Argentina: el peligro de la reactivación económica para los bosques del Gran Chaco

Fecha de Publicación: 31/08/2020
Fuente: Agencia EFE
Provincia/Región: Nacional


Aunque la pandemia se ve como una oportunidad para apostar por un desarrollo más amigable con el medio ambiente y la biodiversidad, los planes de algunas provincias Argentinas de expandir la agricultura y la ganadería para generar ingresos puede traer consecuencias a corto plazo.
La pandemia sorprendió a la Argentina en el momento más agudo de una caída económica que comenzó en 2012 y se acentuó en los últimos dos años. El gobierno que asumió sus funciones en diciembre de 2019 recibió un país que había dejado de pagar algunas de sus deudas, con índices de desempleo y pobreza en ascenso, y una inflación anual que superaba el 50 por ciento. Los expertos señalan que el coronavirus llegó simplemente para dar el golpe de gracia.
Por ello las palabras que más se repiten por estos días en Argentina son dos: reactivación económica. Aunque los científicos, organizaciones ambientales y colectivos quisieran que se sumen dos más: cuidado ambiental. En medio de este debate, el gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Capitanich, dijo en una columna de opinión publicada en el diario Clarín que “aumentar la competitividad del complejo agroindustrial es clave para posicionar al país como proveedor mundial de alimentos”. En su declaración, el mandatario chaqueño sostiene que quienes estén dispuestos a invertir en su tierra serán beneficiados con apoyos económicos que van desde subsidios hasta reintegros de capital. No menciona lo ambiental, ni el valor del bosque, ni el desarrollo de las poblaciones rurales. Al mismo tiempo, en otra columna publicada en julio en el diario La Nación, resalta el potencial que tiene la provincia para estirar la cifra actual de 1,8 millones de hectáreas cultivadas hasta los 3 millones en 2030.  «Chaco —sostiene Capitanich—  está llamado a ser el símbolo de nuestra agroindustria y el ícono de nuestra recuperación económica».
“Me plantean que es utópico pensar ahora en la cuestión ambiental, dada las urgentes necesidades económicas”, opina Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina: “Yo digo que es mucho más utópico tratar de superar este momento haciendo lo mismo de siempre. Justamente es en las urgencias cuando hay que hacer las cosas de un modo diferente”.
Se trata de una línea de pensamiento en la que coinciden varios ambientalistas. “El único modelo que conocen los gobiernos latinoamericanos para salir cuanto antes de una crisis de pobreza es el extractivismo que nos trajo hasta aquí”, subraya Hernán Giardini de Greenpeace Argentina. A su vez, Nicolás F. Avellaneda, de Sed Cero, una amplia red de organizaciones y empresas que trabaja por mejorar el acceso al agua en las poblaciones del Gran Chaco, sostiene que “la necesidad de generar divisas llevará a fortalecer un tipo de industrias que se contrapone con la lógica, el trabajo y la forma de vivir de las comunidades campesinas. Las amenazas para ellas irán en aumento”. Ricardo Tiddi abunda en la idea: “Argentina responderá como en la crisis anterior: desmontando [deforestando] y sembrando soja”.

Tala e incendios en cuarentena
Desde hace un cuarto de siglo, el Gran Chaco lidera el ránking argentino de ecorregiones deforestadas. Sus tierras, su biodiversidad y su gente han visto y padecido en este tiempo el avance imparable de la frontera agroganadera. Los suelos, el paisaje, la vida cotidiana y hasta el clima se han visto modificados de algún modo. Solo un aspecto no ha sufrido cambios: las cuatro provincias que conforman la mayor parte del área —Formosa, Salta, Santiago del Estero y Chaco—se mantienen entre las cinco de menor desarrollo socioeconómico del país, cualquiera sea el índice que se mire.
En semejante contexto, la irrupción del coronavirus SARS-Cov2 no es más que una nueva muesca en el revólver. Para luchar contra la epidemia, el gobierno argentino decretó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio el día 20 marzo, y todavía permanece vigente, con todas sus variantes de aperturas y cierres según fuera evolucionando la situación en cada rincón del país. Aunque desde el primer día hubo actividades declaradas “esenciales” que no se vieron interrumpidas. Por ejemplo, la agroganadera.
“La producción siempre va a ser constante y creciente porque la demanda de alimentos no se interrumpe”, razona Luciano Olivares, subsecretario de Desarrollo Forestal del Chaco como explicación a dicha medida. La explotación forestal se sumó a la lista un mes después.
Según los datos que recaba periódicamente Greenpeace a través de información satelital, en este tiempo de cuarentena, la deforestación en la región fue incluso mayor que la ocurrida en el mismo período de 2019. Alrededor de 30 000 hectáreas de bosque nativo fueron taladas entre el 15 de marzo y el 31 de julio, indica Giardini, coordinador de la campaña de bosques en Greenpeace Argentina.
“Salvo en Chaco, donde hubo mayores controles, denuncias y multas. En el resto del área, en cambio, el control fue menor al habitual”, precisa Giardini. “El último informe oficial —del 16 de mayo— dice que el 86% del área deforestada en la provincia fue ilegal, es decir, sin permisos”, agrega Ricardo Tiddi, técnico en Sistemas de Información Geográfica e integrante de Somos Monte, una asamblea de organizaciones ambientalistas.
Un trabajo realizado por el Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y Desertificación (ONDTyD), sistema nacional de evaluación y monitoreo de tierras integrado por científicos de distintas instituciones estatales, confirma estas impresiones: “Los desmontes (deforestación) son una problemática presente en la zona que durante la cuarentena no se ha detenido…y también han continuado las tareas de habilitación de cambios en el uso del suelo en zona amarilla”, señala el estudio. La ley 26331, o Ley de Bosques, establece que en zona amarilla está prohibido alterar el paisaje natural, salvo autorización expresa y respetando una serie de limitaciones.
La pandemia, por otra parte, coincide con un período especialmente seco en el Chaco semiárido, lo cual ha originado un factor de riesgo añadido para el monte: los incendios. La Comisión Nacional de Actividades Espaciales pudo detectar hasta 78 focos de calor entre marzo y mayo, solo en el Departamento Almirante Brown, distrito chaqueño limítrofe con las provincias de Santiago del Estero y Salta. “Algunos incendios ocurridos en la zona fueron producto de quemas intencionales de cordones boscosos de desmontes ilegales [tala ilegal]”, precisa la investigación del ONDTyD.
Del otro lado del mostrador también existen reclamos por promesas insatisfechas que limitan cualquier intento de control y vigilancia eficaz. Luciano Olivares, subsecretario de Desarrollo Forestal de Chaco, lo resume en un pedido: “Que se actualicen e incrementen los recursos del Fondo de Bosques en función de la inflación y de los problemas que se presentan”.
El actual ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan Cabandié, avala de algún modo su reclamo: “Hay una parte del fondo creado por la Ley de Bosques que corresponde al presupuesto nacional y otra que se deriva de las exportaciones. Pero ese presupuesto estaba frenado. En mayo pudimos transferir una porción correspondiente al período 2018/2019”.
La norma ordena que las provincias reciban aportes financieros del Estado en función de la cantidad de hectáreas de bosque nativo que conservan. Dichos recursos deberían usarse para tareas de control y cuidado, pero también para compensar a los dueños de tierras ubicadas en zonas rojas (prohibición total de deforestación) o amarillas. Cabandié, desde que asumió el cargo en diciembre pasado, sostiene que la ley debería ser modificada ya que “permite hacer cualquier cosa en las zonas verdes y eso es una locura. Estoy trabajando en eso, provincia por provincia”, asegura.
“El financiamiento de la Ley de Bosques nunca alcanzó el mínimo del 0,3% del presupuesto nacional…En 2019, el presupuesto de la ley fue de tan solo el 5 por ciento de lo que debería ser”, sostenía hace unos meses Marcelo Navall, director de la Estación Experimental Santiago del Estero del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). “En otras partes del mundo, el ecoservicio tiene una retribución, hay que buscar la manera de que aquí también sea así”, subraya Alejandro Aldazábal. Para el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta, “sin ese paso, un dueño siempre estará pensando en cómo cambiarle el uso a su finca para que le sirva mejor. Hay que buscarle alternativas, como el turismo, y ayudarlo a desarrollarlas. No se puede esperar 15 años”.

