Por sí o por no: inician el pozo que definirá si hay petróleo offshore

Fecha de Publicación: 29/04/2024
Fuente: La Nueva
Provincia/Región: Nacional - Buenos Aires


El buque perforador Valaris DS - 17 llegó al país para trabajar a unos 300 kilómetros al sudeste de la ciudad de Mar del Plata.
Finalmente, se está a las puertas de uno de los momentos más esperados para exploración de hidrocarburos offshore en la Cuenca Mar Argentino Norte: el inicio del pozo Argerich – I.
La llegada del buque perforador Valaris DS -17, que se encuentra fondeado a unos 30 kilómetros de Mar del Plata, anuncia ei inminente comienzo de los trabajos en el bloque CAN 100, a 308 kilómetros al sudeste de la ciudad de Mar del Plata, cuyos resultados serán definitorios. en cuanto a la presencia  o no de petróleo en el lugar.
Por sí o por no, como supo decir el año pasado, en plena campaña, un ex candidato a a presidente de la Nación, la perforación permitirá saber si existen hidrocarburos en el lecho marino y si su eventual presencia se da en cantidad y calidad suficiente como para justificar una futura explotación.
El miércoles pasado el Valaris DS -17, de casi 200 metros de eslora, llegó a la zona de Mar del Plata y fondeó a unos 30 kilómetros de la costa para cumplimentar los correspondientes procesos administrativos (Migraciones / Aduana), controles de rigor por parte de Prefectura Naval y tareas de abastecimiento, Ahora deberá dirigirse al sitio de perforación junto a dos buques de suministro offshore, el Skandi Caledonia y el Hos Remington, que le brindarán apoyo.
Este primer pozo se hará en el talud continental, donde el lecho marino se encuentra a unos 1.527 metros de profundidad, en aguas ultra profundas, y la perforación espera superar los 4.000 metros bajo el suelo.
La perforación tiene carácter únicamente exploratorio, es decir, se perfora y se comprueba la existencia de hidrocarburos.
Se estima que la ejecución del pozo Argerich demandará unos dos meses de labor, por lo que podría finalizar en junio, y luego probablemente se tarde hasta tres meses más (septiembre) para definir si lo encontrado justifica seguir realizando pozos exploratorios.
Los profesionales de YPF prevén que ese yacimiento CAN 100 -no solo el pozo Argerich- podría llegar a los 1.000 millones de barriles de petróleo. Si se monetiza a 100 dólares el barril, es una reserva con valor de 100.000 millones de dólares, con el agregado de que en la Cuenca Argentina Norte, se presume, existen otros 20 yacimientos similares, equivalentes a 20 Vaca Muerta.
El plan oficial de Equinor, empresa asociada a YPF y a Shell en este proyecto, prevé que finalizada la perforación solo se analicen muestras de las dos secciones más profundas, que son unos cilindros de un poco más de un metro de lecho marino.
El primer análisis y prueba de esas muestras se realizará a bordo del barco perforador, pero no se descarta que en otra etapa sean trasladadas a los laboratorios de YPF en La Plata para más ensayos de producción.
Terminada la evaluación, el pozo será sellado (cegado) con cemento para cumplir con las medidas de seguridad y los protocolos establecidos.
Pero como se señaló el año pasado, desde estas mismas páginas, las chances de hallar hidrocarburos no son para nada altas, pero existe mucha confianza.
De hecho, si no existiera esa cuota de optimismo, un proyecto costoso como este jamás hubiese sido encarado.
Por eso en la anterior administración nacional hubo algunos que se animaron a hablar de la futura Vaca Muerta marina .
Uno de los que más profundizó en el tema es el empresario Marcelo Guiscardo, presidente del Cluster de Energía de Mar del Plata y fundador de la exitosa firma QM Equipment, que diseña y fabrica equipamiento para la industria petrolera de Vaca Muerta.
En tal sentido, recordó que toda el área del Mar Argentino Norte que se extiende entre la Bahía de San Borombón y Carmen de Patagones, con unos mil kilómetros de costa, aún no ha sido explorada.
“No se ha encontrado petróleo en ningún lugar donde ahora buscará, y en sitios así, inexplorados, la chance de éxito de un pozo exploratorio va del 5 al 7 por ciento. O sea que tenés 90 y pico por ciento de posibilidades de que no se encuentre.
“Ahora –agregó, en este caso, como YPF está estudiando el área desde hace más de 20 años, se han hecho muchos estudios previos y se encontró en los estudios que se hicieron después un correlacionamiento con yacimientos que están en el sur de África, que tienen la misma edad geológica y se remontan a la época en la que los continentes estaban juntos, América del Sur y África eran una sola cosa”.
En tal sentido, el empresario señaló que a través de los años, a medida que se separaban los continentes, el sedimento que se daba en la costa de África era el mismo que el de esta zona.
“Lo que se encuentra allá en África es mucho más parecido a lo que tenemos nosotros acá. Entonces, los descubrimientos que se hicieron en Namibia y en Orange, en el sur de África, son los que le dan a este pozo una chance del 20% de encontrar petróleo.
“De todas formas –continuó--, el 80% de las posibilidades es que no haya, es decir,  no es algo seguro, es un pozo exploratorio".
Indudablemente, si los resultados son positivos, las chances de hallar petróleo en el área más cercana a Bahía Blanca crecerán enormemente, aunque esto llevará más tiempo porque la exploración hacia el sur se irá concretando de manera paulatina.
Para el ingeniero Diego Lamacchia, un reconocido especialista,  “hay grandes posibilidades de encontrar hidrocarburos”.
Sus estimaciones se basan “principalmente en los resultados de pozos exploratorios en las costas de Namibia y Sudáfrica en 2021, 2022 y 2023 que mostraron un potencial enorme de hidrocarburos en esa área”.
Esa geología, que data de hace 120 millones de años, es “muy similar a la que tenemos en el Atlántico Norte y, salvando los tiempos geológicos de acumulación de sedimentos y movimientos de las capas tectónicas, estaríamos haciendo el pozo Argerich a 300 kilómetros de donde se formaron estos pozos”.
“Los tiempos geológicos -insistió en declaraciones a La Capital- y la magnitud de lo que se encontró da para decir es muy posible que encontremos también hidrocarburos”.
Además, a través de filminas satelitales, pudieron determinar “la existencia de salida natural de hidrocarburos sobre el lecho marino, lo cual confirma presencia de hidrocarburos en el área”, reiteró.
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San Luis enfrenta una amenaza para seis especies debido a la deforestación y los incendios

Fecha de Publicación: 29/04/2024
Fuente: InfoMerlo
Provincia/Región: San Luis


La deforestación desenfrenada y los incendios forestales pusieron en peligro a seis especies emblemáticas de los ecosistemas de la provincia. La mara, el conejo de los palos, la boa de las vizcacheras (lampalagua), el venado de las pampas, el águila coronada y el caldén son los principales afectados por la pérdida de su hábitat natural.
Según un informe presentado por la Fundación Vida Silvestre, en los últimos años se han deforestado aproximadamente 76.379 hectáreas en zonas críticas de San Luis, lo que corresponde a una superficie equivalente a 27 canchas de fútbol por día. Alarmantemente, solo el 0,01% del bosque nativo de la provincia está bajo planes de manejo o conservación, dejando a la gran mayoría de este valioso ecosistema vulnerable a la degradación.
El informe también destaca la falta de evaluación del impacto de los planes, la escasa participación ciudadana y la ausencia de criterios comunes para elaborar el Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo (OTBN) como las principales causas de esta crisis ambiental. Además, se señala la falta de recursos económicos, incentivos insuficientes para la protección del bosque y la ausencia de sanciones efectivas para la deforestación ilegal como factores que contribuyen al problema.
Es urgente tomar medidas para proteger los bosques nativos de San Luis, ya que desempeñan un papel fundamental en la vida cotidiana al proporcionar una amplia gama de servicios ecosistémicos, como alimentos, agua, madera, regulación del clima, control de la erosión del suelo y recreación. La conservación de estos ecosistemas es esencial para garantizar un futuro sostenible para las generaciones venideras.
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Chubut firmó un convenio de cooperación internacional para la conservación y sostenibilidad de Áreas Costeras y Marinas Protegidas

