PCB en el agua, suelo, humos, aire, líquidos y tejidos corporales tanto animales como humanos.
Fecha de Publicación: 05/05/2009
Fuente: Litoral Digital - APF.Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
Luego de la denuncia de un grupo de vecinos de San Salvador que se manifestaron preocupados por su salud a raíz de un depósito de transformadores de la empresa Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima; el responsable de prensa de la compañía, Federico Gentile, aseguró a APF que los transformadores no son contaminantes • “La empresa ha sido decretada libre de PCB desde hace varios años”, afirmó
El intendente de San Salvador, Victor Hugo Vilhem, por su parte anticipó que los pobladores “van a ser informados” sobre el tema.
Un grupo de vecinos de San Salvador había presentado una nota al Municipio solicitando información y el pedido de relocalización de un depósito que la empresa estatal de energía tiene el centro de la ciudad. Los pobladores se sintieron movilizados ante la preocupación de que los aparatos representen daños para su salud.
Consultado al respecto, el responsable de prensa de Enersa, indicó: “Lo que estamos haciendo es contestar una nota que ellos mandaron explicándoles que la empresa ha sido decretada libre de PCB desde hace varios años. Todo lo que es líquido refrigerante fue eliminado”.
Además ante la inquietud de los ciudadanos de San Salvador, adelantó que “le vamos a entregar la nota con los certificados correspondientes y además si quieren podemos tener una reunión”.
Según entendió, la preocupación de los vecinos “es parte de un temor generalizado que tienen que ver con todo lo que son las instalaciones eléctricas” y en este sentido expresó que de acuerdo a los dichos de “la especialista en Toxicología de la Nación, no hay prueba cierta de que este tipo de instalaciones provoquen problemas físicos”, señaló.
Por su parte, el intendente Vilhem dijo que “confía” en lo dicho por Enersa y en este orden reiteró que “la gente de la empresa aseguró que los transformadores no tienen PCB”.
En respuesta a los vecinos además comentó que “desde la mesa ambiental del Concejo Deliberante se les va a pasar información. Yo estoy tranquilo, sé que genera temor”, reconoció por último en declaraciones a esta Agencia.
PCB
Los PCB son compuestos químicos formados por cloro, carbono e hidrógeno.
Según el texto de la ley 25670, se considera PCB a: “los policlorobifenilos (Bifenilos Policlorados), los policloroterfenilos (PCT), el monometiltetraclorodifenilmetano, el monometildiclorodifenilmetano, el monometildibromodifenilmetano, y a cualquier mezcla cuyo contenido total de cualquiera de las sustancias anteriormente mencionadas sea superior al 0,005% en peso (50ppm)”.
Estas sustancias fueron usadas como aislantes para equipos eléctricos como transformadores, capacitores y termostatos, debido a su gran estabilidad térmica, química y biológica, así como por su elevada constante dieléctrica.
Sin embargo, durante la década de 1970 se determinó que los PCB podrían ser dañinos para las personas, animales y el medio ambiente, dado que no se degradan rápidamente y a que posteriores disposiciones permitían liberar considerables cantidades al medio ambiente. En investigaciones se encontraron PCB en el agua, suelo, humos, aire, líquidos y tejidos corporales tanto animales como humanos.
Córdoba: "descubren" que la basura es rentable
Ahora, la basura le podría generar millonarios ingresos al municipio
Fecha de Publicación: 04/05/2009
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
El municipio iniciaría en 30 días el proceso licitatorio con el enviado del pliego de condiciones al Concejo Deliberante. Ya hay una propuesta de empresarios norteamericanos y hoy haría otro tanto un grupo chileno.
En 30 días la Municipalidad de Córdoba planea llamar a licitación pública el tratamiento de los residuos domiciliarios que genera la ciudad de Córdoba. Ya se ha presentado, a título de iniciativa privada, una oferta, y hoy se elevará una segunda. Se trata de dos grupos, uno de origen norteamericano y otro chileno
Dado que la basura es un problema histórico y que recientemente se produjera un conflicto de proporciones con la comuna de Bouwer -donde se entierran los residuos-, las propuestas han generado una serie de recelos, fundamentalmente en el Concejo Deliberante, al punto de que las autoridades municipales, tras estudiar las ofertas y previo al proceso licitatorio, quieren llevar una comitiva de concejales y funcionarios a Chile y Estados Unidos para vencer prevenciones que compliquen el proceso.
Es que el pasivo ambiental absoluto que hasta ahora representan las miles de toneladas que genera la ciudad, los residuos podrían transformarse en una fuente de millonarios ingresos para la Municipalidad, además de no representar costos el remanente que quede tras el reciclado.
En realidad, no habría más que trasladarse hasta Ezeiza o la ciudad de La Rioja, para comprobar lo que empresas nacionales realizan allí con innovadoras tecnologías de tratamiento.
Si los proyectos pueden ser verificados y se implementa un sistema de reciclado, el municipio pasará de pagar millones de pesos mensuales para el enterramiento, a percibir, de acuerdo a lo ofrecido por empresa norteamericana, el de 10% de lo producido en el emprendimiento. Una situación similar se presentaría con la firma de origen chileno.
Cabe aclarar que el Centro de Investigación y Formación en Salud Ambiental de la Facultad de Ciencias Médicas viene escribiendo y repitiendo desde hace años acerca de la producción por rescate del material reciclable o reutilizable. De acuerdo a su último informe se habla de cifras que oscilan en torno a los 125.000.000 de pesos anuales.
Todo esto enmarcado en un escenario global muy dificultoso ya que sólo seis meses atrás el plástico se vendía a 1,5 dólar el kilogramo mientras que ahora sólo se consiguen 0,15 dólar por el mismo peso (por la caída del precio del petróleo).
Composición
Nuestros residuos están compuestos de 10% de plásticos cuyo valor es de 600 pesos la tonelada; 5% de vidrios a 200 pesos la tonelada; 5% de metales a 1.400 pesos la tonelada; 10% de papel a 200 pesos la tonelada; 16% de compost a 200 pesos la tonelada.
La mitad de los habitantes de la provincia viven en Córdoba Capital, mientras que el resto lo hace en 426 localidades, de las cuales 190 tienen menos de 1.000 habitantes; 160 tienen entre 1.000 y 6.000; 60 entre 6.000 y 24.000; 10 entre 24.000 y 48.000; y 6 entre 48.000 y 192.000.
Las 190 localidades de menos de 1.000 habitantes generan, en promedio, 200 toneladas de basura al año. Con conocimientos simples de aritmética y un remanente de ganas de trabajar llegamos a que se puede rescatar de esta basura y sin traslado alguno, entre 40.000 y 80.000 pesos anuales. Este trabajo lo pueden realizar, en cada localidad, una o a lo sumo dos personas que no necesitarán más inversión o ayuda que 10.000 a 12.000 pesos para la compra de herramientas y capacitación.
O sea que con una inversión total de 2.000.0000 de pesos se puede resolver de manera sustentable y definitiva el problema de 190 localidades en las que viven 100.000 personas preocupadas y agredidas por el destrato de sus desechos y, como si esto fuera poco, se le daría trabajo genuino a 325 familias.
Las 160 localidades de más de 1.000 habitantes y menos de 6.000 generan en promedio 1.400 toneladas al año de basura, de las cuales se puede rescatar entre 80.000 y 480.000 pesos al año. Este trabajo lo pueden realizar, en cada localidad, dos a 10 personas que no necesitarán más inversión o ayuda que 20.000 a 50.000 pesos para la compra de herramientas, galpón y capacitación. O sea que con una inversión total de 6.000.0000 de pesos se puede resolver de manera sustentable y definitiva el problema de 160 localidades, de casi 450.000 personas y se les daría trabajo genuino a 1.200 familias.
Si seguimos con este ejercicio, nos daremos cuenta fácilmente que el problema tiene una solución sencilla, aplicable, fuertemente dependiente de la capacitación, que genera empleo legal y por sobre todo que nos evita el grotesco planteado durante una década de la comparsa de los camiones de basura en nuestras rutas ya de por sí congestionadas.
Fecha de Publicación: 04/05/2009
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
El municipio iniciaría en 30 días el proceso licitatorio con el enviado del pliego de condiciones al Concejo Deliberante. Ya hay una propuesta de empresarios norteamericanos y hoy haría otro tanto un grupo chileno.
En 30 días la Municipalidad de Córdoba planea llamar a licitación pública el tratamiento de los residuos domiciliarios que genera la ciudad de Córdoba. Ya se ha presentado, a título de iniciativa privada, una oferta, y hoy se elevará una segunda. Se trata de dos grupos, uno de origen norteamericano y otro chileno
Dado que la basura es un problema histórico y que recientemente se produjera un conflicto de proporciones con la comuna de Bouwer -donde se entierran los residuos-, las propuestas han generado una serie de recelos, fundamentalmente en el Concejo Deliberante, al punto de que las autoridades municipales, tras estudiar las ofertas y previo al proceso licitatorio, quieren llevar una comitiva de concejales y funcionarios a Chile y Estados Unidos para vencer prevenciones que compliquen el proceso.
Es que el pasivo ambiental absoluto que hasta ahora representan las miles de toneladas que genera la ciudad, los residuos podrían transformarse en una fuente de millonarios ingresos para la Municipalidad, además de no representar costos el remanente que quede tras el reciclado.
En realidad, no habría más que trasladarse hasta Ezeiza o la ciudad de La Rioja, para comprobar lo que empresas nacionales realizan allí con innovadoras tecnologías de tratamiento.
Si los proyectos pueden ser verificados y se implementa un sistema de reciclado, el municipio pasará de pagar millones de pesos mensuales para el enterramiento, a percibir, de acuerdo a lo ofrecido por empresa norteamericana, el de 10% de lo producido en el emprendimiento. Una situación similar se presentaría con la firma de origen chileno.
Cabe aclarar que el Centro de Investigación y Formación en Salud Ambiental de la Facultad de Ciencias Médicas viene escribiendo y repitiendo desde hace años acerca de la producción por rescate del material reciclable o reutilizable. De acuerdo a su último informe se habla de cifras que oscilan en torno a los 125.000.000 de pesos anuales.
Todo esto enmarcado en un escenario global muy dificultoso ya que sólo seis meses atrás el plástico se vendía a 1,5 dólar el kilogramo mientras que ahora sólo se consiguen 0,15 dólar por el mismo peso (por la caída del precio del petróleo).
Composición
Nuestros residuos están compuestos de 10% de plásticos cuyo valor es de 600 pesos la tonelada; 5% de vidrios a 200 pesos la tonelada; 5% de metales a 1.400 pesos la tonelada; 10% de papel a 200 pesos la tonelada; 16% de compost a 200 pesos la tonelada.
