Un chiste: Urtubey crea agencia para controlar los desmontes
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Urtubey creará una agencia para controlar los desmontes ilegales
Fecha de Publicación: 08/06/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
El gobernador Juan Manuel Urtubey anunció la creación mediante dos decretos de nuevos instrumentos legales sobre modificaciones en materia de política ambiental en la Provincia.
Desde el Centro Cívico de Grand Bourg, el mandatario presentó los Decretos 616 y 617 en los que se incorporaron nuevas áreas protegidas a la Provincia y se crea la Agencia de Protección Ambiental de Salta (APAS).
El gobernador explicó que de esta manera se duplicó la superficie de áreas protegidas, que de esta manera alcanza los 3.960.000 de hectáreas, la mayor proporción de toda la Argentina y que supera ampliamente las recomendaciones de Naciones Unidas para el equilibrio del medio ambiente. "Esto nos ubica en un estatus único", dijo.
En el funcionamiento de APAS participarán organizaciones de la sociedad civil, que podrán participar en la fiscalización y control de los desmontes ilegales y talas indiscriminadas, además de la aplicación de los programas de control ambiental.
En el Decreto 616 establece la duplicaicón de la superficie del área protegida, que tiene hoy 1.590.000 hectáreas en el Sistema de Área Protegida y vamos a incorporar 1.502.959 hectáreas. El 64% son bosques nativos, y si a eso sumamos lo que significan las reservas de biósfera de las yungas y los Parques nNacionales, son 3.976.450 hectárteas de áreas protegidas y pasa a ser la provincia con mayor superficie de áreas protegidas de Argentina, superando ampliamente los estándares internacionales", dijo Urtubey.
Por su parte, APAS busca incorporar al sector privado y subsumirá todas las funciones en la fiscalizacion, control y persecución de la tala y el desmonte inegal. "Queremos que con organizaciones de la sociedad civil, instituciones y también el gobierno de la provincia, podamos no solo preservar este estándar ambiental que se adquiere sino tambien garantizar donde se hayan generado daños la mitigación, remediación y también las sanciones correspondientes".
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Fecha de Publicación: 08/06/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
El gobernador Juan Manuel Urtubey anunció la creación mediante dos decretos de nuevos instrumentos legales sobre modificaciones en materia de política ambiental en la Provincia.
Desde el Centro Cívico de Grand Bourg, el mandatario presentó los Decretos 616 y 617 en los que se incorporaron nuevas áreas protegidas a la Provincia y se crea la Agencia de Protección Ambiental de Salta (APAS).
El gobernador explicó que de esta manera se duplicó la superficie de áreas protegidas, que de esta manera alcanza los 3.960.000 de hectáreas, la mayor proporción de toda la Argentina y que supera ampliamente las recomendaciones de Naciones Unidas para el equilibrio del medio ambiente. "Esto nos ubica en un estatus único", dijo.
En el funcionamiento de APAS participarán organizaciones de la sociedad civil, que podrán participar en la fiscalización y control de los desmontes ilegales y talas indiscriminadas, además de la aplicación de los programas de control ambiental.
En el Decreto 616 establece la duplicaicón de la superficie del área protegida, que tiene hoy 1.590.000 hectáreas en el Sistema de Área Protegida y vamos a incorporar 1.502.959 hectáreas. El 64% son bosques nativos, y si a eso sumamos lo que significan las reservas de biósfera de las yungas y los Parques nNacionales, son 3.976.450 hectárteas de áreas protegidas y pasa a ser la provincia con mayor superficie de áreas protegidas de Argentina, superando ampliamente los estándares internacionales", dijo Urtubey.
Por su parte, APAS busca incorporar al sector privado y subsumirá todas las funciones en la fiscalizacion, control y persecución de la tala y el desmonte inegal. "Queremos que con organizaciones de la sociedad civil, instituciones y también el gobierno de la provincia, podamos no solo preservar este estándar ambiental que se adquiere sino tambien garantizar donde se hayan generado daños la mitigación, remediación y también las sanciones correspondientes".
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Desmontes,
ecosistemas,
legislación y derecho ambiental,
política ambiental,
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Minería: la meseta central chubutense también preocupada
"Estamos tensos y preocupados por la embestida megaminera"
Fecha de Publicación: 08/06/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El Padre Tono Sanchez, párroco de los pueblos que componen la meseta central chubutenses se refirió a la profunda discriminación que trae aparejada las opiniones divididas que hay respecto a la explotación minera en la zona. "En Gastre es impresionante la presión psicológica y discriminación social e incluso religiosa. Se crea un problema de convivencia enorme. En Telsen está comenzando a pasar lo mismo", dijo los antimineros "son dejados de lado".
El Padre Tono Sánchez se hizo reconocido en el resto de la provincia cuando consiguió alzar su voz en la cumbre minera organizada en Telsen. Desde entonces, es reconocido por su militancia a favor de la vida y del cuidado de los recursos naturales. Ahora, se manifestó preocupado por la cantidad de intereses que impulsan la discusión minera en la meseta y el regadero de consecuencias sociales que eso trae aparejado.
En la Meseta si alguien es antiminero está señalado y dejado de lado", sintetizó. "Estamos altamente nerviosos, preocupados y tensos por toda la embestida megaminera de nuevo en Chubut".
En este sentido, describió que se vive frente " a una presión ¿virulenta del Gobierno Nacional, no solo de los sectores promineros sino de toda la actividad política nacional, que quieren imponer en cualquier lugar, y no solo en Chubut, la megaminería. Según ellos es una fuente de salvación". Dijo que el despliegue es en toda la Meseta y en la Provincia "y no solo en el área central y norte".
El párroco recordó que "en 2013 hubo una embestida de propaganda y de querer influir en todos los espíritus de la Meseta. Hace unos 20 días, después de la experiencia que tuvieron en Puerto Madryn -la reunión en el Ecocentro organizada por la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Minería Argentina- de comenzar con una bolsa de trabajo para las empresas megamineras; después siguieron por la Meseta Central y la Meseta Norte comenzando por Paso de Indios; Paso del Sapo; Lagunita Salada; Gastre; Gan Gan y en Telsen".
El cura reflexionó que el trabajo minero "es una promesa en el aire y en el tiempo porque dicen que ahora no pero en algún momento se va a abrir la megaminería. Es una falacia, ya que es una actividad por ahora ilegal. Pensando mal, esto es una presión contra pobres. Es una presión psicológica más fuerte que antes" y agregó que "el mensaje es ¿qué están haciendo ustedes que dejan sin la posibilidad de trabajo a cinco mil familias?".
Asimismo, Tono Sández en diálogo con Radio Cadena 3 aseguró que se trata de "una lucha desigual, no solo contra Pan American Silver (Proyecto Navidad) y otras multinacionales o gremios o asociaciones sino también contra el poder político"
Manifestó el padre Tono que "Acá en la Meseta si alguien es antiminero está señalado y dejado de lado. En una comuna, que estaba cercana a la comunidad, porque es muy cristiana, porque el cura no es prominero dijeron entonces que no hay ninguna colaboración y ninguna ayuda, no solo para una actividad eclesial sino social. Es por defender la no megaminería".
Precisó que "en Gastre es impresionante la presión psicológica y discriminación social e incluso religiosa. Se crea un problema de convivencia enorme. En Telsen está comenzando a pasar lo mismo porque el cura estuvo presente en la famosa cumbre pro minera (a la que asistió el ministro de Energía, Juan José Aranguren). No castigan al cura pero sí a la comunidad cristiana".
"En la Meseta no son todos promineros – advirtió - Que no presenten esa bandera porque no es cierta. Hay un montón de gente que está en desacuerdo".
Además se preguntó "¿Cuándo los jefes comunales se reunieron en defensa y en promoción del campo?. Sólo se han reunido cuando ha venido la (empresa) minera o el Gobierno Nacional, entonces son un cuerpo que está favor de la actividad megaminera", concluyó.
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Fecha de Publicación: 08/06/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El Padre Tono Sanchez, párroco de los pueblos que componen la meseta central chubutenses se refirió a la profunda discriminación que trae aparejada las opiniones divididas que hay respecto a la explotación minera en la zona. "En Gastre es impresionante la presión psicológica y discriminación social e incluso religiosa. Se crea un problema de convivencia enorme. En Telsen está comenzando a pasar lo mismo", dijo los antimineros "son dejados de lado".
El Padre Tono Sánchez se hizo reconocido en el resto de la provincia cuando consiguió alzar su voz en la cumbre minera organizada en Telsen. Desde entonces, es reconocido por su militancia a favor de la vida y del cuidado de los recursos naturales. Ahora, se manifestó preocupado por la cantidad de intereses que impulsan la discusión minera en la meseta y el regadero de consecuencias sociales que eso trae aparejado.
En la Meseta si alguien es antiminero está señalado y dejado de lado", sintetizó. "Estamos altamente nerviosos, preocupados y tensos por toda la embestida megaminera de nuevo en Chubut".
En este sentido, describió que se vive frente " a una presión ¿virulenta del Gobierno Nacional, no solo de los sectores promineros sino de toda la actividad política nacional, que quieren imponer en cualquier lugar, y no solo en Chubut, la megaminería. Según ellos es una fuente de salvación". Dijo que el despliegue es en toda la Meseta y en la Provincia "y no solo en el área central y norte".
El párroco recordó que "en 2013 hubo una embestida de propaganda y de querer influir en todos los espíritus de la Meseta. Hace unos 20 días, después de la experiencia que tuvieron en Puerto Madryn -la reunión en el Ecocentro organizada por la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Minería Argentina- de comenzar con una bolsa de trabajo para las empresas megamineras; después siguieron por la Meseta Central y la Meseta Norte comenzando por Paso de Indios; Paso del Sapo; Lagunita Salada; Gastre; Gan Gan y en Telsen".
El cura reflexionó que el trabajo minero "es una promesa en el aire y en el tiempo porque dicen que ahora no pero en algún momento se va a abrir la megaminería. Es una falacia, ya que es una actividad por ahora ilegal. Pensando mal, esto es una presión contra pobres. Es una presión psicológica más fuerte que antes" y agregó que "el mensaje es ¿qué están haciendo ustedes que dejan sin la posibilidad de trabajo a cinco mil familias?".
Asimismo, Tono Sández en diálogo con Radio Cadena 3 aseguró que se trata de "una lucha desigual, no solo contra Pan American Silver (Proyecto Navidad) y otras multinacionales o gremios o asociaciones sino también contra el poder político"
Manifestó el padre Tono que "Acá en la Meseta si alguien es antiminero está señalado y dejado de lado. En una comuna, que estaba cercana a la comunidad, porque es muy cristiana, porque el cura no es prominero dijeron entonces que no hay ninguna colaboración y ninguna ayuda, no solo para una actividad eclesial sino social. Es por defender la no megaminería".
Precisó que "en Gastre es impresionante la presión psicológica y discriminación social e incluso religiosa. Se crea un problema de convivencia enorme. En Telsen está comenzando a pasar lo mismo porque el cura estuvo presente en la famosa cumbre pro minera (a la que asistió el ministro de Energía, Juan José Aranguren). No castigan al cura pero sí a la comunidad cristiana".
"En la Meseta no son todos promineros – advirtió - Que no presenten esa bandera porque no es cierta. Hay un montón de gente que está en desacuerdo".
Además se preguntó "¿Cuándo los jefes comunales se reunieron en defensa y en promoción del campo?. Sólo se han reunido cuando ha venido la (empresa) minera o el Gobierno Nacional, entonces son un cuerpo que está favor de la actividad megaminera", concluyó.
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Se desifla el plan nuclear por cuestiones económicas nomás
El plan nuclear se queda sin energía
Fecha de Publicación: 08/06/2018
Fuente: BAE Negocios
Provincia/Región: Nacional
Aporta el 5% a la matriz energética del país y con los proyectos que ahora están suspendidos, se estimaba duplicar esa porción. Obra pública, tecnología de avanzada y menos diversificación, un combo que se pierde con la decisión
A mediados de mayo, autoridades nucleares argentinas visitaban China para avanzar sobre el acuerdo nuclear que Argentina viene negociando con ese país asiático. Unos días después comenzaron las versiones, hasta el momento nunca desmentidas públicamente por ningún funcionario nacional, acerca de que el gobierno de Mauricio Macri había suspendido el acuerdo nuclear con China por los problemas económicos, el rojo en el déficit fiscal y el ajuste económico que viene encarando a partir de la corrida bancaria y las negociaciones iniciadas con el FMI.
En rigor, lo que se conoce -aún no oficialmente- es que la Argentina canceló la construcción de Atucha III, lo que iba a ser la cuarta central nuclear del país y, en el escenario más optimista, postergó para el año 2022 el inicio de las obras de la quinta central. Ante la consulta de BAE Negocios al Ministerio de Energía y Minería sobre este tema, manifestaron que se mantienen “sin comentarios”, como en las últimas dos semanas.
La caída del acuerdo generará un fuerte impacto para la actividad nuclear del país que aporta alrededor del 5% a la matriz energética y que soñaba con alcanzar al 10% en los próximos años a partir del impulso de las dos centrales nucleares nuevas. En 2016 la energía nuclear produjo el récord anual de generación de energía, superando a la generada en 2009. Durante 2016 la generación neta nuclear anual alcanzó el récord de 7.677 GWh, un 5,56% del total del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), según información oficial de la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA).
El impacto de la repentina decisión del gobierno nacional será aún mayor ya que con la construcción de Atucha III se esperaba la creación de 5.000 puestos de trabajo calificado y el impulso para la Planta Industrial de Agua Pesada de Arroyito (PIAP), ubicada en la provincia de Neuquén.
BAE Negocios dialogó sobre este tema con Agustín Arbor, un ingeniero especializado en seguridad radiológica, nuclear, de salvaguardias y la protección y seguridad física, que trabaja en el sector nuclear desde hace 40 años y desde hace más de 20 años lo hace en la Autoridad Regulatoria Nacional (ARN).
“Me cuesta entender la racionalidad y conveniencia para el país de suspender el acuerdo nuclear con China. En mi opinión, es una medida absurda por parte del gobierno porque era un acuerdo ventajoso, estaba dirigido a obra pública, involucraba tecnología avanzada y producía un efecto derrame sobre gran parte de la industria nacional y nos colocaba ante la posibilidad futura de contar con cinco centrales nucleares y tener la posibilidad de poder financiar otras nuevas con recursos propios provenientes de la explotación comercial de las mismas centrales”, señaló Arbor, que además es referente de la Asociación de Profesionales de la CNEA (Apcnean).
