Barrick: quieren que se hable del 'ya está y no pasó nada'"
08:00 | 
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Eco Sitio |
Organizaciones ambientales criticaron la decisión de la Justicia de levantar la cautelar contra Barrick Gold
Fecha de Publicación: 27/09/2015
Fuente: La Nación
Provincia/Región: San Juan
A 10 días del derrame, Veladero está nuevamente en funcionamiento tras la resolución de la justicia de San Juan
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) manifestaron su preocupación por la reciente resolución del juez civil y penal Pablo Oritja, titular del juzgado de la 2° Circunscripción judicial de San Juan, de levantar la medida cautelar que impedía a la empresa minera Barrick Gold operar con cianuro en el emprendimiento de Veladero.
La resolución había sido dictada por el propio juez Oritja, tras conocerse la noticia de un derrame de cianuro en Veladero el pasado 13 de septiembre. "Si bien el magistrado habría impuesto una serie de condicionamientos, nos preocupa el hermetismo con el que se manejó el incidente, la escasa información sobre las circunstancias del hecho brindadas por las autoridades, y las medidas de gestión de riesgo y manejo de contingencias utilizadas", planteó Pía Marchegiani, directora de Participación de FARN.
"No se pueden seguir manejando asuntos tan delicados, que involucran la afectación del ambiente y la salud humana, de esta manera. Al contrario, se requieren máxima responsabilidad y transparencia para que la ciudadanía sepa lo que está sucediendo y pueda actuar en consecuencia", agregó.
Las organizaciones exigen el inmediato esclarecimiento del incidente -cuál es efectivamente la cantidad de solución cianurada vertida al ambiente, la dimensión de la superficie afectada por el derrame- con intervención de peritos técnicos imparciales, así como que se hagan públicos tanto los resultados de los distintos informes técnicos efectuados, y las medidas tomadas para salvaguardar el ambiente y la salud de las personas que viven en zonas aledañas o influidas por el megaproyecto minero.
"Repudiamos la reciente decisión del juez Oritja. Barrick mintió y el Gobierno de San Juan ocultó", recalcó Gonzalo Strano, de la campaña de Glaciares de Greenpeace. Y sumó: "Todavía hoy se sigue escatimando información fundamental sobre el accidente y sus consecuencias".
Por su parte, Enrique Viale de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas se quejó de la manera de actuar de la justicia de San Juan. "Acá todo puede pasar, como por ejemplo que a 24 horas de conocer que se derramó 1 millón de litros de cianuro sobre la cuenca del río Jáchal, el juez tome la decisión de levantar la medida cautelar, desconociendo los principios preventivo y precautorio, que constituyen la columna vertebral del derecho ambiental".
Y agregó: "La estrategia coordinada por Barrick y el gobierno de Gioja es instalar la teoría de que 'ya está y no pasó nada' cuando estamos ante uno de los peores desastres ambientales mineros de la historia argentina".
Más Información:
El vicegobernador dijo que tomarán "decisiones políticas contundentes"....
La Comisión de medio ambiente del Senado se traslada a San Juan
Reclamo opositor por el derrame en San Juan
Veladero: "La estrategia de Barrick y Gioja es instalar la teoría de que 'ya está y no pasó nada'"
Scioli de campaña en San Juan prometió una "minería sustentable" y pidió ...
Derrame de cianuro: imputaron al secretario de Minería y a 9 empleados de ...
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Fecha de Publicación: 27/09/2015
Fuente: La Nación
Provincia/Región: San Juan
A 10 días del derrame, Veladero está nuevamente en funcionamiento tras la resolución de la justicia de San Juan
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) manifestaron su preocupación por la reciente resolución del juez civil y penal Pablo Oritja, titular del juzgado de la 2° Circunscripción judicial de San Juan, de levantar la medida cautelar que impedía a la empresa minera Barrick Gold operar con cianuro en el emprendimiento de Veladero.
La resolución había sido dictada por el propio juez Oritja, tras conocerse la noticia de un derrame de cianuro en Veladero el pasado 13 de septiembre. "Si bien el magistrado habría impuesto una serie de condicionamientos, nos preocupa el hermetismo con el que se manejó el incidente, la escasa información sobre las circunstancias del hecho brindadas por las autoridades, y las medidas de gestión de riesgo y manejo de contingencias utilizadas", planteó Pía Marchegiani, directora de Participación de FARN.
"No se pueden seguir manejando asuntos tan delicados, que involucran la afectación del ambiente y la salud humana, de esta manera. Al contrario, se requieren máxima responsabilidad y transparencia para que la ciudadanía sepa lo que está sucediendo y pueda actuar en consecuencia", agregó.
Las organizaciones exigen el inmediato esclarecimiento del incidente -cuál es efectivamente la cantidad de solución cianurada vertida al ambiente, la dimensión de la superficie afectada por el derrame- con intervención de peritos técnicos imparciales, así como que se hagan públicos tanto los resultados de los distintos informes técnicos efectuados, y las medidas tomadas para salvaguardar el ambiente y la salud de las personas que viven en zonas aledañas o influidas por el megaproyecto minero.
"Repudiamos la reciente decisión del juez Oritja. Barrick mintió y el Gobierno de San Juan ocultó", recalcó Gonzalo Strano, de la campaña de Glaciares de Greenpeace. Y sumó: "Todavía hoy se sigue escatimando información fundamental sobre el accidente y sus consecuencias".
Por su parte, Enrique Viale de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas se quejó de la manera de actuar de la justicia de San Juan. "Acá todo puede pasar, como por ejemplo que a 24 horas de conocer que se derramó 1 millón de litros de cianuro sobre la cuenca del río Jáchal, el juez tome la decisión de levantar la medida cautelar, desconociendo los principios preventivo y precautorio, que constituyen la columna vertebral del derecho ambiental".
Y agregó: "La estrategia coordinada por Barrick y el gobierno de Gioja es instalar la teoría de que 'ya está y no pasó nada' cuando estamos ante uno de los peores desastres ambientales mineros de la historia argentina".
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Contaminación sonora en la 25 de Mayo, hay sentencia
Intiman al Gobierno porteño a bajar el ruido en la 25 de Mayo
Fecha de Publicación: 27/09/2015
Fuente: Clarín
Provincia/Región: CABA
Contaminación sonora.La Justicia confirmó un fallo que obliga a la Ciudad a presentar un plan para cumplir la medida. La causa es de 2001, cuando Pedro Barragán, que vive a 50 metros de la autopista, denunció que el sonido es insalubre.
El Gobierno porteño se va quedando sin excusas. La Justicia de la Ciudad rechazó un recurso de inconstitucionalidad que el Ejecutivo presentó contra una sentencia de Cámara, que le dio ocho meses para presentar un estudio de impacto ambiental y un plan para mitigar los ruidos de la autopista 25 de Mayo. Sin embargo, desde AUSA afirman que ya los presentaron. Y anticipan que el año próximo colocarán una primera pantalla acústica para amortiguar la contaminación sonora.
La 25 de Mayo fue inaugurada en 1980 por el ex intendente de facto Osvaldo Cacciatore. Desde entonces, los habitantes de los edificios vecinos conviven con un ruido infernal. Como Pedro Barragán, que en 1973 compró un departamento en Luis Sáenz Peña al 1200 y, siete años después, se encontró con la autopista a 50 metros de su balcón. A toda hora, en su casa hay 97 decibeles provenientes de la vía rápida, por la que circulan 100.000 vehículos por día. Pero la Organización Mundial de la Salud considera que el ruido no debe superar los 30 decibeles y que si excede los 90 durante ocho horas o más provoca daño auditivo.
“Tenemos dolores de cabeza, hipertensión y hay que poner el televisor al máximo volumen para poder escuchar. De noche no podemos dormir, porque es cuando más camiones circulan”, describe Barragán, que en 2001 presentó una denuncia ante la Justicia porteña. Otros 500 vecinos acompañaron su reclamo, basado en el artículo 26 de la Constitución de la Ciudad, que protege el derecho a gozar de un ambiente sano. Dos años después, un juez le dio la razón pero AUSA no hizo nada para reducir el ruido. Hasta que en junio de 2014, la Justicia le puso un plazo de ocho meses para que presente un estudio de impacto ambiental y un plan de adecuación.
El Gobierno porteño apeló, pero en diciembre la Cámara confirmó el fallo. Fue entonces que la Procuración de la Ciudad presentó un recurso de inconstitucionalidad para recurrir al Tribunal Superior de Justicia, alegando que la sentencia era arbitraria y vulneraba la garantía de defensa y del debido proceso. La Sala I de la Cámara rechazó este recurso, porque entendió que la intervención de ese Tribunal no corresponde ante una decisión adoptada en la etapa de ejecución de una sentencia firme.
“Ahora el Gobierno de la Ciudad y AUSA van a tener que cumplir sí o sí con el fallo –dice Barragán–. ¿Qué más pueden hacer? Hace años que vienen usando chicanas jurídicas para no respetar la orden judicial, pero ahora la Cámara dice que no hay que seguir resolviendo algo que ya está confirmado. Lo que pasa es que el Ejecutivo sigue alargando la situación y mientras está poniendo el Metrobus en la autopista. Y cuando empiece a circular, el ruido va a ser aún peor”.
A pesar de los recursos judiciales que interpuso para eludir la sentencia, en AUSA aseguran que ya la cumplieron. Y que en enero presentaron el estudio de impacto ambiental ante la Agencia de Protección Ambiental (APRA), que es la autoridad de aplicación, y en febrero se lo informaron al Juzgado.“En junio de 2015, APRA otorgó el certificado de aptitud ambiental a la autopista 25 de Mayo, lo que da muestra del cabal cumplimiento de lo ordenado por el juzgado”, informaron en AUSA.
Según AUSA, también hicieron estudios y planes de mitigación para toda la red de autopistas. En el caso de la 25 de Mayo, explicaron, en base a un mapa de ruido se elaboró un plan que contempla la instalación de pantallas acústicas de 3 metros de altura en los lugares más críticos a partir de 2016, y la readecuación edilicia de las escuelas de las zonas más conflictivas.
Leé también: Pondrán paneles...
El abogado de Barragán y director de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, Andrés Nápoli, niega que AUSA haya obedecido la orden judicial: “Presentó un plan realizado por un técnico de la Universidad Nacional de Tres de Febrero –sostiene–. Pero ese documento no cumple los recaudos técnicos y requisitos previstos por la normativa en vigencia para que pueda ser considerado como un Plan de Adecuación Ambiental. Por ejemplo, carece de un Estudio de Línea de Base, que permita conocer cuál es la situación actual de la autopista en relación a emisión sonora de los vehículos. Y llama la atención la ausencia total de datos sobre la cantidad de vehículos que transitan a diario por la misma o las horas en que mayor emisión sonora se produce”.
Además, Nápoli afirma que el Gobierno porteño no hizo estudios de ruido para medir el impacto que tendrá el Metrobus en la autopista. “En todos estos años, la situación fue empeorando –sostiene–. Y los responsables son el Gobierno porteño y la Justicia misma, que permitió que su propio fallo se diluya en recursos inaceptables”.
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Fecha de Publicación: 27/09/2015
Fuente: Clarín
Provincia/Región: CABA
Contaminación sonora.La Justicia confirmó un fallo que obliga a la Ciudad a presentar un plan para cumplir la medida. La causa es de 2001, cuando Pedro Barragán, que vive a 50 metros de la autopista, denunció que el sonido es insalubre.
El Gobierno porteño se va quedando sin excusas. La Justicia de la Ciudad rechazó un recurso de inconstitucionalidad que el Ejecutivo presentó contra una sentencia de Cámara, que le dio ocho meses para presentar un estudio de impacto ambiental y un plan para mitigar los ruidos de la autopista 25 de Mayo. Sin embargo, desde AUSA afirman que ya los presentaron. Y anticipan que el año próximo colocarán una primera pantalla acústica para amortiguar la contaminación sonora.
La 25 de Mayo fue inaugurada en 1980 por el ex intendente de facto Osvaldo Cacciatore. Desde entonces, los habitantes de los edificios vecinos conviven con un ruido infernal. Como Pedro Barragán, que en 1973 compró un departamento en Luis Sáenz Peña al 1200 y, siete años después, se encontró con la autopista a 50 metros de su balcón. A toda hora, en su casa hay 97 decibeles provenientes de la vía rápida, por la que circulan 100.000 vehículos por día. Pero la Organización Mundial de la Salud considera que el ruido no debe superar los 30 decibeles y que si excede los 90 durante ocho horas o más provoca daño auditivo.
“Tenemos dolores de cabeza, hipertensión y hay que poner el televisor al máximo volumen para poder escuchar. De noche no podemos dormir, porque es cuando más camiones circulan”, describe Barragán, que en 2001 presentó una denuncia ante la Justicia porteña. Otros 500 vecinos acompañaron su reclamo, basado en el artículo 26 de la Constitución de la Ciudad, que protege el derecho a gozar de un ambiente sano. Dos años después, un juez le dio la razón pero AUSA no hizo nada para reducir el ruido. Hasta que en junio de 2014, la Justicia le puso un plazo de ocho meses para que presente un estudio de impacto ambiental y un plan de adecuación.
El Gobierno porteño apeló, pero en diciembre la Cámara confirmó el fallo. Fue entonces que la Procuración de la Ciudad presentó un recurso de inconstitucionalidad para recurrir al Tribunal Superior de Justicia, alegando que la sentencia era arbitraria y vulneraba la garantía de defensa y del debido proceso. La Sala I de la Cámara rechazó este recurso, porque entendió que la intervención de ese Tribunal no corresponde ante una decisión adoptada en la etapa de ejecución de una sentencia firme.