La mitad de los habitantes de la provincia viven en Córdoba Capital, mientras que el resto lo hace en 426 localidades, de las cuales 190 tienen menos de 1.000 habitantes; 160 tienen entre 1.000 y 6.000; 60 entre 6.000 y 24.000; 10 entre 24.000 y 48.000; y 6 entre 48.000 y 192.000.
Las 190 localidades de menos de 1.000 habitantes generan, en promedio, 200 toneladas de basura al año. Con conocimientos simples de aritmética y un remanente de ganas de trabajar llegamos a que se puede rescatar de esta basura y sin traslado alguno, entre 40.000 y 80.000 pesos anuales. Este trabajo lo pueden realizar, en cada localidad, una o a lo sumo dos personas que no necesitarán más inversión o ayuda que 10.000 a 12.000 pesos para la compra de herramientas y capacitación.
O sea que con una inversión total de 2.000.0000 de pesos se puede resolver de manera sustentable y definitiva el problema de 190 localidades en las que viven 100.000 personas preocupadas y agredidas por el destrato de sus desechos y, como si esto fuera poco, se le daría trabajo genuino a 325 familias.
Las 160 localidades de más de 1.000 habitantes y menos de 6.000 generan en promedio 1.400 toneladas al año de basura, de las cuales se puede rescatar entre 80.000 y 480.000 pesos al año. Este trabajo lo pueden realizar, en cada localidad, dos a 10 personas que no necesitarán más inversión o ayuda que 20.000 a 50.000 pesos para la compra de herramientas, galpón y capacitación. O sea que con una inversión total de 6.000.0000 de pesos se puede resolver de manera sustentable y definitiva el problema de 160 localidades, de casi 450.000 personas y se les daría trabajo genuino a 1.200 familias.
Si seguimos con este ejercicio, nos daremos cuenta fácilmente que el problema tiene una solución sencilla, aplicable, fuertemente dependiente de la capacitación, que genera empleo legal y por sobre todo que nos evita el grotesco planteado durante una década de la comparsa de los camiones de basura en nuestras rutas ya de por sí congestionadas.
Argentina es casi un experimento masivo
“Lo que sucede en Argentina es casi un experimento masivo”
Fecha de Publicación: 03/05/2009
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Hace dos semanas denunció en Página/12 los efectos devastadores del compuesto herbicida sobre los embriones humanos. Esperaba una reacción, “pero no tan violenta”: fue amenazado, le armaron una campaña de desprestigio y hasta afirmaron que sus investigaciones no existían. Carrasco contesta y renueva sus cargos contra las multinacionales químicas.
Amenazas anónimas, campaña de desprestigio mediáticas y presiones políticas fueron algunas de las consecuencias de un doble pecado, investigar los efectos sanitarios del modelo agropecuario y, más grave aún, animarse a difundirlos. En el segundo piso de la Facultad de Medicina de la UBA trabaja Andrés Carrasco, profesor de embriología, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y director del Laboratorio de Embriología Molecular. Con treinta años de trabajo científico y académico, confirmó hace veinte días el efecto letal del glifosato en embriones, cuya marca comercial más famosa es Roundup, de la multinacional Monsanto. Sabía que vendría una réplica del sector, pero no esperaba que fuera de un calibre tan alto. “No descubrí nada nuevo. Sólo confirmé lo que otros científicos descubrieron”, explica, en su oficina pequeña y luminosa. Pasaron dos semanas complejas, con una campaña de desprestigio que aún no termina. Prefirió el silencio y avanzar en nuevas pruebas. Hasta que pusieron en duda la existencia de su investigación. “Creen que pueden ensuciar fácilmente treinta años de carrera. Son hipócritas, cipayos de las corporaciones, pero tienen miedo. Saben que no pueden tapar el sol con la mano. Hay pruebas científicas y, sobre todo, hay centenares de pueblos que son la prueba viva de la emergencia sanitaria.”
Veinte días atrás, cuando este diario difundió su investigación, ninguna empresa ni medio del sector retomó el tema. Pero tres días después se conoció otro hecho, inesperado: la Asociación de Abogados Ambientalistas presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, por el cual solicitó la prohibición de uso y venta hasta tanto no se investiguen sus efectos en la salud y el ambiente. Las empresas encendieron luces amarillas y comenzaron con comunicados, alarmadas por la posible baja de rentabilidad. Cinco días después, el lunes 20, el Ministerio de Defensa prohibió la siembra de soja en sus campos, haciéndose eco del efecto nocivo del agrotóxico. Fue un hecho político inédito, una cartera nacional alertó sobre los males de los agroquímicos. En ese momento, empresas, cámaras del sector, medios de comunicación y operadores políticos declararon el alerta máxima. Nunca antes las multinacionales del agro y sus voceros habían reaccionado tan violentamente. Durante toda la semana montaron una campaña en defensa de los agrotóxicos y, al mismo tiempo, de desprestigio hacia las voces críticas. El temor de los sostenedores de los agronegocios es la prohibición de su agrotóxico más famoso, uno de los químicos emblema del modelo agropecuario actual.
Glifosato, toxicidad y reacciones
–¿Esperaba una reacción como la que se dio?
–No. Fue una reacción violenta, desmedida y sucia. Sobre todo porque no descubrí nada nuevo, sólo confirmé algo a lo que otros habían llegado por otros caminos. Por eso no entiendo por qué tanto revuelo de las empresas. Hay que recordar que el origen del trabajo se remonta a contactos con comunidades víctimas del uso de agroquímicos. Ellas son la prueba más irrefutable de lo que yo investigué con un sistema y modelo experimental con el trabajo de hace 30 años, y con el cual confirmé que el glifosato es devastador en embriones anfibios; aun en dosis muy por debajo de las usadas en agricultura, ocasiona diversas y numerosas deformaciones.
–¿Los resultados son extrapolables a la salud humana?
–Los modelos animales de vertebrados que hoy se usan en la investigación embriológica tienen una mecánica del desarrollo embrionario temprano y una regulación genética común. Los resultados deben ser considerados extrapolables cuando un impacto externo los altera. El mundo científico lo sabe, y funcionarios de los ministerios también. Por eso, cuando encontré esas evidencias surgieron dos cuestiones a resolver, cómo seguir la investigación para saber cuál es la mecanística de un efecto que altera la forma normal del embrión, lo cual está en marcha. Y la otra decisión era cómo darla a conocer.
–¿Por qué la difusión se transforma en un problema?
–Porque no hay canales institucionales confiables que puedan receptar investigaciones de este tipo, con poderosos intereses en contra. Entonces la decisión personal fue hacerla pública, ya que no existe razón de Estado ni intereses económicos de las corporaciones que justifiquen el silencio cuando se trata de la salud pública. Hay que dejarlo claro, cuando se tiene un dato que sólo le interesa a un círculo pequeño, se lo pueden guardar hasta tener ajustado hasta el más mínimo detalle y lo canaliza por medios para ese pequeño círculo. Pero cuando uno demuestra hechos que pueden tener impacto en la salud pública, es obligación darle una difusión urgente y masiva.
–¿Es una práctica común dar difusión a un avance científico antes de estar publicado en una revista científica?
–Es algo totalmente común. En el país hay instituciones que todos los días difunden sus progresos científicos, que hasta poseen agentes de prensa que difunden los avances; nadie los cuestiona y los medios de comunicación los replican sin preguntar. Difunden progresos, sin papers, sin publicaciones y está muy bien. Pero claro, esas difusiones no afectan intereses de grupos poderosos.
–Pero existe una tensión en el ámbito científico sobre cuándo dar a conocer un avance.
–La tensión es si la divulgación debería esperar a ser “aprobado” (remarco las comillas porque es todo un tema aparte, que lleva años). Ahora, si la investigación tiene implicancias más allá de lo académico, afecta a la sociedad, el dilema moral es si me lo guardo hasta que termine el más mínimo detalle y mi narcisismo esté satisfecho, o prendo el alerta. Yo decidí dar la alerta, e insisto en que no es nada nuevo, hay antecedentes claros como Robert Belle y Gilles-Eric Seralini, que han hecho estudios con otros modelos, publicados, y con resultados más importantes que los míos. Lo que tendrían que hacer las instituciones, en vez de atacarme, como está sucediendo desde algunos funcionarios y las empresas, es informarse y comenzar a trabajar para remediar lo sucedido.
–Las empresas, y los medios, de los agronegocios sostienen que no hay estudios serios.
–Hay investigaciones en diversas partes del mundo y son muy serias, como las que acabo de mencionar. Las empresas y sus periodistas empleados descalifican una investigación, pero al mismo tiempo no escuchan la catarata de cuadros médicos palpables en las zonas sojeras; las provincias están plagadas de víctimas de agrotóxicos, pero ahí los diarios no quieren llegar, y mucho menos las empresas responsables. No entiendo por qué mi relato tiene más importancia que el de las Madres de Ituzaingó (barrio de las afueras de Córdoba, emblema de la contaminación con agroquímicos). Los médicos de las provincias están desde hace años denunciando, los campesinos y las barriadas urbanas también. Y queda todo silenciado. Es una evidencia de la realidad y es incontrastable. Yo me inspiré en esa realidad y los resultados son los conocidos. Las empresas del agro, los medios de comunicación, el mundo científico y la dirigencia política son básicamente hipócritas respecto de las consecuencias de los agrotóxicos, protestan y descalifican una simple investigación pero no son capaces de observar las innumerables evidencias médicas y reclamos en Santiago del Estero, Chaco, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe.
–¿Qué otros trabajos existen?
–Belle y Seralini en Francia. También hay trabajos de la Universidad Nacional del Litoral y de investigadores como Alejandro Oliva, de Rosario, que contó con la colaboración del INTA y Federación Agraria. Hay relevamientos de los doctores Rodolfo Páramo (Santa Fe) y Darío Gianfelici (Entre Ríos). No son muchos estudios, pero existen, son serios y están disponibles.
–¿Por qué el sector científico no estudia?
–Porque no en todo el mundo hay tan enorme cantidad de hectáreas con soja como se da en la Argentina. Hay casi 18 millones de hectáreas. Desde el punto de vista ecotoxicológico, lo que sucede en Argentina es casi un experimento masivo.
Las corporaciones y la ciencia
–Se intentó deslegitimar su investigación diciendo que la UBA y el Conicet no sabían de su trabajo.
