Luminaria pública peligrosa
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Advierten sobre posible contaminación con mercurio del alumbrado público en más de 30 municipios bonaerenses
Fecha de Publicación: 31/01/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
Es por las luminarias que fueron reemplazadas y cuyo tratamiento no se hizo de manera correcta. Las misma situación podría presentarse en varias provincias
"La exposición al mercurio (incluso a pequeñas cantidades) puede causar graves problemas de salud y es peligrosa para el desarrollo intrauterino y en las primeras etapas de vida. Puede ser tóxico para los sistemas nervioso e inmunitario, el aparato digestivo, la piel y los pulmones riñones y ojos", advierte la Organización Mundial de Salud, que considera a este metal líquido como uno de los diez productos o grupos de productos químicos que plantean especiales problemas de salud pública.
Y la advertencia no es gratuita. El mercurio es un elemento utilizado en sinfín de productos de uso cotidiano para millones de personas. Está presente, por ejemplo, en pilas, termómetros, barómetros, amalgamas dentales, algunos cosméticos y hasta en productos farmacéuticos. Pero el listado no termina ahí. Uno de los elementos más típicos hecho con compuestos de ese metal son las viejas lámparas usadas para el alumbrado público, que con el desarrollo de nuevas tecnologías (como el sistema Led), se comenzaron reemplazar desde hace ya varios años en muchos países y también en la Argentina. La idea era y es instalar lámparas más amables con el medio ambiente y que ayuden también a preservar la salud pública.
Era una decisión necesaria que se debía adoptar en todo el mundo, pues la toxicidad del mercurio es conocida y el daño que infringe al medio ambiente y a la población si es expuesta a él, es innegable e irreversible. Además, para muchos gobiernos el ahorro energético que implica cambiar las viejas bombitas es económicamente necesario. Sin embargo, el reemplazo de esas luminarias no es una tarea simple o que se pueda hacer sin mayores controles. Por su composición a base del metal, las lámparas antiguas son consideradas residuos peligrosos y su manejo debe cumplir con leyes, provinciales, nacionales e incluso supranacionales, aunque hay una fuerte sospecha de que en muchos lugares del país esto no se cumple.
Mario Caparelli es abogado y presidente de la Asociación Inquietudes Ciudadanas, una ONG con una vasta experiencia en temas ambientales, que desde hace algunos años viene recibiendo denuncias anónimas de miles de vecinos de la provincia de Buenos Aires acerca de la problemática de las luminarias que fueron reemplazadas.
Al ver que se repetían los casos, comenzaron a investigar y notaron que son cientos los municipios que informaron acerca de planes para reemplazar la iluminación pública, adjudicaron contratos a través de licitaciones, cambiaron las bombitas pero en ningún caso dieron cuenta de cómo destruyeron el material antiguo o si es que lo hicieron.
"La cuestión es que en todo este sistema de sustitución de lámparas que se ha dispuesto hay dos leyes nacionales que prohíben la importación y comercialización de las anteriores. En casi todas las provincias comenzaron a sustituir ese tipo de luminarias, pero el problema es que las lámparas antiguas contienen mercurio o tienen otros componentes derivados del mercurio. Se convierten entonces en un residuo tóxico porque el mercurio es altamente tóxico. Entonces, tienen que ser destruidas. El tema es que no lo hacen", denunció Caparelli en diálogo con Infobae.
Fue así que la investigación les permitió saber que en los municipios de la provincia de Buenos Aires, pero también en muchas provincias como Santa Fe, Córdoba o Mendoza, pasa lo mismo. "Juntamos mucha documentación. Casi todos los municipios bonaerenses o las provincias empezaron a sustituirlas desde hace un par de años, pero en ninguna de estas licitaciones y sustituciones se dice qué se hace con las lámparas usadas", agregó.
En todo este sistema de sustitución de lámparas que se ha dispuesto hay dos leyes nacionales que prohíben la importación y comercialización de las anteriores. En casi todas las provincias comenzaron a sustituir ese tipo de luminarias, pero el problema es que las lámparas antiguas contienen mercurio o tienen otros componentes derivados del mercurio. Se convierten entonces en un residuo tóxico
En la investigación, la ONG recopiló datos publicados por los municipios acerca del programa de sustitución de las luminarias. Empezaron a notar que eran miles y miles las bombitas que fueron cambiadas pero de las que aún no se sabe dónde están. Incluso, descubrieron que ninguno de los gobiernos locales informó en los pliegos de licitación qué debía hacerse con el material reemplazado, tal como lo marca la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos y la Ley 27.356, mediante la cual Argentina suscribe el Convenio de Minamata, un acuerdo firmado por varios países en 2013 después de lo ocurrido en esa ciudad japonesa donde miles de personas murieron intoxicadas por mercurio. En el convenio, distintos estados se comprometieron a aplicar una serie de medidas para acabar con las emisiones de mercurio a la atmósfera y reducir paulatinamente los productos que contienen el metal.
"Esas lámparas usadas tienen que ser destruidas, mandadas a un sitio de disposición final como residuo tóxico. No solamente que tengan mercurio sino que tenga otros componentes que también ya se consideran tóxicos, como lámparas fluorescentes por ejemplo. Es grave porque se violan leyes nacionales y supranacionales", resaltó.
Ante la cantidad de lugares que decidieron cambiar la iluminación, Caparelli y su equipo se enfocaron primero en pedir información a un total de 32 municipios bonaerenses (los de mayor densidad poblacional) y a las capitales provinciales para saber qué pasó con las bombitas que fueron sacadas.
La Ley 25.831 de acceso a la información ambiental ampara la Asociación a solicitar todos los datos respecto a este tema y así lo hicieron. En estos días comenzaron a enviar cartas a cada uno de los gobiernos locales y en caso de no recibir respuesta en un máximo de 30 días, recurrirán a un tribunal Contencioso Administrativo y pedir que judicialmente se los obligue a responder. "Son datos que están en los registros públicos de los municipios. El derecho de información es constitucional y tengo el derecho a difundirla", remarcó.
Casi todos los municipios bonaerenses o las provincias empezaron a sustituirlas desde hace un par de años, pero en ninguna de estas licitaciones y sustituciones se dice qué se hace con las lámparas usadas
Por lo pronto se vienen comunicado vía mail con los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Berisso, Berazategui, Campana, Cañuelas, Escobar, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Plata, Lanús, Luján, Malvinas Argentinas, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Quilmes, San Miguel, Tres de febrero, Zárate, Bahía Blanca, Mar del Plata, Miramar, Dolores y Pinamar. En cada uno de estos lugares se llevaron a cabo planes de recambio de luminarias pero todos omitieron decir cómo fue la disposición final de los residuos. Hasta ahora no contestaron.
"Tenemos por ejemplo en Rosario un llamado a licitación en donde no se le da instrucciones al proveedor sobre qué hacer con las que sustituye. Incluso algunos municipios han hecho otra cosa que es mucho peor, que es una doble ilegalidad. Las sustituidas las instalan en lugares alejados para darle luminaria a lugares oscuros, peligrosos o que no han tenido luz. Esto duplica la ilegalidad", denunció. Este caso por ejemplo ocurrió en Morón, donde la propia municipalidad confesó en su página web que reutilizó las lámparas viejas, algo prohibido por ley.
"Hay una presunción muy grande de que lo que no se destruye desaparece del mundo ideal, pero no del mundo real porque engrosa basurales y lugares no aptos. En general hay una sobreprotección jurídica o legal y un desparpajo en violar la ley. Ya sea por ignorancia, dolo o por interés. Esto no es de una jurisdicción sola. En Mendoza, por ejemplo, dictaron una resolución de la Secretaría de Ambiente diciendo que esto es peligro y lo vamos a destruir y los municipios no la acatan. Es curioso. En Córdoba pasa algo similar. Todo los vamos a averiguar y van a tener que responder", advirtió el letrado.
Argentina suscribe el Convenio de Minamata, un acuerdo firmado por varios países en 2013 después de lo ocurrido en esa ciudad japonesa donde miles de personas murieron intoxicadas por mercurio. En el convenio, distintos estados se comprometieron a aplicar una serie de medidas para acabar con las emisiones de mercurio a la atmósfera y reducir paulatinamente los productos que contienen el metal
En ese sentido, Caparelli dijo que legalmente el Estado debe proveer la protección del ambiente a toda la población. Según la Constitución en su artículo 43 -aclara- cada ciudadano tiene el derecho de gozar de un ambiente sano y la autoridad tiene que garantizar la protección de ese derecho.
"La autoridad tiene un plus. Y a eso se le agrega la ley del Ambiente que dice que todos los que intervienen en un hecho contaminante, cuando no se ha podido determinar cuál ha sido la participación, son todos solidariamente responsables. En este caso, autoridad provincial, autoridad municipal y proveedor. Son solidariamente responsables del daño que pudieron haber causado al ambiente. ¿Dónde están esas lámparas? Tienen que haberse destruido ¿Por qué no se llevaron a destrucción final o por qué no lo informaron? Se jactaron de que las cambiaron, pero no dijeron cómo destruyeron las viejas", cuestionó.
Son miles y miles de luminarias cambiadas en todos los municipios y provincias. En Córdoba -precisa el presidente de la ONG- "se habla de 21.500. Un total del 1.000 cuadras con Led en Morón, Escobar con unos 7.000 puntos con nuevas lámparas, La Plata lleva 60 cuadras (14 mil nuevas luces que se suman a las 4000 que ya se instalaron), 50 mil luces en San Isidro, en Campana fueron 3.400 luminarias nuevas, 3500 en Lanús, como para citar algún ejemplo". En Rosario se reemplazaron unas 15.000, la misma cantidad en Hurlingham o 3.500 en Quilmes. Se anunciaron 800 nuevas en San Martín y Tres de Febrero tiene 3.100 nuevas, añadió.
Los efectos al salud
Según dijo a Infobae Eduardo Scarlato, jefe de Toxicología del Hospital de Clínicas, cada lamparita tiene entre 5 y 10 miligramos de mercurio.
"El mercurio es un metal que va seguir siendo usado. El tema central es cómo se dispone de ese mercurio y que esas lamparitas son muy frágiles. Cada una tiene en promedio de ocho miligramos de mercurio y cuando se rompen se libera ese vapor al medio ambiente o al hogar. Si sumamos que son millones de lámparas, son toneladas las de mercurio que han sido liberadas. Es un riesgo para el medioambiente", alertó el experto. El mercurio es un metal que no se crea ni se destruye. Está en la naturaleza, una vez que se libere puede entrar en distintos procesos con las consecuencias que eso puede acarrear" agregó.
Según el médico, hay dos tipos de riesgo con el mercurio: el denominado de "exposición aguda" que desarrolla un efecto perjudicial dentro de 24 horas y el de "la exposición crónica", que es cuando se expone a muy bajas concentraciones durante mucho tiempo.
"La bombita en sí no trae riesgo. El problema surge cuando esa lámpara se rompe y se libera. Se trata del único metal líquido a temperatura ambiente. Los efectos del mercurio se saben de antaño. Acá el problema es qué se hace con eso. No es que nos volvamos "químicofóbicos" porque cualquier sustancia de la naturaleza conlleva un peligro. Lo importante es saber con qué medidas de seguridad lo tratamos. Estas bombitas quemadas son desechos peligrosos. La responsabilidad del correcto tratamiento es de los gobiernos y su disposición final no entraña mayores costos, sólo gente idónea para hacerlo", resaltó Scarlato.
El mercurio es un metal que va seguir siendo usado. El tema central es cómo se dispone de ese mercurio y que esas lamparitas son muy frágiles. Cada una tiene en promedio de ocho miligramos de mercurio y cuando se rompen se libera ese vapor al medio ambiente o al hogar. Si sumamos que son millones de lámparas, son toneladas las de mercurio que han sido liberadas. Es un riesgo para el medioambiente
La triple violación a las leyes
Las licitaciones para cambiar las luminarias comenzaron aproximadamente en el año 2011 y para fin de 2019 ya deberían estar sustituidas todas las lámparas con mercurio, según la ley. En la ONG tienen la sospecha de que otros municipios del país incurrieron en la misma falta y esperan que hagan de ahora en más lo correcto pero que paguen civil y penalmente por lo que hicieron indebidamente. "Si ninguna licitación obliga, incurren en la violación. Tanto como el que licita como el que adjudica. Pero también el organismo provincial de control es responsable. Los tres son solidariamente responsables. No se puede simplemente almacenar eso, es peligroso. Puede haber peligro de ruptura", advirtió el titular de la entidad.
La Ley Nacional de Residuos Peligrosos tiene sanciones para aquel que altere el ambiente y lo contamine. En este caso, también habrían violado la ley provincial 14.321 sobre RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), que dice que la enorme cantidad de residuos eléctricos y electrónicos deben ser reducidos.
"El foco de la cuestión es que se está violando la ley. La supranacional del Convenio, la Nacional de residuos públicos, la Ley general del Ambiente que también tiene vigencia en todo el país y en la provincia de Buenos Aires la ley especial sobre los RAEE", resaltó el experto.
Finalmente, el abogado recordó que no es necesario esperar a que alguien se enferme para tomar medidas. Según explicó, "el principio precautorio dice que aún en ausencia absoluta de certeza de lo que puede ocurrir hay que tomar medidas" pero "sabiendo que el mercurio es tóxico de por sí, no se puede dejar de tomar alguna".
"No importa que no sepan, pero en este caso se sabe. En Minomata sí sabían lo que iba a pasar. ¿Qué tenemos que pensar? Que hay un costo que han querido evitarse en detrimento de la salud pública. Porque el convenio de salud pública dice que deben eliminarse todos aquellos aparatos que contengan mercurio o un componente. El destino de eso es un misterio. Se va a averiguar. Estamos mandando mails pero lo vamos a hacer", sentenció.
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Fecha de Publicación: 31/01/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
Es por las luminarias que fueron reemplazadas y cuyo tratamiento no se hizo de manera correcta. Las misma situación podría presentarse en varias provincias
"La exposición al mercurio (incluso a pequeñas cantidades) puede causar graves problemas de salud y es peligrosa para el desarrollo intrauterino y en las primeras etapas de vida. Puede ser tóxico para los sistemas nervioso e inmunitario, el aparato digestivo, la piel y los pulmones riñones y ojos", advierte la Organización Mundial de Salud, que considera a este metal líquido como uno de los diez productos o grupos de productos químicos que plantean especiales problemas de salud pública.
Y la advertencia no es gratuita. El mercurio es un elemento utilizado en sinfín de productos de uso cotidiano para millones de personas. Está presente, por ejemplo, en pilas, termómetros, barómetros, amalgamas dentales, algunos cosméticos y hasta en productos farmacéuticos. Pero el listado no termina ahí. Uno de los elementos más típicos hecho con compuestos de ese metal son las viejas lámparas usadas para el alumbrado público, que con el desarrollo de nuevas tecnologías (como el sistema Led), se comenzaron reemplazar desde hace ya varios años en muchos países y también en la Argentina. La idea era y es instalar lámparas más amables con el medio ambiente y que ayuden también a preservar la salud pública.
