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Córdoba: campesinos buscan ayuda para evitar remates
18:34 | 
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Campesinos cordobeses buscan ayuda en Buenos Aires para evitar remate de terrenos
Fecha de Publicación: 11/07/2013
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Campesinos cordobeses se entrevistarán con funcionarios nacionales y organismos de Derechos Humanos, con la esperanza de frenar el remate de un campo que ocupan, tras fracasar en esas negociaciones con la provincia. Acusan a José Manuel de la Sota de “neoliberal e indiferente”.
Las reuniones se concretarán desde el miércoles y hasta el viernes de la semana próxima con el titular de la secretaría de Derechos Humanos, Martín Fresneda y con el subsecretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico, entre otros, según adelantó Horacio Britos del Movimiento Campesino de Córdoba, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina).
Los campesinos quieren que el campo La Libertad, ubicado en el Departamento Ischilín en el noroeste cordobés y actualmente con bandera de remate, sea expropiado. Habitado y poseído por familias de campesinos el terreno de 13 mil hectáreas comprende la suma de los lotes que componen la quiebra de la firma Feigin Hnos. Ltda.
“Estamos muy preocupados, muy mal, desde que De la Sota se hizo cargo del gobierno dejó caer todo, archivaron el trámite y nos dejaron sin alternativas, el campo va a remate, los acreedores quieren cobrar”, explicó Britos, quien detalló que también llevarán su caso a organismos de Derechos Humanos y a la Comisión Nacional de Tierras.
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Fecha de Publicación: 11/07/2013
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Campesinos cordobeses se entrevistarán con funcionarios nacionales y organismos de Derechos Humanos, con la esperanza de frenar el remate de un campo que ocupan, tras fracasar en esas negociaciones con la provincia. Acusan a José Manuel de la Sota de “neoliberal e indiferente”.
Las reuniones se concretarán desde el miércoles y hasta el viernes de la semana próxima con el titular de la secretaría de Derechos Humanos, Martín Fresneda y con el subsecretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico, entre otros, según adelantó Horacio Britos del Movimiento Campesino de Córdoba, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina).
Los campesinos quieren que el campo La Libertad, ubicado en el Departamento Ischilín en el noroeste cordobés y actualmente con bandera de remate, sea expropiado. Habitado y poseído por familias de campesinos el terreno de 13 mil hectáreas comprende la suma de los lotes que componen la quiebra de la firma Feigin Hnos. Ltda.
“Estamos muy preocupados, muy mal, desde que De la Sota se hizo cargo del gobierno dejó caer todo, archivaron el trámite y nos dejaron sin alternativas, el campo va a remate, los acreedores quieren cobrar”, explicó Britos, quien detalló que también llevarán su caso a organismos de Derechos Humanos y a la Comisión Nacional de Tierras.
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Bosque nativo: "Hecha la ley, hecho el desmonte"
"Hecha la ley, hecho el desmonte": así se destruye un bosque nativo
Fecha de Publicación: 13/06/2013
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional
Fecha de Publicación: 13/06/2013
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional
A pesar de la sanción de la Ley de Bosques, la deforestación avanza en la Argentina.
La Ley de Bosques se sancionó en 2007 para evitar que la Argentina siga perdiendo su bosque nativo, del que hoy sólo queda el 30 por ciento. Sin embargo, cinco años después, sus objetivos no logran cumplirse.
Quizá el del bosque sea el mejor ejemplo. Lo que le pasa al ambiente nos pasa a nosotros. Podríamos tomar al país como algo que fue establecido y que resulta inmutable aún ante las peores prácticas. Pero no. Felizmente se trata de un cuerpo vivo, por lo tanto cuando alteramos el paisaje o le damos mal uso a la tierra hay impactos ambientales, sociales y políticos. Por lo tanto ese cuerpo vivo somos nosotros.
Lo que empezamos a mostrar forma parte de las nuevas tensiones y complejidades que origina la tenencia y administración de los recursos naturales.
Veremos que una ley no cambia por si misma el concepto que tenemos de los recursos, la tendencia a apropiarnos naturalmente de ellos, ni mejora su estado. Y finalmente nos hace pensar como nos cuesta entender que los derechos colectivos están sobre los individuales. Estamos acostumbrados a un modelo totalmente opuesto.
Mañana lo veremos mejor con el caso del desmonte en Salta, y el trabajo progresivo que nos falta hacer para contar con leyes que efectivamente nos sean útiles.
"Hecha la ley, hecho el desmonte": así se destruye un bosque nativo.
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La Ley de Bosques se sancionó en 2007 para evitar que la Argentina siga perdiendo su bosque nativo, del que hoy sólo queda el 30 por ciento. Sin embargo, cinco años después, sus objetivos no logran cumplirse.
Quizá el del bosque sea el mejor ejemplo. Lo que le pasa al ambiente nos pasa a nosotros. Podríamos tomar al país como algo que fue establecido y que resulta inmutable aún ante las peores prácticas. Pero no. Felizmente se trata de un cuerpo vivo, por lo tanto cuando alteramos el paisaje o le damos mal uso a la tierra hay impactos ambientales, sociales y políticos. Por lo tanto ese cuerpo vivo somos nosotros.
Lo que empezamos a mostrar forma parte de las nuevas tensiones y complejidades que origina la tenencia y administración de los recursos naturales.
Veremos que una ley no cambia por si misma el concepto que tenemos de los recursos, la tendencia a apropiarnos naturalmente de ellos, ni mejora su estado. Y finalmente nos hace pensar como nos cuesta entender que los derechos colectivos están sobre los individuales. Estamos acostumbrados a un modelo totalmente opuesto.
Mañana lo veremos mejor con el caso del desmonte en Salta, y el trabajo progresivo que nos falta hacer para contar con leyes que efectivamente nos sean útiles.
"Hecha la ley, hecho el desmonte": así se destruye un bosque nativo.
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Una buena entrevista a Tompkins
Tompkins: "No es bueno para la sociedad que los dueños de la tierra tengan enormes extensiones"
Fecha de Publicación: 22/05/2013
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Hace 20 años que el ambientalista estadounidense se dedica a comprar propiedades en la Argentina y Chile para luego cederlas a los Parques Nacionales de ambos países; ya lleva 850.000 hectáreas y tiene más proyectos
n 1989 vendió sus empresas y se alejó de los Estados Unidos para dedicarse a la conservación del medio ambiente. Pasó por Noruega y Canadá, pero se quedó con la Argentina y Chile. "En este punto de mi vida soy medio argentino y medio chileno", dice sentado en una de las oficinas que tiene su fundación en el barrio de Retiro. Algo de razón tendrá porque todas sus propiedades están en los dos países y ni siquiera tiene un departamento en California del Norte, donde están sus hijas.
Douglas Tompkins lleva 20 años comprando tierras en esta parte del mundo y donando gran parte de ellas para que sean integradas a los Parques Nacionales. La última fue la cesión de la estancia El Rincón, de 15.000 hectáreas , que formarán parte del Parque Nacional Perito Moreno en Santa Cruz; se estima que el total puede ser cercano al millón de hectáreas.
Filántropo, agricultor y ecologista su misión en la Argentina genera pasiones y polémicas. Lo acusan de querer apropiarse de los acuíferos, de robar ganado y querer convertirse en un terrateniente. Tompkins, junto a su esposa Kris y sus fundaciones [Pumalín, Deep Ecology, Yendegaia, Conservación Patagónica y Consevartion Land Trust ], donó tierras de su patrimonio personal a los Parques Nacionales Pumalín y Corcovado -en Chile- y al Monte León -Argentina-. Y tiene proyectos para ceder tierras a otras reservas naturales donde está reinsertando especies en extinción como el oso hormiguero, el ciervo del pantano, el yaguareté y el puma.
"El movimiento ambiental es imparable. Si echamos miradas al pasado, cuando empezó la corriente moderna en 1960, el progreso de expansión fue impresionante y hoy es enorme a nivel mundial. Todo está cambiando, es un proceso dinámico e imparable. ¿Si es capaz de revertir la crisis ambiental? Es otra pregunta", dice en la entrevista que le concedió a LA NACION .
Ver la Entrevista Completa.
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Fecha de Publicación: 22/05/2013
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Hace 20 años que el ambientalista estadounidense se dedica a comprar propiedades en la Argentina y Chile para luego cederlas a los Parques Nacionales de ambos países; ya lleva 850.000 hectáreas y tiene más proyectosn 1989 vendió sus empresas y se alejó de los Estados Unidos para dedicarse a la conservación del medio ambiente. Pasó por Noruega y Canadá, pero se quedó con la Argentina y Chile. "En este punto de mi vida soy medio argentino y medio chileno", dice sentado en una de las oficinas que tiene su fundación en el barrio de Retiro. Algo de razón tendrá porque todas sus propiedades están en los dos países y ni siquiera tiene un departamento en California del Norte, donde están sus hijas.
Douglas Tompkins lleva 20 años comprando tierras en esta parte del mundo y donando gran parte de ellas para que sean integradas a los Parques Nacionales. La última fue la cesión de la estancia El Rincón, de 15.000 hectáreas , que formarán parte del Parque Nacional Perito Moreno en Santa Cruz; se estima que el total puede ser cercano al millón de hectáreas.
Filántropo, agricultor y ecologista su misión en la Argentina genera pasiones y polémicas. Lo acusan de querer apropiarse de los acuíferos, de robar ganado y querer convertirse en un terrateniente. Tompkins, junto a su esposa Kris y sus fundaciones [Pumalín, Deep Ecology, Yendegaia, Conservación Patagónica y Consevartion Land Trust ], donó tierras de su patrimonio personal a los Parques Nacionales Pumalín y Corcovado -en Chile- y al Monte León -Argentina-. Y tiene proyectos para ceder tierras a otras reservas naturales donde está reinsertando especies en extinción como el oso hormiguero, el ciervo del pantano, el yaguareté y el puma.
"El movimiento ambiental es imparable. Si echamos miradas al pasado, cuando empezó la corriente moderna en 1960, el progreso de expansión fue impresionante y hoy es enorme a nivel mundial. Todo está cambiando, es un proceso dinámico e imparable. ¿Si es capaz de revertir la crisis ambiental? Es otra pregunta", dice en la entrevista que le concedió a LA NACION .
Ver la Entrevista Completa.
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El parque Perito Moreno se agranda por Tompkins
Se amplía el parque argentino Perito Moreno por una donación particular
Fecha de Publicación: 17/05/2013
Fuente: EFEverde
Provincia/Región: Santa Cruz
El magnate estadounidense Douglas Tompkins ha donado a Argentina 15.000 hectáreas para ampliar el Parque Nacional Perito Moreno, en el sur del país.
La donación, realizada a través de la fundación The Conservation Land Trust (CLT), de Tompkins y su mujer Kristine WcDivitt, se concretó este jueves en un acto encabezado por el ministro de Turismo argentino, Enrique Meyer, quien calificó al gesto de CLT como un acto "conmovedor".
La organización ya había donado en 2004 a Argentina 60.000 hectáreas en el sur del país para la creación del Parque Nacional Monte León.
Las nuevas tierras, que serán anexadas a la zona norte del Parque Nacional Perito Moreno, pertenecían a la estancia "El Rincón", propiedad de Tompkins, ubicada en el noroeste de la sureña provincia de Santa Cruz, en el valle del Río Lácteo, frente a la cara sur del cerro San Lorenzo.
"Como agente de conservación deseo destacar esta iniciativa, que pone en claro que la conservación no tiene fronteras", destacó en el acto el presidente de la Administración de Parques Nacionales de Argentina, Carlos Corvalán.
Por su parte, Douglas Tompkins animó al sector privado a replicar esta iniciativa y dijo que "es incomparable la sensación de ser parte del proceso de creación de un área protegida".
El filántropo estadounidense señaló que en otros lugares del mundo es habitual este tipo de donaciones, como en Estados Unidos, donde cerca del 50 por ciento de los parques nacionales fue generado en base a contribuciones de donantes.
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Fecha de Publicación: 17/05/2013
Fuente: EFEverde
Provincia/Región: Santa Cruz
El magnate estadounidense Douglas Tompkins ha donado a Argentina 15.000 hectáreas para ampliar el Parque Nacional Perito Moreno, en el sur del país.La donación, realizada a través de la fundación The Conservation Land Trust (CLT), de Tompkins y su mujer Kristine WcDivitt, se concretó este jueves en un acto encabezado por el ministro de Turismo argentino, Enrique Meyer, quien calificó al gesto de CLT como un acto "conmovedor".
La organización ya había donado en 2004 a Argentina 60.000 hectáreas en el sur del país para la creación del Parque Nacional Monte León.
Las nuevas tierras, que serán anexadas a la zona norte del Parque Nacional Perito Moreno, pertenecían a la estancia "El Rincón", propiedad de Tompkins, ubicada en el noroeste de la sureña provincia de Santa Cruz, en el valle del Río Lácteo, frente a la cara sur del cerro San Lorenzo.
"Como agente de conservación deseo destacar esta iniciativa, que pone en claro que la conservación no tiene fronteras", destacó en el acto el presidente de la Administración de Parques Nacionales de Argentina, Carlos Corvalán.
Por su parte, Douglas Tompkins animó al sector privado a replicar esta iniciativa y dijo que "es incomparable la sensación de ser parte del proceso de creación de un área protegida".
El filántropo estadounidense señaló que en otros lugares del mundo es habitual este tipo de donaciones, como en Estados Unidos, donde cerca del 50 por ciento de los parques nacionales fue generado en base a contribuciones de donantes.
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Neuquén: fallo judicial favorable a pueblo Mapuche
Fallo judicial protegió territorio Mapuche
Fecha de Publicación: 05/04/2013
Fuente: Biodiversidad en América Latina
Provincia/Región: Neuquén
Fecha de Publicación: 05/04/2013
Fuente: Biodiversidad en América Latina
Provincia/Región: Neuquén
La Justicia de Neuquén protegió territorio mapuche en base a un fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es la primera vez que un tribunal de Argentina se atiene en materia indígena a una decisión de la CIDH.
La Cámara de Apelaciones de San Martín de los Andes (Neuquén) aplicó, en un hecho sin precedentes, una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y obligó a un particular a respetar el rewe (sitio sagrado indígena) de la comunidad Pacihil Antriao. Además de beneficiar a la comunidad mapuche, la decisión judicial es novedosa: se trata de la primera vez que un tribunal interno considera la obligatoriedad de una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La comunidad mapuche Paichil Antreao vive desde antes de 1902 en lo que hoy se conoce como Villa la Angostura (incluso probado con documentos oficiales del Estado argentino). La misma ciudad de Villa la Angostura creció sobre el territorio de la comunidad y, como parte de ese avance, hubo un continuo proceso de despojo territorial.
En 2009, la comunidad demandó al particular William Henry Fisher (ciudadano estadounidense) por la restitución de un lote en disputa (del que la comunidad había sido desalojado pero que es parte del territorio comunitario mapuche). La comunidad solicitó una medida cautelar de no innovar para que Fisher no destruya el rewe (pretendía construir sobre el sitio sagrado). En paralelo, la comunidad recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La Justicia de primera instancia hizo lugar al pedido de la comunidad. Fisher apeló. Y esta semana la Cámara de Apelaciones de San Martín de los Andes confirmó la resolución de primera instancia, pero fue más allá: recordó que se debe respetar la medida dictada en abril de 2011 por la CIDH.
“La Comisión solicitó al Estado de Argentina que adoptara las medidas necesarias para garantizar que la medida judicial de no innovar que actualmente protege al rewe ubicado en el predio objeto del litigio (…) La Comisión también solicitó al Estado nacional que adoptara las medidas para que dicha medida judicial sea efectivamente cumplida, de manera tal que se preservara ese lugar sagrado”, recuerda la Cámara de apelaciones, el 25 de marzo pasado, con la firma de las juezas María Julia Barrese y Gladys Mabel Folone.
Y recuerda que “la CIDH solicitó que el Estado adoptara las medidas necesarias para garantizar que los miembros de la comunidad Paichil Antriao que requieran acceder al rewe para desarrollar sus prácticas rituales puedan hacerlo, sin que la policía u otros grupos de seguridad o vigilancia públicos o privados obstaculicen su acceso y permanencia en el lugar durante el tiempo que quieran, y sin que se presentaran episodios de violencia, agresión, hostigamiento o amenazas por parte de la policía o de tales otros grupos de seguridad”.
Las resoluciones de la CIDH deben ser cumplidas por los estados y obviamente por los tribunales locales, pero la mayoría de los jueces provinciales son renuentes a aplicar el derecho internacional, pese a que la Corte Suprema argentina lo ha resuelto así desde hace 20 años. “El fallo de la Cámara de San Martín de los Andes es importante puesto que en su decisión se remite a lo que ya resolvió la Comisión Interamericana y eso es un importante avance en una provincia en donde el gobierno desconoce sistemáticamente los tratados internacionales” explicó el director del ODHPI, Juan Manuel Salgado.
