Corte de rutas en Vaca Muerta: vecinos de Añelo mantienen el bloqueo total y seguirá por la tarde

Fecha de Publicación: 30/11/2022
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén


Este martes, los vecinos sostienen su reclamo por el agua. A mitad mañana, se liberó por unos minutos la protesta sobre ruta 7. Tras una reunión, ayer se logró destrabar el conflicto con las comunidades mapuches.
Luego de una jornada de bloqueos en el punto neural de Vaca Muerta, las comunidades mapuches que exigían avances en el relevamiento territorial resolvieron levantar la protesta apostada en Puerto Hernández, Loma La Lama, Fortín de Piedra y Tratayen. En tanto, el grupo de vecinos de Añelo que cortaban las rutas 7 y 17, no llegaron a un acuerdo con las autoridades provinciales y locales. Este martes continúan reclamando soluciones para la falta de agua potable que afecta a la localidad desde hace varios años. Por la mañana, se liberó temporalmente uno de los cortes para el paso de camiones cisternas y luego volvió a interrumpirse el paso al tránsito, por el momento por tiempo indeterminado.
Un grupo de vecinos de la localidad de Añelo cortaron las rutas 7 y 17 desde la medianoche del lunes porque, según aseguraron, hace cuatro días están sin agua y exigen una respuesta por parte de las autoridades municipales y provinciales. Este mediodía, en el bloqueo sobre ruta 7 ya hay más de 100 camiones.
En este momento, se está realizando una prueba de agua con camiones cisternas. Alejandro, uno de los vecinos comentó que a mitad mañana se liberó por 30 minutos el corte sobre ruta 7 para que pasaran los vehículos que transportaban el agua. Esto descomprimió la congestión de vehículos y camiones que se encontraban sobre la calzada. Dijo que según les informaron se harán pruebas para ver si la presión es suficiente para que el líquido pueda llegar a las viviendas.
“Hace cuatro días que en el barrio La Meseta no hay agua y si siquiera nos están abasteciendo con camiones para llenar los tanques como habían hecho hasta hace un año atrás. Esto colmó la paciencia”, comentó una de las vecinas sobre su reclamo.
En un comunicado, Fernando Banderet, concejal de UP y señalado como el candidato de Rolando Figueroa, aseguró que nuevamente no tenían agua en la localidad y le exigió al intendente, Milton Morales, que se ponga al frente del reclamo, que los vecinos lo respaldarán. El mandatario es uno de los que rompió con la línea provincial para manifestar su apoyo al candidato a gobernador, Rolando Figueroa.
Los vecinos indicaron que el bloqueo seguirá hasta tener alguna respuesta. Sobre la orden de desalojo de ayer al mediodía, habían indicado que analizarían qué harían cuando llegue la policía. Manifestaron que es una problemática que ya lleva 12 años.
Estos cortes se levantan cada dos horas, pero no permiten el paso de los vehículos de empresas vinculadas a la industria de los hidrocarburos. Por eso, según contaron fuentes policiales, se formaron largas filas de camiones, que ocupan la ruta y las banquinas.
En la tarde de ayer, se realizó una reunión con funcionarios provinciales y locales, pero no pudieron llegar a ningún acuerdo, por lo que el corte se extiende a estas horas.

El reclamo por el relevamiento
En las primeras horas del lunes, la comunidades indígenas resolvieron bloquear los ingresos a Fortín de Piedra, Loma La Lata, Tratayen y Puesto Hernández. En un comunicado denunciaron que ni el Gobierno de Neuquén ni Nación quieren avanzar en el relevamiento territorial.
“A pesar de que somos parte del Equipo Técnico Operativo (ETO) nos cierran las puertas a observar el contenido de las Carpetas. Lo que es aún más grave: pretenden solo relevar lo acontecido hasta el 2006, como si fuéramos nosotros los responsables que se hayan atrasado 15 años en aplicar la Ley de relevamiento. Ahora comienzan nuestras carpetas a pasear de Neuquén a Buenos Aires buscando un acuerdo Nación/Provincia sin haber revisado nuestros técnicos y autoridades el contenido de dichas Carpetas Técnicas”, explicaron desde las comunidades.
En horas del mediodía, desde el gobierno provincial, el jefe de Gabinete, Sebastián González, aseguró que solo habría una instancia de diálogo si primero accedían a levantar las medidas de fuerza. Además, consideró que los reclamos “no son atendibles” porque afirmó que están cumpliendo el cronograma fijado para el relevamiento territorial.
Horas después, luego de una reunión con funcionarios de la provincia, los ingresos quedaron liberados. Desde el gobierno informaron que se acordó trabajar con más celeridad en el armado de las carpetas.
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Rechazos a la minería del litio

Fecha de Publicación: 30/11/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Catamarca, Jujuy, Salta


Comunidades indígenas, campesinos y asambleas socioambientales afirman que destruye ecosistemas vitales y viola derechos humanos.
"Podemos vivir sin litio, pero no podemos vivir sin agua". Es la frase que se repite en las comunidades de Catamarca, Jujuy y Salta donde existen explotaciones y proyectos de megaminería de litio. Pueblos originarios, campesinos y asambleas socioambientales dan cuenta de las consecuencias del extractivismo en las salinas: sobreconsumo de agua, contaminación y vulneración de derechos humanos. "¿Quién se hace responsable del saqueo, de la contaminación, del agua que usan? Conocemos a las mineras desde hace tres décadas, por eso decimos no a la minería de litio", remarca el cacique de la comunidad indígena Atacameños del Altiplano, Román Guitián.
Catamarca conoce de magaminería. Por un lado, la conocida Minera Alumbrera, inaugura en 1997 por Carlos Menem. Extrajo oro y cobre del oeste provincial (departamentos de Andalgalá, Santa María y Belén) y no se cumplieron las promesas de trabajo, desarrollo local ni cuidado del ambiente. De ahí el rechazo al nuevo megaproyecto MARA (Minera Agua Rica-Alumbrera). También conoce de explotación de litio, en la zona de Antofagasta de la Sierra opera desde la década del 90 la multinacional FMC Corporation (bajo el nombre de Minera del Altiplano).
"Ya secaron el río Trapiche y no vamos a permitir que sigan haciendo eso", denuncia el cacique Guitián. Se refiere a la avanzada extractiva: en 2018 FMC Corporation, de origen estadounidense, anunció que su unidad de negocios de explotación de litio pasaba a llamarse Livent Corporation. Y presentó la ampliación de la explotación. Para lo cual requiere grandes volúmenes de agua, que pretende obtener del río Los Patos. Propuso la realización pozos de bombeo para obtener 650.000 litros de agua por hora y trasportar el caudal a través de un acueducto.
Las comunidades indígenas, las asambleas socioambientales y vecinos autoconvocados de Catamarca denuncian que está en riesgo el caudal del río, imprescindible para la vida del lugar. "El informe ambiental del acueducto tuvo 19 observaciones e igual el gobierno provincial autorizó la obra. Tampoco se respetaron los derechos indígenaS, no hubo consulta ni consentimiento, como dice la ley. Operan ilegalmente", denuncia el cacique Guitián.
De similar manera se posicionan desde la Asociación Campesinos del Abaucán (Acampa), organización de familias productoras que rechaza la explotación de litio porque "atenta contra la cultura y forma de vida campesina".
Fiambalá, a 300 kilómetros al noroeste de la capital provincial, es muy conocida por sus atractivos turísticos y su historia de agricultura. Todo comenzó a cambiar en 2016 con la llegada de la la empresa Liex, subsidiaria de la corporación canadiense Neo Lithium, para el proyecto de explotación de litio llamado "Tres Quebradas". En 2021, en acuerdo con el gobierno provincial y nacional, tomó reimpulso con la multinacional china Zijing Mining.
Yolanda Espinoza es parte de la Asamblea Fiambalá Despierta. "No aceptamos la imposición de un modelo extractivista ajeno a nuestras formas de vida. Atenta contra nuestras economías regionales. Y es imprescindible denunciar que el proyecto Tres Quebradas, de minería de litio, está instalado en sitio Ramsar, donde hay salares y lagunas altoandinas de gran importancia ecológica para la zona", afirma. Y resume: "Las empresas mineras cuentan con la complicidad de los gobernantes, tanto municipales como provinciales". Pide precisar nombres: la intendenta Roxana Paulón, y el gobernador, Raúl Jalil.
Desde la Asamblea denuncian falta de información respecto de los impactos de la explotación de litio, la ausencia de participación ciudadana, la violación de la Ley de Glaciares y exigen la aprobación de la Ley de Humedales. Recuerdan que los salares (donde se encuentra el litio) son también humedales. De allí que que entre los grandes opositores a la protección de humedales --además de sectores del agronegocio-- están las mineras y los gobiernos de Catamarca, Jujuy y Salta.
La compañía china ya comenzó la construcción de la plata de tratamiento químico, a solo cuatro kilómetros del pueblo. "Está en la orilla misma de Fiambalá, en tierras cedidas por la intendenta Paulón", cuestiona la asambleísta.
"Pucará" es la sigla de la organización Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación, que reúne a asambleas y organizaciones socioambientales de la provincia. Verónica Gostissa integra Pucará y señala que la década del 90 podía haber cierta ilusión respecto al "desarrollo" que prometía la megaminería porque era algo nuevo para la provincia. "Tres décadas después es ridículo que nos quieran hacer creer en las supuestas bondades que traería el proyecto MARA o la explotación de litio. Esta película ya la vimos. Los territorios ya saben lo que implica la marinería y por eso el rechazo es total", explica.
Desde Pucará trabajan respecto al mito de la "transición energética" de la mano del litio, como una supuesta solución a la crisis climática: "Es mentira que el litio es parte de una 'transición energética verde' (para utilizar menos petróleo). Porque la minería de litio implica la destrucción de salares y lagunas altoandinas, claves para combatir la crisis climática". Gostissa hace especial hincapié en la vulneración de derechos y tiende un vínculo con el pasado y el presente: "Desde los territorios que luchamos contra el extractivismo decimos que 'memoria, verdad y justicia' tiene que poder aplicarse no solo a los años de la dictadura cívico-militar, sino que tiene que aplicarse a los desastres ambientales, al ecocidio que sucede de la mano de gobiernos y multinacionales, es un modelo que viola sistemáticamente los derechos humanos. Y no se puede mirar para otro lado".