“Ahora el Gobierno de la Ciudad y AUSA van a tener que cumplir sí o sí con el fallo –dice Barragán–. ¿Qué más pueden hacer? Hace años que vienen usando chicanas jurídicas para no respetar la orden judicial, pero ahora la Cámara dice que no hay que seguir resolviendo algo que ya está confirmado. Lo que pasa es que el Ejecutivo sigue alargando la situación y mientras está poniendo el Metrobus en la autopista. Y cuando empiece a circular, el ruido va a ser aún peor”.
A pesar de los recursos judiciales que interpuso para eludir la sentencia, en AUSA aseguran que ya la cumplieron. Y que en enero presentaron el estudio de impacto ambiental ante la Agencia de Protección Ambiental (APRA), que es la autoridad de aplicación, y en febrero se lo informaron al Juzgado.“En junio de 2015, APRA otorgó el certificado de aptitud ambiental a la autopista 25 de Mayo, lo que da muestra del cabal cumplimiento de lo ordenado por el juzgado”, informaron en AUSA.
Según AUSA, también hicieron estudios y planes de mitigación para toda la red de autopistas. En el caso de la 25 de Mayo, explicaron, en base a un mapa de ruido se elaboró un plan que contempla la instalación de pantallas acústicas de 3 metros de altura en los lugares más críticos a partir de 2016, y la readecuación edilicia de las escuelas de las zonas más conflictivas.
Leé también: Pondrán paneles...
El abogado de Barragán y director de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, Andrés Nápoli, niega que AUSA haya obedecido la orden judicial: “Presentó un plan realizado por un técnico de la Universidad Nacional de Tres de Febrero –sostiene–. Pero ese documento no cumple los recaudos técnicos y requisitos previstos por la normativa en vigencia para que pueda ser considerado como un Plan de Adecuación Ambiental. Por ejemplo, carece de un Estudio de Línea de Base, que permita conocer cuál es la situación actual de la autopista en relación a emisión sonora de los vehículos. Y llama la atención la ausencia total de datos sobre la cantidad de vehículos que transitan a diario por la misma o las horas en que mayor emisión sonora se produce”.
Además, Nápoli afirma que el Gobierno porteño no hizo estudios de ruido para medir el impacto que tendrá el Metrobus en la autopista. “En todos estos años, la situación fue empeorando –sostiene–. Y los responsables son el Gobierno porteño y la Justicia misma, que permitió que su propio fallo se diluya en recursos inaceptables”.
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Multas por desmontar: irrisorias y no se pagan
Multaron a dos productores por desmontar zona de bosque nativo
Fecha de Publicación: 27/09/2015
Fuente: APFDigital
Provincia/Región: Entre Ríos
Mediante la Resolución Nº 1162, dictada por la Dirección General de Recursos Naturales (incluida en el Decreto Nº 733), dependiente del Ministerio de la Producción de la provincia de Entre Ríos, emitida el 3 de diciembre de 2008 se inició un expediente que alude a un acta de infracción a la Ley nacional Nº 13. 273 contra los titulares de la estancia La Giuliana, ubicada en Distrito Ramírez del Departamento Federal.
Según la normativa vigente de Defensa de la Riqueza Forestal y de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos, Santiago y Agustín Suppo, titulares del emprendimiento productivo, fueron sancionados con una multa de 150.000 pesos por tareas de desmonte en ese establecimiento del norte entrerriano. Al tomar conocimiento de la acción legal, los dueños del campo interpusieron un recurso de apelación jerárquica contra la resolución de la Dirección General de Recursos Naturales, la cual fue rechazada el 28 de agosto de 2013. Más allá de este primer revés, los productores volvieron a la carga y el 25 de junio de 2014 avanzaron con un nuevo recurso de apelación jerárquica, pero esta vez lo elevaron ante el gobernador, Sergio Urribarri.
Como parte involucrada en la cuestión, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Producción analizó la procedencia legal del recurso y en base a ello dictaminó: “El recurso de apelación jerárquica interpuesto, debe tenerse por interpuesto en forma legal y en tiempo hábil; que además entiende que con respecto de la cuestión de fondo del recurso, el memorial de agravio carece de argumentos con entidad suficiente como para conmover la decisión atacada”. Al desarrollar su argumentación, el área competente entendió que “son los mismos sancionados que al hacer su primera presentación, no niegan la constatación efectuada por los funcionarios de la Dirección General de Recursos Naturales, manifestando expresamente su deseo de encuadrarse en las disposiciones sobre Manejo de Monte Nativo”.
Entonces, en base a estos fundamentos, se advirtió que el recurso presentado por los Suppo “no logra desvirtuar la consideración razonada sobre los fundamentos y argumentos tomados en cuenta por la administración para proceder al dictado de la resolución atacada”. De esta manera se rechazó el recurso de apelación y se procedió a confirmar la resolución recurrida, refrendada por el ministro Schunk.
Protección de Bosques Nativos
El director de Gestión de Uso Sustentable de los Recursos Naturales que depende de la Dirección General de Recursos Naturales, Roque Fernández, se refirió a la importancia de la puesta en vigencia La Ley Nacional Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos. “En marzo de 2014 se promulgó la Ley provincial Nº 10.284 que habla del ordenamiento del Bosque Nativo, y en mayo de este año se dictó el Decreto Nº 1.329 reglamentario de la norma”, informó el funcionario en diálogo con UNO.
Según detalló, en la misma está tipificada la cuestión de las infracciones, donde las provincias podían elaborar su propio sistema de sanciones o utilizar la que dispone la ley nacional de Presupuesto Mínimo. En relación a las escalas empleadas para fijar los montos de las multas en la provincia, el director de la repartición aseguró que por módulo desmontado la sanción alcanza a 400 pesos. Fernández explicó que se aplica una escala de módulos que va del 1 al 100 por hectárea. “Por ejemplo, si el monte que usted taló es contenedor de la erosión hídrica o que alberga -desde el punto de vista de la ecología- otras especies, las multas pueden ser altas por hectáreas. Esto es en base a informes técnicos que elaboran los inspectores de Recursos Naturales y luego lo evalúa el área jurídica”, manifestó.
Distrito del Ñandubay
El complejo ecosistémico más representativo de Entre Ríos y con áreas de bosques nativos que perdura es el Distrito del Ñandubay. En ese contexto, Fernández también habló de El Espinal, que comprende una clasificación fitogeográfica compartida con Santa Fe y Córdoba. “Hoy la ley lo toma como un complejo ambiental; si el complejo de árboles es abrigo de determinadas especies, de aves o de mamíferos, y además protege el suelo, ese complejo se debe proteger. Ese es el espíritu de la ley de Presupuesto Mínimo. Entonces esos bosques ubicados en El Espinal son de alto valor de conservación”, fundamentó. Con el objetivo de preservar estas áreas boscosas la normativa en cuestión establece una compensación para aquellos productores que protejan estas zonas de montes. Según Fernández, existen distintos planes de conservación o planes de manejo sostenible que permiten al productor desarrollar actividades relacionados con su tarea cotidiana. “No se le restringe su labor, sino que se le permite hacer con determinadas pautas ambientales para mantener los atributos del bosque y no ir en contra de su perpetuidad. Cuando no hace un manejo consustanciado con los actos renovables de la propia especie está condenando al bosque a la muerte”, resaltó. En cuanto a la zona donde se detectó la infracción, específicamente en el Departamento Federal, el funcionario explicó que allí se conserva una de las pocas áreas con Espinal, junto al Departamento Tala y la zona norte de Nogoyá. “Toda esa franja ingresa desde el sur de Santa Fe y el norte de La Pampa. Y deja una margen de unos 50 kilómetros a la margen de la costa del Uruguay que presenta otro tipo de paisaje, de características pampeanas”, aseveró. Entre las especies protegidas debido al avance del desmonte figuran el cardenal amarillo y el aguará guazú, entre otras.
Una vasta extensión de área protegida
De acuerdo a un relevamiento de la Facultad de Agronomía, en la provincia de Entre Ríos alrededor de 350.000 hectáreas están categorizadas como bosques de alto valor de conservación. Según la misma clasificación y catalogadas con el color amarillo -que implica un mediano valor de conservación-, se tienen contabilizadas 1.070.000 hectáreas. “La parte posible de solicitar desmonte alcanzaría las 450.000 hectáreas. Es un derecho que le asiste a un productor; tenemos que tener en cuenta los factores ambientales para saber si es posible hacerlo. Porque una persona que no tiene conocimiento de que el suelo es frágil, o está en evolución o está en desarrollo, probablemente no soporte un ciclo de cultivo”, reflexionó. Consultado por las pautas a seguir en esta materia y la política fijada para preservar los bosques nativos, Fernández consideró vital que los productores respeten la biodiversidad sin restringir su fuente laboral. “Tiene que haber una armonía entre la producción y la conservación”, argumentó.
Alcance de la aplicación
Por primera vez los productores entrerrianos que son titulares de tierras con bosques nativos accederán a beneficios por conservarlos. Para ello deberán presentar planes entre el 31 de agosto y 31 de diciembre, que se ejecutarán en 2016. Esto es posible porque la normativa local fue validada por la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos Nº 26.331, con lo cual se dispone de recursos que compensen al productor que decida resguardar dicho recurso natural. Así, la provincia tendrá beneficios económicos y mejores estándares ambientales. La Provincia tiene las partidas, a través del Consejo Federal de Medio Ambiente, que dentro del presupuesto nacional se asigna a las provincias que tienen su ordenamiento aprobado. En Entre Ríos hay 39 áreas protegidas: 13 de dominio privados, 17 de municipios y nueve del gobierno entrerriano.
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Fecha de Publicación: 27/09/2015
Fuente: APFDigital
Provincia/Región: Entre Ríos
Mediante la Resolución Nº 1162, dictada por la Dirección General de Recursos Naturales (incluida en el Decreto Nº 733), dependiente del Ministerio de la Producción de la provincia de Entre Ríos, emitida el 3 de diciembre de 2008 se inició un expediente que alude a un acta de infracción a la Ley nacional Nº 13. 273 contra los titulares de la estancia La Giuliana, ubicada en Distrito Ramírez del Departamento Federal.
Según la normativa vigente de Defensa de la Riqueza Forestal y de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos, Santiago y Agustín Suppo, titulares del emprendimiento productivo, fueron sancionados con una multa de 150.000 pesos por tareas de desmonte en ese establecimiento del norte entrerriano. Al tomar conocimiento de la acción legal, los dueños del campo interpusieron un recurso de apelación jerárquica contra la resolución de la Dirección General de Recursos Naturales, la cual fue rechazada el 28 de agosto de 2013. Más allá de este primer revés, los productores volvieron a la carga y el 25 de junio de 2014 avanzaron con un nuevo recurso de apelación jerárquica, pero esta vez lo elevaron ante el gobernador, Sergio Urribarri.
Como parte involucrada en la cuestión, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Producción analizó la procedencia legal del recurso y en base a ello dictaminó: “El recurso de apelación jerárquica interpuesto, debe tenerse por interpuesto en forma legal y en tiempo hábil; que además entiende que con respecto de la cuestión de fondo del recurso, el memorial de agravio carece de argumentos con entidad suficiente como para conmover la decisión atacada”. Al desarrollar su argumentación, el área competente entendió que “son los mismos sancionados que al hacer su primera presentación, no niegan la constatación efectuada por los funcionarios de la Dirección General de Recursos Naturales, manifestando expresamente su deseo de encuadrarse en las disposiciones sobre Manejo de Monte Nativo”.
Entonces, en base a estos fundamentos, se advirtió que el recurso presentado por los Suppo “no logra desvirtuar la consideración razonada sobre los fundamentos y argumentos tomados en cuenta por la administración para proceder al dictado de la resolución atacada”. De esta manera se rechazó el recurso de apelación y se procedió a confirmar la resolución recurrida, refrendada por el ministro Schunk.
Protección de Bosques Nativos
El director de Gestión de Uso Sustentable de los Recursos Naturales que depende de la Dirección General de Recursos Naturales, Roque Fernández, se refirió a la importancia de la puesta en vigencia La Ley Nacional Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos. “En marzo de 2014 se promulgó la Ley provincial Nº 10.284 que habla del ordenamiento del Bosque Nativo, y en mayo de este año se dictó el Decreto Nº 1.329 reglamentario de la norma”, informó el funcionario en diálogo con UNO.
Según detalló, en la misma está tipificada la cuestión de las infracciones, donde las provincias podían elaborar su propio sistema de sanciones o utilizar la que dispone la ley nacional de Presupuesto Mínimo. En relación a las escalas empleadas para fijar los montos de las multas en la provincia, el director de la repartición aseguró que por módulo desmontado la sanción alcanza a 400 pesos. Fernández explicó que se aplica una escala de módulos que va del 1 al 100 por hectárea. “Por ejemplo, si el monte que usted taló es contenedor de la erosión hídrica o que alberga -desde el punto de vista de la ecología- otras especies, las multas pueden ser altas por hectáreas. Esto es en base a informes técnicos que elaboran los inspectores de Recursos Naturales y luego lo evalúa el área jurídica”, manifestó.