–La UBA y el Conicet son organismos de gestión, no tienen por qué conocer todo lo que hago yo o lo que hacen todos sus investigadores. Está dentro de nuestras facultades definir las líneas de trabajo, investigar y dar a conocer resultados. Es la lógica de la investigación. Por eso yo no tengo que pedir autorización para iniciar una idea o un tema nuevo y ellos no tienen por qué conocerlo, porque la ciencia no funciona con organismos fiscalizadores de los temas que elegimos. Forma parte de la libertad académica, nos movemos por hipótesis, preguntas y desarrollamos investigaciones. También se dijo que el Conicet, como institución, no suscribió a mi investigación. Y es verdad, porque no se lo pedí y no tiene por qué suscribir en el marco de una idea nueva dentro de la amplitud de un proyecto. Es lo que sucede en centenares de investigaciones que se realizan. Que quede claro, el Conicet no tiene responsabilidad sobre mis decisiones. Es una decisión personal, como corresponde, no institucional. Y está dentro de mis facultades. Tampoco se requiere autorización institucional para desarrollar investigaciones, aunque sabemos que algunas son más resistidas que otras.
–Son públicos los convenios entre Conicet y la minera Barrick Gold, y también con Monsanto, con la cual hasta contaban con un premio de investigación conjunto (“Animarse a Emprender”). ¿Las investigaciones que pudieran ser críticas con esos sectores son menos bienvenidas que otras?
–(Sonríe.) Prefiero no responder.
–¿Usted podría investigar para Monsanto?
–Desde ya. El Conicet y la UBA lo permiten. Es más, muchos científicos trabajan desde hace años para empresas de biotecnología bajo la figura de asesor-consultor, por la cual el Conicet permite hasta doce horas semanales que sus investigadores provean servicios al sector público o privado.
–Se acusa a su investigación de no estar validada en una publicación científica.
–Es una chicana barata, de cuarta, que sólo muestra el temor de las empresas. En el mundo científico es sabido que la validación de un trabajo no se da por su publicación en una revista del sector. Es más, los científicos somos testigos de errores e incluso fraudes que se publican en revistas especializadas. Muchas veces se publica algo y luego se demuestra que es erróneo. Y, por otro lado, muchas veces hay investigaciones que no se publican no porque sean malas, sino porque a la revista no le interesa, sea por línea editorial o intereses en juego. Un ejemplo personal: en 1984 descubrimos genes muy importantes para el desarrollo embrionario, genes Hox. Publiqué dos papers en Cell, una de las mejores revistas del mundo, y había quienes creían y quienes no. Tuvieron que pasar años para que la comunidad científica lo validara.
–El Laboratorio de Embriología es dependiente del Conicet. ¿Su trabajo tiene que ser validado por el Conicet?
–Que por favor quede claro, ni el Conicet ni un comité editorial validan investigaciones, lo que hacen es evaluar la evidencia que uno presenta y juzgan la solidez desde la presentación. No tienen forma de verificar los resultados en forma práctica. La única certeza de una validación se da en que otros investigadores puedan repetir de forma sistemática, y hasta perfeccionada, los resultados de la investigación realizada.
–¿Cuándo va a compartir su trabajo para ponerlo a discusión de la comunidad científica?
–En breve. Debo terminar algunos ensayos y estará listo. Lo que más quiero es pasárselo a colegas, investigadores que repliquen el trabajo. De hecho ya lo he compartido con pares del país y del exterior. Desde ya que debieran ser estudios independientes, no los provistos por las corporaciones o espacios del Estado a su servicio.
–¿Monsanto podría replicarlos?
–Si contrata investigadores idóneos, sí. No tengo dudas de que lo hará y todos sabemos a qué resultados llegarán.
–¿Cómo continuará la investigación?
–Ya confirmamos las malformaciones. Ahora estamos avanzando en conocer cuál es el mecanismo de acción, es un paso más. Como es un trabajo científico, continuaré con el grado de libertad académica de que dispongo, tratando de ver cuáles son las causas mecanísticas y moleculares de las observaciones hechas para publicar los resultados. Aparte del anfibio, que nos sirve de modelo, extenderemos los experimentos a otros modelos de desarrollo embriológico, como aves.
–¿Puede suceder que, con estas nuevas pruebas, los resultados difundidos –de malformaciones– no se repitan?
–No hay forma. Porque fueron experimentos controlados, en los que fuimos rigurosos. Y, además, porque ya hay evidencia científica que va en ese sentido. Por eso, insisto, no descubrimos nada nuevo. Yo llegué a un resultado y creo en él. Si la comunidad científica llega a otra conclusión, bienvenido sea. El centro del problema no debiera ser esta investigación. Sería querer tapar el sol con la mano. Yo sólo aporté un punto más a la discusión. Pero hay sectores que quieren cerrarla, ni siquiera por convencimiento ideológico, sólo por conveniencia económica.
–Se acusa a su trabajo de usar un método erróneo con el glifosato, y que por eso los resultados son devastadores: que las concentraciones de la experimentación nunca son las que eventualmente podría recibir un humano al ser aplicado en el campo. Hubo quien mencionó que “si ponemos gasoil en el vaso de leche, claro que ocasionará intoxicaciones, y no por eso se prohibirá el combustible”.
–Ese tipo de afirmación tienen varias facetas. Por un lado, muestra desconocimiento biológico, lo cual es entendible para quien no se dedica a esta rama de la ciencia. Pero, en boca de los voceros de las corporaciones, también muestra una intencionalidad lejana a la inocencia, con intenciones de desprestigiar una estrategia de análisis mundialmente aceptada. Entonces sí me parece una comparación poco seria, maliciosa e hipócrita. Es sabido, tanto en la comunidad científica como en el sector agropecuario, que la aspersión del herbicida afecta ecosistemas, operando directa o indirectamente sobre insectos y otras especies animales cuando se ponen en contacto con el herbicida. O sea que además de células vegetales, también afectan organismos compuestos por células animales. Nuestros experimentos alertan que tanto el cóctel comercial como la droga pura en células animales generan alteraciones del desarrollo embrionario. Por lo tanto el glifosato dentro de la célula embrionaria altera el funcionamiento celular, tal como sucede en las células vegetales de las malezas. Por otra parte, ya está probado que los herbicidas se trasladan por la acción del viento. Es una prueba de la realidad, incontrastable, el padecimiento de familias de campos linderos y de barrios cercanos a las fumigaciones. Por lo tanto, el glifosato puede atravesar barreras respiratorias y/o placentarias y entrar a las células embrionarias, incluso existen avances científicos en esa dirección, como también existen registros de glifosato y de sus posibles metabolitos presentes en mujeres embarazadas. Esto podría correlacionarse con potenciales efectos malformativos. Por lo tanto, desentrañar si el glifosato puro inyectado tiene efectos sobre el comportamiento de células embrionarias animales durante el desarrollo era ineludible en una estrategia experimental correcta, e insisto que utilicé una estrategia de análisis clásica de la investigación científica.
–¿Cree que hay que prohibir el glifosato?
–En mi trabajo yo no planteo eso. Y no es de mi competencia proponer una medida de ese tipo. Lo único que afirmo, respaldado en 30 años de estudio en la regulación genética embrionaria, es que este producto genera alteraciones en el desarrollo, estoy seguro de eso.
–Sus resultados no se corresponden con la clasificación del Senasa o las recomendaciones de la Secretaría de Agricultura.
–Es un claro problema de ellos, que lo clasifican como de baja toxicidad. Todo lo contrario de lo que afirman estudios diversos, que confirman la alteración de mecanismos celulares y, sobre todo, contrario a lo que padecen familias de una decena de provincias. Es de locos pensar que no pasa nada.
Fecha de Publicación: 03/05/2009
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Hace dos semanas denunció en Página/12 los efectos devastadores del compuesto herbicida sobre los embriones humanos. Esperaba una reacción, “pero no tan violenta”: fue amenazado, le armaron una campaña de desprestigio y hasta afirmaron que sus investigaciones no existían. Carrasco contesta y renueva sus cargos contra las multinacionales químicas.
Amenazas anónimas, campaña de desprestigio mediáticas y presiones políticas fueron algunas de las consecuencias de un doble pecado, investigar los efectos sanitarios del modelo agropecuario y, más grave aún, animarse a difundirlos. En el segundo piso de la Facultad de Medicina de la UBA trabaja Andrés Carrasco, profesor de embriología, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y director del Laboratorio de Embriología Molecular. Con treinta años de trabajo científico y académico, confirmó hace veinte días el efecto letal del glifosato en embriones, cuya marca comercial más famosa es Roundup, de la multinacional Monsanto. Sabía que vendría una réplica del sector, pero no esperaba que fuera de un calibre tan alto. “No descubrí nada nuevo. Sólo confirmé lo que otros científicos descubrieron”, explica, en su oficina pequeña y luminosa. Pasaron dos semanas complejas, con una campaña de desprestigio que aún no termina. Prefirió el silencio y avanzar en nuevas pruebas. Hasta que pusieron en duda la existencia de su investigación. “Creen que pueden ensuciar fácilmente treinta años de carrera. Son hipócritas, cipayos de las corporaciones, pero tienen miedo. Saben que no pueden tapar el sol con la mano. Hay pruebas científicas y, sobre todo, hay centenares de pueblos que son la prueba viva de la emergencia sanitaria.”
Veinte días atrás, cuando este diario difundió su investigación, ninguna empresa ni medio del sector retomó el tema. Pero tres días después se conoció otro hecho, inesperado: la Asociación de Abogados Ambientalistas presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, por el cual solicitó la prohibición de uso y venta hasta tanto no se investiguen sus efectos en la salud y el ambiente. Las empresas encendieron luces amarillas y comenzaron con comunicados, alarmadas por la posible baja de rentabilidad. Cinco días después, el lunes 20, el Ministerio de Defensa prohibió la siembra de soja en sus campos, haciéndose eco del efecto nocivo del agrotóxico. Fue un hecho político inédito, una cartera nacional alertó sobre los males de los agroquímicos. En ese momento, empresas, cámaras del sector, medios de comunicación y operadores políticos declararon el alerta máxima. Nunca antes las multinacionales del agro y sus voceros habían reaccionado tan violentamente. Durante toda la semana montaron una campaña en defensa de los agrotóxicos y, al mismo tiempo, de desprestigio hacia las voces críticas. El temor de los sostenedores de los agronegocios es la prohibición de su agrotóxico más famoso, uno de los químicos emblema del modelo agropecuario actual.
Glifosato, toxicidad y reacciones
–¿Esperaba una reacción como la que se dio?
–No. Fue una reacción violenta, desmedida y sucia. Sobre todo porque no descubrí nada nuevo, sólo confirmé algo a lo que otros habían llegado por otros caminos. Por eso no entiendo por qué tanto revuelo de las empresas. Hay que recordar que el origen del trabajo se remonta a contactos con comunidades víctimas del uso de agroquímicos. Ellas son la prueba más irrefutable de lo que yo investigué con un sistema y modelo experimental con el trabajo de hace 30 años, y con el cual confirmé que el glifosato es devastador en embriones anfibios; aun en dosis muy por debajo de las usadas en agricultura, ocasiona diversas y numerosas deformaciones.