Fecha de Publicación: 27/04/2024
Fuente: Diario Crónica
Provincia/Región: Chubut


Ante embajadores y referentes de la comunidad científica internacional, el Gobierno de la Provincia acompañó en Rawson la presentación del programa MaRes, una iniciativa impulsada para contribuir a la resiliencia de estos espacios vitales con foco en el Área Natural Protegida Península Valdés y el Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral.
En representación del gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, y ante autoridades y organizaciones del orden local, nacional e internacional; el vicegobernador de la provincia, Gustavo Menna, suscribió este miércoles en Rawson un convenio de cooperación estratégica para contribuir con la conservación y protección de las Áreas Costeras y Marinas Protegidas de Argentina (ACMPs).
El acuerdo, presentado ayer en la Legislatura de la Provincia en el marco de los lineamientos del Proyecto MaRes, apunta a proteger y preservar los ecosistemas marinos de Chubut con foco en dos sitios piloto: el Área Natural Protegida Península Valdés y el Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral.
“El gobernador ha fijado el cuidado del medio ambiente y la mitigación del cambio climático como una prioridad”, aseguró Menna en conferencia de prensa, y garantizó el compromiso del Estado Provincial de acompañar las políticas de resguardo y conservación de estos espacios vitales. “Asumimos esta responsabilidad que va a implicar, además, equipamiento, aportes y financiamiento de la Unión Europea”, destacó.
La iniciativa es coordinada por el Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia, junto con el Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, las Secretarías de Pesca y de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable; la Administración de Parques Nacionales y la Unión Europea.
De la presentación participaron los presidentes del Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia, Alejandro Vila; de la Administración de Parques Nacionales, Gabriel Larsen y de Aves Argentinas, Hernán Casañas; los embajadores de la Unión Europea, Amador Sánchez Rico; de Francia, Román Louis Nadal y de Costa Rica, Ginette Campos Rojas; así como el agregado de Cooperación de la Unión Europea, Pablo Iglesias Rumbo y el ministro Consejero de España, Luis Tejada Chacón.
Asimismo, estuvieron presentes el representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Argentina, Claudio Tomasi; el ministro de Turismo y Áreas Protegidas de la provincia, Diego Lapenna; autoridades de las Secretarías de Pesca y Ambiente y Desarrollo Sostenible de Chubut; técnicos, funcionarios y representantes de organizaciones e instituciones locales y nacionales.

Prioridad del Estado
“Es una actividad muy importante porque implica la continuidad de un proyecto de cooperación internacional que tiene que ver con el cuidado de nuestro mar, con la recuperación de las costas marítimas”, expresó el vicegobernador y ratificó el “compromiso del gobernador Torres y del Gobierno Provincial” en la protección y preservación de los ecosistemas marinos de la provincia.
Menna garantizó “la continuidad y prioridad a un proyecto que se viene trabajando desde hace casi dos años”, y agradeció especialmente a la Unión Europea “por este compromiso y por lo que implica en materia de aportes concretos que repercutirán e incidirán en medidas de protección efectivas sobre ámbitos geográficos de la provincia del Chubut, de la zona costera y del mar”.
Asimismo, el vicegobernador destacó la presentación de la Tercera Cumbre de los Océanos que se realizará en Niza, Francia, en 2025; así como el desarrollo de un encuentro previo sobre esta temática en Costa Rica. “La señora embajadora nos transmitió la intención de llevar a cabo un seminario preparatorio a realizarse aquí en Chubut. Nosotros nos hemos puesto a disposición para convocar a la comunidad científica y a las entidades de la sociedad civil para poder concretarlo”, precisó.

Conciencia ecológica
En otro tramo de la conferencia, el embajador de la Unión Europea, Amador Sánchez Rico, habló del “interés y la obligación de cuidar nuestro planeta, en este caso nuestros océanos, y en ese sentido, es un motivo de gran esperanza ver cómo esta provincia se está apropiando de este proyecto”.
Sánchez Rico reveló que se trata de un “proyecto muy ambicioso que cuenta con la colaboración de varios actores, en este caso de la Provincia, municipios, la sociedad civil, el Foro para la Conservación, y los actores también económicos como las empresas pesqueras que se están sentando alrededor de la mesa para compartir buenas prácticas”.
En tanto, el embajador de Francia, Román Louis Nadal, manifestó que su presencia en Chubut responde al interés de “apostar sobre la conciencia ecológica de Chubut. Sabemos que la población de esta provincia cuida su medio ambiente y es ese espíritu ejemplar el que queremos replicar en el mundo”.
“Hay una movilización científica y jurídica para ordenar el derecho de protección de los océanos. El objetivo de ese proceso de negociación de los océanos es fortalecer el conocimiento científico y sabemos que acá en Chubut hay mucho trabajo en ese sentido”, expresó Nadal y anticipó que “esta provincia será una de las etapas internacionales para lograr una mayor organización internacional” en la materia.

Experiencia y trayectoria chubutense
Por otra parte, la embajadora de Costa Rica, Ginnette Campos Rojas, valoró el trabajo desarrollado en Chubut en materia medioambiental y reveló que “hemos venido en conjunto para hacer un llamado y ver cuáles han sido las experiencias, el trabajo en buenas prácticas que se ha hecho aquí en materia de conservación y de gestión del océano”.
Se refirió asimismo a un evento que se desarrollará en el mes de junio próximo en Costa Rica como paso previo a la Cumbre de los Océanos de Francia. “El objetivo es convocar las buenas prácticas para la conservación y uso sostenible de los ambientes marinos, y queremos que exista una participación de la Argentina”, remarcó.
Claudio Tomasi, representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Argentina, sostuvo que “hemos estado trabajando tres décadas acá, con nuestra contratación con la Policía de Chubut, el tema de la Dirección Geológica Marina, el tema del Plan de Manejo de Zonas Costeras Patagónicas, los sistemas, lo jurisdiccional de área protegida que contribuimos a crear en su momento, los planes de mitigación y adaptación al cambio climático, entre otros”.
El funcionario precisó que “vamos a comenzar con esta cantidad inmensa de trabajo en el ámbito ambiental con el objetivo de conciliar la sociedad económica y temas ambientales y sociales, lo que nosotros llamamos Desarrollo Humano y Sostenible”.
En otro orden, el presidente del Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia, Alejandro Vila, explicó que se trata de una “red de organizaciones de la sociedad civil, son 26 organizaciones nucleadas que están basadas en cuatro países: Argentina, Chile, Uruguay y sur de Brasil”.
Vila señaló que “estamos enfrentando una crisis de pérdida de biodiversidad y nos enfrentamos al desafío del cambio climático. Y en ese sentido, vemos que la colaboración, articulación y esfuerzo son claves para poder enfrentar estos desafíos”. Al respecto, el titular del Foro indicó que, junto a la Delegación de la Unión Europea en Argentina “vimos que era una buena oportunidad pensar en Chubut como un foco y un faro dada la experiencia de sus profesionales y la trayectoria en términos de conservación y creación de áreas protegidas”.
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Acuerdo de Escazú: el Gobierno presentó los compromisos para cumplir con el derecho a la información ambiental

Fecha de Publicación: 27/04/2024
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


Augusto Paz, director de Relaciones Institucionales de la Subsecretaría de Ambiente, habló durante la COP en Chile. Foco en las capacitaciones.
Desde este lunes y durante tres días, representantes de varios países se reunieron en Santiago, Chile, en el marco de la Conferencia de las Partes (COP) firmantes del Acuerdo de Escazú. La cumbre climática busca hacer un seguimiento del pacto al que suscribió la Argentina en 2018, que pondera el rol del público en la toma de decisiones ambientales y la protección de activistas, en tanto América Latina es la región con más asesinatos de manifestantes ecologistas a nivel mundial.
Este martes, Augusto Paz, director de Relaciones Institucionales de la Subsecretaría de Ambiente y representante del Gobierno en esta conferencia, dio a conocer el plan del Ejecutivo para cumplir con el compromiso asumido: “En materia de participación pública, estamos trabajando en el proceso de elaboración participativa de normas para implementar en proyectos futuros. Además, estamos iniciando un trabajo conjunto con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas para incorporar su perspectiva en las acciones que demande el acuerdo a nivel nacional”.
En rigor, el Acuerdo de Escazú, que la Argentina firmó en 2018 y ratificó en 2020 a través de la ley 27.566, es un acuerdo regional ambiental de América Latina que pone el foco en la participación de los ciudadanos en las decisiones que los Estados tomen sobre el ambiente.
Sus premisas son garantizar el derecho al acceso a la información, a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y al acceso a la justicia en estos asuntos. En tanto, es el primer acuerdo de este tipo a nivel mundial que contempla disposiciones específicas sobre defensores ambientales.
Al respecto, durante la segunda jornada del evento, Augusto Paz expuso las claves en las que trabaja la Subsecretaría de Ambiente para concretar acciones. “En el ámbito de la sociedad civil, se está llevando a cabo un diagnóstico sobre la situación de las personas, grupos y organizaciones que defienden el ambiente en Argentina, con el fin de enriquecer el conocimiento oficial y buscar soluciones para sus diferentes realidades”, expresó el funcionario.
Consultado por TN, Paz agregó algunos detalles sobre los puntos en los que trabajará el Gobierno para cumplir con Escazú. “Estuvimos trabajando en facilitar el acceso a la participación, lo que hicimos fue hacerlo más digital y así le damos más lugar a la gente a participar. Y flexibilizamos los plazos e hicimos más accesibles las normas para que la ciudadanía pueda entenderlas”, dijo.
En cuanto a la capacitación, el Gobierno trabaja en la actualización del programa de formación para funcionarios y equipos técnicos nacionales, incorporando contenidos específicos sobre el Acuerdo de Escazú. También se están realizando esfuerzos para promover la educación ambiental a través de material audiovisual que pueda ser utilizado en diferentes ámbitos y niveles educativos. También de manera digital y articulando con provincias y municipios.
“Estamos promoviendo acuerdos con diversas áreas de organismos, tales como la Secretaría de Geoeconomía, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y el Instituto Geográfico Militar Nacional. El objetivo de estos acuerdos se centra en identificar la información ambiental con que cuentan los organismos, generar intercambios, unificar los formatos de publicación y avanzar en la geo-representación de datos. Esto surgió a partir de un diagnóstico que nos mostró que usamos todos bases distintas. Dentro de nuestras secretarías, cuando tuvimos que empezar a mitigar nuestras bases, descubrimos que teníamos 10 tipos de visualizadores distintos de información”, señaló Paz.
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Río Atuel, el fin de las excusas de Mendoza: agua hay