Distrito del Ñandubay
El complejo ecosistémico más representativo de Entre Ríos y con áreas de bosques nativos que perdura es el Distrito del Ñandubay. En ese contexto, Fernández también habló de El Espinal, que comprende una clasificación fitogeográfica compartida con Santa Fe y Córdoba. “Hoy la ley lo toma como un complejo ambiental; si el complejo de árboles es abrigo de determinadas especies, de aves o de mamíferos, y además protege el suelo, ese complejo se debe proteger. Ese es el espíritu de la ley de Presupuesto Mínimo. Entonces esos bosques ubicados en El Espinal son de alto valor de conservación”, fundamentó. Con el objetivo de preservar estas áreas boscosas la normativa en cuestión establece una compensación para aquellos productores que protejan estas zonas de montes. Según Fernández, existen distintos planes de conservación o planes de manejo sostenible que permiten al productor desarrollar actividades relacionados con su tarea cotidiana. “No se le restringe su labor, sino que se le permite hacer con determinadas pautas ambientales para mantener los atributos del bosque y no ir en contra de su perpetuidad. Cuando no hace un manejo consustanciado con los actos renovables de la propia especie está condenando al bosque a la muerte”, resaltó. En cuanto a la zona donde se detectó la infracción, específicamente en el Departamento Federal, el funcionario explicó que allí se conserva una de las pocas áreas con Espinal, junto al Departamento Tala y la zona norte de Nogoyá. “Toda esa franja ingresa desde el sur de Santa Fe y el norte de La Pampa. Y deja una margen de unos 50 kilómetros a la margen de la costa del Uruguay que presenta otro tipo de paisaje, de características pampeanas”, aseveró. Entre las especies protegidas debido al avance del desmonte figuran el cardenal amarillo y el aguará guazú, entre otras.
Una vasta extensión de área protegida
De acuerdo a un relevamiento de la Facultad de Agronomía, en la provincia de Entre Ríos alrededor de 350.000 hectáreas están categorizadas como bosques de alto valor de conservación. Según la misma clasificación y catalogadas con el color amarillo -que implica un mediano valor de conservación-, se tienen contabilizadas 1.070.000 hectáreas. “La parte posible de solicitar desmonte alcanzaría las 450.000 hectáreas. Es un derecho que le asiste a un productor; tenemos que tener en cuenta los factores ambientales para saber si es posible hacerlo. Porque una persona que no tiene conocimiento de que el suelo es frágil, o está en evolución o está en desarrollo, probablemente no soporte un ciclo de cultivo”, reflexionó. Consultado por las pautas a seguir en esta materia y la política fijada para preservar los bosques nativos, Fernández consideró vital que los productores respeten la biodiversidad sin restringir su fuente laboral. “Tiene que haber una armonía entre la producción y la conservación”, argumentó.
Alcance de la aplicación
Por primera vez los productores entrerrianos que son titulares de tierras con bosques nativos accederán a beneficios por conservarlos. Para ello deberán presentar planes entre el 31 de agosto y 31 de diciembre, que se ejecutarán en 2016. Esto es posible porque la normativa local fue validada por la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos Nº 26.331, con lo cual se dispone de recursos que compensen al productor que decida resguardar dicho recurso natural. Así, la provincia tendrá beneficios económicos y mejores estándares ambientales. La Provincia tiene las partidas, a través del Consejo Federal de Medio Ambiente, que dentro del presupuesto nacional se asigna a las provincias que tienen su ordenamiento aprobado. En Entre Ríos hay 39 áreas protegidas: 13 de dominio privados, 17 de municipios y nueve del gobierno entrerriano.
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Monsanto sin cobrará un canon por su soja Intacta
Finalmente, Monsanto cobrará el canon por su soja Intacta a partir de 2016
Fecha de Publicación: 26/09/2015
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Nacional
Monsanto, que hace 20 años lanzó al mundo la primera soja transgénica, superó casi todos los obstáculos para poder comenzar a cobrarles a los productores argentinos una retribución por sus innovaciones. Esa regalía, que llegaría hasta 15 dólares por tonelada de soja, casi 5% de lo que hoy vale el cultivo, solo es resistida por sectores de la producción y el acopio. Pero el resto de la industria cerró filas ante la falta de definición del Estado, según publicó Clarín.
Este canon tecnológico, que se aplicaría a la segunda generación de soja modificada, la “Intacta RR2”, será mucho más oneroso para el productor que no pueda demostrar que pagó las regalías al momento de comprar la semillas.
Monsanto siempre dijo que prefiere cobrar de ese modo, aunque sus ingresos se reduzcan casi a la mitad, 8 dólares por tonelada. Pero como el mercado presenta tanta informalidad como el de la música o el software, instrumentó un sistema privado de control: se hace un test a la soja en puertos y acopios, y si se descubre que es Intacta, se aplica el descuento compulsivamente bajo la Ley de Patentes.
El sistema funcionó hasta ahora para unos pocos productores del Norte, y no hubo conflictos porque la mayoría de ellos aceptó pagar algún dinero de más por la semilla mejorada de Monsanto. Pero con esta nueva campaña, la Intacta comenzó a venderse en el resto del país. Es decir, todos los productores serán controlados en 2016.
Monsanto, de entrada, logró alinear con su sistema a las exportadoras. Según versiones, ese apoyo clave surgió porque las condicionó con no firmarles el “certificado de bioseguridad”, una suerte de salvoconducto de inocuidad para vender granos a China. Como sea, empresas como Cargill o Bunge aceptaron ser agentes de recaudación. La excepción fue AFA, cooperativa ligada a Federación Agraria. Pero el resto ya aplica la “cláusula de biotecnología” a los contratos “forward” para soja 2015/16.
El gobierno al principio pareció mostrar resistencias. Aníbal Fernández y el ministro Carlos Casamiquela anunciaron en mayo un DNU que pondría las cosas en su lugar: establecería que el canon debía pagarse solo en la bolsa de semillas. Pero jamás fue firmado y se reemplazó por un proyecto de ley que, al ritmo actual, llegará tarde. Esto envalentonó al resto de la industria semillera. Una fuente del sector dijo que apoyan los controles, sobre todo porque detrás de la Intacta hay muchos nuevos transgénicos esperando. Syngenta, Basf, Bayer o Dow también querrán cobrar por sus tecnologías.
La Mesa de Enlace se pronunció contra el cobro compulsivo, pero entidades tecnológicas como AAPRESID y AACREA lo aceptaron. La mayor resistencia proviene ahora de la Federación de Acopiadores, ya que serán ellos los que deberán aplicar los test y actuar como recaudadores cuando el sistema se generalice. Han mantenido varias reuniones con Monsanto, pero ha sido imposible un entendimiento. Por eso insistieron en que el Estado debe ponerse los pantalones largos. La entidad presentó dos recursos de amparo que no prosperan. En Defensa de la Competencia, en tanto, una presentación de Federación Agraria “estaría frenada”.
“Monsanto insiste en utilizar a las acopiadoras como cobradoras de supuestas deudas que pudieran tener los productores”, afirmó un documento de los Acopiadores. Y advirtió: “Estas dos posiciones tan antagónicas y el Estado ausente, presagian un escándalo”.
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Fecha de Publicación: 26/09/2015
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Nacional
Monsanto, que hace 20 años lanzó al mundo la primera soja transgénica, superó casi todos los obstáculos para poder comenzar a cobrarles a los productores argentinos una retribución por sus innovaciones. Esa regalía, que llegaría hasta 15 dólares por tonelada de soja, casi 5% de lo que hoy vale el cultivo, solo es resistida por sectores de la producción y el acopio. Pero el resto de la industria cerró filas ante la falta de definición del Estado, según publicó Clarín.
Este canon tecnológico, que se aplicaría a la segunda generación de soja modificada, la “Intacta RR2”, será mucho más oneroso para el productor que no pueda demostrar que pagó las regalías al momento de comprar la semillas.
Monsanto siempre dijo que prefiere cobrar de ese modo, aunque sus ingresos se reduzcan casi a la mitad, 8 dólares por tonelada. Pero como el mercado presenta tanta informalidad como el de la música o el software, instrumentó un sistema privado de control: se hace un test a la soja en puertos y acopios, y si se descubre que es Intacta, se aplica el descuento compulsivamente bajo la Ley de Patentes.
El sistema funcionó hasta ahora para unos pocos productores del Norte, y no hubo conflictos porque la mayoría de ellos aceptó pagar algún dinero de más por la semilla mejorada de Monsanto. Pero con esta nueva campaña, la Intacta comenzó a venderse en el resto del país. Es decir, todos los productores serán controlados en 2016.
Monsanto, de entrada, logró alinear con su sistema a las exportadoras. Según versiones, ese apoyo clave surgió porque las condicionó con no firmarles el “certificado de bioseguridad”, una suerte de salvoconducto de inocuidad para vender granos a China. Como sea, empresas como Cargill o Bunge aceptaron ser agentes de recaudación. La excepción fue AFA, cooperativa ligada a Federación Agraria. Pero el resto ya aplica la “cláusula de biotecnología” a los contratos “forward” para soja 2015/16.
El gobierno al principio pareció mostrar resistencias. Aníbal Fernández y el ministro Carlos Casamiquela anunciaron en mayo un DNU que pondría las cosas en su lugar: establecería que el canon debía pagarse solo en la bolsa de semillas. Pero jamás fue firmado y se reemplazó por un proyecto de ley que, al ritmo actual, llegará tarde. Esto envalentonó al resto de la industria semillera. Una fuente del sector dijo que apoyan los controles, sobre todo porque detrás de la Intacta hay muchos nuevos transgénicos esperando. Syngenta, Basf, Bayer o Dow también querrán cobrar por sus tecnologías.
La Mesa de Enlace se pronunció contra el cobro compulsivo, pero entidades tecnológicas como AAPRESID y AACREA lo aceptaron. La mayor resistencia proviene ahora de la Federación de Acopiadores, ya que serán ellos los que deberán aplicar los test y actuar como recaudadores cuando el sistema se generalice. Han mantenido varias reuniones con Monsanto, pero ha sido imposible un entendimiento. Por eso insistieron en que el Estado debe ponerse los pantalones largos. La entidad presentó dos recursos de amparo que no prosperan. En Defensa de la Competencia, en tanto, una presentación de Federación Agraria “estaría frenada”.
“Monsanto insiste en utilizar a las acopiadoras como cobradoras de supuestas deudas que pudieran tener los productores”, afirmó un documento de los Acopiadores. Y advirtió: “Estas dos posiciones tan antagónicas y el Estado ausente, presagian un escándalo”.
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Santa Fe vuelve al debate por los límites a la fumigación
Retoman debate sobre los límites a la fumigación con agroquímicos
Fecha de Publicación: 26/09/2015
Fuente: rosario3.com
Provincia/Región: Santa Fe
La Cámara de Diputados provincial tratará este jueves la restricción de aplicaciones aéreas y terrestres cerca de las localidades. El tema ha perdido estado parlamentario en períodos anteriores. Se analizan dos iniciativas diferentes. “Se trata de cambiar el modelo productivo”, afirmó Tessa
La Cámara de Diputados de la provincia retomará este jueves los proyectos para limitar las aplicaciones de agroquímicos en localidades santafesinas. El tema, que tiene preferencia para la próxima sesión, ha perdido estado parlamentario en períodos anteriores por falta de tratamiento en el Senado. Este año los legisladores deberán optar entre dos iniciativas diferentes.
Por un lado, se analizará la propuesta del legislador provincial de Nuevo Encuentro José María Tessa, que fue redactada en conjunto con la Multisectorial Paren de Fumigarnos, y apunta a impedir las fumigaciones aéreas en todo el territorio provincial y limitar las terrestres. Por otra parte, se analizará un proyecto de la diputada del socialismo, Inés Bertero.
Tessa presentó nuevamente este año en la Cámara baja el proyecto de ley modificatorio a la actual ley provincial 11.273 de Fitosanitarios, que apunta a “preservar a la población de las aspersiones de agrotóxicos”.
El proyecto de Tessa prohíbe “las fumigaciones aéreas y la venta libre de agroquímicos en toda la provincia”
También restringe “las fumigaciones terrestres a una distancia no menor a 800 metros de centros poblados y zonas sensibles, y de 1000 metros de escuelas rurales; y prioriza las áreas libres de agroquímicos para la producción de alimento humano y de agricultura familiar y agroecológica".
La iniciativa de Bertero, en cambio, prevé un máximo de 200 metros sin agrotóxicos. “Se permite fumigar con productos de banda verde y azul, hasta los 3.000 metros solo en los casos en que no haya piso, que no se pueda hacer fumigación terrestre. Además, siempre tiene que estar supervisado por un ingeniero agrónomo”, explicó la legisladora socialista.
La salud del pueblo
Sobre el debate en Diputados, José María Tessa sostuvo que los legisladores están “interpelados y obligados a definir una posición en defensa y protección de la vida y la salud del pueblo al que representamos”.
“Se trata de cambiar el modelo productivo, no de dejar esos terrenos improductivos. Pasar de la producción agroindustrial a la agroecológica utilizando elementos de conservación y rectificación de la tierra que sean naturales y no contaminen”, opinó.
También Tessa recordó que existe otro proyecto de su autoría, complementario a la modificación de la Ley de Fitosanitarios, que contempla la promoción de este modelo sustentable para la producción de alimentos sanos.
“Hay que comenzar a promocionar y subsidiar desde el Estado un nuevo sistema productivo para ir modificando la situación actual. Hay que volver a los cordones de huertas que abastecían a los pueblos. Si se llega a lograr la certificación de producción orgánica, la cuestión puede mejorar mucho”, concluyó Tessa.
