Se podría reciclar mucho más
00:00 | 
Publicado por
Eco Sitio |
La industria plástica podría reciclar el doble
Fecha de Publicación: 21/05/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Desde la Cámara Argentina del Plástico, aseguran que hay capacidad, pero no consiguen material de calidad y con continuidad. Con otros sectores, impulsan una ley de envases para mejorar la recolección diferenciada.
Sergio Hilbrecht, gerente de la Cámara Argentina del Plástico (Caip), piensa que el plástico tiene una mala fama infundada.
Sus argumentos: “Se aplica en rubros tan variados como el agro, la medicina y el deporte. Si no existiera, se complicarían muchos aspectos de la vida moderna. El problema no es del material, sino de la gestión que se hace del plástico en el posconsumo”.
Hilbrecht fue uno de los disertantes de la 1° Jornada Nacional de Reciclaje, realizada en la Facultad Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
El evento fue organizado por esa institución universitaria, la Cámara de Industrias Plásticas de Córdoba y el Ministerio de Educación y la Secretaría de Ambiente de Córdoba.
Hilbrecht aseguró que en Argentina se reciclan 225 mil toneladas de plástico por año.
“La industria recicladora tiene capacidad para absorber el doble de esa cantidad, pero el problema es que no se logra calidad, cantidad y continuidad en el plástico que llega a la industria. Una ley de envase aseguraría eso” comenta.
La Caip y otros sectores productores de materia prima para envases (cartón, papel, petroquímica, hojalata) vienen impulsando desde hace años una ley de responsabilidad extendida del productor sobre el envase. Sobre este tema disertó ayer Hilbrecht en Córdoba: “La idea es aplicar el modelo europeo, que ya tiene 20 años y que ha probado ser exitoso”, comentó.
Hay varios proyectos presentados en el Congreso. En 2017, una iniciativa obtuvo el dictamen favorable en la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados.
“Pero las mismas empresas que en Europa asumieron esta responsabilidad no lo quieren hacer en Argentina”, apuntó Hilbrecht.
En líneas generales, la ley propone que el sector envasador señale su producto con una marca para que el consumidor sepa que esa empresa se hace cargo del envase luego de su consumo. “El consumidor responsable va a optar por este tipo de productos”, dijo.
Y agregó: “La responsabilidad es del envasador porque es el que pone el producto en el mercado. Por cada envase que pone a la venta, paga un dinero extra que pasa a integrar un fondo administrado por las propias empresas”.
Este fondo permite realizar acuerdos con los municipios para mejorar la recolección diferenciada y realizar campañas de concientización.
Bolsas prohibidas
El ejecutivo criticó la iniciativa de prohibir las bolsas de plástico en los comercios que rige en la Ciudad de Buenos Aires. “En ningún país serio ocurre eso. Te dan opciones para que compres, ya sea de plástico, de papel o de tela”, indicó.
Para Hilbrecht, la consecuencia de esta medida es que la ciudad de Buenos Aires entierra más basura que antes.
“Con la prohibición, se dio el mensaje de que ya no había que separar la basura, porque la gente ya no tiene las bolsas negras y verdes del supermercado, como ocurre en Córdoba”, explicó.
Sobre el reciclado en Córdoba, Hilbrecht tiene una buena impresión. “La calidad del reciclado que se hace en Córdoba es muy buena, pero faltaría aumentar el volumen”, apuntó.
Es que en la ciudad de Córdoba apenas se recicla el 0,5 por ciento de las 744 mil toneladas que se recolectan. En Buenos Aires, ese porcentaje alcanza el seis por ciento, pero continúa siendo bajo.
.
Fecha de Publicación: 21/05/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Desde la Cámara Argentina del Plástico, aseguran que hay capacidad, pero no consiguen material de calidad y con continuidad. Con otros sectores, impulsan una ley de envases para mejorar la recolección diferenciada.
Sergio Hilbrecht, gerente de la Cámara Argentina del Plástico (Caip), piensa que el plástico tiene una mala fama infundada.
Sus argumentos: “Se aplica en rubros tan variados como el agro, la medicina y el deporte. Si no existiera, se complicarían muchos aspectos de la vida moderna. El problema no es del material, sino de la gestión que se hace del plástico en el posconsumo”.
Hilbrecht fue uno de los disertantes de la 1° Jornada Nacional de Reciclaje, realizada en la Facultad Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
El evento fue organizado por esa institución universitaria, la Cámara de Industrias Plásticas de Córdoba y el Ministerio de Educación y la Secretaría de Ambiente de Córdoba.
Hilbrecht aseguró que en Argentina se reciclan 225 mil toneladas de plástico por año.
“La industria recicladora tiene capacidad para absorber el doble de esa cantidad, pero el problema es que no se logra calidad, cantidad y continuidad en el plástico que llega a la industria. Una ley de envase aseguraría eso” comenta.
La Caip y otros sectores productores de materia prima para envases (cartón, papel, petroquímica, hojalata) vienen impulsando desde hace años una ley de responsabilidad extendida del productor sobre el envase. Sobre este tema disertó ayer Hilbrecht en Córdoba: “La idea es aplicar el modelo europeo, que ya tiene 20 años y que ha probado ser exitoso”, comentó.
Hay varios proyectos presentados en el Congreso. En 2017, una iniciativa obtuvo el dictamen favorable en la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados.
“Pero las mismas empresas que en Europa asumieron esta responsabilidad no lo quieren hacer en Argentina”, apuntó Hilbrecht.
En líneas generales, la ley propone que el sector envasador señale su producto con una marca para que el consumidor sepa que esa empresa se hace cargo del envase luego de su consumo. “El consumidor responsable va a optar por este tipo de productos”, dijo.
Y agregó: “La responsabilidad es del envasador porque es el que pone el producto en el mercado. Por cada envase que pone a la venta, paga un dinero extra que pasa a integrar un fondo administrado por las propias empresas”.
Este fondo permite realizar acuerdos con los municipios para mejorar la recolección diferenciada y realizar campañas de concientización.
Bolsas prohibidas
El ejecutivo criticó la iniciativa de prohibir las bolsas de plástico en los comercios que rige en la Ciudad de Buenos Aires. “En ningún país serio ocurre eso. Te dan opciones para que compres, ya sea de plástico, de papel o de tela”, indicó.
Para Hilbrecht, la consecuencia de esta medida es que la ciudad de Buenos Aires entierra más basura que antes.
“Con la prohibición, se dio el mensaje de que ya no había que separar la basura, porque la gente ya no tiene las bolsas negras y verdes del supermercado, como ocurre en Córdoba”, explicó.
Sobre el reciclado en Córdoba, Hilbrecht tiene una buena impresión. “La calidad del reciclado que se hace en Córdoba es muy buena, pero faltaría aumentar el volumen”, apuntó.
Es que en la ciudad de Córdoba apenas se recicla el 0,5 por ciento de las 744 mil toneladas que se recolectan. En Buenos Aires, ese porcentaje alcanza el seis por ciento, pero continúa siendo bajo.
.
Nación y Provincias ya trabajan en la entrega de glaciares
Inventario de Glaciares: Ambiente reúne a las provincias para fortalecer la implementación de la ley
Fecha de Publicación: 21/05/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable realizó la reunión inaugural de la comisión de Glaciares del Consejo Federal de Medio ambiente (COFEMA) con el objetivo de articular el trabajo de las provincias e implementar los instrumentos de la política y gestión ambiental previstos en la Ley de Glaciares (Ley N.º 26639).
Durante el encuentro, en el que participó el secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales, Diego Moreno, y el director nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, Javier García Espil, se compartió la información recientemente publicada en el Inventario Nacional de Glaciares y se analizaron los desafíos y capacidades institucionales que existen en las provincias para la aplicación de la ley. La cartera que encabeza Sergio Bergman puso el asesoramiento y apoyo técnico para fortalecer y profundizar las acciones de protección de los glaciares y el ambiente periglacial.
En este sentido Moreno señaló que “el Inventario Nacional de Glaciares es un punto de partida de información para la toma de decisiones en lo que respecta a políticas de Estado que buscan conservar las reservas estratégicas de agua del país y, a su vez, es nuestra responsabilidad colaborar al fortalecimiento de las capacidades locales en las diferentes jurisdicciones con el fin de poner en marcha todos los instrumentos que hoy están previstos en la ley, en cabeza de las provincias, para hacer efectivo su cumplimiento". Por su parte, García Espil coincidió y argumentó: “Este desafío al que nos enfrentamos requiere evaluar las normativas locales e identificar oportunidades en pos de avanzar en la plena implementación de la ley y todos los instrumentos previstos por esta”.
Asimismo, se solicitó a los miembros de la comisión la información necesaria sobre las actividades que pudieran potencialmente afectar a los glaciares, el ambiente periglaciar o sus zonas de influencia, a los fines de cumplir con el informe que el ministro Bergman elevará al Congreso nacional. Por otro lado, la comisión de Glaciares propuso a la Asamblea del COFEMA declarar de interés federal ambiental al Inventario Nacional de Glaciares.
La comisión de Glaciares está integrada por las provincias de San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja. En esta oportunidad, estuvieron presentes, los representantes de las provincias Catamarca, San Juan y Jujuy; y acompañó a los funcionarios Mariela Chervin, subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional del Ministerio de Ambiente.
.
Fecha de Publicación: 21/05/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable realizó la reunión inaugural de la comisión de Glaciares del Consejo Federal de Medio ambiente (COFEMA) con el objetivo de articular el trabajo de las provincias e implementar los instrumentos de la política y gestión ambiental previstos en la Ley de Glaciares (Ley N.º 26639).
Durante el encuentro, en el que participó el secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales, Diego Moreno, y el director nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, Javier García Espil, se compartió la información recientemente publicada en el Inventario Nacional de Glaciares y se analizaron los desafíos y capacidades institucionales que existen en las provincias para la aplicación de la ley. La cartera que encabeza Sergio Bergman puso el asesoramiento y apoyo técnico para fortalecer y profundizar las acciones de protección de los glaciares y el ambiente periglacial.
En este sentido Moreno señaló que “el Inventario Nacional de Glaciares es un punto de partida de información para la toma de decisiones en lo que respecta a políticas de Estado que buscan conservar las reservas estratégicas de agua del país y, a su vez, es nuestra responsabilidad colaborar al fortalecimiento de las capacidades locales en las diferentes jurisdicciones con el fin de poner en marcha todos los instrumentos que hoy están previstos en la ley, en cabeza de las provincias, para hacer efectivo su cumplimiento". Por su parte, García Espil coincidió y argumentó: “Este desafío al que nos enfrentamos requiere evaluar las normativas locales e identificar oportunidades en pos de avanzar en la plena implementación de la ley y todos los instrumentos previstos por esta”.
Asimismo, se solicitó a los miembros de la comisión la información necesaria sobre las actividades que pudieran potencialmente afectar a los glaciares, el ambiente periglaciar o sus zonas de influencia, a los fines de cumplir con el informe que el ministro Bergman elevará al Congreso nacional. Por otro lado, la comisión de Glaciares propuso a la Asamblea del COFEMA declarar de interés federal ambiental al Inventario Nacional de Glaciares.
La comisión de Glaciares está integrada por las provincias de San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja. En esta oportunidad, estuvieron presentes, los representantes de las provincias Catamarca, San Juan y Jujuy; y acompañó a los funcionarios Mariela Chervin, subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional del Ministerio de Ambiente.
.
Mendoza: la justicia piensa en una audiencia por el fracking
La Corte analiza llamar a una audiencia pública por el fracking
Fecha de Publicación: 21/05/2018
Fuente: El Sol
Provincia/Región: Mendoza
La Corte Suprema de Justicia estudia la convocatoria a una audiencia pública antes de fallar respecto del amparo presentado por la Federación Argentina de Espeleología (FADE) y el planteo de inconstitucionalidad presentado por Oikos, ambos, con el fin de que cese la actividad del fracking en la extracción de petróleo no convencional en Malargüe. Jorge Nanclares, presidente del máximo tribunal, indicó: “Una vez que estemos más cerca de dar una sentencia, nos parece que la audiencia pública va a servir para escuchar todas las posturas”.
El planteo de la FADE llegó al máximo tribunal a través de un recurso extraordinario, luego de que, en los tribunales ordinarios, la petición fuera rechazada. La entidad solicitó que se declare inconstitucional la resolución 789 de la Dirección de Protección Ambiental, que habilitó la exploración de hidrocarburo no convencional a través del procedimiento de la fractura hidráulica por parte de la empresa El Trébol en Malargüe. Asimismo, requirió que se declare inconstitucional la resolución Nº813, ambas publicadas el 31 de julio del 2017.
En febrero de este año, el máximo tribunal hizo lugar a la presentación, y las contestaciones de las partes están en curso, indicaron fuentes judiciales.
Nanclares indicó que, al ser la Corte un órgano colegiado, se llevará a votación de todos sus miembros esta idea de llamar a una nueva audiencia pública –ahora, en el ámbito de la Justicia– ya que la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial realizó en diciembre una consulta antes de la publicación del decreto reglamentario Nº248 que habilita la fractura hidráulica en todo el territorio provincial.
El magistrado consideró que en asuntos complejos y controversiales como este, que en Mendoza ha generado una marcada división de posturas a favor y en contra, “será necesario un análisis en profundidad, cumpliendo con los plazos del proceso, pero tomando en consideración la palabra de los entendidos”.
En ese sentido, el ministro recordó la confirmación de la constitucionalidad de la ley 7.722, conocida como la ley antiminera, “que salió después de dos años”.