Era una decisión necesaria que se debía adoptar en todo el mundo, pues la toxicidad del mercurio es conocida y el daño que infringe al medio ambiente y a la población si es expuesta a él, es innegable e irreversible. Además, para muchos gobiernos el ahorro energético que implica cambiar las viejas bombitas es económicamente necesario. Sin embargo, el reemplazo de esas luminarias no es una tarea simple o que se pueda hacer sin mayores controles. Por su composición a base del metal, las lámparas antiguas son consideradas residuos peligrosos y su manejo debe cumplir con leyes, provinciales, nacionales e incluso supranacionales, aunque hay una fuerte sospecha de que en muchos lugares del país esto no se cumple.
Mario Caparelli es abogado y presidente de la Asociación Inquietudes Ciudadanas, una ONG con una vasta experiencia en temas ambientales, que desde hace algunos años viene recibiendo denuncias anónimas de miles de vecinos de la provincia de Buenos Aires acerca de la problemática de las luminarias que fueron reemplazadas.
Al ver que se repetían los casos, comenzaron a investigar y notaron que son cientos los municipios que informaron acerca de planes para reemplazar la iluminación pública, adjudicaron contratos a través de licitaciones, cambiaron las bombitas pero en ningún caso dieron cuenta de cómo destruyeron el material antiguo o si es que lo hicieron.
"La cuestión es que en todo este sistema de sustitución de lámparas que se ha dispuesto hay dos leyes nacionales que prohíben la importación y comercialización de las anteriores. En casi todas las provincias comenzaron a sustituir ese tipo de luminarias, pero el problema es que las lámparas antiguas contienen mercurio o tienen otros componentes derivados del mercurio. Se convierten entonces en un residuo tóxico porque el mercurio es altamente tóxico. Entonces, tienen que ser destruidas. El tema es que no lo hacen", denunció Caparelli en diálogo con Infobae.
Fue así que la investigación les permitió saber que en los municipios de la provincia de Buenos Aires, pero también en muchas provincias como Santa Fe, Córdoba o Mendoza, pasa lo mismo. "Juntamos mucha documentación. Casi todos los municipios bonaerenses o las provincias empezaron a sustituirlas desde hace un par de años, pero en ninguna de estas licitaciones y sustituciones se dice qué se hace con las lámparas usadas", agregó.
En todo este sistema de sustitución de lámparas que se ha dispuesto hay dos leyes nacionales que prohíben la importación y comercialización de las anteriores. En casi todas las provincias comenzaron a sustituir ese tipo de luminarias, pero el problema es que las lámparas antiguas contienen mercurio o tienen otros componentes derivados del mercurio. Se convierten entonces en un residuo tóxico
En la investigación, la ONG recopiló datos publicados por los municipios acerca del programa de sustitución de las luminarias. Empezaron a notar que eran miles y miles las bombitas que fueron cambiadas pero de las que aún no se sabe dónde están. Incluso, descubrieron que ninguno de los gobiernos locales informó en los pliegos de licitación qué debía hacerse con el material reemplazado, tal como lo marca la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos y la Ley 27.356, mediante la cual Argentina suscribe el Convenio de Minamata, un acuerdo firmado por varios países en 2013 después de lo ocurrido en esa ciudad japonesa donde miles de personas murieron intoxicadas por mercurio. En el convenio, distintos estados se comprometieron a aplicar una serie de medidas para acabar con las emisiones de mercurio a la atmósfera y reducir paulatinamente los productos que contienen el metal.
"Esas lámparas usadas tienen que ser destruidas, mandadas a un sitio de disposición final como residuo tóxico. No solamente que tengan mercurio sino que tenga otros componentes que también ya se consideran tóxicos, como lámparas fluorescentes por ejemplo. Es grave porque se violan leyes nacionales y supranacionales", resaltó.
Ante la cantidad de lugares que decidieron cambiar la iluminación, Caparelli y su equipo se enfocaron primero en pedir información a un total de 32 municipios bonaerenses (los de mayor densidad poblacional) y a las capitales provinciales para saber qué pasó con las bombitas que fueron sacadas.
La Ley 25.831 de acceso a la información ambiental ampara la Asociación a solicitar todos los datos respecto a este tema y así lo hicieron. En estos días comenzaron a enviar cartas a cada uno de los gobiernos locales y en caso de no recibir respuesta en un máximo de 30 días, recurrirán a un tribunal Contencioso Administrativo y pedir que judicialmente se los obligue a responder. "Son datos que están en los registros públicos de los municipios. El derecho de información es constitucional y tengo el derecho a difundirla", remarcó.
Casi todos los municipios bonaerenses o las provincias empezaron a sustituirlas desde hace un par de años, pero en ninguna de estas licitaciones y sustituciones se dice qué se hace con las lámparas usadas
Por lo pronto se vienen comunicado vía mail con los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Berisso, Berazategui, Campana, Cañuelas, Escobar, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Plata, Lanús, Luján, Malvinas Argentinas, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Quilmes, San Miguel, Tres de febrero, Zárate, Bahía Blanca, Mar del Plata, Miramar, Dolores y Pinamar. En cada uno de estos lugares se llevaron a cabo planes de recambio de luminarias pero todos omitieron decir cómo fue la disposición final de los residuos. Hasta ahora no contestaron.
"Tenemos por ejemplo en Rosario un llamado a licitación en donde no se le da instrucciones al proveedor sobre qué hacer con las que sustituye. Incluso algunos municipios han hecho otra cosa que es mucho peor, que es una doble ilegalidad. Las sustituidas las instalan en lugares alejados para darle luminaria a lugares oscuros, peligrosos o que no han tenido luz. Esto duplica la ilegalidad", denunció. Este caso por ejemplo ocurrió en Morón, donde la propia municipalidad confesó en su página web que reutilizó las lámparas viejas, algo prohibido por ley.
"Hay una presunción muy grande de que lo que no se destruye desaparece del mundo ideal, pero no del mundo real porque engrosa basurales y lugares no aptos. En general hay una sobreprotección jurídica o legal y un desparpajo en violar la ley. Ya sea por ignorancia, dolo o por interés. Esto no es de una jurisdicción sola. En Mendoza, por ejemplo, dictaron una resolución de la Secretaría de Ambiente diciendo que esto es peligro y lo vamos a destruir y los municipios no la acatan. Es curioso. En Córdoba pasa algo similar. Todo los vamos a averiguar y van a tener que responder", advirtió el letrado.
Argentina suscribe el Convenio de Minamata, un acuerdo firmado por varios países en 2013 después de lo ocurrido en esa ciudad japonesa donde miles de personas murieron intoxicadas por mercurio. En el convenio, distintos estados se comprometieron a aplicar una serie de medidas para acabar con las emisiones de mercurio a la atmósfera y reducir paulatinamente los productos que contienen el metal
En ese sentido, Caparelli dijo que legalmente el Estado debe proveer la protección del ambiente a toda la población. Según la Constitución en su artículo 43 -aclara- cada ciudadano tiene el derecho de gozar de un ambiente sano y la autoridad tiene que garantizar la protección de ese derecho.
"La autoridad tiene un plus. Y a eso se le agrega la ley del Ambiente que dice que todos los que intervienen en un hecho contaminante, cuando no se ha podido determinar cuál ha sido la participación, son todos solidariamente responsables. En este caso, autoridad provincial, autoridad municipal y proveedor. Son solidariamente responsables del daño que pudieron haber causado al ambiente. ¿Dónde están esas lámparas? Tienen que haberse destruido ¿Por qué no se llevaron a destrucción final o por qué no lo informaron? Se jactaron de que las cambiaron, pero no dijeron cómo destruyeron las viejas", cuestionó.
Son miles y miles de luminarias cambiadas en todos los municipios y provincias. En Córdoba -precisa el presidente de la ONG- "se habla de 21.500. Un total del 1.000 cuadras con Led en Morón, Escobar con unos 7.000 puntos con nuevas lámparas, La Plata lleva 60 cuadras (14 mil nuevas luces que se suman a las 4000 que ya se instalaron), 50 mil luces en San Isidro, en Campana fueron 3.400 luminarias nuevas, 3500 en Lanús, como para citar algún ejemplo". En Rosario se reemplazaron unas 15.000, la misma cantidad en Hurlingham o 3.500 en Quilmes. Se anunciaron 800 nuevas en San Martín y Tres de Febrero tiene 3.100 nuevas, añadió.
Los efectos al salud
Según dijo a Infobae Eduardo Scarlato, jefe de Toxicología del Hospital de Clínicas, cada lamparita tiene entre 5 y 10 miligramos de mercurio.
"El mercurio es un metal que va seguir siendo usado. El tema central es cómo se dispone de ese mercurio y que esas lamparitas son muy frágiles. Cada una tiene en promedio de ocho miligramos de mercurio y cuando se rompen se libera ese vapor al medio ambiente o al hogar. Si sumamos que son millones de lámparas, son toneladas las de mercurio que han sido liberadas. Es un riesgo para el medioambiente", alertó el experto. El mercurio es un metal que no se crea ni se destruye. Está en la naturaleza, una vez que se libere puede entrar en distintos procesos con las consecuencias que eso puede acarrear" agregó.
Según el médico, hay dos tipos de riesgo con el mercurio: el denominado de "exposición aguda" que desarrolla un efecto perjudicial dentro de 24 horas y el de "la exposición crónica", que es cuando se expone a muy bajas concentraciones durante mucho tiempo.
"La bombita en sí no trae riesgo. El problema surge cuando esa lámpara se rompe y se libera. Se trata del único metal líquido a temperatura ambiente. Los efectos del mercurio se saben de antaño. Acá el problema es qué se hace con eso. No es que nos volvamos "químicofóbicos" porque cualquier sustancia de la naturaleza conlleva un peligro. Lo importante es saber con qué medidas de seguridad lo tratamos. Estas bombitas quemadas son desechos peligrosos. La responsabilidad del correcto tratamiento es de los gobiernos y su disposición final no entraña mayores costos, sólo gente idónea para hacerlo", resaltó Scarlato.
El mercurio es un metal que va seguir siendo usado. El tema central es cómo se dispone de ese mercurio y que esas lamparitas son muy frágiles. Cada una tiene en promedio de ocho miligramos de mercurio y cuando se rompen se libera ese vapor al medio ambiente o al hogar. Si sumamos que son millones de lámparas, son toneladas las de mercurio que han sido liberadas. Es un riesgo para el medioambiente
La triple violación a las leyes
Las licitaciones para cambiar las luminarias comenzaron aproximadamente en el año 2011 y para fin de 2019 ya deberían estar sustituidas todas las lámparas con mercurio, según la ley. En la ONG tienen la sospecha de que otros municipios del país incurrieron en la misma falta y esperan que hagan de ahora en más lo correcto pero que paguen civil y penalmente por lo que hicieron indebidamente. "Si ninguna licitación obliga, incurren en la violación. Tanto como el que licita como el que adjudica. Pero también el organismo provincial de control es responsable. Los tres son solidariamente responsables. No se puede simplemente almacenar eso, es peligroso. Puede haber peligro de ruptura", advirtió el titular de la entidad.
La Ley Nacional de Residuos Peligrosos tiene sanciones para aquel que altere el ambiente y lo contamine. En este caso, también habrían violado la ley provincial 14.321 sobre RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), que dice que la enorme cantidad de residuos eléctricos y electrónicos deben ser reducidos.
"El foco de la cuestión es que se está violando la ley. La supranacional del Convenio, la Nacional de residuos públicos, la Ley general del Ambiente que también tiene vigencia en todo el país y en la provincia de Buenos Aires la ley especial sobre los RAEE", resaltó el experto.
Finalmente, el abogado recordó que no es necesario esperar a que alguien se enferme para tomar medidas. Según explicó, "el principio precautorio dice que aún en ausencia absoluta de certeza de lo que puede ocurrir hay que tomar medidas" pero "sabiendo que el mercurio es tóxico de por sí, no se puede dejar de tomar alguna".
"No importa que no sepan, pero en este caso se sabe. En Minomata sí sabían lo que iba a pasar. ¿Qué tenemos que pensar? Que hay un costo que han querido evitarse en detrimento de la salud pública. Porque el convenio de salud pública dice que deben eliminarse todos aquellos aparatos que contengan mercurio o un componente. El destino de eso es un misterio. Se va a averiguar. Estamos mandando mails pero lo vamos a hacer", sentenció.
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Turismo en reservas y la fauna
El avance del turismo sobre las reservas
Fecha de Publicación: 31/01/2019
Fuente: El Diario de Madryn
Provincia/Región: Río Negro
A 60 kilómetros de la ciudad rionegrina de Viedma está “La Lobería” un escenario de restingas y una serie de diques de contornos irregulares que en bajamar propician el florecer de piletones naturales. Está rodeada por altos acantilados, lo que la coloca en una posición estratégica frente a otras playas, ya que casi está afectada por viento. Además, tiene aguas cálidas, producto de la acción de la corriente marina del Brasil que toca las costas hasta la altura del Golfo San Matías. Pero a la vez, es el primer apostadero de lobos marinos de un pelo de la Patagonia y uno de los más importantes del mundo.
Lobos y hombres
O sea, desde hace años la zona se debate entre un paraíso turístico desconocido por la gran mayoría, y la reserva natural de lobos marinos. Este debate se hizo carne hace unos días cuando pareció entre las sombrillas un ejemplar adulto de lobo marino, generando la curiosidad entre los turistas.
Curiosidad que derivó en molestia en los vecinos y lugareños, quienes aseguran que se trata de una zona en la que no debería haber personas. Según publicó el Diario Río Negro, las personas que captaron el momento con sus celulares, el mamífero se paseó entre las reposeras, inspeccionó su territorio y luego se marchó.
Desde la página de Facebook del balneario pidieron a la comunidad no molestarlos, ni acercarse o darles de comer para evitar perturbar su hábitat.
En las redes, los usuarios se lamentaron por la situación y sentenciaron: “en una época no podías bajar al hábitat de los lobos. Era hermoso verlos dormir sin que nadie los molestara. En qué momento se cambió esa disposición. Hemos visto cómo quedan las playas llenas de bolsas y pañales cuando se van las familias”.
Recomendaciones
La aparición de fauna silvestre en las costas patagónicas es algo mucho más común que lo que cree la mayoría de los turistas, y ante este tipo de situaciones, desde la Dirección de Fauna y Flora Silvestre y la Red de Fauna Costera solicitan que no toquen ni se acerquen a estos animales, ya que pueden sentirse agredidos y defenderse causando daño a las personas.
Frente a apariciones de fauna marina costera, las recomendaciones a seguir son no interrumpir su salida al mar, no dejar que se acerquen los animales domésticos, no mojarlos ni forzarlos a volver al mar, no arriesgarse a mover el animal, solamente dejarlo reposar en su sitio, sin perturbaciones y ante cualquier duda llamar al teléfono 103 para comunicarse con la Red de Fauna Costera.