Derechos y agua
"Minería Transnacional de litio en Lagunas Altoandinas de Catamarca", es el título de la investigación de la organización BePe, de Catamarca. En 50 páginas detalla que el proyecto minero vulnera leyes ambientales (como la Ley General del Ambiente), la legislación indígena (Convenio 169 de la OIT) e incluso vulnera acuerdos internacionales como el Convenio Ramsar y el Acuerdo de Escazú. Y alerta por la falta de estudios respecto al impacto de la explotación en el agua.
Desde la Asamblea Fiambalá Despierta hacen eje en el mismo punto. Explican que el proyecto Tres Quebradas pone en riesgo la Cuenca de Abaucán, que alimenta de agua a todos los pueblos de la zona. "La minería consume millones de litros de agua por día. Y esta es una zona árida. No queremos ser un pueblo sacrificable, no creemos en las falsas promesas. El agua es de los pueblos, por eso no queremos a las mineras", resume la asambleísta Yolanda Espinoza.
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Tierra arrasada y especies en riesgo: viaje a la zona cero de la deforestación en la Argentina

Fecha de Publicación: 27/07/2022
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Las provincias del Gran Chaco (Formosa, Chaco, Santiago del Estero y Salta) concentran el 75% del desmonte de los últimos 25 años
Apenas diez metros separan al monte silvestre de algo que empieza a parecerse a un páramo. Alcanza con girar la cabeza a ambos lados para ver el contraste entre la maraña verde de quebrachos blancos y colorados, algarrobos y espinillos, y la tierra arrasada y revuelta tras el paso reciente de las topadoras. En un puñado de días, una porción de monte vivo, colorido, diverso y sonoro del Gran Chaco argentino cambió para siempre.
LA NACION llegó junto a un equipo de la ONG ambientalista Greenpeace hasta el corazón de la deforestación en la Argentina. A una hora en camioneta hacia el norte desde Las Lomitas, en Formosa, no muy lejos de la frontera con Paraguay, se acaban de desmontar centenares de hectáreas. Desde la ruta no se ve, pero un sobrevuelo previo y las imágenes satelitales no dejan dudas sobre su ubicación. El proceso de desmonte es brutal y no hay sutilezas: para “limpiar” una parcela, en la mayoría de los casos se usan dos topadoras separadas decenas de metros entre sí y entre ellas se tensa una gruesa cadena que, de forma literal, arranca y derriba todo a su paso al avanzar las máquinas. Como en las películas de guerra, el lugar queda lleno de restos apilados, aplastado, polvoriento y en silencio.
Formosa, Salta, Santiago del Estero y Chaco concentran el 75% de la deforestación en la Argentina del último cuarto de siglo. Según el Ministerio de Ambiente de la Nación, entre 1998 y 2020 la pérdida de bosques nativos orilló los 7 millones de hectáreas.
La Ley de Bosques, sancionada en 2007, no detuvo esa tendencia: datos de Greenpeace muestran que, desde ese año y hasta 2021, esas cuatro provincias perdieron 3.367.308 hectáreas de bosques nativos. Según la organización, casi la mitad de ese desmonte es ilegal porque se hizo en zonas que, en los papeles, debían protegerse.
Para Hernán Giardini, a cargo de la campaña de bosques de la ONG y conocedor de esta región bella y llena de contrastes, la deforestación es sinónimo de “más crisis climática”. Esto significa más inundaciones, enfermedades, pérdida de alimentos, desalojos de comunidades campesinas e indígenas y desaparición de especies como el yaguareté.

Un ecosistema en la mira
Con más de un millón de kilómetros cuadrados de superficie, el Gran Chaco es el segundo ecosistema forestal de América del Sur, después del Amazonas. Cubre porciones del norte de la Argentina y partes de Paraguay y de Bolivia. Es, también, una de las regiones más deforestadas del planeta durante las últimas tres décadas, como consecuencia del avance de la frontera agropecuaria.
El valor ecológico del Gran Chaco es único: abarca 3400 especies de plantas, 500 especies de aves, 150 mamíferos, 120 reptiles y 100 anfibios. Por la caza y el desmonte, varias especies de mamíferos están amenazadas, como el yaguareté, el tatú carreta y el tapir.
El monitoreo de deforestación de Greenpeace muestra que entre enero y junio de este año se perdieron en el norte argentino 41.332 hectáreas, el equivalente a dos veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires: 16.106 en Santiago del Estero, 10.223 en Chaco, 10.056 en Formosa y 4947 en Salta. En el último año y medio, esa cuenta llega a las 150.000 hectáreas, y se estima que la mitad de esos desmontes fueron ilegales.
¿Por qué la Ley de Bosques no alcanzó para detener la deforestación? Según Giardini, el problema es la implementación que hacen las cuatro provincias, que armaron planes de ordenamiento “a la medida del sector agropecuario”. El ambientalista explicó que en la región se autorizaron desmontes en bosques protegidos y que Formosa armó un ordenamiento tan laxo que se autorizó a desmontar hasta el 75% de sus bosques: “Formosa pasó de destruir 7500 hectáreas por año hasta 2006 a 30.000 por año entre 2008 y 2021”, dijo.

Formosa y Chaco
Según Hugo Bay, subsecretario de Recursos Naturales de Formosa, la información que brinda Greenpeace “es falsa” cuando expresa que su plan de ordenamiento territorial permite deforestar el 75% de los bosques. “Nuestra ley crea una zonificación que establece grandes restricciones para los cambios de uso de suelo, aun dentro de la categoría verde”, dijo. Y agregó: “Fue elaborada en seis talleres regionales con amplia participación de miles de formoseñas y formoseños, y aprobada por unanimidad de todos los sectores políticos de la provincia en 2018.
Desde la Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo (APCD), que trabaja con las comunidades wichi y nivaclé del centro-oeste de Formosa, denunciaron que, si bien uno de los diez criterios de la Ley de Bosques establece que los pueblos originarios deben ser consultados para los planes de ordenamiento, esto no ocurrió. “Nadie los escucha y las audiencias no son vinculantes”, advirtió Pablo Chianetta, el secretario de la APCD. Hace más de 30 años decidió instalarse en Las Lomitas, en el extremo norte del país, la zona que recorrió LA NACION hace una semana.
Chaco es otra provincia que está bajo la lupa de las organizaciones: según Somos Monte, el gobierno prepara una actualización de un plan provincial más permisivo que el anterior y hay poco o nulo control sobre los desmontadores. Si bien la justicia provincial prohibió esa actividad a principios de noviembre pasado hasta que haya un nuevo plan de ordenamiento territorial de bosques nativos (OTBN), Greenpeace detectó que más de 10.000 hectáreas desaparecieron en el primer semestre de 2022.
“Nuestros datos oficiales son bastante coincidentes, las superficies desmontadas son las mismas. Se trata de desmontes ilegales porque la Justicia falló que no se pueden desarrollar cambios de uso del suelo”, ratificó Paula Soneira, subsecretaria de Ambiente y Biodiversidad del Chaco.
En relación al nuevo ordenamiento dijo que “ya se avanzó mucho” y que existe una decisión del gobernador, Jorge Capitanich, de no demorarlo más, ya que lleva siete años vencido. “Presentamos una propuesta muy elaborada el año pasado, con mucha información y una etapa de consultas. Estamos hablando de una actualización muy integral con más superficie protegida en el Impenetrable”, agregó Soneira.
Ricardo Tiddi y Karina Alonso, de Somos Monte Chaco, ven las cosas de otra manera. Antes de la charla, que tiene lugar en Fontana, en la periferia de Resistencia, preparan el lugar: eligen un espacio al aire libre, se sientan sobre el pasto y despliegan un cartel de la ONG. “El proyecto del gobierno es regresivo y en el Chaco nadie controla nada. Se desmontaron 10.000 hectáreas este año, aun con una prohibición expresa de la Justicia”, dice Tiddi. Alonso, que pertenece al pueblo qom, informa que las comunidades de pueblos originarios “ni se enteraron de que estaban haciendo un nuevo mapa”. A su lado, sobre una manta, colocó una estatuilla de arcilla que representa una mujer, un bolso tejido con chaguar, un cuenco con hojas y frutos, varias piedras y un caracol. “Esto representa a mi cultura”, aclara.