Respecto de la instrumentación, el juez consideró que, llegado el momento, se evaluará a quienes podrán participar en la misma y remarcó: “Nos interesa la voz de los expertos en la materia”.
También se analizará en ese ámbito la acción de inconstitucionalidad que presentó la organización ambientalista Oikos en contra del decreto reglamentario Nº248. Esta norma establece los requerimientos para el procedimiento de la fractura hidráulica en toda la provincia.
La defensa del fracking
Humberto Mingorance, secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, confirmó que se está elaborado la contestación de la demanda planteada por Oikos a través de los equipos técnicos. “Para que la Corte tenga toda la información”, manifestó.
“Estamos ampliando lo que se expone en el decreto Nº248 con datos complementarios de la historia de esta técnica, cómo se realizan los controles, además de los distintos estudios y seguimientos que se hacen a través de los organismos intervinientes”, dijo.
A la vez, indicó que se está digitalizando todo el expediente que se formó a fin de autorizar la exploración y explotación del yacimiento Puesto Rojas, “para que quede a disposición de todos los interesados”.
Y agregó: “También hay que decir que la documentación en papel nunca fue pedida por quienes quieren desalentar el fracking, pese a que estaba disponible”.
Además, Mingorance comentó que tanto los técnicos de Ambiente como de Energía están brindado charlas en distintos lugares en los cuales se los convoca para despejar las dudas.
Controles
A fines de abril hubo distintas manifestaciones en contra del avance en Malargüe –tanto en Alvear como en San Carlos– luego de que se hiciera viral el audio de una mujer que alertaba sobre los posibles peligros de contaminación que pudiera provocar la técnica de la fractura hidráulica y ante la trascendencia de que uno de los controles en las napas de agua habría arrojado la presencia de hidrocarburos.
El Gobierno descartó cualquier tipo de polución ambiental y explicó los resultados de los freatímetros colocados en el yacimiento.
En los próximos días, el Departamento General de Irrigación dará a conocer los últimos análisis.
.
Fecha de Publicación: 21/05/2018
Fuente: El Sol
Provincia/Región: Mendoza
La Corte Suprema de Justicia estudia la convocatoria a una audiencia pública antes de fallar respecto del amparo presentado por la Federación Argentina de Espeleología (FADE) y el planteo de inconstitucionalidad presentado por Oikos, ambos, con el fin de que cese la actividad del fracking en la extracción de petróleo no convencional en Malargüe. Jorge Nanclares, presidente del máximo tribunal, indicó: “Una vez que estemos más cerca de dar una sentencia, nos parece que la audiencia pública va a servir para escuchar todas las posturas”.
El planteo de la FADE llegó al máximo tribunal a través de un recurso extraordinario, luego de que, en los tribunales ordinarios, la petición fuera rechazada. La entidad solicitó que se declare inconstitucional la resolución 789 de la Dirección de Protección Ambiental, que habilitó la exploración de hidrocarburo no convencional a través del procedimiento de la fractura hidráulica por parte de la empresa El Trébol en Malargüe. Asimismo, requirió que se declare inconstitucional la resolución Nº813, ambas publicadas el 31 de julio del 2017.
En febrero de este año, el máximo tribunal hizo lugar a la presentación, y las contestaciones de las partes están en curso, indicaron fuentes judiciales.
Nanclares indicó que, al ser la Corte un órgano colegiado, se llevará a votación de todos sus miembros esta idea de llamar a una nueva audiencia pública –ahora, en el ámbito de la Justicia– ya que la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial realizó en diciembre una consulta antes de la publicación del decreto reglamentario Nº248 que habilita la fractura hidráulica en todo el territorio provincial.
El magistrado consideró que en asuntos complejos y controversiales como este, que en Mendoza ha generado una marcada división de posturas a favor y en contra, “será necesario un análisis en profundidad, cumpliendo con los plazos del proceso, pero tomando en consideración la palabra de los entendidos”.
En ese sentido, el ministro recordó la confirmación de la constitucionalidad de la ley 7.722, conocida como la ley antiminera, “que salió después de dos años”.
Respecto de la instrumentación, el juez consideró que, llegado el momento, se evaluará a quienes podrán participar en la misma y remarcó: “Nos interesa la voz de los expertos en la materia”.
También se analizará en ese ámbito la acción de inconstitucionalidad que presentó la organización ambientalista Oikos en contra del decreto reglamentario Nº248. Esta norma establece los requerimientos para el procedimiento de la fractura hidráulica en toda la provincia.
La defensa del fracking
Humberto Mingorance, secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, confirmó que se está elaborado la contestación de la demanda planteada por Oikos a través de los equipos técnicos. “Para que la Corte tenga toda la información”, manifestó.
“Estamos ampliando lo que se expone en el decreto Nº248 con datos complementarios de la historia de esta técnica, cómo se realizan los controles, además de los distintos estudios y seguimientos que se hacen a través de los organismos intervinientes”, dijo.
A la vez, indicó que se está digitalizando todo el expediente que se formó a fin de autorizar la exploración y explotación del yacimiento Puesto Rojas, “para que quede a disposición de todos los interesados”.
Y agregó: “También hay que decir que la documentación en papel nunca fue pedida por quienes quieren desalentar el fracking, pese a que estaba disponible”.
Además, Mingorance comentó que tanto los técnicos de Ambiente como de Energía están brindado charlas en distintos lugares en los cuales se los convoca para despejar las dudas.
Controles
A fines de abril hubo distintas manifestaciones en contra del avance en Malargüe –tanto en Alvear como en San Carlos– luego de que se hiciera viral el audio de una mujer que alertaba sobre los posibles peligros de contaminación que pudiera provocar la técnica de la fractura hidráulica y ante la trascendencia de que uno de los controles en las napas de agua habría arrojado la presencia de hidrocarburos.
El Gobierno descartó cualquier tipo de polución ambiental y explicó los resultados de los freatímetros colocados en el yacimiento.
En los próximos días, el Departamento General de Irrigación dará a conocer los últimos análisis.
.
Acumar en modalidad "recalculando"
Dorina Bonetti, presidenta de Acumar: "Estamos encarando una nueva revisión del plan"
Fecha de Publicación: 20/05/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
El 14 de marzo, Dorina Bonetti, presidenta de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) había preparado minuciosamente su exposición ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para contar qué avances habían logrado para intentar cumplir con la sentencia que obliga a sanear el Riachuelo. Había preparado 20 diapositivas que la iban a ayudar con su discurso. Pero fue poco lo que pudo exponer. Los jueces la acorralaron con preguntas que, según ella, no tienen una respuesta única: "¿Tiene una estimación razonable de cuándo pueden cumplir la sentencia? ¿En qué tiempo?". Bonetti es politóloga y desde julio del año pasado es la máxima responsable de hacer cumplir el fallo. Ante la Corte no pudo contestar esas preguntas. "Si no dimos una fecha precisa fue porque hubiese sido irresponsable, como se dijo en algún momento y por cómo ha sido castigado la sanidad del río durante tanto tiempo, que en tanta cantidad de días la cuenca va a estar saneada", asegura, y afirma que no se le pasó por la cabeza renunciar y que entiende que es su responsabilidad "ir a rendir cuentas ante la corte".
-¿Por qué ante la Corte no pudo dar un plazo para el saneamiento del Riachuelo?
-Existen dos plazos. Uno judicial, que tiene que ver con el cumplimiento de la sentencia. Ahí hay avances. Otro plazo es el del saneamiento. Porque el cumplimiento del fallo no impacta totalmente en el saneamiento del río. Para lograrlo es necesario que se avance en obras.
-¿Y esas obras no tienen un plazo?
-Es el plazo que va a llevar la expansión de redes de agua y cloacas, que está previsto para 2025. Pero además hay que intervenir territorialmente para que además de agua y cloaca, la gente viva mejor, se urbanicen villas. En la cuenca hay un millón y medio de personas que viven en asentamientos y villas. Eso repercute en el río.
-La red de cloacas desarticularía uno de los principales ejes de contaminación, pero no el único.
-Exactamente. Se atacaría el problema de la contaminación que proviene de la descarga de materia orgánica, que representa entre el 70 % y 80 % de la contaminación.
-¿Y las descargas industriales?
-Cada empresa tiene que tener una planta de tratamiento.
-¿Los industriales no podrían estar escudándose en la falta de confianza en el plan para no hacer esas inversiones?
-Podrían. Pero desde 2016 estamos trabajando en la reconstrucción de la confianza en Acumar. Y desde ese lado les estamos exigiendo más a los industriales. Hoy si no cumplen tienen una sanción. Y pronto lanzaremos un nuevo régimen de sanciones, verdaderamente disuasivas. En algún momento, económicamente, al establecimiento industrial le convenía más pagar la sanción que hacer la planta de reconversión.
-¿Qué cambios puede adelantar respecto de las sanciones?
-Serán montos mucho más elevados. Además incorporaremos conductas que no estaban siendo consideradas como infracción.
-¿Evalúa revisar el plan de saneamiento general?
-Sí. Estamos encarando una nueva revisión que tiene que ver más con pensar un plan con un abordaje mucho más holístico, más integral, porque hoy lo que hay son líneas de acción.
-¿Qué implicaría esa mayor integralidad?
-Una planificación estratégica de la cuenca como un todo. Un porcentaje importante de la población vive en villas y tenemos que trabajar para hacer una intervención, para que se haga una apertura de calles de forma tal que también esa población quede integrada a la expansión de agua y cloaca, porque de lo contrario va a quedar afuera. Se estaría cumpliendo con una manda de la sentencia, pero un porcentaje de la población no va a ser incorporada a la red cloacal.
-Para sanear la ría de Bilbao, además de exigirles una planta de tratamiento, el gobierno vasco obligó a las industrias a conectarse a la red. Así las obligó a pagar un canon que les permitió recaudar para el plan de saneamiento. ¿Se puede pensar en algo así en el Riachuelo?
-Es factible, pero no es algo que estemos promoviendo.
-¿No le parece lógico que pagaran una contribución por el saneamiento?
-Es algo que se está analizando: un seguro ambiental. Creo que sí corresponde.
-La experiencia de saneamiento del Rin es un ejemplo de coordinación entre países. ¿Por qué acá es un problema la coordinación entre jurisdicciones de un mismo país?
-Avanzamos mucho en la coordinación. El tema es que las tres jurisdicciones que forman parte de Acumar son el Estado nacional, la Provincia y la Ciudad. Pero hay 14 municipios que no lo integran. Y Acumar no tiene un poder de policía suficiente como para multar a los municipios que, por la Constitución, tienen como responsabilidad primaria ocuparse de la basura y no lo hacen. En ese sentido sí falta articular.
-Un especialista que lideró el saneamiento del Rin dijo que fue vital que la sociedad confiara en el plan. ¿Cree que hay confianza en el plan para el Riachuelo?
-Acumar es un organismo sobre el cual la confianza se ha visto resquebrajada. Estamos trabajando para reconstruirla dentro del propio organismo, para que luego traspase las paredes del organismo y permita que la gente confíe en el proyecto que tenemos.
.
Fecha de Publicación: 20/05/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
El 14 de marzo, Dorina Bonetti, presidenta de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) había preparado minuciosamente su exposición ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para contar qué avances habían logrado para intentar cumplir con la sentencia que obliga a sanear el Riachuelo. Había preparado 20 diapositivas que la iban a ayudar con su discurso. Pero fue poco lo que pudo exponer. Los jueces la acorralaron con preguntas que, según ella, no tienen una respuesta única: "¿Tiene una estimación razonable de cuándo pueden cumplir la sentencia? ¿En qué tiempo?". Bonetti es politóloga y desde julio del año pasado es la máxima responsable de hacer cumplir el fallo. Ante la Corte no pudo contestar esas preguntas. "Si no dimos una fecha precisa fue porque hubiese sido irresponsable, como se dijo en algún momento y por cómo ha sido castigado la sanidad del río durante tanto tiempo, que en tanta cantidad de días la cuenca va a estar saneada", asegura, y afirma que no se le pasó por la cabeza renunciar y que entiende que es su responsabilidad "ir a rendir cuentas ante la corte".
-¿Por qué ante la Corte no pudo dar un plazo para el saneamiento del Riachuelo?
-Existen dos plazos. Uno judicial, que tiene que ver con el cumplimiento de la sentencia. Ahí hay avances. Otro plazo es el del saneamiento. Porque el cumplimiento del fallo no impacta totalmente en el saneamiento del río. Para lograrlo es necesario que se avance en obras.
-¿Y esas obras no tienen un plazo?
-Es el plazo que va a llevar la expansión de redes de agua y cloacas, que está previsto para 2025. Pero además hay que intervenir territorialmente para que además de agua y cloaca, la gente viva mejor, se urbanicen villas. En la cuenca hay un millón y medio de personas que viven en asentamientos y villas. Eso repercute en el río.
-La red de cloacas desarticularía uno de los principales ejes de contaminación, pero no el único.
-Exactamente. Se atacaría el problema de la contaminación que proviene de la descarga de materia orgánica, que representa entre el 70 % y 80 % de la contaminación.
-¿Y las descargas industriales?
-Cada empresa tiene que tener una planta de tratamiento.
-¿Los industriales no podrían estar escudándose en la falta de confianza en el plan para no hacer esas inversiones?
-Podrían. Pero desde 2016 estamos trabajando en la reconstrucción de la confianza en Acumar. Y desde ese lado les estamos exigiendo más a los industriales. Hoy si no cumplen tienen una sanción. Y pronto lanzaremos un nuevo régimen de sanciones, verdaderamente disuasivas. En algún momento, económicamente, al establecimiento industrial le convenía más pagar la sanción que hacer la planta de reconversión.
