Los suelos argentinos almacenan el 2% del carbono mundial y contribuyen a mitigar el cambio climático

Fecha de Publicación: 24/04/2023
Fuente: Télam
Provincia/Región: Nacional


Los suelos argentinos almacenan 2% de la reserva mundial de carbono y poseen un gran potencial para modificar el balance de dióxido de carbono del país y contribuir a la mitigación del cambio climático a escala global, según un trabajo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Secretaría de Agricultura, Aapresid y CREA.
"Argentina tiene el 2% de la reserva de carbono a nivel mundial", aseguró en Télam Radio la coordinadora del Programa Nacional de Recursos Naturales del INTA, Carolina Sasal.
El carbono orgánico del suelo (COS) es el principal indicador de la calidad del suelo y su potencial productivo, consignaron en un trabajo sobre la reserva del mismo en los suelos argentinos en los primeros 30 centímetros de profundidad.
Sasal remarcó que "el carbono es un pilar fundamental para la producción sustentable" ya que, al hablarse de indicadores de calidad de suelo, "el carbono es el principal".
Debido a que el uso agrícola modifica las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, conocer y comprender la distribución espacial del carbono es indispensable para el diseño de estrategias de conservación, en línea con la necesidad de continuar con la producción de alimentos para una población mundial en aumento.
"Un aumento en la reserva de carbono del suelo impacta sobre las propiedades físicas, químicas, biológicas, no solamente del suelo, sino de todo el ecosistema", explicó Sasal.
A partir de este escenario, subrayó que "disponer hoy de un mapa actualizado con los datos de los últimos cinco o seis años de carbono en los primeros 30 centímetros en diferentes eco regiones y diferentes órdenes de suelo permite tener una línea de base".
"Si comparamos la información (de la FAO sobre la reserva de carbono en los primeros 30 centímetros del suelo), vemos que la Argentina tiene 2% de la reserva de carbono a nivel mundial", enfatizó.
 Para Sasal, esta información "permitirá trabajar esquemas de bonos de carbono, evaluar en distintas regiones cuáles son las prácticas y las estrategias que debemos implementar para aumentar el almacenamiento y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero"
Por la gran importancia que posee el carbono orgánico del suelo a escala mundial, "existe un interés creciente por estimar y mapear las reservas que quedan y su potencial de cambio para secuestrar carbono con mayor precisión y en resoluciones espaciales más finas y extensiones geográficas más grandes", expresó por su parte el coordinador del Programa Nacional Forestales del INTA, Pablo Peri.
El equipo de investigadores recopiló información de alrededor de 5.400 muestras de suelo de todo el territorio nacional, procesada por diferentes proyectos de investigación entre 2015 y 2022.
Para la elaboración del mapa utilizaron técnicas de cartografía digital de suelos para estudiar la relación entre los datos medidos y 40 variables climáticas, topográficas, edáficas y de la vegetación, para generar un modelo de predicción que permite estimar la reserva de COS en los lugares no medidos y obtener un mapa de escala nacional.
De las 16 ecorregiones del país, la Estepa Patagónica, la Pampa y el Chaco Seco son las que contienen la mayor reserva del COS y, en total, estas tres ecorregiones representan aproximadamente 55% de la reserva del país.
Mientras que los campos y malezales, Esteros del Iberá e Islas del Atlántico Sur son las ecorregiones con menor reserva de COS, con 1,1% del total, influenciado por la superficie que ocupan estas ecorregiones.
Por unidad de superficie, la ecorregión Bosque Patagónicos es la de mayor contenido con 130 toneladas por hectárea; mientras que el monte de Llanuras y mesetas es la de menor contenido con 32,5 toneladas por hectárea.
"Este estudio indica que, con pequeños incrementos en el secuestro de carbono, los suelos tendrían un gran potencial para modificar el balance de dióxido de carbono del país y contribuir a la mitigación del cambio climático global", agregó Juan Gaitán, coordinador del proyecto Monitoreo de degradación de paisajes y sistemas productivos con metas en la neutralidad de la degradación de tierras.
Asimismo, las áreas protegidas de la Argentina abarcan una superficie aproximada de 20,3 millones de hectáreas, y almacenan casi 9% de la reserva total de COS del país.
Por su parte, el director nacional de Agricultura, Agustín Pérez Andrich, afirmó que "la implementación de buenas prácticas de manejo de los cultivos extensivos en los suelos pampeanos puede maximizar la capacidad de estos suelos para secuestrar carbono, lo que representa una estrategia importante para su conservación, como también de mitigación del cambio climático".
En esta línea, la investigadora de INTA Paraná (Entre Ríos) Ana Wingeyer, señaló que "el trabajo presentado proporciona una línea de base para desarrollar los esquemas de comercio de bonos de carbono, y puede ayudar a identificar y priorizar ubicaciones potenciales para proyectos de secuestro de carbono basados en el suelo".
"El concepto de que los suelos y la agricultura puedan representar al mismo tiempo soluciones para problemas globales, como el cambio climático y la falta de seguridad alimentaria, dio lugar a varias iniciativas internacionales que buscan conservar e incrementar la reserva de carbono orgánico", añadió Wingeyer.
La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación adoptó el mapeo de las reservas de COS, como uno de los indicadores para estimar el área de tierras degradadas en el contexto de monitorear la meta de alcanzar la neutralidad en la degradación de las tierras hacia 2030.
"Por esto, el mapa y sus futuras actualizaciones contribuirán a reportar el avance en las metas comprometidas, ante estas iniciativas internacionales, de realizar acciones locales para limitar las emisiones y para conservar y aumentar los sumideros y reservorios de los gases de efecto invernadero", subrayó Peri.

Los productores argentinos obtuvieron un seis en sustentabilidad, según un estudio
Los productores argentinos obtienen un seis en sustentabilidad, según una encuesta de la Red de Estudio de Sistemas (RedES), integrada por la Fauba, Aapresid, Aacrea e INTA, que evaluó cuán sustentables son los establecimientos de todo el país en aspectos como rotaciones, fitosanitarios y salud del suelo, entre otros.
En las últimas décadas la producción agropecuaria argentina aumentó su superficie y se intensificó, y como resultado, la productividad se elevó pero también crecieron los problemas ambientales asociados a la actividad, consignó Sobre La Tierra, el área de Divulgación Científica y Tecnológica de la Fauba.
Las más de 170 respuestas recibidas entre 2020 y 2022 indicaron un nivel de sustentabilidad de 60%, y los mejores resultados provinieron de Buenos Aires y de Córdoba, precisó.
"La agricultura argentina se intensificó de la mano de variedades modificadas genéticamente para resistir plagas y herbicidas, entre otras variables; si bien permitieron expandir la frontera agropecuaria e incrementar la productividad, también acarrearon diversos síntomas de deterioro ambiental como la degradación de suelos y la reducción de la biodiversidad", señaló Karen Kazlauskas, ingeniera agrónoma de la Fauba e integrante del equipo técnico de RedES.
El equipo evaluó cuán sustentables son las prácticas que usan los establecimientos agrícolas de la Argentina, y sumaron puntos aquellas que aportan a incorporar procesos biológicos y ecológicos -como la regeneración de suelos y la fijación de nitrógeno-.
Entre otros puntos, preguntaron por la rotación de cultivos, el tipo de fitosanitarios que usan y si monitorean el estado del suelo; además recabaron información sobre la ubicación, la superficie y otras características de los establecimientos agropecuarios.
"El nivel de sustentabilidad fue de seis sobre 10 considerando las tres dimensiones: la productiva, la social y la global, una combinación entre anteriores", destacó Kazlauskas, quien agregó que por regiones, Buenos Aires y Córdoba presentaron los mayores niveles de sustentabilidad, y Santa Fe los valores más bajos.
Por un lado, hay un grupo grande de productores que rota cultivos, los fertilizan e inoculan, rota fitosanitarios y ya no usa los de banda roja -los más tóxicos-, y tiene una dirección técnica-profesional de los campos.
Por otro lado, hay pocos establecimientos que eligen pasturas para sus rotaciones, que controlan las decisiones productivas cuando las toma un contratista y que cuentan con un programa de actividades recreativas con sus empleados.
Diego Ferraro, docente de Cerealicultura de la Fauba, resaltó que la encuesta fue clave por "considerar directamente las acciones de los productores", y por "involucrar a quienes toman las decisiones" en los campos.
Para finalizar, Ferraro contó que también están desarrollando una plataforma para que los propios productores puedan evaluar el nivel de sustentabilidad de sus prácticas y ajustarlas cuando sea necesario.
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Rechazan avance del Oleoducto Vaca Muerta Sur: «no es legal ni legítima ni pública: esta audiencia no tiene validez»

Fecha de Publicación: 24/04/2023
Fuente: ANRed
Provincia/Región: Río Negro - Neuquén