–¿Los resultados son extrapolables a la salud humana?
–Los modelos animales de vertebrados que hoy se usan en la investigación embriológica tienen una mecánica del desarrollo embrionario temprano y una regulación genética común. Los resultados deben ser considerados extrapolables cuando un impacto externo los altera. El mundo científico lo sabe, y funcionarios de los ministerios también. Por eso, cuando encontré esas evidencias surgieron dos cuestiones a resolver, cómo seguir la investigación para saber cuál es la mecanística de un efecto que altera la forma normal del embrión, lo cual está en marcha. Y la otra decisión era cómo darla a conocer.
–¿Por qué la difusión se transforma en un problema?
–Porque no hay canales institucionales confiables que puedan receptar investigaciones de este tipo, con poderosos intereses en contra. Entonces la decisión personal fue hacerla pública, ya que no existe razón de Estado ni intereses económicos de las corporaciones que justifiquen el silencio cuando se trata de la salud pública. Hay que dejarlo claro, cuando se tiene un dato que sólo le interesa a un círculo pequeño, se lo pueden guardar hasta tener ajustado hasta el más mínimo detalle y lo canaliza por medios para ese pequeño círculo. Pero cuando uno demuestra hechos que pueden tener impacto en la salud pública, es obligación darle una difusión urgente y masiva.
–¿Es una práctica común dar difusión a un avance científico antes de estar publicado en una revista científica?
–Es algo totalmente común. En el país hay instituciones que todos los días difunden sus progresos científicos, que hasta poseen agentes de prensa que difunden los avances; nadie los cuestiona y los medios de comunicación los replican sin preguntar. Difunden progresos, sin papers, sin publicaciones y está muy bien. Pero claro, esas difusiones no afectan intereses de grupos poderosos.
–Pero existe una tensión en el ámbito científico sobre cuándo dar a conocer un avance.
–La tensión es si la divulgación debería esperar a ser “aprobado” (remarco las comillas porque es todo un tema aparte, que lleva años). Ahora, si la investigación tiene implicancias más allá de lo académico, afecta a la sociedad, el dilema moral es si me lo guardo hasta que termine el más mínimo detalle y mi narcisismo esté satisfecho, o prendo el alerta. Yo decidí dar la alerta, e insisto en que no es nada nuevo, hay antecedentes claros como Robert Belle y Gilles-Eric Seralini, que han hecho estudios con otros modelos, publicados, y con resultados más importantes que los míos. Lo que tendrían que hacer las instituciones, en vez de atacarme, como está sucediendo desde algunos funcionarios y las empresas, es informarse y comenzar a trabajar para remediar lo sucedido.
–Las empresas, y los medios, de los agronegocios sostienen que no hay estudios serios.
–Hay investigaciones en diversas partes del mundo y son muy serias, como las que acabo de mencionar. Las empresas y sus periodistas empleados descalifican una investigación, pero al mismo tiempo no escuchan la catarata de cuadros médicos palpables en las zonas sojeras; las provincias están plagadas de víctimas de agrotóxicos, pero ahí los diarios no quieren llegar, y mucho menos las empresas responsables. No entiendo por qué mi relato tiene más importancia que el de las Madres de Ituzaingó (barrio de las afueras de Córdoba, emblema de la contaminación con agroquímicos). Los médicos de las provincias están desde hace años denunciando, los campesinos y las barriadas urbanas también. Y queda todo silenciado. Es una evidencia de la realidad y es incontrastable. Yo me inspiré en esa realidad y los resultados son los conocidos. Las empresas del agro, los medios de comunicación, el mundo científico y la dirigencia política son básicamente hipócritas respecto de las consecuencias de los agrotóxicos, protestan y descalifican una simple investigación pero no son capaces de observar las innumerables evidencias médicas y reclamos en Santiago del Estero, Chaco, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe.
–¿Qué otros trabajos existen?
–Belle y Seralini en Francia. También hay trabajos de la Universidad Nacional del Litoral y de investigadores como Alejandro Oliva, de Rosario, que contó con la colaboración del INTA y Federación Agraria. Hay relevamientos de los doctores Rodolfo Páramo (Santa Fe) y Darío Gianfelici (Entre Ríos). No son muchos estudios, pero existen, son serios y están disponibles.
–¿Por qué el sector científico no estudia?
–Porque no en todo el mundo hay tan enorme cantidad de hectáreas con soja como se da en la Argentina. Hay casi 18 millones de hectáreas. Desde el punto de vista ecotoxicológico, lo que sucede en Argentina es casi un experimento masivo.
Las corporaciones y la ciencia
–Se intentó deslegitimar su investigación diciendo que la UBA y el Conicet no sabían de su trabajo.
–La UBA y el Conicet son organismos de gestión, no tienen por qué conocer todo lo que hago yo o lo que hacen todos sus investigadores. Está dentro de nuestras facultades definir las líneas de trabajo, investigar y dar a conocer resultados. Es la lógica de la investigación. Por eso yo no tengo que pedir autorización para iniciar una idea o un tema nuevo y ellos no tienen por qué conocerlo, porque la ciencia no funciona con organismos fiscalizadores de los temas que elegimos. Forma parte de la libertad académica, nos movemos por hipótesis, preguntas y desarrollamos investigaciones. También se dijo que el Conicet, como institución, no suscribió a mi investigación. Y es verdad, porque no se lo pedí y no tiene por qué suscribir en el marco de una idea nueva dentro de la amplitud de un proyecto. Es lo que sucede en centenares de investigaciones que se realizan. Que quede claro, el Conicet no tiene responsabilidad sobre mis decisiones. Es una decisión personal, como corresponde, no institucional. Y está dentro de mis facultades. Tampoco se requiere autorización institucional para desarrollar investigaciones, aunque sabemos que algunas son más resistidas que otras.
–Son públicos los convenios entre Conicet y la minera Barrick Gold, y también con Monsanto, con la cual hasta contaban con un premio de investigación conjunto (“Animarse a Emprender”). ¿Las investigaciones que pudieran ser críticas con esos sectores son menos bienvenidas que otras?
–(Sonríe.) Prefiero no responder.
–¿Usted podría investigar para Monsanto?
–Desde ya. El Conicet y la UBA lo permiten. Es más, muchos científicos trabajan desde hace años para empresas de biotecnología bajo la figura de asesor-consultor, por la cual el Conicet permite hasta doce horas semanales que sus investigadores provean servicios al sector público o privado.
–Se acusa a su investigación de no estar validada en una publicación científica.
–Es una chicana barata, de cuarta, que sólo muestra el temor de las empresas. En el mundo científico es sabido que la validación de un trabajo no se da por su publicación en una revista del sector. Es más, los científicos somos testigos de errores e incluso fraudes que se publican en revistas especializadas. Muchas veces se publica algo y luego se demuestra que es erróneo. Y, por otro lado, muchas veces hay investigaciones que no se publican no porque sean malas, sino porque a la revista no le interesa, sea por línea editorial o intereses en juego. Un ejemplo personal: en 1984 descubrimos genes muy importantes para el desarrollo embrionario, genes Hox. Publiqué dos papers en Cell, una de las mejores revistas del mundo, y había quienes creían y quienes no. Tuvieron que pasar años para que la comunidad científica lo validara.
–El Laboratorio de Embriología es dependiente del Conicet. ¿Su trabajo tiene que ser validado por el Conicet?
–Que por favor quede claro, ni el Conicet ni un comité editorial validan investigaciones, lo que hacen es evaluar la evidencia que uno presenta y juzgan la solidez desde la presentación. No tienen forma de verificar los resultados en forma práctica. La única certeza de una validación se da en que otros investigadores puedan repetir de forma sistemática, y hasta perfeccionada, los resultados de la investigación realizada.
–¿Cuándo va a compartir su trabajo para ponerlo a discusión de la comunidad científica?
–En breve. Debo terminar algunos ensayos y estará listo. Lo que más quiero es pasárselo a colegas, investigadores que repliquen el trabajo. De hecho ya lo he compartido con pares del país y del exterior. Desde ya que debieran ser estudios independientes, no los provistos por las corporaciones o espacios del Estado a su servicio.
–¿Monsanto podría replicarlos?
–Si contrata investigadores idóneos, sí. No tengo dudas de que lo hará y todos sabemos a qué resultados llegarán.
–¿Cómo continuará la investigación?
–Ya confirmamos las malformaciones. Ahora estamos avanzando en conocer cuál es el mecanismo de acción, es un paso más. Como es un trabajo científico, continuaré con el grado de libertad académica de que dispongo, tratando de ver cuáles son las causas mecanísticas y moleculares de las observaciones hechas para publicar los resultados. Aparte del anfibio, que nos sirve de modelo, extenderemos los experimentos a otros modelos de desarrollo embriológico, como aves.
–¿Puede suceder que, con estas nuevas pruebas, los resultados difundidos –de malformaciones– no se repitan?
–No hay forma. Porque fueron experimentos controlados, en los que fuimos rigurosos. Y, además, porque ya hay evidencia científica que va en ese sentido. Por eso, insisto, no descubrimos nada nuevo. Yo llegué a un resultado y creo en él. Si la comunidad científica llega a otra conclusión, bienvenido sea. El centro del problema no debiera ser esta investigación. Sería querer tapar el sol con la mano. Yo sólo aporté un punto más a la discusión. Pero hay sectores que quieren cerrarla, ni siquiera por convencimiento ideológico, sólo por conveniencia económica.
–Se acusa a su trabajo de usar un método erróneo con el glifosato, y que por eso los resultados son devastadores: que las concentraciones de la experimentación nunca son las que eventualmente podría recibir un humano al ser aplicado en el campo. Hubo quien mencionó que “si ponemos gasoil en el vaso de leche, claro que ocasionará intoxicaciones, y no por eso se prohibirá el combustible”.
–Ese tipo de afirmación tienen varias facetas. Por un lado, muestra desconocimiento biológico, lo cual es entendible para quien no se dedica a esta rama de la ciencia. Pero, en boca de los voceros de las corporaciones, también muestra una intencionalidad lejana a la inocencia, con intenciones de desprestigiar una estrategia de análisis mundialmente aceptada. Entonces sí me parece una comparación poco seria, maliciosa e hipócrita. Es sabido, tanto en la comunidad científica como en el sector agropecuario, que la aspersión del herbicida afecta ecosistemas, operando directa o indirectamente sobre insectos y otras especies animales cuando se ponen en contacto con el herbicida. O sea que además de células vegetales, también afectan organismos compuestos por células animales. Nuestros experimentos alertan que tanto el cóctel comercial como la droga pura en células animales generan alteraciones del desarrollo embrionario. Por lo tanto el glifosato dentro de la célula embrionaria altera el funcionamiento celular, tal como sucede en las células vegetales de las malezas. Por otra parte, ya está probado que los herbicidas se trasladan por la acción del viento. Es una prueba de la realidad, incontrastable, el padecimiento de familias de campos linderos y de barrios cercanos a las fumigaciones. Por lo tanto, el glifosato puede atravesar barreras respiratorias y/o placentarias y entrar a las células embrionarias, incluso existen avances científicos en esa dirección, como también existen registros de glifosato y de sus posibles metabolitos presentes en mujeres embarazadas. Esto podría correlacionarse con potenciales efectos malformativos. Por lo tanto, desentrañar si el glifosato puro inyectado tiene efectos sobre el comportamiento de células embrionarias animales durante el desarrollo era ineludible en una estrategia experimental correcta, e insisto que utilicé una estrategia de análisis clásica de la investigación científica.
