La ley de glaciares fue ratificada por la Corte Suprema
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La Corte Suprema ratificó que es constitucional la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 05/06/2019
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
El máximo tribunal cerró así una causa iniciada por Barrick Gold en 2001. Con la ley en plena vigencia, podrían verse afectados 40 proyectos mineros en marcha y posibles inversiones por 18.000 millones de dólares.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró constitucional la Ley de Glaciares. Se trata de la norma que protege los cuerpos de agua de la Argentina y determina, entre otras cosas, dónde puede haber actividad minera y dónde no. El fallo implicará lecturas múltiples. Será leído y celebrado por ambientalistas como una medida en defensa del Medio Ambiente. Pero generará un fuerte rechazo de la industria minera, la principal perjudicada por esta decisión. Por elevación, significará un golpe para el Gobierno, que buscaba modificar la ley para garantizarse nuevas inversiones del sector.
La decisión del máximo tribunal es el punto final de un largo camino, iniciado en 2011 por la minera Barrick Gold, que opera los yacimientos de Pascua Lama y Veladero en San Juan. Entonces, la empresa pidió que se revisará la legalidad de dicha normativa. Planteaba que debían ser redefinidos los límites geográficos y morfológicos de los sitios donde puede practicarse la actividad porque en buena medida, así como está escrita la ley, los dejaba fuera del negocio.
La decisión de la Corte de declarar constitucional la ley, en contra de las pretensiones de Barrick, no solo supone un problema para esta compañía, sino que además definirá la suerte de otros 44 proyectos mineros que por su ubicación, de acuerdo con datos de la Secretaría de Ambiente, afectan áreas glaciares (glaciar propiamente dicho) o periglaciares (suelo congelado).
El fallo salió de manera unánime y que los jueces del cuerpo judicial citaron entre sus argumentos la división de poderes y la garantía constitucional del artículo 41 por un ambiente sano, así como también el cumplimiento del Acuerdo de París, en términos de lucha contra el cambio climático.
La ley de protección de glaciares establece los presupuestos mínimos para "la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad, como fuente de información científica y como atractivo turístico".
La norma tuvo un debut intrincado. El 10 de noviembre de 2008, al poco tiempo de ser sancionada, Cristina Kirchner la vetó, argumentando que excedía las facultades reservadas a la Nación en el artículo 41 de la Constitución. Sobradas fuentes señalaron entonces que aquella decisión presidencial se había dado como una concesión a las presiones de la industria minera. El periodismo lo llamó “El veto Barrick”, aludiendo a la minera Barrick Gold, cuyos proyectos Pascua Lama y Veladero, en la provincia de San Juan, se veían comprometidos por la aplicación de la ley.
Lo que vino después fue una fuerte presión social, con ecos en el parlamento, y la reglamentación definitiva en 2011, a pesar de la resistencia de la industria y por impulso del entonces diputado Miguel Bonasso.
Durante los años siguientes, por medio de amparos judiciales, la aplicación de la norma fue quedando en suspenso una y otra vez. Las mineras pudieron seguir operando. Pero esto no impidió que el Instituto Argentino de Glaciología, el IANIGLA, llevara adelante el conteo de todos los glaciares del país, un inventario que la misma ley ordenaba que se hiciera. Hace justo un año se conoció el resultado de ese relevamiento. En la Argentina hay 16.968 cuerpos de hielo (16.078 en la Cordillera y 890 en las Islas del Atlántico Sur). Ocupan 8.484 kilómetros cuadrados.
La minería es una industria muy apuntalada por el gobierno de Cambiemos y sobre todo por el puñado de gobernadores de la provincias mineras. Tanto es así que en 2017 se conoció un paper del gobierno en el que se planteaba directamente una reforma de la ley de glaciares casi a pedido de las mineras. De acuerdo con datos de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, el sector emplea a más de 80.000 personas y el año pasado pagó casi 30.000 millones de pesos en impuestos a las provincias y a la Nación. Pero el caramelo son las inversiones por casi 18.000 millones de dólares que el sector le viene prometiendo al Gobierno desde 2015. En buena medida, muchas de esas inversiones permanecieron frenadas por dos escenarios indefinidos, lo que ocurriera con la situación económica y el destino final de la ley de los cuerpos de hielo cordilleranos. Ese que se conocerá hoy.
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Fecha de Publicación: 05/06/2019
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
El máximo tribunal cerró así una causa iniciada por Barrick Gold en 2001. Con la ley en plena vigencia, podrían verse afectados 40 proyectos mineros en marcha y posibles inversiones por 18.000 millones de dólares.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró constitucional la Ley de Glaciares. Se trata de la norma que protege los cuerpos de agua de la Argentina y determina, entre otras cosas, dónde puede haber actividad minera y dónde no. El fallo implicará lecturas múltiples. Será leído y celebrado por ambientalistas como una medida en defensa del Medio Ambiente. Pero generará un fuerte rechazo de la industria minera, la principal perjudicada por esta decisión. Por elevación, significará un golpe para el Gobierno, que buscaba modificar la ley para garantizarse nuevas inversiones del sector.
La decisión del máximo tribunal es el punto final de un largo camino, iniciado en 2011 por la minera Barrick Gold, que opera los yacimientos de Pascua Lama y Veladero en San Juan. Entonces, la empresa pidió que se revisará la legalidad de dicha normativa. Planteaba que debían ser redefinidos los límites geográficos y morfológicos de los sitios donde puede practicarse la actividad porque en buena medida, así como está escrita la ley, los dejaba fuera del negocio.
La decisión de la Corte de declarar constitucional la ley, en contra de las pretensiones de Barrick, no solo supone un problema para esta compañía, sino que además definirá la suerte de otros 44 proyectos mineros que por su ubicación, de acuerdo con datos de la Secretaría de Ambiente, afectan áreas glaciares (glaciar propiamente dicho) o periglaciares (suelo congelado).
El fallo salió de manera unánime y que los jueces del cuerpo judicial citaron entre sus argumentos la división de poderes y la garantía constitucional del artículo 41 por un ambiente sano, así como también el cumplimiento del Acuerdo de París, en términos de lucha contra el cambio climático.
La ley de protección de glaciares establece los presupuestos mínimos para "la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad, como fuente de información científica y como atractivo turístico".
La norma tuvo un debut intrincado. El 10 de noviembre de 2008, al poco tiempo de ser sancionada, Cristina Kirchner la vetó, argumentando que excedía las facultades reservadas a la Nación en el artículo 41 de la Constitución. Sobradas fuentes señalaron entonces que aquella decisión presidencial se había dado como una concesión a las presiones de la industria minera. El periodismo lo llamó “El veto Barrick”, aludiendo a la minera Barrick Gold, cuyos proyectos Pascua Lama y Veladero, en la provincia de San Juan, se veían comprometidos por la aplicación de la ley.
Lo que vino después fue una fuerte presión social, con ecos en el parlamento, y la reglamentación definitiva en 2011, a pesar de la resistencia de la industria y por impulso del entonces diputado Miguel Bonasso.
Durante los años siguientes, por medio de amparos judiciales, la aplicación de la norma fue quedando en suspenso una y otra vez. Las mineras pudieron seguir operando. Pero esto no impidió que el Instituto Argentino de Glaciología, el IANIGLA, llevara adelante el conteo de todos los glaciares del país, un inventario que la misma ley ordenaba que se hiciera. Hace justo un año se conoció el resultado de ese relevamiento. En la Argentina hay 16.968 cuerpos de hielo (16.078 en la Cordillera y 890 en las Islas del Atlántico Sur). Ocupan 8.484 kilómetros cuadrados.
La minería es una industria muy apuntalada por el gobierno de Cambiemos y sobre todo por el puñado de gobernadores de la provincias mineras. Tanto es así que en 2017 se conoció un paper del gobierno en el que se planteaba directamente una reforma de la ley de glaciares casi a pedido de las mineras. De acuerdo con datos de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, el sector emplea a más de 80.000 personas y el año pasado pagó casi 30.000 millones de pesos en impuestos a las provincias y a la Nación. Pero el caramelo son las inversiones por casi 18.000 millones de dólares que el sector le viene prometiendo al Gobierno desde 2015. En buena medida, muchas de esas inversiones permanecieron frenadas por dos escenarios indefinidos, lo que ocurriera con la situación económica y el destino final de la ley de los cuerpos de hielo cordilleranos. Ese que se conocerá hoy.
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El PI quiere derogar la ley antiminera mendocina
Este es el proyecto del PI que plantea derogar la ley 7722
Fecha de Publicación: 05/06/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Fue presentado por el diputado provincial del Partido Intransigente y precandidato a intendente de Maipú, Eduardo Martínez Guerra. Plantea derogar la legislación vigente y crear un Consejo Provincial de Protección del Agua y del Ambiente como órgano responsable de proponer una "política hídrica y ambiental consensuada para la preservación y uso eficiente de los recursos.
En medio de la campaña electoral, el Partido Intransigente ha puesto en el centro de la discusión un tema que históricamente ha sido sensible en la provincia de Mendoza. En concreto, el diputado provincial y precandidato a intendente de Maipú, Eduardo Martínez, presentó un proyecto que plantea la derogación de la ley 7722 que limita la minería en la provincia.
El proyecto de Martínez contó con la colaboración del geólogo Eliseo Sepúlveda y el geógrafo Julio Guarido. Ambos son afiliados del PI y forman parte de los cuadros técnicos del partido que lleva a Dante González como precandidato a gobernador.
En sus fundamentos, el proyecto explica que cuando se sancionó la ley 7722 en el año 207, no existía la misma tecnología que hoy para controlar los emprendimientos mineros.
En este sentido, aseguran que es una ley que no está destinada a proteger el recurso hídrico sino más bien está destinada a obstaculizar el desarrollo de la actividad minera. "La protección del agua no debe ponerse en duda, por el contrario, debe establecerse una estructura fortalecida de control, que concentre el conocimiento específico respecto a la actividad a controlar, que incorpore en la toma de decisiones a sectores de la sociedad, que desarrolle su labor en conjunto con las jurisdicciones de protección ambiental y que planifique la actividad", sostiene el proyecto.
Por eso, en su artículo 1 contempla la creación del Consejo Provincial de Protección del Agua y del Ambiente, en adelante denominado “COPROAA”,como órgano consultivo, responsable de elaborar y proponer política hídrica y ambiental consensuada para la preservación y uso eficiente de los recursos.
Además de enumerar las funciones del COPROAA, en el artículo 14 aparece el punto más polémico de la normativa. Allí, plantea la derogación de la Ley Provincial 7722. Esa posibilidad ya ha sido calificada como inviable por funcionarios del gobierno provincial.
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Fecha de Publicación: 05/06/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Fue presentado por el diputado provincial del Partido Intransigente y precandidato a intendente de Maipú, Eduardo Martínez Guerra. Plantea derogar la legislación vigente y crear un Consejo Provincial de Protección del Agua y del Ambiente como órgano responsable de proponer una "política hídrica y ambiental consensuada para la preservación y uso eficiente de los recursos.
En medio de la campaña electoral, el Partido Intransigente ha puesto en el centro de la discusión un tema que históricamente ha sido sensible en la provincia de Mendoza. En concreto, el diputado provincial y precandidato a intendente de Maipú, Eduardo Martínez, presentó un proyecto que plantea la derogación de la ley 7722 que limita la minería en la provincia.
El proyecto de Martínez contó con la colaboración del geólogo Eliseo Sepúlveda y el geógrafo Julio Guarido. Ambos son afiliados del PI y forman parte de los cuadros técnicos del partido que lleva a Dante González como precandidato a gobernador.
