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Santiago: desalojo comunidad indígena Ayllu
18:38 | 
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Jueza ordena desalojo comunidad indígena en Santiago del Estero
Fecha de Publicación: 10/12/2012
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Santiago del Estero
En explícito incumplimiento de la ley nacional 26160 y su prórroga, ley 26554, la jueza María Cecilia Paskevicius, a cargo del Juzgado Civil y Comercial de 3º Nominación de Santiago del Estero, ordenó el desalojo de una familia del territorio de la comunidad indígena Ayllu de Tulúm Tulúm del Pueblo Diaguita Cacano.
Entre los argumentos para fundar la medida la jueza habría sostenido que ni el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ni el Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (ReTeCI), nunca habrían informado que se haya relevado la comunidad en el marco de la ley 26160; que no existiría tal comunidad y; que no serían 17 familias indígenas en el territorio sino solamente una.
En el mes de octubre del año 2011 el juez Federico Argibay Berdaguer, a cargo del Juzgado, había ordenado el desalojo de la familia Orellana del campo denominado Tulúm Tulúm en el Departamento Atamisqui, perteneciente al territorio del Ayllu Ashpa Nockayshpa Sapym Tulúm Tulúmanta (Ayllu de Tulúm Tulúm) del Pueblo Diaguita Cacano. Esta medida fue suspendida luego de que desde el INAI se informara al Juzgado de la existencia de una comunidad indígena a la cual pertenece la familia Orellana; en el mismo sentido informó el Comité de Emergencia perteneciente a la Dirección de Relaciones Institucionales dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero tras una inspección ocular solicitada por el mismo Juez. Como consecuencia de sendos informes y, en respeto a la vigencia de la Ley 26160, Argibay Berdaguer ordena la suspensión del desalojo y solicita al INAI se proceda a relevar el territorio de la comunidad. Dando cumplimiento a lo pedido por el Juzgado los días 15 y 16 de junio del corriente año se procedió al Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral del territorio de ocupación actual, tradicional y pública de la comunidad, constatando la existencia de la misma y, de la familia Orellana como parte del Ayllu. Esta información fue oportunamente enviada al INAI desde el Programa de Relevamiento Territorial para su notificación al Juzgado.
Este año, luego de un recambio de jueces, asume en el citado juzgado Paskevicius, quien procede a realizar personalmente una nueva inspección ocular, quien llega al lugar acompañada de la parte que solicita el desalojo. En esa ocasión fue recibida en el domicilio de los Orellana no sólo por miembros de la familia, sino también por el resto de la comunidad, a los cuales la jueza se dirigía cuando les hablaba como “supuesta comunidad indígena”.
Como parte de esta inspección la jueza visitó al comisionado municipal de Medellín, Julio Abdala, a quien le consultó si tenía conocimiento de la existencia de alguna comunidad indígena en el territorio, a lo cual Abdala respondió que “… cara de indios tienen, pero no son… son un grupo de vagos que no saben sembrar ni una planta de perejil en una maceta y no dejan trabajar a los que vienen a traer trabajo a la zona…”. Este Abdala, a quien la jueza tomó como informante clave, es el mismo a quien el 1 de junio de 2011 el Fisco de la provincia le remató, por incumplimiento fiscal, 400,00 hectáreas también pertenecientes al Ayllu de Tulum Tulúm que él se hallaba usurpando; el mismo que en el año 2007 salió como testigo a favor del empresario de origen cordobés Sbiglio en su intento por usurpar el territorio del Ayllu Puncu Atun, declarando que en el lugar no había familias viviendo y; es el mismo que hoy, niega el agua a las familias indígenas y campesinas que no aceptan dejar su tierra y trasladarse al pueblo de Medellín. Tal vez desconoce el comisionado que el propio pueblo de Medellín se encuentra dentro del territorio de la comunidad Ayllu Taa Ayllus Kuska y que la mitad de las familias que están radicadas en el pueblo pertenecen a la comunidad. Otro informante al que recurrió la jueza Paskevicius en su visita fue la Directora de la Escuela Nº 749 de Puesto del Rosario, Marcela Gómez, quien consultada al igual que Abdala habría respondido que “algo escuchó … pero es gente que se reúne en secreto …”. A pesar del secreto que la directora dice que esta comunidad guarda, no puede ocultar que obligada por la vigencia de la Ley tuvo que aceptar en el año 2010 la presencia de censistas indígenas en el Censo Nacional de Población y Vivienda; ni las gestiones que realizó en más de una oportunidad para acercar documentación de la comunidad necesaria para las becas indígenas. Sin embargo ante la jueza sólo habría expresado que “algo escuchó”.
El relevamiento del territorio del Ayllu de Tulúm Tulúm fue de conocimiento público a raiz de la detención del comunero Víctor Anchaval por parte de personal policial de la Seccional 20 de Villa Atamisqui producida el 14 de junio, un día antes de la realización del relevamiento ordenado por el juez Argibay Berdaguer en cumplimiento de la ley 26160. Al momento de la detención Anchaval fue interrogado por la policía sobre quienes serían los que vendrían al día siguiente a la comunidad y con qué propósito.
La ley 26160, y su prórroga, expresan en su artículo 1º “Declárase la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, …” y, en su artículo 2º “Suspéndase por el plazo de la emergencia declarada -23 de noviembre de 2013-, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el art. 1º”. Esta es la ley que la jueza Paskevicius se niega a cumplir, desestimando igualmente el resultado del relevamiento territorial realizado por el INAI así como el Informe del Comité de Emergencia que da cuenta de la existencia de la comunidad en el territorio.
El Pueblo Diaguita Cacano respetará la Ley 26160 y, en respeto de la Ley, no permitirá el desalojo de la familia Orellana del territorio del Ayllu, ni de ninguna otra familia. Es responsabilidad de la jueza Paskevicius lo que pueda ocurrir ante el intento de desalojo. Desde la Unión Solidaria de Comunidades (USC) del Pueblo Diaguita Cacano se ha puesto en conocimiento del INAI de esta situación generada desde una jueza de la provincia, que no sólo incumple con la Ley sino que además pone en grave riesgo los derechos y la integridad física de los miembros de la comunidad. Esta orden de desalojo sólo esta alentada por los intereses económicos de quienes pretenden deforestar El Alto, bosque sagrado del Pueblo Diaguita Cacano y, único cordón de bosque nativo, categorizado como I, Rojo, por la Ley de Bosques.
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Fecha de Publicación: 10/12/2012
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Santiago del Estero
En explícito incumplimiento de la ley nacional 26160 y su prórroga, ley 26554, la jueza María Cecilia Paskevicius, a cargo del Juzgado Civil y Comercial de 3º Nominación de Santiago del Estero, ordenó el desalojo de una familia del territorio de la comunidad indígena Ayllu de Tulúm Tulúm del Pueblo Diaguita Cacano.
Entre los argumentos para fundar la medida la jueza habría sostenido que ni el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ni el Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (ReTeCI), nunca habrían informado que se haya relevado la comunidad en el marco de la ley 26160; que no existiría tal comunidad y; que no serían 17 familias indígenas en el territorio sino solamente una.
En el mes de octubre del año 2011 el juez Federico Argibay Berdaguer, a cargo del Juzgado, había ordenado el desalojo de la familia Orellana del campo denominado Tulúm Tulúm en el Departamento Atamisqui, perteneciente al territorio del Ayllu Ashpa Nockayshpa Sapym Tulúm Tulúmanta (Ayllu de Tulúm Tulúm) del Pueblo Diaguita Cacano. Esta medida fue suspendida luego de que desde el INAI se informara al Juzgado de la existencia de una comunidad indígena a la cual pertenece la familia Orellana; en el mismo sentido informó el Comité de Emergencia perteneciente a la Dirección de Relaciones Institucionales dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero tras una inspección ocular solicitada por el mismo Juez. Como consecuencia de sendos informes y, en respeto a la vigencia de la Ley 26160, Argibay Berdaguer ordena la suspensión del desalojo y solicita al INAI se proceda a relevar el territorio de la comunidad. Dando cumplimiento a lo pedido por el Juzgado los días 15 y 16 de junio del corriente año se procedió al Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral del territorio de ocupación actual, tradicional y pública de la comunidad, constatando la existencia de la misma y, de la familia Orellana como parte del Ayllu. Esta información fue oportunamente enviada al INAI desde el Programa de Relevamiento Territorial para su notificación al Juzgado.
Este año, luego de un recambio de jueces, asume en el citado juzgado Paskevicius, quien procede a realizar personalmente una nueva inspección ocular, quien llega al lugar acompañada de la parte que solicita el desalojo. En esa ocasión fue recibida en el domicilio de los Orellana no sólo por miembros de la familia, sino también por el resto de la comunidad, a los cuales la jueza se dirigía cuando les hablaba como “supuesta comunidad indígena”.
Como parte de esta inspección la jueza visitó al comisionado municipal de Medellín, Julio Abdala, a quien le consultó si tenía conocimiento de la existencia de alguna comunidad indígena en el territorio, a lo cual Abdala respondió que “… cara de indios tienen, pero no son… son un grupo de vagos que no saben sembrar ni una planta de perejil en una maceta y no dejan trabajar a los que vienen a traer trabajo a la zona…”. Este Abdala, a quien la jueza tomó como informante clave, es el mismo a quien el 1 de junio de 2011 el Fisco de la provincia le remató, por incumplimiento fiscal, 400,00 hectáreas también pertenecientes al Ayllu de Tulum Tulúm que él se hallaba usurpando; el mismo que en el año 2007 salió como testigo a favor del empresario de origen cordobés Sbiglio en su intento por usurpar el territorio del Ayllu Puncu Atun, declarando que en el lugar no había familias viviendo y; es el mismo que hoy, niega el agua a las familias indígenas y campesinas que no aceptan dejar su tierra y trasladarse al pueblo de Medellín. Tal vez desconoce el comisionado que el propio pueblo de Medellín se encuentra dentro del territorio de la comunidad Ayllu Taa Ayllus Kuska y que la mitad de las familias que están radicadas en el pueblo pertenecen a la comunidad. Otro informante al que recurrió la jueza Paskevicius en su visita fue la Directora de la Escuela Nº 749 de Puesto del Rosario, Marcela Gómez, quien consultada al igual que Abdala habría respondido que “algo escuchó … pero es gente que se reúne en secreto …”. A pesar del secreto que la directora dice que esta comunidad guarda, no puede ocultar que obligada por la vigencia de la Ley tuvo que aceptar en el año 2010 la presencia de censistas indígenas en el Censo Nacional de Población y Vivienda; ni las gestiones que realizó en más de una oportunidad para acercar documentación de la comunidad necesaria para las becas indígenas. Sin embargo ante la jueza sólo habría expresado que “algo escuchó”.
El relevamiento del territorio del Ayllu de Tulúm Tulúm fue de conocimiento público a raiz de la detención del comunero Víctor Anchaval por parte de personal policial de la Seccional 20 de Villa Atamisqui producida el 14 de junio, un día antes de la realización del relevamiento ordenado por el juez Argibay Berdaguer en cumplimiento de la ley 26160. Al momento de la detención Anchaval fue interrogado por la policía sobre quienes serían los que vendrían al día siguiente a la comunidad y con qué propósito.
La ley 26160, y su prórroga, expresan en su artículo 1º “Declárase la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, …” y, en su artículo 2º “Suspéndase por el plazo de la emergencia declarada -23 de noviembre de 2013-, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el art. 1º”. Esta es la ley que la jueza Paskevicius se niega a cumplir, desestimando igualmente el resultado del relevamiento territorial realizado por el INAI así como el Informe del Comité de Emergencia que da cuenta de la existencia de la comunidad en el territorio.
El Pueblo Diaguita Cacano respetará la Ley 26160 y, en respeto de la Ley, no permitirá el desalojo de la familia Orellana del territorio del Ayllu, ni de ninguna otra familia. Es responsabilidad de la jueza Paskevicius lo que pueda ocurrir ante el intento de desalojo. Desde la Unión Solidaria de Comunidades (USC) del Pueblo Diaguita Cacano se ha puesto en conocimiento del INAI de esta situación generada desde una jueza de la provincia, que no sólo incumple con la Ley sino que además pone en grave riesgo los derechos y la integridad física de los miembros de la comunidad. Esta orden de desalojo sólo esta alentada por los intereses económicos de quienes pretenden deforestar El Alto, bosque sagrado del Pueblo Diaguita Cacano y, único cordón de bosque nativo, categorizado como I, Rojo, por la Ley de Bosques.
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Mapuches obtienen fallo favorable por sus tierras
Fallo judicial reconoce Derechos Mapuche frente a terrateniente
Fecha de Publicación: 22/11/2012
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Neuquén
La Justicia de Neuquén rechazó el desalojo de una comunidad Mapuche al reconocer que se trataba de posesión tradicional indígena y remarcó la supremacía de la legislación indígena sobre el derecho privado. La demanda había sido presentada por un ex juez de la dictadura militar.