Proyecto Yaguareté
Uno de los efectos directos de la deforestación es la pérdida de hábitat para especies como el yaguareté, el mayor felino de América. Panthera onca para los científicos, tigre para los lugareños, se estima que quedan unos 250 individuos en la Argentina, de los cuales 20 viven en el Gran Chaco.
Seguir sus rastros es una tarea detectivesca que la guardaparque Lucero Corrales encara a diario junto a la voluntaria y también guardaparque Rocío Cardona. Las dos mujeres son parte del interinstitucional Proyecto Yaguareté. A la vera del Bermejito, un brazo del río Bermejo, reciben a LA NACION y explican su trabajo: recorrer, durante semanas, cada paraje de esta geografía inmensa en busca de relatos que hablen de huellas, excrementos, arañazos o cualquier indicio que sirva para confirmar la presencia de algún felino de esta especie. “El contacto permanente con los habitantes es clave para detectar si hay animales, ya que la geografía es tan grande que resulta inabarcable de otra manera”, cuenta Lucero, mientras despliega mapas, folletos y hasta un boletín: El tronco donde se rasca el tigre. Su primer objetivo es compartir información científica con los pobladores para explicarles que el animal no es peligroso (contra la creencia popular) y que su caza está prohibida por ley.
En 2019, Greenpeace presentó un amparo ante la Corte Suprema para frenar la destrucción del bosque y para preservar el hogar de los últimos 20 yaguaretés del Gran Chaco argentino. La audiencia será en pocas semanas y la organización busca visibilizar al máximo el pedido. Por eso idearon una espectacular intervención de activistas disfrazados de yaguaretés en el río Bermejo (que separa Formosa y Chaco), donde con gomones y kayaks desplegaron un cartel de 230 m2 con el slogan “Deforestación Cero”.

Comunidades originarias
“Las topadoras borran posibilidades de vida, no solo árboles y animales. Borran creencias, cultura, identidad y potencialidades de los pueblos originarios. Los pueblos originarios vivieron siglos en el Gran Chaco sin destruirlo, nosotros en menos de 100 años ya rompimos todo. Ellos tienen mucho por enseñarnos”, detalla Chianetta. Se estima que el 8% de los habitantes del Gran Chaco argentino pertenecen a pueblos originarios que, desde siempre, encontraron en el monte su refugio, alimentos, agua, materiales de construcción y medicamentos.
Una de esas comunidades wichi es la de Tres Pozos, ubicada a 30 kilómetros de Las Lomitas. Allí viven 96 familias que crían chivos, chanchos, gallinas, algunas vacas y ovejas, y hacen algo de apicultura y artesanías. Los referentes de la comunidad, todos hombres, dialogan con LA NACION en una sala sencilla que antes se usaba como salón escolar. Sentados en ronda, explican que para preservar su forma de vida precisan tener acceso a un territorio sano, que conserve sus beneficios ecosistémicos: “Estamos muy en contra del desmonte, nosotros queremos preservar el territorio, pensamos al revés que el gobierno. Pensamos que tenemos que cuidar al monte y a sus animales”, sintetiza Florencio González.
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Comunidad indígena de Catamarca resiste la explotación minera

Fecha de Publicación: 22/06/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Catamarca


El conflicto entre la empresa minera Elevado Gold y la Comunidad Indígena de Peñas Negras en la puna catamarqueña llegó a su punto más álgido en estos últimos días. Desde hace meses la empresa, en complicidad con el Gobierno provincial, pretende ingresar al territorio comunitario para efectuar estudios de prospección pese a no contar con el consentimiento de la Comunidad. Lo que dio lugar a múltiples hechos de violencia en los que se han desconocido y vulnerado los derechos indígenas. Hace 10 días, se organizó una expedición integrada por geólogos y efectivos de la policía provincial para subir al cerro y desde entonces las familias encuentran sosteniendo una ronda comunitaria frente al campamento minero.
El conflicto lleva meses y se va agudizando cada vez más, sin que el Gobierno provincial tome cartas en el asunto para garantizar que se resguarden los derechos indígenas. Al contrario, la posición del Gobierno, como sostuvo el Ministro de Gobierno Jorge Moreno el pasado 28/5 en reunión con la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Belén, es que los estudios de exploración tienen que hacerse “para recién después hacer la consulta” y que la minería está fuera de discusión.
El 13/5, la Comunidad de Peñas Negras presentó un escrito a través de su abogada Andrea Morales Leanza al Ministro de Minería Marcelo Murúa, con copia al Gobernador, solicitando se revoque el permiso concedido a las empresas mineras Millaray S.A. (concesionaria) y Elevado Gold S.A. (operador), otorgando la “ampliación de plazos para la realización de actividades prospectivas no invasivas en el área del Proyecto Minero Alto del Mulato”, observando que no se estaba respetando el “derecho constitucional a la consulta previa, libre e informada” y que se estaba perturbando el modo de vida comunitario. Petición que a la fecha no tiene respuesta. De hecho, en una reunión anterior que tuvo lugar el 20/3/2021 con la Secretaria de Desarrollo Minero Olga Teresita Regalado, los Caciques de la Unión Diaguita sostuvieron que la minería “es incompatible con la cría de la hacienda y que no se permiten actividades mineras en territorios indígenas”. Pero lo mismo la empresa minera se introdujo con la complicidad del Estado, generando un conflicto interno en la Comunidad de Aguas Calientes que tuvo como resultado la fisión de la misma en una nueva comunidad, la Comunidad de Peñas Negras.
Representantes de la empresa Elevado Gold, Jorge Granillo, Bernardo Perisek y un tal Mario “el Chileno”, en complot con Honorato Casimiro, Cacique de Aguas Calientes, y la familia Pachado (familia terrateniente de la región y denunciada por múltiples violaciones a los derechos humanos), trataron de ingresar por la fuerza a Peñas Negras, desconociendo a la nueva comunidad y amenazando con “hacer detener” a los comuneros, según consta en la denuncia hecha ante fiscalía de Belén por el Cacique de la Comunidad de Peñas Negras, Sebastián Gutiérrez, los primeros días de diciembre del año pasado (Expte. Letra G 030/21). Sin embargo, la fiscal de Belén, Marina Villagra, ordenó detener al Cacique Sebastián el 9/12/2021 por supuestas amenazas, imputándolo penalmente a él y a otras comuneras que habrían cerrado el paso a los mineros. Mientras, las denuncias hechas por el Cacique Sebastián en diciembre y en el pasado mes de febrero ante los continuos hostigamientos que sufren desde hace meses, no han merecido ninguna medida por parte de la fiscal.
Por otro lado el Gobernador Raúl Jalil estuvo al tanto de los hechos y no sólo no tomó ninguna medida para garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada, sino que incluso durante el acto del 23/5 trató de presentar oficialmente el proyecto minero Alto El Mulato sabiendo que el mismo no contaba con el consentimiento comunitario. Es decir que, tanto la fiscal como el Gobierno se niegan a reconocer los derechos indígenas en nombre de los intereses económicos de la empresa y de una razón de Estado: la minería como destino manifiesto al que tienen que sujetarse las poblaciones y territorios de nuestra provincia, con lo que la Constitución y las Leyes estarían por debajo del Código de Minería. Hoy, pues, ninguna institución del Estado provincial vela por los derechos de la Comunidad, ni la reconoce como sujeto de derecho.
Como dice Martín, comunero de Peñas Negras: “…nos sentimos mal que el gobierno desconozca que nosotros como comuneros estamos defendiendo nuestros derechos, nuestros recursos, no sé por qué el Gobierno no nos escucha, por qué nos toma como que no somos nada, como que no existimos… (…)
 "Queremos que la empresa minera se vaya, por favor lo pedimos, que se vayan urgente, ya hace seis meses que vivimos mal, muy mal. Queremos que el gobierno nos defienda, duele tanto que el gobierno esté a la contra de nosotros, comuneros de Peñas Negras, es triste lo que estamos viviendo desde hace seis meses”.
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Advierten que la Sociedad Rural Salteña presiona al gobierno por más desmontes

Fecha de Publicación: 02/06/2022
Fuente: Nuevo Diario de Salta
Provincia/Región: Salta