En sus fundamentos, el proyecto explica que cuando se sancionó la ley 7722 en el año 207, no existía la misma tecnología que hoy para controlar los emprendimientos mineros.
En este sentido, aseguran que es una ley que no está destinada a proteger el recurso hídrico sino más bien está destinada a obstaculizar el desarrollo de la actividad minera. "La protección del agua no debe ponerse en duda, por el contrario, debe establecerse una estructura fortalecida de control, que concentre el conocimiento específico respecto a la actividad a controlar, que incorpore en la toma de decisiones a sectores de la sociedad, que desarrolle su labor en conjunto con las jurisdicciones de protección ambiental y que planifique la actividad", sostiene el proyecto.
Por eso, en su artículo 1 contempla la creación del Consejo Provincial de Protección del Agua y del Ambiente, en adelante denominado “COPROAA”,como órgano consultivo, responsable de elaborar y proponer política hídrica y ambiental consensuada para la preservación y uso eficiente de los recursos.
Además de enumerar las funciones del COPROAA, en el artículo 14 aparece el punto más polémico de la normativa. Allí, plantea la derogación de la Ley Provincial 7722. Esa posibilidad ya ha sido calificada como inviable por funcionarios del gobierno provincial.
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Justicia del Chaco suspendió más de 50 permisos de desmonte
La Justicia del Chaco ordenó frenar desmontes en zonas protegidas
Fecha de Publicación: 05/06/2019
Fuente: Urgente 24
Provincia/Región: Chaco
"De ahora en más hay una nueva esperanza para los 20 yaguaretés que luchan por sobrevivir en la región chaqueña" asegura Greenpeace, organización que denunció el incumplimiento de la Ley de Bosques en la provincia.
El Juzgado Civil y Comercial N°21 de Resistencia suspendió más de 50 permisos de desmonte en áreas donde está prohibido deforestar. La medida se mantendrá hasta que se resuelva un recurso de amparo presentado por la Defensoría del Pueblo de Chaco.
"Hace algunos días velamos una figura del yaguareté frente a la Casa de Gobierno de la provincia" detalla una comunicado de Greenpeace. "Así, demostramos una vez más cómo se extingue la especie por culpa de la destrucción de bosques nativos. No hacía falta fingir la tristeza. Sabíamos que en ese momento cientos de árboles estaban desapareciendo bajo las palas afiladas y las cadenas de las topadoras", reconoce la organización internacional
"Sin dudas, el avance de la justicia es posible porque más de 180 mil personas se sumaron a la campaña en defensa de la tierras que acompaña el Foro Gualamba, el Centro Mandela, el grupo de organizaciones Somos Monte y pueblos originarios de la provincia".reconoce Greenpeace.
Luego agrega "Ahora tenemos que controlar que el fallo se cumpla y las topadoras no avancen sobre El Impenetrable" explica la filial argentina
"Hoy el yaguareté correrá por el monte protegido, sin ruidos de máquinas destructoras. Mientras tanto, vamos a seguir reclamando hasta que los desmontes ilegales terminen para siempre", concluye el comunicado que al pie refiere la firma de integrantes de la Campaña de bosques. Positivo.
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Fecha de Publicación: 05/06/2019
Fuente: Urgente 24
Provincia/Región: Chaco
"De ahora en más hay una nueva esperanza para los 20 yaguaretés que luchan por sobrevivir en la región chaqueña" asegura Greenpeace, organización que denunció el incumplimiento de la Ley de Bosques en la provincia.
El Juzgado Civil y Comercial N°21 de Resistencia suspendió más de 50 permisos de desmonte en áreas donde está prohibido deforestar. La medida se mantendrá hasta que se resuelva un recurso de amparo presentado por la Defensoría del Pueblo de Chaco.
"Hace algunos días velamos una figura del yaguareté frente a la Casa de Gobierno de la provincia" detalla una comunicado de Greenpeace. "Así, demostramos una vez más cómo se extingue la especie por culpa de la destrucción de bosques nativos. No hacía falta fingir la tristeza. Sabíamos que en ese momento cientos de árboles estaban desapareciendo bajo las palas afiladas y las cadenas de las topadoras", reconoce la organización internacional
"Sin dudas, el avance de la justicia es posible porque más de 180 mil personas se sumaron a la campaña en defensa de la tierras que acompaña el Foro Gualamba, el Centro Mandela, el grupo de organizaciones Somos Monte y pueblos originarios de la provincia".reconoce Greenpeace.
Luego agrega "Ahora tenemos que controlar que el fallo se cumpla y las topadoras no avancen sobre El Impenetrable" explica la filial argentina
"Hoy el yaguareté correrá por el monte protegido, sin ruidos de máquinas destructoras. Mientras tanto, vamos a seguir reclamando hasta que los desmontes ilegales terminen para siempre", concluye el comunicado que al pie refiere la firma de integrantes de la Campaña de bosques. Positivo.
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Agua Rica: 15 días para presentar pruebas
Amparo ambiental: otorgan plazo de 15 días para presentar pruebas
Fecha de Publicación: 04/06/2019
Fuente: El Ancasti (Catamarca)
Provincia/Región: Catamarca
El juez Rodolfo Cecenarro pide que las partes presenten pruebas para hacer valer sus derechos.
El juez de Control de Garantías, Rodolfo Oscar Cecenarro, resolvió otorgar un plazo de 15 días para presentar sus pruebas a todas las partes involucradas en el amparo ambiental por el que se suspendió la actividad minera en Andalgalá. Es para resolver la continuidad o no de la actividad ante las noticias por la reactivación del proyecto.
El emplazamiento es para demostrar cuáles son los cuidados previstos para garantizar la salud, el bienestar de la población y la producción. Los ambientalistas, por su parte, tendrán que acreditar su postura en contra de la actividad. Es por eso que fueron notificados la empresa Minera Agua Rica, los amparistas, el Estado provincial y la Municipalidad de Andalgalá.
Hay que recordar que en enero de 2010, Vecinos Autoconvocados por la Vida, de Andalgalá, presentaron un recurso de amparo ante la Corte de Justicia, que se rechazó en todas las instancias provinciales.
En noviembre de 2012, los amparistas presentan el recurso de queja ante la Corte Suprema de la Nación.
En marzo de 2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que se revea la sentencia local y que se atienda el pedido del amparo. El recurso volvió al juzgado de Andalgalá. En septiembre de 2016, el juez Cecenarro, resuelve la suspensión de la actividad minera. Luego fue recusado y la causa se quedó sin juez por dos años. Volvió de nuevo el año pasado.
En noviembre de 2018, una comisión encabezada por el fiscal penal de Andalgalá, Alejandro Scidá, visitó el predio de Agua Rica en Minas Capillitas para realizar una inspección ocular y así saber si la empresa estuvo cumpliendo la orden del juez de Control de Garantías, Rodolfo Cecenarro que suspendía sus actividades.
Además del fiscal, la comitiva estuvo integrada por técnicos de los grupos ambientalistas que iniciaron la denuncia en contra de la actividad minera en 2010, representantes de la empresa Yamana Gold y especialistas de la Universidad Nacional de Catamarca que fueron convocados por el propio Scidá para que actúen como peritos de la Justicia.
Ahora el magistrado pide que se presenten pruebas. Recuerda que ya pasaron 9 años desde la presentación del recurso. Sostiene que ante la naturaleza de la cuestión planteada, la prioridad es el "deber de prevención, sin perjuicio de las medidas cautelares ya adoptadas en el momento conforme a las circunstancias existentes en ese momento, atento al nuevo escenario fáctico y de posible afectación de intereses colectivos y consecuente impacto socio económico, se impone la adopción de medidas razonables".
Cecenarro sostiene que a fin de "conjugar el interés general con el legítimo derecho de las partes, siendo necesario, contar con bases científicas, asegurando la participación ciudadana, estimo beneficioso para el caso que las partes ofrezcan la prueba que consideren conducentes e idóneas a fin de hacer valer sus derechos". Para su dictamen, Cecenarro recuerda que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que las cuestiones en debate involucran "el derecho humano de todos los habitantes a la salud y a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer a las generaciones futura" y por eso recomendaba el acceso a la Justicia.
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Los plásticos de un solo uso en debate, también acá
Buscan reducir los plásticos de un solo uso para enfrentar la contaminación
Fecha de Publicación: 04/06/2019
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
La restricción de sorbetes en restaurantes o la prohibición de entregar bolsas de polietileno en mercados forman parte de una tendencia mundial que incluye a Argentina para buscar una solución a la contaminación del plástico, propuesta que debe contemplar un camino de transición para la industria y poner el foco en la educación ambiental, aconsejaron especialistas.
Cada minuto se compran un millón de botellas de plástico y se usan 500.000 millones al año, mientras que casi una tercera parte de todos los envases de plástico salen de los sistemas de alcantarillado y ocho millones de toneladas acaban en los océanos cada año, amenazando a la vida marina, de acuerdo con estimaciones de la ONU.
En esta línea, la cuarta asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente logró en marzo último un acuerdo global para “reducir el consumo de plásticos de un solo uso.
La situación nacional
En Argentina, ya comenzaron algunas regulaciones al respecto como en Ushuaia, que en febrero pasado se convirtió en la primera ciudad de la Patagonia que prohibió el uso de material plástico descartable en los locales de comidas.
O la decisión de Carlos Arroyo -titular de la Municipalidad de General Pueyrredón, cuya cabecera es Mar del Plata- que el mes pasado decretó la prohibición del uso de plásticos, como sorbetes, vasos y cubiertos, en todo el sector costero con el objetivo de “proteger el medio ambiente”.
Por su parte, en la ciudad de Buenos Aires, Maximiliano Ferraro, legislador de “Vamos Juntos”, presentó en el parlamento local “un paquete de proyectos que buscan reducir o limitar el uso de ciertos plásticos que por distintos motivos no se están pudiendo recuperar y/o reciclar”.
Sobre este tema, la coordinadora del Proyecto Basura Marina de Fundación Vida Silvestre Argentina indicó que “la producción de plásticos aumentó desde los años 50 hasta ahora a un ritmo de ocho por ciento anual, llegando en 2015 a producir el peso de la población humana”, y agregó que “solamente nueve por ciento de todo el plástico que se produjo se recicló, 12 por ciento se incineró y el resto quedó en el ambiente”.
Por eso mencionó que -al no procesar semejante cantidad de residuos plásticos- las medidas que están tomando los países “son disminuir la demanda, la producción y el consumo de plástico”, aunque destacó la importancia de una “buena gestión”.
En cuanto a la regulación de materiales descartables, sugirió que hay que “respetar una transición, en la que los comercios y las industrias puedan tener un tiempo para acomodarse a los nuevos productos que van a tener que diseñar o entregar”.
En relación con las medidas que buscan reemplazar al plástico por otros materiales -como papel, cartón, aluminio- Verónica Ramos, directora Ejecutiva de la entidad especializada en plásticos y medio ambiente Ecoplas, explicó que “la sustitución de un material por otro no aportará soluciones”, porque esos serán los que luego “aparecerán abandonados en las playas”. “Èste será el nuevo resultado ya que no estamos apuntando ni al consumo responsable ni a la educación ciudadana para evitar los residuos dispersos”, sostuvo la especialista.
En este sentido, enfatizó la necesidad de que para diseñar regulaciones vinculadas con la problemática del plástico se busque una salida “en conjunto” con referentes del medio ambiente para contemplar que en algunos casos es mejor “educar, antes de prohibir”, y “trabajar en equipo”.
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Fecha de Publicación: 04/06/2019
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
La restricción de sorbetes en restaurantes o la prohibición de entregar bolsas de polietileno en mercados forman parte de una tendencia mundial que incluye a Argentina para buscar una solución a la contaminación del plástico, propuesta que debe contemplar un camino de transición para la industria y poner el foco en la educación ambiental, aconsejaron especialistas.