Asambleas socioambientales, multisectoriales, organismos de derechos humanos y sindicatos de la provincia de Río Negro y Neuquén expresaron su rechazo a la audiencia que tuvo lugar el jueves 20 de abril, convocada por la provincia de Neuquén, para presentar el Estudio de Impacto Ambiental del primer tramo del Oleoducto Vaca Muerta Sur propuesto por YPF, que empezaría en el yacimiento Loma Campana de Añelo y finalizaría con un gran puerto de exportación petrolera el Golfo San Matías. «El estudio evalúa tan sólo 127 de los 700 kilómetros totales del ducto. De esta manera, no tiene en cuenta los impactos acumulativos ni una evaluación ambiental estratégica. Tampoco los impactos asociados, como la cantidad de nuevos pozos de fracking para extraer el crudo que se transporte, la traza que impactará sobre la principal cuenca hídrica de la región, la planta de acopio en Punta Colorada, los caños que se introducen en el mar para cargar los barcos y el puerto», señalan. Por ANRed.
Así se expresaron en un comunicado conjunto: «la audiencia convocada por la provincia de Neuquén para presentar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del primer tramo del Oleoducto Vaca Muerta Sur no tiene en cuenta la totalidad de los impactos del proyecto, no tiene real interés de promover la participación y no atiende el derecho a la consulta previa de las comunidades. Así, el mecanismo pierde todo sentido. La audiencia, convocada presencialmente en un hotel de Añelo el jueves 20 de abril a las 10.30, es un paso necesario para avanzar con el oleoducto propuesto por YPF, que empezaría en el yacimiento Loma Campana de Añelo y finalizaría con un gran puerto de exportación petrolera el Golfo San Matías», detallan.
«La audiencia pone en debate el EIA de una parte del proyecto: evalúa tan sólo 127 de los 700 kilómetros totales del ducto. De esta manera, no tiene en cuenta los impactos acumulativos ni una evaluación ambiental estratégica. Tampoco los impactos asociados, como la cantidad de nuevos pozos de fracking para extraer el crudo que se transporte, la traza que impactará sobre la principal cuenca hídrica de la región, la planta de acopio en Punta Colorada, los caños que se introducen en el mar para cargar los barcos y el puerto. ¿Ante una intervención quirúrgica compleja, podrían asegurar que no habrá mala praxis con tan solo conocer una foto de la mano y el bisturí del médico? Sabemos que todavía no está concluído el trabajo de análisis del proyecto en la Costa Atlántica», señalan.
Asimismo, recordaron que «vecinas y vecinos de las provincias de Neuquén y Río Negro, presentaron distintas notas reclamando que se suspenda la audiencia en pos de que se garantice un real derecho a la participación por medio de la modalidad mixta: presencial y virtual«. En ese sentido, destacan: «las presentaciones buscaban garantizar la participación de personas que no pudieron acercarse al lugar, ubicado a más de 100 kilómetros de la ciudad de Neuquén y a unos 700 km de donde el proyecto terminará. La respuesta ha sido desconocer el reclamo. Este derecho a la participación es una garantía constitucional que, además, está reconocido por acuerdos supranacionales como el Acuerdo Escazú, La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y La Declaración Universal de Derechos Humanos, La Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros. En todos esos acuerdos se intima a los Estados a garantizar la mayor participación de la comunidad en la toma de decisiones sobre todo en materia ambiental».
También remarcaron que «la audiencia convocada no respeta el derecho indígena», dado que «el EIA reconoce que la traza proyectada afecta el territorio de la comunidad mapuche Lof Fvta Xayen (en el paraje Tratayen)». Pese a eso, denuncian: «no se ha realizado la Consulta, Previa, Libre e Informada, un derecho otorgado por la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT, y la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Por eso, la comunidad afectada también reclamó mediante nota al ministro del área el lunes 17 de abril que suspenda el llamado a audiencia hasta que se realice la consulta en la comunidad».
Finalmente, las asambleas sostienen que «el proyecto de oleoducto y puerto no hubiera sido posible sin la apurada e ilegal modificación de la Ley 3.308 de Río Negro que defendía el Golfo de este tipo de intervenciones». «Ante esa resolución legislativa – agregan – distintas organizaciones presentaron en diciembre de 2022 un pedido de inconstitucionalidad ante Superior Tribunal de Justicia rionegrino del cual aún no hubo fallo. Entendemos que no existen garantías de libre proceso mientras la justicia no resuelva el pedido de inconstitucionalidad».
Por todo lo señalado es que denuncian que «la audiencia no es legal, ni legítima, ni pública, ni tiene validez», y convocan «a la ciudadanía, vecinos y vecinas preocupados por el ambiente y el desarrollo de nuestros territorios a sumarse».
Las asambleas socioambientales, multisectoriales, organismos de derechos humanos y sindicatos de la provincia de Río Negro que firmaron la declaración son la Multisectorial Golfo San Matías, la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén, LA Confederación Mapuce de Neuquen-Zonal Xawvnko, el Observatorio Petrolero Sur (OPSur), la Asociación de Abogades Ambientalistas de Argentina, la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, UnTER Valle Medio, el Movimiento Ecuménico de DD.HH. Regional Viedma y Patagones, la APDH Alto Valle, las Asambleas de la Curru Leufú, la Asamblea por la Tierra y el Agua de Las Grutas, la Asamblea Antimegaminería de Bariloche, la Asamblea en Defensa del Agua y el Territorio Neyen Mapu de Valcheta, la Asamblea por el Agua y el Territorio de Wawel Niyeu (I. Jacobacci), la Asamblea por el Agua y la Tierra Fiske Menuco (Roca), la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Viedma y Patagones, la Asamblea Socioambiental de Cipolletti, la Asamblea Permanente por el Río Colorado, la Asamblea Socioambiental Valle Medio, la Asamblea Ambiental Interpueblos de Ingeniero Huergo, Villa Regina, Godoy y Chichinales, la Asamblea del Valle de Conesa, la Asamblea del Coli Leuvu de Catriel y la Asamblea por el Agua Comarca de Viedma.
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El presidente inauguró la COP2 del Acuerdo de Escazú en Argentina

Fecha de Publicación: 22/04/2023
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


El encuentro concentra a los líderes ambientales de Latinoamérica y el Caribe.
El presidente Alberto Fernández encabezó en el Centro Cultural Kirchner (CCK) la inauguración de la Segunda Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP2), que se realiza en la ciudad de Buenos Aires hasta el 21 de abril. En tanto, el titular de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, expuso junto a los ministros de Ambiente de la región, en un evento que contó con las palabras de bienvenida de la secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini.
En la Sala Argentina del Centro Cultural Kirchner, el jefe de Estado, Alberto Fernández aseguró que “la causa de la crisis es la avaricia humana, el capitalismo financiero desbocado que, con tal de ganar dinero y profundizar ganancias, no mide los daños que está causando”.
“Lo que tenemos es un mundo profundamente desigual, que ahora tiene el desafío de dejar de lastimar al planeta, porque es nuestro hogar”, expresó y afirmó que “la globalización se está convirtiendo en una organización de regiones”, y concluyó que en el marco de la crisis climática que vive el mundo, América Latina y el Caribe tiene para ofrecerle “dos cosas: algo para exigirle, que adviertan que somos acreedores climáticos y en segundo término entender que debemos trabajar unidos”.
Por su parte, Cabandié remarcó que “los problemas no son ambientales a secas, son socioambientales, tenemos que resolver dos problemas, las desigualdades del siglo XX y los desafíos ambientales del siglo XXI”. En este sentido, señaló: “Tenemos que repensar nuestras prácticas productivas, modificarlas. Este acuerdo nos pone exigencias y creo que además de las exigencias que establecemos y que afirmamos puertas para adentro, también debemos ser exigentes puertas para afuera. Porque la mayor cantidad de emisiones en el planeta, se producen en el Hemisferio Norte, que representan más del 80 % de los gases de efecto invernadero. Y esos países nos quieren exigir que tengamos los mismos compromisos que ellos nunca tuvieron y que hoy ellos no cumplen”.
“El objetivo es producir en el marco de la sostenibilidad, eso lleva más tiempo, implica más recursos, pero vamos a hacerlo porque queremos un mundo vivible para las próximas generaciones. Vamos a cuidar nuestros ecosistemas, tenemos que decirle al mundo, unidos, porque sin la Amazonia, sin nuestras cuencas forestales, sin nuestros acuíferos, el mundo no será vivible como hasta ahora”. “Por eso queremos ser compensados, queremos desarrollarnos, pero que los países ricos entiendan que necesitamos el financiamiento que ellos se comprometieron a dar. De esa manera, sin dudas vamos a cumplir con las metas que nos comprometimos y también a saldar la deuda del siglo XX que tenemos”, finalizó el ministro.
A su vez, Cecilia Nicolini, secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación de la cartera de Ambiente, afirmó: “Si hay algo que tenemos que hacer de manera urgente es poner a la agenda ambiental y los derechos humanos en el centro de los debates de la región”. “Escazú es más que un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental. Es un tratado de derechos humanos”, argumentó y agregó: “Es un tratado donde, además de apostar a la integración para fortalecer nuestras democracias, reconocemos que las decisiones que inciden en el ambiente deben ser tomadas de la mano de la ciudadanía”. Finalmente explicó que sus pilares son los cimientos “para construir una verdadera democracia ambiental” así como también “Un compromiso con nuestras historias de lucha, con el presente y con las generaciones futuras”.
El Acuerdo de Escazú es el primer tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe. Además, es el primero en el mundo en contener disposiciones específicas para la protección de defensores y defensoras ambientales. Este acuerdo tiene como pilares el acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en estos asuntos, como así también la creación de instrumentos que permitan la protección y seguridad de las y los defensores ambientales. A su vez, promueve la formación de autoridades y equipos de gobierno, la sensibilización ciudadana y la cooperación entre los países.
En la actualidad, 15 países lo ratificaron: Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay.
La reunión extraordinaria de COP2 en Argentina deberá elegir a las y los primeros siete integrantes que conformarán el Comité de Apoyo a la Aplicación y el cumplimiento del Acuerdo. Además, se prevé poner en común los resultados del Primer Foro Anual sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales de América Latina y el Caribe; presentar los avances de los países parte en materia de implementación nacional del tratado; e identificar opciones de financiamiento para poner en marcha la efectiva implementación del Acuerdo en los estados partes.
La apertura del evento incluyó el show del músico Chango Spasiuk. Como parte de las primeras intervenciones en la inauguración de la COP2 disertaron Raúl García-Buchaca, secretario ejecutivo adjunto para Administración y Análisis de Programas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); Mijael Kaufman, representante electo del público del Acuerdo de Escazú; y Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de Programación Estratégica del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
Asimismo, se realizó un reconocimiento a las y los nuevos representantes electos del público: César Artiga, de El Salvador; Mijael Kaufman, de Argentina; Nicole Leotaud, de Trinidad y Tobago; Joara Marchezini, de Brasil; Irene Murillo, de Costa Rica; y Bishnu Tulsie, de Santa Lucía. A la vez, se entregó una distinción a los nuevos países parte, que recibieron autoridades de Chile, Belice y Granada.
Hacia el cierre del evento, un segundo bloque de intervenciones, encabezado por el ministro Cabandié, contó con palabras de su par de Ambiente de Uruguay, Robert Bouvier; la secretaria parlamentaria del Ministerio de Asuntos Jurídicos, Seguridad Pública y Trabajo de Antigua y Barbuda, Maureen Payne-Hyman; y de la ministra de Ambiente y Cambio Climático de Brasil, Marina da Silva.
Durante la jornada, el ministro Juan Cabandié además mantuvo una reunión con su par de Brasil, Marina Silva.
Estuvieron en la inauguración la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Raquel Kelly Olmos; y los ministros de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y de Cultura, Tristán Bauer; y la secretaria de Asuntos Estratégicos, Mercedes Marcó del Pont.
Por parte del Ministerio de Ambiente, estuvieron el viceministro Sergio Federovisky; el jefe de Gabinete, Juan Manuel Vallone; la secretaria de Política Ambiental en Recursos Naturales, Beatriz Domingorena; el subsecretario Interjurisdiccional e Interinstitucional, Nicolás Fernández; el director Nacional de Cooperación Internacional, Martín Illescas; y la directora Nacional de Cambio Climático, Florencia Mitchell. También acompañaron, el presidente de la Administración de Parques Nacionales, Federico Granato; la vicepresidenta del mismo organismo, Natalia Jauri; y su jefa de Gabinete, Sabrina Selva.
También participaron el secretario Ejecutivo Adjunto para Administración y Análisis de Programas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Raúl García Buchaca; el representante Electo del Público, Mijael Kaufman; y el vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, Christian Asinelli.
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Ley de Fauna Silvestre: tratan modificaciones y sanciones más severas

