Nuevamente se cruzarán antimineros y la Uocra
17:30 | 
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Una sesión con alta tensión y muy duros cruces tras los disturbios en Legislatura
Fecha de Publicación: 29/11/2012
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Chubut
Tanto los grupos promineros como el “No a la mina” confirmaron que estarán en la capital provincial, aunque los segundos no irán al parlamento y se concentrarán en Casa de Gobierno. No hubo detenidos por los incidentes con la UOCRA ni quedan personas internadas.
En un clima de alta tensión y con el temor de un posible nuevo enfrentamiento entre grupos anti y pro mineros, la Legislatura provincial sesionará presumiblemente cerca del mediodía de hoy, en una de las últimas ordinarias del año. Si bien no hay confirmación oficial, el Marco Regulatorio Minero será otra vez el tema del día, más allá de que el proyecto de ley no baje a la Cámara para su tratamiento.
En la sesión del martes hubo un brutal choque de los dos grupos antagónicos con un saldo de siete heridos y cuatro hospitalizados. Hubo fuerte presencia de militantes de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, al que le endilgaron la responsabilidad por el enfrentamiento con los antimineros. El bloque del PJ Modelo Chubut exigió la renuncia de Javier Touriñán, José Glinski, Julio Blanco y Ricardo Lázaro, titulares de Gobierno, Seguridad, Policía y Derechos Humanos del gobierno provincial. Y la Unión Cívica Radical la interpelación del jefe de Gabinete, Ricardo Trovant, en un cruce de acusaciones y violencia física.
Todo es incertidumbre: tanto los grupos promineros como sus opositores prometieron que estarán hoy en Rawson, aunque los segundos prefieren no ir a la sesión (ver página 4). El “No a la mina” se concentrará a las 18 en Rawson para repudiar la agresión de la UOCRA y la presunta “zona liberada”. Será en la esquina de Casa de Gobierno.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Javier Touriñán, aseguró que según la Policía el escenario del martes fue normal y que los grupos se repartirían en las dos bandejas de Legislatura. “La información policial es que se rompieron cinco vidrios en los colectivos de la UOCRA estacionados frente a la Legislatura, aparentemente con gomeras”.
“Un grupo del No a la mina entregó un petitorio en la Legislatura, y cuando sale se cruzan con los del Sí. Eso produjo corridas, con intervención de la Policía para evitar el tumulto. Hay lesionados, denuncias cruzadas y hasta una denuncia de robo de equipo fotográfico de un periodista de la cordillera”. El ministro, en diálogo con A Tiempo, que emite FM Tiempo 91.5 de Trelew, confirmó que no hay detenidos y que Gendarmería se limitó a tareas de disuasión. Aseguró que los heridos son de carácter leve.
-¿El operativo policial falló?
-No saben de qué están hablando. Es una irresponsabilidad absoluta o no se asomaron para ver qué ocurría porque no sólo estaba la Policía de Rawson sino la Guardia de Infantería para evitar este tipo de inconveniente. Había un despliegue importante, fuera de lo común. Y cuando semanas atrás hubo ataques sobre diputados del Frente para la Victoria por parte del No a la mina, estos mismos disputados que buscan sacar provecho para su sector no se preocupaban tanto. Son los mismos que fogonean que la gente que se opone concurra, ante la inminencia del tratamiento. Una cosa absolutamente irresponsable. Les faltó pedir la renuncia del payaso Plin Plin y estaba todo el espectro.
Según Touriñán, “si uno analiza lo que pasó ayer, no roza lo que me compete en Gobierno. Hablan con desconocimiento absoluto y repiten los mismos gestos de lo que ellos planificaban en tiempos anteriores. Hablar de fuerza de choque y zona liberada, evidentemente tienen experiencia en esto, y creen que somos todos iguales. Pero yo no soy como Jerónimo García. Yo no tengo la fuerza de choque como Los Dragones”.
El ministro advirtió que “los actores se repiten. Debería acordarse García que él tenía a Los Dragones cuando le rompieron la camioneta a Yauhar, cuando nos balearon el local, cuando vino Néstor Kirchner a Comodoro, cuando sufrió el embate de Néstor Di Pierro, que lo agarró a trompadas, y lo defendió Roddy Ingram y la Policía Aeronáutica. Tiene la memoria muy frágil y tal vez debería someterse a la rinoscopia que promueve Muñiz. Tiene un problema serio”.
-Es una acusación muy fuerte…
-No es una acusación, es un dato de la realidad. Cree que renació de nuevo. Es un traidorcito y no le tengo el más mínimo respeto. Ni siquiera se pone colorado. Pero debería caérsele la cara de vergüenza por lo que está diciendo. Hay gente fogoneando que estas cosas sucedan. El marco regulatorio no está en tratamiento. Nos hemos cansado de decir que estamos trabajando en modificaciones. No hay inminencia que sea tratado. En el medio todo forma parte de una arenga cuyas intenciones desconozco, pero el gobierno no forma parte.
En su respuesta, Jerónimo García ratificó re4specto del episodio del martes que “cuando se libera el espacio público se atenta contra la seguridad y por eso solicitamos marcar quién es el responsable de la paz pública en la provincia: el gobernador. Y segundo, que los responsables de área de seguridad, los que están ligados a la responsabilidad política, tienen que dar un paso al costado. Porque lo del martes fue ex profeso y traerá mayores consecuencias”.
“No se termina de asumir y se engaña a la sociedad, porque en cada sesión se agita desde ciertos funcionarios que se va a tratar en la Legislatura el tema de la minería. Y no hay absolutamente nada”. García ratificó que hoy tampoco se discutirá el marco minero, salvo que entre al parlamento y se trate sobre tablas. “Considero que no va a suceder. Atrás hay fuertes intereses económicos de empresas trasnacionales que presionan”.
Para el legislador dasnevista, en Chubut hay 5.000 desempleados. “Más allá de si la minería genera empleos, ¿por qué el gobierno anuncia obras públicas que nunca se concretan ni se licitan?”. García insistió con que “si uno libera el espacio y deja que dos grupos con intereses enfrentados se encuentren, no hace falta ser egresado de Harvard para saber que se van a cagar a palazos”.
En cuanto a las duras críticas del ministro Touriñán hacia su figura, el diputado del Modelo Chubut explicó que “en política esa es una forma de eludir el fondo de la cuestión. No tengo que contestar agravios de índole personal. Mi función es decir las cosas cómo las pienso”. En tal sentido, “contestarle a este señor por sus disgresiones personales, si él quiere agredir personalmente, perfecto, no hay problema. Pero yo contesto lo institucional, lo que está pasando. Lo demás son agravios personales que hay que bancarlos. No contesto con la misma moneda. No insulta el que quiere sino el que puede. A mí no me insulta; son ladridos”.
-Le recomendó una rinoscopia…
-No tengo problemas en someterme a una rinoscopia. Pero hagamos algo más fácil si la cosa es entre él y yo: corramos 10 kilómetros. Si insiste con la rinoscopia no tengo problemas pero eso sí: que la paguen ellos; se imagina una rinoscopia para mí, con mi elemento nasal. Son estupideces. Es denigrar el necesario debate. El gobierno está perdiendo el control de la calle y lo está cediendo al conflicto social, a partir de la permisividad del gobernador. Lo que diga ese señor a mí no me llega porque lo convierte en un bárbaro. No puedo bajar a la misma situación porque soy una persona instruida.
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Fecha de Publicación: 29/11/2012
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Chubut
Tanto los grupos promineros como el “No a la mina” confirmaron que estarán en la capital provincial, aunque los segundos no irán al parlamento y se concentrarán en Casa de Gobierno. No hubo detenidos por los incidentes con la UOCRA ni quedan personas internadas.En un clima de alta tensión y con el temor de un posible nuevo enfrentamiento entre grupos anti y pro mineros, la Legislatura provincial sesionará presumiblemente cerca del mediodía de hoy, en una de las últimas ordinarias del año. Si bien no hay confirmación oficial, el Marco Regulatorio Minero será otra vez el tema del día, más allá de que el proyecto de ley no baje a la Cámara para su tratamiento.
En la sesión del martes hubo un brutal choque de los dos grupos antagónicos con un saldo de siete heridos y cuatro hospitalizados. Hubo fuerte presencia de militantes de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, al que le endilgaron la responsabilidad por el enfrentamiento con los antimineros. El bloque del PJ Modelo Chubut exigió la renuncia de Javier Touriñán, José Glinski, Julio Blanco y Ricardo Lázaro, titulares de Gobierno, Seguridad, Policía y Derechos Humanos del gobierno provincial. Y la Unión Cívica Radical la interpelación del jefe de Gabinete, Ricardo Trovant, en un cruce de acusaciones y violencia física.
Todo es incertidumbre: tanto los grupos promineros como sus opositores prometieron que estarán hoy en Rawson, aunque los segundos prefieren no ir a la sesión (ver página 4). El “No a la mina” se concentrará a las 18 en Rawson para repudiar la agresión de la UOCRA y la presunta “zona liberada”. Será en la esquina de Casa de Gobierno.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Javier Touriñán, aseguró que según la Policía el escenario del martes fue normal y que los grupos se repartirían en las dos bandejas de Legislatura. “La información policial es que se rompieron cinco vidrios en los colectivos de la UOCRA estacionados frente a la Legislatura, aparentemente con gomeras”.
“Un grupo del No a la mina entregó un petitorio en la Legislatura, y cuando sale se cruzan con los del Sí. Eso produjo corridas, con intervención de la Policía para evitar el tumulto. Hay lesionados, denuncias cruzadas y hasta una denuncia de robo de equipo fotográfico de un periodista de la cordillera”. El ministro, en diálogo con A Tiempo, que emite FM Tiempo 91.5 de Trelew, confirmó que no hay detenidos y que Gendarmería se limitó a tareas de disuasión. Aseguró que los heridos son de carácter leve.
-¿El operativo policial falló?
-No saben de qué están hablando. Es una irresponsabilidad absoluta o no se asomaron para ver qué ocurría porque no sólo estaba la Policía de Rawson sino la Guardia de Infantería para evitar este tipo de inconveniente. Había un despliegue importante, fuera de lo común. Y cuando semanas atrás hubo ataques sobre diputados del Frente para la Victoria por parte del No a la mina, estos mismos disputados que buscan sacar provecho para su sector no se preocupaban tanto. Son los mismos que fogonean que la gente que se opone concurra, ante la inminencia del tratamiento. Una cosa absolutamente irresponsable. Les faltó pedir la renuncia del payaso Plin Plin y estaba todo el espectro.
Según Touriñán, “si uno analiza lo que pasó ayer, no roza lo que me compete en Gobierno. Hablan con desconocimiento absoluto y repiten los mismos gestos de lo que ellos planificaban en tiempos anteriores. Hablar de fuerza de choque y zona liberada, evidentemente tienen experiencia en esto, y creen que somos todos iguales. Pero yo no soy como Jerónimo García. Yo no tengo la fuerza de choque como Los Dragones”.
El ministro advirtió que “los actores se repiten. Debería acordarse García que él tenía a Los Dragones cuando le rompieron la camioneta a Yauhar, cuando nos balearon el local, cuando vino Néstor Kirchner a Comodoro, cuando sufrió el embate de Néstor Di Pierro, que lo agarró a trompadas, y lo defendió Roddy Ingram y la Policía Aeronáutica. Tiene la memoria muy frágil y tal vez debería someterse a la rinoscopia que promueve Muñiz. Tiene un problema serio”.
-Es una acusación muy fuerte…
-No es una acusación, es un dato de la realidad. Cree que renació de nuevo. Es un traidorcito y no le tengo el más mínimo respeto. Ni siquiera se pone colorado. Pero debería caérsele la cara de vergüenza por lo que está diciendo. Hay gente fogoneando que estas cosas sucedan. El marco regulatorio no está en tratamiento. Nos hemos cansado de decir que estamos trabajando en modificaciones. No hay inminencia que sea tratado. En el medio todo forma parte de una arenga cuyas intenciones desconozco, pero el gobierno no forma parte.
En su respuesta, Jerónimo García ratificó re4specto del episodio del martes que “cuando se libera el espacio público se atenta contra la seguridad y por eso solicitamos marcar quién es el responsable de la paz pública en la provincia: el gobernador. Y segundo, que los responsables de área de seguridad, los que están ligados a la responsabilidad política, tienen que dar un paso al costado. Porque lo del martes fue ex profeso y traerá mayores consecuencias”.
“No se termina de asumir y se engaña a la sociedad, porque en cada sesión se agita desde ciertos funcionarios que se va a tratar en la Legislatura el tema de la minería. Y no hay absolutamente nada”. García ratificó que hoy tampoco se discutirá el marco minero, salvo que entre al parlamento y se trate sobre tablas. “Considero que no va a suceder. Atrás hay fuertes intereses económicos de empresas trasnacionales que presionan”.
Para el legislador dasnevista, en Chubut hay 5.000 desempleados. “Más allá de si la minería genera empleos, ¿por qué el gobierno anuncia obras públicas que nunca se concretan ni se licitan?”. García insistió con que “si uno libera el espacio y deja que dos grupos con intereses enfrentados se encuentren, no hace falta ser egresado de Harvard para saber que se van a cagar a palazos”.
En cuanto a las duras críticas del ministro Touriñán hacia su figura, el diputado del Modelo Chubut explicó que “en política esa es una forma de eludir el fondo de la cuestión. No tengo que contestar agravios de índole personal. Mi función es decir las cosas cómo las pienso”. En tal sentido, “contestarle a este señor por sus disgresiones personales, si él quiere agredir personalmente, perfecto, no hay problema. Pero yo contesto lo institucional, lo que está pasando. Lo demás son agravios personales que hay que bancarlos. No contesto con la misma moneda. No insulta el que quiere sino el que puede. A mí no me insulta; son ladridos”.
-Le recomendó una rinoscopia…
-No tengo problemas en someterme a una rinoscopia. Pero hagamos algo más fácil si la cosa es entre él y yo: corramos 10 kilómetros. Si insiste con la rinoscopia no tengo problemas pero eso sí: que la paguen ellos; se imagina una rinoscopia para mí, con mi elemento nasal. Son estupideces. Es denigrar el necesario debate. El gobierno está perdiendo el control de la calle y lo está cediendo al conflicto social, a partir de la permisividad del gobernador. Lo que diga ese señor a mí no me llega porque lo convierte en un bárbaro. No puedo bajar a la misma situación porque soy una persona instruida.
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UPN no contaminaría pero no muestran nada
Uruguay dice que UPN no contamina
Fecha de Publicación: 29/11/2012
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Nacional
El presidente de la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), Gastón Silberman, comentó que “los estudios en las inmediaciones de Botnia demostraron que no existe contaminación más allá de los límites permitidos”.
Según indicó, lo mismo ocurrió en la desembocadura del río Gualeguaychú, en la porción argentina del curso fluvial.
Además, Uruguay y Argentina siguen sin llegar a un acuerdo para divulgar los datos. Así lo aseguraron las autoridades en el marco de la comparecencia del canciller oriental, Luis Almagro, ante la Comisión de Internacionales de Diputados para informar sobre los múltiples temas que hacen a la relación con Argentina.
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Fecha de Publicación: 29/11/2012
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Nacional
El presidente de la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), Gastón Silberman, comentó que “los estudios en las inmediaciones de Botnia demostraron que no existe contaminación más allá de los límites permitidos”.
Según indicó, lo mismo ocurrió en la desembocadura del río Gualeguaychú, en la porción argentina del curso fluvial.
Además, Uruguay y Argentina siguen sin llegar a un acuerdo para divulgar los datos. Así lo aseguraron las autoridades en el marco de la comparecencia del canciller oriental, Luis Almagro, ante la Comisión de Internacionales de Diputados para informar sobre los múltiples temas que hacen a la relación con Argentina.
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Crean parques nacionales en Santa Cruz
Crearon nuevos parques nacionales en Santa Cruz
Fecha de Publicación: 29/11/2012
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Santa Cruz
El Congreso de la Nación aprobó la creación de dos parques nacionales y la ampliación de un tercero en esa provincia. Se trata del Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino y el Parque Interjurisdiccional Marino Makenke.
El Congreso de la Nación aprobó la creación de dos parques nacionales y la ampliación de un tercero en Santa Cruz. Se trata del Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino y el Parque Interjurisdiccional Marino Makenke.
En tanto, el Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo suma 65 mil hectáreas a las 15 mil del Monumento Natural Nacional Bosques Petrificados, sitio que conserva desde 1954 los bosques fósiles más imponentes de nuestro país.
“Las tres nuevas Áreas Marinas Protegidas (AMP) de jurisdicción compartida porla Administración de Parques Nacionales (APN) y dos provincias australes - atagonia Austral (Chubut), Makenke e Isla Pingüino (Santa Cruz)- cubrirán más de 400.000 hectáreas”, dijo la Presidenta del Directorio de ese organismo, Patricia Gandini.
“Gracias a esto, nuestro mar contará con más de1.180.800 hectáreas (1,18% del total) destinadas a preservar su inmensa riqueza. Hasta el momento, menos del 0,5 % estaba protegido”, agregó.
Desde los palcos de la Cámara de Diputados, el Ministro de Turismo dela Nación, Enrique Meyer, siguió las alternativas de la votación donde se aprobó la ley cuya gestión estuvo a cargo de la diputada por el Frente para la Victoria de Santa Cruz, Ana Ianni.
“Desde el año 2003 hemos impulsado desde el gobierno nacional una clara apertura de los parques nacionales a la visitación y nos hemos ocupado de fortalecer su estructura interna aumentando el presupuesto en más de mil por ciento, mejorando sus planes de uso público y desde luego las estrategias parasu conservación”, aseguró el ministro tras la sanción de la ley.
“Prueba de ello –precisó- es el aumento del 65% en la visitación a los parques nacionales que se verificó entre el año 2003 y el 2011. Esto ha reportado un incremento genuino en la mano de obra de las comunidades asociadas, traduciéndose en la suba de más del 50 % a través de nuevos permisos y concesiones en los Parques Nacionales”.
El Parque Interjurisdiccional Marino Makenke tiene una superficie de 71.271 hectáreas y se ubica en la costa del centro de esta provincia, cerca de la localidad de Puerto San Julián.
En este Parque se localiza un apostadero reproductivo de elefantes marinos y la colonia reproductiva más grande de todo el rango de distribución del cormorán gris.
En tanto, el Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino tiene una superficie de 159.526 hectáreas, ubicadas al sur de la localidad de Puerto Deseado, en el noreste santacruceño.
El área está compuesta por una superficie mixta que incluye una serie de pequeñas islas costeras que albergan una gran cantidad de aves y mamíferos, entre ellas, la emblemática Isla Pingüino; que contiene la única colonia de reproducción del pingüino de penacho amarillo, fuera de la zona sub antártica.
Estos nuevos parques marinos del litoral santacruceño permitirán conservar una de las áreas con mayor biodiversidad del mundo, como es el Mar Argentino.
Según los estudios científicos este espacio conforma un valioso hábitat de recursos pesqueros como el calamar y la merluza austral; y además, contiene importantes rutas migratorias para la fauna marina, incluyendo las ballenas francas australes, albatros, pingüinos, entre otras importantes especies.
Exultante, Gandini –quien desde el inicio de su gestión fue la impulsora de llevar las áreas protegidas hacia el mar-, aseguró que con la incorporación de los nuevos parques, se cumple “con el mandato de nuestro gobierno: desarrollo sustentable con inclusión social. En ese sentido, la superficie total de las áreas protegidas se ha incrementado en un 24% desde el 2003 al 2011”.
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Fecha de Publicación: 29/11/2012
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Santa Cruz
El Congreso de la Nación aprobó la creación de dos parques nacionales y la ampliación de un tercero en esa provincia. Se trata del Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino y el Parque Interjurisdiccional Marino Makenke. El Congreso de la Nación aprobó la creación de dos parques nacionales y la ampliación de un tercero en Santa Cruz. Se trata del Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino y el Parque Interjurisdiccional Marino Makenke.
En tanto, el Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo suma 65 mil hectáreas a las 15 mil del Monumento Natural Nacional Bosques Petrificados, sitio que conserva desde 1954 los bosques fósiles más imponentes de nuestro país.
“Las tres nuevas Áreas Marinas Protegidas (AMP) de jurisdicción compartida porla Administración de Parques Nacionales (APN) y dos provincias australes - atagonia Austral (Chubut), Makenke e Isla Pingüino (Santa Cruz)- cubrirán más de 400.000 hectáreas”, dijo la Presidenta del Directorio de ese organismo, Patricia Gandini.