Fecha de Publicación: 26/04/2024
Fuente: APN La Pampa
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza


Un informe técnico corrobora y acredita fehacientemente que el río Atuel presenta óptimas condiciones -volumen de caudal- para cumplimentar en forma permanente el fallo de la Corte de 2020, que fijó un caudal de 3,2 m3/s en su ingreso a la provincia de La Pampa.
Está basado en datos oficiales publicados por Mendoza y fue elaborado en el seno de la CIAI pampeana.
Asimismo, es el sustento de una nueva presentación  ante la Corte Suprema de Justicia, realizada en el día de la fecha por el gobernador Sergio Ziliotto, en el marco de la demanda original.
Se demuestra que el incumplimiento a la sentencia judicial por parte de Mendoza obedece a una mera conducta de apropiación del agua y al manejo absoluto, unilateral e ineficiente que realiza, y no a una imposibilidad fáctica.
Pese a los innumerables esfuerzos de la provincia condómina por tergiversarla, la realidad hídrica es una sola y emerge de manera manifiesta: el caudal del río Atuel no es deficitario: agua hay!
Se verificó que, si Mendoza tuviese la voluntad de cumplir con el caudal dispuesto, lo podría hacer sin problema alguno sin afectar sus usos destinados a riego.
En la mañana de hoy, el estudio fue explicitado ante  la nueva conformación de la CIAI pampeana, que quedó integrada de la siguiente manera: por la Secretaria de Recursos Hídricos:  José Alberto Gobbi y Ricardo Gastón Buss; Secretaria de Ambiente y Cambio Climático:  Vanina Betsabé Basso y María Florencia Ricard; Fiscalía de Estado:  Romina Belén Schmidt y Araldo Eleno Arrola; UNLPam: Gustavo Walter Bertotto; Fundación Chadileuvú: Héctor Eduardo Gómez y  Alberto Daniel Golberg; Asamblea de los Ríos Pampeanos:  Roberto Daniel Rodríguez; Cámara de Diputados de La Pampa; Juan Ramón Barrionuevo y  Javier Torroba; Intendente de Algarrobo del Águila,  Oscar Gatica Avecilla y de Santa Isabel;  Carlos Guillermo Farana; por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos:  Julio Jorge Rojo y  Alfredo Rubén Intronatti. Del encuentro también participó la vicegobernadora y presidenta de la Cámara de Diputados, Alicia Mayoral.
Acciones de Mendoza que demuestran disponibilidad de agua.
Tan así que se pueden observar acciones de manejo que demuestran un derroche de agua y que alejan la posibilidad de cumplimiento del fallo:
Se acredita en el informe un sobreriego, tendiente a recargar el perfil del suelo y así alimentar a las aguas subterráneas y las perforaciones en la zona, buscando reducir el agua sobrante y, por ende, disminuir el agua disponible que escurriría hacia La Pampa.
También se confirman derivaciones de agua con destino redes de riego a parcelas abandonadas, a redes sin impermeabilizar o a la propia red drenaje, sin justificaciones en esta época del año, tanto desde el abastecimiento o al desarrollo de los cultivos.
Además, se acredita el llenado de más reservorios en el área de riego. Desde 2020, año del fallo, se incrementaron de 160 a 260.
También se constató que en la actualidad se desvían caudales de manera exclusiva para importantes bodegas como usuarios privilegiados de agua en la cuenca. En uno de estos casos, los caudales para una única bodega fueron superiores a los 3m3/s.
Un dato alarmante muestra que el caudal que Mendoza asigna a una sola bodega es equivalente al agua que estableció esta Corte para La Pampa

Presentación ante la CSJN
Con la incorporación de este pormenorizado informe técnico y de imágenes que certifican lo argumentado, se solicitó a la Corte una intervención urgente que ordene el cumplimiento inmediato de la meta interina de un caudal mínimo permanente del río Atuel de 3,2 m3/s en el límite interprovincial entre La Pampa y Mendoza.
Además, se peticiona para que se resuelva el fortalecimiento efectivo del órgano de cuenca a fin que la gestión del recurso hídrico se realice en forma conjunta entre ambas provincias.
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Este es el Código Minero reformado que se hizo ley en Mendoza: los detalles

Fecha de Publicación: 26/04/2024
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza


Por mayoría, el Senado dio luz verde a la actualización que espera su promulgación en el Ejecutivo. Los puntos principales para agilizar la minería.
Tras su aprobación definitiva en el Senado, es ley el nuevo Código de Procedimiento Minero de Mendoza. Con este aval, el Gobierno provincial podrá darle agilidad a muchos procedimientos para darle impulso a la minería.
Después de escuchar las voces de cada uno de los representantes de los distintos bloques parlamentarios, se puso en consideración el despacho en mayoría, el que fue aprobado este martes por 25 votos afirmativos y 12 negativos. Fue remitido al Poder Ejecutivo para su posterior promulgación.
La nueva normativa tiene el objetivo central de modernizar las normativas vigentes desde 1945. De esta manera se busca agilizar la actividad y hacerla más transparente, establecer mayores controles ambientales y reforzar las funciones de la Policía Minera. El oficialismo asegura que los cambios impulsados le dan modernidad a una legislación que, ahora con la voluntad política de darle aire a la actividad, eran necesarios.
Participaron de la sesión, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre y el responsable de la Dirección de Minería, Jerónimo Shantal. El intendente del departamento de Malargüe, Celso Jaque, acompañó a los funcionarios durante el tratamiento del proyecto.
Además de la modernización, la ley busca involucrar activamente a las comunidades locales en la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo de los recursos minerales, promoviendo la transparencia y la participación en todo el proceso.
La iniciativa abarca la minería de primera, segunda y tercera categoría (canteras) y sigue el ejemplo de los más altos estándares internacionales.
En su articulado, los cambios imprimen velocidad al trámite de permisos, “evitando que queden expedientes sin resolución durante años, o que estas demoras se traduzcan en especulaciones inmobiliarias mineras”, argumenta el Poder Ejecutivo. También apunta “a un desarrollo económico responsable y sostenible, con la profesionalización y aumento en la dotación de la Policía Minera e inspectores, que tendrán mayores funciones y facultades que los que contaban en la antigua normativa”.
“Al agilizar y digitalizar los datos mineros, permite certificar que coincidan con las Declaraciones Juradas de Producción, realizar actas e imponer las sanciones efectivas y severas. Además, se involucra activamente a las comunidades locales en la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo de los recursos minerales, promoviendo a la participación en todo el proceso, desde la exploración hasta el transporte”, resaltan desde Casa de Gobierno.
La Dirección de Minería tendrá información de los aspectos socioeconómicos y culturales de las comunidades locales, su relación con el ambiente, formas de organización social, relaciones laborales, producción y las formas en que el interesado prevé interactuar con grupos y comunidades. Los interesados además deberán detallar la metodología de trabajo, código de conducta, reporte de sustentabilidad de la empresa, comunicación y talleres y controles de higiene y seguridad.
Para la minería de tercera categoría, conocida como “canteras”, se aumentarán los controles para regular y controlar eficientemente las posibles afectaciones de cauces fluviales y aluvionales, dando intervención a la Dirección de Hidráulica.
En la misma sesión, también se aprobó modificar la Ley de Tránsito provincial Nº 9024 destacándose la incorporación del inciso g al artículo 40 de la Ley Nº 9024, que establece la obligatoriedad de que el conductor acredite la guía de tránsito de minerales. Asimismo, se agrega el inciso 53 al artículo 52, prohibiendo la circulación sin dicha guía. Además, se establecen sanciones de falta leve, grave o gravísima según corresponda en caso de ausencia de la documentación requerida.
Shantal no dio fechas para el inicio del desarrollo minero. “Ojalá pudiese decir una fecha. Ya los permisos están ingresando, hay muchos interesados. Nosotros con este código le vamos a dar agilidad a los permisos y además tienen que presentar el informe de impacto ambiental, que igual también queremos darle agilidad”, expresó.
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Provincias argentinas se unen para impulsar la economía verde