El acuerdo nuclear alcanzado producto también de la diplomacia beneficiaba a ambos países. “Este gobierno venía respetando el acuerdo alcanzado con China por el anterior gobierno. Decidió seguir adelante y lo que hizo, que no fue poco, fue revisar los contratos y conseguir una reducción en los costos. Todo esto se suspendió sorpresivamente”, describió el ingeniero Arbor.
Atucha III iba a ser una central nuclear de tipo Candu (Canada Deuterium Uranium) que funciona con uranio natural y agua pesada, y que iba a aporta 745 MW al sistema. La quinta central era del tipo PWR, que funciona con uranio enriquecido como combustible y agua liviana, y estaba pensada para alcanzar una potencia de 1.150 MW.
Agustín Arbor, que también fue agregado técnico-profesional durante siete años en Viena para asesorar a la embajada argentina en Austria sobre asuntos nucleares ante el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), comentó: “Si se anula la construcción de Atucha III, que es del tipo Candu, similar a la central de Embalse, que utiliza uranio natural y agua pesada producida en la planta industrial PIAP, pueden haber serios costos sociales, científicos, tecnológicos y económicos para nuestro país”.
También señaló que, además de “perderse la posibilidad de crear 5.000 puestos laborales calificados”, otra consecuencia “tiene que ver con la desactivación de los sectores nucleares de las empresas nacionales involucradas como proveedores de ingeniería, componentes, equipos y montaje o la desactivación de la PIAP en Neuquén, con la pérdida de alrededor de 600 puestos de trabajo calificado”.
Además, el ingeniero Arbor advirtió que peligra “el capital intelectual nuclear de las empresas del sector, de los organismos nucleares, de institutos y de distintos laboratorios que le costó años y mucho esfuerzo al país poder desarrollarlos. El capital intelectual es justamente donde radica el secreto del desarrollo de un país y la cancelación del acuerdo nuclear aporta a desactivarlo”.
La decisión del gobierno está sorprendiendo a todo el sector. Es que el proyecto de Atucha III estaba avanzado y ya tenía el predio de 110 hectáreas destinado. Iba a funcionar junto a Atucha I y II en la localidad de Lima, en Zárate. El 3 de enero de 2017 Nucleoeléctrica Argentina había firmado la escritura de los terrenos.
Arbor subrayó que “la caída del acuerdo es evidente que refleja una clara política de desactivación del plan nuclear argentino. No se puede ver esto de otra manera”. El 31 de mayo pasado se cumplieron 68 años de la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la asociación de profesionales amitió un comunicado expresando la preocupación por el futuro de la actividad nuclear del país.
“Argentina es reconocida mundialmente en el campo nuclear para usos pacíficos y seguros, tiene un importantísimo desarrollo propio y sostenido desde 1950 por el esfuerzo de profesionales, técnicos y asistentes, en definitiva, de los trabajadores de la actividad nuclear del país que hoy estamos preocupados”, comentó Arbor.
El acuerdo nuclear con China, que rubricó el anterior gobierno y continuó el actual hasta hace 15 días atrás, implicaba la construcción de dos centrales nucleares por un total de 14.000 millones de dólares a través de un préstamo blando donde China financiaba el 85%. El plazo de construcción de Atucha III era de 7 años y había un período de gracia de 8 años para comenzar a devolver el préstamo al país asiático.
Sobre esto Arbor subrayó que “lo que se conoce hasta ahora es que esto tiene que ver con el ajuste económico. Pero lo que no se entiende bien es que la Argentina ya tenía otorgado un crédito blando por parte de los chinos para la construcción de las dos centrales nucleares nuevas y a devolver a 20 años. Es un absurdo, la verdad es que no se entiende. En 8 años podíamos tener construidas las dos centrales y pagarlas con la propia generación eléctrica producida” y concluyó afirmando que la del gobierno “es una decisión sorpresiva y absurda y provoca la desactivación a futuro del plan nuclear argentino”.
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Fecha de Publicación: 08/06/2018
Fuente: BAE Negocios
Provincia/Región: Nacional
Aporta el 5% a la matriz energética del país y con los proyectos que ahora están suspendidos, se estimaba duplicar esa porción. Obra pública, tecnología de avanzada y menos diversificación, un combo que se pierde con la decisión
A mediados de mayo, autoridades nucleares argentinas visitaban China para avanzar sobre el acuerdo nuclear que Argentina viene negociando con ese país asiático. Unos días después comenzaron las versiones, hasta el momento nunca desmentidas públicamente por ningún funcionario nacional, acerca de que el gobierno de Mauricio Macri había suspendido el acuerdo nuclear con China por los problemas económicos, el rojo en el déficit fiscal y el ajuste económico que viene encarando a partir de la corrida bancaria y las negociaciones iniciadas con el FMI.
En rigor, lo que se conoce -aún no oficialmente- es que la Argentina canceló la construcción de Atucha III, lo que iba a ser la cuarta central nuclear del país y, en el escenario más optimista, postergó para el año 2022 el inicio de las obras de la quinta central. Ante la consulta de BAE Negocios al Ministerio de Energía y Minería sobre este tema, manifestaron que se mantienen “sin comentarios”, como en las últimas dos semanas.
La caída del acuerdo generará un fuerte impacto para la actividad nuclear del país que aporta alrededor del 5% a la matriz energética y que soñaba con alcanzar al 10% en los próximos años a partir del impulso de las dos centrales nucleares nuevas. En 2016 la energía nuclear produjo el récord anual de generación de energía, superando a la generada en 2009. Durante 2016 la generación neta nuclear anual alcanzó el récord de 7.677 GWh, un 5,56% del total del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), según información oficial de la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA).
El impacto de la repentina decisión del gobierno nacional será aún mayor ya que con la construcción de Atucha III se esperaba la creación de 5.000 puestos de trabajo calificado y el impulso para la Planta Industrial de Agua Pesada de Arroyito (PIAP), ubicada en la provincia de Neuquén.
BAE Negocios dialogó sobre este tema con Agustín Arbor, un ingeniero especializado en seguridad radiológica, nuclear, de salvaguardias y la protección y seguridad física, que trabaja en el sector nuclear desde hace 40 años y desde hace más de 20 años lo hace en la Autoridad Regulatoria Nacional (ARN).
“Me cuesta entender la racionalidad y conveniencia para el país de suspender el acuerdo nuclear con China. En mi opinión, es una medida absurda por parte del gobierno porque era un acuerdo ventajoso, estaba dirigido a obra pública, involucraba tecnología avanzada y producía un efecto derrame sobre gran parte de la industria nacional y nos colocaba ante la posibilidad futura de contar con cinco centrales nucleares y tener la posibilidad de poder financiar otras nuevas con recursos propios provenientes de la explotación comercial de las mismas centrales”, señaló Arbor, que además es referente de la Asociación de Profesionales de la CNEA (Apcnean).
El acuerdo nuclear alcanzado producto también de la diplomacia beneficiaba a ambos países. “Este gobierno venía respetando el acuerdo alcanzado con China por el anterior gobierno. Decidió seguir adelante y lo que hizo, que no fue poco, fue revisar los contratos y conseguir una reducción en los costos. Todo esto se suspendió sorpresivamente”, describió el ingeniero Arbor.
Atucha III iba a ser una central nuclear de tipo Candu (Canada Deuterium Uranium) que funciona con uranio natural y agua pesada, y que iba a aporta 745 MW al sistema. La quinta central era del tipo PWR, que funciona con uranio enriquecido como combustible y agua liviana, y estaba pensada para alcanzar una potencia de 1.150 MW.
Agustín Arbor, que también fue agregado técnico-profesional durante siete años en Viena para asesorar a la embajada argentina en Austria sobre asuntos nucleares ante el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), comentó: “Si se anula la construcción de Atucha III, que es del tipo Candu, similar a la central de Embalse, que utiliza uranio natural y agua pesada producida en la planta industrial PIAP, pueden haber serios costos sociales, científicos, tecnológicos y económicos para nuestro país”.
También señaló que, además de “perderse la posibilidad de crear 5.000 puestos laborales calificados”, otra consecuencia “tiene que ver con la desactivación de los sectores nucleares de las empresas nacionales involucradas como proveedores de ingeniería, componentes, equipos y montaje o la desactivación de la PIAP en Neuquén, con la pérdida de alrededor de 600 puestos de trabajo calificado”.
Además, el ingeniero Arbor advirtió que peligra “el capital intelectual nuclear de las empresas del sector, de los organismos nucleares, de institutos y de distintos laboratorios que le costó años y mucho esfuerzo al país poder desarrollarlos. El capital intelectual es justamente donde radica el secreto del desarrollo de un país y la cancelación del acuerdo nuclear aporta a desactivarlo”.
La decisión del gobierno está sorprendiendo a todo el sector. Es que el proyecto de Atucha III estaba avanzado y ya tenía el predio de 110 hectáreas destinado. Iba a funcionar junto a Atucha I y II en la localidad de Lima, en Zárate. El 3 de enero de 2017 Nucleoeléctrica Argentina había firmado la escritura de los terrenos.
Arbor subrayó que “la caída del acuerdo es evidente que refleja una clara política de desactivación del plan nuclear argentino. No se puede ver esto de otra manera”. El 31 de mayo pasado se cumplieron 68 años de la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la asociación de profesionales amitió un comunicado expresando la preocupación por el futuro de la actividad nuclear del país.
“Argentina es reconocida mundialmente en el campo nuclear para usos pacíficos y seguros, tiene un importantísimo desarrollo propio y sostenido desde 1950 por el esfuerzo de profesionales, técnicos y asistentes, en definitiva, de los trabajadores de la actividad nuclear del país que hoy estamos preocupados”, comentó Arbor.
El acuerdo nuclear con China, que rubricó el anterior gobierno y continuó el actual hasta hace 15 días atrás, implicaba la construcción de dos centrales nucleares por un total de 14.000 millones de dólares a través de un préstamo blando donde China financiaba el 85%. El plazo de construcción de Atucha III era de 7 años y había un período de gracia de 8 años para comenzar a devolver el préstamo al país asiático.
Sobre esto Arbor subrayó que “lo que se conoce hasta ahora es que esto tiene que ver con el ajuste económico. Pero lo que no se entiende bien es que la Argentina ya tenía otorgado un crédito blando por parte de los chinos para la construcción de las dos centrales nucleares nuevas y a devolver a 20 años. Es un absurdo, la verdad es que no se entiende. En 8 años podíamos tener construidas las dos centrales y pagarlas con la propia generación eléctrica producida” y concluyó afirmando que la del gobierno “es una decisión sorpresiva y absurda y provoca la desactivación a futuro del plan nuclear argentino”.
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Glifosato en todos lados
Fuerte advertencia de científicos por la presencia de un peligroso herbicida
Fecha de Publicación: 07/06/2018
Fuente: El Dïa (Buenos Aires)
Provincia/Región: Nacional
Se trata del glifosato, que se encuentra en diferentes lugares de la Ciudad, cuyo uso ha crecido en la producción agropecuaria
Investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata advierten que los residuos de glifosato, un peligroso herbicida con potencial carcinogénico, están presenten en diferentes concentraciones, en la lluvia que cae en el centro de nuestra ciudad, en el algodón, gasas, peces, en las lagunas bonaerenses, en distintos alimentos que consumimos, en todo nuestro sistema ambiental.
El glifosato es un herbicida de amplio espectro, desarrollado para la eliminación de hierbas y de arbustos, en especial los perennes. Es absorbido por las hojas y no por las raíces y el uso de este herbicida es objeto de controversia desde el punto de vista toxicológico y ambiental.
Los argentinos tenemos una exposición continua y sostenida a este compuesto y esto puede producir desde leucemia, distintos tipos de linfomas, patologías tiroideas, enfermedades cutáneas, y hasta daños genéticos, remarcan desde la casa de altos estudios.
Damián Marino, científico del Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM), un organismo de doble dependencia UNLP-Conicet, remarcó: “el glifosato es una molécula muy pequeña que tiene la función de ser un herbicida generalista porque no discrimina, sino que mata todo aquello que sea verde a excepción de un organismo genéticamente modificado como la soja, el maíz o el algodón. Con el tiempo, algunas especies después de 20 años del uso de este compuesto comenzaron a hacerse resistentes, motivo por el cual decidió aumentarse la cantidad del químico por hectárea”.
Según Marino, “en los últimos 10 años entraron más de 1000 millones de litros de glifosato. Este número pone a la Argentina en el primer puesto a nivel mundial en la cantidad de uso de plaguicidas por habitante por año (10 litros de plaguicidas por habitante por año)”.
Y detalló: “en las distintas muestras ambientales que se toman en nuestro país, se puede ver que el glifosato ocupa entre el 80 o 90 % de la carga total de plaguicidas de la muestra”.
Creciente Uso
“Cuando arrancó hace 20 años el modelo de agroproducción extensivo en base a transgénico, se usaban en el país 3 litros de glifosato por hectárea por año. Hoy el promedio es de 15 litros de glifosato por hectárea por año, y en el caso del algodón 40 litros por hectárea por año. Las dosis han ido aumentando porque ya no hacen el mismo efecto que hacían al principio y esto se debe a la resistencia que van generando las distintas especies”, explicó el investigador.
El glifosato es un contaminante seudopersistente que se deposita en el suelo y en el ambiente que no logra degradar la cantidad que ingresa, y se acumula a razón de un miligramo por kilo por año.
En cada lluvia cae Glifosato
Un estudio del CIM, demostró que cuando llueve en el centro de la ciudad de La Plata, cae glifosato asociado a la gota de lluvia. Esto se comprobó midiendo concentración de glifosato en la lluvia.
La presencia del herbicida está presente sobre todo en la zona que va dese la provincia de Santa Fe hasta la ciudad de Luján en la provincia de Buenos Aires.
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Fecha de Publicación: 07/06/2018
Fuente: El Dïa (Buenos Aires)
Provincia/Región: Nacional
Se trata del glifosato, que se encuentra en diferentes lugares de la Ciudad, cuyo uso ha crecido en la producción agropecuaria
Investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata advierten que los residuos de glifosato, un peligroso herbicida con potencial carcinogénico, están presenten en diferentes concentraciones, en la lluvia que cae en el centro de nuestra ciudad, en el algodón, gasas, peces, en las lagunas bonaerenses, en distintos alimentos que consumimos, en todo nuestro sistema ambiental.
El glifosato es un herbicida de amplio espectro, desarrollado para la eliminación de hierbas y de arbustos, en especial los perennes. Es absorbido por las hojas y no por las raíces y el uso de este herbicida es objeto de controversia desde el punto de vista toxicológico y ambiental.