Cada minuto se compran un millón de botellas de plástico y se usan 500.000 millones al año, mientras que casi una tercera parte de todos los envases de plástico salen de los sistemas de alcantarillado y ocho millones de toneladas acaban en los océanos cada año, amenazando a la vida marina, de acuerdo con estimaciones de la ONU.
En esta línea, la cuarta asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente logró en marzo último un acuerdo global para “reducir el consumo de plásticos de un solo uso.
La situación nacional
En Argentina, ya comenzaron algunas regulaciones al respecto como en Ushuaia, que en febrero pasado se convirtió en la primera ciudad de la Patagonia que prohibió el uso de material plástico descartable en los locales de comidas.
O la decisión de Carlos Arroyo -titular de la Municipalidad de General Pueyrredón, cuya cabecera es Mar del Plata- que el mes pasado decretó la prohibición del uso de plásticos, como sorbetes, vasos y cubiertos, en todo el sector costero con el objetivo de “proteger el medio ambiente”.
Por su parte, en la ciudad de Buenos Aires, Maximiliano Ferraro, legislador de “Vamos Juntos”, presentó en el parlamento local “un paquete de proyectos que buscan reducir o limitar el uso de ciertos plásticos que por distintos motivos no se están pudiendo recuperar y/o reciclar”.
Sobre este tema, la coordinadora del Proyecto Basura Marina de Fundación Vida Silvestre Argentina indicó que “la producción de plásticos aumentó desde los años 50 hasta ahora a un ritmo de ocho por ciento anual, llegando en 2015 a producir el peso de la población humana”, y agregó que “solamente nueve por ciento de todo el plástico que se produjo se recicló, 12 por ciento se incineró y el resto quedó en el ambiente”.
Por eso mencionó que -al no procesar semejante cantidad de residuos plásticos- las medidas que están tomando los países “son disminuir la demanda, la producción y el consumo de plástico”, aunque destacó la importancia de una “buena gestión”.
En cuanto a la regulación de materiales descartables, sugirió que hay que “respetar una transición, en la que los comercios y las industrias puedan tener un tiempo para acomodarse a los nuevos productos que van a tener que diseñar o entregar”.
En relación con las medidas que buscan reemplazar al plástico por otros materiales -como papel, cartón, aluminio- Verónica Ramos, directora Ejecutiva de la entidad especializada en plásticos y medio ambiente Ecoplas, explicó que “la sustitución de un material por otro no aportará soluciones”, porque esos serán los que luego “aparecerán abandonados en las playas”. “Èste será el nuevo resultado ya que no estamos apuntando ni al consumo responsable ni a la educación ciudadana para evitar los residuos dispersos”, sostuvo la especialista.
En este sentido, enfatizó la necesidad de que para diseñar regulaciones vinculadas con la problemática del plástico se busque una salida “en conjunto” con referentes del medio ambiente para contemplar que en algunos casos es mejor “educar, antes de prohibir”, y “trabajar en equipo”.
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Por rotura de cloacas y contaminación, una multa millonaria
Multa millonaria por la contaminación en un barrio de Roca
Fecha de Publicación: 04/06/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
La empresa ARSA, el DPA y la Provincia tendrán que pagar 5,7 millones de astreintes por no reparar a tiempo el sistema cloacal de Los Olmos. La Justicia dijo que actuaron con desidia ante los vecinos. Todo empezó con un amparo del municipio.
La empresa ARSA, el gobierno provincial y el Departamento Provincial de Aguas no cumplieron con los vecinos del barrio Los Olmos y el costo será millonario.
La Justicia decidió liquidar las astreintes impuestas a principios de año, en el marco de un amparo ambiental que presentó el municipio de Roca por la contaminación generada en ese sector de la ciudad, que padece graves desbordes cloacales desde hace más de un año.
Según se desprende de la resolución, la multa alcanza los 5,7 millones de pesos y puede incrementarse a medida que pasen los días sin soluciones para los frentistas.
La cifra es resultado de 114 días de incumplimiento -entre el 31 de enero y el 24 de mayo- a un valor de 50.000 pesos diarios.
Cabe recordar que el barrio Los Olmos es epicentro desde hace meses de un colapso en la red de cloacas, que intentó atenuarse con by pass en distintos sectores al tiempo que se proyectaban obras de fondo.
Sin embargo, los compromisos asumidos por ARSA, el DPA y la Provincia ante la Justicia no se cumplieron y desde tribunales consideraron agotado el tiempo de espera.
La sentencia emitida el jueves pasado por la jueza María del Carmen Villalba destaca que las soluciones habían sido prometidas para marzo, pero “en mayo de 2019, la situación no ha variado”.
Por el contrario, se advirtió que “se han generado nuevos volcados de líquidos cloacales y se ha empeorado la situación en el sector, sin que la demandada haya asumido las obligaciones que le fueron impuestas en el mes de diciembre de 2018”.
“Se vislumbra en el caso concreto una desidia de los demandados, quienes se han mostrado reacios a cumplir con las obligaciones a su cargo, por lo cual, encontrándose efectivizadas las astreintes mediante auto de fecha 28-01-2019, se impone liquidar las mismas”, sostuvo la magistrada.
El fallo asegura que se dio cumplimiento con el debido proceso y que la demandada “ha podido ejercer válidamente su derecho de defensa”, pero “ha quedado acreditado que ésta ha vulnerado el derecho de los habitantes del Barrio Los Olmos de General Roca, con lo cual se justifica la liquidación efectuada precedentemente, la que podrá ser ampliada hasta el efectivo cumplimiento del saneamiento del sector”.
El amparo había sido presentado por el municipio de Roca el 12 de octubre del 2018 y las pericias iniciales concluyeron que “el lecho del desagüe está en muy mal estado por los vertidos cloacales, siendo un peligro de contaminación para la población que circula por el sector”.
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Fecha de Publicación: 04/06/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
La empresa ARSA, el DPA y la Provincia tendrán que pagar 5,7 millones de astreintes por no reparar a tiempo el sistema cloacal de Los Olmos. La Justicia dijo que actuaron con desidia ante los vecinos. Todo empezó con un amparo del municipio.
La empresa ARSA, el gobierno provincial y el Departamento Provincial de Aguas no cumplieron con los vecinos del barrio Los Olmos y el costo será millonario.
La Justicia decidió liquidar las astreintes impuestas a principios de año, en el marco de un amparo ambiental que presentó el municipio de Roca por la contaminación generada en ese sector de la ciudad, que padece graves desbordes cloacales desde hace más de un año.
Según se desprende de la resolución, la multa alcanza los 5,7 millones de pesos y puede incrementarse a medida que pasen los días sin soluciones para los frentistas.
La cifra es resultado de 114 días de incumplimiento -entre el 31 de enero y el 24 de mayo- a un valor de 50.000 pesos diarios.
Cabe recordar que el barrio Los Olmos es epicentro desde hace meses de un colapso en la red de cloacas, que intentó atenuarse con by pass en distintos sectores al tiempo que se proyectaban obras de fondo.
Sin embargo, los compromisos asumidos por ARSA, el DPA y la Provincia ante la Justicia no se cumplieron y desde tribunales consideraron agotado el tiempo de espera.
La sentencia emitida el jueves pasado por la jueza María del Carmen Villalba destaca que las soluciones habían sido prometidas para marzo, pero “en mayo de 2019, la situación no ha variado”.
Por el contrario, se advirtió que “se han generado nuevos volcados de líquidos cloacales y se ha empeorado la situación en el sector, sin que la demandada haya asumido las obligaciones que le fueron impuestas en el mes de diciembre de 2018”.
“Se vislumbra en el caso concreto una desidia de los demandados, quienes se han mostrado reacios a cumplir con las obligaciones a su cargo, por lo cual, encontrándose efectivizadas las astreintes mediante auto de fecha 28-01-2019, se impone liquidar las mismas”, sostuvo la magistrada.
El fallo asegura que se dio cumplimiento con el debido proceso y que la demandada “ha podido ejercer válidamente su derecho de defensa”, pero “ha quedado acreditado que ésta ha vulnerado el derecho de los habitantes del Barrio Los Olmos de General Roca, con lo cual se justifica la liquidación efectuada precedentemente, la que podrá ser ampliada hasta el efectivo cumplimiento del saneamiento del sector”.
El amparo había sido presentado por el municipio de Roca el 12 de octubre del 2018 y las pericias iniciales concluyeron que “el lecho del desagüe está en muy mal estado por los vertidos cloacales, siendo un peligro de contaminación para la población que circula por el sector”.
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RenovAr 3: se presentaron 56 ofertas
Energías renovables: presentaron 56 ofertas para RenovAr 3
Fecha de Publicación: 03/06/2019
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Nacional
Las pymes presentaron proyectos de energías renovables de pequeña escala donde la red de transmisión no está congestionada
La Secretaría de Energía recibió ayer las ofertas de la Ronda 3 - MiniRen del programa RenovAr que tiene como característica el aprovechamiento de las capacidades disponibles en redes de media y baja tensión y la participación de actores no tradicionales del sector.
Se presentaron 56 ofertas para generar energía renovable por una inversión estimada de u$s 520 millones, distribuidos en 14 provincias que generarían 1600 empleos directos y abastecerían, una vez en funcionamiento, a 350.000 hogares argentinos con energía eléctrica de fuente renovable.
Esta nueva etapa de RenovAr apunta a sumar al desarrollo de los proyectos renovables a PyMEs de todo el país y el capital de actores no tradicionales del sector.
Además, busca obtener una ventaja económica para el sistema gracias al ahorro en pérdidas por transporte y distribución de energía eléctrica y al desplazamiento de generación forzada con combustible alternativo (no gas).
La Ronda 3 de RenovAr (MiniRen) apunta a proyectos de pequeña escala distribuidos en todo el país, para ser conectados en redes de media y baja tensión de 13,2 kV, 33 kV y 66 kV.
La potencia máxima permitida por proyecto es de 10 MW, mientras que la mínima de 0,5 MW. Únicamente para el caso de la tecnología eólica la potencia ofertada podrá exceder el límite establecido en hasta 3,5 MW, siempre y cuando dicho excedente sea menor a la potencia unitaria de 1 aerogerenador.
La distribución por tecnología es de350 MW para energía eólica y solar fotovoltaica, que competirán juntas con cupos por regiones y provincias.
Para Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos hay disponibles 10 MW, para biomasa 25 MW, para biogás 10 MW y para Biogás de Relleno Sanitario 5 MW, todos ellos sin región.
En los pliegos rigió un cupo máximo de 20 MW por provincia, excepto para Buenos Aires, donde fue de 60 MW. Para esta ronda no se contemplaron ampliaciones de centrales existentes.
La adjudicación de los proyectos se llevará a cabo el próximo 22 de julio, una vez evaluadas las ofertas económicas.
En cuanto a la parte contractual, a partir del 29 de julio los proyectos adjudicados comenzarán a firmar los contratos de abastecimiento de energía eléctrica (PPA) con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa), del mismo modo que en las rondas anteriores, y un acuerdo de adhesión al FODER, estructura que brinda garantía de pago a las centrales de generación.
El plazo para la firma de PPAs vencerá en enero de 2020, aunque en rondas anterior hubo sucesivas extensiones, a medida que se fue complicando el acceso al crédito internacional barato para el país.
Esta ronda dejó a algunas pymes afuera de la licitación, sobre todo en Río Negro, ya que estaban en zonas donde la distribuidora adeudaba millones de pesos a Cammesa y no pudo arreglar un plan de pago.