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Fecha de Publicación: 31/01/2019
Fuente: El Diario de Madryn
Provincia/Región: Río Negro
A 60 kilómetros de la ciudad rionegrina de Viedma está “La Lobería” un escenario de restingas y una serie de diques de contornos irregulares que en bajamar propician el florecer de piletones naturales. Está rodeada por altos acantilados, lo que la coloca en una posición estratégica frente a otras playas, ya que casi está afectada por viento. Además, tiene aguas cálidas, producto de la acción de la corriente marina del Brasil que toca las costas hasta la altura del Golfo San Matías. Pero a la vez, es el primer apostadero de lobos marinos de un pelo de la Patagonia y uno de los más importantes del mundo.
Lobos y hombres
O sea, desde hace años la zona se debate entre un paraíso turístico desconocido por la gran mayoría, y la reserva natural de lobos marinos. Este debate se hizo carne hace unos días cuando pareció entre las sombrillas un ejemplar adulto de lobo marino, generando la curiosidad entre los turistas.
Curiosidad que derivó en molestia en los vecinos y lugareños, quienes aseguran que se trata de una zona en la que no debería haber personas. Según publicó el Diario Río Negro, las personas que captaron el momento con sus celulares, el mamífero se paseó entre las reposeras, inspeccionó su territorio y luego se marchó.
Desde la página de Facebook del balneario pidieron a la comunidad no molestarlos, ni acercarse o darles de comer para evitar perturbar su hábitat.
En las redes, los usuarios se lamentaron por la situación y sentenciaron: “en una época no podías bajar al hábitat de los lobos. Era hermoso verlos dormir sin que nadie los molestara. En qué momento se cambió esa disposición. Hemos visto cómo quedan las playas llenas de bolsas y pañales cuando se van las familias”.
Recomendaciones
La aparición de fauna silvestre en las costas patagónicas es algo mucho más común que lo que cree la mayoría de los turistas, y ante este tipo de situaciones, desde la Dirección de Fauna y Flora Silvestre y la Red de Fauna Costera solicitan que no toquen ni se acerquen a estos animales, ya que pueden sentirse agredidos y defenderse causando daño a las personas.
Frente a apariciones de fauna marina costera, las recomendaciones a seguir son no interrumpir su salida al mar, no dejar que se acerquen los animales domésticos, no mojarlos ni forzarlos a volver al mar, no arriesgarse a mover el animal, solamente dejarlo reposar en su sitio, sin perturbaciones y ante cualquier duda llamar al teléfono 103 para comunicarse con la Red de Fauna Costera.
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Duras multas en Misiones por atropellar animales
Aplicarán duras multas por atropellar animales en áreas protegidas: hasta $ 500 mil
Fecha de Publicación: 31/01/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Misiones
Los conductores de vehículos que dañen la fauna nativa de Misiones cuando transiten por zonas protegidas de la provincia tendrán que pagar costosas multas de hasta 500 mil pesos, según informaron este jueves desde el ministerio local de Ecología y Recursos Naturales Renovables.
La iniciativa surgió ante la cantidad de animales silvestres atropellados y abandonados en las rutas dentro de las áreas naturales protegidas de la provincia.
El hecho más reciente fue la semana pasada cuando un colectivo de media distancia atropelló y mató a una ejemplar de ocelote cuando atravesaba la ruta nacional 12 junto a su cría en pleno Parque Nacional Iguazú.
Atropellar a un yaguareté tendrá la multa más costosa, 500 mil pesos, según establece la resolución, que además estipula la creación de un Registro de Conductores Infractores a la Fauna Nativa.
El Boletín Oficial del jueves dictamina la entrada en vigencia de esta lista de infractores la cual, según lo establece la Ley de Áreas Naturales Protegidas XVI N° 29, prohibirá el ingreso a los Parques
Provinciales a quienes figuren en el mismo y serán "escrachados"
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Fecha de Publicación: 31/01/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Misiones
Los conductores de vehículos que dañen la fauna nativa de Misiones cuando transiten por zonas protegidas de la provincia tendrán que pagar costosas multas de hasta 500 mil pesos, según informaron este jueves desde el ministerio local de Ecología y Recursos Naturales Renovables.
La iniciativa surgió ante la cantidad de animales silvestres atropellados y abandonados en las rutas dentro de las áreas naturales protegidas de la provincia.
El hecho más reciente fue la semana pasada cuando un colectivo de media distancia atropelló y mató a una ejemplar de ocelote cuando atravesaba la ruta nacional 12 junto a su cría en pleno Parque Nacional Iguazú.
Atropellar a un yaguareté tendrá la multa más costosa, 500 mil pesos, según establece la resolución, que además estipula la creación de un Registro de Conductores Infractores a la Fauna Nativa.
El Boletín Oficial del jueves dictamina la entrada en vigencia de esta lista de infractores la cual, según lo establece la Ley de Áreas Naturales Protegidas XVI N° 29, prohibirá el ingreso a los Parques
Provinciales a quienes figuren en el mismo y serán "escrachados"
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Inundaciones: el problema es de raíz
Inundación sin raíces
Fecha de Publicación: 30/01/2019
Fuente: Pagina 12
Provincia/Región: Litoral
Investigaciones sobre la región del Chaco Seco determinaron que la deforestación impide que los árboles absorban agua. El resultado es el aumento de flujos de agua en napas y superficie.
Inundación, muertes, pérdidas millonarias, pedido de obras, imágenes de animales y cultivos bajo el agua, lamentos y el empresariado del agronegocio que reclama subsidios. Culpan a “lluvias extraordinarias” e invisibilizan la acción del hombre: en la región del Chaco argentino se desmontaron desde 1976 casi nueve millones de hectáreas, equivalente a 440 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. El 61 por ciento se dio a partir de fines de la década del noventa, cuando comenzó a avanzar el modelo transgénico. El Gobierno recortó el 95 por ciento del presupuesto de protección de bosques y el presidente Macri propuso “acostumbrarse” a las inundaciones.
Misiones, Corrientes y Entre Ríos sufrieron inundaciones en 2015. Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires en 2016. La Pampa, Córdoba, Tucumán, Formosa y Salta en 2017. En 2018, otra vez Salta y Buenos Aires. Argentina sufre cada vez más inundaciones y desde el sector empresario y político se responsabiliza al clima y a la falta de obras hidráulicas. “Sembramos soja hasta en las macetas y eso nos está afectando”, sinceró en 2017 el intendente de Salto, Ricardo Alessandro, cuando su partido quedó bajo el agua.
La Red Agroforestal Chaco Argentino (Redaf) sistematizó datos estadísticos desde 1976 sobre la región del Chaco Seco (zonas de Salta, Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Córdoba, Santa Fe, Catamarca, Tucumán, San Luis, San Juan, Jujuy y La Rioja). En base a imágenes satelitales junto al INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y al Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART) de la Facultad de Agronomía de la UBA determinó que desde 1976 hasta 2018 se desmontaron 8,9 millones de hectáreas. Desde la sanción de la Ley de Bosques (2007) se arrasaron 2,4 millones de hectáreas de esa región.
“A partir de la década de los 90 se produjo un acelerado proceso de deforestación, concentrado especialmente en la región chaqueña. Entre los años 1996 y 2006 se deforestaron casi tres millones de hectáreas en el Chaco Seco, principalmente con destino a la expansión de los cultivos de exportación, en especial la soja”, explicó la Redaf en su informe “A 10 años de la Ley de Bosques”.
La inundación de las últimas semanas afectó con más dureza a Chaco, Corrientes, Santiago del Estero y Santa Fe. Desde 1976 hasta 2017 se arrasaron 1.420.938 hectáreas en Chaco, 3.221.388 en Santiago del Estero y 142.233 en Santa Fe, detalla el informe de la Redaf. En 2017, el entonces subdirector de Recursos Naturales de Santa Fe, Carlos Chiarulli, reconoció que la provincia perdió el 82 por ciento de sus bosques en sólo ochenta años (le quedan 1,2 millón de hectáreas). El principal motivo fue el avance de la frontera agropecuaria.
Emilio Spataro, de la organización Amigos de la Tierra Argentina (ATA), denunció que Corrientes perdió el 75 por ciento (2,3 millones de hectáreas) de su superficie forestal original. “En los 15 años que van de la década del 90 a la primer década del este siglo se destruyó el 25 por ciento del total”, precisó.
El Centro Nelson Mandela es un espacio de referencia en el estudio del desmonte en Chaco. Rolando Nuñez, su coordinador, no tiene dudas: “Hemos perdido el balance ambiental producto del avance de las actividades del hombre, fundamentalmente el avance de la frontera agropecuaria transgénica y de la ganadería”, afirmó Nuñez.
El informe “Desmontes S.A. La responsabilidad empresaria y gubernamental en la violación de la Ley de Bosques” (de Greenpeace) denuncia que Chaco es la provincia donde más bosques se destruyeron durante los últimos tres años (103.908 hectáreas). La organización alertó que el gobierno provincial pretende desmontar tres millones de hectáreas del Impenetrable chaqueño.
“El árbol es una bomba extractora de agua”, explicó Ernesto Viglizzo, del INTA La Pampa. Con más de treinta años de trabajo en la institución, remarcó las consecuencias de eliminar el monte. Su testimonio aparece el documental-científico encabezado por el investigador Esteban Jobbágy (“Río nuevo”), que revela la aparición de nuevos cursos de agua en San Luis. El documental confirma el vínculo entre el ascenso de napas, los excesos hídricos y el modelo agropecuario. Detallaron que las pasturas transpiran (“evaporan”) 1075 milímetros al año, mientras que cultivos como soja y maíz sólo transpiran 680 milímetros. La diferencia de agua permanece en la tierra, eleva la napa y facilita la inundación.
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La FAUBA propone microalgas para limpiar el Riachuelo
Un equipo de Agronomía, detrás del sueño de limpiar el Riachuelo usando microalgas
Fecha de Publicación: 30/01/2019
Fuente: Bichos de Campo
Provincia/Región: Riachuelo
Que la Cuenca Matanza-Riachuelo es una de las más contaminadas del país, no caben dudas. Un basural a cielo abierto, cuyo saneamiento fue prometido por cuanto Gobierno hubo en las últimas décadas. La tarea de sanearlo está a cargo de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), creada por ley, que hace 10 años puso en marcha el llamado Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA).
Un equipo de investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) se sumó a la titánica tarea de limpiar el Riachuelo. Asegura que probó con éxito una técnica novedosa, denominada “biosorción”, para sanear efluentes industriales contaminados con metales pesados en la Cuenca.
“La investigación pasa por utilizar biomasa de microalgas para remover materiales pesados. Mezclamos esa biomasa, la cual tiene capacidad de retener los metales presentes en un efluente. Un caso es el del Zinc, generado por la industria de la galvanoplastia y que conlleva graves problemas para la salud humana”, comentó a Bichos de Campo, Agustín Rearte, docente e investigador de la cátedra de química inorgánica y analítica de la FAUBA.
El proyecto “AlgAr”, que busca la promoción de esta tecnología de microalgas para tratar efluentes, está liderado por alumnos y docentes de esa facultad, y cuenta además con el apoyo de IncUBAgro.
“Poner en funcionamiento una planta de tratamiento de microalgas para una empresa oscila desde los 500.000 pesos hasta el millón de pesos, intentando reducir al máximo los costos de inversión y de implementación. Y luego queda el costo operativo de la planta. Lo bueno es que cuanto más aumenta el volumen de tratamiento, mayor es la diferencia de reducción de costos. Por ende hay un beneficio económico para las empresas”, remarcó el investigador.
Rearte contó que “ya estamos tratando con municipios como el de Mercedes y con frigoríficos, pero aún no hay nada concreto. Estamos esperando a quien quiera invertir (en esta tecnología), el cuello de botella”, describió.
“Lo interesante es que esa biomasa la generamos a partir de otros tratamientos biológicos para remover materia orgánica de efluentes y con esos tratamientos generamos la biomasa de microalgas, la misma que utilizamos en nuestros experimentos para tratar efluentes con metales pesados. La idea era tratar 2 efluentes con diferentes tecnologías y evaluar su eficiencia. Hoy estamos tratando de llevar esas tecnologías a la industria”, agregó el investigador.
Rearte aseguró que también trabajan observando la acción de las microalgas en otros metales tales como Cromo, que se utiliza mucho en curtiembres, y Plomo, otro elemento contaminante presente en la Cuenca.
¿Entonces será posible poder sanear o reducir la contaminación en la Cuenca Matanza-Riachuelo? Hay dos medidas, según Rearte, que deberían tomarse: “Una es la precautoria, y es que las industrias tomen conciencia ambiental y no viertan efluentes contaminados. Esa es la primera base. Y por otro lado están las estrategias de saneamiento in situ, en el Riachuelo, estudiando cómo mantener los márgenes vegetados, reducir la velocidad y erosión del río para que no haya sedimentos, etcétera. Lo que nos falta son industrias interesadas en aplicar los criterios de asesoramiento y en invertir”, aclaró.
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Fecha de Publicación: 30/01/2019
Fuente: Bichos de Campo
Provincia/Región: Riachuelo
Que la Cuenca Matanza-Riachuelo es una de las más contaminadas del país, no caben dudas. Un basural a cielo abierto, cuyo saneamiento fue prometido por cuanto Gobierno hubo en las últimas décadas. La tarea de sanearlo está a cargo de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), creada por ley, que hace 10 años puso en marcha el llamado Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA).
Un equipo de investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) se sumó a la titánica tarea de limpiar el Riachuelo. Asegura que probó con éxito una técnica novedosa, denominada “biosorción”, para sanear efluentes industriales contaminados con metales pesados en la Cuenca.
“La investigación pasa por utilizar biomasa de microalgas para remover materiales pesados. Mezclamos esa biomasa, la cual tiene capacidad de retener los metales presentes en un efluente. Un caso es el del Zinc, generado por la industria de la galvanoplastia y que conlleva graves problemas para la salud humana”, comentó a Bichos de Campo, Agustín Rearte, docente e investigador de la cátedra de química inorgánica y analítica de la FAUBA.
El proyecto “AlgAr”, que busca la promoción de esta tecnología de microalgas para tratar efluentes, está liderado por alumnos y docentes de esa facultad, y cuenta además con el apoyo de IncUBAgro.
“Poner en funcionamiento una planta de tratamiento de microalgas para una empresa oscila desde los 500.000 pesos hasta el millón de pesos, intentando reducir al máximo los costos de inversión y de implementación. Y luego queda el costo operativo de la planta. Lo bueno es que cuanto más aumenta el volumen de tratamiento, mayor es la diferencia de reducción de costos. Por ende hay un beneficio económico para las empresas”, remarcó el investigador.