Los argentinos tenemos una exposición continua y sostenida a este compuesto y esto puede producir desde leucemia, distintos tipos de linfomas, patologías tiroideas, enfermedades cutáneas, y hasta daños genéticos, remarcan desde la casa de altos estudios.
Damián Marino, científico del Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM), un organismo de doble dependencia UNLP-Conicet, remarcó: “el glifosato es una molécula muy pequeña que tiene la función de ser un herbicida generalista porque no discrimina, sino que mata todo aquello que sea verde a excepción de un organismo genéticamente modificado como la soja, el maíz o el algodón. Con el tiempo, algunas especies después de 20 años del uso de este compuesto comenzaron a hacerse resistentes, motivo por el cual decidió aumentarse la cantidad del químico por hectárea”.
Según Marino, “en los últimos 10 años entraron más de 1000 millones de litros de glifosato. Este número pone a la Argentina en el primer puesto a nivel mundial en la cantidad de uso de plaguicidas por habitante por año (10 litros de plaguicidas por habitante por año)”.
Y detalló: “en las distintas muestras ambientales que se toman en nuestro país, se puede ver que el glifosato ocupa entre el 80 o 90 % de la carga total de plaguicidas de la muestra”.
Creciente Uso
“Cuando arrancó hace 20 años el modelo de agroproducción extensivo en base a transgénico, se usaban en el país 3 litros de glifosato por hectárea por año. Hoy el promedio es de 15 litros de glifosato por hectárea por año, y en el caso del algodón 40 litros por hectárea por año. Las dosis han ido aumentando porque ya no hacen el mismo efecto que hacían al principio y esto se debe a la resistencia que van generando las distintas especies”, explicó el investigador.
El glifosato es un contaminante seudopersistente que se deposita en el suelo y en el ambiente que no logra degradar la cantidad que ingresa, y se acumula a razón de un miligramo por kilo por año.
En cada lluvia cae Glifosato
Un estudio del CIM, demostró que cuando llueve en el centro de la ciudad de La Plata, cae glifosato asociado a la gota de lluvia. Esto se comprobó midiendo concentración de glifosato en la lluvia.
La presencia del herbicida está presente sobre todo en la zona que va dese la provincia de Santa Fe hasta la ciudad de Luján en la provincia de Buenos Aires.
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Un ejemplo de agricultura y ganadería sustentable y rentable
Córdoba: una fundación de ingleses y argentinos hace 100% de producción orgánica
Fecha de Publicación: 07/06/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Córdoba
Ser ambientalmente sustentable, producir y ganar dinero. Todo eso es posible a la vez. Ese es el mensaje con el que insisten desde la estancia Las Dos Hermanas, de 4200 hectáreas ubicadas en Arias, en el departamento cordobés de Marcos Juárez.
Hace 35 años, el establecimiento resolvió no usar agroquímicos ni fertilizantes con químicos y, después, extendieron el concepto a las semillas genéticamente modificadas.
Marcelo Frías, administrador de la estancia, señaló a LA NACION que parte de la función es que a quien le interese un "modelo que es rentable" lo pueda replicar.
Las Dos Hermanas es refugio de Vida Silvestre desde 1989. Es área natural protegida e integra la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas. También es parte de Aves Argentinas (ONG que trabaja por la revalorización y el cuidado de las aves), de Alianza del Pastizal y del Movimiento Argentino de Producción Orgánica (Mapo).
"Tenemos un fuerte compromiso con la conservación y lo plasmamos produciendo de manera amigable", dijo Frías. Las 4200 hectáreas están certificadas como 100% orgánicas. Allí se hace ganadería orgánica, agricultura y conservación de la biodiversidad.
La estancia pertenece a una fundación (integrada por cinco ingleses y tres argentinos) a quienes dejaron las tierras las hermanas Raquel y Pamela Schiele, quienes heredaron el campo del que se fueron muy niñas cuando murió su papá. Regresaron a Inglaterra pero en 1947 comenzaron a hacer largas visitas y se instalaron. Ellas ordenaron no usar más agroquímicos.
"Hacemos la agricultura que se hacía antes de la irrupción de los agroquímicos. El manejo de las malezas es conociendo las malezas de los lotes, hacer el manejo adecuado ya sea con labores previas y combate mecánico haciendo rotativa una o dos veces, un escardillo vibro, un escardillo y finalmente limpieza manual con una cuadrilla", explicó.
En agricultura extensiva la estancia -que es miembro de Pampa Orgánica Norte, integrada por ocho grandes productores- hace cultivos de invierno (avena, cebada, centeno y trigo) y de verano (girasol, soja, maíz, sorgo y productos especiales como maíz pisingallo y girasol de confitería).
Destinan a la actividad 1000 hectáreas con un rinde promedio de 2,5 toneladas por hectárea; lo que implica una producción de unas 3 millones de toneladas al año. En granos el mayor demandante es Estados Unidos, aunque también proveen a emprendimientos internos medianos y chicos.
"Los rindes de soja son de 2 toneladas por hectárea y los de trigo 2,5 toneladas por hectárea. Tenemos mejores precios que lo convencional, 35% más en promedio en los granos, y menores costos", explicó.
Ganadería
Cuentan con 6000 cabezas de ganado. Hacen cría, recría y engorde tanto para atender el mercado interno como para exportar (principalmente a Europa). Para el consumo doméstico venden a través de la marca MOO (Meet Organic Organization), que formaron junto a otros productores orgánicos.
Frías apuntó que la demanda de productos orgánicos en la Argentina crece de la mano de las nuevas generaciones "que ya tienen una cultura del cuidado del ambiente y de la sustentabilidad".
Entiende que, desde los gobiernos, empezó a extenderse el apoyo y, en conjunto, hace que la demanda se fortalezca.
Investigación
La Fundación Las Dos Hermanas -que no recibe donaciones ni subsidios- apoya con sus recursos cinco líneas de investigación del Conicet que se realizan en 500 hectáreas del campo que "nunca" fueron explotadas ni intervenidas.
"Existen muy pocas zonas así en la Argentina de pastizal pampeano", dijo Frías. En ese espacio los técnicos hacen seguimiento de la población y de la evolución de los pastos y cuatro monitoreos al año de aves (hay 150 especies).
Además, en la laguna Las Tunas miden la calidad del agua y la evolución de los anfibios y otro equipo controla los suelos y los animales de tierra (lombrices y ácaros). "Todo esto nos permite contar con indicadores y líneas de base de monitoreo para automedirnos y avanzar en nuestro trabajo", resumió Frías.
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Fecha de Publicación: 07/06/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Córdoba
Ser ambientalmente sustentable, producir y ganar dinero. Todo eso es posible a la vez. Ese es el mensaje con el que insisten desde la estancia Las Dos Hermanas, de 4200 hectáreas ubicadas en Arias, en el departamento cordobés de Marcos Juárez.
Hace 35 años, el establecimiento resolvió no usar agroquímicos ni fertilizantes con químicos y, después, extendieron el concepto a las semillas genéticamente modificadas.
Marcelo Frías, administrador de la estancia, señaló a LA NACION que parte de la función es que a quien le interese un "modelo que es rentable" lo pueda replicar.
Las Dos Hermanas es refugio de Vida Silvestre desde 1989. Es área natural protegida e integra la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas. También es parte de Aves Argentinas (ONG que trabaja por la revalorización y el cuidado de las aves), de Alianza del Pastizal y del Movimiento Argentino de Producción Orgánica (Mapo).
"Tenemos un fuerte compromiso con la conservación y lo plasmamos produciendo de manera amigable", dijo Frías. Las 4200 hectáreas están certificadas como 100% orgánicas. Allí se hace ganadería orgánica, agricultura y conservación de la biodiversidad.
La estancia pertenece a una fundación (integrada por cinco ingleses y tres argentinos) a quienes dejaron las tierras las hermanas Raquel y Pamela Schiele, quienes heredaron el campo del que se fueron muy niñas cuando murió su papá. Regresaron a Inglaterra pero en 1947 comenzaron a hacer largas visitas y se instalaron. Ellas ordenaron no usar más agroquímicos.
"Hacemos la agricultura que se hacía antes de la irrupción de los agroquímicos. El manejo de las malezas es conociendo las malezas de los lotes, hacer el manejo adecuado ya sea con labores previas y combate mecánico haciendo rotativa una o dos veces, un escardillo vibro, un escardillo y finalmente limpieza manual con una cuadrilla", explicó.
En agricultura extensiva la estancia -que es miembro de Pampa Orgánica Norte, integrada por ocho grandes productores- hace cultivos de invierno (avena, cebada, centeno y trigo) y de verano (girasol, soja, maíz, sorgo y productos especiales como maíz pisingallo y girasol de confitería).
Destinan a la actividad 1000 hectáreas con un rinde promedio de 2,5 toneladas por hectárea; lo que implica una producción de unas 3 millones de toneladas al año. En granos el mayor demandante es Estados Unidos, aunque también proveen a emprendimientos internos medianos y chicos.
"Los rindes de soja son de 2 toneladas por hectárea y los de trigo 2,5 toneladas por hectárea. Tenemos mejores precios que lo convencional, 35% más en promedio en los granos, y menores costos", explicó.
Ganadería
Cuentan con 6000 cabezas de ganado. Hacen cría, recría y engorde tanto para atender el mercado interno como para exportar (principalmente a Europa). Para el consumo doméstico venden a través de la marca MOO (Meet Organic Organization), que formaron junto a otros productores orgánicos.
Frías apuntó que la demanda de productos orgánicos en la Argentina crece de la mano de las nuevas generaciones "que ya tienen una cultura del cuidado del ambiente y de la sustentabilidad".
Entiende que, desde los gobiernos, empezó a extenderse el apoyo y, en conjunto, hace que la demanda se fortalezca.
Investigación
La Fundación Las Dos Hermanas -que no recibe donaciones ni subsidios- apoya con sus recursos cinco líneas de investigación del Conicet que se realizan en 500 hectáreas del campo que "nunca" fueron explotadas ni intervenidas.
"Existen muy pocas zonas así en la Argentina de pastizal pampeano", dijo Frías. En ese espacio los técnicos hacen seguimiento de la población y de la evolución de los pastos y cuatro monitoreos al año de aves (hay 150 especies).
Además, en la laguna Las Tunas miden la calidad del agua y la evolución de los anfibios y otro equipo controla los suelos y los animales de tierra (lombrices y ácaros). "Todo esto nos permite contar con indicadores y líneas de base de monitoreo para automedirnos y avanzar en nuestro trabajo", resumió Frías.
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La Pampa prohibe el trasvase de ríos interprovinciales
La Pampa: prohibieron el trasvase de ríos interprovinciales
Fecha de Publicación: 07/06/2018
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: La Pampa
La Cámara de Diputados de La Pampa aprobó por mayoría una ley que establece la prohibición al trasvase de los ríos interprovinciales, especialmente a la exportación de agua de la cuenca del río Colorado.
La Cámara de Diputados de La Pampa aprobó por mayoría una ley que establece la prohibición al trasvase de los ríos interprovinciales, especialmente a la exportación de agua de la cuenca del río Colorado a otras cuencas hídricas, informaron hoy fuentes parlamentarias. El proyecto fue aprobado ayer por 25 votos con el apoyo del PJ, Pueblo Nuevo, Frente Pampeano Cívico y Social, conformado por radicales y socialistas.
También lo acompañó el Frente Renovador, mientras que el PRO lo rechazó por “falta de debate”. En rigor, la iniciativa que fue presentada en el 2014 por el diputado radical Martín Berhongaray, se desarchivó y se modificó en la sesión de ayer por la tarde, ante un planteo del bloque oficialista. El diputado Berhongaray explicó que con esta norma "se prohíbe la derivación de caudales desde cualquiera de los ríos que pertenecen a La Pampa”.
Este proyecto prohíbe “en particular la exportación de agua que pretende realizar Mendoza desde el río Grande hacia el Atuel”, indicó el legislador. La Pampa y Mendoza están en plena disputa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el río Atuel, a partir de una demanda presentada por el gobierno pampeano por el corte del río interprovincial aguas arriba.
La propuesta aprobada por los legisladores se alinea en contra del pretendido "trasvasamiento proyectado a partir del embalse Portezuelo del Viento desde la cuenca del río Colorado a la cuenca del Atuel”, según se fundamentó en la ley. Berhongaray agregó que la ley “es una herramienta más para la provincia" porque “permanentemente los funcionarios mendocinos insisten con resolver la problemática del Atuel, incorporándole caudales desde otras cuencas”.
Con esto, destacó el presidente de la comisión de la comisión de Ecología, “se destierra de plano esa posibilidad hasta tanto no se avance con el trasvase compensador de al menos 50 metros cúbicos por segundo, desde el río Negro al Colorado”. Por su parte, el secretario de Recursos Hídricos pampeano, Javier Schlegel, aseguró que la normativa “prohíbe entregar cupos de agua del río Colorado que le pertenecen a La Pampa”.
Y, afirmó que la legislación “marca que evidentemente nuestra provincia está cuidando el cupo de agua del Colorado”, que también pasa por las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y Mendoza, que conforman el comité de cuenca, Coirco. La ley aprobada en la Legislatura “prohíbe todo trasvase y/o exportación de caudales del cupo establecido para La Pampa en el marco del Estatuto y Programa Único de distribución de caudales del Coirco”.
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Fecha de Publicación: 07/06/2018
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: La Pampa
La Cámara de Diputados de La Pampa aprobó por mayoría una ley que establece la prohibición al trasvase de los ríos interprovinciales, especialmente a la exportación de agua de la cuenca del río Colorado.
La Cámara de Diputados de La Pampa aprobó por mayoría una ley que establece la prohibición al trasvase de los ríos interprovinciales, especialmente a la exportación de agua de la cuenca del río Colorado a otras cuencas hídricas, informaron hoy fuentes parlamentarias. El proyecto fue aprobado ayer por 25 votos con el apoyo del PJ, Pueblo Nuevo, Frente Pampeano Cívico y Social, conformado por radicales y socialistas.
También lo acompañó el Frente Renovador, mientras que el PRO lo rechazó por “falta de debate”. En rigor, la iniciativa que fue presentada en el 2014 por el diputado radical Martín Berhongaray, se desarchivó y se modificó en la sesión de ayer por la tarde, ante un planteo del bloque oficialista. El diputado Berhongaray explicó que con esta norma "se prohíbe la derivación de caudales desde cualquiera de los ríos que pertenecen a La Pampa”.