Fecha de Publicación: 22/04/2023
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa


En plenario de las comisiones de asuntos agrarios, hacienda y presupuesto y legislación general; el secretario de asuntos agrarios de la provincia, Ricardo Baraldi explicó el proyecto de modificación de la ley de conservación de Fauna silvestre que establece sanciones más severas
Baraldi dijo que "el proyecto que venimos a explicar, contempla la modificación de una ley (de conservación de fauna silvestre) que es del año 1989, que naturalmente ha quedado desactualizada y con la que pretendemos generar una mayor operatividad administrativa y ser más expeditivos con las sanciones, sobre todo en lo que tiene que ver con los decomisos y apercibimientos".
Además reveló que "hemos mejorado el porcentaje de pago de las multas que se aplican por las infracciones a la actual ley que estadísticamente ya asciende a un 70 u 80%, algo que se viene dando porque accedemos a los registros del RENAPER y, además, hemos comenzado con la emisión de permisos en forma digital, con lo cual mejoramos notoriamente las notificaciones".
Baraldi fue acompañado por funcionaros de su secretaría. Dijo que "es intención con esta adecuación de la noma, evitar grises, que todo quede en claro".
En la reunión presidida por los titulares de las comisiones en cuestión, diputados Ariel Rojas, Roberto Robledo y Julio Gonzáles, tanto los funcionarios como los legisladores, centraron su atención en lo que tiene que ver con el artículo 7° de la ley que establece quienes tienen prohibido cazar en territorios de nuestra provincia (generó curiosidad la figura de la caza con arco con silenciador); el artículo 19 referido a los trofeos, que establecerá que su legalización, inmediatamente después de haber salido del campo en que se obtuviera, se debe hacer en el destacamento policial más cercano o donde la autoridad de aplicación lo determine; y, principalmente, en la modificación del artículo 20, estableciendo que "el propietario de la tierra o agua, que otorgue autorización de caza o pesca, será solidariamente responsable con el cazador y/ pescador del fiel cumplimiento de la ley".
En este último punto, las autoridades de la secretaría de asuntos agrarios dijeron que "se trata de una actividad comercial, o sea el dueño del campo le cobra al cazador para permitirle el ingreso a sus tierras, es por eso que debe hacerse responsable solidariamente con el cazador".
Otra de las cuestiones que abordaron ante la requisitoria de los legisladores fue el secuestro de armas, municiones y otros elementos de los infractores que, a partir de la modificación de la ley, serán decomisados a los 6 meses de que quedara firme la sanción correspondiente y que serán destruidos (a través de la Agencia de Materiales Controlados, ANMaC) o, eventualmente, donadas a la policía provincial (previa evaluación del Ministerio de Seguridad).
"Las armas –explicaron- en muchas ocasiones no son reclamadas por sus dueños, en virtud de que seguramente fueron adquiridas ilegalmente y por eso los poseedores no se acercan, porque tendrían más problemas con la ley."
En cuanto al secuestro de lo cazado por los infractores, "todo se destruye, salvo las liebres que, como se trata de caza comercial, se vende a los comercios expecíficos más cercanos y lo que se recauda se destina a Rentas provincial".   
A pedido del diputado Francisco Torroba, acordaron enviarle el proyecto a las entidades representativas de los poseedores de los campos (Federación agraria, CarBap, CONINAGRO) para que manifiesten su opinión, como lo hicieron los clubes de caza.        
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Plan yaguareté: se realizó un nuevo encuentro para definir la metodología para los próximos años

Fecha de Publicación: 21/04/2023
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


Tuvo lugar en la cartera de Ambiente nacional y convocó a representantes de las provincias con presencia de la especie, y de la sociedad civil.
Se inició esta mañana la octava Reunión del Comité de Gestión del Plan Nacional de Conservación del Monumento Natural Yaguareté (Panthera onca), liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la Secretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales. El encuentro buscó priorizar los objetivos particulares para avanzar en la elaboración del plan operativo 2023-2025 y acordar la metodología de trabajo.
Durante la apertura, Beatriz Domingorena, quien está a cargo de la mencionada Secretaría, aseguró que desde el Ministerio “hay un gran compromiso con nuestra fauna”. Sobre el encuentro, explicó: “Propicia políticas no solo vinculadas con la biodiversidad, con la conservación de nuestras especies, sino también con cómo atraviesa esto los mecanismos de control, tanto federal como regional de nuestro Mercosur”.
La funcionaria agregó: “Tenemos un gran camino por delante muy importante, no solo en materia del yaguareté sino con respecto a toda nuestra fauna, de ir a tiempo con los desafíos que impone el cambio climático, y las amenazas como las fracturas en los ecosistemas y la pérdida de hábitat por acción del hombre”. Finalmente señaló que para “sortear los desafíos del plan” se requiere “mucho trabajo, mucha articulación y mucha sinergia” que permitan hacer frente a la problemática, mediante un abordaje federal “que tenga la mirada fuerte de las comunidades, de la educación y de la perspectiva de género en lo territorial”.
Entre los temas previstos para ser tratados en las jornadas —que culminarán mañana— estuvieron el análisis de las oportunidades de financiamiento para acciones prioritarias, el repaso de las lecciones aprendidas con el plan operativo anterior y la priorización de los objetivos particulares.
Desde el Ministerio de Ambiente de la Nación, que conduce Juan Cabandié, se llevan adelante políticas de bienestar animal y preservación de fauna silvestre, a través de acciones de conservación, recuperación y reinserción de especies en peligro de extinción y operativos de rescate de especies víctimas del tráfico ilegal, entre otras.
El yaguareté, declarado Monumento Natural de Argentina, es una especie en peligro de extinción que enfrenta amenazas como la caza ilegal y la pérdida de su hábitat. Es el felino más grande del continente americano.
Junto con la Administración de Parques Nacionales y el apoyo de organizaciones y distintos actores de la sociedad civil, el Ministerio de Ambiente encabeza iniciativas para preservar y recuperar esta especie, en el marco del plan nacional antes referido. Se trata de un instrumento que orienta las políticas públicas por medio del establecimiento de objetivos y acciones para los diferentes niveles de gobierno, los sectores productivos y de desarrollo, las instituciones educativas y de investigación, las organizaciones de la sociedad civil y la población en general.
Entre las estrategias planteadas, se encuentran: el mantenimiento de poblaciones saludables, el cuidado del hábitat donde se encuentra, la implementación de estrategias de reproducción de la especie, el control de la caza furtiva, la promoción de prácticas que mejoren la convivencia con las poblaciones locales, un mayor acceso a información y educación ambiental y el fortalecimiento de las capacidades institucionales para la conservación del yaguareté.
También formaron parte de la apertura de la reunión la directora nacional de Biodiversidad, Mónica Carrizo; el director de Conservación de la Administración de Parques Nacionales, Pablo Berrozpe; representantes de las provincias de Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta y Santiago del Estero, así como de las subcomisiones de las ecorregiones Selva Paranaense, Yungas y Chaqueña; miembros del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), del sector académico y de la sociedad civil.
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Bajo Grande, primera planta en generar energía renovable

Fecha de Publicación: 21/04/2023
Fuente: Hoy Día
Provincia/Región: Córdoba



Usará el gas emanado por los líquidos cloacales; destinarán la energía remanente al transporte público de Córdoba, y a cargadores de vehículos eléctricos de Epec
El gobernador Juan Schiaretti, acompañado por el intendente Martín Llaryora, dejó ayer habilitado el nuevo sistema de generación de energía renovable a partir de biogás, ubicado en la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Bajo Grande.
Según se informó desde la Provincia en un comunicado, permitirá la recuperación del gas biometano resultante del tratamiento y depuración de los líquidos cloacales procedentes de nuestra ciudad que, posteriormente, será convertido en electricidad y destinado al transporte público y a vehículos eléctricos, entre otros destinos. “Es un día especial al poner en marcha la producción de biogás, de bioenergía, porque significa que Córdoba entra de lleno en la economía circular”, dijo el Gobernador.
Gracias al nuevo sistema, los lodos cloacales se convertirán en energía eléctrica renovable, al tiempo que se reducirán las emisiones –directas e indirectas- de gases de efecto invernadero, mitigando el cambio climático. Se trata de la única planta del país que utiliza procesos de biodigestión para el tratamiento anaeróbico de aguas residuales a fin de generar energía eléctrica renovable.
En el mundo, solamente existen plantas de estas características en Estados Unidos (Nueva York y San Francisco), México (Ciudad de México), Colombia (Medellín), Chile (Santiago), Alemania (Hamburgo), España (Málaga) y China (Urumqi).
“Estamos cambiando la realidad, estamos consiguiendo haber cerrado el círculo del cuidado del ambiente y de la salud con esta planta de Bajo Grande, con las colectoras troncales; y hoy estamos logrando que la flota de la Tamse tenga la energía eléctrica producida por la planta de tratamiento de líquidos cloacales. Eso es el cambio”, añadió Schiaretti.
El mandatario recordó la inversión provincial de 52.300 millones de pesos en las obras de duplicación de Bajo Grande y la construcción de colectoras: “Hemos avanzado en estos años porque tomamos la decisión de que Córdoba tuviera un servicio de cloacas como Dios manda y que no contaminará aguas abajo del río Suquía a todas las poblaciones que tenemos hasta llegar al Mar de Ansenuza; y lo hemos conseguido”. “Y estamos coronando ahora esa inversión produciendo bioenergía”.
Por su parte, Llaryora destacó que esta tecnología pone a la ciudad de Córdoba a la vanguardia en la producción de biogás: “El gas que se ventilaba, hoy se vuelve bioenergía y eso es para festejar. Ya es una economía, ya es una energía verde”.
A su turno, el ministro de Servicios Públicos de la Provincia, Fabián López, fue el encargado de explicar el proceso de tratamiento de residuos y su conversión en energía limpia. También dijo que en Córdoba, el biometano se suma a la producción de otros combustibles limpios como el bioetanol y el biodiésel.
“Estos son los dos biocombustibles con los que veníamos trabajando fuertemente hasta ahora. Hoy, a partir de este día, se agrega un tercer biocombustible, un biocombustible gaseoso, un biometano generado a partir del tratamiento de líquidos cloacales”, expresó el funcionario.
Esta acción se enmarca en los objetivos establecidos por la Ley Provincial N° 10.721 de Promoción y Desarrollo para la Producción y Consumo de Biocombustibles y Bioenergía; y de las políticas públicas llevadas a cabo por la Municipalidad de Córdoba con el programa de Economía Circular y el plan de gestión ambiental de la Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana de Córdoba (Cormecor).