La CIDH también se ha expedido, entre otros casos, a favor de comunidad Qom Navogoh “La Primavera” de Formosa (abril de 2011) y para que se cumplan los derechos de la comunidad El Nogalito (Pueblo Lule de Tucumán).
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La Cámara de Apelaciones de San Martín de los Andes (Neuquén) aplicó, en un hecho sin precedentes, una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y obligó a un particular a respetar el rewe (sitio sagrado indígena) de la comunidad Pacihil Antriao. Además de beneficiar a la comunidad mapuche, la decisión judicial es novedosa: se trata de la primera vez que un tribunal interno considera la obligatoriedad de una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La comunidad mapuche Paichil Antreao vive desde antes de 1902 en lo que hoy se conoce como Villa la Angostura (incluso probado con documentos oficiales del Estado argentino). La misma ciudad de Villa la Angostura creció sobre el territorio de la comunidad y, como parte de ese avance, hubo un continuo proceso de despojo territorial.
En 2009, la comunidad demandó al particular William Henry Fisher (ciudadano estadounidense) por la restitución de un lote en disputa (del que la comunidad había sido desalojado pero que es parte del territorio comunitario mapuche). La comunidad solicitó una medida cautelar de no innovar para que Fisher no destruya el rewe (pretendía construir sobre el sitio sagrado). En paralelo, la comunidad recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La Justicia de primera instancia hizo lugar al pedido de la comunidad. Fisher apeló. Y esta semana la Cámara de Apelaciones de San Martín de los Andes confirmó la resolución de primera instancia, pero fue más allá: recordó que se debe respetar la medida dictada en abril de 2011 por la CIDH.
“La Comisión solicitó al Estado de Argentina que adoptara las medidas necesarias para garantizar que la medida judicial de no innovar que actualmente protege al rewe ubicado en el predio objeto del litigio (…) La Comisión también solicitó al Estado nacional que adoptara las medidas para que dicha medida judicial sea efectivamente cumplida, de manera tal que se preservara ese lugar sagrado”, recuerda la Cámara de apelaciones, el 25 de marzo pasado, con la firma de las juezas María Julia Barrese y Gladys Mabel Folone.
Y recuerda que “la CIDH solicitó que el Estado adoptara las medidas necesarias para garantizar que los miembros de la comunidad Paichil Antriao que requieran acceder al rewe para desarrollar sus prácticas rituales puedan hacerlo, sin que la policía u otros grupos de seguridad o vigilancia públicos o privados obstaculicen su acceso y permanencia en el lugar durante el tiempo que quieran, y sin que se presentaran episodios de violencia, agresión, hostigamiento o amenazas por parte de la policía o de tales otros grupos de seguridad”.
Las resoluciones de la CIDH deben ser cumplidas por los estados y obviamente por los tribunales locales, pero la mayoría de los jueces provinciales son renuentes a aplicar el derecho internacional, pese a que la Corte Suprema argentina lo ha resuelto así desde hace 20 años. “El fallo de la Cámara de San Martín de los Andes es importante puesto que en su decisión se remite a lo que ya resolvió la Comisión Interamericana y eso es un importante avance en una provincia en donde el gobierno desconoce sistemáticamente los tratados internacionales” explicó el director del ODHPI, Juan Manuel Salgado.
La CIDH también se ha expedido, entre otros casos, a favor de comunidad Qom Navogoh “La Primavera” de Formosa (abril de 2011) y para que se cumplan los derechos de la comunidad El Nogalito (Pueblo Lule de Tucumán).
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El lago Escondido ya no estará tan escondido
Justicia obliga a abrir un camino para acceder a lago Escondido
Fecha de Publicación: 21/02/2013
Fuente: BAE
Provincia/Región: Río Negro
El río Escondido pasa justo por debajo de una de las mansiones que Joseph Lewis construyó en las casi 12.000 hectáreas que ostenta a 30 kilómetros de El Bolsón. Hay que cruzarlo en dos tramos para acceder a lago Escondido, un espejo de agua de enorme belleza natural y de invaluable valor ambiental que desde la instalación del magnate inglés en la Patagonia quedó vallado por tranqueras y militarizado por las armas de la seguridad que lo custodia. La semana pasada, la justicia de Bariloche puso fin a esta privatización que viola la Constitución nacional y la provincial. Ordenó que en 120 días el gobierno de Río Negro cumpla un fallo desoído durante cuatro años y que haga las obras necesarias para habilitar dos pasos públicos hacia el lago. Y en la ciudad son optimistas de que el poder de lobby del “Tío Joe” no alcanzará esta vez para frenarlo ni un día más.
El juez Marcelo Cuellar, a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nº 3 de Bariloche, reunió el viernes pasado en su despacho al ministro de Obras Públicas, Fernando Vaca Narvaja, representantes de la empresa Vial Rionegrina Sociedad del Estado (VIARSE), la Dirección de Medio Ambiente provincial, de la Fiscalía de Estado de Río Negro, de la empresa Hidden Lake S.A. (la firma de Lewis que administra las tierras) y del INTI, además de la legisladora provincial y amparista, Magdalena Odarda. Allí les comunicó que ratificaba el fallo que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) provincial firmó en 2009 y que ordenaba a la provincia a abrir, en un plazo máximo de cuatro meses, dos pasos hacia lago Escondido. Uno más extenso, a través de la montaña, de unos 85 kilómetros; el otro, conocido como Camino Tacuifí, tiene casi 25 kilómetros. Es el que históricamente usaron los lugareños para acceder al lago y que con la llegada de los millones de Lewis quedó privatizado y cerrado con personal armado en sus últimos 3 kilómetros, que pisan las tierras del inglés.
El fallo del STJ de 2009 ordenaba a Viarse y a la Secretaría de Ambiente Provincial a abrir ambos pasos en 120 días. Pero la administración del entonces gobernador Miguel Saiz dilató el asunto. “En connivencia con la empresa de Lewis, hizo algunas obras en el camino largo. Pero siempre se negó a trabajar en el camino corto”, apunta Odarda, en mención al paso privatizado que desde siempre usaron los pobladores. Ante estas dilaciones, el máximo tribunal remitió el expediente a los juzgados de Bariloche.
Cuellar les informó a todas las partes que, tras ocho años de juicio, en las próximas horas firmará una resolución para que en 120 días se concluyan las obras y se abran ambos pasos, bajo apercibimiento de multas conminatorias y de gravedad progresiva por cada día de demora, que se aplicaría sobre los funcionarios responsables.
Tercer paso
Odarda y los habitantes de la zona estiman que Hidden Lake S.A. se presentará con un planteo alternativo: abrir un tercer paso. “Los nuevos abogados de Lewis no podían entender cómo nunca se negoció la apertura de un tercer camino”, contó la legisladora rionegrina. “El Camino Tacuifí desemboca en una de las mansiones de Lewis –explicó a BAE Odarda–. Vamos a ver qué proponen, pero si desnaturaliza lo dispuesto por la Justicia vamos a insistir por Tacuifí”.
Para acceder a lago Escondido por Tacuifí hay que cruzar dos veces el río Escondido y una vez El Foyel. Allí siempre hubo puentes pero cuando se instaló el magnate “desaparecieron”, afirma la amparista. En respuesta, Lewis puso tranqueras y construyó dos puentes, pero dentro de su “propiedad privada”. Explica Odarda: “Con la nueva orden judicial, habría que abrir las tranqueras y franquear el paso. Si además se habilitan los puentes y se construye un tercero o se badean los ríos, hasta se podría llegar en auto a lago Escondido, porque es un paso en muy buenas condiciones”.
El día que la tropa de Lewis amenazó con “Winchesters”
Cuando en 2011 la Corte Suprema rechazó un recurso extraordinario de los abogados de Hidden Lake para que intervenga luego que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro le impusiera la apertura del Camino Tacuifí, el apoderado de Joe Lewis en Argentina, Nicolás Van Ditmar, amenazó a sus empleados con levantar todo y dejarlos sin trabajo. Así los instigó a movilizarse a Viedma, proveyéndoles previamente caballos y carpas a estrenar. Hicieron un escrache en la puerta de la casa de un juez de madrugada y persiguieron a la propia Odarda. Y Van Ditmar, detrás de ellos, no se anduvo con chiquitas: “Vamos a defender la propiedad con el Winchester en la mano, con sangre si hace falta”.
“Legisladores o políticos oportunistas instalaron que un inglés privatizó un lago y se quiere robar el agua. Esto no es de un inglés sino de las 200 familias que lo trabajamos. Si el inglés pierde su privacidad o la preservación del recurso natural, es muy fácil, levanta campamento y los que vamos a quedar en la calle somos nosotros”, continuó su queja la cara visible de Lewis en la Argentina.
“La justicia por mano propia muchas veces es el camino”, sentenció Van Ditmar en marzo de 2011. En noviembre pasado fue absuelto por la Justicia por estas declaraciones. Pero las recetas del lejano Oeste, en cuatro meses, quedarán vencidas.
Ley de Tierras
La presencia de multimillonarios europeos y norteamericanos en el sur de la Argentina y la concentración de tierras de explotación agropecuaria en manos de capitales extranjeras derivó a fines de 2011 en la sanción de la Ley de Tierras, que limita el porcentaje de territorio argentino que podrá ser propiedad extranjera.
Fija en 15 % el límite a la titularidad de tierras en personas o capitales extranjeros. Proporción que ase aplica a nival nacional, provincial y municipal. “Las tierras de un mismo titular extranjero no podrán superar las mil hectáreas”, dice el artículo 10º. Lejísimo de las más de 12 mil que Lewis tiene en la Patagonia.
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Fecha de Publicación: 21/02/2013
Fuente: BAE
Provincia/Región: Río Negro
El río Escondido pasa justo por debajo de una de las mansiones que Joseph Lewis construyó en las casi 12.000 hectáreas que ostenta a 30 kilómetros de El Bolsón. Hay que cruzarlo en dos tramos para acceder a lago Escondido, un espejo de agua de enorme belleza natural y de invaluable valor ambiental que desde la instalación del magnate inglés en la Patagonia quedó vallado por tranqueras y militarizado por las armas de la seguridad que lo custodia. La semana pasada, la justicia de Bariloche puso fin a esta privatización que viola la Constitución nacional y la provincial. Ordenó que en 120 días el gobierno de Río Negro cumpla un fallo desoído durante cuatro años y que haga las obras necesarias para habilitar dos pasos públicos hacia el lago. Y en la ciudad son optimistas de que el poder de lobby del “Tío Joe” no alcanzará esta vez para frenarlo ni un día más.El juez Marcelo Cuellar, a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nº 3 de Bariloche, reunió el viernes pasado en su despacho al ministro de Obras Públicas, Fernando Vaca Narvaja, representantes de la empresa Vial Rionegrina Sociedad del Estado (VIARSE), la Dirección de Medio Ambiente provincial, de la Fiscalía de Estado de Río Negro, de la empresa Hidden Lake S.A. (la firma de Lewis que administra las tierras) y del INTI, además de la legisladora provincial y amparista, Magdalena Odarda. Allí les comunicó que ratificaba el fallo que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) provincial firmó en 2009 y que ordenaba a la provincia a abrir, en un plazo máximo de cuatro meses, dos pasos hacia lago Escondido. Uno más extenso, a través de la montaña, de unos 85 kilómetros; el otro, conocido como Camino Tacuifí, tiene casi 25 kilómetros. Es el que históricamente usaron los lugareños para acceder al lago y que con la llegada de los millones de Lewis quedó privatizado y cerrado con personal armado en sus últimos 3 kilómetros, que pisan las tierras del inglés.
El fallo del STJ de 2009 ordenaba a Viarse y a la Secretaría de Ambiente Provincial a abrir ambos pasos en 120 días. Pero la administración del entonces gobernador Miguel Saiz dilató el asunto. “En connivencia con la empresa de Lewis, hizo algunas obras en el camino largo. Pero siempre se negó a trabajar en el camino corto”, apunta Odarda, en mención al paso privatizado que desde siempre usaron los pobladores. Ante estas dilaciones, el máximo tribunal remitió el expediente a los juzgados de Bariloche.
Cuellar les informó a todas las partes que, tras ocho años de juicio, en las próximas horas firmará una resolución para que en 120 días se concluyan las obras y se abran ambos pasos, bajo apercibimiento de multas conminatorias y de gravedad progresiva por cada día de demora, que se aplicaría sobre los funcionarios responsables.
Tercer paso
Odarda y los habitantes de la zona estiman que Hidden Lake S.A. se presentará con un planteo alternativo: abrir un tercer paso. “Los nuevos abogados de Lewis no podían entender cómo nunca se negoció la apertura de un tercer camino”, contó la legisladora rionegrina. “El Camino Tacuifí desemboca en una de las mansiones de Lewis –explicó a BAE Odarda–. Vamos a ver qué proponen, pero si desnaturaliza lo dispuesto por la Justicia vamos a insistir por Tacuifí”.
Para acceder a lago Escondido por Tacuifí hay que cruzar dos veces el río Escondido y una vez El Foyel. Allí siempre hubo puentes pero cuando se instaló el magnate “desaparecieron”, afirma la amparista. En respuesta, Lewis puso tranqueras y construyó dos puentes, pero dentro de su “propiedad privada”. Explica Odarda: “Con la nueva orden judicial, habría que abrir las tranqueras y franquear el paso. Si además se habilitan los puentes y se construye un tercero o se badean los ríos, hasta se podría llegar en auto a lago Escondido, porque es un paso en muy buenas condiciones”.
El día que la tropa de Lewis amenazó con “Winchesters”
Cuando en 2011 la Corte Suprema rechazó un recurso extraordinario de los abogados de Hidden Lake para que intervenga luego que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro le impusiera la apertura del Camino Tacuifí, el apoderado de Joe Lewis en Argentina, Nicolás Van Ditmar, amenazó a sus empleados con levantar todo y dejarlos sin trabajo. Así los instigó a movilizarse a Viedma, proveyéndoles previamente caballos y carpas a estrenar. Hicieron un escrache en la puerta de la casa de un juez de madrugada y persiguieron a la propia Odarda. Y Van Ditmar, detrás de ellos, no se anduvo con chiquitas: “Vamos a defender la propiedad con el Winchester en la mano, con sangre si hace falta”.
“Legisladores o políticos oportunistas instalaron que un inglés privatizó un lago y se quiere robar el agua. Esto no es de un inglés sino de las 200 familias que lo trabajamos. Si el inglés pierde su privacidad o la preservación del recurso natural, es muy fácil, levanta campamento y los que vamos a quedar en la calle somos nosotros”, continuó su queja la cara visible de Lewis en la Argentina.
“La justicia por mano propia muchas veces es el camino”, sentenció Van Ditmar en marzo de 2011. En noviembre pasado fue absuelto por la Justicia por estas declaraciones. Pero las recetas del lejano Oeste, en cuatro meses, quedarán vencidas.
Ley de Tierras
La presencia de multimillonarios europeos y norteamericanos en el sur de la Argentina y la concentración de tierras de explotación agropecuaria en manos de capitales extranjeras derivó a fines de 2011 en la sanción de la Ley de Tierras, que limita el porcentaje de territorio argentino que podrá ser propiedad extranjera.
Fija en 15 % el límite a la titularidad de tierras en personas o capitales extranjeros. Proporción que ase aplica a nival nacional, provincial y municipal. “Las tierras de un mismo titular extranjero no podrán superar las mil hectáreas”, dice el artículo 10º. Lejísimo de las más de 12 mil que Lewis tiene en la Patagonia.
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Audiencia por el Lago Escondido de Lewis
Realizaron audiencia para garantizar acceso al lago Escondido
Fecha de Publicación: 19/02/2013
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Río Negro
Durante la mañana del viernes, se realizó en el Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 3 de Bariloche, a cargo del Dr. Carlos Marcelo Cuellar, la audiencia en la que se propusieron las modalidades de ejecución de la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro para lograr la apertura del camino de acceso a Lago Escondido por el paraje “Tacuifi”, lago que quedara encerrado en el predio del multimillonario inglés Joseph Lewis desde hace más de 15 años.
Para dicho evento se encontraron presentes la amparista Magdalena Odarda junto a su letrado patrocinante, Dr. Darío Rodríguez Duch, representantes del INTI, miembros de la Secretaría de Ambiente de la Provincia, Viarse, Fiscalía de Estado y de la empresa Hidden Lake S.A. También se hicieron presentes a fin de acompañar la diligencia la Diputada Nacional M.C. Fernanda Reyes, la Sra. Ana Wieman y demás miembros de organizaciones sociales y ambientales que vienen promoviendo la acción legal desde un comienzo.
