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Mendoza busca usar los guanacos sin mortandad
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Mendoza busca salvar a los guanacos y reclama un plan integral para evitar matanzas
Fecha de Publicación: 10/08/2020
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Mendoza
Salvar a los guanacos, con un nuevo plan de desarrollo, sin mortandad. Ese el objetivo que persigue la provincia cuyana para el sostenimiento sustentable nacional de una especie que está en peligro en otras zonas del país, sobre todo en el sur. Por eso, Mendoza reclama un programa integral con aval científico para evitar matanzas. Esto es, apuntar más a la esquila y a la comercialización controlada de los subproductos, sin acabar con la vida del animal, y menos aún, vender su carne. Así, la Secretaría de Ambiente local solicita un dictamen al Conicet para unificar criterios en todo el país, ya que se advierten cada vez más irregularidades.
Según pudo saber LA NACION, durante la gestión de Mauricio Macri se puso en marcha el Plan Nacional de Manejo Sostenible del Guanaco, el cual abría las puertas a las provincias del sur para hacer aprovechamiento de la carne; esto es, cacería y comercialización, de manera controlada, aunque implicaba el sacrificio de los ejemplares. "En Mendoza esto provocó problemas, ya que la caza de guanaco es ilegal y está prohibida la venta de carne: comenzaron a aparecer casos de dudosa trazabilidad; nos decían que era carne del sur del país, y nunca se terminó de aceitar el mecanismo. Además, no intervino el Conicet u otro organismo científico para saber si se están afectando las poblaciones de guanaco", indicaron desde el Ejecutivo mendocino.
Por tal motivo, la provincia del oeste argentino busca poner un freno a esta situación, alertando a todo el país. "Mendoza se ha plantado y no quiere que se maten más guanacos; tenemos otra manera de aprovechar el producto, por ejemplo en zonas protegidas, como la Payunia, donde hay grandes migraciones de guanacos, apuntamos al turismo y también a la silvestría para aprovechar la lana, todas actividades que no implican el sacrificio de los ejemplares", completaron desde Ambiente provincial.
De esta manera, el organismo local solicitó al Ente Coordinador Interjurisdiccional para la Fauna Silvestre que se amplíe la evaluación del agregado de valor del uso sustentable del guanaco, sin la necesidad de incidir en la mortalidad de ejemplares de esta especie y remarcó la necesidad de un abordaje específico para cada provincia.
En Mendoza, los antecedentes registrados evidencian el aporte en la economía regional, a partir de un aprovechamiento derivado de turismo, subproductos de la especie, entre otros beneficios. Esto, sin la necesidad de reducir las dinámicas poblacionales asociadas, con la intencionalidad de incluir dentro de los sistemas productivos locales la convivencia de la conservación de recursos naturales y la generación de rentabilidad económica de pobladores.
Humberto Mingorance, secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza, hizo hincapié en la necesidad de dar participación al sector científico en la construcción de políticas de conservación de la biodiversidad y reafirmó la postura de solicitar Dictamen Técnico al Instituto Argentino de Zonas Áridas del Conicet. Por otro lado, expuso la posibilidad de desarrollo sustentable a través de procesos como actividades turísticas derivadas y venta de subproductos de la especie sin la necesidad de incurrir en la mortalidad de los especímenes.
Así, otro de los puntos expuestos fue el replanteo de las medidas establecidas de seguimiento de los productos y subproductos que se obtienen del guanaco, dado que las medidas implementadas en 2019, generaron conflictos de fiscalización respecto de la certificación del origen legal de los subproductos.
"Pedimos una evaluación más seria antes de tomar medidas. Y explorar todas las actividades posibles. Para plantear desarrollo sin mortandad. También, es real que se presenta otro problema: en el sur del país el Guanaco les 'saca' pastura a las ovejas, aunque en realidad es al revés, según quien lo mire", acotaron desde el Ejecutivo mendocino.
Durante años, la provincia cuyana desarrolló la experiencia de "esquila en silvestría", en el ámbito de la Reserva Natural La Payunia. "Se actuó con un criterio de sustentabilidad en el uso de la especie, poniendo en valor el animal vivo y, a la vez, disponiendo del recurso que este brinda gracias a su esquila y obtención de fibra. Resultado de ello fue la obtención de una herramienta efectiva para la conservación y la participación de las comunidades locales en el uso sustentable y valoración de la especie en la dinámica del ecosistema", indicaron las fuentes.
Frente a este escenario de preocupación y a la espera de una nueva visión de manejo nacional de la especie, la Dirección de Recursos Naturales Renovables de Mendoza recuerda a la población que los animales de fauna silvestre no pueden recibir el trato de las mascotas. El comercio y tenencia, sin acreditar procedencia legal, están prohibidos por la normativa en materia de fauna silvestre: Ley Nacional 22421, de adhesión 4602 y 7308, reglamentada mediante Decreto 1890/05.
Asimismo, desde el gobierno local, aclararon que el hostigamiento y otros delitos contra la fauna silvestre están penados con multas que van desde $2.223 a $222.225 según la gravedad del hecho. Para dar aviso sobre casos de tenencia y comercio ilegal de fauna, se recomienda hacerlo a través del portal de denuncia en internet: www.ambiente.mendoza.gov.ar. También se puede realizar una denuncia llamando al 911.
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Prinicipio para garantizar desarrollo sustentable de la pesca
Firman acuerdo para garantizar desarrollo sustentable de la pesca
Fecha de Publicación: 26/06/2020
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Nacional
El Municipio de Camarones firmó un acta acuerdo con distintos sectores para garantizar el desarrollo sustentable de la pesca, respetando los criterios establecidos en los protocolos de bioseguridad.
Atento al inicio de la temporada de pesca nacional, donde la semana pasada arribó al puerto local un buque de prospección de Mar del Plata para evaluar las condiciones del lecho marino, el Ejecutivo ya avanzó con diversas tareas de fiscalización preventiva para impedir la actuación del Covid-19, resguardando la integridad de quienes participan directamente en la zafra.
En la rúbrica del documento, los interesados acuerdan y se obligan a la aceptación, implementación y cumplimiento con lo dispuesto en las normas reglamentarias, sanitarias y tributarias impuestas por el municipio y las que éste estime a futuro implementar, a efectos de desarrollar la actividad pesquera de temporada 2020 en contexto de Covid-19.
Además, se comprometen con el respeto y aplicación íntegra de todo lo inserto en las normas actuales o futuras a nivel provincial y administrativas Portuarias, que se contemplen en el Plan de Contingencia y Protocolo Sanitario Covid-19 Pesca 2020.
En el acta acuerdo, las partes se comprometieron a no exceder el máximo de embarcaciones que arriben a puerto, estableciéndose de manera inicial en cuatro por día, con posibilidad de ampliarse este número de acuerdo al desarrollo epidemiológico local, alcanzando una actividad equilibrada y en condiciones de salubridad.
También el municipio se compromete a la logística y al armado del trabajo de control, saneamiento, desinfección de los ingresos y egresos de todo vehículo o medio de transporte hacia el puerto de Camarones en el ejido municipal.
Por último, la Policía de control Portuaria, Prefectura Naval Argentina, Secretaría de Pesca, Dirección de Puerto y Sindicato de Trabajadores Portuarios se comprometen a intensificar los controles de la actividad dentro del ejido de su jurisdicción interna en el puerto, y de manera conjunta, coordinar las políticas de control a complementarse con el municipio.
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Fecha de Publicación: 26/06/2020
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Nacional
El Municipio de Camarones firmó un acta acuerdo con distintos sectores para garantizar el desarrollo sustentable de la pesca, respetando los criterios establecidos en los protocolos de bioseguridad.
Atento al inicio de la temporada de pesca nacional, donde la semana pasada arribó al puerto local un buque de prospección de Mar del Plata para evaluar las condiciones del lecho marino, el Ejecutivo ya avanzó con diversas tareas de fiscalización preventiva para impedir la actuación del Covid-19, resguardando la integridad de quienes participan directamente en la zafra.
En la rúbrica del documento, los interesados acuerdan y se obligan a la aceptación, implementación y cumplimiento con lo dispuesto en las normas reglamentarias, sanitarias y tributarias impuestas por el municipio y las que éste estime a futuro implementar, a efectos de desarrollar la actividad pesquera de temporada 2020 en contexto de Covid-19.
Además, se comprometen con el respeto y aplicación íntegra de todo lo inserto en las normas actuales o futuras a nivel provincial y administrativas Portuarias, que se contemplen en el Plan de Contingencia y Protocolo Sanitario Covid-19 Pesca 2020.
En el acta acuerdo, las partes se comprometieron a no exceder el máximo de embarcaciones que arriben a puerto, estableciéndose de manera inicial en cuatro por día, con posibilidad de ampliarse este número de acuerdo al desarrollo epidemiológico local, alcanzando una actividad equilibrada y en condiciones de salubridad.
También el municipio se compromete a la logística y al armado del trabajo de control, saneamiento, desinfección de los ingresos y egresos de todo vehículo o medio de transporte hacia el puerto de Camarones en el ejido municipal.
Por último, la Policía de control Portuaria, Prefectura Naval Argentina, Secretaría de Pesca, Dirección de Puerto y Sindicato de Trabajadores Portuarios se comprometen a intensificar los controles de la actividad dentro del ejido de su jurisdicción interna en el puerto, y de manera conjunta, coordinar las políticas de control a complementarse con el municipio.
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Detectan grupo de barcos extranjeros en aguas Argentinas
Pesca ilegal. Alertan por la gran presencia de buques extranjeros en mar argentino en plena cuarentena
Fecha de Publicación: 28/04/2020
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La asociación Intercámaras de la Industria Pesquera de la Argentina, que nuclea a las diferentes asociaciones de pesca del país, alertaron por la actividad ilegal de buques pesqueros extranjeros en la Zona Económica Exclusiva (ZEE). Lo hicieron a través de una carta dirigida al presidente Alberto Fernández.
"Sin dilación, esperamos que se arbitren todos los mecanismos operativos para obtener un mayor y permanente control y patrullaje de los espacios marítimos nacionales, aplicando las sanciones más severas a cualquier buque infractor", se puede leer en el texto.
En diálogo con LA NACION , Darío Sócrate, gerente del Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), explicó que el sábado pasado capitanes de flotas pesqueras nacionales avisaron a las distintas cámaras del sector la presencia de una enorme cantidad de barcos ilegales dentro de la ZEE.
"Eran más de 100 los barcos los que estaban dentro de territorio marítimo argentino. Los capitanes de los barcos hicieron las denuncias correspondientes en Prefectura y, por nuestra parte, nos comunicamos con las autoridades gubernamentales para que tomen cartas en el asunto", señaló.
Según contó el dirigente, la situación viene sucediendo hace varios días de manera permanente, con buques extranjeros ilegales que permanecen en la milla 201. "Cómo la pesca del calamar opera siempre de noche, entran y salen de la zona exclusiva argentina. Con la falta de control y patrullaje, como todo delincuente, prueba y, si la persecución no aparece, cada vez lo hacen más adentro de espacio argentino", indicó.
Este panorama pesquero revela tres cuestiones críticas. Por un lado, la pesca de embarcaciones extranjeras en aguas argentinas lleva a que esa producción por parte de barcos de bandera nacional descienda. Además, la enorme cantidad de flota en la zona pone en riesgo el normal desenvolvimiento de las embarcaciones locales. Por último, esa utilidad obtenida se destina a los mismos países donde concurre la exportación argentina.
Sócrate aseguró que las flotas pesqueras extranjeras, principalmente coreanas y chinas, cuentan con apoyo logístico en alta mar, donde le proveen de combustible y de víveres. "El destino de esas capturas es el mismo de la producción argentina. Es injusto porque, además de ser ilegales, tienen subsidios de sus países de origen y los valores de su pesca son mucho más bajos que los nuestros. Con precios de dumping es una competencia totalmente desleal", sostuvo.
Para el sector, esta actividad ilícita extranjera impacta de manera directa en la industria pesquera nacional, en la sustentabilidad de los recursos y de empleos. "Estimando una captura de calamar diaria de 50 toneladas por buque, conforme a su capacidad, ya llevarían capturadas una cantidad similar o mayor a la captura de los buques argentinos en toda la temporada de pesca", explican en la carta.
Desde el Gobierno explicaron que están maximizando recursos tecnológicos con Prefectura para hacer frente a un problema, que no es nuevo. "Hasta la semana pasada estuvo el barco Derbe de la Prefectura en la zona, pero tuvo que volver a base a aprovisionarse de combustible. Cuando el viernes por la noche nos enteramos del problema de los barcos ilegales en la ZEE, enviamos dos aviones a la zona. Con una buena articulación de la Prefectura y la Armada, estamos haciendo el mayor esfuerzo para actuar en consecuencia", dijeron.
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Fecha de Publicación: 28/04/2020
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La asociación Intercámaras de la Industria Pesquera de la Argentina, que nuclea a las diferentes asociaciones de pesca del país, alertaron por la actividad ilegal de buques pesqueros extranjeros en la Zona Económica Exclusiva (ZEE). Lo hicieron a través de una carta dirigida al presidente Alberto Fernández.
"Sin dilación, esperamos que se arbitren todos los mecanismos operativos para obtener un mayor y permanente control y patrullaje de los espacios marítimos nacionales, aplicando las sanciones más severas a cualquier buque infractor", se puede leer en el texto.
En diálogo con LA NACION , Darío Sócrate, gerente del Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), explicó que el sábado pasado capitanes de flotas pesqueras nacionales avisaron a las distintas cámaras del sector la presencia de una enorme cantidad de barcos ilegales dentro de la ZEE.
"Eran más de 100 los barcos los que estaban dentro de territorio marítimo argentino. Los capitanes de los barcos hicieron las denuncias correspondientes en Prefectura y, por nuestra parte, nos comunicamos con las autoridades gubernamentales para que tomen cartas en el asunto", señaló.
Según contó el dirigente, la situación viene sucediendo hace varios días de manera permanente, con buques extranjeros ilegales que permanecen en la milla 201. "Cómo la pesca del calamar opera siempre de noche, entran y salen de la zona exclusiva argentina. Con la falta de control y patrullaje, como todo delincuente, prueba y, si la persecución no aparece, cada vez lo hacen más adentro de espacio argentino", indicó.
Este panorama pesquero revela tres cuestiones críticas. Por un lado, la pesca de embarcaciones extranjeras en aguas argentinas lleva a que esa producción por parte de barcos de bandera nacional descienda. Además, la enorme cantidad de flota en la zona pone en riesgo el normal desenvolvimiento de las embarcaciones locales. Por último, esa utilidad obtenida se destina a los mismos países donde concurre la exportación argentina.
Sócrate aseguró que las flotas pesqueras extranjeras, principalmente coreanas y chinas, cuentan con apoyo logístico en alta mar, donde le proveen de combustible y de víveres. "El destino de esas capturas es el mismo de la producción argentina. Es injusto porque, además de ser ilegales, tienen subsidios de sus países de origen y los valores de su pesca son mucho más bajos que los nuestros. Con precios de dumping es una competencia totalmente desleal", sostuvo.
Para el sector, esta actividad ilícita extranjera impacta de manera directa en la industria pesquera nacional, en la sustentabilidad de los recursos y de empleos. "Estimando una captura de calamar diaria de 50 toneladas por buque, conforme a su capacidad, ya llevarían capturadas una cantidad similar o mayor a la captura de los buques argentinos en toda la temporada de pesca", explican en la carta.
Desde el Gobierno explicaron que están maximizando recursos tecnológicos con Prefectura para hacer frente a un problema, que no es nuevo. "Hasta la semana pasada estuvo el barco Derbe de la Prefectura en la zona, pero tuvo que volver a base a aprovisionarse de combustible. Cuando el viernes por la noche nos enteramos del problema de los barcos ilegales en la ZEE, enviamos dos aviones a la zona. Con una buena articulación de la Prefectura y la Armada, estamos haciendo el mayor esfuerzo para actuar en consecuencia", dijeron.
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Chaco finalmente decreta la veda de pesca
Chaco dio marcha atrás y decretó la veda en su costa
Fecha de Publicación: 13/04/2020
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Chaco
Aunque en un primer momento había autorizado la salida de pescadores, luego restringió la pesca deportiva y comercial, y preservar los recursos y la fauna ictícola. Además, se anunció un subsidio para los pescadores con carnet habilitante y asociados a organizaciones pesqueras.
El Gobierno del Chaco ordenó la veda total en sus costas para preservar la fauna íctica en medio de una bajante extraordinaria y la cuarentena. Con esto retrotajo la decisión que se había tomado primero de habilitar a sus pescadores.
La secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente, Marta Soneira encabezó una mesa de diálogo con referentes de asociaciones e instituciones relacionadas a la actividad pesquera de la provincia, para comunicar la declaración de veda total en la costa chaqueña a partir de este miércoles 8 de abril. La decisión consensuada se debe a la situación de bajantes de los ríos Paraguay y Paraná.
Entendiendo que se trata de una actividad que forma parte del sustento diario de muchas familias chaqueñas, la Provincia otorgará un subsidio para los pescadores registrados, y junto a las distintas entidades acordaron conformar la Mesa de Monitoreo para seguir de cerca los avances y trabajar en la definición de políticas y estrategias para el sector ictícola.
La medida se instrumentó a través del Decreto Provincial N° 399/2020. “Fue de común acuerdo entre todos los sectores y por primera vez en el Chaco se decretará la veda por bajante del río para la preservación de recursos ícticos”, destacó Soneira.
De acuerdo a lo analizado en la mesa, la funcionaria explicó que esta bajante tendrá continuidad durante dos meses más y reconoció que afecta directamente al recurso ictícola de los ríos Paraná y Paraguay, por lo que “hemos consensuado que a partir de hoy que existe la veda excepcional para pesca deportiva y comercial sobre costa chaqueña”, reiteró. En paralelo se le notifica esta definición a la provincia de Corrientes y también a la República del Paraguay.
“Después de esta veda, regirá la veda normal que es la veda extendida”, indicó la secretaria, detallando que la veda normal impide la pesca comercial como deportiva durante los fines de semana.
Sistema de compensación para pescadores
A raíz de esta veda, Soneira anunció que se trabaja en un sistema de compensación directa, con actualización mensual, para pescadores que cuentan con carnet habilitante como pescadores comerciales y que están asociados a las cuatro organizaciones que participaron de la mesa de diálogo.
“Acordamos un esquema de transferencia directa para este período a cada uno de ellos. Si la veda se extendiera por más de uno o dos meses, habrá un reajuste el 30 de abril, ya que no tiene fecha de término porque dependerá de las condiciones ambientales y de crecimiento de cota mínima que tienen que tener los ríos Paraná y Paraguay”, dijo la titular de la cartera ambiental.
Entre los presentes estuvieron representantes de la Prefectura Naval Argentina; Policía del Chaco; Federación Chaqueña de Pesca; Administración Provincial del Agua (APA); Asociación de Pescadores del Litoral (APDL); Instituto de Ictiología del Nordeste; Fishing Pesca; Asociación de Pescadores del Río Paraná; Asociación de Pescadores del Chaco; Asociación Red Solidaria; Federación Chaqueña de Pesca y Lanzamiento; y Fundación Control Ciudadano.