Rearte contó que “ya estamos tratando con municipios como el de Mercedes y con frigoríficos, pero aún no hay nada concreto. Estamos esperando a quien quiera invertir (en esta tecnología), el cuello de botella”, describió.
“Lo interesante es que esa biomasa la generamos a partir de otros tratamientos biológicos para remover materia orgánica de efluentes y con esos tratamientos generamos la biomasa de microalgas, la misma que utilizamos en nuestros experimentos para tratar efluentes con metales pesados. La idea era tratar 2 efluentes con diferentes tecnologías y evaluar su eficiencia. Hoy estamos tratando de llevar esas tecnologías a la industria”, agregó el investigador.
Rearte aseguró que también trabajan observando la acción de las microalgas en otros metales tales como Cromo, que se utiliza mucho en curtiembres, y Plomo, otro elemento contaminante presente en la Cuenca.
¿Entonces será posible poder sanear o reducir la contaminación en la Cuenca Matanza-Riachuelo? Hay dos medidas, según Rearte, que deberían tomarse: “Una es la precautoria, y es que las industrias tomen conciencia ambiental y no viertan efluentes contaminados. Esa es la primera base. Y por otro lado están las estrategias de saneamiento in situ, en el Riachuelo, estudiando cómo mantener los márgenes vegetados, reducir la velocidad y erosión del río para que no haya sedimentos, etcétera. Lo que nos falta son industrias interesadas en aplicar los criterios de asesoramiento y en invertir”, aclaró.
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Córdoba: tres años que se incumple con la ley de bosques
La ley de bosques tampoco será tratada este año
Fecha de Publicación: 30/01/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Desde hace tres años que la provincia de Córdoba incumple con la ley nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos (26.331), a raíz de la falta de actualización del mapa ambiental que de manera obligatoria debió realizar hace cinco años.
El primer ordenamiento territorial aprobado por la Legislatura provincial data de agosto de 2010. A los cinco años debió actualizar el mapa ambiental. Es decir que desde mediados de 2015, Córdoba está al margen de la norma.
Pasaron tres años sin la renovación del mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), y en un año marcado por el pulso electoral, más la fuerte polémica que se activa con el debate de este tema, se descuenta que la iniciativa se tomará otro año sabático.
A menos de cuatro meses de las elecciones provinciales, la actualización del OTBN, durante el primer semestre del año, seguirá en punto muerto. Tampoco hay expectativas de que se promueva su debate, en una segunda etapa del año, marcada por los comicios nacionales.
Lo cierto es que Córdoba tiene en la columna del haber la sanción de una normativa remozada con su correspondiente mapa ambiental de zonas rojas, amarillas y verdes, las cuales marcan el nivel de intervención o restricción del uso del monte.
La fuerte polémica que se genera en torno a ley de bosques por las posiciones antagónicas de ambientalistas y ruralistas, encima, en un año dominado por el amplio cronograma electoral, desalienta cualquier chance de habilitar un escenario de debate en el recinto legislativo.
“No hay nada al respecto”, respondió ante la consulta de La Voz el presidente provisorio, a cargo de la Legislatura, Oscar González.
Además, la espada legislativa del oficialismo afirmó: “No hemos discutido la agenda parlamentaria de este año. Esperaremos el discurso de apertura de sesiones del gobernador”, que será el 1° de febrero.
En el oficialismo evitan decir públicamente que el debate en torno a la ley de bosques volverá a quedar pendiente durante 2019, aunque en privado hay múltiples voces que admiten que “no es el momento ya que estamos a las puertas de las elecciones”.
En la vereda de enfrente, la oposición renovó sus críticas contra el accionar del oficialismo y a la política ambiental del Gobierno provincial.
El titular de la bancada radical, Orlando Arduh, afirmó que “la UCR siempre tuvo voluntad de discusión y de consensuar sobre esta ley, pero lamentablemente sabemos los tiempos legislativos que maneja UPC y los intereses que están en juego sobre todo en un año electoral”.
El parlamentario le pidió al oficialismo “dejar de buscar culpables y hacerse cargo”. Así le atribuyó a la Provincia estar “en falta” desde 2015 con la Nación, en referencia a la ley nacional 26.331.
Al reclamar un “debate serio” con la participación de todos los actores, la legisladora Liliana Montero expresó que “si bien es preocupante que no se actualicen los mapas, más preocupante es que no se busquen las herramientas de participación transparente que permitan la construcción en beneficio del desarrollo sustentable y el cuidado de nuestro bosque”.
La opositora demandó “respetar la ley nacional vigente” de presupuestos mínimos que rige en todo el país. “De allí hay que partir”, acentuó.
El parlamentario del Frente de Izquierda Ezequiel Peressini renovó su rechazo “a cualquier proyecto del Gobierno”, ya que resaltó que los cambios a ley de bosques “se deben hacer con una nueva Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (COTBN) y con un proceso democrático”.
Desde el bloque Córdoba Podemos, Carmen Nebreda sostuvo que “Córdoba no tiene más tiempo de no discutir el tema de ambiente”. Argumentó que “es una de las provincias que más ha devastado el medio ambiente”.
Nebreda también fue muy crítica con el accionar de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia. Manifestó que “los informes que está dando los hace con los conceptos de un proyecto de ley que fue rechazado”, en alusión a la iniciativa presentada en 2016 y que no avanzó en la Unicameral por el rechazo del colectivo ambientalista.
Ante los cuestionamientos, González resaltó que “la oposición está para criticar”, pero también devolvió la pelota al terreno opositor, al advertir que “si no hay consenso en los bloques, no vamos a avanzar sobre este tema”.
Este medio gestionó ante el área de prensa conocer la posición de la Secretaría de Ambiente de la Provincia. La respuesta fue que no habrá declaraciones ya que el tema se encuentra en el ámbito legislativo.
Por su parte, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, no quiso entrar en polémica por la falta de actualización de la ley de bosques de Córdoba.
En cambio, sí se refirió al Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos (INBN2) a través del cual se obtendrá información actualizada del patrimonio de bosques nativos en el país, con un avance del 48 por ciento.
El último intento
La búsqueda de aprobar un nuevo esquema regulatorio para el bosque nativo en Córdoba se dio en el marco de la presentación del proyecto de ley 20.811 impulsado por un grupo de 12 legisladores (10 oficialistas y dos radicales), allá por diciembre de 2016. Ese intento fracasó.
En los primeros meses de 2017, se activó el tratamiento de dicha iniciativa que en sus fundamentos daba cuenta de que estaba “vencido el mapa de OTBN”. Asimismo, se justificaba la aplicación de nuevas tecnologías para la actualización del ordenamiento territorial, dando paso así a una “normativa más moderna”.
La dura resistencia del colectivo de organizaciones ambientalistas hizo naufragar el debate acerca de una nueva norma para regular la conservación, el manejo sostenible y el aprovechamiento con cambio de uso de suelo de los bosques existentes en la provincia.
Los ambientalistas afirmaron que el proyecto oficialista “agravaría” la situación ambiental de la provincia. También hubo reparos de las universidades nacionales con sede en Córdoba.
Se intentó remar contra la corriente, ya que había consenso de Unión por Córdoba y la Unión Cívica Radical, pero el rechazo ambientalista, sumado a las elecciones legislativas de 2017, imposibilitaron que la iniciativa avanzara en su debate en el recinto. A fines de ese año, el proyecto perdió estado parlamentario.
Durante el año pasado, el tema no estuvo en agenda en ningún momento. Ni el oficialismo, ni el sector del radicalismo “procampo” promovió la discusión. Mucho menos lo harán este 2019, cuya atención estará puesta en las elecciones provinciales y nacionales.
La Nación avanza con el inventario de bosques nativos en el país
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación lleva adelante en el país el Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos (INBN2), con un grado de avance del 48 por ciento.
“Es una deuda que el país tenía pendiente desde hacía 11 años, ya que desde 2007, cuando se sancionó la ley de presupuestos mínimos (26.331), nunca se había realizado. El último relevamiento a escala nacional se inició en 1998 y finalizó en 2005, y la ley de bosques nativos establece que el inventario debe actualizarse cada cinco años como máximo”, afirmó su titular, Sergio Bergman.
Con este plan ya puesto en marcha se instalarán y se medirán 4.200 “parcelas remedibles” en todo el territorio nacional. En Córdoba, serán 116 de las 370 que se colocarán en las tres provincias de la Región Centro.
Esta herramienta, considerada “estratégica” para planificar políticas de conservación y de manejo sustentable de los bosques, busca promover la información actualizada del patrimonio de bosques nativos del país.
Desde el organismo de Ambiente de Nación, se indicó que en territorio cordobés se relevarán bosques de las regiones de parque chaqueño y espinal.
El Director Nacional de Bosque, Juan Pedro Cano, declaró a La Voz que el inventario en Córdoba “se va a realizar durante los próximos seis meses”. Es el plazo máximo que establece el contrato firmado por la Nación con las adjudicatarias.
Cabe mencionar que, a principios de enero, la secretaría a cargo de Bergman firmó la adjudicación de la licitación pública nacional N°2/2108 para la contratación del servicio de instalación de un total de 627 “parcelas remedibles” en cinco provincias: Misiones, Corrientes, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.
El relevamiento del patrimonio forestal nativo se hace a través de un sistema de monitoreo de la cobertura forestal. Esto implica la instalación de una red de parcelas que permiten el muestreo permanente, con el objetivo de verificar los cambios que ocurren en los bosques.
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Arrancaron los sismos derivados de Vaca Muerta
Vecinos podrían bloquear Vaca Muerta: sufrieron 20 sismos en 24 horas
Fecha de Publicación: 29/01/2019
Fuente: El Chubutense
Provincia/Región: Neuquén
“Se nos están partiendo las paredes de las viviendas, y las más precarias se están por caer”, manifestaron los vecinos, quienes amenazan con realizar un bloqueo para los vehículos de la actividad petrolera.
Vecinos del paraje Sauzal Bonito, ubicado a dos kilómetros del área Fortín de Piedra de Vaca Muerta, en la cuenca neuquina, se vieron afectados desde ayer miércoles y hasta la madrugada de este jueves por más de 20 sismos de distinta intensidad que provocaron daños en las viviendas y anticiparon que si las autoridades provinciales no atienden la problemática de la zona, podrían realizar un bloqueo para los vehículos que ingresan al área de operaciones.
En diálogo con Télam, un vecino del poblado rural, Carlos Pérez, explicó que “esto empezó hace unos meses, antes no había sismos, creemos que el causal son los trabajos no convencionales de las petroleras, la fractura hidráulica”.
“Sentimos más de 20 movimientos durante el miércoles, y este jueves a la mañana volvió a temblar”, relató Pérez y agregó que “se está enfermando la gente, los chicos tienen mucho miedo”.
“Ya le dijimos a Provincia que se nos están partiendo las paredes de las viviendas, y las más precarias se están por caer”, manifestó el vecino.
Este jueves mediodía se reunieron las 100 familias que residen en el paraje y resolvieron movilizarse a la ruta provincial 17 para llevar a cabo “un preaviso y hablar con la gente de las empresas” y, en el caso de no tener respuestas, mañana viernes realizarán un bloqueo para los vehículos de la actividad petrolera.
Vaca Muerta? es una formación geológica de Shale situado en la cuenca Neuquina? en las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza.
Según el informe “Sismicidad en Sauzal Bonito, Cuenca Neuquina” elaborado por Joaquín Vásquez Marín, director de Sismología de Chile y miembro del Departamento de Analistas de la organización homónima, la zona del poblado forma parte de la estructura de la Dorsal de Huincul, un sistema de fallas geológicas, que podría ser responsable de los fenómenos sísmicos registrados en los últimos tiempos en esa región. Pero agrega que no obstante, los constantes movimientos telúricos también podrían estar relacionados con el fracking o estimulación hidráulica, método de extracción utilizado por las explotaciones no convencionales de hidrocarburos”. El documento fue dado a conocer el pasado 4 de enero.
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El Impenetrable cae por empresas que no son del Chaco
Desmontes en El Impenetrable: la mayoría de empresas beneficiadas no son del Chaco
Fecha de Publicación: 29/01/2019
Fuente: Chaco Dia por Dia
Provincia/Región: Chaco
De las 67 autorizaciones de desmonte por más de 50 mil hectáreas en zona prohibida otorgadas en el Chaco, la gran mayoría de empresas beneficiadas se encuentran radicadas en la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires
¿Qué tienen en común Cuenca del Salado SA, Quenia SA, MSU SA, Cofaco SA, Orlando Luis Vicentín, Alejandro Carlos Duhau, Agroganadera La Familia SA, Triad SA, Agroconsulting SA, Ag Postis SA? Son empresas que están radicadas fuera de la provincia del Chaco y forman el selecto lote de las autorizadas a “recategorizar” más de 50 mil hectáreas que se encontraban en zona Amarilla (de acuerdo al mapa de Organización Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la ley nacional de Bosques Nativos –Nº 26.331-) y en las que encuentra prohibido deforestar o desarrollar algún tipo de actividad agrícola, especialmente la agricultura transgénica, intensiva e industrial.
De acuerdo a la información difundida por la organización ambientalista Greenpace, puntualmente son 67 las autorizaciones de “recategorización predial” otorgada en los últimos años por la Subsecretaría de Recursos Naturales del Chaco para favorecer el avance de la frontera agropecuaria en zonas prohibidas por la ley. Vale recordar que, días atrás, la misma Subsecretaría informó que durante 2018 se habían suspendido las autorizaciones para recategorización predial que es un eufemismo para explotar zonas prohibidas por la ley nacional de Bosques.
Para citar el caso más notable por la cantidad de hectáreas involucradas, la Subsecretaría de Recursos Naturales del Chaco autorizó a la empresa Cuenca del Salado SA, con domicilio en la localidad bonaerense de Villa Moquehua, a recategorizar en el Departamento Almirante Brown más de 12 mil hectáreas de bosques en Zona Amarilla para la siembra de soja, una de sus principales actividades.
En estos 67 casos en particular, hablamos de autorizaciones que fueron firmadas por el organismo público que tiene como función hacer cumplir las leyes, es decir, que gozan la presunción de legitimidad. Ni siquiera mencionamos aquellos desmontes que también se concretan pero sin autorización y que la Subsecretaría de Recursos Naturales suele reconocer aunque alega no contar con las herramientas necesarias para fiscalizar en todo el territorio provincial.