“Gracias a esto, nuestro mar contará con más de1.180.800 hectáreas (1,18% del total) destinadas a preservar su inmensa riqueza. Hasta el momento, menos del 0,5 % estaba protegido”, agregó.
Desde los palcos de la Cámara de Diputados, el Ministro de Turismo dela Nación, Enrique Meyer, siguió las alternativas de la votación donde se aprobó la ley cuya gestión estuvo a cargo de la diputada por el Frente para la Victoria de Santa Cruz, Ana Ianni.
“Desde el año 2003 hemos impulsado desde el gobierno nacional una clara apertura de los parques nacionales a la visitación y nos hemos ocupado de fortalecer su estructura interna aumentando el presupuesto en más de mil por ciento, mejorando sus planes de uso público y desde luego las estrategias parasu conservación”, aseguró el ministro tras la sanción de la ley.
“Prueba de ello –precisó- es el aumento del 65% en la visitación a los parques nacionales que se verificó entre el año 2003 y el 2011. Esto ha reportado un incremento genuino en la mano de obra de las comunidades asociadas, traduciéndose en la suba de más del 50 % a través de nuevos permisos y concesiones en los Parques Nacionales”.
El Parque Interjurisdiccional Marino Makenke tiene una superficie de 71.271 hectáreas y se ubica en la costa del centro de esta provincia, cerca de la localidad de Puerto San Julián.
En este Parque se localiza un apostadero reproductivo de elefantes marinos y la colonia reproductiva más grande de todo el rango de distribución del cormorán gris.
En tanto, el Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino tiene una superficie de 159.526 hectáreas, ubicadas al sur de la localidad de Puerto Deseado, en el noreste santacruceño.
El área está compuesta por una superficie mixta que incluye una serie de pequeñas islas costeras que albergan una gran cantidad de aves y mamíferos, entre ellas, la emblemática Isla Pingüino; que contiene la única colonia de reproducción del pingüino de penacho amarillo, fuera de la zona sub antártica.
Estos nuevos parques marinos del litoral santacruceño permitirán conservar una de las áreas con mayor biodiversidad del mundo, como es el Mar Argentino.
Según los estudios científicos este espacio conforma un valioso hábitat de recursos pesqueros como el calamar y la merluza austral; y además, contiene importantes rutas migratorias para la fauna marina, incluyendo las ballenas francas australes, albatros, pingüinos, entre otras importantes especies.
Exultante, Gandini –quien desde el inicio de su gestión fue la impulsora de llevar las áreas protegidas hacia el mar-, aseguró que con la incorporación de los nuevos parques, se cumple “con el mandato de nuestro gobierno: desarrollo sustentable con inclusión social. En ese sentido, la superficie total de las áreas protegidas se ha incrementado en un 24% desde el 2003 al 2011”.
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Macri nuevamente intimado por la basura
La Provincia intima a Macri por la basura
Fecha de Publicación: 28/11/2012
Fuente: El Día
Provincia/Región: Capital Federal - Buenos Aires
En medio de la crisis ambiental que afronta la Provincia por el colapso de los rellenos sanitarios, el gobierno de Daniel Scioli resolvió ayer intimar a la administración de Mauricio Macri para que cumpla con la obligación legal de reducir la cantidad de residuos que deposita en la Ceamse.
“Estamos intimando a la Ciudad de Buenos Aires para que aplique la ley de Basura Cero, que obliga a reducir en un 50% los residuos que entierran en la Provincia”, anticipó ayer el jefe de Gabinete Alberto Pérez tras un encuentro de los ministros con Scioli.
“Paralelamente vamos a trabajar desde el OPDS para, junto a los municipios del Conurbano, llevar adelante una campaña de concientización que permita reducir la cantidad de residuos que se generan y se entierran” en los rellenos sanitarios, amplió.
De esta manera, la Provincia buscará que las comunas establezcan planes de separación en origen y reciclado para que lleguen menos residuos a los predios de la Ceamse, pero además exigirá al gobierno de Macri que cumpla con la ley de Basura Cero aprobada en la Legislatura porteña.
“No vamos a exigir otra cosa que no sea el cumplimiento de la ley que la ciudad de Buenos Aires votó en su momento. Tienen que cumplirla y reducir en 2012 el 50% de los residuos. Por eso intimamos a que disminuyan la cantidad de toneladas”, sostuvo Pérez.
La decisión del gobierno bonaerense se produce en medio de una crítica situación ambiental producto de que hay rellenos que deben cerrarse y otros están a punto de colapsar.
Por ejemplo, el centro de disposición de la Ceamse de Ensenada tiene orden judicial de cierre, al igual que el que funciona en González Catán. Y el relleno de Campo de Mayo está al borde de la saturación.
En medio de este crítico panorama, algunos distritos como los del Conurbano Norte, comenzaron a analizar un proyecto de tratamiento regional de la basura.
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Fecha de Publicación: 28/11/2012
Fuente: El Día
Provincia/Región: Capital Federal - Buenos Aires
En medio de la crisis ambiental que afronta la Provincia por el colapso de los rellenos sanitarios, el gobierno de Daniel Scioli resolvió ayer intimar a la administración de Mauricio Macri para que cumpla con la obligación legal de reducir la cantidad de residuos que deposita en la Ceamse.
“Estamos intimando a la Ciudad de Buenos Aires para que aplique la ley de Basura Cero, que obliga a reducir en un 50% los residuos que entierran en la Provincia”, anticipó ayer el jefe de Gabinete Alberto Pérez tras un encuentro de los ministros con Scioli.
“Paralelamente vamos a trabajar desde el OPDS para, junto a los municipios del Conurbano, llevar adelante una campaña de concientización que permita reducir la cantidad de residuos que se generan y se entierran” en los rellenos sanitarios, amplió.
De esta manera, la Provincia buscará que las comunas establezcan planes de separación en origen y reciclado para que lleguen menos residuos a los predios de la Ceamse, pero además exigirá al gobierno de Macri que cumpla con la ley de Basura Cero aprobada en la Legislatura porteña.
“No vamos a exigir otra cosa que no sea el cumplimiento de la ley que la ciudad de Buenos Aires votó en su momento. Tienen que cumplirla y reducir en 2012 el 50% de los residuos. Por eso intimamos a que disminuyan la cantidad de toneladas”, sostuvo Pérez.
La decisión del gobierno bonaerense se produce en medio de una crítica situación ambiental producto de que hay rellenos que deben cerrarse y otros están a punto de colapsar.
Por ejemplo, el centro de disposición de la Ceamse de Ensenada tiene orden judicial de cierre, al igual que el que funciona en González Catán. Y el relleno de Campo de Mayo está al borde de la saturación.
En medio de este crítico panorama, algunos distritos como los del Conurbano Norte, comenzaron a analizar un proyecto de tratamiento regional de la basura.
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Chubut: UOCRA ataca a grupo antimineros
Hubo siete heridos tras un grave enfrentamiento en la Legislatura
Fecha de Publicación: 28/11/2012
Fuente: Diario La Jornada
Provincia/Región: Chubut
Un grupo de la UOCRA que llegó a Rawson para apoyar el proyecto minero atacó a militantes del "No a la Mina". Hubo golpes, cadenazos e internados. El Modelo Chubut pidió que renuncien de inmediato Touriñán, Glinski, Blanco y Lázaro.
Cuatro personas internadas, entre ellos dos policías, más otros tres individuos lesionados fue el lamentable saldo que dejó la previa de la sesión ordinaria de la Legislatura, ayer a la tarde en Rawson. Fue el producto del enfrentamiento entre grupos anti y promineros, éstos últimos identificados con la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina.
Se sumó el pedido de renuncias del bloque de diputados del PJ-Modelo Chubut al ministro de Gobierno, Javier Touriñán, el secretario de Seguridad, José Glinski y al jefe de la Policía, comisario general Julio Blanco y el secretario de Derechos Humanos, Ricardo Lázaro por considerar que dejaron “una zona liberada” donde se produjeron los incidentes.
Los sucesos se gestaron temprano, con el acampe de la UOCRA y de vecinos de la cordillera y la meseta (ver página 4) en jardines y explanada del parlamento. A media mañana, referentes del No a la Mina se entrevistaron en la Fiscalía de Rawson con la fiscal Graciela Suárez García para denunciar que temían por su integridad física, derivándose luego a la comisaría.
Ese temor se convirtió en realidad cerca del inicio de la sesión, donde no se trataba el Marco Regulatorio Minero. Minutos antes de las 17, cerca de un centenar de antimineros se dirigió desde la plaza central “Guillermo Rawson” hacia el parlamento para ocupar las barras superiores, tal como estaba estipulado.
En ese momento, grupos de choque de la UOCRA, cuya movilización alcanzaba fácilmente las 800 personas, les salieron al cruce con consignas a favor de la explotación minera. Hubo enfrentamientos con saldo a favor del gremio de la construcción, que dispersaron a los militantes antimineros más allá de la peatonal Fontana, muy cerca de la Casa de Gobierno, pese a la intervención policial.
Siete personas resultaron lesionadas con heridas de diferente consideración; cuatro quedaron internadas en el hospital “Santa Teresita” bajo observación, entre ellas dos policías .
No obstante la denuncia de los antimineros en la comisaría, la sesión fue normal y con las barras colmadas por la UOCRA. El dato de color lo aportó la diputada del Frente para la Victoria, Mónica Gallego, que pese al clima denso, se mostró feliz por el evento “Argentina corre en Rada Tilly” del fin de semana. Mientras, patrulleros y motos acompañaban la salida de los colectivos y camionetas de la UOCRA.
El bloque del PJ Modelo Chubut exigió renuncias en el gobierno de Martín Buzzi tras los incidentes. En conferencia de prensa, el jefe del bloque dasnevista, Jerónimo García, responsabilizó al Ejecutivo provincial y denunció “zona liberada” de las fuerzas de seguridad. Lo acompañaron en la conferencia Raquel Di Perna, Mirtha Romero, Miryan Crespo, Ana María Barroso, Roddy Ingram y José Karamarko.
García advirtió que, por los incidentes, debían renunciar el ministro de Gobierno, Javier Touriñán, el secretario de Seguridad, José Glinsky, el jefe de Policía, Julio Blanco, y el secretario de Derechos Humanos, Ricardo Lázaro.
“Todos vieron lo que sucedió. Era una hipótesis de conflicto que tendría que haber barajado el Ejecutivo, que no es ajeno”, afirmó el legislador. “Acá hubo zona liberada, no había nadie y hoy no apareció nadie, cuando en realidad había una hipótesis de conflicto muy clara” y concluyó: “Esto fue absolutamente premeditado”.
García dijo que “acá nadie dice la verdad” y advirtió que “no se puede permitir que todos sean rehenes de grupos que pretenden no sabemos qué cosa. Le exigimos al gobernador que haga respetar la voluntad de cada ciudadano”.
Con el presidente de la Legislatura, Gustavo Mac Karthy, “habíamos arreglado que había una barra para cada sector y cuando un sector (el del No a la Mina) se quiso acercar fue salvajemente agredido”. En tal sentido, “se está dando un debate sobre si la provincia quería o no la minería, no sobre quién es más fuerte”, insistió García.
Por su parte, Romero recordó que “hace quince días advertimos que esto iba a pasar y el responsable es el Ejecutivo”. García agregó: “Es importante darse cuenta cuando suceden las cosas, el responsable máximo es el gobernador pero los responsables de área tienen que renunciar. Esto es una vergüenza, fue una salvajada”.
La diputada Di Perna reflexionó que “la UOCRA no apareció de la nada, la UOCRA fue convocada, hay que ver los diarios de la semana pasada sobre las reuniones que se hicieron en Buenos Aires”, dijo en relación al encuentro del gobernador Buzzi con el secretario general de la UOCRA a nivel nacional, Gerardo Martínez.
La Unión Cívica Radical promoverá la interpelación del ministro de Coordinación de Gabinete, Ricardo Trovant, y del secretario de Seguridad, José Glinski, para que “brinden explicaciones respecto de los graves sucesos” en Legislatura. Lo confirmó el presidente del bloque radical, Roberto Risso.
“Es indispensable que se esclarezcan rápidamente estos episodios lamentables que pareciera tuvieron el aliento y la protección desde el Poder Ejecutivo”, sostuvo. “Las agresiones con tan graves consecuencias sólo pueden explicarse a partir de la impunidad que permite una zona liberada para facilitar la actuación de los violentos”.
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Fecha de Publicación: 28/11/2012
Fuente: Diario La Jornada
Provincia/Región: Chubut
Un grupo de la UOCRA que llegó a Rawson para apoyar el proyecto minero atacó a militantes del "No a la Mina". Hubo golpes, cadenazos e internados. El Modelo Chubut pidió que renuncien de inmediato Touriñán, Glinski, Blanco y Lázaro. Cuatro personas internadas, entre ellos dos policías, más otros tres individuos lesionados fue el lamentable saldo que dejó la previa de la sesión ordinaria de la Legislatura, ayer a la tarde en Rawson. Fue el producto del enfrentamiento entre grupos anti y promineros, éstos últimos identificados con la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina.
Se sumó el pedido de renuncias del bloque de diputados del PJ-Modelo Chubut al ministro de Gobierno, Javier Touriñán, el secretario de Seguridad, José Glinski y al jefe de la Policía, comisario general Julio Blanco y el secretario de Derechos Humanos, Ricardo Lázaro por considerar que dejaron “una zona liberada” donde se produjeron los incidentes.
Los sucesos se gestaron temprano, con el acampe de la UOCRA y de vecinos de la cordillera y la meseta (ver página 4) en jardines y explanada del parlamento. A media mañana, referentes del No a la Mina se entrevistaron en la Fiscalía de Rawson con la fiscal Graciela Suárez García para denunciar que temían por su integridad física, derivándose luego a la comisaría.
Ese temor se convirtió en realidad cerca del inicio de la sesión, donde no se trataba el Marco Regulatorio Minero. Minutos antes de las 17, cerca de un centenar de antimineros se dirigió desde la plaza central “Guillermo Rawson” hacia el parlamento para ocupar las barras superiores, tal como estaba estipulado.
En ese momento, grupos de choque de la UOCRA, cuya movilización alcanzaba fácilmente las 800 personas, les salieron al cruce con consignas a favor de la explotación minera. Hubo enfrentamientos con saldo a favor del gremio de la construcción, que dispersaron a los militantes antimineros más allá de la peatonal Fontana, muy cerca de la Casa de Gobierno, pese a la intervención policial.
Siete personas resultaron lesionadas con heridas de diferente consideración; cuatro quedaron internadas en el hospital “Santa Teresita” bajo observación, entre ellas dos policías .
No obstante la denuncia de los antimineros en la comisaría, la sesión fue normal y con las barras colmadas por la UOCRA. El dato de color lo aportó la diputada del Frente para la Victoria, Mónica Gallego, que pese al clima denso, se mostró feliz por el evento “Argentina corre en Rada Tilly” del fin de semana. Mientras, patrulleros y motos acompañaban la salida de los colectivos y camionetas de la UOCRA.
El bloque del PJ Modelo Chubut exigió renuncias en el gobierno de Martín Buzzi tras los incidentes. En conferencia de prensa, el jefe del bloque dasnevista, Jerónimo García, responsabilizó al Ejecutivo provincial y denunció “zona liberada” de las fuerzas de seguridad. Lo acompañaron en la conferencia Raquel Di Perna, Mirtha Romero, Miryan Crespo, Ana María Barroso, Roddy Ingram y José Karamarko.
García advirtió que, por los incidentes, debían renunciar el ministro de Gobierno, Javier Touriñán, el secretario de Seguridad, José Glinsky, el jefe de Policía, Julio Blanco, y el secretario de Derechos Humanos, Ricardo Lázaro.
“Todos vieron lo que sucedió. Era una hipótesis de conflicto que tendría que haber barajado el Ejecutivo, que no es ajeno”, afirmó el legislador. “Acá hubo zona liberada, no había nadie y hoy no apareció nadie, cuando en realidad había una hipótesis de conflicto muy clara” y concluyó: “Esto fue absolutamente premeditado”.
García dijo que “acá nadie dice la verdad” y advirtió que “no se puede permitir que todos sean rehenes de grupos que pretenden no sabemos qué cosa. Le exigimos al gobernador que haga respetar la voluntad de cada ciudadano”.
Con el presidente de la Legislatura, Gustavo Mac Karthy, “habíamos arreglado que había una barra para cada sector y cuando un sector (el del No a la Mina) se quiso acercar fue salvajemente agredido”. En tal sentido, “se está dando un debate sobre si la provincia quería o no la minería, no sobre quién es más fuerte”, insistió García.
Por su parte, Romero recordó que “hace quince días advertimos que esto iba a pasar y el responsable es el Ejecutivo”. García agregó: “Es importante darse cuenta cuando suceden las cosas, el responsable máximo es el gobernador pero los responsables de área tienen que renunciar. Esto es una vergüenza, fue una salvajada”.
La diputada Di Perna reflexionó que “la UOCRA no apareció de la nada, la UOCRA fue convocada, hay que ver los diarios de la semana pasada sobre las reuniones que se hicieron en Buenos Aires”, dijo en relación al encuentro del gobernador Buzzi con el secretario general de la UOCRA a nivel nacional, Gerardo Martínez.
La Unión Cívica Radical promoverá la interpelación del ministro de Coordinación de Gabinete, Ricardo Trovant, y del secretario de Seguridad, José Glinski, para que “brinden explicaciones respecto de los graves sucesos” en Legislatura. Lo confirmó el presidente del bloque radical, Roberto Risso.
“Es indispensable que se esclarezcan rápidamente estos episodios lamentables que pareciera tuvieron el aliento y la protección desde el Poder Ejecutivo”, sostuvo. “Las agresiones con tan graves consecuencias sólo pueden explicarse a partir de la impunidad que permite una zona liberada para facilitar la actuación de los violentos”.
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Scioli decretará fuerte restricción a fumigaciones
No se podrá fumigar a menos de 500 metros de pueblos y ciudades
Fecha de Publicación: 27/11/2012
Fuente: 24baires
Provincia/Región: Buenos Aires
El gobernador Daniel Scioli firmará en los próximos días un decreto que prohíbe la aplicación terrestre de agroquímicos en un área inferior a 500 metros de las zonas urbanas de la provincia que se ampliará a los 2 mil metros en el caso de las fumigaciones aéreas.
El decreto modificará la reglamentación de la Ley de Agroquímicos 10.699, que está en vigencia desde 1991 y quedó obsoleta porque fue elaborada antes de la introducción de los nuevos agroquímicos y herbicidas -que acompañaron la masificación de los cultivos transgénicos- y de la proliferación de las modernas maquinarias agrícolas.
Se trata de un nuevo marco regulatorio para la aplicación de agroquímicos que busca ordenar y establecer pautas homogéneas básicas para todos los municipios bonaerenses. Es que éstos fueron avanzando en los últimos años con sus propias ordenanzas municipales buscando minimizar los riesgos para la salud de la población y el ambiente.
Así, hay alrededor de 70 municipios que ya generaron sus propias normativas o están trabajando en ellas.
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Fecha de Publicación: 27/11/2012
Fuente: 24baires
Provincia/Región: Buenos Aires
El gobernador Daniel Scioli firmará en los próximos días un decreto que prohíbe la aplicación terrestre de agroquímicos en un área inferior a 500 metros de las zonas urbanas de la provincia que se ampliará a los 2 mil metros en el caso de las fumigaciones aéreas.
El decreto modificará la reglamentación de la Ley de Agroquímicos 10.699, que está en vigencia desde 1991 y quedó obsoleta porque fue elaborada antes de la introducción de los nuevos agroquímicos y herbicidas -que acompañaron la masificación de los cultivos transgénicos- y de la proliferación de las modernas maquinarias agrícolas.
Se trata de un nuevo marco regulatorio para la aplicación de agroquímicos que busca ordenar y establecer pautas homogéneas básicas para todos los municipios bonaerenses. Es que éstos fueron avanzando en los últimos años con sus propias ordenanzas municipales buscando minimizar los riesgos para la salud de la población y el ambiente.
Así, hay alrededor de 70 municipios que ya generaron sus propias normativas o están trabajando en ellas.
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CSJN y la cuenca Sali-Dulce
'La Corte tiene los ojos en la cuenca'
Fecha de Publicación: 27/11/2012
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Santiago del Estero
El Dr. Martín Díaz Achával destacó la confianza en cuanto al trabajo desarrollado.