Montes nativos
En el Departamento Almirante Brown, no muy lejos del Parque Nacional Copo, desarrolla su actividad Luis Dellamea, productor agroganadero pero al mismo tiempo propietario de Tantanakuy, uno de los escasos emprendimientos ecoturísticos de la región. “Tengo mis vacas y mis tierras, pero también supe ver la potencialidad turística y la posibilidad de equilibrio entre las dos actividades”. Su experiencia con el Fondo de Bosques tampoco ha sido la mejor: “Tantanakuy está en zona amarilla. La ley establece apoyos crediticios del Estado para fomento y desarrollo de infraestructuras, pero en más de una década eso nunca se concretó”.
Dellamea, por otro lado, se manifiesta contrario a algunas prácticas que incluso sufre en carne propia: “Antes de la pandemia, alrededor nuestro se habían deforestado unas 5 000 hectáreas de zona amarilla. No dejaron ni cortinas boscosas, es tierra arrasada”, se lamenta, en tanto que relata que muy cerca de su finca se produjo otro desmonte a principios de agosto: “Unas 400 hectáreas, con topadoras y cadenas. Cuando llegó la policía el monte estaba destruido”.
La consecuencia de ese nivel de destrucción ha sido que buena parte de la fauna silvestre del lugar encontró refugio en las 2 500 hectáreas de monte intacto de Tantanakuy, pero su dueño no lo ve como un elemento positivo a largo plazo: “El aumento de fauna termina siendo desastroso. Cada tatú carreta (Priodontes maximus) necesita unas 400 hectáreas para su movilidad; si se acumulan muchos ejemplares en 2 500 hectáreas, el animal acabará saliendo y lo atropellará un camión o lo cazarán para comérselo. El paisaje aquí es virgen, pero corre el peligro de quedarse solo con árboles y pájaros”. Alejandro Aldazábal, secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta comulga con esta idea: “Cada ambiente tiene una determinada capacidad de carga de individuos de una especie, si es superada empiezan a morirse por ausencia de comida, oxígeno o la razón que sea hasta alcanzar el número adecuado”.
¿Es posible que la pandemia promueva un cambio radical en la gestión de los bosques del Gran Chaco? “Tener un bosque y conservarlo debe ser algo positivo, debemos ponerlos en valor”, sostiene Aldazábal, y aporta: “En Salta, la tasa que se paga actualmente por metro cúbico de madera extraída es la misma que en 1992: 6 pesos. La diferencia es que entonces eso equivalía a 6 dólares y hoy no llega a diez centavos. Evidentemente, a nadie le importó el bosque durante todo este tiempo”.
El físico Ricardo Tiddi maneja sus propias cifras: “En Chaco se puede comprar tierra para desmontarla a 500 dólares la hectárea, pero esa misma hectárea almacena más de 300 toneladas de carbono. Si una tonelada de carbono se cotiza a 25 dólares en el mercado internacional, el valor de ese suelo debería ser de 7 500 dólares. Sin embargo, un árbol de varios siglos de edad que se corta de ese bosque se vende por unos 13 dólares”. El integrante de Somos Monte hace hincapié en lo que califica como “profundas incoherencias entres los flujos de fondos” para explicar algunas de las rutas que llevan a la pérdida de bosque.
“La pandemia debe servirnos para entender que tenemos que hacer las cosas diferentes. No podemos volver a usar los recursos naturales como los estábamos usando”, remarca Manuel Jaramillo, y agrega: “No se trata solo de dejar de deforestar. Hay que recuperar el valor productivo del bosque nativo, y esto será imposible mientras no se controle y fiscalice el uso de la madera y haya posibilidad de ingresarla ilegalmente en el comercio”.
El director ejecutivo de la Fundación Vida Silvestre Argentina apunta al postergado desarrollo de la ecorregión como eje del futuro a mediano plazo. “Hasta ahora, ni la deforestación, ni las divisas que producen la soja o la ganadería vinieron acompañadas de desarrollo”, dice, y propone “un nuevo ordenamiento ambiental que defina cuáles son las mejores prácticas productivas para promover desarrollos sociales genuinos en cada región”. En ese sentido, Marcelo Navall cree que en el Gran Chaco “la ganadería sustentable, el aprovechamiento forestal controlado, la apicultura y muchas actividades productivas más podrían ser compatibles con el cumplimiento de la ley y el sostenimiento de los servicios ecosistémicos de los bosques nativos”.

Alimentar al mundo es la meta
Los pasos que se atisban en el horizonte, sin embargo, no parecen ir por ese camino. El nuevo Consejo Agroindustrial Argentino, que reúne a 42 entidades relacionadas al campo y la producción alimentaria, si bien en su carta de presentación menciona la necesidad de trazar “una estrategia de descarbonización de nuestra agricultura” y de “mostrar que protegemos el Gran Chaco”, tiene como objetivo principal a corto plazo “consolidar a la Argentina como líder en el comercio internacional de alimentos de origen animal y vegetal”, tal como afirma el gobernador chaqueño.
Por otro lado, en noviembre el país se apresta a firmar un acuerdo con China para la producción de un número todavía indefinido de toneladas de carne porcina destinadas exclusivamente a ese mercado. Esto implicaría la creación de grandes granjas de cría de cerdos. Existe el temor de que el Chaco, por su extensión y por encontrarse lejos de las grandes ciudades, sea uno de los sitios candidatos a acoger algunos de esos emprendimientos.
En ambos casos, la creación de empleos directos y la generación rápida de divisas es la principal motivación, siempre acompañada por la promesa de cuidados de las normas ambientales que en anteriores ocasiones se han demostrado muy difíciles de fiscalizar y de cumplir.
“Algunos sectores empiezan a entender las consecuencias que tiene el manejo de lo ambiental. Me cuesta ser optimista, aunque eso nos da una oportunidad”, se ilusiona Hernán Giardini. Por su parte, Manuel Jaramillo apuesta a que el Consejo Económico y Social que el gobierno nacional pondrá en marcha para liderar el proceso de recuperación en la pospandemia “sea también, necesariamente, Ambiental”.
Lo que vaya a ocurrir en el Gran Chaco argentino tras el paso del Covid-19 es un enorme interrogante. De los movimientos sociales y la conciencia general dependerá en buena medida que no sea otra vuelta de tuerca rumbo al desastre.
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Alertan que 30 pymes de biodiésel están paradas por una falta de actualización de precios

Fecha de Publicación: 31/08/2020
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


La cámara que aglutina a las pequeñas y medianas empresas elaboradoras de biodiésel denunciaron que ante la falta de una actualización en los precios en el sector 30 firmas están paralizadas. Hay unos 2000 empleos en riesgo. Además, alertaron que no se estaría haciendo el corte obligatorio por el cual el biocombustible se mezcla en un 10% en el gasoil. La decisión sobre los precios está ahora, desde que Energía se fue de la órbita de Desarrollo Productivo, en manos del Ministerio de Economía que comanda Martín Guzmán.
"Las plantas están totalmente paradas. Desde diciembre no hubo una nueva publicación de precios. Normalmente, el Estado publica el precio todos los meses y ahora hay un 25% de retraso en el valor del biodiésel", dijo una alta fuente de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb).
El costo del subproducto está relacionado con el valor del aceite de soja, que es el 80%, y sigue las cotizaciones externas. "Necesitamos un aumento porque con el precio actual ni siquiera cubrimos los costos variables", indicaron desde la entidad.
La crisisafecta a unos 2000 empleos que alberga el sector en el interior. En rigor, 30 empresas asumieron la pérdida y los costos fijos hasta el mes pasado y ahora directamente pararon la actividad.
"A los empleados se les dio vacaciones anticipadas o suspensiones temporarias hasta que se solucione el problema. El impacto de una pyme del interior es enorme. Todas las plantas están localizadas en pequeños pueblos, en donde tienen una gran influencia en los empleos", justificó la fuente.
Según sostienen desde el sector, el gobierno nacional les había prometido un aumento del 4,5%, pero desde que renunció el secretario de Energía, Sergio Lanziani, y asumió Darío Martínez, no se volvió a tocar el tema.
La Secretaría de Energía de la Nación, que pasó a manos del Ministerio de Economía tras estar en Desarrollo Productivo, es la encargada de tomar las medidas pertinentes en cuanto al sector y a la actualización de los precios.
La ley 26.093 obliga a que haya un corte en el biodiésel del 10% provisto por pymes. "Hoy, directamente se esta incumpliendo la ley porque no se está cortando el gasoil con biodiésel. Hay un incumplimiento total del corte y la consecuencia es ambiental", advirtieron en la cámara de las pymes.
Entendemos que "la Argentina está inmersa en una crisis por el Covid, pero esto está en el mismo Estado. Lo único que se tiene que hacer es cumplir la ley, actualizando el valor del precio conforme a lo que se establece", dijo la fuente.
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El INTA recomienda “fuertemente” la reducción de agrotóxicos en los cultivos