Convenio
En el mismo acto, se llevó a cabo la firma de un convenio para el abastecimiento de energía eléctrica renovable, entre el Gobierno de la Provincia, la Municipalidad de Córdoba, Epec y Tamse, para un triple uso de la energía generada.
Según el acuerdo, la energía generada alimentará el 100% del sistema de trolebuses del transporte público de la ciudad de Córdoba, así como los cargadores de vehículos eléctricos de la Epec y los que en el futuro se instalen en el ámbito municipal.
Además, el remanente podrá ser licitado en el marco de un concurso público convocado por la Secretaría de Energía de la Nación para ser inyectado al Sistema Interconectado Nacional.
El acuerdo firmado por las cuatro instituciones contempla la realización de otros acuerdos para la certificación de créditos de carbono, monetizando las reducciones de gases de efecto invernadero.
También estuvieron presentes en el acto el ministro de Industria, Comercio y Minería, Eduardo Accastello; su par de Ciencia y Tecnología, Pablo de Chiara; el viceintendente Daniel Passerini; el presidente de la EPEC, Luis Giovine; y el presidente provisorio de la Legislatura, Francisco Fortuna, entre otras autoridades.

Cómo funciona el biogenerador
En el proceso tradicional de tratamiento de líquidos cloacales, el biogás generado se quemaba en una antorcha, desperdiciándose una importante fuente natural de energía. Con el nuevo sistema, en lugar de quemarse, el biogás generado pasa a través de una batería de equipos donde finalmente es transformado en energía eléctrica.
Estos equipos están conformados por un sistema de enfriamiento (cooler) en donde se condensa el vapor de agua y el CO2 proveniente del biogás. Luego, el biogás se hace pasar por un soplante donde desemboca en una tolva con carbón activado, en donde se retiene el sulfuro de hidrógeno (SH2) y finalmente el biogás metano (CH4) alimenta a un grupo electrógeno y genera energía eléctrica.

Planta de Bajo Grande
La planta de líquidos cloacales de Bajo Grande constituye una de las obras de saneamiento más grandes del interior del país y es un claro ejemplo de economía circular.
Esta planta puede tratar hasta 10.000 metros cúbicos de efluentes cloacales por hora, beneficia a más de 2 millones de cordobeses, protege el ambiente, los recursos naturales y crea nuevas fuentes de trabajo. De esta manera, Bajo Grande se convierte en la primera planta de cloacas del país que generará energía alternativa y renovable a partir de líquidos cloacales.
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Derivaciones del pedido de la Corte sobre la minería de Salta y Jujuy

Fecha de Publicación: 20/04/2023
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Nacional - Salta - Jujuy


La respuesta a una reciente resolución de la Corte Suprema sobre la explotación minera en Salta y Jujuy ya se enfrenta a un primer obstáculo técnico. Tiene que ver con la ambigüedad en el pedido de la información que requiere el máximo tribunal de Justicia a estas dos provincias y a la Secretaría de Minería de Nación.
Se trata del fallo que la Corte emitió el 28 de marzo pasado, que tiene su origen en el amparo presentado por la comunidad jujeña Santuario de Tres Pozos y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales para "suspender todos los actos administrativos que promueven y autorizan la exploración y explotación de litio y borato en la Cuenca Salinas Grandes".
Los ambientalistas y los representantes de los pueblos originarios del área consideraron en la presentación que la explotación del litio en salar que comparten ambas provincias producirá un "daño grave e irreversible" en la cuenca Salinas Grandes-Guayatayoc.
Ante la solicitud de amparo, la Corte instó a las tres jurisdicciones (Salta, Jujuy y Nación) a que en un plazo de 30 días remitan todas las actuaciones producidas respecto de la explotación del litio y borato y toda la documentación relacionada para poder decidir si se deben suspender las explotaciones. El inconveniente es que no se específica en la resolución si es que el pedido comprende sólo a Salinas Grandes o a todas las concesiones mineras que están a cargo de las dos provincias.
"El objeto de la acción planteada, según dice la Corte en su propia sentencia, refiere a la cuenca de Salinas Grandes-Guayatayoc y a las concesiones de borato y litio y dado que la parte resolutiva sería más amplia, se pidió a Fiscalía de Estado que se especifique", explicó a El Tribuno la jueza María Victoria Mosmann, a cargo del Juzgado de Minas de Salta.
"El objeto del reclamo es lo que a los jueces nos da el ámbito en el cual nos podemos manejar dentro de un proceso, no podemos fallar fuera de lo que es lo reclamado", insistió.
El mismo inconveniente correría para el Gobierno provincial, ya que la respuesta al máximo tribunal, en lo que respecta a Salta, se tiene que dividir en dos partes: la que corresponde a la Justicia local y al área administrativa, en este caso la Secretaría de Minería de la Provincia.
Es que Salta es la única provincia en Argentina que tiene un sistema de concesión judicial de las áreas mineras, lo cual le ha valido una alta estima internacional respecto a su seguridad jurídica.
"El Juzgado es competente y autoridad de aplicación en materia de concesión minera. Y en el caso de las cuestiones ambientales mineras, en virtud del código de procedimiento minero y también por un decreto provincial, está en cabeza en un ciento por ciento de la Secretaría de Minería, con una vista a la Secretaría de Ambiente", señaló Mosmann.
Aclaró, además, que el trámite de concesión de las áreas mineras no se otorga si no es con la aptitud ambiental y las respectivas consultas a comunidades que la Secretaría de Minería certifica y que se encuentran cumplidas por las empresas interesadas en la explotación de los minerales salteños.
"Es un planteo de comunidades que genera un reclamo interjurisdiccional, por eso está interviniendo la Corte, donde están Salta y Jujuy demandadas. Habrá que ver si la Corte asume finalmente competencia con respecto a esto", señaló la jueza.
Apenas salió la resolución de la Corte, la secretaria de Minería y Energía de Salta, Romina Sassarini, remarcó que la Provincia se va a poner a disposición y va a remitir los informes y toda la documentación respaldatoria a la Corte y también a los organismos e instituciones necesarios.
La funcionaria provincial indicó que "la cuenca a la cual se vincula el pedido de información es la de Salinas Grandes y laguna Guayatayoc, es una cuenca endorreica, cerrada, que compartimos con Jujuy, donde actualmente no existe ningún tipo de actividad minera".
Destacó, también, que a través de la Secretaría de Minería se instrumentan controles ambientales periódicos, monitoreos ambientales participativos, audiencias públicas, mesas sociales y mesas técnicas entre las comunidades, el Estado y las empresas, entre otras acciones.
"Nosotros somos muy respetuosos de las comunidades originarias, tenemos vastos mecanismos de participación y de vinculación normados, internacionales y propios para trabajar con las comunidades desde etapas tempranas", concluyó Sassarini.

Fundamentos
La Corte Suprema fundamentó el pedido de información a Salta, Jujuy y la Secretaría de Minería de Nación en la "importancia de las cuencas hídricas" y apuntó que "la regulación jurídica del agua ha cambiado sustancialmente en los últimos años".
"La visión basada en un modelo antropocéntrico, puramente dominial que solo repara en la utilidad privada que una persona puede obtener de ella o bien en la utilidad pública que restringe a la actividad del Estado, ha mutado hacia un modelo ecocéntrico o sistémico", señalaron los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, quienes firmaron el fallo.
Aclararon que "el paradigma jurídico actual que ordena la regulación del agua no tiene en cuenta solamente los intereses privados o estaduales, sino los del mismo sistema".
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Argentina "repiensa" acuerdo con FMI por cláusula de cambio climático

Fecha de Publicación: 20/04/2023
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


El presidente argentino, Alberto Fernández, explicó este lunes que su Gobierno está "repensando" el programa con el FMI porque el acuerdo tenía una cláusula de "cambio climático", que en Argentina se tradujo en una sequía histórica y que impide cumplir con las condiciones acordadas con el organismo.
"Es el enorme trabajo que está haciendo" el ministro de Economía, Sergio Massa, "en función de aquella cláusula", dijo Fernández en un acto en la localidad de Benavídez, en la provincia de Buenos Aires, después de que el titular de la cartera volviera de una gira por Washington para participar de la Asamblea de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).
Fernández recordó que el programa con el FMI acordado en marzo de 2022 para refinanciar deudas por 45.000 millones de dólares tiene una cláusula que indica que si las condiciones económicas que ese programa proyectan no se cumplen por razones ajenas a la voluntad argentina, es necesario "repensar el programa".
"Específicamente", se estipuló que "el cambio climático" es una de las razones que pueden producir un desfase en el programa y que en Argentina se llama "sequía", explicó Fernández.
Un déficit de lluvias por tercer año consecutivo en el verano (austral) redujo la producción de uno de los principales productores y exportadores agropecuarios del mundo, por lo que podría perder unos 20.000 millones de dólares en exportaciones, en un país con escasez de divisas, y la consecuente caída en la recaudación, que podría profundizar su déficit fiscal.
Massa estuvo desde el jueves pasado en Washington donde se reunió con la directora ejecutiva del FMI, Kristalina Georgieva, y la subdirectora Gerente del FMI, Gita Gopinath, también funcionarios del Gobierno estadounidense y de organismos multilaterales, que le permitió lograr financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, del BM y del fondo soberano saudí.
El principal logro de la misión de Massa es que el "puente" para llegar al año próximo que acordó Fernández con Biden en la bilateral del 29 de marzo pasado "comenzó a fortalecerse de modo concreto: apoyo en los multilaterales y en el propio gobierno de EE.UU. para aumentar acceso a financiamiento y crédito, incorporando claramente el tema sequía como factor que modificó las condiciones", indicaron a EFE fuentes oficiales.
"Ese cambio de condiciones implica que también deban reverse algunos parámetros de cumplimiento y metas", agregaron.
El FMI ya había modificado las metas de reservas netas para este año, al reducir en 1.800 millones el monto de acumulación para fin de año, pero mantuvo la meta de déficit primario en 1,9 % del PBI, en tanto Argentina deberá hacer un pago neto al organismo de cerca de 4.000 millones de dólares este año.
"Se nota una actitud de mayor comprensión y apoyo de parte de Washington, tanto en lo bilateral como en lo multilateral", afirmaron las fuentes oficiales.
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Un secreto a voces: alto riesgo por el mal uso de agroquímicos en Mendoza