Fecha de Publicación: 25/04/2024
Fuente: El Diario de Villa Carlos Paz
Provincia/Región: Nacional


Participan las provincias de Córdoba, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa y Jujuy. En representación de la Provincia de Córdoba participó y firmó la Ministra de Ambiente y Economía Circular, Victoria Flores.
La Alianza Verde Argentina (AVA) es un reflejo del creciente rol de los estados subnacionales como catalizadores de la acción climática.
Cada una de las provincias firmantes se comprometen en abordar los desafíos ambientales y climáticos que atraviesa la región y el país, trabajando coordinadamente para favorecer el cumplimiento de las metas para las contribuciones determinadas a nivel nacional.
Esta coalición de gobiernos, compuesta en primera instancia por las provincias de Misiones, Santa Fe, Córdoba, Jujuy, La Pampa y Entre Ríos, tiene como objetivo sentar las bases para un futuro más sostenible y resiliente para los pueblos de quienes la conforman, con cooperación interprovincial en la implementación de políticas ambientales y climáticas correspondientes.
En un marco solidario, y abierto a las provincias que quieran incorporarse, se busca implementar políticas y proyectos innovadores que promuevan la sostenibilidad ambiental, la conservación de los recursos naturales y una respuesta adecuada al cambio climático en sus respectivas regiones.
Ante el escenario climático global, surge la importancia de sentar en las mesas de diálogo de los foros internacionales, a los gobiernos subnacionales.
Esto pondrá el foco en su participación de las negociaciones; y unidos en dedicarle especial atención a priorizar la puesta en valor de los servicios ambientales en los mercados globales.
Además, las partes se comprometen a compartir conocimientos, experiencias y llevar a cabo acciones en materia de mitigación y adaptación al cambio climático, como ser: uso de energías limpias y renovables, planificación del uso del suelo potenciando los sectores agrícolas, fortalecer la gestión de riesgo climático en las provincias, conservación de ecosistemas nativos, biodiversidad, entre otros.
También a impulsar el desarrollo social, educativo y económico, promoviendo la innovación tecnológica, turismo ecológico, gestión de residuos y economía circular.
Potenciar la educación ambiental a través de la sensibilización y promoción activa de todos los ciudadanos fortaleciendo la implementación de la Ley Nacional n° 27.621, de Educación Ambiental Integral, y n° 27.592 -conocida como ley Yolanda- para la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en el cambio climático, para las personas que se desempeñen en la función pública.
Al respecto, la ministra Victoria Flores, quien suscribió la incorporación de Córdoba a esta alianza, expresó: “Ante la realidad del cambio climático en el mundo la salida de esta situación es colectiva, por eso en el día de la tierra y desde el interior aparece esta alianza para trabajar en conjunto por nuestra casa común”.
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Menos costos y más salud: el innovador método que permite conocer el estado de contaminación del agua de Ushuaia

Fecha de Publicación: 25/04/2024
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Tierra del Fuego


Pequeños organismos adaptados al ambiente podrían funcionar como sistemas de alerta temprana de contaminación en la ciudad del "fin del mundo".
En Ushuaia, también conocida como "la ciudad del fin del mundo", las tonalidades azules no pasan desapercibidas. Situada en el extremo más austral de la República Argentina, en la provincia de Tierra del Fuego, reafirma en cada uno de sus paisajes que el agua es mucho más que un recurso, es parte de su identidad.
La naturaleza de su geografía hace que, además de bordear el mar, la capital fueguina esté atravesada por ríos, arroyos y lagunas urbanas, presentes en el día a día de los ciudadanos que habitan este destino de ensueños. Particularmente las últimas, representan un punto de interés para Soledad Diodato, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC), quien, junto a su equipo de trabajo, se propuso realizar una evaluación ambiental del agua que conforma las lagunas.

Evaluación del agua, un proceso fundamental en el "fin del mundo"
Llevar a cabo estudios de manera periódica que permitan a la población conocer la calidad del recurso con el que coexisten a diario es una necesidad para los ushuaienses, cuya relevancia es directamente proporcional al crecimiento demográfico que experimenta su provincia desde hace más de diez años.
Si se comparan los resultados del censo de 2010 con los de 2022, puede observarse que el aumento poblacional de Tierra del Fuego fue de casi un 50%, con 58,527 nuevos habitantes, mientras que puntualmente en Ushuaia se registraron 23,415 personas más, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Dentro de este contexto, Diodato se encuentra en la búsqueda de nuevas herramientas que permitan complementar los sistemas vigentes de examinación del agua, pues se trata de procesos costosos y los recursos para realizarlos escasean. Para ello, tiene como objetivo utilizar pequeños microorganismos presentes en el agua que actúen como bioindicadores de contaminación y, a través de ensayos de toxicidad, permitan realizar una suerte de "radiografía" de su estado.
En diálogo con El Cronista, la experta enfatizó sobre la necesidad de conocer científicamente en qué condiciones se encuentra el agua de las lagunas urbanas, algunas de las cuales son reservas municipales de gran relevancia. Para ello, se están implementando mediciones del agua en función de distintos parámetros, entre los que se encuentran los bioindicadores que investiga la científica.

Bioindicadores de contaminación: la importancia de utilizar microorganismos adaptados al ambiente patagónico
El monitoreo tradicional que se utiliza para evaluar la calidad del recurso acuífero consiste en tomar diversas muestras de agua o sedimento y analizarlas en el laboratorio para determinar cuál es su nivel de pureza o, en otras palabras, qué tan contaminada está.
En línea con los sistemas de medición tradicionales, la investigación busca utilizar organismos del zooplancton para obtener información crucial sobre el estado del agua. Estos seres vivos son pequeños animales que flotan con la corriente, de carácter microscópico e incapaces de nadar por sus propios medios.
La importancia de poder implementar este mecanismo en Ushuaia radica en que, al utilizar especies que ya están adaptadas a la temperatura, la luz y demás condiciones ambientales específicas, cualquier cambio en su naturaleza, por ejemplo en el ritmo de crecimiento, en la manera de reproducirse o incluso en función de si sus enzimas aumentan o disminuyen, puede reflejar qué tan óptimas son las condiciones del agua. A este tipo de "señales naturales" se las conoce como "biomarcadores".

Nuevas herramientas, menos costos y más información
Según lo explica Diodato, el análisis del agua en laboratorio implica un costo de equipos de más de 1000 dólares por una sola muestra, como mínimo. El problema es que al analizar los componentes de las aguas urbanas, es común la presencia de afluentes cloacales, que a su vez contienen gran variedad de compuestos emergentes, desde materia orgánica general hasta medicamentos u otros químicos, por lo que distinguir en un laboratorio cada uno de ellos puede resultar considerablemente costoso.
En ese sentido, el recurso financiero no es el único impedimento que enfrenta el monitoreo vigente, sino que "en Argentina son muy pocos los lugares a los que se pueden enviar muestras para determinar cada uno de estos compuestos", explica la investigadora.
Así, Diodato resaltó que utilizar ensayos con este tipo de microorganismos tendría un impacto económico positivo en función de la frecuencia en la que deberían realizarse las muestras: "abarataría muchísimo los costos porque, siempre de manera complementaria, se pueden utilizar como una alerta temprana para prever situaciones de contaminación o, si la calidad del agua se mantiene, en lugar de hacer los estudios químicos una vez por mes o cada dos o tres meses, pueden hacerse cada seis meses", afirma.

El agua y la urbanización no se llevan bien, pero deben hacerlo
"El hecho de no conocer la calidad del agua nos afecta como ciudadanos en el día a día [...] el estar en contacto con agua contaminada tiene una principal consecuencia en la salud", afirma la científica. Es que en Ushuaia, es tal la proximidad de las viviendas de los habitantes a los ríos, arroyos y lagunas que estos espacios se convierten en lugares frecuentes de juego para los niños, así como también en puntos estratégicos que las familias eligen para tomar mate. "Hay gente que colecta agua pensando que es para consumir, que es potable y hay muchos casos de gastroenteritis porque está contaminada", explica.
Sin embargo, en términos del agua que se utiliza para beber, por el momento no representa una preocupación para los científicos gracias a que las tomas de potabilización se encuentran en los puntos más altos de la montaña y allí la contaminación del hombre no ha llegado. En palabras de Diodato, el agua que se bebe en la ciudad es "de excelente calidad". No obstante, no es el caso de los arroyos y ríos que desembocan en la zona costera, donde la experta afirma que la contaminación es una realidad gracias a que los afluentes cloacales se vuelcan sin ningún tipo de tratamiento.
En consecuencia, la contaminación visual emerge como otra problemática que afecta a ciudadanos y turistas, sin embargo, más allá de los olores desagradables y el contraste que puede generarse con las vistas paradisíacas, el estado del agua también tiene un impacto directo a nivel biológico, que repercute en el resto de los seres vivos presentes en esos ecosistemas.
Por ello, frente a un panorama donde el azul prevalece y se posiciona como elemento de sumo valor, Diodato destaca la importancia de poder implementar a futuro esta metodología con apoyo de la gestión provincial y nacional, para que los especialistas puedan realizar las investigaciones correspondientes y brindar sugerencias que permitan resguardar el bienestar del agua fueguina, garantizando así la salud de todas las personas que, con orgullo albiceleste, deciden transcurrir sus días, en el fin del mundo.
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Comienza la COP 3 de Escazú: reclaman que se avance en la protección de las personas defensoras del ambiente