La Justicia de Neuquén falló a favor de la Comunidad Mapuche Tuwun Kupalmeo Maliqueo, que había sido denunciada en 2009 por “usurpar” un territorio donde produce y vive desde tiempos inmemoriales. La sentencia es inédita en cuanto reconoce derechos sobre tierras de veranada (se utilizan sólo una parte del año) y porque aplica el derecho indígena, de mayor jerarquía, por sobre el Código Civil. La sentencia marca un antecedente importante para decenas de casos en el que empresarios cierran las veranadas de las comunidades indígenas. El terrateniente demandante es un ex juez de la dictadura militar señalado de colaboracionista.
Las tierras de veranada son las parcelas donde indígenas y campesinos llegan cada temporada de calor para que sus animales se alimenten. Es una práctica milenaria el permanecer en invierno en tierras bajas (campos de “invernada”) y migrar en primavera hacia la “veranada”, donde los animales aprovechan buenas pasturas y recobran fuerzas. Estos campos, y los caminos de arreos, son alambrados por empresarios que atentan contra la vida indígena y campesina.
En enero de 2009, la comunidad Tuwun Kupalmeo Maliqueo abrió la tranquera con la que un estanciero había cerrado el campo de veranada mapuche, 829 hectáreas en el departamento de Aluminé (paraje Litrán). Y se instaló en el lugar con sus animales, como todos los veranos. El estanciero, Pedro Duarte, demandó a la comunidad y solicitó como medida cautelar el desalojo. Exhibió un título de propiedad y negó la existencia de la comunidad. Automáticamente, desoyendo los derechos humanos de los pueblos indígenas, la entonces Jueza Ivonne San Martín hizo lugar a la medida cautelar y procedió al desalojo.
Pedro Laurentino Duarte asumió como juez federal de Neuquén en marzo de 1976. En la zona es conocido por sus sistemáticos rechazos a los habeas corpus presentados por familiares de desaparecidos. Los organismos de derechos humanos lo sindican como “colaborador” de la dictadura militar. Gracias a esas influencias, se hizo de las tierras mapuches. Duarte renunció en 1984 luego de una denuncia de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de Neuquén.
El 9 de noviembre pasado, la jueza de 1° Instancia de Zapala, Gloria Martina, rechazó el interdicto de recobrar la posesión interpuesto por Duarte y dio un paso más al remarcar la prevalencia del derecho indígena (Convenio 169 de la OIT, Constitución Nacional, Constitución de Neuquén -artículo 53-) y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Concluyo en que la posesión ejercida por los demandados (la comunidad mapuche) merece la protección supralegalmente otorgada a la ocupación de territorios por las comunidades indígenas (…) Debiendo considerarse la ocupación tradicional indígena es preexistente al Estado (…) Confrontado el título exhibido por el actor (Duarte) con el ostentado por los demandados, surge demostrado que el de éstos últimos (la comunidad) posee relevancia superior por resultar anterior en el tiempo y por ende preferido en derecho”, explica la sentencia.
También afirma que no es necesario personería jurídica o estar inscrito en algún ámbito estatal para ser reconocida como comunidad, recuerda la vigencia de la Ley 26.160 (suspende los desalojos) y –declarando inoponible frente a la Comunidad la tardanza del Estado en su aplicación– reconoció la legitimidad de la posesión indígena de esas tierras, los derechos mapuches sobre el inmueble y llamó “a la reflexión” a Duarte “respecto a las desafortunadas expresiones -francamente hostiles- vertidas contra la comunidad y especialmente al juicio de disvalor efectuado por su parte en torno al modo de actuación y costumbres de los mismos”. Duarte incluso había cuestionado la instalación de “una bandera extranjera (mapuche)” en el territorio. La jueza le recuerda que “más del 60 por ciento de la población argentina es descendiente de algún pueblo indígena” y lo insta a Duarte a “internalizar el nuevo paradigma de inclusión y respeto a la diversidad étnica y cultural”.
“No cabe sino concluir en la legitimidad de la posesión ejercida por la comunidad mapuche sostenida en el reconocimiento ínsito en las normas internacionales y en el mandato operativo, categórico e inequívoco de la Constitución Nacional que establece que toda ocupación tradicional de una comunidad indígena debe juzgarse como posesión comunitaria, mereciendo recalcarse que la posesión comunitaria no es la individual del Código Civil enarbolada por el denunciante (Duarte), sino la común -de rango constitucional, supremo- derivada de la sencilla razón de preexistir al Estado”, sentencia la jueza de Zapala.
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Fecha de Publicación: 22/11/2012
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Neuquén
La Justicia de Neuquén rechazó el desalojo de una comunidad Mapuche al reconocer que se trataba de posesión tradicional indígena y remarcó la supremacía de la legislación indígena sobre el derecho privado. La demanda había sido presentada por un ex juez de la dictadura militar.La Justicia de Neuquén falló a favor de la Comunidad Mapuche Tuwun Kupalmeo Maliqueo, que había sido denunciada en 2009 por “usurpar” un territorio donde produce y vive desde tiempos inmemoriales. La sentencia es inédita en cuanto reconoce derechos sobre tierras de veranada (se utilizan sólo una parte del año) y porque aplica el derecho indígena, de mayor jerarquía, por sobre el Código Civil. La sentencia marca un antecedente importante para decenas de casos en el que empresarios cierran las veranadas de las comunidades indígenas. El terrateniente demandante es un ex juez de la dictadura militar señalado de colaboracionista.
Las tierras de veranada son las parcelas donde indígenas y campesinos llegan cada temporada de calor para que sus animales se alimenten. Es una práctica milenaria el permanecer en invierno en tierras bajas (campos de “invernada”) y migrar en primavera hacia la “veranada”, donde los animales aprovechan buenas pasturas y recobran fuerzas. Estos campos, y los caminos de arreos, son alambrados por empresarios que atentan contra la vida indígena y campesina.
En enero de 2009, la comunidad Tuwun Kupalmeo Maliqueo abrió la tranquera con la que un estanciero había cerrado el campo de veranada mapuche, 829 hectáreas en el departamento de Aluminé (paraje Litrán). Y se instaló en el lugar con sus animales, como todos los veranos. El estanciero, Pedro Duarte, demandó a la comunidad y solicitó como medida cautelar el desalojo. Exhibió un título de propiedad y negó la existencia de la comunidad. Automáticamente, desoyendo los derechos humanos de los pueblos indígenas, la entonces Jueza Ivonne San Martín hizo lugar a la medida cautelar y procedió al desalojo.
Pedro Laurentino Duarte asumió como juez federal de Neuquén en marzo de 1976. En la zona es conocido por sus sistemáticos rechazos a los habeas corpus presentados por familiares de desaparecidos. Los organismos de derechos humanos lo sindican como “colaborador” de la dictadura militar. Gracias a esas influencias, se hizo de las tierras mapuches. Duarte renunció en 1984 luego de una denuncia de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de Neuquén.
El 9 de noviembre pasado, la jueza de 1° Instancia de Zapala, Gloria Martina, rechazó el interdicto de recobrar la posesión interpuesto por Duarte y dio un paso más al remarcar la prevalencia del derecho indígena (Convenio 169 de la OIT, Constitución Nacional, Constitución de Neuquén -artículo 53-) y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Concluyo en que la posesión ejercida por los demandados (la comunidad mapuche) merece la protección supralegalmente otorgada a la ocupación de territorios por las comunidades indígenas (…) Debiendo considerarse la ocupación tradicional indígena es preexistente al Estado (…) Confrontado el título exhibido por el actor (Duarte) con el ostentado por los demandados, surge demostrado que el de éstos últimos (la comunidad) posee relevancia superior por resultar anterior en el tiempo y por ende preferido en derecho”, explica la sentencia.
También afirma que no es necesario personería jurídica o estar inscrito en algún ámbito estatal para ser reconocida como comunidad, recuerda la vigencia de la Ley 26.160 (suspende los desalojos) y –declarando inoponible frente a la Comunidad la tardanza del Estado en su aplicación– reconoció la legitimidad de la posesión indígena de esas tierras, los derechos mapuches sobre el inmueble y llamó “a la reflexión” a Duarte “respecto a las desafortunadas expresiones -francamente hostiles- vertidas contra la comunidad y especialmente al juicio de disvalor efectuado por su parte en torno al modo de actuación y costumbres de los mismos”. Duarte incluso había cuestionado la instalación de “una bandera extranjera (mapuche)” en el territorio. La jueza le recuerda que “más del 60 por ciento de la población argentina es descendiente de algún pueblo indígena” y lo insta a Duarte a “internalizar el nuevo paradigma de inclusión y respeto a la diversidad étnica y cultural”.
“No cabe sino concluir en la legitimidad de la posesión ejercida por la comunidad mapuche sostenida en el reconocimiento ínsito en las normas internacionales y en el mandato operativo, categórico e inequívoco de la Constitución Nacional que establece que toda ocupación tradicional de una comunidad indígena debe juzgarse como posesión comunitaria, mereciendo recalcarse que la posesión comunitaria no es la individual del Código Civil enarbolada por el denunciante (Duarte), sino la común -de rango constitucional, supremo- derivada de la sencilla razón de preexistir al Estado”, sentencia la jueza de Zapala.
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Soja: contaminación, usurpación, represión y muertes
Soja: contaminación, usurpación, represión y muertes
Fecha de Publicación: 26/10/2012
Fuente: RadioProvincia
Provincia/Región: Santiago del Estero
Radio Provincia elaboró un informe sobre los violentos desalojos que sufren campesinos e indígenas por parte de sojeros con aval político y judicial.
Radio Provincia realizó un informe especial sobre la situación que atraviesan campesinos y comunidades originarias, víctimas de la represión de grupos empresarios que quieren expandir el negocio sojero. Estos sectores de fuerte poder económico cuentan con aval político y judicial y, para apoderarse de tierras ocupadas ancestralmente, no dudan en asesinar a sus pobladores.
La última víctima fue Miguel Galván. Se trata de un campesino de 40 años que fue asesinado por un “sicario”. El crimen sucedió en el paraje El Simbol, en Santiago del Estero, al límite con Salta. El presunto autor del crimen, Paulino Patrón, está prófugo pero, mientras tanto, la empresa que ocupó el territorio de la familia Galván, sigue alambrando los campos.
Este hecho se produjo a poco de cumplirse un año de la muerte de Cristian Ferreyra, un militante del MOCASE. Antes, corrieron la misma suerte Sandra Juárez, Javier Chocobar y Roberto López.
Organizaciones de todo el país exigen que el Congreso debata la llamada “Ley Cristian Ferreyra”, que tiene como objetivo frenar los desalojos rurales y la violencia ejercida por empresarios terratenientes, hacia los campesinos e indígenas que defienden sus territorios.
Brindaron su testimonio para el informe el periodista Darío Aranda; el Secretario de Tierras del Mocase Paulo Aranda; y Deolinda Carrizo, integrante del MOCASE y protagonismo en las audiencias que se realizaron en el Congreso para debatir el proyecto de ley.
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Fecha de Publicación: 26/10/2012
Fuente: RadioProvincia
Provincia/Región: Santiago del Estero
Radio Provincia elaboró un informe sobre los violentos desalojos que sufren campesinos e indígenas por parte de sojeros con aval político y judicial. Radio Provincia realizó un informe especial sobre la situación que atraviesan campesinos y comunidades originarias, víctimas de la represión de grupos empresarios que quieren expandir el negocio sojero. Estos sectores de fuerte poder económico cuentan con aval político y judicial y, para apoderarse de tierras ocupadas ancestralmente, no dudan en asesinar a sus pobladores.
La última víctima fue Miguel Galván. Se trata de un campesino de 40 años que fue asesinado por un “sicario”. El crimen sucedió en el paraje El Simbol, en Santiago del Estero, al límite con Salta. El presunto autor del crimen, Paulino Patrón, está prófugo pero, mientras tanto, la empresa que ocupó el territorio de la familia Galván, sigue alambrando los campos.
Este hecho se produjo a poco de cumplirse un año de la muerte de Cristian Ferreyra, un militante del MOCASE. Antes, corrieron la misma suerte Sandra Juárez, Javier Chocobar y Roberto López.
Organizaciones de todo el país exigen que el Congreso debata la llamada “Ley Cristian Ferreyra”, que tiene como objetivo frenar los desalojos rurales y la violencia ejercida por empresarios terratenientes, hacia los campesinos e indígenas que defienden sus territorios.
Brindaron su testimonio para el informe el periodista Darío Aranda; el Secretario de Tierras del Mocase Paulo Aranda; y Deolinda Carrizo, integrante del MOCASE y protagonismo en las audiencias que se realizaron en el Congreso para debatir el proyecto de ley.
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Reclamaron por el proyecto de “emergencia territorial”
En defensa de los campesinos
Fecha de Publicación: 17/10/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional - Santiago del Estero
Legisladores del oficialismo y dirigentes del Movimiento Nacional Campesino Indígena reclamaron el tratamiento de un proyecto, presentado hace un año, que declara la “emergencia territorial” en posesiones de agricultores familiares.