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Fecha de Publicación: 26/09/2015
Fuente: rosario3.com
Provincia/Región: Santa Fe
La Cámara de Diputados provincial tratará este jueves la restricción de aplicaciones aéreas y terrestres cerca de las localidades. El tema ha perdido estado parlamentario en períodos anteriores. Se analizan dos iniciativas diferentes. “Se trata de cambiar el modelo productivo”, afirmó Tessa
La Cámara de Diputados de la provincia retomará este jueves los proyectos para limitar las aplicaciones de agroquímicos en localidades santafesinas. El tema, que tiene preferencia para la próxima sesión, ha perdido estado parlamentario en períodos anteriores por falta de tratamiento en el Senado. Este año los legisladores deberán optar entre dos iniciativas diferentes.
Por un lado, se analizará la propuesta del legislador provincial de Nuevo Encuentro José María Tessa, que fue redactada en conjunto con la Multisectorial Paren de Fumigarnos, y apunta a impedir las fumigaciones aéreas en todo el territorio provincial y limitar las terrestres. Por otra parte, se analizará un proyecto de la diputada del socialismo, Inés Bertero.
Tessa presentó nuevamente este año en la Cámara baja el proyecto de ley modificatorio a la actual ley provincial 11.273 de Fitosanitarios, que apunta a “preservar a la población de las aspersiones de agrotóxicos”.
El proyecto de Tessa prohíbe “las fumigaciones aéreas y la venta libre de agroquímicos en toda la provincia”
También restringe “las fumigaciones terrestres a una distancia no menor a 800 metros de centros poblados y zonas sensibles, y de 1000 metros de escuelas rurales; y prioriza las áreas libres de agroquímicos para la producción de alimento humano y de agricultura familiar y agroecológica".
La iniciativa de Bertero, en cambio, prevé un máximo de 200 metros sin agrotóxicos. “Se permite fumigar con productos de banda verde y azul, hasta los 3.000 metros solo en los casos en que no haya piso, que no se pueda hacer fumigación terrestre. Además, siempre tiene que estar supervisado por un ingeniero agrónomo”, explicó la legisladora socialista.
La salud del pueblo
Sobre el debate en Diputados, José María Tessa sostuvo que los legisladores están “interpelados y obligados a definir una posición en defensa y protección de la vida y la salud del pueblo al que representamos”.
“Se trata de cambiar el modelo productivo, no de dejar esos terrenos improductivos. Pasar de la producción agroindustrial a la agroecológica utilizando elementos de conservación y rectificación de la tierra que sean naturales y no contaminen”, opinó.
También Tessa recordó que existe otro proyecto de su autoría, complementario a la modificación de la Ley de Fitosanitarios, que contempla la promoción de este modelo sustentable para la producción de alimentos sanos.
“Hay que comenzar a promocionar y subsidiar desde el Estado un nuevo sistema productivo para ir modificando la situación actual. Hay que volver a los cordones de huertas que abastecían a los pueblos. Si se llega a lograr la certificación de producción orgánica, la cuestión puede mejorar mucho”, concluyó Tessa.
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Desertificación en Mendoza con fondos para el freno
Mendoza recibirá fondos para enfrentar la desertificación
Fecha de Publicación: 26/09/2015
Fuente: MDZ Online
Provincia/Región: Mendoza
Se destinarán 3,5 millones de dólares a la lucha contra la desertificación en el NOA y Cuyo. Incluye unas 100 mil hectáreas en nuestra región.
Se realizó en la provincia un importante encuentro en donde se presentó el proyecto Manejo Sostenible de Tierras para el NOA y Cuyo a todos los actores involucrados en nuestra provincia y se avanzó en acuerdos preliminares sobre la ubicación general del Sitio Específico de Intervención.
El objetivo del proyecto ejecutado por la Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación es construir un marco de trabajo basado en el manejo sostenible de tierras para las zonas secas del noroeste y cuyo argentino.
Así, se busca mitigar la degradación de la tierra, mantener los servicios de los ecosistemas y mejorar los medios de vida rurales, promoviendo la implementación de las prácticas de manejo sostenible de tierras en estas áreas, para prevenir, adaptar, mitigar y rehabilitar la degradación de las tierras las áreas críticas y en áreas de alto riesgo; a fin de reducir los impactos ambientales negativos y prestar apoyo a las comunidades locales.
Alberto Molina, coordinador de la Mesa Provincial de Organizaciones de Tierras de Mendoza, del Ministerio de Tierras explicó que Mendoza tiene una superficie de 14 millones de hectáreas de las cuales el 4,8 es irrigado y que luchar contra la desertificación es una necesidad imperante en nuestra provincia.
Molina detalló que este sitio específico de intervención será de 100 mil hectáreas de nuestro secano, donde se realizarán prácticas concretas de apoyo a la producción y al manejo sustentable de tierras para los pobladores de esas zonas.
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Fecha de Publicación: 26/09/2015
Fuente: MDZ Online
Provincia/Región: Mendoza
Se destinarán 3,5 millones de dólares a la lucha contra la desertificación en el NOA y Cuyo. Incluye unas 100 mil hectáreas en nuestra región.
Se realizó en la provincia un importante encuentro en donde se presentó el proyecto Manejo Sostenible de Tierras para el NOA y Cuyo a todos los actores involucrados en nuestra provincia y se avanzó en acuerdos preliminares sobre la ubicación general del Sitio Específico de Intervención.
El objetivo del proyecto ejecutado por la Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación es construir un marco de trabajo basado en el manejo sostenible de tierras para las zonas secas del noroeste y cuyo argentino.
Así, se busca mitigar la degradación de la tierra, mantener los servicios de los ecosistemas y mejorar los medios de vida rurales, promoviendo la implementación de las prácticas de manejo sostenible de tierras en estas áreas, para prevenir, adaptar, mitigar y rehabilitar la degradación de las tierras las áreas críticas y en áreas de alto riesgo; a fin de reducir los impactos ambientales negativos y prestar apoyo a las comunidades locales.
Alberto Molina, coordinador de la Mesa Provincial de Organizaciones de Tierras de Mendoza, del Ministerio de Tierras explicó que Mendoza tiene una superficie de 14 millones de hectáreas de las cuales el 4,8 es irrigado y que luchar contra la desertificación es una necesidad imperante en nuestra provincia.
Molina detalló que este sitio específico de intervención será de 100 mil hectáreas de nuestro secano, donde se realizarán prácticas concretas de apoyo a la producción y al manejo sustentable de tierras para los pobladores de esas zonas.
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Hay una nueva ley de energías renovables
Congreso sancionó nueva ley de energías renovables por amplia mayoría
Fecha de Publicación: 25/09/2015
Fuente: energiaestrategica.com
Provincia/Región: Nacional
Con apoyo de casi todas las fuerzas políticas, la cámara de diputados dio el visto bueno a la propuesta de modificación de la ley 26.190, elaborada por Marcelo Guinle, el senador del Frente para la Victoria, que se propone lograr que en 2017 un 8 por ciento de la matriz eléctrica esté conformada por energías renovables.
Cerca de las 7 de la tarde la Cámara de Diputados comenzó el debate, que se estiró hasta las 20:39 horas. Hubo 191 legisladores presentes (sumando al presidente de la cámara), que en su gran mayoría acompañaron el proyecto (ver) sin objeciones: 178 votos a favor, 8 en contra y 4 abstenciones. Cabe destacar que primó el consenso, como no ocurre con otros temas vinculados a la economía.
Durante toda la sesión hubo quorum, lo que demuestra el interés por los asuntos relacionados a la energía. No fue igual con otras normativas que también figuraron en la orden del día. Al finalizar la votación, los aplausos colmaron el recinto. “Siento una inmensa alegría“, expresó Sebastian Kind, asesor de Guinle, encargado de redactar y gestionar con autoridades el proyecto de ley.
En las exposiciones, los diputados reconocieron la importancia de apostar a las energías limpias y así evitar salida de divisas para importar combustibles fósiles.
También se expresó la importancia de proteger el medio ambiente, aunque no fue el eje de los argumentos. No obstante, fueron posturas que plantearon todos los partidos.
El Frente Renovador señaló algunas disidencias, pero levantó la mano en positivo, mientras que la Unión Cívica Radical expuso reparos, según cuentan fuentes que estuvieron en la audiencia, como “pase de factura” por un proyecto que el oficialismo no le dio lugar, impulsado por Ernesto Sanz, que también promueve las energías renovables.
En definitiva, la iniciativa fue aprobada tal como ingresó en senadores en 2014. Ahora se viene otra discusión, aunque puertas adentro, que tiene que ver con la reglamentación. ¿Se llegará a realizar en 2015? Diferentes actores pujarán para introducir algunas modificaciones.
Llamativamente, el gobernador de Chubut, Martín Buzzi, que apoya la candidatura de Daniel Scioli, ayer salió plantear que se cobren regalías a los proyectos verdes que se instalen en la provincia: “tendremos que ir a leyes eólicas propias, nosotros somos el Kuwait de la energía eólica”.
Lo que está claro, es que así como las provincias reclaman su soberanía por los hidrocarburos frente a YPF y el Gobierno Nacional, apenas las renovables exploten masivamente y se transformen en un gran negocio (como prometen en el corto y mediano plazo) vendrá la misma discusión por la renta. Ya están en la mira. Estos comentarios no aparecen al voleo ni por casualidad, empiezan a instalar el tema en la agenda.
Historia y debate de la nueva ley de renovables
El proyecto de ley comenzó el proceso de gestación a principios de 2013, luego de revisar los errores que había tenido la ley 26.190 de “Energías Renovables”, sancionada en 2006, que no se llegó a cumplir, y el programa “GENREN”, impulsado en 2009 sin demasiado éxito. En líneas generales, la conclusión fue que existía gran potencial e interés de las empresas para invertir en el negocio, pero el cuello de botella aparecía en el financiamiento.
Por eso el texto de Marcelo Guinle intentó concentrar su atención en corregir los déficit del pasado y conformar un nuevo “Fondo Fiduciario de Energías Renovables”, dejando su administración en manos del Consejo Federal de la Energía Eléctrica.
Desde entonces, se elaboraron 15 borradores hasta llegar al texto definitivo que luego fue aprobado. Hasta el número 5, participaron las cámaras empresarias y otros actores del rubro. Luego fue tratado por los expertos que asesoraron al legislador directamente con Axel Kicillof, el Ministro de Economía y dueño de la lapicera, quién bajó de 127 dólares el precio del MWh, como se planteó en un primer momento, a 113 dólares.
Así como está, libera el camino a inversores en energía eólica, pero posterga a las energías solar y biomasa, que a lo largo del año cerraron contratos con la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico (CAMMESA) por 240 y 180 dólares el MWh, respectivamente. Para seguir creciendo, deberán enmarcarse en la Resolución 108, que abre el juego a valores más altos. Las grandes represas no están incluidas en la nueva normativa, a diferencia de los Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos (menos de 30 MW de potencia).
Una vez introducido en el Senado, Guinle no obtuvo inconvenientes para conseguir el apoyo del oficialismo y sus pares de la oposición: en diciembre de 2014 recibió media sanción por 54 votos a favor y 4 en contra del Frente UNEN, liderado por Fernando “Pino” Solanas, quién no estuvo de acuerdo en facilitar importaciones de equipos: aerogeneradores, sistemas fotovoltaicos, turbinas, entre otros.
Ya en 2015, fue aprobado sin objeciones en la Comisión de Energía y Combustibles en Diputados, sólo con algunas inquietudes sobre el tratamiento fiscal por parte de Martín Losteau, de ECO.
El 3 de junio de este año, ingresó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, consiguiendo el visto bueno de los 26 legisladores que participaron de la votación. Para sorpresa de los presentes, hubo tres disidencias parciales, por parte de Federico Sturzenegger del PRO, Miguel Bazze y Enrique Vaquié de la UCR.
Posicionamiento de los actores del sector
Cuando se conoció el texto que ingresó en senadores, hubo opiniones encontradas, algunas a favor, otras más negativas, al punto que varias asociaciones plantearon aplicar modificaciones en la normativa, alertando sobre las dificultades para diversificar la matriz, con un precio límite de 113 dólares el MWh.
También advirtieron respecto de las consecuencias que ocasionaría obligar a los Grandes Usuarios – consumo igual o superior a 300 kW -que presenten los certificados de compra de energía limpia. Temen que no se apliquen las multas correspondientes y que no se garantice el cumplimiento de la ley. Incluso, se alertó sobre las complicaciones económicas que acarrearía en el sector Pyme su instrumentación.
Tal es así, que el Comité Argentino de Presas (CAP), entidad que representa al sector hidroeléctrico, y la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) enviaron notas a Julián Domínguez, el presidente de la Cámara de Diputados, solicitándole la revisación de algunos artículos.
Son algunos de los temas que se van a plantear al momento de reglamentar la normativa que aún no tiene fecha cierta ¿Será este año? Los referentes de la industria dudan que en los tres meses que quedan para la actual gestión de Gobierno se pueda resolver.
En este escenario, de ser Daniel Scioli, el candidato del Frente para la Victoria (FPV) el próximo presidente, habrá más chances de que se mantenga intacto el texto original, aprobado en ambas cámaras. De ganar el PRO de Mauricio Macri, se sabe que la Agencia de Protección Ambiental (APRA) apoya la iniciativa, pero ya está trabajando en el tema, viendo otras posibilidades para su reglamentación, según supo energiaestratégica.com.