Fecha de Publicación: 24/04/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


En 2022, América Latina y el Caribe fue escenario del 88% de los asesinatos a personas defensoras ambientales en el mundo. En el evento que arrancó este lunes en Chile, los países miembros discutir este tema y otros como garantizar la participación efectiva de las comunidades locales, la falta de Tribunales ambientales y la información en asuntos ambientales.
Mientras la Argentina vive (cómo no), días convulsionados, a 1100 kilómetros de distancia de Buenos Aires arrancó en Santiago de Chile la tercera reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP 3 de Escazú), que tendrá lugar hasta el miércoles. En ese marco, la Alianza por los Humedales Andinos exhorta a que el encuentro contribuya al avance de los objetivos del acuerdo, particularmente la protección y resguardo de las personas defensoras del ambiente, la participación efectiva de las comunidades locales en decisiones relacionadas a sus territorios; así como su acceso a justicia y a información completa, veraz y transparente en temas ambientales. Por ejemplo, con la proliferación de Tribunales de Ambiente, algo que hoy tampoco se cumple.
La COP3 de Escazú, realizada en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), reúne a representantes de los países miembro del acuerdo en un diálogo para mejorar la democracia ambiental en el continente.
Según el informe más reciente de la ONG Global Witness, el 88% de los asesinatos a personas defensoras del ambiente en 2022 se produjo en América Latina y el Caribe, un porcentaje que aumenta cada año. «En este contexto, la implementación del Acuerdo de Escazú es de suma urgencia», remarcan desde la Alianza.
Se trata del primer tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo con disposiciones específicas para la protección de personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales. Su nombre se debe a que fue adoptado en la ciudad de Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018. Es un acuerdo hecho por y para la región y su gente, en un proceso de negociación inclusivo y participativo que contó con el involucramiento integral de los gobiernos y de la sociedad civil.
Durante la COP3 de Escazú se espera que los países miembro aprueben el Plan de Acción Regional sobre Defensoras y Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales en la región. El plan que buscan aprobar incluiría un diagnóstico de las diferentes vulneraciones, con enfoque de género, contemplando la criminalización de la defensa del ambiente y buenas prácticas de prevención, protección y respuesta.
Además, discutirán la incorporación de la perspectiva de género al Acuerdo de Escazú: si bien este Acuerdo tiende un puente entre la cuestión ambiental y la perspectiva de derechos humanos, las previsiones en materia de género necesitan ser más sólidas y es necesario contar con una mirada interseccional, que permita incluir a la diversidad de mujeres en los procesos.

Argentina y Escazú
Argentina se convirtió en el décimo país en ratificar el Acuerdo de Escazú mediante la Ley 27.566. Lo hizo efectivo el 22 de abril de 2021. Pero, hoy con el actual gobierno y con los cambios de organigrama, todavía no hay certezas sobre la aplicación de Escazú.
“En Argentina, se llevan adelante procesos de toma de decisiones ambientales que vulneran los derechos de acceso y de consulta libre, previa e informada con comunidades indígenas, y se promueven en forma creciente reformas normativas y/o sanción de normas que son regresivas en materia ambiental y de derechos humanos”, enfatiza Laura Castillo, coordinadora Programa Altoandinos de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
“El avance de la derecha busca reducir el rol del Estado, promueve el extractivismo, y criminaliza a quienes lo resisten –continúa–. En este contexto, el Acuerdo de Escazú, con sus estándares obligatorios en materia de información, participación y justicia en temas ambientales se erige como un bastión para asegurar la protección del ambiente y la defensa de los derechos, máxime en un contexto global de policrisis que demanda un abordaje integral a los desafíos climáticos, de contaminación y de pérdida de biodiversidad”.
Cristian Fernández, abogado y coordinador del área de Asuntos Legales de FARN, explica que a pesar de la ratificación del Acuerdo hace tres años, aún no se estableció un sistema de gobernanza efectivo: «esto dio lugar a persistentes dificultades en el acceso a la información, la participación del público en el proceso de toma de decisiones y la criminalización de las personas defensoras del ambiente».
Un ejemplo es lo que sucede en la provincia de Jujuy. Durante el año 2023 se reformaron y sancionaron dos normativas con menor escrutinio social y a expensas de los derechos de las comunidades indígenas y de la sociedad civil. «Tanto en su proceso de reforma como en su contenido, la nueva Constitución de Jujuy y el Decreto 7551/2023, que regula los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para la actividad minera ignoraron derechos fundamentales como el acceso a la información, la participación ciudadana y la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas. Esto representa un retroceso en términos de protección ambiental, priorizando el desarrollo de la industria minera en la provincia», apunta.
Y remarca: “Es fundamental que las políticas y regulaciones se desarrollen con la participación activa de todas las partes interesadas y en concordancia con los estándares establecidos en el Acuerdo de Escazú. Esto garantizará la protección del medio ambiente y la plena salvaguarda de los derechos de las comunidades indígenas, asegurando el cumplimiento de los procedimientos de consulta y consentimiento libre, previo e informado requeridos por la normativa internacional, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el propio Acuerdo de Escazú».
«Este objetivo solo se podrá alcanzar mediante la creación y el fortalecimiento de instituciones transparentes y democráticas, así como mediante reformas progresivas continuas”, enfatiza Vanina Corral, abogada e integrante del área de Política Ambiental de FARN.

Generar políticas públicas
Para Fernández, si bien la ratificación del Acuerdo por parte de Argentina es un paso adelante, ahora es crucial generar políticas públicas concretas en coordinación con las provincias y la Nación para su implementación en el territorio. Esto debe incluir diagnósticos previos, audiencias y procesos de participación que se ajusten a los estándares establecidos en el Acuerdo de Escazú
«Si bien Argentina fue el décimo país en ratificar el Acuerdo de Escazú, lo cierto es que todavía queda mucho camino por recorrer. Falta implementarlo en prácticamente todas las áreas de gobierno. Todavía queda pendiente crear tribunales ambientales en todas las provincias para tener un mayor acceso a la justicia ambiental. La participación ciudadana debe dejar de ser un simulacro para legitimar decisiones adoptadas con anterioridad de manera vertical por las autoridades para hacer un ámbito de discusión genuina y robusta sobre daños ambientales que ocasionan distintos proyectos extractivos», apunta Cristian Fernandez, coordinador del área de Asuntos Legales de FARN.
«Falta implementar en serio la participación temprana y muchos otros temas, sobre todo lo que tiene que ver con la mayor protección y prevención que se pueda dar a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Falta un plan a nivel nacional que justamente resguarde a los defensores y prevenga todas las amenazas que pueden sufrir», completa.
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Merluza negra, demanda colectiva: El “pueblo argentino” acciona contra la pesca ilegal

Fecha de Publicación: 24/04/2024
Fuente: Diario El Sureño
Provincia/Región: Nacional


En una acción legal poco frecuente, un grupo de abogados presentó una acción de clase en defensa de un bien común: el ecosistema marino que reiteradamente es víctima de la depredación.
Después del escándalo de la persecución del buque pesquero TAI AN que operaba en la Zona Económica Exclusiva argentina (ZEEA), se inició una demanda colectiva o “acción de clase” destinada a proteger el derecho constitucional a un ambiente “equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras de los argentinos”.
La demanda ingresó en el Juzgado Civil y Comercial Federal 11 Secretaría N° 21 el 4 de abril de 2024 y fue presentada por los abogados Daniel Sallaberry, Miguel Araya y Horacio Rodolfo Belossi contra la empresa Prodesur SA, propietaria del buque pesquero de bandera argentina B/P TAI AN, por pesca ilegal dentro de la ZEEA. En esta nota, DEF te cuenta los detalles exclusivos de esta acción judicial.