–¿Cree que hay que prohibir el glifosato?
–En mi trabajo yo no planteo eso. Y no es de mi competencia proponer una medida de ese tipo. Lo único que afirmo, respaldado en 30 años de estudio en la regulación genética embrionaria, es que este producto genera alteraciones en el desarrollo, estoy seguro de eso.
–Sus resultados no se corresponden con la clasificación del Senasa o las recomendaciones de la Secretaría de Agricultura.
–Es un claro problema de ellos, que lo clasifican como de baja toxicidad. Todo lo contrario de lo que afirman estudios diversos, que confirman la alteración de mecanismos celulares y, sobre todo, contrario a lo que padecen familias de una decena de provincias. Es de locos pensar que no pasa nada.
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contaminación,
Nacional,
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Un modelo energético agotado
Un modelo energético agotado
Fecha de Publicación: 02/05/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Si no se revierte la actual política energética que desalienta la exploración y la producción, el país seguirá comiéndose las escasas reservas que quedan, y pondrá en riesgo su seguridad energética.
La República Argentina se encuentra encerrada en un complejo laberinto energético, del cual será difícil salir en el corto plazo. Las reservas hidrocarburíferas no detienen su caída, al tiempo que aumentan las importaciones y cae el esfuerzo exploratorio. Tampoco se fomenta el ahorro ni se invierte lo suficiente en energías renovables, teniendo en cuenta el enorme potencial que tiene nuestro país en ese sentido. Esta situación pone en serio riesgo el autoabastecimiento energético.
Para una matriz dependiente en 87 por ciento de los hidrocarburos –algo atípico a nivel mundial– es preocupante advertir que el coeficiente de reservas-producción de petróleo se viene deteriorando sistemáticamente desde 1999, merma que ya equivale a la producción acumulada por dos años, con un nivel de reservas que cubre hoy aproximadamente 11 años de la producción actual.
En el caso del gas, a lo largo de la década del ‘90 el ritmo de producción fue ostensiblemente mayor al de expansión de reservas. En ese mismo período comenzaron a trepar aceleradamente las exportaciones de petróleo y gas. Al mismo tiempo, se construyeron numerosas usinas gasíferas y Argentina se convirtió en líder mundial en utilización de gas natural comprimido (GNC) para vehículos.
El coeficiente reservas-producción de gas comenzó a deteriorarse con más fuerza a partir del año 2000. Es así como en 2007 las reservas comprobadas de gas eran 43 por ciento inferiores a las correspondientes siete años atrás. En términos globales y actuales, entre 2006 y 2008 las reservas de gas cayeron 13,7 por ciento y las de petróleo 13,4 por ciento.
Simultáneamente con esta progresiva merma de las reservas de hidrocarburos, a partir del año 2004 comenzaron a caer las exportaciones y a aumentar las importaciones de combustibles caros, como el fueloil (vía Venezuela mediante compras directas poco transparentes) y el gas natural líquido (GNL), debido a la fenomenal expansión que experimentó el consumo interno por la reactivación económica y la política de subsidios implementada por el Gobierno.
A esto hay que sumarle que Bolivia nos vende el gas más caro que a Brasil y todavía no ha podido validarse como proveedor cierto de nuestro país.
Como contrapartida, esta política ha desincentivado las inversiones en el sector energético. Los productores de hidrocarburos han tenido que lidiar no sólo con el riesgo geológico propio de la actividad, sino también con el “riesgo político” que implica el excesivo intervencionismo estatal en un contexto institucional sumamente inestable. En ese sentido, el principal problema ha sido la ausencia de reglas de juego claras que garanticen la previsibilidad tributaria.
Las consecuencias de esta política carente de visión estratégica están a la vista. Pese que a partir de 1999 comenzó un período de alzas permanentes del precio internacional del petróleo y sus derivados, paralelamente se agudizó la declinación del esfuerzo exploratorio. Gran parte de esa caída se explica por el comportamiento de Repsol-YPF, la principal petrolera del país.
Actualmente, YPF aporta 35 por ciento de la producción de petróleo y 27 por ciento del gas, mientras que en la década de los ‘90 suministraba 43 por ciento del petróleo y 35 por ciento del gas.
Por otra parte, la crisis financiera internacional, que arrasó con los precios de los commodities, sumada a los problemas propios de la economía argentina, afectó seriamente la actividad petrolera en el país. Las inversiones están estancadas y la conflictividad social en el sector va en aumento.
Debido a esta coyuntura, el precio de los combustibles que importa la Argentina cayó abruptamente, lo cual es un alivio para las arcas estatales. Pero también hay que remarcar que, por causas internas y externas, la economía y los recursos fiscales se deterioraron notablemente durante el último año. Por otra parte, es esperable que cuando las grandes economías comiencen a recuperarse, los precios vuelvan a trepar y encuentren a la Argentina muy mal parada, en caso de persistir la actual política energética.
Por más que el gobierno se empecine en negarlo, el modelo está agotado y el autoabastecimiento energético en peligro. Es inviable seguir estimulando las importaciones y el consumo energético intensivo a través de precios subsidiados en desmedro de quienes invierten en la producción de energía.
Si no se revierte la actual política energética que desalienta la exploración y la producción, el país seguirá comiéndose las escasas reservas que le quedan, poniendo en serio riesgo su seguridad energética y el futuro de las próximas generaciones de argentinos.
Fecha de Publicación: 02/05/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Si no se revierte la actual política energética que desalienta la exploración y la producción, el país seguirá comiéndose las escasas reservas que quedan, y pondrá en riesgo su seguridad energética.
La República Argentina se encuentra encerrada en un complejo laberinto energético, del cual será difícil salir en el corto plazo. Las reservas hidrocarburíferas no detienen su caída, al tiempo que aumentan las importaciones y cae el esfuerzo exploratorio. Tampoco se fomenta el ahorro ni se invierte lo suficiente en energías renovables, teniendo en cuenta el enorme potencial que tiene nuestro país en ese sentido. Esta situación pone en serio riesgo el autoabastecimiento energético.
Para una matriz dependiente en 87 por ciento de los hidrocarburos –algo atípico a nivel mundial– es preocupante advertir que el coeficiente de reservas-producción de petróleo se viene deteriorando sistemáticamente desde 1999, merma que ya equivale a la producción acumulada por dos años, con un nivel de reservas que cubre hoy aproximadamente 11 años de la producción actual.
En el caso del gas, a lo largo de la década del ‘90 el ritmo de producción fue ostensiblemente mayor al de expansión de reservas. En ese mismo período comenzaron a trepar aceleradamente las exportaciones de petróleo y gas. Al mismo tiempo, se construyeron numerosas usinas gasíferas y Argentina se convirtió en líder mundial en utilización de gas natural comprimido (GNC) para vehículos.
El coeficiente reservas-producción de gas comenzó a deteriorarse con más fuerza a partir del año 2000. Es así como en 2007 las reservas comprobadas de gas eran 43 por ciento inferiores a las correspondientes siete años atrás. En términos globales y actuales, entre 2006 y 2008 las reservas de gas cayeron 13,7 por ciento y las de petróleo 13,4 por ciento.
Simultáneamente con esta progresiva merma de las reservas de hidrocarburos, a partir del año 2004 comenzaron a caer las exportaciones y a aumentar las importaciones de combustibles caros, como el fueloil (vía Venezuela mediante compras directas poco transparentes) y el gas natural líquido (GNL), debido a la fenomenal expansión que experimentó el consumo interno por la reactivación económica y la política de subsidios implementada por el Gobierno.
A esto hay que sumarle que Bolivia nos vende el gas más caro que a Brasil y todavía no ha podido validarse como proveedor cierto de nuestro país.
Como contrapartida, esta política ha desincentivado las inversiones en el sector energético. Los productores de hidrocarburos han tenido que lidiar no sólo con el riesgo geológico propio de la actividad, sino también con el “riesgo político” que implica el excesivo intervencionismo estatal en un contexto institucional sumamente inestable. En ese sentido, el principal problema ha sido la ausencia de reglas de juego claras que garanticen la previsibilidad tributaria.
Las consecuencias de esta política carente de visión estratégica están a la vista. Pese que a partir de 1999 comenzó un período de alzas permanentes del precio internacional del petróleo y sus derivados, paralelamente se agudizó la declinación del esfuerzo exploratorio. Gran parte de esa caída se explica por el comportamiento de Repsol-YPF, la principal petrolera del país.
Actualmente, YPF aporta 35 por ciento de la producción de petróleo y 27 por ciento del gas, mientras que en la década de los ‘90 suministraba 43 por ciento del petróleo y 35 por ciento del gas.
Por otra parte, la crisis financiera internacional, que arrasó con los precios de los commodities, sumada a los problemas propios de la economía argentina, afectó seriamente la actividad petrolera en el país. Las inversiones están estancadas y la conflictividad social en el sector va en aumento.
Debido a esta coyuntura, el precio de los combustibles que importa la Argentina cayó abruptamente, lo cual es un alivio para las arcas estatales. Pero también hay que remarcar que, por causas internas y externas, la economía y los recursos fiscales se deterioraron notablemente durante el último año. Por otra parte, es esperable que cuando las grandes economías comiencen a recuperarse, los precios vuelvan a trepar y encuentren a la Argentina muy mal parada, en caso de persistir la actual política energética.
Por más que el gobierno se empecine en negarlo, el modelo está agotado y el autoabastecimiento energético en peligro. Es inviable seguir estimulando las importaciones y el consumo energético intensivo a través de precios subsidiados en desmedro de quienes invierten en la producción de energía.
Si no se revierte la actual política energética que desalienta la exploración y la producción, el país seguirá comiéndose las escasas reservas que le quedan, poniendo en serio riesgo su seguridad energética y el futuro de las próximas generaciones de argentinos.
Reservas de litio en Córdoba
Córdoba tiene reservas de litio, el petróleo del siglo XXI
Fecha de Publicación: 30/04/2009
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
En Traslasierra hay un importante yacimiento de este metal, cada vez más demandado por la industria automotriz para la fabricación de vehículos híbridos.