Fecha de Publicación: 31/08/2020
Fuente: Canal Abierto
Provincia/Región: Nacional


Un estudio solicitado por la Justicia en la causa por fumigaciones en Pergamino confirmó la presencia de plaguicidas en el agua. El INTA señaló sus riesgos y recomendó la agroecología como proceso de producción.
Pergamino es considerado el núcleo sojero de la provincia de Buenos Aires, y es allí también donde Bayer Monsanto posee sus campos de experimentación transgénica. La intensa lucha de las víctimas de fumigaciones tuvo como fruto que la Justicia se expida marcando las distancias de protección, obligando al municipio a repartir agua envasada en los barrios afectados, e imputando a dueños de campos y productores como “coautores penalmente responsables del delito decontaminación ambiental en general, mediante la utilización de residuos calificados de peligrosos”.
Un Estudio Pericial Científico del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) destacó la eficacia de la medida cautelar dispuesta por el Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás, a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo, al establecer la distancia de protección de 1.095 metros para aplicaciones terrestres y 3.000 para áreas respecto del ejido urbano. A su vez, recomendó “fuertemente la reducción de las aplicaciones (en dosis e intensidad) en los sistemas productivos, para disminuir la exposición ambiental de los plaguicidas”.
El informe científico elaborado por Virginia Aparicio, ingeniera agrónoma, investigadora del CONICET y INTA Balcarce, destaca la necesidad de una transición hacia sistemas agroecológicos y menciona resultados publicados internacionalmente por el equipo de profesionales de la Chacra Integrada Barrow (Tres Arroyos) y el INTA Balcarce.
“Es posible producir cultivos extensivos aprovechando en mayor medida los procesos naturales y las interacciones beneficiosas para reducir el uso de insumos y mejorar la eficiencia de los sistemas agrícolas”, explicó Aparicio en respuesta científica al planteo de productores que argumentan que no existen métodos alternativos al sistema agroindustrial para obtener ganancias.

El estudio
Los resultados sobre plaguicidas en muestras de agua presentan un número variable de moléculas detectadas y cuantificadas a través del tiempo. En 2018 se hallaron 18 moléculas en una misma muestra de agua, en otro informe fueron 12 y en el último muestreo se redujo a 9.
“La tendencia de reducción en los números máximos de moléculas por muestra de agua, y la reducción en el número de moléculas detectadas en cada muestreo, podrían deberse a la medida cautelar dispuesta por el Juez en esta causa de prohibir fumigar a una distancia menor a los 1.095 metros”, destacó Aparicio.
También valoró que distanciar las fumigaciones de las zonas de bombeo de agua disminuye la probabilidad de que el plaguicida atraviese el suelo y llegue al agua subterránea. “Esta es especialmente vulnerable a la contaminación persistente por plaguicidas porque, a diferencia de los cuerpos de agua que fluyen, permanece relativamente más quieta. La contaminación por plaguicidas de estas fuentes de agua, da como resultado una exposición crónica a especies no objetivo y un riesgo significativo de resultados adversos para la salud”, agregó la ingeniera.
Entre las moléculas cuantificadas, el estudio menciona a la atrazina (uno de sus metabolitos: desetil atrazina) y 2,4D, los insecticidas imidacloprid y clorpirifós y el metolaclor. El documento presentado al Juez Villafuerte Ruzzo destaca que la atrazina es una sustancia química disruptiva endocrina que puede causar problemas reproductivos en especies animales y está asociada a bajo recuento de espermatozoides y retraso en el crecimiento intrauterino en humanos; que el agrotóxico 2,4D es posiblemente carcinogénico y el clorpirifos es un compuesto químico del grupo organofosforados, que se reconoce como la familia de plaguicidas más tóxica para las especies, incluido, los seres humanos.
La dispersión no intencional de plaguicidas fuera del lugar de aplicación es otro de los puntos que fueron referidos a la Justicia. En Argentina se generó información respecto de la presencia de plaguicidas en muestras de agua de lluvia, lo que implica que al momento de producirse la lluvia los plaguicidas se encontraban suspendidos en el aire, próximos o no próximos, al lugar de aplicación”, explicó Aparicio.

Transición a la agroecología
Además de resaltar que la reducción de plaguicidas en los cultivos beneficia a la salud de quienes habitan en cercanía a campos fumigados, el INTA propuso prácticas productivas que reducen o anulan la aplicación de agroquímicos como fertilizantes y plaguicidas.
El estudio de Chacra Integrada Barrow e INTA Balcarce comparó la productividad agronómica, algunos parámetros de suelo vinculados a su calidad y los resultados económicos mediante un análisis multitemporal entre sistemas de agricultura industrial y la transición agroecológica. Los resultados demostraron que los parámetros de suelo evaluados mejoraron en el sistema de transición agroecológica respecto de la agricultura industrial.
“El sistema de transición agroecológica propuesto podría ser aplicable en producciones extensivas con climas templados sin interferir con el sustento de los productores agrícolas y permite mejorar las condiciones del suelo. Es posible producir cultivos extensivos aprovechando en mayor medida los procesos naturales para reducir el uso de insumos y mejorar la eficiencia de los sistemas agrícolas”, finalizó la ingeniera.
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Treater, la empresa bajo la mira por contaminación ambiental en Vaca Muerta

Fecha de Publicación: 29/08/2020
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Neuquén