El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) junto con legisladores del Frente para la Victoria (FpV) pidieron ayer avanzar con un proyecto de ley para frenar los desalojos de las comunidades campesinas, producto del modelo de agronegocios que se extiende en varias provincias. El escrito –que fue elaborado por diversas organizaciones campesinas y presentado el año pasado por el diputado Edgardo Depetri– declara “la emergencia territorial por el término de cinco años en materia de posesión y propiedad sobre las tierras rurales que ocupan los pequeños productores agropecuarios, las familias campesinas o los agricultores familiares”. También solicita “la suspensión de desalojos por cinco años (incluso la suspensión de ejecución de sentencias y actos administrativos que persigan ese fin) e insta en los tres primeros a realizar un relevamiento de posesión y uso de tierras”. En el anexo de la Cámara baja, los diputados también repudiaron el asesinato del campesino indígena Miguel Galván, miembro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina (Mocase-VC), ocurrido el miércoles pasado en el límite de las provincias de Salta y Santiago del Estero, cuando defendía la posesión de sus tierras ante empresarios agropecuarios en la zona.
La iniciativa considera pequeños productores agropecuarios, comunidades campesinas y agricultores familiares “a todas aquellas personas que de manera individual, colectiva o comunitaria lleven adelante actividades productivas en el medio rural, desarrollando actividades agropecuarias de manera directa, siendo la mayor parte de la fuerza de trabajo aportada por los miembros de la familia”. En ese sentido, hace referencia a las familias campesinas que “son desalojadas y desapropiadas de sus pertenencias”, a quienes se impide “el efectivo acceso a la Justicia”.
Además, el proyecto prevé “la creación de un Registro Nacional de Relevamiento de Tierras Rurales –en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca– que tendrá como finalidad determinar la situación real existente con relación a la ocupación y posesión de tierras, con la especificación de los datos catastrales y registrales vigentes y las condiciones socioambientales de los ocupantes, a los fines de establecer una política nacional de saneamiento de títulos”. Este relevamiento contará con la colaboración de las comunidades campesinas y agricultores familiares, quienes recabarán información que hace a la problemática de la tierra y que refiere “a la superficie afectada, a la situación jurídica, a la cantidad de familias afectadas y a los bienes territoriales existentes: agua, bosques, suelo”. El año pasado, un estudio realizado por la cartera de Agricultura nacional arrojó que 63.843 familias se encuentran afectadas en la actualidad por la problemática de la tierra en Argentina.
En diálogo con Página/12, Depetri dijo que “hay que habilitar el debate sobre el uso de la tierra y la propiedad, para seguir fortaleciendo las instituciones de participación popular”. “La dificultad está en que los pequeños productores no están representados y a veces estas decisiones, con conflictos de por medio, las toman los gobiernos provinciales en representación con la Sociedad Rural, que terminan beneficiando a los sectores sojeros”, añadió.
“Este año, la Cámara de Diputados deberá tratar y aprobar esta propuesta, que tiene estado parlamentario y que fue elaborada por varias organizaciones para frenar los desalojos, pero también con la idea de que los sujetos crezcan a partir de la producción de alimentos. Para ello, invitamos a todos los bloques, oficialistas y opositores, a fortalecer el trabajo colectivo en consonancia con los pequeños agricultores”, agregó.
A su turno, el diputado Leonardo Grosso sostuvo que “esta ley debe ser una herramienta que incorporen los municipios y los gobiernos provinciales, para dar respuestas concretas a los desalojos y así no lamentar una muerte más, de aquellos campesinos que defienden sus tierras ancestrales frente a los poderosos empresarios del agronegocio y a los funcionarios que los protegen”. Del acto también participó el subsecretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico.
En tanto, Mirta Salto, madre de Cristian Ferreyra –asesinado el 16 de noviembre pasado en Santiago del Estero por hombres que trabajaban a las órdenes de un empresario sojero–, expresó entre lágrimas que “no tiene que haber un muerto más por la tierra”. “Le pido a la presidenta Cristina Fernández que apruebe con urgencia esta ley para que no haya más desalojos seguidos de muerte. Hay madres que hoy tienen a sus hijos y no saben si mañana podrán volver a verlos”, agregó. Deolinda Carrizo, del Mocase-VC, responsabilizó al “gobierno de Santiago del Estero por las muertes que causa en su comunidad el agronegocio” y, además, exigió que “desarmen las patotas armadas que hoy hostigan a las familias santiagueñas para expulsarlas de su territorio y apoderarse de las tierras que ancestralmente les pertenecen”.
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Fecha de Publicación: 17/10/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional - Santiago del Estero
Legisladores del oficialismo y dirigentes del Movimiento Nacional Campesino Indígena reclamaron el tratamiento de un proyecto, presentado hace un año, que declara la “emergencia territorial” en posesiones de agricultores familiares.
El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) junto con legisladores del Frente para la Victoria (FpV) pidieron ayer avanzar con un proyecto de ley para frenar los desalojos de las comunidades campesinas, producto del modelo de agronegocios que se extiende en varias provincias. El escrito –que fue elaborado por diversas organizaciones campesinas y presentado el año pasado por el diputado Edgardo Depetri– declara “la emergencia territorial por el término de cinco años en materia de posesión y propiedad sobre las tierras rurales que ocupan los pequeños productores agropecuarios, las familias campesinas o los agricultores familiares”. También solicita “la suspensión de desalojos por cinco años (incluso la suspensión de ejecución de sentencias y actos administrativos que persigan ese fin) e insta en los tres primeros a realizar un relevamiento de posesión y uso de tierras”. En el anexo de la Cámara baja, los diputados también repudiaron el asesinato del campesino indígena Miguel Galván, miembro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina (Mocase-VC), ocurrido el miércoles pasado en el límite de las provincias de Salta y Santiago del Estero, cuando defendía la posesión de sus tierras ante empresarios agropecuarios en la zona.
La iniciativa considera pequeños productores agropecuarios, comunidades campesinas y agricultores familiares “a todas aquellas personas que de manera individual, colectiva o comunitaria lleven adelante actividades productivas en el medio rural, desarrollando actividades agropecuarias de manera directa, siendo la mayor parte de la fuerza de trabajo aportada por los miembros de la familia”. En ese sentido, hace referencia a las familias campesinas que “son desalojadas y desapropiadas de sus pertenencias”, a quienes se impide “el efectivo acceso a la Justicia”.
Además, el proyecto prevé “la creación de un Registro Nacional de Relevamiento de Tierras Rurales –en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca– que tendrá como finalidad determinar la situación real existente con relación a la ocupación y posesión de tierras, con la especificación de los datos catastrales y registrales vigentes y las condiciones socioambientales de los ocupantes, a los fines de establecer una política nacional de saneamiento de títulos”. Este relevamiento contará con la colaboración de las comunidades campesinas y agricultores familiares, quienes recabarán información que hace a la problemática de la tierra y que refiere “a la superficie afectada, a la situación jurídica, a la cantidad de familias afectadas y a los bienes territoriales existentes: agua, bosques, suelo”. El año pasado, un estudio realizado por la cartera de Agricultura nacional arrojó que 63.843 familias se encuentran afectadas en la actualidad por la problemática de la tierra en Argentina.
En diálogo con Página/12, Depetri dijo que “hay que habilitar el debate sobre el uso de la tierra y la propiedad, para seguir fortaleciendo las instituciones de participación popular”. “La dificultad está en que los pequeños productores no están representados y a veces estas decisiones, con conflictos de por medio, las toman los gobiernos provinciales en representación con la Sociedad Rural, que terminan beneficiando a los sectores sojeros”, añadió.
“Este año, la Cámara de Diputados deberá tratar y aprobar esta propuesta, que tiene estado parlamentario y que fue elaborada por varias organizaciones para frenar los desalojos, pero también con la idea de que los sujetos crezcan a partir de la producción de alimentos. Para ello, invitamos a todos los bloques, oficialistas y opositores, a fortalecer el trabajo colectivo en consonancia con los pequeños agricultores”, agregó.
A su turno, el diputado Leonardo Grosso sostuvo que “esta ley debe ser una herramienta que incorporen los municipios y los gobiernos provinciales, para dar respuestas concretas a los desalojos y así no lamentar una muerte más, de aquellos campesinos que defienden sus tierras ancestrales frente a los poderosos empresarios del agronegocio y a los funcionarios que los protegen”. Del acto también participó el subsecretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico.
En tanto, Mirta Salto, madre de Cristian Ferreyra –asesinado el 16 de noviembre pasado en Santiago del Estero por hombres que trabajaban a las órdenes de un empresario sojero–, expresó entre lágrimas que “no tiene que haber un muerto más por la tierra”. “Le pido a la presidenta Cristina Fernández que apruebe con urgencia esta ley para que no haya más desalojos seguidos de muerte. Hay madres que hoy tienen a sus hijos y no saben si mañana podrán volver a verlos”, agregó. Deolinda Carrizo, del Mocase-VC, responsabilizó al “gobierno de Santiago del Estero por las muertes que causa en su comunidad el agronegocio” y, además, exigió que “desarmen las patotas armadas que hoy hostigan a las familias santiagueñas para expulsarlas de su territorio y apoderarse de las tierras que ancestralmente les pertenecen”.
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Santiago del Estero y el abuso a campesinos
Denuncias de violencia contra campesinos
Fecha de Publicación: 16/10/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Santiago del Estero
En Santiago del Estero, el crimen de Galván fue una nueva etapa de una escalada originada por la extensión de la frontera agrícola. Organizaciones rurales reclaman al gobierno provincial que cumpla con la regularización de tierras.
El asesinato el miércoles pasado del campesino indígena Miguel Galván descubrió una vez más la escalada de violencia que sufren las comunidades campesinas e indígenas de Santiago del Estero. Represión, amenazas, desalojos, causas armadas, detenciones arbitrarias, golpizas e intentos de homicidio son sólo algunas de las prácticas de amedrentamiento utilizadas por empresarios en complicidad con jueces y policías provinciales. El problema, aseguran desde las organizaciones sociales, ha recrudecido principalmente en el norte de la provincia, donde tierras que no resultaban productivas para la siembra cobraron valor con la llegada de los agroquímicos y el boom de la soja. Desde el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) exigen que el gobierno local aplique una política de inversión para los pequeños productores y que cumpla con los programas de regularización de la posesión de tierras.
Galván, campesino del pueblo indígena lule-vilela, de 40 años, murió el miércoles tras ser apuñalado en la yugular por un hombre que responde a un empresario agropecuario salteño. El ataque se produjo en el paraje Simbol, del departamento de Copo, el mismo donde fuera asesinado hace menos de once meses el campesino indígena Cristian Ferreyra –también en el marco de su lucha en defensa de la tierra–, y tuvo lugar a pesar de que la familia de Galván había denunciado en varias oportunidades amenazas de muerte, intentos de desalojo y golpizas por parte de grupos armados que intentaban echarlos de su comunidad.
“Era una muerte anunciada. Hace rato que los movimientos campesinos denunciamos que esto pasaría otra vez. El gobernador Gerardo Zamora y el Poder Judicial de la provincia son los responsables de las condiciones de violencia e indefensión en que se encuentran las comunidades rurales e indígenas. Siguen privilegiando la producción de soja por sobre los derechos de los campesinos que llevamos generaciones trabajando la tierra”, denunció Roger Almaraz, vocero del Mocase. En el caso de Galván, cuenta, ya habían intervenido el Comité de Emergencia, que depende de la gobernación y, por lo tanto, el crimen “debía haberse evitado”.
El problema viene desde los ’90, describe Almaraz. “Los empresarios codiciaban las tierras de los campesinos para la tala de bosques y la producción de ganado. Sin embargo, fue el corrimiento de la frontera agropecuaria lo que hizo que el problema tomara esta magnitud, porque los campos de los distritos del norte, antes ignorados, cobraron valor para la siembra de soja. Los empresarios echan a familias que vivieron y trabajaron en esos parajes por generaciones con total impunidad.”
Según cifras del Ministerio de Agricultura, en la primera década del siglo la superficie de cultivo de soja se cuadruplicó en la provincia, hasta llegar a una producción anual de 2.467.800 toneladas en 2010. “La cifra va a ir en aumento si se considera que el Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) prevé ganar aún más espacio para la soja, es decir, más desalojos y desmontes”, intuye el vocero del Mocase.
La organización denuncia que, en la actualidad, “el empresario utiliza 4 o 5 años la tierra, hasta que pierde sus virtudes, y luego la vende. Así extinguen nuestro hábitat y nos obligan a migrar a las villas de las ciudades, como la que se comenzó a formar en Monte Quemado (distrito de Copo)”. El Mocase exige, en ese sentido, que “el gobernador Gerardo Zamora articule un programa de producción para el crecimiento del sector, que permita que el monte sea preservado y que las 25 mil familias campesinas indígenas conserven su fuente de vida y su identidad”.
En Santiago del Estero las comunidades rurales representan, según la organización, entre el 35 y el 39 por ciento de los 896.461 habitantes que registró el censo de 2010 en la provincia. La mayor parte de las familias no posee títulos de propiedad, pero ha trabajado y vivido en esos campos por más de veinte años, plazo suficiente para ser considerados poseedores según la llamada “ley veinteñal”. Como pocos campesinos conocen o tienen los recursos para iniciar los trámites requeridos, la tarea de financiar e informar está en manos de un Registro de Poseedores creado en 2007. Sin embargo, “como el gobernador, que hace apenas un año prometía que duplicaría el equipo de trabajo para acelerar los trámites, no otorga el subsidio desde marzo, el organismo no funciona”, acusa el movimiento.