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Santa Fe quiere controla fumigaciones pero en base a BPA
Santa Fe procura regularizar las aplicaciones de agroquímicos
Fecha de Publicación: 03/06/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Santa Fe
Frente a la controversia que despierta el uso de agroquímicos, hay quienes creen que es necesario aumentar la adopción de tecnología en vez de restringirla.
La provincia de Santa Fe anunció que establecerá la receta agronómica online a fin de año como parte de un programa de incentivo a las tecnologías en el agro, conocidas como AgTech, para vincularlas con la implementación de las buenas prácticas agrícolas (BPA).
Así lo anunciaron ayer en Buenos Aires la ministra de Producción de Santa Fe, Alicia Ciciliani, y el secretario de Agricultura de la provincia, Juan Manuel Medina. Según explicaron en una reunión con periodistas, ya está en marcha una licitación para instalar chips en pulverizadoras que enviarán información sobre la hora y el día de las aplicaciones de fitosanitarios y los productos utilizados por cada productor o contratista.
"Queremos cuidar la salud de la población y el medio ambiente con las herramientas del siglo XXI, no buscamos regresar al siglo XIX", dijo Ciciliani en referencia a la polémica que despierta en varias ciudades del interior el uso de agroquímicos.
Medina explicó que el gobierno provincial, con el apoyo de universidades nacionales de Rosario y del Litoral y el INTA, desarrolló un algoritmo para la gestión de fitosanitarios. Junto con los datos que les aportan los 30.000 productores inscriptos en el Registro Único de Producción Primaria (RUPP) instrumentarán la fiscalización online de aplicación de agroquímicos. Las pruebas se harán en la actual campaña de granos finos (trigo y cebada) y para fin de año las autoridades santafesinas estiman que se podrá fijar en forma obligatoria la receta agronómica online.
Por el programa de las BPA, el gobierno santafesino contrató 19 ingenieros agrónomos que recorren las 180 comunas de todos los departamentos de la provincia para solucionar problemas derivados de las aplicaciones. "Hay tres coordinadores para la provincia que se especializan en el tipo de producción de cada región", explicó Ciciliani. "No queremos discutir sobre metros", añadió, en referencia a las diferentes disposiciones municipales sobre aplicaciones terrestres y aéreas que fijan los municipios. "Creemos que hay que respetar las indicaciones de aplicación", dijo la ministra. Para la funcionaria, al establecer prohibiciones con distancias mínimas se corre el riesgo de "dejar millones de hectáreas fuera de producción".
La normativa sobre distancias mínimas es motivo de controversia en varias provincias. El conflicto más agudo se da en Entre Ríos, donde, por una medida judicial, se prohibieron las aplicaciones terrestres a 1000 metros de los centros urbanos y aéreas a 3000 metros. Según entidades agropecuarias entrerrianas, eso equivale a dejar de producir en 300.000 hectáreas.
Tecnología
Además, el gobierno santafesino presentó su programa de apoyo a las AgTech en el que participan más de 40 empresas e instituciones provinciales en ferias nacionales e internacionales para atraer inversores y facilitar las propuestas de los emprendedores. "Buscamos posicionar a Santa Fe como líder nacional y mundial de AgTech", dijo Ciciliani. ¿En qué consiste este universo? En empresas de aplicaciones de agricultura de precisión, mapeo satelital, sensores remotos y automatización, entre otros rubros. "Buscamos tecnologías que solucionen problemas de la producción", explicó la funcionaria santafesina. En una segunda etapa pretenden atraer desarrollos tecnológicos para la ganadería.
Según un documento oficial, el propósito del apoyo a este sector es "crear espacios de vinculación entre las empresas de base tecnológica y los productores agropecuarios, universidades, centros de investigación y desarrollo, los programas estatales y los fondos de inversión/aceleradoras".
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Fecha de Publicación: 03/06/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Santa Fe
Frente a la controversia que despierta el uso de agroquímicos, hay quienes creen que es necesario aumentar la adopción de tecnología en vez de restringirla.
La provincia de Santa Fe anunció que establecerá la receta agronómica online a fin de año como parte de un programa de incentivo a las tecnologías en el agro, conocidas como AgTech, para vincularlas con la implementación de las buenas prácticas agrícolas (BPA).
Así lo anunciaron ayer en Buenos Aires la ministra de Producción de Santa Fe, Alicia Ciciliani, y el secretario de Agricultura de la provincia, Juan Manuel Medina. Según explicaron en una reunión con periodistas, ya está en marcha una licitación para instalar chips en pulverizadoras que enviarán información sobre la hora y el día de las aplicaciones de fitosanitarios y los productos utilizados por cada productor o contratista.
"Queremos cuidar la salud de la población y el medio ambiente con las herramientas del siglo XXI, no buscamos regresar al siglo XIX", dijo Ciciliani en referencia a la polémica que despierta en varias ciudades del interior el uso de agroquímicos.
Medina explicó que el gobierno provincial, con el apoyo de universidades nacionales de Rosario y del Litoral y el INTA, desarrolló un algoritmo para la gestión de fitosanitarios. Junto con los datos que les aportan los 30.000 productores inscriptos en el Registro Único de Producción Primaria (RUPP) instrumentarán la fiscalización online de aplicación de agroquímicos. Las pruebas se harán en la actual campaña de granos finos (trigo y cebada) y para fin de año las autoridades santafesinas estiman que se podrá fijar en forma obligatoria la receta agronómica online.
Por el programa de las BPA, el gobierno santafesino contrató 19 ingenieros agrónomos que recorren las 180 comunas de todos los departamentos de la provincia para solucionar problemas derivados de las aplicaciones. "Hay tres coordinadores para la provincia que se especializan en el tipo de producción de cada región", explicó Ciciliani. "No queremos discutir sobre metros", añadió, en referencia a las diferentes disposiciones municipales sobre aplicaciones terrestres y aéreas que fijan los municipios. "Creemos que hay que respetar las indicaciones de aplicación", dijo la ministra. Para la funcionaria, al establecer prohibiciones con distancias mínimas se corre el riesgo de "dejar millones de hectáreas fuera de producción".
La normativa sobre distancias mínimas es motivo de controversia en varias provincias. El conflicto más agudo se da en Entre Ríos, donde, por una medida judicial, se prohibieron las aplicaciones terrestres a 1000 metros de los centros urbanos y aéreas a 3000 metros. Según entidades agropecuarias entrerrianas, eso equivale a dejar de producir en 300.000 hectáreas.
Tecnología
Además, el gobierno santafesino presentó su programa de apoyo a las AgTech en el que participan más de 40 empresas e instituciones provinciales en ferias nacionales e internacionales para atraer inversores y facilitar las propuestas de los emprendedores. "Buscamos posicionar a Santa Fe como líder nacional y mundial de AgTech", dijo Ciciliani. ¿En qué consiste este universo? En empresas de aplicaciones de agricultura de precisión, mapeo satelital, sensores remotos y automatización, entre otros rubros. "Buscamos tecnologías que solucionen problemas de la producción", explicó la funcionaria santafesina. En una segunda etapa pretenden atraer desarrollos tecnológicos para la ganadería.
Según un documento oficial, el propósito del apoyo a este sector es "crear espacios de vinculación entre las empresas de base tecnológica y los productores agropecuarios, universidades, centros de investigación y desarrollo, los programas estatales y los fondos de inversión/aceleradoras".
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Tironeo en Nación y provincias por los biocombustibles
Biocombustibles: malestar de Córdoba y Santa Fe con el gobierno nacional
Fecha de Publicación: 03/06/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Los gobiernos de las dos principales provincias del país productoras de bioetanol de maíz y biodiésel, Córdoba y Santa Fe, expresaron su malestar con el gobierno nacional por la falta de continuidad de las políticas sobre bionergía.
Durante una charla sobre biocombustibles en el congreso Maizar 2019, el secretario de Agricultura de Córdoba, Sergio Busso, dijo que no entendía las "decisiones caprichosas" del Gobierno en la fijación de los precios del etanol.
"Nunca encontré una persona que lo pudiera entender", dijo Busso, en referencia a la falta de continuidad en las decisiones sobre los precios del biocombustible.
En tanto, la ministra de Producción de Santa Fe, Alicia Ciciliani, consideró que la Secretaría de Energía debería formar parte del Ministerio de Producción. "Falta una mirada estratégica", expresó.
Busso opinó que el corte de las naftas con etanol, que hoy está en 12% debería haber estado hace tiempo en 15 por ciento. "En 2017 la Argentina importó 500.000 metros cúbicos de naftas, si lo hubiera reemplazado por etanol se hubiera ahorrado una gran cantidad divisas", dijo.
Recientemente, la Secretaría de Energía modificó la fórmula de fijación de precios de etanol, lo que despertó la queja de productores e industriales de maíz y azúcar porque consideraron que no se alcanzaban ni siquiera los costos de producción. Frente a las críticas, el gobierno nacional prometió que iba analizar una nueva fórmula.
Por otra parte, Busso destacó el potencial que tiene la producción de etanol de maíz para Córdoba. "De los 20 millones de toneladas de maíz que tenemos en la provincia un millón va para etanol", señaló. El funcionario cordobés instó a que el corte de etanol con las naftas se incremente hasta llegar a un 27 por ciento.
En el panel también disertó el ministro de Agroindustria bonaerense, Leonardo Sarquís, quien destacó que en la provincia hay siete proyectos de bionergía y biomasa y que en los próximos cuatro años podrían generarse inversiones por US$100 millones.
"Hoy hablamos de bioenergía en la provincia", dijo y recordó que apenas asumió la gobenadora María Eugenia Vidal, en 2015, resolvieron crear en el gobierno bonaerense una Dirección de Bioeconomía. "Elaboramos un mapa para identificar el potencial productivo de cada región para atraer inversores en biomasa y bioenergía", afirmó Sarquís.
Proyecto de consenso
Las tres provincias, más Entre Ríos, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y la Ciudad de Buenos Aires integran la "Liga de la Bionergía", una coalición para promover políticas en favor de la promoción de los biocombustibles y la biomasa.
Según informó a LA NACION la secretaria de Energía de Santa Fe, Verónica Geese, le están dando los toques finales al proyecto de ley sobre bioenergía con el que se proponen reemplazar a la ley de biocombustibles 26.093, que vence en 2021. "Lo hacemos con un consenso muy amplio tanto del sector público como del privado, esperamos ahora la respuesta del Poder Ejecutivo para tenerlo definido en junio próximo", explicó.
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Fecha de Publicación: 03/06/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Los gobiernos de las dos principales provincias del país productoras de bioetanol de maíz y biodiésel, Córdoba y Santa Fe, expresaron su malestar con el gobierno nacional por la falta de continuidad de las políticas sobre bionergía.
Durante una charla sobre biocombustibles en el congreso Maizar 2019, el secretario de Agricultura de Córdoba, Sergio Busso, dijo que no entendía las "decisiones caprichosas" del Gobierno en la fijación de los precios del etanol.
"Nunca encontré una persona que lo pudiera entender", dijo Busso, en referencia a la falta de continuidad en las decisiones sobre los precios del biocombustible.
En tanto, la ministra de Producción de Santa Fe, Alicia Ciciliani, consideró que la Secretaría de Energía debería formar parte del Ministerio de Producción. "Falta una mirada estratégica", expresó.
Busso opinó que el corte de las naftas con etanol, que hoy está en 12% debería haber estado hace tiempo en 15 por ciento. "En 2017 la Argentina importó 500.000 metros cúbicos de naftas, si lo hubiera reemplazado por etanol se hubiera ahorrado una gran cantidad divisas", dijo.