Pesca ilegal en el Mar Argentino: que plantea la demanda colectiva
En la presentación, los demandantes señalan que la pesca o captura de 175 toneladas de merluza negra entre el 4 de febrero y el 11 de marzo de 2024 fue efectuada en violación de las normas vigentes y ocasionó un daño relevante al ecosistema oceánico argentino y solicitan que los responsables compensen económicamente a “la clase” –constituida por “toda la comunidad argentina”– por el daño patrimonial, extrapatrimonial o moral y punitivo ambiental.
En este caso, piden un resarcimiento económico equivalente al valor de lo extraído -en este caso la merluza negra- en el mercado internacional, más otra suma a determinarse por un sistema de monetización de daños ambientales de uso internacional en concepto de daño moral ambiental, además de la que el Tribunal determine en concepto de daño punitivo con el fin de desalentar estas conductas antijurídicas en el futuro.
Según solicitan los demandantes, dichas indemnizaciones deberán ser asignadas a un Fondo de Compensación Ambiental que se destinará a la Prefectura Naval para mejorar el control de la pesca ilegal en aguas territoriales argentinas, incluidas las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur.

Los antecedentes de demandas colectivas en Argentina y en el mundo
Los profesionales llevan adelante esta demanda colectiva en calidad de afectados y, a su vez, representantes de toda la comunidad en defensa del derecho constitucional a un ambiente sano y equilibrado para el desarrollo humano, presente y futuro.
Esta es la segunda acción de este tipo a nivel nacional en la que “la clase” está constituida por 45 millones de personas. La anterior fue la causa “Giménez Alicia Fanny c/ Monsanto, Bayer etc. sobre transgénicos y agrotóxicos”.
Hay muy pocos casos similares a nivel mundial –si es que hay alguno– que contemplen una clase tan numerosa. Ni siquiera la famosa causa por contaminación con asbesto en Estados Unidos implicó a tanta gente.
La demanda ingresó en el Juzgado Civil y Comercial Federal 11 Secretaría N° 21 el 4 de abril de 2024.

El poder de la acción colectiva en el sistema judicial
Según la normativa, están autorizados a buscar reparación y el cese de las actividades en este tipo de perjuicios colectivos generados a cualquier ciudadano afectado tanto el Defensor del Pueblo, como las ONG ambientalistas y los diversos estamentos del Estado.
La noción de acción de clase implica que una decisión judicial tiene un alcance general para todas las personas o miembros de un grupo que se ven afectados en un mismo derecho, con el propósito de evitar la multiplicidad de demandas.
En materia ambiental, para que sea pertinente la competencia federal judicial deben existir dos condiciones: la degradación o contaminación efectiva y que el recurso sea interjurisdiccional, como es el caso de la merluza negra, especie migratoria y frágil que está protegida internacionalmente y forma parte del patrimonio nacional.
El incidente se suma a otro anterior ocurrido en el puerto de Ushuaia donde se detectó la llegada del mismo buque con merluza negra.
Quizás el caso más resonante de una acción de clase que hace décadas espera una solución efectiva es el conocido como causa de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
Este proceso se inició en 2004, impulsada por los mismos abogados, cuando un grupo de vecinos, mediante una acción de daño ambiental colectivo, presentó una demanda contra el Estado Nacional, la Provincia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas, reclamando la recomposición del ambiente, la creación de un fondo para financiar el saneamiento de esta Cuenca y un resarcimiento económico por daños y perjuicios provocados por la contaminación.
Esta causa –“Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza–Riachuelo)– continúa veinte años después esperando el cumplimiento de la sentencia de 2008 que ordenaba, en un fallo inédito, la recomposición ambiental.

Alerta roja en el mar argentino, los hechos
El 27 de marzo, la Armada y Prefectura Naval Argentina, en una acción coordinada, abordaron un buque de bandera china –el TAI AN– que estaba pescando ilegalmente en la ZEE del Mar Argentino.
El incidente se inició cuando las autoridades nacionales, a cargo de la vigilancia de la región, lo detectaron navegando 12 millas adentro de las aguas jurisdiccionales argentinas y con el sistema de identificación automática (AIS) apagado.
El barco chino ignoró los intentos de comunicación de parte del buque argentino hasta encontrarse en aguas internacionales, momento en el que activó también el identificador.
Pasadas apenas unas horas y con el equivocado convencimiento de que las autoridades argentinas no regresarían, volvieron a la zona para continuar con la depredación. Sin embargo, la corbeta y el patrullero oceánico, debido a un cambio de rumbo, retornaron la ruta y confirmaron la operación irregular de la embarcación.
Las indemnizaciones deberán ser asignadas a un fondo de compensación ambiental que se destinará a la Prefectura Naval Argentina para mejorar el control de la pesca ilegal.
Este incidente se suma a otro que había ocurrido la semana anterior en el puerto de Ushuaia, donde se detectó al mismo barco llevando a cabo capturas ilegales de merluza negra, se especula que desde mediados de febrero.
Esta especie se encuentra protegida por un sistema de cuotas establecido por el Consejo Federal Pesquero (CFP), mediante un régimen de Cuotas Individuales Transferibles de Capturas (CITC), que están asignadas a tres barcos en Argentina pertenecientes a las empresas nacionales. Y cuenta también con protección internacional que exige que las embarcaciones tengan asignada una cuota para las capturas.

El informe del INIDEP sobre la pesca ilícita del TAI AN
Según un informe del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, INIDEP, (organismo cuya misión es asesorar sobre el uso racional de los recursos pesqueros) entre el 4 de febrero y el 11 de marzo de 2024 el pesquero TAI AN capturó 175 toneladas de merluza negra, utilizando redes de arrastre de fondo a una profundidad promedio de 450 metros, dentro del Área de Protección de Juveniles de esa especie.
Este arte de pesca está prohibido en el sector protegido y, según el INIDEP, la captura de juveniles superó ampliamente el límite permitido.
A esto se suma que el buque no posee autorización para la pesca de merluza negra desde 2020. El informe, por último, sostiene que la apropiación de este recurso protegido no fue producto de la imprudencia, sino que se efectuó con la intención concreta de obtener un rédito económico, ignorando el daño al ecosistema marino.
Este caso es uno más de los muchos a los que se enfrenta la Argentina de explotación de especies por parte de flotas extranjeras, en especial de bandera china, que operan en el Atlántico Sur, en los límites de la ZEEA.
Ante esta situación, la acción legal iniciada busca proteger un bien colectivo, de naturaleza común, y promover la conciencia sobre la importancia de las regulaciones ambientales en el sector pesquero.
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Identificaron un nuevo ejemplar de Yaguareté en Formosa y aumentan las esperanzas de conservación de la especie

Fecha de Publicación: 23/04/2024
Fuente: Nea Hoy
Provincia/Región: Formosa


El descubrimiento, capturado en dos videos obtenidos por cámaras trampa en febrero y marzo, confirma la presencia de este nuevo ejemplar, cuyo patrón de manchas en el pelaje permite su identificación individual. En forma conjunta realizan su monitoreo el equipo del Proyecto Yaguareté, el Ministerio de la Producción y Ambiente de Formosa, respaldado por la Fundación Vida Silvestre Argentina y la Subsecretaría de Ambiente de la provincia del Chaco.
Se confirmó la presencia de un nuevo yaguareté en la provincia de Formosa, como resultado de un levantamiento con cámaras trampa. Este macho adulto, nunca antes registrado, fue avistado en un campo productivo privado del departamento Patiño, en una zona crucial para la conservación de esta especie.
El Grupo de Colaboradores para la Conservación del Yaguareté, liderado por el Proyecto Yaguareté (CeIBA-CONICET) en conjunto con el Ministerio de la Producción y Ambiente de Formosa, respaldado por la Fundación Vida Silvestre Argentina y la Subsecretaría de Ambiente de la provincia del Chaco, realizó este trabajo de monitoreo.
El descubrimiento, capturado en dos videos obtenidos por cámaras trampa en febrero y marzo, confirma la presencia de este nuevo ejemplar, cuyo patrón de manchas en el pelaje permite su identificación individual.
“Este hallazgo es especialmente significativo, ya que se pensaba que era una nueva aparición del primer macho registrado en la zona en 2023. Sin embargo, el análisis detallado de los videos reveló que se trata de un ejemplar distinto, el segundo en la zona y el séptimo en toda la región chaqueña”, explican desde Vida Silvestre.
Este nuevo hallazgo refuerza la importancia del trabajo comunitario y la colaboración interinstitucional en la conservación del yaguareté y estos grandes felinos. Agustín Paviolo, investigador del CONICET y coordinador del Proyecto Yaguareté, expresó su optimismo al respecto, señalando la necesidad de conservar corredores que permitan la coexistencia de estas especies con las actividades humanas.
Fernando Miñarro, director de Conservación de Fundación Vida Silvestre Argentina, resaltó la importancia de seguir sumando esfuerzos para la restauración de los bosques y la conectividad entre personas, flora y fauna en la región chaqueña, destacando el significado de este nuevo registro para la conservación.
En los próximos meses, se ampliará el área de monitoreo y se llevarán a cabo actividades de difusión y educación ambiental para aumentar la tolerancia de los pobladores y productores hacia la presencia del yaguareté, mientras el Grupo de Colaboradores se mantendrá alerta ante posibles situaciones de conflicto.