Fecha de Publicación: 19/04/2023
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza


Una investigación realizada en el Cinturón Verde de la provincia dejó entrever la necesidad de incrementar los controles y el conocimiento sobre el tema en el interior de las fincas. Las pruebas del impacto en la salud y los riesgos a largo plazo. El proyecto que debe ser revisado en la Legislatura.
En su testimonio, la mujer hecha luz sobre un “secreto a voces” del que se habla con cautela pero que a la vez genera preocupación. Cuenta que su esposo, quien había llegado desde Bolivia a Mendoza en la adolescencia para trabajar en la chacra, murió como consecuencia de un cáncer fulminante, que en la voz del médico tratante, pudo haber sido causado por los agroquímicos que manipulaba sin la protección adecuada. “Le hacían mal los herbicidas, los venenos. Se enfermaba, se intoxicaba. Él no tomaba, no fumaba. Pero bajaba de peso. Comía bien, saludable”, expresa textual el relato que se destaca como una de las pruebas que forma parte de un informe casi único en su tipo y que fue presentado por un equipo de investigación del Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de las UNCuyo.
Fue entre 2019 y 2021, cuando el equipo coordinado por la docente, investigadora y doctora en Geografía especializada en Geografía de la Salud y Epidemiología, Ana Carolina Beceyro, efectuó el trabajo de campo en la zona conocida como el Cinturón Verde de Mendoza. Se trata nada menos, que uno de los espacios de producción de frutas y verduras en los cuales se cultivan y cosechan los productos de chacra que llegan a las ferias y luego a las verdulerías.
El objetivo de esa investigación consistió en obtener información concreta relacionada a la problemática muchas veces invisibilizada desde el punto de vista técnico y también social: el manejo de agroquímicos en las zonas destinadas a cultivos necesita de una revisión que sea complementada, en un principio, por un cambio urgente en las reglamentaciones vigentes relativas a la cadena de comercialización, distribución y aplicación de compuestos que si son mal utilizados representan un grave riesgo para la salud pública. "Veníamos desde hace tiempo con esta duda. En el mapa de Argentina están especificados sitios, como la zona sojera donde el uso de agroquímicos está más visibilizado, pero no contábamos con material disponible en la zona oeste del país. El planteo estuvo diseñado para ir directamente a la fuente, hablar con la gente y conocer de cerca la situación", indicó a MDZ Beceyro.

El riesgo latente e "invisible"
En este sentido, la investigación del grupo mendocino arrojó luz sobre esta controvertida temática. Implicó la puesta en marcha de un complejo trabajo de campo que en un principio incluyó a la zona de Kilómetro 8, Los Corralitos, La Primavera (Guaymallén) y que luego se extendió a los distritos Las Violetas, Pedregal, Colonia Bombal, Rodeo del Medio, Los Álamos y Fray Luis Beltrán (Maipú) y Chapanay (San Martín) en el marco de los momentos más complejos de la pandemia de covid. Incluyó la realización de entrevistas personalizadas a las familias agricultoras y también se efectuaron recorridos de observación y encuestas a pequeños productores que permitieron obtener información testimonial de primera mano: el 98% dijo utilizar agroquímicos peligrosos.
La realidad muestra que desde distintos frentes, la preocupación sobre la temática es compartida. Pediatras, especialistas en toxicología e incluso el propio Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza (Iscamen) han insistido en la necesidad de actualizar el sistema de control relacionado al tema y de hecho en la Legislatura Provincial aún descansa un proyecto que aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados para regular con mayor rigurosidad la comercialización, uso y aplicación de pesticidas, fertilizantes y fungicidas con efectos tóxicos agudos y crónicos en la salud de la población. A nivel mundial los estudios realizados sobre los compuestos dan cuenta del riesgo potencial de desarrollar enfermedades que van desde alergias o complicaciones  sobre del sistema endócrino, hasta leucemias, malformaciones o patologías neurológicas -tales como el Parkinson- solo por mencionar algunas.
Pero además, se advirtió gracias a este trabajo, que la población expuesta a los agroquímicos no solo se limita a los agricultores, sino que también involucra a quienes manipulan los productos, tales como el productor propio rural y su familia, el fumigador, los comerciantes, los exportadores y quienes consumen los alimentos fumigados, es decir, la población en general. "Dependiendo del nivel de peligrosidad del producto aplicado, de las dosis, tipo de producto, del grado y tiempo de exposición, del uso o no de elementos de protección personal, los riesgos pueden variar", se desprende del informe mendocino.

La "plaga que no muere" y el desconocimiento
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y como así también el Iscamen son los órganos a cargo de controlar y efectuar los seguimientos correspondientes relacionados a la distribución, venta y aplicación de los productos de origen artificial que se utilizan en el campo. Desde el Iscamen aseguran que los estudios en los cultivos como así también en los ambientes en los que se usan agroquímicos arrojan resultados alentadores en lo referido a la trazabilidad de los alimentos. Sin embargo, las nuevas tendencias en lo que a seguridad alimentaria se refiere dan cuenta de la necesidad de profundizar los mecanismos que tienen que ver con el manejo de esos productos en las propias fincas de manera que se respeten a raja tabla aspectos clave.
Uno de ellos es el referido al período de carencia (tiempo que debe transcurrir para desde que un pesticida o plaguicida es aplicado en la planta para que esta logre eliminar los vestigios de producto antes de ser consumida. Otro punto fundamental es el relativo a la cantidad y clase de agroquímico a utilizar de acuerdo a las necesidades del cultivo, su época de crecimiento, el tipo de plaga (en el caso de querer minimizar el impacto de alguna de ellas) y aspectos ambientales, tales como la temperatura y humedad del ambiente como así también la intensidad del viento que sopla en el instante de aplicar estos productos. Sobre ello, el informe liderado por Beceyro da cuenta de una realidad, cuando menos preocupante. Es que en las encuestas efectuadas por el equipo de investigación, también se desprendió que algunos productores mencionaron que "ahora utilizan mayor cantidad de agroquímicos que antes, en tanto que siete de cada diez reconoció mezclar productos para ahorrar tiempo o para agilizar la siembra.
Entre los argumentos usados por los propios encuestados surgió, por ejemplo, que estos recursos se aplican en la chacra "porque la plaga no muere" o "para curar las hojas cuando hay más bichos". En tanto que el 89,8 % dijo utilizar la cantidad de producto indicada en  de  indicada en los los marbetes de seguridad para evitar dañar o quemar los cultivos. "Sin embargo, en general no hacen referencia a los peligros toxicológicos y ecotoxicológicos de su uso indiscriminado", advierte el informe inédito en la región oeste argentina e indica que además, la mayoría de los productores poseen un nivel bajo de tecnificación y aún se valen de una mochila para realizar la fumigación en forma manual. Solo 34% utiliza elementos de protección personal para efectuar esas actividades y el 17% reconoce utilizarlos “a veces”.

Escasa protección y conocimientos
Otro aspecto que llamó la atención de los investigadores al relevar los resultados de esta encuesta consistió en que el 84% de los encuestados expresó no tener el hábito de realizar prácticas ecológicas en cuanto al descarte de bidones de agroquímicos: los juntan en la en la propiedad y/o los queman, los reciclan (sin aclarar el destino final) y los tira en un basural o en la vía pública. Un productor, inclusive, mencionó que “se queman para evitar el contacto con la gente”. Sólo un 13 % respondió que los lleva a una planta de reciclado en donde realizan el lavado o los embolsa y lleva a un depósito de agroquímicos.
Gracias a esta investigación se supo, además, que los tipos de agroquímicos más utilizados por los productores del cinturón verde de Mendoza son los insecticidas, herbicidas y fungicidas (en un 88 %). En tanto que una minoría está conformada por fertilizantes y acaricidas. "Entre los productos mencionados se destacan tres agroquímicos por el elevado riesgo de toxicidad aguda que presentan sus principios activos- según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OPS, 2019)-, así como por las consecuencias ambientales que tienen: éstos son: carbofurano, aldicarb y abamectina (banda roja, clase I)", detalla textual la investigación y aclara que los dos primeros han sido prohibidos por el Convenio de Rotterdam, vigente desde 2004 y al cual Argentina adhiere.
El equipo a cargo de este exhaustivo estudio también puso el foco en las sustancias activas cuya elaboración, importación y fraccionamiento están prohibidas en el país. Menciona en este sentido una resolución del Senasa, la N°262 que está vigente desde octubre del 2018, en la cual se mencionan las siguientes: carbofurán, carbosulfán, diazinón, aldicarb y dicofol y sus productos formulados.
En tanto que otros productos de uso habitual mencionados por los productores incluidos en la encuesta son de clase II (banda amarilla) e incluyen las siguientes sustancias: clorpirifos, imidacloprid, lambda cyhalotrina, pendimetalina, paraquat, clorfenapir, cyproconazole, sulfentranzone- metribuzina, miclobutanilo, cipermetrina, dimetoato y clomazone. La investigación hace referencia además al uso del glifosato, "agroquímico que se encuentra en el centro de controversias existentes debido al bajo riesgo toxicológico declarado por sus fabricantes vs. los impactos en la salud constatados por investigaciones clínicas y epidemiológicas. Se ha comprobado que los problemas de salud pueden ir desde intoxicaciones leves a graves y se ha constatado el riesgo de que la población se vea afectada por diversas enfermedades", advierte el trabajo inédito en su tipo hasta ahora.