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Fecha de Publicación: 13/04/2020
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Chaco
Aunque en un primer momento había autorizado la salida de pescadores, luego restringió la pesca deportiva y comercial, y preservar los recursos y la fauna ictícola. Además, se anunció un subsidio para los pescadores con carnet habilitante y asociados a organizaciones pesqueras.
El Gobierno del Chaco ordenó la veda total en sus costas para preservar la fauna íctica en medio de una bajante extraordinaria y la cuarentena. Con esto retrotajo la decisión que se había tomado primero de habilitar a sus pescadores.
La secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente, Marta Soneira encabezó una mesa de diálogo con referentes de asociaciones e instituciones relacionadas a la actividad pesquera de la provincia, para comunicar la declaración de veda total en la costa chaqueña a partir de este miércoles 8 de abril. La decisión consensuada se debe a la situación de bajantes de los ríos Paraguay y Paraná.
Entendiendo que se trata de una actividad que forma parte del sustento diario de muchas familias chaqueñas, la Provincia otorgará un subsidio para los pescadores registrados, y junto a las distintas entidades acordaron conformar la Mesa de Monitoreo para seguir de cerca los avances y trabajar en la definición de políticas y estrategias para el sector ictícola.
La medida se instrumentó a través del Decreto Provincial N° 399/2020. “Fue de común acuerdo entre todos los sectores y por primera vez en el Chaco se decretará la veda por bajante del río para la preservación de recursos ícticos”, destacó Soneira.
De acuerdo a lo analizado en la mesa, la funcionaria explicó que esta bajante tendrá continuidad durante dos meses más y reconoció que afecta directamente al recurso ictícola de los ríos Paraná y Paraguay, por lo que “hemos consensuado que a partir de hoy que existe la veda excepcional para pesca deportiva y comercial sobre costa chaqueña”, reiteró. En paralelo se le notifica esta definición a la provincia de Corrientes y también a la República del Paraguay.
“Después de esta veda, regirá la veda normal que es la veda extendida”, indicó la secretaria, detallando que la veda normal impide la pesca comercial como deportiva durante los fines de semana.
Sistema de compensación para pescadores
A raíz de esta veda, Soneira anunció que se trabaja en un sistema de compensación directa, con actualización mensual, para pescadores que cuentan con carnet habilitante como pescadores comerciales y que están asociados a las cuatro organizaciones que participaron de la mesa de diálogo.
“Acordamos un esquema de transferencia directa para este período a cada uno de ellos. Si la veda se extendiera por más de uno o dos meses, habrá un reajuste el 30 de abril, ya que no tiene fecha de término porque dependerá de las condiciones ambientales y de crecimiento de cota mínima que tienen que tener los ríos Paraná y Paraguay”, dijo la titular de la cartera ambiental.
Entre los presentes estuvieron representantes de la Prefectura Naval Argentina; Policía del Chaco; Federación Chaqueña de Pesca; Administración Provincial del Agua (APA); Asociación de Pescadores del Litoral (APDL); Instituto de Ictiología del Nordeste; Fishing Pesca; Asociación de Pescadores del Río Paraná; Asociación de Pescadores del Chaco; Asociación Red Solidaria; Federación Chaqueña de Pesca y Lanzamiento; y Fundación Control Ciudadano.
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Los costos de la megaminería
Los costos de la megaminería
Fecha de Publicación: 18/03/2020
Fuente: TSS - Biodiversidad LA
Provincia/Región: Nacional
Investigadores de distintas universidades y dependencias del CONICET del país elaboraron un documento en el que cuestionan concepciones que avalan el desarrollo de la megaminería en la Argentina. La iniciativa, que sumó casi 800 adhesiones, reavivó una controversia que exige un debate profundo sobre el modelo de desarrollo del país y la región.
“De las entrañas de nuestra América Latina salió el 45% del cobre, el 15% del hierro, el 20% del oro, el 51% de la plata, el 19% de la bauxita, el 21% del zinc, el 10% del níquel, el 14% del plomo, el 19% del estaño y el 29% del molibdeno del mundo, sobre el total de lo extraído durante la década 2008-2017. Sin embargo, en la región solo vive el 8,4% de los habitantes del planeta y su consumo de metales ronda apenas entre el 5 y 7 % del total mundial”, sostiene el geógrafo Marcelo Giraud, uno de los 33 investigadores de distintas universidades y dependencias del CONICET del país, que participaron de la elaboración y difusión de un documento en el que, a partir de datos de estudios nacionales e internacionales, buscan desmitificar los argumentos del sector minero que avalan el desarrollo de la megaminería en la Argentina.
“Desde el inicio de la humanidad, ya se han extraído 185.000 toneladas de oro, de las cuales la industria apenas demanda 330 por año, que podrían reciclarse del oro que hoy está dando vueltas por el mundo. Los bancos centrales de los países y el FMI tienen unas 32.000 toneladas acumuladas, mientras que los propietarios individuales conservan el resto. De hecho, el 36% de la demanda se abastece con oro reciclado”, agrega Giraud, que es docente en la Unicversidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), y aclara que la importancia de la minería de oro radica en que la búsqueda de más yacimientos y la generación de nuevos proyectos de explotación de oro determina, prácticamente, “la mitad de la actividad exploratoria minera metalífera en el mundo”.
Estos ejemplos ponen en cuestión uno de los argumentos que más circula en torno a la megaminería: que no es posible vivir sin ella y que quienes se oponen deberían renunciar a consumir y utilizar objetos que contengan metales. Por el contrario, sostiene Giraud, “América Latina es la gran exportadora neta (diferencia entre exportaciones e importaciones) de metales al mundo. Se extraen del subsuelo muchos más metales que lo que los latinoamericanos consumimos. Es decir, que nos tenemos que hacer cargo de todos los riesgos de contaminación del agua, aire, suelo, degradación del paisaje, flora, fauna y todos los impactos sociales en las comunidades, así como del aumento de prostitución y de adicciones a las drogas y al juego, por algo que tiene que ver con una inserción en la división internacional del trabajo. Cinco siglos después, con algunas variantes, seguimos siendo los grandes exportadores netos de productos minerales”.
El documento elaborado por los científicos y científicas del CONICET se refiere particularmente a la megaminería metalífera, entendida como un concepto que no solo se refiere a un método técnico sino a un modo de extracción de metales que involucra a cierto tipo de actores y agentes económicos, generalmente empresas medianas y grandes de carácter transnacional, que es la que más conflictos y resistencias genera en los territorios, así como la que más riesgos presenta para el ambiente.
Otra de las grandes promesas que llegan de la mano de la minería a gran escala es que generará desarrollo, empleo y diversificación de la economía regional. Sin embargo, los datos del INDEC plasmados en el documento elaborado por este grupo multidisciplinario indican que, desde 2004 hasta 2018, la “explotación de minas y canteras” aportó sólo el 2,95% del valor bruto de producción total en Argentina, mientras que el aporte de la megaminería metalífera fue de apenas el 0,49. En cuanto a la generación de puestos laborales, del total de empleo público y privado registrado en el país al segundo trimestre de 2019, los de la actividad minera no alcanzan el 1% del total, considerando la extracción de minerales metalíferos, no metalíferos e incluso la de petróleo crudo y gas natural, según estimaciones tomadas del Ministerio de Trabajo.
“No se puede negar que existe algo de movimiento en las zonas donde se instalan estos proyectos, pero hay que analizar otros datos de la realidad, como cuánta pobreza había antes y cuánta hay después”, sostiene la especialista en Sociología Económica Laura Álvarez, que es investigadora en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y también participó en la redacción del documento. Según Álvarez, también hay que sumar otras variables, como la impositiva, y el consumo de agua y energía de estos mega proyectos. “Según datos oficiales, en un año de buena producción, el yacimiento de Bajo de la Alumbrera –en Catamarca– usó 85 millones de metros cúbicos de agua y consumió la energía eléctrica equivalente al doble del consumo residencial de toda la provincia”, dice Álvarez.
“Particularmente, planteamos nuestros argumentos en relación a la mega minería metalífera, que usa sustancias como el cianuro y acido sulfúrico, y es la que está en el ojo de los diferentes gobiernos y políticas de Estado desde los 90. No hay un proyecto de generar divisas o inversiones a partir de una minería que no sea de gran escala o algún tipo de intervención diferente del fracking”, sostiene el biólogo Matías Blaustein, del Instituto de fisiología, biología molecular y neurociencias (IFIBYNE-UBA/CONICET) y otro de los autores del documento, y agrega que podría ser “interesante” discutir acerca de la minería a pequeña escala, pero que no es el contexto actual. “Lo que se busca son inversores de grandes empresas transnacionales que vengan a hacer minería a gran escala. No hay un proyecto de industrialización, ni de generación de minería a pequeña escala destinado a algún tipo de generación de empleo o industria nacional sino que, por el contrario, se va a un modelo de reprimarizacion de la economía con quienes puedan afrontar esas inversiones, se puedan llevar el mineral y procesarlo, dejando cantidades irrisorias de dinero, del orden del 1% de lo que se llevan en material”, puntualiza.
Otros de los argumentos que desmitifica el documento son que siempre hubo minería y no trajo problemas graves a la humanidad, y que los impactos en la salud y el ambiente de la megaminería ocurren a muy largo plazo o son reversibles. Al respecto, basta recordar el accidente de la mina Veladero, en San Juan, que en 2015 contaminó con 15.000 litros de solución cianurada las aguas del río Potrerillos, o la tragedia que ese mismo año provocó al menos 17 muertes en Mariana, cerca del estado de Minas Gerais, en Brasil, en lo que muchos catalogan como la mayor catástrofe ambiental de ese país y es considerado el mayor colapso de diques de cola de la historia de toda la minería mundial.
“Hay trabajos internacionales que consideran el último siglo y que muestran que, en cada década que transcurre, el impacto acumulado de los accidentes de diques de cola, lejos de disminuir gracias al avance de la tecnología, son cada vez más grandes e inmanejables”, advierte Giraud. En el caso de Veladero, en San Juan, a pesar de que la minera Barrick Gold era la principal extractora de oro del mundo y cumplia con todas las certificaciones ambientales, no contaba con un sensor de bajo costo que podría haber evitado la tragedia. “Nunca hay garantías plenas, el punto es a quién le corresponde decidir qué riesgo se quiere asumir en determinado territorio”, cuestiona Giraud, que además es representante de la Asamblea Mendocina por el Agua Pura.
“También cuestionamos el argumento que plantea que la minería a gran escala ´bien hecha´ no traería efectos dañinos. Explicamos que eso no es posible por la propia lógica, ya que los materiales que se emplean, la voladura de cerros de montañas, las nubes tóxicas que se generan y la degradación del paisaje son algunos de los efectos potenciales”, agrega Blaustein, que entre 2010 y 2016 participó en un relevamiento en Tinogasta, Catamarca, adonde se quería hacer minería de uranio, cobre y plata. “Como científicos, tratamos de aportar un grano de arena a favor de las resistencias que hay en diferentes partes del país frente a este método extractivo, que a nuestro parecer genera más que nada enfermedad, contaminación y malestar a cambio de muy poco”, sostiene.
Frente al avance de esta actividad, en la Argentina hay ejemplos exitosos y fallidos de movilizaciones que lograron evitar la explotación minera, tal como ocurrió en Esquel en 2003, cuando los asambleístas lograron, a través de un plesbicito, la sancion de la Ley 5001, que prohíbe la actividad minera en la provincia de Chubut, y el más reciente de Mendoza, que en diciembre salió a las calles a defender la Ley 7722, que prohibe el uso de cianuro y otras sustancias tóxicas en mineria, y de los intentos de modificación de la legislación por parte de las flamantes autoridades políticas de la provincia.
“El enfoque multidisciplinario es fundamental pero no solo en torno a las disciplinas, sino a diferentes aspectos que tiene una realidad. Por eso, temas así deben ser tratados desde diferente miradas y trayectorias, no solo académicas. En el caso de las asambleas socioambientales, después de 10 o 15 años de investigación y recopilación de información, hay gente que ya se ha convertido en experta”, advierte Álvarez, que se involucró en la Asamblea de Esquel durante 2011, mientras realizaba el trabajo de campo para su investigación sobre políticas públicas nacionales y provinciales del sector minero. Y concluye: “Como sociedad tenemos que preguntarnos qué necesitamos y esto no puede ser una decisión de unos pocos. Hay que hacerse la pregunta a nivel social. Por ejemplo: ¿Para qué se extraen estos minerales? ¿Cuál es su costo social? Cuando las poblaciones dicen que el agua vale más que el oro, no es solo una consigna para reproducir sino para pensar que queremos”.
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Fecha de Publicación: 18/03/2020
Fuente: TSS - Biodiversidad LA
Provincia/Región: Nacional
Investigadores de distintas universidades y dependencias del CONICET del país elaboraron un documento en el que cuestionan concepciones que avalan el desarrollo de la megaminería en la Argentina. La iniciativa, que sumó casi 800 adhesiones, reavivó una controversia que exige un debate profundo sobre el modelo de desarrollo del país y la región.
“De las entrañas de nuestra América Latina salió el 45% del cobre, el 15% del hierro, el 20% del oro, el 51% de la plata, el 19% de la bauxita, el 21% del zinc, el 10% del níquel, el 14% del plomo, el 19% del estaño y el 29% del molibdeno del mundo, sobre el total de lo extraído durante la década 2008-2017. Sin embargo, en la región solo vive el 8,4% de los habitantes del planeta y su consumo de metales ronda apenas entre el 5 y 7 % del total mundial”, sostiene el geógrafo Marcelo Giraud, uno de los 33 investigadores de distintas universidades y dependencias del CONICET del país, que participaron de la elaboración y difusión de un documento en el que, a partir de datos de estudios nacionales e internacionales, buscan desmitificar los argumentos del sector minero que avalan el desarrollo de la megaminería en la Argentina.
“Desde el inicio de la humanidad, ya se han extraído 185.000 toneladas de oro, de las cuales la industria apenas demanda 330 por año, que podrían reciclarse del oro que hoy está dando vueltas por el mundo. Los bancos centrales de los países y el FMI tienen unas 32.000 toneladas acumuladas, mientras que los propietarios individuales conservan el resto. De hecho, el 36% de la demanda se abastece con oro reciclado”, agrega Giraud, que es docente en la Unicversidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), y aclara que la importancia de la minería de oro radica en que la búsqueda de más yacimientos y la generación de nuevos proyectos de explotación de oro determina, prácticamente, “la mitad de la actividad exploratoria minera metalífera en el mundo”.
Estos ejemplos ponen en cuestión uno de los argumentos que más circula en torno a la megaminería: que no es posible vivir sin ella y que quienes se oponen deberían renunciar a consumir y utilizar objetos que contengan metales. Por el contrario, sostiene Giraud, “América Latina es la gran exportadora neta (diferencia entre exportaciones e importaciones) de metales al mundo. Se extraen del subsuelo muchos más metales que lo que los latinoamericanos consumimos. Es decir, que nos tenemos que hacer cargo de todos los riesgos de contaminación del agua, aire, suelo, degradación del paisaje, flora, fauna y todos los impactos sociales en las comunidades, así como del aumento de prostitución y de adicciones a las drogas y al juego, por algo que tiene que ver con una inserción en la división internacional del trabajo. Cinco siglos después, con algunas variantes, seguimos siendo los grandes exportadores netos de productos minerales”.
El documento elaborado por los científicos y científicas del CONICET se refiere particularmente a la megaminería metalífera, entendida como un concepto que no solo se refiere a un método técnico sino a un modo de extracción de metales que involucra a cierto tipo de actores y agentes económicos, generalmente empresas medianas y grandes de carácter transnacional, que es la que más conflictos y resistencias genera en los territorios, así como la que más riesgos presenta para el ambiente.
Otra de las grandes promesas que llegan de la mano de la minería a gran escala es que generará desarrollo, empleo y diversificación de la economía regional. Sin embargo, los datos del INDEC plasmados en el documento elaborado por este grupo multidisciplinario indican que, desde 2004 hasta 2018, la “explotación de minas y canteras” aportó sólo el 2,95% del valor bruto de producción total en Argentina, mientras que el aporte de la megaminería metalífera fue de apenas el 0,49. En cuanto a la generación de puestos laborales, del total de empleo público y privado registrado en el país al segundo trimestre de 2019, los de la actividad minera no alcanzan el 1% del total, considerando la extracción de minerales metalíferos, no metalíferos e incluso la de petróleo crudo y gas natural, según estimaciones tomadas del Ministerio de Trabajo.
“No se puede negar que existe algo de movimiento en las zonas donde se instalan estos proyectos, pero hay que analizar otros datos de la realidad, como cuánta pobreza había antes y cuánta hay después”, sostiene la especialista en Sociología Económica Laura Álvarez, que es investigadora en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y también participó en la redacción del documento. Según Álvarez, también hay que sumar otras variables, como la impositiva, y el consumo de agua y energía de estos mega proyectos. “Según datos oficiales, en un año de buena producción, el yacimiento de Bajo de la Alumbrera –en Catamarca– usó 85 millones de metros cúbicos de agua y consumió la energía eléctrica equivalente al doble del consumo residencial de toda la provincia”, dice Álvarez.
“Particularmente, planteamos nuestros argumentos en relación a la mega minería metalífera, que usa sustancias como el cianuro y acido sulfúrico, y es la que está en el ojo de los diferentes gobiernos y políticas de Estado desde los 90. No hay un proyecto de generar divisas o inversiones a partir de una minería que no sea de gran escala o algún tipo de intervención diferente del fracking”, sostiene el biólogo Matías Blaustein, del Instituto de fisiología, biología molecular y neurociencias (IFIBYNE-UBA/CONICET) y otro de los autores del documento, y agrega que podría ser “interesante” discutir acerca de la minería a pequeña escala, pero que no es el contexto actual. “Lo que se busca son inversores de grandes empresas transnacionales que vengan a hacer minería a gran escala. No hay un proyecto de industrialización, ni de generación de minería a pequeña escala destinado a algún tipo de generación de empleo o industria nacional sino que, por el contrario, se va a un modelo de reprimarizacion de la economía con quienes puedan afrontar esas inversiones, se puedan llevar el mineral y procesarlo, dejando cantidades irrisorias de dinero, del orden del 1% de lo que se llevan en material”, puntualiza.
Otros de los argumentos que desmitifica el documento son que siempre hubo minería y no trajo problemas graves a la humanidad, y que los impactos en la salud y el ambiente de la megaminería ocurren a muy largo plazo o son reversibles. Al respecto, basta recordar el accidente de la mina Veladero, en San Juan, que en 2015 contaminó con 15.000 litros de solución cianurada las aguas del río Potrerillos, o la tragedia que ese mismo año provocó al menos 17 muertes en Mariana, cerca del estado de Minas Gerais, en Brasil, en lo que muchos catalogan como la mayor catástrofe ambiental de ese país y es considerado el mayor colapso de diques de cola de la historia de toda la minería mundial.