Recientemente, la Secretaría de Energía modificó la fórmula de fijación de precios de etanol, lo que despertó la queja de productores e industriales de maíz y azúcar porque consideraron que no se alcanzaban ni siquiera los costos de producción. Frente a las críticas, el gobierno nacional prometió que iba analizar una nueva fórmula.
Por otra parte, Busso destacó el potencial que tiene la producción de etanol de maíz para Córdoba. "De los 20 millones de toneladas de maíz que tenemos en la provincia un millón va para etanol", señaló. El funcionario cordobés instó a que el corte de etanol con las naftas se incremente hasta llegar a un 27 por ciento.
En el panel también disertó el ministro de Agroindustria bonaerense, Leonardo Sarquís, quien destacó que en la provincia hay siete proyectos de bionergía y biomasa y que en los próximos cuatro años podrían generarse inversiones por US$100 millones.
"Hoy hablamos de bioenergía en la provincia", dijo y recordó que apenas asumió la gobenadora María Eugenia Vidal, en 2015, resolvieron crear en el gobierno bonaerense una Dirección de Bioeconomía. "Elaboramos un mapa para identificar el potencial productivo de cada región para atraer inversores en biomasa y bioenergía", afirmó Sarquís.
Proyecto de consenso
Las tres provincias, más Entre Ríos, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y la Ciudad de Buenos Aires integran la "Liga de la Bionergía", una coalición para promover políticas en favor de la promoción de los biocombustibles y la biomasa.
Según informó a LA NACION la secretaria de Energía de Santa Fe, Verónica Geese, le están dando los toques finales al proyecto de ley sobre bioenergía con el que se proponen reemplazar a la ley de biocombustibles 26.093, que vence en 2021. "Lo hacemos con un consenso muy amplio tanto del sector público como del privado, esperamos ahora la respuesta del Poder Ejecutivo para tenerlo definido en junio próximo", explicó.
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Agroquímicos en Pergamino, fiscal pidió mayor intervención
Contaminación en Pergamino: un fiscal federal pidió mayor intervención y compromiso de organismos del Estado
Fecha de Publicación: 01/06/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
Matías Di Lello firmó un dictamen en el que pide al juez de la causa convocar a autoridades nacionales y provinciales. En Pergamino se encontraron más de 18 tóxicos en el agua de tres barrios
Cáncer, leucemia, asma, problemas de tiroides, irritaciones en la piel. Niños y adultos sufren en los barrios de Pergamino dolencias y enfermedades que la Justicia Federal investiga en relación con el uso de fertilizantes y plaguicidas en los campos linderos.
En el marco de esa causa, que apunta específicamente a cuatro propietarios de campos de la zona a partir de la denuncia de una vecina con graves problemas de salud en su familia, pero que puede interpretarse como un drama amenazante en gran parte del país, un fiscal federal pidió en un dictamen incorporado al expediente mayor compromiso e intervención de diversos organismos del Estado para saber qué pasa en esta ciudad bonaerense de fuerte impronta agrícola.
Matías Di Lello, titular de la Fiscalía Federal de San Nicolás, firmó y elevó el dictamen al juez que investiga el caso, Carlos Villafuerte Ruzo. "Subyacen en las cuestiones que se plantean en la causa circunstancias vinculadas estrictamente a verdaderas políticas de Estado –en todas sus esferas: municipal, provincial y nacional- que conciernen a la salud, la economía, cuidado del medioambiente (…) para las cuales existen organismos públicos que deben dar respuesta precisa y/o adoptar las medidas que al respecto les incumbe", escribió el fiscal, en el documento, fechado el 23 de mayo pasado.
Di Lello reclamó así la intervención del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), que en la ley de su creación -advierte el fiscal- se establece que debe "formular una política ambiental integral, tanto en lo preventivo como en lo correctivo, en base a los diagnósticos correspondientes".
"Todo lo expuesto conlleva a la necesidad de que este organismo, en el marco de sus funciones, produzca, como consecuencia del análisis que deberá hacer, un informe que permita a esta jurisdicción tener las herramientas que la ley prevé como obligatorias y válidas para la consideración de las cuestiones ambientales", reclamó Di Lello, quien además le pidió al juez Villafuerte Ruzo que convoque a una reunión con ambos a las autoridades del Cofema.
Por su condición de "organismo por excelencia en estas cuestiones", el fiscal federal de San Nicolás dictaminó que también se llame a la intervención de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable nacional, a cargo del rabino Sergio Bergman.
Di Lello quiere saber si, al estar en conocimiento de los problemas en Pergamino, esta dependencia del Gobierno nacional "adoptó –en función de la gravedad de la cuestión- alguna medida para estudiar el asunto y en tal caso, conclusiones a las que se arribó".
También el dictamen incluye la incorporación en el expediente del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación ya que, explica el fiscal federal, "uno de los aspectos relevantes de estas actuaciones es lo concerniente a la salud de los denunciantes, quienes alegaron un claro perjuicio a la misma como consecuencia de la utilización de pesticidas, y que por otra parte, a la fecha no existen certezas sobre la calidad del agua que se consume en Pergamino".
Además, Di Lello sostiene en su dictamen la importancia de la intervención del Senasa, a cargo de la reglamentación y uso de los agroquímicos; de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, por sugerencia de uno de los peritos de la causa, ya que este área coordina el Plan Nacional del Agua.
El fiscal federal de San Nicolás amplió en el dictamen la convocatoria a organismos del Estado provincial. Más allá de que ya intervinieron la Autoridad del Agua y el Ministerio de Salud bonaerenses, Di Lello solicitó la inclusión en la investigación de la Subsecretaría de Calidad Agroalimentaria y Uso Agropecuario de los Recursos Naturales.
El punto de la calidad del agua es fundamental en esta investigación. Los análisis incorporados al expediente son contradictorios. Un estudio del INTA-Balcarce estableció que el agua de los barrios Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida contiene al menos 18 tóxicos peligrosos para la salud, derivados del uso de agroquímicos, y estableció que no es apta para consumo humano, aspecto en el que coincidieron médicos peritos y también especialistas del Conicet y del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema nacional.
Sin embargo, la Autoridad del Agua (ASA) de la Provincia opinó en sentido contrario. De esta forma, Di Lello consideró que "resulta necesario que se le otorgue inmediata intervención para que se aboque a la cuestión, a los fines de que participe de la discusión, produzca un informe de las actividades que ha desarrollado en la zona de Pergamino en los últimos años y/o en la actualidad; cuales son las estrategias de protección que se han establecido".
También el fiscal federal de San Nicolás pidió citar a una reunión a las autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires ya que en "el caso se advierten cuestiones de salud pública que conllevan aspectos mucho más complejos" y quiere saber qué medidas adoptó esta cartera al respecto.
"En especial interesa saber si se han adoptado directivas para los centros asistenciales del sistema de salud –ya sea público y/o privado- en orden a que se observen determinadas pautas en el diagnóstico y/o atención que se realiza a los pacientes de la ciudad de Pergamino para dilucidar médicamente si existe algún patrón y/o causas comunes en el origen de determinadas enfermedades que padecen, considerando que los denunciantes en estas actuaciones lo atribuyen a la utilización que se está efectuando de plaguicidas".
Es que los vecinos de Pergamino denunciaron tanto en la Justicia como en las notas que publicó Infobae al respecto que en los centros de salud público de Pergamino minimizan los problemas que llevan a las consultas. Sin embargo, una pediatra del Hospital San José de Pergamino admitió a este medio un mes atrás que los casos de cáncer y leucemia en chicos superan ampliamente la media.
"Algunos denunciantes han tenido que recurrir a centros de salud muy alejados de sus hogares para lograr diagnósticos y estudios médicos apropiados", remarcó Di Lello en su dictamen.
Para el fiscal, a partir de la denuncia y de la investigación que abrió Villafuerte Ruzo "se advierten cuestiones sumamente preocupantes que están generando intranquilidad" en Pergamino.
A principios de abril, el juez, titular del Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, ordenó la suspensión urgente de la aplicación de estos plaguicidas tóxicos en campos que rodean los tres barrios mencionados de Pergamino donde hay cientos de casos de adultos y niños con problemas de salud y enfermedades sin diagnóstico.
Villafuerte Ruzo además exhortó al Municipio de Pergamino, ubicado en lo que se llama el "núcleo sojero" de la pampa húmeda, a que de manera inmediata garantice en los barrios Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida la provisión de agua potable, algo que el intendente Javier Martínez activó, aunque, según denunciaron los vecinos, lo hizo parcialmente.
Sabrina Ortiz perdió un embarazo en 2011, el mismo día que prácticamente por arriba de su casa, en Villa Alicia, frente a los campos de soja, pasó un avión fumigador. Ya tenía problemas en la piel. Y también su hija, que en ese momento tenía 10 años, y su marido. Ella fue la que denunció las fumigaciones sobre las poblaciones urbanas contra cuatro propietarios y que desencadenó la intervención de la Justicia.
Entre los componente tóxicos encontrados en el agua del barrio donde creció Ortiz encontraron atrazina, un herbicida que en humanos afecta la salud reproductiva; el 2.4D, calificado por la Organización Mundial de la Salud como cancerígeno, hepatotóxico y con sospecha de generar trastornos en la reproducción y malformaciones congénitas. El glifosato -y su metabolito AMPA-, que es altamente cancerígeno, tal como tuvo que reconocerlo la empresa Bayer Monsanto en Estados Unidos tras un fallo de la Justicia de ese país, y produce mutaciones en el ADN que induce abortos espontáneos y malformaciones en los recién nacidos; el imidaclopir, un insecticida altamente tóxico prohibido en gran parte de Europa; y la tetrametrina, también vedada en aquel continente, que afecta las hormonas sexuales.
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Chaco: siguen advirtiendo sobre los desmontes
Somos Monte advierte sobre un daño irreversible si no frenan los desmontes en el Impenetrable chaqueño
Fecha de Publicación: 01/06/2019
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
El ingeniero Agrónomo de Somos Monte, Rodolfo Acosta, brindó una explicación técnica sobre el comportamiento del suelo tras los desmontes. Habló de una degradación diaria y casi sin control. Celebró el fallo que prohíbe la tala de bosque nativo en las zonas amarillas y aseguró que a partir del diagnóstico, “no se debe seguir desmontando”; en tanto que “el pronóstico es que vamos a tener un desierto en nuestro Impenetrable”. El 5 de junio, en el marco del Día del Ambiente, se manifestarán en la plaza 25 de Mayo.
El ingeniero Agrónomo, Rodolfo Acosta, visitó este lunes los estudios de CIUDAD TELEVISIÓN y se refirió al fallo que prohíbe los desmontes en las zonas amarillas a partir de describir la situación de deterioro que diariamente afecta a los montes chaqueños.
La Ley de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo prevé que no se desmonte en la zona de categoría amarilla como lo están haciendo. Esto es considerado un desmonte ilegal, aprobado por el poder Ejecutivo pero no debería desmontarse en esa zona. El otro es clandestino, es decir que sin autorización se avanza sobre el desmonte.
Recordó que en declaraciones públicas, el director de Bosques (Emanuel Carrosino), reconoció que se desmontaron “solo 32.000 hectáreas, pero no sabemos”. “Nosotros estimamos, por las apreciaciones que tenemos de la foto satelital, que alcanzan unas 50.000 hectáreas ya desmontadas”.