Las luchas por conservar la tierra, en tanto, están a la orden del día. El Comité de Emergencia dependiente de la gobernación ha contabilizado desde 2008 más de 400 casos de comunidades rurales en conflicto, aunque desde las entidades civiles se estima que la mayoría de los desplazamientos quedan invisibilizados porque las comunidades que desconocen sus derechos permiten que se las expulse sin defenderse. Cuando, en cambio, hay resistencia, profundiza Almaraz, los empresarios apelan a “la violencia de bandas armadas o a la criminalización de la legítima defensa, a través de falsas imputaciones por los delitos de usurpación, amenazas, resistencia a la autoridad, desobediencia, daños y hurto forestal. Utilizan como quieren a la policía provincial y al Poder Judicial”.
El asesinato de Ferreyra, el 16 de noviembre de 2011, evidenció la gravedad de los conflictos en la zona. El Comité de Emergencia había alertado de la presencia de una banda armada en el Paraje San Antonio, distrito de Copo, que intentaba realizar el desmonte de un bosque nativo en tierras comunitarias. También lo había hecho el Mocase-Vía Campesina (VC), sin respuesta del gobierno. A once meses, “el atropello no ha cambiado: se meten en nuestras tierras, nos amenazan –entre otros a los familiares del joven Ferreyra, de 23 años, muerto– y tratan de echarnos mientras achican nuestro territorio”, explica a este diario Ricardo Cuéllar, representante del Mocase-VC. El 1º de julio, por ejemplo, Sixto Ruiz, un campesino también del distrito de Copo, fue baleado en su estancia por un grupo armado de alambradores que intentaba echarlo de su tierra. La bala le atravesó el pecho a un centímetro del corazón. Ruiz sobrevivió.
No fue el único caso que casi termina en tragedia. El 19 de diciembre de 2011, Néstor Palacios “recibió un disparo cuando defendía los territorios de su comunidad frente al avance de los alambradores custodiados por una banda armada”, acusó el Mocase-VC.
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Fecha de Publicación: 16/10/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Santiago del Estero
En Santiago del Estero, el crimen de Galván fue una nueva etapa de una escalada originada por la extensión de la frontera agrícola. Organizaciones rurales reclaman al gobierno provincial que cumpla con la regularización de tierras.
El asesinato el miércoles pasado del campesino indígena Miguel Galván descubrió una vez más la escalada de violencia que sufren las comunidades campesinas e indígenas de Santiago del Estero. Represión, amenazas, desalojos, causas armadas, detenciones arbitrarias, golpizas e intentos de homicidio son sólo algunas de las prácticas de amedrentamiento utilizadas por empresarios en complicidad con jueces y policías provinciales. El problema, aseguran desde las organizaciones sociales, ha recrudecido principalmente en el norte de la provincia, donde tierras que no resultaban productivas para la siembra cobraron valor con la llegada de los agroquímicos y el boom de la soja. Desde el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) exigen que el gobierno local aplique una política de inversión para los pequeños productores y que cumpla con los programas de regularización de la posesión de tierras.
Galván, campesino del pueblo indígena lule-vilela, de 40 años, murió el miércoles tras ser apuñalado en la yugular por un hombre que responde a un empresario agropecuario salteño. El ataque se produjo en el paraje Simbol, del departamento de Copo, el mismo donde fuera asesinado hace menos de once meses el campesino indígena Cristian Ferreyra –también en el marco de su lucha en defensa de la tierra–, y tuvo lugar a pesar de que la familia de Galván había denunciado en varias oportunidades amenazas de muerte, intentos de desalojo y golpizas por parte de grupos armados que intentaban echarlos de su comunidad.
“Era una muerte anunciada. Hace rato que los movimientos campesinos denunciamos que esto pasaría otra vez. El gobernador Gerardo Zamora y el Poder Judicial de la provincia son los responsables de las condiciones de violencia e indefensión en que se encuentran las comunidades rurales e indígenas. Siguen privilegiando la producción de soja por sobre los derechos de los campesinos que llevamos generaciones trabajando la tierra”, denunció Roger Almaraz, vocero del Mocase. En el caso de Galván, cuenta, ya habían intervenido el Comité de Emergencia, que depende de la gobernación y, por lo tanto, el crimen “debía haberse evitado”.
El problema viene desde los ’90, describe Almaraz. “Los empresarios codiciaban las tierras de los campesinos para la tala de bosques y la producción de ganado. Sin embargo, fue el corrimiento de la frontera agropecuaria lo que hizo que el problema tomara esta magnitud, porque los campos de los distritos del norte, antes ignorados, cobraron valor para la siembra de soja. Los empresarios echan a familias que vivieron y trabajaron en esos parajes por generaciones con total impunidad.”
Según cifras del Ministerio de Agricultura, en la primera década del siglo la superficie de cultivo de soja se cuadruplicó en la provincia, hasta llegar a una producción anual de 2.467.800 toneladas en 2010. “La cifra va a ir en aumento si se considera que el Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) prevé ganar aún más espacio para la soja, es decir, más desalojos y desmontes”, intuye el vocero del Mocase.
La organización denuncia que, en la actualidad, “el empresario utiliza 4 o 5 años la tierra, hasta que pierde sus virtudes, y luego la vende. Así extinguen nuestro hábitat y nos obligan a migrar a las villas de las ciudades, como la que se comenzó a formar en Monte Quemado (distrito de Copo)”. El Mocase exige, en ese sentido, que “el gobernador Gerardo Zamora articule un programa de producción para el crecimiento del sector, que permita que el monte sea preservado y que las 25 mil familias campesinas indígenas conserven su fuente de vida y su identidad”.
En Santiago del Estero las comunidades rurales representan, según la organización, entre el 35 y el 39 por ciento de los 896.461 habitantes que registró el censo de 2010 en la provincia. La mayor parte de las familias no posee títulos de propiedad, pero ha trabajado y vivido en esos campos por más de veinte años, plazo suficiente para ser considerados poseedores según la llamada “ley veinteñal”. Como pocos campesinos conocen o tienen los recursos para iniciar los trámites requeridos, la tarea de financiar e informar está en manos de un Registro de Poseedores creado en 2007. Sin embargo, “como el gobernador, que hace apenas un año prometía que duplicaría el equipo de trabajo para acelerar los trámites, no otorga el subsidio desde marzo, el organismo no funciona”, acusa el movimiento.
Las luchas por conservar la tierra, en tanto, están a la orden del día. El Comité de Emergencia dependiente de la gobernación ha contabilizado desde 2008 más de 400 casos de comunidades rurales en conflicto, aunque desde las entidades civiles se estima que la mayoría de los desplazamientos quedan invisibilizados porque las comunidades que desconocen sus derechos permiten que se las expulse sin defenderse. Cuando, en cambio, hay resistencia, profundiza Almaraz, los empresarios apelan a “la violencia de bandas armadas o a la criminalización de la legítima defensa, a través de falsas imputaciones por los delitos de usurpación, amenazas, resistencia a la autoridad, desobediencia, daños y hurto forestal. Utilizan como quieren a la policía provincial y al Poder Judicial”.
El asesinato de Ferreyra, el 16 de noviembre de 2011, evidenció la gravedad de los conflictos en la zona. El Comité de Emergencia había alertado de la presencia de una banda armada en el Paraje San Antonio, distrito de Copo, que intentaba realizar el desmonte de un bosque nativo en tierras comunitarias. También lo había hecho el Mocase-Vía Campesina (VC), sin respuesta del gobierno. A once meses, “el atropello no ha cambiado: se meten en nuestras tierras, nos amenazan –entre otros a los familiares del joven Ferreyra, de 23 años, muerto– y tratan de echarnos mientras achican nuestro territorio”, explica a este diario Ricardo Cuéllar, representante del Mocase-VC. El 1º de julio, por ejemplo, Sixto Ruiz, un campesino también del distrito de Copo, fue baleado en su estancia por un grupo armado de alambradores que intentaba echarlo de su tierra. La bala le atravesó el pecho a un centímetro del corazón. Ruiz sobrevivió.
No fue el único caso que casi termina en tragedia. El 19 de diciembre de 2011, Néstor Palacios “recibió un disparo cuando defendía los territorios de su comunidad frente al avance de los alambradores custodiados por una banda armada”, acusó el Mocase-VC.
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7,5 millones de hectáreas en manos extranjeras
Al menos 7,5 millones de hectáreas están en manos extranjeras
Fecha de Publicación: 05/10/2012
Fuente: La Voz
Provincia/Región: Nacional
Aún falta relevar cinco provincias para tener los datos definitivos. Especial incidencia en Salta, Mendoza y San Juan.
Unas 7,5 millones de hectáreas se encuentran en manos de extranjeros en todo el país, con especial incidencia en las provincias de Salta, Mendoza y San Juan, según un relevamiento llevado adelante por el Registro Nacional de Tierras Rurales.
El ministro de Justicia, Julio Alak, presentó los resultados del relevamiento catastral de tierras rurales, junto con la directora del Registro Nacional de Tierras Rurales, Florencia Gómez.
Gómez dijo que “cuando concluya el relevamiento seguramente van a ser más” las tierras en manos extranjeras, ya que aún faltan datos de “cinco provincias: Santiago del Estero, Chaco, La Rioja, Santa Cruz y Corrientes” para completar la sistematización de los datos.
La funcionaria agregó que “a nivel nacional, casi 7,5 millones de hectáreas fueron declaradas en manos de extranjeros y la mayor concentración está en Salta, seguida por Mendoza y San Juan”.
En cambio, la provincia con menor declaración de tierra en manos extranjeras es Tucumán, con un total de 59.000 hectáreas; mientras que Buenos Aires se encuentra entre las primeras con más de 500 mil hectáreas.
Gómez señaló que “en base a las declaraciones juradas, tierras totales estamos en 278 millones de hectáreas, eso sin tener en cuenta que todavía no hemos hecho la determinación de cuánta tierra rural hay”.
De esas 278 millones de hectáreas, un total de 7,49 millones fueron declaradas como propiedad extranjera y el 89,36 por ciento corresponde a personas jurídicas, de las cuales sólo 7 por ciento están inscriptas como extranjeras.
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Fecha de Publicación: 05/10/2012
Fuente: La Voz
Provincia/Región: Nacional
Aún falta relevar cinco provincias para tener los datos definitivos. Especial incidencia en Salta, Mendoza y San Juan.
Unas 7,5 millones de hectáreas se encuentran en manos de extranjeros en todo el país, con especial incidencia en las provincias de Salta, Mendoza y San Juan, según un relevamiento llevado adelante por el Registro Nacional de Tierras Rurales.
El ministro de Justicia, Julio Alak, presentó los resultados del relevamiento catastral de tierras rurales, junto con la directora del Registro Nacional de Tierras Rurales, Florencia Gómez.
Gómez dijo que “cuando concluya el relevamiento seguramente van a ser más” las tierras en manos extranjeras, ya que aún faltan datos de “cinco provincias: Santiago del Estero, Chaco, La Rioja, Santa Cruz y Corrientes” para completar la sistematización de los datos.
La funcionaria agregó que “a nivel nacional, casi 7,5 millones de hectáreas fueron declaradas en manos de extranjeros y la mayor concentración está en Salta, seguida por Mendoza y San Juan”.
En cambio, la provincia con menor declaración de tierra en manos extranjeras es Tucumán, con un total de 59.000 hectáreas; mientras que Buenos Aires se encuentra entre las primeras con más de 500 mil hectáreas.
Gómez señaló que “en base a las declaraciones juradas, tierras totales estamos en 278 millones de hectáreas, eso sin tener en cuenta que todavía no hemos hecho la determinación de cuánta tierra rural hay”.
De esas 278 millones de hectáreas, un total de 7,49 millones fueron declaradas como propiedad extranjera y el 89,36 por ciento corresponde a personas jurídicas, de las cuales sólo 7 por ciento están inscriptas como extranjeras.
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El Delta del Paraná en conflicto
Santa Fe exige que Entre Ríos cumpla los acuerdos ambientales
Fecha de Publicación: 01/02/2012
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe - Entre Ríos
La Secretaría de Medio Ambiente provincial elevó a Nación su preocupación por el tratamiento legislativo que Entre Ríos dio a los regímenes de uso del suelo en las islas que componen el Delta del Paraná, a través de la creación de una sociedad anónima. También pidió que garantice el cumplimiento de acuerdos ambientales celebrados entre ambas provincias y la de Buenos Aires, tendientes a la preservación y aprovechamiento sustentable del humedal.
A través de la ley 10.092, el gobierno entrerriano no sólo pretende implementar un nuevo sistema de explotación de las islas fiscales que representan unas 200 mil hectáreas de suelo inundable, sino que derogó una norma que prohibía allí la agricultura y las fumigaciones. Para rematar, la normativa echa por tierra cualquier otra reglamentación que atente contra el proyecto, que en definitiva es la privatización y la explotación agropecuaria de miles de lotes.
El secretario de Medio Ambiente provincial, César Mackler, elevó una nota a su par de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan José Mussi, para manifestarle su preocupación con relación a la ley 10.092, vigente desde hace un mes y sancionada sobre tablas, sin tratamiento previo y con la aprobación del oficialismo y la abstención de la oposición, que desconocía la iniciativa promovida desde la Gobernación.