¿Por qué es importante la conservación del yaguareté?
El yaguareté (Panthera onca) es el felino más grande del continente americano y el tercero a nivel mundial, después del león y el tigre asiático. La especie se encuentra en peligro crítico de extinción en Argentina debido a la pérdida y fragmentación de su hábitat, el atropellamiento en rutas y la caza ilegal del felino y sus presas.
Como el mayor depredador del ecosistema, el yaguareté cumple un rol ecológico fundamental regulando las poblaciones de otros vertebrados, especialmente de los grandes herbívoros, por lo tanto, su presencia es un buen indicador de la salud de los ecosistemas.
Informar a las autoridades los datos de la presencia de esta especie es clave para poder seguir trabajando en su monitoreo y conservación.
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La Ciudad de Buenos Aires conformó un gabinete de cambio climático

Fecha de Publicación: 23/04/2024
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Capital Federal


Tras la epidemia de dengue, la suba de las temperaturas y el incremento de eventos extremos, se trabajará el tema transversalmente entre los ministerios
Los impactos del calentamiento global golpean, cada vez, con mayor frecuencia a la ciudad de Buenos Aires. Los datos y estadísticas que manejan en el gobierno porteño lo muestran claramente. Es por eso que se conformó un gabinete de cambio climático en el seno de la administración local.
“La constitución del gabinete está impulsada por la urgencia climática, la extrema relevancia y la necesidad de articulación transversal que tiene esta temática y responde, a su vez, al mandato de la ley local de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático”, indicó el gobierno porteño mediante un comunicado.
El cuerpo, que se reunirá periódicamente –algunos ministerios serán convocados mensualmente y otros, cada dos meses– estará presidido por la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, y contará con la coordinación de la Subsecretaría de Ambiente. A su vez, estará integrado por representantes de todos los ministerios y tendrá instancias de participación de las organizaciones de la sociedad civil, sector privado y académico y referentes de las sedes comunales que, divididos en mesas de trabajo, avanzarán en el diseño de una política climática transversal.
Tres de los ministerios clave que conformarán este gabinete son el de Salud, el de Hacienda y el de Infraestructura. También la subsecretaría de Emergencias asistirá a estas reuniones, organismo clave a la hora de planificar los protocolos de urgencia, por ejemplo, ante inundaciones y temporales como el que ocurrió en diciembre pasado.
Entre los objetivos de la iniciativa está la revisión del Plan de Acción Climática 2050, que la Ciudad actualizó en 2015. Éste contiene 24 acciones prioritarias y 267 subacciones que apuntan trabajar en la mitigación y adaptación ante los efectos del cambio climático. El nuevo plan debe ser presentado en 2026.
Pero no será lo único. La idea de que participen los ministerios de Hacienda e Infraestructura es adaptar las obras públicas a estas nuevas necesidades. La nueva gestión, encabezada por Jorge Macri, planea trabajar en movilidad sustentable y en residuos, entre varios temas.
Uno de los proyectos a los que apuesta el jefe de gobierno es la implementación de un Trambus, colectivos eléctricos articulados, como funcionan en Roma, Italia. La intención es que para el año próximo puedan adquirirse los primeros coches para hacer un recorrido entre la Ciudad Universitaria y Retiro. En una segunda etapa, se podría extender hacia el Sur por el borde del Riachuelo.
La idea es que funcione, sin emitir gases de efecto invernadero, y como articulador de los medios de transporte ya existentes. Y brindaría un servicio, por ejemplo, para conectar el Aeroparque Metropolitano con la estación de trenes de Retiro.
La gestión de residuos, que representa el 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Ciudad, es un tema complejo. Además de insistir en el plan de separación de residuos y de continuar con las multas y apercibimientos a grandes generadores como hoteles, restaurantes y edificios de más de 40 unidades, la nueva gestión busca cambiar la tecnología para la disposición final de la basura, que hoy se entierra en los rellenos sanitarios de la Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad el Estado (Ceamse). En el Área Metropolitana de Buenos Aires se generan y se entierran diariamente 17.000 toneladas de desecho, el 87% en José León Suárez.
El oficialismo insistirá con el waste to energy, que es la quema de residuos para la utilización térmica de la energía, usando como modelo las ciudades de París y Barcelona. La intención no es nueva, de hecho, la Legislatura porteña allanó el camino para la instalación de este tipo de plantas en 2018, algo que se interpretaba como prohibido en la ley denominada de Basura Cero.
La técnica de recuperación de energía por la incineración tiene estándares de calidad elevados. Hay más de 2000 plantas funcionando en todo el mundo y 500 de ellas, en Europa. Los costos de esas plantas están entre 450 millones de dólares y USD 800 millones.
En aquel momento, prepandemia, la idea era que las plantas se instalaran en la Ciudad; otra, en Lomas de Zamora y una tercera, en San Miguel. Cada uno de los establecimientos contendría una planta de procesamiento mecánico biológico, igual a la que funciona en el predio de José León Suárez, Norte III.
La mayor traba de estos dos grandes proyectos es el financiamiento. Sin embargo, en el gobierno porteño creen que es posible conseguir financiación internacional para poder lograrlo. La participación de la Ciudad en el grupo de ciudades líderes contra el cambio climático, el C40, también obliga al distrito a subir el estándar en esta materia. Hoy varios de estos distritos cuentan con sello verde para los presupuestos anuales que aprueban. Por el momento Buenos Aires está bastante lejos de poder alcanzar ese objetivo.
“La Ciudad de Buenos Aires es pionera en materia de agenda ambiental, un eje de trabajo que fue impulsado por Mauricio [Macri] en 2009 y continuado por Horacio [Rodríguez Larreta]. Hoy, tenemos el desafío de sostener ese camino recorrido, construyendo y agregando sobre lo que ya logramos. El trabajo articulado entre las distintas áreas de gobierno, que se plasma en este Gabinete, es fundamental para avanzar en ese sentido”, detalló Macri en el anuncio de la conformación del cuerpo..
Clara Muzzio, por su parte, destacó: “El gabinete de cambio climático va a trabajar para que la Ciudad esté cada vez mejor preparada para enfrentar y sobreponerse a los eventos climáticos extremos que son cada vez más intensos y frecuentes”. Algunos de los temas que se abordarán serán: biodiversidad urbana, riesgos climáticos, transición energética y economía circular. Como asesor externo del cuerpo trabajará Carlos Gentile, ex secretario nacional de Cambio Climático durante la gestión macrista.
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En 25 años, Argentina deforestó el equivalente a una provincia entera, según Greenpeace

Fecha de Publicación: 22/04/2024
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional


Pese al consenso científico internacional sobre la crisis climática y la importancia de proteger la biodiversidad, las políticas de protección de ecosistemas claves como los bosques nativos resultan insuficientes ante el avance de una situación de degradación ambiental que alcanzó el estatus sostenido de emergencia.
El 22 de abril se conmemora el Día Internacional de la Madre Tierra, establecido por la Organización de las Naciones Unidas en 2009 para sensibilizar y alertar sobre la importancia del cuidado del medioambiente. En ese marco es que Greenpeace, organización ecologista, alerta nuevamente sobre el preocupante avance de los desmontes ilegales en el norte de Argentina.
Según un reciente informe elaborado por Greenpeace en base al monitoreo de imágenes satelitales, durante 2023 en el norte del país se perdieron 126.149 hectáreas de bosques nativos, un 6,2% más que en 2022, siendo Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta las provincias más afectadas.
En Córdoba el problema más importante son los incendios y el avance de los negocios inmobiliario y ganadero sobre el bosque protegido.
“Estamos ante una evidente emergencia climática y de biodiversidad que nos obliga a actuar en consecuencia. Debemos avanzar en forma urgente en la prohibición y penalización de la deforestación”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
El agresivo desmonte que se registra en el país se traduce en un agravamiento de las consecuencias del cambio climático, que van desde más inundaciones y desertificación hasta extinción de especies, desalojos de comunidades campesinas e indígenas y aparición de enfermedades.
El fenómeno no es nuevo: entre 1998 y 2022 la pérdida de bosques nativos en el país fue de cerca de 7 millones de hectáreas, equivalente a la superficie de la provincia de Formosa, de acuerdo a datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Sin embargo, Greenpeace advierte sobre el aumento de los desmontes durante el año pasado, sobre todo en forma ilegal. El ejemplo más evidente es el caso de Chaco, todos los desmontes realizados en 2023 fueron ilegales debido a que rige una suspensión establecida por la Justicia provincial desde 2020 por la falta de actualización de su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). En tanto, en Santiago del Estero el 80% de los desmontes fueron ilegales.
Si bien es alentador que desde 2014 se evidencie una disminución de la deforestación, cercana al 40% respecto del promedio de la década previa a la Ley de Bosques sancionada en 2007, aún más de la mitad de los desmontes se realizan donde no está permitido.
La principal causa de la pérdida de bosques nativos es el avance de la frontera agropecuaria, principalmente para ganadería intensiva y soja transgénica que tiene a Asia y Europa como mayor destino.
No es el único impacto de esas prácticas, si se considera que la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la deforestación representan el 39% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero de la Argentina y contribuyen, así, a una crisis climática de consecuencias ya evidentes.
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Avellaneda: contaminación y más de 400 denuncias sin respuesta