Según Greenpeace, debido a la cantidad de predios y la superficie forestal afectada, nos encontramos con un cambio importante del OTBN original sin haber cumplido los requerimientos establecidos por la Ley Nacional de Bosques y su decreto reglamentario, ni con una resolución del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
Penalizar a los desmontadores y a sus cómplices
En 2016, un grupo de legisladores nacionales junto a Greenpeace presentaron un proyecto de ley para incorporar en el Código Penal la pena de 2 a 10 años de cárcel para quiénes violaran la ley de Bosques Nativos, aunque es claro el lobby del sector que hasta hoy ha impedido el debate. De aprobarse, otorgaría herramientas a la justicia para investigar los delitos ambientales, teniendo en cuenta que, actualmente, las sanciones se reducen a multas económicas y, en muchas ocasiones, ni siquiera se llega a tales instancias debido a la connivencia existente entre las autoridades provinciales y el sector empresario. En ese sentido, el proyecto de ley también prevé sanciones para los funcionarios públicos que otorguen autorizaciones de “desmonte, incendio, cambio de uso de suelo o la destrucción de bosques nativos cuando no podía hacerlo por estar prohibida dicha autorización por leyes o reglamentos vigentes a la fecha de la comisión del delito”.
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Fecha de Publicación: 29/01/2019
Fuente: Chaco Dia por Dia
Provincia/Región: Chaco
De las 67 autorizaciones de desmonte por más de 50 mil hectáreas en zona prohibida otorgadas en el Chaco, la gran mayoría de empresas beneficiadas se encuentran radicadas en la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires
¿Qué tienen en común Cuenca del Salado SA, Quenia SA, MSU SA, Cofaco SA, Orlando Luis Vicentín, Alejandro Carlos Duhau, Agroganadera La Familia SA, Triad SA, Agroconsulting SA, Ag Postis SA? Son empresas que están radicadas fuera de la provincia del Chaco y forman el selecto lote de las autorizadas a “recategorizar” más de 50 mil hectáreas que se encontraban en zona Amarilla (de acuerdo al mapa de Organización Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la ley nacional de Bosques Nativos –Nº 26.331-) y en las que encuentra prohibido deforestar o desarrollar algún tipo de actividad agrícola, especialmente la agricultura transgénica, intensiva e industrial.
De acuerdo a la información difundida por la organización ambientalista Greenpace, puntualmente son 67 las autorizaciones de “recategorización predial” otorgada en los últimos años por la Subsecretaría de Recursos Naturales del Chaco para favorecer el avance de la frontera agropecuaria en zonas prohibidas por la ley. Vale recordar que, días atrás, la misma Subsecretaría informó que durante 2018 se habían suspendido las autorizaciones para recategorización predial que es un eufemismo para explotar zonas prohibidas por la ley nacional de Bosques.
Para citar el caso más notable por la cantidad de hectáreas involucradas, la Subsecretaría de Recursos Naturales del Chaco autorizó a la empresa Cuenca del Salado SA, con domicilio en la localidad bonaerense de Villa Moquehua, a recategorizar en el Departamento Almirante Brown más de 12 mil hectáreas de bosques en Zona Amarilla para la siembra de soja, una de sus principales actividades.
En estos 67 casos en particular, hablamos de autorizaciones que fueron firmadas por el organismo público que tiene como función hacer cumplir las leyes, es decir, que gozan la presunción de legitimidad. Ni siquiera mencionamos aquellos desmontes que también se concretan pero sin autorización y que la Subsecretaría de Recursos Naturales suele reconocer aunque alega no contar con las herramientas necesarias para fiscalizar en todo el territorio provincial.
Según Greenpeace, debido a la cantidad de predios y la superficie forestal afectada, nos encontramos con un cambio importante del OTBN original sin haber cumplido los requerimientos establecidos por la Ley Nacional de Bosques y su decreto reglamentario, ni con una resolución del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
Penalizar a los desmontadores y a sus cómplices
En 2016, un grupo de legisladores nacionales junto a Greenpeace presentaron un proyecto de ley para incorporar en el Código Penal la pena de 2 a 10 años de cárcel para quiénes violaran la ley de Bosques Nativos, aunque es claro el lobby del sector que hasta hoy ha impedido el debate. De aprobarse, otorgaría herramientas a la justicia para investigar los delitos ambientales, teniendo en cuenta que, actualmente, las sanciones se reducen a multas económicas y, en muchas ocasiones, ni siquiera se llega a tales instancias debido a la connivencia existente entre las autoridades provinciales y el sector empresario. En ese sentido, el proyecto de ley también prevé sanciones para los funcionarios públicos que otorguen autorizaciones de “desmonte, incendio, cambio de uso de suelo o la destrucción de bosques nativos cuando no podía hacerlo por estar prohibida dicha autorización por leyes o reglamentos vigentes a la fecha de la comisión del delito”.
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La Pampa: proyecto para regular plaguicidas no agricolas
Berhongaray elevó un proyecto de ley para regular el uso de plaguicidas
Fecha de Publicación: 29/01/2019
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
Martín Berhongaray, diputado provincial por el Frepam, ingresó al cuerpo legislativo provincial un proyecto de ley que busca dar un marco regulatorio al uso y venta de plaguicidas y tener así un control sobre este tipo de productos químicos que, sin el debido cuidado, pueden ser perjudiciales para la salud de los vecinos como para el medioambiente.
La utilización de plaguicidas de uso domiciliario, como así también otros productos químicos que sin el debido cuidado pueden ser nocivos tanto a la salud humana como así también al medio ambiente, es un tema recurrente en la agenda socioambiental argentina que, en los últimos años, también comenzó a hacer eco en las discusiones políticas de diferentes niveles del Estado.
La falta de regulación sobre la cantidad de insumos químicos que se utilizan para controlar las plagas y la preocupación expresada por vecinos y organizaciones ambientalistas respecto a las consecuencias sobre la salud de los pesticidas reactualizaron también el debate a nivel legislativo.
En ese contexto, el diputado provincial por el radicalismo, Martín Berhongaray ingresó a la Cámara de Diputados de nuestra provincia un proyecto de ley destinado a regular las tareas vinculadas a la venta y aplicación de plaguicidas en áreas urbanas así como en los establecimientos que lo requieran para el control de plagas dentro de los ejidos urbanos.
Según señaló el propio legislador, “se trata de una regulación pendiente en La Pampa, de extrema necesidad”. En la elaboración del mismo, trabajaron junto a Berhongaray el ingeniero Federico Ingentron junto a miembros de la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal (Coprosave).
Urgencia.
La urgencia del tratamiento de este tipo de normativas se debe a que todos los plaguicidas -tanto agrícolas como domiciliarios- presentan un cierto grado de toxicidad, por lo que requieren de un manejo responsable para no generar daños ya que lejos de lo que muchos piensan, que este tipo de productos aunque sean de uso hogareño no significa que esté libre de todo riesgo.
Como consecuencia, es que los gobiernos provinciales tienen la responsabilidad de regular la comercialización y aplicación de éstos dentro sus jurisdicciones. En este sentido, La Pampa cuenta con legislación respecto a la utilización de agroquímicos, pero ésta centra su atención sobre los productos plaguicidas químicos o biológicos de uso agropecuario, sin realizar definiciones claras sobre los productos para el control de plagas urbanas.
En este sentido, el proyecto presentado por el legislador provincial busca el resguardo de la salud humana a través de la regulación de las tareas relacionadas a la venta o aplicación de plaguicidas que puedan comprometer la calidad de vida de la población o el medio ambiente.
Puntos.
Como puntos destacados dentro de la normativa, el proyecto propone la creación de una entidad encargada de velar por el control, el cual tendrá en sus manos el deber de llevar adelante un registro de personas físicas y jurídicas relacionadas al expendio y aplicación de plaguicidas, así como también de los productos químicos habilitados como prohibidos.
Por otro lado, estimula la creación de un registro de asesores fitosanitarios, quienes serán los encargados de asesorar a los usuarios directos sobre todo lo referido al uso seguro y eficaz, a la manipulación y a las medidas de seguridad toxicológicas y eco-toxicológicas.
Sanciones.
Esta iniciativa también contempla una serie de sanciones que se aplicarán en caso de que no se cumpla algún punto del marco normativo. De esta manera, propone que la autoridad de aplicación, previo sumario administrativo, podrá aplicar a los sujetos: llamado de atención, apercibimiento, multa, decomiso de los productos, suspensión o baja del registro, inhabilitación temporal o permanente, clausura parcial o total de locales y depósitos y el secuestro de los equipos de aplicación.
¿Qué son?
Los plaguicidas o pesticidas son las sustancias utilizadas para atraer, repeler, controlar o eliminar a organismos vivos que dañen a los vegetales o sus productos, ectoparásitos (pulga, garrapata, etc.) o vectores de enfermedades que afecten al hombre o los animales (mosquitos, vinchucas, roedores, etc.), en viviendas, núcleos urbanos o locales de trabajo, según determinó la Coordinación de Políticas Socioambientales de la Nación.
Los más utilizados en el hogar son los que actúan sobre los insectos (insecticidas y repelentes) y sobre roedores (rodenticidas). Los plaguicidas se comercializan en aerosoles, líquidos termo evaporables, tabletas, espirales y cremas, generalmente listos para su uso aunque algunos requieren su dilución en agua. Los repelentes, en forma de lociones, cremas, aerosoles o vaporizadores. Los plaguicidas no son sustancias inocuas. Muchos de ellos son agresivos para la salud humana y contaminan el ambiente. Las personas se exponen a través del aire, del agua y del alimento que consumen, la ropa, los utensilios domésticos y las herramientas de trabajo.
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Fecha de Publicación: 29/01/2019
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
Martín Berhongaray, diputado provincial por el Frepam, ingresó al cuerpo legislativo provincial un proyecto de ley que busca dar un marco regulatorio al uso y venta de plaguicidas y tener así un control sobre este tipo de productos químicos que, sin el debido cuidado, pueden ser perjudiciales para la salud de los vecinos como para el medioambiente.
La utilización de plaguicidas de uso domiciliario, como así también otros productos químicos que sin el debido cuidado pueden ser nocivos tanto a la salud humana como así también al medio ambiente, es un tema recurrente en la agenda socioambiental argentina que, en los últimos años, también comenzó a hacer eco en las discusiones políticas de diferentes niveles del Estado.
La falta de regulación sobre la cantidad de insumos químicos que se utilizan para controlar las plagas y la preocupación expresada por vecinos y organizaciones ambientalistas respecto a las consecuencias sobre la salud de los pesticidas reactualizaron también el debate a nivel legislativo.
En ese contexto, el diputado provincial por el radicalismo, Martín Berhongaray ingresó a la Cámara de Diputados de nuestra provincia un proyecto de ley destinado a regular las tareas vinculadas a la venta y aplicación de plaguicidas en áreas urbanas así como en los establecimientos que lo requieran para el control de plagas dentro de los ejidos urbanos.
Según señaló el propio legislador, “se trata de una regulación pendiente en La Pampa, de extrema necesidad”. En la elaboración del mismo, trabajaron junto a Berhongaray el ingeniero Federico Ingentron junto a miembros de la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal (Coprosave).
Urgencia.
La urgencia del tratamiento de este tipo de normativas se debe a que todos los plaguicidas -tanto agrícolas como domiciliarios- presentan un cierto grado de toxicidad, por lo que requieren de un manejo responsable para no generar daños ya que lejos de lo que muchos piensan, que este tipo de productos aunque sean de uso hogareño no significa que esté libre de todo riesgo.
Como consecuencia, es que los gobiernos provinciales tienen la responsabilidad de regular la comercialización y aplicación de éstos dentro sus jurisdicciones. En este sentido, La Pampa cuenta con legislación respecto a la utilización de agroquímicos, pero ésta centra su atención sobre los productos plaguicidas químicos o biológicos de uso agropecuario, sin realizar definiciones claras sobre los productos para el control de plagas urbanas.
En este sentido, el proyecto presentado por el legislador provincial busca el resguardo de la salud humana a través de la regulación de las tareas relacionadas a la venta o aplicación de plaguicidas que puedan comprometer la calidad de vida de la población o el medio ambiente.
Puntos.
Como puntos destacados dentro de la normativa, el proyecto propone la creación de una entidad encargada de velar por el control, el cual tendrá en sus manos el deber de llevar adelante un registro de personas físicas y jurídicas relacionadas al expendio y aplicación de plaguicidas, así como también de los productos químicos habilitados como prohibidos.
Por otro lado, estimula la creación de un registro de asesores fitosanitarios, quienes serán los encargados de asesorar a los usuarios directos sobre todo lo referido al uso seguro y eficaz, a la manipulación y a las medidas de seguridad toxicológicas y eco-toxicológicas.
Sanciones.
Esta iniciativa también contempla una serie de sanciones que se aplicarán en caso de que no se cumpla algún punto del marco normativo. De esta manera, propone que la autoridad de aplicación, previo sumario administrativo, podrá aplicar a los sujetos: llamado de atención, apercibimiento, multa, decomiso de los productos, suspensión o baja del registro, inhabilitación temporal o permanente, clausura parcial o total de locales y depósitos y el secuestro de los equipos de aplicación.
¿Qué son?
Los plaguicidas o pesticidas son las sustancias utilizadas para atraer, repeler, controlar o eliminar a organismos vivos que dañen a los vegetales o sus productos, ectoparásitos (pulga, garrapata, etc.) o vectores de enfermedades que afecten al hombre o los animales (mosquitos, vinchucas, roedores, etc.), en viviendas, núcleos urbanos o locales de trabajo, según determinó la Coordinación de Políticas Socioambientales de la Nación.
Los más utilizados en el hogar son los que actúan sobre los insectos (insecticidas y repelentes) y sobre roedores (rodenticidas). Los plaguicidas se comercializan en aerosoles, líquidos termo evaporables, tabletas, espirales y cremas, generalmente listos para su uso aunque algunos requieren su dilución en agua. Los repelentes, en forma de lociones, cremas, aerosoles o vaporizadores. Los plaguicidas no son sustancias inocuas. Muchos de ellos son agresivos para la salud humana y contaminan el ambiente. Las personas se exponen a través del aire, del agua y del alimento que consumen, la ropa, los utensilios domésticos y las herramientas de trabajo.
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La fauna marina afectada por la acción del hombre
El 90% de la fauna marina asistida durante 2018 fue afectada directamente por la acción del hombre
Fecha de Publicación: 28/01/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
Más de 300 animales, entre mamíferos y reptiles marinos y aves, que fueron asistidos durante 2018 por la Fundación Mundo Marino evidenciaron algún tipo de afección vinculada directa o indirectamente a la interacción con el ser humano. Setenta y dos animales asistidos estaban desnutridos.
"El número sale del balance que desde sobre el registro total de animales hallados que requirieron asistencia profesional, o que, al ser hallados sin vida, se les tomaron muestras para analizar las causas de su deceso", detallan desde la entidad.
Uno de los relevamientos más preocupantes es la desnutrición registrada en 72 lobos marinos ya que en los últimos años aumentó la cantidad de estos animales que aparecieron en las costas con este tipo de cuadros.
"La falta de alimento puede estar ocasionada por la sobrepesca, incluso por el calentamiento global, que muchas veces altera la distribución de presas, y también podría estar generando floraciones algales tóxicas en lugares donde no solía haber", explicó Sergio Rodríguez Heredia, biólogo y jefe del Centro de Rescate y Rehabilitación de la fundación.