“Hay trabajos internacionales que consideran el último siglo y que muestran que, en cada década que transcurre, el impacto acumulado de los accidentes de diques de cola, lejos de disminuir gracias al avance de la tecnología, son cada vez más grandes e inmanejables”, advierte Giraud. En el caso de Veladero, en San Juan, a pesar de que la minera Barrick Gold era la principal extractora de oro del mundo y cumplia con todas las certificaciones ambientales, no contaba con un sensor de bajo costo que podría haber evitado la tragedia. “Nunca hay garantías plenas, el punto es a quién le corresponde decidir qué riesgo se quiere asumir en determinado territorio”, cuestiona Giraud, que además es representante de la Asamblea Mendocina por el Agua Pura.
“También cuestionamos el argumento que plantea que la minería a gran escala ´bien hecha´ no traería efectos dañinos. Explicamos que eso no es posible por la propia lógica, ya que los materiales que se emplean, la voladura de cerros de montañas, las nubes tóxicas que se generan y la degradación del paisaje son algunos de los efectos potenciales”, agrega Blaustein, que entre 2010 y 2016 participó en un relevamiento en Tinogasta, Catamarca, adonde se quería hacer minería de uranio, cobre y plata. “Como científicos, tratamos de aportar un grano de arena a favor de las resistencias que hay en diferentes partes del país frente a este método extractivo, que a nuestro parecer genera más que nada enfermedad, contaminación y malestar a cambio de muy poco”, sostiene.
Frente al avance de esta actividad, en la Argentina hay ejemplos exitosos y fallidos de movilizaciones que lograron evitar la explotación minera, tal como ocurrió en Esquel en 2003, cuando los asambleístas lograron, a través de un plesbicito, la sancion de la Ley 5001, que prohíbe la actividad minera en la provincia de Chubut, y el más reciente de Mendoza, que en diciembre salió a las calles a defender la Ley 7722, que prohibe el uso de cianuro y otras sustancias tóxicas en mineria, y de los intentos de modificación de la legislación por parte de las flamantes autoridades políticas de la provincia.
“El enfoque multidisciplinario es fundamental pero no solo en torno a las disciplinas, sino a diferentes aspectos que tiene una realidad. Por eso, temas así deben ser tratados desde diferente miradas y trayectorias, no solo académicas. En el caso de las asambleas socioambientales, después de 10 o 15 años de investigación y recopilación de información, hay gente que ya se ha convertido en experta”, advierte Álvarez, que se involucró en la Asamblea de Esquel durante 2011, mientras realizaba el trabajo de campo para su investigación sobre políticas públicas nacionales y provinciales del sector minero. Y concluye: “Como sociedad tenemos que preguntarnos qué necesitamos y esto no puede ser una decisión de unos pocos. Hay que hacerse la pregunta a nivel social. Por ejemplo: ¿Para qué se extraen estos minerales? ¿Cuál es su costo social? Cuando las poblaciones dicen que el agua vale más que el oro, no es solo una consigna para reproducir sino para pensar que queremos”.
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¿Es posible una minería sustentable?
¿Es posible una minería sustentable?
Fecha de Publicación: 13/01/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
El desafío que tiene el gobierno es crear instituciones y procesos que permitan construir un acuerdo social que sirva de base para el desarrollo de la actividad de manera sustentable. La minería puede ser plataforma de desarrollo de otras actividades dinámicas, como las de conocimiento, con un gran potencial exportador.
La minería en Argentina está de nuevo en el centro de la discusión. Se enfrentan dos posiciones opuestas en relación a los efectos que ésta tendría en el desarrollo del país. Una de ellas se centra en sus potenciales efectos negativos, por ejemplo, en el medio ambiente y en otras actividades como la agricultura, con la que compite por el uso de recursos escasos como el agua. La otra, rescata supuestos impactos positivos en el desarrollo económico, a través de la generación de divisas, impuestos, empleo y el fomento de otras actividades vinculadas. Las posiciones parecen irreconciliables y las posibilidades de desarrollar la actividad cada vez más lejanas.
El desafío al que se enfrenta el gobierno actual en este escenario no es el de elegir una u otra posición, y convencer a un sector de la sociedad o al otro. Ambas posturas deben ser consideradas. Abundan ejemplos de impactos positivos en el desarrollo económico en países como Canadá, Estados Unidos, Australia y Sudáfrica, como de efectos negativos de todo tipo. Uno muy cercano y reciente es la contaminación con cianuro, por un derrame en la mina Veladero, de cinco ríos en la provincia de San Juan.
El verdadero desafío que tiene el gobierno, entonces, es crear las instituciones y los procesos que permitan construir un acuerdo social que sirva de base para el desarrollo de la actividad de manera sustentable.
Ahora bien: ¿Por qué es tan importante llegar a un acuerdo social sobre el tema minería? ¿Puede llegarse a un acuerdo social sobre temas tan controversiales? ¿Cómo se llega a estos acuerdos? ¿Es un plebiscito el camino o hay otros más prometedores? ¿Podría en base a estos acuerdos realmente desarrollarse una minería sustentable?
La realidad es que la economía argentina necesita divisas. Las crisis recurrentes de balanza de pagos lo demuestran. El país históricamente exporta poco y sus exportaciones están concentradas en un sector: el agrícola, el que disfruta de un poder económico y político excesivo. Esta situación crónica es agravada actualmente, además, por la abultada deuda externa contraída durante el último gobierno, la cual se paga en dólares.
Cualquier actividad capaz de exportar y generar divisas, desafiando al mismo tiempo la supremacía del campo, será vista por el gobierno actual, por lo tanto, sin dudas, con ojos positivos. El sector minero es un excelente candidato, con un gran potencial comparable al de Chile (e.g. Pascua-Lama) hasta ahora inexplotado: Argentina exporta la décima parte que el país vecino.
Con las políticas correctas, además, ya es aceptado que la minería puede ser plataforma de desarrollo de otras actividades dinámicas, como las de conocimiento, con un gran potencial exportador. El ejemplo de Australia, donde se desarrolló una industria de tecnologías de la información que hoy exporta más que la minería es excelente. Finalmente, en la medida que se localiza en algunas de las provincias menos desarrolladas, esta actividad tiene también el potencial de contribuir al desarrollo local, lo cual parece crucial en un país con fuertes disparidades regionales como el nuestro.
Parece claro, sin embargo, que sin acuerdo social, construido de manera legítima, no hay posibilidades para el desarrollo de esta actividad en un país como Argentina, con menos del 30 por ciento de sus recursos conocidos explotados y ocho provincias que prohíben o limitan la actividad.
Los enfoques utilizados generalmente por las grandes empresas para ganar la denominada “licencia social” (permiso de las comunidades para operar) están mostrando resultados pobres. De hecho, hay más de 21 proyectos parados por conflictos sociales. Un plebiscito tampoco resuelve el conflicto, ya que simplemente hace que se imponga una visión sobre la otra.
Es necesario y urgente, por lo tanto , que desde el gobierno se generen las instituciones y procesos que sirvan para involucrar a diferentes sectores de la sociedad, tanto a nivel nacional como local, en la toma de decisiones con respecto a la minería. Estas instituciones deberían ser capaces de incidir en todos los temas que importan. Deberían, por ejemplo, poder redefinir radicalmente los modelos actuales de explotación con los cuales unas pocas empresas se llevan los beneficios y la mayor parte de la sociedad paga los costos ambientales. No hay ninguna posibilidad de que la actividad minera sea sustentable si las decisiones no se toman colectivamente, a través de un diálogo que reconozca tanto los potenciales efectos positivos como los negativos, quiénes ganan y pierden en diferentes escenarios y cómo se pueden revertir estos efectos.
El diálogo además debería tener objetivos transformadores. El trabajo llevado adelante por las empresas y los gobiernos para construir licencia social tiene como objetivo en general convencer, “educar”. El enfoque es asistencialista. No es sorprendente por lo tanto que la sociedad civil, informada, organizada y movilizada, no responda positivamente.
Un gobierno progresista como el de Alberto Fernández tiene la oportunidad y la obligación de utilizar otros enfoques, ser innovador y ambicioso. La aspiración en el mediano plazo debería ser incentivar cambios profundos, no solo en los modelos de gestión y distribución de rentas e ingresos; sino también en las tecnologías utilizadas y permitidas para operar. Sabemos de experiencias históricas en que las tecnologías se transforman y redireccionan a partir regulaciones, muchas de las cuales han surgido como respuesta a la presión social.
Así, el conflicto por el intento de reforma de la la ley 7722 en Mendoza, la que cuidando un recurso tan preciado como el agua, prohíbe la utilización de sustancia tóxicas en la minería metalífera, más que una limitación a la actividad, debería verse como una oportunidad para el cambio, si es trabajada socialmente con miras a que tenga un efecto transformador incentivando la búsqueda de métodos alternativos. El sistema legislativo, el cual le otorga un poder significativo a representantes temporarios, no debería tener la responsabilidad modificar leyes de esta naturaleza, con efectos de largo plazo irreversibles. Se debeos pensar otras alternativas.
Los procesos participativos puede derivar en resultados sorprendentes. La experiencia que están transitando otros países como los europeos, utilizando instituciones y procesos participativos a nivel regional para incentivar transformaciones hacia la sustentabilidad que aborden los desafíos del cambio climático, es alentadora.
En procesos que convocan e involucran amplios sectores de la sociedad, utilizando metodologías participativas de vanguardia, las que atienden cuestiones centrales como la diferencia de poder entre los actores, se ha logrado redefinir objetivos y pilotear políticas claves para iniciar procesos de transformación hacia la sustentabilidad con acuerdos entre los distintos tipos de actores, en principio, inesperados.
Por Anabel Marin
Conicet/CENIT-UNSAM EEyN.
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Fecha de Publicación: 13/01/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
El desafío que tiene el gobierno es crear instituciones y procesos que permitan construir un acuerdo social que sirva de base para el desarrollo de la actividad de manera sustentable. La minería puede ser plataforma de desarrollo de otras actividades dinámicas, como las de conocimiento, con un gran potencial exportador.
La minería en Argentina está de nuevo en el centro de la discusión. Se enfrentan dos posiciones opuestas en relación a los efectos que ésta tendría en el desarrollo del país. Una de ellas se centra en sus potenciales efectos negativos, por ejemplo, en el medio ambiente y en otras actividades como la agricultura, con la que compite por el uso de recursos escasos como el agua. La otra, rescata supuestos impactos positivos en el desarrollo económico, a través de la generación de divisas, impuestos, empleo y el fomento de otras actividades vinculadas. Las posiciones parecen irreconciliables y las posibilidades de desarrollar la actividad cada vez más lejanas.
El desafío al que se enfrenta el gobierno actual en este escenario no es el de elegir una u otra posición, y convencer a un sector de la sociedad o al otro. Ambas posturas deben ser consideradas. Abundan ejemplos de impactos positivos en el desarrollo económico en países como Canadá, Estados Unidos, Australia y Sudáfrica, como de efectos negativos de todo tipo. Uno muy cercano y reciente es la contaminación con cianuro, por un derrame en la mina Veladero, de cinco ríos en la provincia de San Juan.
El verdadero desafío que tiene el gobierno, entonces, es crear las instituciones y los procesos que permitan construir un acuerdo social que sirva de base para el desarrollo de la actividad de manera sustentable.
Ahora bien: ¿Por qué es tan importante llegar a un acuerdo social sobre el tema minería? ¿Puede llegarse a un acuerdo social sobre temas tan controversiales? ¿Cómo se llega a estos acuerdos? ¿Es un plebiscito el camino o hay otros más prometedores? ¿Podría en base a estos acuerdos realmente desarrollarse una minería sustentable?
La realidad es que la economía argentina necesita divisas. Las crisis recurrentes de balanza de pagos lo demuestran. El país históricamente exporta poco y sus exportaciones están concentradas en un sector: el agrícola, el que disfruta de un poder económico y político excesivo. Esta situación crónica es agravada actualmente, además, por la abultada deuda externa contraída durante el último gobierno, la cual se paga en dólares.
Cualquier actividad capaz de exportar y generar divisas, desafiando al mismo tiempo la supremacía del campo, será vista por el gobierno actual, por lo tanto, sin dudas, con ojos positivos. El sector minero es un excelente candidato, con un gran potencial comparable al de Chile (e.g. Pascua-Lama) hasta ahora inexplotado: Argentina exporta la décima parte que el país vecino.
Con las políticas correctas, además, ya es aceptado que la minería puede ser plataforma de desarrollo de otras actividades dinámicas, como las de conocimiento, con un gran potencial exportador. El ejemplo de Australia, donde se desarrolló una industria de tecnologías de la información que hoy exporta más que la minería es excelente. Finalmente, en la medida que se localiza en algunas de las provincias menos desarrolladas, esta actividad tiene también el potencial de contribuir al desarrollo local, lo cual parece crucial en un país con fuertes disparidades regionales como el nuestro.
Parece claro, sin embargo, que sin acuerdo social, construido de manera legítima, no hay posibilidades para el desarrollo de esta actividad en un país como Argentina, con menos del 30 por ciento de sus recursos conocidos explotados y ocho provincias que prohíben o limitan la actividad.
Los enfoques utilizados generalmente por las grandes empresas para ganar la denominada “licencia social” (permiso de las comunidades para operar) están mostrando resultados pobres. De hecho, hay más de 21 proyectos parados por conflictos sociales. Un plebiscito tampoco resuelve el conflicto, ya que simplemente hace que se imponga una visión sobre la otra.
Es necesario y urgente, por lo tanto , que desde el gobierno se generen las instituciones y procesos que sirvan para involucrar a diferentes sectores de la sociedad, tanto a nivel nacional como local, en la toma de decisiones con respecto a la minería. Estas instituciones deberían ser capaces de incidir en todos los temas que importan. Deberían, por ejemplo, poder redefinir radicalmente los modelos actuales de explotación con los cuales unas pocas empresas se llevan los beneficios y la mayor parte de la sociedad paga los costos ambientales. No hay ninguna posibilidad de que la actividad minera sea sustentable si las decisiones no se toman colectivamente, a través de un diálogo que reconozca tanto los potenciales efectos positivos como los negativos, quiénes ganan y pierden en diferentes escenarios y cómo se pueden revertir estos efectos.
El diálogo además debería tener objetivos transformadores. El trabajo llevado adelante por las empresas y los gobiernos para construir licencia social tiene como objetivo en general convencer, “educar”. El enfoque es asistencialista. No es sorprendente por lo tanto que la sociedad civil, informada, organizada y movilizada, no responda positivamente.
Un gobierno progresista como el de Alberto Fernández tiene la oportunidad y la obligación de utilizar otros enfoques, ser innovador y ambicioso. La aspiración en el mediano plazo debería ser incentivar cambios profundos, no solo en los modelos de gestión y distribución de rentas e ingresos; sino también en las tecnologías utilizadas y permitidas para operar. Sabemos de experiencias históricas en que las tecnologías se transforman y redireccionan a partir regulaciones, muchas de las cuales han surgido como respuesta a la presión social.
Así, el conflicto por el intento de reforma de la la ley 7722 en Mendoza, la que cuidando un recurso tan preciado como el agua, prohíbe la utilización de sustancia tóxicas en la minería metalífera, más que una limitación a la actividad, debería verse como una oportunidad para el cambio, si es trabajada socialmente con miras a que tenga un efecto transformador incentivando la búsqueda de métodos alternativos. El sistema legislativo, el cual le otorga un poder significativo a representantes temporarios, no debería tener la responsabilidad modificar leyes de esta naturaleza, con efectos de largo plazo irreversibles. Se debeos pensar otras alternativas.
Los procesos participativos puede derivar en resultados sorprendentes. La experiencia que están transitando otros países como los europeos, utilizando instituciones y procesos participativos a nivel regional para incentivar transformaciones hacia la sustentabilidad que aborden los desafíos del cambio climático, es alentadora.
En procesos que convocan e involucran amplios sectores de la sociedad, utilizando metodologías participativas de vanguardia, las que atienden cuestiones centrales como la diferencia de poder entre los actores, se ha logrado redefinir objetivos y pilotear políticas claves para iniciar procesos de transformación hacia la sustentabilidad con acuerdos entre los distintos tipos de actores, en principio, inesperados.
Por Anabel Marin
Conicet/CENIT-UNSAM EEyN.
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Mendoza ahora enfocada en otros extractivismos
El Gobierno apuesta al petróleo tras el revés con la minería
Fecha de Publicación: 07/01/2020
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
Para dinamizar los procesos de exploración en la provincia, las áreas tendrán terrenos más chicos y plazos más cortos
El gobierno provincial se ha fijado la meta de licitar al menos seis áreas petroleras, de un total de una docena en carpeta, en el primer semestre de 2020. Se trata de terrenos de menor extensión de la acostumbrada, lo que permite que la inversión sea inferior, los plazos de exploración y prospección más acotados, y la recuperación de lo invertido más rápida. En esta línea, ProMendoza empezará a trabajar también como una agencia de atracción de inversiones externas hidrocarburos, energías renovables e hidroeléctricas.
Es que con la minería fuera del esquema, el gobierno debe buscar otras alternativas para generar empleo y dinamizar la economía de Mendoza. Cabe recordar que entre 2013 y 2018, la economía provincial se redujo un 3,6%, principalmente de la mano de una retracción de la industria manufacturera, que cayó un 24,2% en esos cinco años (y representa el 14% del Producto Bruto Geográfico). También tuvieron importantes bajas la producción agropecuaria (-14,4%) y el rubro comercio, restaurantes y hoteles (-10,2%).
Dentro de la industria, la refinación de petróleo registró un descenso de 10% entre 2013 y 2018. Aún más, de enero a setiembre de 2019, las tres principales petroleras en la provincia presentaron una caída de 8% en la producción de crudo y acumulan 12 meses consecutivos de descenso.
La clave para poder frenar esta reducción, para el gobierno provincial, es licitar nuevos pozos. Pero como la producción no convencional está subsidiada desde hace casi una década, la tradicional ha ido perdiendo inversiones. De ahí que se haya optado por algunas explotaciones no convencionales -con la regulación del fracking- y también por que las futuras licitaciones sean por un plazo de explotación más reducido, las áreas de menor extensión de terreno y los plazos para las etapas previas a la producción más acotados.
Con este nuevo esquema, el gobierno provincial se ha fijado una “mínima” de licitar seis áreas petroleras antes de que termine el primer semestre. Esto, con la labor asociada de ProMendoza, que ya no sólo promoverá la exportación de productos sino que funcionará como una agencia en búsqueda de inversiones foráneas en sectores que se consideran claves: hidrocarburos, energías renovables e hidroeléctricas.
También, tal como confirmó a Los Andes, el secretario de ambiente de la provincia, Humberto Mingorance, hay en estudio tres áreas petroleras para el desarrollo de fracking, que se sumarían este año al desarrollo realizado en Puesto Rojas.
Dónde enfocarse
La falta de empleo en Mendoza es un problema que recrudecido en los últimos doce meses. Según datos del Indec, la desocupación en la provincia llega al 8,6% en el tercer trimestre de 2019, lo que significa un incremento de 2,2 puntos por encima del mismo período de 2018. Esto implica que hay 42 mil mendocinos que buscan trabajo sin encontrarlo (13.300 personas más que en 2018). Por lo que se buscan otras alternativas, así desde el Ministerio de Economía mencionan la puesta en marcha de Portezuelo del Viento como un dinamizador de la mano de obra, para lo cual ya se ofrecen capacitaciones.