El litio, principal componente de las baterías de las futuras generaciones de automóviles, podría dar un importante impulso a la industria minera de Córdoba en los próximos años. Es que los yacimientos de litio de esta provincia, junto a los de San Luis y Catamarca, son los más promisorios del país. De hecho en Córdoba ya hay una mina activa, donde se obtiene el espomudeno, el mineral de donde se extrae el litio, pero en un mediano plazo podrían comenzar a explorarse otras zonas donde eventualmente el litio sería lo suficientemente abundante, como la laguna Mar Chiquita.
Desde que los gobiernos de Europa y Estados Unidos comenzaron a promover activamente la fabricación de vehículos híbridos con baterías de litio, la cotización de este metal en los mercados internacionales no ha dejado de crecer y los inversores internacionales han mostrado de inmediato su interés en Bolivia, que tiene alrededor de 5.000 millones de toneladas, la mayor reserva de litio del mundo. Bolivia está interesada en desarrollar la producción de este metal -cuyo precio en menos de cinco años subió de 30 a 300 dólares el kilo- para la industria automotriz, que hacia 2020 habrá copado el mercado con vehículos eléctricos que funcionan con baterías de litio.
“La noticia pasó hasta ahora inadvertida, pero es probable que en los próximos años se comience a hablar del litio casi tanto como ahora del petróleo. El litio se ha transformado en uno de los minerales con más perspectivas económicas en el mundo, ya que está destinado a convertirse en pieza clave en el proceso de sustitución de los combustibles fósiles, quizás sea el petróleo del siglo XXI”, indicaron expertos en el tema.
La forma más abundante en que se presenta el litio en tierras cordobesas es el espodumeno, un mineral que no despertaba hasta ahora demasiado interés económico; sin embargo esa situación podría cambiar a partir del desplazamiento de la matriz energética de los combustibles fósiles hacia los orgánicos (biodiesel) y eléctricos (como los autos híbridos impulsados por baterías de litio), de allí el renovado interés de las automotrices del mundo por conseguir ese metal. En una reciente conferencia sobre vehículos híbridos, se estimó que el mercado de vehículos impulsados por baterías de litio crecerá hasta 1,6 mil millones de dólares para 2015, prácticamente triplicándose cada año su volumen desde la actualidad.
El director de Minería de la Provincia, geólogo Alberto Gigena, le explicó a este medio que en Traslasierra, en la zona de Las Tapias, hay un importante yacimiento de espomudeno. Actualmente, ese yacimiento está concesionado al grupo Andino Minerales, de capitales locales, que explota esa mina para la obtención de cuarzo y feldespato. Años atrás también era importante la extracción de berilo, hasta que perdió valor comercial. El funcionario agregó que por ahora, sólo a nivel de investigación, se analiza la laguna de Mar Chiquita, que quizás podría ser una fuente importante de litio. Estudios realizados en décadas anteriores estimaron que allí había una reserva de aproximadamente 337 mil toneladas de cloruro de litio.
La mayoría de las baterías electrónicas está hecha de litio. Por su elevado calor específico, el litio se emplea en aplicaciones de transferencia de calor, y por su elevado potencial electroquímico constituye un ánodo adecuado para las baterías eléctricas.
Además, las sales de litio se emplean para tratamientos psiquiátricos, también son extraordinarios absorbentes de humedad, por lo que se lo utiliza en bombas de absorción; el litio también se aplica en la lubricación a altas temperaturas y en diversas aleaciones para la construcción aeronáutica y la industria nuclear.
Fecha de Publicación: 30/04/2009
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
En Traslasierra hay un importante yacimiento de este metal, cada vez más demandado por la industria automotriz para la fabricación de vehículos híbridos.
El litio, principal componente de las baterías de las futuras generaciones de automóviles, podría dar un importante impulso a la industria minera de Córdoba en los próximos años. Es que los yacimientos de litio de esta provincia, junto a los de San Luis y Catamarca, son los más promisorios del país. De hecho en Córdoba ya hay una mina activa, donde se obtiene el espomudeno, el mineral de donde se extrae el litio, pero en un mediano plazo podrían comenzar a explorarse otras zonas donde eventualmente el litio sería lo suficientemente abundante, como la laguna Mar Chiquita.
Desde que los gobiernos de Europa y Estados Unidos comenzaron a promover activamente la fabricación de vehículos híbridos con baterías de litio, la cotización de este metal en los mercados internacionales no ha dejado de crecer y los inversores internacionales han mostrado de inmediato su interés en Bolivia, que tiene alrededor de 5.000 millones de toneladas, la mayor reserva de litio del mundo. Bolivia está interesada en desarrollar la producción de este metal -cuyo precio en menos de cinco años subió de 30 a 300 dólares el kilo- para la industria automotriz, que hacia 2020 habrá copado el mercado con vehículos eléctricos que funcionan con baterías de litio.
“La noticia pasó hasta ahora inadvertida, pero es probable que en los próximos años se comience a hablar del litio casi tanto como ahora del petróleo. El litio se ha transformado en uno de los minerales con más perspectivas económicas en el mundo, ya que está destinado a convertirse en pieza clave en el proceso de sustitución de los combustibles fósiles, quizás sea el petróleo del siglo XXI”, indicaron expertos en el tema.
La forma más abundante en que se presenta el litio en tierras cordobesas es el espodumeno, un mineral que no despertaba hasta ahora demasiado interés económico; sin embargo esa situación podría cambiar a partir del desplazamiento de la matriz energética de los combustibles fósiles hacia los orgánicos (biodiesel) y eléctricos (como los autos híbridos impulsados por baterías de litio), de allí el renovado interés de las automotrices del mundo por conseguir ese metal. En una reciente conferencia sobre vehículos híbridos, se estimó que el mercado de vehículos impulsados por baterías de litio crecerá hasta 1,6 mil millones de dólares para 2015, prácticamente triplicándose cada año su volumen desde la actualidad.
El director de Minería de la Provincia, geólogo Alberto Gigena, le explicó a este medio que en Traslasierra, en la zona de Las Tapias, hay un importante yacimiento de espomudeno. Actualmente, ese yacimiento está concesionado al grupo Andino Minerales, de capitales locales, que explota esa mina para la obtención de cuarzo y feldespato. Años atrás también era importante la extracción de berilo, hasta que perdió valor comercial. El funcionario agregó que por ahora, sólo a nivel de investigación, se analiza la laguna de Mar Chiquita, que quizás podría ser una fuente importante de litio. Estudios realizados en décadas anteriores estimaron que allí había una reserva de aproximadamente 337 mil toneladas de cloruro de litio.
La mayoría de las baterías electrónicas está hecha de litio. Por su elevado calor específico, el litio se emplea en aplicaciones de transferencia de calor, y por su elevado potencial electroquímico constituye un ánodo adecuado para las baterías eléctricas.
Además, las sales de litio se emplean para tratamientos psiquiátricos, también son extraordinarios absorbentes de humedad, por lo que se lo utiliza en bombas de absorción; el litio también se aplica en la lubricación a altas temperaturas y en diversas aleaciones para la construcción aeronáutica y la industria nuclear.
Avanza la prohibición de quema de pastizales
Media sanción al proyecto que prohíbe la quema de pastizales
Fecha de Publicación: 30/04/2009
Fuente: Diario El Litorial Corrientes
Provincia/Región: Corrientes
La Cámara Baja aprobó el proyecto que prohíbe el desmalezamiento por medio del fuego. La norma además establece el control sobre la generación de humo o gases que puedan ocasionar riesgos en el tránsito.
Los dieciocho diputados presentes en la sesión de ayer le dieron la media sanción al proyecto de ley que prohíbe el desmalezamiento por medio del fuego y la generación de humos o gases que ocasionen riesgos en el tránsito.
La iniciativa tiene relevancia ya que hace algunas semanas miles de hectáreas de campo fueron arrasadas por el fuego producto de las quemas irresponsables de los pobladores. El proyecto, venido en revisión desde el Senado, fue modificado y participaron en el mismo funcionarios de área competente como el director de Recursos Forestales de la provincia, Luis Mestres.
La norma establece la prohibición de la quema de pastizales y la instalación de cualquier tipo de depósito a cielo abierto, público y privado, de residuos sólidos, urbanos, industriales o de cualquier otra naturaleza, proclives a la combustión, autocombustión y generación de humos o gases que pudieren ocasionar riesgos al tránsito en las rutas provinciales y nacionales que atraviesan Corrientes.
En tanto, el Ejecutivo provincial deberá designar a la autoridad de aplicación de esta ley, que estará encargada de coordinar su gestión con las autoridades nacionales y municipales que correspondieren. Entre los considerandos, se señala que esta norma surgió como consecuencia de los diferentes incendios forestales registrados, entre ellos los daños generados en el Parque Nacional Mburucuyá.
Ese incendio forestal arrasó con 500 hectáreas de montes nativos y según fuentes del Ministerio de la Producción, el fuego comenzó a raíz de la quema para controlar malezas que realizaron lugareños.
La conversión en ley de esta norma es fundamental para Corrientes ya que es una de las provincias más forestadas del país y la amenaza de incendios es casi constante en todo el territorio provincial. La falta de conciencia de los pobladores transforma a los campos en zona de riesgo constante, mucho más teniendo en cuanta la sequía que no da tregua desde el año pasado.
La Comisión de Ecología y Medio Ambiente de la Cámara Baja que incluyó las modificaciones está integrada por María Inés Fagetti de Mansutti, Aurelio Díaz, María Cristina Schroder de Bruzzo, Héctor López y Bernardo Quetglas.
Fecha de Publicación: 30/04/2009
Fuente: Diario El Litorial Corrientes
Provincia/Región: Corrientes
La Cámara Baja aprobó el proyecto que prohíbe el desmalezamiento por medio del fuego. La norma además establece el control sobre la generación de humo o gases que puedan ocasionar riesgos en el tránsito.
Los dieciocho diputados presentes en la sesión de ayer le dieron la media sanción al proyecto de ley que prohíbe el desmalezamiento por medio del fuego y la generación de humos o gases que ocasionen riesgos en el tránsito.
La iniciativa tiene relevancia ya que hace algunas semanas miles de hectáreas de campo fueron arrasadas por el fuego producto de las quemas irresponsables de los pobladores. El proyecto, venido en revisión desde el Senado, fue modificado y participaron en el mismo funcionarios de área competente como el director de Recursos Forestales de la provincia, Luis Mestres.