Incertidumbre que persiste pese a las pruebas científicas
Una de las preocupaciones más fuertes en relación al uso de agroquímicos a la hora de cultivar y cosechar frutas, verduras y hortalizas que luego llegan a la mesa familiar tras pasar por un complejo proceso, tiene que ver justamente con las dudas relativas a si contienen o no sustancias activas que podrían originar problemas en la salud de la población. En este sentido, en el interior de los consultorios pediátricos, las dudas son profundas y de hecho, desde hace años hay profesionales que abogan por ir al fondo de las investigaciones relacionadas al tema.
En 2021, la Sociedad Argentina de Pediatría publicó una guía en la que emitió su advertencia y fue contundente al explicar que los grupos poblacionales expuestos al modelo agropecuario intensivo son más propensos a desarrollar enfermedades y alertan sobre la urgencia de contar con estadísticas fehacientes sobre el tema al tiempo que solicitan informes epidemiológicos que permitan cuantificar la dimensión del problema. Ese documento fue impulsado por la Comisión de Salud Ambiental de la SAP, para su elaboración contó con la intervención de un equipo multidisciplinario integrado por médicos, investigadores y científicos involucrados en la temática.
La coordinadora del documento, María Gracia Caletti (pediatra nefróloga, consultora del Hospital Garrahan e integrante de la Comité de Salud Ambiental de la SAP), detalló en ese mismo informe que "es de conocimiento público el efecto perjudicial de los agrotóxicos sobre la salud humana tanto a nivel agudo como crónico. Este efecto sobre la salud tiene una sólida fundamentación científica". Caletti calificó en este sentido el efecto de los agrotóxicos en la salud infantil como “un problema de salud pública que en la Argentina adquiere una dimensión muy grande, y que no está siendo resuelto de una manera adecuada”. Al referirse a la problemática relativa al uso de agroquímicos en Argentina, el documento de la SAP expresa que el riesgo es evidente tanto entre las poblaciones expuestas de manera directa a estos productos como entre la población general que consume frutas y verduras que no cuentan con los debidos controles previos que colaboren a prevenir patologías a corto y largo plazo.

El debate que Mendoza se merece
Sergio Saracco es el Presidente de la  Asociación Toxicológica Argentina (ATA) y uno de los investigadores que fue consultado por el equipo de investigadores mendocinos. "Una intoxicación de tipo aguda se produce cuando hay un evento de exposición concreta al producto y se vuelve crónica cuando hay una exposición prolongada a través del tiempo. En el caso de las intoxicaciones agudas son las que motivan la consulta de urgencia, en tanto que las crónicas son las que no se manifiestan en el tiempo en que se produce la exposición, pero que se manifiestan con enfermedades complejas a nivel orgánico cuyas causas luego son complejas de determinar, como por ejemplo, el cáncer", explicó el especialista a MDZ.
Saracco aclaró que en el caso de Mendoza si bien se realizan los controles relacionados a la distribución de los agroquímicos y su comercialización, en lo concreto es fundamental que la Legislatura vuelva a tratar el proyecto que aspira a que los productos agroquímicos que se comercializan sean previamente autorizados y "recetados" por un ingeniero agrónomo especializado, quien deberá establecer las pautas concretas a aplicar por cada uno de los productores que use esas sustancias. "Al igual que un medicamento no se puede llevar de la farmacia sin una receta médica, es preciso que los agroquímicos no se comercialicen sin la debida certificación por parte de un experto", dijo Saracco al comparar que por ejemplo, en el caso de las carnes, los consumidores cuentan con un sello de calidad que comprueba esos controles, mientras que en el caso de las frutas y verduras, esto no ocurre.
La coordinadora del documento, María Gracia Caletti (pediatra nefróloga, consultora del Hospital Garrahan e integrante de la Comité de Salud Ambiental de la SAP), detalló en ese mismo informe que "es de conocimiento público el efecto perjudicial de los agrotóxicos sobre la salud humana tanto a nivel agudo como crónico. Este efecto sobre la salud tiene una sólida fundamentación científica". Caletti calificó en este sentido el efecto de los agrotóxicos en la salud infantil como “un problema de salud pública que en la Argentina adquiere una dimensión muy grande, y que no está siendo resuelto de una manera adecuada”. Al referirse a la problemática relativa al uso de agroquímicos en Argentina, el documento de la SAP expresa que el riesgo es evidente tanto entre las poblaciones expuestas de manera directa a estos productos como entre la población general que consume frutas y verduras que no cuentan con los debidos controles previos que colaboren a prevenir patologías a corto y largo plazo.

El debate que Mendoza se merece
Sergio Saracco es el Presidente de la  Asociación Toxicológica Argentina (ATA) y uno de los investigadores que fue consultado por el equipo de investigadores mendocinos. "Una intoxicación de tipo aguda se produce cuando hay un evento de exposición concreta al producto y se vuelve crónica cuando hay una exposición prolongada a través del tiempo. En el caso de las intoxicaciones agudas son las que motivan la consulta de urgencia, en tanto que las crónicas son las que no se manifiestan en el tiempo en que se produce la exposición, pero que se manifiestan con enfermedades complejas a nivel orgánico cuyas causas luego son complejas de determinar, como por ejemplo, el cáncer", explicó el especialista a MDZ.
Saracco aclaró que en el caso de Mendoza si bien se realizan los controles relacionados a la distribución de los agroquímicos y su comercialización, en lo concreto es fundamental que la Legislatura vuelva a tratar el proyecto que aspira a que los productos agroquímicos que se comercializan sean previamente autorizados y "recetados" por un ingeniero agrónomo especializado, quien deberá establecer las pautas concretas a aplicar por cada uno de los productores que use esas sustancias. "Al igual que un medicamento no se puede llevar de la farmacia sin una receta médica, es preciso que los agroquímicos no se comercialicen sin la debida certificación por parte de un experto", dijo Saracco al comparar que por ejemplo, en el caso de las carnes, los consumidores cuentan con un sello de calidad que comprueba esos controles, mientras que en el caso de las frutas y verduras, esto no ocurre.

Las sustancias y su efecto en la salud
(Fuente: Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de las UNCuyo)
Aldicarb. Sumamente peligroso. Toxicología: neurotóxico, disruptor endócrino (inhibidor de la acetilcolinesterasa); efectos crónicos: depresión del sistema inmunológico, nefrotóxico, anemia aplásica; toxicidad dermatológica y muy tóxico por
inhalación e ingestión.
Carbofurano. Muy peligroso. Toxicología: disruptor endócrino y posible efectos sobre el sistema reproductivo y el desarrollo. Mutagénico. Muy tóxico por inhalación e ingestión.
Abamectina: Muy peligroso. Toxicología: teratogénico (paladar hendido), disruptor endócrino, genotóxico (aberraciones cromosómicas); muy tóxico por inhalación e ingestión.
Clorpirifos: Moderadamente peligroso. Toxicología: capacidad irritativa ocular y dérmica. Neurotóxico (inhibidor de la colinesterasa), disruptor endócrino y genotóxico (aberraciones cromosómicas). Evidencias de positividad para Parkinson. Alteraciones reproductivas. Otros efectos crónicos: debilidad, anorexia y malestar general, desorientación, pérdida de memoria, irritabilidad, insomnio, dificultad para hablar, depresión severa. Tóxico por ingestión.
Imidacloprid: Moderadamente peligroso. Toxicología: teratogenicidad no es clara, positivo para mutagenicidad. Se vincula a incrementos de colesterol en sangre y afectación de glándulas tiroides. Nocivo por ingestión.
Paraquat: Moderadamente peligroso”. Toxicología: irritante dérmico (corrosivo severo), ocular (corrosivo severo) y respiratorio. Capacidad alergénica positiva. Teratogénico (anormalidades esqueléticas). Mutagénico, disruptor endócrino, genotóxico. Parkinson: positivo. Antecedentes: exposición de los padres en casos de hijos con leucemia infantil
Glifosato: Poco probable que presenten un peligro agudo. Toxicología: capacidad irritativa ocular y dérmica débil. Probable carcinogenicidad. Disruptor endócrino. Efectos reproductivos: ductos de ADN. Parkinson: positivo. Otros efectos crónicos.
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Vaca Muerta tendrá su primera audiencia pública del año por el oleoducto de YPF a la costa

Fecha de Publicación: 19/04/2023
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén - Río Negro


La audiencia pública será de forma presencial este jueves 20 de abril en Añelo. En total el ducto recorrerá 128 kilómetros entre Neuquén y Río Negro. Está disponible un formulario para participar con comentarios y consultas a través de la web.
Este jueves 20 de abril tendrá lugar la primera audiencia pública en Neuquén. Será de la mano del oleducto Vaca Muerta Oil Sur, que conectará la formación con las costas rionegrinas. En esta ocasión se retomará el Estudio de Impacto Ambiental para el Tramo 1 de la obra que irá desde Loma Campana hasta Allen. La instancia pública será presencial y tendrá lugar en Añelo a las 10:30.
La convocatoria tendrá lugar en las instalaciones del hotel Da Vinci de Añelo, complejo ubicado a la altura del cruce de las rutas 7 y 17. En la página web de la secretaría de Ambiente de Neuquén se encuentra el estudio de impacto ambiental que presentó YPF y que puede ser consultado aquí. A su vez, está disponible un formulario para realizar consultas o comentarios hasta el 19 de abril.
Según detallaron, la obra está planificada para generar el menor impacto posible en la flora y fauna de la zona, y para ello se prevé que la traza del oleoducto se realice en forma paralela a las ya existentes. Buscarán «la mínima remoción de la superficie vegetal en el sector«, indica el escrito. Para ello utilizará de forma compartida los caminos de inspección que hay en la zona.
Este Tramo 1 al que apunta la audiencia pública consiste en un oleoducto de 127 kilómetros que partirá desde el área insignia de YPF en Vaca Muerta, como es Loma Campana, y culminará en la zona de Allen. En ese punto se podrá vincular con la red existente de Oleoductos del Valle (Oldelval).
El plan contempla un oleoducto de 20 pulgadas que partirá desde la Planta de Tratamiento de Crudo (PTC) de Loma Campana hasta un primer punto en la Estación de Bombeo de Lago Pellegrini. Este segmento tendrá una extensión de 87 kilómetros y comprenderá los 45,1 kilómetros que la obra recorrerá en la provincia de Neuquén.
El ducto tendrá una capacidad total de transporte de 62.300 metros cúbicos, es decir hasta 392.000 barriles de petróleo por día. A este objetivo se llegará de forma progresiva según explicaron desde YPF.
La firma de mayoría estatal marcó que mantendrán en todo el trazado los distanciamientos de seguridad recomendados respecto de las instalaciones existentes para asegurar «la accesibilidad a los puesteros locales identificados en el área de influencia directa del proyecto y tomando los máximos recaudos en zonas de cruces de caminos, ductos, rutas provinciales y nacionales».

