Glaciares: Corte Suprema aceptó su jurisdicción
08:16 | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Corte Suprema se encargará de la Ley de Glaciares
Fecha de Publicación: 09/06/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El máximo tribunal de la Nación declaró su competencia originaria en tres causas en donde se dictaron medidas cautelares que suspendieron la aplicación de la Ley 26.639, sancionada el 30 de septiembre del año pasado, y que impone ciertas restricciones a la actividad de las empresas mineras.
A raíz de los pleitos entablados por la Provincia de San Juan y las empresas Barrick Exploraciones Argentinas, Minera Argentina Gold y Asociación Obrera Minera, que explotan a "cielo abierto" el yacimiento de Pascua Lama, la Corte sostuvo que “dada la índole de la participación asumida en el pleito por San Juan corresponde reconocerle la condición de parte sustancial en virtud del interés directo que tiene en el litigio”.
Las mineras argumentaron que con la sanción de la Ley de Glaciares se introdujo una modificación perjudicial para sus intereses y consiguieron seguir operando en los yacimientos por la sanción de medidas cautelares que posibilitaron la continuidad de la explotación, cuestionada por asambleas ciudadanas y organizaciones sociales por el impacto ecológico negativo.
Las medidas cautelares suspendieron la aplicación de artículos de la ley 26.639, denominada "Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial", destinada a la preservación del medio ambiente y, en especial, de los reservorios de agua dulce.
"Dada la índole de la participación asumida en el pleito por la Provincia de San Juan, corresponde reconocerle la condición de parte sustancial en virtud del interés directo que tiene en el litigio", expresó el máximo tribunal.
Asimismo, sostuvo que "esta causa corresponde a la competencia originaria de la Corte, en mérito a que es la única manera de armonizar las prerrogativas jurisdiccionales de las que gozan tanto la provincia como el Estado Nacional". Tras la reforma de la constitución en 1994, los recursos naturales quedaron bajo el orden provincial.
La Ley de Glaciares, que impone límites a la actividad minera en el país, fue convertida en ley el 30 de septiembre de 2010 por el Senado de la Nación. En 2008, la presidenta Cristina Kirchner vetó una ley similar, pero el senador porteño y ahora candidato a jefe de gobierno, Daniel Filmus, volvió a presentar un nuevo texto, finalmente sancionado en 2010.
El 28 de febrero de 2011, la Presidenta firmó un decreto que aprobó el régimen de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y del ambiente periglaciar, en el marco de la reglamentación de la Ley de Glaciares.
El trámite se produjo una semana después de una protesta realizada por la organización ambientalista Greepeace en San Juan, donde la policía desalojó un campamento montado en el camino hacia la mina Veladero y detuvo a una decena de manifestantes que reclamaban la reglamentación.
----------------------------------------------------------------------------------
La Corte intervendrá en la causa por los glaciares
Fecha de Publicación: 09/06/2011
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
Declaró su competencia originaria ante el planteo de 3 causas que cuestionan la ley nacional.
La Corte Suprema de Justicia intervendrá en las causas interpuestas por el sector privado minero local y la provincia de San Juan contra la Nación, que a fines del año pasado frenaron en esta jurisdicción la vigencia de la Ley Nacional 26.639, de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y el Ambiente Periglacial, por considerarla inconstitucional.
Esos expedientes fueron interpuestos por dos mineras y el gremio AOMA, y la provincia ingresó al pleito como "tercero involucrado", como parte de una estrategia de llevar el caso a la Corte argumentando que la ley sancionada atenta contra la autonomía y federalismo de las provincias, al avasallar los derechos de disponer de sus recursos naturales. Según informaron desde el Centro de Información Judicial, la Corte declaró su "competencia originaria" en las causas que cuestionan la constitucionalidad de la ley, y se constituyó en "tribunal único", lo que quiere decir que no intervendrá otro de inferior jerarquía. Además, el Máximo Tribunal sostuvo que "dada la índole de la participación asumida en el pleito por la Provincia de San Juan en la calidad indicada en el considerando precedente, corresponde reconocerle la condición de parte sustancial en virtud del interés directo que tiene en el litigio". El gobierno local esperaba este paso de la Corte, que significa nada menos que será el máximo tribunal del país quien decidirá finalmente si la ley de glaciares sancionada por el Congreso en noviembre del año pasado es inconstitucional y avasalla los derechos federales de las provincias.
El Fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, se mostró satisfecho por la decisión del máximo tribunal y dijo que ahora la provincia, al sustanciarse la causa; podrá demostrar "que no sólo está protegiendo sus recursos glaciares, sino que además estamos llevando la actividad minera en zona de glaciares y periglaciares de una manera sustentable y sin afectarlos\'. "Eso es lo que queremos demostrar ante la Corte", admitió De Sanctis.
La decisión judicial de ayer engrosa la larga lista de idas y vueltas en el intento por sancionar una ley nacional de glaciares que arrancó en el 2008 (ver página 7).
Argumentos
Según informaron las fuentes judiciales, el Máximo Tribunal consideró la petición de la provincia de San Juan bajo los siguientes términos: "Al haber invocado el Estado provincial en su primera presentación el privilegio que le asiste en los términos del artículo 117 de la Constitución Nacional, esta causa corresponde a la competencia originaria de la Corte\'\'
"Es un paso decisivo, y esperado y que celebramos\'\', dijo al respecto De Sanctis. "Como fiscal de Estado, y en defensa del patrimonio provincial, de la jurisdicción y de las atribuciones constitucionales de la provincia en relación al manejo y uso de los recursos naturales como son los glaciares; y también en defensa de nuestras atribuciones en defensa del medio ambiente, celebro que la Corte se haya manifestado\'\', agregó. Las tres causas declarativas de inconstitucionalidad de la ley de glaciares fueron interpuestas en San Juan, en noviembre de 2010 por Barrick Exploraciones Argentinas, Minera Argentina Gold y la Asociación Obrera Minera. En todas ellas el gobierno se presentó como tercero involucrado. El titular del Juzgado Federal Nro.1, Miguel Galvez hizo lugar a la presentación y frenó la aplicación de la ley. Esta iba a impedir que las mineras radicadas en San Juan siguieran operando, debido a una serie de prohibiciones (ver recuadro). La provincia de San Juan cuenta con su propia ley de protección de glaciares -la Nro 8144, además de que está realizando un inventario de glaciares desde antes que se sancionara la ley nacional.
----------------------------------------------------------------------------------
La Corte Suprema aceptó su jurisdicción en cautelares por la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 09/06/2011
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
El Máximo Tribunal del país intervendrá en tres causas en las cuales se dictaron medidas de esa índole, que involucran emprendimientos mineros en el territorio de la provincia de San Juan.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) declaró su competencia originaria en tres causas en las cuales se dictaron medidas cautelares que suspendieron la aplicación de artículos de la ley 26639, de Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, con respecto a emprendimientos mineros en el territorio de la provincia de San Juan.
En ese sentido, el Máximo Tribunal sostuvo que “dada la índole de la participación asumida en el pleito por la Provincia de San Juan en la calidad indicada en el considerando precedente, corresponde reconocerle la condición de parte sustancial en virtud del interés directo que tiene en el litigio”.
“En tales condiciones y al haber invocado el Estado provincial en su primera presentación el privilegio que le asiste en los términos del artículo 117 de la Constitución Nacional, esta causa corresponde a la competencia originaria de la Corte rationae personae, en mérito a que la única manera de armonizar las prerrogativas jurisdiccionales de las que gozan tanto la provincia a no ser juzgada por los tribunales inferiores de la Nación, en virtud de la referida garantía de rango constitucional que al respecto le reconoce el citado artículo 117, como el Estado Nacional al fuero federal, según el artículo 116 de la Ley Fundamental, es sustanciado el proceso en esta instancia”, se agregó.
Etiquetas:
El fracaso de Macri en la gestión de residuos
La Ley de Basura Cero no es bienvenida
Fecha de Publicación: 09/06/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Capital
En el primer cuatrimestre del año, la cantidad de basura enviada a rellenos sanitarios aumentó un 13,23 por ciento respecto del mismo período del año anterior. En 2010, la Ciudad alcanzó el record histórico de enterramiento de residuos.
Durante los primeros cuatro meses de este año, la basura que la ciudad de Buenos Aires envió a los rellenos del conurbano aumentó un 13,23 por ciento respecto de los mismos meses de 2010, según revela un informe de la organización ambientalista Greenpeace, elaborado a partir de datos del Ceamse, al que accedió Página/12. De esta manera, la gestión de Mauricio Macri incumple doblemente la Ley de Basura Cero: no solo no reduce la cantidad de residuos generados, de acuerdo con el cronograma que marca la ley, sino que lo incrementa.
“Esto ocurre porque el gobierno de Macri desmanteló lo que había empezado a implementarse en 2007 con la doble contenerización en el 25 por ciento de la ciudad”, dijo a este diario Lorena Pujó, coordinadora de la Campaña Basura Cero de la organización ambientalista. En efecto, durante la gestión de Jorge Telerman se había comenzado a instalar en algunos barrios contenedores con tapa naranja, destinados a productos reciclables. A poco de asumir, el entonces ministro macrista de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, frenó ese programa con el argumento de que los vecinos no separaban los residuos y las empresas recolectoras mezclaban ambos recipientes en un mismo camión. “Si nunca hubo campaña pública de separación de residuos, no se puede esperar que los vecinos usen correctamente los contenedores”, agregó Pujó.
La ley 1854, sancionada en 2005, establecía metas de reducción en forma progresiva de la cantidad de residuos destinados a rellenos sanitarios, hasta llegar a la prohibición absoluta en 2020. En ese cronograma, la primera meta fijada para 2010 establecía una reducción del 30 por ciento respecto de la cantidad de basura enviada a la Ceamse en 2004. “La Ciudad debió enterrar 1.048.000 toneladas de basura, pero envió a relleno más del doble: 2.110,122 toneladas. Esa cifra, según la evaluación de Greenpeace, representó un aumento del 14,3 por ciento respecto de 2009.
“Durante 2010, la Ciudad mandó en promedio 5781 toneladas diarias a rellenos y al superar el techo de los dos millones de toneladas alcanzó el record histórico de enterramiento”, sintetiza el informe de la organización ambientalista.
La ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), más conocida como Ley de Basura Cero, establece que la administración porteña debe adoptar un conjunto de medidas tendientes a la separación de residuos en origen y a la recolección diferenciada, de manera de recuperar para el reciclado aquellos materiales que se pueden reutilizar. Lejos de poner en marcha estas medidas, la administración macrista dio marcha atrás con lo implementado por gestiones anteriores. Recién ahora, con vistas a la futura licitación de Higiene Urbana, comienza a plantear la separación domiciliaria de residuos, que recién se pondría en marcha el año próximo.
Como resultado de la política ejecutada en estos cuatro años, según las cifras de Ceamse, se produjo un crecimiento en el volumen de residuos destinados a rellenos. En 2008, durante el primer año de la gestión de Macri, se enviaron 1.844.460 toneladas de residuos sólidos urbanos (RSU), un 14,53 por ciento más que en 2007. “La cifra representó el mayor aumento porcentual interanual de la década”, sostiene el informe de Greenpeace (ver cuadro).
En 2009, el volumen de RSU enviados a rellenos representó 1.847.748 toneladas, cifra apenas superior a la del año anterior. En 2010, como se mencionó, la cifra fue de 2.110122 toneladas, un 14,19 por ciento más que el año anterior. Se superó entonces el pico histórico registrado en 2000: 1.953.375 toneladas.
Según la denuncia de Greenpeace, además de interrumpir y desarticular el sistema de doble contenerización, el gobierno porteño “interrumpió el servicio de recolección diferenciada entre reciclables y no reciclables, que figura en el contrato de higiene urbana; no implementó una campaña de concientización acerca de la separación domiciliaria de residuos y no invirtió en la creación y mantenimiento de centros verdes, para la clasificación de residuos reciclables”.
Las falencias no obedecieron a falta de recursos ni de instrumentos legales. “El gobierno pagaba a las empresas por el servicio de recolección diferenciada, establecido por contrato, y contaba con presupuesto para la realización de campañas de comunicación, educación y concientización ciudadana sobre separación de residuos en origen”, advierte el informe de Greenpeace.
La organización ambientalista sostiene que el Gobierno de la Ciudad “no puede continuar con una política caracterizada por la contaminación, enfermando a las comunidades que habitan en las cercanías de los rellenos sanitarios. También rechaza la incineración de residuos, impulsada en distritos de la provincia de Buenos Aires, porque “supone un derroche de recursos” aprovechables y “emite a la atmósfera sustancias químicas persistentes, tóxicas y bioacumulativas, como las dioxinas y los furanos”. Como cierre del informe, Greenpeace reclamó al jefe de Gobierno porteño y a los demás candidatos a ese cargo “que se comprometan a cumplir con la segunda meta de la Ley de Basura Cero, que consiste en reducir para 2015 en un 50 por ciento los residuos generados, respecto de 2004”.
Fecha de Publicación: 09/06/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Capital
En el primer cuatrimestre del año, la cantidad de basura enviada a rellenos sanitarios aumentó un 13,23 por ciento respecto del mismo período del año anterior. En 2010, la Ciudad alcanzó el record histórico de enterramiento de residuos.
Durante los primeros cuatro meses de este año, la basura que la ciudad de Buenos Aires envió a los rellenos del conurbano aumentó un 13,23 por ciento respecto de los mismos meses de 2010, según revela un informe de la organización ambientalista Greenpeace, elaborado a partir de datos del Ceamse, al que accedió Página/12. De esta manera, la gestión de Mauricio Macri incumple doblemente la Ley de Basura Cero: no solo no reduce la cantidad de residuos generados, de acuerdo con el cronograma que marca la ley, sino que lo incrementa.
“Esto ocurre porque el gobierno de Macri desmanteló lo que había empezado a implementarse en 2007 con la doble contenerización en el 25 por ciento de la ciudad”, dijo a este diario Lorena Pujó, coordinadora de la Campaña Basura Cero de la organización ambientalista. En efecto, durante la gestión de Jorge Telerman se había comenzado a instalar en algunos barrios contenedores con tapa naranja, destinados a productos reciclables. A poco de asumir, el entonces ministro macrista de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, frenó ese programa con el argumento de que los vecinos no separaban los residuos y las empresas recolectoras mezclaban ambos recipientes en un mismo camión. “Si nunca hubo campaña pública de separación de residuos, no se puede esperar que los vecinos usen correctamente los contenedores”, agregó Pujó.
La ley 1854, sancionada en 2005, establecía metas de reducción en forma progresiva de la cantidad de residuos destinados a rellenos sanitarios, hasta llegar a la prohibición absoluta en 2020. En ese cronograma, la primera meta fijada para 2010 establecía una reducción del 30 por ciento respecto de la cantidad de basura enviada a la Ceamse en 2004. “La Ciudad debió enterrar 1.048.000 toneladas de basura, pero envió a relleno más del doble: 2.110,122 toneladas. Esa cifra, según la evaluación de Greenpeace, representó un aumento del 14,3 por ciento respecto de 2009.
“Durante 2010, la Ciudad mandó en promedio 5781 toneladas diarias a rellenos y al superar el techo de los dos millones de toneladas alcanzó el record histórico de enterramiento”, sintetiza el informe de la organización ambientalista.
La ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), más conocida como Ley de Basura Cero, establece que la administración porteña debe adoptar un conjunto de medidas tendientes a la separación de residuos en origen y a la recolección diferenciada, de manera de recuperar para el reciclado aquellos materiales que se pueden reutilizar. Lejos de poner en marcha estas medidas, la administración macrista dio marcha atrás con lo implementado por gestiones anteriores. Recién ahora, con vistas a la futura licitación de Higiene Urbana, comienza a plantear la separación domiciliaria de residuos, que recién se pondría en marcha el año próximo.
Como resultado de la política ejecutada en estos cuatro años, según las cifras de Ceamse, se produjo un crecimiento en el volumen de residuos destinados a rellenos. En 2008, durante el primer año de la gestión de Macri, se enviaron 1.844.460 toneladas de residuos sólidos urbanos (RSU), un 14,53 por ciento más que en 2007. “La cifra representó el mayor aumento porcentual interanual de la década”, sostiene el informe de Greenpeace (ver cuadro).
En 2009, el volumen de RSU enviados a rellenos representó 1.847.748 toneladas, cifra apenas superior a la del año anterior. En 2010, como se mencionó, la cifra fue de 2.110122 toneladas, un 14,19 por ciento más que el año anterior. Se superó entonces el pico histórico registrado en 2000: 1.953.375 toneladas.
Según la denuncia de Greenpeace, además de interrumpir y desarticular el sistema de doble contenerización, el gobierno porteño “interrumpió el servicio de recolección diferenciada entre reciclables y no reciclables, que figura en el contrato de higiene urbana; no implementó una campaña de concientización acerca de la separación domiciliaria de residuos y no invirtió en la creación y mantenimiento de centros verdes, para la clasificación de residuos reciclables”.