En medio del proceso de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta, la ONG Greenpeace advierte que la Sociedad Rural Salteña está presionando al gobierno provincial para que permita que los productores puedan desmontar el 50% de la superficie de sus fincas.
Esta demanda se hace también ante la inminente audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por un amparo presentado por la organización ecologista en defensa del yaguareté, que incluye el pedido de Deforestación Cero en su territorio.
“Salta es una de las provincias con más deforestación de las últimas tres décadas; y las topadoras no se detuvieron a pesar de la Ley de Bosques.
Los terratenientes desmontaron incluso donde estaba prohibido con la complicidad del gobierno, y ahora reclaman aún más impunidad para arrasar la mitad de sus fincas. Sería un verdadero ecocidio que provocaría más crisis climática, más inundaciones, más desalojos de campesinos e indígenas, más pérdida de maderas, medicinas y alimentos, y más desaparición de especies en peligro de extinción, como el yaguareté. No podemos perder ni una hectárea más”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y del monitoreo satelital de Greenpeace, desde la aprobación la Ley de Bosques (fines de 2007) hasta diciembre del año 2021, en la provincia de Salta se deforestaron 694.834 hectáreas, una superficie equivalente a 35 veces la Ciudad de Buenos Aires.
Uno de los casos más graves fue el desmonte de 11.084 hectáreas que se realizó en la finca San Francisco, cerca del límite con Bolivia, en un área protegida por la Ley de Bosques y en muy buen estado de conservación.
Su dueño es Ignacio García del Río, integrante del directorio de la Sociedad Rural Salteña, quien obtuvo un permiso irregular del anterior gobierno provincial para cambiar la zonificación y deforestar. La estancia se terminó de desmontar en 2020, mientras estaban vigentes las restricciones por la pandemia de Covid-19.
"El gigantesco desmonte en la finca San Francisco es un ejemplo clarísimo de la violación de la Ley de Bosques y la complicidad de los distintos gobiernos de Salta con los grandes productores agropecuarios. Afectó seriamente el territorio del yaguareté", señaló Giardini.
En el marco del amparo judicial en representación de los menos de 20 yaguaretés que sobreviven en el Gran Chaco Argentino, la organización ecologista fue convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para participar de una audiencia pública, a realizarse las próximas semanas. (2)
Greenpeace solicita se garantice “Deforestación Cero” en los territorios del yaguareté y se implemente un efectivo Plan de Manejo de la especie, como lo dispone la Ley Nacional Nº 25.463 que lo declara Monumento Natural Nacional.
A su vez, la organización ecologista presentó una medida cautelar reclamando la suspensión de los desmontes en las cuatro provincias demandadas: Salta, Formosa, Chaco, y Santiago del Estero.
“Los científicos estiman que en Argentina el territorio del yaguareté quedó recluido en los últimos dos siglos a tan solo un 5% de la superficie original.
La deforestación y la fragmentación de su hábitat ponen en serio peligro a la especie. Al violar la Ley de Bosques, los gobiernos provinciales son responsables de su inminente extinción en el Gran Chaco Argentino”, afirmó Giardini.
Argentina es el país de Sudamérica en el que quedan menos yaguaretés, cerca de 250 individuos; pero en la región del Gran Chaco se ha producido una importante disminución en la última década y hoy se estima que hay menos de 20.
Para poder sobrevivir cada animal necesita un mínimo de 40 mil hectáreas de bosque continuo y en buen estado de conservación.
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Ordenaron frenar el desmonte en territorio mbya del Cuñá Pirú

Fecha de Publicación: 01/06/2022
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones


Mediante un decreto, el gobernador Herrera Ahuad reconoció el derecho de las comunidades mbya que habitan ese lugar
El gobierno de Misiones, a través del decreto 710/22, ordenó frenar todo tipo de actividad de la empresa forestal Carba en el territorio indígena del Valle del Cuñá Pirú. Asimismo, impulsó el inicio de un proceso de consulta previa, libre e informada a las comunidades que allí habitan (Ka’a Kupé, Yvy Chi, Ko’e Ju Mirí, Tajy Poty y Ko’e Ju), sobre cualquier actividad. Indicó también al Ministerio de Ecología acogerse a esta normativa que marca una nueva línea en cuanto a los conflictos con las comunidades respecto del manejo de los montes nativos.
“El enfrentamiento con la empresa Carba, que lleva al menos dos décadas, significó mucho dolor para las comunidades. Vieron frente a sus ojos la destrucción del monte nativo, las motosierras cortando sus árboles y la desidia de las autoridades que durante mucho tiempo le fueron indiferentes al reclamo”, indicaron desde el Equipo Misiones de la Pastoral Aborigen (Emipa) que los acompañó en el pedido.
Sin embargo, producto de la lucha incansable de los pueblos mbya por sus territorios, se dio un paso contundente con la firma el viernes último del decreto reparatorio por parte del gobernador Oscar Herrera Ahuad. Entre sus considerandos se menciona el incumplimiento estatal de su obligación de consulta previa, libre e informada, por demás obligatoria, sobre todos los actos que afecten a los recursos naturales y territorios ancestrales de los pueblos indígenas, haciendo mención de los marcos legales que los amparan: la Constitución Nacional, la Ley 26.160 y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“Hoy sentimos que cuando se quiere solucionar y comprender, es fácil de hacer. Esto significa el compromiso de escuchar a las comunidades. Siempre se necesita el compromiso del Gobierno, porque son los responsables y quienes deben estar cerca de las comunidades”, expresó Mario Borjas, mburuvichá (cacique) de la aldea Ka’a Kupé.
Aseguró que sienten alivio, “pero por dentro tenemos sufrimiento y no nos olvidamos del impacto que hemos pasado, varias situaciones por defender la naturaleza”.
Por eso, Borjas espera que esto sea un comienzo y que “siempre sea así, que las comunidades indígenas sean escuchadas y sean partícipes”.
“El monte no es un bien económico para los mbya. Es su casa, donde producen y reproducen cultura, de donde se sirven los alimentos, el techo, las medicinas y donde pueden ser libres”, aseguraron desde Emipa.
Borjas también agradeció el compromiso que tomó en este caso el Estado provincial y también a la abogada Roxana Rivas, quien tiene a su cargo pleitos judiciales que involucran a varias comunidades mbya en Misiones.
“Seguiremos llevando nuestros reclamos porque queremos que el título de propiedad quede en manos de la comunidad, sabemos que esto también es un proceso. Seguiremos luchando por nuestros territorios porque son nuestros, porque somos los primeros habitantes”, cerró.
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Ambientalistas de Río Negro cuestionan el proyecto Hidrógeno Verde

Fecha de Publicación: 23/05/2022
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


Entre otros temas plantean que incluye área natuales protegidas y que desconoce la "propiedad territorial" de las comunidades indígenas originarias.
Las Asambleas del Curru Leufu, que nuclea a distintas organizaciones socio-ambientales de la provincia, iniciaron una campaña con el nombre «HidrógeNO: La meseta no se toca» para oponerse a la instalación de la planta que se proyecta para Sierra Grande.
Según los organizadores el objetivo es «brindar información a la población sobre las cosecuencias ambientales y sociales que conllevará la implementación del megaproyecto de Hidrógeno Verde en Río Negro» y «visibilizar aspectos del emprendimiento que serán perjudiciales para la diversidad biológica presente en los territorios y la población».
Agregaron que «este proyecto de gran expansión territorial es realizado sin consulta a las comunidades mapuche y no es una solución para nuestro país, sino un emprendimiento destinado a Europa. Desde los sectores gubernamentales, empresariales y los medios masivos de comunicación, se promueve un discurso que oculta información imprescindible para el posicionamiento autónomo de la ciudadanía rionegrina».
Los ambientalistas cuestionan que se desarrollará en las área protegidas Meseta de Somuncura, Complejo Islote Lobos y Puerto Lobos, que «la exportación de hidrógeno verde se realizará en forma de amoníaco y este resulta altamente tóxico y corrosivo para los ecosistemas costeros marinos».
También se oponen a la cesión de más de 600.000 hectáreas «desconociendo» que son «propiedad territorial que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias» y alertan que el proyecto «va a generar puestos de trabajo solo al principio y dentor de 5 años».
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Proyecto minero: comunidades mapuches acusan al gobierno de Río Negro de desconocer sus territorios

Fecha de Publicación: 01/04/2022
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