La audiencia, tuvo por objeto escuchar a las partes a fin de definir las modalidades de ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Río Negro del año 2009, en la que se condenó al Estado rionegrino a disponer la apertura de dos caminos de acceso al lago: la senda de montaña de más de 85 kilómetros (ida y vuelta) que habilitara la empresa Hidden Lake como “Servidumbre de paso”, y el denominado “Camino de Tacuifí”, de apenas 25 kilómetros de ida pero que admite el trayecto en vehículos corrientes y permite el ingreso irrestricto de todas las personas, incluso las minusválidas.
En función del claro mandato que, para el caso, dispusiera el Superior Tribunal de Justicia en su sentencia 64 de 2009, ratificada y ampliada por Sentencia Interlocutoria de abril de 2012, el Juez y los amparistas sostuvieron una clara postura de respetar a rajatabla el cumplimiento del espíritu y la letra de dicha resolución, ordenando la apertura de ambos caminos, el de montañistas y el vehicular.
Para el logro de dicho objetivo el Magistrado dictará la correspondiente resolución durante los próximos días, fijando un plazo para dicho cumplimiento que no podrá exceder de 120 días y estableciendo sanciones conminatorias (astreintes) por cada día que exceda de dicho plazo, las que podrán aplicarse en forma progresiva y de modo que repercutan directamente sobre el patrimonio de los funcionarios de Viarse y/o Codema que pudieran incumplir con las medidas dispuestas por el Juzgado.
De este modo, la ciudadanía toda se encuentra a punto de ver garantizado su derecho de libre acceso a las costas de los espacios públicos de agua en todo el territorio provincial y nacional.
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Fecha de Publicación: 19/02/2013
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Río Negro
Durante la mañana del viernes, se realizó en el Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 3 de Bariloche, a cargo del Dr. Carlos Marcelo Cuellar, la audiencia en la que se propusieron las modalidades de ejecución de la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro para lograr la apertura del camino de acceso a Lago Escondido por el paraje “Tacuifi”, lago que quedara encerrado en el predio del multimillonario inglés Joseph Lewis desde hace más de 15 años.Para dicho evento se encontraron presentes la amparista Magdalena Odarda junto a su letrado patrocinante, Dr. Darío Rodríguez Duch, representantes del INTI, miembros de la Secretaría de Ambiente de la Provincia, Viarse, Fiscalía de Estado y de la empresa Hidden Lake S.A. También se hicieron presentes a fin de acompañar la diligencia la Diputada Nacional M.C. Fernanda Reyes, la Sra. Ana Wieman y demás miembros de organizaciones sociales y ambientales que vienen promoviendo la acción legal desde un comienzo.
La audiencia, tuvo por objeto escuchar a las partes a fin de definir las modalidades de ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Río Negro del año 2009, en la que se condenó al Estado rionegrino a disponer la apertura de dos caminos de acceso al lago: la senda de montaña de más de 85 kilómetros (ida y vuelta) que habilitara la empresa Hidden Lake como “Servidumbre de paso”, y el denominado “Camino de Tacuifí”, de apenas 25 kilómetros de ida pero que admite el trayecto en vehículos corrientes y permite el ingreso irrestricto de todas las personas, incluso las minusválidas.
En función del claro mandato que, para el caso, dispusiera el Superior Tribunal de Justicia en su sentencia 64 de 2009, ratificada y ampliada por Sentencia Interlocutoria de abril de 2012, el Juez y los amparistas sostuvieron una clara postura de respetar a rajatabla el cumplimiento del espíritu y la letra de dicha resolución, ordenando la apertura de ambos caminos, el de montañistas y el vehicular.
Para el logro de dicho objetivo el Magistrado dictará la correspondiente resolución durante los próximos días, fijando un plazo para dicho cumplimiento que no podrá exceder de 120 días y estableciendo sanciones conminatorias (astreintes) por cada día que exceda de dicho plazo, las que podrán aplicarse en forma progresiva y de modo que repercutan directamente sobre el patrimonio de los funcionarios de Viarse y/o Codema que pudieran incumplir con las medidas dispuestas por el Juzgado.
De este modo, la ciudadanía toda se encuentra a punto de ver garantizado su derecho de libre acceso a las costas de los espacios públicos de agua en todo el territorio provincial y nacional.
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Piden declarar emergencia por las tierras rurales
Por la tierra
Fecha de Publicación: 18/12/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) realizó ayer una nueva presentación en la Cámara de Diputados para reclamar que se avance con un proyecto de ley que propone declarar la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras rurales. El texto fue elaborado por el conjunto de las organizaciones campesinas y presentado el año pasado por el diputado Edgardo Depetri, pero cobró un nuevo impulso político tras el asesinato en octubre pasado de Miguel Galván, campesino de Santiago del Estero. Ayer fueron recibidos por la diputada Diana Conti y colaboradores del diputado Remo Carlotto, y Depetri, todos del Frente para la Victoria. También hubo un encuentro con Liliana Parada, del FAP. En paralelo, otra delegación del MNCI mantuvo una reunión con el subsecretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico, donde expresaron su preocupación en relación con un posible cambio en la ley de semillas.
La iniciativa de los campesinos propone suspender por cinco años los desalojos en todo el país. En ese tiempo, el Estado nacional debería realizar un relevamiento de tierras para conocer la situación jurídica de todos los campos del país, como así también la cantidad de familias afectadas. Como experiencia previa, el Gobierno ya realizó un relevamiento sobre la titularidad de las tierras en manos extranjeras. En realidad, el proyecto podría servir como una herramienta legal para que las distintas jurisdicciones puedan administrar los conflictos que tienen.
“Se propicia esta ley de emergencia como remedio a los innumerables conflictos por la tenencia de las tierras rurales, que son causa de una vulneración sistemática de los derechos humanos de estas familias campesinas en tanto son desalojadas y desapropiadas de sus pertenencias”, puede leerse en los fundamentos del proyecto. Más allá de la insistencia de la distintas organizaciones, la iniciativa quedará para el próximo año, ya que el período de sesiones ordinarias finalizó el 30 de noviembre.
En Salta existe una experiencia similar a lo que plantea este proyecto de ley. En diciembre de 2010, la Cámara de Senadores de esa provincia convirtió por unanimidad una ley que obliga al Estado provincial a frenar los desalojos de familias rurales y pequeños productores agropecuarios por 18 meses. La iniciativa pretende regularizar la situación dominial de aproximadamente ocho mil familias salteñas que enfrentan juicios por desalojo, a pesar de tener el derecho de posesión por habitar y trabajar las tierras por varias generaciones.
En relación con la ley de semillas, el MNCI, junto al Foro de Agricultura Familiar (Fonaf), el Frente Darío Santillán y la Mesa de Agricultores Familiares de la provincia de Buenos Aires le presentaron a Pérsico un documento con diez puntos. “Hacemos un llamado a rechazar cualquier proyecto que atente contra el conjunto de los habitantes de nuestro país. La agricultura tiene un carácter eminentemente social, puesto que tiene la función de sustentar y alimentar a toda la población. Poner en riesgo la seguridad y la soberanía alimentaria de Argentina a través de la concesión de nuevos privilegios para las empresas transnacionales que están en el negocio agrícola es avanzar por el camino de la pérdida de soberanía para nuestro pueblo”, sostiene el documento.
Si bien todavía no se conoció el proyecto oficial para las semillas en el que está trabajando el Ministerio de Agricultura, el FAP y la UCR, de la mano de sus legisladores vinculados con la Federación Agraria, también presentaron sus iniciativas parlamentarias.
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Fecha de Publicación: 18/12/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) realizó ayer una nueva presentación en la Cámara de Diputados para reclamar que se avance con un proyecto de ley que propone declarar la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras rurales. El texto fue elaborado por el conjunto de las organizaciones campesinas y presentado el año pasado por el diputado Edgardo Depetri, pero cobró un nuevo impulso político tras el asesinato en octubre pasado de Miguel Galván, campesino de Santiago del Estero. Ayer fueron recibidos por la diputada Diana Conti y colaboradores del diputado Remo Carlotto, y Depetri, todos del Frente para la Victoria. También hubo un encuentro con Liliana Parada, del FAP. En paralelo, otra delegación del MNCI mantuvo una reunión con el subsecretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico, donde expresaron su preocupación en relación con un posible cambio en la ley de semillas.La iniciativa de los campesinos propone suspender por cinco años los desalojos en todo el país. En ese tiempo, el Estado nacional debería realizar un relevamiento de tierras para conocer la situación jurídica de todos los campos del país, como así también la cantidad de familias afectadas. Como experiencia previa, el Gobierno ya realizó un relevamiento sobre la titularidad de las tierras en manos extranjeras. En realidad, el proyecto podría servir como una herramienta legal para que las distintas jurisdicciones puedan administrar los conflictos que tienen.
“Se propicia esta ley de emergencia como remedio a los innumerables conflictos por la tenencia de las tierras rurales, que son causa de una vulneración sistemática de los derechos humanos de estas familias campesinas en tanto son desalojadas y desapropiadas de sus pertenencias”, puede leerse en los fundamentos del proyecto. Más allá de la insistencia de la distintas organizaciones, la iniciativa quedará para el próximo año, ya que el período de sesiones ordinarias finalizó el 30 de noviembre.
En Salta existe una experiencia similar a lo que plantea este proyecto de ley. En diciembre de 2010, la Cámara de Senadores de esa provincia convirtió por unanimidad una ley que obliga al Estado provincial a frenar los desalojos de familias rurales y pequeños productores agropecuarios por 18 meses. La iniciativa pretende regularizar la situación dominial de aproximadamente ocho mil familias salteñas que enfrentan juicios por desalojo, a pesar de tener el derecho de posesión por habitar y trabajar las tierras por varias generaciones.
En relación con la ley de semillas, el MNCI, junto al Foro de Agricultura Familiar (Fonaf), el Frente Darío Santillán y la Mesa de Agricultores Familiares de la provincia de Buenos Aires le presentaron a Pérsico un documento con diez puntos. “Hacemos un llamado a rechazar cualquier proyecto que atente contra el conjunto de los habitantes de nuestro país. La agricultura tiene un carácter eminentemente social, puesto que tiene la función de sustentar y alimentar a toda la población. Poner en riesgo la seguridad y la soberanía alimentaria de Argentina a través de la concesión de nuevos privilegios para las empresas transnacionales que están en el negocio agrícola es avanzar por el camino de la pérdida de soberanía para nuestro pueblo”, sostiene el documento.
Si bien todavía no se conoció el proyecto oficial para las semillas en el que está trabajando el Ministerio de Agricultura, el FAP y la UCR, de la mano de sus legisladores vinculados con la Federación Agraria, también presentaron sus iniciativas parlamentarias.
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Santiago: desalojo comunidad indígena Ayllu
Jueza ordena desalojo comunidad indígena en Santiago del Estero
Fecha de Publicación: 10/12/2012
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Santiago del Estero
En explícito incumplimiento de la ley nacional 26160 y su prórroga, ley 26554, la jueza María Cecilia Paskevicius, a cargo del Juzgado Civil y Comercial de 3º Nominación de Santiago del Estero, ordenó el desalojo de una familia del territorio de la comunidad indígena Ayllu de Tulúm Tulúm del Pueblo Diaguita Cacano.
Entre los argumentos para fundar la medida la jueza habría sostenido que ni el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ni el Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (ReTeCI), nunca habrían informado que se haya relevado la comunidad en el marco de la ley 26160; que no existiría tal comunidad y; que no serían 17 familias indígenas en el territorio sino solamente una.
En el mes de octubre del año 2011 el juez Federico Argibay Berdaguer, a cargo del Juzgado, había ordenado el desalojo de la familia Orellana del campo denominado Tulúm Tulúm en el Departamento Atamisqui, perteneciente al territorio del Ayllu Ashpa Nockayshpa Sapym Tulúm Tulúmanta (Ayllu de Tulúm Tulúm) del Pueblo Diaguita Cacano. Esta medida fue suspendida luego de que desde el INAI se informara al Juzgado de la existencia de una comunidad indígena a la cual pertenece la familia Orellana; en el mismo sentido informó el Comité de Emergencia perteneciente a la Dirección de Relaciones Institucionales dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero tras una inspección ocular solicitada por el mismo Juez. Como consecuencia de sendos informes y, en respeto a la vigencia de la Ley 26160, Argibay Berdaguer ordena la suspensión del desalojo y solicita al INAI se proceda a relevar el territorio de la comunidad. Dando cumplimiento a lo pedido por el Juzgado los días 15 y 16 de junio del corriente año se procedió al Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral del territorio de ocupación actual, tradicional y pública de la comunidad, constatando la existencia de la misma y, de la familia Orellana como parte del Ayllu. Esta información fue oportunamente enviada al INAI desde el Programa de Relevamiento Territorial para su notificación al Juzgado.
Este año, luego de un recambio de jueces, asume en el citado juzgado Paskevicius, quien procede a realizar personalmente una nueva inspección ocular, quien llega al lugar acompañada de la parte que solicita el desalojo. En esa ocasión fue recibida en el domicilio de los Orellana no sólo por miembros de la familia, sino también por el resto de la comunidad, a los cuales la jueza se dirigía cuando les hablaba como “supuesta comunidad indígena”.
Como parte de esta inspección la jueza visitó al comisionado municipal de Medellín, Julio Abdala, a quien le consultó si tenía conocimiento de la existencia de alguna comunidad indígena en el territorio, a lo cual Abdala respondió que “… cara de indios tienen, pero no son… son un grupo de vagos que no saben sembrar ni una planta de perejil en una maceta y no dejan trabajar a los que vienen a traer trabajo a la zona…”. Este Abdala, a quien la jueza tomó como informante clave, es el mismo a quien el 1 de junio de 2011 el Fisco de la provincia le remató, por incumplimiento fiscal, 400,00 hectáreas también pertenecientes al Ayllu de Tulum Tulúm que él se hallaba usurpando; el mismo que en el año 2007 salió como testigo a favor del empresario de origen cordobés Sbiglio en su intento por usurpar el territorio del Ayllu Puncu Atun, declarando que en el lugar no había familias viviendo y; es el mismo que hoy, niega el agua a las familias indígenas y campesinas que no aceptan dejar su tierra y trasladarse al pueblo de Medellín. Tal vez desconoce el comisionado que el propio pueblo de Medellín se encuentra dentro del territorio de la comunidad Ayllu Taa Ayllus Kuska y que la mitad de las familias que están radicadas en el pueblo pertenecen a la comunidad. Otro informante al que recurrió la jueza Paskevicius en su visita fue la Directora de la Escuela Nº 749 de Puesto del Rosario, Marcela Gómez, quien consultada al igual que Abdala habría respondido que “algo escuchó … pero es gente que se reúne en secreto …”. A pesar del secreto que la directora dice que esta comunidad guarda, no puede ocultar que obligada por la vigencia de la Ley tuvo que aceptar en el año 2010 la presencia de censistas indígenas en el Censo Nacional de Población y Vivienda; ni las gestiones que realizó en más de una oportunidad para acercar documentación de la comunidad necesaria para las becas indígenas. Sin embargo ante la jueza sólo habría expresado que “algo escuchó”.
El relevamiento del territorio del Ayllu de Tulúm Tulúm fue de conocimiento público a raiz de la detención del comunero Víctor Anchaval por parte de personal policial de la Seccional 20 de Villa Atamisqui producida el 14 de junio, un día antes de la realización del relevamiento ordenado por el juez Argibay Berdaguer en cumplimiento de la ley 26160. Al momento de la detención Anchaval fue interrogado por la policía sobre quienes serían los que vendrían al día siguiente a la comunidad y con qué propósito.
La ley 26160, y su prórroga, expresan en su artículo 1º “Declárase la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, …” y, en su artículo 2º “Suspéndase por el plazo de la emergencia declarada -23 de noviembre de 2013-, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el art. 1º”. Esta es la ley que la jueza Paskevicius se niega a cumplir, desestimando igualmente el resultado del relevamiento territorial realizado por el INAI así como el Informe del Comité de Emergencia que da cuenta de la existencia de la comunidad en el territorio.
El Pueblo Diaguita Cacano respetará la Ley 26160 y, en respeto de la Ley, no permitirá el desalojo de la familia Orellana del territorio del Ayllu, ni de ninguna otra familia. Es responsabilidad de la jueza Paskevicius lo que pueda ocurrir ante el intento de desalojo. Desde la Unión Solidaria de Comunidades (USC) del Pueblo Diaguita Cacano se ha puesto en conocimiento del INAI de esta situación generada desde una jueza de la provincia, que no sólo incumple con la Ley sino que además pone en grave riesgo los derechos y la integridad física de los miembros de la comunidad. Esta orden de desalojo sólo esta alentada por los intereses económicos de quienes pretenden deforestar El Alto, bosque sagrado del Pueblo Diaguita Cacano y, único cordón de bosque nativo, categorizado como I, Rojo, por la Ley de Bosques.
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Fecha de Publicación: 10/12/2012
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Santiago del Estero
En explícito incumplimiento de la ley nacional 26160 y su prórroga, ley 26554, la jueza María Cecilia Paskevicius, a cargo del Juzgado Civil y Comercial de 3º Nominación de Santiago del Estero, ordenó el desalojo de una familia del territorio de la comunidad indígena Ayllu de Tulúm Tulúm del Pueblo Diaguita Cacano.