Distintas firmas ganaron contratos millonarios para tratamientos de lodos base aceite. Pero quedó un basurero a cielo abierto.
Amenaza ambiental en Neuquén luego que las petroleras contrataron el servicio de tratamiento de los lodos a Comarsa, Indarsa y Treater. La figura de Cenzón, exfuncionario macrista hoy instalada en los Estados Unidos.
La expansión de Vaca Muerta dio oportunidades de negocios en toda la cadena de producción hidrocarburífera. Treater, Crexell, Comarsa e Indarsa (TSB) son las empresas que ganaron millonarios contratos para hacerse cargo de los tratamientos de los lodos base aceite. Pero quedó un basurero a cielo abierto.
Una de las empresas beneficiadas es Treater SA, que prometió que se abocaría al tratamiento y disposición final de los residuos. Está apuntada por incumplir contratos con las petroleras y señalan lazos con Edgardo David Cenzón, exfuncionario de los gobiernos de la ciudad de Buenos Aires primero y de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires después. El dirigente macrista eligió irse a vivir a los Estados Unidos.
Treater inició sus movimientos en provincias petroleras en 2012 de la mano de José Ignacio Lizarazu y Sebastián José Leis quienes formaron Treater en Río Negro, Mendoza, Chubut y Santa Cruz, para “la extracción, transporte, tratamiento o remediación, disposición final de residuos especiales, cloacales, pluviales, sanitarios, patógenos, peligrosos, contaminantes” y “el transporte en el marco de la explotación del objeto principal, de cargas generales, líquidos y fluidos, agua potable o para potabilizar; administración de terminales y estaciones de transferencia de lo que se porte”, de acuerdo a los objetos originales inscriptos en los boletines oficiales.
Según una nota de El Cohete a la Luna, en 2017 en Treater Neuquén ingresó como presidente Cenzón, recaudador de fondos de campaña del macrismo, quien se desempeñó como ministro de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en tiempos de Macri como jefe de Gobierno, y luego como ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Vidal.
El desarrollo del fracking en Vaca Muerta amplió las oportunidades de negocios para Treater. Con su SA, Neuquén presentó ante la provincia de Río Negro un proyecto de construcción, funcionamiento y abandono de la planta de tratamiento y disposición final para residuos especiales sobre la Ruta 151 en el paraje Sargento Vidal, zona rural del municipio Campo Grande.
El basurero ocupa 45 de las 11.300 hectáreas de José Bravo con permiso de ocupación ya que son tierras fiscales, según el plano de mensura que consta en el registro de catastro público. Según el estudio de impacto ambiental que tomó estado público, Treater Río Negro S.A alquiló a Bravo con opción a compra la fracción en la que se instalará el proyecto mientras se formaliza el traslado de los derechos contractuales a Treater Neuquén. La versión Neuquén es la que presentó el proyecto, que iniciará la adquisición definitiva del predio. Por ley de Tierras vigente en esa provincia los titulares de ocupación en tierras fiscales no pueden trasladar dominio ni alquilar, como en el caso de la supuesta operación de compra-venta de Bravo/Treater.
Las petroleras Exxon, Shell e YPF son las contratistas de este servicio, por el cual abonaron y ahora se encuentran frente a un grave problema ambiental.
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Diputados buscan llegar a un consenso sobre la ley de humedales

Fecha de Publicación: 29/08/2020
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


La comisión de Recursos Naturales y Ambiente de Diputados analizó las iniciativas que plantean la protección de los humedales, en medio de los incendios en el Delta del Paraná.
La comisión de Recursos Naturales y Conservaciones del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados comenzó a avanzar en el análisis de los nueve proyectos de ley de humedales que buscan establecer presupuestos mínimos para la protección del ambiente, con la intención de lograr un dictamen único de todas las fuerzas políticas.
El presidente de la comisión, Leonardo Grosso adelantó la voluntad del Frente de Todos de conseguir un acuerdo con todas las fuerzas políticas y dijo que se analiza "con asesores los nueve proyectos presentados por los legisladores de diferentes extracción política". "Vamos a empezar a ahondar criterios en busca de avanzar en el tratamiento de una ley de humedales", precisó el legislador.
La intención de los diputados es consensuar un dictamen único para facilitar su sanción en la cámara baja, donde existe una marcada paridad entre el oficialismo y la oposición.
En la comisión, hay proyectos de ley para proteger los humedales que fueron presentados por Grosso, los diputados de Juntos por el Cambio, Brenda Austin, de Consenso Federal, Graciela Camaño, del Frente de Todos, Germán Martínez, de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, y del socialismo Enrique Estévez.
En tanto, la comisión de Recursos Naturales realizó la tercera reunión informativa, en la que expusieron especialistas en medio ambiente y representantes de emprendimientos inmobiliarios. El debate se realiza mientras persiste la preocupación por los incendios en las islas del delta del Paraná.
Santiago Bolo Bolaño administrador de la estancia y reserva natural "El Cachapé" en el este del Chaco, dijo que necesitan "de los humedales y del ambiente tal cual está con sus recursos. La ley de humedales tendría que ser visible por los servicios que todos esos ambientes brindan", y pidió frenar "el avance de los grandes proyectos inmobiliarios" .
La diputada provincial entrerriana y exlegisladora nacional, Gracia Jaroslavsky, sostuvo que esta ley debe "implicar un cambio de cultura donde se tenga claro el camino para proteger los humedales" y señaló que "la naturaleza nos está gritando claramente que no estamos haciendo las cosas bien".
Jerónimo Valle, licenciado en Ciencias Ambientales UBA y primer intendente del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, señaló que "se debe buscar la mejor ley progresista" y consideró que "no se debe modificar el ambiente para que se adapte a nosotros".
En tanto, el presidente de la Cámara de Desarrolladores Urbanos, Damián Tabakman, afirmó que están "comprometidos con una inversión sustentable", por lo que pidieron que "la clasificación de humedales se realice de la manera más racional posible para crear un marco que permite la inversión".
En tanto, el secretario de la Cooperativa Apícola APINOC de la provincia de Córdoba, Eduardo Martínez, expresó su respaldo "a los proyectos que están ligados a la biodiversidad, la ampliación de una zona a la reserva natural del Uritorco y a los que se vienen trabajando".
Cecilia Martínez, miembro de la Cooperativa de Junqueros Isla Esperanza, manifestó que "nos han venido a invadir y arrasar nuestra forma de vida" y destacó que "los humedales son todo para nosotros, nos representan ya que sabemos lo que significan para el ecosistema y su diversidad".
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Vecinos y surfistas de la zona norte buscan detener la contaminación en playas

Fecha de Publicación: 29/08/2020
Fuente: Telam
Provincia/Región: Buenos Aires


Organizaron una campaña para visibilizar y exigir una solución a la basura que se acumula, con las tormentas, en el mar y la playa, debido a un desagüe pluvial que desemboca directo en la arena.
Vecinos y surfistas organizaron una campaña para visibilizar y exigir una solución a la basura que se acumula, con las tormentas, en el mar y la playa de la zona norte de Mar del Plata, debido a un desagüe pluvial que desemboca directo en la arena.
El desagüe de la avenida Constitución y el Boulevard Marítimo es uno de los más importantes de la localidad balnearia, y su impacto sobre la línea de costa es apreciable luego de cada tormenta, con botellas, bolsas de nailon, envoltorios de productos comestibles, restos de líquidos contaminantes y residuos de todo tipo que terminan en el mar y en la playa.
A poco menos de cuatro meses de la próxima temporada, un grupo de residentes y surfistas decidió realizar una convocatoria para el próximo viernes, en la que intentarán dar visibilidad a esta problemática y pedir que el Municipio dé una respuesta.
Junto a ambientalistas, activistas y referentes del surf local y nacional, recorrerán la zona para amplificar el reclamo y explicar el impacto que este foco de contaminación provoca en el medio ambiente, así como los riesgos que implica para miles de turistas y residentes que cara verano eligen esas playas, en una de las zonas de mayor crecimiento urbano y demográfico de la ciudad.
Manuel González, uno de los impulsores de la convocatoria, explicó a Télam que "el objetivo es pedir que se resuelva de una vez una situación que está a la vista de todos cada vez que llueve y que es tema constante de charla entre los vecinos y surfistas de ese sector de la ciudad".
González aseguró que el desagüe "lleva directo a la playa y al mar toda la basura que hay en la calle y que se acumula en una especie de laguna" e indicó que la campaña lanzada apunta "a buscar una solución a través de las obras necesarias desde el Municipio" y a su vez a "concientizar a los vecinos para que eviten dejar residuos en cada esquina, que terminan en el desagüe apenas llueve".
La convocatoria cuenta con el apoyo de la Asociación de Surf Argentina (ASA), que desde hace años reclama una solución, y que ha respaldado incluso un proyecto que propone transformar el lugar en un paseo recreativo, a través de la canalización de la desembocadura de ese pluvial.
"La cantidad de basura que se junta sobre la playa y termina en el mar cada vez que llueve es tremenda. Y nosotros nos sumamos institucionalmente al reclamo para que se hagan las obras necesarias", aseguró a Télam Freddy Tórtora, presidente de la ASA.
Tórtora explicó que si bien existen reglamentaciones para que se coloquen mallas de contención, "en la actualidad, toda el agua que baja cae directamente en la playa con todo lo que arrastra".
En diciembre de 2016 se sancionó una ordenanza municipal que establece que deben colocarse mallas o redes de contención para los residuos sólidos en las desembocaduras de vertidos pluviales sobre el mar y las playas, pero esto no se aplica en el caso de este desagüe, y ante cada lluvia se genera un espejo de agua mezclada con basura sobre la arena y ocupa un sector importante de la playa.
Esa normativa encomienda a Obras Sanitarias Sociedad de Estado a retirar "periódicamente los residuos y desechos contenidos en las mallas y/o redes, intensificándose el mantenimiento luego de cada período de lluvia".
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En Corrientes se han perdido 700 mil hectáreas de espacios naturales y mil hectáreas de forestación arrasadas por las llamas