Los otros jugadores
Facundo Biffi, jefe de Gabinete del Ministerio de Economía y Energía, explicó que en el presupuesto que se comienza a tratar en comisiones hoy, están incluidas las líneas de trabajo con agricultura, ganadería, industria, comercio y que, a diferencia de estos sectores, la minería no requería acompañamiento del Estado. El financiamiento para los primeros apunta a ayudarlos a dar un salto en la competitividad y que, en el mediano plazo, ya no dependan del apoyo estatal.
Biffi mencionó también la industria basada en el conocimiento, con una importante demanda de mano de obra y un salario promedio por encima de la media. En este sentido, se está pensando en generar nuevos polos TIC en las diversas zonas de la provincia.
El funcionario indicó que se está abordando los distintos componentes de la matriz productiva existente, pero sin abandonar la intención de ampliarla. Y añadió que, por más que algunas experiencias no hayan funcionado en otros lugares, no quiere decir que no puedan funcionar en Mendoza. Aclaró que esto no sólo se refiere a la minería, sino también al banco provincial. Según explicó el ministro de Economía el banco no necesariamente tiene que ser público, pero debe canaliza la mayor parte de los ahorros.
Turismo y construcción, otra opción
Fernando Barbera, presidente de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza (Aehga), planteó que la matriz productiva de Mendoza se puede ampliar y no sólo con la minería; aunque esto no implica para él excluirla, sino generar un amplio diálogo de dónde se puede realizar y qué tipo.
Barbera indicó que el turismo es una industria de mano de obra intensiva y con la capacidad de generar puestos de trabajo en diversos lugares de la provincia, incluido el campo. Y añadió que puede incorporar en la cadena de valor de la gastronomía a los pequeños productores de hortalizas.
Señaló que en los ‘70 había mayor número de turistas en alta montaña y que hoy son muchas las cosas que se puede hacer para desarrollar su potencial, desde Malargüe a Las Cuevas. Sin embargo, para ello se necesita de políticas públicas de financiamiento o beneficios impositivos, como tienen otras actividades, y de infraestructura. El titular de Aehga también señaló que la industria del conocimiento puede generar mucho trabajo, pero es necesaria capacitación.
Por su parte, Daniel Ariosto, presidente de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM), señaló que ligar el desarrollo de la megaminería metalífera, a la matriz productiva de la provincia y dar entender que es la única salvación es un equívoco. Y enumeró: “informática, comercio, turismo, metalmecánica, agricultura, vitivinicultura y construcción como actividades con capacidad de generar trabajo y disminuir la pobreza”.
El empresario indicó que en la mesa ejecutiva de UCIM analizaron el papel clave de las obras públicas en el empleo formal y el efecto derrame de un incremento de la capacidad de consumo de esas familias en otros sectores de la economía. Pero también mencionó en el mismo sentido a Portezuelo del Viento y la posibilidad de que diversas pymes mendocinas participen de modo directo e indirecto en las obras. Asimismo, manifestó que el turismo receptivo genera una población flotante que consume durante su estadía y que aún se puede avanzar en la promoción de los diversos atractivos en el país.
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Fecha de Publicación: 07/01/2020
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
Para dinamizar los procesos de exploración en la provincia, las áreas tendrán terrenos más chicos y plazos más cortos
El gobierno provincial se ha fijado la meta de licitar al menos seis áreas petroleras, de un total de una docena en carpeta, en el primer semestre de 2020. Se trata de terrenos de menor extensión de la acostumbrada, lo que permite que la inversión sea inferior, los plazos de exploración y prospección más acotados, y la recuperación de lo invertido más rápida. En esta línea, ProMendoza empezará a trabajar también como una agencia de atracción de inversiones externas hidrocarburos, energías renovables e hidroeléctricas.
Es que con la minería fuera del esquema, el gobierno debe buscar otras alternativas para generar empleo y dinamizar la economía de Mendoza. Cabe recordar que entre 2013 y 2018, la economía provincial se redujo un 3,6%, principalmente de la mano de una retracción de la industria manufacturera, que cayó un 24,2% en esos cinco años (y representa el 14% del Producto Bruto Geográfico). También tuvieron importantes bajas la producción agropecuaria (-14,4%) y el rubro comercio, restaurantes y hoteles (-10,2%).
Dentro de la industria, la refinación de petróleo registró un descenso de 10% entre 2013 y 2018. Aún más, de enero a setiembre de 2019, las tres principales petroleras en la provincia presentaron una caída de 8% en la producción de crudo y acumulan 12 meses consecutivos de descenso.
La clave para poder frenar esta reducción, para el gobierno provincial, es licitar nuevos pozos. Pero como la producción no convencional está subsidiada desde hace casi una década, la tradicional ha ido perdiendo inversiones. De ahí que se haya optado por algunas explotaciones no convencionales -con la regulación del fracking- y también por que las futuras licitaciones sean por un plazo de explotación más reducido, las áreas de menor extensión de terreno y los plazos para las etapas previas a la producción más acotados.
Con este nuevo esquema, el gobierno provincial se ha fijado una “mínima” de licitar seis áreas petroleras antes de que termine el primer semestre. Esto, con la labor asociada de ProMendoza, que ya no sólo promoverá la exportación de productos sino que funcionará como una agencia en búsqueda de inversiones foráneas en sectores que se consideran claves: hidrocarburos, energías renovables e hidroeléctricas.
También, tal como confirmó a Los Andes, el secretario de ambiente de la provincia, Humberto Mingorance, hay en estudio tres áreas petroleras para el desarrollo de fracking, que se sumarían este año al desarrollo realizado en Puesto Rojas.
Dónde enfocarse
La falta de empleo en Mendoza es un problema que recrudecido en los últimos doce meses. Según datos del Indec, la desocupación en la provincia llega al 8,6% en el tercer trimestre de 2019, lo que significa un incremento de 2,2 puntos por encima del mismo período de 2018. Esto implica que hay 42 mil mendocinos que buscan trabajo sin encontrarlo (13.300 personas más que en 2018). Por lo que se buscan otras alternativas, así desde el Ministerio de Economía mencionan la puesta en marcha de Portezuelo del Viento como un dinamizador de la mano de obra, para lo cual ya se ofrecen capacitaciones.
Los otros jugadores
Facundo Biffi, jefe de Gabinete del Ministerio de Economía y Energía, explicó que en el presupuesto que se comienza a tratar en comisiones hoy, están incluidas las líneas de trabajo con agricultura, ganadería, industria, comercio y que, a diferencia de estos sectores, la minería no requería acompañamiento del Estado. El financiamiento para los primeros apunta a ayudarlos a dar un salto en la competitividad y que, en el mediano plazo, ya no dependan del apoyo estatal.
Biffi mencionó también la industria basada en el conocimiento, con una importante demanda de mano de obra y un salario promedio por encima de la media. En este sentido, se está pensando en generar nuevos polos TIC en las diversas zonas de la provincia.
El funcionario indicó que se está abordando los distintos componentes de la matriz productiva existente, pero sin abandonar la intención de ampliarla. Y añadió que, por más que algunas experiencias no hayan funcionado en otros lugares, no quiere decir que no puedan funcionar en Mendoza. Aclaró que esto no sólo se refiere a la minería, sino también al banco provincial. Según explicó el ministro de Economía el banco no necesariamente tiene que ser público, pero debe canaliza la mayor parte de los ahorros.
Turismo y construcción, otra opción
Fernando Barbera, presidente de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza (Aehga), planteó que la matriz productiva de Mendoza se puede ampliar y no sólo con la minería; aunque esto no implica para él excluirla, sino generar un amplio diálogo de dónde se puede realizar y qué tipo.
Barbera indicó que el turismo es una industria de mano de obra intensiva y con la capacidad de generar puestos de trabajo en diversos lugares de la provincia, incluido el campo. Y añadió que puede incorporar en la cadena de valor de la gastronomía a los pequeños productores de hortalizas.
Señaló que en los ‘70 había mayor número de turistas en alta montaña y que hoy son muchas las cosas que se puede hacer para desarrollar su potencial, desde Malargüe a Las Cuevas. Sin embargo, para ello se necesita de políticas públicas de financiamiento o beneficios impositivos, como tienen otras actividades, y de infraestructura. El titular de Aehga también señaló que la industria del conocimiento puede generar mucho trabajo, pero es necesaria capacitación.
Por su parte, Daniel Ariosto, presidente de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM), señaló que ligar el desarrollo de la megaminería metalífera, a la matriz productiva de la provincia y dar entender que es la única salvación es un equívoco. Y enumeró: “informática, comercio, turismo, metalmecánica, agricultura, vitivinicultura y construcción como actividades con capacidad de generar trabajo y disminuir la pobreza”.
El empresario indicó que en la mesa ejecutiva de UCIM analizaron el papel clave de las obras públicas en el empleo formal y el efecto derrame de un incremento de la capacidad de consumo de esas familias en otros sectores de la economía. Pero también mencionó en el mismo sentido a Portezuelo del Viento y la posibilidad de que diversas pymes mendocinas participen de modo directo e indirecto en las obras. Asimismo, manifestó que el turismo receptivo genera una población flotante que consume durante su estadía y que aún se puede avanzar en la promoción de los diversos atractivos en el país.
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La minería de Litio entre espejismos
Litio y energías limpias en Argentina: ¿desarrollo o espejismo?
Fecha de Publicación: 07/12/2019
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Nacional
Con su blanco intenso que interrumpe la monotonía árida de la Puna, los salares semejan postales lunares en el noroeste de Argentina. Bajo su superficie se esconden las mayores reservas mundiales de litio, el mineral clave en la transición hacia energías limpias, pero cuya explotación ya comenzó a generar controversias.
La discusión no es solo sobre el impacto ambiental sino sobre los verdaderos beneficios para las comunidades locales de este entorno de más de 4 000 metros de altura donde se dificulta la respiración para los no habituados a estas altiplanicies andinas.
“Yo no tengo dudas de que nuestra provincia está destinada a jugar un rol clave en los próximos años, que serán los del abandono de los combustibles fósiles”, dice a IPS Carlos Oehler, presidente de Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse).
“Es una oportunidad para el desarrollo. Y quienes ponen el acento en el impacto ambiental lo hacen desde el desconocimiento”, agrega en la sede la empresa en Salvador, capital de la provincia de Jujuy.
Jemse, propiedad de esta provincia –limítrofe con Bolivia y Chile- produce litio desde 2014 en el salar de Olaroz, mediante una sociedad público-privada con la australiana Orocobre y la japonesa Toyota Tsusho, bautizada como Sales de Jujuy.
La presencia de Toyota Tshusho -parte del conglomerado automotriz Toyota– es una muestra del interés internacional que despierta el litio para la producción de baterías de vehículos eléctricos, mercado que apunta a un gran crecimiento durante los próximos años en los países industrializados.
El impacto de esta realidad en la Puna jujeña es por ahora limitado y distinto según las zonas, según pudo constatar IPS en un recorrido de varios días por las dispersas localidades de esta agreste ecorregión de mesetas altoandinas.
Varias de estas comunidades, mayoritariamente pobladas por indígenas del pueblo kolla, se convirtieron este año en Pueblos Solares, un proyecto provincial que aprovecha la privilegiada radiación de la Puna para llevarles la electricidad.
A pocos kilómetros del Salar de Olaroz está el pueblo del mismo nombre, compuesto por unas cuantas decenas de casas de adobe y al que se llega por un desolado camino de tierra.
Algunos pros…
Aquí, el año pasado se inauguró la primera escuela secundaria, que es una institución técnica con orientación en química y que apunta justamente a formar jóvenes en el conocimiento de la estructura del litio.
Además, el litio trajo trabajo estable para algunos, en una región pobre, con una mayoría de población que sobrevive con la cría de llamas y ovejas. “Acá todo mundo quiere entrar a la minera, aunque sea para lavar los platos”, resume a IPS Mirta Irades, directora de la escuela primaria de Olaroz.
El beneficio real, de todos modos, es modesto. Un informe presentado en noviembre por los gobiernos de la Nación y de la provincia indica que solo 42 por ciento de quienes trabajan en la operación de Sales de Jujuy pertenece a comunidades locales, lo que equivale a162 personas.
En total, según el documento, el empleo directo de la minería en Jujuy pasó de 1 287 puestos de trabajo en 2006 a 2 244 en 2018, con tres cuartas partes del crecimiento gracias a las operaciones de litio. Es apenas 3,5 por ciento del empleo registrado en la provincia, aunque los sueldos más que duplican el promedio general.
También los tiempos de la producción de litio parecen ser un obstáculo.
Sales de Jujuy es la única empresa en la provincia que ya explota comercialmente su yacimiento. Hay otras decenas de compañías trabajando, pero la exploración, las pruebas piloto, la instalación de plantas de procesamiento y otras tareas previas pueden llevar hasta 10 años.
Hay solo otra empresa minera que ya explota el metal en todo el noroeste argentino, que integran también las provincias de Salta y Catamarca.
Se trata de la zona que, junto al norte de Chile y el sur de Bolivia, forma parte del llamado Triángulo del Litio, que concentra 67 por ciento de las reservas mundiales probadas del mineral, con Argentina a la cabeza, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos.
…Y varios contras
Por lo demás, quienes son escépticos con el potencial del litio para la ecorregión señalan que los países sudamericanos vuelven a ocupar el rol de productores primarios, como sucede con sus exportaciones agrícolas y pecuarias.
Eso está crudamente reflejado en Olaroz, uno de los pueblos solares que se abastece de electricidad por un pequeño parque solar fotovoltaico local, que como los demás del programa funciona las 24 horas porque tiene baterías de litio.
Pero esas baterías se importan de China, ya que ni en Argentina ni en el resto de América del Sur existe la tecnología para fabricarlas.
Cuando se recorre la Puna jujeña, hay lugares donde no se quiere ni oír hablar del litio.
En Salinas Grandes, otro gigantesco mar de color blanco, situado a unos 100 kilómetros de Olaroz, no ha logrado introducirse ninguna firma minera por la oposición de las 33 comunidades indígenas del área.
“Este es nuestro territorio, nosotros decidimos que acá no se va a extraer litio y nos van a tener que respetar”, explica a IPS Verónica Chávez, mientras participaba en una asamblea de unos 100 integrantes de comunidades indígenas en pleno salar.
Chávez es habitante de Santuario Tres Pozos, con unas 30 familias, y miembro de la cooperativa local que reúne las familias indígenas que trabajan en la extracción de sal, de la misma manera que por siglos lo hicieron sus antepasados.
“Todas las promesas que nos hacen con la llegada de las empresas de litio son mentira. El litio es comida para hoy y hambre para mañana”, agrega Chávez.
Alternativas propias
En Salinas Grandes, a la extracción de sal, las comunidades agregaron hace cuatro años otra actividad: los paseos guiados y la venta de artesanías para los turistas argentinos y extranjeros que se acercan atraídos por el paisaje blanco que brilla bajo el sol y parece no terminar nunca.
Alicia Chalabe, abogada de las poblaciones indígenas de Salinas Grandes, asegura que no habrá oferta económica capaz de modificar la situación. “Las comunidades viven muy cerca de las salinas y usan el territorio, que para ellas tiene un valor histórico, cultural y patrimonial para sus pobladores muy importante”, explica a IPS.
“En la zona de Olaroz la situación es distinta porque las comunidades nunca usaron las salinas”, agrega.
En febrero, las comunidades de Salinas Grandes realizaron durante más de 10 días un corte de la ruta nacional 52, que conecta con Chile, hasta que lograron que se detuvieran los trabajos de exploración que una firma minera de litio había iniciado en la zona, sin la aprobación de las poblaciones indígenas.
La resistencia en Salinas Grandes se basa en parte en los estudios del hidrogeólogo de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Marcelo Sticco, que señalan que la extracción de litio pone en riesgo las fuentes de agua de las comunidades, en una zona desértica, donde la lluvia es un lujo muy esporádico.
“Los estudios que hicimos son contundentes. El litio se separa mediante la evaporación de enormes cantidades de agua y favorece la salinización de las aguas subterráneas que se utiliza para el consumo en la región”, dice Sticco a IPS desde la capital argentina.
El gobierno de Jujuy tiene un proyecto para darle valor agregado al litio en la provincia: se asoció con el italiano grupo de electrónica SERI, que podría instalar en la provincia una planta de ensamblado de baterías, destinadas a la conversión a la movilidad eléctrica del transporte público urbano.
Esa iniciativa, de concretarse, podría modificar un panorama que por ahora no ofrece grandes beneficios concretos, por más que muchos en Argentina cuenten ya la riqueza que traerá el llamado “oro blanco”.
De hecho, y aunque vienen creciendo, las exportaciones argentinas de litio alcanzaron en 2018 los 251 millones de dólares, apenas 6,5 por ciento de las exportaciones mineras del país.
Sin embargo, Oheler, el presidente de Jemse, considera que el pico de la demanda internacional de litio todavía no llegó: “Lo vamos a tener entre 2025 y 2030 y tenemos que aprovecharlo para crecer y para mejorar la vida de nuestras comunidades”.
Pero algunos especialistas temen las consecuencias de apostar demasiado por este elemento químico, que podría quedar desfasado muy pronto por una nueva tecnología que reduzca o elimine su atractivo actual.
El litio tiene variados usos pero es su calidad de conductor de calor lo que le hace tan codiciado como componente de las baterías eléctricas recargables.
Estas se usan en los teléfonos celulares, en el almacenamiento de diferentes energías renovables, especialmente la solar, y en la automoción eléctrica, que se proyecta que adquiriría gran peso en la movilidad del futuro, en especial en el transporte público, a medida que se reduzcan los motores por combustión fósil, para contener el recalentamiento planetario.
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Fecha de Publicación: 07/12/2019
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Nacional
Con su blanco intenso que interrumpe la monotonía árida de la Puna, los salares semejan postales lunares en el noroeste de Argentina. Bajo su superficie se esconden las mayores reservas mundiales de litio, el mineral clave en la transición hacia energías limpias, pero cuya explotación ya comenzó a generar controversias.
La discusión no es solo sobre el impacto ambiental sino sobre los verdaderos beneficios para las comunidades locales de este entorno de más de 4 000 metros de altura donde se dificulta la respiración para los no habituados a estas altiplanicies andinas.
“Yo no tengo dudas de que nuestra provincia está destinada a jugar un rol clave en los próximos años, que serán los del abandono de los combustibles fósiles”, dice a IPS Carlos Oehler, presidente de Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse).
“Es una oportunidad para el desarrollo. Y quienes ponen el acento en el impacto ambiental lo hacen desde el desconocimiento”, agrega en la sede la empresa en Salvador, capital de la provincia de Jujuy.
Jemse, propiedad de esta provincia –limítrofe con Bolivia y Chile- produce litio desde 2014 en el salar de Olaroz, mediante una sociedad público-privada con la australiana Orocobre y la japonesa Toyota Tsusho, bautizada como Sales de Jujuy.