Tras la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), emitida el 20 de noviembre y que hace lugar a la suspensión por seis meses de plazos procesales, solicitada por la Defensoría del Pueblo y el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero en la causa de la contaminación de industrias tucumanas, el Dr. Martín Díaz Achával manifestó que “se trata de un voto de confianza al trabajo que se viene desarrollando”. De todos modos, el defensor del Pueblo aclaró que “esto no significa que no podamos efectuar presentaciones en caso de incumplimiento” desde la vecina provincia.
En diálogo con Nuevo Diario, que publicó en exclusiva el fallo, explicó que la medida es “la expresión de la Corte Suprema, que está haciendo un seguimiento de todo lo que ocurre en la cuenca desde que se firmó el compromiso de vinaza y cenizas 0 para la zafra del corriente año y la recuperación total de agua residual del lavado de caña de azúcar para diciembre de 2013”.
“Presentamos un escrito de 53 páginas, muy amplio, que lo realizamos todo este tiempo; lo leyeron, analizaron y le dan importancia a la situación, haciéndole un seguimiento. La medida, que tuvo como importancia la adhesión de Fiscalía de Estado al escrito de la Defensoría, notoriamente demuestra confianza en la Provincia. La Corte tiene todos los ojos puestos en la cuenca”, señaló el defensor del Pueblo.
En los considerandos de la sentencia, se afirma que “la solicitud efectuada por la actora, el interés de los Estados comprometidos y los plazos previstos en los acuerdos referidos, configuran razones suficientes para suspender los plazos procesales más allá del límite temporal fijado por el artículo 157 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”.
Considera que se está realizando un control real sobre los afluentes del embalse de Las Termas de Río Hondo sobre las industrias demandadas, y que esos mecanismos -que se pretenden intensificar- han permitido lograr un promisorio avance en cuanto a los objetivos perseguidos por la parte actora del juicio.
Entrega de viviendas
El gobernador de la Provincia, Gerardo Zamora, realizará mañana a las 20 una nueva entrega de viviendas en esta ciudad.
En esta ocasión, son 150 unidades habitacionales que corresponden al barrio Aeropuerto y que beneficiarán a familias de escasos recursos.
Otra entrega importante será el próximo 3 de diciembre, en la ciudad de La Banda y no hoy como publicara ayer otro medio. Son 540 viviendas correspondientes al barrio 25 de Mayo (ampliación).
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Fecha de Publicación: 27/11/2012
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Santiago del Estero
El Dr. Martín Díaz Achával destacó la confianza en cuanto al trabajo desarrollado.
Tras la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), emitida el 20 de noviembre y que hace lugar a la suspensión por seis meses de plazos procesales, solicitada por la Defensoría del Pueblo y el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero en la causa de la contaminación de industrias tucumanas, el Dr. Martín Díaz Achával manifestó que “se trata de un voto de confianza al trabajo que se viene desarrollando”. De todos modos, el defensor del Pueblo aclaró que “esto no significa que no podamos efectuar presentaciones en caso de incumplimiento” desde la vecina provincia.
En diálogo con Nuevo Diario, que publicó en exclusiva el fallo, explicó que la medida es “la expresión de la Corte Suprema, que está haciendo un seguimiento de todo lo que ocurre en la cuenca desde que se firmó el compromiso de vinaza y cenizas 0 para la zafra del corriente año y la recuperación total de agua residual del lavado de caña de azúcar para diciembre de 2013”.
“Presentamos un escrito de 53 páginas, muy amplio, que lo realizamos todo este tiempo; lo leyeron, analizaron y le dan importancia a la situación, haciéndole un seguimiento. La medida, que tuvo como importancia la adhesión de Fiscalía de Estado al escrito de la Defensoría, notoriamente demuestra confianza en la Provincia. La Corte tiene todos los ojos puestos en la cuenca”, señaló el defensor del Pueblo.
En los considerandos de la sentencia, se afirma que “la solicitud efectuada por la actora, el interés de los Estados comprometidos y los plazos previstos en los acuerdos referidos, configuran razones suficientes para suspender los plazos procesales más allá del límite temporal fijado por el artículo 157 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”.
Considera que se está realizando un control real sobre los afluentes del embalse de Las Termas de Río Hondo sobre las industrias demandadas, y que esos mecanismos -que se pretenden intensificar- han permitido lograr un promisorio avance en cuanto a los objetivos perseguidos por la parte actora del juicio.
Entrega de viviendas
El gobernador de la Provincia, Gerardo Zamora, realizará mañana a las 20 una nueva entrega de viviendas en esta ciudad.
En esta ocasión, son 150 unidades habitacionales que corresponden al barrio Aeropuerto y que beneficiarán a familias de escasos recursos.
Otra entrega importante será el próximo 3 de diciembre, en la ciudad de La Banda y no hoy como publicara ayer otro medio. Son 540 viviendas correspondientes al barrio 25 de Mayo (ampliación).
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Aapresid no quiere saber nada con sanciones penales
Rechazan sanciones por el uso indebido de agroquímicos
Fecha de Publicación: 26/11/2012
Fuente: Agencia Fe
Provincia/Región: Santa Fe
El pedido formal fue realizado desde la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa a los legisladores provinciales. Un proyecto de ley prevé penalizar el uso indebido de agroquímicos.
El presidente honorario de Aapresid (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa), Víctor Trucco, calificó como un “disparate” el proyecto de ley que presentó la diputada santafesina Verónica Benas en el que pide multas económicas y cárcel para quienes hagan uso indebido de agroquímicos. Desde la campaña Paren de Fumigarnos, en tanto, advirtieron que el contrapunto forma parte de “un falso debate”.
La iniciativa legislativa pretende que “el Estado esté más cerca de los potenciales damnificados facilitando la posibilidad de las denuncias en cualquier parte del territorio santafesino”. Para ello, prevé sanciones con arresto de hasta 60 días o multa de hasta 400 jus (más de 2.500 pesos), “a quien practique, autorice u ordene aspersiones de fitosanitarios, sin contemplar las normas de seguridad que rigen el uso regular de esos productos, incluido el destino final de sus envases, poniendo en riesgo la salud de la población rural y urbana, y la biodiversidad en general”.
Sin embargo, desde Aapresid indicaron a la prensa que “los agroquímicos no son malos” y que proyectos como los de Benas son “una cuestión propia de la mediocridad”. Según Trucco, “tendrían que ser claros” los legisladores ya que “la política va a ganar votos en la medida en que muestre cosas sensatas”.
“Los productos –continuó el dirigente rural– que se usan pasan por una serie de tratamientos. Las drogas vienen del exterior, de los Estados Unidos, que tiene instituciones de análisis de medicamentos y de estudio del impacto ambiental, que se ocupan de aprobar las cosas, además todo pasa por el Senasa. No hay casos de gente que esté mal por culpa de los agroquímicos, ni en Estados Unidos hay casos de gente en hospitales ni nada por el estilo”.
Ante la posibilidad de un conflicto de intereses, casi a modo de presión, presidente honorario de Aapresid manifestó: “El gobernador (Antonio) Bonfatti tendría que hablar, ya que es médico, o (Hermes) Binner, que también lo es”. Trucco espera que el proyecto de ley “no llegue a sancionarse y, si se llega a sancionar, que no se cumpla”.
En las mismas declaraciones periodísticas, el dirigente rural expresó: “Hay diputados que quieren ser célebres y utilizan este tema, tendrían que hablar los toxicólogos, los profesores, que expliquen los casos de mortandad, pero no hay ninguna prueba que lo demuestre. Tendrían que reaccionar las universidades, los colegios de médicos. Ellos dicen que sí, pero después se desvinculan porque no quieren meterse en líos”.
De todas maneras, dijo que “uno no puede estar a favor de que se apliquen mal los agroquímicos”, pero “lo que la gente tiene que entender es que el mundo actual se abastece de alimentos con tecnologías mucho más complejas”. En ese sentido, explicó que “con agroquímicos se logra que los campos no tengan problemas y se puedan controlar las plagas, entre otras cuestiones”.
“Supongamos que el uso de agroquímicos lleve a discusiones, pero sin ellos habría menos alimentos, serían más caros”, reflexionó Víctor Trucco. Asimismo, indicó que “todo esto” que surgió en la Legislatura santafesina “es para alimentar una idea que tiene la gente con respecto a la maldad de la agricultura”, aunque “el problema lo tiene la gente que no puede comer, no la que come”. A su vez, dijo que el proyecto de la diputada del Partido Pares “es una cuestión política” y obedece a que “hay gente ensañada con el campo, por cuestiones psicológicas o humanas, nada que ver con la realidad”.
“Si realmente fueran malos (los agroquímicos) seríamos todos unos desgraciados y no nos estaría importando nada. Yo soy bioquímico, nosotros gastamos fortunas en productos”, manifestó Víctor Trucco, y admitió que “con los agroquímicos hay que manejarse con cuidado” porque “a veces en el campo no somos lo suficientemente cuidadosos, la idea es que seamos más rígidos. Estoy de acuerdo con las inspecciones, nunca están de más”, finalizó.
Por su parte, la diputada Verónica Benas explicó que con su proyecto de ley lo que está proponiendo es “una sanción de naturaleza penal y de mayor rigor por la utilización de agroquímicos en forma irregular o cuando se exceden las normas de seguridad para su uso”; por lo cual plantea modificar el Código de Faltas de Santa Fe. En ese sentido, recordó que la ley 11.273 –de fitosanitarios– prevé en la provincia sanciones de multas de carácter administrativo a quienes la infrinjan, “pero la experiencia indica que no se llevan a la práctica pese al inicio de los trámites”.
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Fecha de Publicación: 26/11/2012
Fuente: Agencia Fe
Provincia/Región: Santa Fe
El pedido formal fue realizado desde la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa a los legisladores provinciales. Un proyecto de ley prevé penalizar el uso indebido de agroquímicos.
El presidente honorario de Aapresid (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa), Víctor Trucco, calificó como un “disparate” el proyecto de ley que presentó la diputada santafesina Verónica Benas en el que pide multas económicas y cárcel para quienes hagan uso indebido de agroquímicos. Desde la campaña Paren de Fumigarnos, en tanto, advirtieron que el contrapunto forma parte de “un falso debate”.
La iniciativa legislativa pretende que “el Estado esté más cerca de los potenciales damnificados facilitando la posibilidad de las denuncias en cualquier parte del territorio santafesino”. Para ello, prevé sanciones con arresto de hasta 60 días o multa de hasta 400 jus (más de 2.500 pesos), “a quien practique, autorice u ordene aspersiones de fitosanitarios, sin contemplar las normas de seguridad que rigen el uso regular de esos productos, incluido el destino final de sus envases, poniendo en riesgo la salud de la población rural y urbana, y la biodiversidad en general”.
Sin embargo, desde Aapresid indicaron a la prensa que “los agroquímicos no son malos” y que proyectos como los de Benas son “una cuestión propia de la mediocridad”. Según Trucco, “tendrían que ser claros” los legisladores ya que “la política va a ganar votos en la medida en que muestre cosas sensatas”.
“Los productos –continuó el dirigente rural– que se usan pasan por una serie de tratamientos. Las drogas vienen del exterior, de los Estados Unidos, que tiene instituciones de análisis de medicamentos y de estudio del impacto ambiental, que se ocupan de aprobar las cosas, además todo pasa por el Senasa. No hay casos de gente que esté mal por culpa de los agroquímicos, ni en Estados Unidos hay casos de gente en hospitales ni nada por el estilo”.
Ante la posibilidad de un conflicto de intereses, casi a modo de presión, presidente honorario de Aapresid manifestó: “El gobernador (Antonio) Bonfatti tendría que hablar, ya que es médico, o (Hermes) Binner, que también lo es”. Trucco espera que el proyecto de ley “no llegue a sancionarse y, si se llega a sancionar, que no se cumpla”.
En las mismas declaraciones periodísticas, el dirigente rural expresó: “Hay diputados que quieren ser célebres y utilizan este tema, tendrían que hablar los toxicólogos, los profesores, que expliquen los casos de mortandad, pero no hay ninguna prueba que lo demuestre. Tendrían que reaccionar las universidades, los colegios de médicos. Ellos dicen que sí, pero después se desvinculan porque no quieren meterse en líos”.
De todas maneras, dijo que “uno no puede estar a favor de que se apliquen mal los agroquímicos”, pero “lo que la gente tiene que entender es que el mundo actual se abastece de alimentos con tecnologías mucho más complejas”. En ese sentido, explicó que “con agroquímicos se logra que los campos no tengan problemas y se puedan controlar las plagas, entre otras cuestiones”.
“Supongamos que el uso de agroquímicos lleve a discusiones, pero sin ellos habría menos alimentos, serían más caros”, reflexionó Víctor Trucco. Asimismo, indicó que “todo esto” que surgió en la Legislatura santafesina “es para alimentar una idea que tiene la gente con respecto a la maldad de la agricultura”, aunque “el problema lo tiene la gente que no puede comer, no la que come”. A su vez, dijo que el proyecto de la diputada del Partido Pares “es una cuestión política” y obedece a que “hay gente ensañada con el campo, por cuestiones psicológicas o humanas, nada que ver con la realidad”.
“Si realmente fueran malos (los agroquímicos) seríamos todos unos desgraciados y no nos estaría importando nada. Yo soy bioquímico, nosotros gastamos fortunas en productos”, manifestó Víctor Trucco, y admitió que “con los agroquímicos hay que manejarse con cuidado” porque “a veces en el campo no somos lo suficientemente cuidadosos, la idea es que seamos más rígidos. Estoy de acuerdo con las inspecciones, nunca están de más”, finalizó.
Por su parte, la diputada Verónica Benas explicó que con su proyecto de ley lo que está proponiendo es “una sanción de naturaleza penal y de mayor rigor por la utilización de agroquímicos en forma irregular o cuando se exceden las normas de seguridad para su uso”; por lo cual plantea modificar el Código de Faltas de Santa Fe. En ese sentido, recordó que la ley 11.273 –de fitosanitarios– prevé en la provincia sanciones de multas de carácter administrativo a quienes la infrinjan, “pero la experiencia indica que no se llevan a la práctica pese al inicio de los trámites”.
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Laguna de Rocha es Reserva Natural Provincial
Laguna de Rocha, Reserva Natural en el Conurbano
Fecha de Publicación: 26/11/2012
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Buenos Aires
La Legislatura bonaerense decidió proteger el último pulmón natural que sobrevive en el centro del Conurbano: esta semana se aprobó la ley que declara Reserva Natural Provincial a la Laguna de Rocha, un extenso humedal de 1.400 hectáreas ubicado en el partido de Esteban Echeverría.
Tiene 300 hectáreas de espejos de agua y está delimitado por la autopista Riccheri, el río Matanza, Transradio Internacional y la ciudad de Monte Grande.
Es un predio codiciado por empresas industriales, desarrolladores inmobiliarios y hasta productores sojeros. Hace 15 años, una compañía de bienes raíces consiguió el aval para desplegar barrios cerrados y countries . En la última década también el extenso brazo del poroto de soja alcanzó unas 120 hectáreas de la Laguna de Rocha.
Pero casi al mismo tiempo que se inició la depredación, comenzó una intensa resistencia vecinal y de organizaciones ambientalistas para frenar el crecimiento de estos complejos habitacionales. Una de la entidades, “Unidos por la Laguna de Rocha” fue la más activa para buscar variantes de protección de ese reservorio natural. Según los especialistas, el complejo abarca nueve ecosistemas diferentes, que contienen 130 especies de aves y un número similar de anfibios, reptiles y mamíferos. Por los ojos de agua de Laguna de Rocha se filtran las lluvias que llegan al acuífero Puelche y está al margen de la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo.
En setiembre de 2011 la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa de Walter Martello (CC) para preservar este manto verde de la polución y los efectos destructivos. En la última sesión del Senado, por unanimidad se votó la sanción definitiva de la declaración de Reserva Natural Provincial.
“Ahora vamos a convocar a especialistas, a ecologistas y a las universidades nacionales para establecer un programa de protección y preservación ”, dijo a Clarín el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Grey. “Es un viejo anhelo de los vecinos que logramos concretar con el apoyo de todos los sectores políticos de la Provincia”, agregó el jefe comunal.
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Fecha de Publicación: 26/11/2012
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Buenos Aires
La Legislatura bonaerense decidió proteger el último pulmón natural que sobrevive en el centro del Conurbano: esta semana se aprobó la ley que declara Reserva Natural Provincial a la Laguna de Rocha, un extenso humedal de 1.400 hectáreas ubicado en el partido de Esteban Echeverría.
Tiene 300 hectáreas de espejos de agua y está delimitado por la autopista Riccheri, el río Matanza, Transradio Internacional y la ciudad de Monte Grande.
Es un predio codiciado por empresas industriales, desarrolladores inmobiliarios y hasta productores sojeros. Hace 15 años, una compañía de bienes raíces consiguió el aval para desplegar barrios cerrados y countries . En la última década también el extenso brazo del poroto de soja alcanzó unas 120 hectáreas de la Laguna de Rocha.
Pero casi al mismo tiempo que se inició la depredación, comenzó una intensa resistencia vecinal y de organizaciones ambientalistas para frenar el crecimiento de estos complejos habitacionales. Una de la entidades, “Unidos por la Laguna de Rocha” fue la más activa para buscar variantes de protección de ese reservorio natural. Según los especialistas, el complejo abarca nueve ecosistemas diferentes, que contienen 130 especies de aves y un número similar de anfibios, reptiles y mamíferos. Por los ojos de agua de Laguna de Rocha se filtran las lluvias que llegan al acuífero Puelche y está al margen de la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo.
En setiembre de 2011 la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa de Walter Martello (CC) para preservar este manto verde de la polución y los efectos destructivos. En la última sesión del Senado, por unanimidad se votó la sanción definitiva de la declaración de Reserva Natural Provincial.
“Ahora vamos a convocar a especialistas, a ecologistas y a las universidades nacionales para establecer un programa de protección y preservación ”, dijo a Clarín el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Grey. “Es un viejo anhelo de los vecinos que logramos concretar con el apoyo de todos los sectores políticos de la Provincia”, agregó el jefe comunal.
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Idean estudio de impacto de las petroleras en el agua
Premian idea de estudio del impacto de actividad petrolera en el agua
Fecha de Publicación: 25/11/2012
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
María Laura Gómez, hidrogeóloga del Iadiza, presentó una propuesta que fue elegida por el Banco Galicia para financiarla. Recibió 50.000 pesos. El análisis se realizará en Ugarteche.
Ugarteche es una zona donde confluyen diversos usos del agua: para emprendimientos petroleros, riego agrícola y consumo humano en algunas escuelas rurales. Por eso, fue elegida por María Laura Gómez, doctora en Hidrogeología, para realizar un estudio del impacto que la explotación de hidrocarburos tiene sobre los recursos hídricos.
La investigadora fue una de las cinco en todo el país que recibirá un estímulo del Fondo para la Conservación Ambiental, un programa del Banco Galicia que financia proyectos de investigación y gestión sustentable.
María Laura Gómez nació y estudió en Córdoba y llegó a Mendoza hace cuatro años. Desde el Laboratorio de Desertificación y Ordenamiento Territorial, del Iadiza (Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas) comenzó a trabajar en diversos proyectos. Pero como ella misma explica, los análisis de muestras de agua, que se requieren en Hidrogeología, son muy costosos.
Unos amigos investigadores le comentaron que este año la tercera edición del Fondo para la Conservación Ambiental iba a financiar propuestas que apunten a la “Conservación del Agua y Ambientes Acuáticos”. Gómez optó entonces por delimitar una zona y una problemática concretas para estudiar: el impacto de la actividad petrolera sobre los recursos hídricos en Ugarteche (Luján).
Entre los 104 proyectos que se presentaron de todo el país, el jurado eligió 5 ganadores y 6 menciones especiales. Como fue una de las primeras, María Laura Gómez recibirá 50 mil pesos para desarrollar su investigación. En la tarea estará acompañada, detalló, por Amílcar Álvarez, del Instituto Nacional del Agua, y Julieta Aranibar, del Ianigla (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales).
Determinar el impacto
La especialista detalló que en la zona de estudio, los acuíferos naturalmente tienen una alta salinidad. A esto se suma que para utilizar las tierras salitrosas para cultivo -principalmente de vid- se realizaron durante mucho tiempo lavados. A su vez, los efluentes de la industria petrolera también pueden cargar sales que incrementarían esta salobridad del agua, además de metales y restos de hidrocarburos de distinta densidad.