Fecha de Publicación: 28/08/2020
Fuente: Momarandu
Provincia/Región: Nacional


Así lo señaló a momarandu.com el jefe de Operaciones de Defensa Civil, Orlando Bertoni. Los incendios se han dado en once localidades de Corrientes, y han alcanzado casas, vehículos y cuarenta hectáreas de la Reserva Ecológica de San Cayetano. “Estamos en un impasse, pero sólo por el hecho de que no están soplando los vientos, eso no quiere decir que no podamos tener algún foco", señaló Bertoni. Las fuerzas de apoyo continúan en "alerta máxima".
“Los focos más grandes se han terminado alrededor de esta madrugada, los cuales fueron controlados, pero, obviamente hubo serias pérdidas de campo y forestación", dijo hoy miércoles 26 de agosto, el jefe de Operaciones de Defensa Civil, Orlando Bertoni, a momarandu.com.
En las últimas temporadas, "en total, en la provincia ya se han quemado más de 700 mil hectáreas, y aproximadamente mil hectáreas de forestación. No habría foco, en estas horas. Los focos de mayor preocupación fueron en Tatacuá, el embalsado que se quemó en las puertas de la localidad de Saladas, lo que fue Riachuelo, donde fueron focos muy fuertes y los focos de Mburucuyá, en la que se han quemado parte de galpones, coches, cayó el tendido eléctrico y se quedó la localidad sin luz por algunas horas", precisó.
"No hay forma de que estos incendios se produzcan naturalmente; esto es que alguien tiene maldad de empezar los incendios hasta la banquina, que eso hace una cadena hacia el campo, caen tendidos de alambres, postes y ahí va con la quema, que continúa con los postes eléctricos. La gente imprudente no entra en caja que estamos en una gran sequía; es una gran preocupación. Son incendios intencionales", afirmó Bertoni, molesto con la situación.
Según los registros de Defensa Civil, debieron ser atendidos focos ígneos desatados en diversos puntos de la capital, tanto como en San Luis del Palmar, Itatí, Santa Lucía, Paso de la Patria, Bella Vista, Goya, Alvear, Santa Ana y los de mayor volumen se encontraron en campos de Empedrado, Sombrero y Riachuelo.
A pesar del trabajo de los bomberos voluntarios de Riachuelo, Capital y San Cayetano, las llamas también habrían destruido más de cuarenta hectáreas de pastizales y palmares en la Reserva Ecológica de Corrientes dentro del Parque Provincial San Cayetano. De acuerdo al director de la Estación Biológica Corrientes -Conicet., Martín Kowalewski, en este lugar se habría quemado "la mitad" de la totalidad de la Reserva, con pastizales y palmares dentro.
Las fuerzas de apoyo continúan en "alerta máxima".
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Piden que se indague a empresarios por contaminación del río Negro

Fecha de Publicación: 28/08/2020
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco


Lo solicitó el fiscal federal. Ya se realizaron pericias que arrojaron alarmantes resultados. La denuncia la presentó el dirigente indígena Félix Díaz.
El fiscal federal Patricio Sabadini pidió que se indague a los responsables de un frigorífico, que funciona bajo la modalidad de cooperativa de trabajo, y a los titulares de una curtiembre por supuesta contaminación del Río Negro, un afluente del Paraná.
Concretamente para el fiscal hay elementos para creer que deben ser indagados por el artículo 55 de la Ley 24051, Ley de Residuos Peligrosos, que establece que “será reprimido con las mismas penas establecidas en el artículo 200 del Código Penal, el que, utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”.
La causa comenzó con la denuncia que presentó Félix Díaz, como presidente del Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de la República Argentina, ante el fiscal Federal a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA), Ramiro González.
Y en la misma indicó que un frigorífico vertería residuos en el Río Negro y que ello generaría un grave riesgo a la salud de las comunidades indígenas del Barrio Toba, Barrio Timbó, asentamiento Berta Cáceres, Asentamiento Timbó, asentamiento La Paz, Chelillí y Barrio Crescencio I y II.
Al poco tiempo se realizó un gran trabajo pericial por esta causa que incluyó allanamientos y extracciones de muestras en las inmediaciones de diversas fábricas ubicadas en la zona de la Ruta Nacional 16.
También se supo que el peritaje realizado determinó que los vertidos desechados al Río Negro por la curtiembre y la cooperativa presentan valores que superan las concentraciones permitidas.
Y los análisis efectuados sobre el río chaqueño permitieron divisar valores altos de cinc y plomo por fuera de los niveles guía de calidad de agua para protección de vida acuática.
Además estos elevados niveles de plomo y cinc fueron detectados entre la curtiembre y el matadero.
Toda la contaminación detectada podría trasladarse a otras jurisdicciones, tomando en consideración que las aguas del Río Negro confluyen en el Río Paraná, luego de desembocar en el riacho Barranqueras.
“La incriminación penal apunta directamente contra las conductas que afectan a la salud pública, pero con un alcance más amplio que el concepto de salud pública contemplado por el Código Penal. Ya que este peligro a la salud no puede estar desconectado del objeto de protección especifico de la norma, que está integrado por el suelo, el agua, la atmósfera y el ambiente general que exige daño”, indicó una fuente consultada.
“Las aguas del río Negro confluyen en el río Paraná, luego de desembocar en el riacho Barranqueras por lo tanto la contaminación puede ser transportada a otras jurisdicciones y al río Paraná, afectando de esta manera a las personas y al ambiente fuera de los límites de esta provincia, por tratarte el agua de un medio móvil, con flujo constante de materiales”, añadió la fuente consultada.
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Santa Fe dio media sanción a proyecto de ley para impulsar uso de biodiésel

Fecha de Publicación: 28/08/2020
Fuente: BAE Negocios
Provincia/Región: Santa Fe


La iniciativa busca aumentar la participación de este biocombustible en actividades vinculadas al sector agropecuario, transporte de pásajeros y espectáculos públicos, entre otros
La Cámara de Senadores de Santa Fe dio media sanción al proyecto de ley para impulsar el uso de biodiesel en diversas actividades, como el agro, transporte públicos y espectáculos, entre otras. La cadena de valor de este biocombustible destacó que esta iniciativa permitirá consolidar al sector de bioenergías, en un escenario de incertidumbre por la falta de un precio de referencia. Con respecto a la reciente designación de Darío Martínez como nuevo Secretario de Energía, en reemplazo de Sergio Lanziani, las cámaras que nuclean a las fábricas tanto de biodiesel como bioetanol remarcaron sus expectativas favorables en relación al nombramiento.
El proyecto de ley que cuenta con media sanción fue elaborado por el senador justicialista Armando Traferri. Entre sus principales puntos, la normativa fija parámetros para el uso de biodiesel de máxima pureza, tanto en el ámbito público como privado. En el caso de obras públicas, el texto de la normativa señala que se deberá incorporar la exigencia de B100 (biodiesel de máxima pureza) en los pliegos de contratación de las obras. Por el lado del sector privado, prevé beneficios tributarios tales como la exención o reducción en impuestos como Ingresos Brutos y Patentes.
Juan Facciano, director de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer), destacó la potencialidad de esta cadena para el agregado de valor y citó el ejemplo del programa "Bio Bus", que desde 2019 provee a toda la flota de transporte público de Rosario y otras localidades de B100. Este proyecto avanza mientras el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) trabaja junto al Gobierno nacional en un plan para impulsar las exportaciones de la agroindustria y generar 700.000 puestos de trabajo.
La designación del nuevo titular de la cartera de Energía no pasó desapercibida en el sector. Ante una consulta de BAE Negocios, el director Ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, Patrick Adam, reconoció que esperan que el funcionario "normalice al sector y cumpla con lo que determina la ley, especialmente en lo referido a la actualización del precio". En el caso de esta producción, desde diciembre no registra variaciones y es de $29,808 por litro.
En el caso del biodiésel, el escenario de precios es similar, en el marco de una industria que cuenta con una capacidad instalada de 4,5 millones de toneladas y es una de las más eficientes a nivel mundial. En 2019, estas fábricas cerraron el año con una producción cercana a los 2,2 millones de toneladas y divididos en partes casi iguales entre mercado interno y exportación. Por su parte, el presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles, Luis Zubizarreta, consideró que buscarán generar una agenda conjunta con la Secretaria de Energía para desarrollar una nueva Ley de Biocombustibles, que vence en mayo de 2021.
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Ocho provincias complicadas por el fuego