Las falencias no obedecieron a falta de recursos ni de instrumentos legales. “El gobierno pagaba a las empresas por el servicio de recolección diferenciada, establecido por contrato, y contaba con presupuesto para la realización de campañas de comunicación, educación y concientización ciudadana sobre separación de residuos en origen”, advierte el informe de Greenpeace.
La organización ambientalista sostiene que el Gobierno de la Ciudad “no puede continuar con una política caracterizada por la contaminación, enfermando a las comunidades que habitan en las cercanías de los rellenos sanitarios. También rechaza la incineración de residuos, impulsada en distritos de la provincia de Buenos Aires, porque “supone un derroche de recursos” aprovechables y “emite a la atmósfera sustancias químicas persistentes, tóxicas y bioacumulativas, como las dioxinas y los furanos”. Como cierre del informe, Greenpeace reclamó al jefe de Gobierno porteño y a los demás candidatos a ese cargo “que se comprometan a cumplir con la segunda meta de la Ley de Basura Cero, que consiste en reducir para 2015 en un 50 por ciento los residuos generados, respecto de 2004”.
Potencial del mar argentino para generar energía
Destacan el potencial del mar argentino para generar energía
Fecha de Publicación: 08/06/2011
Fuente: La Capital MDP
Provincia/Región: Nacional
Especialistas en hidrógeno y fuentes sustentables de energía participan de este encuentro que busca difundir la importancia de construir un desarrollo energético sustentable.
El océano es el ecosistema que está absorbiendo gran parte de la contaminación con CO2 y los aumentos de la temperatura. Es además un recurso económico fundamental para las ciudades costeras -tanto por la pesca como por el turismo- y además tiene una enorme potencialidad como generador de energía limpia.
Así lo expuso el licenciado Francisco Galia, del Rectorado de la Universidad Tecnológica Nacional, en su conferencia en la jornada inaugural del cuarto congreso Nacional y tercero Iberoamericano sobre Hidrógeno y Fuentes Sustentables de Energía, que comenzó ayer en Mar del Plata.
El director de relaciones institucionales de la UTN destacó que "la mitad de los gases que emanan las industrias a la atmósfera lo está absorbiendo el mar, al igual que la temperatura. El mar tiene una bomba soluble de CO2 con la atmósfera pero también tiene una bomba biológica que está afectando al plancton que es el regulador del clima en el planeta y es la primera cadena alimentaria de todas las especies marinas" definió, al hacer referencia a la importancia de cuidar el mar, que a pesar del maltrato es fuente de recursos importantísimos.
"El 2007 marcó un punto de inflexión, la temperatura global alcanzó un nivel importante sobre presencia de CO2 y la sociedad está tomando conciencia. Por eso estamos en una etapa de investigación y desarrollo, el mundo está cambiando, está empezando a generar hidrógeno, está comenzando a emplear energías limpias" valoró, señalando que a pesar del maltrato recibido, el mar está jugando ahora un papel importante también en este sentido, junto al sol, el viento y otras fuentes naturales de energía.
"La Argentina está en vías de desarrollo en esos temas. Hoy el uso de energías limpias está en el orden del 3% sobre las otras. Hay una ley, la 26.190, que fija para el año 2016 cubrir el 8% con energías limpias, lo que es un desafío importante porque obliga a todas las universidades y el mundo científico a trabajar para que eso se logre" valoró.
En ese marco, Galia se refirió a las posibilidades que brinda el mar argentino, como el aprovechamiento de la marea, de las olas (corrientes) y de las algas.
"el recurso maremotriz aprovecha la marea propiamente dicha en un lugar confinado (energía potencial) o a través de las corrientes de mareas (energía cinemática)" explicó.
Pero el proyecto que está llevando adelante la UTN tiene que ver con la energía undimotriz, que es la energía de las olas. "Estamos elaborando como proyecto de investigación un equipo en el que se aprovecha la amplitud de la ola que es energía potencial y la energía cinética de la partícula que es orbital".
Estos trabajos se están llevando adelante luego de haber realizado estudios que dan cuenta de la enorme capacidad de generación de energía del mar argentino.
"Hay un mapa potencial de la capacidad del mar argentino que analizó, en virtud de las olas en distintos puntos de nuestro litoral, qué rango de potencias podemos obtener" explicó. En ese sentido aseguró que "los resultados son que la primera prioridad es aprovechar las corrientes de mareas que son las que mayor productividad nos van a dar en cuanto a capacidad de captación de energía. Esa energía sinética, con equipos modernos como las turbinas de marea pueden obtener en el orden de 1,2 mw hora que es una carga importante".
Galia aseguró que en el mar argentino hay que dejar de lado experiencias de otros países, como barreras porque "tuvieron un gran impacto ambiental, visual y problemas ecológicos".
"Hay turbinas de flujos abiertos que se están desarrollando, que van debajo del agua y aprovechan la corriente de flujo y reflujo cuando la marea sube y baja y conviven normalmente -con la pesca y el turismo- porque van completamente sumergidas, no hay impacto visual, no afectan la biodiversidad, no causan daños y el mantenimiento es sencillo".
Galia reconoció que en la actualidad "este tipo de energía no va a llegar a complementar la red nacional de electricidad" pero aclaró que "por ejemplo en nuestra Patagonia puede servir para localidades chicas, que pueden aislarse de la red nacional y alimentarse con eso, al igual que ciertas industrias, fábricas, que se instalan en nuestras costas y se pueden sustentar con esta energía".
Fecha de Publicación: 08/06/2011
Fuente: La Capital MDP
Provincia/Región: Nacional
Especialistas en hidrógeno y fuentes sustentables de energía participan de este encuentro que busca difundir la importancia de construir un desarrollo energético sustentable.
El océano es el ecosistema que está absorbiendo gran parte de la contaminación con CO2 y los aumentos de la temperatura. Es además un recurso económico fundamental para las ciudades costeras -tanto por la pesca como por el turismo- y además tiene una enorme potencialidad como generador de energía limpia.
Así lo expuso el licenciado Francisco Galia, del Rectorado de la Universidad Tecnológica Nacional, en su conferencia en la jornada inaugural del cuarto congreso Nacional y tercero Iberoamericano sobre Hidrógeno y Fuentes Sustentables de Energía, que comenzó ayer en Mar del Plata.
El director de relaciones institucionales de la UTN destacó que "la mitad de los gases que emanan las industrias a la atmósfera lo está absorbiendo el mar, al igual que la temperatura. El mar tiene una bomba soluble de CO2 con la atmósfera pero también tiene una bomba biológica que está afectando al plancton que es el regulador del clima en el planeta y es la primera cadena alimentaria de todas las especies marinas" definió, al hacer referencia a la importancia de cuidar el mar, que a pesar del maltrato es fuente de recursos importantísimos.
"El 2007 marcó un punto de inflexión, la temperatura global alcanzó un nivel importante sobre presencia de CO2 y la sociedad está tomando conciencia. Por eso estamos en una etapa de investigación y desarrollo, el mundo está cambiando, está empezando a generar hidrógeno, está comenzando a emplear energías limpias" valoró, señalando que a pesar del maltrato recibido, el mar está jugando ahora un papel importante también en este sentido, junto al sol, el viento y otras fuentes naturales de energía.
"La Argentina está en vías de desarrollo en esos temas. Hoy el uso de energías limpias está en el orden del 3% sobre las otras. Hay una ley, la 26.190, que fija para el año 2016 cubrir el 8% con energías limpias, lo que es un desafío importante porque obliga a todas las universidades y el mundo científico a trabajar para que eso se logre" valoró.
En ese marco, Galia se refirió a las posibilidades que brinda el mar argentino, como el aprovechamiento de la marea, de las olas (corrientes) y de las algas.
"el recurso maremotriz aprovecha la marea propiamente dicha en un lugar confinado (energía potencial) o a través de las corrientes de mareas (energía cinemática)" explicó.
Pero el proyecto que está llevando adelante la UTN tiene que ver con la energía undimotriz, que es la energía de las olas. "Estamos elaborando como proyecto de investigación un equipo en el que se aprovecha la amplitud de la ola que es energía potencial y la energía cinética de la partícula que es orbital".
Estos trabajos se están llevando adelante luego de haber realizado estudios que dan cuenta de la enorme capacidad de generación de energía del mar argentino.
"Hay un mapa potencial de la capacidad del mar argentino que analizó, en virtud de las olas en distintos puntos de nuestro litoral, qué rango de potencias podemos obtener" explicó. En ese sentido aseguró que "los resultados son que la primera prioridad es aprovechar las corrientes de mareas que son las que mayor productividad nos van a dar en cuanto a capacidad de captación de energía. Esa energía sinética, con equipos modernos como las turbinas de marea pueden obtener en el orden de 1,2 mw hora que es una carga importante".
Galia aseguró que en el mar argentino hay que dejar de lado experiencias de otros países, como barreras porque "tuvieron un gran impacto ambiental, visual y problemas ecológicos".
"Hay turbinas de flujos abiertos que se están desarrollando, que van debajo del agua y aprovechan la corriente de flujo y reflujo cuando la marea sube y baja y conviven normalmente -con la pesca y el turismo- porque van completamente sumergidas, no hay impacto visual, no afectan la biodiversidad, no causan daños y el mantenimiento es sencillo".
Galia reconoció que en la actualidad "este tipo de energía no va a llegar a complementar la red nacional de electricidad" pero aclaró que "por ejemplo en nuestra Patagonia puede servir para localidades chicas, que pueden aislarse de la red nacional y alimentarse con eso, al igual que ciertas industrias, fábricas, que se instalan en nuestras costas y se pueden sustentar con esta energía".
Avanza la minería en Santa Cruz
Minera planea dejar un hoyo de 1,2 km de largo y 150 metros de profundidad
Fecha de Publicación: 08/06/2011
Fuente: No a la Mina - Agencia OPI Santa Cruz
Provincia/Región: Santa Cruz
Perito Moreno, Los Antiguos, Gobernador Gregores y ni hablar San Julián (entre otras localidades) son pueblos impactados directamente por la minería. La acción de las multinacionales es frenética, intensiva y tiene como objeto la mayor producción en el menor tiempo posible. Patagonia Gold informó que el proyecto Cap Oeste, ubicado en "El Tranquilo" a poco más de 100 kms de Perito Moreno, cuando entre en la fase extractiva prevé la apertura de un "open pit" (explotación a cielo abierto) de 1.200 metros de largo y 150 metros de profundidad.
En Santa Cruz la megaminería no se detiene y los pueblos parecen estar al margen de lo que ocurre (y lo que les ocurrirá). Patagonia Gold informó que el proyecto Cap Oeste, ubicado en "El Tranquilo" a poco más de 100 kms (línea recta) de Perito Moreno, sobre el Macizo del Deseado está avanzado en un 95% (estaría terminado a fines de junio) promete altas leyes de oro y plata, incluyendo, de acuerdo a las muestras obtenidas, 13,30 metros con 8,58 gramos de oro y 508 gramos de plata por tonelada de piedra que destruirán.
Ya en "producción", la minera prevé la apertura de un "open pit" (explotación a cielo abierto, tal como se hace en Cerro Vanguardia) de 1.200 metros de largo y 150 metros de profundidad, tal como se desprende del comunicado de la empresa: "Tres perforadoras se encuentran actualmente trabajando en el lugar, completando una campaña de sondajes con diamantina HQ iniciada en el último trimestre del año pasado. A la fecha se han realizado 102 pozos por 20.646 metros. La campaña se encuentra actualmente en un 95% de avance y se estima su finalización para fines de junio" y señala "Cap Oeste incluye al depósito de Cap Oeste y al depósito COSE adyacente, en los que se han delineado hasta la fecha recursos combinados de 762.325 onzas de oro equivalente, 85% en la categoría de indicados".
¿Emprendimientos pesqueros?
Tal vez lo peritenses y por qué no los antiquenses tendrían que preguntarse si en un futuro, cuando la megaminería haya pasado como una exhalación por esas tierras y dejado enormes y profundos pozos contaminados, los cuales quedarán abiertos eternamente, porque jamás cumplirán las cláusulas dibujadas en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) donde se "comprometen" a remediar el suelo "y dejarlo en condiciones similares a las encontradas antes del inicio de la actividad... (¿?)", podrán desarrollar tareas relacionadas con el turismo y la pesca, idea creada desde Fomicruz que, para evitarle a CV cumplir con las millonarias tareas de remediación de los más de 40 open pit visualizables desde las estratósfera, se les ha ocurrido llenarlos de agua y transformarlos en extraordinarios espejos para que los santacruceños tengamos al alcance de la mano una nueva atracción para pasar los fines de semana...
Apurémonos, antes que se aviven
Decenas y hasta cientos de proyectos mineros se desarrollan hoy en Santa Cruz, al amparo de una actividad silenciosa que recién sale a la luz cuando los réditos del negocio están expresamente comprobados. Las "políticas blandas" que desarrolla la nación en esta materia y la permisividad del gobierno provincial para ejercer controles y poner límites, les permiten desarrollar a las multinacionales un agresivo programa de cateo, exploración y explotación de oro y plata en todo el territorio santacruceño, utilizando la destructiva modalidad "a cielo abierto", donde las empresas vuelan miles de toneladas de roca con explosivos durante una década o más, generando un daño ambiental irreparable, sabiendo que nadie les exigirá rendición de cuentas, al cabo del programa establecido.
La inestabilidad política y social de países como el nuestro (y particularmente de provincias como Santa Cruz), hacen que estas empresas se pongan objetivos claros, precisos y a cumplir en el corto tiempo: mayor producción en el menor tiempo posible. De ahí la colocación de dobles y triples moliendas, que les permite a los yacimientos incrementar en dos o tres veces la producción, acortando en forma inversamente proporcional, los tiempos de explotación prometidos en los acuerdos previos.
Todos estos años las mineras han pagado solo el 1% de regalías a la provincia. Luego de grandes debates y presionados por la circunstancias (también por vergüenza, claro está) los diputados provinciales votaron llevar ese porcentaje al 3% (máximo permitido por ley nacional). Hoy existe un proyecto de los diputados de la oposición (Radicalismo) para elevar esas regalías al 12%. La pregunta es: Si se implementara el 12% de regalías y las empresas siguen operando en Santa Cruz, lo que evidenciaría la super rentabilidad que tienen las multinacionales, cuando el valor de la onza pasa los U$S 1.500 en el mundo; ¿Cuánto se ha perdido de ganar la provincia en todos este tiempo, en el cual las mineras han vaciado la tierra de un recurso que jamás volveremos a tener?. (1)
Acción sin reacción
La llamada "evangelización minera" es una estrategia similar (salvando las distancias temporales y las armas que utilizan) a la que motivó a los viejos conquistadores llegar al continente sudamericano: crear las condiciones favorables para llevarse las riquezas de la tierra a un costo mínimo. En ese marco todo les era permitido a los españoles y portugueses. Hoy, los gobiernos nacionales y provinciales admiten la intrusión de multinacionales que antes de afincarse en un lugar, despliegan en la zona una tarea de "concientización" de las bondades de la actividad, prometen suplir necesidades sociales "en lo inmediato", regeneran una y otra vez el gastado discurso de las "inversiones", lo cual no es otra cosa que el capital demandado por la empresa, para poder realizar las tareas de búsqueda o explotación del oro y la plata. Lo que se "derrama" de ese capital, en los pueblos impactados, es nimio y se genera como factor residual de la actividad en la región: alguna mano de obra primaria, compra de muy pocos insumos de ocasión en las localidades y algún servicio tercerizado que la minera suele contratar (transporte de personal, acarreo de material, repuestos o combustibles), lo cual suele generar algunas Pymes cuya estabilidad financiera depende, exclusivamente, de la actividad monoproductiva; cuando la minería sufre una crisis, estas empresas caen, quiebran o desaparecen.
A pesar de todo, los pueblos como Perito Moreno, Los Antiguos, Gregores y San Julián se mantienen al margen de las consecuencias nefastas que en el futuro repercutirán directamente en la vida de sus generaciones. Excepto algunos grupos de habitantes que son vistos como locos y "enemigos del progreso", no hay un movimiento social que ejerza control y exija compromiso a las empresas o reclamen ante el gobierno. Por el contrario, se sobrepone el interés de muchos propietarios de estancias por lucrar sin límites, el conformismo de sociedades que se contentan con pequeñas "donaciones", intendentes que callan, otorgan y hasta apoyan por dádivas y superempresarios mineros que reeditan el reparto de los espejitos de colores, a los naturales de América, cuando los conquistadores bajaban de sus barcos para "evangelizar", con la biblia en una mano y la espada en la otra.
(1) Nota de la redacción: La pregunta es correcta, sin embargo la dimensión de los impactos sociales y ambientales de la megaminería es muy superior a cualquier compensación o aporte económico o fiscal. Es riesgoso reducir la problemática de las industrias extractivas no sustentables, como la minería a gran escala, solo a los tributos fiscales de la actividad y su relación con el valor de los minerales. También es necesario poner en discusión el propio modelo económico centrado en la explotación de bienes naturales y su exportación.