Acuerdo interprovincial. En rigor, Mackler solicita que se garantice el cumplimiento del Programa Integral Estratégico de Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná (Piecas DP), surgido de una reunión celebrada en 2008 en Victoria.
En el encuentro se estableció, acta mediante, un acuerdo entre las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe para efectivizar un abordaje interjurisdiccional del Delta del Paraná, coordinados por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Mackler recordó que "desde 2008 se viene desarrollando un trabajo de integración que en 2011 se vio reflejado en un proceso de Evaluación Ambiental Estratégica, absolutamente innovador para la región".
Finalmente Mackler pide que se convoque a una reunión, en el marco del Piecas, para tomar conocimiento del tema en forma directa, y paralelamente bregar por el cumplimiento y desarrollo del este programa integral.
"Creemos vital sostener los avances de un proceso ejemplar, con una mirada federal. También profundizar el abordaje de un ecosistema que supera los límites de las provincias involucradas", concluyó Mackler.
Fecha de Publicación: 01/02/2012
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe - Entre Ríos
La Secretaría de Medio Ambiente provincial elevó a Nación su preocupación por el tratamiento legislativo que Entre Ríos dio a los regímenes de uso del suelo en las islas que componen el Delta del Paraná, a través de la creación de una sociedad anónima. También pidió que garantice el cumplimiento de acuerdos ambientales celebrados entre ambas provincias y la de Buenos Aires, tendientes a la preservación y aprovechamiento sustentable del humedal.
A través de la ley 10.092, el gobierno entrerriano no sólo pretende implementar un nuevo sistema de explotación de las islas fiscales que representan unas 200 mil hectáreas de suelo inundable, sino que derogó una norma que prohibía allí la agricultura y las fumigaciones. Para rematar, la normativa echa por tierra cualquier otra reglamentación que atente contra el proyecto, que en definitiva es la privatización y la explotación agropecuaria de miles de lotes.
El secretario de Medio Ambiente provincial, César Mackler, elevó una nota a su par de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan José Mussi, para manifestarle su preocupación con relación a la ley 10.092, vigente desde hace un mes y sancionada sobre tablas, sin tratamiento previo y con la aprobación del oficialismo y la abstención de la oposición, que desconocía la iniciativa promovida desde la Gobernación.
Acuerdo interprovincial. En rigor, Mackler solicita que se garantice el cumplimiento del Programa Integral Estratégico de Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná (Piecas DP), surgido de una reunión celebrada en 2008 en Victoria.
En el encuentro se estableció, acta mediante, un acuerdo entre las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe para efectivizar un abordaje interjurisdiccional del Delta del Paraná, coordinados por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Mackler recordó que "desde 2008 se viene desarrollando un trabajo de integración que en 2011 se vio reflejado en un proceso de Evaluación Ambiental Estratégica, absolutamente innovador para la región".
Finalmente Mackler pide que se convoque a una reunión, en el marco del Piecas, para tomar conocimiento del tema en forma directa, y paralelamente bregar por el cumplimiento y desarrollo del este programa integral.
"Creemos vital sostener los avances de un proceso ejemplar, con una mirada federal. También profundizar el abordaje de un ecosistema que supera los límites de las provincias involucradas", concluyó Mackler.
Sanción a la Ley de Tierras
Con límites para los extranjeros
Fecha de Publicación: 23/12/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Cristina Kirchner la había reclamado en la apertura de las sesiones ordinarias, pero recién se aprobó anoche. Tuvo un amplio apoyo: 62 votos a favor y la única oposición del salteño Romero. Reutemann habló a favor.
Fue la primera y única ley reclamada por la presidenta Cristina Fernández en la inauguración de las sesiones ordinarias, el 1º de marzo pasado. Ayer, en la última sesión del año, el Senado sancionó la medida que establece límites a la extranjerización de las tierras rurales. Entre otros puntos, la iniciativa fija un máximo del 15 por ciento para la posesión de tierras rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras, crea un Registro Nacional, un Consejo Interministerial de Tierras Rurales y dispone la realización de un relevamiento catastral nacional. Con unas pocas diferencias en particular, la medida fue acompañada por el arco opositor y obtuvo 62 votos a favor y sólo uno en contra, del peronista disidente salteño Juan Carlos Romero.
“Nos vamos con la satisfacción de coincidir con todos los bloques políticos en la defensa de los intereses nacionales y sociales. Estamos terminando este año en el Parlamento con la tranquilidad del deber cumplido. Sabemos que el mandato popular nos obliga a ser consecuentes con el proyecto político ratificado en las urnas”, concluyó cerca de las 10 de la noche el senador oficialista Juan Manuel Irrazabal.
El proyecto tampoco había generado mayores resistencias en Diputados, donde se sancionó la semana pasada con 153 votos a favor y 26 en contra. Luego de su aprobación en comisión fue llevado ayer al recinto, para culminar dos días de intensa actividad legislativa. El texto, de 19 artículos, establece el límite del 15 por ciento para que quede en manos de extranjeros, ya sea de personas físicas o jurídicas. A su vez, fija, dentro de ese límite, un tope del 30 por ciento para la titularidad de tierras en manos de personas de una misma nacionalidad. En cuanto a un mismo propietario, no se podrá superar las mil hectáreas “o superficie equivalente en la zona núcleo determinada por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales”.
Además, se crean dos organismos: el Registro Nacional de Tierras y el Consejo Interministerial, que funcionarán de autoridad de aplicación y llevarán adelante el relevamiento catastral, hasta ahora inexistente. También evaluarán las excepciones a las disposiciones generales de la ley. Respecto de las inversiones, se aclara que “no se entenderá como inversión la adquisición de tierras por tratarse de un recurso natural no renovable”. En uno de sus últimos artículos, la norma aclara que no afectará derechos adquiridos y que su vigencia será a partir del día posterior a la publicación en el Boletín Oficial.
La senadora kirchnerista Graciela De la Rosa, titular de la Comisión de Agricultura, expresó que el proyecto “es una clara respuesta que da la Presidencia en el marco de la situación global” y que “es la primera vez que la Argentina toma esta actitud que tiene que ver con su soberanía”.
A su turno, el radical jujeño Gerardo Morales anticipó el apoyo en general de su bloque y marcó diferencias en unos pocos artículos. Morales advirtió que “de la concentración viene la cuestión de la extranjerización de la tierra” y recordó que en la Asamblea Legislativa de marzo fue un diputado radical (Pablo Orsolini, integrante de la Federación Agraria) el que le reclamó a los gritos a la presidenta Cristina Kirchner la necesidad de impulsar un proyecto que limite la compra de tierras por parte de extranjeros. Entre las críticas, Morales cuestionó la falta de información nacional sobre la situación de extranjerización de la tierra, que varía entre el 3,5 y el 12 por ciento.
Desde el bloque del Frente Amplio Progresista, tanto Rubén Giustiniani como Jaime Linares pidieron la palabra para reivindicar la iniciativa, pero reclamar “una ley integral de uso y tenencia de la tierra que limite la concentración, garantice la protección de los recursos naturales y el desarrollo económico”. Sorpresivamente, el ex gobernador santafesino Carlos Reutemann leyó un breve texto para fundamentar su voto a favor. Sostuvo que se trata de “un gran avance” y remarcó que no afecta las atribuciones de las provincias.
El peronista federal Juan Carlos Romero, el único en votar negativamente, sostuvo que “casi 200 años después se defiende un arroyito, una laguna de la voracidad extranjera, cuando este país se hizo con los extranjeros y con los nativos”. “¿Qué hubiera pasado si los extranjeros no hubieran venido a Entre Ríos, a La Pampa, a la Patagonia? Este país se hizo así”, preguntó. Su compañera de bloque y comprovinciana, Sonia Escudero, disintió con el ex gobernador, aunque le criticó al oficialismo el “apuro” en el tratamiento.
Con la aprobación de esta ley, el Senado clausuró anoche sus sesiones extraordinarias, que incluyeron la aprobación de unas catorce iniciativas. El presidente de la Cámara, Amado Boudou, concluyó deseándoles felices fiestas a los senadores. “Nos vemos muy pronto”, remató.
Más Información:
- Info New - Sanción a la Ley de Tierras con apoyo contundente
- InfoBae - Sólo el 15 por ciento del territorio nacional podrá ser vendido a extranjeros
- Clarin - Es ley el límite a la compra de tierras por parte de extranjeros
Fecha de Publicación: 23/12/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Cristina Kirchner la había reclamado en la apertura de las sesiones ordinarias, pero recién se aprobó anoche. Tuvo un amplio apoyo: 62 votos a favor y la única oposición del salteño Romero. Reutemann habló a favor.
Fue la primera y única ley reclamada por la presidenta Cristina Fernández en la inauguración de las sesiones ordinarias, el 1º de marzo pasado. Ayer, en la última sesión del año, el Senado sancionó la medida que establece límites a la extranjerización de las tierras rurales. Entre otros puntos, la iniciativa fija un máximo del 15 por ciento para la posesión de tierras rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras, crea un Registro Nacional, un Consejo Interministerial de Tierras Rurales y dispone la realización de un relevamiento catastral nacional. Con unas pocas diferencias en particular, la medida fue acompañada por el arco opositor y obtuvo 62 votos a favor y sólo uno en contra, del peronista disidente salteño Juan Carlos Romero.
“Nos vamos con la satisfacción de coincidir con todos los bloques políticos en la defensa de los intereses nacionales y sociales. Estamos terminando este año en el Parlamento con la tranquilidad del deber cumplido. Sabemos que el mandato popular nos obliga a ser consecuentes con el proyecto político ratificado en las urnas”, concluyó cerca de las 10 de la noche el senador oficialista Juan Manuel Irrazabal.
El proyecto tampoco había generado mayores resistencias en Diputados, donde se sancionó la semana pasada con 153 votos a favor y 26 en contra. Luego de su aprobación en comisión fue llevado ayer al recinto, para culminar dos días de intensa actividad legislativa. El texto, de 19 artículos, establece el límite del 15 por ciento para que quede en manos de extranjeros, ya sea de personas físicas o jurídicas. A su vez, fija, dentro de ese límite, un tope del 30 por ciento para la titularidad de tierras en manos de personas de una misma nacionalidad. En cuanto a un mismo propietario, no se podrá superar las mil hectáreas “o superficie equivalente en la zona núcleo determinada por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales”.
Además, se crean dos organismos: el Registro Nacional de Tierras y el Consejo Interministerial, que funcionarán de autoridad de aplicación y llevarán adelante el relevamiento catastral, hasta ahora inexistente. También evaluarán las excepciones a las disposiciones generales de la ley. Respecto de las inversiones, se aclara que “no se entenderá como inversión la adquisición de tierras por tratarse de un recurso natural no renovable”. En uno de sus últimos artículos, la norma aclara que no afectará derechos adquiridos y que su vigencia será a partir del día posterior a la publicación en el Boletín Oficial.
La senadora kirchnerista Graciela De la Rosa, titular de la Comisión de Agricultura, expresó que el proyecto “es una clara respuesta que da la Presidencia en el marco de la situación global” y que “es la primera vez que la Argentina toma esta actitud que tiene que ver con su soberanía”.
A su turno, el radical jujeño Gerardo Morales anticipó el apoyo en general de su bloque y marcó diferencias en unos pocos artículos. Morales advirtió que “de la concentración viene la cuestión de la extranjerización de la tierra” y recordó que en la Asamblea Legislativa de marzo fue un diputado radical (Pablo Orsolini, integrante de la Federación Agraria) el que le reclamó a los gritos a la presidenta Cristina Kirchner la necesidad de impulsar un proyecto que limite la compra de tierras por parte de extranjeros. Entre las críticas, Morales cuestionó la falta de información nacional sobre la situación de extranjerización de la tierra, que varía entre el 3,5 y el 12 por ciento.
Desde el bloque del Frente Amplio Progresista, tanto Rubén Giustiniani como Jaime Linares pidieron la palabra para reivindicar la iniciativa, pero reclamar “una ley integral de uso y tenencia de la tierra que limite la concentración, garantice la protección de los recursos naturales y el desarrollo económico”. Sorpresivamente, el ex gobernador santafesino Carlos Reutemann leyó un breve texto para fundamentar su voto a favor. Sostuvo que se trata de “un gran avance” y remarcó que no afecta las atribuciones de las provincias.
El peronista federal Juan Carlos Romero, el único en votar negativamente, sostuvo que “casi 200 años después se defiende un arroyito, una laguna de la voracidad extranjera, cuando este país se hizo con los extranjeros y con los nativos”. “¿Qué hubiera pasado si los extranjeros no hubieran venido a Entre Ríos, a La Pampa, a la Patagonia? Este país se hizo así”, preguntó. Su compañera de bloque y comprovinciana, Sonia Escudero, disintió con el ex gobernador, aunque le criticó al oficialismo el “apuro” en el tratamiento.
Con la aprobación de esta ley, el Senado clausuró anoche sus sesiones extraordinarias, que incluyeron la aprobación de unas catorce iniciativas. El presidente de la Cámara, Amado Boudou, concluyó deseándoles felices fiestas a los senadores. “Nos vemos muy pronto”, remató.