Fracasó la segunda audiencia conciliatoria tras el amparo colectivo presentado en diciembre.
Siete comunidades mapuches, acompañadas por la Coordinadora Mapuche Tehuelche de Río Negro, no lograron llegar a un acuerdo con los referentes de la Secretaría de Minería de Río Negro durante la segunda audiencia conciliatoria que se llevó a cabo este martes al mediodía en el Juzgado de El Bolsón.
El encuentro se realizó tras el amparo colectivo presentado por las comunidades de Pilquiniyeu del Limay, Ñorquinco, Cañadón Chileno, Laguna Blanca, Blancura Centro, Mencué Viejo y Colán Conhue en diciembre, a raíz de los permisos otorgados por la Secretaria de Minería de Río Negro a empresas mineras para avanzar en territorios comunitarios de Río Negro.
En la primera audiencia a comienzos de febrero, el juez Marcelo Muscillo dispuso medidas cautelares para evitar que las empresas ingresen en los predios de las comunidades, pero el gobierno rionegrino ya apeló la decisión ante el Superior Tribunal de Justicia.
«Nosotros expusimos la necesidad de la consulta libre e informada, pero el gobierno dijo que desconocía el territorio de las comunidades ya que no había relevamiento, que eso era insalvable y que dentro del procedimiento minero, solo se notifica a los titulares», relató Orlando Carriqueo, werken de la Coordinadora Mapuche Tehuelche de Río Negro.
Cuestionó duramente a los referentes del gobierno provincial por rechazar el pedido de una consulta, insistiendo en que se hizo lugar al procedimiento contemplado por el Código Civil y Minero: «Reconocen que entregaron permisos de cateo sin prever que había comunidades. Esos permisos implican el ingreso de gente desconocida al territorio y el movimiento de suelos. Es tremendo que desconozcan a las comunidades«.
Durante la última Exposición Rural en Bariloche, la gobernadora Arabela Carreras anunció la entrega de títulos comunitarios. «Es una deuda histórica. Pero días atrás, nos reunimos con (Rodrigo) Buteler y le pedimos más información. Aseguró que van a regularizar tierras sin el relevamiento territorial, pero solo entregarán los títulos a las comunidades que no tienen conflicto -que serán tres o cuatro-«, manifestó Carriqueo.
De las siete comunidades mapuches que presentaron el amparo, solo una cuenta con el relevamiento territorial. Para el resto, la Coordinadora realizó un croquis georeferenciado. «Si bien no es certero, no está alejado de la realidad. Esos croquis fueron presentados en la causa, pero la provincia dice que no es cierto. Hablan del derecho civil y minero y nosotros, del Convenio 169 que establece que las comunidades tienen derecho a participar en la explotación de los recursos naturales para lo cual debe haber consulta previa, libre e informada», recalcó y acotó: «Los recursos naturales no son exclusividad del estado«.
Durante la audiencia de este martes, las comunidades llevaban como propuesta un nuevo relevamiento georeferenciado a cargo de la Universidad Nacional de Río Negro y el Conicet, pero la negativa del gobierno provincial a hacer la consulta previa e informada impidió avanzar en cualquier iniciativa.
«La provincia planteó que desconocía a las comunidades y que se atenía al procedimiento del Código Minero que rige en Río Negro. El juez lamentó no haber llegado a un acuerdo y consideró que, más allá de una cuestión judicial, es un tema político. En su momento, la gobernadora dijo que no habría proyecto minero sin consenso social«, planteó Carriqueo.
Dijo que, más allá de la resolución del juez, las comunidades no están dispuestas a permitir el ingreso de las empresas al territorio, sin una consulta previa. «El proyecto minero de Río Negro es abarcativo de toda la provincia. No es poca cosa de lo que se está hablando aunque en este caso de la presentación del amparo, afecta a estas comunidades de la región andina. Hay otras cuatro que evalúan sumarse de la región sur», concluyó Carriqueo.
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Jujuy: indígenas resisten el avance de una minera sobre territorio puneño

Fecha de Publicación: 31/03/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Jujuy


Instalaron un acampe para denunciar irregularidades en la instalación de la minera e incumplimiento de leyes, como el derecho a la consulta previa, libre e informada.
Comunidades indígenas de Jujuy continúan un acampe en el paraje Tanques, ubicado en la Puna, en resistencia a un rápido avance sobre territorio indígena de la empresa Minerales Australes SA. Las comunidades denuncian irregularidades en la instalación de la minera e incumplimiento de las leyes que reconocen derechos a los pueblos originarios, como el derecho a la consulta previa, libre e informada.
Los manifestantes también pidieron que el gobierno de Gerardo Morales revea el trazado de los límites territoriales que involucran a las comunidades Collanboy, El Toro y Quillaques, de la localidad de Susques, situada en el oeste de la provincia de Jujuy. Sostuvieron que no se señalaron correctamente los límites de Collamboy y Quillaques, cuyos habitantes son los más perjudicados ante el avance minero.
Las recientes acciones de la empresa afectan principalmente al territorio de la familia de Asunciona Quispe, quien desde febrero viene resistiendo su instalación. En un video que circuló públicamente, la mujer del Pueblo Atacama aseguró que vive en ese lugar todo el año, y "ahora me lo han pasado un camino, una huella con máquina". "Yo no quiero eso. A mí me duele, yo vivo de mi hacienda, de mi campo", expresó.
Acto seguido mostró un portón realizado con restos de ramas y que colocó justo en medio del camino realizado. "Pido que no me lo abran. Que me respeten", precisó. El territorio afectado se encuentra a unos 40 kilómetros del pueblo de Susques, en el paraje Tanque Arroyo Seco de Aguadita.
El acampe se está realizando en la zona donde se instaló la minera. Los comuneros informaron que será por tiempo indeterminado hasta que obtengan una respuesta por parte del gobierno provincial.
La abogada de las comunidades, Claudia Pérez, relató ante Salta/12 que los primeros días de febrero los comuneros encontraron una instalación minera en la zona de Susques. Allí vieron que habían casillas, una torre colocada, camiones y diferentes maquinarias que suelen ser utilizadas para la extracción de agua y áridos. De inmediato realizaron una denuncia penal, el 22 de febrero, pero recién se le dio trámite el 12 de marzo, fecha en la que se inició el acampe.
Ese mismo día, y a raíz de la presentación penal, recibieron una notificación en la que se les informó que la Justicia había solicitado a la empresa la documentación pertinente. Con el correr de los días, se enteraron de que Minerales Australes sólo declaró que era una minera que se dedica a la extracción de litio y potasio. "Eso no quiere decir que sean sólo esos minerales", alertó la abogada.
De igual manera, si la empresa llegase a contar con algún tipo de documentación, las comunidades sostienen que no corresponde, pues no se respetó lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, que representa el instrumento internacional más importante para garantizar los derechos indígenas. A modo de ejemplo, Pérez destacó el artículo 6, que establece la obligatoriedad de los estados parte a realizar la consulta previa, libre e informada y ordena "procedimientos apropiados" de consultas a las comunidades indígenas y "en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas" que afecten a estos pueblos.
La letrada aseguró que esto "no ha ocurrido". Recordó en el mismo sentido que en su artículo 75, inciso 17, la Constitución Nacional reconoce la preexistencia y la posesión ancestral de los pueblos originarios presentes en todo el territorio argentino. "Los territorios de los pueblos no son enajenables y no se pueden hacer este tipo de concesiones, y menos de la explotación de litio que terminará causando una desertización de la tierra, además de la contaminación", sostuvo.
Pérez dijo que "la señora Quispe está desesperada al ver su territorio usurpado por una minera que actúa a diestra y siniestra, sin importarle el sufrimiento de ella". Y puso énfasis en las consecuencias ambientales que habría en caso de continuar con la explotación en el lugar, como la afectación a la libre circulación de los animales y la contaminación del agua para consumo humano.
En ese sentido, la presidenta de la comunidad de Collamboy, Silveria Luisa Quispe, relató que están muy preocupados sobre cómo el accionar de la minera puede afectar el suministro del agua. "Aquí la minera va a sacar el agua para litio", expresó, afirmando que con ello se les quitará el agua para su consumo. "Pero vamos a seguir defendiendo el territorio que nos dejaron nuestros ancestros", manifestó.
Por su parte, la abogada recordó que hay familias viviendo en la zona de explotación, con lo cual la situación se torna "desesperante" y aseguró que "lejos de cesar" la actividad "se encuentra respaldada por el Estado provincial".
Este medio consultó a la Secretaría de Pueblos Indígenas del Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, el órgano competente en este caso, pero no obtuvo respuestas. Sin embargo, las comunidades indicaron que la Secretaría ha instado a comuneros a que "envíen una nota donde indiquen que están de acuerdo en que se establezca la minera", contó Pérez.
En ese sentido, sostuvieron que la Secretaría no está haciendo cumplir las leyes que amparan a los pueblos originarios. A la problemática sumaron que el Ejecutivo provincial tampoco corrige el "error cometido en referencia de trazados de límites territoriales de tres comunidades: Collanboy, El Toro y Quillaques". Por eso, indicaron que el acampe también se sostendrá hasta que "las autoridades gubernamentales determinen correctamente los límites de Collamboy y Quillaques, quienes son los más perjudicados ante el avance de la empresa minera".
El pedido de aclaración es porque, según pudieron saber, la empresa tiene en su poder un croquis del territorio indígena mal delimitado, lo que le permitiría tener que buscar el consentimiento de una sola comunidad, la del Toro.
Asimismo, cuestionaron el accionar del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), ya que según relató la abogada, desde hace dos años las comunidades están pidiendo que se les entregue la personería jurídica, y hasta el momento no sucede.
Detalló que el 13 de marzo volvieron a comunicarse con el Instituto, esta vez por lo de Minerales Australes, pero "hasta ahora no hubo ningún tipo de comunicación". Este medio consultó a sus autoridades, sin lograr una respuesta.
La letrada explicó que no pueden hacer otra presentación legal pues no cuentan con el acceso al expediente penal sobre la denuncia de la usurpación, y tampoco la Secretaría de Pueblos Indígenas les comunicó nada oficial.
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Denuncian a minera por usurpar terreno de una familia en Susques

Fecha de Publicación: 18/03/2022
Fuente: elsubmarinojujuy.com.ar
Provincia/Región: Jujuy