Para poder conocer si la explotación petrolera u otras actividades productivas provocan un impacto en los acuíferos, deberán tomar muestras aguas arriba, que servirán para identificar un valor de base. También se irán tomando otras en distintos puntos de su recorrido superficial y de los acuíferos subterráneos.
Estas muestras serán enviadas a la Universidad de Waterloo, en Canadá, donde trabaja Ramón Aravena, un especialista en el uso de isótopos para estudiar la contaminación en áreas urbanas. María Laura Gómez explicó que con el agua de Ugarteche se analizará la presencia de dos isótopos: oxígeno-18 y azufre-34.
Estos elementos químicos van guardando información de los procesos que han sufrido, como huellas que se pueden identificar. Gracias a este estudio isotópico, se puede determinar si el agua sufrió evaporación en una laguna de lodos con hidrocarburos, si la contaminación proviene de un efluente industrial o si la salinización es producto de la interacción con la roca y otros sedimentos.
La geóloga señaló que deberán desarrollar la investigación durante un año, que es lo que prevé el programa del Banco Galicia. Es decir, en ese plazo tendrán que encontrar antecedentes, seleccionar los sitios de muestreo, tomar las muestras y enviarlas a analizar, y en función de los resultados elaborar informes. De todos modos, consideró que este será el primer paso ya que seguramente surgirán diversas posibilidades futuras de análisis.
Asimismo, planteó que el estudio podrá ser utilizado por el Departamento General de Irrigación para definir estrategias de uso del recurso hídrico con los actores involucrados. Y los resultados se podrán aplicar a otras zonas con una problemática similar, es decir, donde se desarrolle un uso simultáneo del agua por la industria petrolera, para el riego de cultivos y para el consumo humano (en Ugarteche por escuelas que utilizan agua de pozo).
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Fecha de Publicación: 25/11/2012
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
María Laura Gómez, hidrogeóloga del Iadiza, presentó una propuesta que fue elegida por el Banco Galicia para financiarla. Recibió 50.000 pesos. El análisis se realizará en Ugarteche. Ugarteche es una zona donde confluyen diversos usos del agua: para emprendimientos petroleros, riego agrícola y consumo humano en algunas escuelas rurales. Por eso, fue elegida por María Laura Gómez, doctora en Hidrogeología, para realizar un estudio del impacto que la explotación de hidrocarburos tiene sobre los recursos hídricos.
La investigadora fue una de las cinco en todo el país que recibirá un estímulo del Fondo para la Conservación Ambiental, un programa del Banco Galicia que financia proyectos de investigación y gestión sustentable.
María Laura Gómez nació y estudió en Córdoba y llegó a Mendoza hace cuatro años. Desde el Laboratorio de Desertificación y Ordenamiento Territorial, del Iadiza (Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas) comenzó a trabajar en diversos proyectos. Pero como ella misma explica, los análisis de muestras de agua, que se requieren en Hidrogeología, son muy costosos.
Unos amigos investigadores le comentaron que este año la tercera edición del Fondo para la Conservación Ambiental iba a financiar propuestas que apunten a la “Conservación del Agua y Ambientes Acuáticos”. Gómez optó entonces por delimitar una zona y una problemática concretas para estudiar: el impacto de la actividad petrolera sobre los recursos hídricos en Ugarteche (Luján).
Entre los 104 proyectos que se presentaron de todo el país, el jurado eligió 5 ganadores y 6 menciones especiales. Como fue una de las primeras, María Laura Gómez recibirá 50 mil pesos para desarrollar su investigación. En la tarea estará acompañada, detalló, por Amílcar Álvarez, del Instituto Nacional del Agua, y Julieta Aranibar, del Ianigla (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales).
Determinar el impacto
La especialista detalló que en la zona de estudio, los acuíferos naturalmente tienen una alta salinidad. A esto se suma que para utilizar las tierras salitrosas para cultivo -principalmente de vid- se realizaron durante mucho tiempo lavados. A su vez, los efluentes de la industria petrolera también pueden cargar sales que incrementarían esta salobridad del agua, además de metales y restos de hidrocarburos de distinta densidad.
Para poder conocer si la explotación petrolera u otras actividades productivas provocan un impacto en los acuíferos, deberán tomar muestras aguas arriba, que servirán para identificar un valor de base. También se irán tomando otras en distintos puntos de su recorrido superficial y de los acuíferos subterráneos.
Estas muestras serán enviadas a la Universidad de Waterloo, en Canadá, donde trabaja Ramón Aravena, un especialista en el uso de isótopos para estudiar la contaminación en áreas urbanas. María Laura Gómez explicó que con el agua de Ugarteche se analizará la presencia de dos isótopos: oxígeno-18 y azufre-34.
Estos elementos químicos van guardando información de los procesos que han sufrido, como huellas que se pueden identificar. Gracias a este estudio isotópico, se puede determinar si el agua sufrió evaporación en una laguna de lodos con hidrocarburos, si la contaminación proviene de un efluente industrial o si la salinización es producto de la interacción con la roca y otros sedimentos.
La geóloga señaló que deberán desarrollar la investigación durante un año, que es lo que prevé el programa del Banco Galicia. Es decir, en ese plazo tendrán que encontrar antecedentes, seleccionar los sitios de muestreo, tomar las muestras y enviarlas a analizar, y en función de los resultados elaborar informes. De todos modos, consideró que este será el primer paso ya que seguramente surgirán diversas posibilidades futuras de análisis.
Asimismo, planteó que el estudio podrá ser utilizado por el Departamento General de Irrigación para definir estrategias de uso del recurso hídrico con los actores involucrados. Y los resultados se podrán aplicar a otras zonas con una problemática similar, es decir, donde se desarrolle un uso simultáneo del agua por la industria petrolera, para el riego de cultivos y para el consumo humano (en Ugarteche por escuelas que utilizan agua de pozo).
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Chubutenses no quieren minería y con YPF están ahí..
Los chubutenses rechazan la minería y esperaban más de Chubut en YPF
Fecha de Publicación: 25/11/2012
Fuente: La Jornada
Provincia/Región: Chubut
Los chubutenses están en desacuerdo con el manejo que el gobierno de Chubut hace de los recursos no renovables, lo que quedó demostrado con la disconformidad que manifestó la gente sobre el papel que le cabe a la provincia en el reparto de acciones de la nueva empresa estatal YPF y también respecto a las intenciones de explotación minera impulsadas por el propio Martín Buzzi.
Así se desprende al menos de la encuesta que realizó en exclusivo para Grupo Jornada la consultora Aresto Instant Research, cuyos resultados se han puesto a consideración de nuestros lectores en las últimas semanas.
Según este trabajo, el 55 por ciento de los chubutenses está en desacuerdo con desarrollar la minería en la provincia y un porcentaje parecido opina que Chubut obtuvo menos de lo que esperaba en el reparto de acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales tras su retorno al Estado Nacional.
Estos números, debe justipreciarse, guardan lógica con los problemas que ha afrontado la gestión Buzzi en ambos sectores, los que incluso pretendió unir en un proyecto de marco regulador que tras recibir innumerables críticas quedó en espera aunque es muy probable que haya novedades en los próximos días.
El Gobierno provincial no pudo o directamente no supo transmitir su voluntad a la sociedad para ganarse su anuencia, sobre todo respecto de la minería. La presentación del marco regulador se hizo con bombos y platillos, prometiendo incluso cheques de las ganancias para cada ciudadano de la provincia, pero después de recibir críticas de distintos sectores, y frenos varios en la Legislatura provincial, el mismo Gobierno mandó a pedir que no sea tratado para enriquecerlo –haciendo un camino inverso a la lógica más elemental- cosa que tampoco ha ocurrido.
En ese marco, ante la pregunta “¿en qué medida está usted de acuerdo con el desarrollo de la minería en la provincia?” el 54,78% de los encuestados contestó que estaba en desacuerdo. Y en rigor sólo el 35,66% se mostró a favor, pues casi el 10% dio no saber qué respuesta dar.
También puede aportarse que entre los que están plenamente convencidos, quienes optaron por señalar que estaban “muy en desacuerdo” casi duplicaron a los que se mostraron “muy de acuerdo” con un 20,29% contra un 12,95%.
El caso de Esquel es emblemático. Allí las posiciones por el No a la mina aparecen como muy elevadas. Debe señalarse aquí que acaso el Gobierno no haya podido nunca explicar lo que pretende hacer con este tipo de explotaciones, toda vez que como negativa se utiliza constantemente el argumento de lo destructivo que resulta la megaminería a cielo abierto mientras que el proyecto Suyai, por ejemplo, no es a cielo abierto y tampoco puede considerarse como megaminería. En definitiva, pese al enorme aparato de propaganda construido en rededor la subsecretaría de Medios en esta gestión de gobierno no se ha logrado transmitir bien el mensaje. Proliferación de gacetillas no es sinónimo, como esto lo demuestra palmariamente, de buena información.
El caso YPF
El caso de YPF tampoco le juega a favor de la administración Buzzi.
A partir de la renacionalización de la empresa se realizaron negociaciones entre Nación y las provincias por los recursos petroleros y gasíferos. Respecto a esto, un 55.33% de los chuputenses opina que Chubut obtuvo menos de lo que le corresponde, contra un escaso 19,65% que piensa que está bien lo que recibe. Sólo un 4,56% opina que obtuvo más de lo que le corresponde.
Tampoco resulta aquí sorprendente el resultado de la compulsa. Buzzi hizo todo los esfuerzos para mostrarse como líder en la repatriación de los activos de YPF y hasta contó con la fortuna de su lado pues en el pico de la pelea de Nación con los capitales privados le tocó en suerte comandar la Organización Federal de Provincias Productoras de Hidrocarburos, pues le correspondía a Chubut la presidencia. No obstante ello, a la hora de repartir acciones la provincia quedó muy relegada. Si a eso se le suman los enormes inconvenientes que ha tenido en el sector, con un conflicto sempiterno que arrancó con la violenta toma del yacimiento Cerro Dragón y que todavía hoy no se cierra, resulta comprensivo que la sociedad tienda a pensar que el manejo le resulta al Gobierno por lo menos engorroso y que si no fuera así habría obtenido mejores resultados.
La pregunta es cómo hará la gestión ahora para revertir esto, especialmente en la cuestión de la minería que aparecía en su momento como una necesidad para conseguir recursos y que ahora aparece como muy trabado especialmente si se tiene en cuenta el compromiso que asumió Buzzi ente los chubutenses con aquello de “no hacer nada sin la licencia social necesaria” tratándose de la explotación de recursos naturales.
Una curiosidad
El caso de la minería resulta curioso desde algún punto. El Gobierno provincial no ha conseguido hacer pie en el tema pese a que su argumento de generación de empleo debería anclar en la sociedad. Es que justamente la falta de empleo es uno de los temas que, según la encuesta de Aresco (ya publicada), más preocupa a la gente. Es así en general para Chubut, en donde el 17,22% eligió este ítem a la hora de hablar de sus preocupaciones y sobre todo en Esquel, el lugar en el que mayor resistencia existe a la explotación minera, pues allí uno de cada cuatro encuestados (26,1%) señaló que la principal preocupación pasa por la falta de trabajo. Ese dato, que debió “ayudar” al gobierno a la hora de ganarse la anuencia de la sociedad para impulsar el sector minero no pesó, sin embargo, a la hora de preguntar específicamente por esto.
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Fecha de Publicación: 25/11/2012
Fuente: La Jornada
Provincia/Región: Chubut
Los chubutenses están en desacuerdo con el manejo que el gobierno de Chubut hace de los recursos no renovables, lo que quedó demostrado con la disconformidad que manifestó la gente sobre el papel que le cabe a la provincia en el reparto de acciones de la nueva empresa estatal YPF y también respecto a las intenciones de explotación minera impulsadas por el propio Martín Buzzi.
Así se desprende al menos de la encuesta que realizó en exclusivo para Grupo Jornada la consultora Aresto Instant Research, cuyos resultados se han puesto a consideración de nuestros lectores en las últimas semanas.
Según este trabajo, el 55 por ciento de los chubutenses está en desacuerdo con desarrollar la minería en la provincia y un porcentaje parecido opina que Chubut obtuvo menos de lo que esperaba en el reparto de acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales tras su retorno al Estado Nacional.
Estos números, debe justipreciarse, guardan lógica con los problemas que ha afrontado la gestión Buzzi en ambos sectores, los que incluso pretendió unir en un proyecto de marco regulador que tras recibir innumerables críticas quedó en espera aunque es muy probable que haya novedades en los próximos días.
El Gobierno provincial no pudo o directamente no supo transmitir su voluntad a la sociedad para ganarse su anuencia, sobre todo respecto de la minería. La presentación del marco regulador se hizo con bombos y platillos, prometiendo incluso cheques de las ganancias para cada ciudadano de la provincia, pero después de recibir críticas de distintos sectores, y frenos varios en la Legislatura provincial, el mismo Gobierno mandó a pedir que no sea tratado para enriquecerlo –haciendo un camino inverso a la lógica más elemental- cosa que tampoco ha ocurrido.
En ese marco, ante la pregunta “¿en qué medida está usted de acuerdo con el desarrollo de la minería en la provincia?” el 54,78% de los encuestados contestó que estaba en desacuerdo. Y en rigor sólo el 35,66% se mostró a favor, pues casi el 10% dio no saber qué respuesta dar.
También puede aportarse que entre los que están plenamente convencidos, quienes optaron por señalar que estaban “muy en desacuerdo” casi duplicaron a los que se mostraron “muy de acuerdo” con un 20,29% contra un 12,95%.
El caso de Esquel es emblemático. Allí las posiciones por el No a la mina aparecen como muy elevadas. Debe señalarse aquí que acaso el Gobierno no haya podido nunca explicar lo que pretende hacer con este tipo de explotaciones, toda vez que como negativa se utiliza constantemente el argumento de lo destructivo que resulta la megaminería a cielo abierto mientras que el proyecto Suyai, por ejemplo, no es a cielo abierto y tampoco puede considerarse como megaminería. En definitiva, pese al enorme aparato de propaganda construido en rededor la subsecretaría de Medios en esta gestión de gobierno no se ha logrado transmitir bien el mensaje. Proliferación de gacetillas no es sinónimo, como esto lo demuestra palmariamente, de buena información.
El caso YPF
El caso de YPF tampoco le juega a favor de la administración Buzzi.
A partir de la renacionalización de la empresa se realizaron negociaciones entre Nación y las provincias por los recursos petroleros y gasíferos. Respecto a esto, un 55.33% de los chuputenses opina que Chubut obtuvo menos de lo que le corresponde, contra un escaso 19,65% que piensa que está bien lo que recibe. Sólo un 4,56% opina que obtuvo más de lo que le corresponde.
Tampoco resulta aquí sorprendente el resultado de la compulsa. Buzzi hizo todo los esfuerzos para mostrarse como líder en la repatriación de los activos de YPF y hasta contó con la fortuna de su lado pues en el pico de la pelea de Nación con los capitales privados le tocó en suerte comandar la Organización Federal de Provincias Productoras de Hidrocarburos, pues le correspondía a Chubut la presidencia. No obstante ello, a la hora de repartir acciones la provincia quedó muy relegada. Si a eso se le suman los enormes inconvenientes que ha tenido en el sector, con un conflicto sempiterno que arrancó con la violenta toma del yacimiento Cerro Dragón y que todavía hoy no se cierra, resulta comprensivo que la sociedad tienda a pensar que el manejo le resulta al Gobierno por lo menos engorroso y que si no fuera así habría obtenido mejores resultados.
La pregunta es cómo hará la gestión ahora para revertir esto, especialmente en la cuestión de la minería que aparecía en su momento como una necesidad para conseguir recursos y que ahora aparece como muy trabado especialmente si se tiene en cuenta el compromiso que asumió Buzzi ente los chubutenses con aquello de “no hacer nada sin la licencia social necesaria” tratándose de la explotación de recursos naturales.
Una curiosidad
El caso de la minería resulta curioso desde algún punto. El Gobierno provincial no ha conseguido hacer pie en el tema pese a que su argumento de generación de empleo debería anclar en la sociedad. Es que justamente la falta de empleo es uno de los temas que, según la encuesta de Aresco (ya publicada), más preocupa a la gente. Es así en general para Chubut, en donde el 17,22% eligió este ítem a la hora de hablar de sus preocupaciones y sobre todo en Esquel, el lugar en el que mayor resistencia existe a la explotación minera, pues allí uno de cada cuatro encuestados (26,1%) señaló que la principal preocupación pasa por la falta de trabajo. Ese dato, que debió “ayudar” al gobierno a la hora de ganarse la anuencia de la sociedad para impulsar el sector minero no pesó, sin embargo, a la hora de preguntar específicamente por esto.
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500 mil hectáreas en La Rioja para la megaminería
La Rioja: denunciaron que la megaminería ya ocupa más de 500 mil hectáreas
Fecha de Publicación: 24/11/2012
Fuente: Clarin
Provincia/Región: La Rioja
Las Asambleas Ciudadanas de La Rioja, integradas a la Unión de Asambleas (UAC) de todo el país, denunciaron que desde 2003 la megaminería creció más de un 1.500 por ciento a nivel nacional; y que en La Rioja esta actividad ya compromete más de 500.000 hectáreas .
“Aun ante la falta de información oficial hemos podido relevar, en base a documentos públicos, que los emprendimientos mineros ya autorizados por la Secretaria de Ambiente y la Dirección de Minería comprometen más de 500.000 hectáreas de nuestra provincia”, afirmaron las Asambleas mediante un comunicado. Agregan que “según datos oficiales desde 2003 a la fecha la megamineria en el territorio nacional ha crecido mas de un 1.500 por ciento (hasta el año 2011 se registraron 600 proyectos mineros en marcha). Las exploraciones que denunciamos en su mayoría metalíferas, uraníferas y ahora también de litio necesariamente emplean para la extracción procesos hidroquímicos muy contaminantes con altísimo consumo de agua, comprometiendo ríos, glaciares y napas y causando daños irreparables en el ambiente y la salud de la población”.
Agregan que muchos de estos emprendimientos se encuentran muy cerca de pueblos y ciudades “ violando incluso leyes de protección de reservas naturales como Laguna Brava en Vinchina y El Vallecito en Olta, entre otras”.
Las Asambleas afirman que “desde el año 2006 el modelo extractivo se viene instalando sin pausa en nuestra región, imponiéndose gracias a la corrupción de nuestros gobiernos (nacional, provincial y municipales), quienes posibilitan la legislación y la infraestructura necesarias para su desarrollo”.
Los ambientalistas también responsabilizan “a los gobiernos universitarios de nuestra provincia y a las autoridades educativas que imponen el silencio a docentes y alumnos y que posibilitan que hoy nuestras universidades produzcan saber y conocimiento para éstas empresas y busquen limpiar la imagen negativa de las mineras”.
El gobierno provincial respecto de estas denuncias y ofreció una conferencia con dos especialistas en glaciares, los doctores Matthias Jakob y Pablo Wainstein de la empresa canadiense BGC. Ambos ya habían disertado en el Senado nacional. El secretario de Ambiente, Nito Brizuela, señaló que el Gobierno de la provincia “considera de vital importancia el estudio de glaciares y reconoce que es una reserva estratégica”. Pero los ambientalistas dicen que la BGC trabaja para las grandes mineras.
Hace unos días la Secretaría de Minería de la Nacion informó de un nuevo récord histórico en la exploraciones mineras, superando 1.250.000 metros perforados, un 21% más que en 2011 cuando se alcanzó el mayor pico en esta actividad. Y anunció que en los próximos siete años Argentina estará entre los siete productores de oro mayores del mundo.
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Fecha de Publicación: 24/11/2012
Fuente: Clarin
Provincia/Región: La Rioja
Las Asambleas Ciudadanas de La Rioja, integradas a la Unión de Asambleas (UAC) de todo el país, denunciaron que desde 2003 la megaminería creció más de un 1.500 por ciento a nivel nacional; y que en La Rioja esta actividad ya compromete más de 500.000 hectáreas .“Aun ante la falta de información oficial hemos podido relevar, en base a documentos públicos, que los emprendimientos mineros ya autorizados por la Secretaria de Ambiente y la Dirección de Minería comprometen más de 500.000 hectáreas de nuestra provincia”, afirmaron las Asambleas mediante un comunicado. Agregan que “según datos oficiales desde 2003 a la fecha la megamineria en el territorio nacional ha crecido mas de un 1.500 por ciento (hasta el año 2011 se registraron 600 proyectos mineros en marcha). Las exploraciones que denunciamos en su mayoría metalíferas, uraníferas y ahora también de litio necesariamente emplean para la extracción procesos hidroquímicos muy contaminantes con altísimo consumo de agua, comprometiendo ríos, glaciares y napas y causando daños irreparables en el ambiente y la salud de la población”.