La especie más afectada por el enmalle fue el delfín franciscana: 41 ejemplares fueron encontrados sin vida durante el año pasado.
Para estudiar en profundidad lo que pasa allí están realizando junto a la Universidad de Mar del Plata una investigación mediante el monitoreo satelital de esta especie que permita conocer las causas de este fenómeno.
Esa amenaza no es la única: el enmalle en redes de pesca activas o en redes fantasmas también son causantes de una gran mortandad de diferentes especies marinas en todo el mundo.
"A pesar de la colaboración de diferentes pescadores artesanales de la región que traen ellos mismos los animales enmallados en sus redes, durante 2018 se registraron 58 casos con consecuencias derivadas de enmalles. La especie más afectada fue el delfín franciscana de los que se encontraron 41 ejemplares sin vida durante el año pasado. El caso más emblemático ocurrió en enero de 2018 con la aparición de un delfín franciscana y su cría atrapados en una red fantasma", recuerdan.
Plástico y censo de la basura
Una tercera amenaza para la vida de los animales fue la interacción negativa con plástico. "Históricamente, la tortuga marina fue la especie más afectada por esta situación porque confunden su alimento natural (medusas y fauna gelatinosa) con las bolsas plásticas. De hecho, hoy el 97 % de las tortugas que asistimos tiene plástico en sus sistemas digestivos. Pero, llamativamente, en los últimos años nos encontramos con mamíferos marinos y aves afectadas por plástico", aclaró Karina Álvarez.
Además, agregó: "Un caso muy llamativo durante el 2018 fue el hallazgo de un Albatros Real del Sur con más de la mitad de su cuerpo empetrolado, un ave que prácticamente no tiene contacto con humanos por su zona de distribución. A pesar de los esfuerzos por salvarlo, murió. Se cree que la causa de su muerte no fue el petróleo: en la necropsia los veterinarios encontraron un plástico del tamaño de un botón que obstruía su intestino".
La problemática de la contaminación por plástico también se vio reflejada en el censo regional de basura (realizado entre septiembre y octubre de 2018) en el que la mencionada fundación trabajó en conjunto con el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Surfrider, Fundación para la Asistencia y Recepción de Animales Marinos (FRAAM), Ecoparque Buenos Aires y Vida Silvestre.
En total 535 voluntarios censaron 81 hectáreas y registraron un total de 46.673 residuos no orgánicos, de los cuales el 82% estuvo constituido por plástico.
Según la ONU, 13 millones de toneladas de plásticos son arrojadas a los océanos cada año.
El 20% del plástico registrado estuvo conformado por "restos" plásticos, es decir, que podría provenir de bolsas, sorbetes o botellas, entre otros residuos del mismo material, pero que por la acción mecánica del sol, el viento y el mar se desintegran hasta convertirse en microplásticos.
"La iniciativa para este censo surgió a raíz de la problemática que representa el plástico para las tortugas marinas que habitan en nuestras costas", explicó Álvarez y añadió: "La acumulación de este material en sus organismos genera una cadena de consecuencias fisiológicas que, en muchos casos, las llevan a la muerte".
Otros residuos abundantes encontrados durante el censo fueron las colillas de cigarrillo que representaron el 16% de los residuos totales detectados. Diversos estudios indican que cada una de éstos desechos puede contaminar entre 8 y 10 litros de agua de mar y hasta 50 litros si se trata de agua dulce. Solamente en el ultimo censo se registraron más de 7.600 colillas.
Este residuo está compuesto principalmente por acetato de celulosa, un material no biodegradable encargado de absorber las sustancias tóxicas del humo de tabaco y que puede tardar hasta 10 años en descomponerse.
Los tipos de contaminantes que más se encuentran en nuestras costas son: plásticos (82%), papel y cartón (5%), vidrio (4,8%), residuos de construcción (3,4%), metales (2,5%), telas (1,5%) y otros (0,4%). Dentro del ítem plásticos los 6 contaminantes más abundantes son: restos de plástico (20%), colillas de cigarrillo (16%), restos de nylon (8,6%), bolsas plásticas (8,3%) , tapitas (6%) y botellas plásticas (5%).
Qué ocurre con los grandes cetáceos
Una situación preocupante durante 2018 fue el de los varamientos de grandes cetáceos. El primero ocurrió a mediados de agosto cuando una ballena jorobada quedó atrapada en una red de trasmallo en la zona de Punta Rasa, en San Clemente del Tuyú, y afortunadamente tras el operativo de rescate se pudo reinsertar al cetáceo al mar.
Durante el último fin de semana de ese mes seis orcas quedaron varadas: dos en el Partido de la Costa (Nueva Atlantis), dos en el partido de Villa Gesell (zona del faro Querandí) y dos en Mar del Plata.
Una de las halladas en Nueva Atlantis y las de Mar del Plata pudieron ser reinsertadas por los esfuerzos de los conservacionistas. El resto de las orcas aparecieron muertas.
Finalmente, tanto al inicio como al final de septiembre la citada institución asistió dos varamientos: el primero se trató de un cachorro de ballena minke hallado en Punta Rasa que también pudo ser reinsertado; y el segundo, fue el operativo que devolvió al mar a la ballena jorobada encontrada en las playas de Mar del Tuyú.
“La acumulación de plástico en sus organismos genera una cadena de consecuencias fisiológicas que, en muchos casos, las llevan a la muerte”.
"Campaña Playas Limpias" y la necesidad de concientización sobre la importancia de no arrojar basura
Durante la temporada de verano, el equipo de esa fundación realiza la Campaña "Playas Limpias" y distribuye bolsas de papel reciclado y biodegradables a los visitantes de distintas localidades del Partido de la Costa buscando que no dejen sus residuos en las playas. Además se les brinda gratuitamente las mismas bolsas a los vendedores de churros para que reemplacen las de nylon.
"Esta temporada será la cuarta edición que ya lleva distribuidas más de 700.000 bolsas desde que lanzaron la primera edición en 2016. La acción es acompañada de juegos lúdicos y charlas educativas donde se trata de explicar el efecto nocivo que la basura tiene en la fauna marina, ilustrando especialmente el impacto directo que tiene en los animales de la zona", informaron desde la fundación.
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Fecha de Publicación: 28/01/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
Más de 300 animales, entre mamíferos y reptiles marinos y aves, que fueron asistidos durante 2018 por la Fundación Mundo Marino evidenciaron algún tipo de afección vinculada directa o indirectamente a la interacción con el ser humano. Setenta y dos animales asistidos estaban desnutridos.
"El número sale del balance que desde sobre el registro total de animales hallados que requirieron asistencia profesional, o que, al ser hallados sin vida, se les tomaron muestras para analizar las causas de su deceso", detallan desde la entidad.
Uno de los relevamientos más preocupantes es la desnutrición registrada en 72 lobos marinos ya que en los últimos años aumentó la cantidad de estos animales que aparecieron en las costas con este tipo de cuadros.
"La falta de alimento puede estar ocasionada por la sobrepesca, incluso por el calentamiento global, que muchas veces altera la distribución de presas, y también podría estar generando floraciones algales tóxicas en lugares donde no solía haber", explicó Sergio Rodríguez Heredia, biólogo y jefe del Centro de Rescate y Rehabilitación de la fundación.
La especie más afectada por el enmalle fue el delfín franciscana: 41 ejemplares fueron encontrados sin vida durante el año pasado.
Para estudiar en profundidad lo que pasa allí están realizando junto a la Universidad de Mar del Plata una investigación mediante el monitoreo satelital de esta especie que permita conocer las causas de este fenómeno.
Esa amenaza no es la única: el enmalle en redes de pesca activas o en redes fantasmas también son causantes de una gran mortandad de diferentes especies marinas en todo el mundo.
"A pesar de la colaboración de diferentes pescadores artesanales de la región que traen ellos mismos los animales enmallados en sus redes, durante 2018 se registraron 58 casos con consecuencias derivadas de enmalles. La especie más afectada fue el delfín franciscana de los que se encontraron 41 ejemplares sin vida durante el año pasado. El caso más emblemático ocurrió en enero de 2018 con la aparición de un delfín franciscana y su cría atrapados en una red fantasma", recuerdan.
Plástico y censo de la basura
Una tercera amenaza para la vida de los animales fue la interacción negativa con plástico. "Históricamente, la tortuga marina fue la especie más afectada por esta situación porque confunden su alimento natural (medusas y fauna gelatinosa) con las bolsas plásticas. De hecho, hoy el 97 % de las tortugas que asistimos tiene plástico en sus sistemas digestivos. Pero, llamativamente, en los últimos años nos encontramos con mamíferos marinos y aves afectadas por plástico", aclaró Karina Álvarez.
Además, agregó: "Un caso muy llamativo durante el 2018 fue el hallazgo de un Albatros Real del Sur con más de la mitad de su cuerpo empetrolado, un ave que prácticamente no tiene contacto con humanos por su zona de distribución. A pesar de los esfuerzos por salvarlo, murió. Se cree que la causa de su muerte no fue el petróleo: en la necropsia los veterinarios encontraron un plástico del tamaño de un botón que obstruía su intestino".
La problemática de la contaminación por plástico también se vio reflejada en el censo regional de basura (realizado entre septiembre y octubre de 2018) en el que la mencionada fundación trabajó en conjunto con el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Surfrider, Fundación para la Asistencia y Recepción de Animales Marinos (FRAAM), Ecoparque Buenos Aires y Vida Silvestre.
En total 535 voluntarios censaron 81 hectáreas y registraron un total de 46.673 residuos no orgánicos, de los cuales el 82% estuvo constituido por plástico.
Según la ONU, 13 millones de toneladas de plásticos son arrojadas a los océanos cada año.
El 20% del plástico registrado estuvo conformado por "restos" plásticos, es decir, que podría provenir de bolsas, sorbetes o botellas, entre otros residuos del mismo material, pero que por la acción mecánica del sol, el viento y el mar se desintegran hasta convertirse en microplásticos.
"La iniciativa para este censo surgió a raíz de la problemática que representa el plástico para las tortugas marinas que habitan en nuestras costas", explicó Álvarez y añadió: "La acumulación de este material en sus organismos genera una cadena de consecuencias fisiológicas que, en muchos casos, las llevan a la muerte".
Otros residuos abundantes encontrados durante el censo fueron las colillas de cigarrillo que representaron el 16% de los residuos totales detectados. Diversos estudios indican que cada una de éstos desechos puede contaminar entre 8 y 10 litros de agua de mar y hasta 50 litros si se trata de agua dulce. Solamente en el ultimo censo se registraron más de 7.600 colillas.
Este residuo está compuesto principalmente por acetato de celulosa, un material no biodegradable encargado de absorber las sustancias tóxicas del humo de tabaco y que puede tardar hasta 10 años en descomponerse.
Los tipos de contaminantes que más se encuentran en nuestras costas son: plásticos (82%), papel y cartón (5%), vidrio (4,8%), residuos de construcción (3,4%), metales (2,5%), telas (1,5%) y otros (0,4%). Dentro del ítem plásticos los 6 contaminantes más abundantes son: restos de plástico (20%), colillas de cigarrillo (16%), restos de nylon (8,6%), bolsas plásticas (8,3%) , tapitas (6%) y botellas plásticas (5%).
Qué ocurre con los grandes cetáceos
Una situación preocupante durante 2018 fue el de los varamientos de grandes cetáceos. El primero ocurrió a mediados de agosto cuando una ballena jorobada quedó atrapada en una red de trasmallo en la zona de Punta Rasa, en San Clemente del Tuyú, y afortunadamente tras el operativo de rescate se pudo reinsertar al cetáceo al mar.
Durante el último fin de semana de ese mes seis orcas quedaron varadas: dos en el Partido de la Costa (Nueva Atlantis), dos en el partido de Villa Gesell (zona del faro Querandí) y dos en Mar del Plata.
Una de las halladas en Nueva Atlantis y las de Mar del Plata pudieron ser reinsertadas por los esfuerzos de los conservacionistas. El resto de las orcas aparecieron muertas.
Finalmente, tanto al inicio como al final de septiembre la citada institución asistió dos varamientos: el primero se trató de un cachorro de ballena minke hallado en Punta Rasa que también pudo ser reinsertado; y el segundo, fue el operativo que devolvió al mar a la ballena jorobada encontrada en las playas de Mar del Tuyú.
“La acumulación de plástico en sus organismos genera una cadena de consecuencias fisiológicas que, en muchos casos, las llevan a la muerte”.
"Campaña Playas Limpias" y la necesidad de concientización sobre la importancia de no arrojar basura
Durante la temporada de verano, el equipo de esa fundación realiza la Campaña "Playas Limpias" y distribuye bolsas de papel reciclado y biodegradables a los visitantes de distintas localidades del Partido de la Costa buscando que no dejen sus residuos en las playas. Además se les brinda gratuitamente las mismas bolsas a los vendedores de churros para que reemplacen las de nylon.
"Esta temporada será la cuarta edición que ya lleva distribuidas más de 700.000 bolsas desde que lanzaron la primera edición en 2016. La acción es acompañada de juegos lúdicos y charlas educativas donde se trata de explicar el efecto nocivo que la basura tiene en la fauna marina, ilustrando especialmente el impacto directo que tiene en los animales de la zona", informaron desde la fundación.
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Tierra del Fuego también apuesta a la generación distribuida
Más cerca de la generación distribuida de energía renovable
Fecha de Publicación: 27/01/2019
Fuente: El Diario del Fin del Mundo
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Se trata de le ley aprobada por la Legislatura en la última sesión ordinaria del 2018 la cual quedó promulgada de hecho. La adhesión a la ley nacional 27.424 abre la posibilidad de que en la Provincia los usuarios residenciales, pymes e industrias puedan generar energía eléctrica de fuentes renovables para atender su consumo e inyectar los excedentes a la red de distribución
Tierra del Fuego finalmente se incorporó al grupo de Provincias que adhirieron a la ley nacional de fomento a la generación distribuida de energía renovable, que establece las condiciones jurídicas y contractuales para la generación de energía eléctrica de origen renovable por parte de los usuarios de la red de distribución, para su autoconsumo, con eventual inyección de excedentes a la red de distribución pública.
La sanción de esta norma lograda al cierre del año parlamentario 2018, puede ser interpretada casi como un logro personal del legislador de cambiemos Oscar Rubinos, ya que venía bregando, casi en soledad, desde comienzos del año pasado por lograr la aprobación de la adhesión a la ley nacional.
La ley de generación distribuida de fuentes de energía renovables (solar, eólica, hidráulica, biomasa y otras) permite que mediante la instalación de equipos de generación (paneles solares, molinos de viento de baja potencia o pequeños aprovechamientos hidráulicos y otras tecnologías) los usuarios puedan generar energía eléctrica para el autoconsumo e inyectar los excedentes a la red de distribución, en escala residencial y comercial e industrial, con lo que podrán obtener un ahorro económico en su consumo de energía eléctrica, contribuirán a la reducción de pérdidas en el sistema de distribución público y a la protección ambiental por la reducción de emisiones de dióxido de carbono.