Un grupo de comuneros del departamento de Susques denuncian que la compañía minera Austral S.A se apropió tierras donde viven familias enteras. También acusan al fiscal del MPA, Fernando Alancay usó su poder favor de la empresa.
Uno de los comuneros, Elbio Cabrera, aclaró la minera Austral S.A sin ningún respaldo o aval, salvo del fiscal penal se metió en el territorio de una familia en la Comunidad San Juan de Quillaques, en el Paraje Tanques».
Ante el reclamo de las comunidades, la compañía no explicó los motivos de la usurpación, no tenía permiso, la comunidad hizo la denuncia policial, pero el fiscal Alancay de Humahuaca íntimo a los pobladores de las comunidades, a que la familia desalojara su propio territorio, «quiere que la familia se vaya, te ordena a desalojar tu casa, es una locura», sentenció Cabrera.
Este es un nuevo conflicto de los pueblos originarios con las empresas mineras, “desde hace más de 10 años peleando con estas empresas. Las consultas que se hacen se hacen con estrategias de gobierno para lograr sacar un sí, pero no hay ninguna comunidad que haya otorgado al 100% la extracción de minerales y la contaminación de agua y de tierra».
Finalmente, Cabrera pidió que se respete «la consulta previa libre e informada para tener en cuenta la decisión de las comunidades y no que se las uses folklóricamente para el carnaval, escenografía vivientes y postales que utiliza el gobierno de nuestro pueblo, para su beneficio propio».
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Comunidades mbya en alerta por los desmontes en Misiones

Fecha de Publicación: 17/01/2022
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones


Tras cumplirse el plazo de 30 días, la aldea Alecrín de San Pedro rechaza que retomen la quita de madera. Analizan nuevas protestas.
Durante los primeros días de diciembre, integrantes de la comunidad Alecrín, ubicada en San Pedro, encontraron numerosos árboles extraídos de un área dentro de territorio relevado como de uso ancestral. Tras esta denuncia y con movilizaciones de comunidades de toda la provincia, lograron un principio de acuerdo y la empresa pausó la tala por 30 días. Esta semana finaliza el plazo y desde Alecrín temen que, en cualquier momento, retomen los trabajos.
En diálogo con PRIMERA EDICIÓN el cacique de la comunidad Alecrín, Sebastián Benítez, contó que “gracias al diálogo que hubo, toda la obra está parada en este momento”. Sin embargo, indicó que “no tuvimos otra reunión con la empresa y esperamos tener alguna comunicación. Hasta ahora seguimos controlando que se cumpla el cese en los trabajos”.
Al terminarse el tiempo pautado del acuerdo, señaló que “desde las comunidades pedimos que no vuelvan a cortar más árboles. Estuvimos reunidos y en lucha las comunidades Tekoa Arandú, Pozo Azul 1, Yaboty Mirí, entre otras más que están a favor de todo el reclamo de Alecrín”.
Benítez adelantó que “en la provincia estamos en alerta, porque en la comunidad Ka’a Kupé siguen pasando por una situación de desmonte. Entre los caciques, en la próxima reunión, si no tenemos una respuesta favorable para todos vamos a tomar nuevamente alguna medida de fuerza”.

En lucha
El cacique de la comunidad Ka’a Kupé, Mario Borjas, contó a este Diario que “la empresa CARBA nunca paró, siguen cortando la madera y llevándola del área protegida. Esto genera una preocupación por la falta de respuesta de las autoridades provinciales y municipales. Hemos presentado denuncias porque hubo disparos de armas de fuegos al aire cuando nos acercamos a esas hectáreas”.
Contó además que “tenemos otra reunión en la comunidad para ver qué se puede hacer, porque no vemos otra salida que nuevas movilizaciones, pero esta vez más grandes que la vez pasada”.
Remarcó que “las comunidades están muy solas en su reclamo”.
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Condenan al Estado y a una empresa a indemnizar a una comunidad guaraní

Fecha de Publicación: 30/12/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


En 2004, sin pedir autorización, la empresaa Refinor realizó obras en territorio de varias comunidades indígenas, una la demandó. Ahora la firma y el Estado nacional deberán pagar por los daños provocados.
El juez federal Julio Leonardo Bavio condenó a la empresa Refinería del Norte SA (Refinor) a abonar una suma a determinar por daños materiales y al Estado nacional a pagar una indemnización de 2 millones de pesos más intereses a les integrantes de la Comunidad guaraní Caraparí por el “daño moral” provocado al ingresar a su territorio sin pedir permiso, sin informar qué se iba a hacer y realizar obras para el tendido de un gasoducto que provocaron grandes cambios a les habitantes originaries.
El fallo, del pasado 23 de diciembre, se tomó en una demanda por daños y perjuicios iniciada por las comunidades Caraparí y El Arenal en contra de las empresas Refinería del Norte SA y Conta SRL en concepto de reparación de daño ecológico, daños morales y materiales. Con representación del abogado Matías Duarte las comunidades aseguraron que estos daños fueron provocados por el accionar de estas empresas violatorio de derechos indígenas a la posesión y propiedad comunitaria, la  identidad e integridad cultural y la preexistencia asegurados por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los artículos 13, 14 y 15 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El gasoducto Pocitos - Campo Durán, destinado a importar gas desde Bolivia, comenzó a construirse en agosto de 2004 y su traza pasaba por territorio de las comunidades indígenas El Arenal, La Bendición y Caraparí, El Obraje y Monte Sinaí. En la demanda se reseñó que esta obra se inició sin autorización de las comunidades, sin haber realizado estudios de impacto ambiental, social y cultural y los relativos a seguridad geodésica para obras de esta magnitud. Luego se amplió la demanda contra del Estado nacional, concretamente la Secretaría de Energía de la Nación, organismo que autorizó el inicio de las obras sin haber realizado estos estudios.
A la hora de resolver, el juez hizo lugar parcialmente a la demanda, desestimó el reclamo de El Arenal porque había llegado a un acuerdo con Refinor y dejó de lado a Conta SRL porque era solo una contratista, y condenó a "Refinería del Norte S.A. a abonarle (a Caraparí) el valor que se determine de conformidad a lo establecido en el Considerando IV y VI (el daño provocado); y al Estado Nacional (Ministerio de Economía – Secretaría de Energía de la Nación) la suma de $ 2.000.000 en concepto de daño moral de los integrantes, con más los intereses que correspondan, teniendo en cuenta los lineamientos señalados en el Considerando IV y VI".

La consulta es un proceso
El punto IV de los considerandos de la sentencia es sobre la consulta previa, libre e informada. "No existen constancias que con anterioridad al comienzo de las obras (en agosto de 2004), haya existido una correcta consulta previa a las Comunidades sustentada en una información acabada a fin de lograr su consentimiento pleno, en los términos plasmados por los instrumentos internacionales y nacionales" que reconocen este derecho, sostuvo el magistrado.
En el expediente se probó que les integrantes de las comunidades autorizaron la realización de estudios topográficos, y "luego se vieron sorprendidos en su buena fue cuando comenzaron las obras, con el ingreso de maquinaria pesada, sin aviso previo".
Esto derivó en un conflicto ya con la obra empezada, representantes de la provincia de Salta, de Refinor y de las comunidades "suscribieron un acta notarial de cooperación mutua". Sin embargo,  el juez subrayó que tanto este "acta de cooperación mutua suscripta cuando había empezado la ejecución de la obra, como los denominados 'permisos de ingreso' (...), no pueden ser considerados la 'consulta previa y debidamente informada' que debe requerirse a las comunidades, puesto que como se dijo, las comunidades afectadas deberían poder participar de la preparación de los estudios de impacto medioambiental".
Asimismo, el juez recordó que según el Convenio 169 de la OIT, "es obligatoria la realización de procesos de consulta con las comunidades originarias, con la finalidad de llegar a acuerdos y de obtener el consentimiento sobre las medidas propuestas, respecto de decisiones que afectan a sus integrantes y territorio, tiene que ver con el reconocimiento de su existencia". Y, a pesar de que esta consulta no es vinculante y el Estado podría avanzar con una obra aún sin el acuerdo de las comunidades, "evidentemente, la información previa tiende a otorgar mayor legitimidad a la acción, le otorga un rol protagónico a las comunidades y las ilustra sobre el alcance y consecuencias de la obra", razonó el magistrado.
"En definitiva, en el caso, el procedimiento previo de consulta no se adecuó a los estándares internacionales", concluyó, insistiendo en que "El procedimiento previo de consulta, llevado en legal forma, hubiese permitido a las comunidades deliberar y opinar sobre el proyecto y, aunque no hubieran otorgado el consentimiento, habrían sido parte en el proceso decisorio. Esta omisión estatal y el súbito comienzo de la obra en su territorio, generó perturbaciones en la vida comunitaria", aseguró el juez.
Asimismo, recordó que la consulta "no es un acto singular, sino un proceso de diálogo y negociación", por lo que el "procedimiento de consulta no puede agotarse en el cumplimiento de una serie de requisitos meramente formales o limitarse únicamente a una notificación o a un trámite de cuantificación de daños". Y aseguró que este proceso de consulta "era una responsabilidad del Estado y no de las empresas que iban a llevar a cabo la construcción".
"La representatividad legítima de las autoridades tradicionales fue pasada por alto en numerosas circunstancias, reduciendo los procesos de Consulta y participación recomendados por el Convenio 169 de OIT a 'Actas Acuerdo'" que "no hicieron más que generar conflictos intra e inter comunitarios", recriminó. Por esto, fijó "una indemnización por la suma de $ 2.000.000 en concepto de daño moral, cuyo obligado al pago es el Estado Nacional (Ministerio de Economía – Secretaría de Energía de la Nación)".