Este proyecto prohíbe “en particular la exportación de agua que pretende realizar Mendoza desde el río Grande hacia el Atuel”, indicó el legislador. La Pampa y Mendoza están en plena disputa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el río Atuel, a partir de una demanda presentada por el gobierno pampeano por el corte del río interprovincial aguas arriba.
La propuesta aprobada por los legisladores se alinea en contra del pretendido "trasvasamiento proyectado a partir del embalse Portezuelo del Viento desde la cuenca del río Colorado a la cuenca del Atuel”, según se fundamentó en la ley. Berhongaray agregó que la ley “es una herramienta más para la provincia" porque “permanentemente los funcionarios mendocinos insisten con resolver la problemática del Atuel, incorporándole caudales desde otras cuencas”.
Con esto, destacó el presidente de la comisión de la comisión de Ecología, “se destierra de plano esa posibilidad hasta tanto no se avance con el trasvase compensador de al menos 50 metros cúbicos por segundo, desde el río Negro al Colorado”. Por su parte, el secretario de Recursos Hídricos pampeano, Javier Schlegel, aseguró que la normativa “prohíbe entregar cupos de agua del río Colorado que le pertenecen a La Pampa”.
Y, afirmó que la legislación “marca que evidentemente nuestra provincia está cuidando el cupo de agua del Colorado”, que también pasa por las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y Mendoza, que conforman el comité de cuenca, Coirco. La ley aprobada en la Legislatura “prohíbe todo trasvase y/o exportación de caudales del cupo establecido para La Pampa en el marco del Estatuto y Programa Único de distribución de caudales del Coirco”.
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Acabemos con los bosques
Acabemos con los bosques
Fecha de Publicación: 06/06/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Por E. Raúl Zaffaroni
El ex juez de la Corte Suprema se pregunta para qué conservar un poder que será recordado por su incapacidad de intervenir para salvarnos de una catástrofe irremediable. Una reflexión sobre la destrucción de nuestro medio ambiente por complicidad con poderes económicos que no piensan, no sienten, no planean.
1 ¿Sólo una homofonía?
El 25 de mayo, en la Catedral, se mencionó a Zaqueo. Más allá de la homofonía en nuestro castellano en que asimilamos el sonido de las dos consonantes, lo cierto es que avanza el saqueo por el mundo, bajo la autodenominación de neoliberalismo. Se había dicho antes de otra forma:Los poderes económicos continúan justificando el actual sistema mundial, donde priman una especulación y una búsqueda de la renta financiera que tienden a ignorar todo contexto y los efectos sobre la dignidad humana y el medio ambiente. (1)
Y los declamadores vernáculos de esa visión del mundo, no se conforman con poner en crisis a nuestra sociedad, sino que también quieren hacerlo con el medio ambiente, lo que no es de extrañar, porque no son dos crisis independientes, sino que esa crisis es única: socio-ambiental. (2)
Por esa razón, no puede llamar la atención que la actual administración haya puesto a cargo de las cuestiones ambientales a un funcionario digno de todo respeto, pero que no es precisamente un experto en el tema.
2 ¿Qué pasa con los bosques salteños?
Si bien se pierde en la alucinante velocidad de las graves noticias de las últimas semanas, no es bueno dejar de lado lo que está sucediendo con los bosques naturales de Salta.
Se trata de una historia que viene de lejos, puesto que entre 2002 y 2006 se desmontaron allí casi medio millón de hectáreas. En el año 2008 la Corte Suprema hizo lugar a una cautelar que suspendió el desmonte en cuatro departamentos salteños que, justamente, eran los de mayor presencia indígena y que, por ende, les proveen de lo indispensable para su subsistencia.
Algunos desmontes continuaron ilícitamente, aunque en mucha menor medida y, muy poco después, un terrible aluvión de agua, barro y troncos, inundó y arrasó las viviendas de un tercio de la población de Tartagal, lo que –según la opinión científica más seria– se debió a la indefensión del suelo causada por la eliminación de los bosques.
En una audiencia pública en 2009, el gobierno provincial trató de que la Corte Suprema levantase la medida, con el insólito argumento de que dejaba sin trabajo a los hacheros. Pero los jueces de la Corte, por muy urbanizados que fuesen, no confundieron a unos hombres con hachas con una topadora con pala mecánica que arranca todo de raíz y, por ende, en marzo de 2009 afirmaron que los desmontes configuran una situación clara de peligro, de daño grave, porque podría cambiar sustancialmente el régimen de todo el clima en la región, afectando no sólo a los actuales habitantes, sino a las generaciones futuras. Este perjuicio, de producirse, sería además irreversible.
Desde ese momento, el gobierno provincial adoptó otro camino. La Ley Nacional de Bosques (26.331) los divide en tres categorías: los de alto valor de conservación (categoría 1, rojo), mediano valor de conservación (categoría 2, amarillo) y bajo valor de conservación (categoría 3, verde). De la categoría en que se ubique el bosque, corresponderá que se habilite o no su explotación.
Esto lo resolvió en forma pragmática el gobierno provincial, mediante los decretos 2211/10 y 3136/11, proclamándose competente para que, a simple solicitud del titular de la finca, categorizase y recategorizaselos bosques a su gusto y, con este sencillo medio burló la ley nacional y desmontó nada menos que 130.000 hectáreas de bosques protegidos. En otras palabras: el zorro se autoproclamó cuidador del gallinero.
3 ¿Esto es federalismo?
En nuestra República maltrecha, si se dejase en manos de los gobernadores empobrecidos por los sucesivos ajustes nacionales el poder de decidir qué bosques deben ser protegidos, en poco tiempo buena parte de nuestro territorio se convertiría en un enorme campo de soja envenenado por agrotóxicos, sin pájaros ni especies, pero también sin los pueblos originarios sobrevivientes de los sucesivos genocidios, cuyo hábitat desaparecería con los bosques.
De esta manera, se respondería al actual unitarismo financiero habilitando un federalismo depredador o de saqueo. Cabe pensar que este no fue el federalismo de nuestros caudillos –y menos el de Güemes–, aunque sería digno del unitario Rivadavia que, si bien no trajo los restos de San Martín, le aplicó suajuste y le cortó los fondos para continuar su gesta libertadora.
Volviendo a esta historia reciente, la Auditoría General de la Nación (3)advirtió en 2017 que la provincia de Salta estaba violando la ley nacional y exigióla anulación de 32 permisos de desmontes otorgados en zonas protegidas y la recomposición de los ya ejecutados.Dijo en ese informe que en Salta se generó el marco legal para burlar no solo las disposiciones provinciales sino también las disposiciones nacionales que regulan la protección de los bosques nativos. Según consta en los registros de la Dirección de Planificación Territorial del Ministerio de Producción y Medio Ambiente de Salta desde 2010 a diciembre de 2014, fecha en la que por medio del Decreto 3749/14 se suspendieron las recategorizaciones prediales, las autorizaciones otorgadas por la provincia para cambiar los valores de conservación fueron 32 fincas que en total sumaban una superficie de 144.984 ha. y abarcaron un total de 58.611 hectáreas habilitadas para ser desmontadas de las cuales un 60 por ciento, es decir 35.443 hectáreas, fueron efectivamente ejecutadas.
En vigencia de los decretos provinciales que autorizaron las 32 explotaciones ilícitas según la Auditoría, se desalojó policialmente el campamento de Greenpeace en 2014, pese a la orden contraria de la Jueza de Garantías de Tartagal. Finalmente, los decretos de 2010 y 2011 fueron derogados por el gobierno provincial en diciembre de 2017.
Ante lo informado por la Auditoría General de la Nación, el Ministerio de Ambiente nacional reaccionó correctamente, declaró ilegales los 32 permisos e instó a la provincia a suspender su ejecución y a reforestar los desmontes ya realizados(4). No obstante, algunos pocos desmontes ilícitos parecen haber continuado.
4 El principio de no regresión
La Auditoría y en Ministerio actuaron conforme a lo que se llama principio de no regresión, derivado del principio de progresividad (5), lo que en palabras claras significa que se puede ir para adelante, pero no para atrás (6). Este principio se fue extendiendo a la materia ambiental, siendo recomendado por las Naciones Unidas en la Resolución aprobada por la Asamblea General el 27 de julio de 2012(A/66/L.56, 66/288, El futuro que queremos) (7).
La Constitución Nacional, por su parte, prescribe en el artículo 41º que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo, El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.
El mismo artículo, en cuanto a la jurisdicción, dice claramente: Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.
5 El principio republicano
En nuestro ordenamiento jurídico, toda norma debe interpretarse conforme al principio republicano (artículo 1º de la Constitución), que exige la racionalidad, es decir, la adecuación a un fin deducido de la razón de ser del Estado que, en primer lugar, debe asegurar la vida y la salud de sus habitantes.
Sin perjuicio de que ladeforestación -según la Organización Mundial de la Salud- es causa de la propagación de enfermedades infecciosas, los pueblos originarios, mal que les pese a algunas autoridades que prefieren tratarlos con la Gendarmería y la Prefectura, también son habitantes, por lo que esta deforestación también viola los compromisos internacionales de la Nación a su respecto y la propia letra del inc. 17º del artículo 75º de la Constitución. (8)
Dada la gravedad de estos hechos de múltiple violación normativa como la jerarquía suprema de las normas que infringen y, considerando que la destrucción de bosques es a veces irreversible, pues su restablecimiento requiere muchos años y quizá siglos, el principio republicano de gobierno (la racionalidad) impone que nadie se permita entender el párrafo del artículo constitucional sobre jurisdicciones como derogatorio de todo el texto, lo que sucedería si las provincias fuesen las encargadas de categorizar.
Obsérvese, además, que la Constitución se refiere a las jurisdicciones locales y, como es sabido, jurisdicción significa decir el derecho, o sea, que se trata de respetar la competencia de los jueces locales y no de los poderes ejecutivos, lo que no es un detalle menor a la hora de interpretar el texto. Si se lo quisiese entender como jurisdicción administrativa -expresión por demás confusa, porque se confunde con competencia- el texto estaría negando su propio contenido, porque obviamente, en las actuales circunstancias, dejaría al zorro al cuidado del gallinero.
6 Las últimas novedades
Hace pocos días el gobierno provincial y el Ministerios de Ambiente nacional firmaron un convenio marco de colaboración para la promoción de la actividad productiva sustentable de los bosques de Salta, cuyo objetivo es colaborar en tres aspectos: trabajo conjunto en la elaboración de criterios de ordenamiento territorial de bosques nativos de la provincia de Salta, promoción y apoyo de actividades productivas sustentables en bosques nativos ubicados en categoría amarilla (de mediano valor de conservación, categoría 2 según la Ley Nacional de Bosques, 26.331) e implementación de planes de restauración y reforestación de zonas degradadas.
Pero junto a este convenio -de apariencia inofensiva- se firmó un acta complementaria, con la participación de los representantes de los poderes fácticos interesados en los desmontes, que tiene por objeto -nada menos- que evaluar y verificar en 30 días, la licitud de los 32 proyectos autorizados antes en función de los decretos provincialesderogados. En otras palabras: los 32 permisos que habían sido declarados ilícitos y suspendidos por pedido del propio Ministerio de Medio ambiente nacional en razón del informe de la Auditoría General de la Nación, serán nuevamente revisados, con lo cual el Ministerio nacional da marcha atrás respecto de la medida dispuesta en los primeros días del año, dejando abierta la posibilidad de su explotación.
Se trata de un nuevo episodio insólito de manipulación de esta administración: sin la participación de los pueblos originarios ni de la población de Tartagal -que no hace muchos años sufrió la referida catástrofe aluvional-, pero en mesa con los poderes fácticos interesados en el desmonte, se abre la posibilidad (que para algunos académicos salteños es certeza) de que, con beneplácito del gobierno nacional, se entronice al zorro, pero no como cuidador, sino como dueño del gallinero.
De materializarse este riesgo y si aún quedan en pie restos de la institucionalidad abollada, cabe esperar que, cuando la cuestión llegue a la Corte Suprema, la resuelva con la misma celeridad que en 2008 y mantenga su jurisprudencia, en previsión de la depredación irrecuperable de los bosques salteños, de la vida, propiedad y vivienda de los habitantes de la zona, de sus pueblos originarios y de nuevas catástrofes locales.
En medio de los males que nos amenazan a los argentinos, vale la pena apostar a que no se haya perdido del todo la dignidad, el sentimiento humano y, sobre todo, la pulsión de supervivencia de la especie. De cualquier manera, nunca debemos olvidar que el derecho no es un conjunto de reglas lógicas en un toposuranos normativo ubicado encima del cielo de los mortales, sino que, en este mundo de los mortales, es un campo de lucha permanente y continuo.
* Profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires.
1) Carta Encíclica Laudato si, 56.
2) Idem, 139.
3) La auditoría es el organismo que asiste al Congreso de la Nación y que tiene a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada (art. 85 de la Constitución Nacional).
4) Resolución 56/2018, publicada en el Boletín Oficial el 24 de enero
5) V. Peña Chacón, Mario, director “El principio de no regresión ambiental en el derecho comparado latinoamericano”, PNUD, 2013.
6) Para Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales, lo establece el Pacto Internacional homónimo de 1966 (ratificado e incorporado a nuestra Constitución Nacional), en el párrafo 1º de su artículo 2º, como también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que lo enuncia en su articulo 26º, del siguiente modo: Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.
7) Dicha Resolución dice: Reconocemos que, desde 1992, en algunos aspectos de la integración de las tres dimensiones del desarrollo sostenible, los avances han sido insuficientes y se han registrado contratiempos, agravados por las múltiples crisis financieras, económicas, alimentarias y energéticas, que han puesto en peligro la capacidad de todos los países, en particular de los países en desarrollo, para lograr el desarrollo sostenible. A este respecto, es esencial que no demos marcha atrás en nuestro compromiso con los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. También reconocemos que uno de los principales problemas actuales de todos los países, especialmente de los países en desarrollo, es el impacto de las múltiples crisis que afectan al mundo hoy en día.
(8) Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecte. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.
Fecha de Publicación: 06/06/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Por E. Raúl Zaffaroni
El ex juez de la Corte Suprema se pregunta para qué conservar un poder que será recordado por su incapacidad de intervenir para salvarnos de una catástrofe irremediable. Una reflexión sobre la destrucción de nuestro medio ambiente por complicidad con poderes económicos que no piensan, no sienten, no planean.
1 ¿Sólo una homofonía?