Más Información:
- Info New - Sanción a la Ley de Tierras con apoyo contundente
- InfoBae - Sólo el 15 por ciento del territorio nacional podrá ser vendido a extranjeros
- Clarin - Es ley el límite a la compra de tierras por parte de extranjeros
Malvinas: quiere crear un área de conservación
Polémico avance británico en Malvinas: quiere crear un área de conservación natural
Fecha de Publicación: 07/12/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El diario londinense The Times reveló que pretende crear una zona de conservación marina en torno a las Georgias, pese a que está en disputa la soberanía con la Argentina
El Reino Unido quiere establecer una zona de conservación marina en torno a la isla Georgia del Sur, cercana a las Malvinas, algo que puede causar gran malestar en Argentina, que reclama estos territorios del Atlántico Sur desde 1833.
Así lo señala hoy el periódico "The Times" , que revela que se trata de crear un gran área de conservación estimada en un millón de kilómetros cuadrados alrededor de Georgia de Sur, donde la guerra entre el Reino Unido y Argentina empezó en 1982.
El objetivo es proteger el hábitat natural de pingüinos, morsas, focas, ballenas asesinas, elefantes marinos o el bacalao patagónico.
"Argentina, igual que el Reino Unido es firmante de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos de la Antártida, de modo que nos gustaría pensar que el interés común por la conservación pesará más que una disputa por la soberanía", dijo una fuente del Gobierno británico cuya identidad el diario no revela.
El diario publica la declaración de Ruperto Godoy, de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara argentina de Diputados, que afirmó que "Georgia del Sur es parte integral de nuestro territorio. El Reino Unido debe cumplir con el derecho internacional y devolverlas (por todas las islas) de manera pacífica".
Además de la Malvinas y Georgia del Sur, Buenos Aires reclama desde 1833 las islas Sandwich del Sur, también en el Atlántico Sur.
Se espera que la llamada Área de Protección Marina -que puede ser una de las más extensas del mundo- sea anunciada en los próximos días en Georgia del Sur, lo que permitirá establecer una estricta prohibición en la caza de ballenas, mientras que la pesca sólo será autorizada en áreas especialmente asignadas.
El problema que presenta el área es cómo vigilar las aguas debido a la enorme extensión que se quiere proteger, señala "The Times".
La zona de Georgia del Sur es rica en vida silvestre, como se ha podido ver en un educativo documental de la cadena BBC, denominado "Frozen Planet" (Planeta Congelado) y presentado por el prestigioso naturalista británico David Attenborough.
Fecha de Publicación: 07/12/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El diario londinense The Times reveló que pretende crear una zona de conservación marina en torno a las Georgias, pese a que está en disputa la soberanía con la Argentina
El Reino Unido quiere establecer una zona de conservación marina en torno a la isla Georgia del Sur, cercana a las Malvinas, algo que puede causar gran malestar en Argentina, que reclama estos territorios del Atlántico Sur desde 1833.
Así lo señala hoy el periódico "The Times" , que revela que se trata de crear un gran área de conservación estimada en un millón de kilómetros cuadrados alrededor de Georgia de Sur, donde la guerra entre el Reino Unido y Argentina empezó en 1982.
El objetivo es proteger el hábitat natural de pingüinos, morsas, focas, ballenas asesinas, elefantes marinos o el bacalao patagónico.
"Argentina, igual que el Reino Unido es firmante de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos de la Antártida, de modo que nos gustaría pensar que el interés común por la conservación pesará más que una disputa por la soberanía", dijo una fuente del Gobierno británico cuya identidad el diario no revela.
El diario publica la declaración de Ruperto Godoy, de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara argentina de Diputados, que afirmó que "Georgia del Sur es parte integral de nuestro territorio. El Reino Unido debe cumplir con el derecho internacional y devolverlas (por todas las islas) de manera pacífica".
Además de la Malvinas y Georgia del Sur, Buenos Aires reclama desde 1833 las islas Sandwich del Sur, también en el Atlántico Sur.
Se espera que la llamada Área de Protección Marina -que puede ser una de las más extensas del mundo- sea anunciada en los próximos días en Georgia del Sur, lo que permitirá establecer una estricta prohibición en la caza de ballenas, mientras que la pesca sólo será autorizada en áreas especialmente asignadas.
El problema que presenta el área es cómo vigilar las aguas debido a la enorme extensión que se quiere proteger, señala "The Times".
La zona de Georgia del Sur es rica en vida silvestre, como se ha podido ver en un educativo documental de la cadena BBC, denominado "Frozen Planet" (Planeta Congelado) y presentado por el prestigioso naturalista británico David Attenborough.
Neuquén: 38% de los bosques en manos privadas
El 38% de los bosques nativos de Neuquén está en manos privadas
Fecha de Publicación: 21/11/2011
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Neuquén
El cálculo no contempla los que pertenecen a Parques. La nueva legislación definió los permisos de uso.
Sobre 1,2 millones de hectáreas de bosques nativos que se mantienen en la provincia, sin tener en cuenta las que están en los Parques Nacionales, el 38% está ubicada en tierras privadas. El resto se distribuye entre el Estado provincial, los municipios, Pulmarí y comunidades mapuches, pero ninguno de estos actores supera el porcentaje en manos de particulares o empresas.
Un nuevo relevamiento, que se realizará con la participación de la Universidad Nacional del Comahue, afinará los números, pero se descuenta que no revelará grandes variaciones. La Legislatura, a partir de una ley nacional que sirvió de marco para comenzar el trabajo hace un año y medio, aprobó recientemente la ley provincial para el ordenamiento territorial de los bosques nativos de la provincia, cuyo objetivo es dar los parámetros sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer en los lugares en donde aún se mantiene la fauna autóctona.
Habrá límites, entonces, para los privados, pero también dinero para compensarlos. Los fondos para hacerlo están asegurados: en 2010, el gobierno nacional giró a la provincia 1,8 millones de pesos para desarrollar el programa y, con la ley aprobada, está garantizada la misma cifra -como mínimo- para los próximos años.
El ordenamiento, explicó la presidenta de la comisión de Medio Ambiente de la Legislatura, Graciela Muñiz Saavedra, definió un mapa para la protección de los bosques. Según la propiedad de la tierra, se desprende que el 9% corresponde a municipios, el 8% a pueblos originarios, el 15% a la corporación Pulmarí, el 30% son tierras fiscales y el 38% pertenece a privados.
Sobre esa superficie se definió otra clasificación, que es la que establece permisos y prohibiciones de uso. Tras un largo debate, será el gobierno provincial el que tendrá la facultad de habilitar o no actividades o emprendimientos en las zonas que por estar en riesgo ambiental mayor requieren una autorización. Los municipios podrán "consensuar" con la autoridad de aplicación.
Se estableció un sistema de categorías para determinar los niveles de riesgo ambiental y las posibilidades de realizar o no actividades en los bosques nativos: la roja es la más comprometida y allí, además de preservar o recomponer, sólo pueden intervenir poblaciones rurales o pueblos originarios. El norte neuquino, donde la cría de ganado degradó con mayor fuerza la fauna autóctona, está dentro de estos límites. Con amarillo y verde se definieron los niveles decrecientes de protección.
La autoridad de aplicación del relevamiento será el ministerio de Desarrollo Territorial, pero también habrá un espacio en el que participarían asociaciones intermedias: el consejo consultivo.
Fecha de Publicación: 21/11/2011
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Neuquén
El cálculo no contempla los que pertenecen a Parques. La nueva legislación definió los permisos de uso.
Sobre 1,2 millones de hectáreas de bosques nativos que se mantienen en la provincia, sin tener en cuenta las que están en los Parques Nacionales, el 38% está ubicada en tierras privadas. El resto se distribuye entre el Estado provincial, los municipios, Pulmarí y comunidades mapuches, pero ninguno de estos actores supera el porcentaje en manos de particulares o empresas.
Un nuevo relevamiento, que se realizará con la participación de la Universidad Nacional del Comahue, afinará los números, pero se descuenta que no revelará grandes variaciones. La Legislatura, a partir de una ley nacional que sirvió de marco para comenzar el trabajo hace un año y medio, aprobó recientemente la ley provincial para el ordenamiento territorial de los bosques nativos de la provincia, cuyo objetivo es dar los parámetros sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer en los lugares en donde aún se mantiene la fauna autóctona.
Habrá límites, entonces, para los privados, pero también dinero para compensarlos. Los fondos para hacerlo están asegurados: en 2010, el gobierno nacional giró a la provincia 1,8 millones de pesos para desarrollar el programa y, con la ley aprobada, está garantizada la misma cifra -como mínimo- para los próximos años.
El ordenamiento, explicó la presidenta de la comisión de Medio Ambiente de la Legislatura, Graciela Muñiz Saavedra, definió un mapa para la protección de los bosques. Según la propiedad de la tierra, se desprende que el 9% corresponde a municipios, el 8% a pueblos originarios, el 15% a la corporación Pulmarí, el 30% son tierras fiscales y el 38% pertenece a privados.
Sobre esa superficie se definió otra clasificación, que es la que establece permisos y prohibiciones de uso. Tras un largo debate, será el gobierno provincial el que tendrá la facultad de habilitar o no actividades o emprendimientos en las zonas que por estar en riesgo ambiental mayor requieren una autorización. Los municipios podrán "consensuar" con la autoridad de aplicación.
Se estableció un sistema de categorías para determinar los niveles de riesgo ambiental y las posibilidades de realizar o no actividades en los bosques nativos: la roja es la más comprometida y allí, además de preservar o recomponer, sólo pueden intervenir poblaciones rurales o pueblos originarios. El norte neuquino, donde la cría de ganado degradó con mayor fuerza la fauna autóctona, está dentro de estos límites. Con amarillo y verde se definieron los niveles decrecientes de protección.
La autoridad de aplicación del relevamiento será el ministerio de Desarrollo Territorial, pero también habrá un espacio en el que participarían asociaciones intermedias: el consejo consultivo.
La justicia vedó el acceso público a un lago
La justicia vedó el acceso público a un lago
Fecha de Publicación: 12/11/2011
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Río Negro
Se trata del Escondido, un espejo de agua que fue vallado por el millonario Joe Lewis desde los ’90, cuando adquirió 14 mil hectáreas por apenas U$S 3,5 millones. Ahora para llegar a él habrá que escalar una montaña.
En Río Negro, la provincia con mayor cantidad de tierras extranjerizadas del país, cambió el signo político del gobierno de turno pero la justicia sigue resolviendo casos a favor de la tenencia foránea de la propiedad, incluso en pleno debate por la ley para modificar esta situación. Hace tres días, en un fallo polémico que atenta contra la soberanía territorial, el Superior Tribunal de Justicia consideró que el acceso público al lago Escondido, en la zona de El Bolsón, sólo puede hacerse por un sinuoso camino de montaña y no por el sendero de Tacuifí, una ruta transitable sin riesgos, pero que cuenta con un gran escollo: sobre ese camino están ubicadas las mansiones del multimillonario inglés Joe Lewis, que compró durante el menemismo 14 mil hectáreas por U$S 3,5 millones y privatizó el área con anuencia de los sucesivos gobiernos, construyendo un megaemprendimiento, con el recurso natural incluido.
De todas formas, Magdalena Odarda, legisladora del ARI de Río Negro que denunció en 2005 la privatización de los senderos, no se quedó quieta y presentará una denuncia a nivel nacional y un pedido de nulidad para el fallo. “Es tendencioso, además, hay que recordar que hubo una reunión de uno de los jueces con el socio de Lewis, lo cual es más grave”, dijo Odarda a Tiempo Argentino. La referencia es al encuentro entre Alberto Balladini, uno de los jueces de la Corte, con Nicolás van Ditmar, el socio argentino de Lewis que amenazó con defender lago Escondido “a punta de Winchester”. Desde ayer, los abogados de la legisladora, Daría Rodríguez Dutch y Rubén Marigo (de la Asociación por los Derechos Humanos), preparan un escrito para presentar en los próximos cinco días hábiles, solicitando la nulidad del fallo.
La resolución del tribunal tiene varios puntos oscuros: en 2009, esa misma Corte había ordenado a la provincia señalizar y poner en condiciones el camino de Tacuifí, el mismo que ahora veda al público. Además, considera que el camino de montaña está en condiciones de ser transitado, pero lo hace en base a dos informes de organismos oficiales sospechados en la entrega de tierras, el Codema y el Viarse.
Según Lewis, existe un camino alternativo (de montaña) de acceso al lago que no pasa por sus propiedades. Pero cuando la legisladora Odarda lo recorrió a caballo, el animal no logró subir la pendiente y la mujer terminó cayendo, con lo que sufrió lesiones graves de las que todavía se recupera.
Fecha de Publicación: 12/11/2011
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Río Negro
Se trata del Escondido, un espejo de agua que fue vallado por el millonario Joe Lewis desde los ’90, cuando adquirió 14 mil hectáreas por apenas U$S 3,5 millones. Ahora para llegar a él habrá que escalar una montaña.