Fecha de Publicación: 08/06/2011
Fuente: No a la Mina - Agencia OPI Santa Cruz
Provincia/Región: Santa Cruz
Perito Moreno, Los Antiguos, Gobernador Gregores y ni hablar San Julián (entre otras localidades) son pueblos impactados directamente por la minería. La acción de las multinacionales es frenética, intensiva y tiene como objeto la mayor producción en el menor tiempo posible. Patagonia Gold informó que el proyecto Cap Oeste, ubicado en "El Tranquilo" a poco más de 100 kms de Perito Moreno, cuando entre en la fase extractiva prevé la apertura de un "open pit" (explotación a cielo abierto) de 1.200 metros de largo y 150 metros de profundidad.
En Santa Cruz la megaminería no se detiene y los pueblos parecen estar al margen de lo que ocurre (y lo que les ocurrirá). Patagonia Gold informó que el proyecto Cap Oeste, ubicado en "El Tranquilo" a poco más de 100 kms (línea recta) de Perito Moreno, sobre el Macizo del Deseado está avanzado en un 95% (estaría terminado a fines de junio) promete altas leyes de oro y plata, incluyendo, de acuerdo a las muestras obtenidas, 13,30 metros con 8,58 gramos de oro y 508 gramos de plata por tonelada de piedra que destruirán.
Ya en "producción", la minera prevé la apertura de un "open pit" (explotación a cielo abierto, tal como se hace en Cerro Vanguardia) de 1.200 metros de largo y 150 metros de profundidad, tal como se desprende del comunicado de la empresa: "Tres perforadoras se encuentran actualmente trabajando en el lugar, completando una campaña de sondajes con diamantina HQ iniciada en el último trimestre del año pasado. A la fecha se han realizado 102 pozos por 20.646 metros. La campaña se encuentra actualmente en un 95% de avance y se estima su finalización para fines de junio" y señala "Cap Oeste incluye al depósito de Cap Oeste y al depósito COSE adyacente, en los que se han delineado hasta la fecha recursos combinados de 762.325 onzas de oro equivalente, 85% en la categoría de indicados".
¿Emprendimientos pesqueros?
Tal vez lo peritenses y por qué no los antiquenses tendrían que preguntarse si en un futuro, cuando la megaminería haya pasado como una exhalación por esas tierras y dejado enormes y profundos pozos contaminados, los cuales quedarán abiertos eternamente, porque jamás cumplirán las cláusulas dibujadas en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) donde se "comprometen" a remediar el suelo "y dejarlo en condiciones similares a las encontradas antes del inicio de la actividad... (¿?)", podrán desarrollar tareas relacionadas con el turismo y la pesca, idea creada desde Fomicruz que, para evitarle a CV cumplir con las millonarias tareas de remediación de los más de 40 open pit visualizables desde las estratósfera, se les ha ocurrido llenarlos de agua y transformarlos en extraordinarios espejos para que los santacruceños tengamos al alcance de la mano una nueva atracción para pasar los fines de semana...
Apurémonos, antes que se aviven
Decenas y hasta cientos de proyectos mineros se desarrollan hoy en Santa Cruz, al amparo de una actividad silenciosa que recién sale a la luz cuando los réditos del negocio están expresamente comprobados. Las "políticas blandas" que desarrolla la nación en esta materia y la permisividad del gobierno provincial para ejercer controles y poner límites, les permiten desarrollar a las multinacionales un agresivo programa de cateo, exploración y explotación de oro y plata en todo el territorio santacruceño, utilizando la destructiva modalidad "a cielo abierto", donde las empresas vuelan miles de toneladas de roca con explosivos durante una década o más, generando un daño ambiental irreparable, sabiendo que nadie les exigirá rendición de cuentas, al cabo del programa establecido.
La inestabilidad política y social de países como el nuestro (y particularmente de provincias como Santa Cruz), hacen que estas empresas se pongan objetivos claros, precisos y a cumplir en el corto tiempo: mayor producción en el menor tiempo posible. De ahí la colocación de dobles y triples moliendas, que les permite a los yacimientos incrementar en dos o tres veces la producción, acortando en forma inversamente proporcional, los tiempos de explotación prometidos en los acuerdos previos.
Todos estos años las mineras han pagado solo el 1% de regalías a la provincia. Luego de grandes debates y presionados por la circunstancias (también por vergüenza, claro está) los diputados provinciales votaron llevar ese porcentaje al 3% (máximo permitido por ley nacional). Hoy existe un proyecto de los diputados de la oposición (Radicalismo) para elevar esas regalías al 12%. La pregunta es: Si se implementara el 12% de regalías y las empresas siguen operando en Santa Cruz, lo que evidenciaría la super rentabilidad que tienen las multinacionales, cuando el valor de la onza pasa los U$S 1.500 en el mundo; ¿Cuánto se ha perdido de ganar la provincia en todos este tiempo, en el cual las mineras han vaciado la tierra de un recurso que jamás volveremos a tener?. (1)
Acción sin reacción
La llamada "evangelización minera" es una estrategia similar (salvando las distancias temporales y las armas que utilizan) a la que motivó a los viejos conquistadores llegar al continente sudamericano: crear las condiciones favorables para llevarse las riquezas de la tierra a un costo mínimo. En ese marco todo les era permitido a los españoles y portugueses. Hoy, los gobiernos nacionales y provinciales admiten la intrusión de multinacionales que antes de afincarse en un lugar, despliegan en la zona una tarea de "concientización" de las bondades de la actividad, prometen suplir necesidades sociales "en lo inmediato", regeneran una y otra vez el gastado discurso de las "inversiones", lo cual no es otra cosa que el capital demandado por la empresa, para poder realizar las tareas de búsqueda o explotación del oro y la plata. Lo que se "derrama" de ese capital, en los pueblos impactados, es nimio y se genera como factor residual de la actividad en la región: alguna mano de obra primaria, compra de muy pocos insumos de ocasión en las localidades y algún servicio tercerizado que la minera suele contratar (transporte de personal, acarreo de material, repuestos o combustibles), lo cual suele generar algunas Pymes cuya estabilidad financiera depende, exclusivamente, de la actividad monoproductiva; cuando la minería sufre una crisis, estas empresas caen, quiebran o desaparecen.
A pesar de todo, los pueblos como Perito Moreno, Los Antiguos, Gregores y San Julián se mantienen al margen de las consecuencias nefastas que en el futuro repercutirán directamente en la vida de sus generaciones. Excepto algunos grupos de habitantes que son vistos como locos y "enemigos del progreso", no hay un movimiento social que ejerza control y exija compromiso a las empresas o reclamen ante el gobierno. Por el contrario, se sobrepone el interés de muchos propietarios de estancias por lucrar sin límites, el conformismo de sociedades que se contentan con pequeñas "donaciones", intendentes que callan, otorgan y hasta apoyan por dádivas y superempresarios mineros que reeditan el reparto de los espejitos de colores, a los naturales de América, cuando los conquistadores bajaban de sus barcos para "evangelizar", con la biblia en una mano y la espada en la otra.
(1) Nota de la redacción: La pregunta es correcta, sin embargo la dimensión de los impactos sociales y ambientales de la megaminería es muy superior a cualquier compensación o aporte económico o fiscal. Es riesgoso reducir la problemática de las industrias extractivas no sustentables, como la minería a gran escala, solo a los tributos fiscales de la actividad y su relación con el valor de los minerales. También es necesario poner en discusión el propio modelo económico centrado en la explotación de bienes naturales y su exportación.
Y siguen con la idea de otra central nuclear...
Argentina construirá una cuarta central nuclear pero espera nuevas normas de seguridad
Fecha de Publicación: 07/06/2011
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
La titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Norma Boero, confirmó en esta ciudad que Argentina construirá una cuarta central atómica, que se sumará a las de Embalse, Atucha I y Atucha II, ésta última todavía en construcción.
"El proyecto no está parado, está atrasado a la espera de si se realizan nuevas guías de seguridad después de lo de Fukushima, pero va a haber una cuarta central en la Argentina", aseguró a Télam la funcionaria.
En el marco de la ATOMEXPO 2011, donde hoy expondrá sobre el plan nuclear argentino, Boero dijo que la nueva central generará entre 1.000 y 1.600 megavatios, lo que representa un poco más del 4% de la energía total del país.
"Hemos preclasificado a cinco países, entre los cuales está Rusia, por eso estamos en la exposición", señaló.
La licitación se encuentra un poco demorada a la espera de los resultados finales de lo que ha sucedido en la central japonesa de Fukushima.
"Se está haciendo toda una revisión nuclear y ahora, el próximo 20, habrá una reunión muy importante donde vamos a tener un poco más claro todo lo que pasó, y un poco más de información, y con esos datos veremos si la Organización Internacional de Energía Atómica (OEIA) saca otro tipo de guías en materia de seguridad", agregó.
Fecha de Publicación: 07/06/2011
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
La titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Norma Boero, confirmó en esta ciudad que Argentina construirá una cuarta central atómica, que se sumará a las de Embalse, Atucha I y Atucha II, ésta última todavía en construcción.
"El proyecto no está parado, está atrasado a la espera de si se realizan nuevas guías de seguridad después de lo de Fukushima, pero va a haber una cuarta central en la Argentina", aseguró a Télam la funcionaria.
En el marco de la ATOMEXPO 2011, donde hoy expondrá sobre el plan nuclear argentino, Boero dijo que la nueva central generará entre 1.000 y 1.600 megavatios, lo que representa un poco más del 4% de la energía total del país.
"Hemos preclasificado a cinco países, entre los cuales está Rusia, por eso estamos en la exposición", señaló.
La licitación se encuentra un poco demorada a la espera de los resultados finales de lo que ha sucedido en la central japonesa de Fukushima.
"Se está haciendo toda una revisión nuclear y ahora, el próximo 20, habrá una reunión muy importante donde vamos a tener un poco más claro todo lo que pasó, y un poco más de información, y con esos datos veremos si la Organización Internacional de Energía Atómica (OEIA) saca otro tipo de guías en materia de seguridad", agregó.
Chaco: satélites para detectar desmontes
Usan imágenes satelitales para detectar desmontes ilegales
Fecha de Publicación: 07/06/2011
Fuente: Data Chaco
Provincia/Región: Chaco
La Dirección de Bosques, cuyas oficinas funcionan en Sáenz Peña, cuenta con un Centro de Geo Información. Se trata de un centro donde se hace todo el seguimiento de permisos forestales e infracciones.
Las herramientas que se utilizan son imágenes satelitales y el mapeo digital Geo referenciado con el cual se puede hacer un seguimiento casi diario de todos los permisos y las infracciones.
“Es muy difícil escaparse a las imágenes, porque son datos casi diarios, muy objetivos, cualquiera puede pedir la imagen y verlas”, comentó el ingeniero Walter Massad coordinador de este centro. Señaló por otro lado que de esta forma se colabora también y mucho con la justicia, “la imagen en este caso pasa a ser una herramienta de la justicia como prueba por la objetividad y por el alcance”, explicó.
“Las imágenes de este centro están disponibles para todos los interesados”, dijo Massad al tiempo que recordó que hay diversos tipos de imágenes, pero que desde Recursos Naturales se trabaja con una imagen del Satélite Lanza y se la consigue por medio de un convenio que cuentan con la Comisión de Actividades Espaciales de la Nación en forma gratuita.
Desmontes ilegales
El ingeniero Massad explico que en la actualidad el GEO se dedica a dos cosas fundamentales, uno “ el monitoreo de los permisos, se entregan los permisos forestales y se pide unos datos que nos dan a nosotros la posición del terreno a trabajar sobre la superficie terrestre, por lo tanto nosotros cada semana, cada quince días estamos recorriendo cada uno de los permisos para ver en qué etapa va, y si no se sale del área especificada por el permiso. Y la otra gran tarea que está haciendo el centro es la detección de desmontes ilegales que llevamos detectados más de 400 desde marzo del 2010. Estos desmontes ilegales están concentrados en el norte de Cas Pampa del Infierno y Frentones, Rio Muerto, pero hay algunos en otras zonas como el sudeste de Charata, 9 de julio también tenemos algunos desmontes significativos y muchos menos en la zona este”, señaló el coordinador del GEO.
Sobre el particular dijo Massad que “los productores en general se cuidan mucho de no pasarse de la línea que ha fijado para su trabajo, pero tenemos algunos inconvenientes con el agente que maneja la topadora, ya que no está muy al tanto de lo que es una coordenada, de lo que es un punto georeferenciado entonces si no se les indica bien ellos generalmente tienden a salirse del predio”.
Aclaró entre otros aspectos que de esta forma se tiene identificado cada uno de los permisos, el tipo de permiso y sobre eso se va haciendo el monitoreo.
Al ser consultado si también se detecta la extracción de madera para sacarlo ilegalmente de la provincia dijo que si, “tenemos la capacidad de detectar el desmonte por topadora, y también podemos detectar el “picoteo” , que es la extracción de arboles con valores económicos y dejar todo lo otro como esta, eso nosotros lo hacemos a través de una metodología que tiene la imagen que se llama Radiometría en el cual cuando cambia la cobertura del suelo o del bosque, cambian ciertos parámetros de la imagen que a nosotros nos están indicando sin ver que se está sacando el árbol. En esos pixeles que son de 30 x 30 cuando hay 10 pixeles que están cambiando en forma vecina, nosotros mandamos los inspectores para ver que es lo que está pasando”.
Ejemplo de esto es un silvopastoril clandestino detectado de 830 has, en un campo fiscal según las imágenes que pueden observarse, este es un campo adjudicado a un Sr. Riva, pero que aparentemente fue adquirido en forma ilegal por un Sr. Chiappero, este expediente fue enviado a la oficina de fiscalización y control para que se actúe legalmente y se notifique al Instituto de Colonización sobre el importante daño al medio ambiente ocasionado por esta persona.
Entre otros aspectos sostuvo el ingeniero Masad que la provincia del Chaco es una de las pocas provincias que tiene este sistema de seguimiento contra los desmontes , “ en el seguimiento de montes y a este nivel sí, no somos muchos los que trabajos en imágenes satelitales para el monitoreo y evaluación de bosques”.
Otra tarea que se cumple a través del GEO es el seguimiento de aquellos planes otorgados para reforestación, “lo estamos haciendo con mucha intensidad porque eso nos interesa y se está por incentivar a través del Gobierno todo ese tema y también va a ser un monitoreo por imágenes muy intensivo”.
Finalmente aclaró que “el suelo de la provincia del Chaco está completamente mapeado y georeferenciado, o sea sabemos el monte sobre que unidad cartográfica cae en todo momento, es decir no hace falta verlo por imágenes, el INTA tiene su carta de suelo que esta georeferenciada y por ese lado nosotros sabemos qué tipo de suelo hay debajo de cada monte”.
Fecha de Publicación: 07/06/2011
Fuente: Data Chaco
Provincia/Región: Chaco
La Dirección de Bosques, cuyas oficinas funcionan en Sáenz Peña, cuenta con un Centro de Geo Información. Se trata de un centro donde se hace todo el seguimiento de permisos forestales e infracciones.
Las herramientas que se utilizan son imágenes satelitales y el mapeo digital Geo referenciado con el cual se puede hacer un seguimiento casi diario de todos los permisos y las infracciones.
“Es muy difícil escaparse a las imágenes, porque son datos casi diarios, muy objetivos, cualquiera puede pedir la imagen y verlas”, comentó el ingeniero Walter Massad coordinador de este centro. Señaló por otro lado que de esta forma se colabora también y mucho con la justicia, “la imagen en este caso pasa a ser una herramienta de la justicia como prueba por la objetividad y por el alcance”, explicó.
“Las imágenes de este centro están disponibles para todos los interesados”, dijo Massad al tiempo que recordó que hay diversos tipos de imágenes, pero que desde Recursos Naturales se trabaja con una imagen del Satélite Lanza y se la consigue por medio de un convenio que cuentan con la Comisión de Actividades Espaciales de la Nación en forma gratuita.
Desmontes ilegales
El ingeniero Massad explico que en la actualidad el GEO se dedica a dos cosas fundamentales, uno “ el monitoreo de los permisos, se entregan los permisos forestales y se pide unos datos que nos dan a nosotros la posición del terreno a trabajar sobre la superficie terrestre, por lo tanto nosotros cada semana, cada quince días estamos recorriendo cada uno de los permisos para ver en qué etapa va, y si no se sale del área especificada por el permiso. Y la otra gran tarea que está haciendo el centro es la detección de desmontes ilegales que llevamos detectados más de 400 desde marzo del 2010. Estos desmontes ilegales están concentrados en el norte de Cas Pampa del Infierno y Frentones, Rio Muerto, pero hay algunos en otras zonas como el sudeste de Charata, 9 de julio también tenemos algunos desmontes significativos y muchos menos en la zona este”, señaló el coordinador del GEO.