Comentó que “el pretexto” que se utiliza para desmontar en esas zonas es justamente “la capacidad de uso de los suelos”. Explicó que “con el cambio en el uso se pretende pasar a agricultura suelos que no son aptos para esto. La capacidad de los suelos aptos para agricultura sería clase 2 o 3. Aquí tenemos clase 5,6 y 7 que son suelos que sin una cobertura vegetal se pierden”. “Nosotros vemos, cuando andamos por El Impenetrable o en fotos que, con las lluvias torrenciales como se dan en la zona y el suelo descubierto, desprotegido se forman verdaderos zanjones que se llaman cárcavas. Con lo que se va avanzando en la desertización de los suelos. Nuestro diagnóstico es que no se debe seguir avanzando en esto y nuestro pronóstico es que en la brevedad vamos a tener un desierto en nuestro Impenetrable. Por eso bregamos para que se frene el desmonte”, afirmó el entendido en la materia.
“Sacarle el monte a un suelo y dejarlo descubierto tiene muchas consecuencias negativas si no se le da el manejo apropiado. Nuestros suelos arrancan con un 9%, 8% de materia orgánica que es lo que le da irrigación y le permite al suelo absorber agua”, aseguró Acosta y posteriormente explicó que el suelo tiene “como cañerías que circulan el agua hacia las napas freáticas. Esas cañerías se cierran por falta de materia orgánica y por laboreo continuo. Entonces, de 100 milímetros se aprovechan 10% o 20% milímetros solamente penetren en el suelo y el resto tenga que escurrirse. Se escurre de las zonas más altas a las más bajas y sabemos que tenemos un gradiente superficial, de 7 u 8 metros de la zona Oeste al río Paraná, una diferencia de altura y el agua se viene para acá, inclusive se viene el agua de Santiago del Estero con el inconveniente de que es agua turbia, con suelo muy fino que se va estacionando en las distintas superficies y eso va haciendo que se pueda absorber menor cantidad de agua de lo que puede absorber”.
Recomendó que además de las obres previstas para contener las inundaciones, se realicen cortinas forestales “para evitar que el escurrimiento arrastre el suelo y muchas prácticas que no son las apropiadas que se están haciendo en el Chaco”, y otras cosas que mejoren las condiciones de absorción del suelo.
Celebró el fallo del Juzgado Civil y Comercial de la 21º Nominación de Resistencia, que prohibió las autorizaciones a desmontes en la zona Amarilla que establece la Ley de Bosques y bregó por que la Subsecretaria de Recursos Naturales, organismos de contralor, actúe de inmediato. “Por día es impresionante el avance del desmonte y cada día que pasa es más perjudicial para el Chaco”, aseguró.
Recordó que entre los puntos con los que insisten en el petitorio de Somos Partes, además del freno a los desmontes, es la declaración de la Emergencia Ambiental “que nos permitiría recuperar parte del monte nativo con el enriquecimiento con especies nativas y se puedan hacer varios trabajos para recuperar parte del perjuicio que ocasionó el desmonte”, dijo. El documento fue elevado a la Cámara de Diputados del Chaco, la Subsecretaría de Recursos Naturales y al gobernador del Chaco, Domingo Peppo.
Para el ingeniero Agrónomo, “los controles no funcionan como deberían; a los organismos de contralor pareciera que no les preocupa proteger al monte, esa es la misión que tienen. No funcionan, se ven camiones circulando por todo el Chaco, sin la guía forestal, con madera sin identifica. Eso demuestra que no hay ningún tipo de control y no vemos que se paren camiones. Entran quebrachos de General san Martín, de Pampa del Indio, según figura en la guía pero sabemos que ya no es de esa zona, ya no hay más, los mecanismos de control son muy flojos.
Manifestación en el Día del Ambiente
El 5 de junio, en el marco del Día del Ambiente, Somos Monte convoca a una concentración a las 10, en la plaza 25 de Mayo. “Esperamos a toda la ciudadanía a expresar su preocupación también. Todos estamos preocupados por lo que nos está ocurriendo con estas inclemencias climáticas que demuestran que hay que proteger nuestros montes”, concluyó Acosta.
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Fecha de Publicación: 01/06/2019
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
El ingeniero Agrónomo de Somos Monte, Rodolfo Acosta, brindó una explicación técnica sobre el comportamiento del suelo tras los desmontes. Habló de una degradación diaria y casi sin control. Celebró el fallo que prohíbe la tala de bosque nativo en las zonas amarillas y aseguró que a partir del diagnóstico, “no se debe seguir desmontando”; en tanto que “el pronóstico es que vamos a tener un desierto en nuestro Impenetrable”. El 5 de junio, en el marco del Día del Ambiente, se manifestarán en la plaza 25 de Mayo.
El ingeniero Agrónomo, Rodolfo Acosta, visitó este lunes los estudios de CIUDAD TELEVISIÓN y se refirió al fallo que prohíbe los desmontes en las zonas amarillas a partir de describir la situación de deterioro que diariamente afecta a los montes chaqueños.
La Ley de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo prevé que no se desmonte en la zona de categoría amarilla como lo están haciendo. Esto es considerado un desmonte ilegal, aprobado por el poder Ejecutivo pero no debería desmontarse en esa zona. El otro es clandestino, es decir que sin autorización se avanza sobre el desmonte.
Recordó que en declaraciones públicas, el director de Bosques (Emanuel Carrosino), reconoció que se desmontaron “solo 32.000 hectáreas, pero no sabemos”. “Nosotros estimamos, por las apreciaciones que tenemos de la foto satelital, que alcanzan unas 50.000 hectáreas ya desmontadas”.
Comentó que “el pretexto” que se utiliza para desmontar en esas zonas es justamente “la capacidad de uso de los suelos”. Explicó que “con el cambio en el uso se pretende pasar a agricultura suelos que no son aptos para esto. La capacidad de los suelos aptos para agricultura sería clase 2 o 3. Aquí tenemos clase 5,6 y 7 que son suelos que sin una cobertura vegetal se pierden”. “Nosotros vemos, cuando andamos por El Impenetrable o en fotos que, con las lluvias torrenciales como se dan en la zona y el suelo descubierto, desprotegido se forman verdaderos zanjones que se llaman cárcavas. Con lo que se va avanzando en la desertización de los suelos. Nuestro diagnóstico es que no se debe seguir avanzando en esto y nuestro pronóstico es que en la brevedad vamos a tener un desierto en nuestro Impenetrable. Por eso bregamos para que se frene el desmonte”, afirmó el entendido en la materia.
“Sacarle el monte a un suelo y dejarlo descubierto tiene muchas consecuencias negativas si no se le da el manejo apropiado. Nuestros suelos arrancan con un 9%, 8% de materia orgánica que es lo que le da irrigación y le permite al suelo absorber agua”, aseguró Acosta y posteriormente explicó que el suelo tiene “como cañerías que circulan el agua hacia las napas freáticas. Esas cañerías se cierran por falta de materia orgánica y por laboreo continuo. Entonces, de 100 milímetros se aprovechan 10% o 20% milímetros solamente penetren en el suelo y el resto tenga que escurrirse. Se escurre de las zonas más altas a las más bajas y sabemos que tenemos un gradiente superficial, de 7 u 8 metros de la zona Oeste al río Paraná, una diferencia de altura y el agua se viene para acá, inclusive se viene el agua de Santiago del Estero con el inconveniente de que es agua turbia, con suelo muy fino que se va estacionando en las distintas superficies y eso va haciendo que se pueda absorber menor cantidad de agua de lo que puede absorber”.
Recomendó que además de las obres previstas para contener las inundaciones, se realicen cortinas forestales “para evitar que el escurrimiento arrastre el suelo y muchas prácticas que no son las apropiadas que se están haciendo en el Chaco”, y otras cosas que mejoren las condiciones de absorción del suelo.
Celebró el fallo del Juzgado Civil y Comercial de la 21º Nominación de Resistencia, que prohibió las autorizaciones a desmontes en la zona Amarilla que establece la Ley de Bosques y bregó por que la Subsecretaria de Recursos Naturales, organismos de contralor, actúe de inmediato. “Por día es impresionante el avance del desmonte y cada día que pasa es más perjudicial para el Chaco”, aseguró.
Recordó que entre los puntos con los que insisten en el petitorio de Somos Partes, además del freno a los desmontes, es la declaración de la Emergencia Ambiental “que nos permitiría recuperar parte del monte nativo con el enriquecimiento con especies nativas y se puedan hacer varios trabajos para recuperar parte del perjuicio que ocasionó el desmonte”, dijo. El documento fue elevado a la Cámara de Diputados del Chaco, la Subsecretaría de Recursos Naturales y al gobernador del Chaco, Domingo Peppo.
Para el ingeniero Agrónomo, “los controles no funcionan como deberían; a los organismos de contralor pareciera que no les preocupa proteger al monte, esa es la misión que tienen. No funcionan, se ven camiones circulando por todo el Chaco, sin la guía forestal, con madera sin identifica. Eso demuestra que no hay ningún tipo de control y no vemos que se paren camiones. Entran quebrachos de General san Martín, de Pampa del Indio, según figura en la guía pero sabemos que ya no es de esa zona, ya no hay más, los mecanismos de control son muy flojos.
Manifestación en el Día del Ambiente
El 5 de junio, en el marco del Día del Ambiente, Somos Monte convoca a una concentración a las 10, en la plaza 25 de Mayo. “Esperamos a toda la ciudadanía a expresar su preocupación también. Todos estamos preocupados por lo que nos está ocurriendo con estas inclemencias climáticas que demuestran que hay que proteger nuestros montes”, concluyó Acosta.
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El extractivismo, el desarrollo a cualquier precio
Recursos naturales, la otra grieta mendocina
Fecha de Publicación: 01/06/2019
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Mendoza
El dato, aunque esperado, restalló en algunos ámbitos y algunos orgullos: Mendoza, la que históricamente fue la quinta provincia argentina en potencia económica, bajó un escalón. Ya no es Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Ahora, en ese quinto lugar se coló Neuquén, y se coló estrictamente por Vaca Muerta.
Aunque esa cuenca es una promesa, por potencial, también ya es una realidad que determinó ese ascenso, específicamente por el tema gasífero, en el que permitió salir de las importaciones (costosísimas, y además fuente de corrupción, como se ha visto con los tanqueros pagados y misteriosamente desaparecidos antes de llegar a puerto). Vaca Muerta permitió la soberanía gasífera, los saldos exportables, y a la provincia neuquina ser más fuerte en el contexto nacional.
Mendoza tiene parte de la cuenca en el sur provincial, pero a la hora de sacar provecho, aparece una grieta que no tiene aún resolución, y mucho menos parece que vaya a tener diálogo productivo ante irreductibilidades varias.
En ciertos casos, la discusión aburre: minería sí, minería no. Fracking si, fracking no. Que los recursos se exploten, en definitiva, o que se queden donde están.
Pero vale la pena encarar otras reflexiones. Sin minería, donde fuera que se hiciere, volveríamos a la edad de piedra. ¿Alguien puede imaginar un mundo sin celulares, sin computadoras, sin telecomunicaciones? ¿Alguien puede imaginar un mundo sin vehículos, aviones, barcos? ¿Alguien puede imaginar una medicina sin métodos de diagnóstico y tratamiento como los que tenemos, y que encuentran su base en los minerales?
Parece que la pregunta correcta es Minería Cómo. Y ese como encierra las responsabilidades de control y saneamiento ambiental más elevadas que se puedan exigir. Encierra la obligación de que los entes de control sean incorruptibles, frente a un poder económico enorme y tentador.
En este punto las aguas se dividen. Estamos los que creemos que, por ejemplo, los cuerpos científicos y tecnológicos de las universidades están en condiciones de asumir esas tareas (los políticos, por lo menos parte de ellos, han demostrado ser incapaces de controlar, como se vio en Jáchal, aquí cerquita), y están los que piensan que no, que el demonio se disfraza de oveja. Basta recordar al inclaudicable Pino Solanas, que se desgañitó reclamando por las mineras, y hoy aparece en la foto con Gioja, a quien no debe haberle preguntado qué pasó en Jáchal.