Detalles del texto
El corazón de la propuesta tiene como objetivo lograr que un 8 por ciento de la matriz nacional de energía eléctrica sea aportada por fuentes renovables de cara al año 2017 y alcanzar un 20 por ciento para el año 2025.
Uno de los aspectos destacados tiene que ver con los mecanismos que conformarían un fondo fiduciario (FODER) para respaldar la financiación de los proyectos de inversión:
- Destinar un mínimo del 50 por ciento del ahorro efectivo en combustibles líquidos causado por las energías renovables (se calcula que las energías renovables ahorrarían al fisco 41.000 millones de dólares hasta el año 2025)
- Cargos específicos a la demanda
- Recupero de capital e intereses de la financiación otorgada
- Dividendos o utilidades percibidas por titularidad de acciones o participaciones en proyectos o ingresos por sus ventas
Otro aspecto central radica en establecer una obligación con penalidad en cabeza de los grandes usuarios de energía eléctrica –particularmente en aquellos que tienen un consumo igual o superior a 300 kW– para el cumplimiento individual de las metas de consumo de energías renovables que fija la ley.
Con esta medida se pretende que se contraten volúmenes de energía directamente en el mercado, ya sea con generadores de energías renovables independientes, a través de comercializadores, o por medio de la ejecución de proyectos propios.
En cuanto al mecanismo de promoción fiscal, el nuevo texto propone:
- a) Amortización acelerada del impuesto a las ganancias, a lo que se suma:
- b) Devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
- c) Exención del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.
- d) Certificado Fiscal por el 20 % del componente nacional siempre que se integre un mínimo del 30%.
- e) Exención del impuesto sobre la distribución de dividendos (10%) ante la reinversión de utilidades.
- f) Exención de los derechos de importación para bienes de capital y equipos hasta 2017.
- g) No aplicación de tributos específicos, regalías nacionales, provinciales y municipales durante el régimen de fomento.
- h) Traslado de posibles aumentos fiscales a los precios de los contratos.
Otros puntos de interés
- i) Tratamiento para el despacho como central hidroeléctrica de pasada, lo que brinda prioridad de despacho a los proyectos.
- j) Aporte de la reserva de potencia soportado por todo el sistema.
- k) Límite de 113 us$/MWh promedio al precio de los contratos suscriptos por los Grandes Usuarios (muy inferior a la penalidad de 200 us$/MWh).
- l) Prioridad de acceso al financiamiento público (FODER) a proyectos con mayor integración de componente nacional.
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Fecha de Publicación: 25/09/2015
Fuente: energiaestrategica.com
Provincia/Región: Nacional
Con apoyo de casi todas las fuerzas políticas, la cámara de diputados dio el visto bueno a la propuesta de modificación de la ley 26.190, elaborada por Marcelo Guinle, el senador del Frente para la Victoria, que se propone lograr que en 2017 un 8 por ciento de la matriz eléctrica esté conformada por energías renovables.
Cerca de las 7 de la tarde la Cámara de Diputados comenzó el debate, que se estiró hasta las 20:39 horas. Hubo 191 legisladores presentes (sumando al presidente de la cámara), que en su gran mayoría acompañaron el proyecto (ver) sin objeciones: 178 votos a favor, 8 en contra y 4 abstenciones. Cabe destacar que primó el consenso, como no ocurre con otros temas vinculados a la economía.
Durante toda la sesión hubo quorum, lo que demuestra el interés por los asuntos relacionados a la energía. No fue igual con otras normativas que también figuraron en la orden del día. Al finalizar la votación, los aplausos colmaron el recinto. “Siento una inmensa alegría“, expresó Sebastian Kind, asesor de Guinle, encargado de redactar y gestionar con autoridades el proyecto de ley.
En las exposiciones, los diputados reconocieron la importancia de apostar a las energías limpias y así evitar salida de divisas para importar combustibles fósiles.
También se expresó la importancia de proteger el medio ambiente, aunque no fue el eje de los argumentos. No obstante, fueron posturas que plantearon todos los partidos.
El Frente Renovador señaló algunas disidencias, pero levantó la mano en positivo, mientras que la Unión Cívica Radical expuso reparos, según cuentan fuentes que estuvieron en la audiencia, como “pase de factura” por un proyecto que el oficialismo no le dio lugar, impulsado por Ernesto Sanz, que también promueve las energías renovables.
En definitiva, la iniciativa fue aprobada tal como ingresó en senadores en 2014. Ahora se viene otra discusión, aunque puertas adentro, que tiene que ver con la reglamentación. ¿Se llegará a realizar en 2015? Diferentes actores pujarán para introducir algunas modificaciones.
Llamativamente, el gobernador de Chubut, Martín Buzzi, que apoya la candidatura de Daniel Scioli, ayer salió plantear que se cobren regalías a los proyectos verdes que se instalen en la provincia: “tendremos que ir a leyes eólicas propias, nosotros somos el Kuwait de la energía eólica”.
Lo que está claro, es que así como las provincias reclaman su soberanía por los hidrocarburos frente a YPF y el Gobierno Nacional, apenas las renovables exploten masivamente y se transformen en un gran negocio (como prometen en el corto y mediano plazo) vendrá la misma discusión por la renta. Ya están en la mira. Estos comentarios no aparecen al voleo ni por casualidad, empiezan a instalar el tema en la agenda.
Historia y debate de la nueva ley de renovables
El proyecto de ley comenzó el proceso de gestación a principios de 2013, luego de revisar los errores que había tenido la ley 26.190 de “Energías Renovables”, sancionada en 2006, que no se llegó a cumplir, y el programa “GENREN”, impulsado en 2009 sin demasiado éxito. En líneas generales, la conclusión fue que existía gran potencial e interés de las empresas para invertir en el negocio, pero el cuello de botella aparecía en el financiamiento.
Por eso el texto de Marcelo Guinle intentó concentrar su atención en corregir los déficit del pasado y conformar un nuevo “Fondo Fiduciario de Energías Renovables”, dejando su administración en manos del Consejo Federal de la Energía Eléctrica.
Desde entonces, se elaboraron 15 borradores hasta llegar al texto definitivo que luego fue aprobado. Hasta el número 5, participaron las cámaras empresarias y otros actores del rubro. Luego fue tratado por los expertos que asesoraron al legislador directamente con Axel Kicillof, el Ministro de Economía y dueño de la lapicera, quién bajó de 127 dólares el precio del MWh, como se planteó en un primer momento, a 113 dólares.
Así como está, libera el camino a inversores en energía eólica, pero posterga a las energías solar y biomasa, que a lo largo del año cerraron contratos con la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico (CAMMESA) por 240 y 180 dólares el MWh, respectivamente. Para seguir creciendo, deberán enmarcarse en la Resolución 108, que abre el juego a valores más altos. Las grandes represas no están incluidas en la nueva normativa, a diferencia de los Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos (menos de 30 MW de potencia).
Una vez introducido en el Senado, Guinle no obtuvo inconvenientes para conseguir el apoyo del oficialismo y sus pares de la oposición: en diciembre de 2014 recibió media sanción por 54 votos a favor y 4 en contra del Frente UNEN, liderado por Fernando “Pino” Solanas, quién no estuvo de acuerdo en facilitar importaciones de equipos: aerogeneradores, sistemas fotovoltaicos, turbinas, entre otros.
Ya en 2015, fue aprobado sin objeciones en la Comisión de Energía y Combustibles en Diputados, sólo con algunas inquietudes sobre el tratamiento fiscal por parte de Martín Losteau, de ECO.
El 3 de junio de este año, ingresó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, consiguiendo el visto bueno de los 26 legisladores que participaron de la votación. Para sorpresa de los presentes, hubo tres disidencias parciales, por parte de Federico Sturzenegger del PRO, Miguel Bazze y Enrique Vaquié de la UCR.
Posicionamiento de los actores del sector
Cuando se conoció el texto que ingresó en senadores, hubo opiniones encontradas, algunas a favor, otras más negativas, al punto que varias asociaciones plantearon aplicar modificaciones en la normativa, alertando sobre las dificultades para diversificar la matriz, con un precio límite de 113 dólares el MWh.
También advirtieron respecto de las consecuencias que ocasionaría obligar a los Grandes Usuarios – consumo igual o superior a 300 kW -que presenten los certificados de compra de energía limpia. Temen que no se apliquen las multas correspondientes y que no se garantice el cumplimiento de la ley. Incluso, se alertó sobre las complicaciones económicas que acarrearía en el sector Pyme su instrumentación.
Tal es así, que el Comité Argentino de Presas (CAP), entidad que representa al sector hidroeléctrico, y la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) enviaron notas a Julián Domínguez, el presidente de la Cámara de Diputados, solicitándole la revisación de algunos artículos.
Son algunos de los temas que se van a plantear al momento de reglamentar la normativa que aún no tiene fecha cierta ¿Será este año? Los referentes de la industria dudan que en los tres meses que quedan para la actual gestión de Gobierno se pueda resolver.
En este escenario, de ser Daniel Scioli, el candidato del Frente para la Victoria (FPV) el próximo presidente, habrá más chances de que se mantenga intacto el texto original, aprobado en ambas cámaras. De ganar el PRO de Mauricio Macri, se sabe que la Agencia de Protección Ambiental (APRA) apoya la iniciativa, pero ya está trabajando en el tema, viendo otras posibilidades para su reglamentación, según supo energiaestratégica.com.
Detalles del texto
El corazón de la propuesta tiene como objetivo lograr que un 8 por ciento de la matriz nacional de energía eléctrica sea aportada por fuentes renovables de cara al año 2017 y alcanzar un 20 por ciento para el año 2025.
Uno de los aspectos destacados tiene que ver con los mecanismos que conformarían un fondo fiduciario (FODER) para respaldar la financiación de los proyectos de inversión:
- Destinar un mínimo del 50 por ciento del ahorro efectivo en combustibles líquidos causado por las energías renovables (se calcula que las energías renovables ahorrarían al fisco 41.000 millones de dólares hasta el año 2025)
- Cargos específicos a la demanda
- Recupero de capital e intereses de la financiación otorgada
- Dividendos o utilidades percibidas por titularidad de acciones o participaciones en proyectos o ingresos por sus ventas
Otro aspecto central radica en establecer una obligación con penalidad en cabeza de los grandes usuarios de energía eléctrica –particularmente en aquellos que tienen un consumo igual o superior a 300 kW– para el cumplimiento individual de las metas de consumo de energías renovables que fija la ley.
Con esta medida se pretende que se contraten volúmenes de energía directamente en el mercado, ya sea con generadores de energías renovables independientes, a través de comercializadores, o por medio de la ejecución de proyectos propios.
En cuanto al mecanismo de promoción fiscal, el nuevo texto propone:
- a) Amortización acelerada del impuesto a las ganancias, a lo que se suma:
- b) Devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
- c) Exención del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.
- d) Certificado Fiscal por el 20 % del componente nacional siempre que se integre un mínimo del 30%.
- e) Exención del impuesto sobre la distribución de dividendos (10%) ante la reinversión de utilidades.
- f) Exención de los derechos de importación para bienes de capital y equipos hasta 2017.
- g) No aplicación de tributos específicos, regalías nacionales, provinciales y municipales durante el régimen de fomento.
- h) Traslado de posibles aumentos fiscales a los precios de los contratos.
Otros puntos de interés
- i) Tratamiento para el despacho como central hidroeléctrica de pasada, lo que brinda prioridad de despacho a los proyectos.
- j) Aporte de la reserva de potencia soportado por todo el sistema.
- k) Límite de 113 us$/MWh promedio al precio de los contratos suscriptos por los Grandes Usuarios (muy inferior a la penalidad de 200 us$/MWh).
- l) Prioridad de acceso al financiamiento público (FODER) a proyectos con mayor integración de componente nacional.
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Buenos Aires: ley de agroquímicos para fin de año?
Avanza en Buenos Aires una ley para los agroquímicos
Fecha de Publicación: 25/09/2015
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Buenos Aires
En territorio bonaerense no existe hoy ningún límite y varios municipios han comenzado a tomar cartas en el asunto.
La Provincia de Buenos Aires es la mayor productora agrícola del país, pero no cuenta todavía con una legislación que regule el uso de agroquímicos. El senador Alfonso Coll Areco, cercano a Daniel Scioli, cree que esa deuda se zanjará pronto, ya que en el Senado Provincial avanza un proyecto que podría ser aprobado este año.
Coll Areco preside la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible y es autor de la iniciativa que cosechó bastante apoyo de radicales y kirchneristas. Explica que en territorio bonaerense no existe hoy ningún límite y varios municipios han comenzado a tomar cartas en el asunto. “El problema está en que cada municipio tiene su propio criterio mas bien de tinte localista, y como la producción es mas bien extensiva se podrían generar asimetría”, evaluó el legislador.
La norma en estudio determina la creación de registros tanto de aplicadores como de los asesores agronómicos que recetan los agroquímicos a usar. También impondría “limites de exclusión “para zonas urbanas, cursos o espejos de agua y escuelas rurales. Las distancias donde no podrán usarse agroquímicos serán variables según el modo de aplicación y los niveles toxicológicos de los productos.
“No podemos ser injustos ni con la producción ni con la población”, agregó Coll Areco, al explicar que la norma establecería además la creación de zonas “buffer” en las que las aplicaciones solo podrán realizarse con una autorización previa e “in situ” de cada municipio, de acuerdo a las condiciones climáticas imperantes cada día.