Sobre el particular dijo Massad que “los productores en general se cuidan mucho de no pasarse de la línea que ha fijado para su trabajo, pero tenemos algunos inconvenientes con el agente que maneja la topadora, ya que no está muy al tanto de lo que es una coordenada, de lo que es un punto georeferenciado entonces si no se les indica bien ellos generalmente tienden a salirse del predio”.
Aclaró entre otros aspectos que de esta forma se tiene identificado cada uno de los permisos, el tipo de permiso y sobre eso se va haciendo el monitoreo.
Al ser consultado si también se detecta la extracción de madera para sacarlo ilegalmente de la provincia dijo que si, “tenemos la capacidad de detectar el desmonte por topadora, y también podemos detectar el “picoteo” , que es la extracción de arboles con valores económicos y dejar todo lo otro como esta, eso nosotros lo hacemos a través de una metodología que tiene la imagen que se llama Radiometría en el cual cuando cambia la cobertura del suelo o del bosque, cambian ciertos parámetros de la imagen que a nosotros nos están indicando sin ver que se está sacando el árbol. En esos pixeles que son de 30 x 30 cuando hay 10 pixeles que están cambiando en forma vecina, nosotros mandamos los inspectores para ver que es lo que está pasando”.
Ejemplo de esto es un silvopastoril clandestino detectado de 830 has, en un campo fiscal según las imágenes que pueden observarse, este es un campo adjudicado a un Sr. Riva, pero que aparentemente fue adquirido en forma ilegal por un Sr. Chiappero, este expediente fue enviado a la oficina de fiscalización y control para que se actúe legalmente y se notifique al Instituto de Colonización sobre el importante daño al medio ambiente ocasionado por esta persona.
Entre otros aspectos sostuvo el ingeniero Masad que la provincia del Chaco es una de las pocas provincias que tiene este sistema de seguimiento contra los desmontes , “ en el seguimiento de montes y a este nivel sí, no somos muchos los que trabajos en imágenes satelitales para el monitoreo y evaluación de bosques”.
Otra tarea que se cumple a través del GEO es el seguimiento de aquellos planes otorgados para reforestación, “lo estamos haciendo con mucha intensidad porque eso nos interesa y se está por incentivar a través del Gobierno todo ese tema y también va a ser un monitoreo por imágenes muy intensivo”.
Finalmente aclaró que “el suelo de la provincia del Chaco está completamente mapeado y georeferenciado, o sea sabemos el monte sobre que unidad cartográfica cae en todo momento, es decir no hace falta verlo por imágenes, el INTA tiene su carta de suelo que esta georeferenciada y por ese lado nosotros sabemos qué tipo de suelo hay debajo de cada monte”.
La fiebre del litio en Salta
La fiebre del litio
Fecha de Publicación: 06/06/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
La minería avanza en Jujuy y Salta en búsqueda de litio, un metal utilizado por la industria automotriz y electrónica. Los proyectos afectan comunidades indígenas que viven de las salinas. Los pueblos originarios ya recurrieron a la Corte Suprema.
“El oro del futuro.” Así ya se habla del litio, un metal que se emplea en pilas y baterías de productos electrónicos y que comenzó a utilizarse como energía en la industria automotriz, que promete un gradual reemplazo de hidrocarburos por ese elemento, un producto “más limpio”. En Jujuy y Salta se encuentran buena parte de las reservas mundiales. Compañías mineras ya comenzaron a desembarcar y los gobiernos provinciales avanzan con concesiones de exploración. Pero la fiebre del litio vulnera la Constitución Nacional y tratados internacionales que legislan sobre el derecho de los pueblos originarios. “Hace siglos que vivimos en las salinas, siempre cuidando el territorio y vivimos en armonía. Ahora descubren algo y quieren pasarnos por arriba, condenarnos. No vamos a permitir esa injusticia”, advierte con voz pausada Clemente Flores, del pueblo kolla, que (en un hecho sin precedentes) junto a otras 32 comunidades presentó una medida cautelar en la Corte Suprema de Justicia. Solicitan, en base a derechos vigentes en la ley argentina, frenar toda actividad minera en la zona, que se consulte a las comunidades y aporta pruebas de que ya padecen males: un informe geológico demuestra la perforación y contaminación de un acuífero, en una región donde el agua es el bien más escaso.
“La Arabia Saudita del litio”, tituló la revista estadounidense de finanzas Forbes al “triángulo del litio” que conforman el noroeste de Argentina, el norte de Chile y Bolivia, y concentrarían el 85 por ciento del litio del mundo.
En Jujuy y Salta ya desembarcó una decena de compañías mineras (de Canadá, Australia y Estados Unidos, entre otras). Y al menos otros dos jugadores de peso, y ajenos a la minería, ya fijaron sus ojos en la zona: las automotrices Toyota y Mitsubishi (ambas de Japón).
El litio forma parte de las salinas, planicies blancas que suelen ser la foto más buscada de los turistas que llegan hasta el norte del país. Y también el lugar ancestral de vida, cultura e historia de los pueblos kolla y atacama.
“Nuestros bisabuelos vivieron donde nosotros hoy, y nunca nos dieron los títulos comunitarios. La minera llega y le dan todo. Contaminan y nos quieren echar. No dejaremos que eso pase”, avisa Flores, 47 años, kolla, siete hijos, de la comunidad aborigen El Angosto, localidad de Moreno, respaldado por las 70 familias de la comunidad, con la misma decisión que él. Y no están solos. Otras 32 comunidades, que reúnen a 1300 familias, piensan y actúan de manera similar.
La minería del litio forma parte del modelo de extracción de recursos naturales, aunque a diferencia de su prima hermana, la minería metalífera a gran escala, no comparte la voladura de montañas ni el uso masivo de explosivos y cianuro. Pero sí las une el aspecto más cuestionado en los últimos años: uso monumental de agua, en una región de extrema sequía.
Del agua dependen todas las comunidades para el pastoreo y cría de ovejas, llamas y pequeñas chacras. La presentación en la Corte Suprema remarca que corre peligro toda la cuenca hídrica de la Laguna Guayatayoc-Salinas Grandes, que agrupa cursos de agua de Jujuy y Salta, y de la cual dependen las comunidades indígenas.
“La explotación de la minería y la afectación del uso del agua –con el absoluto desconocimiento de los permisos otorgados, las cantidades asignadas, y mucho menos el tipo de utilización y saneamiento de la misma por parte de las empresas– en una zona árida por excelencia, repercute en una forma especialmente dañosa para las comunidades indígenas, radicadas desde tiempos inmemoriales en las zonas afectadas por tales emprendimientos”, denuncia el amparo que ya está en manos de los jueces del máximo tribunal del país.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ya había dado cuenta del riesgo. “El incremento reciente de la exploración y en algunos casos de la explotación minera plantea una nueva alternativa de desarrollo que lleva implícito una nueva amenaza a los recursos naturales (agua, suelo, flora, fauna)”, advierte la investigación “Recursos Hídricos de la Puna, valles y bolsones áridos del Noroeste argentino”, del INTA Salta.
Respecto de la minería, precisa que sus “principales problemas son la competencia con el sector agrícola por el recurso agua, destrucción del hábitat por la construcción de obras de infraestructura y efecto de la contaminación a largo plazo”.
En diciembre pasado, la Coordinadora de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ) solicitó a los expertos en biología Jorge Gonnet y geología Aníbal Manzur una inspección técnica en una zona de las salinas donde semanas atrás se había realizado una prospección minera. “Consideraciones ambientales en relación con la construcción de pozos de prospección minera y/o hidrogeológica en la Salinas Grandes”, se llama el informe que concluye: “Las perforaciones realizadas están generando impactos y/o riesgos sobre los niveles salinos superficiales y acuíferos”.
“La perforación presenta surgencia permanente de aguas de baja salinidad provenientes de acuíferos profundos (...) Tendrá notables consecuencias sobre el sistema salino y limitará la posibilidad de extracción de sales superficiales (...) Existe una elevada posibilidad de que se esté favoreciendo la difusión de sales superficiales hacia acuíferos profundos de baja salinidad.”
Rodrigo Solá, uno de los abogados que participan de la demanda, lo traduce a lenguaje cotidiano. “Perforaron el acuífero. Y realizaron un doble mal. Contaminaron el acuífero de donde obtenemos agua para nosotros, la cría de animales y las huertas. Y, para peor, el agua dulce que subió a esa parte del salar arruinó la sal, por lo cual no sirve para cortarla y luego vender.”
En febrero de 2010 las comunidades indígenas confirmaron que había empresas que exploran las salinas. Comenzaron a organizarse y muy rápido se sumaron 22, todas con posesión ancestral en las salinas y zona de influencia. Conformaron la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes. Realizaron pedidos ante las respectivas provincias pero no hubo respuesta. Las empresas seguían ingresando. “Expediente C-1146/10. Amparo, medida cautelar, Benita Chaves y otro c/ provincia de Jujuy y Salta”, es el título de la causa que en noviembre de 2010 fue presentado en la Corte Suprema. Luego se sumaron otras once comunidades.
Entre los ejes de la demanda figura la falta de “consulta previa, información y participación” que la legislación nacional ordena en toda acción que pudiera afectar los territorios indígenas. Recuerda que las Salinas Grandes constituyen “un ecosistema único que se encuentra dentro de sus propios territorios, el cual les provee de los recursos naturales de uso común que son necesarios para su subsistencia, como el agua y la sal que les permite la vida, el trabajo y la producción”.
Se solicita la suspensión inmediata de actividades en ejecución, y no otorgar nuevos permisos hasta tanto se expida la Corte. También pide aplicar la Ley 25.675 (“General del Ambiente”), que dispone que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
El amparo presentado en la Corte Suprema hace especial hincapié en la violación de las leyes nacionales, desde la Constitución Nacional hasta convenios internacionales que Argentina suscribió, que obligan a los estados al “consentimiento libre, previo e informado” a las comunidades indígenas respecto de cualquier actividad que pueda modificar su territorio. Se apunta a los gobiernos de Jujuy, Salta y también el nacional.
“No puede ni debe realizarse ningún tipo de actividad minera sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades involucradas”, explica Solá, que desde el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) acompaña a las comunidades, y precisa que “el consentimiento dado por una comunidad dentro del ámbito de la Salinas Grandes y que pudiera afectar a otras comunidades allí asentadas no sería válido ni pertinente”. Y remarca la vigencia del Convenio 169 de la OIT, tratado internacional que Argentina suscribió y tiene rango supralegal, por encima del Código de Minería y Código Civil.
Las 33 comunidades de la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de la laguna de Guayatayoc y Salinas Grandes emitieron un comunicado donde aseguran que la actual legislación les da la razón, pero advierten otros caminos. “Tenemos las leyes de nuestro lado”, recuerda Flores y exhibe el amparo. Hace un silencio, pareciera pensar el peor escenario, cierra el puño y avisa: “Somos un pueblo tranquilo, pero nuestros abuelos y padres nos han enseñado de lucha. Podemos marchar hasta donde se guarda el poder político y cortar rutas. ¡Y quién sabe qué más! El territorio es todo, más que nuestra vida.”
Fecha de Publicación: 06/06/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
La minería avanza en Jujuy y Salta en búsqueda de litio, un metal utilizado por la industria automotriz y electrónica. Los proyectos afectan comunidades indígenas que viven de las salinas. Los pueblos originarios ya recurrieron a la Corte Suprema.
“El oro del futuro.” Así ya se habla del litio, un metal que se emplea en pilas y baterías de productos electrónicos y que comenzó a utilizarse como energía en la industria automotriz, que promete un gradual reemplazo de hidrocarburos por ese elemento, un producto “más limpio”. En Jujuy y Salta se encuentran buena parte de las reservas mundiales. Compañías mineras ya comenzaron a desembarcar y los gobiernos provinciales avanzan con concesiones de exploración. Pero la fiebre del litio vulnera la Constitución Nacional y tratados internacionales que legislan sobre el derecho de los pueblos originarios. “Hace siglos que vivimos en las salinas, siempre cuidando el territorio y vivimos en armonía. Ahora descubren algo y quieren pasarnos por arriba, condenarnos. No vamos a permitir esa injusticia”, advierte con voz pausada Clemente Flores, del pueblo kolla, que (en un hecho sin precedentes) junto a otras 32 comunidades presentó una medida cautelar en la Corte Suprema de Justicia. Solicitan, en base a derechos vigentes en la ley argentina, frenar toda actividad minera en la zona, que se consulte a las comunidades y aporta pruebas de que ya padecen males: un informe geológico demuestra la perforación y contaminación de un acuífero, en una región donde el agua es el bien más escaso.
“La Arabia Saudita del litio”, tituló la revista estadounidense de finanzas Forbes al “triángulo del litio” que conforman el noroeste de Argentina, el norte de Chile y Bolivia, y concentrarían el 85 por ciento del litio del mundo.
En Jujuy y Salta ya desembarcó una decena de compañías mineras (de Canadá, Australia y Estados Unidos, entre otras). Y al menos otros dos jugadores de peso, y ajenos a la minería, ya fijaron sus ojos en la zona: las automotrices Toyota y Mitsubishi (ambas de Japón).
El litio forma parte de las salinas, planicies blancas que suelen ser la foto más buscada de los turistas que llegan hasta el norte del país. Y también el lugar ancestral de vida, cultura e historia de los pueblos kolla y atacama.
“Nuestros bisabuelos vivieron donde nosotros hoy, y nunca nos dieron los títulos comunitarios. La minera llega y le dan todo. Contaminan y nos quieren echar. No dejaremos que eso pase”, avisa Flores, 47 años, kolla, siete hijos, de la comunidad aborigen El Angosto, localidad de Moreno, respaldado por las 70 familias de la comunidad, con la misma decisión que él. Y no están solos. Otras 32 comunidades, que reúnen a 1300 familias, piensan y actúan de manera similar.
La minería del litio forma parte del modelo de extracción de recursos naturales, aunque a diferencia de su prima hermana, la minería metalífera a gran escala, no comparte la voladura de montañas ni el uso masivo de explosivos y cianuro. Pero sí las une el aspecto más cuestionado en los últimos años: uso monumental de agua, en una región de extrema sequía.
Del agua dependen todas las comunidades para el pastoreo y cría de ovejas, llamas y pequeñas chacras. La presentación en la Corte Suprema remarca que corre peligro toda la cuenca hídrica de la Laguna Guayatayoc-Salinas Grandes, que agrupa cursos de agua de Jujuy y Salta, y de la cual dependen las comunidades indígenas.
“La explotación de la minería y la afectación del uso del agua –con el absoluto desconocimiento de los permisos otorgados, las cantidades asignadas, y mucho menos el tipo de utilización y saneamiento de la misma por parte de las empresas– en una zona árida por excelencia, repercute en una forma especialmente dañosa para las comunidades indígenas, radicadas desde tiempos inmemoriales en las zonas afectadas por tales emprendimientos”, denuncia el amparo que ya está en manos de los jueces del máximo tribunal del país.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ya había dado cuenta del riesgo. “El incremento reciente de la exploración y en algunos casos de la explotación minera plantea una nueva alternativa de desarrollo que lleva implícito una nueva amenaza a los recursos naturales (agua, suelo, flora, fauna)”, advierte la investigación “Recursos Hídricos de la Puna, valles y bolsones áridos del Noroeste argentino”, del INTA Salta.
Respecto de la minería, precisa que sus “principales problemas son la competencia con el sector agrícola por el recurso agua, destrucción del hábitat por la construcción de obras de infraestructura y efecto de la contaminación a largo plazo”.
En diciembre pasado, la Coordinadora de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ) solicitó a los expertos en biología Jorge Gonnet y geología Aníbal Manzur una inspección técnica en una zona de las salinas donde semanas atrás se había realizado una prospección minera. “Consideraciones ambientales en relación con la construcción de pozos de prospección minera y/o hidrogeológica en la Salinas Grandes”, se llama el informe que concluye: “Las perforaciones realizadas están generando impactos y/o riesgos sobre los niveles salinos superficiales y acuíferos”.
“La perforación presenta surgencia permanente de aguas de baja salinidad provenientes de acuíferos profundos (...) Tendrá notables consecuencias sobre el sistema salino y limitará la posibilidad de extracción de sales superficiales (...) Existe una elevada posibilidad de que se esté favoreciendo la difusión de sales superficiales hacia acuíferos profundos de baja salinidad.”
Rodrigo Solá, uno de los abogados que participan de la demanda, lo traduce a lenguaje cotidiano. “Perforaron el acuífero. Y realizaron un doble mal. Contaminaron el acuífero de donde obtenemos agua para nosotros, la cría de animales y las huertas. Y, para peor, el agua dulce que subió a esa parte del salar arruinó la sal, por lo cual no sirve para cortarla y luego vender.”
En febrero de 2010 las comunidades indígenas confirmaron que había empresas que exploran las salinas. Comenzaron a organizarse y muy rápido se sumaron 22, todas con posesión ancestral en las salinas y zona de influencia. Conformaron la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes. Realizaron pedidos ante las respectivas provincias pero no hubo respuesta. Las empresas seguían ingresando. “Expediente C-1146/10. Amparo, medida cautelar, Benita Chaves y otro c/ provincia de Jujuy y Salta”, es el título de la causa que en noviembre de 2010 fue presentado en la Corte Suprema. Luego se sumaron otras once comunidades.