Entre los argumentos para fundar la medida la jueza habría sostenido que ni el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ni el Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (ReTeCI), nunca habrían informado que se haya relevado la comunidad en el marco de la ley 26160; que no existiría tal comunidad y; que no serían 17 familias indígenas en el territorio sino solamente una.
En el mes de octubre del año 2011 el juez Federico Argibay Berdaguer, a cargo del Juzgado, había ordenado el desalojo de la familia Orellana del campo denominado Tulúm Tulúm en el Departamento Atamisqui, perteneciente al territorio del Ayllu Ashpa Nockayshpa Sapym Tulúm Tulúmanta (Ayllu de Tulúm Tulúm) del Pueblo Diaguita Cacano. Esta medida fue suspendida luego de que desde el INAI se informara al Juzgado de la existencia de una comunidad indígena a la cual pertenece la familia Orellana; en el mismo sentido informó el Comité de Emergencia perteneciente a la Dirección de Relaciones Institucionales dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero tras una inspección ocular solicitada por el mismo Juez. Como consecuencia de sendos informes y, en respeto a la vigencia de la Ley 26160, Argibay Berdaguer ordena la suspensión del desalojo y solicita al INAI se proceda a relevar el territorio de la comunidad. Dando cumplimiento a lo pedido por el Juzgado los días 15 y 16 de junio del corriente año se procedió al Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral del territorio de ocupación actual, tradicional y pública de la comunidad, constatando la existencia de la misma y, de la familia Orellana como parte del Ayllu. Esta información fue oportunamente enviada al INAI desde el Programa de Relevamiento Territorial para su notificación al Juzgado.
Este año, luego de un recambio de jueces, asume en el citado juzgado Paskevicius, quien procede a realizar personalmente una nueva inspección ocular, quien llega al lugar acompañada de la parte que solicita el desalojo. En esa ocasión fue recibida en el domicilio de los Orellana no sólo por miembros de la familia, sino también por el resto de la comunidad, a los cuales la jueza se dirigía cuando les hablaba como “supuesta comunidad indígena”.
Como parte de esta inspección la jueza visitó al comisionado municipal de Medellín, Julio Abdala, a quien le consultó si tenía conocimiento de la existencia de alguna comunidad indígena en el territorio, a lo cual Abdala respondió que “… cara de indios tienen, pero no son… son un grupo de vagos que no saben sembrar ni una planta de perejil en una maceta y no dejan trabajar a los que vienen a traer trabajo a la zona…”. Este Abdala, a quien la jueza tomó como informante clave, es el mismo a quien el 1 de junio de 2011 el Fisco de la provincia le remató, por incumplimiento fiscal, 400,00 hectáreas también pertenecientes al Ayllu de Tulum Tulúm que él se hallaba usurpando; el mismo que en el año 2007 salió como testigo a favor del empresario de origen cordobés Sbiglio en su intento por usurpar el territorio del Ayllu Puncu Atun, declarando que en el lugar no había familias viviendo y; es el mismo que hoy, niega el agua a las familias indígenas y campesinas que no aceptan dejar su tierra y trasladarse al pueblo de Medellín. Tal vez desconoce el comisionado que el propio pueblo de Medellín se encuentra dentro del territorio de la comunidad Ayllu Taa Ayllus Kuska y que la mitad de las familias que están radicadas en el pueblo pertenecen a la comunidad. Otro informante al que recurrió la jueza Paskevicius en su visita fue la Directora de la Escuela Nº 749 de Puesto del Rosario, Marcela Gómez, quien consultada al igual que Abdala habría respondido que “algo escuchó … pero es gente que se reúne en secreto …”. A pesar del secreto que la directora dice que esta comunidad guarda, no puede ocultar que obligada por la vigencia de la Ley tuvo que aceptar en el año 2010 la presencia de censistas indígenas en el Censo Nacional de Población y Vivienda; ni las gestiones que realizó en más de una oportunidad para acercar documentación de la comunidad necesaria para las becas indígenas. Sin embargo ante la jueza sólo habría expresado que “algo escuchó”.
El relevamiento del territorio del Ayllu de Tulúm Tulúm fue de conocimiento público a raiz de la detención del comunero Víctor Anchaval por parte de personal policial de la Seccional 20 de Villa Atamisqui producida el 14 de junio, un día antes de la realización del relevamiento ordenado por el juez Argibay Berdaguer en cumplimiento de la ley 26160. Al momento de la detención Anchaval fue interrogado por la policía sobre quienes serían los que vendrían al día siguiente a la comunidad y con qué propósito.
La ley 26160, y su prórroga, expresan en su artículo 1º “Declárase la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, …” y, en su artículo 2º “Suspéndase por el plazo de la emergencia declarada -23 de noviembre de 2013-, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el art. 1º”. Esta es la ley que la jueza Paskevicius se niega a cumplir, desestimando igualmente el resultado del relevamiento territorial realizado por el INAI así como el Informe del Comité de Emergencia que da cuenta de la existencia de la comunidad en el territorio.
El Pueblo Diaguita Cacano respetará la Ley 26160 y, en respeto de la Ley, no permitirá el desalojo de la familia Orellana del territorio del Ayllu, ni de ninguna otra familia. Es responsabilidad de la jueza Paskevicius lo que pueda ocurrir ante el intento de desalojo. Desde la Unión Solidaria de Comunidades (USC) del Pueblo Diaguita Cacano se ha puesto en conocimiento del INAI de esta situación generada desde una jueza de la provincia, que no sólo incumple con la Ley sino que además pone en grave riesgo los derechos y la integridad física de los miembros de la comunidad. Esta orden de desalojo sólo esta alentada por los intereses económicos de quienes pretenden deforestar El Alto, bosque sagrado del Pueblo Diaguita Cacano y, único cordón de bosque nativo, categorizado como I, Rojo, por la Ley de Bosques.
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Mapuches obtienen fallo favorable por sus tierras
Fallo judicial reconoce Derechos Mapuche frente a terrateniente
Fecha de Publicación: 22/11/2012
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Neuquén
La Justicia de Neuquén rechazó el desalojo de una comunidad Mapuche al reconocer que se trataba de posesión tradicional indígena y remarcó la supremacía de la legislación indígena sobre el derecho privado. La demanda había sido presentada por un ex juez de la dictadura militar.
La Justicia de Neuquén falló a favor de la Comunidad Mapuche Tuwun Kupalmeo Maliqueo, que había sido denunciada en 2009 por “usurpar” un territorio donde produce y vive desde tiempos inmemoriales. La sentencia es inédita en cuanto reconoce derechos sobre tierras de veranada (se utilizan sólo una parte del año) y porque aplica el derecho indígena, de mayor jerarquía, por sobre el Código Civil. La sentencia marca un antecedente importante para decenas de casos en el que empresarios cierran las veranadas de las comunidades indígenas. El terrateniente demandante es un ex juez de la dictadura militar señalado de colaboracionista.
Las tierras de veranada son las parcelas donde indígenas y campesinos llegan cada temporada de calor para que sus animales se alimenten. Es una práctica milenaria el permanecer en invierno en tierras bajas (campos de “invernada”) y migrar en primavera hacia la “veranada”, donde los animales aprovechan buenas pasturas y recobran fuerzas. Estos campos, y los caminos de arreos, son alambrados por empresarios que atentan contra la vida indígena y campesina.
En enero de 2009, la comunidad Tuwun Kupalmeo Maliqueo abrió la tranquera con la que un estanciero había cerrado el campo de veranada mapuche, 829 hectáreas en el departamento de Aluminé (paraje Litrán). Y se instaló en el lugar con sus animales, como todos los veranos. El estanciero, Pedro Duarte, demandó a la comunidad y solicitó como medida cautelar el desalojo. Exhibió un título de propiedad y negó la existencia de la comunidad. Automáticamente, desoyendo los derechos humanos de los pueblos indígenas, la entonces Jueza Ivonne San Martín hizo lugar a la medida cautelar y procedió al desalojo.
Pedro Laurentino Duarte asumió como juez federal de Neuquén en marzo de 1976. En la zona es conocido por sus sistemáticos rechazos a los habeas corpus presentados por familiares de desaparecidos. Los organismos de derechos humanos lo sindican como “colaborador” de la dictadura militar. Gracias a esas influencias, se hizo de las tierras mapuches. Duarte renunció en 1984 luego de una denuncia de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de Neuquén.
El 9 de noviembre pasado, la jueza de 1° Instancia de Zapala, Gloria Martina, rechazó el interdicto de recobrar la posesión interpuesto por Duarte y dio un paso más al remarcar la prevalencia del derecho indígena (Convenio 169 de la OIT, Constitución Nacional, Constitución de Neuquén -artículo 53-) y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Concluyo en que la posesión ejercida por los demandados (la comunidad mapuche) merece la protección supralegalmente otorgada a la ocupación de territorios por las comunidades indígenas (…) Debiendo considerarse la ocupación tradicional indígena es preexistente al Estado (…) Confrontado el título exhibido por el actor (Duarte) con el ostentado por los demandados, surge demostrado que el de éstos últimos (la comunidad) posee relevancia superior por resultar anterior en el tiempo y por ende preferido en derecho”, explica la sentencia.
También afirma que no es necesario personería jurídica o estar inscrito en algún ámbito estatal para ser reconocida como comunidad, recuerda la vigencia de la Ley 26.160 (suspende los desalojos) y –declarando inoponible frente a la Comunidad la tardanza del Estado en su aplicación– reconoció la legitimidad de la posesión indígena de esas tierras, los derechos mapuches sobre el inmueble y llamó “a la reflexión” a Duarte “respecto a las desafortunadas expresiones -francamente hostiles- vertidas contra la comunidad y especialmente al juicio de disvalor efectuado por su parte en torno al modo de actuación y costumbres de los mismos”. Duarte incluso había cuestionado la instalación de “una bandera extranjera (mapuche)” en el territorio. La jueza le recuerda que “más del 60 por ciento de la población argentina es descendiente de algún pueblo indígena” y lo insta a Duarte a “internalizar el nuevo paradigma de inclusión y respeto a la diversidad étnica y cultural”.
“No cabe sino concluir en la legitimidad de la posesión ejercida por la comunidad mapuche sostenida en el reconocimiento ínsito en las normas internacionales y en el mandato operativo, categórico e inequívoco de la Constitución Nacional que establece que toda ocupación tradicional de una comunidad indígena debe juzgarse como posesión comunitaria, mereciendo recalcarse que la posesión comunitaria no es la individual del Código Civil enarbolada por el denunciante (Duarte), sino la común -de rango constitucional, supremo- derivada de la sencilla razón de preexistir al Estado”, sentencia la jueza de Zapala.
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Fecha de Publicación: 22/11/2012
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Neuquén
La Justicia de Neuquén rechazó el desalojo de una comunidad Mapuche al reconocer que se trataba de posesión tradicional indígena y remarcó la supremacía de la legislación indígena sobre el derecho privado. La demanda había sido presentada por un ex juez de la dictadura militar.La Justicia de Neuquén falló a favor de la Comunidad Mapuche Tuwun Kupalmeo Maliqueo, que había sido denunciada en 2009 por “usurpar” un territorio donde produce y vive desde tiempos inmemoriales. La sentencia es inédita en cuanto reconoce derechos sobre tierras de veranada (se utilizan sólo una parte del año) y porque aplica el derecho indígena, de mayor jerarquía, por sobre el Código Civil. La sentencia marca un antecedente importante para decenas de casos en el que empresarios cierran las veranadas de las comunidades indígenas. El terrateniente demandante es un ex juez de la dictadura militar señalado de colaboracionista.
Las tierras de veranada son las parcelas donde indígenas y campesinos llegan cada temporada de calor para que sus animales se alimenten. Es una práctica milenaria el permanecer en invierno en tierras bajas (campos de “invernada”) y migrar en primavera hacia la “veranada”, donde los animales aprovechan buenas pasturas y recobran fuerzas. Estos campos, y los caminos de arreos, son alambrados por empresarios que atentan contra la vida indígena y campesina.
En enero de 2009, la comunidad Tuwun Kupalmeo Maliqueo abrió la tranquera con la que un estanciero había cerrado el campo de veranada mapuche, 829 hectáreas en el departamento de Aluminé (paraje Litrán). Y se instaló en el lugar con sus animales, como todos los veranos. El estanciero, Pedro Duarte, demandó a la comunidad y solicitó como medida cautelar el desalojo. Exhibió un título de propiedad y negó la existencia de la comunidad. Automáticamente, desoyendo los derechos humanos de los pueblos indígenas, la entonces Jueza Ivonne San Martín hizo lugar a la medida cautelar y procedió al desalojo.
Pedro Laurentino Duarte asumió como juez federal de Neuquén en marzo de 1976. En la zona es conocido por sus sistemáticos rechazos a los habeas corpus presentados por familiares de desaparecidos. Los organismos de derechos humanos lo sindican como “colaborador” de la dictadura militar. Gracias a esas influencias, se hizo de las tierras mapuches. Duarte renunció en 1984 luego de una denuncia de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de Neuquén.
El 9 de noviembre pasado, la jueza de 1° Instancia de Zapala, Gloria Martina, rechazó el interdicto de recobrar la posesión interpuesto por Duarte y dio un paso más al remarcar la prevalencia del derecho indígena (Convenio 169 de la OIT, Constitución Nacional, Constitución de Neuquén -artículo 53-) y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Concluyo en que la posesión ejercida por los demandados (la comunidad mapuche) merece la protección supralegalmente otorgada a la ocupación de territorios por las comunidades indígenas (…) Debiendo considerarse la ocupación tradicional indígena es preexistente al Estado (…) Confrontado el título exhibido por el actor (Duarte) con el ostentado por los demandados, surge demostrado que el de éstos últimos (la comunidad) posee relevancia superior por resultar anterior en el tiempo y por ende preferido en derecho”, explica la sentencia.
También afirma que no es necesario personería jurídica o estar inscrito en algún ámbito estatal para ser reconocida como comunidad, recuerda la vigencia de la Ley 26.160 (suspende los desalojos) y –declarando inoponible frente a la Comunidad la tardanza del Estado en su aplicación– reconoció la legitimidad de la posesión indígena de esas tierras, los derechos mapuches sobre el inmueble y llamó “a la reflexión” a Duarte “respecto a las desafortunadas expresiones -francamente hostiles- vertidas contra la comunidad y especialmente al juicio de disvalor efectuado por su parte en torno al modo de actuación y costumbres de los mismos”. Duarte incluso había cuestionado la instalación de “una bandera extranjera (mapuche)” en el territorio. La jueza le recuerda que “más del 60 por ciento de la población argentina es descendiente de algún pueblo indígena” y lo insta a Duarte a “internalizar el nuevo paradigma de inclusión y respeto a la diversidad étnica y cultural”.
“No cabe sino concluir en la legitimidad de la posesión ejercida por la comunidad mapuche sostenida en el reconocimiento ínsito en las normas internacionales y en el mandato operativo, categórico e inequívoco de la Constitución Nacional que establece que toda ocupación tradicional de una comunidad indígena debe juzgarse como posesión comunitaria, mereciendo recalcarse que la posesión comunitaria no es la individual del Código Civil enarbolada por el denunciante (Duarte), sino la común -de rango constitucional, supremo- derivada de la sencilla razón de preexistir al Estado”, sentencia la jueza de Zapala.
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Soja: contaminación, usurpación, represión y muertes
Soja: contaminación, usurpación, represión y muertes
Fecha de Publicación: 26/10/2012
Fuente: RadioProvincia
Provincia/Región: Santiago del Estero
Radio Provincia elaboró un informe sobre los violentos desalojos que sufren campesinos e indígenas por parte de sojeros con aval político y judicial.
Radio Provincia realizó un informe especial sobre la situación que atraviesan campesinos y comunidades originarias, víctimas de la represión de grupos empresarios que quieren expandir el negocio sojero. Estos sectores de fuerte poder económico cuentan con aval político y judicial y, para apoderarse de tierras ocupadas ancestralmente, no dudan en asesinar a sus pobladores.
La última víctima fue Miguel Galván. Se trata de un campesino de 40 años que fue asesinado por un “sicario”. El crimen sucedió en el paraje El Simbol, en Santiago del Estero, al límite con Salta. El presunto autor del crimen, Paulino Patrón, está prófugo pero, mientras tanto, la empresa que ocupó el territorio de la familia Galván, sigue alambrando los campos.
Este hecho se produjo a poco de cumplirse un año de la muerte de Cristian Ferreyra, un militante del MOCASE. Antes, corrieron la misma suerte Sandra Juárez, Javier Chocobar y Roberto López.
Organizaciones de todo el país exigen que el Congreso debata la llamada “Ley Cristian Ferreyra”, que tiene como objetivo frenar los desalojos rurales y la violencia ejercida por empresarios terratenientes, hacia los campesinos e indígenas que defienden sus territorios.