La norma establece la prohibición de la quema de pastizales y la instalación de cualquier tipo de depósito a cielo abierto, público y privado, de residuos sólidos, urbanos, industriales o de cualquier otra naturaleza, proclives a la combustión, autocombustión y generación de humos o gases que pudieren ocasionar riesgos al tránsito en las rutas provinciales y nacionales que atraviesan Corrientes.
En tanto, el Ejecutivo provincial deberá designar a la autoridad de aplicación de esta ley, que estará encargada de coordinar su gestión con las autoridades nacionales y municipales que correspondieren. Entre los considerandos, se señala que esta norma surgió como consecuencia de los diferentes incendios forestales registrados, entre ellos los daños generados en el Parque Nacional Mburucuyá.
Ese incendio forestal arrasó con 500 hectáreas de montes nativos y según fuentes del Ministerio de la Producción, el fuego comenzó a raíz de la quema para controlar malezas que realizaron lugareños.
La conversión en ley de esta norma es fundamental para Corrientes ya que es una de las provincias más forestadas del país y la amenaza de incendios es casi constante en todo el territorio provincial. La falta de conciencia de los pobladores transforma a los campos en zona de riesgo constante, mucho más teniendo en cuanta la sequía que no da tregua desde el año pasado.
La Comisión de Ecología y Medio Ambiente de la Cámara Baja que incluyó las modificaciones está integrada por María Inés Fagetti de Mansutti, Aurelio Díaz, María Cristina Schroder de Bruzzo, Héctor López y Bernardo Quetglas.
Atanor en el negocio del biocombustible
Atanor desembarca en el negocio del biocombustible
Fecha de Publicación: 29/04/2009
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Tucumán
De este modo sacará provecho de las ventajas de la ley que favorece a los productores locales. Desde 2010 elaborará unas 50 millones de toneladas
Aprovechando las ventajas que la ley de biocombustibles ofrecerá a los productores locales, Atanor decidió incursionar en este negocio. Antes de que finalice mayo, la principal compañía de agroquímicos del país presentará ante el Gobierno su plan para producir alrededor de 50 millones de toneladas de bioetanol a partir de 2010.
La empresa, propiedad de un millonario norteamericano que en los últimos meses descartó varias propuestas para venderla, desarrollará el producto para cubrir las necesidades del mercado interno, y utilizará como base uno de los ingenios que posee en Tucumán.
Atanor formará parte del grupo de empresas que la ley habilita para abastecer el mercado interno de biocombustibles, con el fin de sustituir los derivados del petróleo, al establecer que, a fin de esta década, las naftas deberán llevar un corte mínimo de 5% de bioetanol, y el gasoil, uno de 5% de biodiesel.
Miguel González, presidente de Atanor, explicó que la intención es producir alrededor del 20% del total que demandará el mercado, calculado en unas 270 millones de toneladas para los primeros años.
La idea es desarrollarlo a partir del alcohol en las instalaciones del Ingenio Concepción, en Tucumán. Para ese fin, se incrementará la producción de alcohol, llevándola de los 50 millones de litros actuales a 100 millones. A la vez, reducirá el nivel de producción de azúcar de exportación. “El alcohol es una energía renovable que vamos a aprovechar”, agregó González.
El ejecutivo explicó que tienen plazo hasta el 15 de mayo para presentar ante la Secretaría de Energía el plan de producción que contempla la construcción de una planta específica para producir bioetanol.
Este nuevo negocio le aportará a Atanor una facturación extra de u$s 15 millones a los u$s 700 millones con que espera cerrar el año y que representan unos u$s 200 millones menos que el volumen facturado en 2008.
Si bien se trata de una caída en el número, para González no es motivo de alarma sino de sinceramiento del mercado. “Vamos a crecer en volumen de producción de nuestros productos pero bajaremos en precio porque los valores han retrocedido a los niveles del 2007”, sostuvo.
Así y todo, González sostuvo que espera un buen año para la firma en lo referido a la relación con sus clientes, los productores agropecuarios a pesar del conflicto que soportan con el Gobierno por las retenciones a la soja, y de la fuerte baja en el precio de los commodities agropecuarios. “Estamos financieramente sanos y tenemos los insumos necesarios para abastecer normalmente a nuestros clientes”, sostuvo el ejecutivo.
Atanor es la mayor productora local de herbicidas del país para siembra directa como el glifosato y la atrazina. Además elabora insecticidas y fertilizantes y exporta mayormente a Brasil y Estados Unidos.
“La empresa sorteó con éxito el cimbronazo de la baja de los commodities y creemos que nuestras ventas van a crecer un 15% este año, pero con menores precios”, refrendó González, para quien “la recesión del mundo no impide que la gente deje de comer y nosotros tenemos los productos necesario para hacer que el campo siga produciendo. Atanor va a tener problemas el día que la gente deje de comer”.
El ejecutivo planteó una crítica a la política del Gobierno de cuestionar a los productores sojeros. “La economía K se benefició de la soja y no puede ser que ahora sea un enemigo. Deben repensar su política y los errores que cometieron”, criticó.
También cuestionó los informes que hablan de la peligrosidad del glifosato y dijo que “nadie del Gobierno habló con nosotros por este tema”.
En cuanto a la asistencia a sus clientes en este marco de crisis financiera, González aseguró que la empresa está en condiciones de otorgar financiamiento. “No tenemos problemas con la cadena de pagos pero si el productor pierde todos tenemos que perder algo también”.
Fecha de Publicación: 29/04/2009
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Tucumán
De este modo sacará provecho de las ventajas de la ley que favorece a los productores locales. Desde 2010 elaborará unas 50 millones de toneladas
Aprovechando las ventajas que la ley de biocombustibles ofrecerá a los productores locales, Atanor decidió incursionar en este negocio. Antes de que finalice mayo, la principal compañía de agroquímicos del país presentará ante el Gobierno su plan para producir alrededor de 50 millones de toneladas de bioetanol a partir de 2010.
La empresa, propiedad de un millonario norteamericano que en los últimos meses descartó varias propuestas para venderla, desarrollará el producto para cubrir las necesidades del mercado interno, y utilizará como base uno de los ingenios que posee en Tucumán.
Atanor formará parte del grupo de empresas que la ley habilita para abastecer el mercado interno de biocombustibles, con el fin de sustituir los derivados del petróleo, al establecer que, a fin de esta década, las naftas deberán llevar un corte mínimo de 5% de bioetanol, y el gasoil, uno de 5% de biodiesel.
Miguel González, presidente de Atanor, explicó que la intención es producir alrededor del 20% del total que demandará el mercado, calculado en unas 270 millones de toneladas para los primeros años.
La idea es desarrollarlo a partir del alcohol en las instalaciones del Ingenio Concepción, en Tucumán. Para ese fin, se incrementará la producción de alcohol, llevándola de los 50 millones de litros actuales a 100 millones. A la vez, reducirá el nivel de producción de azúcar de exportación. “El alcohol es una energía renovable que vamos a aprovechar”, agregó González.
El ejecutivo explicó que tienen plazo hasta el 15 de mayo para presentar ante la Secretaría de Energía el plan de producción que contempla la construcción de una planta específica para producir bioetanol.
Este nuevo negocio le aportará a Atanor una facturación extra de u$s 15 millones a los u$s 700 millones con que espera cerrar el año y que representan unos u$s 200 millones menos que el volumen facturado en 2008.
Si bien se trata de una caída en el número, para González no es motivo de alarma sino de sinceramiento del mercado. “Vamos a crecer en volumen de producción de nuestros productos pero bajaremos en precio porque los valores han retrocedido a los niveles del 2007”, sostuvo.
Así y todo, González sostuvo que espera un buen año para la firma en lo referido a la relación con sus clientes, los productores agropecuarios a pesar del conflicto que soportan con el Gobierno por las retenciones a la soja, y de la fuerte baja en el precio de los commodities agropecuarios. “Estamos financieramente sanos y tenemos los insumos necesarios para abastecer normalmente a nuestros clientes”, sostuvo el ejecutivo.
Atanor es la mayor productora local de herbicidas del país para siembra directa como el glifosato y la atrazina. Además elabora insecticidas y fertilizantes y exporta mayormente a Brasil y Estados Unidos.
“La empresa sorteó con éxito el cimbronazo de la baja de los commodities y creemos que nuestras ventas van a crecer un 15% este año, pero con menores precios”, refrendó González, para quien “la recesión del mundo no impide que la gente deje de comer y nosotros tenemos los productos necesario para hacer que el campo siga produciendo. Atanor va a tener problemas el día que la gente deje de comer”.
El ejecutivo planteó una crítica a la política del Gobierno de cuestionar a los productores sojeros. “La economía K se benefició de la soja y no puede ser que ahora sea un enemigo. Deben repensar su política y los errores que cometieron”, criticó.
También cuestionó los informes que hablan de la peligrosidad del glifosato y dijo que “nadie del Gobierno habló con nosotros por este tema”.
En cuanto a la asistencia a sus clientes en este marco de crisis financiera, González aseguró que la empresa está en condiciones de otorgar financiamiento. “No tenemos problemas con la cadena de pagos pero si el productor pierde todos tenemos que perder algo también”.
Daños Colaterales del modelo sojero
Daños Colaterales, el modelo sojero y la salud de las personas
Fecha de Publicación: 27/04/2009
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Nacional
El Centro de Protección a la Naturaleza editó el libro con la investigación de los efectos de los agroquímicos en los habitantes de tres barrios de Santo Tomé y de la comuna de Sauce Viejo
Desde hace años en la Argentina hay problemas en las zonas rurales por el efecto de los agroquímicos sobre las poblaciones. Pero a partir de 1996, cuando se empezó expandir la soja transgénica, también comenzó a incrementarse la cantidad de litros de agrotóxicos y se agudizó el problema. La rentabilidad de la oleaginosa fue empujando la frontera agrícola y en muchas localidades del país, y de Santa Fe particularmente, las zonas urbanas quedaron muy expuestas a las fumigaciones.
Hasta el momento no existen estudios epidemiológicos sobre los efectos de los agroquímicos en la salud de las personas, ni un registro serio que garantice empezar a afrontar la inquietud de los vecinos expuestos a los venenos desde el rigor del conocimiento científico.
El Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat) es una de las entidades de mayor trayectoria en la región en el tratamiento de la problemática de las fumigaciones. En los últimos años esa ONG encaró una investigación sociológica sobre los efectos de los agroquímicos en las personas que volcó en el libro, recientemente editado, Daños Colaterales.
Marta Costamagna, una de las autoras, explicó a Diario UNO que “la investigación se realizó con los pobladores de tres barrios que están entre Santo Tomé y Sauce Viejo. Esas zonas fueron suburbanas y con el tiempo se poblaron mucho más. Son los barrios Adelina Este, San Cayetano y Los Conquistadores”.