-¿Qué cambios puede adelantar respecto de las sanciones?
-Serán montos mucho más elevados. Además incorporaremos conductas que no estaban siendo consideradas como infracción.
-¿Evalúa revisar el plan de saneamiento general?
-Sí. Estamos encarando una nueva revisión que tiene que ver más con pensar un plan con un abordaje mucho más holístico, más integral, porque hoy lo que hay son líneas de acción.
-¿Qué implicaría esa mayor integralidad?
-Una planificación estratégica de la cuenca como un todo. Un porcentaje importante de la población vive en villas y tenemos que trabajar para hacer una intervención, para que se haga una apertura de calles de forma tal que también esa población quede integrada a la expansión de agua y cloaca, porque de lo contrario va a quedar afuera. Se estaría cumpliendo con una manda de la sentencia, pero un porcentaje de la población no va a ser incorporada a la red cloacal.
-Para sanear la ría de Bilbao, además de exigirles una planta de tratamiento, el gobierno vasco obligó a las industrias a conectarse a la red. Así las obligó a pagar un canon que les permitió recaudar para el plan de saneamiento. ¿Se puede pensar en algo así en el Riachuelo?
-Es factible, pero no es algo que estemos promoviendo.
-¿No le parece lógico que pagaran una contribución por el saneamiento?
-Es algo que se está analizando: un seguro ambiental. Creo que sí corresponde.
-La experiencia de saneamiento del Rin es un ejemplo de coordinación entre países. ¿Por qué acá es un problema la coordinación entre jurisdicciones de un mismo país?
-Avanzamos mucho en la coordinación. El tema es que las tres jurisdicciones que forman parte de Acumar son el Estado nacional, la Provincia y la Ciudad. Pero hay 14 municipios que no lo integran. Y Acumar no tiene un poder de policía suficiente como para multar a los municipios que, por la Constitución, tienen como responsabilidad primaria ocuparse de la basura y no lo hacen. En ese sentido sí falta articular.
-Un especialista que lideró el saneamiento del Rin dijo que fue vital que la sociedad confiara en el plan. ¿Cree que hay confianza en el plan para el Riachuelo?
-Acumar es un organismo sobre el cual la confianza se ha visto resquebrajada. Estamos trabajando para reconstruirla dentro del propio organismo, para que luego traspase las paredes del organismo y permita que la gente confíe en el proyecto que tenemos.
.
Lamentable: zorros van a countries a buscan comida
Video: zorros buscan comida en countries del noroeste de Córdoba
Fecha de Publicación: 20/05/2018
Fuente: El Periódico de San Francisco
Provincia/Región: Córdoba
Un tierno video casero también puede interpretarse como la disminución del espacio donde viven estos animales, ante el avance de las construcciones.
Un video casero muestra a una importante cantidad de zorritos “apilados” en la puerta de una casa en un country del noroeste de la ciudad de Córdoba.
Las imágenes, difundidas por La Voz del Interior, son tiernas para quien guste de estos simpáticos animalitos.
La contracara es que el video refleja la disminución del espacio ambiental donde vivien estos animales, que ante el avance de las construcciones urbanas no les queda más que acercarse a buscar alimentos.
Fecha de Publicación: 20/05/2018
Fuente: El Periódico de San Francisco
Provincia/Región: Córdoba
Un tierno video casero también puede interpretarse como la disminución del espacio donde viven estos animales, ante el avance de las construcciones.
Un video casero muestra a una importante cantidad de zorritos “apilados” en la puerta de una casa en un country del noroeste de la ciudad de Córdoba.
Las imágenes, difundidas por La Voz del Interior, son tiernas para quien guste de estos simpáticos animalitos.
La contracara es que el video refleja la disminución del espacio ambiental donde vivien estos animales, que ante el avance de las construcciones urbanas no les queda más que acercarse a buscar alimentos.
.
Área Protegida Río Limay ya tiene plan de manejo
Presentaron el Plan de Manejo del Área Natural Protegida Río Limay
Fecha de Publicación: 20/05/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Se hizo este fin de semana en la localidad de Villa Llanquín. Durante el acto se indicaron las zonas y los usos de las áreas de conservación.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable presentó este fin de semana el Plan de Manejo del Área Natural Protegida Río Limay, en Villa Llanquín.
Durante la presentación se detalló la zonificación de usos del área y se destacó los principales valores de conservación y socioculturales que se tuvieron en cuenta, informaron desde el área de prensa del gobierno provincial.
Esta área fue creada en 1996 mediante la sanción de la Ley 2946, con el objetivo de preservar el paisaje y conservar los ecosistemas.
Está ubicada en el sudoeste de la provincia y comprende el valle del río Limay, desde su naciente en el lago Nahuel Huapi hasta confluir con el río Traful, y tiene una superficie de 50.000 hectáreas. La localidad más próxima es Villa Llanquín, ubicada dentro del área, a pocos kilómetros de Bariloche.
El paisaje muestra muy vistosas formas en sus estribaciones, bosques de cipreses de la cordillera y el caudaloso cauce del río circulando en medio de este paraje de ensueño.
La secretaria de Ambiente, Dina Migani y el secretario de Turismo, Daniel García; junto al comisionado de fomento de Villa Llanquín, Alejandro Sandoval, participaron del acto oficial.
.
Fecha de Publicación: 20/05/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Se hizo este fin de semana en la localidad de Villa Llanquín. Durante el acto se indicaron las zonas y los usos de las áreas de conservación.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable presentó este fin de semana el Plan de Manejo del Área Natural Protegida Río Limay, en Villa Llanquín.
Durante la presentación se detalló la zonificación de usos del área y se destacó los principales valores de conservación y socioculturales que se tuvieron en cuenta, informaron desde el área de prensa del gobierno provincial.
Esta área fue creada en 1996 mediante la sanción de la Ley 2946, con el objetivo de preservar el paisaje y conservar los ecosistemas.
Está ubicada en el sudoeste de la provincia y comprende el valle del río Limay, desde su naciente en el lago Nahuel Huapi hasta confluir con el río Traful, y tiene una superficie de 50.000 hectáreas. La localidad más próxima es Villa Llanquín, ubicada dentro del área, a pocos kilómetros de Bariloche.
El paisaje muestra muy vistosas formas en sus estribaciones, bosques de cipreses de la cordillera y el caudaloso cauce del río circulando en medio de este paraje de ensueño.
La secretaria de Ambiente, Dina Migani y el secretario de Turismo, Daniel García; junto al comisionado de fomento de Villa Llanquín, Alejandro Sandoval, participaron del acto oficial.
.
La meta climática es tener 15% menos de emisiones
Cambio climático: la meta argentina prevé 15% menos de emisiones
Fecha de Publicación: 19/05/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
El compromiso asumido en París -vigente desde noviembre de 2016- establece la disminución de gases hacia 2030.
A casi 26 años del convenio marco sobre el cambio climático, la lucha continúa siendo una prioridad internacional. No se ha producido, ni los instrumentos internacionales actuales han propiciado todavía, un cambio drástico. De hecho, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 21[1]), previa al Acuerdo de París, reconocía que las contribuciones nacionales presentadas, no permitían lograr el objetivo de mantener el límite de 2 °C por encima de los niveles preindustriales para 2100, y apuntaban claramente hacia una suba de 3,5 °C.
El Convenio (1992) y el Protocolo (Kyoto-1997) son la respuesta de la internacional y, por su intermedio, los Estados parte marcaron un objetivo: estabilizar emisiones de GEH para prevenir interferencias peligrosas en el clima. Un largo proceso de negociación renovó el compromiso y concluyó en el Acuerdo de París del 12 de diciembre de 2015, en vigor el 4 de noviembre de 2016.
Evidencias científicas
En 1988, el Programa ONU para Ambiente (Pnuma) creó el Panel Intergubernamental Cambio Climático (IPCC) para asesorar a los países para enfrentar el fenómeno global. Ha publicado 5 informes centrales y reúne a los científicos de mayor trayectoria. Entre ellos, Ricardo Villalba, mendocino.
El 6to informe (2021) examinará lo realizado para mantener el calentamiento global por debajo de 2 °C y, a la par, persistir en esfuerzos que limiten el aumento a 1,5 °C. Otro informe anual focaliza la diferencia entre emisiones de GEH que los Estados comprometen y el nivel de emisiones necesario para no superar estos 2 °C. En 2016 las emisiones aumentaron, doblan a 1970, y crecen sin disminución desde 2000.
Los acuerdos han generado efectos positivos indiscutibles, pero se mantiene la dificultad del derecho internacional para ser eficaz al doble reto, mitigación y adaptación al cambio climático, sumado a mecanismos excesivamente rígidos sin voluntad política ni economía que acompañe.
París se basa en compromisos unilaterales y voluntarios asumidos, superadores de los que se suscriben en negociaciones multilaterales. Cada parte hizo contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional (Indcs).
El informe argentino (1960/2010) demostró un aumento de la temperatura media de 0,5 °C, llegando a superar 1 °C en zonas patagónicas; aumento de días con olas de calor y reducción de días con heladas; aumento de lluvias en el Este con inundaciones de gran impacto socio-económico. En zonas semiáridas se observó una merma en zona cordillerana con disminución en caudales de ríos cuyanos.
Argentina fijó una meta incondicional: 15% menos en 2030 con respecto a emisiones proyectadas y otras condicionadas a obtener financiamiento internacional adecuado y predecible; apoyo a la transferencia, la innovación y el desarrollo de tecnologías y el apoyo a la creación de capacidades.
Los Andespass - Axion Mayo 2018 - 300x600
El acuerdo originó el posible abandono de EEUU. Sin embargo, la comunicación deja una puerta abierta y es que, a menos que EEUU no pueda identificar los términos adecuados para un nuevo compromiso, presentarán formalmente su retirada. Conforme al artículo 28, debe ser en los tres años desde la entrada en vigor hasta el 4 de noviembre de 2019. En todo caso si se produce, los EEUU tendrán que esperar hasta 2020 para retirarse oficialmente, puesto que esta decisión será efectiva pasado un año de comunicada. Justo un día después de la elección presidencial. Incertidumbre total, evidente preocupación.
Efectos locales
Para la vitivinicultura se proyectan desplazamientos de zonas, de isoyetas, y surgimiento de nuevas regiones de aptitud vitivinícola (Moriondo 2013).
Particularmente, generaría desplazamiento hacia latitudes altas, menor extensión de otras áreas y surgimiento de nuevas regiones aptas.
El Acuerdo de París emerge como una base para estas acciones que afectan a todos. El problema no tiene sólo una respuesta de dimensión predominantemente internacional, sino que la acción contra este fenómeno tiene también, cada vez más, una importante variable nacional, regional y local.
.
Fecha de Publicación: 19/05/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
El compromiso asumido en París -vigente desde noviembre de 2016- establece la disminución de gases hacia 2030.
A casi 26 años del convenio marco sobre el cambio climático, la lucha continúa siendo una prioridad internacional. No se ha producido, ni los instrumentos internacionales actuales han propiciado todavía, un cambio drástico. De hecho, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 21[1]), previa al Acuerdo de París, reconocía que las contribuciones nacionales presentadas, no permitían lograr el objetivo de mantener el límite de 2 °C por encima de los niveles preindustriales para 2100, y apuntaban claramente hacia una suba de 3,5 °C.
El Convenio (1992) y el Protocolo (Kyoto-1997) son la respuesta de la internacional y, por su intermedio, los Estados parte marcaron un objetivo: estabilizar emisiones de GEH para prevenir interferencias peligrosas en el clima. Un largo proceso de negociación renovó el compromiso y concluyó en el Acuerdo de París del 12 de diciembre de 2015, en vigor el 4 de noviembre de 2016.
Evidencias científicas
En 1988, el Programa ONU para Ambiente (Pnuma) creó el Panel Intergubernamental Cambio Climático (IPCC) para asesorar a los países para enfrentar el fenómeno global. Ha publicado 5 informes centrales y reúne a los científicos de mayor trayectoria. Entre ellos, Ricardo Villalba, mendocino.
El 6to informe (2021) examinará lo realizado para mantener el calentamiento global por debajo de 2 °C y, a la par, persistir en esfuerzos que limiten el aumento a 1,5 °C. Otro informe anual focaliza la diferencia entre emisiones de GEH que los Estados comprometen y el nivel de emisiones necesario para no superar estos 2 °C. En 2016 las emisiones aumentaron, doblan a 1970, y crecen sin disminución desde 2000.
Los acuerdos han generado efectos positivos indiscutibles, pero se mantiene la dificultad del derecho internacional para ser eficaz al doble reto, mitigación y adaptación al cambio climático, sumado a mecanismos excesivamente rígidos sin voluntad política ni economía que acompañe.
París se basa en compromisos unilaterales y voluntarios asumidos, superadores de los que se suscriben en negociaciones multilaterales. Cada parte hizo contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional (Indcs).
El informe argentino (1960/2010) demostró un aumento de la temperatura media de 0,5 °C, llegando a superar 1 °C en zonas patagónicas; aumento de días con olas de calor y reducción de días con heladas; aumento de lluvias en el Este con inundaciones de gran impacto socio-económico. En zonas semiáridas se observó una merma en zona cordillerana con disminución en caudales de ríos cuyanos.
Argentina fijó una meta incondicional: 15% menos en 2030 con respecto a emisiones proyectadas y otras condicionadas a obtener financiamiento internacional adecuado y predecible; apoyo a la transferencia, la innovación y el desarrollo de tecnologías y el apoyo a la creación de capacidades.