Agregan que muchos de estos emprendimientos se encuentran muy cerca de pueblos y ciudades “ violando incluso leyes de protección de reservas naturales como Laguna Brava en Vinchina y El Vallecito en Olta, entre otras”.
Las Asambleas afirman que “desde el año 2006 el modelo extractivo se viene instalando sin pausa en nuestra región, imponiéndose gracias a la corrupción de nuestros gobiernos (nacional, provincial y municipales), quienes posibilitan la legislación y la infraestructura necesarias para su desarrollo”.
Los ambientalistas también responsabilizan “a los gobiernos universitarios de nuestra provincia y a las autoridades educativas que imponen el silencio a docentes y alumnos y que posibilitan que hoy nuestras universidades produzcan saber y conocimiento para éstas empresas y busquen limpiar la imagen negativa de las mineras”.
El gobierno provincial respecto de estas denuncias y ofreció una conferencia con dos especialistas en glaciares, los doctores Matthias Jakob y Pablo Wainstein de la empresa canadiense BGC. Ambos ya habían disertado en el Senado nacional. El secretario de Ambiente, Nito Brizuela, señaló que el Gobierno de la provincia “considera de vital importancia el estudio de glaciares y reconoce que es una reserva estratégica”. Pero los ambientalistas dicen que la BGC trabaja para las grandes mineras.
Hace unos días la Secretaría de Minería de la Nacion informó de un nuevo récord histórico en la exploraciones mineras, superando 1.250.000 metros perforados, un 21% más que en 2011 cuando se alcanzó el mayor pico en esta actividad. Y anunció que en los próximos siete años Argentina estará entre los siete productores de oro mayores del mundo.
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Greenpeace quiere debatir en 678 con Giorgi
Greenpeace pide a la ministra Giorgi que debata públicamente sobre la ley de Basura Electrónica
Fecha de Publicación: 24/11/2012
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Nacional
Ante la inminente finalización del período legislativo, y la posibilidad de que el proyecto de Ley de residuos electrónicos pierda estado parlamentario, la organización ambientalista Greenpeace, le pidió a la ministra de Industria Débora Giorgi que debata públicamente y en forma urgente sobre los alcances de la Ley y los motivos por los cuales la funcionaria traba el tratamiento de la norma en la Cámara de Diputados.
“La Ministra de Industria y el diputado Feletti, están frenando un proyecto que es clave para disminuir el grave impacto que generan estos residuos en la salud y el ambiente de los vecinos” declaró Consuelo Bilbao, de Greenpeace. “Quedan pocos días para que el proyecto quede sin efecto, y por eso le pedimos a la ministra que exponga públicamente los argumentos para no permitir que se apruebe una Ley elaborada con la colaboración de ONGs, legisladores, recicladores y organismos de gobierno como el Instituto nacional de Tecnología Industrial (INTI) o la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que daría solución a la parte más tóxica de los residuos que generamos en nuestros hogares”.
Greenpeace está solicitando llevar a cabo el debate en los próximos días, en el ámbito público que opten la ministra o el diputado Feletti, quien preside la comisión de Presupuesto donde el proyecto quedó bloqueado. Del mismo modo, la organización pide y agradece a los medios de comunicación que les sea posible hacerlo, que favorezcan un espacio e impulsen la realización de este encuentro.
La Ley de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos está hace casi 5 años en el Congreso, ya fue aprobada en el Senado por todos los bloques y está a la espera de su aprobación en Diputados.
Greenpeace viene promoviendo la Ley y reclamando a los Diputados su aprobación, y en las últimas semanas denunció que el bloqueo por parte del Ministerio de Industria favorece los intereses de las firmas nucleadas en la Cámara de Comercio de Estados Unidos que se oponen al proyecto, para no pagar por la contaminación que generan sus productos, una vez que pasan a ser basura electrónica.
En Argentina, cada año se descartan 400 millones de pilas y se generan más de 120 mil toneladas de basura electrónica. Sin embargo, en el país aún no existe un sistema de gestión que haga frente a estos residuos y le dé un tratamiento adecuado. Además de contener sustancias tóxicas, estos residuos tienen materiales que pueden ser recuperados y reciclados, que hoy se están tirando a la basura; más del 95% de un celular puede ser recuperado.
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Fecha de Publicación: 24/11/2012
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Nacional
Ante la inminente finalización del período legislativo, y la posibilidad de que el proyecto de Ley de residuos electrónicos pierda estado parlamentario, la organización ambientalista Greenpeace, le pidió a la ministra de Industria Débora Giorgi que debata públicamente y en forma urgente sobre los alcances de la Ley y los motivos por los cuales la funcionaria traba el tratamiento de la norma en la Cámara de Diputados.
“La Ministra de Industria y el diputado Feletti, están frenando un proyecto que es clave para disminuir el grave impacto que generan estos residuos en la salud y el ambiente de los vecinos” declaró Consuelo Bilbao, de Greenpeace. “Quedan pocos días para que el proyecto quede sin efecto, y por eso le pedimos a la ministra que exponga públicamente los argumentos para no permitir que se apruebe una Ley elaborada con la colaboración de ONGs, legisladores, recicladores y organismos de gobierno como el Instituto nacional de Tecnología Industrial (INTI) o la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que daría solución a la parte más tóxica de los residuos que generamos en nuestros hogares”.
Greenpeace está solicitando llevar a cabo el debate en los próximos días, en el ámbito público que opten la ministra o el diputado Feletti, quien preside la comisión de Presupuesto donde el proyecto quedó bloqueado. Del mismo modo, la organización pide y agradece a los medios de comunicación que les sea posible hacerlo, que favorezcan un espacio e impulsen la realización de este encuentro.
La Ley de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos está hace casi 5 años en el Congreso, ya fue aprobada en el Senado por todos los bloques y está a la espera de su aprobación en Diputados.
Greenpeace viene promoviendo la Ley y reclamando a los Diputados su aprobación, y en las últimas semanas denunció que el bloqueo por parte del Ministerio de Industria favorece los intereses de las firmas nucleadas en la Cámara de Comercio de Estados Unidos que se oponen al proyecto, para no pagar por la contaminación que generan sus productos, una vez que pasan a ser basura electrónica.
En Argentina, cada año se descartan 400 millones de pilas y se generan más de 120 mil toneladas de basura electrónica. Sin embargo, en el país aún no existe un sistema de gestión que haga frente a estos residuos y le dé un tratamiento adecuado. Además de contener sustancias tóxicas, estos residuos tienen materiales que pueden ser recuperados y reciclados, que hoy se están tirando a la basura; más del 95% de un celular puede ser recuperado.
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Justicia correntina orden demolición de terraplenes
Jueces ratifican orden de demolición de terraplenes construidos en el Iberá
Fecha de Publicación: 23/11/2012
Fuente: Política Correntina
Provincia/Región: Corrientes
La Justicia correntina volvió a expedirse en contra de la construcción de terraplenes en la Reserva del Iberá. En un pronunciamiento firmado por los jueces Carlos Aníbal Rodríguez y María Eugenia Sierra De Desimoni, se ordena concretar la demolición tras la denuncia hecha por pobladores y ecologistas en agosto, por el inicio de nuevos trabajos en la zona.
En el expediente Nº 74.036, de la Cámara Sala IV, fallo del 5 de noviembre, los jueces señalan que “Las sentencias judiciales están para cumplirse. 3- En el caso la parte demandada no solo no cumplió con la orden judicial sino que además realizo una serie de obras que no sólo continuaron sino que constituyen un conjunto de terraplenes que, en nuestra opinión -ratificada por el Alto Cuerpo en su decisorio ya mencionado- pueden constituir un grave perjuicio al ecosistema Iberá.”
Desde la Organización Ecologista Guardianes del Iberá, señalan que no se cumplió con la sentencia firme de demoler el terraplén (2007), y se comenzó a ampliarlo. Esto fue denunciado por la Organización Ecologistas “Guardianes del Iberá” (animadora de la campaña “Salvemos al Iberá”) el 13 de Agosto de este año con presentaciones administrativas en el Icaa que fueron acompaña por protestas”.
Destacan además que los jueces de la Cámara de Apelaciones decían en su fallo “podemos llegar a la conclusión de que todo este largo proceso terminaría con la demolición de lo construido por la demandada, pero reemplazado por otra obra de similares características, lo que de admitirse constituiría además de una grave burla al poder jurisdiccional, un nuevo e igual peligro para el ecosistema del Iberá y esto debe prevenirse por mandato legal y constitucional”.
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Fecha de Publicación: 23/11/2012
Fuente: Política Correntina
Provincia/Región: Corrientes
La Justicia correntina volvió a expedirse en contra de la construcción de terraplenes en la Reserva del Iberá. En un pronunciamiento firmado por los jueces Carlos Aníbal Rodríguez y María Eugenia Sierra De Desimoni, se ordena concretar la demolición tras la denuncia hecha por pobladores y ecologistas en agosto, por el inicio de nuevos trabajos en la zona.En el expediente Nº 74.036, de la Cámara Sala IV, fallo del 5 de noviembre, los jueces señalan que “Las sentencias judiciales están para cumplirse. 3- En el caso la parte demandada no solo no cumplió con la orden judicial sino que además realizo una serie de obras que no sólo continuaron sino que constituyen un conjunto de terraplenes que, en nuestra opinión -ratificada por el Alto Cuerpo en su decisorio ya mencionado- pueden constituir un grave perjuicio al ecosistema Iberá.”
Desde la Organización Ecologista Guardianes del Iberá, señalan que no se cumplió con la sentencia firme de demoler el terraplén (2007), y se comenzó a ampliarlo. Esto fue denunciado por la Organización Ecologistas “Guardianes del Iberá” (animadora de la campaña “Salvemos al Iberá”) el 13 de Agosto de este año con presentaciones administrativas en el Icaa que fueron acompaña por protestas”.
Destacan además que los jueces de la Cámara de Apelaciones decían en su fallo “podemos llegar a la conclusión de que todo este largo proceso terminaría con la demolición de lo construido por la demandada, pero reemplazado por otra obra de similares características, lo que de admitirse constituiría además de una grave burla al poder jurisdiccional, un nuevo e igual peligro para el ecosistema del Iberá y esto debe prevenirse por mandato legal y constitucional”.
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Deliberante de Esquel aprueba ordenanza antiminera
Aprueban ordenanza que prohíbe habilitaciones a empresas mineras
Fecha de Publicación: 23/11/2012
Fuente: Diario Digital El Chubut
Provincia/Región: Chubut
El Concejo Deliberante de Esquel aprobó ayer por unanimidad el proyecto de ordenanza que prohíbe el otorgamiento de habilitaciones comerciales a empresas mineras.
Asistieron a la sesión un reducido grupo de empleados de la empresa Minas Argentinas S.A, como así también una importante cantidad de vecinos de la asamblea de autoconvocados por el No a la Mina que, aplaudió la decisión del cuerpo legislativo. «Para nosotros esto constituye una política de Estado que, marca un camino a seguir hacia delante. Porque desde el 2002 hasta ahora, el pueblo de Esquel sigue diciendo que no quiere emprendimientos mega mineros en la ciudad», dijo el presidente del bloque del FPV, Horacio Iturrioz luego de aprobada la norma.
Si bien se temía que pudieran ocasionarse algunos disturbios entre los grupos, la sesión se desarrolló con normalidad.
La ordenanza aprobada establece que se debe incorporar cuando se trate el Código Tributario Municipal la siguiente modificación: artículo 166 bis «no se otorgará habilitación comercial para el ejercicio de actividades accesorias, complementarias o conexas que se encuentren prohibidas o de cualquier forma no permitidas por la legislación municipal».
De esta manera, el proyecto fija una posición con respecto a aquellas empresas cuyo objeto u actividades, se encuentran prohibidas por otra ordenanza en la ciudad como es el caso de la explotación minera metalífera, estableciendo en estos casos la imposibilidad del municipio de otorgar una habilitación.
En el marco de la sesión, se destacó que la ordenanza surgió del consenso de tres propuestas presentadas, las que fueron enriquecidas con algunos fundamentos de índole legal que le dan sustento a la norma sancionada y que pondrá fin a una polémica que se generó a partir del otorgamiento que hizo el municipio de la habilitación comercial a la empresa Minas Argentinas aduciendo que no tenía ningún fundamento para no hacerlo ya que, entendía que la prohibición que existía hasta el momento en el ejido de la ciudad por ley provincial y ordenanza era sobre la explotación minera pero no para el funcionamiento de una oficina de la empresa minera.
Cabe recordar que la empresa Minas Argentinas posee una habilitación provisoria otorgada por el municipio de Esquel que vencerá el 1º de mayo del 2013.
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Fecha de Publicación: 23/11/2012
Fuente: Diario Digital El Chubut
Provincia/Región: Chubut
El Concejo Deliberante de Esquel aprobó ayer por unanimidad el proyecto de ordenanza que prohíbe el otorgamiento de habilitaciones comerciales a empresas mineras.
Asistieron a la sesión un reducido grupo de empleados de la empresa Minas Argentinas S.A, como así también una importante cantidad de vecinos de la asamblea de autoconvocados por el No a la Mina que, aplaudió la decisión del cuerpo legislativo. «Para nosotros esto constituye una política de Estado que, marca un camino a seguir hacia delante. Porque desde el 2002 hasta ahora, el pueblo de Esquel sigue diciendo que no quiere emprendimientos mega mineros en la ciudad», dijo el presidente del bloque del FPV, Horacio Iturrioz luego de aprobada la norma.
Si bien se temía que pudieran ocasionarse algunos disturbios entre los grupos, la sesión se desarrolló con normalidad.
La ordenanza aprobada establece que se debe incorporar cuando se trate el Código Tributario Municipal la siguiente modificación: artículo 166 bis «no se otorgará habilitación comercial para el ejercicio de actividades accesorias, complementarias o conexas que se encuentren prohibidas o de cualquier forma no permitidas por la legislación municipal».
De esta manera, el proyecto fija una posición con respecto a aquellas empresas cuyo objeto u actividades, se encuentran prohibidas por otra ordenanza en la ciudad como es el caso de la explotación minera metalífera, estableciendo en estos casos la imposibilidad del municipio de otorgar una habilitación.
En el marco de la sesión, se destacó que la ordenanza surgió del consenso de tres propuestas presentadas, las que fueron enriquecidas con algunos fundamentos de índole legal que le dan sustento a la norma sancionada y que pondrá fin a una polémica que se generó a partir del otorgamiento que hizo el municipio de la habilitación comercial a la empresa Minas Argentinas aduciendo que no tenía ningún fundamento para no hacerlo ya que, entendía que la prohibición que existía hasta el momento en el ejido de la ciudad por ley provincial y ordenanza era sobre la explotación minera pero no para el funcionamiento de una oficina de la empresa minera.
Cabe recordar que la empresa Minas Argentinas posee una habilitación provisoria otorgada por el municipio de Esquel que vencerá el 1º de mayo del 2013.
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La importancia estrégica de la biodiversidad
Una herramienta imprescindible
Fecha de Publicación: 23/11/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La República Argentina es uno de los países con mayor variedad de ecorregiones en el mundo: quince zonas continentales, tres oceánicas y Antártida están representadas en su territorio. Una biodiversidad excepcionalmente rica, tanto en especies y variación genética como en ecosistemas. Esto representa para nuestro país un significativo valor estratégico que debemos preservar en función de los intereses nacionales y populares.
Preservar la biodiversidad es proteger la vida. Implica asegurar el desarrollo productivo actual y su potencialidad en el futuro. Existen varias herramientas estratégicas que estamos desarrollando con este objetivo: la implementación de la ley 26.331 de protección de bosques nativos, la Estrategia Nacional de Biodiversidad que estamos consensuando con todas las provincias y un Sistema Federal de Manejo de Fuego, entre otras.
En este momento está para ser tratado en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley de Manejo del Fuego, votado por unanimidad por el Senado de la Nación.
El proyecto fue presentado por la senadora Sandra Giménez, de Misiones, y el Senado acompañó y lideró esta legislación con proyectos anteriores.
La Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental de la Secretaría de Ambiente ha trabajado activamente en el proceso de elaboración de esta ley, con el objetivo de consolidar institucionalmente un Sistema Federal de Manejo del Fuego, que permita mantener los procesos ecológicos esenciales, preservar la diversidad genética y garantizar la utilización sustentable de las especies y los ecosistemas.
Esta ley permitirá cerrar un proceso de análisis, discusión y valiosos aportes que en los últimos años se han realizado desde instituciones, organizaciones y especialistas, creando un sistema nacional con una visión holística del problema, que contribuirá a mejorar la calidad de vida de las localidades y las personas afectadas en forma recurrente por los incendios de bosques y campos.
El proyecto reúne todos los elementos necesarios para dar un salto cualitativo a nivel institucional en la prevención y combate de los incendios forestales y rurales, con consecuencias superadoras relevantes en los aspectos técnicos y operativos.
El Sistema Nacional que se crea tiene como objetivos establecer mecanismos para un eficiente manejo del fuego en defensa de la naturaleza, así como velar por la seguridad de la población en general y de las personas afectadas al combate de incendios. Está integrado por las organizaciones provinciales y de parques nacionales con la coordinación de la Secretaría de Ambiente de la Nación.
Cabe destacar que más de dos mil combatientes de incendios forestales y personal técnico de apoyo especializado de todo el país serán beneficiarios directos, al contar con esta ley, con un marco normativo que regulará una actividad laboral de alto riesgo y especialización.
Este Sistema Federal de Manejo del Fuego es el resultado de un proceso institucional que hoy ya se encuentra en funcionamiento. Sin embargo, mediante el dictado de la ley, que hoy cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Recursos Naturales, será consolidado, respaldado y contará con el presupuesto necesario, constituyéndose así en una importante y real política de Estado.
Por Silvia Révora * Subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
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Fecha de Publicación: 23/11/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La República Argentina es uno de los países con mayor variedad de ecorregiones en el mundo: quince zonas continentales, tres oceánicas y Antártida están representadas en su territorio. Una biodiversidad excepcionalmente rica, tanto en especies y variación genética como en ecosistemas. Esto representa para nuestro país un significativo valor estratégico que debemos preservar en función de los intereses nacionales y populares.Preservar la biodiversidad es proteger la vida. Implica asegurar el desarrollo productivo actual y su potencialidad en el futuro. Existen varias herramientas estratégicas que estamos desarrollando con este objetivo: la implementación de la ley 26.331 de protección de bosques nativos, la Estrategia Nacional de Biodiversidad que estamos consensuando con todas las provincias y un Sistema Federal de Manejo de Fuego, entre otras.
En este momento está para ser tratado en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley de Manejo del Fuego, votado por unanimidad por el Senado de la Nación.
El proyecto fue presentado por la senadora Sandra Giménez, de Misiones, y el Senado acompañó y lideró esta legislación con proyectos anteriores.
La Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental de la Secretaría de Ambiente ha trabajado activamente en el proceso de elaboración de esta ley, con el objetivo de consolidar institucionalmente un Sistema Federal de Manejo del Fuego, que permita mantener los procesos ecológicos esenciales, preservar la diversidad genética y garantizar la utilización sustentable de las especies y los ecosistemas.
Esta ley permitirá cerrar un proceso de análisis, discusión y valiosos aportes que en los últimos años se han realizado desde instituciones, organizaciones y especialistas, creando un sistema nacional con una visión holística del problema, que contribuirá a mejorar la calidad de vida de las localidades y las personas afectadas en forma recurrente por los incendios de bosques y campos.
El proyecto reúne todos los elementos necesarios para dar un salto cualitativo a nivel institucional en la prevención y combate de los incendios forestales y rurales, con consecuencias superadoras relevantes en los aspectos técnicos y operativos.
El Sistema Nacional que se crea tiene como objetivos establecer mecanismos para un eficiente manejo del fuego en defensa de la naturaleza, así como velar por la seguridad de la población en general y de las personas afectadas al combate de incendios. Está integrado por las organizaciones provinciales y de parques nacionales con la coordinación de la Secretaría de Ambiente de la Nación.
Cabe destacar que más de dos mil combatientes de incendios forestales y personal técnico de apoyo especializado de todo el país serán beneficiarios directos, al contar con esta ley, con un marco normativo que regulará una actividad laboral de alto riesgo y especialización.