La presencia de Toyota Tshusho -parte del conglomerado automotriz Toyota– es una muestra del interés internacional que despierta el litio para la producción de baterías de vehículos eléctricos, mercado que apunta a un gran crecimiento durante los próximos años en los países industrializados.
El impacto de esta realidad en la Puna jujeña es por ahora limitado y distinto según las zonas, según pudo constatar IPS en un recorrido de varios días por las dispersas localidades de esta agreste ecorregión de mesetas altoandinas.
Varias de estas comunidades, mayoritariamente pobladas por indígenas del pueblo kolla, se convirtieron este año en Pueblos Solares, un proyecto provincial que aprovecha la privilegiada radiación de la Puna para llevarles la electricidad.
A pocos kilómetros del Salar de Olaroz está el pueblo del mismo nombre, compuesto por unas cuantas decenas de casas de adobe y al que se llega por un desolado camino de tierra.
Algunos pros…
Aquí, el año pasado se inauguró la primera escuela secundaria, que es una institución técnica con orientación en química y que apunta justamente a formar jóvenes en el conocimiento de la estructura del litio.
Además, el litio trajo trabajo estable para algunos, en una región pobre, con una mayoría de población que sobrevive con la cría de llamas y ovejas. “Acá todo mundo quiere entrar a la minera, aunque sea para lavar los platos”, resume a IPS Mirta Irades, directora de la escuela primaria de Olaroz.
El beneficio real, de todos modos, es modesto. Un informe presentado en noviembre por los gobiernos de la Nación y de la provincia indica que solo 42 por ciento de quienes trabajan en la operación de Sales de Jujuy pertenece a comunidades locales, lo que equivale a162 personas.
En total, según el documento, el empleo directo de la minería en Jujuy pasó de 1 287 puestos de trabajo en 2006 a 2 244 en 2018, con tres cuartas partes del crecimiento gracias a las operaciones de litio. Es apenas 3,5 por ciento del empleo registrado en la provincia, aunque los sueldos más que duplican el promedio general.
También los tiempos de la producción de litio parecen ser un obstáculo.
Sales de Jujuy es la única empresa en la provincia que ya explota comercialmente su yacimiento. Hay otras decenas de compañías trabajando, pero la exploración, las pruebas piloto, la instalación de plantas de procesamiento y otras tareas previas pueden llevar hasta 10 años.
Hay solo otra empresa minera que ya explota el metal en todo el noroeste argentino, que integran también las provincias de Salta y Catamarca.
Se trata de la zona que, junto al norte de Chile y el sur de Bolivia, forma parte del llamado Triángulo del Litio, que concentra 67 por ciento de las reservas mundiales probadas del mineral, con Argentina a la cabeza, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos.
…Y varios contras
Por lo demás, quienes son escépticos con el potencial del litio para la ecorregión señalan que los países sudamericanos vuelven a ocupar el rol de productores primarios, como sucede con sus exportaciones agrícolas y pecuarias.
Eso está crudamente reflejado en Olaroz, uno de los pueblos solares que se abastece de electricidad por un pequeño parque solar fotovoltaico local, que como los demás del programa funciona las 24 horas porque tiene baterías de litio.
Pero esas baterías se importan de China, ya que ni en Argentina ni en el resto de América del Sur existe la tecnología para fabricarlas.
Cuando se recorre la Puna jujeña, hay lugares donde no se quiere ni oír hablar del litio.
En Salinas Grandes, otro gigantesco mar de color blanco, situado a unos 100 kilómetros de Olaroz, no ha logrado introducirse ninguna firma minera por la oposición de las 33 comunidades indígenas del área.
“Este es nuestro territorio, nosotros decidimos que acá no se va a extraer litio y nos van a tener que respetar”, explica a IPS Verónica Chávez, mientras participaba en una asamblea de unos 100 integrantes de comunidades indígenas en pleno salar.
Chávez es habitante de Santuario Tres Pozos, con unas 30 familias, y miembro de la cooperativa local que reúne las familias indígenas que trabajan en la extracción de sal, de la misma manera que por siglos lo hicieron sus antepasados.
“Todas las promesas que nos hacen con la llegada de las empresas de litio son mentira. El litio es comida para hoy y hambre para mañana”, agrega Chávez.
Alternativas propias
En Salinas Grandes, a la extracción de sal, las comunidades agregaron hace cuatro años otra actividad: los paseos guiados y la venta de artesanías para los turistas argentinos y extranjeros que se acercan atraídos por el paisaje blanco que brilla bajo el sol y parece no terminar nunca.
Alicia Chalabe, abogada de las poblaciones indígenas de Salinas Grandes, asegura que no habrá oferta económica capaz de modificar la situación. “Las comunidades viven muy cerca de las salinas y usan el territorio, que para ellas tiene un valor histórico, cultural y patrimonial para sus pobladores muy importante”, explica a IPS.
“En la zona de Olaroz la situación es distinta porque las comunidades nunca usaron las salinas”, agrega.
En febrero, las comunidades de Salinas Grandes realizaron durante más de 10 días un corte de la ruta nacional 52, que conecta con Chile, hasta que lograron que se detuvieran los trabajos de exploración que una firma minera de litio había iniciado en la zona, sin la aprobación de las poblaciones indígenas.
La resistencia en Salinas Grandes se basa en parte en los estudios del hidrogeólogo de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Marcelo Sticco, que señalan que la extracción de litio pone en riesgo las fuentes de agua de las comunidades, en una zona desértica, donde la lluvia es un lujo muy esporádico.
“Los estudios que hicimos son contundentes. El litio se separa mediante la evaporación de enormes cantidades de agua y favorece la salinización de las aguas subterráneas que se utiliza para el consumo en la región”, dice Sticco a IPS desde la capital argentina.
El gobierno de Jujuy tiene un proyecto para darle valor agregado al litio en la provincia: se asoció con el italiano grupo de electrónica SERI, que podría instalar en la provincia una planta de ensamblado de baterías, destinadas a la conversión a la movilidad eléctrica del transporte público urbano.
Esa iniciativa, de concretarse, podría modificar un panorama que por ahora no ofrece grandes beneficios concretos, por más que muchos en Argentina cuenten ya la riqueza que traerá el llamado “oro blanco”.
De hecho, y aunque vienen creciendo, las exportaciones argentinas de litio alcanzaron en 2018 los 251 millones de dólares, apenas 6,5 por ciento de las exportaciones mineras del país.
Sin embargo, Oheler, el presidente de Jemse, considera que el pico de la demanda internacional de litio todavía no llegó: “Lo vamos a tener entre 2025 y 2030 y tenemos que aprovecharlo para crecer y para mejorar la vida de nuestras comunidades”.
Pero algunos especialistas temen las consecuencias de apostar demasiado por este elemento químico, que podría quedar desfasado muy pronto por una nueva tecnología que reduzca o elimine su atractivo actual.
El litio tiene variados usos pero es su calidad de conductor de calor lo que le hace tan codiciado como componente de las baterías eléctricas recargables.
Estas se usan en los teléfonos celulares, en el almacenamiento de diferentes energías renovables, especialmente la solar, y en la automoción eléctrica, que se proyecta que adquiriría gran peso en la movilidad del futuro, en especial en el transporte público, a medida que se reduzcan los motores por combustión fósil, para contener el recalentamiento planetario.
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Depredación de peces en el Paraná por la bajante
Preocupación ante la depredación de peces en el río Paraná
Fecha de Publicación: 28/10/2019
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
Una asociación de pescadores solicitó una mayor protección de la fauna íctica en la zona. Plantearon la reposición de la prohibición en esta época del año en lugar de la veda extendida. Ayer el caudal en la ciudad llegó hasta 1,77 metro.
En las costas de la ciudad de Corrientes se viene registrando una pronunciada bajante del caudal del río Paraná que pone en alerta la situación de la fauna íctica debido a los riesgos de depredación que propicia el nivel bajo. Desde organismos especializados señalaron que la concentración de cardúmenes cerca de la ribera genera actividades desaprensivas como la pesca negativa, mientras que una asociación de pescadores deportivos manifestó su rechazo a la aplicación de la veda deportiva extendida en la zona del Paraná alto, en lugar de la prohibición tradicional entre noviembre y diciembre, debido a las consecuencias negativas que tendrán en los peces.
Ayer el hidrómetro de la Prefectura Naval Argentina marcó 1,77 metro en la ciudad y continúa con una pronunciada bajante que genera preocupación no solo en cuanto al transporte fluvial, sino también en cuanto a la fauna íctica. Desde organismos especializados explicaron que durante los próximos días y hasta finales del mes no se esperan repuntes considerables en el volumen de agua, que permanecerá por debajo de los 2 metros, promediando el 1,70 metro.
El descenso del río Paraná y la temporada de desove de las especies de peces autóctonos generan condiciones adversas para el desarrollo de la fauna íctica debido al peligro de la pesca negativa. Anteriormente, especialistas de la Facultad de Veterinaria de la Unne advirtieron que se evite pescar en los cardúmenes que se concentran en las costas porque de esa manera generan depredación.
Asimismo, días atrás la Dirección de Recursos Naturales dispuso aplicar la veda extendida a todo el tramo correntino del río Paraná, lo que generó opiniones encontradas en distintas entidades debido al riesgo por depredaciones si se continúa permitiendo la pesca de grandes ejemplares en esta época del año, cuando se da el desove. A través de redes sociales, miembros de la Asociación de Pescadores Deportivos del Litoral (Apdl) solicitaron que se vuelva a implementar la veda continua entre noviembre y diciembre para evitar la depredación de las especies que se reproducen río arriba y que también afectará a la fauna íctica en la capital provincial.
Desde la Apdl explicaron que actualmente “es el momento en que los reproductores están más expuestos a ser depredados por pescadores comerciales o furtivos. Por cada gran reproductor que se mata, no solo se pierde ese pez, sino toda su descendencia”, haciendo hincapié en el retiro del agua de los peces de grandes proporciones. Desde la asociación manifestaron su preocupación por la posible depredación del río Paraná y ejemplificaron que “un surubí de 40 kilos tarda 20 años en llegar a ese peso”, y lo mismo ocurre con otras especies, como dorados, pacúes, bogas y sábalos.
Por ese motivo es que reiteraron la necesidad de implementar otra vez la veda total entre noviembre y diciembre, en un contexto de pronunciada bajante del río Paraná, que desde hace varios meses también viene afectando a la ciudad de Corrientes.
En las costas de la Capital no solo pueden encontrarse cardúmenes a lo largo de la costanera, sino que también se puede ver a pescadores deportivos que se acercan para aprovechar la situación y sacar algún ejemplar. Mientras tanto, el río Paraná continúa por debajo de los 2 metros y se encienden las alarmas por diversos factores como el transporte fluvial y la pesca negativa con riesgo de depredación de la fauna íctica local.
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Fecha de Publicación: 28/10/2019
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
Una asociación de pescadores solicitó una mayor protección de la fauna íctica en la zona. Plantearon la reposición de la prohibición en esta época del año en lugar de la veda extendida. Ayer el caudal en la ciudad llegó hasta 1,77 metro.
En las costas de la ciudad de Corrientes se viene registrando una pronunciada bajante del caudal del río Paraná que pone en alerta la situación de la fauna íctica debido a los riesgos de depredación que propicia el nivel bajo. Desde organismos especializados señalaron que la concentración de cardúmenes cerca de la ribera genera actividades desaprensivas como la pesca negativa, mientras que una asociación de pescadores deportivos manifestó su rechazo a la aplicación de la veda deportiva extendida en la zona del Paraná alto, en lugar de la prohibición tradicional entre noviembre y diciembre, debido a las consecuencias negativas que tendrán en los peces.
Ayer el hidrómetro de la Prefectura Naval Argentina marcó 1,77 metro en la ciudad y continúa con una pronunciada bajante que genera preocupación no solo en cuanto al transporte fluvial, sino también en cuanto a la fauna íctica. Desde organismos especializados explicaron que durante los próximos días y hasta finales del mes no se esperan repuntes considerables en el volumen de agua, que permanecerá por debajo de los 2 metros, promediando el 1,70 metro.
El descenso del río Paraná y la temporada de desove de las especies de peces autóctonos generan condiciones adversas para el desarrollo de la fauna íctica debido al peligro de la pesca negativa. Anteriormente, especialistas de la Facultad de Veterinaria de la Unne advirtieron que se evite pescar en los cardúmenes que se concentran en las costas porque de esa manera generan depredación.
Asimismo, días atrás la Dirección de Recursos Naturales dispuso aplicar la veda extendida a todo el tramo correntino del río Paraná, lo que generó opiniones encontradas en distintas entidades debido al riesgo por depredaciones si se continúa permitiendo la pesca de grandes ejemplares en esta época del año, cuando se da el desove. A través de redes sociales, miembros de la Asociación de Pescadores Deportivos del Litoral (Apdl) solicitaron que se vuelva a implementar la veda continua entre noviembre y diciembre para evitar la depredación de las especies que se reproducen río arriba y que también afectará a la fauna íctica en la capital provincial.
Desde la Apdl explicaron que actualmente “es el momento en que los reproductores están más expuestos a ser depredados por pescadores comerciales o furtivos. Por cada gran reproductor que se mata, no solo se pierde ese pez, sino toda su descendencia”, haciendo hincapié en el retiro del agua de los peces de grandes proporciones. Desde la asociación manifestaron su preocupación por la posible depredación del río Paraná y ejemplificaron que “un surubí de 40 kilos tarda 20 años en llegar a ese peso”, y lo mismo ocurre con otras especies, como dorados, pacúes, bogas y sábalos.
Por ese motivo es que reiteraron la necesidad de implementar otra vez la veda total entre noviembre y diciembre, en un contexto de pronunciada bajante del río Paraná, que desde hace varios meses también viene afectando a la ciudad de Corrientes.
En las costas de la Capital no solo pueden encontrarse cardúmenes a lo largo de la costanera, sino que también se puede ver a pescadores deportivos que se acercan para aprovechar la situación y sacar algún ejemplar. Mientras tanto, el río Paraná continúa por debajo de los 2 metros y se encienden las alarmas por diversos factores como el transporte fluvial y la pesca negativa con riesgo de depredación de la fauna íctica local.
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El Paraná contaminado con microplásticos, nuevo estudio
Contaminación del río Paraná: encontraron microplásticos en sábalos, rayas y armados
Fecha de Publicación: 04/10/2019
Fuente: Aire Digital
Provincia/Región: Litoral
Hay tres especies acuíferas que presentan gran cantidad de microplásticos en sus organismos, según un estudio. ¿Existe solución para frenar esta contaminación?
Tres de las especies más representativas de la fauna del río Paraná padecen de primera mano las consecuencias del lugar que los plásticos conquistaron en las formas de producción y de consumo capitalistas: un grupo de sábalos, rayas y armados estudiados por científicos del Conicet presentaron microplásticos en sus aparatos digestivos que pueden haber sido ingeridos a través del agua, del sedimento o de otros peces usados como alimentos.
Así se desprende de una investigación que desde hace un tiempo llevan adelante científicos del Instituto Nacional de Limnología (Conicet/UNL) liderados por Martín Blettler (del laboratorio de Hidro-ecología del Inali) en colaboración con la Universidad francesa de Tours. Un trabajo cien por ciento ecológico ya que, según contaron desde el equipo de trabajo, “todos los muestreos y salidas de campo se hacen en kayaks sin ruidos ni contaminación”.
Digestión pesada
La primera especie estudiada fueron los sábalos, los peces más numerosos en las aguas de la cuenca del Paraná y un ícono cultural de toda la región del Litoral. En relación a eso Bletter explicó que todos los ejemplares estudiados (que fueron recogidos en diferentes lugares del río a la altura de la ciudad de Paraná) presentaron restos de plásticos en su aparato digestivo.
“Recogimos ejemplares en distintos lugares con mayor o menor contaminación para tener una descripción más holística y encontramos para sorpresa nuestra que el 100 por ciento de los sábalos tenían microplásticos en su tracto digestivo”.
El tipo de material más frecuente que apareció fueron fibras provenientes fundamentalmente, suponen los investigadores, de prendas de vestir que pasaron por el lavarropas y dejaron su rastro de microplásticos en el agua que se va con el lavado. “Cada lavado libera una cantidad enorme de fibras y eso luego va a los cursos de agua. Como la mayoría de las prendas que usamos no son de algodón sino de poliéster pensamos que esas fibras que encontramos en los peces vienen de allí” señaló Bletter.
Rayas y armados, contaminados
Después de un primer estudio con sábalos, los científicos ampliaron su espectro de búsqueda a otras dos especies muy conocidas en la región: las rayas y los armados. Para el caso de estos peces, los análisis mostraron aún mayor presencia de microplásticos que en las otras dos, probablemente porque es una especie omnívora que come “de todo un poco”.
“Nos pasó algo tragicómico porque dentro del estómago de un armado encontramos un triangulito de plástico de un sachet de shampú. Es un ejemplo de lo contaminado que está el río”, explicó el investigador, que agregó que estas partículas muchas veces imperceptibles a simple vista están en el agua y en los sedimentos. “Un carnívoro como la raya al ingerir otros peces lo incorpora a su propio organismo, es un fenómeno que se llama biomagnificación donde un contaminante pasa de una presa a su predador tras la captura”.
Un problema con difícil solución
Si bien en la cuenca del río Paraná hay lugares más o menos impactados por esta problemática, nada hace suponer que es un problema local solamente. “Tres especies con distintas dietas muestran lo mismo y esto significa que el río está fuertemente contaminado por microplásticos, que a pesar de que no se ven a simple vista están ahí” señaló el experto.
¿Hay maneras de remediar este tipo de contaminación? Bletter explicó que con su grupo de trabajo propusieron medidas paliativas “que no van solucionar el problema de la contaminación”. Se trata de barreras de material reciclado para retener los plásticos que van desde las ciudades hacia el Paraná.
En realidad, la contaminación por microplásticos es irrecuperable al día de hoy, ya que no hay disponible ninguna tecnología ni barata ni efectiva que permita removerlo del ambiente. “Nos vamos a tener que acostumbrar a esto porque aún no hay forma de limpiarlo. Sólo podemos intentar evitar el ingreso de nuevos plásticos al sistema”, dijo.
Las soluciones de fondo son otras y deben pasar, según estimó el experto, por más y mejor educación y acción política con el foco puesto en las grandes marcas industriales que son las que generan el problema. “La población tiene que visualizar que esas marcas no tienen el derecho a utilizar plásticos así, o deben al menos garantizar que luego se van a reciclar, lo cual en realidad no ocurre hoy”, señaló.
Los nidos también
Para completar un escenario más bien oscuro, el investigador contó que también han registrado contaminación por plásticos en nidos de aves en los que encontraron fragmentos de guata sintética (poliéster), bolsas (polietileno), tanzas de pesca (nylon) y goma espuma (espuma de poliuretano). “Los resultados hasta el momento sugieren que hasta el 90% de la cámara de incubación de estos nidos está construida con residuos plásticos y que sólo el 10% restante son materiales naturales como pasto seco, paja, etc” describió Bletter.
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Fecha de Publicación: 04/10/2019
Fuente: Aire Digital
Provincia/Región: Litoral
Hay tres especies acuíferas que presentan gran cantidad de microplásticos en sus organismos, según un estudio. ¿Existe solución para frenar esta contaminación?