Los Andespass - Axion Mayo 2018 - 300x600
El acuerdo originó el posible abandono de EEUU. Sin embargo, la comunicación deja una puerta abierta y es que, a menos que EEUU no pueda identificar los términos adecuados para un nuevo compromiso, presentarán formalmente su retirada. Conforme al artículo 28, debe ser en los tres años desde la entrada en vigor hasta el 4 de noviembre de 2019. En todo caso si se produce, los EEUU tendrán que esperar hasta 2020 para retirarse oficialmente, puesto que esta decisión será efectiva pasado un año de comunicada. Justo un día después de la elección presidencial. Incertidumbre total, evidente preocupación.
Efectos locales
Para la vitivinicultura se proyectan desplazamientos de zonas, de isoyetas, y surgimiento de nuevas regiones de aptitud vitivinícola (Moriondo 2013).
Particularmente, generaría desplazamiento hacia latitudes altas, menor extensión de otras áreas y surgimiento de nuevas regiones aptas.
El Acuerdo de París emerge como una base para estas acciones que afectan a todos. El problema no tiene sólo una respuesta de dimensión predominantemente internacional, sino que la acción contra este fenómeno tiene también, cada vez más, una importante variable nacional, regional y local.
.
Suman otro oso hormiguero a los Esteros del Iberá
Un nuevo oso hormiguero llega a los Esteros del Iberá
Fecha de Publicación: 19/05/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
El pasado viernes, un ejemplar macho de oso hormiguero llamado Tino fue trasladado a la Reserva Carambola, en la parte oeste del Iberá. El animal, de un año de edad, se une a Morotí y Mica, quienes llevan unos meses viviendo en esta zona, cercano al municipio de Concepción de Yaguareté Corá.
Al igual que la mayor parte de ejemplares que llegan al Proyecto de Reintroducción, el animal fue rescatado con pocos días de vida en un domicilio particular de la localidad de Monte Rico, en Santiago del Estero, seguramente tras quedar huérfano después de que matasen a su madre en un encuentro fortuito de caza. Después de ser avisados de su existencia, y con la aprobación de la Dirección General de Bosques y Fauna de la mencionada Provincia, el oso llegaba hace unos meses al Centro de Rescate de Oso Hormiguero (ubicado en el Parque Provincial San Cayetano de Corrientes), con un peso de 6,3 kg. Hoy, ya pasados varios meses recibiendo los cuidados necesarios en este Centro, el animal llega a su nuevo hogar con un año de edad y 30 kg de peso.
Tras pasar un par de semanas en un corral de presuelta, ya en la zona en la que va a vivir, se procederá a su liberación. Durante un tiempo será monitoreado semanalmente por los técnicos del proyecto, gracias a la señal que emite el radiocollar que porta, con el fin de asegurar que se adapte a la vida en libertad.
Desde el año 2005, CLT y el Gobierno de Corrientes trabajan juntos en el ambicioso proyecto de traer animales extintos al Iberá. Precisamente, el oso hormiguero (que ya cuenta con más de 100 ejemplares viviendo libres y en 3 poblaciones distintas) fue la primer especie reintroducida. Es meritorio que, tras llevar extinto más de medio siglo en la provincia de Corrientes, el oso hormiguero, solo en una década de reintroducciones, se haya convertido ya en un icono del Parque Iberá y el gobierno correntino lo haya catalogado como Monumento Natural.
Está previsto seguir liberando osos hormigueros en Concepción hasta que esta población de Carambola, (como ocurrió antes en Rincón del Socorro y San Alonso) sea, por si sola, autosustentable.
El oso hormiguero, junto a otras cuatro especies (venado de las pampas, tapir, guacamayo rojo y pecarí de collar) ha regresado a Iberá para quedarse. Gracias a las reintroducciones realizadas en el interior del gran Parque Iberá (amalgama del Parque Provincial Iberá y de Parque Nacional del mismo nombre) los animales y los ambientes que necesitan para vivir cuentan con un grado de protección que les garantiza poder aumentar sus poblaciones sin las amenazas que los llevaron otrora a la extinción. Otras piezas importantes del ecosistema ibereño siguen todavía ausentes. Es el caso del yaguareté, especie con la cual CLT sigue trabajando en el CECY (Centro Experimental de Cría de Yaguareté) con el ánimo de obtener crías aptas para ser liberadas en el futuro.
Es importante resaltar que, más allá de los aspectos ecológicos y biológicos que implica la llegada de estas especies a la zona, entra también en juego el valor añadido que la presencia de esta fauna brinda a la ya extensa oferta ecoturística de Carambola y otros portales que dan acceso al Iberá. El turismo de naturaleza mueve cada día más dinero a nivel global, y los municipios que rodean el humedal correntino han comenzado a enfocarse en un modelo de desarrollo (denominado producción de naturaleza) basado en el aprovechamiento sustentable de los valores naturales (en este caso la fauna silvestre fácilmente observable), y en la recuperación además del orgullo local mediante la puesta en valor de artesanía, gastronomía y tradiciones.
Todo el trabajo realizado en reintroducción de especies y en protección de la fauna y ambientes (primero con la creación de la Reserva Iberá y posteriormente con el Parque Iberá) han erigido el mejor destino de avistaje de fauna del país, generando a su alrededor un motor económico en alza, que afianza a la “producción de naturaleza” como la actividad productiva con mayor futuro para los pueblos que rodean el gran Parque Iberá.
.
Fecha de Publicación: 19/05/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
El pasado viernes, un ejemplar macho de oso hormiguero llamado Tino fue trasladado a la Reserva Carambola, en la parte oeste del Iberá. El animal, de un año de edad, se une a Morotí y Mica, quienes llevan unos meses viviendo en esta zona, cercano al municipio de Concepción de Yaguareté Corá.
Al igual que la mayor parte de ejemplares que llegan al Proyecto de Reintroducción, el animal fue rescatado con pocos días de vida en un domicilio particular de la localidad de Monte Rico, en Santiago del Estero, seguramente tras quedar huérfano después de que matasen a su madre en un encuentro fortuito de caza. Después de ser avisados de su existencia, y con la aprobación de la Dirección General de Bosques y Fauna de la mencionada Provincia, el oso llegaba hace unos meses al Centro de Rescate de Oso Hormiguero (ubicado en el Parque Provincial San Cayetano de Corrientes), con un peso de 6,3 kg. Hoy, ya pasados varios meses recibiendo los cuidados necesarios en este Centro, el animal llega a su nuevo hogar con un año de edad y 30 kg de peso.
Tras pasar un par de semanas en un corral de presuelta, ya en la zona en la que va a vivir, se procederá a su liberación. Durante un tiempo será monitoreado semanalmente por los técnicos del proyecto, gracias a la señal que emite el radiocollar que porta, con el fin de asegurar que se adapte a la vida en libertad.
Desde el año 2005, CLT y el Gobierno de Corrientes trabajan juntos en el ambicioso proyecto de traer animales extintos al Iberá. Precisamente, el oso hormiguero (que ya cuenta con más de 100 ejemplares viviendo libres y en 3 poblaciones distintas) fue la primer especie reintroducida. Es meritorio que, tras llevar extinto más de medio siglo en la provincia de Corrientes, el oso hormiguero, solo en una década de reintroducciones, se haya convertido ya en un icono del Parque Iberá y el gobierno correntino lo haya catalogado como Monumento Natural.
Está previsto seguir liberando osos hormigueros en Concepción hasta que esta población de Carambola, (como ocurrió antes en Rincón del Socorro y San Alonso) sea, por si sola, autosustentable.
El oso hormiguero, junto a otras cuatro especies (venado de las pampas, tapir, guacamayo rojo y pecarí de collar) ha regresado a Iberá para quedarse. Gracias a las reintroducciones realizadas en el interior del gran Parque Iberá (amalgama del Parque Provincial Iberá y de Parque Nacional del mismo nombre) los animales y los ambientes que necesitan para vivir cuentan con un grado de protección que les garantiza poder aumentar sus poblaciones sin las amenazas que los llevaron otrora a la extinción. Otras piezas importantes del ecosistema ibereño siguen todavía ausentes. Es el caso del yaguareté, especie con la cual CLT sigue trabajando en el CECY (Centro Experimental de Cría de Yaguareté) con el ánimo de obtener crías aptas para ser liberadas en el futuro.
Es importante resaltar que, más allá de los aspectos ecológicos y biológicos que implica la llegada de estas especies a la zona, entra también en juego el valor añadido que la presencia de esta fauna brinda a la ya extensa oferta ecoturística de Carambola y otros portales que dan acceso al Iberá. El turismo de naturaleza mueve cada día más dinero a nivel global, y los municipios que rodean el humedal correntino han comenzado a enfocarse en un modelo de desarrollo (denominado producción de naturaleza) basado en el aprovechamiento sustentable de los valores naturales (en este caso la fauna silvestre fácilmente observable), y en la recuperación además del orgullo local mediante la puesta en valor de artesanía, gastronomía y tradiciones.
Todo el trabajo realizado en reintroducción de especies y en protección de la fauna y ambientes (primero con la creación de la Reserva Iberá y posteriormente con el Parque Iberá) han erigido el mejor destino de avistaje de fauna del país, generando a su alrededor un motor económico en alza, que afianza a la “producción de naturaleza” como la actividad productiva con mayor futuro para los pueblos que rodean el gran Parque Iberá.
.
¿Se viene el aval de Ambiente para el desmonte en Salta?
Nación y Salta firmaron un convenio de colaboración para la promoción de la actividad productiva sustentable de los bosques de la provincia
Fecha de Publicación: 19/05/2018
Fuente: argentina.gob.ar
Provincia/Región: Salta Nacional
El acta tiene por objeto, dentro del plazo de 30 días, evaluar y verificar si la ejecución de los proyectos autorizados oportunamente por la provincia de Salta cumple con el marco normativo.
Los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agroindustria de la Nación junto al Gobierno de la provincia de Salta firmaron hoy un convenio de colaboración para la promoción de la actividad productiva sustentable de los bosques salteños.
El documento fue rubricado por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman; el gobernador Juan Manuel Urtubey; el secretario de Coordinación General del Ministerio de Agroindustria, Santiago del Solar Dorrego; y la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la provincia, Paula Bibini.
El objetivo del acuerdo es abordar tres lineamientos de gestión colaborativa: trabajo conjunto en la elaboración de criterios de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia de Salta; promoción y apoyo de actividades productivas sustentables en Bosques Nativos ubicados en categoría amarilla; e implementación de planes de restauración y reforestación de zonas degradadas.
Los gobiernos nacional y provincial se comprometieron a elaborar, a través de sus equipos técnicos, alternativas de producción sustentable en áreas categorizadas como “amarillas” en el marco normativo vigente.
Se acordó asimismo que el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta, con la colaboración del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, instrumentarán un plan de restauración forestal en zonas degradadas.
Asimismo, y con la participación de la Asociación Prograno, representada por Santiago Bayón; la Federación de Entidades Rurales Salteñas (Federsal), representada por Ignacio Pisani y la Sociedad Rural Salteña, representada por Lucas Elizalde, se firmó un acta complementaria en el marco del convenio citado.
El acta tiene por objeto, dentro del plazo de 30 días, evaluar y verificar si la ejecución de los proyectos autorizados oportunamente por la provincia de Salta cumple con el marco normativo. Esta evaluación técnica, que se realizará caso por caso, estará a cargo de la provincia, con la colaboración de los ministerios de la Nación.
.
Fecha de Publicación: 19/05/2018
Fuente: argentina.gob.ar
Provincia/Región: Salta Nacional
El acta tiene por objeto, dentro del plazo de 30 días, evaluar y verificar si la ejecución de los proyectos autorizados oportunamente por la provincia de Salta cumple con el marco normativo.
Los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agroindustria de la Nación junto al Gobierno de la provincia de Salta firmaron hoy un convenio de colaboración para la promoción de la actividad productiva sustentable de los bosques salteños.
El documento fue rubricado por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman; el gobernador Juan Manuel Urtubey; el secretario de Coordinación General del Ministerio de Agroindustria, Santiago del Solar Dorrego; y la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la provincia, Paula Bibini.
El objetivo del acuerdo es abordar tres lineamientos de gestión colaborativa: trabajo conjunto en la elaboración de criterios de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia de Salta; promoción y apoyo de actividades productivas sustentables en Bosques Nativos ubicados en categoría amarilla; e implementación de planes de restauración y reforestación de zonas degradadas.
Los gobiernos nacional y provincial se comprometieron a elaborar, a través de sus equipos técnicos, alternativas de producción sustentable en áreas categorizadas como “amarillas” en el marco normativo vigente.
Se acordó asimismo que el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta, con la colaboración del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, instrumentarán un plan de restauración forestal en zonas degradadas.
Asimismo, y con la participación de la Asociación Prograno, representada por Santiago Bayón; la Federación de Entidades Rurales Salteñas (Federsal), representada por Ignacio Pisani y la Sociedad Rural Salteña, representada por Lucas Elizalde, se firmó un acta complementaria en el marco del convenio citado.
El acta tiene por objeto, dentro del plazo de 30 días, evaluar y verificar si la ejecución de los proyectos autorizados oportunamente por la provincia de Salta cumple con el marco normativo. Esta evaluación técnica, que se realizará caso por caso, estará a cargo de la provincia, con la colaboración de los ministerios de la Nación.
.