Reparación de daños
En el punto VI Bavio consideró que "se han producido daños que merecen ser reparados. Estos perjuicios son por un lado de índole material, consecuencia directa e inmediata de la construcción del gasoducto, y moral por la omisión de la consulta previa e informada que debió llevar adelante la demandada antes de comenzar la obra".
En cuanto a los daños materiales, el juez se basó en un informe del perito oficial Pfister Oliver, "del cual se desprende que la instalación del gasoducto causó perjuicios a los integrantes de la comunidad", sobre todo diez familias fueron directamente afectadas por la destrucción de su área de cultivo, y algunas hasta dejaron de ser productoras agrícolas luego de estos destrozos.
La traza del gasoducto dentro de territorio guaraní fue por casi dos kilómetros (1740 metros) con un ancho de 30 metros, ocupando una superficie 5,22 hectáreas. El perito dijo que la obra destruyó flora de árboles (como variedades de algarrobos) y arbustos, y que "es indudable que las familias y las zonas de cultivo tuvieron que ser trasladadas luego de la obra". Incluso desde que se comenzó con la obra "muchas de estas familias abandonaron el área de cultivos; y que muchas de éstas áreas tienen renovales de por lo menos 2 años de arbustos y árboles, prueba clara del abandono efectuado, algunas familias trasladaron sus áreas de cultivos a zonas que no están afectadas por la traza”.
En cuanto al daño moral, "configurado por la omisión de realización de algún tipo de proceso o procedimiento tendiente a informar previa y debidamente a la comunidad sobre la obra que se iba a llevar a cabo", el magistrado dijo que del informe de la pericia antropológica realizada por la antropóloga Mónica Flores Klarik "surge que la obra del gasoducto afectó profundamente la vida de la Comunidad Caraparí, en dos aspectos: uno, material y otro, en sus relaciones socio-políticas".
En efecto, "su economía de subsistencia se vio alterada, en razón de la afectación de la subsistencia de algunas familias del paraje de Madrejones, por la destrucción de cercos de cultivos y predios en donde existían frutales plantados; la destrucción de la vivienda de la familia de Marcos González que estaba en el camino de la traza; la eliminación de árboles de especies autóctonas; y la modificación topográfica que alteró al sentido de la escorrentía del agua".
Y las relaciones sociales fueron alteradas porque "la Comunidad también sufrió por la perturbación de la vida comunitaria y familiar; por la desestabilización de las autoridades tradicionales de la Comunidad; por la ruptura de lazos comunitarios, de relaciones de parentesco e intercomunitarias; y por la alteración de la tranquilidad y armonía comunitaria", como también lo había explicado en su momento el mburuvicha (cacique) Hilario Vera, histórico referente de Caraparí, impulsor de esta demanda que ahora recibió la alegría de esta decisión judicial.
Si bien finalmente el gasoducto no fue construido en tierras de Caraparí, el juez concluyó en que "su traza y su pretendida construcción provocaron daños a la Comunidad Caraparí, que deben ser indemnizados por la Refinería", y para eso consideró "apropiado que las partes inicien y lleven a cabo el procedimiento establecido en la Resolución ENARGAS 3562/2015 (sobre las afectaciones provocadas por instalaciones gasíferas) para la determinación del monto del valor real del bien afectado (tierra) y de los perjuicios directos acreditados y ocasionados por la servidumbre sobre ese espacio".
Para el caso de que "no hubiere acuerdo al respecto dentro del plazo de 20 días de notificada o de quedar firme la sentencia, se requerirá a ENARGAS que establezca el canon 'provisorio', que servirá para cumplimentar con la exigencia de la 'previa indemnización', el que deberá ser abonado junto con los intereses que se calculen tomando la tasa pasiva del Banco de la Nación Argentina (art. 5 de la Resolución), desde el momento en el cual Refinerías del Norte SA. ingresó al predio (junio de 2004) para la construcción de las instalaciones", manda la sentencia.
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Comunidades mbya salieron a las rutas contra los desmontes

Fecha de Publicación: 20/12/2021
Fuente: Primera Edicion
Provincia/Región: Misiones


Diferentes aldeas guaraníes se manifiestan y tienen previsto cortar rutas en Misiones. Hay operativos policiales para evitar las medidas de fuerza.
Varias comunidades mbya guaraní de Misiones se movilizaron este jueves al costado de las rutas provinciales 13 y 7 con el objetivo de protestar contra los desmontes que se vienen realizando en sus territorios. Si bien tenían previsto cortar el tránsito, los operativos de fuerzas de seguridad desplegadas al efecto se lo impidieron.
La medida fue pactada ayer miércoles entre caciques luego de una asamblea de Aty ñeychyro, organización que reúne a todas las comunidades indígenas de la provincia, en apoyo al reclamos por los desmontes de árboles nativos de la reserva Biosfera Yabotí, impulsada por la aldea Alecrín de San Pedro. Esta comunidad originaria denunció ante el Ministerio de Ecología lo que viene ocurriendo en el norte misionero por parte de una empresa maderera. “Son territorios demarcados por la ley 26.160 de protección”, alegaron.
Por eso, en El Soberbio, integrantes de las comunidad Chafariz (de San Vicente), situada en la colonia del mismo nombre, se manifestaron y pretendían cortar la ruta provincial 13 en el kilómetro 29, en el acceso a Picada Guaraní, como signo de apoyo y solidaridad a la comunidad Tekoa Alecrín.
Solicitaron al Gobierno Provincial y al Ministerio Ecología, se frenen con el desmonte en los bosques ocupados por citada comunidad. Y el referente de la comunidad, el cacique Sebastián Benítez, tiene previsto reunirse con el ministro de Ecología, Víctor Kreimer, el intendente de San Vicente, Miguel Dos Santos y los jefes de la comisaría de este municipio para profundizar el delicado tema.
Finalmente, alrededor de las 11, los manifestantes decidieron levantar la medida, sin llegar a cortar la ruta.
También, en Ruiz de Montoya, familias de la comunidad mbya guaraní Ka’a Kupé se manifiestan al margen de la ruta provincial 7, en la intersección con la ruta 223, en el acceso a esta localidad.
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Comunidades mapuches presentaron un amparo colectivo por permisos a mineras sobre territorio comunitario

Fecha de Publicación: 04/12/2021
Fuente: El Cordillerano
Provincia/Región: Río Negro


Comunidades mapuches de Río Negro confirmaron que realizaron la presentación judicial de un amparo colectivo por supuestos permisos que la Secretaría de Minería de la Provincia de Río Negro otorgó a empresas mineras  sobre territorios comunitarios de Pulam Lafken, Amulen Che, Ragiñ Plang Curra Mew, Pilquiniyeu del Limay, Ancalao, Newen Ñuke Mapu, Mariano Solo, Ñanco Newen, entre otras.
Lo confirmaron esta mañana, a través de una reunión pública virtual de la cual participaron representantes de las comunidades y autoridades de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro Zona Andina.
El coordinador de dicho parlamento, Orlando Carriqueo, manifestó: “En el mes de junio de este año nos enteramos que empresas mineras recorrían territorio comunitario en zona andina. Avanzamos con una decisión política de cierre de tranqueras y con el amparo colectivo”.
Además remarcó que los supuestos permisos para realizar pruebas en territorio comunitario nunca fueron consultados a las comunidades, “más allá de que no realizaron una consulta previa, el proyecto megaminero es incompatible en el territorio comunitario. Esto lo impulsamos en defensa de los territorios comunitarios y de la sociedad, es un proyecto inconsulto y oculto. Es un proyecto mucho más amplio que el de Chubut”, señaló.
“Tiene que haber un debate más amplio y hay que ponerle freno a estos proyectos extractivos que solo dejan muerte, sequía y traen el despojo de recursos al pueblo mapuche. Hoy presentamos a la justicia el amparo que va en defensa de nuestra manera de vivir, significa ni más ni menos que la continuación de la defensa del territorio”, anunció Carriqueo.
Representantes de distintas comunidades de Río Negro manifestaron haber corroborado la presencia de empresas mineras realizando pruebas y utilizando miles de litros de agua diarios para dichas pruebas.
El miembro del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI) Newen Loncoman, manifestó: “Presentamos el amparo colectivo ante los permisos que dio la Secretaría de Minería sobre territorio comunitarios, sin consulta previa a las comunidades. Por ley deben ser consultadas ante un emprendimiento extractivista. La mayor parte son extranjeras, dejan poco y nada en el lugar, solo contaminación. La consulta indígena es un derecho de las comunidades”.
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En el norte salteño arrasaron con un bosque que se recuperaba de otro desmonte