Qué sucede con la audiencia del oleoducto en Río Negro
La audiencia pública por el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur en Río Negro iba a celebrarse el 21 de marzo pasado. Sin embargo, la secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia comunicó a pocos días de la convocatoria que la audiencia se suspendía.
Según pudo averiguar este medio en diálogos anteriores con fuentes del gobierno provincial, la suspensión de la fecha de la audiencia se definió tras una recomendación de la fiscalía de Estado y fue por un tema “estrictamente” legal. Desde el gobierno habían confirmado que la empresa presentó toda la información sobre el proyecto “en tiempo y forma”.
Según confirmaron la audiencia tendría una nueva fecha. Sin embargo, desde entonces no se ha confirmado el día para su reprogramación. En Río Negro el oleoducto recorrerá un total de 82 kilómetros, es decir la mayor parte de la línea, y tendrá en Allen la vinculación con la red de Oldelval.
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Ambiente lanzó un relevamiento de buenas prácticas para el manejo sostenible de tierras

Fecha de Publicación: 18/04/2023
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


La iniciativa busca recopilar estrategias para la prevención y la mitigación de la desertificación, también para la rehabilitación de áreas degradadas del territorio argentino.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible nacional, a través de la Secretaría de Política Ambiental de Recursos Naturales, liderada por Beatriz Domingorena, lleva adelante el relevamiento de Prácticas de Manejo Sostenible de Tierras a nivel nacional, que tiene como objetivo crear un registro actualizado en ese sentido y que hayan sido incorporadas en la gestión del territorio.
La propuesta fue desarrollada por la Dirección Nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio, mediante el Observatorio Nacional de degradación de tierras y desertificación y es parte de una iniciativa enmarcada en la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.
Este relevamiento permite poner en valor las estrategias y dar a conocer múltiples iniciativas para el manejo sostenible de tierras que diversos actores públicos y privados ejecutan en sus territorios, así como también catalogar las experiencias recopiladas para promover su replicabilidad. Gracias a su metodología estandarizada se puede identificar de manera eficaz y sencilla las acciones implementadas en el país y que se ajustan a los estándares internacionales de la convención.

La importancia del manejo sostenible de tierras en el país
En Argentina las tierras secas ocupan el 70 % del territorio y son afectadas por el manejo ganadero, forestal o agrícola no sostenible; y la deforestación y el uso inadecuado de los recursos hídricos. Por eso es necesario garantizar la sostenibilidad del suelo y de los sistemas productivos que en él se desarrollen, conservándolo y neutralizando su degradación mediante buenas prácticas de manejo que perduren en el tiempo.
La erosión hídrica y eólica es uno de los procesos principales de degradación de la tierra. Aproximadamente un 12 % de la superficie del país presenta tasas altas de erosión, concentrándose en zonas áridas y semiáridas con fuertes pendientes y baja cobertura vegetal tales como Patagonia, Cuyo y NOA.
Las buenas prácticas de manejo sostenible de tierras permiten la sustentabilidad, mediante un criterio integral que abarca todos los aspectos que componen la vida de las personas. Son medidas, técnicas, procedimientos, estrategias, desarrollos tecnológicos aplicables al MST, las cuales se refieren a: adaptación a los problemas en función a su tipo y gravedad; prevención, mediante la identificación de prácticas de conservación que mantengan los recursos naturales y los servicios ecosistémicos; prácticas de mitigación, que consisten en la intervención para reducir el proceso de la degradación y desertificación de las tierras; y las prácticas de rehabilitación, aplicadas en el momento en el cual la tierra ya presenta un alto grado de degradación/desertificación.
Se invita a participar y a cooperar en esta tarea. La fecha límite de recepción de respuestas es el 12 de mayo de 2023. Por dudas o consultas comunicarse con practicasmst@ambiente.gob.ar.
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Un caso testigo sobre los riesgos del litio dispara las alarmas por posible contaminación y perjuicio al Estado

Fecha de Publicación: 18/04/2023
Fuente: Portal eldiarioar.com
Provincia/Región: Catamarca


La compañía que explota el Salar del Hombre Muerto y exporta este codiciado mineral acumuló en el último año causas y expedientes administrativos por dos hechos distintos: el derrame de ácido clorhídrico en la mina del Proyecto Fénix y la presunta maniobra de subfacturación en la exportación de carbonato de litio para pagar menos derechos al Estado. Es sólo una de las dos empresas que ya exporta litio. Existen 36 proyectos más buscando “oro blanco” en el país.
Ambas sospechas se encuentran bajo investigación en expedientes administrativos y judiciales, explicaron a elDiarioAR fuentes del Ministerio de Minería catamarqueño, el Ejecutivo nacional, la compañía y los tribunales federales. La empresa Livent Corporation niega las acusaciones por presunta subfacturación e informó que entregó un informe a las autoridades provinciales sobre el reciente incidente ambiental en el Salar del Hombre Muerto, Antofagasta de la Sierra, provincia de Catamarca.
 La explotación del litio en Argentina, que concentra el 20,5% de las reservas mundiales de este mineral, moviliza desde hace años a ambientalistas y comunidades originarias y locales que habitan los alrededores de los salares en las provincias de Catamarca, Jujuy y Salta (además de un proyecto en San Juan), en especial, por la cantidad de agua que la explotación de litio insume en zonas donde esta no abunda.  
 Sin embargo, a las sospechas y denuncias alrededor de este negocio concentrado por empresas de capitales extranjeros y algunas locales, se suman los posibles riesgos por contaminación del agua y el ambiente, además de las posibles pérdidas millonarias ante la incapacidad de las autoridades de controlar las cantidades reales de litio extraídas de los salares del país.
El caso testigo de estas nuevas alarmas sucede en Catamarca, donde el gobierno de Raúl Jalil ha debido iniciar en 2022 un expediente y denuncia por una supuesta maniobra de la empresa Livent para subfacturar el carbonato de litio que exporta y así disminuir considerablemente sus aportes al Estado por derechos de exportación.
Tras una auditoría de la provincia, la Dirección General de Aduana (DGA) denunció a la compañía estadounidense por el supuesto perjuicio de alrededor de US$8 millones por la diferencia de tributos entre lo que pagó y lo que debió pagar por operaciones de 2018 y 2019; y le aplicó a la empresa una multa de $7.000 millones, informó la agencia oficial Télam en julio de 2022. La acusación es en el marco de un expediente administrativo y no penal, dijo la empresa en un comunicado.
La compañía, que en Catamarca opera como Minera del Altiplano SA, es la única que se encuentra actualmente exportando productos derivados del litio extraído de Catamarca. Es investigada por las autoridades de la provincia por un incidente con un camión contratista que volcó en las inmediaciones de la mina que se encuentra en el Salar del Hombre Muerto el 4 de febrero último y volcó unos 20.000 litros de ácido clorhídrico, como informaron El Ancasti y Página 12. Este químico es utilizado para generar el cloruro de litio, otro de los productos derivados para exportación.   
“La Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera inició un sumario administrativo bajo la carátula ‘sumario administrativo ambiental: incidente ambiental por vuelco cisterna’ e ‘incumplimiento de la normativa minero ambiental vigente’”, afirmó el ministerio de Minería de la provincia a elDiarioAR.
De acuerdo con las autoridades, “la empresa informó que llevó a cabo tareas de remediación en el sector, impuestas por el organismo minero, hecho que fue constatado por la Policía Minera en el lugar”.  “Las tareas consistieron en retirar el vehículo, limpieza de suelo y bombeo en la zona para extraer posibles residuos”, ya que el contaminante derramado en el terreno podría haber penetrado las napas freáticas.
Las sanciones que podrían aplicarse a la minera por el derrame “van desde una multa hasta una suspensión, cierre o inhabilitación”, aseguró el ministerio.
Ante las consultas de elDiarioAR, voceros de Livent en Argentina afirmaron que su posición sobre la denuncia por presunta subfacturación de importaciones de litio se encuentra publicada en un comunicado de la compañía en 2022 y que la minera entregó un informe sobre el incidente ambiental provocado por el vuelco del camión que transportaba ácido clorhídrico en la mina Proyecto Fénix y que no podía dar información al respecto. Remitió a este medio a las autoridades de la provincia.
La empresa argentina de Livent supuestamente exportaba a su vinculada del exterior productos de litio a valores “sustancialmente inferiores a los estimados de mercado y a los utilizados por otro exportador comparable”, de acuerdo a la denuncia que luego realizó la Dirección General de Aduanas, organismo nacional.
“Ninguno de los procesos administrativos iniciados por la Aduana ha determinado deficiencias  en la valuación de nuestras exportaciones, ni perjuicio fiscal alguno para el Estado Nacional,  por lo que no se ha ajustado ninguna deuda, ni corresponderá la aplicación de ninguna multa  a nuestra compañía”, respondió la compañía en el comunicado de 2022.