Etiquetas:
Desmontes,
legislación y derecho ambiental,
Nacional,
política ambiental,
Salta
|
0
comentarios
Larreta quiere incinerar (pero lejos de su gente)
El debate por la quema de basura se traslada al conurbano bonaerense
Fecha de Publicación: 18/05/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: CABA - Buenos Aires
El debate por la incineración de los residuos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se trasladó al conurbano. Después de la discusión y reforma de la ley de basura cero en la Ciudad, funcionarios de la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal, el cuerpo directivo del Ceamse e intendentes del PJ y de Cambiemos discuten sobre las posibles ubicaciones de las plantas en las que la combustión de desechos se convertirá en energía eléctrica.
Así lo confirmaron a Infobae fuentes del gobierno provincial, de la empresa estatal a cargo de la gestión de residuos y los propios intendentes. Aunque en un principio la discusión comenzó con desconfianza, los jefes comunales ven ahora una posible solución al problema grave que representan las quemas y los basurales a cielo abierto en sus distritos y a las escasas políticas de recuperación y reciclado que han puesto en marcha.
Los terrenos en análisis para la instalación de las plantas de termovalorización o incineración son ocho. Hay tres en lo que Ceamse denomina Corredor Norte: uno en Exaltación de la Cruz, uno en Campana y otro en Zárate. En el ámbito de acción de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) hay tres en La Matanza; dos en Ezeiza; uno en Lomas de Zamora y uno en Quilmes. Mientras que también se estudian un terreno en la Ciudad de Buenos Aires, en Villa Riachuelo; dos en Tres de Febrero y uno entre San Miguel y San Martín.
Hasta el momento las tres posibilidades más firmes son las que anticipó Infobae: la de la Ciudad, San Miguel y Lomas de Zamora. Pero, las autoridades no descartan sumar más plantas ya que la magnitud de la cantidad de residuos diarios que se generan en el AMBA requiere más acción. Según los cálculos oficiales, cada planta podría tratar unas 3000 toneladas de basura por día, lo que suma 9000 tn, pero quedan otras 7000 u 8000 tn que deberán seguir enterrándose en el relleno sanitario de José León Suárez que tiene una vida útil de 5 años.
Francisco Suárez, antropólogo, especialista en gestión de residuos y docente de la Universidad de General Sarmiento, dijo: "Esto a los intendentes les viene como una solución a un problema que no han encarado. Son muy pocos los municipios del conurbano que han hecho algo y el resultado para los que han hecho no ha sido suficiente. La nueva tecnología puede implicar, y me atrevería a decir que es muy probable, que implique costos muchos mayores a los intendentes por gestionar sus residuos, eso es la antesala del aumento de basurales clandestinos en el conurbano".
De los costos, las posibles ubicaciones y la licencia social con la que contarán las nuevas plantas se discutirá el martes próximo en la reunión que tendrán las autoridades de Ceamse y Alex Campbell, subsecretario de Gobierno y de Asuntos Municipales bonaerenses y Roberto Gigante, ministro de Infraestructura, los dos funcionarios provinciales que llevan adelante las negociaciones con los intendentes.
"Al principio los intendentes tenían desconfianza sobre la posible solución tecnológica, sin embargo, cada vez están más abiertos a la posibilidad de instalar estas plantas, incluso los de la oposición", indicó a Infobae una alta fuente de la gestión bonaerense que pidió la reserva de su nombre.
Para Suárez, el gran problema será la resistencia ciudadana: "Ya ha provocado mucha resistencia la localización de nuevos rellenos sanitarios; por eso los residuos van a Campo de Mayo, porque funciona como un territorio donde no hay resistencia ciudadana", indicó y recordó que el apoyo de los intendentes comenzó luego de que varios viajaran a Europa invitados por Ceamse para ver cómo funciona la tecnología en los países desarrollados.
"Lo que más molesta es la ausencia del debate. Aquí se instaló un modelo de negocio no una política pública. Dentro de la política pública tiene lugar la valorización energética en el marco de ciertas normativas incluidas en la estrategia nacional de residuos sólidos urbanos que prescriben una serie de prioridades como la separación y el compostaje", agregó Suárez, quien sostuvo que en el ámbito académico la termovalorización es una tecnología que se puede evaluar pero no como salida y solución, sino como un elemento luego del reciclaje y compostaje.
En la cooperativa de reciclado Jóvenes en Progreso, de Lomas de Zamora, advirtieron que el proyecto para incinerar la basura afectará "a más de 5000 cartoneros regularizados de la ciudad, a los de la provincia y también a los trabajadores informales".
María, secretaria de la cooperativa, alertó que "la mayoría de las plantas se van a construir en la provincia. En capital una y en Lomas se construiría otra". Además, criticó la comparación con los sistemas de europeos y sostuvo que la incineración en la provincia de Buenos Aires sería distinta, por ejemplo, a la de Alemania: "Tienen otro sistema, recuperan material reciclable (más de un 30 por ciento) y lo que queman es el resto. Acá estamos hablando de quemar todos los residuos, no solamente los húmedos".
Las agrupaciones de recuperadores urbanos reclaman también que se sancione una ley de envases que permita ordenar la actividad. Hace más de 20 años los proyectos para esa normativa naufragan en el Congreso de la Nación.
En América Latina no hay instaladas aún plantas de termovalorización como las que se piensan instalar en Buenos Aires. Hay un proyecto en México DF, que debe tratar unas 13000 tn diarias de basura, que se pondrá en marcha próximamente pero que ha tenido mucha resistencia de ongs y sectores sociales. Esa instalación la realizará la compañía francesa Veolia, que cuenta con plantas en todo el mundo y en Buenos Aires es una de las compañías a cargo de la recolección de residuos.
Hubo otros intentos en Costa Rica; en la isla colombiana de San Andrés y en Venezuela, pero no prosperaron.
Las centrales que se instalarán en el AMBA contarán con un espacio para el Tratamiento Mecánico Biológico de la Basura (MBT, por sus siglas en inglés y consiste en separar los residuos que no hayan sido separados) y el sector de termovalorización. Tienen un costo que oscila entre los 400 y los 800 millones de dólares y el modelo es de inversión privada. La recuperación del capital se concretará con la venta de la electricidad al mercado energético, según aseguran en las dependencias oficiales.
La discusión recién comienza. En el mejor de los escenarios, las autoridades esperan llamar a licitación en el segundo semestre de este año.
.
Fecha de Publicación: 18/05/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: CABA - Buenos Aires
El debate por la incineración de los residuos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se trasladó al conurbano. Después de la discusión y reforma de la ley de basura cero en la Ciudad, funcionarios de la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal, el cuerpo directivo del Ceamse e intendentes del PJ y de Cambiemos discuten sobre las posibles ubicaciones de las plantas en las que la combustión de desechos se convertirá en energía eléctrica.
Así lo confirmaron a Infobae fuentes del gobierno provincial, de la empresa estatal a cargo de la gestión de residuos y los propios intendentes. Aunque en un principio la discusión comenzó con desconfianza, los jefes comunales ven ahora una posible solución al problema grave que representan las quemas y los basurales a cielo abierto en sus distritos y a las escasas políticas de recuperación y reciclado que han puesto en marcha.
Los terrenos en análisis para la instalación de las plantas de termovalorización o incineración son ocho. Hay tres en lo que Ceamse denomina Corredor Norte: uno en Exaltación de la Cruz, uno en Campana y otro en Zárate. En el ámbito de acción de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) hay tres en La Matanza; dos en Ezeiza; uno en Lomas de Zamora y uno en Quilmes. Mientras que también se estudian un terreno en la Ciudad de Buenos Aires, en Villa Riachuelo; dos en Tres de Febrero y uno entre San Miguel y San Martín.
Hasta el momento las tres posibilidades más firmes son las que anticipó Infobae: la de la Ciudad, San Miguel y Lomas de Zamora. Pero, las autoridades no descartan sumar más plantas ya que la magnitud de la cantidad de residuos diarios que se generan en el AMBA requiere más acción. Según los cálculos oficiales, cada planta podría tratar unas 3000 toneladas de basura por día, lo que suma 9000 tn, pero quedan otras 7000 u 8000 tn que deberán seguir enterrándose en el relleno sanitario de José León Suárez que tiene una vida útil de 5 años.
Francisco Suárez, antropólogo, especialista en gestión de residuos y docente de la Universidad de General Sarmiento, dijo: "Esto a los intendentes les viene como una solución a un problema que no han encarado. Son muy pocos los municipios del conurbano que han hecho algo y el resultado para los que han hecho no ha sido suficiente. La nueva tecnología puede implicar, y me atrevería a decir que es muy probable, que implique costos muchos mayores a los intendentes por gestionar sus residuos, eso es la antesala del aumento de basurales clandestinos en el conurbano".
De los costos, las posibles ubicaciones y la licencia social con la que contarán las nuevas plantas se discutirá el martes próximo en la reunión que tendrán las autoridades de Ceamse y Alex Campbell, subsecretario de Gobierno y de Asuntos Municipales bonaerenses y Roberto Gigante, ministro de Infraestructura, los dos funcionarios provinciales que llevan adelante las negociaciones con los intendentes.
"Al principio los intendentes tenían desconfianza sobre la posible solución tecnológica, sin embargo, cada vez están más abiertos a la posibilidad de instalar estas plantas, incluso los de la oposición", indicó a Infobae una alta fuente de la gestión bonaerense que pidió la reserva de su nombre.
Para Suárez, el gran problema será la resistencia ciudadana: "Ya ha provocado mucha resistencia la localización de nuevos rellenos sanitarios; por eso los residuos van a Campo de Mayo, porque funciona como un territorio donde no hay resistencia ciudadana", indicó y recordó que el apoyo de los intendentes comenzó luego de que varios viajaran a Europa invitados por Ceamse para ver cómo funciona la tecnología en los países desarrollados.
"Lo que más molesta es la ausencia del debate. Aquí se instaló un modelo de negocio no una política pública. Dentro de la política pública tiene lugar la valorización energética en el marco de ciertas normativas incluidas en la estrategia nacional de residuos sólidos urbanos que prescriben una serie de prioridades como la separación y el compostaje", agregó Suárez, quien sostuvo que en el ámbito académico la termovalorización es una tecnología que se puede evaluar pero no como salida y solución, sino como un elemento luego del reciclaje y compostaje.
En la cooperativa de reciclado Jóvenes en Progreso, de Lomas de Zamora, advirtieron que el proyecto para incinerar la basura afectará "a más de 5000 cartoneros regularizados de la ciudad, a los de la provincia y también a los trabajadores informales".
María, secretaria de la cooperativa, alertó que "la mayoría de las plantas se van a construir en la provincia. En capital una y en Lomas se construiría otra". Además, criticó la comparación con los sistemas de europeos y sostuvo que la incineración en la provincia de Buenos Aires sería distinta, por ejemplo, a la de Alemania: "Tienen otro sistema, recuperan material reciclable (más de un 30 por ciento) y lo que queman es el resto. Acá estamos hablando de quemar todos los residuos, no solamente los húmedos".
Las agrupaciones de recuperadores urbanos reclaman también que se sancione una ley de envases que permita ordenar la actividad. Hace más de 20 años los proyectos para esa normativa naufragan en el Congreso de la Nación.
En América Latina no hay instaladas aún plantas de termovalorización como las que se piensan instalar en Buenos Aires. Hay un proyecto en México DF, que debe tratar unas 13000 tn diarias de basura, que se pondrá en marcha próximamente pero que ha tenido mucha resistencia de ongs y sectores sociales. Esa instalación la realizará la compañía francesa Veolia, que cuenta con plantas en todo el mundo y en Buenos Aires es una de las compañías a cargo de la recolección de residuos.
Hubo otros intentos en Costa Rica; en la isla colombiana de San Andrés y en Venezuela, pero no prosperaron.
Las centrales que se instalarán en el AMBA contarán con un espacio para el Tratamiento Mecánico Biológico de la Basura (MBT, por sus siglas en inglés y consiste en separar los residuos que no hayan sido separados) y el sector de termovalorización. Tienen un costo que oscila entre los 400 y los 800 millones de dólares y el modelo es de inversión privada. La recuperación del capital se concretará con la venta de la electricidad al mercado energético, según aseguran en las dependencias oficiales.
La discusión recién comienza. En el mejor de los escenarios, las autoridades esperan llamar a licitación en el segundo semestre de este año.
.
Programa de conservación del Yacaré en Santa Fe
Proyecto Yacaré: referente mundial en conservación de la especie
Fecha de Publicación: 18/05/2018
Fuente: Diario El Comercial
Provincia/Región: Santa Fe
La Granja “La Esmeralda”, radicada en la provincia de Santa Fe es centro de rescate de animales silvestres autóctonos y ámbito de numerosos programas de conservación ex situ. El Centro pertenece al Ministerio de Medio Ambiente
Allí se lleva adelante el Programa de Conservación del Yacaré iniciado en 1990. El Proyecto Yacaré es un referente a nivel mundial debido a que es uno de los pocos programas que existen sobre las diferentes especies de crocodrilianos que ha logrado resultados concretos
Este centro pertenece al Ministerio del Medio Ambiente y Ministerio de Producción de la provincia de Santa Fe; a través de un convenio, ceden las instalaciones al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Allí investigadores y becarios del Consejo participan del Proyecto Yacaré, un programa de desarrollo sustentable iniciado en 1990 por el veterinario Alejandro Larriera.
Por el accionar de este programa, se ha logrado aumentos significativos en las poblaciones silvestres de yacarés, lo cual se puede observar en la cantidad de nidos cosechados en los ambientes naturales: las cosechas de huevos durante los primeros años no superaban la decena de nidos y actualmente se cosechan más de 500 por año.
En consecuencia, actualmente existen en incubación unos 15 mil huevos y un plantel en crianza de aproximadamente 18 mil animales por año.