El gobierno de Mendoza reaccionó rápido. Por ejemplo, modificó el sistema de regalías petroleras para que se puedan explorar nuevas áreas petroleras en la zona de Llancanelo, en Malargüe, y en Puesto Rojas, también en el sur provincial. A cambio obtuvo promesas de inversión más importantes, empleos muy bien remunerados, como son los que produce la industria petrolera, y como resguardo se incluyeron seguros ambientales en los contratos.
Pero en tiempos electorales, la discusión promete más episodios de desencuentro. La oposición parece no jugarse al respecto, le dice si a quienes quieren escuchar un sí, y que no a los que quieren escuchar un no, y estaría bueno que los ciudadanos conozcamos las posiciones definitivas, e incluso los proyectos al respecto.
La defensa del agua es central, nadie en su sano juicio pensaría en dañar ese recurso. Pero el equilibrio con el uso de los recursos debería poder garantizarse. En otras palabras, necesitamos una dirigencia que pueda dar esas garantías, y dejar los controles en quienes corresponda. También la agricultura hace un uso bastante irracional del agua, y se usan tóxicos muy perniciosos que a nadie parecen preocupar.
Consenso, diálogo y garantías serían las tres premisas. Desafíos en los que, lamentablemente, en pleno siglo XXI, hacemos agua.
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Fecha de Publicación: 01/06/2019
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Mendoza
El dato, aunque esperado, restalló en algunos ámbitos y algunos orgullos: Mendoza, la que históricamente fue la quinta provincia argentina en potencia económica, bajó un escalón. Ya no es Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Ahora, en ese quinto lugar se coló Neuquén, y se coló estrictamente por Vaca Muerta.
Aunque esa cuenca es una promesa, por potencial, también ya es una realidad que determinó ese ascenso, específicamente por el tema gasífero, en el que permitió salir de las importaciones (costosísimas, y además fuente de corrupción, como se ha visto con los tanqueros pagados y misteriosamente desaparecidos antes de llegar a puerto). Vaca Muerta permitió la soberanía gasífera, los saldos exportables, y a la provincia neuquina ser más fuerte en el contexto nacional.
Mendoza tiene parte de la cuenca en el sur provincial, pero a la hora de sacar provecho, aparece una grieta que no tiene aún resolución, y mucho menos parece que vaya a tener diálogo productivo ante irreductibilidades varias.
En ciertos casos, la discusión aburre: minería sí, minería no. Fracking si, fracking no. Que los recursos se exploten, en definitiva, o que se queden donde están.
Pero vale la pena encarar otras reflexiones. Sin minería, donde fuera que se hiciere, volveríamos a la edad de piedra. ¿Alguien puede imaginar un mundo sin celulares, sin computadoras, sin telecomunicaciones? ¿Alguien puede imaginar un mundo sin vehículos, aviones, barcos? ¿Alguien puede imaginar una medicina sin métodos de diagnóstico y tratamiento como los que tenemos, y que encuentran su base en los minerales?
Parece que la pregunta correcta es Minería Cómo. Y ese como encierra las responsabilidades de control y saneamiento ambiental más elevadas que se puedan exigir. Encierra la obligación de que los entes de control sean incorruptibles, frente a un poder económico enorme y tentador.
En este punto las aguas se dividen. Estamos los que creemos que, por ejemplo, los cuerpos científicos y tecnológicos de las universidades están en condiciones de asumir esas tareas (los políticos, por lo menos parte de ellos, han demostrado ser incapaces de controlar, como se vio en Jáchal, aquí cerquita), y están los que piensan que no, que el demonio se disfraza de oveja. Basta recordar al inclaudicable Pino Solanas, que se desgañitó reclamando por las mineras, y hoy aparece en la foto con Gioja, a quien no debe haberle preguntado qué pasó en Jáchal.
El gobierno de Mendoza reaccionó rápido. Por ejemplo, modificó el sistema de regalías petroleras para que se puedan explorar nuevas áreas petroleras en la zona de Llancanelo, en Malargüe, y en Puesto Rojas, también en el sur provincial. A cambio obtuvo promesas de inversión más importantes, empleos muy bien remunerados, como son los que produce la industria petrolera, y como resguardo se incluyeron seguros ambientales en los contratos.
Pero en tiempos electorales, la discusión promete más episodios de desencuentro. La oposición parece no jugarse al respecto, le dice si a quienes quieren escuchar un sí, y que no a los que quieren escuchar un no, y estaría bueno que los ciudadanos conozcamos las posiciones definitivas, e incluso los proyectos al respecto.
La defensa del agua es central, nadie en su sano juicio pensaría en dañar ese recurso. Pero el equilibrio con el uso de los recursos debería poder garantizarse. En otras palabras, necesitamos una dirigencia que pueda dar esas garantías, y dejar los controles en quienes corresponda. También la agricultura hace un uso bastante irracional del agua, y se usan tóxicos muy perniciosos que a nadie parecen preocupar.
Consenso, diálogo y garantías serían las tres premisas. Desafíos en los que, lamentablemente, en pleno siglo XXI, hacemos agua.
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Infraestructura para visitantes en PN en manos de Ambiente
Modifican competencias de Parques Nacionales
Fecha de Publicación: 31/05/2019
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Nacional
A través del decreto 368/2019, publicado en el Boletín Oficial, el presidente Mauricio Macri modificó las competencias del directorio de Parques Nacionales. Es decir, le cedió a la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable el poder de decisión sobre la construcción de infraestructura para atención a los visitantes, que detalla el articulo 6 de la Ley de Parques Nacionales.
Entre los considerandos del decreto se indica que la decisión se da en el marco del Plan de Modernización del Estado aprobado por el Decreto N° 434/16, el Decreto N° 891/17 -por el que se aprobaron las buenas prácticas en materia de simplificación aplicables para el funcionamiento del Sector Público Nacional-, que establece como premisa básica la mejora regulatoria como una labor continua del sector público.
Ademas, el documento que lleva la firma del mandatario nacional explica que la finalidad es la “desconcentración en la toma de decisiones es una herramienta de la organización administrativa que permite brindar mayor celeridad a los trámites que están en cabeza del Poder Ejecutivo nacional a efectos de evitar pasos burocráticos innecesarios, es por ello que la toma de decisión respecto a la aprobación del desarrollo de infraestructuras en concesión pasara a ser tomada por Secretaria de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, sin importar la opinión de Parques Nacionales quienes llevaban a delante los estudios de impacto ambiental”.
Ante la medida, grupos ambientalistas de Parque Nacional Iguazú se declararon en estado de alerta.
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Fecha de Publicación: 31/05/2019
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Nacional
A través del decreto 368/2019, publicado en el Boletín Oficial, el presidente Mauricio Macri modificó las competencias del directorio de Parques Nacionales. Es decir, le cedió a la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable el poder de decisión sobre la construcción de infraestructura para atención a los visitantes, que detalla el articulo 6 de la Ley de Parques Nacionales.
Entre los considerandos del decreto se indica que la decisión se da en el marco del Plan de Modernización del Estado aprobado por el Decreto N° 434/16, el Decreto N° 891/17 -por el que se aprobaron las buenas prácticas en materia de simplificación aplicables para el funcionamiento del Sector Público Nacional-, que establece como premisa básica la mejora regulatoria como una labor continua del sector público.
Ademas, el documento que lleva la firma del mandatario nacional explica que la finalidad es la “desconcentración en la toma de decisiones es una herramienta de la organización administrativa que permite brindar mayor celeridad a los trámites que están en cabeza del Poder Ejecutivo nacional a efectos de evitar pasos burocráticos innecesarios, es por ello que la toma de decisión respecto a la aprobación del desarrollo de infraestructuras en concesión pasara a ser tomada por Secretaria de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, sin importar la opinión de Parques Nacionales quienes llevaban a delante los estudios de impacto ambiental”.
Ante la medida, grupos ambientalistas de Parque Nacional Iguazú se declararon en estado de alerta.
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Incineración frenada por la crisis y las elecciones
La crisis y las elecciones dilatan los planes de incineración de la basura en el AMBA
Fecha de Publicación: 31/05/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: CABA
Los pliegos de licitación están casi listos y ya se definió que la primera planta de tratamiento térmico -o termovalorización- de basura del Área Metropolitana de Buenos Aires funcionará en el camino del Buen Ayre.
Sin embargo, el proyecto no dará otro paso hacia adelante al menos hasta fines de este año. Los factores son dos: uno político y otro económico. Esto así porque a la incertidumbre electoral se suma el hecho que estas nuevas tecnologías tienen un alto costo, que se dificulta afrontar en medio de la crisis económica que afronta el país.
Las autoridades metropolitanas saben, sin embargo, que la reorganización de la gestión de residuos no puede demorarse mucho más: por día se procesan unas 20.000 toneladas de desechos en la Ceamse y la capacidad física para contenerlos, al menos en los rellenos sanitarios existentes, se está acabando.
Una vez operativa, la planta contribuiría a lidiar con el 10% de los desechos, ya que tratará 2,000 toneladas de basura por día y no 1,000, como se pensó originalmente.
Varios intendentes miran con cariño a la nueva tecnología, ya que representa una inversión y una posible solución a los dolores de cabeza que les generan los residuos. Sin embargo, no quieren anunciar públicamente que aceptarían por la resistencia social que podrían generar. Infobae pudo confirmar que al menos tres intendentes del conurbano están dispuestos a encontrar lugares en sus distritos. El nuevo plan cuenta con cuatro plantas en el AMBA, tres en territorio bonaerense.
En la ciudad de Buenos Aires, levantada la traba legal que representaba un artículo de la ley de basura cero, siguen buscando un lugar donde emplazar la instalación. Las dos posibilidades más concretas son la zona sur y como la isla Demarchi. En el ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño reconocieron a Infobae que están trabajando en eso, aunque la planta para la ciudad podría demorarse al menos un par de años.
Respecto de la iniciativa, Andrés Nápoli, presidente de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), indicó: "La estrategia general de gestión de residuos en el caso de CABA apuntan directamente a promover la incineración. Ello, tal cual ha sido propuesto, generará un enorme impacto en la calidad de vida de la población, por las emisiones que producirán los incineradores".
Riesgos
Para Francisco Suárez, experto en residuos del AMBA de la Universidad General San Martín, la termovalorización puede ser "complicada". "No es que existe un consenso a nivel mundial respecto de esta tecnología. Depende también de las necesidades. En Francia, por ejemplo, están haciéndola a un lado; mientras que hay un avance en los países nórdicos. Si hay buen nivel de separación buen nivel de gestión, mucha conciencia ciudadana y funciona sin problemas", explicó el experto.
"Hay ciertos riesgos por la composición de residuos, sobre todo ciertos plásticos con compuestos clorados que generan dioxinas y furanos. Y, además, la tecnología tiene riesgo. Convengamos que la capacidad de control en la Argentina es una duda grande. La ubicación de las plantas también es polémica. Queda claro que falta una política integral para la gestión de los residuos.", agregó Suárez.
Mientras tanto, el Ceamse articula los diálogos y encuentros entre los intendentes del conurbano y busca también reconvertirse en una empresa generadora de energía. Con la llegada como presidente del directorio de Enrique Ricciuti, se puso acento también en la recuperación de material reciclable, en especial el PET.
Ricciuti se desempeñaba como Subsecretario de Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana del ministerio de Gobierno CABA. Fue además, ministro de Ambiente y Espacio Público y Subsecretario de Medio Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires y director del Programa Institucional de Medio Ambiente del Instituto Nacional de Tecnología industrial (INTI). Ricciuti reemplazó a Gustavo Coria, que responde a Diego Santilli, y se fue al ministerio de Seguridad porteño.