Tres de las especies más representativas de la fauna del río Paraná padecen de primera mano las consecuencias del lugar que los plásticos conquistaron en las formas de producción y de consumo capitalistas: un grupo de sábalos, rayas y armados estudiados por científicos del Conicet presentaron microplásticos en sus aparatos digestivos que pueden haber sido ingeridos a través del agua, del sedimento o de otros peces usados como alimentos.
Así se desprende de una investigación que desde hace un tiempo llevan adelante científicos del Instituto Nacional de Limnología (Conicet/UNL) liderados por Martín Blettler (del laboratorio de Hidro-ecología del Inali) en colaboración con la Universidad francesa de Tours. Un trabajo cien por ciento ecológico ya que, según contaron desde el equipo de trabajo, “todos los muestreos y salidas de campo se hacen en kayaks sin ruidos ni contaminación”.
Digestión pesada
La primera especie estudiada fueron los sábalos, los peces más numerosos en las aguas de la cuenca del Paraná y un ícono cultural de toda la región del Litoral. En relación a eso Bletter explicó que todos los ejemplares estudiados (que fueron recogidos en diferentes lugares del río a la altura de la ciudad de Paraná) presentaron restos de plásticos en su aparato digestivo.
“Recogimos ejemplares en distintos lugares con mayor o menor contaminación para tener una descripción más holística y encontramos para sorpresa nuestra que el 100 por ciento de los sábalos tenían microplásticos en su tracto digestivo”.
El tipo de material más frecuente que apareció fueron fibras provenientes fundamentalmente, suponen los investigadores, de prendas de vestir que pasaron por el lavarropas y dejaron su rastro de microplásticos en el agua que se va con el lavado. “Cada lavado libera una cantidad enorme de fibras y eso luego va a los cursos de agua. Como la mayoría de las prendas que usamos no son de algodón sino de poliéster pensamos que esas fibras que encontramos en los peces vienen de allí” señaló Bletter.
Rayas y armados, contaminados
Después de un primer estudio con sábalos, los científicos ampliaron su espectro de búsqueda a otras dos especies muy conocidas en la región: las rayas y los armados. Para el caso de estos peces, los análisis mostraron aún mayor presencia de microplásticos que en las otras dos, probablemente porque es una especie omnívora que come “de todo un poco”.
“Nos pasó algo tragicómico porque dentro del estómago de un armado encontramos un triangulito de plástico de un sachet de shampú. Es un ejemplo de lo contaminado que está el río”, explicó el investigador, que agregó que estas partículas muchas veces imperceptibles a simple vista están en el agua y en los sedimentos. “Un carnívoro como la raya al ingerir otros peces lo incorpora a su propio organismo, es un fenómeno que se llama biomagnificación donde un contaminante pasa de una presa a su predador tras la captura”.
Un problema con difícil solución
Si bien en la cuenca del río Paraná hay lugares más o menos impactados por esta problemática, nada hace suponer que es un problema local solamente. “Tres especies con distintas dietas muestran lo mismo y esto significa que el río está fuertemente contaminado por microplásticos, que a pesar de que no se ven a simple vista están ahí” señaló el experto.
¿Hay maneras de remediar este tipo de contaminación? Bletter explicó que con su grupo de trabajo propusieron medidas paliativas “que no van solucionar el problema de la contaminación”. Se trata de barreras de material reciclado para retener los plásticos que van desde las ciudades hacia el Paraná.
En realidad, la contaminación por microplásticos es irrecuperable al día de hoy, ya que no hay disponible ninguna tecnología ni barata ni efectiva que permita removerlo del ambiente. “Nos vamos a tener que acostumbrar a esto porque aún no hay forma de limpiarlo. Sólo podemos intentar evitar el ingreso de nuevos plásticos al sistema”, dijo.
Las soluciones de fondo son otras y deben pasar, según estimó el experto, por más y mejor educación y acción política con el foco puesto en las grandes marcas industriales que son las que generan el problema. “La población tiene que visualizar que esas marcas no tienen el derecho a utilizar plásticos así, o deben al menos garantizar que luego se van a reciclar, lo cual en realidad no ocurre hoy”, señaló.
Los nidos también
Para completar un escenario más bien oscuro, el investigador contó que también han registrado contaminación por plásticos en nidos de aves en los que encontraron fragmentos de guata sintética (poliéster), bolsas (polietileno), tanzas de pesca (nylon) y goma espuma (espuma de poliuretano). “Los resultados hasta el momento sugieren que hasta el 90% de la cámara de incubación de estos nidos está construida con residuos plásticos y que sólo el 10% restante son materiales naturales como pasto seco, paja, etc” describió Bletter.
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Buscan disminuir la captura incidental en las pesca
Actores clave del sector pesquero buscan disminuir la captura incidental en las pesquerías de Argentina
Fecha de Publicación: 21/09/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Con vistas a profundizar la aplicación del enfoque ecosistémico de la pesca, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que dirige Sergio Bergman, organizó las “Jornadas sobre selectividad y reducción de bycatch”, donde reunió a los actores clave del sector pesquero, entre ellos, empresarios, gremios, decisores gubernamentales, investigadores y organizaciones de la sociedad civil.
Los encuentros, que desarrollan hoy y mañana en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) en Mar del Plata, buscan lograr la implementación efectiva de acciones y medidas para la reducción de la captura incidental.
En la apertura de la primera jornada, Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales de la Nación destacó la participación de todos los sectores de la pesca “para trazar una agenda activa y transversal para seguir generando confianza y abordar la cuestión ambiental, económica y social de forma integral y mediante el consenso para avanzar hacia una sociedad más sostenible”.
Asimismo, el funcionario de la Secretaría de Ambiente indicó que desde el organismo nacional, y en conjunto con el INIDEP, “se lanzó una campaña en la que participarán capitanes de pesca con el fin de ajustar mecanismos de selectividad de langostino”.
De la apertura también participaron Marcelo Lobbosco, interventor del INIDEP, Francisco Yofre, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Argentina y Gabriela Navarro, directora de Planificación y Gestión de Pesquerías de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
Las jornadas se desarrollaron en el marco del Proyecto “Proteger la biodiversidad marina: Enfoque Ecosistémico de la Pesca y áreas protegidas”, que es ejecutado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable e implementado por la FAO. “Este proyecto busca ampliar la mirada sobre la actividad pesquera mediante la promoción del Enfoque Ecosistémico de la Pesca (EEP), contemplando no solo el recurso pesquero sino también los aspectos sociales y ambientales de la actividad. En este sentido, atender a la reducción de la pesca incidental, mediante la sensibilización, el compartir ejemplos exitosos y en un ámbito de diálogo y debate, permite mejorar el conocimiento del tratamiento de la temática y fortalecer el enfoque participativo que se busca con esta iniciativa” afirmó Francisco Yofre.
Por su arte, el interventor de INIDEP resaltó la necesidad de reforzar el trabajo de los observadores a bordo de los buques: “Sin ellos no podríamos conocer datos de descarte, lo que resulta esencial para maximizar las ganancias del sector pesquero y preservar los recursos”.
Los objetivos del encuentro fueron informar y sensibilizar sobre el bycatch y los impactos comerciales, ambientales y sociales que tienen en el sector pesquero; promover la implementación de líneas de acción tendientes a la disminución de la captura incidental por aplicación de sistemas de selectividad en las pesquerías de Argentina y generar un espacio de diálogo y debate en relación a ambas estas temáticas.
El encuentro contó con la participación de integrantes del Consejo Federal Pesquero, autoridades de aplicación pesquera nacional y de las provincias con litoral marítimo, la Armada Argentina, la Prefectura Naval Argentina, el INIDEP, cámaras empresariales, asociaciones de capitanes, organizaciones de la sociedad civil y referentes científicos.
Sobre bycatch y pesca incidental. Lograr la reducción del impacto en las especies capturadas incidentalmente, una mayor selectividad y el diseño de artes de pesca que minimicen daños son los principales y primeros esfuerzos de muchos países del Enfoque de Ecosistemas de la Pesca.
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Fecha de Publicación: 21/09/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Con vistas a profundizar la aplicación del enfoque ecosistémico de la pesca, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que dirige Sergio Bergman, organizó las “Jornadas sobre selectividad y reducción de bycatch”, donde reunió a los actores clave del sector pesquero, entre ellos, empresarios, gremios, decisores gubernamentales, investigadores y organizaciones de la sociedad civil.
Los encuentros, que desarrollan hoy y mañana en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) en Mar del Plata, buscan lograr la implementación efectiva de acciones y medidas para la reducción de la captura incidental.
En la apertura de la primera jornada, Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales de la Nación destacó la participación de todos los sectores de la pesca “para trazar una agenda activa y transversal para seguir generando confianza y abordar la cuestión ambiental, económica y social de forma integral y mediante el consenso para avanzar hacia una sociedad más sostenible”.
Asimismo, el funcionario de la Secretaría de Ambiente indicó que desde el organismo nacional, y en conjunto con el INIDEP, “se lanzó una campaña en la que participarán capitanes de pesca con el fin de ajustar mecanismos de selectividad de langostino”.
De la apertura también participaron Marcelo Lobbosco, interventor del INIDEP, Francisco Yofre, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Argentina y Gabriela Navarro, directora de Planificación y Gestión de Pesquerías de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
Las jornadas se desarrollaron en el marco del Proyecto “Proteger la biodiversidad marina: Enfoque Ecosistémico de la Pesca y áreas protegidas”, que es ejecutado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable e implementado por la FAO. “Este proyecto busca ampliar la mirada sobre la actividad pesquera mediante la promoción del Enfoque Ecosistémico de la Pesca (EEP), contemplando no solo el recurso pesquero sino también los aspectos sociales y ambientales de la actividad. En este sentido, atender a la reducción de la pesca incidental, mediante la sensibilización, el compartir ejemplos exitosos y en un ámbito de diálogo y debate, permite mejorar el conocimiento del tratamiento de la temática y fortalecer el enfoque participativo que se busca con esta iniciativa” afirmó Francisco Yofre.
Por su arte, el interventor de INIDEP resaltó la necesidad de reforzar el trabajo de los observadores a bordo de los buques: “Sin ellos no podríamos conocer datos de descarte, lo que resulta esencial para maximizar las ganancias del sector pesquero y preservar los recursos”.
Los objetivos del encuentro fueron informar y sensibilizar sobre el bycatch y los impactos comerciales, ambientales y sociales que tienen en el sector pesquero; promover la implementación de líneas de acción tendientes a la disminución de la captura incidental por aplicación de sistemas de selectividad en las pesquerías de Argentina y generar un espacio de diálogo y debate en relación a ambas estas temáticas.
El encuentro contó con la participación de integrantes del Consejo Federal Pesquero, autoridades de aplicación pesquera nacional y de las provincias con litoral marítimo, la Armada Argentina, la Prefectura Naval Argentina, el INIDEP, cámaras empresariales, asociaciones de capitanes, organizaciones de la sociedad civil y referentes científicos.
Sobre bycatch y pesca incidental. Lograr la reducción del impacto en las especies capturadas incidentalmente, una mayor selectividad y el diseño de artes de pesca que minimicen daños son los principales y primeros esfuerzos de muchos países del Enfoque de Ecosistemas de la Pesca.
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Gobierno de Jujuy planea expropiar tierras indígenas
Inconstitucional: Morales quiere expropiar tierras a pueblos originarios
Fecha de Publicación: 04/09/2019
Fuente: Nuestras Voces
Provincia/Región: Jujuy
El gobernador Gerardo Morales está apurado por hacerse de tierras en Salinas Grandes y Lagunas de Guayatayo antes del 10 de diciembre porque perderá la hegemonía en Jujuy. Busca liberar un crédito del BID de $ 53 millones que fue subejectuado y cuyo avance falseó ante el organismo. Las tierras pertenecen a pueblos originarios y la Constitución prohíbe su expropiación. El trasfondo del negocio del litio que Mauricio Macri impulsa junto a Morales atacando a las comunidades y el medio ambiente.
Gerardo Morales pretende expropiar iregularmente tierras de comunidades originarias. La excusa es para «desarrollar un Centro de Interpretación Turística» en Salinas Grandes y Lagunas de Guayatayoc. Sin embargo, la Constitución Nacional establece que los territorios comunitarios no están sujetos a ser declarados «de utilidad pública». El gobernador radical jujeño y ladero incondicional de Mauricio Macri se enfrenta una vez más a los pueblos originarios, que reclaman que se respete el Convenio 169 de la OIT, que establece que se debe realizar una consulta previa, libre e informada toda vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente.
Morales está apurado por hacerse de las tierras antes del 10 de diciembre, cuando cambiará la composición de la Cámara de Diputados provincial y perderá la hegemonía propia, se esconde detrás de la maniobra el desembolso de un crédito del BID de alrededor de 53 millones de pesos previsto entre 2019 y 2020. A pesar que en el presupuesto de este año figura que se realizaría un avance de obra del 27,5%, al mes de septiembre ni siquiera cuentan con el espacio físico para realizar la construcción. Los diputados de la oposición aseguran que el crédito no fue autorizado por la legislatura y se desconoce si la partida ya fue desembolsada.
Esta semana, integrantes de las comunidades indígenas de Saladillos Ronqui Angosto y San Miguel del Colorado viajaron alrededor de 150 kilómetros para llegar a San Salvador de Jujuy. En la tarde del miércoles, apenas horas antes de la sesión, tomaron conocimiento que la Cámara de Diputados trataría la expropiación de tres hectáreas que pertenecen a las familias Alancay y Tolaba, pero que se encuentran censadas como parte de los pueblos originarios que habitan en la zona.
Acompañados por Oscar Tolaba, comisionado municipal de Purmamarca, distrito dentro del cual se encuentran los territorios, llegaron hasta la legislatura de Jujuy para exigir que no se tratara el proyecto por ser violatorio del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional que establece que las tierras comunitarias no son enajenables. Pero además, reclamaron que el proyecto de expropiación del terreno no fue objeto de consulta en los términos del derecho establecido en el Convenio 169 de la OIT, ni siquiera informado a las comunidades indígenas que tampoco participaron en su elaboración.
Si bien uno de los argumentos para expropiar las tierras es que las mismas son privadas, la abogada Alicia Chalabe señaló: “Eso es lo que dice el gobierno, pero junto a las comunidades de San Miguel del Colorado y de Saladillos presentamos una nota en la legislatura acompañando la documentación en la que manifiesta que estos titulares, estos dueños de la tierra privada están censados en la comunidad y el terreno que se pretende expropiar forma parte del croquis de la propiedad comunitaria de la comunidad aborígen de Saladillos, por lo tanto ha cambiado el carácter la tierra. Esto ha sido presentado en la secretaria de Pueblos Indígenas en el mes de junio de este año”.
Otro de los argumentos del gobierno es que parte de la familia estaba de acuerdo con la expropiación. Sin embargo, en la reunión con los legisladores de la oposición Chalabe manifestó que eso no era así, que no había ninguna documentación que respaldara dicha afirmación y que todos los integrantes de los Tolaba Alancay estaban en contra de la medida.
El gobierno proyecta en esas tierras la realización de un Centro de Interpretación Turística con el objeto de “ayudar a conocer y entender el patrimonio, a divulgar ese conocimiento para que sea respetado y así pueda ser integrado al lugar. La labor básica consistirá en mostrar la realidad actual y pasada de forma didáctica, divertida, participativa y amena para todos los públicos a través de un recorrido interactivo para que el visitante, en contacto directo con el patrimonio, pueda comprender qué ocurrió en el lugar, en cada momento histórico, cómo afectó la evolución y cómo influyen en la actual forma de vivir de los habitantes del lugar, apuntando a la conservación de ese territorio”. Sin embargo, las comunidades que viven en esas tierras ancestralmente y que también desarrollan actividades turísticas que le permiten auto sustentarse, jamás fueron consultadas ni informadas sobre el proyecto.
“A partir de la sanción de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, se estableció el límite al ejercicio de los derechos individuales que debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. En este caso se encuentran en vilo los derechos de las comunidades indígenas de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc sobre el patrimonio y territorio comunitario de las mismas. Esta norma refiere que debe conformarse las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas respetando entre otros el agua, los valores culturales, el paisaje. Así, no hemos formado parte ni intervenido de manera alguna en el proyecto en cuestión que rechazamos”, señalaron las comunidades en una nota que enviaron al titular del Poder Ejecutivo y a la secretaria de Pueblos Indígenas, Alejandra Liquin.
En ese marco, Marina Vilte, abogada e integrante de la Asamblea de Autoconvocados de Purmamarca en diálogo con Nuestras Voces señaló: “Si este proyecto fuera de buena fe, lo hubieran conversado con las comunidades y hubieran puesto todo lo necesario para que la propia comunidad desarrolle su actividad turística, porque instalar un centro de recepción de turistas lo único que hace hoy es atentar contra el pequeño e incipiente progreso que va generando la gente del lugar de forma autosustentada. Las comunidades saben muy bien qué hacer. Saben muy bien hacer sus tejidos, saben muy bien hacer sus manufacturas, saben muy bien desarrollar su ganadería, saben muy bien hacer lo que hacen de manera ancestral hace siglos y siglos. Entonces lo único que puede hacer el Estado acá es impulsar la actividad turística propuesta por las comunidades, pero como quieren algo totalmente independiente avasallan todo, no establecen canales de diálogo y nunca nos informan nada”, sostuvo.
En el mismo sentido, Oscar Tolaba, comisionado de Purmamarca aseguró que “las comunidades saben bien qué tienen que hacer en su territorio. Acá las comunidades no han sido consultadas y por eso cuando pasó todo esto, nosotros nos enteramos del proyecto de ley, me consultaron a mí y nosotros desde la comisión municipal tampoco estábamos enterados. Y la idea es esa, que se nos informe y se nos consulte para poder saber y poder opinar y poder decir que está bien y que se está por hacer mal en el territorio sobre todo. Es importante que se los consulte porque ellos actualmente explotan el tema turístico. Nosotros desde Purmamarca impulsamos muchísimo el tema Salinas. De hecho, fue declarado una de las siete maravillas de Argentina. Por eso es importante cuidarla y quién mejor para cuidar algo que es de nuestra tierra que la gente que siempre la habitó. Hoy las comunidades, sobre todo las de Salinas están muy sensibles por la posible explotación del litio. Entonces cualquier intromisión dentro del territorio es alertante para todos los comuneros”, sostuvo.
Desde principios de año, las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc mantienen un duro enfrentamiento con el gobierno que impulsa proyectos de extracción de litio en el territorio. Los pueblos que habitan la Cuenca reclamaron sobre los daños ambientales que producen los proyectos mineros tal como se están realizando y sobre la intromisión del gobierno sin respeto a los derechos de los habitantes ancestrales del lugar.