Eléctrico
El litio es un negocio del presente, pero sobre todo del futuro. En Argentina, tres productos representan el 94% de las exportaciones mineras del país: oro, plata y litio. En 2021, este último sólo aportaba el 6,4% de esa torta minera. Un año más tarde, en 2022, las exportaciones de litio ya superaban el 18% del trío estrella, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Producción de la Nación.
Las licitaciones de explotación de los salares en las provincias del noroeste implican contratos a 40 años y todo indica que ese 18% irá en alza, según sostienen los Estados nacional y provinciales y las propias mineras en sus informes a los inversores.
Este mineral es codiciado en los países desarrollados, ya que se utiliza para la fabricación de baterías de teléfonos celulares, tablets, computadoras portátiles y, como el motor del futuro, ya que se lo requerirá para hacer funcionar los vehículos eléctricos e híbridos.
En Argentina, que ostenta el 20,5% de las reservas mundiales de litio, existen 38 proyectos para extraerlo y comercializarlo pero sólo dos producen y exportan productos derivados de este mineral. Uno de ellos es el Proyecto Fénix, una mina ubicada en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca Allí, la empresa estadounidense Livent es una de las mineras que explota el litio.
Livent asegura que actualmente produce en Argentina aproximadamente 5.000 toneladas por año de cloruro de litio y 17.000 de carbonato de litio, pero su apuesta es superior: aspira a tener “una capacidad total anual de carbonato de litio de 60.000 toneladas métricas, así como una capacidad de 9.000 toneladas métricas de cloruro de litio”, según el comunicado de 2022.
El fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, quien tiene jurisdicción sobre Catamarca e interviene ante la Cámara Federal de Apelaciones, denunció penalmente ambos hechos, por lo que el caso es investigado en la justicia federal local. Además, se inició un expediente en la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), de acuerdo a los documentos consultados por elDiarioAR.
Tras la denuncia de presunta subfacturación de exportaciones, el fiscal general requirió información a la Agencia Recaudadora de Catamarca (ARCA), a la Delegación Tinogasta de la AFIP y al Ministerio de Minería de la provincia. Además, también se le requirió información a dicha cartera sobre el derrame de ácido clorhídrico. Al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se le solicitó que identificara a todas las empresas mineras que operan actualmente en el Salar del Hombre Muerto y desde qué fechas operan en esa zona de la provincia.  
La fiscalía también pidió la evaluación e informes de impacto ambiental (indicando qué es lo que se extrae en cada una de las minas o salares, la contaminación generada en la zona y la ocupación de territorio); y qué tratamiento se le da a los residuos resultantes de la actividad (sobre aire, suelo y cursos de agua), y en qué ríos y en qué cantidad es tomada el agua utilizada en el proceso de extracción de minerales.  
 Además, la fiscalía requirió que el Ministerio responda “con carácter urgente” si la cartera de Ambiente de la Nación tenía conocimiento e intervención en el incidente del vuelco de los 20.000 litros de ácido clorhídrico en la zona del Salar y toda la información que conozca sobre el caso, además de la evaluación sobre las posibles consecuencias tanto para el ambiente, y las medidas tomadas al respecto.
“La experiencia que tenemos como antecedente más relevante es con Minera La Alumbrera- una mina a cielo abierto para la extracción de cobre y oro que operó en Catamarca-, y cuando se llamó al máximo ejecutivo de la empresa a dar explicaciones ante la Justicia, plantaron la bandera y se fueron del país”, afirmó una fuente con conocimiento directo del expediente.

Agua
La fiscalía general también solicitó que la Dirección de Hidrología y Evaluación de Recursos Hídricos de Catamarca informe qué vertientes, ríos y lagos se encuentran en el Salar del Hombre Muerto; y de qué cauces, y en qué cantidad en litros, es extraída por día el agua que se utiliza en la explotación minera en el lugar. También requirió que el organismo identifique qué mina toma el agua de qué vertiente. Y apuntó a otra cuestión clave: pidió que se identifique la existencia en la zona de ríos subterráneos y napas freáticas; y sobre la profundidad en la que se encuentran. Pero además fue más allá: quiere que le informen la desembocadura de todos estos cauces de agua y su curso por el resto del territorio argentino.
El representante del Ministerio Público Fiscal también requirió información sobre las obras hídricas realizadas en el lugar y su envergadura a los fines de la explotación minera.
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El guanaco es una "oportunidad única" para disminuir los procesos de desertificación en la Patagonia

Fecha de Publicación: 17/04/2023
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Patagonia


Cientos de años de producción ovina en un ambiente árido y frágil, sumada a las malas prácticas de manejo y la introducción de enormes cantidades de ganado ovino, llevaron a que se desertificara y a que se perdieran pasturas y se degradaran los suelos, expresaron desde el Conicet.
El guanaco ofrece una "oportunidad única" al ambiente para disminuir los procesos de desertificación de las tierras áridas en la Patagonia ocasionados por el impacto de "cientos de años de producción ovina en un ambiente frágil", que llevó a la pérdida de pasturas y degradación de los suelos, además de una alternativa económica para productores locales, según Gabriela Lichtenstein, investigadora del Conicet.
El guanaco es una especie protegida y silvestre sudamericana que se distribuye desde Perú a Tierra del Fuego, donde Argentina alberga el 95% de la población mundial de ese camélido, que supo ser clave para los primeros pobladores que habitaron la Patagonia pero que pasó a ser considerada una "plaga" luego de la introducción del ganado ovino.
"Es un herbívoro nativo, esto quiere decir que su presencia en la región es el resultado de procesos naturales sin intervención humana y que posee rasgos evolutivos que resultaron en perfectas adaptaciones al ambiente", explicó a Gabriela Lichtenstein.
Este camélido era "fundamental" para los grupos cazadores recolectores que habitaban Patagonia desde hace más de 10.000 años porque era su fuente de alimentación y abrigo y les facilitaba, entre otras cosas, la materia prima para la elaboración de elementos como tientos y lazos.
Además, la vida sociocultural de los pueblos estaba basada en este animal, en donde en ocasiones seguían migraciones de guanacos entre la costa y la cordillera.
Durante la Campaña del Desierto (1878-1890), conocida por el genocidio a los pueblos originarios, se avanzó con las fronteras del país y "ganar tierras", que luego se utilizaron para introducir ovejas, animal que no era nativo de esa zona.
"Ahí cambia la lógica de uso del ambiente. Se divide el territorio, se construyen estancias, se instalan cercos, alambrados, se introducen millones de ovejas, y los guanacos pasan a ser percibidos como "competencia" de las ovejas porque la producción pasa a ser principalmente ovina", comentó Lichtenstein.
Y agregó que, "cientos de años de producción ovina en un ambiente árido y frágil, sumada a las malas prácticas de manejo y la introducción de enormes cantidades de ganado ovino, llevaron a que se desertificara y a que se perdieran pasturas y se degradaran los suelos".
El guanaco pasó a ser percibido como si fuera "el responsable de competir con la oveja y de la degradación de las pasturas y suelos", pero el problema central para la investigadora es la visión extractivista con la que se encaró la producción ovina en Patagonia, lo que llevó a la consideración del guanaco como una "especie plaga".
"Una especie nativa nunca puede ser una plaga. Para nosotros, investigadores del Conicet e integrantes del Grupo de Especialistas en Camélidos Sudamericanos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el guanaco es una oportunidad fantástica porque, junto con las vicuñas, tienen las fibras más finas del mundo", indicó.
En Argentina, investigadores del Conicet desarrollaron metodologías de captura y esquila bajo altos estándares de Bienestar Animal, en donde la cosecha de fibra se realiza mediante arreos a caballo hacia una estructura de captura en forma de embudo -aproximadamente de tres kilómetros de largo de cada lado-, donde los guanacos son dirigidos hacia un galpón de esquila.
La idea, según Lichtenstein, es que haya una "coexistencia entre las dos especies" y un uso sustentable del animal, sin embargo, la explotación de este animal nativo no es tan sencilla ya que los productores ovinos están acostumbrados a trabajar con ovejas, mientras que hacer un arreo de guanacos precisa de cierta inversión e infraestructura específicas.
"Es meterse en algo nuevo que puede ser riesgoso. Capturar guanacos no es tan fácil. Al comenzar la actividad hay incertidumbre sobre cuántos se van a capturar. Por otro lado, implica a los productores abrirse a nuevos mercados con distintas exigencias al de la lana ovina", manifestó.
En ese sentido, la cría de ovejas resulta ser un proceso más estandarizado, en donde los productores tienen conocimiento de la cantidad específica de animales que se encuentran en un corral y cuántas pueden llegar a esquilar.
A pesar de esto, la especialista insistió en que estamos ante una "oportunidad única para el ambiente" porque los guanacos juegan "un rol muy importante en disminuir los procesos de desertificación de los sistemas áridos" presentes en la Patagonia.
Los guanacos se denominan "pastoreadores de bajo impacto" y, a diferencia de las ovejas que "pisotean" el suelo, estos camélidos tienen almohadillas en las patas que hacen que el impacto sobre el suelo y la vegetación no sea tan grande, además, cuando se alimentan las ovejas "arrancan" la vegetación en vez de "cortarla" como hacen los guanacos.
"Son más eficientes que las ovejas a la hora de alimentarse porque digieren mejor los pastos secos, reciclan mejor el nitrógeno y por lo tanto consumen menos alimentos, fundamental durante épocas de sequía", agregó.
Además, debido al desgaste en los suelos en vastos territorios hay cada vez más terrenos abandonados, explicó Lichtenstein, sumado a la escasa presencia de pumas, una especie amenazada por la actividad humana y el principal depredador del guanaco, lo que provoca que haya un aumento en la población de este camélido en la zona.
La situación poblacional del guanaco es muy distinta en las provincias, advirtió la investigadora, y si bien en la actualidad es una especie que se extinguió en muchas regiones con respecto a su área de distribución original, aún continúa siendo abundante en lugares de Patagonia y cordillera.
En ese sentido, Lichtenstein instó a rever el Plan Nacional de Manejo de Guanaco, actualizado en el 2019, para revisar las prácticas de comercialización de fibra de guanaco en donde aseguró que "la venta de fibra de animal muerto atenta contra todos nuestros esfuerzos y la posibilidad de reducir la desertificación en nuestras tierras áridas".
Estos animales pueden ser una alternativa económica para productores locales porque "su fibra tiene un valor superior a la lana ovina".
En un Congreso sobre Conflictos y Coexistencia entre personas y vida silvestre realizado la semana pasada en la ciudad de Oxford, la investigadora presentó su charla plenaria respecto a la relación entre personas y guanacos y la utilización sustentable para la conservación de la especie.
"En el mundo de la moda se tiende cada vez más al 'lujo sustentable' y el guanaco es parte de ese lujo con una fibra de altísima calidad textil que cuenta una historia de antigua coexistencia, conservación, generación de fuentes de empleo locales y cuidado del medio ambiente", manifestó.
"Si te interesa cuidar a los guanacos porque te dan fibra, también cuidas hábitats enormes y sumamente frágiles. Por otro lado, generan valor agregado y fuentes de empleo en comunidades locales. Son proyectos que tienen muchas cosas buenas que están muy buscados en el mundo internacional", concluyó.
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