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Fecha de Publicación: 25/09/2015
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Buenos Aires
En territorio bonaerense no existe hoy ningún límite y varios municipios han comenzado a tomar cartas en el asunto.
La Provincia de Buenos Aires es la mayor productora agrícola del país, pero no cuenta todavía con una legislación que regule el uso de agroquímicos. El senador Alfonso Coll Areco, cercano a Daniel Scioli, cree que esa deuda se zanjará pronto, ya que en el Senado Provincial avanza un proyecto que podría ser aprobado este año.
Coll Areco preside la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible y es autor de la iniciativa que cosechó bastante apoyo de radicales y kirchneristas. Explica que en territorio bonaerense no existe hoy ningún límite y varios municipios han comenzado a tomar cartas en el asunto. “El problema está en que cada municipio tiene su propio criterio mas bien de tinte localista, y como la producción es mas bien extensiva se podrían generar asimetría”, evaluó el legislador.
La norma en estudio determina la creación de registros tanto de aplicadores como de los asesores agronómicos que recetan los agroquímicos a usar. También impondría “limites de exclusión “para zonas urbanas, cursos o espejos de agua y escuelas rurales. Las distancias donde no podrán usarse agroquímicos serán variables según el modo de aplicación y los niveles toxicológicos de los productos.
“No podemos ser injustos ni con la producción ni con la población”, agregó Coll Areco, al explicar que la norma establecería además la creación de zonas “buffer” en las que las aplicaciones solo podrán realizarse con una autorización previa e “in situ” de cada municipio, de acuerdo a las condiciones climáticas imperantes cada día.
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Chinos invertirían para crear el parque eólico más grande
Inversores chinos destinarán $800 M para crear el parque eólico más grande de Argentina
Fecha de Publicación: 25/09/2015
Fuente: La Economía On Line
Provincia/Región: La Rioja
Un grupo empresario privado presentó un proyecto para ampliar el Parque Eólico Arauco (PEA) con la incorporación de 300 MW (megavatios) y una inversión de $813 M, los cuales serán utilizados para atender la demanda de la provincia de La Rioja y reforzar la oferta de generación al resto del país.
La iniciativa, que será financiada en un 85% por bancos chinos y apunta a crear el parque eólico más grande de Argentina, será llevada adelante por la empresa local CRZ Construcciones, con la participación del grupo alemán Siemens como tecnólogo y la China United Engineering Corporation (CUC) que tendrá a su cargo la provisión de los equipos.
“El proyecto prevé incorporar 300 MW de energía eólica renovable con tres módulos de 100 MW cada uno en un plazo de obra que ha sido fijado en 36 meses”, indicó el presidente de CRZ, Santiago Clusellas. Agregó que “además de los beneficios ambientales, con la ampliación del parque eólico riojano se podrá cubrir la demanda equivalente a unos 400.000 hogares y obtener un ahorro por sustitución de importaciones de combustibles del orden de los USD 440 M”.
El proyecto incluye la provisión llave en mano y el montaje de 131 aerogeneradores de tecnología alemana de punta que serán fabricados en China. Se trata de los equipos Siemens SWT-2.3-108 que cuentan con una potencia unitaria de 2,3 MW. Asimismo, el proyecto incluye el suministro de un sistema de control y monitoreo a distancia, una subestación transformadora y una línea de alta tensión.
El Parque Eólico Arauco (PEA) se encuentra a 85 km de la ciudad de La Rioja y al sur de la ciudad de Aimogasta, y es operado por la empresa estatal Parque Eólico Arauco SAPEM, donde la provincia de La Rioja cuenta con una participación mayoritaria. En la actualidad se encuentran en funcionamiento 24 aerogeneradores, que inyectan al sistema eléctrico nacional (SIN) unos 50 MW. En simultáneo se encuentra en construcción la cuarta etapa del Parque que prevé la habilitación de otros 26 aerogenerados, que elevarán su capacidad de generación a 102MW (megavatios).
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Fecha de Publicación: 25/09/2015
Fuente: La Economía On Line
Provincia/Región: La Rioja
Un grupo empresario privado presentó un proyecto para ampliar el Parque Eólico Arauco (PEA) con la incorporación de 300 MW (megavatios) y una inversión de $813 M, los cuales serán utilizados para atender la demanda de la provincia de La Rioja y reforzar la oferta de generación al resto del país.
La iniciativa, que será financiada en un 85% por bancos chinos y apunta a crear el parque eólico más grande de Argentina, será llevada adelante por la empresa local CRZ Construcciones, con la participación del grupo alemán Siemens como tecnólogo y la China United Engineering Corporation (CUC) que tendrá a su cargo la provisión de los equipos.
“El proyecto prevé incorporar 300 MW de energía eólica renovable con tres módulos de 100 MW cada uno en un plazo de obra que ha sido fijado en 36 meses”, indicó el presidente de CRZ, Santiago Clusellas. Agregó que “además de los beneficios ambientales, con la ampliación del parque eólico riojano se podrá cubrir la demanda equivalente a unos 400.000 hogares y obtener un ahorro por sustitución de importaciones de combustibles del orden de los USD 440 M”.
El proyecto incluye la provisión llave en mano y el montaje de 131 aerogeneradores de tecnología alemana de punta que serán fabricados en China. Se trata de los equipos Siemens SWT-2.3-108 que cuentan con una potencia unitaria de 2,3 MW. Asimismo, el proyecto incluye el suministro de un sistema de control y monitoreo a distancia, una subestación transformadora y una línea de alta tensión.
El Parque Eólico Arauco (PEA) se encuentra a 85 km de la ciudad de La Rioja y al sur de la ciudad de Aimogasta, y es operado por la empresa estatal Parque Eólico Arauco SAPEM, donde la provincia de La Rioja cuenta con una participación mayoritaria. En la actualidad se encuentran en funcionamiento 24 aerogeneradores, que inyectan al sistema eléctrico nacional (SIN) unos 50 MW. En simultáneo se encuentra en construcción la cuarta etapa del Parque que prevé la habilitación de otros 26 aerogenerados, que elevarán su capacidad de generación a 102MW (megavatios).
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Fue de un millón de litros el derrame de la Barrick
Barrick ahora admite que el derrame es de un millón de litros de agua cianurada
Fecha de Publicación: 24/09/2015
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: San Juan
Primero había dicho 15 mil, luego 224 mil. La empresa insiste en que no se afectó la salud de la población. Nuevas denuncias contra funcionarios de San Juan.
La minera canadiense Barrick Gold dijo hoy que fueron 1.072 metros cúbicos (más de un millón de litros) de solución cianurada los que se derramaron en la mina de oro Veladero, de San Juan.
La compañía operadora de la mina llegó a esa conclusión a partir de una investigación interna a cargo de un equipo de expertos técnicos de la empresa.
El informe preliminar de la investigación confirmó que la fuga de solución cianurada ocurrió debido a la falla de una válvula de venteo en una tubería de transporte de dicha solución, que habría ocurrido aproximadamente a las 20 del sábado 12 de septiembre.
"Asimismo, la investigación de Barrick permitió determinar que la fuga de la solución llegó a uno de los canales de desvío de aguas (denominado Canal Norte), que cuenta con una compuerta de derivación a una pileta de emergencia", informó la empresa en un comunicado.
Esta compuerta, que debió haber estado cerrada, se encontraba abierta por causas que aún se están investigando y esto permitió el paso de la solución hacia el Río Potrerillos", explicó la compañía.
El informe indica que pese a la cantidad vertida "no ha generado un impacto para la salud de las personas".
Más denuncias
Ayer se sumó una nueva denuncia penal contra el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, y el ministro de Minería, Felipe Saavedra, por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y encubrimiento.
Ambos fueron informados el domingo 13 por la empresa y no dieron cumplimiento inmediato al protocolo y plan de contingencia dispuesto por el Informe de Impacto Ambiental del proyecto Veladero para el caso de derrames de cianuro, señala Diego SEguí, abogado de Saúl ZEballos el vecino que inición un recurso de ampara.
El abogado también explicó que los funcionarios también ocultaron el "estrago ambiental" hasta que recién el martes 15 formularon la denuncia, luego de que ya la había hecho Zeballos.
Más Información:
Amplían la medida de suspensión de la mina Veladero por 30 días
Barrick, el Cromañón de la minería
Informe de Minería: “Se mantienen los monitoreos de agua, suelo, flora y fauna”
Derrame de cianuro en Veladero: la Barrick remueve a gerentes y se complica la situación judicial
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Fecha de Publicación: 24/09/2015
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: San Juan
Primero había dicho 15 mil, luego 224 mil. La empresa insiste en que no se afectó la salud de la población. Nuevas denuncias contra funcionarios de San Juan.
La minera canadiense Barrick Gold dijo hoy que fueron 1.072 metros cúbicos (más de un millón de litros) de solución cianurada los que se derramaron en la mina de oro Veladero, de San Juan.
La compañía operadora de la mina llegó a esa conclusión a partir de una investigación interna a cargo de un equipo de expertos técnicos de la empresa.
El informe preliminar de la investigación confirmó que la fuga de solución cianurada ocurrió debido a la falla de una válvula de venteo en una tubería de transporte de dicha solución, que habría ocurrido aproximadamente a las 20 del sábado 12 de septiembre.
"Asimismo, la investigación de Barrick permitió determinar que la fuga de la solución llegó a uno de los canales de desvío de aguas (denominado Canal Norte), que cuenta con una compuerta de derivación a una pileta de emergencia", informó la empresa en un comunicado.
Esta compuerta, que debió haber estado cerrada, se encontraba abierta por causas que aún se están investigando y esto permitió el paso de la solución hacia el Río Potrerillos", explicó la compañía.
El informe indica que pese a la cantidad vertida "no ha generado un impacto para la salud de las personas".
Más denuncias
Ayer se sumó una nueva denuncia penal contra el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, y el ministro de Minería, Felipe Saavedra, por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y encubrimiento.
Ambos fueron informados el domingo 13 por la empresa y no dieron cumplimiento inmediato al protocolo y plan de contingencia dispuesto por el Informe de Impacto Ambiental del proyecto Veladero para el caso de derrames de cianuro, señala Diego SEguí, abogado de Saúl ZEballos el vecino que inición un recurso de ampara.
El abogado también explicó que los funcionarios también ocultaron el "estrago ambiental" hasta que recién el martes 15 formularon la denuncia, luego de que ya la había hecho Zeballos.
Más Información:
Amplían la medida de suspensión de la mina Veladero por 30 días
Barrick, el Cromañón de la minería
Informe de Minería: “Se mantienen los monitoreos de agua, suelo, flora y fauna”
Derrame de cianuro en Veladero: la Barrick remueve a gerentes y se complica la situación judicial
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Una nueva reserva para la Cuenca Matanza Riachuelo
La Reserva Natural Ciudad Evita se suma a las 15 áreas protegidas de la Cuenca Matanza Riachuelo
Fecha de Publicación: 24/09/2015
Fuente: Bien Urbano
Provincia/Región: Riachuelo
La declaración de Reserva Natural Ciudad Evita fue aprobada por unanimidad por el Concejo Deliberante de La Matanza. Son 15 las reservas en la Cuenca.
El Concejo Deliberante de La Matanza aprobó por unanimidad la declaración de la Reserva Natural Ciudad Evita, la primera reserva de La Matanza que abarca diversos ambientes como los extensos humedales de la planicie de inundación del Río Matanza.
La zona llegó a ser declarada Reserva Natural a partir del impulso de un grupo de vecinos. El área está caracterizada por extensos humedales asociados a la planicie de inundación del Río Matanza con presencia de bosques y pastizales e implica una gran importancia ecológica, debido a los bienes y servicios ecosistémicos que ofrecen entre los que puede mencionarse la amortiguación de las inundaciones en la cuenca y la detoxificación de contaminantes, entre muchos otros.
Argentina reconoce particularmente las importantes funciones de los humedales y adhiere desde 1992 a la Convención Internacional de Ramsar, que impulsa su conservación. Desde el año 2014 existe un Proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para la Conservación y el Uso Sustentable de los Humedales de Argentina (Expte. S-1628-13, aprobado en la Cámara de Senadores).
La creación de la Reserva Natural de Ciudad Evita contribuye a los objetivos de ACUMAR, en relación a la preservación del espacio natural y su biodiversidad.
El primer antecedente en este sentido, fue presentado a nivel provincial desde la OPDS por el prof. Mario Presti, luego le siguieron los proyectos de Ordenanza Municipal Nº 8809/2010 (Sandra Oviedo, hoy mandato cumplido) y proyecto de Ley provincial (Walter Martello) ambos enfocados en los bosques. Este último proyecto estaba basado en la tesis del Licenciado en Gestión Ambiental Daniel Lauletta, quien además es vecino de Ciudad Evita.
Recientemente, en el año 2015, Karina Rocca, en sus funciones de Secretaria de Medio Ambiente de La Matanza presenta e impulsa el Proyecto de Ordenanza Municipal para declarar la “Reserva Natural Ciudad Evita” con un aporte innovador: destaca el valor de los humedales, que en los proyectos anteriores no habían sido nombrados.