El 25 de mayo, en la Catedral, se mencionó a Zaqueo. Más allá de la homofonía en nuestro castellano en que asimilamos el sonido de las dos consonantes, lo cierto es que avanza el saqueo por el mundo, bajo la autodenominación de neoliberalismo. Se había dicho antes de otra forma:Los poderes económicos continúan justificando el actual sistema mundial, donde priman una especulación y una búsqueda de la renta financiera que tienden a ignorar todo contexto y los efectos sobre la dignidad humana y el medio ambiente. (1)
Y los declamadores vernáculos de esa visión del mundo, no se conforman con poner en crisis a nuestra sociedad, sino que también quieren hacerlo con el medio ambiente, lo que no es de extrañar, porque no son dos crisis independientes, sino que esa crisis es única: socio-ambiental. (2)
Por esa razón, no puede llamar la atención que la actual administración haya puesto a cargo de las cuestiones ambientales a un funcionario digno de todo respeto, pero que no es precisamente un experto en el tema.
2 ¿Qué pasa con los bosques salteños?
Si bien se pierde en la alucinante velocidad de las graves noticias de las últimas semanas, no es bueno dejar de lado lo que está sucediendo con los bosques naturales de Salta.
Se trata de una historia que viene de lejos, puesto que entre 2002 y 2006 se desmontaron allí casi medio millón de hectáreas. En el año 2008 la Corte Suprema hizo lugar a una cautelar que suspendió el desmonte en cuatro departamentos salteños que, justamente, eran los de mayor presencia indígena y que, por ende, les proveen de lo indispensable para su subsistencia.
Algunos desmontes continuaron ilícitamente, aunque en mucha menor medida y, muy poco después, un terrible aluvión de agua, barro y troncos, inundó y arrasó las viviendas de un tercio de la población de Tartagal, lo que –según la opinión científica más seria– se debió a la indefensión del suelo causada por la eliminación de los bosques.
En una audiencia pública en 2009, el gobierno provincial trató de que la Corte Suprema levantase la medida, con el insólito argumento de que dejaba sin trabajo a los hacheros. Pero los jueces de la Corte, por muy urbanizados que fuesen, no confundieron a unos hombres con hachas con una topadora con pala mecánica que arranca todo de raíz y, por ende, en marzo de 2009 afirmaron que los desmontes configuran una situación clara de peligro, de daño grave, porque podría cambiar sustancialmente el régimen de todo el clima en la región, afectando no sólo a los actuales habitantes, sino a las generaciones futuras. Este perjuicio, de producirse, sería además irreversible.
Desde ese momento, el gobierno provincial adoptó otro camino. La Ley Nacional de Bosques (26.331) los divide en tres categorías: los de alto valor de conservación (categoría 1, rojo), mediano valor de conservación (categoría 2, amarillo) y bajo valor de conservación (categoría 3, verde). De la categoría en que se ubique el bosque, corresponderá que se habilite o no su explotación.
Esto lo resolvió en forma pragmática el gobierno provincial, mediante los decretos 2211/10 y 3136/11, proclamándose competente para que, a simple solicitud del titular de la finca, categorizase y recategorizaselos bosques a su gusto y, con este sencillo medio burló la ley nacional y desmontó nada menos que 130.000 hectáreas de bosques protegidos. En otras palabras: el zorro se autoproclamó cuidador del gallinero.
3 ¿Esto es federalismo?
En nuestra República maltrecha, si se dejase en manos de los gobernadores empobrecidos por los sucesivos ajustes nacionales el poder de decidir qué bosques deben ser protegidos, en poco tiempo buena parte de nuestro territorio se convertiría en un enorme campo de soja envenenado por agrotóxicos, sin pájaros ni especies, pero también sin los pueblos originarios sobrevivientes de los sucesivos genocidios, cuyo hábitat desaparecería con los bosques.
De esta manera, se respondería al actual unitarismo financiero habilitando un federalismo depredador o de saqueo. Cabe pensar que este no fue el federalismo de nuestros caudillos –y menos el de Güemes–, aunque sería digno del unitario Rivadavia que, si bien no trajo los restos de San Martín, le aplicó suajuste y le cortó los fondos para continuar su gesta libertadora.
Volviendo a esta historia reciente, la Auditoría General de la Nación (3)advirtió en 2017 que la provincia de Salta estaba violando la ley nacional y exigióla anulación de 32 permisos de desmontes otorgados en zonas protegidas y la recomposición de los ya ejecutados.Dijo en ese informe que en Salta se generó el marco legal para burlar no solo las disposiciones provinciales sino también las disposiciones nacionales que regulan la protección de los bosques nativos. Según consta en los registros de la Dirección de Planificación Territorial del Ministerio de Producción y Medio Ambiente de Salta desde 2010 a diciembre de 2014, fecha en la que por medio del Decreto 3749/14 se suspendieron las recategorizaciones prediales, las autorizaciones otorgadas por la provincia para cambiar los valores de conservación fueron 32 fincas que en total sumaban una superficie de 144.984 ha. y abarcaron un total de 58.611 hectáreas habilitadas para ser desmontadas de las cuales un 60 por ciento, es decir 35.443 hectáreas, fueron efectivamente ejecutadas.
En vigencia de los decretos provinciales que autorizaron las 32 explotaciones ilícitas según la Auditoría, se desalojó policialmente el campamento de Greenpeace en 2014, pese a la orden contraria de la Jueza de Garantías de Tartagal. Finalmente, los decretos de 2010 y 2011 fueron derogados por el gobierno provincial en diciembre de 2017.
Ante lo informado por la Auditoría General de la Nación, el Ministerio de Ambiente nacional reaccionó correctamente, declaró ilegales los 32 permisos e instó a la provincia a suspender su ejecución y a reforestar los desmontes ya realizados(4). No obstante, algunos pocos desmontes ilícitos parecen haber continuado.
4 El principio de no regresión
La Auditoría y en Ministerio actuaron conforme a lo que se llama principio de no regresión, derivado del principio de progresividad (5), lo que en palabras claras significa que se puede ir para adelante, pero no para atrás (6). Este principio se fue extendiendo a la materia ambiental, siendo recomendado por las Naciones Unidas en la Resolución aprobada por la Asamblea General el 27 de julio de 2012(A/66/L.56, 66/288, El futuro que queremos) (7).
La Constitución Nacional, por su parte, prescribe en el artículo 41º que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo, El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.
El mismo artículo, en cuanto a la jurisdicción, dice claramente: Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.
5 El principio republicano
En nuestro ordenamiento jurídico, toda norma debe interpretarse conforme al principio republicano (artículo 1º de la Constitución), que exige la racionalidad, es decir, la adecuación a un fin deducido de la razón de ser del Estado que, en primer lugar, debe asegurar la vida y la salud de sus habitantes.
Sin perjuicio de que ladeforestación -según la Organización Mundial de la Salud- es causa de la propagación de enfermedades infecciosas, los pueblos originarios, mal que les pese a algunas autoridades que prefieren tratarlos con la Gendarmería y la Prefectura, también son habitantes, por lo que esta deforestación también viola los compromisos internacionales de la Nación a su respecto y la propia letra del inc. 17º del artículo 75º de la Constitución. (8)
Dada la gravedad de estos hechos de múltiple violación normativa como la jerarquía suprema de las normas que infringen y, considerando que la destrucción de bosques es a veces irreversible, pues su restablecimiento requiere muchos años y quizá siglos, el principio republicano de gobierno (la racionalidad) impone que nadie se permita entender el párrafo del artículo constitucional sobre jurisdicciones como derogatorio de todo el texto, lo que sucedería si las provincias fuesen las encargadas de categorizar.
Obsérvese, además, que la Constitución se refiere a las jurisdicciones locales y, como es sabido, jurisdicción significa decir el derecho, o sea, que se trata de respetar la competencia de los jueces locales y no de los poderes ejecutivos, lo que no es un detalle menor a la hora de interpretar el texto. Si se lo quisiese entender como jurisdicción administrativa -expresión por demás confusa, porque se confunde con competencia- el texto estaría negando su propio contenido, porque obviamente, en las actuales circunstancias, dejaría al zorro al cuidado del gallinero.
6 Las últimas novedades
Hace pocos días el gobierno provincial y el Ministerios de Ambiente nacional firmaron un convenio marco de colaboración para la promoción de la actividad productiva sustentable de los bosques de Salta, cuyo objetivo es colaborar en tres aspectos: trabajo conjunto en la elaboración de criterios de ordenamiento territorial de bosques nativos de la provincia de Salta, promoción y apoyo de actividades productivas sustentables en bosques nativos ubicados en categoría amarilla (de mediano valor de conservación, categoría 2 según la Ley Nacional de Bosques, 26.331) e implementación de planes de restauración y reforestación de zonas degradadas.
Pero junto a este convenio -de apariencia inofensiva- se firmó un acta complementaria, con la participación de los representantes de los poderes fácticos interesados en los desmontes, que tiene por objeto -nada menos- que evaluar y verificar en 30 días, la licitud de los 32 proyectos autorizados antes en función de los decretos provincialesderogados. En otras palabras: los 32 permisos que habían sido declarados ilícitos y suspendidos por pedido del propio Ministerio de Medio ambiente nacional en razón del informe de la Auditoría General de la Nación, serán nuevamente revisados, con lo cual el Ministerio nacional da marcha atrás respecto de la medida dispuesta en los primeros días del año, dejando abierta la posibilidad de su explotación.
Se trata de un nuevo episodio insólito de manipulación de esta administración: sin la participación de los pueblos originarios ni de la población de Tartagal -que no hace muchos años sufrió la referida catástrofe aluvional-, pero en mesa con los poderes fácticos interesados en el desmonte, se abre la posibilidad (que para algunos académicos salteños es certeza) de que, con beneplácito del gobierno nacional, se entronice al zorro, pero no como cuidador, sino como dueño del gallinero.
De materializarse este riesgo y si aún quedan en pie restos de la institucionalidad abollada, cabe esperar que, cuando la cuestión llegue a la Corte Suprema, la resuelva con la misma celeridad que en 2008 y mantenga su jurisprudencia, en previsión de la depredación irrecuperable de los bosques salteños, de la vida, propiedad y vivienda de los habitantes de la zona, de sus pueblos originarios y de nuevas catástrofes locales.
En medio de los males que nos amenazan a los argentinos, vale la pena apostar a que no se haya perdido del todo la dignidad, el sentimiento humano y, sobre todo, la pulsión de supervivencia de la especie. De cualquier manera, nunca debemos olvidar que el derecho no es un conjunto de reglas lógicas en un toposuranos normativo ubicado encima del cielo de los mortales, sino que, en este mundo de los mortales, es un campo de lucha permanente y continuo.
* Profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires.
1) Carta Encíclica Laudato si, 56.
2) Idem, 139.
3) La auditoría es el organismo que asiste al Congreso de la Nación y que tiene a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada (art. 85 de la Constitución Nacional).
4) Resolución 56/2018, publicada en el Boletín Oficial el 24 de enero
5) V. Peña Chacón, Mario, director “El principio de no regresión ambiental en el derecho comparado latinoamericano”, PNUD, 2013.
6) Para Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales, lo establece el Pacto Internacional homónimo de 1966 (ratificado e incorporado a nuestra Constitución Nacional), en el párrafo 1º de su artículo 2º, como también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que lo enuncia en su articulo 26º, del siguiente modo: Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.
7) Dicha Resolución dice: Reconocemos que, desde 1992, en algunos aspectos de la integración de las tres dimensiones del desarrollo sostenible, los avances han sido insuficientes y se han registrado contratiempos, agravados por las múltiples crisis financieras, económicas, alimentarias y energéticas, que han puesto en peligro la capacidad de todos los países, en particular de los países en desarrollo, para lograr el desarrollo sostenible. A este respecto, es esencial que no demos marcha atrás en nuestro compromiso con los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. También reconocemos que uno de los principales problemas actuales de todos los países, especialmente de los países en desarrollo, es el impacto de las múltiples crisis que afectan al mundo hoy en día.
(8) Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecte. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.
Denuncian ante la CIDH "aprietes" por alerta de desmontes
Greenpeace denunció ante la CIDH aprietes de personas cercanas al Gobierno
Fecha de Publicación: 06/06/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Salta - Nacional
Greenpeace Argentina denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que "personas de estrecho vínculo con el Gobierno nacional" habrían perpetrado una serie de ataques" contra sus máximos dirigentes con el fin de amedrentarlos y dificultar sus actividades a favor del medio ambiente, según surge de la copia del escrito que presentó la fundación la semana pasada y que obtuvo LA NACION.
Greenpeace solicitó que la CIDH inicie un "proceso de monitoreo" y le pida informes al Gobierno "a fin de que este clarifique sus vínculos con las afrentas sufridas y su relación con los agresores", como así también verifique si adoptará "medidas destinadas a proteger el ejercicio de los defensores y defensoras de derechos humanos que forman parte de la organización".
La entidad identificó, en particular, a un primo del jefe de Gabinete, Marcos Peña , el empresario Alejandro Braun Peña, dueño de uno de los terrenos de llamada "Finca Cuchuy", en la provincia de Salta, donde Greenpeace lideró una campaña para evitar el desmonte de bosques nativos, lo que derivó en un cruce de cartas documentos y el llamado a una mediación, que se celebró el 8 de marzo pasado.
Durante esa mediación, Braun Peña les reclamó a los directivos de Greenpeace, Martín Prieto, Hernán Giardini y Natalia Machain, que sus acciones le habían causado daños y perjuicios, cuando él había dedicado mucho tiempo para convertirse en "uno de los empresarios más ricos del país pero también para estar en las sombras y ser uno de los más desconocidos".
A continuación, siempre según el relato que Greenpeace elevó a la CIDH, Braun Peña habría amenazado a los representantes de la entidad. "Como ustedes hicieron la campaña enfocada en lo personal y dañaron mi imagen, voy a gastarme 2 o 3 palos verdes para joderlos a ustedes", les habría dicho frente al mediador, a lo cual su abogado habría añadido: "Tengan en cuenta que por suerte estamos en otra época del país. Él no es Yabrán, sino imagínense. Es un empresario serio que apuesta por el país".
LA NACION intentó comunicarse ayer, pero no fue posible, con el abogado de Braun Peña, Pablo Horacio Guglielminotti, quien integra el estudio jurídico "Romero Zapiola, Clusellas & Sluga Abogados", que integró hasta diciembre de 2015 el actual secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Pablo Clusellas.