Hoy Ceamse genera energía a partir de la captura de carbono de los rellenos sanitarios que administra para 200,000 personas. También produce un estabilizado y recupera material en dos plantas, una en Ensenada y otra, en Norte III. Tiene también alguna inversión en renovables, en el camino del Buen Ayre. "Queremos diversificar la matriz energética de Ceamse. Es importante trabajar con todos los municipios en un tema de gran trascendencia cómo son los residuos sólidos urbanos para optimizar la calidad de vida de los vecinos del área metropolitana", dijo Ricciuti a Infobae.
En términos de reciclado por caso, se reordenó el predio donde funcionan 9 plantas al lado de Norte III, llamado Reciparque. Allí hay 820 personas trabajando y trabajan con alrededor de 24.000 de basura por mes. "Este es un proyecto que está funcionando muy bien e incluso está por obtener la aprobación del Organismo para el Desarrollo Sostenible (OPDS)", indica Suárez.
En Ceamse también creen que hay que hacer algo con los áridos, los restos de construcción. Por el volumen que se genera, calculan que pueden instalarse, al menos, tres plantas de tratamiento de este tipo de residuos en el AMBA. Hay una que ya funciona en Varela, en la ciudad de Buenos Aires.
A Ricciuti le interesa destacar el caso de Mar del Plata en donde el conflicto del basural a cielo abierto escaló a tal punto que hizo peligrar la vida de varias personas. El acuerdo con la municipalidad de Mar del Plata comenzó en la gestión anterior e incluso pasó por el Concejo Deliberante. "Una de las cosas que percibimos con claridad es que el ciudadano de Mar del Plata ya intentó participar de algún tipo de política (de separación en origen) en el pasado. A mí no me toca juzgarla, pero evidentemente los resultados están a la vista y no fueron suficientes y sustentables. Lo que sí puedo garantizar es que el programa que nosotros estamos pensando desarrollar en Mar del Plata es sustentable; no va a pasar que el vecino separe en su casa y después todo vaya al mismo destino", señaló Ricciuti.
Uno de los objetivos en Mar del Plata, además de ordenar el trabajo de los recuperadores urbanos, tiene que ver con bajar la estacionalidad de los residuos en la ciudad balnearia. Es por eso que se cree que serán los grandes generadores, como cadenas de supermercados o shoppings, los que colaborarán para separar en origen sus desechos.
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Fecha de Publicación: 31/05/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: CABA
Los pliegos de licitación están casi listos y ya se definió que la primera planta de tratamiento térmico -o termovalorización- de basura del Área Metropolitana de Buenos Aires funcionará en el camino del Buen Ayre.
Sin embargo, el proyecto no dará otro paso hacia adelante al menos hasta fines de este año. Los factores son dos: uno político y otro económico. Esto así porque a la incertidumbre electoral se suma el hecho que estas nuevas tecnologías tienen un alto costo, que se dificulta afrontar en medio de la crisis económica que afronta el país.
Las autoridades metropolitanas saben, sin embargo, que la reorganización de la gestión de residuos no puede demorarse mucho más: por día se procesan unas 20.000 toneladas de desechos en la Ceamse y la capacidad física para contenerlos, al menos en los rellenos sanitarios existentes, se está acabando.
Una vez operativa, la planta contribuiría a lidiar con el 10% de los desechos, ya que tratará 2,000 toneladas de basura por día y no 1,000, como se pensó originalmente.
Varios intendentes miran con cariño a la nueva tecnología, ya que representa una inversión y una posible solución a los dolores de cabeza que les generan los residuos. Sin embargo, no quieren anunciar públicamente que aceptarían por la resistencia social que podrían generar. Infobae pudo confirmar que al menos tres intendentes del conurbano están dispuestos a encontrar lugares en sus distritos. El nuevo plan cuenta con cuatro plantas en el AMBA, tres en territorio bonaerense.
En la ciudad de Buenos Aires, levantada la traba legal que representaba un artículo de la ley de basura cero, siguen buscando un lugar donde emplazar la instalación. Las dos posibilidades más concretas son la zona sur y como la isla Demarchi. En el ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño reconocieron a Infobae que están trabajando en eso, aunque la planta para la ciudad podría demorarse al menos un par de años.
Respecto de la iniciativa, Andrés Nápoli, presidente de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), indicó: "La estrategia general de gestión de residuos en el caso de CABA apuntan directamente a promover la incineración. Ello, tal cual ha sido propuesto, generará un enorme impacto en la calidad de vida de la población, por las emisiones que producirán los incineradores".
Riesgos
Para Francisco Suárez, experto en residuos del AMBA de la Universidad General San Martín, la termovalorización puede ser "complicada". "No es que existe un consenso a nivel mundial respecto de esta tecnología. Depende también de las necesidades. En Francia, por ejemplo, están haciéndola a un lado; mientras que hay un avance en los países nórdicos. Si hay buen nivel de separación buen nivel de gestión, mucha conciencia ciudadana y funciona sin problemas", explicó el experto.
"Hay ciertos riesgos por la composición de residuos, sobre todo ciertos plásticos con compuestos clorados que generan dioxinas y furanos. Y, además, la tecnología tiene riesgo. Convengamos que la capacidad de control en la Argentina es una duda grande. La ubicación de las plantas también es polémica. Queda claro que falta una política integral para la gestión de los residuos.", agregó Suárez.
Mientras tanto, el Ceamse articula los diálogos y encuentros entre los intendentes del conurbano y busca también reconvertirse en una empresa generadora de energía. Con la llegada como presidente del directorio de Enrique Ricciuti, se puso acento también en la recuperación de material reciclable, en especial el PET.
Ricciuti se desempeñaba como Subsecretario de Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana del ministerio de Gobierno CABA. Fue además, ministro de Ambiente y Espacio Público y Subsecretario de Medio Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires y director del Programa Institucional de Medio Ambiente del Instituto Nacional de Tecnología industrial (INTI). Ricciuti reemplazó a Gustavo Coria, que responde a Diego Santilli, y se fue al ministerio de Seguridad porteño.
Hoy Ceamse genera energía a partir de la captura de carbono de los rellenos sanitarios que administra para 200,000 personas. También produce un estabilizado y recupera material en dos plantas, una en Ensenada y otra, en Norte III. Tiene también alguna inversión en renovables, en el camino del Buen Ayre. "Queremos diversificar la matriz energética de Ceamse. Es importante trabajar con todos los municipios en un tema de gran trascendencia cómo son los residuos sólidos urbanos para optimizar la calidad de vida de los vecinos del área metropolitana", dijo Ricciuti a Infobae.
En términos de reciclado por caso, se reordenó el predio donde funcionan 9 plantas al lado de Norte III, llamado Reciparque. Allí hay 820 personas trabajando y trabajan con alrededor de 24.000 de basura por mes. "Este es un proyecto que está funcionando muy bien e incluso está por obtener la aprobación del Organismo para el Desarrollo Sostenible (OPDS)", indica Suárez.
En Ceamse también creen que hay que hacer algo con los áridos, los restos de construcción. Por el volumen que se genera, calculan que pueden instalarse, al menos, tres plantas de tratamiento de este tipo de residuos en el AMBA. Hay una que ya funciona en Varela, en la ciudad de Buenos Aires.
A Ricciuti le interesa destacar el caso de Mar del Plata en donde el conflicto del basural a cielo abierto escaló a tal punto que hizo peligrar la vida de varias personas. El acuerdo con la municipalidad de Mar del Plata comenzó en la gestión anterior e incluso pasó por el Concejo Deliberante. "Una de las cosas que percibimos con claridad es que el ciudadano de Mar del Plata ya intentó participar de algún tipo de política (de separación en origen) en el pasado. A mí no me toca juzgarla, pero evidentemente los resultados están a la vista y no fueron suficientes y sustentables. Lo que sí puedo garantizar es que el programa que nosotros estamos pensando desarrollar en Mar del Plata es sustentable; no va a pasar que el vecino separe en su casa y después todo vaya al mismo destino", señaló Ricciuti.
Uno de los objetivos en Mar del Plata, además de ordenar el trabajo de los recuperadores urbanos, tiene que ver con bajar la estacionalidad de los residuos en la ciudad balnearia. Es por eso que se cree que serán los grandes generadores, como cadenas de supermercados o shoppings, los que colaborarán para separar en origen sus desechos.
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Río Negro quiere tener un inventario de GEIs
Buscan controlar los Gases de Efecto Invernadero en Río Negro
Fecha de Publicación: 31/05/2019
Fuente: La Mañana de Chipoletti
Provincia/Región: Río Negro
En la Legislatura quieren conocer detalles de las emisiones en la provincia para colaborar con la lucha contra el cambio climático.
Ayer se presentó en la Legislatura el proyecto para elaborar un inventario de Gases de Efecto Invernadero (INVGEI) para la provincia de Río Negro, que permitirá cuantificarlas emisiones durante un período de tiempo determinado.
La secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Dina Migani, manifestó que “se trata de un hecho inédito en nuestra provincia. La finalidad principal es promover la participación y mejora de capacidades en proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático”.
“El Inventario Provincial de Emisiones de GEI constituye un punto de partida para estudios específicos respecto de la situación de la provincia ante esta temática”, agregó la funcionaria ambiental.
El encuentro tuvo como finalidad además identificar las fuentes de información, los actores relevantes e informantes calificados que permitan impulsar su implementación a nivel provincial, y establecer las bases conceptuales - metodológicas y los requerimientos de información. Al mismo tiempo se acordarán los criterios para la recopilación y sistematización de la información relevante.
“Si bien la responsabilidad de Río Negro en las emisiones totales de Gases Efecto Invernadero de la República Argentina es mínima, el INVGEI constituye una herramienta fundamental para la toma de decisiones, en tanto permitirá contar con una línea de base de la situación provincial por sector de emisión”, explicó Migani.
La actividad fue organizada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Fundación Bariloche, y el Consejo Federal de Inversiones y Enlace con CFI.
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Fecha de Publicación: 31/05/2019
Fuente: La Mañana de Chipoletti
Provincia/Región: Río Negro
En la Legislatura quieren conocer detalles de las emisiones en la provincia para colaborar con la lucha contra el cambio climático.
Ayer se presentó en la Legislatura el proyecto para elaborar un inventario de Gases de Efecto Invernadero (INVGEI) para la provincia de Río Negro, que permitirá cuantificarlas emisiones durante un período de tiempo determinado.
La secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Dina Migani, manifestó que “se trata de un hecho inédito en nuestra provincia. La finalidad principal es promover la participación y mejora de capacidades en proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático”.
“El Inventario Provincial de Emisiones de GEI constituye un punto de partida para estudios específicos respecto de la situación de la provincia ante esta temática”, agregó la funcionaria ambiental.
El encuentro tuvo como finalidad además identificar las fuentes de información, los actores relevantes e informantes calificados que permitan impulsar su implementación a nivel provincial, y establecer las bases conceptuales - metodológicas y los requerimientos de información. Al mismo tiempo se acordarán los criterios para la recopilación y sistematización de la información relevante.
“Si bien la responsabilidad de Río Negro en las emisiones totales de Gases Efecto Invernadero de la República Argentina es mínima, el INVGEI constituye una herramienta fundamental para la toma de decisiones, en tanto permitirá contar con una línea de base de la situación provincial por sector de emisión”, explicó Migani.
La actividad fue organizada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Fundación Bariloche, y el Consejo Federal de Inversiones y Enlace con CFI.
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