“Si ellos pretenden que entendamos que este proyecto nada tiene que ver con la política minera, en cuanto al litio, no somos ingenuos”, afirmó Vilte. Y explicó: “Casualmente este terreno se encuentra muy cercano a la comunidad de Inti Quillas, donde ya se encuentra aprobada una explotación del litio –aunque sin acuerdo de los pueblos originarios–. En febrero, las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc dijeron no al litio y no al ingreso de sus territorios, y nuevamente Morales, con este proyecto firmado de puño y letra de su parte, está avasallando a nuestras comunidades. No quiso entablar un diálogo y esto lo podemos probar porque ni siquiera el comisionado de Purmamarca estaba al tanto del proyecto. Si realmente el interés que hay fuera el proyecto turístico, ¿cómo no van a articular con las comunidades?”
Lo cierto es que el gobierno espera contar con 53 millones de pesos para realizar el Centro de Interpretación Turística cuyas funciones serían: brindar información turística, registrar la cantidad de visitantes a Salinas Grandes, monitorear las actividades turísticas que se realizan en el lugar, transmitir la información sobre los elementos o hechos de la vida cotidiana pasados y presentes, fomentar la conservación de la biodiversidad, incentivar la visita de visitantes y turistas a pueblos y lugares aledaños y servir como punto de partida para la realización de recorridos de los visitantes.
Natalia Morales, diputada provincial del Frente de Izquierdas, aseguró que “detrás hay intereses de los empresarios del turismo que hacen negocio en territorio indígena, en comunidades originarias que hasta la UCA dio cuenta que son las más empobrecidas de la provincia, incluso del país y también del negocio de la megaminería. No es casual que en la misma sesión donde se pretendía tratar este proyecto se vote un proyecto de ley que no se discutió en comisiones donde van a refrendar el interés del litio como recurso estratégico. Esto implica abrir el porton de mano a mano para las multinacionales mineras que en este momento están en la provincia y están saqueando todos los recursos minerales a costa de los derechos de las comunidades y contaminando el agua, tal como lo denunciaron”.
Por su parte, Alejandra Cejas, diputada provincial del PJ, expresó a este medio: “el gobierno avanza sobre las comiunidades, sobre todos los jujeños. Tiene una mecánica incorporada de la expropiación de tierras, de utilizar esta herramienta pública, de saquear las tierras para hacer emprendimientos que poco se conocen. Es el caso en la Quebrada y Puna que afecta a las comunidades directamente: en El Perchel, en Huacalera, en Guayatayoc que es insignia de la lucha de las comunidades contra el gobierno. En Valles y Ramal tenemos la discusión de las tierras de los diques. Ahora en La Esperanza, en Calilegua. Le gusta quedarse con tierras ajenas, nunca se sabe cuál es el beneficio, de hecho no hay beneficio. Y en el tema de las comunidades en particular, la ley de expropiación de tierras sin consulta previa y para que pasen los electroductos fue la primera avanzada de esa ley. Lo único que hicieron es despojar a las comunidades de sus tierras desconociendo sus derechos constitucionales e internacionales que los ampara”.
Tras la reunión con los diputados de la oposición que los recibieron en la legislatura, las comunidades lograron que el proyecto volviera a comisión. Sin embargo el estado de alerta continúa porque detrás de la expropiación de las tierras se encuentra el desembolso del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo cuyas condiciones los legisladores desconocen ya que se aprobó sin pasar por la Cámara.
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Fecha de Publicación: 04/09/2019
Fuente: Nuestras Voces
Provincia/Región: Jujuy
El gobernador Gerardo Morales está apurado por hacerse de tierras en Salinas Grandes y Lagunas de Guayatayo antes del 10 de diciembre porque perderá la hegemonía en Jujuy. Busca liberar un crédito del BID de $ 53 millones que fue subejectuado y cuyo avance falseó ante el organismo. Las tierras pertenecen a pueblos originarios y la Constitución prohíbe su expropiación. El trasfondo del negocio del litio que Mauricio Macri impulsa junto a Morales atacando a las comunidades y el medio ambiente.
Gerardo Morales pretende expropiar iregularmente tierras de comunidades originarias. La excusa es para «desarrollar un Centro de Interpretación Turística» en Salinas Grandes y Lagunas de Guayatayoc. Sin embargo, la Constitución Nacional establece que los territorios comunitarios no están sujetos a ser declarados «de utilidad pública». El gobernador radical jujeño y ladero incondicional de Mauricio Macri se enfrenta una vez más a los pueblos originarios, que reclaman que se respete el Convenio 169 de la OIT, que establece que se debe realizar una consulta previa, libre e informada toda vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente.
Morales está apurado por hacerse de las tierras antes del 10 de diciembre, cuando cambiará la composición de la Cámara de Diputados provincial y perderá la hegemonía propia, se esconde detrás de la maniobra el desembolso de un crédito del BID de alrededor de 53 millones de pesos previsto entre 2019 y 2020. A pesar que en el presupuesto de este año figura que se realizaría un avance de obra del 27,5%, al mes de septiembre ni siquiera cuentan con el espacio físico para realizar la construcción. Los diputados de la oposición aseguran que el crédito no fue autorizado por la legislatura y se desconoce si la partida ya fue desembolsada.
Esta semana, integrantes de las comunidades indígenas de Saladillos Ronqui Angosto y San Miguel del Colorado viajaron alrededor de 150 kilómetros para llegar a San Salvador de Jujuy. En la tarde del miércoles, apenas horas antes de la sesión, tomaron conocimiento que la Cámara de Diputados trataría la expropiación de tres hectáreas que pertenecen a las familias Alancay y Tolaba, pero que se encuentran censadas como parte de los pueblos originarios que habitan en la zona.
Acompañados por Oscar Tolaba, comisionado municipal de Purmamarca, distrito dentro del cual se encuentran los territorios, llegaron hasta la legislatura de Jujuy para exigir que no se tratara el proyecto por ser violatorio del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional que establece que las tierras comunitarias no son enajenables. Pero además, reclamaron que el proyecto de expropiación del terreno no fue objeto de consulta en los términos del derecho establecido en el Convenio 169 de la OIT, ni siquiera informado a las comunidades indígenas que tampoco participaron en su elaboración.
Si bien uno de los argumentos para expropiar las tierras es que las mismas son privadas, la abogada Alicia Chalabe señaló: “Eso es lo que dice el gobierno, pero junto a las comunidades de San Miguel del Colorado y de Saladillos presentamos una nota en la legislatura acompañando la documentación en la que manifiesta que estos titulares, estos dueños de la tierra privada están censados en la comunidad y el terreno que se pretende expropiar forma parte del croquis de la propiedad comunitaria de la comunidad aborígen de Saladillos, por lo tanto ha cambiado el carácter la tierra. Esto ha sido presentado en la secretaria de Pueblos Indígenas en el mes de junio de este año”.
Otro de los argumentos del gobierno es que parte de la familia estaba de acuerdo con la expropiación. Sin embargo, en la reunión con los legisladores de la oposición Chalabe manifestó que eso no era así, que no había ninguna documentación que respaldara dicha afirmación y que todos los integrantes de los Tolaba Alancay estaban en contra de la medida.
El gobierno proyecta en esas tierras la realización de un Centro de Interpretación Turística con el objeto de “ayudar a conocer y entender el patrimonio, a divulgar ese conocimiento para que sea respetado y así pueda ser integrado al lugar. La labor básica consistirá en mostrar la realidad actual y pasada de forma didáctica, divertida, participativa y amena para todos los públicos a través de un recorrido interactivo para que el visitante, en contacto directo con el patrimonio, pueda comprender qué ocurrió en el lugar, en cada momento histórico, cómo afectó la evolución y cómo influyen en la actual forma de vivir de los habitantes del lugar, apuntando a la conservación de ese territorio”. Sin embargo, las comunidades que viven en esas tierras ancestralmente y que también desarrollan actividades turísticas que le permiten auto sustentarse, jamás fueron consultadas ni informadas sobre el proyecto.
“A partir de la sanción de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, se estableció el límite al ejercicio de los derechos individuales que debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. En este caso se encuentran en vilo los derechos de las comunidades indígenas de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc sobre el patrimonio y territorio comunitario de las mismas. Esta norma refiere que debe conformarse las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas respetando entre otros el agua, los valores culturales, el paisaje. Así, no hemos formado parte ni intervenido de manera alguna en el proyecto en cuestión que rechazamos”, señalaron las comunidades en una nota que enviaron al titular del Poder Ejecutivo y a la secretaria de Pueblos Indígenas, Alejandra Liquin.
En ese marco, Marina Vilte, abogada e integrante de la Asamblea de Autoconvocados de Purmamarca en diálogo con Nuestras Voces señaló: “Si este proyecto fuera de buena fe, lo hubieran conversado con las comunidades y hubieran puesto todo lo necesario para que la propia comunidad desarrolle su actividad turística, porque instalar un centro de recepción de turistas lo único que hace hoy es atentar contra el pequeño e incipiente progreso que va generando la gente del lugar de forma autosustentada. Las comunidades saben muy bien qué hacer. Saben muy bien hacer sus tejidos, saben muy bien hacer sus manufacturas, saben muy bien desarrollar su ganadería, saben muy bien hacer lo que hacen de manera ancestral hace siglos y siglos. Entonces lo único que puede hacer el Estado acá es impulsar la actividad turística propuesta por las comunidades, pero como quieren algo totalmente independiente avasallan todo, no establecen canales de diálogo y nunca nos informan nada”, sostuvo.
En el mismo sentido, Oscar Tolaba, comisionado de Purmamarca aseguró que “las comunidades saben bien qué tienen que hacer en su territorio. Acá las comunidades no han sido consultadas y por eso cuando pasó todo esto, nosotros nos enteramos del proyecto de ley, me consultaron a mí y nosotros desde la comisión municipal tampoco estábamos enterados. Y la idea es esa, que se nos informe y se nos consulte para poder saber y poder opinar y poder decir que está bien y que se está por hacer mal en el territorio sobre todo. Es importante que se los consulte porque ellos actualmente explotan el tema turístico. Nosotros desde Purmamarca impulsamos muchísimo el tema Salinas. De hecho, fue declarado una de las siete maravillas de Argentina. Por eso es importante cuidarla y quién mejor para cuidar algo que es de nuestra tierra que la gente que siempre la habitó. Hoy las comunidades, sobre todo las de Salinas están muy sensibles por la posible explotación del litio. Entonces cualquier intromisión dentro del territorio es alertante para todos los comuneros”, sostuvo.
Desde principios de año, las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc mantienen un duro enfrentamiento con el gobierno que impulsa proyectos de extracción de litio en el territorio. Los pueblos que habitan la Cuenca reclamaron sobre los daños ambientales que producen los proyectos mineros tal como se están realizando y sobre la intromisión del gobierno sin respeto a los derechos de los habitantes ancestrales del lugar.
“Si ellos pretenden que entendamos que este proyecto nada tiene que ver con la política minera, en cuanto al litio, no somos ingenuos”, afirmó Vilte. Y explicó: “Casualmente este terreno se encuentra muy cercano a la comunidad de Inti Quillas, donde ya se encuentra aprobada una explotación del litio –aunque sin acuerdo de los pueblos originarios–. En febrero, las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc dijeron no al litio y no al ingreso de sus territorios, y nuevamente Morales, con este proyecto firmado de puño y letra de su parte, está avasallando a nuestras comunidades. No quiso entablar un diálogo y esto lo podemos probar porque ni siquiera el comisionado de Purmamarca estaba al tanto del proyecto. Si realmente el interés que hay fuera el proyecto turístico, ¿cómo no van a articular con las comunidades?”
Lo cierto es que el gobierno espera contar con 53 millones de pesos para realizar el Centro de Interpretación Turística cuyas funciones serían: brindar información turística, registrar la cantidad de visitantes a Salinas Grandes, monitorear las actividades turísticas que se realizan en el lugar, transmitir la información sobre los elementos o hechos de la vida cotidiana pasados y presentes, fomentar la conservación de la biodiversidad, incentivar la visita de visitantes y turistas a pueblos y lugares aledaños y servir como punto de partida para la realización de recorridos de los visitantes.
Natalia Morales, diputada provincial del Frente de Izquierdas, aseguró que “detrás hay intereses de los empresarios del turismo que hacen negocio en territorio indígena, en comunidades originarias que hasta la UCA dio cuenta que son las más empobrecidas de la provincia, incluso del país y también del negocio de la megaminería. No es casual que en la misma sesión donde se pretendía tratar este proyecto se vote un proyecto de ley que no se discutió en comisiones donde van a refrendar el interés del litio como recurso estratégico. Esto implica abrir el porton de mano a mano para las multinacionales mineras que en este momento están en la provincia y están saqueando todos los recursos minerales a costa de los derechos de las comunidades y contaminando el agua, tal como lo denunciaron”.
Por su parte, Alejandra Cejas, diputada provincial del PJ, expresó a este medio: “el gobierno avanza sobre las comiunidades, sobre todos los jujeños. Tiene una mecánica incorporada de la expropiación de tierras, de utilizar esta herramienta pública, de saquear las tierras para hacer emprendimientos que poco se conocen. Es el caso en la Quebrada y Puna que afecta a las comunidades directamente: en El Perchel, en Huacalera, en Guayatayoc que es insignia de la lucha de las comunidades contra el gobierno. En Valles y Ramal tenemos la discusión de las tierras de los diques. Ahora en La Esperanza, en Calilegua. Le gusta quedarse con tierras ajenas, nunca se sabe cuál es el beneficio, de hecho no hay beneficio. Y en el tema de las comunidades en particular, la ley de expropiación de tierras sin consulta previa y para que pasen los electroductos fue la primera avanzada de esa ley. Lo único que hicieron es despojar a las comunidades de sus tierras desconociendo sus derechos constitucionales e internacionales que los ampara”.
Tras la reunión con los diputados de la oposición que los recibieron en la legislatura, las comunidades lograron que el proyecto volviera a comisión. Sin embargo el estado de alerta continúa porque detrás de la expropiación de las tierras se encuentra el desembolso del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo cuyas condiciones los legisladores desconocen ya que se aprobó sin pasar por la Cámara.
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Pesca: un acuerdo internacional que benefia al país
El Acuerdo que discute la ONU favorecerá a la pesca argentina
Fecha de Publicación: 26/08/2019
Fuente: Revista Puerto
Provincia/Región: Nacional
El convenio sobre Conservación de la Biodiversidad en Alta Mar que se está definiendo en Nueva York, se discute desde 2004 y nuestro país fue un férreo impulsor. Será fundamental para proteger los intereses de conservación y pesqueros nacionales y regionales. Es una herramienta contra la pesca Ilegal que no pone en riesgo la soberanía.
El Yun Mao es un modesto pesquero taiwanés de unos 40 metros de eslora. Opera al borde de Zona Económica Exclusiva de Brasil, Uruguay o Argentina, aunque a veces lo hace adentrándose ilegalmente al mar jurisdiccional de estos países. El Yun Mao cuenta con permiso de pesca de una reconocida Organización Regional de Pesca, la ICCAT, y tiene permiso de importación otorgado por la Unión Europea.
El Yun Mao, que está subsidiado por su Estado de bandera, un rico país del hemisferio norte, utiliza mano de obra esclava procedente de Filipinas e Indonesia. Nadie sabe exactamente qué pesca, cómo, dónde o cuánto, tampoco qué especies descarta. Se sospecha que captura atún, pez espada y tiburones mediante palangre, que realiza aleteo a bordo, que mata albatros y otras especies acompañantes, y que su basura la descarga en alta mar.
También que blanquea su captura en un Puerto de Conveniencia, que pese a haber ratificado el Acuerdo Rector de Puerto para Prevenir la Pesca INDNR de la FAO, no controla lo que el Yun Mao descarga, mucho menos cuando se trata de los restos de marinos que no soportaron las condiciones de vida a bordo.
El Yun Mao destruye el ecosistema marino de los países de la región, captura especies que habitan dentro de las ZEE, como en su zona contigua, compite ilegítimamente en los mercados internacionales, y deja sin trabajo a los pescadores locales.
No existe ningún tipo de control sobre las actividades depredatorias del Yun Mao, así como tampoco de otros miles de barcos que operan con peores impactos que el de este.
Es evidente que la manera descontrolada y destructiva en la que se explotan los recursos que viven en casi la mitad de la superficie del planeta (más del 40%), es insostenible. Esta región es patrimonio de toda la humanidad, pero tan solo cinco países capturan el 80% de la pesca en aguas internacionales.
Es necesario preservar los océanos y terminar con las actividades de explotación insostenibles, ya sea ambiental, social o económicamente. La posibilidad de un acuerdo global vinculante presenta una oportunidad única para restringir la acción de embarcaciones como el Yun Mao.
El Proceso de discusión del Acuerdo
La Conferencia Intergubernamental sobre Biodiversidad Marina en Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ) nace por la necesidad de un marco que regule en alguna manera el aprovechamiento y la conservación de los recursos marinos en zonas fuera de la jurisdicción de los Estados.
Esta región hoy se encuentra parcialmente regulada, por múltiples organizaciones y acuerdos que se orientan al manejo de una pesquería, o un ecosistema, operando como parches inconexos e instaurados por grupos de países, los cuales muchas veces fracasan en su misión. No existiendo un organismo que con la adhesión de todas las partes haya abordado exitosamente la solución a lo que hoy da por llamarse el ‘lejano oeste’, en donde cualquiera hace lo que quiere con los recursos que son patrimonio de toda la humanidad.
En 2004 la Asamblea General de la ONU encomendó a un ‘Grupo de Trabajo Informal Ad Hoc’ la tarea de estudiar la temática relacionada a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad más allá de la jurisdicción nacional, como ser la pesca destructiva e INDNR, la creación de Áreas Marinas Protegidas, y el aprovechamiento equitativo de los recursos genéticos marinos.
En la cuarta reunión de este grupo, en 2011 se adoptó por consenso un «paquete» de temáticas que se incluirían en caso de avanzar en un posible acuerdo para la conservación y uso sostenible de la BBNJ. El paquete incluía el acceso a los recursos genéticos marinos y su aprovechamiento equitativo, los estudios de impacto ambiental, la creación de Áreas Marinas Protegidas y la transferencia de conocimiento y tecnología.
Esta etapa sirvió para que en la Declaración final de la Cumbre de la Tierra de Río+20 en 2012, se estableciera que la ONU comenzaría la discusión formal de si era necesaria una herramienta jurídica para conservar y asegurar el uso sostenible de la biodiversidad en alta mar. En la Cumbre, el último párrafo por redactar de toda la Declaración fue el referido a este Acuerdo; Argentina y Brasil lideraron el bloque en favor de un Acuerdo sólido y se enfrentaron a la extraña alianza de Estados Unidos, Rusia y Venezuela que lideraban a los que pretendían diluirlo.
Ya con la orden de avanzar, en 2013 se iniciaron las sesiones en Nueva York, las que en enero de 2015 concluyeron con la decisión por consenso de que se avance en un acuerdo jurídicamente vinculante, aprobado por la Asamblea General en junio de ese año. El mismo que esta semana se encuentra en avanzado proceso de definiciones en la ONU.
La Cancillería Argentina ha jugado un papel protagonista destacable en todas las instancias del proceso, como se pudo apreciar durante la presidencia del G77 entre 2011 y 2012.
Qué dice el Acuerdo
Literalmente, el objetivo del acuerdo es asegurar la conservación y el uso sostenible a largo plazo de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional mediante la aplicación efectiva de las disposiciones pertinentes de la Convención y la promoción de la cooperación y coordinación internacionales.