En las cartas documento que intercambió con Greenpeace, sin embargo, Braun Peña, expuso sus argumentos. Afirmó que él respetó "al pie de la letra todas las exigencias que se hubieren impuesto" en cada uno de los expedientes administrativos vinculados a la Finca Cuchuy, como así también "al íntegro resguardo de todas las normativas municipales, provinciales y nacionales vigentes y aplicables en la materia, incluida la citada Ley de Bosques".
Por el contrario, Braun Peña consideró que fueron los activistas y directivos de Greenpeace quienes afirmaron "dichos vejatorios" y "agresiones" contra él, "a título personal", todo lo cual además le causó un "daño reputacional".
Tras la fallida audiencia de mediación, Greenpeace decidió informarle que ocurría a la Casa Rosada. Sus directivos se reunieron con el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, el 12 de abril, para luego dar el siguiente paso ante la CIDH, "en pos de que adopte las medidas que considere pertinentes".
La entidad, que durante la última década se enfrentó públicamente con el kirchnerismo por la falta de una política ambiental o el cajoneo de los proyectos de ley de bosques y "basura electrónica", denunció ante la CIDH durante las semanas que siguieron a las supuestas amenazas de Braun Peña comenzó a detectar una campaña difamatoria por las redes sociales "sin precedentes" en la cual sumaron al diputado nacional por el PRO, Juan Carlos Villalonga. Eso, sostuvo, generó en sus integrantes "una sensación de temor que supera ampliamente el producido por cualquier situación similar a la vivida con anterioridad".
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Fecha de Publicación: 06/06/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Salta - Nacional
Greenpeace Argentina denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que "personas de estrecho vínculo con el Gobierno nacional" habrían perpetrado una serie de ataques" contra sus máximos dirigentes con el fin de amedrentarlos y dificultar sus actividades a favor del medio ambiente, según surge de la copia del escrito que presentó la fundación la semana pasada y que obtuvo LA NACION.
Greenpeace solicitó que la CIDH inicie un "proceso de monitoreo" y le pida informes al Gobierno "a fin de que este clarifique sus vínculos con las afrentas sufridas y su relación con los agresores", como así también verifique si adoptará "medidas destinadas a proteger el ejercicio de los defensores y defensoras de derechos humanos que forman parte de la organización".
La entidad identificó, en particular, a un primo del jefe de Gabinete, Marcos Peña , el empresario Alejandro Braun Peña, dueño de uno de los terrenos de llamada "Finca Cuchuy", en la provincia de Salta, donde Greenpeace lideró una campaña para evitar el desmonte de bosques nativos, lo que derivó en un cruce de cartas documentos y el llamado a una mediación, que se celebró el 8 de marzo pasado.
Durante esa mediación, Braun Peña les reclamó a los directivos de Greenpeace, Martín Prieto, Hernán Giardini y Natalia Machain, que sus acciones le habían causado daños y perjuicios, cuando él había dedicado mucho tiempo para convertirse en "uno de los empresarios más ricos del país pero también para estar en las sombras y ser uno de los más desconocidos".
A continuación, siempre según el relato que Greenpeace elevó a la CIDH, Braun Peña habría amenazado a los representantes de la entidad. "Como ustedes hicieron la campaña enfocada en lo personal y dañaron mi imagen, voy a gastarme 2 o 3 palos verdes para joderlos a ustedes", les habría dicho frente al mediador, a lo cual su abogado habría añadido: "Tengan en cuenta que por suerte estamos en otra época del país. Él no es Yabrán, sino imagínense. Es un empresario serio que apuesta por el país".
LA NACION intentó comunicarse ayer, pero no fue posible, con el abogado de Braun Peña, Pablo Horacio Guglielminotti, quien integra el estudio jurídico "Romero Zapiola, Clusellas & Sluga Abogados", que integró hasta diciembre de 2015 el actual secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Pablo Clusellas.
En las cartas documento que intercambió con Greenpeace, sin embargo, Braun Peña, expuso sus argumentos. Afirmó que él respetó "al pie de la letra todas las exigencias que se hubieren impuesto" en cada uno de los expedientes administrativos vinculados a la Finca Cuchuy, como así también "al íntegro resguardo de todas las normativas municipales, provinciales y nacionales vigentes y aplicables en la materia, incluida la citada Ley de Bosques".
Por el contrario, Braun Peña consideró que fueron los activistas y directivos de Greenpeace quienes afirmaron "dichos vejatorios" y "agresiones" contra él, "a título personal", todo lo cual además le causó un "daño reputacional".
Tras la fallida audiencia de mediación, Greenpeace decidió informarle que ocurría a la Casa Rosada. Sus directivos se reunieron con el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, el 12 de abril, para luego dar el siguiente paso ante la CIDH, "en pos de que adopte las medidas que considere pertinentes".
La entidad, que durante la última década se enfrentó públicamente con el kirchnerismo por la falta de una política ambiental o el cajoneo de los proyectos de ley de bosques y "basura electrónica", denunció ante la CIDH durante las semanas que siguieron a las supuestas amenazas de Braun Peña comenzó a detectar una campaña difamatoria por las redes sociales "sin precedentes" en la cual sumaron al diputado nacional por el PRO, Juan Carlos Villalonga. Eso, sostuvo, generó en sus integrantes "una sensación de temor que supera ampliamente el producido por cualquier situación similar a la vivida con anterioridad".
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Santa Fe avanza en la fiscalía ambiental
"Buscamos una persecución penal adecuada del delito ambiental"
Fecha de Publicación: 06/06/2018
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
El fiscal general Jorge Baclini explicó los alcances de la nueva área de coordinación que funcionará en el ámbito de la Justicia provincial.
Hace pocos días la Justicia provincial anunció la creación de un área de Coordinación en investigación de Delitos Ambientales, toda una novedad a nivel regional que apunta a ayudar con información y pericias técnicas a los fiscales que avancen con causas relacionadas con denuncias ambientales. La idea es replicar un modelo que ya existe en varias provincias del norte del país, donde la megaminería genera problemas de contaminación graves que se han traducido en fuertes movilizaciones sociales. En Santa Fe los mayores riesgos ambientales vienen por otro lado y tienen que ver con contaminación de agua, tierra o aire por parte de industrias y del sector agropecuario. Así lo explicó el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Jorge Baclini, quien destacó que se creó una guía de acción para fiscales que investiguen delitos ambientales, y que además se avanzó en la formación de una policía especializada en el tratamiento de este tipo de denuncias.
—¿Por qué se tomó la decisión de crear un área específica para los delitos ambientales?
—Venimos observando algunos casos en distintos lugares de denuncias sobre daños al medioambiente, a veces con consecuencias para las personas. Es un síntoma de alerta que hace que se empiece a trabajar con el medioambiente y generar una persecución penal adecuada.
—Hay un énfasis puesto en la capacitación?
—Se trata de hechos no tan comunes que generan que los fiscales reciban una capacitación específica y puntual, así como las áreas criminalísticas. Hay que saber extraer muestras y tener laboratorios con aparatos que puedan analizar las pruebas y ver si las denuncias pueden ser constituidas como delitos. No es una unidad fiscal sino un área de consultoría que brinda apoyo y líneas de trabajo a los fiscales que trabajan con estos delitos. Esto se reforzará a futuro con una red de fiscales que trabajen temas ambientales en la provincia.
—¿Cuáles son las problemáticas ambientales más frecuentes en Santa Fe?
—Son problemáticas relacionadas con el agua, los ríos y algunas industrias que vierten fluidos. También ha habido denuncias de contaminación de aire y tierra relacionadas con fumigaciones. Esas son las denuncias más comunes.
—¿Santa Fe corría de atrás en relación a estos problemas?
—No hay todavía un gran desarrollo de la persecución penal de delitos ambiental en el país. Hay algunas provincias del norte que han avanzado en relación a la megaminería, pero hasta ahora en Santa Fe no había sido considerado desde lo penal mas allá de algunas investigaciones. Esta área busca paliar eso con la puesta en marcha de una guía de actuación para los fiscales, que es un instructivo de trabajo para saber cómo deben actual los fiscales en estos casos y cuáles son los delitos que se pueden investigar.
—La idea es tener un protocolo de actuación?
—Queremos una red de fiscales capacitados y la guía contiene los pasos y la secuencia que hay que seguir cuando ocurre un hecho: hay jurisprudencia y recomendaciones técnicas para la investigación.
—¿Esto se acompaña con acción policial también?
—Hay un área dentro de la policía de investigaciones que se ocupará de estos hechos tanto en el norte como en el sur de la provincia. Esto es importante porque genera capacitación.
—¿Es difícil investigar el delito ambiental?
—Son hechos no son tan comunes ni tan frecuentes. Se puede recibir una denuncia inmediata pero la determinación de ese hecho no será inmediata. Hay que ver si se hicieron los controles y actuar en el momento justo, tiene cierta complejidad. A veces causa efectos dilatados en el tiempo. Estamos trabajando mucho en capacitación en el Ministerio Público y la policía, ya hay gente especializada y seguiremos en esto.
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Fecha de Publicación: 06/06/2018
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
El fiscal general Jorge Baclini explicó los alcances de la nueva área de coordinación que funcionará en el ámbito de la Justicia provincial.
Hace pocos días la Justicia provincial anunció la creación de un área de Coordinación en investigación de Delitos Ambientales, toda una novedad a nivel regional que apunta a ayudar con información y pericias técnicas a los fiscales que avancen con causas relacionadas con denuncias ambientales. La idea es replicar un modelo que ya existe en varias provincias del norte del país, donde la megaminería genera problemas de contaminación graves que se han traducido en fuertes movilizaciones sociales. En Santa Fe los mayores riesgos ambientales vienen por otro lado y tienen que ver con contaminación de agua, tierra o aire por parte de industrias y del sector agropecuario. Así lo explicó el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Jorge Baclini, quien destacó que se creó una guía de acción para fiscales que investiguen delitos ambientales, y que además se avanzó en la formación de una policía especializada en el tratamiento de este tipo de denuncias.
—¿Por qué se tomó la decisión de crear un área específica para los delitos ambientales?
—Venimos observando algunos casos en distintos lugares de denuncias sobre daños al medioambiente, a veces con consecuencias para las personas. Es un síntoma de alerta que hace que se empiece a trabajar con el medioambiente y generar una persecución penal adecuada.
—Hay un énfasis puesto en la capacitación?
—Se trata de hechos no tan comunes que generan que los fiscales reciban una capacitación específica y puntual, así como las áreas criminalísticas. Hay que saber extraer muestras y tener laboratorios con aparatos que puedan analizar las pruebas y ver si las denuncias pueden ser constituidas como delitos. No es una unidad fiscal sino un área de consultoría que brinda apoyo y líneas de trabajo a los fiscales que trabajan con estos delitos. Esto se reforzará a futuro con una red de fiscales que trabajen temas ambientales en la provincia.
—¿Cuáles son las problemáticas ambientales más frecuentes en Santa Fe?
—Son problemáticas relacionadas con el agua, los ríos y algunas industrias que vierten fluidos. También ha habido denuncias de contaminación de aire y tierra relacionadas con fumigaciones. Esas son las denuncias más comunes.
—¿Santa Fe corría de atrás en relación a estos problemas?
—No hay todavía un gran desarrollo de la persecución penal de delitos ambiental en el país. Hay algunas provincias del norte que han avanzado en relación a la megaminería, pero hasta ahora en Santa Fe no había sido considerado desde lo penal mas allá de algunas investigaciones. Esta área busca paliar eso con la puesta en marcha de una guía de actuación para los fiscales, que es un instructivo de trabajo para saber cómo deben actual los fiscales en estos casos y cuáles son los delitos que se pueden investigar.
—La idea es tener un protocolo de actuación?
—Queremos una red de fiscales capacitados y la guía contiene los pasos y la secuencia que hay que seguir cuando ocurre un hecho: hay jurisprudencia y recomendaciones técnicas para la investigación.
—¿Esto se acompaña con acción policial también?
—Hay un área dentro de la policía de investigaciones que se ocupará de estos hechos tanto en el norte como en el sur de la provincia. Esto es importante porque genera capacitación.
—¿Es difícil investigar el delito ambiental?
—Son hechos no son tan comunes ni tan frecuentes. Se puede recibir una denuncia inmediata pero la determinación de ese hecho no será inmediata. Hay que ver si se hicieron los controles y actuar en el momento justo, tiene cierta complejidad. A veces causa efectos dilatados en el tiempo. Estamos trabajando mucho en capacitación en el Ministerio Público y la policía, ya hay gente especializada y seguiremos en esto.
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A la justicia por la incineración
Un amparo en contra de la incineración
Fecha de Publicación: 05/06/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: CABA
Para el abogado y ambientalista Jonatan Baldiviezo, titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad, “la ley votada en la Legislatura va en contra del estándar mínimo a nivel nacional, es decir, viola el principio de progresividad y no regresividad de las leyes”.
Organizaciones ambientales y cooperativas de recicladores urbanos presentarán este lunes un amparo judicial contra la ley que permite volver a incinerar basura en el área metropolitana, aprobada en mayo pasado por Cambiemos y sus aliados en la Legislatura porteña. El titular de una de las entidades que judicializarán la quema de basura, Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), adelantó los fundamentos a PáginaI12, y sostuvo que “vamos a plantear la inconstitucionalidad de la modificación de la ley de Basura Cero, por no respetar los procedimientos legales para su aprobación. Además, porque viola una ley nacional que no permite la incineración de los desechos”.
Un mes después de que el larretismo aprobara la Ley 5.966, para modificar la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, conocida como de Basura Cero, por haber adoptado ese paradigma como meta de gestión, el ODC, la Federación de Cartoneros, Carreros y Recicladores (Faccyr), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Greenpeace, Avina y la Asociación por la Justicia Ambiental anunciaron que recurrirán a la presentación “de amparos colectivos ambientales en defensa del ambiente urbano de la ciudad y del paradigma de Basura Cero”.
La ley aprobada, que impulsaron el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el vicejefe, Diego Santilli, y el ministro de Ambiente y Espacio Público, Eduardo Macchiavelli, modificó seis artículos de la ley de Basura Cero. El punto clave de la modificación fue levantar la prohibición de incinerar los residuos y, en su lugar, autorizar la incineración bajo el proceso de termovalorización, es decir, quemar basura y transformarla en energía. Pero también, y no es menor, se cambiaron las metas de la ley para la reducción de los desechos, estirando los plazos originales.
La modificación abrió un abanico de críticas contra Cambiemos: 1) por la metodología utilizada en la Legislatura para su aprobación, 2) por el fracaso de las metas de la ley, 3) por el impacto ambiental desastroso que tendrá la quema y 4) por el golpe social que tendrá sobre los más de seis mil recicladores registrados en la Ciudad, cuya materia prima se verá en peligro de extinción.