Entre los ejes de la demanda figura la falta de “consulta previa, información y participación” que la legislación nacional ordena en toda acción que pudiera afectar los territorios indígenas. Recuerda que las Salinas Grandes constituyen “un ecosistema único que se encuentra dentro de sus propios territorios, el cual les provee de los recursos naturales de uso común que son necesarios para su subsistencia, como el agua y la sal que les permite la vida, el trabajo y la producción”.
Se solicita la suspensión inmediata de actividades en ejecución, y no otorgar nuevos permisos hasta tanto se expida la Corte. También pide aplicar la Ley 25.675 (“General del Ambiente”), que dispone que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
El amparo presentado en la Corte Suprema hace especial hincapié en la violación de las leyes nacionales, desde la Constitución Nacional hasta convenios internacionales que Argentina suscribió, que obligan a los estados al “consentimiento libre, previo e informado” a las comunidades indígenas respecto de cualquier actividad que pueda modificar su territorio. Se apunta a los gobiernos de Jujuy, Salta y también el nacional.
“No puede ni debe realizarse ningún tipo de actividad minera sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades involucradas”, explica Solá, que desde el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) acompaña a las comunidades, y precisa que “el consentimiento dado por una comunidad dentro del ámbito de la Salinas Grandes y que pudiera afectar a otras comunidades allí asentadas no sería válido ni pertinente”. Y remarca la vigencia del Convenio 169 de la OIT, tratado internacional que Argentina suscribió y tiene rango supralegal, por encima del Código de Minería y Código Civil.
Las 33 comunidades de la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de la laguna de Guayatayoc y Salinas Grandes emitieron un comunicado donde aseguran que la actual legislación les da la razón, pero advierten otros caminos. “Tenemos las leyes de nuestro lado”, recuerda Flores y exhibe el amparo. Hace un silencio, pareciera pensar el peor escenario, cierra el puño y avisa: “Somos un pueblo tranquilo, pero nuestros abuelos y padres nos han enseñado de lucha. Podemos marchar hasta donde se guarda el poder político y cortar rutas. ¡Y quién sabe qué más! El territorio es todo, más que nuestra vida.”
Quieren sanciones para los delitos ambientales
Quieren sanciones para los delitos ambientales
Fecha de Publicación: 06/06/2011
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
La legisladora nacional presenta hoy un proyecto de ley para tipificar e incluir en el Código Penal los delitos que atenten contra la naturaleza.
En materia de derecho ambiental, la Conferencia de Estocolmo fue el punto de partida para que algunos países latinoamericanos comenzaran a legislar sobre protección. Pero esos esfuerzos legislativos no han sido suficientes para detener un flagelo que creció exponencialmente en detrimento de esas aspiraciones y del cuidado de la naturaleza.
La Constitución nacional consagra derechos relacionados con ello en su artículo 41, y la normativa respecto a la materia penal ambiental es dispersa.
Se estima que desde 2000 se vienen sustanciando en la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (Ufima) más de 1.200 causas por delitos ambientales, pero únicamente cinco de ellas tuvieron sentencia judicial. Sólo por la contaminación del Riachuelo, en la provincia de Buenos Aires, la unidad recibió más de 200 denuncias, de las cuales la mitad es contra curtiembres y frigoríficos que nunca fueron condenados.
En ese marco y, teniendo en cuenta que ayer se conmemoró el Día del Ambiente, la candidata a presidente por la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y la diputada nacional Fernanda Reyes decidieron presentar un proyecto de ley para tipificar y penar los delitos ambientales.
Con esta última dialogó Comercio y Justicia y le pidió algunas precisiones sobre la iniciativa, que ingresa hoy a la Cámara Baja. Cabe destacar que Reyes integra la Comisión de Minería de ese cuerpo y ha presentado durante su gestión varios proyectos relacionados con la cuestión ambiental y de recursos naturales.
- Antes de elaborar el proyecto ¿cuál es el diagnóstico que hicieron sobre la situación ambiental en el país?
- El problema ambiental en Argentina es grave. El vacío legal o la dificultad a la que se enfrentan quienes tienen que investigar los delitos de índole ambiental es muy grande y ha permitido que los problemas sean cada vez mayores. Nosotros recibimos todos los días reclamos de la gente, que ve avasallados sus derechos y no sabe qué hacer.
Está claro que la cuestión no ha tenido una política de Estado y hoy se encuentra subordinada a los negocios del Ministerio de Planificación y de los gobernadores. La legislación vigente se incumple con el otorgamiento de recursos para la aplicación de las normas ambientales o se subejecutan las partidas presupuestarias.
- ¿Cuáles son los aspectos centrales del proyecto que presentarán?
- Procuramos saldar la protección indirecta que tiene el ambiente, otorgándole un capítulo exclusivo dentro del Código Penal, igual que a los delitos contra la vida o la libertad. El proyecto tipifica como delitos las acciones y obras que atenten contra el patrimonio cultural y arquitectónico, contra el ambiente y los recursos naturales. También establece sanciones para funcionarios y particulares que falseen información en las evaluaciones de impacto ambiental, y para los funcionarios públicos que autoricen obras o actividades que violen las normas ambientales vigentes. El proyecto tiene como base la normativa española, que es una de las más avanzada en lo que a delitos ambientales se refiere.
- ¿Prevén penas de prisión para quienes incumplan la normativa y pongan en riesgo la salud de la población?
- Sí, precisamente la idea es que esos delitos merezcan un castigo y una pena según sea la responsabilidad y el tipo de delito del que se trate. No obstante, esas penas, evidentemente, deberán debatirse oportunamente en la Cámara Diputados.
Fecha de Publicación: 06/06/2011
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
La legisladora nacional presenta hoy un proyecto de ley para tipificar e incluir en el Código Penal los delitos que atenten contra la naturaleza.
En materia de derecho ambiental, la Conferencia de Estocolmo fue el punto de partida para que algunos países latinoamericanos comenzaran a legislar sobre protección. Pero esos esfuerzos legislativos no han sido suficientes para detener un flagelo que creció exponencialmente en detrimento de esas aspiraciones y del cuidado de la naturaleza.
La Constitución nacional consagra derechos relacionados con ello en su artículo 41, y la normativa respecto a la materia penal ambiental es dispersa.
Se estima que desde 2000 se vienen sustanciando en la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (Ufima) más de 1.200 causas por delitos ambientales, pero únicamente cinco de ellas tuvieron sentencia judicial. Sólo por la contaminación del Riachuelo, en la provincia de Buenos Aires, la unidad recibió más de 200 denuncias, de las cuales la mitad es contra curtiembres y frigoríficos que nunca fueron condenados.
En ese marco y, teniendo en cuenta que ayer se conmemoró el Día del Ambiente, la candidata a presidente por la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y la diputada nacional Fernanda Reyes decidieron presentar un proyecto de ley para tipificar y penar los delitos ambientales.
Con esta última dialogó Comercio y Justicia y le pidió algunas precisiones sobre la iniciativa, que ingresa hoy a la Cámara Baja. Cabe destacar que Reyes integra la Comisión de Minería de ese cuerpo y ha presentado durante su gestión varios proyectos relacionados con la cuestión ambiental y de recursos naturales.
- Antes de elaborar el proyecto ¿cuál es el diagnóstico que hicieron sobre la situación ambiental en el país?
- El problema ambiental en Argentina es grave. El vacío legal o la dificultad a la que se enfrentan quienes tienen que investigar los delitos de índole ambiental es muy grande y ha permitido que los problemas sean cada vez mayores. Nosotros recibimos todos los días reclamos de la gente, que ve avasallados sus derechos y no sabe qué hacer.
Está claro que la cuestión no ha tenido una política de Estado y hoy se encuentra subordinada a los negocios del Ministerio de Planificación y de los gobernadores. La legislación vigente se incumple con el otorgamiento de recursos para la aplicación de las normas ambientales o se subejecutan las partidas presupuestarias.
- ¿Cuáles son los aspectos centrales del proyecto que presentarán?
- Procuramos saldar la protección indirecta que tiene el ambiente, otorgándole un capítulo exclusivo dentro del Código Penal, igual que a los delitos contra la vida o la libertad. El proyecto tipifica como delitos las acciones y obras que atenten contra el patrimonio cultural y arquitectónico, contra el ambiente y los recursos naturales. También establece sanciones para funcionarios y particulares que falseen información en las evaluaciones de impacto ambiental, y para los funcionarios públicos que autoricen obras o actividades que violen las normas ambientales vigentes. El proyecto tiene como base la normativa española, que es una de las más avanzada en lo que a delitos ambientales se refiere.
- ¿Prevén penas de prisión para quienes incumplan la normativa y pongan en riesgo la salud de la población?
- Sí, precisamente la idea es que esos delitos merezcan un castigo y una pena según sea la responsabilidad y el tipo de delito del que se trate. No obstante, esas penas, evidentemente, deberán debatirse oportunamente en la Cámara Diputados.
Atucha cuesta tres veces más que lo previsto
Terminar Atucha cuesta tres veces más que lo previsto
Fecha de Publicación: 05/06/2011
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
Demandó US$ 2.200 millones desde que se retomó la obra en 2005. Una planta nuclear nueva cuesta unos US$ 3 mil millones.
Como sucedió con la Represa Binacional Yacyretá, la Central Nuclear Atucha II demandará casi tres décadas de construcción y mucho más presupuesto que el estimado. En el caso de la planta atómica, que como anticipó PERFIL el domingo pasado, será inaugurada por la presidenta Cristina Kirchner en septiembre, el monto se multiplicaría al menos por tres o incluso más.
En 2005, cuando surgió la idea de retomar la construcción de la central, se proyectaba un costo de US$ 700 millones para terminarla. Pero se demandaron US$ 2.200 millones para hacerlo.
La información fue confirmada por fuentes oficiales.
“Levantar una central nuclear desde cero tiene un costo que supera los US$ 3 mil millones; pero en 2006, cuando comenzaron las tareas para terminarla, la obra tenía un avance superior al 80%. Se estimó entonces menos de US$ 700 millones”, aseguraron funcionarios.
“Sin embargo, en 2010 se actualizó a US$ 2.200 millones”. Es decir que el costo de terminar Atucha II será un poco menos que el de una central nueva.
El martes último, en ocasión del Día Nacional de la Energía Atómica, se realizaron varios actos y reuniones en donde la empresa estatal NA-SA difundió información en el que se asegura que la inversión es de US$ 2.200 millones, que la obra tiene un avance de 90% y que será inaugurada en septiembre y estará operando desde 2012 (ver aparte).
Fuentes cercanas al proyecto acusan al incremento de los costos: “El cobre triplicó su precio desde 2005 a hoy de US$ 2.700 a US$ 9 mil la tonelada”, argumentó. Explicó que en los últimos meses se terminó de montar el sistema eléctrico de Atucha II, para los que se necesitaron “3 mil kilómetros de cable”, provistos por la empresa norteamericana Prysmian.
El incremento en los fondos benefició a empresas que suelen estar detrás de proyectos públicos, como Eletroingeniería, Dycasa y Iecsa. También Techint y Siemens participan de la obra. Entre todas llegaron a contratar a más de 5 mil personas, con elevados sueldos. Un soldador, por ejemplo, cobraba en 2009 unos $ 10 mil de bolsillo. “Y aún así había vacantes” sin cubrir. Por eso, NA-SA abrió una escuela dedicada a esa tarea.
Este año, además, la Autoridad Regulatoria Nuclear tendrá más de $ 40 millones adicionales de presupuesto para las tareas de revisión de la obra y habilitación.
Confirmación, por otros medios
Jorge Sidelnik gerente de NA-SA, la empresa estatal que construye Atucha II confirmó que la planta atómica será inaugurada en el mes de septiembre y sugirió que será la presidenta Cristina Kirchner la que lo hará. Así lo informó PERFIL la semana pasada, a pesar de que los funcionarios de NA-SA no respondieron los llamados de este medio.
“Pronto arrancaremos con las pruebas. Esperamos llegar a la puesta en marcha de Atucha II para el mes de septiembre de este año”, dijo Sidelnik, gerente a medios locales de Zárate y Campana, consignadas ayer por el diario El Debate.
“Estamos con muchas expectativas en la puesta en marcha de Atucha II y en este segundo semestre vamos a continuar con las pruebas”, expresó Sidelnik, quien reconoció que no obstante, la pruebas del reactor nuclear se produciría recién “a principios del año que viene”. Sugirió, además, que la primera mandataria encabezaría la inauguración, al resaltar que en realidad “es el esfuerzo de todos, más allá de quien presiona un botón o no. Esto va desde la Presidencia, el directorio hasta la última persona”.
Sidelnik dijo que hay 2 mil personas trabajando en la nueva planta y que se compró un simulador para el entrenamiento de los 500 técnicos que operarán la central cuando esté activa. También se entusiasmó con levantar la cuarta central nuclear argentina, en los predios aledaños a Atucha I y II. Para eso, el Gobierno firmó acuerdos con Rusia para construir el nuevo reactor.
Fecha de Publicación: 05/06/2011
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
Demandó US$ 2.200 millones desde que se retomó la obra en 2005. Una planta nuclear nueva cuesta unos US$ 3 mil millones.
Como sucedió con la Represa Binacional Yacyretá, la Central Nuclear Atucha II demandará casi tres décadas de construcción y mucho más presupuesto que el estimado. En el caso de la planta atómica, que como anticipó PERFIL el domingo pasado, será inaugurada por la presidenta Cristina Kirchner en septiembre, el monto se multiplicaría al menos por tres o incluso más.
En 2005, cuando surgió la idea de retomar la construcción de la central, se proyectaba un costo de US$ 700 millones para terminarla. Pero se demandaron US$ 2.200 millones para hacerlo.
La información fue confirmada por fuentes oficiales.
“Levantar una central nuclear desde cero tiene un costo que supera los US$ 3 mil millones; pero en 2006, cuando comenzaron las tareas para terminarla, la obra tenía un avance superior al 80%. Se estimó entonces menos de US$ 700 millones”, aseguraron funcionarios.
“Sin embargo, en 2010 se actualizó a US$ 2.200 millones”. Es decir que el costo de terminar Atucha II será un poco menos que el de una central nueva.
El martes último, en ocasión del Día Nacional de la Energía Atómica, se realizaron varios actos y reuniones en donde la empresa estatal NA-SA difundió información en el que se asegura que la inversión es de US$ 2.200 millones, que la obra tiene un avance de 90% y que será inaugurada en septiembre y estará operando desde 2012 (ver aparte).
Fuentes cercanas al proyecto acusan al incremento de los costos: “El cobre triplicó su precio desde 2005 a hoy de US$ 2.700 a US$ 9 mil la tonelada”, argumentó. Explicó que en los últimos meses se terminó de montar el sistema eléctrico de Atucha II, para los que se necesitaron “3 mil kilómetros de cable”, provistos por la empresa norteamericana Prysmian.
El incremento en los fondos benefició a empresas que suelen estar detrás de proyectos públicos, como Eletroingeniería, Dycasa y Iecsa. También Techint y Siemens participan de la obra. Entre todas llegaron a contratar a más de 5 mil personas, con elevados sueldos. Un soldador, por ejemplo, cobraba en 2009 unos $ 10 mil de bolsillo. “Y aún así había vacantes” sin cubrir. Por eso, NA-SA abrió una escuela dedicada a esa tarea.
Este año, además, la Autoridad Regulatoria Nuclear tendrá más de $ 40 millones adicionales de presupuesto para las tareas de revisión de la obra y habilitación.
Confirmación, por otros medios
Jorge Sidelnik gerente de NA-SA, la empresa estatal que construye Atucha II confirmó que la planta atómica será inaugurada en el mes de septiembre y sugirió que será la presidenta Cristina Kirchner la que lo hará. Así lo informó PERFIL la semana pasada, a pesar de que los funcionarios de NA-SA no respondieron los llamados de este medio.
“Pronto arrancaremos con las pruebas. Esperamos llegar a la puesta en marcha de Atucha II para el mes de septiembre de este año”, dijo Sidelnik, gerente a medios locales de Zárate y Campana, consignadas ayer por el diario El Debate.
“Estamos con muchas expectativas en la puesta en marcha de Atucha II y en este segundo semestre vamos a continuar con las pruebas”, expresó Sidelnik, quien reconoció que no obstante, la pruebas del reactor nuclear se produciría recién “a principios del año que viene”. Sugirió, además, que la primera mandataria encabezaría la inauguración, al resaltar que en realidad “es el esfuerzo de todos, más allá de quien presiona un botón o no. Esto va desde la Presidencia, el directorio hasta la última persona”.