Fecha de Publicación: 27/08/2020
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional


Según funcionarios nacionales, algunos incendios se explican por la expansión de la frontera agrícola.
En un cuadro de situación que desde el Gobierno nacional definen como “cambiante”, ayer ocho provincias presentaban focos de incendios, algunos calificados como “activos” y otros, como “contenidos”. De acuerdo con las imágenes satelitales obtenidas por el Siname (Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias), que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, se registraban incendios en el norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, Catamarca, La Rioja, Corrientes y Córdoba.
El Sistema Federal de Manejo del Fuego (SFMF) fue creado en 2013. El Ministerio de Seguridad tiene a cargo lo que se llama “respuesta operativa del combate del fuego”, mientras que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible monitorea las condiciones de peligro y aplica las políticas de prevención.
Gabriel Fuks, segundo de Sabina Frederic en el Ministerio de Seguridad, es el funcionario responsable del SFMF. Cuando las provincias se ven desbordadas en el combate contra los incendios, recurren a Protección Civil, área a cargo de Fuks.
Ayer, esta dependencia tenía desplegados tres aviones hidrantes y uno de observación en Villa Albertina, Córdoba. El parte vespertino indicó “20 casas quemadas y otras parcialmente afectadas”. En Cosquín-Pan de Azúcar, con 100 evacuados, Nación aportó otro avión hidrante.
Entre Ríos, otra provincia que solicitó ayuda federal, recibió dos aviones hidrantes para combatir el fuego. Catamarca también recibió la colaboración de dos aeronaves enviadas desde Nación.
En diálogo con este medio, Fuks atribuyó algunos incendios “al corrimiento de la frontera agropecuaria”. En este punto señaló la emergencia que se vive por la quema de pastizales en Santa Fe y en Entre Ríos. “Esto que digo no es algo que se me ocurre a mí. Desde febrero la Justicia federal está investigando la situación que se vive frente a la ciudad de Rosario”, dijo el secretario de Articulación Federal del Ministerio de Justicia.
Algo parecido expresó el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, entrevistado por CNN Radio. “Hay incendios que tienen que ver con los métodos productivos”, dijo, al hablar sobre los incendios en Córdoba. “Hemos extendido mucho las fronteras agropecuarias en lugares donde no era propicio, y para hacer eso se deforestó”, señaló.
Fuks mencionó que en Córdoba, además, “hace 100 días que no llueve”, y dijo que en Santa Fe y en Entre Ríos “el Paraná está en una bajante histórica, con los arroyos interiores secos”, pero insistió que en que, más allá de “la situación climatológica”, algunos incendios “tienen que ver con la acción del hombre, inclusive la misma bajante del Paraná”.
“La gran falencia que se arrastra es que, en los últimos años, todos los recursos se pusieron en la respuesta al combate del fuego y no en el trabajo de prevención. Este es un modelo que debe cambiar. Los recursos fueron volcados a un mercado muy complicado, cartelizado, y la respuesta es carísima e ineficiente por más que uno tenga mil aviones”, explicó Fuks a La Voz.
El funcionario confirmó el envío a Córdoba de “un helicóptero de la Policía Federal con un hidrobalde” para atacar focos puntuales.
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Humedales. Especialistas del INTA criticaron el proyecto oficial

Fecha de Publicación: 27/08/2020
Fuente: Página Política
Provincia/Región: Nacional


“Es de una estrechez de criterio que sorprende”, se dijo en relación a que se pretenda implementar un régimen para el uso de “bienes inmuebles” y que su regulación dependa exclusivamente de Producción. Piden definición respecto de a quién y para qué entregarán tierras.
Sigue el debate del Régimen para el Uso Sustentable de Bienes del Estado de dominio público o privado, en humedales e islas de la provincia de Entre Ríos.
El proyecto fue presentado por el Ejecutivo, con el articulado y sin la explicitación de fundamentos, en el contexto de la emergencia planteada por los incendios que no cesan y provocan una profunda crisis ambiental y sanitaria.
La iniciativa ya tuvo modificaciones importantes en un borrador que analizan los senadores de las comisiones de Legislación General, que preside la legisladora de Creer Entre Ríos, Claudia Gieco; y de Producción que conduce el dirigente del PRO, jefe del interbloque de Cambiemos, Francisco Morchio. Los cambios fueron en coincidencia con planteos de la Mesa de Enlace: eliminar el Estudio de Impacto Ambiental que preveía el artículo 3; y listar los departamentos contemplados en la norma, listado que dejó afuera a la costa del Uruguay y a Islas del Ibicuy de la costa del Paraná.
Otra voz escuchada por los senadores en comisión fue la de especialistas del INTA. Presentó sus observaciones el ingeniero agrónomo Ernesto Massa que acercó también los comentarios del licenciado Roberto Bó, del Grupo de Investigaciones en Ecología de Humedales (GIEH) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA e investigación del Conicet.
Fue en general una mirada muy crítica de la iniciativa que tiene en debate el Senado. A grandes rasgos se cuestiona que la autoridad de aplicación sea exclusivamente la mirada de la Producción; además se aconseja la definición respecto de a qué tipo de productores y con qué fin se cede el uso de tierras. Se aconseja la expresa prohibición, por ley, del uso de agroquímicos aun cuando el borrador especifica que la agricultura autorizada debe ser “ecológica”. Además, se sugiere definir con claridad qué se entiende por “sustentable” cuando se habla de un régimen para un uso con esas características de humedales e islas.
“La sustentabilidad no es sólo económico-productiva sino también sociocultural y ecológica”, apuntó Bó que instó a tenerlo en cuenta ya que “si se mantiene en buen estado, permite que ocurran y se conserve nuestro patrimonio sociocultural y económico-productivo”. “A esto habría que tenerlo muy en cuenta, salvo que se piense en hacer negocios a corto plazo”, planteó.
Consideró “de una estrechez de criterio que sorprende” que el régimen aluda al uso de “bienes inmuebles”. Especificó que al hablar de las tierras en cuestión no se alude “sólo a espacios físicos sino a bienes naturales comunes que brindan servicios ecosistémicos como el agua y que deben usarse en forma efectivamente sustentable porque afectan la calidad de vida humana y, en general, y pertenecen a todos y no sólo al propietario o arrendatario”.

Producción y qué más
Se subrayó la necesidad de ampliar la autoridad de aplicación del régimen a sancionar. “Lamentablemente, el peso de los organismos encargados de la Producción (o, eventualmente de otros aspectos relacionados con el desarrollo de infraestructuras de comunicación, energéticas, emprendimientos inmobiliarios, etcétera), siempre fue mayor que el de lo organismos encargados no sólo de la parte ambiental sino, incluso de la sociocultural que, al menos, deberían tener el mismo peso. Esto obviamente ocurre porque se priorizan los ingresos económicos a cualquier otra cosa”, se observó desde el INTA que señala que en el proyecto “lamentablemente, no se dice nada de todo esto y esta visión estrecha se ve magnificada porque lo único que queda claro es que ingresen divisas a la provincia”.
Con respecto a los requisitos que contemple la Secretaría de Ambiente, para autorizar un proyecto en humedales o islas, se instó a contemplar “las realidades diferenciales que tienen los humedales” y si la evaluación de ese proyecto está a cargo “efectivamente de un organismo independiente y con probada capacidad científico-técnica (o que, al menos tenga la posibilidad de supervisar y dar la última palabra)”. En este marco, además, se apuntó que una ley como la que se debate debiera garantizar el control, la eventual aplicación de sanciones y explicitar características mínimas respecto del recurso humano capacitado y suficiente para monitorear y controlar el cumplimiento por parte de adjudicatarios.