En Río Negro, la provincia con mayor cantidad de tierras extranjerizadas del país, cambió el signo político del gobierno de turno pero la justicia sigue resolviendo casos a favor de la tenencia foránea de la propiedad, incluso en pleno debate por la ley para modificar esta situación. Hace tres días, en un fallo polémico que atenta contra la soberanía territorial, el Superior Tribunal de Justicia consideró que el acceso público al lago Escondido, en la zona de El Bolsón, sólo puede hacerse por un sinuoso camino de montaña y no por el sendero de Tacuifí, una ruta transitable sin riesgos, pero que cuenta con un gran escollo: sobre ese camino están ubicadas las mansiones del multimillonario inglés Joe Lewis, que compró durante el menemismo 14 mil hectáreas por U$S 3,5 millones y privatizó el área con anuencia de los sucesivos gobiernos, construyendo un megaemprendimiento, con el recurso natural incluido.
De todas formas, Magdalena Odarda, legisladora del ARI de Río Negro que denunció en 2005 la privatización de los senderos, no se quedó quieta y presentará una denuncia a nivel nacional y un pedido de nulidad para el fallo. “Es tendencioso, además, hay que recordar que hubo una reunión de uno de los jueces con el socio de Lewis, lo cual es más grave”, dijo Odarda a Tiempo Argentino. La referencia es al encuentro entre Alberto Balladini, uno de los jueces de la Corte, con Nicolás van Ditmar, el socio argentino de Lewis que amenazó con defender lago Escondido “a punta de Winchester”. Desde ayer, los abogados de la legisladora, Daría Rodríguez Dutch y Rubén Marigo (de la Asociación por los Derechos Humanos), preparan un escrito para presentar en los próximos cinco días hábiles, solicitando la nulidad del fallo.
La resolución del tribunal tiene varios puntos oscuros: en 2009, esa misma Corte había ordenado a la provincia señalizar y poner en condiciones el camino de Tacuifí, el mismo que ahora veda al público. Además, considera que el camino de montaña está en condiciones de ser transitado, pero lo hace en base a dos informes de organismos oficiales sospechados en la entrega de tierras, el Codema y el Viarse.
Según Lewis, existe un camino alternativo (de montaña) de acceso al lago que no pasa por sus propiedades. Pero cuando la legisladora Odarda lo recorrió a caballo, el animal no logró subir la pendiente y la mujer terminó cayendo, con lo que sufrió lesiones graves de las que todavía se recupera.
Tompkins quiere crear un parque nacional
Inusual oferta de un millonario para crear un parque nacional
Fecha de Publicación: 08/10/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional - Corrientes
Negocia la donación con el Gobierno. Douglas Tompkins es cuestionado por la cantidad de recursos naturales que controla en Argentina. Ahora ofrece regalar 150 mil ha en los Esteros del Iberá para hacer la mayor área protegida del país.
Es el socio inesperado. Cinco años atrás, alrededor de su figura florecían acusaciones que hasta los mismos funcionarios del Gobierno Nacional, a voz alzada, se ocupaban de ratificar. Decían que el magnate ecologista Douglas Tompkins, dueño de miles de hectáreas en el Litoral y en la Patagonia, venía por los recursos naturales, el agua y el futuro; que ya se había apropiado de medio Chile y que su nuevo objetivo era el Acuífero Guaraní. Por ejemplo, siendo Secretario de Tierras de Néstor Kirchner, Luis Delía irrumpió una mañana en una de sus estancias correntinas, cortó los alambrados con una tenaza y anunció que el norteamericano sería expropiado porque la tierra debe ser de los argentinos y nunca de un “gringo imperialista”. Eso dijo, pero nada, finalmente, sucedió.
Ahora, a través de una alianza con Tompkins, el Gobierno Nacional trabaja para crear el área protegida más grande del país en los Esteros del Iberá: un parque nacional de más de un millón de hectáreas en el norte de Corrientes, habitado por yacarés, carpinchos y aves de mil formas; una postal de confín, con matices de sabana africana. El proceso fue confirmado a Clarín por el mismo Tompkins y por fuentes del ministerio de Turismo de la Nación. El estadounidense lo expresó sin vueltas: “Estamos haciendo la donación de tierras más grande de la historia”, dijo. En el norte de Corrientes, según datos del sector inmobiliario, la hectárea no baja de los 1.500 dólares, por lo tanto el norteamericano está ofreciendo un territorio cuyo valor alcanza los 180 millones de dólares.
Las conversaciones entre Gobierno y Conservation Land Trust (CLT), la fundación del terrateniente ecologista, comenzaron hace más de un año y medio. Pero se aceleraron en mayo cuando, mediante una carta de intención, Tompkins ofreció al ministro Enrique Meyer donar las cuatro estancias que posee en la zona. Se tratan de 150 mil hectáreas clave. Desde ellas es posible controlar la totalidad de los Esteros del Iberá, el segundo humedal más grande de Latinoamérica.
Pero el proyecto viene con controversias: para crear el parque, además de la tierra de Tompkins, se necesita que el gobierno correntino ceda a la Nación más de 700 mil hectáreas fiscales, hoy protegidas bajo la categoría de Reserva Provincial. En ese punto está la traba, porque la creación de la mega área natural chocaría con los intereses de los productores agropecuarios de la región, que necesitan el agua para sus cosechas. El gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, sostiene que por ahora no será viable la cesión de tierras, pero como su mandato vence en menos de dos años, en el Gobierno Nacional especulan con que el parque se concretará en 2013.
Ni el Gobierno ni Tompkins parecen tener apuro. Mientras el tiempo pasa, las conversaciones continúan y el Iberá, a fuerza de promoción turística, no para de recibir visitantes. La calma de Colonia Carlos Pellegrini, pueblo lindante con uno de los campos del norteamericano, en el corazón del estero, ahora se ve alterada por la cantidad de turistas foráneos que llega hasta el lugar para realizar avistajes de fauna. Clarín fue testigo esta semana de lo que ocurre en ese sitio de naturaleza salvaje en el interior del país.
Desde que arribó en 1998, Tompkins y sus equipos vienen trabajando sobre la totalidad del área. En varias ocasiones fueron denunciados por el fundamentalismo con que se dedican a preservar recursos naturales y chocaron con estancieros de la zona por su militancia ambiental que consiste en oponerse a cualquier tipo de actividad extractiva que implique una degradación para el medio ambiente. Se ocupan, principalmente, de reintroducir especies en peligro de extinción. Ya lo hicieron con el oso hormiguero y con el venado de las pampas. Y apuestan ahora por el yaguareté, un felino que hace más de cien años dejó de verse por el pantano. Tompkins recibió a Clarín esta semana en su estancia Rincón del Socorro, donde vive 6 meses al año (el resto lo pasa en el Sur de Chile) y habló de sus intenciones. Seguidor del movimiento de la ecología profunda, basado en una excesiva compasión por la naturaleza, expresó que busca donar lo que posee porque sólo pretende crear áreas protegidas. Por si quedan dudas, sus dos hijas no heredarán tierra porque ya les hizo adelanto de herencia en vida.
Con el Iberá, el norteamericano intentará replicar la experiencia del Parque Nacional Monte León, inaugurado en 2004 en Santa Cruz, después de que efectuara una donación de 70 mil hectáreas sobre el litoral austral. Tompkins es, además, el extranjero que se manifiesta a favor del proyecto oficial de ley de tierras. Aunque dice que le falta claridad, lo valora como punto de partida para discutir el uso que se hace de los suelos en el país de la tierra infinita, la Argentina.
Fecha de Publicación: 08/10/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional - Corrientes
Negocia la donación con el Gobierno. Douglas Tompkins es cuestionado por la cantidad de recursos naturales que controla en Argentina. Ahora ofrece regalar 150 mil ha en los Esteros del Iberá para hacer la mayor área protegida del país.
Es el socio inesperado. Cinco años atrás, alrededor de su figura florecían acusaciones que hasta los mismos funcionarios del Gobierno Nacional, a voz alzada, se ocupaban de ratificar. Decían que el magnate ecologista Douglas Tompkins, dueño de miles de hectáreas en el Litoral y en la Patagonia, venía por los recursos naturales, el agua y el futuro; que ya se había apropiado de medio Chile y que su nuevo objetivo era el Acuífero Guaraní. Por ejemplo, siendo Secretario de Tierras de Néstor Kirchner, Luis Delía irrumpió una mañana en una de sus estancias correntinas, cortó los alambrados con una tenaza y anunció que el norteamericano sería expropiado porque la tierra debe ser de los argentinos y nunca de un “gringo imperialista”. Eso dijo, pero nada, finalmente, sucedió.
Ahora, a través de una alianza con Tompkins, el Gobierno Nacional trabaja para crear el área protegida más grande del país en los Esteros del Iberá: un parque nacional de más de un millón de hectáreas en el norte de Corrientes, habitado por yacarés, carpinchos y aves de mil formas; una postal de confín, con matices de sabana africana. El proceso fue confirmado a Clarín por el mismo Tompkins y por fuentes del ministerio de Turismo de la Nación. El estadounidense lo expresó sin vueltas: “Estamos haciendo la donación de tierras más grande de la historia”, dijo. En el norte de Corrientes, según datos del sector inmobiliario, la hectárea no baja de los 1.500 dólares, por lo tanto el norteamericano está ofreciendo un territorio cuyo valor alcanza los 180 millones de dólares.
Las conversaciones entre Gobierno y Conservation Land Trust (CLT), la fundación del terrateniente ecologista, comenzaron hace más de un año y medio. Pero se aceleraron en mayo cuando, mediante una carta de intención, Tompkins ofreció al ministro Enrique Meyer donar las cuatro estancias que posee en la zona. Se tratan de 150 mil hectáreas clave. Desde ellas es posible controlar la totalidad de los Esteros del Iberá, el segundo humedal más grande de Latinoamérica.
Pero el proyecto viene con controversias: para crear el parque, además de la tierra de Tompkins, se necesita que el gobierno correntino ceda a la Nación más de 700 mil hectáreas fiscales, hoy protegidas bajo la categoría de Reserva Provincial. En ese punto está la traba, porque la creación de la mega área natural chocaría con los intereses de los productores agropecuarios de la región, que necesitan el agua para sus cosechas. El gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, sostiene que por ahora no será viable la cesión de tierras, pero como su mandato vence en menos de dos años, en el Gobierno Nacional especulan con que el parque se concretará en 2013.
Ni el Gobierno ni Tompkins parecen tener apuro. Mientras el tiempo pasa, las conversaciones continúan y el Iberá, a fuerza de promoción turística, no para de recibir visitantes. La calma de Colonia Carlos Pellegrini, pueblo lindante con uno de los campos del norteamericano, en el corazón del estero, ahora se ve alterada por la cantidad de turistas foráneos que llega hasta el lugar para realizar avistajes de fauna. Clarín fue testigo esta semana de lo que ocurre en ese sitio de naturaleza salvaje en el interior del país.
Desde que arribó en 1998, Tompkins y sus equipos vienen trabajando sobre la totalidad del área. En varias ocasiones fueron denunciados por el fundamentalismo con que se dedican a preservar recursos naturales y chocaron con estancieros de la zona por su militancia ambiental que consiste en oponerse a cualquier tipo de actividad extractiva que implique una degradación para el medio ambiente. Se ocupan, principalmente, de reintroducir especies en peligro de extinción. Ya lo hicieron con el oso hormiguero y con el venado de las pampas. Y apuestan ahora por el yaguareté, un felino que hace más de cien años dejó de verse por el pantano. Tompkins recibió a Clarín esta semana en su estancia Rincón del Socorro, donde vive 6 meses al año (el resto lo pasa en el Sur de Chile) y habló de sus intenciones. Seguidor del movimiento de la ecología profunda, basado en una excesiva compasión por la naturaleza, expresó que busca donar lo que posee porque sólo pretende crear áreas protegidas. Por si quedan dudas, sus dos hijas no heredarán tierra porque ya les hizo adelanto de herencia en vida.
Con el Iberá, el norteamericano intentará replicar la experiencia del Parque Nacional Monte León, inaugurado en 2004 en Santa Cruz, después de que efectuara una donación de 70 mil hectáreas sobre el litoral austral. Tompkins es, además, el extranjero que se manifiesta a favor del proyecto oficial de ley de tierras. Aunque dice que le falta claridad, lo valora como punto de partida para discutir el uso que se hace de los suelos en el país de la tierra infinita, la Argentina.
FAA fue por la tierra
FAA fue por la tierra
Fecha de Publicación: 22/09/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Federación Agraria presentó un proyecto de ley para regular el acceso a la tierra. La iniciativa busca crear un instituto nacional que “administre, redistribuya y regularice” la posesión. En relación con el proyecto de ley del Frente para la Victoria que busca limitar la extranjerización de la tierra, el titular de la entidad rural, Eduardo Buzzi, justificó su falta de apoyo porque la iniciativa oficial utilizaría “un concepto parcial y mezquino que no aborda un instrumento democratizador”. La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados organizó, para analizar el tema, una reunión con especialistas en derecho constitucional a la que los diputados del bloque del Frente para la Victoria no concurrieron, argumentando que el debate debería realizarse en un plenario de las tres comisiones que trabajan sobre el tema.