Este Sistema Federal de Manejo del Fuego es el resultado de un proceso institucional que hoy ya se encuentra en funcionamiento. Sin embargo, mediante el dictado de la ley, que hoy cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Recursos Naturales, será consolidado, respaldado y contará con el presupuesto necesario, constituyéndose así en una importante y real política de Estado.
Por Silvia Révora * Subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
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El uso incorrecto de plaguicidas podría ser penalizado
Proponen penalizar la utilización indebida de agroquímicos
Fecha de Publicación: 22/11/2012
Fuente: Agencia FE
Provincia/Región: Santa Fe
La diputada provincial Verónica Benas presentó un proyecto ley para incluir el uso indebido de agroquímicos en el Código de Faltas de Santa Fe. Se propone ampliar el alcance del artículo 135 para sancionar con multas o arresto a quien practique, autorice u ordene aspersiones sin contemplar las normas de seguridad. “Buscamos que el Estado esté más cerca de los potenciales damnificados facilitando la posibilidad de las denuncias en cualquier parte del territorio santafesino”, explicó la legisladora del Partido PARES.
El proyecto de Verónica Benas propone una nueva redacción para el artículo 135 del Código de Faltas de la provincia de Santa Fe, sancionando con arresto de hasta sesenta días o multa de hasta cuatrocientos jus, "a quien practique, autorice u ordene aspersiones de fitosanitarios, sin contemplar las normas de seguridad que rigen el uso regular de esos productos, incluido el destino final de sus envases, poniendo en riesgo la salud de la población rural y urbana, y la biodiversidad en general.”
Estamos proponiendo una sanción de naturaleza penal y de mayor rigor, la utilización de agroquímicos en forma irregular o cuando se exceden las normas de seguridad para su uso", explicó Verónica Benas.
Se sabe que la ley 11273 de fitosanitarios prevé en la provincia sanciones de multas de carácter administrativo a quienes la infrinjan, pero la experiencia indica que no se llevan a la práctica pese al inicio de los trámites.
Además, esta legislación específica se encuentra en revisión legislativa desde hace varios años, luego de las denuncias, fallos judiciales y polémicas desatadas por la aplicación de estos productos. En este marco se han sancionado ordenanzas en municipios y comunales de la provincia que han atendido a la preocupación de la comunidad por preservarse.
"Creemos que la regulación propuesta se encuadra perfectamente en el Título VIII del Código de Faltas, cuando se refiere a la salud pública y el equilibrio ecológico, y más específicamente a la utilización de productos peligrosos. Para esto agregamos a la sanción de arresto ya vigente, una multa en jus, graduable por el juez, que es equivalente a las previstas en la ley 11273 en base a litros de gasoil", agregó la legisladora.
“Buscamos que el Estado esté más cerca de los potenciales damnificados facilitando la posibilidad de las denuncias, teniendo en cuenta que se pueden realizar en las dependencias policiales en todo el territorio de la provincia".
Este aspecto además contribuye a promover el control social en el cumplimento de las normas que regulan el manejo responsable de los fitosanitarios, una demanda reiterada de sectores sociales preocupados por el impacto que estos productos puedan acarrear a la salud humana y en la diversidad biológica en general, que se sintetiza en la frase:“Paren de fumigar”.
Finalmente no podemos dejar de mencionar el principio precautorio ambiental que uniforma la materia y que cada vez goza de mayor reconocimiento jurisprudencial, tanto en el orden nacional como internacional.
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Fecha de Publicación: 22/11/2012
Fuente: Agencia FE
Provincia/Región: Santa Fe
La diputada provincial Verónica Benas presentó un proyecto ley para incluir el uso indebido de agroquímicos en el Código de Faltas de Santa Fe. Se propone ampliar el alcance del artículo 135 para sancionar con multas o arresto a quien practique, autorice u ordene aspersiones sin contemplar las normas de seguridad. “Buscamos que el Estado esté más cerca de los potenciales damnificados facilitando la posibilidad de las denuncias en cualquier parte del territorio santafesino”, explicó la legisladora del Partido PARES.El proyecto de Verónica Benas propone una nueva redacción para el artículo 135 del Código de Faltas de la provincia de Santa Fe, sancionando con arresto de hasta sesenta días o multa de hasta cuatrocientos jus, "a quien practique, autorice u ordene aspersiones de fitosanitarios, sin contemplar las normas de seguridad que rigen el uso regular de esos productos, incluido el destino final de sus envases, poniendo en riesgo la salud de la población rural y urbana, y la biodiversidad en general.”
Estamos proponiendo una sanción de naturaleza penal y de mayor rigor, la utilización de agroquímicos en forma irregular o cuando se exceden las normas de seguridad para su uso", explicó Verónica Benas.
Se sabe que la ley 11273 de fitosanitarios prevé en la provincia sanciones de multas de carácter administrativo a quienes la infrinjan, pero la experiencia indica que no se llevan a la práctica pese al inicio de los trámites.
Además, esta legislación específica se encuentra en revisión legislativa desde hace varios años, luego de las denuncias, fallos judiciales y polémicas desatadas por la aplicación de estos productos. En este marco se han sancionado ordenanzas en municipios y comunales de la provincia que han atendido a la preocupación de la comunidad por preservarse.
"Creemos que la regulación propuesta se encuadra perfectamente en el Título VIII del Código de Faltas, cuando se refiere a la salud pública y el equilibrio ecológico, y más específicamente a la utilización de productos peligrosos. Para esto agregamos a la sanción de arresto ya vigente, una multa en jus, graduable por el juez, que es equivalente a las previstas en la ley 11273 en base a litros de gasoil", agregó la legisladora.
“Buscamos que el Estado esté más cerca de los potenciales damnificados facilitando la posibilidad de las denuncias, teniendo en cuenta que se pueden realizar en las dependencias policiales en todo el territorio de la provincia".
Este aspecto además contribuye a promover el control social en el cumplimento de las normas que regulan el manejo responsable de los fitosanitarios, una demanda reiterada de sectores sociales preocupados por el impacto que estos productos puedan acarrear a la salud humana y en la diversidad biológica en general, que se sintetiza en la frase:“Paren de fumigar”.
Finalmente no podemos dejar de mencionar el principio precautorio ambiental que uniforma la materia y que cada vez goza de mayor reconocimiento jurisprudencial, tanto en el orden nacional como internacional.
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En Neuquén no quieren pedidos de informe
Frenan informes por contaminación
Fecha de Publicación: 22/11/2012
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
El oficialismo frenó tres pedidos de informes por posible contaminación con residuos de la actividad petrolera en los lagos Los Barriales y Mari Menuco, pese a que una semana antes todos los bloques habían acordado habilitar las consultas al Ejecutivo.
El tema se trató en la comisión de Hidrocarburos de la Legislatura, que preside Luis Sapag (MPN), a partir de las presentaciones del Frente Grande-MUN, UNE-FPN y CC-ARI. En todos los casos, el fundamento es una pericia de la Corte Suprema de Justicia en la que se advierte de la presencia de hidrocarburos en Los Barriales en un nivel 50 veces mayor al máximo permitido para recreación. También se mencionó que una de las querellantes en la causa que tramita la Justicia Federal, Cristina Cherqui, falleció poco después de que le detectaran contaminación con plomo en sangre.
Disparador
Ayer Sapag expresó que había cambiado de opinión y rechazó cualquier pedido de informes a la subsecretaría de Ambiente. En cambio, sugirió tomar los proyectos como “un disparador” para analizar el tema junto con el Ejecutivo.
Desde la oposición, insistieron en votar las propuestas y quedaron en minoría, por el voto en contra del MPN y sus fuerzas aliadas.
Sapag indicó que, al margen de las discrepancias, seguirá el debate en la comisión durante 2013, con alguna visita a los pozos no convencionales.
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Fecha de Publicación: 22/11/2012
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
El oficialismo frenó tres pedidos de informes por posible contaminación con residuos de la actividad petrolera en los lagos Los Barriales y Mari Menuco, pese a que una semana antes todos los bloques habían acordado habilitar las consultas al Ejecutivo.
El tema se trató en la comisión de Hidrocarburos de la Legislatura, que preside Luis Sapag (MPN), a partir de las presentaciones del Frente Grande-MUN, UNE-FPN y CC-ARI. En todos los casos, el fundamento es una pericia de la Corte Suprema de Justicia en la que se advierte de la presencia de hidrocarburos en Los Barriales en un nivel 50 veces mayor al máximo permitido para recreación. También se mencionó que una de las querellantes en la causa que tramita la Justicia Federal, Cristina Cherqui, falleció poco después de que le detectaran contaminación con plomo en sangre.
Disparador
Ayer Sapag expresó que había cambiado de opinión y rechazó cualquier pedido de informes a la subsecretaría de Ambiente. En cambio, sugirió tomar los proyectos como “un disparador” para analizar el tema junto con el Ejecutivo.
Desde la oposición, insistieron en votar las propuestas y quedaron en minoría, por el voto en contra del MPN y sus fuerzas aliadas.
Sapag indicó que, al margen de las discrepancias, seguirá el debate en la comisión durante 2013, con alguna visita a los pozos no convencionales.
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Mapuches obtienen fallo favorable por sus tierras
Fallo judicial reconoce Derechos Mapuche frente a terrateniente
Fecha de Publicación: 22/11/2012
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Neuquén
La Justicia de Neuquén rechazó el desalojo de una comunidad Mapuche al reconocer que se trataba de posesión tradicional indígena y remarcó la supremacía de la legislación indígena sobre el derecho privado. La demanda había sido presentada por un ex juez de la dictadura militar.
La Justicia de Neuquén falló a favor de la Comunidad Mapuche Tuwun Kupalmeo Maliqueo, que había sido denunciada en 2009 por “usurpar” un territorio donde produce y vive desde tiempos inmemoriales. La sentencia es inédita en cuanto reconoce derechos sobre tierras de veranada (se utilizan sólo una parte del año) y porque aplica el derecho indígena, de mayor jerarquía, por sobre el Código Civil. La sentencia marca un antecedente importante para decenas de casos en el que empresarios cierran las veranadas de las comunidades indígenas. El terrateniente demandante es un ex juez de la dictadura militar señalado de colaboracionista.
Las tierras de veranada son las parcelas donde indígenas y campesinos llegan cada temporada de calor para que sus animales se alimenten. Es una práctica milenaria el permanecer en invierno en tierras bajas (campos de “invernada”) y migrar en primavera hacia la “veranada”, donde los animales aprovechan buenas pasturas y recobran fuerzas. Estos campos, y los caminos de arreos, son alambrados por empresarios que atentan contra la vida indígena y campesina.
En enero de 2009, la comunidad Tuwun Kupalmeo Maliqueo abrió la tranquera con la que un estanciero había cerrado el campo de veranada mapuche, 829 hectáreas en el departamento de Aluminé (paraje Litrán). Y se instaló en el lugar con sus animales, como todos los veranos. El estanciero, Pedro Duarte, demandó a la comunidad y solicitó como medida cautelar el desalojo. Exhibió un título de propiedad y negó la existencia de la comunidad. Automáticamente, desoyendo los derechos humanos de los pueblos indígenas, la entonces Jueza Ivonne San Martín hizo lugar a la medida cautelar y procedió al desalojo.
Pedro Laurentino Duarte asumió como juez federal de Neuquén en marzo de 1976. En la zona es conocido por sus sistemáticos rechazos a los habeas corpus presentados por familiares de desaparecidos. Los organismos de derechos humanos lo sindican como “colaborador” de la dictadura militar. Gracias a esas influencias, se hizo de las tierras mapuches. Duarte renunció en 1984 luego de una denuncia de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de Neuquén.
El 9 de noviembre pasado, la jueza de 1° Instancia de Zapala, Gloria Martina, rechazó el interdicto de recobrar la posesión interpuesto por Duarte y dio un paso más al remarcar la prevalencia del derecho indígena (Convenio 169 de la OIT, Constitución Nacional, Constitución de Neuquén -artículo 53-) y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Concluyo en que la posesión ejercida por los demandados (la comunidad mapuche) merece la protección supralegalmente otorgada a la ocupación de territorios por las comunidades indígenas (…) Debiendo considerarse la ocupación tradicional indígena es preexistente al Estado (…) Confrontado el título exhibido por el actor (Duarte) con el ostentado por los demandados, surge demostrado que el de éstos últimos (la comunidad) posee relevancia superior por resultar anterior en el tiempo y por ende preferido en derecho”, explica la sentencia.
También afirma que no es necesario personería jurídica o estar inscrito en algún ámbito estatal para ser reconocida como comunidad, recuerda la vigencia de la Ley 26.160 (suspende los desalojos) y –declarando inoponible frente a la Comunidad la tardanza del Estado en su aplicación– reconoció la legitimidad de la posesión indígena de esas tierras, los derechos mapuches sobre el inmueble y llamó “a la reflexión” a Duarte “respecto a las desafortunadas expresiones -francamente hostiles- vertidas contra la comunidad y especialmente al juicio de disvalor efectuado por su parte en torno al modo de actuación y costumbres de los mismos”. Duarte incluso había cuestionado la instalación de “una bandera extranjera (mapuche)” en el territorio. La jueza le recuerda que “más del 60 por ciento de la población argentina es descendiente de algún pueblo indígena” y lo insta a Duarte a “internalizar el nuevo paradigma de inclusión y respeto a la diversidad étnica y cultural”.
“No cabe sino concluir en la legitimidad de la posesión ejercida por la comunidad mapuche sostenida en el reconocimiento ínsito en las normas internacionales y en el mandato operativo, categórico e inequívoco de la Constitución Nacional que establece que toda ocupación tradicional de una comunidad indígena debe juzgarse como posesión comunitaria, mereciendo recalcarse que la posesión comunitaria no es la individual del Código Civil enarbolada por el denunciante (Duarte), sino la común -de rango constitucional, supremo- derivada de la sencilla razón de preexistir al Estado”, sentencia la jueza de Zapala.
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Fecha de Publicación: 22/11/2012
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Neuquén
La Justicia de Neuquén rechazó el desalojo de una comunidad Mapuche al reconocer que se trataba de posesión tradicional indígena y remarcó la supremacía de la legislación indígena sobre el derecho privado. La demanda había sido presentada por un ex juez de la dictadura militar.La Justicia de Neuquén falló a favor de la Comunidad Mapuche Tuwun Kupalmeo Maliqueo, que había sido denunciada en 2009 por “usurpar” un territorio donde produce y vive desde tiempos inmemoriales. La sentencia es inédita en cuanto reconoce derechos sobre tierras de veranada (se utilizan sólo una parte del año) y porque aplica el derecho indígena, de mayor jerarquía, por sobre el Código Civil. La sentencia marca un antecedente importante para decenas de casos en el que empresarios cierran las veranadas de las comunidades indígenas. El terrateniente demandante es un ex juez de la dictadura militar señalado de colaboracionista.
Las tierras de veranada son las parcelas donde indígenas y campesinos llegan cada temporada de calor para que sus animales se alimenten. Es una práctica milenaria el permanecer en invierno en tierras bajas (campos de “invernada”) y migrar en primavera hacia la “veranada”, donde los animales aprovechan buenas pasturas y recobran fuerzas. Estos campos, y los caminos de arreos, son alambrados por empresarios que atentan contra la vida indígena y campesina.
En enero de 2009, la comunidad Tuwun Kupalmeo Maliqueo abrió la tranquera con la que un estanciero había cerrado el campo de veranada mapuche, 829 hectáreas en el departamento de Aluminé (paraje Litrán). Y se instaló en el lugar con sus animales, como todos los veranos. El estanciero, Pedro Duarte, demandó a la comunidad y solicitó como medida cautelar el desalojo. Exhibió un título de propiedad y negó la existencia de la comunidad. Automáticamente, desoyendo los derechos humanos de los pueblos indígenas, la entonces Jueza Ivonne San Martín hizo lugar a la medida cautelar y procedió al desalojo.
Pedro Laurentino Duarte asumió como juez federal de Neuquén en marzo de 1976. En la zona es conocido por sus sistemáticos rechazos a los habeas corpus presentados por familiares de desaparecidos. Los organismos de derechos humanos lo sindican como “colaborador” de la dictadura militar. Gracias a esas influencias, se hizo de las tierras mapuches. Duarte renunció en 1984 luego de una denuncia de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de Neuquén.
El 9 de noviembre pasado, la jueza de 1° Instancia de Zapala, Gloria Martina, rechazó el interdicto de recobrar la posesión interpuesto por Duarte y dio un paso más al remarcar la prevalencia del derecho indígena (Convenio 169 de la OIT, Constitución Nacional, Constitución de Neuquén -artículo 53-) y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Concluyo en que la posesión ejercida por los demandados (la comunidad mapuche) merece la protección supralegalmente otorgada a la ocupación de territorios por las comunidades indígenas (…) Debiendo considerarse la ocupación tradicional indígena es preexistente al Estado (…) Confrontado el título exhibido por el actor (Duarte) con el ostentado por los demandados, surge demostrado que el de éstos últimos (la comunidad) posee relevancia superior por resultar anterior en el tiempo y por ende preferido en derecho”, explica la sentencia.
También afirma que no es necesario personería jurídica o estar inscrito en algún ámbito estatal para ser reconocida como comunidad, recuerda la vigencia de la Ley 26.160 (suspende los desalojos) y –declarando inoponible frente a la Comunidad la tardanza del Estado en su aplicación– reconoció la legitimidad de la posesión indígena de esas tierras, los derechos mapuches sobre el inmueble y llamó “a la reflexión” a Duarte “respecto a las desafortunadas expresiones -francamente hostiles- vertidas contra la comunidad y especialmente al juicio de disvalor efectuado por su parte en torno al modo de actuación y costumbres de los mismos”. Duarte incluso había cuestionado la instalación de “una bandera extranjera (mapuche)” en el territorio. La jueza le recuerda que “más del 60 por ciento de la población argentina es descendiente de algún pueblo indígena” y lo insta a Duarte a “internalizar el nuevo paradigma de inclusión y respeto a la diversidad étnica y cultural”.
“No cabe sino concluir en la legitimidad de la posesión ejercida por la comunidad mapuche sostenida en el reconocimiento ínsito en las normas internacionales y en el mandato operativo, categórico e inequívoco de la Constitución Nacional que establece que toda ocupación tradicional de una comunidad indígena debe juzgarse como posesión comunitaria, mereciendo recalcarse que la posesión comunitaria no es la individual del Código Civil enarbolada por el denunciante (Duarte), sino la común -de rango constitucional, supremo- derivada de la sencilla razón de preexistir al Estado”, sentencia la jueza de Zapala.
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Debate sobre la Ley de Glaciares
La Ley de Glaciares calienta el debate
Fecha de Publicación: 21/11/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La plena aplicación de la norma aprobada en 2010 enfrenta a quienes impulsan la minería con quienes buscan resguardar los recursos hídricos. Argumentos de uno y otro lado se cruzaron en una conferencia en la Cámara de Diputados.
La aplicación de la Ley de Glaciares sigue generando un intenso debate entre sus defensores y las empresas mineras. Si bien la norma ya tiene plena vigencia después de que la Corte Suprema de Justicia no diera lugar a una serie de medidas cautelares, aún aguarda definición por parte del tribunal sobre la cuestión de fondo, que es si afecta o no potestades provinciales. Ayer, la Comisión de Minería de Diputados organizó una disertación a cargo de dos prestigiosos científicos. Criticaron que “no está claro si la norma busca proteger un recurso hídrico”, mientras que legisladores de provincias mineras enfatizaron que “se busca impedir la actividad sin un criterio científico”. Defensores de la ley resaltan que se está avanzando en el inventario sobre los glaciares y que la norma protegerá, una vez que entre en ejecución, sólo las zonas que tengan impacto sobre los cursos de agua.
En julio, la Corte revocó los amparos que impedían la plena vigencia de la ley, presentados por Barrick Exploraciones Argentinas, Exploraciones Mineras Argentinas y Minera Argentina Gold, además de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) y el gobierno de San Juan. Las medidas cautelares habían sido dictadas por el juez sanjuanino Miguel Angel Gálvez. Con su decisión, el máximo tribunal permitió el inicio de la confección de un inventario de la zona glacial y periglacial, ahora protegidas por la ley.
La aplicación de la ley es un tema de extrema sensibilidad para las empresas. El núcleo del conflicto es la zona periglacial. “No toda esa área tiene hielo e impacto hídrico. Cuando el suelo está a una temperatura igual o inferior a los cero grados, puede estar congelado cuando hay agua, pero puede no haberla. En el primer caso, puede ser estable, es decir que no aporta agua a las cuencas. Si está descargando, sí aporta agua”, explicó ayer Pablo Wainstein, experto en hidrología glacial de la Universidad de Calgary, en Canadá. El científico chileno agregó que los glaciares de escombros, formaciones de hielo cubiertas, pueden o no aportar recursos hídricos; si lo hacen “se degradan muy lentamente”, y agregó que una cuenca típica con hielo “tiene una contribución hídrica mínima”. El encuentro tuvo lugar en el Salón Eva Perón del Senado.