A quiénes y para qué
Para Massa, “los productores que quieran acceder” debieran cumplir con el requisito de “ser preferentemente pequeños o medianos ganaderos, con tradición de producción ganadera islera y además que no posean tierras para producir”. “Deberían presentar planes de producción que sean revisados por la Autoridad de Aplicación Ampliada que para el integrante de INTA debiera ser “una Comisión Interministerial donde existan representantes de organismos públicos como universidades, INTA, Secretaria de Ambiente, Ganadería, Tierras Fiscales, Agricultura Familiar, Senasa, Fucofa, etc”.
Apunta también que no está clara la gestión del “uso gratuito” de tierras para residentes históricos prevista en el proyecto, “única parte referida al bienestar general”, no se obvió recalcar.
Para Bó, esa población “no sólo se lo merece sino que, seguramente, por su experiencia de vida y su conocimiento del funcionamiento ecológico de los humedales, probablemente serían los únicos que puedan hacer un uso efectivamente sustentable”. Se concluye, al respecto, que la norma no consigna “cuál, dónde, cómo y de qué tamaño” son las unidades productivas a las que se alude.

Letra muerta
Tras apuntar algunas propuestas respecto de qué fines debieran tener los recursos reunidos por el Estado ante el “uso oneroso” de los humedales, el integrante del GIEH insta a fijar políticas sobre las que se ha escrito, hecho y dicho mucho.
“No se dice nada sobre la necesidad de que parte de esos fondos deben ir a las necesarias tareas de promoción, monitoreo y control para asegurar la conservación de la diversidad ecológica, la integridad ecológica y a la salud ecológica de los humedales. Tampoco se dice nada de cómo esto va a favorecer la conservación de la diversidad sociocultural, entendida como los particulares modos de vida, actividades tradicionales, aspectos arqueológicos, antropológicos, religiosos, de los pobladores locales”, se cuestiona en la presentación hecha ante los senadores.
“En definitiva, esta ley no toma conceptos abordados por el Piecas (Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná) ni del Plan Provincial para el Desarrollo sustentable del Delta entrerriano, lamentablemente procesos abonados con fondos públicos que se encuentran cajoneados e ignorados al menos en los últimos cuatro años”, concluyeron los especialistas.
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Sigue la búsqueda de consensos para el desarrollo minero

Fecha de Publicación: 27/08/2020
Fuente: La Opinión Austral
Provincia/Región: Nacional


La Secretaría de Minería de Nación busca acuerdos para armar un plan de desarrollo para el sector. En el primer encuentro no participó el Ministerio de Ambiente. Desde CAEM celebran que se debata cómo hacer una mejor minería y no cómo prohibirla.
La Secretaría de Minería realizó la segunda reunión de la llamada “mesa facilitadora” para la construcción del Plan Estratégico para el Desarrollo Minero. Es una convocatoria de unas 25 personas del sector empresario, gremial y sindical, académicos de diversas disciplinas, y también representantes de las provincias mineras y de otras áreas del Gobierno Nacional.
De los actores invitados, sólo hubo una ausencia en ambos encuentros y fue la del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié. Tampoco asistió en su lugar ningún representante de su Cartera. Aún quedan previstas dos reuniones en esta primera etapa, promovida por el secretario de Minería Alberto Hensel como una “búsqueda de consensos” para luego pasar a una convocatoria nacional más amplia.
Para el presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Alberto Carlocchia, lo esencial de las reuniones que organizó la autoridad minera nacional “es que se está haciendo algo que no se hizo nunca; es un ámbito donde podemos discutir cómo hacer minería de una mejor manera y no cómo prohibirla”.
“La propuesta apunta a que intentemos acuerdos sobre cómo vamos a hacer minería y ser mejores, y más en un contexto de pandemia como el que tenemos. Por ejemplo, la gente que reclama que no quiere que la actividad se desarrolle en Chubut lo hace desde la comodidad, nadie se sienta a discutir cómo hacer algo de la mejor manera posible para que otra gente también esté cómoda”, señaló el directivo de la entidad empresaria a Santa Cruz Produce.
“Con el Ministerio de Ciencia trabajamos muy bien en la segunda reunión; el de Ambiente y Desarrollo Sostenible no participó de ninguna y está invitado, pero eso no lo podemos resolver nosotros, lo tiene que resolver el Gobierno Nacional”, consideró.
En tanto, el secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Héctor Laplace, indicó que la convocatoria de la Secretaría de Minería surge porque “el país necesita empezar indudablemente a trazar lineamientos estratégicos para el futuro inmediato con la posibilidad concreta de captar inversiones para el sector, porque si bien hoy está congelada la inversión en minería producto de la pandemia, hay que prepararse para lo que se viene”.
Por su parte, el dirigente gremial dijo que llevó a la reunión un listado de temas que a su entender resume “lo que nos viene pasando hace más de 20 años; si bien hay cosas que interpretamos que se han hecho bien, hay unas cuantas que desde nuestro criterio se siguen haciendo mal, y lo hemos puesto sobre la mesa para que nos vaya mejor a todos, porque en definitiva de eso se trata”. “Esos temas son la comunicación, la capacitación, la mano de obra local, los proveedores locales, el equitativo reparto de rentas entre Nación y las provincias, y la necesidad de una convocatoria al Consejo Federal Minero (COFEMIN), que son los dueños de los proyectos”, enumeró Laplace en diálogo con Santa Cruz Produce.
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La provincia de Buenos Aires presentó su primer atlas de cuencas hidrológicas

Fecha de Publicación: 26/08/2020
Fuente: Telam
Provincia/Región: Buenos Aires


Brindará herramientas que permitan una gestión sostenible del agua y un alerta temprana ante sequías e inundaciones, informó el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense.
El Gobierno bonaerense elaboró su primer atlas de cuencas hidrológicas y ambientales para brindar herramientas que permitan una gestión sostenible del agua y un alerta temprana ante sequías e inundaciones, informó el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense.
El atlas consta de 26 mapas temáticos representados sobre base cartográfica digital del Instituto Geográfico Nacional, realizado por los equipos de la Dirección Provincial de Hidráulica, precisó un comunicado ministerial difundido esta tarde.
El trabajo se puede descargar desde www.gba.gob.ar/recursoshídricos.
El subsecretario de Recursos Hídricos bonaerense, Guillermo Jelinski, expresó que "en el nuevo marco de acción, en el que deben actuar los tomadores de decisiones, no puede desconocerse que el cambio climático es una realidad", por que que es necesario "estar preparados" para adaptarse "a las modificaciones que se producirán sobre el clima y el ambiente".
"En este contexto, la ejecución de obras de infraestructura colabora de manera directa en mitigar el impacto de los fenómenos climáticos, pero no evita, por ejemplo, que las inundaciones o sequías sucedan. Por lo tanto, como política de Estado es fundamental acompañar las obras con medidas no estructurales haciendo partícipes a todos los miembros de la comunidad", afirmó.
El atlas reúne, en esta primera etapa, una serie de datos geomorfológicos, hídricos y medioambientales que posibilitan diseñar políticas de reordenamiento territorial y sistemas de alerta temprana en las distintas cuencas.
"Según datos de Huella Ecológica, en el planeta estamos usando un 60% más de recursos de lo que los ecosistemas de nuestro planeta pueden regenerar en un año, por ello es necesario la toma de conciencia y comenzar a trabajar en una gestión sostenible del agua", finalizó Jelinski.
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La mayoría de las localidades arroja agua contaminada a ríos y napas