Brindaron su testimonio para el informe el periodista Darío Aranda; el Secretario de Tierras del Mocase Paulo Aranda; y Deolinda Carrizo, integrante del MOCASE y protagonismo en las audiencias que se realizaron en el Congreso para debatir el proyecto de ley.
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Fecha de Publicación: 26/10/2012
Fuente: RadioProvincia
Provincia/Región: Santiago del Estero
Radio Provincia elaboró un informe sobre los violentos desalojos que sufren campesinos e indígenas por parte de sojeros con aval político y judicial. Radio Provincia realizó un informe especial sobre la situación que atraviesan campesinos y comunidades originarias, víctimas de la represión de grupos empresarios que quieren expandir el negocio sojero. Estos sectores de fuerte poder económico cuentan con aval político y judicial y, para apoderarse de tierras ocupadas ancestralmente, no dudan en asesinar a sus pobladores.
La última víctima fue Miguel Galván. Se trata de un campesino de 40 años que fue asesinado por un “sicario”. El crimen sucedió en el paraje El Simbol, en Santiago del Estero, al límite con Salta. El presunto autor del crimen, Paulino Patrón, está prófugo pero, mientras tanto, la empresa que ocupó el territorio de la familia Galván, sigue alambrando los campos.
Este hecho se produjo a poco de cumplirse un año de la muerte de Cristian Ferreyra, un militante del MOCASE. Antes, corrieron la misma suerte Sandra Juárez, Javier Chocobar y Roberto López.
Organizaciones de todo el país exigen que el Congreso debata la llamada “Ley Cristian Ferreyra”, que tiene como objetivo frenar los desalojos rurales y la violencia ejercida por empresarios terratenientes, hacia los campesinos e indígenas que defienden sus territorios.
Brindaron su testimonio para el informe el periodista Darío Aranda; el Secretario de Tierras del Mocase Paulo Aranda; y Deolinda Carrizo, integrante del MOCASE y protagonismo en las audiencias que se realizaron en el Congreso para debatir el proyecto de ley.
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Reclamaron por el proyecto de “emergencia territorial”
En defensa de los campesinos
Fecha de Publicación: 17/10/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional - Santiago del Estero
Legisladores del oficialismo y dirigentes del Movimiento Nacional Campesino Indígena reclamaron el tratamiento de un proyecto, presentado hace un año, que declara la “emergencia territorial” en posesiones de agricultores familiares.
El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) junto con legisladores del Frente para la Victoria (FpV) pidieron ayer avanzar con un proyecto de ley para frenar los desalojos de las comunidades campesinas, producto del modelo de agronegocios que se extiende en varias provincias. El escrito –que fue elaborado por diversas organizaciones campesinas y presentado el año pasado por el diputado Edgardo Depetri– declara “la emergencia territorial por el término de cinco años en materia de posesión y propiedad sobre las tierras rurales que ocupan los pequeños productores agropecuarios, las familias campesinas o los agricultores familiares”. También solicita “la suspensión de desalojos por cinco años (incluso la suspensión de ejecución de sentencias y actos administrativos que persigan ese fin) e insta en los tres primeros a realizar un relevamiento de posesión y uso de tierras”. En el anexo de la Cámara baja, los diputados también repudiaron el asesinato del campesino indígena Miguel Galván, miembro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina (Mocase-VC), ocurrido el miércoles pasado en el límite de las provincias de Salta y Santiago del Estero, cuando defendía la posesión de sus tierras ante empresarios agropecuarios en la zona.
La iniciativa considera pequeños productores agropecuarios, comunidades campesinas y agricultores familiares “a todas aquellas personas que de manera individual, colectiva o comunitaria lleven adelante actividades productivas en el medio rural, desarrollando actividades agropecuarias de manera directa, siendo la mayor parte de la fuerza de trabajo aportada por los miembros de la familia”. En ese sentido, hace referencia a las familias campesinas que “son desalojadas y desapropiadas de sus pertenencias”, a quienes se impide “el efectivo acceso a la Justicia”.
Además, el proyecto prevé “la creación de un Registro Nacional de Relevamiento de Tierras Rurales –en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca– que tendrá como finalidad determinar la situación real existente con relación a la ocupación y posesión de tierras, con la especificación de los datos catastrales y registrales vigentes y las condiciones socioambientales de los ocupantes, a los fines de establecer una política nacional de saneamiento de títulos”. Este relevamiento contará con la colaboración de las comunidades campesinas y agricultores familiares, quienes recabarán información que hace a la problemática de la tierra y que refiere “a la superficie afectada, a la situación jurídica, a la cantidad de familias afectadas y a los bienes territoriales existentes: agua, bosques, suelo”. El año pasado, un estudio realizado por la cartera de Agricultura nacional arrojó que 63.843 familias se encuentran afectadas en la actualidad por la problemática de la tierra en Argentina.
En diálogo con Página/12, Depetri dijo que “hay que habilitar el debate sobre el uso de la tierra y la propiedad, para seguir fortaleciendo las instituciones de participación popular”. “La dificultad está en que los pequeños productores no están representados y a veces estas decisiones, con conflictos de por medio, las toman los gobiernos provinciales en representación con la Sociedad Rural, que terminan beneficiando a los sectores sojeros”, añadió.
“Este año, la Cámara de Diputados deberá tratar y aprobar esta propuesta, que tiene estado parlamentario y que fue elaborada por varias organizaciones para frenar los desalojos, pero también con la idea de que los sujetos crezcan a partir de la producción de alimentos. Para ello, invitamos a todos los bloques, oficialistas y opositores, a fortalecer el trabajo colectivo en consonancia con los pequeños agricultores”, agregó.
A su turno, el diputado Leonardo Grosso sostuvo que “esta ley debe ser una herramienta que incorporen los municipios y los gobiernos provinciales, para dar respuestas concretas a los desalojos y así no lamentar una muerte más, de aquellos campesinos que defienden sus tierras ancestrales frente a los poderosos empresarios del agronegocio y a los funcionarios que los protegen”. Del acto también participó el subsecretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico.
En tanto, Mirta Salto, madre de Cristian Ferreyra –asesinado el 16 de noviembre pasado en Santiago del Estero por hombres que trabajaban a las órdenes de un empresario sojero–, expresó entre lágrimas que “no tiene que haber un muerto más por la tierra”. “Le pido a la presidenta Cristina Fernández que apruebe con urgencia esta ley para que no haya más desalojos seguidos de muerte. Hay madres que hoy tienen a sus hijos y no saben si mañana podrán volver a verlos”, agregó. Deolinda Carrizo, del Mocase-VC, responsabilizó al “gobierno de Santiago del Estero por las muertes que causa en su comunidad el agronegocio” y, además, exigió que “desarmen las patotas armadas que hoy hostigan a las familias santiagueñas para expulsarlas de su territorio y apoderarse de las tierras que ancestralmente les pertenecen”.
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Fecha de Publicación: 17/10/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional - Santiago del Estero
Legisladores del oficialismo y dirigentes del Movimiento Nacional Campesino Indígena reclamaron el tratamiento de un proyecto, presentado hace un año, que declara la “emergencia territorial” en posesiones de agricultores familiares.
El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) junto con legisladores del Frente para la Victoria (FpV) pidieron ayer avanzar con un proyecto de ley para frenar los desalojos de las comunidades campesinas, producto del modelo de agronegocios que se extiende en varias provincias. El escrito –que fue elaborado por diversas organizaciones campesinas y presentado el año pasado por el diputado Edgardo Depetri– declara “la emergencia territorial por el término de cinco años en materia de posesión y propiedad sobre las tierras rurales que ocupan los pequeños productores agropecuarios, las familias campesinas o los agricultores familiares”. También solicita “la suspensión de desalojos por cinco años (incluso la suspensión de ejecución de sentencias y actos administrativos que persigan ese fin) e insta en los tres primeros a realizar un relevamiento de posesión y uso de tierras”. En el anexo de la Cámara baja, los diputados también repudiaron el asesinato del campesino indígena Miguel Galván, miembro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina (Mocase-VC), ocurrido el miércoles pasado en el límite de las provincias de Salta y Santiago del Estero, cuando defendía la posesión de sus tierras ante empresarios agropecuarios en la zona.
La iniciativa considera pequeños productores agropecuarios, comunidades campesinas y agricultores familiares “a todas aquellas personas que de manera individual, colectiva o comunitaria lleven adelante actividades productivas en el medio rural, desarrollando actividades agropecuarias de manera directa, siendo la mayor parte de la fuerza de trabajo aportada por los miembros de la familia”. En ese sentido, hace referencia a las familias campesinas que “son desalojadas y desapropiadas de sus pertenencias”, a quienes se impide “el efectivo acceso a la Justicia”.
Además, el proyecto prevé “la creación de un Registro Nacional de Relevamiento de Tierras Rurales –en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca– que tendrá como finalidad determinar la situación real existente con relación a la ocupación y posesión de tierras, con la especificación de los datos catastrales y registrales vigentes y las condiciones socioambientales de los ocupantes, a los fines de establecer una política nacional de saneamiento de títulos”. Este relevamiento contará con la colaboración de las comunidades campesinas y agricultores familiares, quienes recabarán información que hace a la problemática de la tierra y que refiere “a la superficie afectada, a la situación jurídica, a la cantidad de familias afectadas y a los bienes territoriales existentes: agua, bosques, suelo”. El año pasado, un estudio realizado por la cartera de Agricultura nacional arrojó que 63.843 familias se encuentran afectadas en la actualidad por la problemática de la tierra en Argentina.
En diálogo con Página/12, Depetri dijo que “hay que habilitar el debate sobre el uso de la tierra y la propiedad, para seguir fortaleciendo las instituciones de participación popular”. “La dificultad está en que los pequeños productores no están representados y a veces estas decisiones, con conflictos de por medio, las toman los gobiernos provinciales en representación con la Sociedad Rural, que terminan beneficiando a los sectores sojeros”, añadió.
“Este año, la Cámara de Diputados deberá tratar y aprobar esta propuesta, que tiene estado parlamentario y que fue elaborada por varias organizaciones para frenar los desalojos, pero también con la idea de que los sujetos crezcan a partir de la producción de alimentos. Para ello, invitamos a todos los bloques, oficialistas y opositores, a fortalecer el trabajo colectivo en consonancia con los pequeños agricultores”, agregó.
A su turno, el diputado Leonardo Grosso sostuvo que “esta ley debe ser una herramienta que incorporen los municipios y los gobiernos provinciales, para dar respuestas concretas a los desalojos y así no lamentar una muerte más, de aquellos campesinos que defienden sus tierras ancestrales frente a los poderosos empresarios del agronegocio y a los funcionarios que los protegen”. Del acto también participó el subsecretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico.
En tanto, Mirta Salto, madre de Cristian Ferreyra –asesinado el 16 de noviembre pasado en Santiago del Estero por hombres que trabajaban a las órdenes de un empresario sojero–, expresó entre lágrimas que “no tiene que haber un muerto más por la tierra”. “Le pido a la presidenta Cristina Fernández que apruebe con urgencia esta ley para que no haya más desalojos seguidos de muerte. Hay madres que hoy tienen a sus hijos y no saben si mañana podrán volver a verlos”, agregó. Deolinda Carrizo, del Mocase-VC, responsabilizó al “gobierno de Santiago del Estero por las muertes que causa en su comunidad el agronegocio” y, además, exigió que “desarmen las patotas armadas que hoy hostigan a las familias santiagueñas para expulsarlas de su territorio y apoderarse de las tierras que ancestralmente les pertenecen”.
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Santiago del Estero y el abuso a campesinos
Denuncias de violencia contra campesinos
Fecha de Publicación: 16/10/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Santiago del Estero
En Santiago del Estero, el crimen de Galván fue una nueva etapa de una escalada originada por la extensión de la frontera agrícola. Organizaciones rurales reclaman al gobierno provincial que cumpla con la regularización de tierras.
El asesinato el miércoles pasado del campesino indígena Miguel Galván descubrió una vez más la escalada de violencia que sufren las comunidades campesinas e indígenas de Santiago del Estero. Represión, amenazas, desalojos, causas armadas, detenciones arbitrarias, golpizas e intentos de homicidio son sólo algunas de las prácticas de amedrentamiento utilizadas por empresarios en complicidad con jueces y policías provinciales. El problema, aseguran desde las organizaciones sociales, ha recrudecido principalmente en el norte de la provincia, donde tierras que no resultaban productivas para la siembra cobraron valor con la llegada de los agroquímicos y el boom de la soja. Desde el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) exigen que el gobierno local aplique una política de inversión para los pequeños productores y que cumpla con los programas de regularización de la posesión de tierras.
Galván, campesino del pueblo indígena lule-vilela, de 40 años, murió el miércoles tras ser apuñalado en la yugular por un hombre que responde a un empresario agropecuario salteño. El ataque se produjo en el paraje Simbol, del departamento de Copo, el mismo donde fuera asesinado hace menos de once meses el campesino indígena Cristian Ferreyra –también en el marco de su lucha en defensa de la tierra–, y tuvo lugar a pesar de que la familia de Galván había denunciado en varias oportunidades amenazas de muerte, intentos de desalojo y golpizas por parte de grupos armados que intentaban echarlos de su comunidad.
“Era una muerte anunciada. Hace rato que los movimientos campesinos denunciamos que esto pasaría otra vez. El gobernador Gerardo Zamora y el Poder Judicial de la provincia son los responsables de las condiciones de violencia e indefensión en que se encuentran las comunidades rurales e indígenas. Siguen privilegiando la producción de soja por sobre los derechos de los campesinos que llevamos generaciones trabajando la tierra”, denunció Roger Almaraz, vocero del Mocase. En el caso de Galván, cuenta, ya habían intervenido el Comité de Emergencia, que depende de la gobernación y, por lo tanto, el crimen “debía haberse evitado”.
El problema viene desde los ’90, describe Almaraz. “Los empresarios codiciaban las tierras de los campesinos para la tala de bosques y la producción de ganado. Sin embargo, fue el corrimiento de la frontera agropecuaria lo que hizo que el problema tomara esta magnitud, porque los campos de los distritos del norte, antes ignorados, cobraron valor para la siembra de soja. Los empresarios echan a familias que vivieron y trabajaron en esos parajes por generaciones con total impunidad.”
Según cifras del Ministerio de Agricultura, en la primera década del siglo la superficie de cultivo de soja se cuadruplicó en la provincia, hasta llegar a una producción anual de 2.467.800 toneladas en 2010. “La cifra va a ir en aumento si se considera que el Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) prevé ganar aún más espacio para la soja, es decir, más desalojos y desmontes”, intuye el vocero del Mocase.
La organización denuncia que, en la actualidad, “el empresario utiliza 4 o 5 años la tierra, hasta que pierde sus virtudes, y luego la vende. Así extinguen nuestro hábitat y nos obligan a migrar a las villas de las ciudades, como la que se comenzó a formar en Monte Quemado (distrito de Copo)”. El Mocase exige, en ese sentido, que “el gobernador Gerardo Zamora articule un programa de producción para el crecimiento del sector, que permita que el monte sea preservado y que las 25 mil familias campesinas indígenas conserven su fuente de vida y su identidad”.
En Santiago del Estero las comunidades rurales representan, según la organización, entre el 35 y el 39 por ciento de los 896.461 habitantes que registró el censo de 2010 en la provincia. La mayor parte de las familias no posee títulos de propiedad, pero ha trabajado y vivido en esos campos por más de veinte años, plazo suficiente para ser considerados poseedores según la llamada “ley veinteñal”. Como pocos campesinos conocen o tienen los recursos para iniciar los trámites requeridos, la tarea de financiar e informar está en manos de un Registro de Poseedores creado en 2007. Sin embargo, “como el gobernador, que hace apenas un año prometía que duplicaría el equipo de trabajo para acelerar los trámites, no otorga el subsidio desde marzo, el organismo no funciona”, acusa el movimiento.
Las luchas por conservar la tierra, en tanto, están a la orden del día. El Comité de Emergencia dependiente de la gobernación ha contabilizado desde 2008 más de 400 casos de comunidades rurales en conflicto, aunque desde las entidades civiles se estima que la mayoría de los desplazamientos quedan invisibilizados porque las comunidades que desconocen sus derechos permiten que se las expulse sin defenderse. Cuando, en cambio, hay resistencia, profundiza Almaraz, los empresarios apelan a “la violencia de bandas armadas o a la criminalización de la legítima defensa, a través de falsas imputaciones por los delitos de usurpación, amenazas, resistencia a la autoridad, desobediencia, daños y hurto forestal. Utilizan como quieren a la policía provincial y al Poder Judicial”.