El Proyecto Yacaré logró revertir el peligro de extinción de la especie, por lo que el programa utiliza la técnica de “rancheo” que es un método que busca desarrollar y promover el equilibrio entre el aprovechamiento de las especies y su conservación a largo plazo.
Desde el CONICET señalan que “parte fundamental del éxito del programa, son los pobladores locales que se dedican a la identificación de los nidos y a la recolección de huevos.
Este sistema permite valorar los ecosistemas naturales, contribuyendo a la generación de empleo y concientización de los pobladores en pos de proteger la especie y desalentar la caza furtiva”, explicó Pablo Siroski, doctor en Ciencias Veterinarias e investigador adjunto del CONICET, quien se desempeña en el Proyecto Yacaré hace más de 25 años.
Después de colectar los huevos, los colocan en bateas especiales con vermiculita y material del nido. “Los ubicamos en incubadoras artificiales que tienen la temperatura y la humedad necesarias para su desarrollo embrionario, hacemos un seguimiento durante los meses que dura su incubación y cuando están listos para nacer, los asistimos.
.
Fecha de Publicación: 18/05/2018
Fuente: Diario El Comercial
Provincia/Región: Santa Fe
La Granja “La Esmeralda”, radicada en la provincia de Santa Fe es centro de rescate de animales silvestres autóctonos y ámbito de numerosos programas de conservación ex situ. El Centro pertenece al Ministerio de Medio Ambiente
Allí se lleva adelante el Programa de Conservación del Yacaré iniciado en 1990. El Proyecto Yacaré es un referente a nivel mundial debido a que es uno de los pocos programas que existen sobre las diferentes especies de crocodrilianos que ha logrado resultados concretos
Este centro pertenece al Ministerio del Medio Ambiente y Ministerio de Producción de la provincia de Santa Fe; a través de un convenio, ceden las instalaciones al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Allí investigadores y becarios del Consejo participan del Proyecto Yacaré, un programa de desarrollo sustentable iniciado en 1990 por el veterinario Alejandro Larriera.
Por el accionar de este programa, se ha logrado aumentos significativos en las poblaciones silvestres de yacarés, lo cual se puede observar en la cantidad de nidos cosechados en los ambientes naturales: las cosechas de huevos durante los primeros años no superaban la decena de nidos y actualmente se cosechan más de 500 por año.
En consecuencia, actualmente existen en incubación unos 15 mil huevos y un plantel en crianza de aproximadamente 18 mil animales por año.
El Proyecto Yacaré logró revertir el peligro de extinción de la especie, por lo que el programa utiliza la técnica de “rancheo” que es un método que busca desarrollar y promover el equilibrio entre el aprovechamiento de las especies y su conservación a largo plazo.
Desde el CONICET señalan que “parte fundamental del éxito del programa, son los pobladores locales que se dedican a la identificación de los nidos y a la recolección de huevos.
Este sistema permite valorar los ecosistemas naturales, contribuyendo a la generación de empleo y concientización de los pobladores en pos de proteger la especie y desalentar la caza furtiva”, explicó Pablo Siroski, doctor en Ciencias Veterinarias e investigador adjunto del CONICET, quien se desempeña en el Proyecto Yacaré hace más de 25 años.
Después de colectar los huevos, los colocan en bateas especiales con vermiculita y material del nido. “Los ubicamos en incubadoras artificiales que tienen la temperatura y la humedad necesarias para su desarrollo embrionario, hacemos un seguimiento durante los meses que dura su incubación y cuando están listos para nacer, los asistimos.
.
Respuesta a Barañao por sus lamentables dichos
El ecologismo y sus prejuicios
Fecha de Publicación: 18/05/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Si miles de especies están en peligro de extinción, ¿por qué se las ningunea? Es urgente aplicar modificaciones en actividades económicas como la pesca y la agricultura.
Cómo se puede afirmar que “los ecologistas son a los ecólogos como los borrachos a los enólogos” (ver aquí) cuando el movimiento ecologista es una bolsa de gatos en la que cada cual anda con su historia, su universo de lenguajes, valores, herramientas, motivaciones?
¡Puros prejuicios! El ecologismo no aguanta el promedio. Algunos ecologistas se ocupan de la contaminación y el cambio climático, otros de que una minusculosisíma porción de las tierras y los mares no se exploten. Luego vienen los conservacionistas que intentan detener la topadora que entierra especies como nivelando caminos, y a no olvidarse de los políticamente correctos desarrollosustentabilistas, cuyo fin es no ofender a nadie.
A pesar de la dispersión de valores, se embolsa al ecologismo como un “movimiento” y se lo acusa de irracional; se dice de él que es opositor al crecimiento. Es por su culpa que en las naciones menos desarrolladas no hay esplendor. Se le endilga existir para impedir, ser ignorante y pasional, incapaz de sostener razones objetivas, inmune al análisis costo-beneficio.
Tiene alguna gracia la frase del borracho, aunque es poco feliz; reverbera el estilo de un economista, hoy desacreditado, que vislumbró para los científicos un futuro de lavaplatos. Un comentario peyorativo cosecha antipatías; mi objetivo es refutarlo.
Esto sostiene el “ecologismo”: de las 91.523 especies hoy categorizadas en la Lista Roja de la UICN, unas 25.000 están amenazadas de extinción. De éstas, siete de cada diez lo están por sobre-explotación (ejemplo: sobrepesca) o destrucción de ambientes (ejemplo: agricultura, minería, pesca); léase: unas 18.000 especies están amenazadas por acciones del desarrollo. La contaminación amenaza una de cada diez especies en peligro. De éstas, en la Argentina hay unas cuantas. Entre ellas el yaguareté del billete de $500.
A la Lista Roja aportan unos 8.000 expertos internacionales con credenciales indiscutibles. El Banco Mundial y las Naciones Unidas usan los datos de la UICN. En los mismos datos se sustenta el reclamo ecologista. ¿Por qué entonces se lo ningunea?
Los análisis costo-beneficio tienen esta forma: para que las especies dejen de estar amenazadas hay que comprometer actividades económicas: menos pesca, menos expansión de la agricultura, de la minería, del uso del agua, entre otros. La economía no se sostiene sin estas actividades. ¿Cómo hacemos?
La respuesta racional no es: sigamos adelante, es: controlemos el crecimiento y el consumo de la población humana y distribuyamos mejor la riqueza. Los ecologistas piden eso. ¿Por qué se los menosprecia?
El mar es el ambiente planetario imperante. El 2% de la superficie del océano se encuentra fuera del alcance de la pesca; ergo el 98% de la superficie del mar se expone a que se le arroje una red y quede el cementerio. No es una exageración, la amenaza de la pesca a escala industrial es regla que los datos sostienen.
Cantidad de operaciones pesqueras reciben subsidios del Estado, emplean trabajo esclavo y desechan varias veces lo que llevan a puerto. Hay datos para sustentarlo.
La ciencia ha mostrado que proteger el mar requiere quitar a la pesca de lugares sensibles en los que actúa como elefante en un bazar. Es un objetivo loable, acordado por los Gobiernos. Y hete aquí que para crear un área protegida sin pesca se necesita detrás una voluntad política de hierro. La pelea es por incrementar al 10% el mar protegido. Sólo implica que los que se sienten propietarios de los océanos atemperen su voracidad. Cuesta, y mucho. ¿No es razonable preguntarse de qué lado anda el fundamentalismo?
El Papa Francisco, en la Encíclica Laudato Si, se acerca a los “ecologistas”. Muchas organizaciones no gubernamentales comprenden bien el estado de la naturaleza. Los indicadores ambientales no mienten: los mares se vacían, las tierras se desertifican, el agua se acaba.
Se consume desaforadamente, se tienen los hijos que no se pueden educar, y la equidad es el chiste del milenio. Si esta columna fuera un artículo científico, cada afirmación precedente tendría sustento en abundantes citas de la bibliografía especializada. ¿Por qué resistirse a lo que no habla bien de muchas modalidades del desarrollo? ¿Acaso la economía mundial marcha sobre rieles de irrefutable sentido común?
Entre los ambientalistas hay irracionales. Es obvio que no se resuelven los conflictos que ponen en peligro a 5.600 especies críticamente amenazadas interponiéndose a un arpón arrojado a una ballena, pero esas insensateces son el eco de las que sustentan la “caza científica de cetáceos”.
Y mientras la carga de fundamentalismo cae sobre los ambientalistas, un artículo en The Guardian (julio 2017), señala que son asesinados a razón de cuatro por semana. Son líderes de comunidades aborígenes, guardaparques, activistas.
El ecologismo es un rejunte de fuerzas que, en mi opinión, tiene amplio apoyo en la sociedad silenciosa. Y ya que se le carga gratuitamente con el mote de alborotador, valga el comentario: es imperioso que el silencio se quiebre.
Por Claudio Campagna - Médico y Doctor en Biología
.
Fecha de Publicación: 18/05/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Si miles de especies están en peligro de extinción, ¿por qué se las ningunea? Es urgente aplicar modificaciones en actividades económicas como la pesca y la agricultura.
Cómo se puede afirmar que “los ecologistas son a los ecólogos como los borrachos a los enólogos” (ver aquí) cuando el movimiento ecologista es una bolsa de gatos en la que cada cual anda con su historia, su universo de lenguajes, valores, herramientas, motivaciones?
¡Puros prejuicios! El ecologismo no aguanta el promedio. Algunos ecologistas se ocupan de la contaminación y el cambio climático, otros de que una minusculosisíma porción de las tierras y los mares no se exploten. Luego vienen los conservacionistas que intentan detener la topadora que entierra especies como nivelando caminos, y a no olvidarse de los políticamente correctos desarrollosustentabilistas, cuyo fin es no ofender a nadie.
A pesar de la dispersión de valores, se embolsa al ecologismo como un “movimiento” y se lo acusa de irracional; se dice de él que es opositor al crecimiento. Es por su culpa que en las naciones menos desarrolladas no hay esplendor. Se le endilga existir para impedir, ser ignorante y pasional, incapaz de sostener razones objetivas, inmune al análisis costo-beneficio.
Tiene alguna gracia la frase del borracho, aunque es poco feliz; reverbera el estilo de un economista, hoy desacreditado, que vislumbró para los científicos un futuro de lavaplatos. Un comentario peyorativo cosecha antipatías; mi objetivo es refutarlo.
Esto sostiene el “ecologismo”: de las 91.523 especies hoy categorizadas en la Lista Roja de la UICN, unas 25.000 están amenazadas de extinción. De éstas, siete de cada diez lo están por sobre-explotación (ejemplo: sobrepesca) o destrucción de ambientes (ejemplo: agricultura, minería, pesca); léase: unas 18.000 especies están amenazadas por acciones del desarrollo. La contaminación amenaza una de cada diez especies en peligro. De éstas, en la Argentina hay unas cuantas. Entre ellas el yaguareté del billete de $500.
A la Lista Roja aportan unos 8.000 expertos internacionales con credenciales indiscutibles. El Banco Mundial y las Naciones Unidas usan los datos de la UICN. En los mismos datos se sustenta el reclamo ecologista. ¿Por qué entonces se lo ningunea?
Los análisis costo-beneficio tienen esta forma: para que las especies dejen de estar amenazadas hay que comprometer actividades económicas: menos pesca, menos expansión de la agricultura, de la minería, del uso del agua, entre otros. La economía no se sostiene sin estas actividades. ¿Cómo hacemos?
La respuesta racional no es: sigamos adelante, es: controlemos el crecimiento y el consumo de la población humana y distribuyamos mejor la riqueza. Los ecologistas piden eso. ¿Por qué se los menosprecia?
El mar es el ambiente planetario imperante. El 2% de la superficie del océano se encuentra fuera del alcance de la pesca; ergo el 98% de la superficie del mar se expone a que se le arroje una red y quede el cementerio. No es una exageración, la amenaza de la pesca a escala industrial es regla que los datos sostienen.
Cantidad de operaciones pesqueras reciben subsidios del Estado, emplean trabajo esclavo y desechan varias veces lo que llevan a puerto. Hay datos para sustentarlo.
La ciencia ha mostrado que proteger el mar requiere quitar a la pesca de lugares sensibles en los que actúa como elefante en un bazar. Es un objetivo loable, acordado por los Gobiernos. Y hete aquí que para crear un área protegida sin pesca se necesita detrás una voluntad política de hierro. La pelea es por incrementar al 10% el mar protegido. Sólo implica que los que se sienten propietarios de los océanos atemperen su voracidad. Cuesta, y mucho. ¿No es razonable preguntarse de qué lado anda el fundamentalismo?
El Papa Francisco, en la Encíclica Laudato Si, se acerca a los “ecologistas”. Muchas organizaciones no gubernamentales comprenden bien el estado de la naturaleza. Los indicadores ambientales no mienten: los mares se vacían, las tierras se desertifican, el agua se acaba.
Se consume desaforadamente, se tienen los hijos que no se pueden educar, y la equidad es el chiste del milenio. Si esta columna fuera un artículo científico, cada afirmación precedente tendría sustento en abundantes citas de la bibliografía especializada. ¿Por qué resistirse a lo que no habla bien de muchas modalidades del desarrollo? ¿Acaso la economía mundial marcha sobre rieles de irrefutable sentido común?
Entre los ambientalistas hay irracionales. Es obvio que no se resuelven los conflictos que ponen en peligro a 5.600 especies críticamente amenazadas interponiéndose a un arpón arrojado a una ballena, pero esas insensateces son el eco de las que sustentan la “caza científica de cetáceos”.
Y mientras la carga de fundamentalismo cae sobre los ambientalistas, un artículo en The Guardian (julio 2017), señala que son asesinados a razón de cuatro por semana. Son líderes de comunidades aborígenes, guardaparques, activistas.