Fecha de Publicación: 08/11/2021
Fuente: Que Pasa Salta
Provincia/Región: Salta


Lo informó la comunidad wichí El Arenal a integrantes de la organización ambientalista Greenpeace. Ocurrió en General Ballivián. El lugar había sido desmontado hace 8 años y estaba en proceso de reconstitución.
El coordinador de Bosques de Greenpeace en Argentina, Hernán Giardini, fue el encargado de relatar a los medios lo ocurrido hace dos semanas. Según dijo, se entraron en un recorrido que hicieron al Chaco salteño hasta llegar a la comunidad El Arenal, una comunidad Wichí ubicada a unos 20 kilómetros de la localidad de General Ballivián en el departamento San Martín.
"La comunidad nos contó que venían utilizando para su subsistencia al bosque que se empezaba a recuperar rápidamente. Contaron que la vegetación superaba la cabeza de un adulto. Y esto fue posible por la existencia de algunas cortinas forestales y superficies boscosas cercanas", explicó el ambientalista a la sección local del diario Página 12.
La vegetación logró crecer porque al parecer "estuvo sin ser expuesta a agrotóxicos". Pero hace un mes llegaron topadoristas para desmontar el bosque. "La gente los paró. Pero el tipo les dijo que cualquier cosa iban a hacer los trabajos de noche". Y finalmente lo hicieron.
"No pudimos reconocer de cuál empresario es, ni si tenían permiso para hacerlo", indicó Giardini. El problema es la falta de monitoreo y una mirada específica en las imágenes satelitales sobre los bosques que pueden llegar a recuperarse para que no vuelvan a ser dañados. Mientras, "la comunidad no sabe qué hacer porque es lo último que les queda" para poder subsistir.
Giardini hizo algunas reflexiones respecto de una zona que se desmontó dos veces en ocho años y volvió a reclamar que el desmonte sea calificado como un delito penal. En ese marco, recordó que el martes último Alberto Fernández firmó un compromiso para frenar y revertir la deforestación junto a líderes y representantes de más de 100 países, en el marco de la Cumbre de Líderes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) que se desarrolla en Glasgow, en el Reino Unido.
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Avanza el proceso para instalar biodigestores en comunidades originarias salteñas

Fecha de Publicación: 25/08/2021
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Salta


Luego de recibir la propuesta técnica, la cartera de Ambiente nacional abrió la oferta económica para la provisión, instalación y puesta en funcionamiento de este tipo de tecnología ambientalmente sostenible.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, a través de la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental, a cargo de Sergio Federovisky, realizó la apertura del sobre con la propuesta económica de la empresa Desarrollo de Equipos Industriales S.A. para la provisión, instalación y puesta en funcionamiento de biodigestores en dos comunidades originarias de la provincia de Salta.
El llamado correspondió a la solicitud de propuestas n.° 04/2021. El mismo se realizó en el ámbito del proyecto “Modelos de Negocios Sostenibles para la Producción de Biogás a partir de Residuos Sólidos Urbanos Orgánicos” (ARG 16/G23), que ejecuta la cartera que conduce Juan Cabandié, junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y que cuenta con el financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por su sigla en inglés).
Cabe señalar que la evaluación de la propuesta técnica se realiza con anterioridad a la apertura y comparación de la oferta económica, a fin de analizar si se adecúa a las condiciones indicadas.
El propósito buscado es poner en marcha dos biodigestores tubulares para el tratamiento in situ de los residuos orgánicos en las comunidades guaraní Colonia Fiscal 8 y wichi Pacará, ambas de la provincia del Noroeste argentino. Esta tecnología permitirá hacer frente a la gestión interna de los residuos en estas poblaciones y la generación de energías renovables.
Se busca que los biodigestores sean instalados para el aprovisionamiento energético de los pozos de agua, la red de iluminación LED y la estación de recarga de equipos electrónicos. A la vez, se incluirán las soluciones logísticas más aptas para el manejo interno de la materia prima que alimenta al biodigestor, para la provisión de agua diaria necesaria y todo lo requerido para utilizar el biofertilizante líquido generado.
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La desesperación obliga a wichis a beber agua contaminada

Fecha de Publicación: 24/08/2021
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta


Vienen reclamando un pozo desde hace años, pero deben abastecerse de una cañada donde mueren los animales.
"Estamos desesperados por el agua. Ahora con el calor de vuelta, la misma desesperación nos lleva a consumir al agua que sabemos que está contaminada y que sacamos de una cañada donde hay animales muertos". Las palabras del cacique Osvaldo Gómez de la comunidad wichi de San Ignacio, a 10 kilómetros de Santa Victoria Este, resultan el mismo repique de un pedido que se pierde en la burocracia estatal.
La comunidad, donde viven unas 60 familias wichi, viene reclamando la perforación de un pozo de agua desde hace años y pese a las promesas y proyecciones que se hicieron, aún no tienen solución, mientras las altas temperaturas se instalan nuevamente en la profundidad del Chaco salteño.
Una serie de desafortunadas circunstancias hizo que la situación en esa sufrida comunidad se torne dramática, ya que pese a que la zona estuvo en el radar del Gobierno nacional y provincial para la perforación de nuevos pozos, San Ignacio nunca pudo obtener el beneficios, aunque el cacique Gómez viene gestionado esa obra desde el año 2017.
En forma precaria, las familias de San Ignacio se abastecían con una manguera de dos kilómetro que llega desde El Tigre, otra comunidad que tiene pozo de extracción, pero cuya producción cayó a cero en las últimas semanas. No obstante, El Tigre tiene otro pozo de donde se abastece esa población, pero el suministro hacia San Ignacio se interrumpió en forma total.
Al conocer la difícil situación de San Ignacio, la Fundación Siwok hizo su aporte y perforó un pozo somero de 50 metros de donde la gente comenzó a proveerse, pero la salinidad es tan alta que ni siquiera los animales pueden tomar esa agua. "Estuvimos muy contentos con la obra de la fundación, pero la alegría nos duró poco porque el agua empezó a salir muy salada y no la podemos tomar. No se puede utilizar ni para lavar". Osvaldo envió a El Tribuno un análisis de laboratorio de la Cruz Roja Argentina donde se demuestra que el nivel salobre del agua es tres veces superior al máximo permitido en el Código Alimentario Argentino. "Lo que tenemos miedo es que el Gobierno se confíe en que la fundación ya nos hizo el pozo y se olvide de nuestro reclamo que todavía sigue", expresó.
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Mapuches protestaron contra el fracking en la sede de YPF de Neuquén

Fecha de Publicación: 14/08/2021
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén


La protesta inició a las 10 de la mañana y contó con el acompañamiento de organizaciones sociales y políticas.
La Confederación Mapuche y organizaciones sociales realizaron una protesta frente a la  sede de YPF, situada en la calle talero. La manifestación comenzó a partir de las 10 de la mañana. Hubo referentes de distintas organizaciones sociales y políticas.
“Necesitamos sacar a la luz una vez más, y con urgencia, los enormes daños a la naturaleza, y en consecuencia, la directa afectación a la población de la región, por el mal manejo y descontrol de la industria hidrocarburífera y del fracking”, manifestó el comunicado de la Confederación Mapuche.
La organización considera que  la actividad de extracción de gas y petróleo afectan la provisión de agua de la región, ocasiona los movimientos sísmicos de la tierra  y contaminan con sus residuos el agua y el aire.    
Una acción similar se realizó el pasado 30 de julio en sede de la empresa Tecpetrol en el Parque Industrial.
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Un documental muestra la resistencia contra la minería extractivista en Jujuy

Fecha de Publicación: 04/08/2021
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Jujuy


“En el nombre del litio” confronta las opiniones de quienes están a favor y aquellos que se oponen.
El documental “En el nombre del litio” se estrenó gratis ayer en el Día de la Pachamama y estará disponible gratis hasta el 9 de agosto, en la página web enelnombredellitio.org.ar/.
La historia exhibe la resistencia de las comunidades originarias al avance extractivista sobre las Salinas Grandes.
“Decidimos liberar la película debido para instalar el debate en la agenda política y ambiental”, dijeron los cineastas Cristian Cartier y Martín Longoa a la agencia Télam.
“Creemos que puede ser una herramienta útil para enriquecer el debate y encontrar soluciones más amigables con el medio ambiente y con la inclusión de las comunidades en la toma de decisiones”, señalaron.
Ambos comparten, además de dos proyectos de largometrajes de ficción, la serie documental “Marcas en la piel” que puede verse a través de Canal Encuentro.
Los directores trabajaron durante cinco años en la película, período en el que, además, realizaron cinco viajes a la zona de las salinas (ubicadas en un área de 212 kilómetros cuadrados a 66 kilómetros de Purmamarca en la provincia de Jujuy) para un rodaje que se desarrolló entre 2016 y 2019.
“Cada viaje consistía en aproximadamente tres semanas, donde vivíamos en las distintas comunidades involucradas en el conflicto. A lo largo de todos estos viajes, el documental fue encontrando su forma y su camino”, destacaron los cineastas.
Como fruto de esa dedicación, “En el nombre del litio” plantea una honda discusión en torno a la extracción de ese metal alcalino que se emplea especialmente en aleaciones conductoras del calor y en baterías eléctricas, lo que lo vuelve un elemento codiciado a nivel planetario.
Para ello la investigación se apoyó en el trabajo de la organización no gubernamental Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y reúne voces de especialistas, de funcionarios del Gobierno jujeño (fuerte impulsor de la actividad extractiva) y, fundamentalmente, de integrantes de las comunidades originarias afectadas por este avance sobre los territorios que habitan.
“Encontramos dos discursos bien marcados entre las opiniones de las comunidades y los especialistas versus las voces de los gobiernos, las empresas multinacionales, los mercados, y la geopolítica -indicaron los realizadores-. Por un lado vemos el inminente desembarco de las empresas mineras con apoyo del Gobierno en Salinas Grandes y laguna de Guayatayoc y por el otro a las comunidades originarias sin posibilidades de defenderse o ser escuchadas. La idea fue reflejar eso desde la propuesta estética y narrativa”.
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