El asesinato de Ferreyra, el 16 de noviembre de 2011, evidenció la gravedad de los conflictos en la zona. El Comité de Emergencia había alertado de la presencia de una banda armada en el Paraje San Antonio, distrito de Copo, que intentaba realizar el desmonte de un bosque nativo en tierras comunitarias. También lo había hecho el Mocase-Vía Campesina (VC), sin respuesta del gobierno. A once meses, “el atropello no ha cambiado: se meten en nuestras tierras, nos amenazan –entre otros a los familiares del joven Ferreyra, de 23 años, muerto– y tratan de echarnos mientras achican nuestro territorio”, explica a este diario Ricardo Cuéllar, representante del Mocase-VC. El 1º de julio, por ejemplo, Sixto Ruiz, un campesino también del distrito de Copo, fue baleado en su estancia por un grupo armado de alambradores que intentaba echarlo de su tierra. La bala le atravesó el pecho a un centímetro del corazón. Ruiz sobrevivió.
No fue el único caso que casi termina en tragedia. El 19 de diciembre de 2011, Néstor Palacios “recibió un disparo cuando defendía los territorios de su comunidad frente al avance de los alambradores custodiados por una banda armada”, acusó el Mocase-VC.
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Fecha de Publicación: 16/10/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Santiago del Estero
En Santiago del Estero, el crimen de Galván fue una nueva etapa de una escalada originada por la extensión de la frontera agrícola. Organizaciones rurales reclaman al gobierno provincial que cumpla con la regularización de tierras.
El asesinato el miércoles pasado del campesino indígena Miguel Galván descubrió una vez más la escalada de violencia que sufren las comunidades campesinas e indígenas de Santiago del Estero. Represión, amenazas, desalojos, causas armadas, detenciones arbitrarias, golpizas e intentos de homicidio son sólo algunas de las prácticas de amedrentamiento utilizadas por empresarios en complicidad con jueces y policías provinciales. El problema, aseguran desde las organizaciones sociales, ha recrudecido principalmente en el norte de la provincia, donde tierras que no resultaban productivas para la siembra cobraron valor con la llegada de los agroquímicos y el boom de la soja. Desde el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) exigen que el gobierno local aplique una política de inversión para los pequeños productores y que cumpla con los programas de regularización de la posesión de tierras.
Galván, campesino del pueblo indígena lule-vilela, de 40 años, murió el miércoles tras ser apuñalado en la yugular por un hombre que responde a un empresario agropecuario salteño. El ataque se produjo en el paraje Simbol, del departamento de Copo, el mismo donde fuera asesinado hace menos de once meses el campesino indígena Cristian Ferreyra –también en el marco de su lucha en defensa de la tierra–, y tuvo lugar a pesar de que la familia de Galván había denunciado en varias oportunidades amenazas de muerte, intentos de desalojo y golpizas por parte de grupos armados que intentaban echarlos de su comunidad.
“Era una muerte anunciada. Hace rato que los movimientos campesinos denunciamos que esto pasaría otra vez. El gobernador Gerardo Zamora y el Poder Judicial de la provincia son los responsables de las condiciones de violencia e indefensión en que se encuentran las comunidades rurales e indígenas. Siguen privilegiando la producción de soja por sobre los derechos de los campesinos que llevamos generaciones trabajando la tierra”, denunció Roger Almaraz, vocero del Mocase. En el caso de Galván, cuenta, ya habían intervenido el Comité de Emergencia, que depende de la gobernación y, por lo tanto, el crimen “debía haberse evitado”.
El problema viene desde los ’90, describe Almaraz. “Los empresarios codiciaban las tierras de los campesinos para la tala de bosques y la producción de ganado. Sin embargo, fue el corrimiento de la frontera agropecuaria lo que hizo que el problema tomara esta magnitud, porque los campos de los distritos del norte, antes ignorados, cobraron valor para la siembra de soja. Los empresarios echan a familias que vivieron y trabajaron en esos parajes por generaciones con total impunidad.”
Según cifras del Ministerio de Agricultura, en la primera década del siglo la superficie de cultivo de soja se cuadruplicó en la provincia, hasta llegar a una producción anual de 2.467.800 toneladas en 2010. “La cifra va a ir en aumento si se considera que el Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) prevé ganar aún más espacio para la soja, es decir, más desalojos y desmontes”, intuye el vocero del Mocase.
La organización denuncia que, en la actualidad, “el empresario utiliza 4 o 5 años la tierra, hasta que pierde sus virtudes, y luego la vende. Así extinguen nuestro hábitat y nos obligan a migrar a las villas de las ciudades, como la que se comenzó a formar en Monte Quemado (distrito de Copo)”. El Mocase exige, en ese sentido, que “el gobernador Gerardo Zamora articule un programa de producción para el crecimiento del sector, que permita que el monte sea preservado y que las 25 mil familias campesinas indígenas conserven su fuente de vida y su identidad”.
En Santiago del Estero las comunidades rurales representan, según la organización, entre el 35 y el 39 por ciento de los 896.461 habitantes que registró el censo de 2010 en la provincia. La mayor parte de las familias no posee títulos de propiedad, pero ha trabajado y vivido en esos campos por más de veinte años, plazo suficiente para ser considerados poseedores según la llamada “ley veinteñal”. Como pocos campesinos conocen o tienen los recursos para iniciar los trámites requeridos, la tarea de financiar e informar está en manos de un Registro de Poseedores creado en 2007. Sin embargo, “como el gobernador, que hace apenas un año prometía que duplicaría el equipo de trabajo para acelerar los trámites, no otorga el subsidio desde marzo, el organismo no funciona”, acusa el movimiento.
Las luchas por conservar la tierra, en tanto, están a la orden del día. El Comité de Emergencia dependiente de la gobernación ha contabilizado desde 2008 más de 400 casos de comunidades rurales en conflicto, aunque desde las entidades civiles se estima que la mayoría de los desplazamientos quedan invisibilizados porque las comunidades que desconocen sus derechos permiten que se las expulse sin defenderse. Cuando, en cambio, hay resistencia, profundiza Almaraz, los empresarios apelan a “la violencia de bandas armadas o a la criminalización de la legítima defensa, a través de falsas imputaciones por los delitos de usurpación, amenazas, resistencia a la autoridad, desobediencia, daños y hurto forestal. Utilizan como quieren a la policía provincial y al Poder Judicial”.
El asesinato de Ferreyra, el 16 de noviembre de 2011, evidenció la gravedad de los conflictos en la zona. El Comité de Emergencia había alertado de la presencia de una banda armada en el Paraje San Antonio, distrito de Copo, que intentaba realizar el desmonte de un bosque nativo en tierras comunitarias. También lo había hecho el Mocase-Vía Campesina (VC), sin respuesta del gobierno. A once meses, “el atropello no ha cambiado: se meten en nuestras tierras, nos amenazan –entre otros a los familiares del joven Ferreyra, de 23 años, muerto– y tratan de echarnos mientras achican nuestro territorio”, explica a este diario Ricardo Cuéllar, representante del Mocase-VC. El 1º de julio, por ejemplo, Sixto Ruiz, un campesino también del distrito de Copo, fue baleado en su estancia por un grupo armado de alambradores que intentaba echarlo de su tierra. La bala le atravesó el pecho a un centímetro del corazón. Ruiz sobrevivió.
No fue el único caso que casi termina en tragedia. El 19 de diciembre de 2011, Néstor Palacios “recibió un disparo cuando defendía los territorios de su comunidad frente al avance de los alambradores custodiados por una banda armada”, acusó el Mocase-VC.
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7,5 millones de hectáreas en manos extranjeras
Al menos 7,5 millones de hectáreas están en manos extranjeras
Fecha de Publicación: 05/10/2012
Fuente: La Voz
Provincia/Región: Nacional
Aún falta relevar cinco provincias para tener los datos definitivos. Especial incidencia en Salta, Mendoza y San Juan.
Unas 7,5 millones de hectáreas se encuentran en manos de extranjeros en todo el país, con especial incidencia en las provincias de Salta, Mendoza y San Juan, según un relevamiento llevado adelante por el Registro Nacional de Tierras Rurales.
El ministro de Justicia, Julio Alak, presentó los resultados del relevamiento catastral de tierras rurales, junto con la directora del Registro Nacional de Tierras Rurales, Florencia Gómez.
Gómez dijo que “cuando concluya el relevamiento seguramente van a ser más” las tierras en manos extranjeras, ya que aún faltan datos de “cinco provincias: Santiago del Estero, Chaco, La Rioja, Santa Cruz y Corrientes” para completar la sistematización de los datos.
La funcionaria agregó que “a nivel nacional, casi 7,5 millones de hectáreas fueron declaradas en manos de extranjeros y la mayor concentración está en Salta, seguida por Mendoza y San Juan”.
En cambio, la provincia con menor declaración de tierra en manos extranjeras es Tucumán, con un total de 59.000 hectáreas; mientras que Buenos Aires se encuentra entre las primeras con más de 500 mil hectáreas.
Gómez señaló que “en base a las declaraciones juradas, tierras totales estamos en 278 millones de hectáreas, eso sin tener en cuenta que todavía no hemos hecho la determinación de cuánta tierra rural hay”.
De esas 278 millones de hectáreas, un total de 7,49 millones fueron declaradas como propiedad extranjera y el 89,36 por ciento corresponde a personas jurídicas, de las cuales sólo 7 por ciento están inscriptas como extranjeras.
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Fecha de Publicación: 05/10/2012
Fuente: La Voz
Provincia/Región: Nacional
Aún falta relevar cinco provincias para tener los datos definitivos. Especial incidencia en Salta, Mendoza y San Juan.
Unas 7,5 millones de hectáreas se encuentran en manos de extranjeros en todo el país, con especial incidencia en las provincias de Salta, Mendoza y San Juan, según un relevamiento llevado adelante por el Registro Nacional de Tierras Rurales.
El ministro de Justicia, Julio Alak, presentó los resultados del relevamiento catastral de tierras rurales, junto con la directora del Registro Nacional de Tierras Rurales, Florencia Gómez.
Gómez dijo que “cuando concluya el relevamiento seguramente van a ser más” las tierras en manos extranjeras, ya que aún faltan datos de “cinco provincias: Santiago del Estero, Chaco, La Rioja, Santa Cruz y Corrientes” para completar la sistematización de los datos.
La funcionaria agregó que “a nivel nacional, casi 7,5 millones de hectáreas fueron declaradas en manos de extranjeros y la mayor concentración está en Salta, seguida por Mendoza y San Juan”.
En cambio, la provincia con menor declaración de tierra en manos extranjeras es Tucumán, con un total de 59.000 hectáreas; mientras que Buenos Aires se encuentra entre las primeras con más de 500 mil hectáreas.
Gómez señaló que “en base a las declaraciones juradas, tierras totales estamos en 278 millones de hectáreas, eso sin tener en cuenta que todavía no hemos hecho la determinación de cuánta tierra rural hay”.
De esas 278 millones de hectáreas, un total de 7,49 millones fueron declaradas como propiedad extranjera y el 89,36 por ciento corresponde a personas jurídicas, de las cuales sólo 7 por ciento están inscriptas como extranjeras.
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El Delta del Paraná en conflicto
Santa Fe exige que Entre Ríos cumpla los acuerdos ambientales
Fecha de Publicación: 01/02/2012
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe - Entre Ríos
La Secretaría de Medio Ambiente provincial elevó a Nación su preocupación por el tratamiento legislativo que Entre Ríos dio a los regímenes de uso del suelo en las islas que componen el Delta del Paraná, a través de la creación de una sociedad anónima. También pidió que garantice el cumplimiento de acuerdos ambientales celebrados entre ambas provincias y la de Buenos Aires, tendientes a la preservación y aprovechamiento sustentable del humedal.
A través de la ley 10.092, el gobierno entrerriano no sólo pretende implementar un nuevo sistema de explotación de las islas fiscales que representan unas 200 mil hectáreas de suelo inundable, sino que derogó una norma que prohibía allí la agricultura y las fumigaciones. Para rematar, la normativa echa por tierra cualquier otra reglamentación que atente contra el proyecto, que en definitiva es la privatización y la explotación agropecuaria de miles de lotes.
El secretario de Medio Ambiente provincial, César Mackler, elevó una nota a su par de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan José Mussi, para manifestarle su preocupación con relación a la ley 10.092, vigente desde hace un mes y sancionada sobre tablas, sin tratamiento previo y con la aprobación del oficialismo y la abstención de la oposición, que desconocía la iniciativa promovida desde la Gobernación.
Acuerdo interprovincial. En rigor, Mackler solicita que se garantice el cumplimiento del Programa Integral Estratégico de Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná (Piecas DP), surgido de una reunión celebrada en 2008 en Victoria.
En el encuentro se estableció, acta mediante, un acuerdo entre las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe para efectivizar un abordaje interjurisdiccional del Delta del Paraná, coordinados por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Mackler recordó que "desde 2008 se viene desarrollando un trabajo de integración que en 2011 se vio reflejado en un proceso de Evaluación Ambiental Estratégica, absolutamente innovador para la región".
Finalmente Mackler pide que se convoque a una reunión, en el marco del Piecas, para tomar conocimiento del tema en forma directa, y paralelamente bregar por el cumplimiento y desarrollo del este programa integral.
"Creemos vital sostener los avances de un proceso ejemplar, con una mirada federal. También profundizar el abordaje de un ecosistema que supera los límites de las provincias involucradas", concluyó Mackler.
Fecha de Publicación: 01/02/2012
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe - Entre Ríos
La Secretaría de Medio Ambiente provincial elevó a Nación su preocupación por el tratamiento legislativo que Entre Ríos dio a los regímenes de uso del suelo en las islas que componen el Delta del Paraná, a través de la creación de una sociedad anónima. También pidió que garantice el cumplimiento de acuerdos ambientales celebrados entre ambas provincias y la de Buenos Aires, tendientes a la preservación y aprovechamiento sustentable del humedal.
A través de la ley 10.092, el gobierno entrerriano no sólo pretende implementar un nuevo sistema de explotación de las islas fiscales que representan unas 200 mil hectáreas de suelo inundable, sino que derogó una norma que prohibía allí la agricultura y las fumigaciones. Para rematar, la normativa echa por tierra cualquier otra reglamentación que atente contra el proyecto, que en definitiva es la privatización y la explotación agropecuaria de miles de lotes.
El secretario de Medio Ambiente provincial, César Mackler, elevó una nota a su par de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan José Mussi, para manifestarle su preocupación con relación a la ley 10.092, vigente desde hace un mes y sancionada sobre tablas, sin tratamiento previo y con la aprobación del oficialismo y la abstención de la oposición, que desconocía la iniciativa promovida desde la Gobernación.
Acuerdo interprovincial. En rigor, Mackler solicita que se garantice el cumplimiento del Programa Integral Estratégico de Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná (Piecas DP), surgido de una reunión celebrada en 2008 en Victoria.
En el encuentro se estableció, acta mediante, un acuerdo entre las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe para efectivizar un abordaje interjurisdiccional del Delta del Paraná, coordinados por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Mackler recordó que "desde 2008 se viene desarrollando un trabajo de integración que en 2011 se vio reflejado en un proceso de Evaluación Ambiental Estratégica, absolutamente innovador para la región".
Finalmente Mackler pide que se convoque a una reunión, en el marco del Piecas, para tomar conocimiento del tema en forma directa, y paralelamente bregar por el cumplimiento y desarrollo del este programa integral.
"Creemos vital sostener los avances de un proceso ejemplar, con una mirada federal. También profundizar el abordaje de un ecosistema que supera los límites de las provincias involucradas", concluyó Mackler.
Sanción a la Ley de Tierras
Con límites para los extranjeros
Fecha de Publicación: 23/12/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Cristina Kirchner la había reclamado en la apertura de las sesiones ordinarias, pero recién se aprobó anoche. Tuvo un amplio apoyo: 62 votos a favor y la única oposición del salteño Romero. Reutemann habló a favor.
Fue la primera y única ley reclamada por la presidenta Cristina Fernández en la inauguración de las sesiones ordinarias, el 1º de marzo pasado. Ayer, en la última sesión del año, el Senado sancionó la medida que establece límites a la extranjerización de las tierras rurales. Entre otros puntos, la iniciativa fija un máximo del 15 por ciento para la posesión de tierras rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras, crea un Registro Nacional, un Consejo Interministerial de Tierras Rurales y dispone la realización de un relevamiento catastral nacional. Con unas pocas diferencias en particular, la medida fue acompañada por el arco opositor y obtuvo 62 votos a favor y sólo uno en contra, del peronista disidente salteño Juan Carlos Romero.
“Nos vamos con la satisfacción de coincidir con todos los bloques políticos en la defensa de los intereses nacionales y sociales. Estamos terminando este año en el Parlamento con la tranquilidad del deber cumplido. Sabemos que el mandato popular nos obliga a ser consecuentes con el proyecto político ratificado en las urnas”, concluyó cerca de las 10 de la noche el senador oficialista Juan Manuel Irrazabal.