El ecologismo es un rejunte de fuerzas que, en mi opinión, tiene amplio apoyo en la sociedad silenciosa. Y ya que se le carga gratuitamente con el mote de alborotador, valga el comentario: es imperioso que el silencio se quiebre.
Por Claudio Campagna - Médico y Doctor en Biología
.
Un inventario de glaciares a medida de las mineras
A veces el tamaño sí importa
Fecha de Publicación: 17/05/2018
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Greenpeace Argentina y la Asamblea Jáchal No Se Toca criticaron el Inventario presentado por el Instituto Nacional de Niveología, Glaciología y Ciencias Ambientales.
Con bombos y platillos el Gobierno nacional presentó el Inventario de glaciares que realizó el Instituto Nacional de Niveología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), que identificó 16.986 masas de hielo en todo el territorio y ubica a la Argentina como el segundo país del continente sudamericano (después de Chile) en términos de extensión de sus glaciares, y entre los 15 mayores a nivel mundial. Sin embargo, según denunciaron las organizaciones ambientalistas, el relevamiento, cuyo objetivo es preservar los recursos hídricos nacionales, no sólo “llegó con años de demora”, sino que “está incompleto”, ya que no incluyó a los glaciares menores a un kilómetro cuadrado de superficie, como los que se encuentran en las zonas de las minas Veladero y Pascua Lama (en San Juan) y por lo que el juez federal Sebastián Casanello procesó a varios funcionarios, entre ellos, a Ricardo Villalba, el ex titular del Ianigla.
Durante la presentación en Casa Rosada, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, respaldó el procedimiento utilizado por el Ianigla para hacer el Inventario ordenado por la Ley 26639 (Régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial), sancionada en 2010. “Hemos ratificado el criterio técnico del Ianigla, que es el que sostiene el inventario, pero como eso está observado por la Justicia queremos ratificar que es un estándar internacional”, sostuvo Bergman, y en sintonía con lo que pide el lobby minero y algunos gobernadores advirtió que buscaran modificar la ley de glaciares: “Vamos a ir a los legisladores para que se establezca esa superficie mínima, para que sea preciso”.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo que “necesitábamos saber cuántos glaciares hay para tener una política de protección” y explicó que el Inventario permitirá “definir zonas de desarrollo y zonas de protección”. Y consideró que “muchas veces se ha contrapuesto el desarrollo y el cuidado del ambiente, el desafío es achicar la brecha y encontrarnos en la verdad”.
En tanto las organizaciones Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Greenpeace Argentina y los abogados de la Asamblea Jáchal No se Toca apuntaron contra la exclusión de las masas de hielo, de acuerdo con el artículo 2 de la ley, que establece que “toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente” debe ser relevada, y reclamaron el inmediato cumplimiento de la norma.
El abogado de los asambleístas de Jáchal, Diego Seguí, dijo que “lo de Bergman es una confesión de parte, y por eso quieren flexibilizar la ley”. Y recordó que “Casanello procesó el año pasado a los ex funcionarios Omar Judis,Juan José Mussi, Sergio Lorusso y a Villalba –en una causa que se desprendió de la investigación del derrame de la Barrick Gold en Veladero en 2015– por excluir los glaciares de menos de un kilómetro cuadrado al aplicar la ley, impidiendo que pudieran ser protegidos. Es decir, el juez sostuvo que el inventario no es legal”, afirmó el letrado.
El representante del Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, dijo a PáginaI12 que “el Inventario está correcto pero incompleto. La ley es clara y afirma que todos los glaciares, cualquiera sea su forma o dimensión y estado de conservación, son objeto de protección. Aun así, con el relevamiento incompleto, el Inventario habla de glaciares y periglaciares en zonas con emprendimientos mineros, por eso exigimos la aplicación inmediata del artículo 6 de la ley, que prohíbe dicha actividad en esas zonas”.
Para la directora de Política Ambiental de FARN, Pía Marchegiani, “es positivo que estén publicados los avances del Inventario”, pero apuntó que “hay que completarlo para que se ajuste a la ley, ya que la interpretación del Ianigla es restrictiva. Y mientras se complementa, hay que hacer cumplir la ley. El Inventario es la herramienta principal pero no la única, hay proyectos en conflicto y hay que tomar decisiones. El camino es la auditoría, para ver si tienen que cesar o ser trasladados”, señaló, y advirtió que “los funcionarios tiene que dejar de ofrecer a las mineras zonas donde hay glaciares identificados, ignorando la ley, como si fueran tierra libre”.
Por su parte, el coordinador de la campaña de glaciares de Greenpeace, Gonzalo Strano, dijo que “ninguna de las organizaciones ambientalistas fuimos a la presentación para no validar esto. Si bien no está mal, le falta una parte”, y avisó que “no vamos a permitir que se cambie ni una sola coma de la ley, que es clara y muy buena. Lo que molesta mucho es que la minería está prohibida en estas zona. Hace dos años se filtró un documento que hablaba de 44 proyectos mineros, con distintos grados de avance, sobre zonas protegidas que estaban inventariadas hasta 2016, y este número crecería si se contempla lo que dejo afuera el Inventario. Tienen que cumplir con la ley porque estamos protegiendo un recurso tan vital como el agua”.
Más Información:
- Clarín. Completan el inventario nacional de glaciares: hay 16.968 y se reaviva el debate por la minería. Lo hicieron el CONICET y el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación. Hay 16.988 formaciones de hielo. El primer Inventario Nacional de Glaciares fue presentado oficialmente este martes. Se trata de un demorado trabajo que responde a lo dispuesto por la ley de Glaciares que fue sancionada en 2010
Fecha de Publicación: 17/05/2018
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Greenpeace Argentina y la Asamblea Jáchal No Se Toca criticaron el Inventario presentado por el Instituto Nacional de Niveología, Glaciología y Ciencias Ambientales.
Con bombos y platillos el Gobierno nacional presentó el Inventario de glaciares que realizó el Instituto Nacional de Niveología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), que identificó 16.986 masas de hielo en todo el territorio y ubica a la Argentina como el segundo país del continente sudamericano (después de Chile) en términos de extensión de sus glaciares, y entre los 15 mayores a nivel mundial. Sin embargo, según denunciaron las organizaciones ambientalistas, el relevamiento, cuyo objetivo es preservar los recursos hídricos nacionales, no sólo “llegó con años de demora”, sino que “está incompleto”, ya que no incluyó a los glaciares menores a un kilómetro cuadrado de superficie, como los que se encuentran en las zonas de las minas Veladero y Pascua Lama (en San Juan) y por lo que el juez federal Sebastián Casanello procesó a varios funcionarios, entre ellos, a Ricardo Villalba, el ex titular del Ianigla.
Durante la presentación en Casa Rosada, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, respaldó el procedimiento utilizado por el Ianigla para hacer el Inventario ordenado por la Ley 26639 (Régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial), sancionada en 2010. “Hemos ratificado el criterio técnico del Ianigla, que es el que sostiene el inventario, pero como eso está observado por la Justicia queremos ratificar que es un estándar internacional”, sostuvo Bergman, y en sintonía con lo que pide el lobby minero y algunos gobernadores advirtió que buscaran modificar la ley de glaciares: “Vamos a ir a los legisladores para que se establezca esa superficie mínima, para que sea preciso”.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo que “necesitábamos saber cuántos glaciares hay para tener una política de protección” y explicó que el Inventario permitirá “definir zonas de desarrollo y zonas de protección”. Y consideró que “muchas veces se ha contrapuesto el desarrollo y el cuidado del ambiente, el desafío es achicar la brecha y encontrarnos en la verdad”.
En tanto las organizaciones Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Greenpeace Argentina y los abogados de la Asamblea Jáchal No se Toca apuntaron contra la exclusión de las masas de hielo, de acuerdo con el artículo 2 de la ley, que establece que “toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente” debe ser relevada, y reclamaron el inmediato cumplimiento de la norma.
El abogado de los asambleístas de Jáchal, Diego Seguí, dijo que “lo de Bergman es una confesión de parte, y por eso quieren flexibilizar la ley”. Y recordó que “Casanello procesó el año pasado a los ex funcionarios Omar Judis,Juan José Mussi, Sergio Lorusso y a Villalba –en una causa que se desprendió de la investigación del derrame de la Barrick Gold en Veladero en 2015– por excluir los glaciares de menos de un kilómetro cuadrado al aplicar la ley, impidiendo que pudieran ser protegidos. Es decir, el juez sostuvo que el inventario no es legal”, afirmó el letrado.
El representante del Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, dijo a PáginaI12 que “el Inventario está correcto pero incompleto. La ley es clara y afirma que todos los glaciares, cualquiera sea su forma o dimensión y estado de conservación, son objeto de protección. Aun así, con el relevamiento incompleto, el Inventario habla de glaciares y periglaciares en zonas con emprendimientos mineros, por eso exigimos la aplicación inmediata del artículo 6 de la ley, que prohíbe dicha actividad en esas zonas”.
Para la directora de Política Ambiental de FARN, Pía Marchegiani, “es positivo que estén publicados los avances del Inventario”, pero apuntó que “hay que completarlo para que se ajuste a la ley, ya que la interpretación del Ianigla es restrictiva. Y mientras se complementa, hay que hacer cumplir la ley. El Inventario es la herramienta principal pero no la única, hay proyectos en conflicto y hay que tomar decisiones. El camino es la auditoría, para ver si tienen que cesar o ser trasladados”, señaló, y advirtió que “los funcionarios tiene que dejar de ofrecer a las mineras zonas donde hay glaciares identificados, ignorando la ley, como si fueran tierra libre”.
Por su parte, el coordinador de la campaña de glaciares de Greenpeace, Gonzalo Strano, dijo que “ninguna de las organizaciones ambientalistas fuimos a la presentación para no validar esto. Si bien no está mal, le falta una parte”, y avisó que “no vamos a permitir que se cambie ni una sola coma de la ley, que es clara y muy buena. Lo que molesta mucho es que la minería está prohibida en estas zona. Hace dos años se filtró un documento que hablaba de 44 proyectos mineros, con distintos grados de avance, sobre zonas protegidas que estaban inventariadas hasta 2016, y este número crecería si se contempla lo que dejo afuera el Inventario. Tienen que cumplir con la ley porque estamos protegiendo un recurso tan vital como el agua”.
Más Información:
- Clarín. Completan el inventario nacional de glaciares: hay 16.968 y se reaviva el debate por la minería. Lo hicieron el CONICET y el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación. Hay 16.988 formaciones de hielo. El primer Inventario Nacional de Glaciares fue presentado oficialmente este martes. Se trata de un demorado trabajo que responde a lo dispuesto por la ley de Glaciares que fue sancionada en 2010
- Los Andes. Glaciares: el Gobierno nacional defiende la cuestionada medición del Ianigla. En la presentación del inventario, el ministro Bergman respaldó al organismo y al mendocino Ricardo Villalba, procesado por la Justicia.
.
Río Negro: increíble, motocros en un área protegida
Motos, la gran amenaza para deportistas y el área protegida del Valle de la Luna
Fecha de Publicación: 17/05/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Las motos son la gran amenaza para el suelo protegido del Valle de la Luna Amarillo y alrededores. Sin patente y a campo traviesa, conductores con casco subiendo y bajando por las curvaturas del terreno, entre la flora, espantando la fauna y muy cerca de los caminantes conforman la postal que se repite cada sábado y domingo en el sector ubicado dentro del ejido de Roca.
Sólo hay un circuito habilitado para andar en moto al sur del río Negro, que se encuentra justo en frente al Club Náutico. Por fuera de sus límites está prohibida su circulación.
“Son nuestra preocupación no sólo por el impacto que producen al suelo sino por el peligro que representan para quienes se acercan al área”, enfatizó la titular de la Dirección de Medio Ambiente del municipio, Laura Juárez.
“No paran, no se los puede identificar. No se sacan el casco, son agresivos. Esos son los problemas que tienen los guardias ambientales”, enfatizó la funcionaria.
Juárez remarcó que tiempo atrás se logró erradicar la circulación indebida en el Valle de la Luna Rojo, en donde las huellas de las motos eran visibles al recorrerlo. En ese sentido, remarcó que uno de los aspectos que complica al Valle Amarillo es que si bien no se puede llegar en auto, cuenta con múltiples accesos. Se puede ingresar costeando el río y también por cañadones al interior de la barda. “Son motos que traen en carros y que las bajan directamente acá, por eso no tienen patente. Sabemos que también vienen de Neuquén y Cipolletti”, agregó.
“Hemos hecho actuaciones que están en el Juzgado de Faltas, pero son las menos, porque por lo general no se los puede identificar”, explicó.
El mal que produce el paso de las motos no sólo impacta en el terreno arcilloso. “El ruido de los motores contamina, los olores, rotura de nidos, afectan plantas, han atropellado animales”, agregaron miembros del Club de Observadores de Aves Roca Ñacurutú.
“Paisaje protegido”
El ambiente del Valle de la Luna cuenta con un suelo embrionario, casi desprovisto de vegetación, que el viento y las lluvias escasas modelan a voluntad hace millones de años.
Para el cuidado y conservación de su belleza natural de éste y un amplio sector ubicado al sur del río Negro, es que se sancionó en 1997 la ordenanza municipal Nº 2583, que denominó al sector como Área Natural Protegida Paso Córdoba.
El área recibió la categoría de “paisaje protegido” y la norma estableció que en dicho espacio se iba a promover un “ordenamiento específico” que iba a estar centrado “en mantener la calidad del paisaje y la interacción armónica entre la naturaleza y las actividades del hombre”.