Acerca de la metodología de trabajo, Costamagna dijo: “Escogimos una muestra del 20 por ciento de cada uno y realizamos encuestas en relación a la cercanía con los campos que se fumigan, si saben cada cuánto se fumiga, cuáles son los integrantes de la familia, qué tipo de enfermedades tuvieron durante los últimos cinco años, quiénes fueron afectados, si hubo embarazos, si se produjeron adelantos de partos o abortos, si observaron en los animales y en el medio ambiente impactos luego de las fumigaciones.
“Ésta es una investigación sociológica, no científica como la de la UBA que aplicó a animales el glifosato, en una dosis 1.500 veces menor a las cantidades con las que se fumiga la soja, y se registraron malformaciones celulares, de huesos, problemas neuronales y todo tipo de problemas demostrables”, expresó.
“Lo nuestro –aclaró– apunta más a un análisis sociológico a partir de la reiteración que se da en los diferentes tipos de afecciones, los momentos en que surgen. La forma en que lo siente, lo vive y lo transmite la gente hace inferir que las fumigaciones sobre los campos en adyacencias a zonas pobladas provocan serias reacciones y enfermedades agudas que con el tiempo se pueden volver crónicas y que pueden desencadenar enfermedades terminales”.
Los pobres, los más indefensos
Costamagna explicó: “A partir de esos resultados determinamos que la problemática está muy relacionada al nivel de conocimiento que tiene la gente e incluso las condiciones socioeconómicas de los tres barrios son diferentes. San Cayetano es de clase baja; Adelina Este, clase media baja; y Los Conquistadores son clase media alta”.
“En San Cayetano se repiten todas las afecciones pero la gente no llega a detectar (los tres barrios están cerca del parque industrial y no tienen agua potable y se nutren de perforaciones) que los problemas de piel en niños y adultos están relacionados con la cercanía de los campos”, aseguró.
Al mismo tiempo en la investigación se determinó que “de más de 280 personas encuestadas, 174 tienen problemas o afecciones, lo que significa el 60 por ciento. De esos 174 casos, un 60 por ciento tiene afecciones respiratorias y de piel. Después hay personas con problemas de picazón en los ojos, infecciones, lesiones oculares, dolores de cabeza, que se relacionan con las fumigaciones”.
Concientización de la gente
Por su parte, Luis Carreras, otro de los autores, marcó los objetivos: “Lo que queremos es tratar de sensibilizar a la gente, porque a partir de ahí las personas empiezan a participar y a ver las cosas de otra manera.
“Todavía no tuvimos contacto con el Ministerio de Salud porque recién estamos presentando el libro. Tuvimos una reunión con el secretario de Medio Ambiente de la provincia (César Mackler), quien habló de una misión interministerial para tratar estos temas. Pero nadie firma la realización de estudios epidemiológicos. El ministro de Salud (Miguel Ángel Capiello) salió a decir que serían necesarios, pero sabemos cómo es esto. Estamos en Santa Fe, en la Argentina y estamos con un modelo asumido por los productores donde parece que vale más el lucro individual que la salud de la población”, aseveró.
“La única posibilidad que hay –continuó– es que haya presión de la gente, como sucedió en San Jorge, donde el juez prohibió las fumigaciones y dio pie para que los vecinos empiecen a pedir un estudio epidemiológico.
“El Cepronat tiene 32 años y durante ese tiempo tuvo muchas intervenciones en casos de intoxicaciones con agroquímicos. En un primer momento, en 1980, tuvo que ver con la mortandad de aves y peces en la zona de las arroceras”, dijo Carreras.
“Esta preocupación del Centro se acentúa, ante la aparición del modelo agrobiotecnológico, con las fumigaciones en los campos. En los años 80 se había empezado a implementar lo que se llamó el control integrado de plagas que significó, en cierta forma, una reducción del uso de los agrotóxicos”, aseguró.
“Pero luego, una estrategia productivista, aliada con la soja transgénica y la siembra directa, hizo que cada vez se comenzara a utilizar una mayor cantidad de agrotóxicos, en especial el glifosato y otros más tóxicos. Hoy no se tiene información de cuáles son sus efectos en el tiempo. La intoxicación aguda se conoce porque pasó un avión o un mosquito y te fumigó. El problema es qué pasa con la gente a la que se la fumiga todos los años, cómo ese veneno se acumula en su cuerpo, cómo genera enfermedades con el tiempo”, concluyó.
Investigación
Los autores destacaron la labor de las trabajadoras sociales que participaron en la investigación y de todo el equipo que trabajó detrás del libro.
Se imprimieron 350 ejemplares y el libro se está vendiendo para poder juntar fondos, volver a hacer otra edición y poder seguir financiando otras actividades de la institución.
Fecha de Publicación: 27/04/2009
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Nacional
El Centro de Protección a la Naturaleza editó el libro con la investigación de los efectos de los agroquímicos en los habitantes de tres barrios de Santo Tomé y de la comuna de Sauce Viejo
Desde hace años en la Argentina hay problemas en las zonas rurales por el efecto de los agroquímicos sobre las poblaciones. Pero a partir de 1996, cuando se empezó expandir la soja transgénica, también comenzó a incrementarse la cantidad de litros de agrotóxicos y se agudizó el problema. La rentabilidad de la oleaginosa fue empujando la frontera agrícola y en muchas localidades del país, y de Santa Fe particularmente, las zonas urbanas quedaron muy expuestas a las fumigaciones.
Hasta el momento no existen estudios epidemiológicos sobre los efectos de los agroquímicos en la salud de las personas, ni un registro serio que garantice empezar a afrontar la inquietud de los vecinos expuestos a los venenos desde el rigor del conocimiento científico.
El Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat) es una de las entidades de mayor trayectoria en la región en el tratamiento de la problemática de las fumigaciones. En los últimos años esa ONG encaró una investigación sociológica sobre los efectos de los agroquímicos en las personas que volcó en el libro, recientemente editado, Daños Colaterales.
Marta Costamagna, una de las autoras, explicó a Diario UNO que “la investigación se realizó con los pobladores de tres barrios que están entre Santo Tomé y Sauce Viejo. Esas zonas fueron suburbanas y con el tiempo se poblaron mucho más. Son los barrios Adelina Este, San Cayetano y Los Conquistadores”.
Acerca de la metodología de trabajo, Costamagna dijo: “Escogimos una muestra del 20 por ciento de cada uno y realizamos encuestas en relación a la cercanía con los campos que se fumigan, si saben cada cuánto se fumiga, cuáles son los integrantes de la familia, qué tipo de enfermedades tuvieron durante los últimos cinco años, quiénes fueron afectados, si hubo embarazos, si se produjeron adelantos de partos o abortos, si observaron en los animales y en el medio ambiente impactos luego de las fumigaciones.
“Ésta es una investigación sociológica, no científica como la de la UBA que aplicó a animales el glifosato, en una dosis 1.500 veces menor a las cantidades con las que se fumiga la soja, y se registraron malformaciones celulares, de huesos, problemas neuronales y todo tipo de problemas demostrables”, expresó.
“Lo nuestro –aclaró– apunta más a un análisis sociológico a partir de la reiteración que se da en los diferentes tipos de afecciones, los momentos en que surgen. La forma en que lo siente, lo vive y lo transmite la gente hace inferir que las fumigaciones sobre los campos en adyacencias a zonas pobladas provocan serias reacciones y enfermedades agudas que con el tiempo se pueden volver crónicas y que pueden desencadenar enfermedades terminales”.
Los pobres, los más indefensos
Costamagna explicó: “A partir de esos resultados determinamos que la problemática está muy relacionada al nivel de conocimiento que tiene la gente e incluso las condiciones socioeconómicas de los tres barrios son diferentes. San Cayetano es de clase baja; Adelina Este, clase media baja; y Los Conquistadores son clase media alta”.
“En San Cayetano se repiten todas las afecciones pero la gente no llega a detectar (los tres barrios están cerca del parque industrial y no tienen agua potable y se nutren de perforaciones) que los problemas de piel en niños y adultos están relacionados con la cercanía de los campos”, aseguró.
Al mismo tiempo en la investigación se determinó que “de más de 280 personas encuestadas, 174 tienen problemas o afecciones, lo que significa el 60 por ciento. De esos 174 casos, un 60 por ciento tiene afecciones respiratorias y de piel. Después hay personas con problemas de picazón en los ojos, infecciones, lesiones oculares, dolores de cabeza, que se relacionan con las fumigaciones”.
Concientización de la gente
Por su parte, Luis Carreras, otro de los autores, marcó los objetivos: “Lo que queremos es tratar de sensibilizar a la gente, porque a partir de ahí las personas empiezan a participar y a ver las cosas de otra manera.
“Todavía no tuvimos contacto con el Ministerio de Salud porque recién estamos presentando el libro. Tuvimos una reunión con el secretario de Medio Ambiente de la provincia (César Mackler), quien habló de una misión interministerial para tratar estos temas. Pero nadie firma la realización de estudios epidemiológicos. El ministro de Salud (Miguel Ángel Capiello) salió a decir que serían necesarios, pero sabemos cómo es esto. Estamos en Santa Fe, en la Argentina y estamos con un modelo asumido por los productores donde parece que vale más el lucro individual que la salud de la población”, aseveró.
“La única posibilidad que hay –continuó– es que haya presión de la gente, como sucedió en San Jorge, donde el juez prohibió las fumigaciones y dio pie para que los vecinos empiecen a pedir un estudio epidemiológico.
“El Cepronat tiene 32 años y durante ese tiempo tuvo muchas intervenciones en casos de intoxicaciones con agroquímicos. En un primer momento, en 1980, tuvo que ver con la mortandad de aves y peces en la zona de las arroceras”, dijo Carreras.
“Esta preocupación del Centro se acentúa, ante la aparición del modelo agrobiotecnológico, con las fumigaciones en los campos. En los años 80 se había empezado a implementar lo que se llamó el control integrado de plagas que significó, en cierta forma, una reducción del uso de los agrotóxicos”, aseguró.
“Pero luego, una estrategia productivista, aliada con la soja transgénica y la siembra directa, hizo que cada vez se comenzara a utilizar una mayor cantidad de agrotóxicos, en especial el glifosato y otros más tóxicos. Hoy no se tiene información de cuáles son sus efectos en el tiempo. La intoxicación aguda se conoce porque pasó un avión o un mosquito y te fumigó. El problema es qué pasa con la gente a la que se la fumiga todos los años, cómo ese veneno se acumula en su cuerpo, cómo genera enfermedades con el tiempo”, concluyó.
Investigación
Los autores destacaron la labor de las trabajadoras sociales que participaron en la investigación y de todo el equipo que trabajó detrás del libro.
Se imprimieron 350 ejemplares y el libro se está vendiendo para poder juntar fondos, volver a hacer otra edición y poder seguir financiando otras actividades de la institución.
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