El proyecto tampoco había generado mayores resistencias en Diputados, donde se sancionó la semana pasada con 153 votos a favor y 26 en contra. Luego de su aprobación en comisión fue llevado ayer al recinto, para culminar dos días de intensa actividad legislativa. El texto, de 19 artículos, establece el límite del 15 por ciento para que quede en manos de extranjeros, ya sea de personas físicas o jurídicas. A su vez, fija, dentro de ese límite, un tope del 30 por ciento para la titularidad de tierras en manos de personas de una misma nacionalidad. En cuanto a un mismo propietario, no se podrá superar las mil hectáreas “o superficie equivalente en la zona núcleo determinada por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales”.
Además, se crean dos organismos: el Registro Nacional de Tierras y el Consejo Interministerial, que funcionarán de autoridad de aplicación y llevarán adelante el relevamiento catastral, hasta ahora inexistente. También evaluarán las excepciones a las disposiciones generales de la ley. Respecto de las inversiones, se aclara que “no se entenderá como inversión la adquisición de tierras por tratarse de un recurso natural no renovable”. En uno de sus últimos artículos, la norma aclara que no afectará derechos adquiridos y que su vigencia será a partir del día posterior a la publicación en el Boletín Oficial.
La senadora kirchnerista Graciela De la Rosa, titular de la Comisión de Agricultura, expresó que el proyecto “es una clara respuesta que da la Presidencia en el marco de la situación global” y que “es la primera vez que la Argentina toma esta actitud que tiene que ver con su soberanía”.
A su turno, el radical jujeño Gerardo Morales anticipó el apoyo en general de su bloque y marcó diferencias en unos pocos artículos. Morales advirtió que “de la concentración viene la cuestión de la extranjerización de la tierra” y recordó que en la Asamblea Legislativa de marzo fue un diputado radical (Pablo Orsolini, integrante de la Federación Agraria) el que le reclamó a los gritos a la presidenta Cristina Kirchner la necesidad de impulsar un proyecto que limite la compra de tierras por parte de extranjeros. Entre las críticas, Morales cuestionó la falta de información nacional sobre la situación de extranjerización de la tierra, que varía entre el 3,5 y el 12 por ciento.
Desde el bloque del Frente Amplio Progresista, tanto Rubén Giustiniani como Jaime Linares pidieron la palabra para reivindicar la iniciativa, pero reclamar “una ley integral de uso y tenencia de la tierra que limite la concentración, garantice la protección de los recursos naturales y el desarrollo económico”. Sorpresivamente, el ex gobernador santafesino Carlos Reutemann leyó un breve texto para fundamentar su voto a favor. Sostuvo que se trata de “un gran avance” y remarcó que no afecta las atribuciones de las provincias.
El peronista federal Juan Carlos Romero, el único en votar negativamente, sostuvo que “casi 200 años después se defiende un arroyito, una laguna de la voracidad extranjera, cuando este país se hizo con los extranjeros y con los nativos”. “¿Qué hubiera pasado si los extranjeros no hubieran venido a Entre Ríos, a La Pampa, a la Patagonia? Este país se hizo así”, preguntó. Su compañera de bloque y comprovinciana, Sonia Escudero, disintió con el ex gobernador, aunque le criticó al oficialismo el “apuro” en el tratamiento.
Con la aprobación de esta ley, el Senado clausuró anoche sus sesiones extraordinarias, que incluyeron la aprobación de unas catorce iniciativas. El presidente de la Cámara, Amado Boudou, concluyó deseándoles felices fiestas a los senadores. “Nos vemos muy pronto”, remató.
Más Información:
- Info New - Sanción a la Ley de Tierras con apoyo contundente
- InfoBae - Sólo el 15 por ciento del territorio nacional podrá ser vendido a extranjeros
- Clarin - Es ley el límite a la compra de tierras por parte de extranjeros
Fecha de Publicación: 23/12/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Cristina Kirchner la había reclamado en la apertura de las sesiones ordinarias, pero recién se aprobó anoche. Tuvo un amplio apoyo: 62 votos a favor y la única oposición del salteño Romero. Reutemann habló a favor.
Fue la primera y única ley reclamada por la presidenta Cristina Fernández en la inauguración de las sesiones ordinarias, el 1º de marzo pasado. Ayer, en la última sesión del año, el Senado sancionó la medida que establece límites a la extranjerización de las tierras rurales. Entre otros puntos, la iniciativa fija un máximo del 15 por ciento para la posesión de tierras rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras, crea un Registro Nacional, un Consejo Interministerial de Tierras Rurales y dispone la realización de un relevamiento catastral nacional. Con unas pocas diferencias en particular, la medida fue acompañada por el arco opositor y obtuvo 62 votos a favor y sólo uno en contra, del peronista disidente salteño Juan Carlos Romero.
“Nos vamos con la satisfacción de coincidir con todos los bloques políticos en la defensa de los intereses nacionales y sociales. Estamos terminando este año en el Parlamento con la tranquilidad del deber cumplido. Sabemos que el mandato popular nos obliga a ser consecuentes con el proyecto político ratificado en las urnas”, concluyó cerca de las 10 de la noche el senador oficialista Juan Manuel Irrazabal.
El proyecto tampoco había generado mayores resistencias en Diputados, donde se sancionó la semana pasada con 153 votos a favor y 26 en contra. Luego de su aprobación en comisión fue llevado ayer al recinto, para culminar dos días de intensa actividad legislativa. El texto, de 19 artículos, establece el límite del 15 por ciento para que quede en manos de extranjeros, ya sea de personas físicas o jurídicas. A su vez, fija, dentro de ese límite, un tope del 30 por ciento para la titularidad de tierras en manos de personas de una misma nacionalidad. En cuanto a un mismo propietario, no se podrá superar las mil hectáreas “o superficie equivalente en la zona núcleo determinada por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales”.
Además, se crean dos organismos: el Registro Nacional de Tierras y el Consejo Interministerial, que funcionarán de autoridad de aplicación y llevarán adelante el relevamiento catastral, hasta ahora inexistente. También evaluarán las excepciones a las disposiciones generales de la ley. Respecto de las inversiones, se aclara que “no se entenderá como inversión la adquisición de tierras por tratarse de un recurso natural no renovable”. En uno de sus últimos artículos, la norma aclara que no afectará derechos adquiridos y que su vigencia será a partir del día posterior a la publicación en el Boletín Oficial.
La senadora kirchnerista Graciela De la Rosa, titular de la Comisión de Agricultura, expresó que el proyecto “es una clara respuesta que da la Presidencia en el marco de la situación global” y que “es la primera vez que la Argentina toma esta actitud que tiene que ver con su soberanía”.
A su turno, el radical jujeño Gerardo Morales anticipó el apoyo en general de su bloque y marcó diferencias en unos pocos artículos. Morales advirtió que “de la concentración viene la cuestión de la extranjerización de la tierra” y recordó que en la Asamblea Legislativa de marzo fue un diputado radical (Pablo Orsolini, integrante de la Federación Agraria) el que le reclamó a los gritos a la presidenta Cristina Kirchner la necesidad de impulsar un proyecto que limite la compra de tierras por parte de extranjeros. Entre las críticas, Morales cuestionó la falta de información nacional sobre la situación de extranjerización de la tierra, que varía entre el 3,5 y el 12 por ciento.
Desde el bloque del Frente Amplio Progresista, tanto Rubén Giustiniani como Jaime Linares pidieron la palabra para reivindicar la iniciativa, pero reclamar “una ley integral de uso y tenencia de la tierra que limite la concentración, garantice la protección de los recursos naturales y el desarrollo económico”. Sorpresivamente, el ex gobernador santafesino Carlos Reutemann leyó un breve texto para fundamentar su voto a favor. Sostuvo que se trata de “un gran avance” y remarcó que no afecta las atribuciones de las provincias.
El peronista federal Juan Carlos Romero, el único en votar negativamente, sostuvo que “casi 200 años después se defiende un arroyito, una laguna de la voracidad extranjera, cuando este país se hizo con los extranjeros y con los nativos”. “¿Qué hubiera pasado si los extranjeros no hubieran venido a Entre Ríos, a La Pampa, a la Patagonia? Este país se hizo así”, preguntó. Su compañera de bloque y comprovinciana, Sonia Escudero, disintió con el ex gobernador, aunque le criticó al oficialismo el “apuro” en el tratamiento.
Con la aprobación de esta ley, el Senado clausuró anoche sus sesiones extraordinarias, que incluyeron la aprobación de unas catorce iniciativas. El presidente de la Cámara, Amado Boudou, concluyó deseándoles felices fiestas a los senadores. “Nos vemos muy pronto”, remató.
Más Información:
- Info New - Sanción a la Ley de Tierras con apoyo contundente
- InfoBae - Sólo el 15 por ciento del territorio nacional podrá ser vendido a extranjeros
- Clarin - Es ley el límite a la compra de tierras por parte de extranjeros
Malvinas: quiere crear un área de conservación
Polémico avance británico en Malvinas: quiere crear un área de conservación natural
Fecha de Publicación: 07/12/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El diario londinense The Times reveló que pretende crear una zona de conservación marina en torno a las Georgias, pese a que está en disputa la soberanía con la Argentina
El Reino Unido quiere establecer una zona de conservación marina en torno a la isla Georgia del Sur, cercana a las Malvinas, algo que puede causar gran malestar en Argentina, que reclama estos territorios del Atlántico Sur desde 1833.
Así lo señala hoy el periódico "The Times" , que revela que se trata de crear un gran área de conservación estimada en un millón de kilómetros cuadrados alrededor de Georgia de Sur, donde la guerra entre el Reino Unido y Argentina empezó en 1982.
El objetivo es proteger el hábitat natural de pingüinos, morsas, focas, ballenas asesinas, elefantes marinos o el bacalao patagónico.
"Argentina, igual que el Reino Unido es firmante de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos de la Antártida, de modo que nos gustaría pensar que el interés común por la conservación pesará más que una disputa por la soberanía", dijo una fuente del Gobierno británico cuya identidad el diario no revela.
El diario publica la declaración de Ruperto Godoy, de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara argentina de Diputados, que afirmó que "Georgia del Sur es parte integral de nuestro territorio. El Reino Unido debe cumplir con el derecho internacional y devolverlas (por todas las islas) de manera pacífica".
Además de la Malvinas y Georgia del Sur, Buenos Aires reclama desde 1833 las islas Sandwich del Sur, también en el Atlántico Sur.
Se espera que la llamada Área de Protección Marina -que puede ser una de las más extensas del mundo- sea anunciada en los próximos días en Georgia del Sur, lo que permitirá establecer una estricta prohibición en la caza de ballenas, mientras que la pesca sólo será autorizada en áreas especialmente asignadas.
El problema que presenta el área es cómo vigilar las aguas debido a la enorme extensión que se quiere proteger, señala "The Times".
La zona de Georgia del Sur es rica en vida silvestre, como se ha podido ver en un educativo documental de la cadena BBC, denominado "Frozen Planet" (Planeta Congelado) y presentado por el prestigioso naturalista británico David Attenborough.
Fecha de Publicación: 07/12/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El diario londinense The Times reveló que pretende crear una zona de conservación marina en torno a las Georgias, pese a que está en disputa la soberanía con la Argentina
El Reino Unido quiere establecer una zona de conservación marina en torno a la isla Georgia del Sur, cercana a las Malvinas, algo que puede causar gran malestar en Argentina, que reclama estos territorios del Atlántico Sur desde 1833.
Así lo señala hoy el periódico "The Times" , que revela que se trata de crear un gran área de conservación estimada en un millón de kilómetros cuadrados alrededor de Georgia de Sur, donde la guerra entre el Reino Unido y Argentina empezó en 1982.
El objetivo es proteger el hábitat natural de pingüinos, morsas, focas, ballenas asesinas, elefantes marinos o el bacalao patagónico.
"Argentina, igual que el Reino Unido es firmante de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos de la Antártida, de modo que nos gustaría pensar que el interés común por la conservación pesará más que una disputa por la soberanía", dijo una fuente del Gobierno británico cuya identidad el diario no revela.
El diario publica la declaración de Ruperto Godoy, de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara argentina de Diputados, que afirmó que "Georgia del Sur es parte integral de nuestro territorio. El Reino Unido debe cumplir con el derecho internacional y devolverlas (por todas las islas) de manera pacífica".
Además de la Malvinas y Georgia del Sur, Buenos Aires reclama desde 1833 las islas Sandwich del Sur, también en el Atlántico Sur.
Se espera que la llamada Área de Protección Marina -que puede ser una de las más extensas del mundo- sea anunciada en los próximos días en Georgia del Sur, lo que permitirá establecer una estricta prohibición en la caza de ballenas, mientras que la pesca sólo será autorizada en áreas especialmente asignadas.
El problema que presenta el área es cómo vigilar las aguas debido a la enorme extensión que se quiere proteger, señala "The Times".
La zona de Georgia del Sur es rica en vida silvestre, como se ha podido ver en un educativo documental de la cadena BBC, denominado "Frozen Planet" (Planeta Congelado) y presentado por el prestigioso naturalista británico David Attenborough.
Neuquén: 38% de los bosques en manos privadas
El 38% de los bosques nativos de Neuquén está en manos privadas
Fecha de Publicación: 21/11/2011
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Neuquén
El cálculo no contempla los que pertenecen a Parques. La nueva legislación definió los permisos de uso.
Sobre 1,2 millones de hectáreas de bosques nativos que se mantienen en la provincia, sin tener en cuenta las que están en los Parques Nacionales, el 38% está ubicada en tierras privadas. El resto se distribuye entre el Estado provincial, los municipios, Pulmarí y comunidades mapuches, pero ninguno de estos actores supera el porcentaje en manos de particulares o empresas.
Un nuevo relevamiento, que se realizará con la participación de la Universidad Nacional del Comahue, afinará los números, pero se descuenta que no revelará grandes variaciones. La Legislatura, a partir de una ley nacional que sirvió de marco para comenzar el trabajo hace un año y medio, aprobó recientemente la ley provincial para el ordenamiento territorial de los bosques nativos de la provincia, cuyo objetivo es dar los parámetros sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer en los lugares en donde aún se mantiene la fauna autóctona.
Habrá límites, entonces, para los privados, pero también dinero para compensarlos. Los fondos para hacerlo están asegurados: en 2010, el gobierno nacional giró a la provincia 1,8 millones de pesos para desarrollar el programa y, con la ley aprobada, está garantizada la misma cifra -como mínimo- para los próximos años.
El ordenamiento, explicó la presidenta de la comisión de Medio Ambiente de la Legislatura, Graciela Muñiz Saavedra, definió un mapa para la protección de los bosques. Según la propiedad de la tierra, se desprende que el 9% corresponde a municipios, el 8% a pueblos originarios, el 15% a la corporación Pulmarí, el 30% son tierras fiscales y el 38% pertenece a privados.
Sobre esa superficie se definió otra clasificación, que es la que establece permisos y prohibiciones de uso. Tras un largo debate, será el gobierno provincial el que tendrá la facultad de habilitar o no actividades o emprendimientos en las zonas que por estar en riesgo ambiental mayor requieren una autorización. Los municipios podrán "consensuar" con la autoridad de aplicación.
Se estableció un sistema de categorías para determinar los niveles de riesgo ambiental y las posibilidades de realizar o no actividades en los bosques nativos: la roja es la más comprometida y allí, además de preservar o recomponer, sólo pueden intervenir poblaciones rurales o pueblos originarios. El norte neuquino, donde la cría de ganado degradó con mayor fuerza la fauna autóctona, está dentro de estos límites. Con amarillo y verde se definieron los niveles decrecientes de protección.
La autoridad de aplicación del relevamiento será el ministerio de Desarrollo Territorial, pero también habrá un espacio en el que participarían asociaciones intermedias: el consejo consultivo.
Fecha de Publicación: 21/11/2011
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Neuquén
El cálculo no contempla los que pertenecen a Parques. La nueva legislación definió los permisos de uso.
Sobre 1,2 millones de hectáreas de bosques nativos que se mantienen en la provincia, sin tener en cuenta las que están en los Parques Nacionales, el 38% está ubicada en tierras privadas. El resto se distribuye entre el Estado provincial, los municipios, Pulmarí y comunidades mapuches, pero ninguno de estos actores supera el porcentaje en manos de particulares o empresas.
Un nuevo relevamiento, que se realizará con la participación de la Universidad Nacional del Comahue, afinará los números, pero se descuenta que no revelará grandes variaciones. La Legislatura, a partir de una ley nacional que sirvió de marco para comenzar el trabajo hace un año y medio, aprobó recientemente la ley provincial para el ordenamiento territorial de los bosques nativos de la provincia, cuyo objetivo es dar los parámetros sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer en los lugares en donde aún se mantiene la fauna autóctona.
Habrá límites, entonces, para los privados, pero también dinero para compensarlos. Los fondos para hacerlo están asegurados: en 2010, el gobierno nacional giró a la provincia 1,8 millones de pesos para desarrollar el programa y, con la ley aprobada, está garantizada la misma cifra -como mínimo- para los próximos años.