Según explicó Baldiviezo, los argumentos que sostendrán el amparo se fundan en que “la ley tiene debilidades constitucionales. Se ha violado el procedimiento constitucional de doble lectura, que implica convocar a audiencia pública. Esto se aprobó en simple lectura, sin la participación ciudadana. Si bien hay una deuda histórica en la ciudad por la falta de un Código Ambiental, la no existencia del mismo no implica que se pueda defraudar a la Constitución (porteña), que sostiene que toda norma que debiera estar en ese Código es de doble lectura”.
Además, el presidente de ODC, quien también es abogado, sostuvo que la modificación aprobada viola la Ley Nacional de Gestión de Residuos Domiciliarios (25.916), que prohíbe la incineración de la basura.
“La ley nacional establece los presupuestos mínimos de protección ambiental, el piso mínimo de garantías en las provincias y en la Ciudad, y ningún distrito puede dar menos derechos. Y esta ley autoriza el reciclaje, no la incineración”, sostuvo el letrado, y remarcó que “la ley votada en la Legislatura va en contra del estándar mínimo a nivel nacional, es decir, viola el principio de progresividad y no regresividad de las leyes”.
Por otra parte, de acuerdo con las organizaciones que presentarán el amparo, la nueva ley no establece las garantías necesarias para no violar otras leyes, entre ellas, la de Residuos Peligros y la de Residuos Patológicos. Y señalan que la autorización para incinerar también va contra la ley de Basura Cero, porque ese concepto, consensuado a nivel internacional, es una gestión de residuos que tiende reducir el enterramiento y la incineración de residuos sólidos urbanos.
En este sentido, Baldiviezo recordó que “en 2005 (cuando se sancionó la ley) la ciudad fue vanguardia en el mundo al incorporar este paradigma. Y 13 años después, esto implica cambiarlo y retroceder en los derechos ambientales que, una vez conquistados, el Estado no puede volver atrás”.
En cuanto a la conflictividad social que va a generar la quema, Alejandro Valiente, integrante del equipo técnico de Faccyr, advirtió a este diario que “con esta modificación está en riesgo el trabajo de miles de compañeros y también la salud de la población”.
“Si se empieza a quemar, con todo lo que falta en reciclado y separación en origen, el material de nuestros compañeros va a desaparecer”, dijo Valiente. Y a contramano del discurso oficial que sostiene que en la Comunidad Europea la incineración funciona, explicó que “en Europa se han quitado los incentivos a la generación de basura (los altos costos de generar energía con basura incentiva su producción), y los incineradores se están desinstalando. Los esfuerzos los ponen en reciclar y fomentar una separación, que es más exigente y requiere de tres o cuatro contenedores”. Y remarcó que “la ley de Basura Cero era muy buena, ya que marcaba ritmos y objetivos. En lugar de mejorarla, cambiaron las metas y el rumbo”.
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Fecha de Publicación: 05/06/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: CABA
Para el abogado y ambientalista Jonatan Baldiviezo, titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad, “la ley votada en la Legislatura va en contra del estándar mínimo a nivel nacional, es decir, viola el principio de progresividad y no regresividad de las leyes”.
Organizaciones ambientales y cooperativas de recicladores urbanos presentarán este lunes un amparo judicial contra la ley que permite volver a incinerar basura en el área metropolitana, aprobada en mayo pasado por Cambiemos y sus aliados en la Legislatura porteña. El titular de una de las entidades que judicializarán la quema de basura, Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), adelantó los fundamentos a PáginaI12, y sostuvo que “vamos a plantear la inconstitucionalidad de la modificación de la ley de Basura Cero, por no respetar los procedimientos legales para su aprobación. Además, porque viola una ley nacional que no permite la incineración de los desechos”.
Un mes después de que el larretismo aprobara la Ley 5.966, para modificar la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, conocida como de Basura Cero, por haber adoptado ese paradigma como meta de gestión, el ODC, la Federación de Cartoneros, Carreros y Recicladores (Faccyr), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Greenpeace, Avina y la Asociación por la Justicia Ambiental anunciaron que recurrirán a la presentación “de amparos colectivos ambientales en defensa del ambiente urbano de la ciudad y del paradigma de Basura Cero”.
La ley aprobada, que impulsaron el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el vicejefe, Diego Santilli, y el ministro de Ambiente y Espacio Público, Eduardo Macchiavelli, modificó seis artículos de la ley de Basura Cero. El punto clave de la modificación fue levantar la prohibición de incinerar los residuos y, en su lugar, autorizar la incineración bajo el proceso de termovalorización, es decir, quemar basura y transformarla en energía. Pero también, y no es menor, se cambiaron las metas de la ley para la reducción de los desechos, estirando los plazos originales.
La modificación abrió un abanico de críticas contra Cambiemos: 1) por la metodología utilizada en la Legislatura para su aprobación, 2) por el fracaso de las metas de la ley, 3) por el impacto ambiental desastroso que tendrá la quema y 4) por el golpe social que tendrá sobre los más de seis mil recicladores registrados en la Ciudad, cuya materia prima se verá en peligro de extinción.
Según explicó Baldiviezo, los argumentos que sostendrán el amparo se fundan en que “la ley tiene debilidades constitucionales. Se ha violado el procedimiento constitucional de doble lectura, que implica convocar a audiencia pública. Esto se aprobó en simple lectura, sin la participación ciudadana. Si bien hay una deuda histórica en la ciudad por la falta de un Código Ambiental, la no existencia del mismo no implica que se pueda defraudar a la Constitución (porteña), que sostiene que toda norma que debiera estar en ese Código es de doble lectura”.
Además, el presidente de ODC, quien también es abogado, sostuvo que la modificación aprobada viola la Ley Nacional de Gestión de Residuos Domiciliarios (25.916), que prohíbe la incineración de la basura.
“La ley nacional establece los presupuestos mínimos de protección ambiental, el piso mínimo de garantías en las provincias y en la Ciudad, y ningún distrito puede dar menos derechos. Y esta ley autoriza el reciclaje, no la incineración”, sostuvo el letrado, y remarcó que “la ley votada en la Legislatura va en contra del estándar mínimo a nivel nacional, es decir, viola el principio de progresividad y no regresividad de las leyes”.
Por otra parte, de acuerdo con las organizaciones que presentarán el amparo, la nueva ley no establece las garantías necesarias para no violar otras leyes, entre ellas, la de Residuos Peligros y la de Residuos Patológicos. Y señalan que la autorización para incinerar también va contra la ley de Basura Cero, porque ese concepto, consensuado a nivel internacional, es una gestión de residuos que tiende reducir el enterramiento y la incineración de residuos sólidos urbanos.
En este sentido, Baldiviezo recordó que “en 2005 (cuando se sancionó la ley) la ciudad fue vanguardia en el mundo al incorporar este paradigma. Y 13 años después, esto implica cambiarlo y retroceder en los derechos ambientales que, una vez conquistados, el Estado no puede volver atrás”.
En cuanto a la conflictividad social que va a generar la quema, Alejandro Valiente, integrante del equipo técnico de Faccyr, advirtió a este diario que “con esta modificación está en riesgo el trabajo de miles de compañeros y también la salud de la población”.
“Si se empieza a quemar, con todo lo que falta en reciclado y separación en origen, el material de nuestros compañeros va a desaparecer”, dijo Valiente. Y a contramano del discurso oficial que sostiene que en la Comunidad Europea la incineración funciona, explicó que “en Europa se han quitado los incentivos a la generación de basura (los altos costos de generar energía con basura incentiva su producción), y los incineradores se están desinstalando. Los esfuerzos los ponen en reciclar y fomentar una separación, que es más exigente y requiere de tres o cuatro contenedores”. Y remarcó que “la ley de Basura Cero era muy buena, ya que marcaba ritmos y objetivos. En lugar de mejorarla, cambiaron las metas y el rumbo”.
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Controles en la Cuenca Alta del Riachuelo por la Acumar
ACUMAR realizó controles y dos clausuras en Cañuelas
Fecha de Publicación: 05/06/2018
Fuente: InfoCañuelas
Provincia/Región: Buenos Aires
En su recorrida semanal por la Cuenca Alta los inspectores concretaron la suspensión preventiva de dos establecimientos lindantes al arroyo Cebey.
Este viernes 1 de junio, durante una inspección de los técnicos de ACUMAR en la Cuenca Alta, se procedió a la clausura de dos establecimientos radicados en el partido de Cañuelas, lindantes a los arroyos Cebey (afluente del río Matanza Riachuelo), los cuales deberán trabajar en un Plan de Adecuación Ambiental.
El primer operativo se llevó a cabo en el predio de la Sociedad Rural de Cañuelas, que tenía un permiso de cuatro días para probar un nuevo sistema de tratamiento de vuelcos. "Hoy se reimplantaron precintos para terminar de incorporar las mejoras en el predio donde se lava al ganado y durante la inspección se recolocó la faja sobre la bomba para filtros, los tableros electrónico y general, y el comando de bombas" explicaron desde el organismo ambiental.
Los corrales para el lavado de vacunos fueron clausurados en agosto del año pasado, oportunidad en que también fue sancionado un lavadero de camiones que volcaba sus rediduos líquidos al Cebey, sin tratamiento.
El segundo operativo de este viernes tuvo lugar en la empresa El Chillén SA (ex Frigo Cañuelas), donde se realizó una inspección general sobre todo el proceso productivo clausurado el mes pasado. Finalmente la clausura se mantuvo sobre ese sector del establecimiento hasta tanto haga las mejoras que se contemplaron en su Plan de Adecuación Ambiental.
Los actuales dueños de la empresa que se dedica a la faena del ganado bovino accedieron a dar una recorrida integral. El Chillén faena cerca de 10 mil cabezas de ganado, unas 500 por día, para terceros. Actualmente tiene más de 140 trabajadores entre producción, mantenimiento, logística, administración y control de calidad.
ACUMAR controla y exige a los establecimientos que cumplan la normativa pertinente a la prevención y gestión de los impactos negativos que generen en el ambiente. Para ello, realiza controles periódicos en los que puede sancionar, clausurar, iniciar acciones judiciales, intimar a realizar presentaciones, etcétera.
La Dirección de Fiscalización y Adecuación Ambiental de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo dio a conocer el monto y los establecimientos sancionados durante los primeros cinco meses de 2018. La cifra llega a los $ 4.921.109,37 y alcanza a 38 empresas dentro de la Cuenca Matanza Riachuelo.
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Fecha de Publicación: 05/06/2018
Fuente: InfoCañuelas
Provincia/Región: Buenos Aires
En su recorrida semanal por la Cuenca Alta los inspectores concretaron la suspensión preventiva de dos establecimientos lindantes al arroyo Cebey.
Este viernes 1 de junio, durante una inspección de los técnicos de ACUMAR en la Cuenca Alta, se procedió a la clausura de dos establecimientos radicados en el partido de Cañuelas, lindantes a los arroyos Cebey (afluente del río Matanza Riachuelo), los cuales deberán trabajar en un Plan de Adecuación Ambiental.
El primer operativo se llevó a cabo en el predio de la Sociedad Rural de Cañuelas, que tenía un permiso de cuatro días para probar un nuevo sistema de tratamiento de vuelcos. "Hoy se reimplantaron precintos para terminar de incorporar las mejoras en el predio donde se lava al ganado y durante la inspección se recolocó la faja sobre la bomba para filtros, los tableros electrónico y general, y el comando de bombas" explicaron desde el organismo ambiental.
Los corrales para el lavado de vacunos fueron clausurados en agosto del año pasado, oportunidad en que también fue sancionado un lavadero de camiones que volcaba sus rediduos líquidos al Cebey, sin tratamiento.
El segundo operativo de este viernes tuvo lugar en la empresa El Chillén SA (ex Frigo Cañuelas), donde se realizó una inspección general sobre todo el proceso productivo clausurado el mes pasado. Finalmente la clausura se mantuvo sobre ese sector del establecimiento hasta tanto haga las mejoras que se contemplaron en su Plan de Adecuación Ambiental.
Los actuales dueños de la empresa que se dedica a la faena del ganado bovino accedieron a dar una recorrida integral. El Chillén faena cerca de 10 mil cabezas de ganado, unas 500 por día, para terceros. Actualmente tiene más de 140 trabajadores entre producción, mantenimiento, logística, administración y control de calidad.
ACUMAR controla y exige a los establecimientos que cumplan la normativa pertinente a la prevención y gestión de los impactos negativos que generen en el ambiente. Para ello, realiza controles periódicos en los que puede sancionar, clausurar, iniciar acciones judiciales, intimar a realizar presentaciones, etcétera.
La Dirección de Fiscalización y Adecuación Ambiental de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo dio a conocer el monto y los establecimientos sancionados durante los primeros cinco meses de 2018. La cifra llega a los $ 4.921.109,37 y alcanza a 38 empresas dentro de la Cuenca Matanza Riachuelo.
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Monitoreo conjunto de Santiago y Tucumán en Río Hondo
Monitoreo: recolectan muestras de agua en el embalse de Río Hondo
Fecha de Publicación: 05/06/2018
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
En procura de determinar la calidad actual del agua del embalse de Río Hondo, se llevó a cabo un nuevo monitoreo del cual formó parte el equipo técnico del Instituto de Hidrobiología y de la Defensoría del Pueblo, junto con la Secretaria de Estado de Medio Ambiente de Tucumán (Sema).
Se trata de las labores del Grupo de gestión en tiempo real del Comité de Cuenca Salí - Dulce, oportunidad en la que se determinaron parámetros fisicoquímicos in situ y se recolectaron muestras de bentos para su procesamiento y análisis complementarios en el laboratorio.
Tales actividades son de gran importancia en la determinación del estado de este cuerpo de agua. Estas acciones se llevaron adelante desde el Instituto de Hidrobiología, como resultados de la implementación de políticas ambientales por parte del Gobierno de la Provincia.
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Fecha de Publicación: 05/06/2018
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
En procura de determinar la calidad actual del agua del embalse de Río Hondo, se llevó a cabo un nuevo monitoreo del cual formó parte el equipo técnico del Instituto de Hidrobiología y de la Defensoría del Pueblo, junto con la Secretaria de Estado de Medio Ambiente de Tucumán (Sema).
Se trata de las labores del Grupo de gestión en tiempo real del Comité de Cuenca Salí - Dulce, oportunidad en la que se determinaron parámetros fisicoquímicos in situ y se recolectaron muestras de bentos para su procesamiento y análisis complementarios en el laboratorio.