La ley vigente en la Provincia, que aún debe ser reglamentada, además de la adhesión a la normativa nacional establece la “eximición del pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos a los ingresos obtenidos por la actividad de inyección a la red de excedentes de energía eléctrica” y sobre “el Impuesto de Sellos a los instrumentos que se suscriban para el desarrollo de la actividad de generación eléctrica de origen renovable por parte de los usuarios de la red de distribución para su autoconsumo y para la eventual de inyección de excedentes a la red”. Además contempla que el Estado Provincial “en la medida de sus posibilidades presupuestarias” contemple la incorporación de sistemas de generación de energía en los edificios públicos.
Para poder convertirse en “usuario-generador” , el equipamiento de generación de energía de fuentes renovables deberá adecuarse a los requisitos técnicos reglamentariamente exigidos para poder inyectar los excedentes del autoconsumo a la red, y contar además con un equipo, homologado por la autoridad competente, de medición de energía eléctrica demandada, generada e inyectada a la red de distribución. Además, la conexión deberá contar con una autorización previa.
En la Provincia, el primer proyecto de estas características está contemplado en la propuesta que Arakur SA presentó en el marco de la licitación para la concesión el Centro de Montaña Glaciar Martial, que prevé la instalación de una usina generadora hidroeléctrica e incluye dentro del canon a pagar “el 15% de toda la facturación de energía eléctrica a la Dirección Provincial de Energía”.
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Fecha de Publicación: 27/01/2019
Fuente: El Diario del Fin del Mundo
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Se trata de le ley aprobada por la Legislatura en la última sesión ordinaria del 2018 la cual quedó promulgada de hecho. La adhesión a la ley nacional 27.424 abre la posibilidad de que en la Provincia los usuarios residenciales, pymes e industrias puedan generar energía eléctrica de fuentes renovables para atender su consumo e inyectar los excedentes a la red de distribución
Tierra del Fuego finalmente se incorporó al grupo de Provincias que adhirieron a la ley nacional de fomento a la generación distribuida de energía renovable, que establece las condiciones jurídicas y contractuales para la generación de energía eléctrica de origen renovable por parte de los usuarios de la red de distribución, para su autoconsumo, con eventual inyección de excedentes a la red de distribución pública.
La sanción de esta norma lograda al cierre del año parlamentario 2018, puede ser interpretada casi como un logro personal del legislador de cambiemos Oscar Rubinos, ya que venía bregando, casi en soledad, desde comienzos del año pasado por lograr la aprobación de la adhesión a la ley nacional.
La ley de generación distribuida de fuentes de energía renovables (solar, eólica, hidráulica, biomasa y otras) permite que mediante la instalación de equipos de generación (paneles solares, molinos de viento de baja potencia o pequeños aprovechamientos hidráulicos y otras tecnologías) los usuarios puedan generar energía eléctrica para el autoconsumo e inyectar los excedentes a la red de distribución, en escala residencial y comercial e industrial, con lo que podrán obtener un ahorro económico en su consumo de energía eléctrica, contribuirán a la reducción de pérdidas en el sistema de distribución público y a la protección ambiental por la reducción de emisiones de dióxido de carbono.
La ley vigente en la Provincia, que aún debe ser reglamentada, además de la adhesión a la normativa nacional establece la “eximición del pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos a los ingresos obtenidos por la actividad de inyección a la red de excedentes de energía eléctrica” y sobre “el Impuesto de Sellos a los instrumentos que se suscriban para el desarrollo de la actividad de generación eléctrica de origen renovable por parte de los usuarios de la red de distribución para su autoconsumo y para la eventual de inyección de excedentes a la red”. Además contempla que el Estado Provincial “en la medida de sus posibilidades presupuestarias” contemple la incorporación de sistemas de generación de energía en los edificios públicos.
Para poder convertirse en “usuario-generador” , el equipamiento de generación de energía de fuentes renovables deberá adecuarse a los requisitos técnicos reglamentariamente exigidos para poder inyectar los excedentes del autoconsumo a la red, y contar además con un equipo, homologado por la autoridad competente, de medición de energía eléctrica demandada, generada e inyectada a la red de distribución. Además, la conexión deberá contar con una autorización previa.
En la Provincia, el primer proyecto de estas características está contemplado en la propuesta que Arakur SA presentó en el marco de la licitación para la concesión el Centro de Montaña Glaciar Martial, que prevé la instalación de una usina generadora hidroeléctrica e incluye dentro del canon a pagar “el 15% de toda la facturación de energía eléctrica a la Dirección Provincial de Energía”.
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Loteo de PN Iguazú llega a la UNESCO
Acuden a la UNESCO para frenar loteo de Nación en las Cataratas
Fecha de Publicación: 28/01/2019
Fuente: Primera Edicion
Provincia/Región: Misiones
En febrero la Nación pretende hacer las licitaciones. La Fundación Amigos de los Parques envió una nota al organismo que declaró al Patrimonio de la Humanidad en 1984. También preparan un amparo judicial.
La Fundación Amigos de los Parques acudió a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) buscando que el organismo internacional frene la intención del gobierno nacional de licitar parcelas dentro del Parque Nacional Iguazú destinadas a emprendimientos turísticos privados, como alojamiento, comercios, restaurantes, entre otros.
El proyecto del ministerio de Turismo de la Nación concentra el rechazo de miles de vecinos de la ciudad, de la provincia y visitantes de todo el mundo.
Por esta razón, la Fundación que trabaja en la protección de los parques informó a la UNESCO del peligro de la instalación de múltiples negocios turísticos, con el consecuente daño ambiental para la zona declarada como Patrimonio de la Humanidad en 1984.
En la nota donde se advierte de la situación también se envió la respuesta que la Dirección de Parques Nacionales les ofreció por escrito cuando ellos plantearon su rechazo.
“La UNESCO respondió inmediatamente e informó que van monitorear el caso”, detalló José Barrios, presidente de la Fundación.
El rechazo se fundamenta en el impacto ambiental que tendría la zona en caso de permitir un movimiento turístico de personas dentro del área las 24 horas, por la instalación de comercios, restaurantes y alojamientos. Se teme que esto altere la vida de la fauna silvestre y provoque cambios en el ecosistema del área natural protegida.
No es la única medida que toman los defensores de la naturaleza. También preparan un amparo judicial para evitar que se lleve adelante la licitación.
“Seguramente vamos a comenzar presentando un recurso de amparo. Es solo el comienzo de una defensa que vamos a sostener hasta el final”, advirtió Barrios.
Actualmente “el Parque se cierra a las 6 de la tarde y comienza el tránsito de una fauna inmensa: el funcionamiento de la selva se vería afectado por la permanencia de personas”, explicó el ambientalista.
Licitaciones en marcha
“Nosotros enviamos una nota a Parques Nacionales pidiendo información oficial sobre el proyecto de villas turísticas y recibimos la contestación, en la cual nos notificaron que insistirán con hacer la obra”, explicó Barrios. “En febrero van a llamar a licitación, la notificación que recibimos la remitimos a nuestros asesores legales para ver los pasos a seguir”, señaló.
El proyecto nacional denominado “Inversiones privadas para el desarrollo de servicios turísticos en Áreas Naturales Protegidas”, consiste en lotear espacios verdes del Parque Cataratas para el desarrollo de propuestas denominadas “turismo activo”.
Estuvimos averiguando y nadie quiere invertir en los otros parques, todos son acá, porque saben la riqueza. Las licitaciones siempre fueron bastantes flojas, si no lo paramos ahora va a ser muy grave”, manifestó Barrios, quien es uno de los vecinos que encabezó la protesta en noviembre pasado, cuando funcionarios nacionales presentaron el proyecto en esa ciudad.
“Queremos que la Nación mire para Iguazú, pero a la ciudad, ésta necesita de inversiones importantes para convertirse en una villa turística, no así el Parque”, finalizó José Barrios, referente de la fundación y activo defensor de las áreas naturales protegidas.
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Fecha de Publicación: 28/01/2019
Fuente: Primera Edicion
Provincia/Región: Misiones
En febrero la Nación pretende hacer las licitaciones. La Fundación Amigos de los Parques envió una nota al organismo que declaró al Patrimonio de la Humanidad en 1984. También preparan un amparo judicial.
La Fundación Amigos de los Parques acudió a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) buscando que el organismo internacional frene la intención del gobierno nacional de licitar parcelas dentro del Parque Nacional Iguazú destinadas a emprendimientos turísticos privados, como alojamiento, comercios, restaurantes, entre otros.
El proyecto del ministerio de Turismo de la Nación concentra el rechazo de miles de vecinos de la ciudad, de la provincia y visitantes de todo el mundo.
Por esta razón, la Fundación que trabaja en la protección de los parques informó a la UNESCO del peligro de la instalación de múltiples negocios turísticos, con el consecuente daño ambiental para la zona declarada como Patrimonio de la Humanidad en 1984.
En la nota donde se advierte de la situación también se envió la respuesta que la Dirección de Parques Nacionales les ofreció por escrito cuando ellos plantearon su rechazo.
“La UNESCO respondió inmediatamente e informó que van monitorear el caso”, detalló José Barrios, presidente de la Fundación.
El rechazo se fundamenta en el impacto ambiental que tendría la zona en caso de permitir un movimiento turístico de personas dentro del área las 24 horas, por la instalación de comercios, restaurantes y alojamientos. Se teme que esto altere la vida de la fauna silvestre y provoque cambios en el ecosistema del área natural protegida.
No es la única medida que toman los defensores de la naturaleza. También preparan un amparo judicial para evitar que se lleve adelante la licitación.
“Seguramente vamos a comenzar presentando un recurso de amparo. Es solo el comienzo de una defensa que vamos a sostener hasta el final”, advirtió Barrios.
Actualmente “el Parque se cierra a las 6 de la tarde y comienza el tránsito de una fauna inmensa: el funcionamiento de la selva se vería afectado por la permanencia de personas”, explicó el ambientalista.
Licitaciones en marcha
“Nosotros enviamos una nota a Parques Nacionales pidiendo información oficial sobre el proyecto de villas turísticas y recibimos la contestación, en la cual nos notificaron que insistirán con hacer la obra”, explicó Barrios. “En febrero van a llamar a licitación, la notificación que recibimos la remitimos a nuestros asesores legales para ver los pasos a seguir”, señaló.
El proyecto nacional denominado “Inversiones privadas para el desarrollo de servicios turísticos en Áreas Naturales Protegidas”, consiste en lotear espacios verdes del Parque Cataratas para el desarrollo de propuestas denominadas “turismo activo”.
Estuvimos averiguando y nadie quiere invertir en los otros parques, todos son acá, porque saben la riqueza. Las licitaciones siempre fueron bastantes flojas, si no lo paramos ahora va a ser muy grave”, manifestó Barrios, quien es uno de los vecinos que encabezó la protesta en noviembre pasado, cuando funcionarios nacionales presentaron el proyecto en esa ciudad.
“Queremos que la Nación mire para Iguazú, pero a la ciudad, ésta necesita de inversiones importantes para convertirse en una villa turística, no así el Parque”, finalizó José Barrios, referente de la fundación y activo defensor de las áreas naturales protegidas.
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Fipronil mata 500 colmenas en localidad cordobesa
Un insecticida, la causa de la muerte de 500 colmenas en Porteña
Fecha de Publicación: 26/01/2019
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Córdoba
Los análisis del Senasa confirmaron la presencia de Fipronil en las abejas. El Inta también había encontrado en las muestras el mismo producto.
Luego de tres meses, el Senasa informó las causas de la muerte de abejas en la zona de Porteña, en el departamento San Justo.
En septiembre de 2018, un grupo de apicultores había denunciado la muerte de alrededor de 500 colmenas. Los análisis, tanto del Inta como del Senasa, demostraron la presencia de Fipronil, un insecticida de uso agrícola con presencia en dosis letal para las abejas.
Fueron cuatro los apicultores afectados, con pérdidas que –según sus evaluaciones– superaron los 2,5 millones de pesos.
“Los hallazgos de Fipronil y su metabólico (fipronil Sulfona) se constata con valores que exceden más que significativamente a la DL50 de contacto de las abejas”, precisa el informe entregado por el Senasa a dos de los apicultores afectados.
Intoxicación
En su informe del 17 de diciembre, el Senasa aclara que el Fipronil es un compuesto no utilizado por los apicultores por lo que debe considerárselo como una sustancia presente en el medio ambiente donde ellas realizan los vuelos de forrajeo circundantes al apiario, ocasión en la cual las abejas tomaror contacto con esa sustancia.
La DL50 brinda información sobre la dosis que provoca la muerte del 50 por ciento de la población expuesta a un determinado compuesto en un periodo determinado.
"En base al resultado obtenido es posible considerar que la magnitud de la dosis de Fipronil a la que las abejas estuvieron expuestas causó el despoblamiento de las colmenas en forma abrupta y agua, en coincidencia con lo manifestado con los productores (sospecha de intoxicación por plaguicidas) y con lo visualizados en los registros fotográficos y fílmicos aportados", sostiene el informe del Senasa.
El 2 de octubre, y a partir de un pedido realizados por la Sociedad Argentina de Apicultores, el Inta evaluó las muestras remitidas por los apicultores afectados y el resultado de los análisis también fue la presencia de Fipronil.
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Fecha de Publicación: 26/01/2019
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Córdoba
Los análisis del Senasa confirmaron la presencia de Fipronil en las abejas. El Inta también había encontrado en las muestras el mismo producto.
Luego de tres meses, el Senasa informó las causas de la muerte de abejas en la zona de Porteña, en el departamento San Justo.
En septiembre de 2018, un grupo de apicultores había denunciado la muerte de alrededor de 500 colmenas. Los análisis, tanto del Inta como del Senasa, demostraron la presencia de Fipronil, un insecticida de uso agrícola con presencia en dosis letal para las abejas.
Fueron cuatro los apicultores afectados, con pérdidas que –según sus evaluaciones– superaron los 2,5 millones de pesos.
“Los hallazgos de Fipronil y su metabólico (fipronil Sulfona) se constata con valores que exceden más que significativamente a la DL50 de contacto de las abejas”, precisa el informe entregado por el Senasa a dos de los apicultores afectados.
Intoxicación
En su informe del 17 de diciembre, el Senasa aclara que el Fipronil es un compuesto no utilizado por los apicultores por lo que debe considerárselo como una sustancia presente en el medio ambiente donde ellas realizan los vuelos de forrajeo circundantes al apiario, ocasión en la cual las abejas tomaror contacto con esa sustancia.
La DL50 brinda información sobre la dosis que provoca la muerte del 50 por ciento de la población expuesta a un determinado compuesto en un periodo determinado.