Las áreas protegidas de la Cuenca son 15: Reserva Natural Costera (Avellaneda), Reserva Municipal La Saladita (Avellaneda), Reserva Municipal Santa Catalina (Lomas de Zamora), Reserva Provincial Santa Catalina (Lomas de Zamora), Proyecto Bañados de Lomas de Zamora (Lomas de Zamora), Laguna de Rocha (Esteban Echeverría), Bosques de Ezeiza (Ezeiza), Reserva Ciudad Evita (La Matanza), Reserva Natural de Morón (Morón), Reserva Arroyo El Durazno (Marcos Paz), Reserva Guardia del Juncal (Cañuelas), Reserva Lagunas de San Vicente (San Vicente), Reserva Paleontológica “Francisco P. Moreno” (Marcos Paz), la Reserva Ecológica Costanera Sur (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y el Proyecto Reserva Lago Lugano (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
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Fecha de Publicación: 24/09/2015
Fuente: Bien Urbano
Provincia/Región: Riachuelo
La declaración de Reserva Natural Ciudad Evita fue aprobada por unanimidad por el Concejo Deliberante de La Matanza. Son 15 las reservas en la Cuenca.
El Concejo Deliberante de La Matanza aprobó por unanimidad la declaración de la Reserva Natural Ciudad Evita, la primera reserva de La Matanza que abarca diversos ambientes como los extensos humedales de la planicie de inundación del Río Matanza.
La zona llegó a ser declarada Reserva Natural a partir del impulso de un grupo de vecinos. El área está caracterizada por extensos humedales asociados a la planicie de inundación del Río Matanza con presencia de bosques y pastizales e implica una gran importancia ecológica, debido a los bienes y servicios ecosistémicos que ofrecen entre los que puede mencionarse la amortiguación de las inundaciones en la cuenca y la detoxificación de contaminantes, entre muchos otros.
Argentina reconoce particularmente las importantes funciones de los humedales y adhiere desde 1992 a la Convención Internacional de Ramsar, que impulsa su conservación. Desde el año 2014 existe un Proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para la Conservación y el Uso Sustentable de los Humedales de Argentina (Expte. S-1628-13, aprobado en la Cámara de Senadores).
La creación de la Reserva Natural de Ciudad Evita contribuye a los objetivos de ACUMAR, en relación a la preservación del espacio natural y su biodiversidad.
El primer antecedente en este sentido, fue presentado a nivel provincial desde la OPDS por el prof. Mario Presti, luego le siguieron los proyectos de Ordenanza Municipal Nº 8809/2010 (Sandra Oviedo, hoy mandato cumplido) y proyecto de Ley provincial (Walter Martello) ambos enfocados en los bosques. Este último proyecto estaba basado en la tesis del Licenciado en Gestión Ambiental Daniel Lauletta, quien además es vecino de Ciudad Evita.
Recientemente, en el año 2015, Karina Rocca, en sus funciones de Secretaria de Medio Ambiente de La Matanza presenta e impulsa el Proyecto de Ordenanza Municipal para declarar la “Reserva Natural Ciudad Evita” con un aporte innovador: destaca el valor de los humedales, que en los proyectos anteriores no habían sido nombrados.
Las áreas protegidas de la Cuenca son 15: Reserva Natural Costera (Avellaneda), Reserva Municipal La Saladita (Avellaneda), Reserva Municipal Santa Catalina (Lomas de Zamora), Reserva Provincial Santa Catalina (Lomas de Zamora), Proyecto Bañados de Lomas de Zamora (Lomas de Zamora), Laguna de Rocha (Esteban Echeverría), Bosques de Ezeiza (Ezeiza), Reserva Ciudad Evita (La Matanza), Reserva Natural de Morón (Morón), Reserva Arroyo El Durazno (Marcos Paz), Reserva Guardia del Juncal (Cañuelas), Reserva Lagunas de San Vicente (San Vicente), Reserva Paleontológica “Francisco P. Moreno” (Marcos Paz), la Reserva Ecológica Costanera Sur (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y el Proyecto Reserva Lago Lugano (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
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Caza de pumas en Río Negro en el limbo
Sin avances en un amparo desalientan la caza de pumas
Fecha de Publicación: 24/09/2015
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Un vecino reclamó que suspenda la ley 736 autoriza la matanza de pumas y zorros y el aumento de las recompensas para cazadores. Ahora provincia impulsa el uso de "perros protectores".
Mientras el gobierno provincial puso en revisión la política de control de zorros y pumas, la Cámara Civil de Apelaciones de esta ciudad tuvo escasos avances en la tramitación del amparo colectivo que promovió un vecino de esta ciudad contra los incentivos a la caza anunciados en marzo por el Ejecutivo.
Esta semana el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca anunció la adquisición de once perros protectores por considerar que "aparecen como la mejor herramienta para reducir la vulnerabilidad del ganado frente a los predadores como el zorro colorado, el puma y los perros asilvestrados". También inició cursos de capacitación para que los productores ganaderos se sientan seguros antes de recibir los canes.
La medida, que busca reemplazar los incentivos a la caza mediante el aumento de las recompensas, está en línea con las acciones reclamadas por Sergio Capozzi en la presentación judicial que formalizó ante el tribunal Civil de esta ciudad a principios de abril.
La acción de amparo promovida por Capozzi para que se suspenda la ley 736 autoriza la matanza de pumas y zorros y el aumento de las recompensas para los cazadores fue declarada de interés colectivo por la Cámara Civil de Apelaciones mediante una resolución emitida el 11 de mayo, pero desde entonces registró escasos movimientos.
De acuerdo a la información publicada en la página web del poder judicial, la última medida adoptada en el expediente se remonta al 22 de junio pasado. Ese estancamiento contrasta con el impulso dado a la presentación inicial con el encuadramiento como amparo colectivo, que habilitó a otros ciudadanos rionegrinos a sumarse al proceso y participar en la audiencia conciliatoria con el gobierno provincial.
La medida cautelar impulsada por Capozzi advirtió que "la provincia no había realizado las consultas previas que determina la misma ley" al momento de establecer los incentivos y que tampoco intentó instrumentar "métodos alternativos más racionales que no afectan el equilibrio ecológico".
Sobre este último punto el amparista citó estudios sobre manejo de ganado y destacó el trabajo realizado por el INTA en Junín de los Andes, donde la utilización de cría de perros protectores mantienen alejados a los animales silvestres y reduce significativamente los ataques.
"La aplicación de estos métodos permitió reducir en un 85 por ciento la mortandad de ovinos sin daños para los felinos y zorros" sostuvo Capozzi, que destacó además el respaldo brindado por investigadores de la Universidad del Comahue a esa experiencia.
Sin un reconocimiento explícito al planteo judicial de Capozzi, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca lanzó una línea de financiamiento para el manejo integral de los sistemas pecuarios incorporando la compra de "perros protectores" para el sector ganadero, con el objetivo de "mejorar la eficiencia productiva y hacer frente a la creciente depredación en los campos de la Región Sur, de manera sustentable".
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Fecha de Publicación: 24/09/2015
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Un vecino reclamó que suspenda la ley 736 autoriza la matanza de pumas y zorros y el aumento de las recompensas para cazadores. Ahora provincia impulsa el uso de "perros protectores".
Mientras el gobierno provincial puso en revisión la política de control de zorros y pumas, la Cámara Civil de Apelaciones de esta ciudad tuvo escasos avances en la tramitación del amparo colectivo que promovió un vecino de esta ciudad contra los incentivos a la caza anunciados en marzo por el Ejecutivo.
Esta semana el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca anunció la adquisición de once perros protectores por considerar que "aparecen como la mejor herramienta para reducir la vulnerabilidad del ganado frente a los predadores como el zorro colorado, el puma y los perros asilvestrados". También inició cursos de capacitación para que los productores ganaderos se sientan seguros antes de recibir los canes.
La medida, que busca reemplazar los incentivos a la caza mediante el aumento de las recompensas, está en línea con las acciones reclamadas por Sergio Capozzi en la presentación judicial que formalizó ante el tribunal Civil de esta ciudad a principios de abril.
La acción de amparo promovida por Capozzi para que se suspenda la ley 736 autoriza la matanza de pumas y zorros y el aumento de las recompensas para los cazadores fue declarada de interés colectivo por la Cámara Civil de Apelaciones mediante una resolución emitida el 11 de mayo, pero desde entonces registró escasos movimientos.
De acuerdo a la información publicada en la página web del poder judicial, la última medida adoptada en el expediente se remonta al 22 de junio pasado. Ese estancamiento contrasta con el impulso dado a la presentación inicial con el encuadramiento como amparo colectivo, que habilitó a otros ciudadanos rionegrinos a sumarse al proceso y participar en la audiencia conciliatoria con el gobierno provincial.
La medida cautelar impulsada por Capozzi advirtió que "la provincia no había realizado las consultas previas que determina la misma ley" al momento de establecer los incentivos y que tampoco intentó instrumentar "métodos alternativos más racionales que no afectan el equilibrio ecológico".
Sobre este último punto el amparista citó estudios sobre manejo de ganado y destacó el trabajo realizado por el INTA en Junín de los Andes, donde la utilización de cría de perros protectores mantienen alejados a los animales silvestres y reduce significativamente los ataques.
"La aplicación de estos métodos permitió reducir en un 85 por ciento la mortandad de ovinos sin daños para los felinos y zorros" sostuvo Capozzi, que destacó además el respaldo brindado por investigadores de la Universidad del Comahue a esa experiencia.
Sin un reconocimiento explícito al planteo judicial de Capozzi, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca lanzó una línea de financiamiento para el manejo integral de los sistemas pecuarios incorporando la compra de "perros protectores" para el sector ganadero, con el objetivo de "mejorar la eficiencia productiva y hacer frente a la creciente depredación en los campos de la Región Sur, de manera sustentable".
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Agricultura consulta sobre transgénicos
Argentina pide opinión a la ciudadananía sobre transgénicos
Fecha de Publicación: 23/09/2015
Fuente: EFE
Provincia/Región: Nacional
Por primera vez en dos décadas, el Gobierno argentino habilitó un canal para que la ciudadanía opine sobre la aprobación de nuevas semillas transgénicas que pretenden introducirse en el país, informaron este viernes a Efe fuentes oficiales.
El primer órgano vegetal genéticamente modificado bajo supervisión ciudadana, un tipo de soja, es de la filial argentina de la multinacional Monsanto y se caracteriza por ser tolerante al herbicida dicamba y al glifosato.
En su informe de la segunda fase de evaluación, la Conabia, adscrita al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, consideró que “los riesgos derivados de la mencionada soja genéticamente modificada al agroecosistema, en cultivo a gran escala, no difieren significativamente de los inherentes al cultivo de la soja no GM (genéticamente modificada)”.
Sin embargo, las organizaciones medioambientales no coinciden en el diagnóstico y advierten de los efectos tóxicos de la utilización de ambos herbicidas, que llevaron a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarase como “posiblemente” cancerígeno al glifosato en pasado marzo.
La población puede enviar sus escritos sobre este nuevo transgénico por correo electrónico o presentarlos en persona ante el Ministerio de Agricultura hasta el próximo 30 de septiembre, dijo a Efe el director de Biotecnología del mencionado despacho, Martín Lema.
Luego los expertos evaluarán si “amerita revisar el informe de la Conabia (Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria)”, agregó.
Según Lema, Argentina ha aprobado hasta el momento “30 cultivos transgénicos”.
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Fecha de Publicación: 23/09/2015
Fuente: EFE
Provincia/Región: Nacional
Por primera vez en dos décadas, el Gobierno argentino habilitó un canal para que la ciudadanía opine sobre la aprobación de nuevas semillas transgénicas que pretenden introducirse en el país, informaron este viernes a Efe fuentes oficiales.
El primer órgano vegetal genéticamente modificado bajo supervisión ciudadana, un tipo de soja, es de la filial argentina de la multinacional Monsanto y se caracteriza por ser tolerante al herbicida dicamba y al glifosato.
En su informe de la segunda fase de evaluación, la Conabia, adscrita al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, consideró que “los riesgos derivados de la mencionada soja genéticamente modificada al agroecosistema, en cultivo a gran escala, no difieren significativamente de los inherentes al cultivo de la soja no GM (genéticamente modificada)”.
Sin embargo, las organizaciones medioambientales no coinciden en el diagnóstico y advierten de los efectos tóxicos de la utilización de ambos herbicidas, que llevaron a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarase como “posiblemente” cancerígeno al glifosato en pasado marzo.
La población puede enviar sus escritos sobre este nuevo transgénico por correo electrónico o presentarlos en persona ante el Ministerio de Agricultura hasta el próximo 30 de septiembre, dijo a Efe el director de Biotecnología del mencionado despacho, Martín Lema.
Luego los expertos evaluarán si “amerita revisar el informe de la Conabia (Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria)”, agregó.
Según Lema, Argentina ha aprobado hasta el momento “30 cultivos transgénicos”.
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Quieren reconvertir el zoológico
Impulsan proyectos para que el Zoo sea un ‘jardín ecológico’
Fecha de Publicación: 23/09/2015
Fuente: Perfil
Provincia/Región: CABA
Dos proyectos de ley que buscan transformar radicalmente el Zoológico de Buenos Aires comenzaron a circular esta semana en la Legislatura porteña, mientras sus mismos empleados advirtieron que el predio se encuentra “en crisis”. Las propuestas, que impulsan los diputados Adrián Camps (PSA) y Hernán Rossi (Suma+), apuntan a convertir el tradicional paseo en Jardín Ecológico y Parque de Concientización Ambiental, respectivamente. Es la primera vez que una cuestión relativa al Zoo avanza desde comisiones y llegará a tratarse en el recinto.