Sidelnik dijo que hay 2 mil personas trabajando en la nueva planta y que se compró un simulador para el entrenamiento de los 500 técnicos que operarán la central cuando esté activa. También se entusiasmó con levantar la cuarta central nuclear argentina, en los predios aledaños a Atucha I y II. Para eso, el Gobierno firmó acuerdos con Rusia para construir el nuevo reactor.
Agricultura y Cambio Climático en Argentina
Frente al cambio climático se ha levantado una barrera ambiental
Fecha de Publicación: 04/06/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Los países desarrollados fijan nuevas normativas para importar alimentos que pueden perjudicar las exportaciones argentinas; proponen un estándar nacional que mida la emisión de gases
La certificación de sustentabilidad ambiental de los productos se ve hasta ahora sólo como una amenaza. Pero en breve se convertirá en una condición necesaria de acceso a los mercados desarrollados. Y ya hay varios ejemplos que empiezan a demostrarlo.
"Las exportaciones a Francia, a partir del 1° de julio de este año y para un grupo de 20 productos, debe tener el etiquetado de huella de carbono. Esto significa que algunas bodegas argentinas que exportan allí por unos 20/30 millones de dólares están en problemas", dijo Gustavo Idígoras, consultor privado y ex agregado agrícola ante la Unión Europea (UE).
Idígoras presentó días pasados un trabajo en el que advierte que el 22 por ciento de las exportaciones argentinas (que el año pasado fueron de 68.134 millones de dólares) están en riesgo por las exigencias ambientales. En diálogo con La Nacion, el consultor apuntó otro caso detectado, que fue el de una empresa que vendía arroz orgánico a Francia. "No le compran más -enfatizó Idígoras-, porque dijeron que no tenía ningún tipo de etiquetado de huella de carbono. Es un caso puntual, pero es caso paradigmático que refleja los inconvenientes que van a suceder en los próximos años."
Se suman a esta preocupación las empresas exportadoras de maíz Flint, el cereal colorado que la Argentina exporta 350.000 toneladas para la elaboración de corn flakes . "Kellog's, una de las firmas compradoras, ha establecido que para vender en Europa esta materia prima tiene que cumplir determinados estándares de sustentabilidad", agregó el consultor.
Y siguió dando ejemplos. Tesco, la cadena de supermercados más grande el Reino Unido, que tiene alrededor del 70 por ciento de las ventas del mercado minorista de alimentos y bebidas de todo el Reino Unido ya tiene 122 productos alimenticios etiquetados con huella de carbono a partir de su línea de producción propia.
En los Estados Unidos, Wallmart está haciendo lo mismo y McDonald's está empezando a pedir estas exigencias para la compra de los distintos insumos para sus hamburguesas.
En síntesis, la Argentina, como país exportador de agroalimentos, tiene la luz de alarma encendida.
Según el ex agregado agrícola los mercados con requisitos actuales de sustentabilidad son la Unión Europea (UE), los Estados Unidos, Japón y Corea. Están en riesgo con estos mercados exportaciones argentinas por 9100 millones de dólares y los rubros más afectados son:
Oleaginosos: (harina de soja y aceite) 5000 millones de dólares.
Frutas: (cítricos, manzanas y peras) 1000 millones de dólares.
Vinos: 500 millones de dólares.
Carnes vacunas: 350 millones.
Carnes aviares: 200 millones.
Lácteos: 150 millones.
Los mercados que potencialmente aplicarían requisitos son Medio Oriente, Magreb, países asiáticos (menos China e India), Sudáfrica y Chile ponen en riesgo 5700 millones de dólares de exportaciones agroalimentarias argentinas. Los rubros potencialmente más afectados son:
Maíz y harina de soja: 2000 millones de dólares.
Leche en polvo: 400 millones.
Carne vacuna: 300 millones.
Carne aviar: 200 millones.
Preocupante
La preocupación por el cambio climático va en aumento. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE) las emisiones globales de dióxido de carbono (CO2) alcanzaron un record histórico en 2010. Aumentaron un 5,9% en comparación con el anterior récord que se había registrado en 2008, a 30.600 millones de toneladas métricas.
"En ese sentido, la agricultura produce actualmente el 14 por ciento de las emisiones globales anuales de gases invernadero, casi lo mismo que el transporte", consigna el estudio presentado por Idígoras.
De esa cifra la Argentina aporta sólo el 0,56 por ciento (173,8 toneladas) según la AIE. "Y según las Naciones Unidas, en la Argentina, el 41% de esas emisiones provienen del sector agrícola y ganadero, según su último informe, de 2005", recordó Raúl Roccatagliata, jefe del Instituto de Negocios Internacionales de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y director ejecutivo del Programa de Inserción Agrícola (PIA) en cuyo marco presentó Idígoras su informe.
De todas maneras el directivo sostuvo que por la manera de producir podemos decir que "no somos los grandes polucionadores".
Roccatagliata agregó que "las barreras medioambientales es lo que se viene. Es una nueva medida paraarancelarias muy complicada, por eso tenemos que empezar a hacer los deberes y trabajar con Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile y con todos los que estamos embarcados en la producción y comercio de alimentos".
A propósito, el directivo recordó los lineamientos establecidos por la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM), que propuso impulsar políticas de incentivo, expandir la producción y el consumo de biocombustibles y promover las buenas prácticas agrícolas.
Según Idígoras en el mundo la metodología para medir la sustentabilidad de los productos no es homogénea, por eso hay una gran confusión. Muchos utilizan el modelo de Huella de Carbono, que mide las emisiones totales de Gases de Efecto Invernadero (GEI) expresada en Dióxido de Carbono (CO2). La medición se hace no sólo en base a todos los procesos de la producción, sino también al transporte y la manera en que se desechan los residuos.
En tanto, la Argentina "tiene un desarrollo incipiente en materia de sustentabilidad ambiental y social; pocas empresas líderes aplican estándares que adoptan de terceros países para vender en determinados nichos de mercado pero no se visualiza una cultura productiva de la sustentabilidad", señaló Idígoras.
Agregó que en el país hay muchas iniciativas aisladas, "pero no existe un estándar nacional".
Al respecto, el secretario de Agricultura, Lorenzo Basso, dijo que en el país se está trabajando con la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea) y con la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) en proyecto marca país denominada Agricultura Inteligente, para mostrar al mundo las bondades de la agricultura argentinas.
El funcionario destacó que hay varios proyectos para disminuir las emisiones de GEI. "Uno de ellos es la determinación del óxido nitroso en la agricultura, que es mucho más poderoso que el dióxido de carbono. Lo hacemos en conjunto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Asociación de la Cadena de la soja (Acsoja), y algunas universidades nacionales."
Otros proyectos apuntan a las evaluaciones de las emisiones de gas metano en la ganadería. "Estamos iniciando trabajos, a través del observatorio de la cadena de la carne, con el cual vamos a poder evaluar con el modelo de simulación las emisiones de gas metano de los bovinos en función de los modelos de producción", agregó.
Basso, además, anunció que el 24 de junio firmará en Roma la carta orgánica de una alianza global de 30 países, impulsado por Nueva Zelanda para la investigación de gases de efecto invernadero agropecuario.
En el país ya hay iniciativas en marcha
"La Argentina cumple holgadamente con los requisitos de sustentabilidad que impone la Unión Europea (UE) en energías renovables", dijo a La Nacion el director ejecutivo de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), Víctor Castro.
El ejecutivo explicó que en el caso de la reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) "la Argentina utiliza como materia prima soja producida en siembra directa, con lo cual ahorra energía para laboreo".
Otro aspecto por tener en cuenta es la corta distancia entre la principal zona productora y los centros de molienda, que es de unos 250 a 300 kilómetros y consignó que los puertos por donde salen los embarques en la zona de San Lorenzo y San Martín están integrados con los centros de molienda.
"Por otro lado, según estudios del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) los niveles de reducción de emisión de dióxido de carbono son de un 75% respecto del gasoil, mientras que las exigencias de la UE son del 35 por ciento", agregó Castro.
El directivo agregó que ya se ha presentado para su evaluación y aprobación en Europa la certificación que dice que el biodiésel argentino "es totalmente sustentable".
Por su parte, Sebastián Galbusera, técnico del Proyecto Ambiente de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea), dijo que la entidad está desarrollando una línea de trabajo sobre el tratamiento de efluentes en el tambo.
"Tenemos un proyecto piloto en La Pampa; trabajamos con el proveedor de la tecnología y en convenios con el INTA Rafaela y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y esperamos poder implementarlo a fin de año", agregó el técnico.
"La idea es separar los sólidos y transformarlos en fertilizantes y tratar el líquido para reaprovechar el agua, que sirve para el lavado de las pistas. Como el agua no esté en contacto con el aire, la ventaja es que no hay emisión de GEI", concluyó Galbusera.
En tanto, Juliana Albertengo, responsable del área de Agricultura Certificada de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), explicó que la institución impulsa un sistema "basado en buenas prácticas agrícolas y en indicadores de gestión que tienen por objetivo certificar el proceso productivo de un establecimiento".
Agregó la técnica que el sistema se basa en la siembra directa que al no remover el suelo no libera dióxido de carbono y al utilizar menos combustible también reduce las emisiones de gases.
Para Albertengo, la Agricultura Certificada "conjuga los cuatro ejes de la sustentabilidad que muchas veces están contrapuestos: alcanzar una producción económicamente rentable para las empresas, ambientalmente sustentable, socialmente aceptada y energéticamente eficiente".
"Hasta el momento hay nueve establecimientos certificados, que están Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires y trabajamos para lograr el reconocimiento internacional", concluyó Albertengo.
Alcance global del mercado de carbono
El Protocolo de Kyoto, que expira en 2012, establece mecanismos para fomentar la reducción de las emisiones de gases
El éxito de los seguros de crédito de carbono, dependerá en gran medida de como evolucione la regulación de los mismos. Esa fue una de las principales conclusiones a las que arribó la Comisión de Cambio Climático en su primera reunión de trabajo durante la III Conferencia de la Asociación Internacional de Derecho del Seguro (AIDA, por sus siglas en francés), realizada entre el 26 y 27 de mayo pasado en esta ciudad, capital de los Países Bajos.
La Comisión de Cambio Climático de la AIDA quedó constituida formalmente en noviembre pasado, bajo la presidencia de Tim Hardy, de Inglaterra.
Los seguros de crédito de carbón son un tema de preocupación, teniendo en cuenta que el Protocolo de Kyoto expira en 2012, y no hay certeza de que sus mecanismos de enlace lo hagan sobrevivir más allá de esa fecha.
En la Unión Europea (UE), la fase 3 de los Sistema de Seguimiento de Emisiones (ETS, por sus siglas en inglés) impondrá la reducción de las emisiones sobre las empresas y una regulación más estricta. Sin embargo, se encuentran algunos signos positivos.
La Unión Europea ha dejado muy claro que las emisiones vinculantes de la UE fueron el blanco y que deben resolverse mediante la aplicación de los mecanismos sugeridos por el Protocolo de Kyoto.
Los mercados de Carbono ya tienen un alcance global, extendiéndose algunos a otros sectores como la silvicultura.
Las empresas tienen en los ETS, una buena comprensión de la implicancias jurídicas y financieras sobre la regulación de los bonos de Carbono para sus negocios.
Estas se inclinan a mantener los riesgos asociados con el esquema de la misma manera que para los costos de producción y en la mayoría de los casos ni siquiera han pensado en un seguro como una solución de transferencia de riesgos.
La excepción está dada en el incremento de los costos de las coberturas y las compañías aseguradoras podrán reconsiderar si frente a las demandas masivas de los costes de compra de crédito éstas podrán responder con sus obligaciones.
La demanda específica de Carbono, está en una etapa embrionaria, en un futuro deberá competir con políticas convencionales que permitan la inclusión específica de los Certificados de Reducción de Emisiones (CER, por sus siglas en inglés ) y los ERU de cobertura (Unidad de reducción de emisión).
Solamente un fuerte aumento de los precios en el mercado de Carbono o de una pérdida demasiado grande sin seguro podrán jugar en favor de los intereses más altos en los seguros.
En el mercado de Carbono, el interés de los compradores radica en la adquisición de la protección de riesgos catastróficos.
En síntesis, los Créditos de Carbono y Seguros seguirán siendo un nicho de mercado con ventas limitadas por algún tiempo.
Los mercados seguirán siendo en gran medida de stand-by y buscan otros productos nuevos tales como la energía solar, eólica, y la tecnología de Captura y almacenamiento de Carbono (CCP, por sus siglas en inglés).
Fecha de Publicación: 04/06/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Los países desarrollados fijan nuevas normativas para importar alimentos que pueden perjudicar las exportaciones argentinas; proponen un estándar nacional que mida la emisión de gases
La certificación de sustentabilidad ambiental de los productos se ve hasta ahora sólo como una amenaza. Pero en breve se convertirá en una condición necesaria de acceso a los mercados desarrollados. Y ya hay varios ejemplos que empiezan a demostrarlo.
"Las exportaciones a Francia, a partir del 1° de julio de este año y para un grupo de 20 productos, debe tener el etiquetado de huella de carbono. Esto significa que algunas bodegas argentinas que exportan allí por unos 20/30 millones de dólares están en problemas", dijo Gustavo Idígoras, consultor privado y ex agregado agrícola ante la Unión Europea (UE).
Idígoras presentó días pasados un trabajo en el que advierte que el 22 por ciento de las exportaciones argentinas (que el año pasado fueron de 68.134 millones de dólares) están en riesgo por las exigencias ambientales. En diálogo con La Nacion, el consultor apuntó otro caso detectado, que fue el de una empresa que vendía arroz orgánico a Francia. "No le compran más -enfatizó Idígoras-, porque dijeron que no tenía ningún tipo de etiquetado de huella de carbono. Es un caso puntual, pero es caso paradigmático que refleja los inconvenientes que van a suceder en los próximos años."
Se suman a esta preocupación las empresas exportadoras de maíz Flint, el cereal colorado que la Argentina exporta 350.000 toneladas para la elaboración de corn flakes . "Kellog's, una de las firmas compradoras, ha establecido que para vender en Europa esta materia prima tiene que cumplir determinados estándares de sustentabilidad", agregó el consultor.
Y siguió dando ejemplos. Tesco, la cadena de supermercados más grande el Reino Unido, que tiene alrededor del 70 por ciento de las ventas del mercado minorista de alimentos y bebidas de todo el Reino Unido ya tiene 122 productos alimenticios etiquetados con huella de carbono a partir de su línea de producción propia.
En los Estados Unidos, Wallmart está haciendo lo mismo y McDonald's está empezando a pedir estas exigencias para la compra de los distintos insumos para sus hamburguesas.
En síntesis, la Argentina, como país exportador de agroalimentos, tiene la luz de alarma encendida.
Según el ex agregado agrícola los mercados con requisitos actuales de sustentabilidad son la Unión Europea (UE), los Estados Unidos, Japón y Corea. Están en riesgo con estos mercados exportaciones argentinas por 9100 millones de dólares y los rubros más afectados son:
Oleaginosos: (harina de soja y aceite) 5000 millones de dólares.
Frutas: (cítricos, manzanas y peras) 1000 millones de dólares.
Vinos: 500 millones de dólares.
Carnes vacunas: 350 millones.
Carnes aviares: 200 millones.
Lácteos: 150 millones.
Los mercados que potencialmente aplicarían requisitos son Medio Oriente, Magreb, países asiáticos (menos China e India), Sudáfrica y Chile ponen en riesgo 5700 millones de dólares de exportaciones agroalimentarias argentinas. Los rubros potencialmente más afectados son:
Maíz y harina de soja: 2000 millones de dólares.
Leche en polvo: 400 millones.
Carne vacuna: 300 millones.
Carne aviar: 200 millones.
Preocupante
La preocupación por el cambio climático va en aumento. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE) las emisiones globales de dióxido de carbono (CO2) alcanzaron un record histórico en 2010. Aumentaron un 5,9% en comparación con el anterior récord que se había registrado en 2008, a 30.600 millones de toneladas métricas.
"En ese sentido, la agricultura produce actualmente el 14 por ciento de las emisiones globales anuales de gases invernadero, casi lo mismo que el transporte", consigna el estudio presentado por Idígoras.
De esa cifra la Argentina aporta sólo el 0,56 por ciento (173,8 toneladas) según la AIE. "Y según las Naciones Unidas, en la Argentina, el 41% de esas emisiones provienen del sector agrícola y ganadero, según su último informe, de 2005", recordó Raúl Roccatagliata, jefe del Instituto de Negocios Internacionales de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y director ejecutivo del Programa de Inserción Agrícola (PIA) en cuyo marco presentó Idígoras su informe.
De todas maneras el directivo sostuvo que por la manera de producir podemos decir que "no somos los grandes polucionadores".
Roccatagliata agregó que "las barreras medioambientales es lo que se viene. Es una nueva medida paraarancelarias muy complicada, por eso tenemos que empezar a hacer los deberes y trabajar con Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile y con todos los que estamos embarcados en la producción y comercio de alimentos".
A propósito, el directivo recordó los lineamientos establecidos por la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM), que propuso impulsar políticas de incentivo, expandir la producción y el consumo de biocombustibles y promover las buenas prácticas agrícolas.