Fecha de Publicación: 26/08/2020
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta


De 29 bajo el sistema cloacal público, solo 5 cumplen con los parámetros ambientales exigidos. Las localidades que no están bajo el sistema de red funcionan sin ningún tipo de control.
Un informe del Ente Regulador de Servicios Públicos (Enresp) es lapidario. Casi todo el sistema cloacal público de la provincia está en rojo. Mientras que las localidades que no tienen redes cloacales públicas, están bajo anarquía, devuelven las aguas por filtración a las napas, sin regulación ni control.
En el sistema de saneamiento público existen dos procesos de tratamiento de efluentes cloacales, mediante laguna o por planta de líquidos clocales. Por un lado, varias plantas disponibles no funcionan o están colapsadas. Mientras que las localidades con lagunas no están en mejor situación.
En Salta hay 23 departamentos, 60 municipios y más de cien localidades. Del centenar, tan solo 29 de ellas están bajo la red cloacal pública a cargo de Aguas del Norte. Del total de las localidades bajo el sistema de red cloacal público, más del 80 por ciento (24) devuelve agua contaminada a los ríos o efluentes cercanos.
Del total de localidades dentro del sistema público, 14 tienen "vuelcos crudos", advirtió el informe que el Enresp elaboró con datos relevados desde enero a mayo. Es decir que casi la mitad de localidades administradas por la empresa estatal arroja los líquidos cloacales a los afluentes cercanos sin pasar antes por lagunas ni plantas, sin ningún tipo de tratamiento previo. La mayoría de las localidades que están en esta irregular situación no tiene planta potabilizadora, salvo Orán y Aguas Blancas, que las tienen pero sin funcionar.
Las 15 localidades restantes si tratan los líquidos mediante plantas o "lagunas". Pero aún así las anomalías ambientales persisten en estas localidades. De las 15, 10 incumplen con los párametros ambientales permitidos. El parámetro de referencia es el de DBO: demanda biológica de oxígeno. "Cuando hay sustancias orgánicas, como la materia fecal, para que eso se degrade biológicamente necesita cierta cantidad de oxígeno. A mayor cantidad de sustancias, mayor oxígeno, si tengo menos, será menos oxígeno. Ese es el parámetro que mide el oxígeno para garantizar el mínimo de un agua no contaminada", explicó un ingeniero del Enresp. De la más de cien localidades de la provincia, tan solo 5: Tartagal (zona sur), Mosconi, General Gemes, El Carril y Capital (zona norte), arrojan aguas cloacales tratadas y cumplen con el parámetro ambiental de DBO.
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Córdoba: “Donde hubo incendios ahora hay countries”

Fecha de Publicación: 26/08/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Córdoba


El especialista propuso comparar los lugares donde hubo focos en años pasado con los últimos proyectos inmobiliarios. "Los incendios son intencionales", aseguró Guillermo Galliano.
El paisaje rojo y desolador de los fuegos y columnas de humo del atardecer y la noche de las sierras cordobesas se ve desde la capital provincial. Las cenizas de los incendios que ya llevan once días arrasando con el bosque autóctono, los animales y el sueño de los lugareños afectados, llegan con el viento del norte que parece un soplete que sólo se apaga por las noches. Ayer las llamas se mantenían activas pese a los trabajos de los bomberos.
Ya van más de 14 mil hectáreas quemadas y, según el brigadista y director de Defensa Civil Diego Concha, “no habrá final a menos que llueva y mucho. Ni siquiera la nieve del otro día en Altas Cumbres pudo apagar todos los fuegos. Necesitamos más humedad”.
A la tristeza por las sierras y los poblados amenazados por el fuego, se sumó la denuncia que realizó el fotógrafo y naturalista especializado en aves Guillermo Galliano, en un programa de Radio Nacional Córdoba. Galliano es presidente de la Fundación Mil Aves: “No es como nos quiere vender el gobierno de Córdoba, que es un señor endemoniado con una caja de fósforos prendiendo incendios porque es un piromaníaco desquiciado. No es así. Quiero desterrar esa idea que nos quiere vender el gobierno provincial. No es un señor que fue al rally y dejó el fuego prendido. No es la señora que barrió hojas y de repente se le fue el fuego. ¿Eso sucede? Sí, sucede. Pero no en la mayoría de los casos, eso es un muy bajo porcentaje. Los incendios son intencionales y lo digo con todas las letras. Son incendios intencionales, incendios provocados en su gran mayoría”.
Según Galliano, que en Córdoba es reconocido por su activismo y sus libros publicados y su columna de difusión científica en Radio Universidad, "si hacemos un análisis exhaustivo y una indagación seria, un trabajo periodístico a los jefes de los bomberos provinciales y se saca información de dónde fue cada incendio, en el 2004 acá, en el 2005... y se va haciendo un mapa de esos incendios --digo de un caso concreto: camino a Falda del Carmen, Falda del Cañete, ahí había bosque nativo, con toda la biodiversidad que ahí habita--, veamos qué hay ahora: todos countries, barrios cerrados. Y hagamos un análisis posterior: ¿cuántos incendios consecutivos hubo en ese lugar antes? Iban semana de por medio los bomberos ahí y me lo contaron los mismos bomberos. Y ahora son todos barrios cerrados”.
Enfático y conocedor de las sierras como pocos, ya que en su tarea se dedica al avistaje de aves y militancia por la preservación del bosque autóctono, Galliano afirmó que “(lo de los incendios) es una de las tantas artimañas alternativas que tiene el gobierno (provincial) y sus socios desarrollistas... Porque es al revés, no son los desarrollistas y sus socios del gobierno. Es al revés acá: es el gobierno y sus socios desarrollistas, para eliminar lo que tanto pregonamos que es nuestro bosque nativo”.
Siempre según Galliano, “(lo de los barrios cerrados en sitios donde hubo incendios reiterados) me lo han dicho los jefes de los bomberos a mí. Y ellos tienen todas las planillas con todos los datos técnicos. Es irrefutable lo que digo".
--Pero eso es susceptible de acciones penales, le replicaron en el programa. A lo que el naturalista respondió con otra pregunta: ¿Y de quiénes son los countries?
Desde hace dos décadas, las sierras cordobesas arden desde agosto hasta que llegan las lluvias. El viento zonda que llega desde el norte seco, más los pastizales, son la causa natural. Pero el “efecto lupa” que pueda darse en algunos casos, no justifica la inmensa cantidad de hectáreas calcinadas durante todos estos años. La pregunta del millón es cuándo y quiénes en la justicia se harán cargo de investigar de oficio este ecocidio que se retroalimenta año tras año.
Guillermo Galliano siguió: “Estamos haciendo un documental sobre el río Suquía con la Fundación Mil Aves. Ayer en vez de filmar el río, filmamos incendios. Estuve en La Calera. Se puede escapar un fuego... Pero eran un montón de focos distintos en distintos lugares de La Calera".
"Y se han visto desde el aire, en Traslasierra, eso está comprobado, un cuatriciclo con dos sujetos arriba con bidones de qué atrás y van prendiendo fuego --denunció--. Y hay un enorme impuesto al fuego, como un negociado enorme detrás de cada fuego, de cada acción. Y otra cosa, saquemos a los bomberos del medio ¿no?, como lo dice Germán Jaacks, que es guardaparque (de La Quebrada del Condorito): nuestros bomberos son como los soldados de Malvinas, los mandamos al fuego con muy poca cosa. Hacen un trabajo titánico. Ellos tienen equipamiento para salvar un edificio, una casa. Pero no para un fuego de montaña, eso son brigadistas. Lo que se necesita en montaña son brigadistas”.
Antes de terminar, Galliano dijo que lo que más le preocupa es “el banco de semillas”. Explicó que en “el vivero lo vende como mantillo, es una capa muy superficial, dos centímetros, diez centímetros. Ahí se alberga la semilla de todo ese bosque que se ve. Es un banco de semillas”. Si el fuego no se termina de apagar, si la llamada guardia de cenizas no es suficiente, lo que queda “es la desertificación”.
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