El ordenamiento, explicó la presidenta de la comisión de Medio Ambiente de la Legislatura, Graciela Muñiz Saavedra, definió un mapa para la protección de los bosques. Según la propiedad de la tierra, se desprende que el 9% corresponde a municipios, el 8% a pueblos originarios, el 15% a la corporación Pulmarí, el 30% son tierras fiscales y el 38% pertenece a privados.
Sobre esa superficie se definió otra clasificación, que es la que establece permisos y prohibiciones de uso. Tras un largo debate, será el gobierno provincial el que tendrá la facultad de habilitar o no actividades o emprendimientos en las zonas que por estar en riesgo ambiental mayor requieren una autorización. Los municipios podrán "consensuar" con la autoridad de aplicación.
Se estableció un sistema de categorías para determinar los niveles de riesgo ambiental y las posibilidades de realizar o no actividades en los bosques nativos: la roja es la más comprometida y allí, además de preservar o recomponer, sólo pueden intervenir poblaciones rurales o pueblos originarios. El norte neuquino, donde la cría de ganado degradó con mayor fuerza la fauna autóctona, está dentro de estos límites. Con amarillo y verde se definieron los niveles decrecientes de protección.
La autoridad de aplicación del relevamiento será el ministerio de Desarrollo Territorial, pero también habrá un espacio en el que participarían asociaciones intermedias: el consejo consultivo.
La justicia vedó el acceso público a un lago
La justicia vedó el acceso público a un lago
Fecha de Publicación: 12/11/2011
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Río Negro
Se trata del Escondido, un espejo de agua que fue vallado por el millonario Joe Lewis desde los ’90, cuando adquirió 14 mil hectáreas por apenas U$S 3,5 millones. Ahora para llegar a él habrá que escalar una montaña.
En Río Negro, la provincia con mayor cantidad de tierras extranjerizadas del país, cambió el signo político del gobierno de turno pero la justicia sigue resolviendo casos a favor de la tenencia foránea de la propiedad, incluso en pleno debate por la ley para modificar esta situación. Hace tres días, en un fallo polémico que atenta contra la soberanía territorial, el Superior Tribunal de Justicia consideró que el acceso público al lago Escondido, en la zona de El Bolsón, sólo puede hacerse por un sinuoso camino de montaña y no por el sendero de Tacuifí, una ruta transitable sin riesgos, pero que cuenta con un gran escollo: sobre ese camino están ubicadas las mansiones del multimillonario inglés Joe Lewis, que compró durante el menemismo 14 mil hectáreas por U$S 3,5 millones y privatizó el área con anuencia de los sucesivos gobiernos, construyendo un megaemprendimiento, con el recurso natural incluido.
De todas formas, Magdalena Odarda, legisladora del ARI de Río Negro que denunció en 2005 la privatización de los senderos, no se quedó quieta y presentará una denuncia a nivel nacional y un pedido de nulidad para el fallo. “Es tendencioso, además, hay que recordar que hubo una reunión de uno de los jueces con el socio de Lewis, lo cual es más grave”, dijo Odarda a Tiempo Argentino. La referencia es al encuentro entre Alberto Balladini, uno de los jueces de la Corte, con Nicolás van Ditmar, el socio argentino de Lewis que amenazó con defender lago Escondido “a punta de Winchester”. Desde ayer, los abogados de la legisladora, Daría Rodríguez Dutch y Rubén Marigo (de la Asociación por los Derechos Humanos), preparan un escrito para presentar en los próximos cinco días hábiles, solicitando la nulidad del fallo.
La resolución del tribunal tiene varios puntos oscuros: en 2009, esa misma Corte había ordenado a la provincia señalizar y poner en condiciones el camino de Tacuifí, el mismo que ahora veda al público. Además, considera que el camino de montaña está en condiciones de ser transitado, pero lo hace en base a dos informes de organismos oficiales sospechados en la entrega de tierras, el Codema y el Viarse.
Según Lewis, existe un camino alternativo (de montaña) de acceso al lago que no pasa por sus propiedades. Pero cuando la legisladora Odarda lo recorrió a caballo, el animal no logró subir la pendiente y la mujer terminó cayendo, con lo que sufrió lesiones graves de las que todavía se recupera.
Fecha de Publicación: 12/11/2011
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Río Negro
Se trata del Escondido, un espejo de agua que fue vallado por el millonario Joe Lewis desde los ’90, cuando adquirió 14 mil hectáreas por apenas U$S 3,5 millones. Ahora para llegar a él habrá que escalar una montaña.
En Río Negro, la provincia con mayor cantidad de tierras extranjerizadas del país, cambió el signo político del gobierno de turno pero la justicia sigue resolviendo casos a favor de la tenencia foránea de la propiedad, incluso en pleno debate por la ley para modificar esta situación. Hace tres días, en un fallo polémico que atenta contra la soberanía territorial, el Superior Tribunal de Justicia consideró que el acceso público al lago Escondido, en la zona de El Bolsón, sólo puede hacerse por un sinuoso camino de montaña y no por el sendero de Tacuifí, una ruta transitable sin riesgos, pero que cuenta con un gran escollo: sobre ese camino están ubicadas las mansiones del multimillonario inglés Joe Lewis, que compró durante el menemismo 14 mil hectáreas por U$S 3,5 millones y privatizó el área con anuencia de los sucesivos gobiernos, construyendo un megaemprendimiento, con el recurso natural incluido.
De todas formas, Magdalena Odarda, legisladora del ARI de Río Negro que denunció en 2005 la privatización de los senderos, no se quedó quieta y presentará una denuncia a nivel nacional y un pedido de nulidad para el fallo. “Es tendencioso, además, hay que recordar que hubo una reunión de uno de los jueces con el socio de Lewis, lo cual es más grave”, dijo Odarda a Tiempo Argentino. La referencia es al encuentro entre Alberto Balladini, uno de los jueces de la Corte, con Nicolás van Ditmar, el socio argentino de Lewis que amenazó con defender lago Escondido “a punta de Winchester”. Desde ayer, los abogados de la legisladora, Daría Rodríguez Dutch y Rubén Marigo (de la Asociación por los Derechos Humanos), preparan un escrito para presentar en los próximos cinco días hábiles, solicitando la nulidad del fallo.
La resolución del tribunal tiene varios puntos oscuros: en 2009, esa misma Corte había ordenado a la provincia señalizar y poner en condiciones el camino de Tacuifí, el mismo que ahora veda al público. Además, considera que el camino de montaña está en condiciones de ser transitado, pero lo hace en base a dos informes de organismos oficiales sospechados en la entrega de tierras, el Codema y el Viarse.
Según Lewis, existe un camino alternativo (de montaña) de acceso al lago que no pasa por sus propiedades. Pero cuando la legisladora Odarda lo recorrió a caballo, el animal no logró subir la pendiente y la mujer terminó cayendo, con lo que sufrió lesiones graves de las que todavía se recupera.
Tompkins quiere crear un parque nacional
Inusual oferta de un millonario para crear un parque nacional
Fecha de Publicación: 08/10/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional - Corrientes
Negocia la donación con el Gobierno. Douglas Tompkins es cuestionado por la cantidad de recursos naturales que controla en Argentina. Ahora ofrece regalar 150 mil ha en los Esteros del Iberá para hacer la mayor área protegida del país.
Es el socio inesperado. Cinco años atrás, alrededor de su figura florecían acusaciones que hasta los mismos funcionarios del Gobierno Nacional, a voz alzada, se ocupaban de ratificar. Decían que el magnate ecologista Douglas Tompkins, dueño de miles de hectáreas en el Litoral y en la Patagonia, venía por los recursos naturales, el agua y el futuro; que ya se había apropiado de medio Chile y que su nuevo objetivo era el Acuífero Guaraní. Por ejemplo, siendo Secretario de Tierras de Néstor Kirchner, Luis Delía irrumpió una mañana en una de sus estancias correntinas, cortó los alambrados con una tenaza y anunció que el norteamericano sería expropiado porque la tierra debe ser de los argentinos y nunca de un “gringo imperialista”. Eso dijo, pero nada, finalmente, sucedió.
Ahora, a través de una alianza con Tompkins, el Gobierno Nacional trabaja para crear el área protegida más grande del país en los Esteros del Iberá: un parque nacional de más de un millón de hectáreas en el norte de Corrientes, habitado por yacarés, carpinchos y aves de mil formas; una postal de confín, con matices de sabana africana. El proceso fue confirmado a Clarín por el mismo Tompkins y por fuentes del ministerio de Turismo de la Nación. El estadounidense lo expresó sin vueltas: “Estamos haciendo la donación de tierras más grande de la historia”, dijo. En el norte de Corrientes, según datos del sector inmobiliario, la hectárea no baja de los 1.500 dólares, por lo tanto el norteamericano está ofreciendo un territorio cuyo valor alcanza los 180 millones de dólares.
Las conversaciones entre Gobierno y Conservation Land Trust (CLT), la fundación del terrateniente ecologista, comenzaron hace más de un año y medio. Pero se aceleraron en mayo cuando, mediante una carta de intención, Tompkins ofreció al ministro Enrique Meyer donar las cuatro estancias que posee en la zona. Se tratan de 150 mil hectáreas clave. Desde ellas es posible controlar la totalidad de los Esteros del Iberá, el segundo humedal más grande de Latinoamérica.
Pero el proyecto viene con controversias: para crear el parque, además de la tierra de Tompkins, se necesita que el gobierno correntino ceda a la Nación más de 700 mil hectáreas fiscales, hoy protegidas bajo la categoría de Reserva Provincial. En ese punto está la traba, porque la creación de la mega área natural chocaría con los intereses de los productores agropecuarios de la región, que necesitan el agua para sus cosechas. El gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, sostiene que por ahora no será viable la cesión de tierras, pero como su mandato vence en menos de dos años, en el Gobierno Nacional especulan con que el parque se concretará en 2013.
Ni el Gobierno ni Tompkins parecen tener apuro. Mientras el tiempo pasa, las conversaciones continúan y el Iberá, a fuerza de promoción turística, no para de recibir visitantes. La calma de Colonia Carlos Pellegrini, pueblo lindante con uno de los campos del norteamericano, en el corazón del estero, ahora se ve alterada por la cantidad de turistas foráneos que llega hasta el lugar para realizar avistajes de fauna. Clarín fue testigo esta semana de lo que ocurre en ese sitio de naturaleza salvaje en el interior del país.
Desde que arribó en 1998, Tompkins y sus equipos vienen trabajando sobre la totalidad del área. En varias ocasiones fueron denunciados por el fundamentalismo con que se dedican a preservar recursos naturales y chocaron con estancieros de la zona por su militancia ambiental que consiste en oponerse a cualquier tipo de actividad extractiva que implique una degradación para el medio ambiente. Se ocupan, principalmente, de reintroducir especies en peligro de extinción. Ya lo hicieron con el oso hormiguero y con el venado de las pampas. Y apuestan ahora por el yaguareté, un felino que hace más de cien años dejó de verse por el pantano. Tompkins recibió a Clarín esta semana en su estancia Rincón del Socorro, donde vive 6 meses al año (el resto lo pasa en el Sur de Chile) y habló de sus intenciones. Seguidor del movimiento de la ecología profunda, basado en una excesiva compasión por la naturaleza, expresó que busca donar lo que posee porque sólo pretende crear áreas protegidas. Por si quedan dudas, sus dos hijas no heredarán tierra porque ya les hizo adelanto de herencia en vida.
Con el Iberá, el norteamericano intentará replicar la experiencia del Parque Nacional Monte León, inaugurado en 2004 en Santa Cruz, después de que efectuara una donación de 70 mil hectáreas sobre el litoral austral. Tompkins es, además, el extranjero que se manifiesta a favor del proyecto oficial de ley de tierras. Aunque dice que le falta claridad, lo valora como punto de partida para discutir el uso que se hace de los suelos en el país de la tierra infinita, la Argentina.
Fecha de Publicación: 08/10/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional - Corrientes
Negocia la donación con el Gobierno. Douglas Tompkins es cuestionado por la cantidad de recursos naturales que controla en Argentina. Ahora ofrece regalar 150 mil ha en los Esteros del Iberá para hacer la mayor área protegida del país.
Es el socio inesperado. Cinco años atrás, alrededor de su figura florecían acusaciones que hasta los mismos funcionarios del Gobierno Nacional, a voz alzada, se ocupaban de ratificar. Decían que el magnate ecologista Douglas Tompkins, dueño de miles de hectáreas en el Litoral y en la Patagonia, venía por los recursos naturales, el agua y el futuro; que ya se había apropiado de medio Chile y que su nuevo objetivo era el Acuífero Guaraní. Por ejemplo, siendo Secretario de Tierras de Néstor Kirchner, Luis Delía irrumpió una mañana en una de sus estancias correntinas, cortó los alambrados con una tenaza y anunció que el norteamericano sería expropiado porque la tierra debe ser de los argentinos y nunca de un “gringo imperialista”. Eso dijo, pero nada, finalmente, sucedió.
Ahora, a través de una alianza con Tompkins, el Gobierno Nacional trabaja para crear el área protegida más grande del país en los Esteros del Iberá: un parque nacional de más de un millón de hectáreas en el norte de Corrientes, habitado por yacarés, carpinchos y aves de mil formas; una postal de confín, con matices de sabana africana. El proceso fue confirmado a Clarín por el mismo Tompkins y por fuentes del ministerio de Turismo de la Nación. El estadounidense lo expresó sin vueltas: “Estamos haciendo la donación de tierras más grande de la historia”, dijo. En el norte de Corrientes, según datos del sector inmobiliario, la hectárea no baja de los 1.500 dólares, por lo tanto el norteamericano está ofreciendo un territorio cuyo valor alcanza los 180 millones de dólares.
Las conversaciones entre Gobierno y Conservation Land Trust (CLT), la fundación del terrateniente ecologista, comenzaron hace más de un año y medio. Pero se aceleraron en mayo cuando, mediante una carta de intención, Tompkins ofreció al ministro Enrique Meyer donar las cuatro estancias que posee en la zona. Se tratan de 150 mil hectáreas clave. Desde ellas es posible controlar la totalidad de los Esteros del Iberá, el segundo humedal más grande de Latinoamérica.
Pero el proyecto viene con controversias: para crear el parque, además de la tierra de Tompkins, se necesita que el gobierno correntino ceda a la Nación más de 700 mil hectáreas fiscales, hoy protegidas bajo la categoría de Reserva Provincial. En ese punto está la traba, porque la creación de la mega área natural chocaría con los intereses de los productores agropecuarios de la región, que necesitan el agua para sus cosechas. El gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, sostiene que por ahora no será viable la cesión de tierras, pero como su mandato vence en menos de dos años, en el Gobierno Nacional especulan con que el parque se concretará en 2013.
Ni el Gobierno ni Tompkins parecen tener apuro. Mientras el tiempo pasa, las conversaciones continúan y el Iberá, a fuerza de promoción turística, no para de recibir visitantes. La calma de Colonia Carlos Pellegrini, pueblo lindante con uno de los campos del norteamericano, en el corazón del estero, ahora se ve alterada por la cantidad de turistas foráneos que llega hasta el lugar para realizar avistajes de fauna. Clarín fue testigo esta semana de lo que ocurre en ese sitio de naturaleza salvaje en el interior del país.
Desde que arribó en 1998, Tompkins y sus equipos vienen trabajando sobre la totalidad del área. En varias ocasiones fueron denunciados por el fundamentalismo con que se dedican a preservar recursos naturales y chocaron con estancieros de la zona por su militancia ambiental que consiste en oponerse a cualquier tipo de actividad extractiva que implique una degradación para el medio ambiente. Se ocupan, principalmente, de reintroducir especies en peligro de extinción. Ya lo hicieron con el oso hormiguero y con el venado de las pampas. Y apuestan ahora por el yaguareté, un felino que hace más de cien años dejó de verse por el pantano. Tompkins recibió a Clarín esta semana en su estancia Rincón del Socorro, donde vive 6 meses al año (el resto lo pasa en el Sur de Chile) y habló de sus intenciones. Seguidor del movimiento de la ecología profunda, basado en una excesiva compasión por la naturaleza, expresó que busca donar lo que posee porque sólo pretende crear áreas protegidas. Por si quedan dudas, sus dos hijas no heredarán tierra porque ya les hizo adelanto de herencia en vida.
Con el Iberá, el norteamericano intentará replicar la experiencia del Parque Nacional Monte León, inaugurado en 2004 en Santa Cruz, después de que efectuara una donación de 70 mil hectáreas sobre el litoral austral. Tompkins es, además, el extranjero que se manifiesta a favor del proyecto oficial de ley de tierras. Aunque dice que le falta claridad, lo valora como punto de partida para discutir el uso que se hace de los suelos en el país de la tierra infinita, la Argentina.
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