Según Idígoras en el mundo la metodología para medir la sustentabilidad de los productos no es homogénea, por eso hay una gran confusión. Muchos utilizan el modelo de Huella de Carbono, que mide las emisiones totales de Gases de Efecto Invernadero (GEI) expresada en Dióxido de Carbono (CO2). La medición se hace no sólo en base a todos los procesos de la producción, sino también al transporte y la manera en que se desechan los residuos.
En tanto, la Argentina "tiene un desarrollo incipiente en materia de sustentabilidad ambiental y social; pocas empresas líderes aplican estándares que adoptan de terceros países para vender en determinados nichos de mercado pero no se visualiza una cultura productiva de la sustentabilidad", señaló Idígoras.
Agregó que en el país hay muchas iniciativas aisladas, "pero no existe un estándar nacional".
Al respecto, el secretario de Agricultura, Lorenzo Basso, dijo que en el país se está trabajando con la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea) y con la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) en proyecto marca país denominada Agricultura Inteligente, para mostrar al mundo las bondades de la agricultura argentinas.
El funcionario destacó que hay varios proyectos para disminuir las emisiones de GEI. "Uno de ellos es la determinación del óxido nitroso en la agricultura, que es mucho más poderoso que el dióxido de carbono. Lo hacemos en conjunto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Asociación de la Cadena de la soja (Acsoja), y algunas universidades nacionales."
Otros proyectos apuntan a las evaluaciones de las emisiones de gas metano en la ganadería. "Estamos iniciando trabajos, a través del observatorio de la cadena de la carne, con el cual vamos a poder evaluar con el modelo de simulación las emisiones de gas metano de los bovinos en función de los modelos de producción", agregó.
Basso, además, anunció que el 24 de junio firmará en Roma la carta orgánica de una alianza global de 30 países, impulsado por Nueva Zelanda para la investigación de gases de efecto invernadero agropecuario.
En el país ya hay iniciativas en marcha
"La Argentina cumple holgadamente con los requisitos de sustentabilidad que impone la Unión Europea (UE) en energías renovables", dijo a La Nacion el director ejecutivo de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), Víctor Castro.
El ejecutivo explicó que en el caso de la reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) "la Argentina utiliza como materia prima soja producida en siembra directa, con lo cual ahorra energía para laboreo".
Otro aspecto por tener en cuenta es la corta distancia entre la principal zona productora y los centros de molienda, que es de unos 250 a 300 kilómetros y consignó que los puertos por donde salen los embarques en la zona de San Lorenzo y San Martín están integrados con los centros de molienda.
"Por otro lado, según estudios del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) los niveles de reducción de emisión de dióxido de carbono son de un 75% respecto del gasoil, mientras que las exigencias de la UE son del 35 por ciento", agregó Castro.
El directivo agregó que ya se ha presentado para su evaluación y aprobación en Europa la certificación que dice que el biodiésel argentino "es totalmente sustentable".
Por su parte, Sebastián Galbusera, técnico del Proyecto Ambiente de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea), dijo que la entidad está desarrollando una línea de trabajo sobre el tratamiento de efluentes en el tambo.
"Tenemos un proyecto piloto en La Pampa; trabajamos con el proveedor de la tecnología y en convenios con el INTA Rafaela y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y esperamos poder implementarlo a fin de año", agregó el técnico.
"La idea es separar los sólidos y transformarlos en fertilizantes y tratar el líquido para reaprovechar el agua, que sirve para el lavado de las pistas. Como el agua no esté en contacto con el aire, la ventaja es que no hay emisión de GEI", concluyó Galbusera.
En tanto, Juliana Albertengo, responsable del área de Agricultura Certificada de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), explicó que la institución impulsa un sistema "basado en buenas prácticas agrícolas y en indicadores de gestión que tienen por objetivo certificar el proceso productivo de un establecimiento".
Agregó la técnica que el sistema se basa en la siembra directa que al no remover el suelo no libera dióxido de carbono y al utilizar menos combustible también reduce las emisiones de gases.
Para Albertengo, la Agricultura Certificada "conjuga los cuatro ejes de la sustentabilidad que muchas veces están contrapuestos: alcanzar una producción económicamente rentable para las empresas, ambientalmente sustentable, socialmente aceptada y energéticamente eficiente".
"Hasta el momento hay nueve establecimientos certificados, que están Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires y trabajamos para lograr el reconocimiento internacional", concluyó Albertengo.
Alcance global del mercado de carbono
El Protocolo de Kyoto, que expira en 2012, establece mecanismos para fomentar la reducción de las emisiones de gases
El éxito de los seguros de crédito de carbono, dependerá en gran medida de como evolucione la regulación de los mismos. Esa fue una de las principales conclusiones a las que arribó la Comisión de Cambio Climático en su primera reunión de trabajo durante la III Conferencia de la Asociación Internacional de Derecho del Seguro (AIDA, por sus siglas en francés), realizada entre el 26 y 27 de mayo pasado en esta ciudad, capital de los Países Bajos.
La Comisión de Cambio Climático de la AIDA quedó constituida formalmente en noviembre pasado, bajo la presidencia de Tim Hardy, de Inglaterra.
Los seguros de crédito de carbón son un tema de preocupación, teniendo en cuenta que el Protocolo de Kyoto expira en 2012, y no hay certeza de que sus mecanismos de enlace lo hagan sobrevivir más allá de esa fecha.
En la Unión Europea (UE), la fase 3 de los Sistema de Seguimiento de Emisiones (ETS, por sus siglas en inglés) impondrá la reducción de las emisiones sobre las empresas y una regulación más estricta. Sin embargo, se encuentran algunos signos positivos.
La Unión Europea ha dejado muy claro que las emisiones vinculantes de la UE fueron el blanco y que deben resolverse mediante la aplicación de los mecanismos sugeridos por el Protocolo de Kyoto.
Los mercados de Carbono ya tienen un alcance global, extendiéndose algunos a otros sectores como la silvicultura.
Las empresas tienen en los ETS, una buena comprensión de la implicancias jurídicas y financieras sobre la regulación de los bonos de Carbono para sus negocios.
Estas se inclinan a mantener los riesgos asociados con el esquema de la misma manera que para los costos de producción y en la mayoría de los casos ni siquiera han pensado en un seguro como una solución de transferencia de riesgos.
La excepción está dada en el incremento de los costos de las coberturas y las compañías aseguradoras podrán reconsiderar si frente a las demandas masivas de los costes de compra de crédito éstas podrán responder con sus obligaciones.
La demanda específica de Carbono, está en una etapa embrionaria, en un futuro deberá competir con políticas convencionales que permitan la inclusión específica de los Certificados de Reducción de Emisiones (CER, por sus siglas en inglés ) y los ERU de cobertura (Unidad de reducción de emisión).
Solamente un fuerte aumento de los precios en el mercado de Carbono o de una pérdida demasiado grande sin seguro podrán jugar en favor de los intereses más altos en los seguros.
En el mercado de Carbono, el interés de los compradores radica en la adquisición de la protección de riesgos catastróficos.
En síntesis, los Créditos de Carbono y Seguros seguirán siendo un nicho de mercado con ventas limitadas por algún tiempo.
Los mercados seguirán siendo en gran medida de stand-by y buscan otros productos nuevos tales como la energía solar, eólica, y la tecnología de Captura y almacenamiento de Carbono (CCP, por sus siglas en inglés).
Patagonia, modelo en energía renovable
Proyectos de energía renovable en la Patagonia buscan ser modelo internacional
Fecha de Publicación: 03/06/2011
Fuente: BBC
Provincia/Región: Patagonia
Dos comunidades aisladas de la Patagonia argentina podrían ayudar a pensar en modelos para una meta de escala global: llevar energía a los cerca de 2.500 millones de personas en el mundo que tienen accesso nulo o escaso a electricidad.
Las principales empresas de electricidad del mundo –que integran un grupo denominado E8- aprobaron esta semana en Nueva York financiar proyectos de energía renovable en las localidades de Chorriaca y Coyuco-Cochico, en la provincia de Neuquén, en el sur de Argentina.
La idea es llevar a la práctica un modelo de coparticipación de la iniciativa pública y privada, que pueda replicarse en otras partes del mundo.
La empresa estadounidense Duke Energy, que ya tiene inversiones en la región e integra el E8, será la encargada de instalar turbinas eólicas en Chorriaca y construir una microcentral hidroeléctrica en Coyuco-Cochico.
Aislados
Las localidas elegidas son comunidades de indígenas mapuches, con cerca de 500 habitantes cada una, y se dedican fundamentalmente a la cría de ovejas. Son atendidas actualmente por la empresa de energía de Neuquén, EPEN, y cuentan con un servicio de electricidad discontinuo, con base en generadores que funcionan con diesel.
"El combustible debe ser transportado por camión por más de 70 kms en el caso de Chorriaca. Estamos en los Andes, donde hace mucho frío en invierno y la falta de refrigeración industrial también impacta en su fuente de vida", explicó a BBC Mundo, José Tierno, gerente de desarrollo de negocios de Duke Energy Argentina y director del proyecto.
"En Coyuco-Cochico la distancia es más extrema. Están a 80 kms de la ruta pavimentada que tiene una topadora de la dirección provincial. Es la única máquina que hay, en el invierno el camino se deteriora tanto que quedan aislados durante un mes y la única manera de salir es a caballo."
En esta localidad Duke Energy construirá una microcentral hidroeléctrica en un río a tres kilómetros del pueblo. En el caso de Chorriaca, donde el EPEN ya venía realizando prospecciones eólicas y hay una torre de medición de viento, se instalarán aerogeneradores eólicos que funcionarán en combinación con los generadores diesel para proveer energía las 24 horas.
El modelo
El E8 financiará el proyecto y Duke Energy construirá los aerogeneradores y la microcentral, entrenando a personal de la empresa local, EPEN, que operará las nuevas instalaciones.
La empresa privada aporta así la inversión inicial y el conocimiento técnico. El ahorro en el costo de proveer energía es lo que hace posible a la empresa local repagar la inversión, aunque en este caso, para impulsar el modelo, el E8 decidió que sea reinvertido en otros proyectos de energía renovable en la provincia. "Si eso no sucede, EPEN tiene la obligación de devolver el capital", señala Tierno.
"Una de las razones por las que elegimos Argentina es que ya tenemos personal en el terreno", explicó a BBC Mundo John Stow, vicepresidente de energía y políticas ambientales de Duke Energy, quien confía en que el modelo es replicable.
"Es importante entender que las compañías que forman el E8 creen que el cambio climático es real, causado en parte por el hombre, y que el sector puede ayudar a reducir las emisiones de CO2 cumpliendo al mismo tiempo su objetivo de llevar electricidad a todos en el planeta".
La empresa provincial coincide en los potenciales beneficios. "Este es un modelo que puede replicarse desde dos aspectos: la asociación entre empresas privadas y públicas para dar soluciones a la gente, y por otro lado, la aplicación de tecnologías renovables de pequeña escala", dijo a BBC Mundo Francisco Zambón, gerente de planeamiento de EPEN.
"Dentro del proyecto se prevé la capacitación de nuestro personal operativo para hacerse cargo de la operación y mantenimiento, y será una forma práctica de generar nuevos proyectos similares, una vez que el mismo personal se convenza de los beneficios de su aplicación".
Los proyectos en la Patagonia tienen un costo aproximado de US$2,5 millones. Está previsto que la construcción de los aerogeneradores y la microcentral hidroeléctrica concluya a fines de 2012.
Fecha de Publicación: 03/06/2011
Fuente: BBC
Provincia/Región: Patagonia
Dos comunidades aisladas de la Patagonia argentina podrían ayudar a pensar en modelos para una meta de escala global: llevar energía a los cerca de 2.500 millones de personas en el mundo que tienen accesso nulo o escaso a electricidad.
Las principales empresas de electricidad del mundo –que integran un grupo denominado E8- aprobaron esta semana en Nueva York financiar proyectos de energía renovable en las localidades de Chorriaca y Coyuco-Cochico, en la provincia de Neuquén, en el sur de Argentina.
La idea es llevar a la práctica un modelo de coparticipación de la iniciativa pública y privada, que pueda replicarse en otras partes del mundo.
La empresa estadounidense Duke Energy, que ya tiene inversiones en la región e integra el E8, será la encargada de instalar turbinas eólicas en Chorriaca y construir una microcentral hidroeléctrica en Coyuco-Cochico.
Aislados
Las localidas elegidas son comunidades de indígenas mapuches, con cerca de 500 habitantes cada una, y se dedican fundamentalmente a la cría de ovejas. Son atendidas actualmente por la empresa de energía de Neuquén, EPEN, y cuentan con un servicio de electricidad discontinuo, con base en generadores que funcionan con diesel.
"El combustible debe ser transportado por camión por más de 70 kms en el caso de Chorriaca. Estamos en los Andes, donde hace mucho frío en invierno y la falta de refrigeración industrial también impacta en su fuente de vida", explicó a BBC Mundo, José Tierno, gerente de desarrollo de negocios de Duke Energy Argentina y director del proyecto.
"En Coyuco-Cochico la distancia es más extrema. Están a 80 kms de la ruta pavimentada que tiene una topadora de la dirección provincial. Es la única máquina que hay, en el invierno el camino se deteriora tanto que quedan aislados durante un mes y la única manera de salir es a caballo."
En esta localidad Duke Energy construirá una microcentral hidroeléctrica en un río a tres kilómetros del pueblo. En el caso de Chorriaca, donde el EPEN ya venía realizando prospecciones eólicas y hay una torre de medición de viento, se instalarán aerogeneradores eólicos que funcionarán en combinación con los generadores diesel para proveer energía las 24 horas.
El modelo
El E8 financiará el proyecto y Duke Energy construirá los aerogeneradores y la microcentral, entrenando a personal de la empresa local, EPEN, que operará las nuevas instalaciones.
La empresa privada aporta así la inversión inicial y el conocimiento técnico. El ahorro en el costo de proveer energía es lo que hace posible a la empresa local repagar la inversión, aunque en este caso, para impulsar el modelo, el E8 decidió que sea reinvertido en otros proyectos de energía renovable en la provincia. "Si eso no sucede, EPEN tiene la obligación de devolver el capital", señala Tierno.
"Una de las razones por las que elegimos Argentina es que ya tenemos personal en el terreno", explicó a BBC Mundo John Stow, vicepresidente de energía y políticas ambientales de Duke Energy, quien confía en que el modelo es replicable.
"Es importante entender que las compañías que forman el E8 creen que el cambio climático es real, causado en parte por el hombre, y que el sector puede ayudar a reducir las emisiones de CO2 cumpliendo al mismo tiempo su objetivo de llevar electricidad a todos en el planeta".
La empresa provincial coincide en los potenciales beneficios. "Este es un modelo que puede replicarse desde dos aspectos: la asociación entre empresas privadas y públicas para dar soluciones a la gente, y por otro lado, la aplicación de tecnologías renovables de pequeña escala", dijo a BBC Mundo Francisco Zambón, gerente de planeamiento de EPEN.
"Dentro del proyecto se prevé la capacitación de nuestro personal operativo para hacerse cargo de la operación y mantenimiento, y será una forma práctica de generar nuevos proyectos similares, una vez que el mismo personal se convenza de los beneficios de su aplicación".
Los proyectos en la Patagonia tienen un costo aproximado de US$2,5 millones. Está previsto que la construcción de los aerogeneradores y la microcentral hidroeléctrica concluya a fines de 2012.
Cuenca Salí-Dulce: Ya se atajan por las dudas...
Gassenbauer: “Frenar la contaminación requiere una gran inversión y tiempo”
Fecha de Publicación: 03/06/2011
Fuente: El Diario 24
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
El ministro de Desarrollo Productivo de la Provincia, Jorge Gassenbauer, se refirió al problema del daño al medio ambiente que generan las industrias tucumanas contaminando los ríos tributarios de la Cuenca Salí-Dulce y sostuvo que “para frenar la contaminación hace falta una gran inversión que lleva mucho tiempo”. Además, ratificó que 2011 será un año récord para la zafra.
"El dique El Frontal también es de los tucumanos. Es santiagueño para el turismo y es tucumano por las grandes extensiones de tierra que ocupa en nuestra provincia. Nos interesa el dique, nos interesan las Termas de Río Hondo y el turismo del Norte", señaló el funcionario durante una entrevista con el diario El Siglo.
Asimismo, Gassenbauer aseguró que el Gobierno y los ingenios asumieron compromisos para realizar las inversiones y poner en marcha todas las acciones necesarias para dejar de arrojar vinaza a la cuenca Salí Dulce.
Con respecto a las inversiones que debería realizar los ingenios para dejar de contaminar con vinaza, señaló: “Se necesitan grandes extensiones de tierra y tecnología. Estamos adoptando como primera medida un programa piloto al que accedieron cuatro ingenios, a través del PRI (Plan de Reconversión Industrial), que consiste en la construcción de vinazoductos para trasladar la vinaza a terrenos salinos-sódicos para su tratamiento”.