Tales actividades son de gran importancia en la determinación del estado de este cuerpo de agua. Estas acciones se llevaron adelante desde el Instituto de Hidrobiología, como resultados de la implementación de políticas ambientales por parte del Gobierno de la Provincia.
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1,7 millón de pesos en aves incautadas
Traficaban guacamayos y cardenales valuados en más de $ 1,7 millón
Fecha de Publicación: 04/06/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Santa Fe
"En el vivero de calle Casilda hay aves muy raras". Con ese llamado anónimo se inició una investigación que derivó en el secuestro de 153 aves exóticas, muchas extinguidas en Argentina o en peligro de desaparecer, que iban a ser vendidas en el mercado ilegal con una tasación millonaria.
El operativo lo realizó la Policía Federal en un vivero ubicado en la localidad de Roldán, próxima a Rosario. El procedimiento fue ordenado por la Unidad Fiscal en Materia Ambiental (U.F.I.M.A) y contó con la colaboración de profesionales de la Subdirección General de Ecología de Santa Fe, quienes quedaron en shock al toparse con aves tan exóticas.
En las jaulas había especies protegidas provenientes de México, Venezuela, de toda la zona amazónica y de Centro América. Hasta había una variedad del sur de África que ninguno de los especialistas había visto en su vida.
Las aves iban a ser comercializadas en un mercado ilegal que mueve millones de pesos.
Según un primer cálculo, el cargamento total supera el 1.700.000 pesos. El dueño del vivero quedó detenido y a disposición de la Justicia.
Según el parte de la Policía Federal, se rescataron 13 "híbridos de guacamayos" por un valor comercial aproximado de 40.000 pesos cada uno; un guacamayo "siete colores-armacao" (70.000 pesos); y 9 guacamayos rojos originarios del Amazonas que están extintos en Argentina (40.000 pesos cada ave).
En otra parte del vivero encontraron 6 cardenales amarillos, especie que se encuentra dentro del programa nacional Extinción Cero. Se trata de una de las ocho especies de animales con más riesgos de desaparecer del país.
En la jaula más grande había 12 guacamayos azules y amarillos originarios de Centro América. Hay quienes pagan más de 35 mil pesos por ejemplar en el mercado negro.
Una vez rescatadas, las aves fueron trasladadas a la Granja Esmeralda, de la ciudad de Santa Fe, para su preservación y resguardo.
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Fecha de Publicación: 04/06/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Santa Fe
"En el vivero de calle Casilda hay aves muy raras". Con ese llamado anónimo se inició una investigación que derivó en el secuestro de 153 aves exóticas, muchas extinguidas en Argentina o en peligro de desaparecer, que iban a ser vendidas en el mercado ilegal con una tasación millonaria.
El operativo lo realizó la Policía Federal en un vivero ubicado en la localidad de Roldán, próxima a Rosario. El procedimiento fue ordenado por la Unidad Fiscal en Materia Ambiental (U.F.I.M.A) y contó con la colaboración de profesionales de la Subdirección General de Ecología de Santa Fe, quienes quedaron en shock al toparse con aves tan exóticas.
En las jaulas había especies protegidas provenientes de México, Venezuela, de toda la zona amazónica y de Centro América. Hasta había una variedad del sur de África que ninguno de los especialistas había visto en su vida.
Las aves iban a ser comercializadas en un mercado ilegal que mueve millones de pesos.
Según un primer cálculo, el cargamento total supera el 1.700.000 pesos. El dueño del vivero quedó detenido y a disposición de la Justicia.
Según el parte de la Policía Federal, se rescataron 13 "híbridos de guacamayos" por un valor comercial aproximado de 40.000 pesos cada uno; un guacamayo "siete colores-armacao" (70.000 pesos); y 9 guacamayos rojos originarios del Amazonas que están extintos en Argentina (40.000 pesos cada ave).
En otra parte del vivero encontraron 6 cardenales amarillos, especie que se encuentra dentro del programa nacional Extinción Cero. Se trata de una de las ocho especies de animales con más riesgos de desaparecer del país.
En la jaula más grande había 12 guacamayos azules y amarillos originarios de Centro América. Hay quienes pagan más de 35 mil pesos por ejemplar en el mercado negro.
Una vez rescatadas, las aves fueron trasladadas a la Granja Esmeralda, de la ciudad de Santa Fe, para su preservación y resguardo.
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Innovadora protesta en Salta por los desmontes
Con una enorme puesta en escena, Greenpeace cuestionó a Urtubey en la Facultad de Derecho
Fecha de Publicación: 04/06/2018
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
Proyectaron imágenes con “mapping” en contra de la posibilidad de que el gobernador indulte a los responsables de desmontes en Salta.
Greenpeace volvió a cargar contra el gobernador Juan Manuel Urtubey por su política respecto a los desmontes en la provincia pero esta vez lo hizo una gran puesta en escena en la entrada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en donde el mandatario se recibió de abogado.
La presentación se realizó esta mañana y consistió en una intervención artística que involucró una proyección gigante a través de la técnica visual del “mapping” y bailarines en escena.
La fachada de casi 100 metros de ancho de la Facultad de Derecho se convirtió en un bosque que es destruido por decisión de Urtubey, es lo que reflejó la presentación.
“Nos acercamos a esta emblemática facultad, donde el gobernador Urtubey se recibió de abogado, para recordarle que los argentinos contamos con una Ley de Bosques y es responsabilidad de las autoridades protegerlos, no destruirlos. Es insólito que el gobierno de Salta prepare un indulto para los empresarios desmontadores”, sostuvo Diego Salas, director de Desarrollo de Greenpeace.
La organización ecologista exige el cumplimiento de la Ley de Bosques y de la resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que fue publicada el 24 de enero en el Boletín Oficial y que declaró ilegales a los permisos de desmonte en 32 fincas salteñas que poseen bosques protegidos por la normativa nacional. Ese mismo día, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta publicó la resolución 019 en la que resolvió “suspender la ejecución de las autorizaciones de re-categorización de Uso Predial y Cambio de Uso del Suelo”.
Sin embargo, según expresa el comunicado de Greenpeace, Urtubey junto a la Sociedad Rural Salteña, Prograno y Federación de Entidades Rurales Salteñas firmó un convenio hace dos semanas para evaluar, en el plazo de 30 días, si la ejecución de esos 32 permisos de desmontes en bosques protegidos por la Ley de Bosques, que fueron autorizados por la provincia, cumplen con el marco normativo.
Greenpeace afirmó que a través de sobrevuelos en la zona e imágenes satélites, comprobó que los desmontes siguen en ocurriendo en tres de las 32 fincas: las estancias Cuchuy (550 hectáreas deforestadas), Los Pozos (540 hectáreas) y La Peregrina (200 hectáreas).
Según Greenpeace, Alejandro Braun Peña (primo del Jefe de Gabinete de la Nación e integrante del directorio de empresas de la familia Macri), Pedro Cignetti (empresario puntano) y Bruno Varela Marín (empresario uruguayo) son los dueños, respectivamente.
La respuesta del Gobierno
Desde el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia dijeron a LA GACETA que se trata de una campaña de Greenpeace, ya que los cambios de uso de suelo de esos 32 lotes estaban aprobados y Nación pidió revisarlos.
El 14 de mayo, Provincia y Nación firmaron un convenio que, entre otras cosas, tiene por objeto, dentro del plazo de 30 días, evaluar y verificar si la ejecución de los proyectos autorizados oportunamente por la Provincia de Salta cumplen con el marco normativo. Esta evaluación técnica, que se realizará caso por caso, estará a cargo de la Provincia, con la colaboración de los ministerios de la Nación.
También resaltaron que el convenio prevé un trabajo conjunto en la elaboración de criterios de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia de Salta; Promoción y apoyo de actividades productivas sustentables en Bosques Nativos ubicados en categoría amarilla; e Implementación de planes de restauración y reforestación de zonas degradadas.
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Fecha de Publicación: 04/06/2018
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
Proyectaron imágenes con “mapping” en contra de la posibilidad de que el gobernador indulte a los responsables de desmontes en Salta.
Greenpeace volvió a cargar contra el gobernador Juan Manuel Urtubey por su política respecto a los desmontes en la provincia pero esta vez lo hizo una gran puesta en escena en la entrada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en donde el mandatario se recibió de abogado.
La presentación se realizó esta mañana y consistió en una intervención artística que involucró una proyección gigante a través de la técnica visual del “mapping” y bailarines en escena.
La fachada de casi 100 metros de ancho de la Facultad de Derecho se convirtió en un bosque que es destruido por decisión de Urtubey, es lo que reflejó la presentación.
“Nos acercamos a esta emblemática facultad, donde el gobernador Urtubey se recibió de abogado, para recordarle que los argentinos contamos con una Ley de Bosques y es responsabilidad de las autoridades protegerlos, no destruirlos. Es insólito que el gobierno de Salta prepare un indulto para los empresarios desmontadores”, sostuvo Diego Salas, director de Desarrollo de Greenpeace.
La organización ecologista exige el cumplimiento de la Ley de Bosques y de la resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que fue publicada el 24 de enero en el Boletín Oficial y que declaró ilegales a los permisos de desmonte en 32 fincas salteñas que poseen bosques protegidos por la normativa nacional. Ese mismo día, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta publicó la resolución 019 en la que resolvió “suspender la ejecución de las autorizaciones de re-categorización de Uso Predial y Cambio de Uso del Suelo”.
Sin embargo, según expresa el comunicado de Greenpeace, Urtubey junto a la Sociedad Rural Salteña, Prograno y Federación de Entidades Rurales Salteñas firmó un convenio hace dos semanas para evaluar, en el plazo de 30 días, si la ejecución de esos 32 permisos de desmontes en bosques protegidos por la Ley de Bosques, que fueron autorizados por la provincia, cumplen con el marco normativo.
Greenpeace afirmó que a través de sobrevuelos en la zona e imágenes satélites, comprobó que los desmontes siguen en ocurriendo en tres de las 32 fincas: las estancias Cuchuy (550 hectáreas deforestadas), Los Pozos (540 hectáreas) y La Peregrina (200 hectáreas).
Según Greenpeace, Alejandro Braun Peña (primo del Jefe de Gabinete de la Nación e integrante del directorio de empresas de la familia Macri), Pedro Cignetti (empresario puntano) y Bruno Varela Marín (empresario uruguayo) son los dueños, respectivamente.
La respuesta del Gobierno
Desde el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia dijeron a LA GACETA que se trata de una campaña de Greenpeace, ya que los cambios de uso de suelo de esos 32 lotes estaban aprobados y Nación pidió revisarlos.
El 14 de mayo, Provincia y Nación firmaron un convenio que, entre otras cosas, tiene por objeto, dentro del plazo de 30 días, evaluar y verificar si la ejecución de los proyectos autorizados oportunamente por la Provincia de Salta cumplen con el marco normativo. Esta evaluación técnica, que se realizará caso por caso, estará a cargo de la Provincia, con la colaboración de los ministerios de la Nación.
También resaltaron que el convenio prevé un trabajo conjunto en la elaboración de criterios de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia de Salta; Promoción y apoyo de actividades productivas sustentables en Bosques Nativos ubicados en categoría amarilla; e Implementación de planes de restauración y reforestación de zonas degradadas.
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Para el biodiésel si hay retenciones
Más retenciones al biodiésel
Fecha de Publicación: 04/06/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno resolvió aumentar las retenciones a las exportaciones de biodiésel a través de un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial.
En diciembre pasado, el Ejecutivo había eliminado un sistema de retenciones móviles para el biodiésel aplicado desde de la anterior gestión y los derechos de exportación, que en ese momento estaban en el 0 por ciento, pasaron al 8 por ciento en enero último.
Ahora, con el decreto 486, que lleva las firmas del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y los ministros de Producción, Francisco Cabrera, de Energía, Juan José Aranguren, y de Hacienda, Nicolás Dujovne, las retenciones al biodiésel serán del 15 por ciento.
Según la norma, el incremento es para "continuar propiciando la convergencia" entre los derechos de exportación del aceite de soja y el del biodiésel. Igual que el grano de soja, el derecho de exportación del aceite se viene reduciendo a razón de un 0,5 por ciento mensual desde enero pasado.
El decreto aclaró que el incremento de la retención al biocombustible se hará efectivo a partir del 1° de julio próximo. El aumento del tributo se registra en un momento en el que sigue cerrado el mercado de los Estados Unidos.
También avanza una investigación en Europa contra el producto argentino por supuestos subsidios. Entre enero y marzo pasado, las exportaciones del producto alcanzaron las 320 mil toneladas a mercados de Europa, Canadá y Perú.
Por otra parte, con el decreto 487 el Gobierno fijó en 10 por ciento la retención para ciertas mercaderías del sector aceitero, esto es de las posiciones 1507.90.11 y 1517.90.10 -mezclas de aceites refinados en envases con capacidad igual o inferior a 5 litros-.
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Fecha de Publicación: 04/06/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno resolvió aumentar las retenciones a las exportaciones de biodiésel a través de un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial.
En diciembre pasado, el Ejecutivo había eliminado un sistema de retenciones móviles para el biodiésel aplicado desde de la anterior gestión y los derechos de exportación, que en ese momento estaban en el 0 por ciento, pasaron al 8 por ciento en enero último.
Ahora, con el decreto 486, que lleva las firmas del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y los ministros de Producción, Francisco Cabrera, de Energía, Juan José Aranguren, y de Hacienda, Nicolás Dujovne, las retenciones al biodiésel serán del 15 por ciento.
Según la norma, el incremento es para "continuar propiciando la convergencia" entre los derechos de exportación del aceite de soja y el del biodiésel. Igual que el grano de soja, el derecho de exportación del aceite se viene reduciendo a razón de un 0,5 por ciento mensual desde enero pasado.
El decreto aclaró que el incremento de la retención al biocombustible se hará efectivo a partir del 1° de julio próximo. El aumento del tributo se registra en un momento en el que sigue cerrado el mercado de los Estados Unidos.
También avanza una investigación en Europa contra el producto argentino por supuestos subsidios. Entre enero y marzo pasado, las exportaciones del producto alcanzaron las 320 mil toneladas a mercados de Europa, Canadá y Perú.
Por otra parte, con el decreto 487 el Gobierno fijó en 10 por ciento la retención para ciertas mercaderías del sector aceitero, esto es de las posiciones 1507.90.11 y 1517.90.10 -mezclas de aceites refinados en envases con capacidad igual o inferior a 5 litros-.
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