"En base al resultado obtenido es posible considerar que la magnitud de la dosis de Fipronil a la que las abejas estuvieron expuestas causó el despoblamiento de las colmenas en forma abrupta y agua, en coincidencia con lo manifestado con los productores (sospecha de intoxicación por plaguicidas) y con lo visualizados en los registros fotográficos y fílmicos aportados", sostiene el informe del Senasa.
El 2 de octubre, y a partir de un pedido realizados por la Sociedad Argentina de Apicultores, el Inta evaluó las muestras remitidas por los apicultores afectados y el resultado de los análisis también fue la presencia de Fipronil.
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560 ejemplares de loros habladores en un camión
Tráfico de fauna: Ambiente incautó más de 500 aves de un camión en la RN 9
Fecha de Publicación: 26/01/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Santiago del Estero - Buenos Aires
El operativo se realizó en la provincia de Buenos Aires; el vehículo de transporte de cargas provenía de Santiago del Estero.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a través del Cuerpo Especializado de Fiscalización y Control Ambiental (CEFCA), tomó intervención en un procedimiento que realizaba personal del Escuadrón de Seguridad Vial “San Nicolás” en el marco del Operativo “Viaje Seguro” dispuesto por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Los efectivos a cargo del control hallaron en el camión un total de 560 ejemplares de loros habladores dispuestos en cajas, que se mezclaban con la carga declarada de zapallos anko.
A partir del operativo instalado en el Km 225 de la RN 9, en proximidades al acceso de la ciudad bonaerense de San Nicolás de los Arroyos, se procedió al control de un vehículo de transporte de cargas generales que venía de Santiago del Estero y que tenía como destino la provincia de Buenos Aires. En ese marco, los efectivos que revisaban la carga consignada de 800 kg de zapallo anko dieron con 14 cajas de madera con red de alambre tejido, que contenían cada una 40 ejemplares de loros habladores (Amazona aestiva).
En total, el organismo de Ambiente logró recuperar 560 aves que no contaban con la documentación correspondiente que avalara la tenencia y el transporte por parte del conductor. En ese sentido, el Secretario de Gobierno Sergio Bergman remarcó que “el trabajo que lleva adelante la Secretaría está orientado en la prevención y educación ambiental que busca disminuir la tenencia ilegal de animales, así como la lucha contra el tráfico de fauna”. “Nuestra prioridad es cuidar nuestros recursos naturales y, de esta manera, asegurar la salud humana preservando el ambiente”, afirmó el funcionario.
Los animales serán trasladados a un centro especializado para su revisión veterinaria y su rehabilitación.
Cabe señalar que el tráfico ilegal de vida silvestre es el tercer negocio ilícito más grande en el mundo. En Argentina, 9 de cada 10 animales capturados mueren antes de llegar a ser comercializados. De los que llegan a venderse en forma ilegal, 10 de cada 100 se recuperan y únicamente 5 % logra regresar a su hábitat.
La demanda de especies para mascotismo contribuye al comercio ilegal de animales. La Secretaría de Ambiente de la Nación es el órgano de aplicación de la Ley N.º 22421, que implementa la conservación de la fauna silvestre.
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Fecha de Publicación: 26/01/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Santiago del Estero - Buenos Aires
El operativo se realizó en la provincia de Buenos Aires; el vehículo de transporte de cargas provenía de Santiago del Estero.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a través del Cuerpo Especializado de Fiscalización y Control Ambiental (CEFCA), tomó intervención en un procedimiento que realizaba personal del Escuadrón de Seguridad Vial “San Nicolás” en el marco del Operativo “Viaje Seguro” dispuesto por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Los efectivos a cargo del control hallaron en el camión un total de 560 ejemplares de loros habladores dispuestos en cajas, que se mezclaban con la carga declarada de zapallos anko.
A partir del operativo instalado en el Km 225 de la RN 9, en proximidades al acceso de la ciudad bonaerense de San Nicolás de los Arroyos, se procedió al control de un vehículo de transporte de cargas generales que venía de Santiago del Estero y que tenía como destino la provincia de Buenos Aires. En ese marco, los efectivos que revisaban la carga consignada de 800 kg de zapallo anko dieron con 14 cajas de madera con red de alambre tejido, que contenían cada una 40 ejemplares de loros habladores (Amazona aestiva).
En total, el organismo de Ambiente logró recuperar 560 aves que no contaban con la documentación correspondiente que avalara la tenencia y el transporte por parte del conductor. En ese sentido, el Secretario de Gobierno Sergio Bergman remarcó que “el trabajo que lleva adelante la Secretaría está orientado en la prevención y educación ambiental que busca disminuir la tenencia ilegal de animales, así como la lucha contra el tráfico de fauna”. “Nuestra prioridad es cuidar nuestros recursos naturales y, de esta manera, asegurar la salud humana preservando el ambiente”, afirmó el funcionario.
Los animales serán trasladados a un centro especializado para su revisión veterinaria y su rehabilitación.
Cabe señalar que el tráfico ilegal de vida silvestre es el tercer negocio ilícito más grande en el mundo. En Argentina, 9 de cada 10 animales capturados mueren antes de llegar a ser comercializados. De los que llegan a venderse en forma ilegal, 10 de cada 100 se recuperan y únicamente 5 % logra regresar a su hábitat.
La demanda de especies para mascotismo contribuye al comercio ilegal de animales. La Secretaría de Ambiente de la Nación es el órgano de aplicación de la Ley N.º 22421, que implementa la conservación de la fauna silvestre.
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El macrismo quiere "compensar" a las mineras
El plan oficial para contrarrestar el impacto de las retenciones mineras
Fecha de Publicación: 26/01/2019
Fuente: EcoJournal
Provincia/Región: Nacional
Desde la Secretaría de Política Minera comenzaron a implementar un plan regulatorio y de gestión que busca atenuar el efecto en el sector de las retenciones a las exportaciones que impuso el gobierno. Buscan “eliminar cargas innecesarias”.
El gobierno nacional impuso retenciones a las exportaciones en septiembre de 2018, una decisión que tomó en medio de la crisis cambiaria y económica acorde con las exigencias del FMI para que la Argentina cumpla con uno de sus requisitos de déficit fiscal cero. Las retenciones de 4 pesos por cada dólar exportado del país en bienes primarios provocó cambios en distintos sectores económicos, entre ellos el minero.
Este tributo, que fue anunciado por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, comenzó en septiembre pasado y concluye el 31 de diciembre de 2020. Para contrarrestar sus efectos, en la Secretaría de Política Minera, que conduce Carolina Sánchez, comenzaron a implementar una serie de atenuantes para que el sector no sufra fuertes golpes.
En concreto, el Poder Ejecutivo busca agilizar mecanismos y nuevos procedimientos para favorecer a los beneficiarios de la Ley 24.196 de inversiones mineras. Cerca de la Secretaría de Minería, dependiente del Ministerio de Producción y Trabajo, a cargo de Dante Sica, señalaron a Econojournal que la idea es ir tomando medidas “pensando en la simplificación y modificación de normas regulatorias para brindar simpleza, claridad y precisión”.
El objetivo es “compensar” las retenciones a las exportaciones para mejorar la competitividad del sector, afectado por esta medida. Para esto, buscarán “eliminar cargas innecesarias” en cuanto a normas y procedimientos para los beneficiarios de la ley de inversiones mineras.
El plan comenzó el 2 de enero con la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 30/2019, firmada por Carolina Sánchez. Allí se aprobó “el procedimiento de inscripción en el Registro de la Ley de Inversiones Mineras”. En los considerandos del texto oficial se afirma que, luego de que se analizaron las exigencias requeridas a los beneficiarios, el régimen especial de fomento a las inversiones mineras “debe establecer una mejora en la tramitación de la solicitud para la inscripción” al registro, “con el objeto de simplificar la tramitación en un único cuerpo normativo que conlleve a la facilitación, celeridad, transparencia y modernización”.
En total, van a ser alrededor de cinco resoluciones que irán saliendo en los próximos meses. Todas estas reformas tienen el mismo objetivo: contrarrestar las retenciones a las exportaciones en la minería para que este sector vuelva a tener la competitividad que tenía antes de la medida impulsada por Dujovne.
La reforma quizá más contundente (y que se conoce hasta el momento) tiene que ver las declaraciones juradas. En la secretaría hablan de “presunción de buena fe”, que tiene que ver con “invertir la carga” que viene teniendo el sector privado. El plan oficial promueve que sea la propia empresa la que debe declarar verazmente los datos de las propias compañías “y no el Estado quien las persiga para que lo hagan”. “La administración pública debe entenderlo así en pos de la agilidad y eficiencia de los procesos”, señalaron a Econojournal.
Esta medida apunta a que en el procedimiento de presentación de declaraciones juradas tenga menos peso el mecanismo de multas y de sanciones que, incluso, llegan hasta la pérdida del beneficio del régimen de fomento de la ley. Desde la secretaría argumentan que esto va a permitir “mayor fluidez y veracidad en los datos presentados por las empresas”.
El plan que impulsa la Secretaría de Minería también la incorporación de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) para permitir “el acceso y tramitación digital completa, remota, simple, automática e instantánea”, indicaron desde el ministerio de Producción.
A su vez, se eliminaron las exigencias de distintos requisitos con el objetivo de “reducir cargas agilizando la gestión y dotando de transparencia a los procesos administrativos” y “evitando la pérdida de tiempo”. Además, en Minería buscan lograr “mayor interoperabilidad de los sistemas e intercambio de información intra y extra organismos del Estado para evitar solicitar documentación al administrado que ya se encuentra en poder de la Administración Pública”.
Altas y bajas al registro de la Ley de Inversiones Mineras
Desde la Secretaría de Minería también se implementó una revisión del procedimiento para la inscripción y mantenimiento de las empresas en el registro de la Ley de Inversiones Mineras. Se incorporó en la regulación “aquellos casos en que las empresas inscritas modifiquen su denominación, tipo societario o decidan reorganizar la sociedad en los términos de la Ley de Impuesto a las Ganancias”.
A su vez, con el objetivo de “depurar y actualizar el registro”, se reguló un procedimiento de “bajas”, destinado a aquellas empresas que nunca utilizaron los beneficios del régimen o que dejaron de cumplir con los requisitos “por un lapso temporal prolongado como para dejar en evidencia la falta de interés en la utilización efectiva del régimen”.
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Fecha de Publicación: 26/01/2019
Fuente: EcoJournal
Provincia/Región: Nacional
Desde la Secretaría de Política Minera comenzaron a implementar un plan regulatorio y de gestión que busca atenuar el efecto en el sector de las retenciones a las exportaciones que impuso el gobierno. Buscan “eliminar cargas innecesarias”.
El gobierno nacional impuso retenciones a las exportaciones en septiembre de 2018, una decisión que tomó en medio de la crisis cambiaria y económica acorde con las exigencias del FMI para que la Argentina cumpla con uno de sus requisitos de déficit fiscal cero. Las retenciones de 4 pesos por cada dólar exportado del país en bienes primarios provocó cambios en distintos sectores económicos, entre ellos el minero.
Este tributo, que fue anunciado por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, comenzó en septiembre pasado y concluye el 31 de diciembre de 2020. Para contrarrestar sus efectos, en la Secretaría de Política Minera, que conduce Carolina Sánchez, comenzaron a implementar una serie de atenuantes para que el sector no sufra fuertes golpes.
En concreto, el Poder Ejecutivo busca agilizar mecanismos y nuevos procedimientos para favorecer a los beneficiarios de la Ley 24.196 de inversiones mineras. Cerca de la Secretaría de Minería, dependiente del Ministerio de Producción y Trabajo, a cargo de Dante Sica, señalaron a Econojournal que la idea es ir tomando medidas “pensando en la simplificación y modificación de normas regulatorias para brindar simpleza, claridad y precisión”.
El objetivo es “compensar” las retenciones a las exportaciones para mejorar la competitividad del sector, afectado por esta medida. Para esto, buscarán “eliminar cargas innecesarias” en cuanto a normas y procedimientos para los beneficiarios de la ley de inversiones mineras.
El plan comenzó el 2 de enero con la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 30/2019, firmada por Carolina Sánchez. Allí se aprobó “el procedimiento de inscripción en el Registro de la Ley de Inversiones Mineras”. En los considerandos del texto oficial se afirma que, luego de que se analizaron las exigencias requeridas a los beneficiarios, el régimen especial de fomento a las inversiones mineras “debe establecer una mejora en la tramitación de la solicitud para la inscripción” al registro, “con el objeto de simplificar la tramitación en un único cuerpo normativo que conlleve a la facilitación, celeridad, transparencia y modernización”.
En total, van a ser alrededor de cinco resoluciones que irán saliendo en los próximos meses. Todas estas reformas tienen el mismo objetivo: contrarrestar las retenciones a las exportaciones en la minería para que este sector vuelva a tener la competitividad que tenía antes de la medida impulsada por Dujovne.
La reforma quizá más contundente (y que se conoce hasta el momento) tiene que ver las declaraciones juradas. En la secretaría hablan de “presunción de buena fe”, que tiene que ver con “invertir la carga” que viene teniendo el sector privado. El plan oficial promueve que sea la propia empresa la que debe declarar verazmente los datos de las propias compañías “y no el Estado quien las persiga para que lo hagan”. “La administración pública debe entenderlo así en pos de la agilidad y eficiencia de los procesos”, señalaron a Econojournal.
Esta medida apunta a que en el procedimiento de presentación de declaraciones juradas tenga menos peso el mecanismo de multas y de sanciones que, incluso, llegan hasta la pérdida del beneficio del régimen de fomento de la ley. Desde la secretaría argumentan que esto va a permitir “mayor fluidez y veracidad en los datos presentados por las empresas”.
El plan que impulsa la Secretaría de Minería también la incorporación de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) para permitir “el acceso y tramitación digital completa, remota, simple, automática e instantánea”, indicaron desde el ministerio de Producción.
A su vez, se eliminaron las exigencias de distintos requisitos con el objetivo de “reducir cargas agilizando la gestión y dotando de transparencia a los procesos administrativos” y “evitando la pérdida de tiempo”. Además, en Minería buscan lograr “mayor interoperabilidad de los sistemas e intercambio de información intra y extra organismos del Estado para evitar solicitar documentación al administrado que ya se encuentra en poder de la Administración Pública”.
Altas y bajas al registro de la Ley de Inversiones Mineras
Desde la Secretaría de Minería también se implementó una revisión del procedimiento para la inscripción y mantenimiento de las empresas en el registro de la Ley de Inversiones Mineras. Se incorporó en la regulación “aquellos casos en que las empresas inscritas modifiquen su denominación, tipo societario o decidan reorganizar la sociedad en los términos de la Ley de Impuesto a las Ganancias”.
A su vez, con el objetivo de “depurar y actualizar el registro”, se reguló un procedimiento de “bajas”, destinado a aquellas empresas que nunca utilizaron los beneficios del régimen o que dejaron de cumplir con los requisitos “por un lapso temporal prolongado como para dejar en evidencia la falta de interés en la utilización efectiva del régimen”.
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