“No está claro que la legislación busque proteger una condición térmica o un recurso hídrico”, concluyó Wainstein. “Si en el área periglacial no hay hielo, ¿cuál es la razón para impedir una actividad?”, se preguntó el presidente de la Cámara de Empresarios Mineros, Martín Dedeu. En el mismo sentido se manifestaron Daniel Tomas, titular de la Comisión de Minería de Diputados y legisladores de provincias mineras.
Fuentes oficiales, sin embargo, señalan que las empresas buscan recrear una situación de restricción total a la actividad que no es así. En diálogo con este diario, funcionarios vinculados con la ejecución del inventario sobre los glaciares recuerdan que el artículo 1º de la ley establece que el objeto es proteger los glaciares y el ambiente periglacial para “preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos”. El artículo 2º advierte que “se considera el área periglacial en la alta montaña al área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña, al área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo”.
Con la definición del área a proteger en función del recurso hídrico, aseguran, será el inventario a nivel nacional el que defina el límite para la actividad. La provincia de San Juan, junto a la Universidad Nacional del distrito, La Rioja, Catamarca y Mendoza están en la tarea de conformar ese inventario, bajo la coordinación del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia), que depende del Conicet. La Secretaría de Medio Ambiente, autoridad de aplicación de la ley, está puliendo un informe sobre los avances del informe.
Por su parte, el geólogo canadiense Matthias Jakob explicó que el 95 por ciento del aumento en la temperatura global está asociado a la emisión de gases de efecto invernadero. “Los glaciares retrocedieron en todo el mundo, y el derretimiento se aceleró desde los ’ 90”, explicó. Jakob y Wainstein reconocieron la importancia de tener un inventario sobre los glaciares.
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Fecha de Publicación: 21/11/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La plena aplicación de la norma aprobada en 2010 enfrenta a quienes impulsan la minería con quienes buscan resguardar los recursos hídricos. Argumentos de uno y otro lado se cruzaron en una conferencia en la Cámara de Diputados.La aplicación de la Ley de Glaciares sigue generando un intenso debate entre sus defensores y las empresas mineras. Si bien la norma ya tiene plena vigencia después de que la Corte Suprema de Justicia no diera lugar a una serie de medidas cautelares, aún aguarda definición por parte del tribunal sobre la cuestión de fondo, que es si afecta o no potestades provinciales. Ayer, la Comisión de Minería de Diputados organizó una disertación a cargo de dos prestigiosos científicos. Criticaron que “no está claro si la norma busca proteger un recurso hídrico”, mientras que legisladores de provincias mineras enfatizaron que “se busca impedir la actividad sin un criterio científico”. Defensores de la ley resaltan que se está avanzando en el inventario sobre los glaciares y que la norma protegerá, una vez que entre en ejecución, sólo las zonas que tengan impacto sobre los cursos de agua.
En julio, la Corte revocó los amparos que impedían la plena vigencia de la ley, presentados por Barrick Exploraciones Argentinas, Exploraciones Mineras Argentinas y Minera Argentina Gold, además de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) y el gobierno de San Juan. Las medidas cautelares habían sido dictadas por el juez sanjuanino Miguel Angel Gálvez. Con su decisión, el máximo tribunal permitió el inicio de la confección de un inventario de la zona glacial y periglacial, ahora protegidas por la ley.
La aplicación de la ley es un tema de extrema sensibilidad para las empresas. El núcleo del conflicto es la zona periglacial. “No toda esa área tiene hielo e impacto hídrico. Cuando el suelo está a una temperatura igual o inferior a los cero grados, puede estar congelado cuando hay agua, pero puede no haberla. En el primer caso, puede ser estable, es decir que no aporta agua a las cuencas. Si está descargando, sí aporta agua”, explicó ayer Pablo Wainstein, experto en hidrología glacial de la Universidad de Calgary, en Canadá. El científico chileno agregó que los glaciares de escombros, formaciones de hielo cubiertas, pueden o no aportar recursos hídricos; si lo hacen “se degradan muy lentamente”, y agregó que una cuenca típica con hielo “tiene una contribución hídrica mínima”. El encuentro tuvo lugar en el Salón Eva Perón del Senado.
“No está claro que la legislación busque proteger una condición térmica o un recurso hídrico”, concluyó Wainstein. “Si en el área periglacial no hay hielo, ¿cuál es la razón para impedir una actividad?”, se preguntó el presidente de la Cámara de Empresarios Mineros, Martín Dedeu. En el mismo sentido se manifestaron Daniel Tomas, titular de la Comisión de Minería de Diputados y legisladores de provincias mineras.
Fuentes oficiales, sin embargo, señalan que las empresas buscan recrear una situación de restricción total a la actividad que no es así. En diálogo con este diario, funcionarios vinculados con la ejecución del inventario sobre los glaciares recuerdan que el artículo 1º de la ley establece que el objeto es proteger los glaciares y el ambiente periglacial para “preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos”. El artículo 2º advierte que “se considera el área periglacial en la alta montaña al área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña, al área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo”.
Con la definición del área a proteger en función del recurso hídrico, aseguran, será el inventario a nivel nacional el que defina el límite para la actividad. La provincia de San Juan, junto a la Universidad Nacional del distrito, La Rioja, Catamarca y Mendoza están en la tarea de conformar ese inventario, bajo la coordinación del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia), que depende del Conicet. La Secretaría de Medio Ambiente, autoridad de aplicación de la ley, está puliendo un informe sobre los avances del informe.
Por su parte, el geólogo canadiense Matthias Jakob explicó que el 95 por ciento del aumento en la temperatura global está asociado a la emisión de gases de efecto invernadero. “Los glaciares retrocedieron en todo el mundo, y el derretimiento se aceleró desde los ’ 90”, explicó. Jakob y Wainstein reconocieron la importancia de tener un inventario sobre los glaciares.
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Salta: media sanción para limitar las fumigaciones
Tiene media sanción la ley que limita las fumigaciones aéreas
Fecha de Publicación: 21/11/2012
Fuente: Nuevo Diario de Salta
Provincia/Región: Salta
Tras el intento fallido de la semana pasada, cuando la sesión se quedó sin quórum, ayer los diputados aprobaron la ley para regular todas las acciones relacionadas con agroquímicos, para prevenir la contaminación del ambiente y evitar las intoxicaciones.
Fue un extenso debate, punto por punto el que precedió la aprobación, ya que se hicieron varias correcciones al articulado, del proyecto de autoría del diputado sanmartiniano Mario Angel.
Lo más destacado de ese proyecto refiere a la prohibición a fumigar con aviones a menos de 3.000 metros de un poblado, cuando el veneno sea de alta toxicidad y a menos de 500 cuando la aplicación sea terrestre.
También establece que antes de una aplicación debe haber una autorización de un experto técnico que brindará asesoramiento al respecto.
Además reglamenta cómo debe ser la disposición final de los recipientes, los cuales deberán tener un tratamiento de triple lavado y exige que la autoridad de aplicación y los municipios crearán y habilitarán centros de acopio.
Este proyecto obtuvo la media sanción y pasó al Senado para su tratamiento, algo que seguramente ocurrirá recién el año que viene.
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Fecha de Publicación: 21/11/2012
Fuente: Nuevo Diario de Salta
Provincia/Región: Salta
Tras el intento fallido de la semana pasada, cuando la sesión se quedó sin quórum, ayer los diputados aprobaron la ley para regular todas las acciones relacionadas con agroquímicos, para prevenir la contaminación del ambiente y evitar las intoxicaciones.
Fue un extenso debate, punto por punto el que precedió la aprobación, ya que se hicieron varias correcciones al articulado, del proyecto de autoría del diputado sanmartiniano Mario Angel.
Lo más destacado de ese proyecto refiere a la prohibición a fumigar con aviones a menos de 3.000 metros de un poblado, cuando el veneno sea de alta toxicidad y a menos de 500 cuando la aplicación sea terrestre.
También establece que antes de una aplicación debe haber una autorización de un experto técnico que brindará asesoramiento al respecto.
Además reglamenta cómo debe ser la disposición final de los recipientes, los cuales deberán tener un tratamiento de triple lavado y exige que la autoridad de aplicación y los municipios crearán y habilitarán centros de acopio.
Este proyecto obtuvo la media sanción y pasó al Senado para su tratamiento, algo que seguramente ocurrirá recién el año que viene.
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Justicia pidió crear una Policía Ambiental en Salta
Marche una Policía Ambiental en Salta
Fecha de Publicación: 21/11/2012
Fuente: Diario Judicial
Provincia/Región: Salta
La Justicia de Salta exhortó a la Comisión Técnica de Saneamiento del Río Arenales a formar una Policía Ambiental para que monitoree en forma permanente la extracción de áridos del cauce de ese río. La decisión llegó tras un amparo de vecinos de los barrios ribereños.
El titular de la sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Mario D’Jallad, exhortó a la Comisión Técnica de Saneamiento del Río Arenales a formar una Policía Ambiental que monitoree en forma permanente la extracción de áridos del cauce de ese río.
La decisión del magistrado llegó en una causa iniciada por el amparo presentado contra la Municipalidad de la Ciudad de Salta, la empresa Marozzi SA y la Provincia de Salta por vecinos de los barrios aledaños al río.
Según explicó D’Jallad en el fallo la acción deducida resultaba “algo imprecisa en sus orígenes por la amplitud de la cosa demandada” con causas de variada naturaleza, origen y efectos, por lo que resultaba “sumamente difícil, cuando no imposible, atribuir en forma exclusiva un actuar, hecho o motivo del resultado afligente para los vecinos del barrio de tener que soportar medio metro de agua en sus viviendas”.
Sin embargó exhortó a la Comisión a formar o crear “una Policía Ambiental, que monitoree en forma permanente la extracción de áridos del cauce del río” ya que “es imprescindible realizar un control puntual al momento de sacar arena y ripio, por Empresas dedicadas a ese fin”.
Advirtió que se iniciaron trabajos de remoción de áridos en el lecho mismo del río, librándose el cauce, “de modo tal que las aguas de lluvia, aún intensas, no inunden el Barrio y corran bajo el puente situado en la avenida Monseñor Tavella. Luego dependerá del actuar Municipal y Provincial, el fijar prioridades, o trabajos, tales como la provisión del servicio de cloacas, y demás proyectos determinados por necesidades de los diferentes barrios”, consigna el fallo.
“Los jueces no pueden evaluar qué política sería más conveniente para la mejor realización de ciertos derechos, sino evitar las consecuencias de los que clara y decididamente ponen en peligro o lesionan bienes jurídicos fundamentales tutelados por la Constitución”, concluyó el magistrado citando a la Fiscal de Cámara.
El amparo fue presentado por vecinos de los barrios Ceferino, Santa Lucía, 13 de Abril, Solidaridad, Democracia, Villa Lavalle, asentamiento 20 de Junio, Angelita, San Juan de Dios y Gauchito Gil, todos ribereños del cauce de agua que cruza la ciudad de Salta.
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Fecha de Publicación: 21/11/2012
Fuente: Diario Judicial
Provincia/Región: Salta
La Justicia de Salta exhortó a la Comisión Técnica de Saneamiento del Río Arenales a formar una Policía Ambiental para que monitoree en forma permanente la extracción de áridos del cauce de ese río. La decisión llegó tras un amparo de vecinos de los barrios ribereños.
El titular de la sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Mario D’Jallad, exhortó a la Comisión Técnica de Saneamiento del Río Arenales a formar una Policía Ambiental que monitoree en forma permanente la extracción de áridos del cauce de ese río.
La decisión del magistrado llegó en una causa iniciada por el amparo presentado contra la Municipalidad de la Ciudad de Salta, la empresa Marozzi SA y la Provincia de Salta por vecinos de los barrios aledaños al río.
Según explicó D’Jallad en el fallo la acción deducida resultaba “algo imprecisa en sus orígenes por la amplitud de la cosa demandada” con causas de variada naturaleza, origen y efectos, por lo que resultaba “sumamente difícil, cuando no imposible, atribuir en forma exclusiva un actuar, hecho o motivo del resultado afligente para los vecinos del barrio de tener que soportar medio metro de agua en sus viviendas”.
Sin embargó exhortó a la Comisión a formar o crear “una Policía Ambiental, que monitoree en forma permanente la extracción de áridos del cauce del río” ya que “es imprescindible realizar un control puntual al momento de sacar arena y ripio, por Empresas dedicadas a ese fin”.
Advirtió que se iniciaron trabajos de remoción de áridos en el lecho mismo del río, librándose el cauce, “de modo tal que las aguas de lluvia, aún intensas, no inunden el Barrio y corran bajo el puente situado en la avenida Monseñor Tavella. Luego dependerá del actuar Municipal y Provincial, el fijar prioridades, o trabajos, tales como la provisión del servicio de cloacas, y demás proyectos determinados por necesidades de los diferentes barrios”, consigna el fallo.
“Los jueces no pueden evaluar qué política sería más conveniente para la mejor realización de ciertos derechos, sino evitar las consecuencias de los que clara y decididamente ponen en peligro o lesionan bienes jurídicos fundamentales tutelados por la Constitución”, concluyó el magistrado citando a la Fiscal de Cámara.
El amparo fue presentado por vecinos de los barrios Ceferino, Santa Lucía, 13 de Abril, Solidaridad, Democracia, Villa Lavalle, asentamiento 20 de Junio, Angelita, San Juan de Dios y Gauchito Gil, todos ribereños del cauce de agua que cruza la ciudad de Salta.
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En 15 días la Ley de RAEE puede ser basura
Tiempo de descuento para la ley de basura electrónica
Fecha de Publicación: 20/11/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El proyecto de ley de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) lleva casi cinco años de tratamiento en el Congreso de la Nación. Si bien cuenta con la sanción del Senado desde mayo de 2011, la ley está siendo demorada en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, a días de perder estado parlamentario.
El proyecto, conocido como ley de basura electrónica, busca separar de los residuos domiciliarios a los RAEE, la fracción más tóxica y la que más rápido está creciendo. Hoy, esta categoría de residuos se halla en una zona gris entre la legislación de residuos peligrosos y la normativa que regula la gestión de los residuos domiciliarios, pero en la práctica terminan siendo arrojados a rellenos o basurales y son una peligrosa fuente de contaminación; almacenados en depósitos, hogares u oficinas, o incinerados como materia prima de otros procesos sin seleccionar los componentes específicos para su reutilización.
Por otro lado, y como otro de los objetivos fundamentales, el proyecto de ley promueve la recuperación de los materiales de los que están compuestos los RAEE, muchos de ellos valiosos. Si tenemos en cuenta los más de 10 millones de teléfonos celulares que se desecharon en la Argentina en 2011, considerando un peso promedio de 100 gramos por teléfono, reciclar estos artefactos retiraría de los rellenos y basurales 1000 toneladas al año de residuos potencialmente peligrosos. Además, con el reciclado de estos teléfonos se hubiera evitado desechar cerca de 15 millones de dólares sólo en 2011, contando sólo tres de los minerales que los teléfonos tienen en muy pequeñas cantidades: plata, cobre y oro.
El valor de los materiales y la alta eficiencia de reciclado de estos aparatos (más del 90% en el caso de los teléfonos celulares, por ejemplo) hacen que los RAEE sean una fuente de materia prima para la industria mucho menos contaminante y destructiva que la minería. Japón, que cuenta con un destacado desarrollo de la industria de la electrónica, y con un eficiente sistema de reciclado, ha llegado incluso a importar RAEE para la recuperación de materiales.
Se desprende de aquí, además, que el establecimiento de un sistema nacional de gestión de los RAEE y la obligatoriedad -que recaerá sobre las empresas- de reciclar los residuos de sus productos, de acuerdo con el proyecto de ley, ampliarán el sector que se dedica a este tipo de "minería urbana", generando inversión, destrabando su actividad y contribuyendo a la creación de los denominados empleos "verdes".
De ser aprobada la ley, entrará en vigor el principio de Responsabilidad Extendida del Productor, que establece la carga legal y financiera sobre las empresas, que deberán responsabilizarse por sus productos una vez que éstos han finalizado su vida útil. Normativas de estas características ya han sido aprobadas y están en vigencia en gran parte de Estados Unidos, la Unión Europea, países latinoamericanos, como Costa Rica, Colombia, Perú o Bolivia, y están siendo tratadas en Chile y Brasil, entre otros.
Las empresas, como responsables directas de la contaminación potencial de los productos, se ven comprometidas en dos instancias: en la producción, ya que el proyecto establece la prohibición de determinadas sustancias tóxicas y premia a los productos con una más larga vida útil y más fáciles de reciclar; y en la etapa pos consumo, cuando el producto pasa a ser residuo. Es allí que las empresas, mediante un sistema nacional, deben hacerse cargo de los residuos, reutilizarlos y reciclarlos para evitar la contaminación y el derroche de recursos. Debido a esta responsabilidad, las empresas formarán parte, junto con organismos del Estado, como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), de un ente mixto, no estatal, que desarrollará el sistema nacional de recolección, transporte y tratamiento de los RAEE. Tienen la opción, además, de hacer sus propios planes.
Frente a la evidencia en torno a la gestión de los residuos domiciliarios (sobre todo en el Área Metropolitana, por el colapso del sistema Ceamse, cuyas primeras consecuencias se ven en las calles de Buenos Aires) y el avance masivo sobre ecosistemas vitales en búsqueda de minerales, es que se torna irracional la falta de tratamiento y sanción del proyecto de ley de basura electrónica. Los diputados de la Comisión de Recursos Naturales y de Industria dieron dictamen al proyecto, pero aún resta Presupuesto y Hacienda, donde la ley está frenada por la presidencia de la Comisión en espera del visto bueno de la ministra de Industria, Débora Giorgi, quien no está demasiado interesada en la protección del ambiente y los recursos. En 15 días, de no ser tratado, el proyecto de ley perderá estado parlamentario. El trabajo de cinco años terminará en el tacho de la basura, junto con los residuos electrónicos.
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Fecha de Publicación: 20/11/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El proyecto de ley de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) lleva casi cinco años de tratamiento en el Congreso de la Nación. Si bien cuenta con la sanción del Senado desde mayo de 2011, la ley está siendo demorada en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, a días de perder estado parlamentario.El proyecto, conocido como ley de basura electrónica, busca separar de los residuos domiciliarios a los RAEE, la fracción más tóxica y la que más rápido está creciendo. Hoy, esta categoría de residuos se halla en una zona gris entre la legislación de residuos peligrosos y la normativa que regula la gestión de los residuos domiciliarios, pero en la práctica terminan siendo arrojados a rellenos o basurales y son una peligrosa fuente de contaminación; almacenados en depósitos, hogares u oficinas, o incinerados como materia prima de otros procesos sin seleccionar los componentes específicos para su reutilización.
Por otro lado, y como otro de los objetivos fundamentales, el proyecto de ley promueve la recuperación de los materiales de los que están compuestos los RAEE, muchos de ellos valiosos. Si tenemos en cuenta los más de 10 millones de teléfonos celulares que se desecharon en la Argentina en 2011, considerando un peso promedio de 100 gramos por teléfono, reciclar estos artefactos retiraría de los rellenos y basurales 1000 toneladas al año de residuos potencialmente peligrosos. Además, con el reciclado de estos teléfonos se hubiera evitado desechar cerca de 15 millones de dólares sólo en 2011, contando sólo tres de los minerales que los teléfonos tienen en muy pequeñas cantidades: plata, cobre y oro.
El valor de los materiales y la alta eficiencia de reciclado de estos aparatos (más del 90% en el caso de los teléfonos celulares, por ejemplo) hacen que los RAEE sean una fuente de materia prima para la industria mucho menos contaminante y destructiva que la minería. Japón, que cuenta con un destacado desarrollo de la industria de la electrónica, y con un eficiente sistema de reciclado, ha llegado incluso a importar RAEE para la recuperación de materiales.
Se desprende de aquí, además, que el establecimiento de un sistema nacional de gestión de los RAEE y la obligatoriedad -que recaerá sobre las empresas- de reciclar los residuos de sus productos, de acuerdo con el proyecto de ley, ampliarán el sector que se dedica a este tipo de "minería urbana", generando inversión, destrabando su actividad y contribuyendo a la creación de los denominados empleos "verdes".