En la propuesta de Camps, la idea es que el Zoo pase a ser un espacio para preservar y rehabilitar la fauna autóctona, donde también se priorice y concientice sobre el medio ambiente. “Proponemos un cambio de paradigma en el que ningún animal esté enjaulado. Ahora el zoológico funciona como cualquier empresa que busca maximizar la ganancia. Está preparado para la exhibición, no para la investigación”, aseguró Camps. Por otro lado, en la iniciativa presentada por Rossi sobresale la idea de generar espacios de concientización, protección y estudio de especies silvestres autóctonas.
Además, busca readecuar y poner en valor las estructuras edilicias históricas que ya existen para transformarlas en espacios culturales de exposición pública. En este sentido, Rossi aseguró: “Este proyecto es una deuda de la Ciudad con los porteños y fue trabajado con el objetivo de ofrecer un espacio recreativo que concientice sobre el medio ambiente”.
Deterioro. Los trabajadores del Zoo aseguran que el predio se encuentra a punto de colapsar. A través de un documento, denunciaron un estado de crisis que afecta no sólo al personal, sino también a los animales y al patrimonio arquitectónico del lugar. “Pedimos que se revoque la concesión vigente frente al incumplimiento del pliego de bases y condiciones particulares para la explotación, establecidas por el decreto 210/12 y especificadas en el anexo del Boletín Oficial Nº 3906/12”, señalaron desde la Comisión de Delegados del Zoo porteño.
Actualmente, el predio es explotado por la firma Jardín Zoológico de Buenos Aires, que la ganó en subasta pública a fines de 2012. La concesión es por cinco años y paga un canon mensual de 1.010.000 pesos.
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Fecha de Publicación: 23/09/2015
Fuente: Perfil
Provincia/Región: CABA
Dos proyectos de ley que buscan transformar radicalmente el Zoológico de Buenos Aires comenzaron a circular esta semana en la Legislatura porteña, mientras sus mismos empleados advirtieron que el predio se encuentra “en crisis”. Las propuestas, que impulsan los diputados Adrián Camps (PSA) y Hernán Rossi (Suma+), apuntan a convertir el tradicional paseo en Jardín Ecológico y Parque de Concientización Ambiental, respectivamente. Es la primera vez que una cuestión relativa al Zoo avanza desde comisiones y llegará a tratarse en el recinto.
En la propuesta de Camps, la idea es que el Zoo pase a ser un espacio para preservar y rehabilitar la fauna autóctona, donde también se priorice y concientice sobre el medio ambiente. “Proponemos un cambio de paradigma en el que ningún animal esté enjaulado. Ahora el zoológico funciona como cualquier empresa que busca maximizar la ganancia. Está preparado para la exhibición, no para la investigación”, aseguró Camps. Por otro lado, en la iniciativa presentada por Rossi sobresale la idea de generar espacios de concientización, protección y estudio de especies silvestres autóctonas.
Además, busca readecuar y poner en valor las estructuras edilicias históricas que ya existen para transformarlas en espacios culturales de exposición pública. En este sentido, Rossi aseguró: “Este proyecto es una deuda de la Ciudad con los porteños y fue trabajado con el objetivo de ofrecer un espacio recreativo que concientice sobre el medio ambiente”.
Deterioro. Los trabajadores del Zoo aseguran que el predio se encuentra a punto de colapsar. A través de un documento, denunciaron un estado de crisis que afecta no sólo al personal, sino también a los animales y al patrimonio arquitectónico del lugar. “Pedimos que se revoque la concesión vigente frente al incumplimiento del pliego de bases y condiciones particulares para la explotación, establecidas por el decreto 210/12 y especificadas en el anexo del Boletín Oficial Nº 3906/12”, señalaron desde la Comisión de Delegados del Zoo porteño.
Actualmente, el predio es explotado por la firma Jardín Zoológico de Buenos Aires, que la ganó en subasta pública a fines de 2012. La concesión es por cinco años y paga un canon mensual de 1.010.000 pesos.
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Toneladas de residuos contaminan el Río de la Plata
Río de la Plata: toneladas de botellas contaminan las aguas
Fecha de Publicación: 23/09/2015
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
Botellitas, tapitas, bolsas, latas y restos de aceite forman parte de la basura flotante con la que tiene que lidiar el ya contaminado Río de la Plata. Si sólo se toma lo que descargan los arroyos que atraviesan la ciudad, por mes se retiran unos 134.000 kilos de residuos.
¿De dónde viene la basura? Simple: de las calles y veredas en las que las personas la tira y que, por el sistema de diseño de sumideros y desagües, flota y desemboca todo en uno de los cursos de agua más caudalosos de América del Sur.
En la ciudad hay unos 30.000 sumideros que forman parte de la red que escurre el agua de lluvia. Curiosidades: los residuos que más afectan a la red pluvial son las botellitas de plástico de 600 cm3, porque bloquean el curso del agua y también los nexos y conductos pluviales.
"Cada mes, en la desembocadura del arroyo White juntamos una cantidad de residuos equivalente a 300 bolsas de consorcio llenas de basura. Y unos 200 kilos son de botellitas de PET", explicó Carla Vidiri, de la Dirección General del Sistema Pluvial del Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño.
Pero no sólo sucede en la desembocadura del White, en Núñez, lindero a CUBA. En la zona donde vuelca sus aguas el arroyo Vega, la cantidad de botellas recolectadas por mes equivale a ocho volquetes durante el invierno y a 25 volquetes durante el verano. La cuenca del arroyo Maldonado es la que más basura recibe: cada mes se recolectan 54.760 kilos. Le sigue la cuenca del arroyo Medrano, donde se juntan casi 14.000 kilos de basura.
En una recorrida que ayer realizó LA NACION se advirtió que había falta de higiene y una considerable cantidad de peces muertos en los márgenes del Río de la Plata.
Investigación
Un estudio de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Urbanismo de la UBA especifica que los basurales son uno de los principales problemas ambientales de las cuencas metropolitanas. En ese estudio consta que la mayor parte de los puntos donde hay concentraciones de residuos están a 200 metros de los lechos de los ríos.
María Semmartin, directora de la licenciatura en Ciencias Ambientales de la Facultad de Agronomía de la UBA, advirtió en un trabajo que "entre 2001 y 2010, la proporción de residuos plásticos aumentó un 5%, a expensas de la de desechos alimentarios. Es razonable pensar que hoy se consume más comida rápida y que, en consecuencia, se descarta una cantidad enorme de envoltorios, bandejas, cubiertos y vasos. Lo mismo sucede con las bolsas del supermercado o con el uso masivo de envases no retornables de bebidas. Claramente, estamos generando más residuos de lenta degradación, con las consecuencias ambientales que esto acarrea".
Junto con el PET, las bolsas plásticas dificultan el escurrimiento del caudal pluvial. "La cantidad de residuos plásticos que encontramos en las desembocaduras de los arroyos de la ciudad es tan grande que tuvimos que organizar una recolección especial para que los retiren y los puedan reciclar. Y es un trabajo que se hace todos los días", comentó Ezequiel Capelli, director general del Sistema Pluvial porteño.
Los bordes y los tramos libres de las desembocaduras de los arroyos de la ciudad también tienen basura. Los ocho kilómetros de costa, entre la Reserva Ecológica y la desembocadura del Raggio, también están sucios.
Karina Matte, jefa del Servicio de Limpieza del Río de la Plata, señaló: "Nuestro objetivo es mantener limpio el borde costero y evitar que los plásticos y las botellas lleguen al Río de la Plata, que es nuestro principal patrimonio natural y ambiental. Por semana, recolectamos más de 1500 bolsas de botellas y plásticos que antes contaminaban el río y ahora se reciclan en un centro verde".
La red pluvial es el nombre que recibe el conjunto de elementos que permite recoger el agua de lluvia de la superficie para después llevarla hasta zonas de descarga donde no puede afectar a los vecinos.
Las costas de San Isidro tampoco están libres de este tipo de desechos. Especialmente después de lluvias y sudestadas. "San Isidro tiene lo que se denomina un borde blando [que no tiene estructuras que detengan el agua] y eso requiere una tarea de mantenimiento permanente. En uno de los aliviadores principales, el de la calle Perú (por donde escaparon los ladrones del Banco Río, en 2006, en el llamado robo del siglo), tenemos un sistema de redes para detener los residuos", indicó Federico Bereziuk, subsecretario de Espacio Público de este municipio.
"En la última sudestada sacamos 50 toneladas de basura de la costa. Al día siguiente de una lluvia normal se recolectan unas 20 toneladas. El principal residuo es plástico", agregó el funcionario.
Ayer se celebró el Día Internacional de "limpieza de costas", que nació en los Estados Unidos para llamar la atención sobre la basura que se arroja al océano y, especialmente, sobre el daño que hace la ingesta de plástico a los delfines y a las tortugas marinas.
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Fecha de Publicación: 23/09/2015
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
Botellitas, tapitas, bolsas, latas y restos de aceite forman parte de la basura flotante con la que tiene que lidiar el ya contaminado Río de la Plata. Si sólo se toma lo que descargan los arroyos que atraviesan la ciudad, por mes se retiran unos 134.000 kilos de residuos.
¿De dónde viene la basura? Simple: de las calles y veredas en las que las personas la tira y que, por el sistema de diseño de sumideros y desagües, flota y desemboca todo en uno de los cursos de agua más caudalosos de América del Sur.
En la ciudad hay unos 30.000 sumideros que forman parte de la red que escurre el agua de lluvia. Curiosidades: los residuos que más afectan a la red pluvial son las botellitas de plástico de 600 cm3, porque bloquean el curso del agua y también los nexos y conductos pluviales.
"Cada mes, en la desembocadura del arroyo White juntamos una cantidad de residuos equivalente a 300 bolsas de consorcio llenas de basura. Y unos 200 kilos son de botellitas de PET", explicó Carla Vidiri, de la Dirección General del Sistema Pluvial del Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño.
Pero no sólo sucede en la desembocadura del White, en Núñez, lindero a CUBA. En la zona donde vuelca sus aguas el arroyo Vega, la cantidad de botellas recolectadas por mes equivale a ocho volquetes durante el invierno y a 25 volquetes durante el verano. La cuenca del arroyo Maldonado es la que más basura recibe: cada mes se recolectan 54.760 kilos. Le sigue la cuenca del arroyo Medrano, donde se juntan casi 14.000 kilos de basura.
En una recorrida que ayer realizó LA NACION se advirtió que había falta de higiene y una considerable cantidad de peces muertos en los márgenes del Río de la Plata.
Investigación
Un estudio de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Urbanismo de la UBA especifica que los basurales son uno de los principales problemas ambientales de las cuencas metropolitanas. En ese estudio consta que la mayor parte de los puntos donde hay concentraciones de residuos están a 200 metros de los lechos de los ríos.
María Semmartin, directora de la licenciatura en Ciencias Ambientales de la Facultad de Agronomía de la UBA, advirtió en un trabajo que "entre 2001 y 2010, la proporción de residuos plásticos aumentó un 5%, a expensas de la de desechos alimentarios. Es razonable pensar que hoy se consume más comida rápida y que, en consecuencia, se descarta una cantidad enorme de envoltorios, bandejas, cubiertos y vasos. Lo mismo sucede con las bolsas del supermercado o con el uso masivo de envases no retornables de bebidas. Claramente, estamos generando más residuos de lenta degradación, con las consecuencias ambientales que esto acarrea".
Junto con el PET, las bolsas plásticas dificultan el escurrimiento del caudal pluvial. "La cantidad de residuos plásticos que encontramos en las desembocaduras de los arroyos de la ciudad es tan grande que tuvimos que organizar una recolección especial para que los retiren y los puedan reciclar. Y es un trabajo que se hace todos los días", comentó Ezequiel Capelli, director general del Sistema Pluvial porteño.
Los bordes y los tramos libres de las desembocaduras de los arroyos de la ciudad también tienen basura. Los ocho kilómetros de costa, entre la Reserva Ecológica y la desembocadura del Raggio, también están sucios.
Karina Matte, jefa del Servicio de Limpieza del Río de la Plata, señaló: "Nuestro objetivo es mantener limpio el borde costero y evitar que los plásticos y las botellas lleguen al Río de la Plata, que es nuestro principal patrimonio natural y ambiental. Por semana, recolectamos más de 1500 bolsas de botellas y plásticos que antes contaminaban el río y ahora se reciclan en un centro verde".
La red pluvial es el nombre que recibe el conjunto de elementos que permite recoger el agua de lluvia de la superficie para después llevarla hasta zonas de descarga donde no puede afectar a los vecinos.
Las costas de San Isidro tampoco están libres de este tipo de desechos. Especialmente después de lluvias y sudestadas. "San Isidro tiene lo que se denomina un borde blando [que no tiene estructuras que detengan el agua] y eso requiere una tarea de mantenimiento permanente. En uno de los aliviadores principales, el de la calle Perú (por donde escaparon los ladrones del Banco Río, en 2006, en el llamado robo del siglo), tenemos un sistema de redes para detener los residuos", indicó Federico Bereziuk, subsecretario de Espacio Público de este municipio.
"En la última sudestada sacamos 50 toneladas de basura de la costa. Al día siguiente de una lluvia normal se recolectan unas 20 toneladas. El principal residuo es plástico", agregó el funcionario.
Ayer se celebró el Día Internacional de "limpieza de costas", que nació en los Estados Unidos para llamar la atención sobre la basura que se arroja al océano y, especialmente, sobre el daño que hace la ingesta de plástico a los delfines y a las tortugas marinas.
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