En relación a la zafra 2011, el funcionario tucumano se mostró optimista y coincidió con el informe de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC). “Es un trabajo serio el que se ha realizado desde la EEAOC. Hay 18.000 hectáreas más sembradas con caña en la provincia, lo que representa un 8 por ciento de crecimiento en el área de cultivo (en comparación con 2010). También hay una mejora en el rendimiento industrial porque los ingenios hicieron esfuerzos y tuvimos un año climáticamente muy bueno, por lo que si no se presenta un fenómeno como una helada severa, creemos que se alcanzará una cifra superior a las 1.500.000 toneladas”, indicó.
Por último, sentenció que el gran desafío que posee la actividad es que “se trabaje para que este crecimiento sea sustentable y que el buen momento que atraviesa la industria vaya acompañado de una buena gestión en el tema ambiental”.
Fecha de Publicación: 03/06/2011
Fuente: El Diario 24
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
El ministro de Desarrollo Productivo de la Provincia, Jorge Gassenbauer, se refirió al problema del daño al medio ambiente que generan las industrias tucumanas contaminando los ríos tributarios de la Cuenca Salí-Dulce y sostuvo que “para frenar la contaminación hace falta una gran inversión que lleva mucho tiempo”. Además, ratificó que 2011 será un año récord para la zafra.
"El dique El Frontal también es de los tucumanos. Es santiagueño para el turismo y es tucumano por las grandes extensiones de tierra que ocupa en nuestra provincia. Nos interesa el dique, nos interesan las Termas de Río Hondo y el turismo del Norte", señaló el funcionario durante una entrevista con el diario El Siglo.
Asimismo, Gassenbauer aseguró que el Gobierno y los ingenios asumieron compromisos para realizar las inversiones y poner en marcha todas las acciones necesarias para dejar de arrojar vinaza a la cuenca Salí Dulce.
Con respecto a las inversiones que debería realizar los ingenios para dejar de contaminar con vinaza, señaló: “Se necesitan grandes extensiones de tierra y tecnología. Estamos adoptando como primera medida un programa piloto al que accedieron cuatro ingenios, a través del PRI (Plan de Reconversión Industrial), que consiste en la construcción de vinazoductos para trasladar la vinaza a terrenos salinos-sódicos para su tratamiento”.
En relación a la zafra 2011, el funcionario tucumano se mostró optimista y coincidió con el informe de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC). “Es un trabajo serio el que se ha realizado desde la EEAOC. Hay 18.000 hectáreas más sembradas con caña en la provincia, lo que representa un 8 por ciento de crecimiento en el área de cultivo (en comparación con 2010). También hay una mejora en el rendimiento industrial porque los ingenios hicieron esfuerzos y tuvimos un año climáticamente muy bueno, por lo que si no se presenta un fenómeno como una helada severa, creemos que se alcanzará una cifra superior a las 1.500.000 toneladas”, indicó.
Por último, sentenció que el gran desafío que posee la actividad es que “se trabaje para que este crecimiento sea sustentable y que el buen momento que atraviesa la industria vaya acompañado de una buena gestión en el tema ambiental”.
Justicia a favor de pueblos originarios
Justicia detiene proyectos extractivos en territorios indígenas
Fecha de Publicación: 02/06/2011
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Nacional
En lo que va del año dos fallos judiciales argentinos han destacado la obligatoriedad de la consulta previa a cualquier acto legislativo o administrativo que afecte a los pueblos indígenas.
Las sentencias de un Juzgado de Primera Instancia y del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la sureña provincia de Neuquén, que atañen a las comunidades mapuche Huenctru Trawel Leufú y Mellao Morales, cobran relevancia en Argentina, donde son contadas las resoluciones judiciales en ese sentido y la consulta no está instalada como una práctica del Estado. Los dictámenes traban el desarrollo de dos proyectos extractivos: uno hidrocarburífero y otro de minería metalífera.
En febrero, el juez Mario Tommasi, del Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de la ciudad neuquina de Cutral Co, rechazó un recurso de amparo presentado en el 2007 por Petrolera Piedra del Águila, de capitales nacionales. A través de esta medida la empresa pretendía que se garantizara su ingreso a los yacimientos Los Leones, Umbral y Ramos Mexía, que era impedido por la comunidad mapuche Huenctru Trawel Leufú, ya que están en su territorio.
A pesar de los decretos del gobierno provincial 1271/97, 4716/99 y 0278/07 que habilitaban a la compañía, el magistrado rechazó la acción porque se pretendía entrar a territorio indígena sin haberse "demostrado el cumplimiento cabal y adecuado de los procedimientos de consulta y participación" prescriptos por el artículo 75 de la Constitución Nacional (con las especificaciones contenidas en los artículos 6, 7 y 15, Convenio 169 sobre Pueblos Indígena y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo ratificado por la ley 24.071) así como por el Art. 53 de la Constitución Provincial, y por los Arts. 10, 19, 29 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
"Es la primera vez que se reconoce el Convenio 169 con la amplitud que tiene, [y que se] cita la Declaración de las Naciones Unidas; es un fallo que se ajusta totalmente a los derechos de los pueblos indígenas", afirmó Juan Manuel Salgado, abogado de la comunidad Huenctru Trawel Leufú y director del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas. Además, subrayó que "a primera vista, [la sentencia] justifica que la comunidad no haya dejado entrar a la petrolera".
La decisión de "resguardar el territorio" les costó a los comuneros no sólo la apertura de varias causas penales, sino que además fueron objeto de atentados incendiarios y durante cuatro años sufrieron el hostigamiento de fuerzas de seguridad y civiles.
Tribunal respalda a los mapuche
La comunidad Mellao Morales inició en el 2008 un juicio para que se anule el contrato entre Corporación Minera Neuquina (CORMINE) —sociedad del Estado provincial— y la compañía china Emprendimientos Mineros. En la demanda aseguró que el acuerdo que otorga a la firma asiática la explotación de un yacimiento diseminado de cobre en territorio indígena viola la legislación indígena y ambiental. Además presentó una medida cautelar para que se paralice el proyecto extractivo hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
La jueza de primera instancia Paula Stanislavski, del Juzgado Nº 1 de Neuquén, se declaró incompetente y derivó la causa al STJ. El 28 de setiembre del 2009 el máximo tribunal de la provincia devolvió la causa al juzgado de origen, pero antes resolvió a favor de los mapuche la medida cautelar ajustándose al Convenio 169 de OIT "que protege el derecho a la existencia colectiva, a la identidad cultural, a la propia institucionalidad y el derecho a la participación. En especial, en lo que ha sido erigido como sustento del pedido cautelar, nos remitimos al texto de los arts. 6.1.a, 6.2 y 15 —Derecho de consulta".
La Fiscalía de Estado de Neuquén y CORMINE apelaron y el 29 de marzo el Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso y ratificó los argumentos de su anterior decisión. En tanto, continúa el juicio por la nulidad del contrato.
"Estos fallos son excepcionales, creo que de jueces que se han salido un poco de la lógica y de la letra del Poder Judicial. Por eso hoy puede ocurrir que esto tenga un efecto contagio o de pronto sean hechos aislados. Obviamente atrás está toda la movilización de los pueblos indígenas que ya no aceptamos que mega-emprendimientos entren alegremente a nuestros territorios", destacó Jorge Nahuel, werken [vocero] de la Confederación Mapuche Neuquina (CMN) y lonko [autoridad política] de la comunidad Nehuén Mapu.
"¡Diez años para que el Poder Judicial pueda entender que es urgente y es justo aplicar este principio del derecho a la consulta!", subrayó, resaltando la década transcurrida desde la ratificación del Convenio 169 de la OIT por el Estado argentino, en julio del 2000.
Por su parte, Silvina Ramírez, presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Indígena, enfatizó que además del valor estrictamente jurídico, ambos fallos tienen particular relevancia por haber sido dictados en tribunales de Neuquén, "donde la tensión entre Estado y pueblos originarios es evidente y la relación siempre ha sido muy traumática".
En tanto, Elena Picasso, abogada de la comunidad Mellao Morales e integrante del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) de la Iglesia Católica, subrayó: "Estamos en un nivel donde hay un cierto reconocimiento mayor de los derechos indígenas a través del Tribunal Superior, que va marcando una visión diferente".
Salgado, empero, manifestó sus reparos ante esa afirmación y señaló que en recientes fallos el STJ desestimó la legislación indígena. Como ejemplo mencionó que en noviembre del 2010 el máximo tribunal provincial rechazó el pedido de inconstitucionalidad por la creación en 2004 del municipio de Villa Pehuenia, erigido de manera inconsulta sobre territorio de tres comunidades mapuche.
Concesiones petroleras objetadas
En el 2007 el Poder Ejecutivo provincial otorgó las áreas Laguna Blanca y Zapala a las petroleras Pluspetrol y Enarsa, decisión que afectó el territorio de 14 comunidades mapuche. Actualmente está en funcionamiento una mesa de negociación entre Pluspetrol y la CMN, donde se discute la implementación de una forma de consulta a implementarse por ambas partes.
En ese sentido la werken Relmu Ñanku explicó que "sería algo básico para lo que puede ser después una consulta realmente en el marco legal, que es a través del Estado".
Nahuel resaltó que "el marco vigente dice que el Estado, antes de aprobar o entrar en estudio un posible proyecto que afecte territorio indígena, debe realizar un proceso de consulta. Acá es al revés, entrega la concesión y después obliga a que sea la empresa la que negocia con la comunidad, y el principal responsable de esta situación, que es el Estado, comúnmente se ofrece a mediar".
Al igual que Neuquén, la provincia de Río Negro, en el marco del Plan exploratorio hidrocarburífero provincial 2006-2007, licitó 14 áreas en territorio mapuche sin implementar mecanismos de consulta. En julio del 2008 la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro —en consonancia con el Consejo Asesor Indígena de esa provincia, organización del pueblo mapuche— denunció la situación ante la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la OIT. En el informe del 2009 la CEACR lamentó no haber recibido del gobierno argentino la información requerida sobre el caso y lo instó a que en la provincia se garanticen las formas de consulta y participación.
Fecha de Publicación: 02/06/2011
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Nacional
En lo que va del año dos fallos judiciales argentinos han destacado la obligatoriedad de la consulta previa a cualquier acto legislativo o administrativo que afecte a los pueblos indígenas.
Las sentencias de un Juzgado de Primera Instancia y del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la sureña provincia de Neuquén, que atañen a las comunidades mapuche Huenctru Trawel Leufú y Mellao Morales, cobran relevancia en Argentina, donde son contadas las resoluciones judiciales en ese sentido y la consulta no está instalada como una práctica del Estado. Los dictámenes traban el desarrollo de dos proyectos extractivos: uno hidrocarburífero y otro de minería metalífera.
En febrero, el juez Mario Tommasi, del Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de la ciudad neuquina de Cutral Co, rechazó un recurso de amparo presentado en el 2007 por Petrolera Piedra del Águila, de capitales nacionales. A través de esta medida la empresa pretendía que se garantizara su ingreso a los yacimientos Los Leones, Umbral y Ramos Mexía, que era impedido por la comunidad mapuche Huenctru Trawel Leufú, ya que están en su territorio.
A pesar de los decretos del gobierno provincial 1271/97, 4716/99 y 0278/07 que habilitaban a la compañía, el magistrado rechazó la acción porque se pretendía entrar a territorio indígena sin haberse "demostrado el cumplimiento cabal y adecuado de los procedimientos de consulta y participación" prescriptos por el artículo 75 de la Constitución Nacional (con las especificaciones contenidas en los artículos 6, 7 y 15, Convenio 169 sobre Pueblos Indígena y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo ratificado por la ley 24.071) así como por el Art. 53 de la Constitución Provincial, y por los Arts. 10, 19, 29 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
"Es la primera vez que se reconoce el Convenio 169 con la amplitud que tiene, [y que se] cita la Declaración de las Naciones Unidas; es un fallo que se ajusta totalmente a los derechos de los pueblos indígenas", afirmó Juan Manuel Salgado, abogado de la comunidad Huenctru Trawel Leufú y director del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas. Además, subrayó que "a primera vista, [la sentencia] justifica que la comunidad no haya dejado entrar a la petrolera".
La decisión de "resguardar el territorio" les costó a los comuneros no sólo la apertura de varias causas penales, sino que además fueron objeto de atentados incendiarios y durante cuatro años sufrieron el hostigamiento de fuerzas de seguridad y civiles.
Tribunal respalda a los mapuche
La comunidad Mellao Morales inició en el 2008 un juicio para que se anule el contrato entre Corporación Minera Neuquina (CORMINE) —sociedad del Estado provincial— y la compañía china Emprendimientos Mineros. En la demanda aseguró que el acuerdo que otorga a la firma asiática la explotación de un yacimiento diseminado de cobre en territorio indígena viola la legislación indígena y ambiental. Además presentó una medida cautelar para que se paralice el proyecto extractivo hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
La jueza de primera instancia Paula Stanislavski, del Juzgado Nº 1 de Neuquén, se declaró incompetente y derivó la causa al STJ. El 28 de setiembre del 2009 el máximo tribunal de la provincia devolvió la causa al juzgado de origen, pero antes resolvió a favor de los mapuche la medida cautelar ajustándose al Convenio 169 de OIT "que protege el derecho a la existencia colectiva, a la identidad cultural, a la propia institucionalidad y el derecho a la participación. En especial, en lo que ha sido erigido como sustento del pedido cautelar, nos remitimos al texto de los arts. 6.1.a, 6.2 y 15 —Derecho de consulta".
La Fiscalía de Estado de Neuquén y CORMINE apelaron y el 29 de marzo el Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso y ratificó los argumentos de su anterior decisión. En tanto, continúa el juicio por la nulidad del contrato.
"Estos fallos son excepcionales, creo que de jueces que se han salido un poco de la lógica y de la letra del Poder Judicial. Por eso hoy puede ocurrir que esto tenga un efecto contagio o de pronto sean hechos aislados. Obviamente atrás está toda la movilización de los pueblos indígenas que ya no aceptamos que mega-emprendimientos entren alegremente a nuestros territorios", destacó Jorge Nahuel, werken [vocero] de la Confederación Mapuche Neuquina (CMN) y lonko [autoridad política] de la comunidad Nehuén Mapu.
"¡Diez años para que el Poder Judicial pueda entender que es urgente y es justo aplicar este principio del derecho a la consulta!", subrayó, resaltando la década transcurrida desde la ratificación del Convenio 169 de la OIT por el Estado argentino, en julio del 2000.
Por su parte, Silvina Ramírez, presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Indígena, enfatizó que además del valor estrictamente jurídico, ambos fallos tienen particular relevancia por haber sido dictados en tribunales de Neuquén, "donde la tensión entre Estado y pueblos originarios es evidente y la relación siempre ha sido muy traumática".
En tanto, Elena Picasso, abogada de la comunidad Mellao Morales e integrante del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) de la Iglesia Católica, subrayó: "Estamos en un nivel donde hay un cierto reconocimiento mayor de los derechos indígenas a través del Tribunal Superior, que va marcando una visión diferente".
Salgado, empero, manifestó sus reparos ante esa afirmación y señaló que en recientes fallos el STJ desestimó la legislación indígena. Como ejemplo mencionó que en noviembre del 2010 el máximo tribunal provincial rechazó el pedido de inconstitucionalidad por la creación en 2004 del municipio de Villa Pehuenia, erigido de manera inconsulta sobre territorio de tres comunidades mapuche.
Concesiones petroleras objetadas
En el 2007 el Poder Ejecutivo provincial otorgó las áreas Laguna Blanca y Zapala a las petroleras Pluspetrol y Enarsa, decisión que afectó el territorio de 14 comunidades mapuche. Actualmente está en funcionamiento una mesa de negociación entre Pluspetrol y la CMN, donde se discute la implementación de una forma de consulta a implementarse por ambas partes.
En ese sentido la werken Relmu Ñanku explicó que "sería algo básico para lo que puede ser después una consulta realmente en el marco legal, que es a través del Estado".
Nahuel resaltó que "el marco vigente dice que el Estado, antes de aprobar o entrar en estudio un posible proyecto que afecte territorio indígena, debe realizar un proceso de consulta. Acá es al revés, entrega la concesión y después obliga a que sea la empresa la que negocia con la comunidad, y el principal responsable de esta situación, que es el Estado, comúnmente se ofrece a mediar".
Al igual que Neuquén, la provincia de Río Negro, en el marco del Plan exploratorio hidrocarburífero provincial 2006-2007, licitó 14 áreas en territorio mapuche sin implementar mecanismos de consulta. En julio del 2008 la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro —en consonancia con el Consejo Asesor Indígena de esa provincia, organización del pueblo mapuche— denunció la situación ante la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la OIT. En el informe del 2009 la CEACR lamentó no haber recibido del gobierno argentino la información requerida sobre el caso y lo instó a que en la provincia se garanticen las formas de consulta y participación.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Suscribirse
Entradas
Comentarios