El Acuerdo busca Promover un enfoque holístico e intersectorial de la gestión de los océanos. Dicho en otras palabras, que lo que hoy está siendo depredado por unos pocos, sea protegido y usado sosteniblemente por todos. El mar no tiene un solo dueño, es de todos los habitantes del planeta, incluidos los no humanos.
Derechos soberanos
El acuerdo se celebrará: “Respetando la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de todos los Estados, (…) y respetando las disposiciones de la CONVEMAR”, tal como puede leerse en el borrador del texto oficial. Sobre las AMP, se explicita que se establecerá “un sistema de áreas marinas protegidas ecológicamente representativas que estén conectadas y gestionadas de manera eficaz y equitativa”.
Se indica a la vez que “las medidas adoptadas de conformidad con la presente Parte no menoscabarán la eficacia de las medidas adoptadas por los Estados ribereños en zonas adyacentes bajo su jurisdicción nacional y tendrán debidamente en cuenta los derechos, deberes e intereses legítimos de todos los Estados que se derivan de las disposiciones pertinentes de la Convención”.
Claramente no existe injerencia alguna en las decisiones a tomarse soberanamente por los estados dentro de su Zona Económica Exclusiva, ya sea para regular su actividad pesquera como para crear Áreas Marinas Protegidas.
Aplicación a regiones sin existencia de marcos jurídicos ni instrumentos de manejo
Se establecerán “mecanismos de gestión basados en zonas geográficas, incluidas áreas marinas protegidas, y adoptando medidas de conservación y gestión cuando no exista ningún instrumento o marco jurídico pertinente ni órgano mundial, regional o sectorial competente”.
“Los Estados partes cooperarán a fin de establecer ese instrumento, marco u órgano y participarán en su labor para asegurar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional” señala el texto y agrega que en el proceso de evaluación del impacto ambiental también se tendrá´ en cuenta, cuando proceda, los posibles efectos en los Estados ribereños, en las zonas situadas dentro de la jurisdicción nacional, incluida la plataforma continental más allá´ de las 200 millas marinas. Bien puede aplicarse al Atlántico Sudoccidental.
Una oportunidad para la Argentina
Las diversas herramientas que provee este Acuerdo encuentran explicación en las necesidades de restringir la sobreexplotación pesquera y pesca ilegal realizada por flotas foráneas en el Atlántico Sur.
La posibilidad de la creación de un Área Marina Protegida justo al borde externo de la ZEE de Argentina y la conservación de ese espacio marítimo de comprobada importancia para la biodiversidad del Atlántico Sudoccidental representa la posibilidad no solo de proteger la frondosa vida marina y asegurar recursos para las futuras generaciones, sino también aumentar la productividad en todas las zonas circundantes, incluso dentro de la ZEE de Argentina, y evitar la extracción descontrolada por flotas extranjeras subsidiadas que presionan sobre los mismos caladeros.
Uno de los sectores más beneficiados con este Acuerdo será la industria pesquera nacional y regional.
Por Milko Schvartzman
Especialista en Pesca Ilegal. Coordinador de Oceanosanos. Entre 2011 y 2015 participó en el proceso de negociación del Acuerdo en la ONU, en Nueva York y la Cumbre Río+20.
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Fecha de Publicación: 26/08/2019
Fuente: Revista Puerto
Provincia/Región: Nacional
El convenio sobre Conservación de la Biodiversidad en Alta Mar que se está definiendo en Nueva York, se discute desde 2004 y nuestro país fue un férreo impulsor. Será fundamental para proteger los intereses de conservación y pesqueros nacionales y regionales. Es una herramienta contra la pesca Ilegal que no pone en riesgo la soberanía.
El Yun Mao es un modesto pesquero taiwanés de unos 40 metros de eslora. Opera al borde de Zona Económica Exclusiva de Brasil, Uruguay o Argentina, aunque a veces lo hace adentrándose ilegalmente al mar jurisdiccional de estos países. El Yun Mao cuenta con permiso de pesca de una reconocida Organización Regional de Pesca, la ICCAT, y tiene permiso de importación otorgado por la Unión Europea.
El Yun Mao, que está subsidiado por su Estado de bandera, un rico país del hemisferio norte, utiliza mano de obra esclava procedente de Filipinas e Indonesia. Nadie sabe exactamente qué pesca, cómo, dónde o cuánto, tampoco qué especies descarta. Se sospecha que captura atún, pez espada y tiburones mediante palangre, que realiza aleteo a bordo, que mata albatros y otras especies acompañantes, y que su basura la descarga en alta mar.
También que blanquea su captura en un Puerto de Conveniencia, que pese a haber ratificado el Acuerdo Rector de Puerto para Prevenir la Pesca INDNR de la FAO, no controla lo que el Yun Mao descarga, mucho menos cuando se trata de los restos de marinos que no soportaron las condiciones de vida a bordo.
El Yun Mao destruye el ecosistema marino de los países de la región, captura especies que habitan dentro de las ZEE, como en su zona contigua, compite ilegítimamente en los mercados internacionales, y deja sin trabajo a los pescadores locales.
No existe ningún tipo de control sobre las actividades depredatorias del Yun Mao, así como tampoco de otros miles de barcos que operan con peores impactos que el de este.
Es evidente que la manera descontrolada y destructiva en la que se explotan los recursos que viven en casi la mitad de la superficie del planeta (más del 40%), es insostenible. Esta región es patrimonio de toda la humanidad, pero tan solo cinco países capturan el 80% de la pesca en aguas internacionales.
Es necesario preservar los océanos y terminar con las actividades de explotación insostenibles, ya sea ambiental, social o económicamente. La posibilidad de un acuerdo global vinculante presenta una oportunidad única para restringir la acción de embarcaciones como el Yun Mao.
El Proceso de discusión del Acuerdo
La Conferencia Intergubernamental sobre Biodiversidad Marina en Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ) nace por la necesidad de un marco que regule en alguna manera el aprovechamiento y la conservación de los recursos marinos en zonas fuera de la jurisdicción de los Estados.
Esta región hoy se encuentra parcialmente regulada, por múltiples organizaciones y acuerdos que se orientan al manejo de una pesquería, o un ecosistema, operando como parches inconexos e instaurados por grupos de países, los cuales muchas veces fracasan en su misión. No existiendo un organismo que con la adhesión de todas las partes haya abordado exitosamente la solución a lo que hoy da por llamarse el ‘lejano oeste’, en donde cualquiera hace lo que quiere con los recursos que son patrimonio de toda la humanidad.
En 2004 la Asamblea General de la ONU encomendó a un ‘Grupo de Trabajo Informal Ad Hoc’ la tarea de estudiar la temática relacionada a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad más allá de la jurisdicción nacional, como ser la pesca destructiva e INDNR, la creación de Áreas Marinas Protegidas, y el aprovechamiento equitativo de los recursos genéticos marinos.
En la cuarta reunión de este grupo, en 2011 se adoptó por consenso un «paquete» de temáticas que se incluirían en caso de avanzar en un posible acuerdo para la conservación y uso sostenible de la BBNJ. El paquete incluía el acceso a los recursos genéticos marinos y su aprovechamiento equitativo, los estudios de impacto ambiental, la creación de Áreas Marinas Protegidas y la transferencia de conocimiento y tecnología.
Esta etapa sirvió para que en la Declaración final de la Cumbre de la Tierra de Río+20 en 2012, se estableciera que la ONU comenzaría la discusión formal de si era necesaria una herramienta jurídica para conservar y asegurar el uso sostenible de la biodiversidad en alta mar. En la Cumbre, el último párrafo por redactar de toda la Declaración fue el referido a este Acuerdo; Argentina y Brasil lideraron el bloque en favor de un Acuerdo sólido y se enfrentaron a la extraña alianza de Estados Unidos, Rusia y Venezuela que lideraban a los que pretendían diluirlo.
Ya con la orden de avanzar, en 2013 se iniciaron las sesiones en Nueva York, las que en enero de 2015 concluyeron con la decisión por consenso de que se avance en un acuerdo jurídicamente vinculante, aprobado por la Asamblea General en junio de ese año. El mismo que esta semana se encuentra en avanzado proceso de definiciones en la ONU.
La Cancillería Argentina ha jugado un papel protagonista destacable en todas las instancias del proceso, como se pudo apreciar durante la presidencia del G77 entre 2011 y 2012.
Qué dice el Acuerdo
Literalmente, el objetivo del acuerdo es asegurar la conservación y el uso sostenible a largo plazo de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional mediante la aplicación efectiva de las disposiciones pertinentes de la Convención y la promoción de la cooperación y coordinación internacionales.
El Acuerdo busca Promover un enfoque holístico e intersectorial de la gestión de los océanos. Dicho en otras palabras, que lo que hoy está siendo depredado por unos pocos, sea protegido y usado sosteniblemente por todos. El mar no tiene un solo dueño, es de todos los habitantes del planeta, incluidos los no humanos.
Derechos soberanos
El acuerdo se celebrará: “Respetando la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de todos los Estados, (…) y respetando las disposiciones de la CONVEMAR”, tal como puede leerse en el borrador del texto oficial. Sobre las AMP, se explicita que se establecerá “un sistema de áreas marinas protegidas ecológicamente representativas que estén conectadas y gestionadas de manera eficaz y equitativa”.
Se indica a la vez que “las medidas adoptadas de conformidad con la presente Parte no menoscabarán la eficacia de las medidas adoptadas por los Estados ribereños en zonas adyacentes bajo su jurisdicción nacional y tendrán debidamente en cuenta los derechos, deberes e intereses legítimos de todos los Estados que se derivan de las disposiciones pertinentes de la Convención”.
Claramente no existe injerencia alguna en las decisiones a tomarse soberanamente por los estados dentro de su Zona Económica Exclusiva, ya sea para regular su actividad pesquera como para crear Áreas Marinas Protegidas.
Aplicación a regiones sin existencia de marcos jurídicos ni instrumentos de manejo
Se establecerán “mecanismos de gestión basados en zonas geográficas, incluidas áreas marinas protegidas, y adoptando medidas de conservación y gestión cuando no exista ningún instrumento o marco jurídico pertinente ni órgano mundial, regional o sectorial competente”.
“Los Estados partes cooperarán a fin de establecer ese instrumento, marco u órgano y participarán en su labor para asegurar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional” señala el texto y agrega que en el proceso de evaluación del impacto ambiental también se tendrá´ en cuenta, cuando proceda, los posibles efectos en los Estados ribereños, en las zonas situadas dentro de la jurisdicción nacional, incluida la plataforma continental más allá´ de las 200 millas marinas. Bien puede aplicarse al Atlántico Sudoccidental.
Una oportunidad para la Argentina
Las diversas herramientas que provee este Acuerdo encuentran explicación en las necesidades de restringir la sobreexplotación pesquera y pesca ilegal realizada por flotas foráneas en el Atlántico Sur.
La posibilidad de la creación de un Área Marina Protegida justo al borde externo de la ZEE de Argentina y la conservación de ese espacio marítimo de comprobada importancia para la biodiversidad del Atlántico Sudoccidental representa la posibilidad no solo de proteger la frondosa vida marina y asegurar recursos para las futuras generaciones, sino también aumentar la productividad en todas las zonas circundantes, incluso dentro de la ZEE de Argentina, y evitar la extracción descontrolada por flotas extranjeras subsidiadas que presionan sobre los mismos caladeros.
Uno de los sectores más beneficiados con este Acuerdo será la industria pesquera nacional y regional.
Por Milko Schvartzman
Especialista en Pesca Ilegal. Coordinador de Oceanosanos. Entre 2011 y 2015 participó en el proceso de negociación del Acuerdo en la ONU, en Nueva York y la Cumbre Río+20.
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El extractivismo, el desarrollo a cualquier precio
Recursos naturales, la otra grieta mendocina
Fecha de Publicación: 01/06/2019
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Mendoza
El dato, aunque esperado, restalló en algunos ámbitos y algunos orgullos: Mendoza, la que históricamente fue la quinta provincia argentina en potencia económica, bajó un escalón. Ya no es Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Ahora, en ese quinto lugar se coló Neuquén, y se coló estrictamente por Vaca Muerta.
Aunque esa cuenca es una promesa, por potencial, también ya es una realidad que determinó ese ascenso, específicamente por el tema gasífero, en el que permitió salir de las importaciones (costosísimas, y además fuente de corrupción, como se ha visto con los tanqueros pagados y misteriosamente desaparecidos antes de llegar a puerto). Vaca Muerta permitió la soberanía gasífera, los saldos exportables, y a la provincia neuquina ser más fuerte en el contexto nacional.
Mendoza tiene parte de la cuenca en el sur provincial, pero a la hora de sacar provecho, aparece una grieta que no tiene aún resolución, y mucho menos parece que vaya a tener diálogo productivo ante irreductibilidades varias.
En ciertos casos, la discusión aburre: minería sí, minería no. Fracking si, fracking no. Que los recursos se exploten, en definitiva, o que se queden donde están.
Pero vale la pena encarar otras reflexiones. Sin minería, donde fuera que se hiciere, volveríamos a la edad de piedra. ¿Alguien puede imaginar un mundo sin celulares, sin computadoras, sin telecomunicaciones? ¿Alguien puede imaginar un mundo sin vehículos, aviones, barcos? ¿Alguien puede imaginar una medicina sin métodos de diagnóstico y tratamiento como los que tenemos, y que encuentran su base en los minerales?
Parece que la pregunta correcta es Minería Cómo. Y ese como encierra las responsabilidades de control y saneamiento ambiental más elevadas que se puedan exigir. Encierra la obligación de que los entes de control sean incorruptibles, frente a un poder económico enorme y tentador.
En este punto las aguas se dividen. Estamos los que creemos que, por ejemplo, los cuerpos científicos y tecnológicos de las universidades están en condiciones de asumir esas tareas (los políticos, por lo menos parte de ellos, han demostrado ser incapaces de controlar, como se vio en Jáchal, aquí cerquita), y están los que piensan que no, que el demonio se disfraza de oveja. Basta recordar al inclaudicable Pino Solanas, que se desgañitó reclamando por las mineras, y hoy aparece en la foto con Gioja, a quien no debe haberle preguntado qué pasó en Jáchal.
El gobierno de Mendoza reaccionó rápido. Por ejemplo, modificó el sistema de regalías petroleras para que se puedan explorar nuevas áreas petroleras en la zona de Llancanelo, en Malargüe, y en Puesto Rojas, también en el sur provincial. A cambio obtuvo promesas de inversión más importantes, empleos muy bien remunerados, como son los que produce la industria petrolera, y como resguardo se incluyeron seguros ambientales en los contratos.
Pero en tiempos electorales, la discusión promete más episodios de desencuentro. La oposición parece no jugarse al respecto, le dice si a quienes quieren escuchar un sí, y que no a los que quieren escuchar un no, y estaría bueno que los ciudadanos conozcamos las posiciones definitivas, e incluso los proyectos al respecto.
La defensa del agua es central, nadie en su sano juicio pensaría en dañar ese recurso. Pero el equilibrio con el uso de los recursos debería poder garantizarse. En otras palabras, necesitamos una dirigencia que pueda dar esas garantías, y dejar los controles en quienes corresponda. También la agricultura hace un uso bastante irracional del agua, y se usan tóxicos muy perniciosos que a nadie parecen preocupar.
Consenso, diálogo y garantías serían las tres premisas. Desafíos en los que, lamentablemente, en pleno siglo XXI, hacemos agua.
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Fecha de Publicación: 01/06/2019
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Mendoza
El dato, aunque esperado, restalló en algunos ámbitos y algunos orgullos: Mendoza, la que históricamente fue la quinta provincia argentina en potencia económica, bajó un escalón. Ya no es Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Ahora, en ese quinto lugar se coló Neuquén, y se coló estrictamente por Vaca Muerta.
Aunque esa cuenca es una promesa, por potencial, también ya es una realidad que determinó ese ascenso, específicamente por el tema gasífero, en el que permitió salir de las importaciones (costosísimas, y además fuente de corrupción, como se ha visto con los tanqueros pagados y misteriosamente desaparecidos antes de llegar a puerto). Vaca Muerta permitió la soberanía gasífera, los saldos exportables, y a la provincia neuquina ser más fuerte en el contexto nacional.
Mendoza tiene parte de la cuenca en el sur provincial, pero a la hora de sacar provecho, aparece una grieta que no tiene aún resolución, y mucho menos parece que vaya a tener diálogo productivo ante irreductibilidades varias.
En ciertos casos, la discusión aburre: minería sí, minería no. Fracking si, fracking no. Que los recursos se exploten, en definitiva, o que se queden donde están.
Pero vale la pena encarar otras reflexiones. Sin minería, donde fuera que se hiciere, volveríamos a la edad de piedra. ¿Alguien puede imaginar un mundo sin celulares, sin computadoras, sin telecomunicaciones? ¿Alguien puede imaginar un mundo sin vehículos, aviones, barcos? ¿Alguien puede imaginar una medicina sin métodos de diagnóstico y tratamiento como los que tenemos, y que encuentran su base en los minerales?
Parece que la pregunta correcta es Minería Cómo. Y ese como encierra las responsabilidades de control y saneamiento ambiental más elevadas que se puedan exigir. Encierra la obligación de que los entes de control sean incorruptibles, frente a un poder económico enorme y tentador.
En este punto las aguas se dividen. Estamos los que creemos que, por ejemplo, los cuerpos científicos y tecnológicos de las universidades están en condiciones de asumir esas tareas (los políticos, por lo menos parte de ellos, han demostrado ser incapaces de controlar, como se vio en Jáchal, aquí cerquita), y están los que piensan que no, que el demonio se disfraza de oveja. Basta recordar al inclaudicable Pino Solanas, que se desgañitó reclamando por las mineras, y hoy aparece en la foto con Gioja, a quien no debe haberle preguntado qué pasó en Jáchal.
El gobierno de Mendoza reaccionó rápido. Por ejemplo, modificó el sistema de regalías petroleras para que se puedan explorar nuevas áreas petroleras en la zona de Llancanelo, en Malargüe, y en Puesto Rojas, también en el sur provincial. A cambio obtuvo promesas de inversión más importantes, empleos muy bien remunerados, como son los que produce la industria petrolera, y como resguardo se incluyeron seguros ambientales en los contratos.
Pero en tiempos electorales, la discusión promete más episodios de desencuentro. La oposición parece no jugarse al respecto, le dice si a quienes quieren escuchar un sí, y que no a los que quieren escuchar un no, y estaría bueno que los ciudadanos conozcamos las posiciones definitivas, e incluso los proyectos al respecto.
La defensa del agua es central, nadie en su sano juicio pensaría en dañar ese recurso. Pero el equilibrio con el uso de los recursos debería poder garantizarse. En otras palabras, necesitamos una dirigencia que pueda dar esas garantías, y dejar los controles en quienes corresponda. También la agricultura hace un uso bastante irracional del agua, y se usan tóxicos muy perniciosos que a nadie parecen preocupar.
Consenso, diálogo y garantías serían las tres premisas. Desafíos en los que, lamentablemente, en pleno siglo XXI, hacemos agua.
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