Fecha de Publicación: 22/04/2024
Fuente: Bae Negocios
Provincia/Región: Buenos Aires


Los habitantes de Villa Inflamable, en el partido de Avellaneda, reconocen que redoblan sus esfuerzos para vivir respirando lo menos posible. Una situación que vinculan con emanaciones tóxicas adjudicadas a un polo petroquímico cercano que vierte residuos patogénicos en el arroyo Sarandi, según denunciaron los vecinos. Por esta razón, el municipio debe proveerles agua potable, aunque los residentes aseguraron no haber recibido bidón alguno, así como tampoco respuestas ante sus más de 400 denuncias.
"Desde siempre vivimos así", sentenció María Ducomls, vecina de Villa Inflamable, en referencia al estado de situación que allí se asienta como consecuencia de los gases tóxicos y el derrame de desechos, un cuadro que tanto ella como sus vecinos es responsabilidad de una empresa dedicada al acopio y al procesamiento de residuos patogénicos. Justamente, Ducomls reveló: "El miércoles fui al municipio porque ya es insostenible respirar. El olor es terrible, te descompone el estómago, te seca la boca y te hace picar la garganta".
El panorama que brinda la vecina es el mismo que describió Christian Bonazzolla, quien afirmó: "No podemos seguir viviendo así, ningún ser humano merece estas condiciones. Por ejemplo, lavás la ropa, la colgás y al otro día está toda cubierta con hollín". Por su parte, Raúl Estrada Oyuela, abogado denunciante, consideró: "La situación es extremadamente mala, las autoridades tienen conocimiento pero miran para otro lado. Ni siquiera suministran los bidones de agua desde hace dos meses. Es una irresponsabilidad total".
Por este daño ambiental, los vecinos radicaron más de 400 denuncias, que fueron "cajoneadas y archivadas", según reveló Ducomls. Al respecto, la vecina manifestó: "Me presenté ante el secretario de Ambiente, Carlos Lombardo, y le dije que no podíamos más. No me dio ningún tipo de respuesta convincente. Eso sí, después dicen que el Municipio de Avellaneda protege el ambiente con parquecitos y que cuida la reserva, mientras del otro lado nos estamos muriendo por la contaminación".
El funcionamiento de la compañía que emplea residuos patogénicos nunca se detuvo, ocasionando severas consecuencias, según indicaron los residentes de Villa Inflamable. Por un lado, Bonazzolla detalló: "Los días de lluvia, el barrio se vuelve una olla en la que el agua se acumula y entra a las casas con todos los residuos". Por otro lado, Ducomls aseveró que en dicha zona se registró una importante cantidad de casos de niños con plombemia, una afección provocada por un elevado nivel de plomo en sangre, y con enfermedades respiratorias. Y agregó: "Me hago veinte sesiones de paff por día".
Sin embargo, en este contexto apremiante, los residentes del mencionado punto de Avellaneda afirmaron que no cuentan con un establecimiento médico donde puedan acudir. En referencia a ello, Ducomls enfatizó: "No hay salita, la venimos pidiendo hace dieciocho años. Hasta ahora solo disponemos de una habitación con un consultorio, que funciona de 8 a 16, pero atienden solo cuatro horas y a veces menos". Al mismo tiempo, Bonazzolla detalló: "En el municipio figuran dos salitas. Una no atiende por falta de médicos y la otra andá a encontrarla".
Por estos factores, los vecinos de Villa Inflamable remarcaron que el horizonte es oscuro, aunque no por las emanaciones gaseosas sino por la falta de intervención municipal. En este sentido, Bonazzolla completó: "Cada vez que vuelvo a casa no sé si me voy a cruzar con las ratas que vienen del arroyo Sarandí o con las que andar armadas, porque acá encima nos roban".
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Caza deportiva en Santa Cruz: “No hay sobrepoblación, los guanacos se están recuperando”

Fecha de Publicación: 20/04/2024
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Santa Cruz


Así lo aseguró el biólogo Emiliano Donadío, en referencia a la reciente polémica por la resolución emitida por el Consejo Agrario Provincial que permite la caza deportiva en Santa Cruz.
La polémica generada tras la autorización del Consejo Agrario Provincial de encuadrar la caza de pumas, zorros, guanacos y especies introducidas como caza deportiva ha despertado un sinnúmero de opiniones que oscilan entre el repudio por aquellos afines al proteccionismo de las especies autóctonas y aquellos que no les parece algo malo o les es indiferente.
Sin embargo, muchos alegan que se trata de una práctica que se lleva adelante en la provincia de Santa Cruz desde hace décadas por lo que la problemática no es nueva, pero lo que sí es nuevo, es el interés por parte de la sociedad de frenar la matanza indiscriminada de la fauna autóctona patagónica.
En este marco, el biólogo perteneciente a Rewilding Argentina, Emiliano Donadio, dialogó con el programa de radio Planeta Tiempo, que se emite por Tiempo FM 97.5 y explicó que la polémica se originó a causa del estado público que tomó la actividad regulada por el Consejo Agrario Provincial: “El tema de los cupos y la apertura de la caza deportiva no es nuevo, solo que ahora tomó estado público, pero es algo que viene ocurriendo desde hace varios años, ya sea como caza deportiva o caza de control” detalló y resaltó el compromiso por parte de la sociedad para con la causa ambiental: “No es un problema nuevo, pero lo nuevo es que a la sociedad no le parece algo neutro o sin importancia, sino que le preocupa y participa activamente de estos temas sobre qué hacemos con nuestra fauna nativa”, apuntó.
El biólogo señaló que la “sobrepoblación” de guanacos en la Patagonia se trata de un problema de larga data y que, hace algunos años, “se ha intentado resolver mediante matanza de animales, pumas y guanacos durante décadas y esa estrategia ha demostrado ser un fracaso total porque estamos en el 2024 y todavía el conflicto persiste” por lo que desde la Fundación que integra consideran que “es tiempo de buscar alternativas que no impliquen el control letal o que este sea lo menos frecuente o se use lo menos posible”, puntualizó y prosiguió: “Nuestra organización lo que propone es considerar al puma y al guanaco como algo importante en una industria basada en el ecoturismo de observación de fauna. Esto se hace y no es nuevo”, detalló.
“Hay otras alternativas que están proponiendo otras organizaciones como el INTA y otras ONG que tienen que ver con el implementar disuasivos que disminuyan el conflicto como la utilización de perros protectores y, para otros más pequeños que pueden manejar el ganado, hay luces disuasivas que evitan que los predadores se acerquen”, añadió.
Al ser consultado por este medio sobre por qué se desató la polémica sobre la autorización de la caza deportiva actualmente y por qué no ocurrió en años anteriores, Donadio explicó que se trata de una situación interesante ya que atribuye lo ocurrido a una mayor “sensibilidad general en lo que respecta al medioambiente”: “Tiene mucho que ver con el cambio climático y la nueva generación de seres humanos que están muy preocupados por su futuro y que ven que si no paramos todo lo que estamos haciendo van a tener que lidiar con problemas ambientales sumamente gravísimos y que los pueden afectar de una manera muy fuerte y esto atraviesa a la sociedad en cuanto a estatus sociales y profesiones”, remarcó.

Guanacos: ¿Hay sobrepoblación o no?
Por último, el biólogo perteneciente a Rewilding Argentina se refirió a la aparente “sobrepoblación” del guanaco en la Patagonia y explicó que la misma no es tal sino que la especie autóctona se encuentra en un proceso de “repoblación” teniendo en cuenta que se trata de una especie que predominaba en mayoría antes de que la Patagonia sea conocida como tal: “Hay un tema que tenemos que corregir que es la idea de “sobrepoblación” de los guanacos, ya que los mismos existen en la Patagonia desde hace miles de años, en donde había un aproximado de 20 millones de guanacos antes de que llegaran los europeos. Con la llegada de la producción ovina, el número de guanacos fue reducido en un 90% y ahora que la producción ovina en buena parte de las tierras de Patagonia está colapsando porque los campos fueron sobrepastoreados y el suelo se está perdiendo por erosión, los guanacos y pumas están recolonizando y volviendo a ocupar los lugares donde fueron erradicados”, subrayó.
“No hay una sobrepoblación, lo que sí hay es una recolonización de los guanacos de las áreas en donde fueron erradicados, ya sea por competencia, por el ganado ovino o la competencia y por la “chulengueada”, es decir, la cacería de los guanacos recién nacidos para sacarles el cuero. No hay sobrepoblación, los guanacos están recuperando y están muy lejos de la abundancia que tuvieron en tiempos históricos”, cerró.
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