De ser aprobada la ley, entrará en vigor el principio de Responsabilidad Extendida del Productor, que establece la carga legal y financiera sobre las empresas, que deberán responsabilizarse por sus productos una vez que éstos han finalizado su vida útil. Normativas de estas características ya han sido aprobadas y están en vigencia en gran parte de Estados Unidos, la Unión Europea, países latinoamericanos, como Costa Rica, Colombia, Perú o Bolivia, y están siendo tratadas en Chile y Brasil, entre otros.
Las empresas, como responsables directas de la contaminación potencial de los productos, se ven comprometidas en dos instancias: en la producción, ya que el proyecto establece la prohibición de determinadas sustancias tóxicas y premia a los productos con una más larga vida útil y más fáciles de reciclar; y en la etapa pos consumo, cuando el producto pasa a ser residuo. Es allí que las empresas, mediante un sistema nacional, deben hacerse cargo de los residuos, reutilizarlos y reciclarlos para evitar la contaminación y el derroche de recursos. Debido a esta responsabilidad, las empresas formarán parte, junto con organismos del Estado, como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), de un ente mixto, no estatal, que desarrollará el sistema nacional de recolección, transporte y tratamiento de los RAEE. Tienen la opción, además, de hacer sus propios planes.
Frente a la evidencia en torno a la gestión de los residuos domiciliarios (sobre todo en el Área Metropolitana, por el colapso del sistema Ceamse, cuyas primeras consecuencias se ven en las calles de Buenos Aires) y el avance masivo sobre ecosistemas vitales en búsqueda de minerales, es que se torna irracional la falta de tratamiento y sanción del proyecto de ley de basura electrónica. Los diputados de la Comisión de Recursos Naturales y de Industria dieron dictamen al proyecto, pero aún resta Presupuesto y Hacienda, donde la ley está frenada por la presidencia de la Comisión en espera del visto bueno de la ministra de Industria, Débora Giorgi, quien no está demasiado interesada en la protección del ambiente y los recursos. En 15 días, de no ser tratado, el proyecto de ley perderá estado parlamentario. El trabajo de cinco años terminará en el tacho de la basura, junto con los residuos electrónicos.
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Indagarán a empresarios contaminantes del Sali-Dulce
En los próximos días indagarán a los empresarios acusados de contaminar
Fecha de Publicación: 20/11/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
La citación es por hechos de contaminación del embalse Río Hondo, sucedidos antes del plan Vinaza Cero. Abate expresó su fuerte sospecha de una “actitud dolosa” o “gravemente culposa”.
Empresarios tucumanos sobre quienes pesa una imputación de la Justicia Federal santiagueña por contaminar el embalse Río Hondo y producir la enorme mortandad de peces en noviembre de 2011, serán indagados por el juez Guillermo Molinari en los primeros días de diciembre. Los industriales están acusados de infringir la Ley de Residuos Peligrosos, que pena a quienes contaminan poniendo en riesgo la salud de las personas y el medio ambiente.
Así lo adelantó a EL LIBERAL el fiscal de Estado, Raúl Abate, quien expresó su fuerte sospecha de una “actitud dolosa” o “gravemente culposa” en los hechos de contaminación. Abate es junto con el defensor del Pueblo de la Provincia, Martín Díaz Achával, querellante en la causa penal contra los responsables de producir la degradación ambiental del embalse Río Hondo.
También es querellante la ex edila Anita Loto (Las Termas).
Entre los empresarios que serían citados se encuentran el presidente del Centro Azucarero Regional Tucumán, Julio Colombres (Azucarera Juan Manuel Terán); y Jorge Rocchia Ferro, titular del grupo Los Balcanes, que posee tres ingenios: La Florida, Aguilares (administrado por Colombres) y Cruz Alta.
“Hay un pedido de indagatoria, pero también un planteo de incompetencia que debe ser resuelto, aunque las citaciones serían para los primeros días del mes que viene”, comentó Abate. Mencionó que se indagará a los industriales por los hechos de contaminación que se han venido acumulando desde que presentó su denuncia el ex intendente de Las Termas, Luis Saleme, expediente 4166/09 y acumulados; pero particularmente, por la importante contaminación de noviembre del año pasado en la que murieron toneladas de peces.
Además, indicó que como querellantes también acercarán preguntas a los indagados, tendientes a incriminar o desincriminar. Abate dijo que tiene fuertes sospechas de que hubo actitudes “dolosas” o “gravemente culposas”.
Y sentenció: “No podemos decir que hubo eximente de responsabilidad en virtud de un hecho fortuito o una cuestión de causa mayor que impida adjudicar responsabilidad. O ha habido una actitud dolosa o una actitud culposa de una negligencia verdaderamente importante”.
Este avance legal se cumple en medio de nuevas denuncias por parte del Estado santiagueño contra ingenios tucumanos por contaminar tributarios de la cuenca Salí-Dulce. La causa judicial y el impulso dado por el fiscal federal Pedro Simón y el juez federal Guillermo Molinari fueron el corolario de numerosas denuncias en contra de las firmas tucumanas.
Sobre este tema, el gobernador de Tucumán, José Alperovich, salió fuertemente a trabajar contra la contaminación y a emplazar a los empresarios tucumanos a realizar las obras para tratar sus desechos. “Hay que luchar frontalmente contra esto, sin hacernos los tontos, para evitar la contaminación. Ya no hay más tutía”, les advirtió.
Paralelamente, el gobierno de Santiago del Estero y la administración de Alperovich, alcanzaban un acuerdo para implementar un plan de gestión tendiente a frenar la contaminación y revertir el daño ecológico al sistema hídrico. Ello, con la garantía de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y la supervisión de la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero y por encima de todos los actores, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Como se recordará, por la contaminación del embalse, a fines del año pasado el juez federal Guillermo Molinari citó a indagatoria a 13 empresarios: Jorge Rocchia Ferro (Los Balcanes), Julio Colombres (Azucarera Juan Manuel Terán), Héctor Gregorio Mateos (SA Azucarera Argentina), Santiago Gasep (Azucarera del Sur SRL), Roberto Mario Ortiz (San Juan), Luis Lorenzo Pardo (Citromax), Gonzalo Tanoira (San Miguel), Mario Menéndez (Litoral Citrus), José Antonio Fernández (Los Dulces Norte SA), Fernando José Terán (Santa Bárbara) y tres directivos de una papelera.
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Fecha de Publicación: 20/11/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
La citación es por hechos de contaminación del embalse Río Hondo, sucedidos antes del plan Vinaza Cero. Abate expresó su fuerte sospecha de una “actitud dolosa” o “gravemente culposa”.Empresarios tucumanos sobre quienes pesa una imputación de la Justicia Federal santiagueña por contaminar el embalse Río Hondo y producir la enorme mortandad de peces en noviembre de 2011, serán indagados por el juez Guillermo Molinari en los primeros días de diciembre. Los industriales están acusados de infringir la Ley de Residuos Peligrosos, que pena a quienes contaminan poniendo en riesgo la salud de las personas y el medio ambiente.
Así lo adelantó a EL LIBERAL el fiscal de Estado, Raúl Abate, quien expresó su fuerte sospecha de una “actitud dolosa” o “gravemente culposa” en los hechos de contaminación. Abate es junto con el defensor del Pueblo de la Provincia, Martín Díaz Achával, querellante en la causa penal contra los responsables de producir la degradación ambiental del embalse Río Hondo.
También es querellante la ex edila Anita Loto (Las Termas).
Entre los empresarios que serían citados se encuentran el presidente del Centro Azucarero Regional Tucumán, Julio Colombres (Azucarera Juan Manuel Terán); y Jorge Rocchia Ferro, titular del grupo Los Balcanes, que posee tres ingenios: La Florida, Aguilares (administrado por Colombres) y Cruz Alta.
“Hay un pedido de indagatoria, pero también un planteo de incompetencia que debe ser resuelto, aunque las citaciones serían para los primeros días del mes que viene”, comentó Abate. Mencionó que se indagará a los industriales por los hechos de contaminación que se han venido acumulando desde que presentó su denuncia el ex intendente de Las Termas, Luis Saleme, expediente 4166/09 y acumulados; pero particularmente, por la importante contaminación de noviembre del año pasado en la que murieron toneladas de peces.
Además, indicó que como querellantes también acercarán preguntas a los indagados, tendientes a incriminar o desincriminar. Abate dijo que tiene fuertes sospechas de que hubo actitudes “dolosas” o “gravemente culposas”.
Y sentenció: “No podemos decir que hubo eximente de responsabilidad en virtud de un hecho fortuito o una cuestión de causa mayor que impida adjudicar responsabilidad. O ha habido una actitud dolosa o una actitud culposa de una negligencia verdaderamente importante”.
Este avance legal se cumple en medio de nuevas denuncias por parte del Estado santiagueño contra ingenios tucumanos por contaminar tributarios de la cuenca Salí-Dulce. La causa judicial y el impulso dado por el fiscal federal Pedro Simón y el juez federal Guillermo Molinari fueron el corolario de numerosas denuncias en contra de las firmas tucumanas.
Sobre este tema, el gobernador de Tucumán, José Alperovich, salió fuertemente a trabajar contra la contaminación y a emplazar a los empresarios tucumanos a realizar las obras para tratar sus desechos. “Hay que luchar frontalmente contra esto, sin hacernos los tontos, para evitar la contaminación. Ya no hay más tutía”, les advirtió.
Paralelamente, el gobierno de Santiago del Estero y la administración de Alperovich, alcanzaban un acuerdo para implementar un plan de gestión tendiente a frenar la contaminación y revertir el daño ecológico al sistema hídrico. Ello, con la garantía de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y la supervisión de la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero y por encima de todos los actores, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Como se recordará, por la contaminación del embalse, a fines del año pasado el juez federal Guillermo Molinari citó a indagatoria a 13 empresarios: Jorge Rocchia Ferro (Los Balcanes), Julio Colombres (Azucarera Juan Manuel Terán), Héctor Gregorio Mateos (SA Azucarera Argentina), Santiago Gasep (Azucarera del Sur SRL), Roberto Mario Ortiz (San Juan), Luis Lorenzo Pardo (Citromax), Gonzalo Tanoira (San Miguel), Mario Menéndez (Litoral Citrus), José Antonio Fernández (Los Dulces Norte SA), Fernando José Terán (Santa Bárbara) y tres directivos de una papelera.
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Más escuelas fumigadas con agrotóxicos
Otros dos colegios rurales fueron rociados con agroquímicos
Fecha de Publicación: 20/11/2012
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) Seccional Uruguay comunicó que otras dos escuelas rurales del Departamento fueron rociadas con agrotóxicos, esta vez con los alumnos en clase. Se trata de la Escuela Nº 51, ubicada sobre Ruta Provincial 42, a 13 kilómetros al sur de Colonia Elía, y la Escuela Nº 85 de la zona de Arroyo Molino, situada al este de la autovía Ruta 14. En esa línea, a través de un comunicado, el gremio destacó “el trabajo y la actitud de los docentes de nuestras escuelas rurales, que con escasa contención y participación de las instituciones oficiales, hacen todo lo que pueden para proteger su salud y la de sus alumnos”. Igualmente, indicaron que “los docentes actuaron con rapidez para proteger a los alumnos, poner en conocimiento del hecho a las autoridades, en tanto no habían recibido el aviso correspondiente y poder detener la fumigación”. Y sostuvieron que “a pesar de ello no pudieron evitar el contacto con el producto ya que el viento lo llevaba hacia los edificios escolares, que también tienen viviendas familiares cercanas”.
Mediante un texto que reprodujo APF, señalaron que “según lo establece la Ley de Plaguicidas Nº 6.599 quien aplica estos productos debe “tomar las precauciones del caso para evitar daños a terceros”, también el Decreto Nº 483/95 MEOySP (Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos), dice que en cercanías de viviendas “se deberán extremar las precauciones” y la Resolución Nº 47 de la SAA y RN (Subsecretaría de Asuntos Agrarios y Recursos Naturales) establece el límite de 50 metros y la notificación con 48 horas de anticipación.”
Asimismo, manifestaron que “ninguna de estas elementales disposiciones se ha cumplido en estos casos. De donde podemos suponer que tampoco otras, referidas al manejo, registro de los equipos, receta agronómica y presencia de un responsable técnico, se han tenido en cuenta”. Y añadieron que “la legislación vigente reconoce la peligrosidad de los agro-tóxicos, de lo contrario no habría que ‘extremar precauciones’ o ‘evitar el daño’”.
En ese sentido, recordaron que “numerosos estudios de campo y laboratorio realizados por científicos de distintas disciplinas dan cuenta de las graves consecuencias en la salud que produce la exposición a los agrotóxicos. En nuestra provincia hay varias evidencias concretas, más aún en Misiones y Chaco”.
“El reciente Juicio de las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo de la ciudad de Córdoba, que condenó a los aplicadores y dueño del campo, es uno de los primeros en su tipo y sirve de jurisprudencia para tres causas similares que se tramitan en ésa provincia”, expresaron en la misiva.
Finalmente, indicaron que “al comienzo de nuestra campaña ‘Paren de Fumigar’ las Escuelas experimentados profesionales de la medicina y el derecho nos ilustraron sobre la legislación vigente y los efectos de los agrotóxicos en la salud”. Por ello, enfatizaron que “ahora, en su desarrollo, vemos como no se cumple con las leyes y sabemos el riesgo que implica la utilización indiscriminada y descontrolada de los biocidas utilizados en la agricultura industrial”
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Fecha de Publicación: 20/11/2012
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) Seccional Uruguay comunicó que otras dos escuelas rurales del Departamento fueron rociadas con agrotóxicos, esta vez con los alumnos en clase. Se trata de la Escuela Nº 51, ubicada sobre Ruta Provincial 42, a 13 kilómetros al sur de Colonia Elía, y la Escuela Nº 85 de la zona de Arroyo Molino, situada al este de la autovía Ruta 14. En esa línea, a través de un comunicado, el gremio destacó “el trabajo y la actitud de los docentes de nuestras escuelas rurales, que con escasa contención y participación de las instituciones oficiales, hacen todo lo que pueden para proteger su salud y la de sus alumnos”. Igualmente, indicaron que “los docentes actuaron con rapidez para proteger a los alumnos, poner en conocimiento del hecho a las autoridades, en tanto no habían recibido el aviso correspondiente y poder detener la fumigación”. Y sostuvieron que “a pesar de ello no pudieron evitar el contacto con el producto ya que el viento lo llevaba hacia los edificios escolares, que también tienen viviendas familiares cercanas”.
Mediante un texto que reprodujo APF, señalaron que “según lo establece la Ley de Plaguicidas Nº 6.599 quien aplica estos productos debe “tomar las precauciones del caso para evitar daños a terceros”, también el Decreto Nº 483/95 MEOySP (Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos), dice que en cercanías de viviendas “se deberán extremar las precauciones” y la Resolución Nº 47 de la SAA y RN (Subsecretaría de Asuntos Agrarios y Recursos Naturales) establece el límite de 50 metros y la notificación con 48 horas de anticipación.”
Asimismo, manifestaron que “ninguna de estas elementales disposiciones se ha cumplido en estos casos. De donde podemos suponer que tampoco otras, referidas al manejo, registro de los equipos, receta agronómica y presencia de un responsable técnico, se han tenido en cuenta”. Y añadieron que “la legislación vigente reconoce la peligrosidad de los agro-tóxicos, de lo contrario no habría que ‘extremar precauciones’ o ‘evitar el daño’”.
En ese sentido, recordaron que “numerosos estudios de campo y laboratorio realizados por científicos de distintas disciplinas dan cuenta de las graves consecuencias en la salud que produce la exposición a los agrotóxicos. En nuestra provincia hay varias evidencias concretas, más aún en Misiones y Chaco”.
“El reciente Juicio de las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo de la ciudad de Córdoba, que condenó a los aplicadores y dueño del campo, es uno de los primeros en su tipo y sirve de jurisprudencia para tres causas similares que se tramitan en ésa provincia”, expresaron en la misiva.
Finalmente, indicaron que “al comienzo de nuestra campaña ‘Paren de Fumigar’ las Escuelas experimentados profesionales de la medicina y el derecho nos ilustraron sobre la legislación vigente y los efectos de los agrotóxicos en la salud”. Por ello, enfatizaron que “ahora, en su desarrollo, vemos como no se cumple con las leyes y sabemos el riesgo que implica la utilización indiscriminada y descontrolada de los biocidas utilizados en la agricultura industrial”
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Más productores a juicio por fumigaciones ilegales
Más productores van a juicio por fumigaciones
Fecha de Publicación: 19/11/2012
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Córdoba
Una nueva causa judicial por fumigaciones se sumó en Córdoba. Los acusados son dos productores agropecuarios de campos pegados al área urbana de Villa Ciudad Parque, localidad del Valle de Calamuchita, vecina de Villa General Belgrano.
Son cuatro las causas judiciales por pulverizaciones con agroquímicos que podrían afectar a vecinos de zonas pobladas. Una ya llegó a juicio, con dos condenas, en barrio Ituzaingó Anexo, en la ciudad de Córdoba.
Falta la fecha de audiencia en otra denuncia en Colonia Tirolesa. La tercera, aún en investigación aunque con dos imputados, está abierta en los Tribunales de Deán Funes por denuncias en Villa de María de Río Seco.
Villa Ciudad Parque fue una de las primeras localidades cordobesas donde sus vecinos empezaron a movilizarse contra las fumigaciones pegadas a la zona urbana. Hace tres años una resolución comunal prohibió las aplicaciones a menos de 500 metros de casas y cauces de agua. Pero un productor afectado presentó un recurso de amparo, al que en los Tribunales de Río Tercero le hicieron lugar.
El Juzgado que ordenó suspender su aplicación aún no resolvió la cuestión de fondo respecto de la constitucionalidad de la resolución comunal. El planteo radicó en que esa norma local avanzaba por sobre la ley de agroquímicos provincial, que permite aplicaciones pegadas a zonas urbanas, aunque bajo ciertos requisitos.
Desde Paren de Fumigar, Pablo Riveros, referente del colectivo y también secretario de la comuna de Villa Ciudad Parque, indicó que esa norma fue derogada por la comuna, así como su adhesión a la ley provincial. "En este momento está acéfala de reglas que regulen el uso de agrotóxicos", dijo.
Por su parte, el jefe comunal, Héctor Polcan, negó ante la prensa local que esa resolución haya sido derogada, pero recordó que no tenía sustento la causa del amparo judicial. Dijo que su aplicación "está en manos de la Justicia".
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Fecha de Publicación: 19/11/2012
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Córdoba
Una nueva causa judicial por fumigaciones se sumó en Córdoba. Los acusados son dos productores agropecuarios de campos pegados al área urbana de Villa Ciudad Parque, localidad del Valle de Calamuchita, vecina de Villa General Belgrano.Son cuatro las causas judiciales por pulverizaciones con agroquímicos que podrían afectar a vecinos de zonas pobladas. Una ya llegó a juicio, con dos condenas, en barrio Ituzaingó Anexo, en la ciudad de Córdoba.
Falta la fecha de audiencia en otra denuncia en Colonia Tirolesa. La tercera, aún en investigación aunque con dos imputados, está abierta en los Tribunales de Deán Funes por denuncias en Villa de María de Río Seco.
Villa Ciudad Parque fue una de las primeras localidades cordobesas donde sus vecinos empezaron a movilizarse contra las fumigaciones pegadas a la zona urbana. Hace tres años una resolución comunal prohibió las aplicaciones a menos de 500 metros de casas y cauces de agua. Pero un productor afectado presentó un recurso de amparo, al que en los Tribunales de Río Tercero le hicieron lugar.
El Juzgado que ordenó suspender su aplicación aún no resolvió la cuestión de fondo respecto de la constitucionalidad de la resolución comunal. El planteo radicó en que esa norma local avanzaba por sobre la ley de agroquímicos provincial, que permite aplicaciones pegadas a zonas urbanas, aunque bajo ciertos requisitos.
Desde Paren de Fumigar, Pablo Riveros, referente del colectivo y también secretario de la comuna de Villa Ciudad Parque, indicó que esa norma fue derogada por la comuna, así como su adhesión a la ley provincial. "En este momento está acéfala de reglas que regulen el uso de agrotóxicos", dijo.
Por su parte, el jefe comunal, Héctor Polcan, negó ante la prensa local que esa resolución haya sido derogada, pero recordó que no tenía sustento la causa del amparo judicial. Dijo que su aplicación "está en manos de la Justicia".
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