Para la conservación que rige desde el 2001 un Plan de Manejo que está regulado en la ordenanza Nº 3454 y que hoy se encuentra bajo la lupa. El mismo establece zonificaciones para los usos del terreno pero desde fines del año pasado permanece bajo revisión.
Por ello es que, por ejemplo, hace una década atrás, se realizó una exploración petrolera por el Valle de la Luna Amarillo pero la maquinaria pesada quedó afuera de la búsqueda. Para que el suelo arcilloso no sufra el impacto del paso, se realizó a bordo de mulas.
Analizan la eliminación del único circuito habilitado
Profesores de la Universidad Nacional del Comahue, paleontólogos de la Universidad Nacional de Río Negro, miembros del Club de Observadores de Aves Roca Ñacurutú, la comunidad mapuche Lof Leufuche, guardafaunas de la provincia de Río Negro más representantes de las áreas de Medio Ambiente, Turismo y Comisión de Asuntos Históricos del municipio, integran la mesa que revisa el Plan de Manejo en vigencia dentro del Área Natural Protegida Paso Córdoba.
Si bien hasta el momento no se han alcanzados definiciones, uno de los temas más importantes que analiza la mesa es la posibilidad de avanzar en la prohibición total de la circulación de motos por el Área Protegida.
En ese sentido, se remarcó que a los referentes de cada una de las organizaciones e instituciones les preocupa la circulación ilegal de las motos y su impacto en el área.
Una de las ideas que surgió hasta el momento es la creación de un registro de motociclistas, para que cuenten con un carnet especial para la circulación por la zona.
.
Fecha de Publicación: 17/05/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Las motos son la gran amenaza para el suelo protegido del Valle de la Luna Amarillo y alrededores. Sin patente y a campo traviesa, conductores con casco subiendo y bajando por las curvaturas del terreno, entre la flora, espantando la fauna y muy cerca de los caminantes conforman la postal que se repite cada sábado y domingo en el sector ubicado dentro del ejido de Roca.
Sólo hay un circuito habilitado para andar en moto al sur del río Negro, que se encuentra justo en frente al Club Náutico. Por fuera de sus límites está prohibida su circulación.
“Son nuestra preocupación no sólo por el impacto que producen al suelo sino por el peligro que representan para quienes se acercan al área”, enfatizó la titular de la Dirección de Medio Ambiente del municipio, Laura Juárez.
“No paran, no se los puede identificar. No se sacan el casco, son agresivos. Esos son los problemas que tienen los guardias ambientales”, enfatizó la funcionaria.
Juárez remarcó que tiempo atrás se logró erradicar la circulación indebida en el Valle de la Luna Rojo, en donde las huellas de las motos eran visibles al recorrerlo. En ese sentido, remarcó que uno de los aspectos que complica al Valle Amarillo es que si bien no se puede llegar en auto, cuenta con múltiples accesos. Se puede ingresar costeando el río y también por cañadones al interior de la barda. “Son motos que traen en carros y que las bajan directamente acá, por eso no tienen patente. Sabemos que también vienen de Neuquén y Cipolletti”, agregó.
“Hemos hecho actuaciones que están en el Juzgado de Faltas, pero son las menos, porque por lo general no se los puede identificar”, explicó.
El mal que produce el paso de las motos no sólo impacta en el terreno arcilloso. “El ruido de los motores contamina, los olores, rotura de nidos, afectan plantas, han atropellado animales”, agregaron miembros del Club de Observadores de Aves Roca Ñacurutú.
“Paisaje protegido”
El ambiente del Valle de la Luna cuenta con un suelo embrionario, casi desprovisto de vegetación, que el viento y las lluvias escasas modelan a voluntad hace millones de años.
Para el cuidado y conservación de su belleza natural de éste y un amplio sector ubicado al sur del río Negro, es que se sancionó en 1997 la ordenanza municipal Nº 2583, que denominó al sector como Área Natural Protegida Paso Córdoba.
El área recibió la categoría de “paisaje protegido” y la norma estableció que en dicho espacio se iba a promover un “ordenamiento específico” que iba a estar centrado “en mantener la calidad del paisaje y la interacción armónica entre la naturaleza y las actividades del hombre”.
Para la conservación que rige desde el 2001 un Plan de Manejo que está regulado en la ordenanza Nº 3454 y que hoy se encuentra bajo la lupa. El mismo establece zonificaciones para los usos del terreno pero desde fines del año pasado permanece bajo revisión.
Por ello es que, por ejemplo, hace una década atrás, se realizó una exploración petrolera por el Valle de la Luna Amarillo pero la maquinaria pesada quedó afuera de la búsqueda. Para que el suelo arcilloso no sufra el impacto del paso, se realizó a bordo de mulas.
Analizan la eliminación del único circuito habilitado
Profesores de la Universidad Nacional del Comahue, paleontólogos de la Universidad Nacional de Río Negro, miembros del Club de Observadores de Aves Roca Ñacurutú, la comunidad mapuche Lof Leufuche, guardafaunas de la provincia de Río Negro más representantes de las áreas de Medio Ambiente, Turismo y Comisión de Asuntos Históricos del municipio, integran la mesa que revisa el Plan de Manejo en vigencia dentro del Área Natural Protegida Paso Córdoba.
Si bien hasta el momento no se han alcanzados definiciones, uno de los temas más importantes que analiza la mesa es la posibilidad de avanzar en la prohibición total de la circulación de motos por el Área Protegida.
En ese sentido, se remarcó que a los referentes de cada una de las organizaciones e instituciones les preocupa la circulación ilegal de las motos y su impacto en el área.
Una de las ideas que surgió hasta el momento es la creación de un registro de motociclistas, para que cuenten con un carnet especial para la circulación por la zona.
.
Expectativas sobre la definición sobre el Atuel
“Mendoza oculta el daño ambiental”
Fecha de Publicación: 17/05/2018
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
El vicegobernador Mariano Fernández y la ministra de Desarrollo Social, Fernanda Alonso, manifestaron expectativas sobre una definición favorable a La Pampa en el marco del conflicto con Mendoza por el río Atuel, tras la audiencia de conciliación que se realizó en la Corte Suprema de Justicia, sin acuerdo entre ambas provincias por el caudal hídrico apto del cauce interprovincial.
“En la audiencia, Mendoza siguió su misma postura, agregando un plan de obras a 12 años, algo que se puede interpretar como una chicana jurídica, porque hacía una semana que se había reunido la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior y no lo presentaron”, afirmó el vicegobernador, al cuestionar la postura de las autoridades de la vecina provincia.
Agregó que los funcionarios mendocinos “en ningún momento hablaron de daño ambiental” porque “es parte de su estrategia ya que toda la jurisprudencia internacional en materia hídrica contempla fuertemente esa cuestión”. Siguiendo en esa línea, Fernández destacó que el perjuicio ambiental es “algo que oculta” Mendoza.
Por otro lado, manifestó que la provincia cuyana insistió con su propuesta, consistente en la entrega de un caudal de 1,3 metros cúbicos por segundo, mientras que La Pampa, a partir de un estudio de la UNLPam, reclamó un caudal mínimo de 4,5 metros cúbicos por segundo para recomponer el ambiente, perjudicado desde hace años por el corte del río interprovincial.
Sobre la actitud del secretario de Recursos Hídricos de Nación, Pablo Bereciartúa, el vicegobernador pampeano dijo que “solamente se refirió a la cuestión de las obras” y cuando el ministro de la Corte, Héctor Rosatti, le preguntó qué caudal se necesita para tener un ambiente sustentable y que la gente pueda utilizar el agua, “no respondió nada, dijo que las provincias deben ponerse de acuerdo, pero Nación no puede omitir esa pregunta”.
El presidente de la Legislatura pampeana afirmó: “Que un secretario de Recursos Hídricos no haya dicho mínimamente ni siquiera cuáles son los caudales necesarios para vivir en un medioambiente saludable, sano y productivo, eso me hizo pensar que estaba claramente del lado de Mendoza, aunque es una opinión personal”, en el litigio judicial con La Pampa, que demanda por segunda vez a la vecina provincia en 2014.
Por otro lado, manifestó que la Fiscalía de Estado junto a los profesionales de la Secretaría de Recursos Hídricos y de la Universidad Nacional de La Pampa deben analizar el plan de obras presentado por Mendoza y destacó: “Noté en la audiencia, a la Corte y principalmente al presidente (Ricardo Lorenzetti) con una actitud clara de definir la cuestión de fondo” sobre el caudal hídrico apto.
Mendoza, “desprolija”.
La ministra Alonso advirtió, por su parte, una “notable desprolijidad” de Mendoza “de no respetar el ámbito de la Corte Suprema que nos convocó para conciliar” en el conflicto por el Atuel, y explicó que la Corte “también aprovechó a plantearle a Nación lo que le hubiera gustado preguntarle en la primera audiencia”, cuando Bereciartúa dejó la sala, sin explicaciones concretas y sin responder al máximo tribunal.
“La propuesta de La Pampa fue definida ante la Corte con 4,5 metros cúbicos por segundo (como mínimo) y Mendoza fue siempre con 1,33 para llegar hasta 2,07 -con el plan de obras-, ni siquiera el 50 por ciento de lo que pide nuestra provincia”, dijo Alonso.
La funcionaria señaló que la expectativa es una resolución “favorable” de la Corte para La Pampa. “Esa es la sensación que nos trajimos pero también es cierto que nuevamente Mendoza mostró mala fe al llevar un plan de obras que no conocíamos, cuando hace una semana” en la CIAI “discutimos la agenda de temas y ese plan de obras no se incorporó. Si tenían pensada la presentación como alternativa para solucionar el tema del caudal, podíamos haberlo tratado y no fue así”.
.
Fecha de Publicación: 17/05/2018
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
El vicegobernador Mariano Fernández y la ministra de Desarrollo Social, Fernanda Alonso, manifestaron expectativas sobre una definición favorable a La Pampa en el marco del conflicto con Mendoza por el río Atuel, tras la audiencia de conciliación que se realizó en la Corte Suprema de Justicia, sin acuerdo entre ambas provincias por el caudal hídrico apto del cauce interprovincial.
“En la audiencia, Mendoza siguió su misma postura, agregando un plan de obras a 12 años, algo que se puede interpretar como una chicana jurídica, porque hacía una semana que se había reunido la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior y no lo presentaron”, afirmó el vicegobernador, al cuestionar la postura de las autoridades de la vecina provincia.
Agregó que los funcionarios mendocinos “en ningún momento hablaron de daño ambiental” porque “es parte de su estrategia ya que toda la jurisprudencia internacional en materia hídrica contempla fuertemente esa cuestión”. Siguiendo en esa línea, Fernández destacó que el perjuicio ambiental es “algo que oculta” Mendoza.
Por otro lado, manifestó que la provincia cuyana insistió con su propuesta, consistente en la entrega de un caudal de 1,3 metros cúbicos por segundo, mientras que La Pampa, a partir de un estudio de la UNLPam, reclamó un caudal mínimo de 4,5 metros cúbicos por segundo para recomponer el ambiente, perjudicado desde hace años por el corte del río interprovincial.
Sobre la actitud del secretario de Recursos Hídricos de Nación, Pablo Bereciartúa, el vicegobernador pampeano dijo que “solamente se refirió a la cuestión de las obras” y cuando el ministro de la Corte, Héctor Rosatti, le preguntó qué caudal se necesita para tener un ambiente sustentable y que la gente pueda utilizar el agua, “no respondió nada, dijo que las provincias deben ponerse de acuerdo, pero Nación no puede omitir esa pregunta”.
El presidente de la Legislatura pampeana afirmó: “Que un secretario de Recursos Hídricos no haya dicho mínimamente ni siquiera cuáles son los caudales necesarios para vivir en un medioambiente saludable, sano y productivo, eso me hizo pensar que estaba claramente del lado de Mendoza, aunque es una opinión personal”, en el litigio judicial con La Pampa, que demanda por segunda vez a la vecina provincia en 2014.
Por otro lado, manifestó que la Fiscalía de Estado junto a los profesionales de la Secretaría de Recursos Hídricos y de la Universidad Nacional de La Pampa deben analizar el plan de obras presentado por Mendoza y destacó: “Noté en la audiencia, a la Corte y principalmente al presidente (Ricardo Lorenzetti) con una actitud clara de definir la cuestión de fondo” sobre el caudal hídrico apto.
Mendoza, “desprolija”.
La ministra Alonso advirtió, por su parte, una “notable desprolijidad” de Mendoza “de no respetar el ámbito de la Corte Suprema que nos convocó para conciliar” en el conflicto por el Atuel, y explicó que la Corte “también aprovechó a plantearle a Nación lo que le hubiera gustado preguntarle en la primera audiencia”, cuando Bereciartúa dejó la sala, sin explicaciones concretas y sin responder al máximo tribunal.
“La propuesta de La Pampa fue definida ante la Corte con 4,5 metros cúbicos por segundo (como mínimo) y Mendoza fue siempre con 1,33 para llegar hasta 2,07 -con el plan de obras-, ni siquiera el 50 por ciento de lo que pide nuestra provincia”, dijo Alonso.
La funcionaria señaló que la expectativa es una resolución “favorable” de la Corte para La Pampa. “Esa es la sensación que nos trajimos pero también es cierto que nuevamente Mendoza mostró mala fe al llevar un plan de obras que no conocíamos, cuando hace una semana” en la CIAI “discutimos la agenda de temas y ese plan de obras no se incorporó. Si tenían pensada la presentación como alternativa para solucionar el tema del caudal, podíamos haberlo tratado y no fue así”.
.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Suscribirse
Entradas
Comentarios