Fecha de Publicación: 22/09/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Federación Agraria presentó un proyecto de ley para regular el acceso a la tierra. La iniciativa busca crear un instituto nacional que “administre, redistribuya y regularice” la posesión. En relación con el proyecto de ley del Frente para la Victoria que busca limitar la extranjerización de la tierra, el titular de la entidad rural, Eduardo Buzzi, justificó su falta de apoyo porque la iniciativa oficial utilizaría “un concepto parcial y mezquino que no aborda un instrumento democratizador”. La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados organizó, para analizar el tema, una reunión con especialistas en derecho constitucional a la que los diputados del bloque del Frente para la Victoria no concurrieron, argumentando que el debate debería realizarse en un plenario de las tres comisiones que trabajan sobre el tema.
Periodismo que invisibiliza
Periodismo que invisibiliza
Fecha de Publicación: 14/09/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Darío Aranda reflexiona sobre el comportamiento de los grandes medios de comunicación y los periodistas acerca de la invisibilización de la opinión de campesinos e indígenas.
Medios de comunicación “independientes” y opositores, de un lado. “Militantes” y oficialistas, del otro. En ese maniqueísmo se ha transformado buena parte de los grandes medios de comunicación. Ambos denuncian, y silencian, según sus conveniencias económicas y políticas.
El proyecto de ley para regular la venta de tierras a extranjeros se suma a la lista de ejemplos que deja en evidencia a los grandes medios. El primer grupo publica editoriales y otorga espacios a quienes se oponen a regular la extranjerización porque, afirman, se estaría por “violar” la Constitución nacional. Desde la otra vereda se resalta el proyecto de ley como una gran cruzada nacional, casi presentada como si fuera la reforma agraria.
Es llamativo que, salvo excepciones, los periodistas de los grandes medios no consulten a un actor fundamental del territorio: campesinos y pueblos originarios.
Dirigencia política y formadores de opinión invisibilizan a los sectores populares de la Argentina rural. Influyen el desconocimiento o la discriminación de clase (o un poco de ambos). O, quizá, se los evita porque campesinos y pueblos originarios son quienes más claramente pueden dejar al descubierto que la extranjerización de tierras no es un problema central de Argentina, sino que el origen de sus pesares está en el modelo extractivo que es política de Estado, y donde agronegocios, megaminería, forestales y petroleras (sólo sus caras más famosas) cuentan con permanente apoyo mediático y gubernamental.
Pocos pueden oponerse a legislar sobre la venta de tierras a extranjeros. Mucho menos se opondrán quienes impulsan el actual modelo agropecuario, porque una ley de ese tipo no afecta ningún interés de los ganadores del modelo.
Regular la extranjerización de tierras no combate el corazón de la injusticia rural: la concentración de la tierra. Datos duros del INTA: el 2 por ciento de las explotaciones agropecuarias controla la mitad de la tierra del país. Mientras que el 57 por ciento de las chacras cuenta sólo con el 3 por ciento de la tierra.
Empresarios y gobiernos extranjeros no necesitan comprar tierras de Argentina para explotarlas según su necesidad.
El gobierno de Río Negro firmó en octubre de 2010 un acuerdo con China para sembrar 240 mil hectáreas. El gobierno de Chaco firmó un acuerdo en febrero último con un “fondo inversor” de Arabia Saudita para que explote 200 mil hectáreas del Impenetrable.
También son extranjeros, y no verán afectados sus intereses, empresas mineras, petroleras y forestales que controlan amplias extensiones de territorio nacional.
El principal problema de campesinos e indígenas no es la extranjerización, sino el modelo agropecuario. En 2001 se sembraron en Argentina 10 millones de hectáreas con soja. En 2010 se llegó al record de 19 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la tierra cultivada.
El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina) estima un piso de 200 mil familias rurales expulsadas por el avance sojero. Las topadoras suelen estar al servicio de empresarios que –la gran mayoría de las veces– son argentinos.
El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) planifica la política agropecuaria para los próximos nueve años. Y logró lo que ninguna otra iniciativa kirchnerista había logrado: obtuvo el apoyo (o al menos la ausencia de críticas) de medios opositores y también de medios oficialistas.
El PEA impulsa aumentar la producción granaria un 60 por ciento en los próximos nueve años. Llama la atención que los periodistas que durante la 125 tanto cuestionaron la sojización ahora no hayan alertado sobre el aumento de desalojos, desmontes y del uso masivo de agrotóxicos que provocará lo pautado en el PEA. Una premisa básica del periodismo es no ocultar la realidad. Los “daños colaterales” de la “Argentina líder agroalimentaria” (eslogan del PEA) recaerá sobre los sectores populares del campo argentino. A pesar de ello, la gran mayoría de los periodistas de grandes medios publicitan el PEA como un hecho auspicioso y, como de costumbre, ignoran a campesinos y pueblos originarios.
Fecha de Publicación: 14/09/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Darío Aranda reflexiona sobre el comportamiento de los grandes medios de comunicación y los periodistas acerca de la invisibilización de la opinión de campesinos e indígenas.
Medios de comunicación “independientes” y opositores, de un lado. “Militantes” y oficialistas, del otro. En ese maniqueísmo se ha transformado buena parte de los grandes medios de comunicación. Ambos denuncian, y silencian, según sus conveniencias económicas y políticas.
El proyecto de ley para regular la venta de tierras a extranjeros se suma a la lista de ejemplos que deja en evidencia a los grandes medios. El primer grupo publica editoriales y otorga espacios a quienes se oponen a regular la extranjerización porque, afirman, se estaría por “violar” la Constitución nacional. Desde la otra vereda se resalta el proyecto de ley como una gran cruzada nacional, casi presentada como si fuera la reforma agraria.
Es llamativo que, salvo excepciones, los periodistas de los grandes medios no consulten a un actor fundamental del territorio: campesinos y pueblos originarios.
Dirigencia política y formadores de opinión invisibilizan a los sectores populares de la Argentina rural. Influyen el desconocimiento o la discriminación de clase (o un poco de ambos). O, quizá, se los evita porque campesinos y pueblos originarios son quienes más claramente pueden dejar al descubierto que la extranjerización de tierras no es un problema central de Argentina, sino que el origen de sus pesares está en el modelo extractivo que es política de Estado, y donde agronegocios, megaminería, forestales y petroleras (sólo sus caras más famosas) cuentan con permanente apoyo mediático y gubernamental.
Pocos pueden oponerse a legislar sobre la venta de tierras a extranjeros. Mucho menos se opondrán quienes impulsan el actual modelo agropecuario, porque una ley de ese tipo no afecta ningún interés de los ganadores del modelo.
Regular la extranjerización de tierras no combate el corazón de la injusticia rural: la concentración de la tierra. Datos duros del INTA: el 2 por ciento de las explotaciones agropecuarias controla la mitad de la tierra del país. Mientras que el 57 por ciento de las chacras cuenta sólo con el 3 por ciento de la tierra.
Empresarios y gobiernos extranjeros no necesitan comprar tierras de Argentina para explotarlas según su necesidad.
El gobierno de Río Negro firmó en octubre de 2010 un acuerdo con China para sembrar 240 mil hectáreas. El gobierno de Chaco firmó un acuerdo en febrero último con un “fondo inversor” de Arabia Saudita para que explote 200 mil hectáreas del Impenetrable.
También son extranjeros, y no verán afectados sus intereses, empresas mineras, petroleras y forestales que controlan amplias extensiones de territorio nacional.
El principal problema de campesinos e indígenas no es la extranjerización, sino el modelo agropecuario. En 2001 se sembraron en Argentina 10 millones de hectáreas con soja. En 2010 se llegó al record de 19 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la tierra cultivada.
El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina) estima un piso de 200 mil familias rurales expulsadas por el avance sojero. Las topadoras suelen estar al servicio de empresarios que –la gran mayoría de las veces– son argentinos.
El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) planifica la política agropecuaria para los próximos nueve años. Y logró lo que ninguna otra iniciativa kirchnerista había logrado: obtuvo el apoyo (o al menos la ausencia de críticas) de medios opositores y también de medios oficialistas.
El PEA impulsa aumentar la producción granaria un 60 por ciento en los próximos nueve años. Llama la atención que los periodistas que durante la 125 tanto cuestionaron la sojización ahora no hayan alertado sobre el aumento de desalojos, desmontes y del uso masivo de agrotóxicos que provocará lo pautado en el PEA. Una premisa básica del periodismo es no ocultar la realidad. Los “daños colaterales” de la “Argentina líder agroalimentaria” (eslogan del PEA) recaerá sobre los sectores populares del campo argentino. A pesar de ello, la gran mayoría de los periodistas de grandes medios publicitan el PEA como un hecho auspicioso y, como de costumbre, ignoran a campesinos y pueblos originarios.
Primer round por la ley de tierras
Primer round por la ley de tierras del Gobierno
Fecha de Publicación: 01/09/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
El debate sobre ese proyecto fue pospuesto ayer, en medio de tironeos entre oficialistas y opositores.
Si la Argentina fuera un país normal, la noticia debería ser que todos los partidos políticos apoyan la sanción de una ley que ponga límites a la compra de tierras por parte de extranjeros. Pero como no lo es, y el Congreso expresa bien su dificultad para encontrar consensos, la crónica periodística debe decir que el debate sobre ese proyecto fue pospuesto ayer, en medio de tironeos entre oficialistas y opositores.
La diputada Vilma Ibarra, titular de la Comisión de Legislación General, aclaró de entrada esa dificultad. “Llamé a los presidentes de Agricultura y de Asuntos Constitucionales, y sólo pude comunicarme con el diputado (Juan) Casañas, porque la diputada (Graciela) Camaño nunca me atendió el teléfono ni me devolvió las llamadas”. Según el reglamento de la Cámara, un dictamen para frenar la extranjerización de la tierra debe ser aprobado por un plenario de esas tres comisiones.
La dificultad para reunir a todos los diputados involucrados responde a la negativa de los bloques opositores a analizar sin modificaciones el proyecto remitido en abril por el Ejecutivo. También a la pulseada por otros temas en danza, como el de la boleta única. Ante la imposibilidad de avanzar, Ibarra pidió tiempo para una nueva convocatoria . Desde el kirchnerismo –tras amagar pedir un emplazamiento a las comisiones que faltaban– se aseguraba anoche que el jueves habrá plenario.
Lo cierto es que hay otros trece proyectos en danza además del redactado por el Gobierno. Y que muchos aspectos de la iniciativa oficial recibieron críticas certeras de diputados que en otros debates votaron alineados con el oficialismo. Un caso fue el de Verónica Benas, del SI, quien propuso media docena de reformas al texto.
Uno de los puntos más cuestionados es aquel que establece que sólo 20% de la tierra podrá quedar en manos de extranjeros, sin especificar si se trata de un porcentaje de todo el territorio nacional, o de la superficie productiva. En semejante gris, hasta podría suceder que toda una provincia pase a manos foráneas. El Frente para la Victoria estaba ayer sobreaviso de estas críticas. Tanto que la propia Ibarra anunció que el Ministerio de Agricultura ya le había enviado varias reformas al texto original.
Todos los bloques se mostraron de acuerdo con la necesidad de legislar, pero los opositores rechazaron una discusión a libro cerrado. “El bien tutelado es loable, pero el proyecto es malo ”, resumió Ricardo Buryaile, de la UCR. Felipe Solá, del Peronismo Federal, pidió dar una discusión profunda y no sometida a la urgencia de los tiempos electorales.
Más Información:
- Página/12 - Más cerca de la ley de tierras
- La Nación - La tierra y los extranjeros
- Tiempo Argentino - La ley de tierras avanza en Diputados
Fecha de Publicación: 01/09/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
El debate sobre ese proyecto fue pospuesto ayer, en medio de tironeos entre oficialistas y opositores.
Si la Argentina fuera un país normal, la noticia debería ser que todos los partidos políticos apoyan la sanción de una ley que ponga límites a la compra de tierras por parte de extranjeros. Pero como no lo es, y el Congreso expresa bien su dificultad para encontrar consensos, la crónica periodística debe decir que el debate sobre ese proyecto fue pospuesto ayer, en medio de tironeos entre oficialistas y opositores.
La diputada Vilma Ibarra, titular de la Comisión de Legislación General, aclaró de entrada esa dificultad. “Llamé a los presidentes de Agricultura y de Asuntos Constitucionales, y sólo pude comunicarme con el diputado (Juan) Casañas, porque la diputada (Graciela) Camaño nunca me atendió el teléfono ni me devolvió las llamadas”. Según el reglamento de la Cámara, un dictamen para frenar la extranjerización de la tierra debe ser aprobado por un plenario de esas tres comisiones.
La dificultad para reunir a todos los diputados involucrados responde a la negativa de los bloques opositores a analizar sin modificaciones el proyecto remitido en abril por el Ejecutivo. También a la pulseada por otros temas en danza, como el de la boleta única. Ante la imposibilidad de avanzar, Ibarra pidió tiempo para una nueva convocatoria . Desde el kirchnerismo –tras amagar pedir un emplazamiento a las comisiones que faltaban– se aseguraba anoche que el jueves habrá plenario.
Lo cierto es que hay otros trece proyectos en danza además del redactado por el Gobierno. Y que muchos aspectos de la iniciativa oficial recibieron críticas certeras de diputados que en otros debates votaron alineados con el oficialismo. Un caso fue el de Verónica Benas, del SI, quien propuso media docena de reformas al texto.
Uno de los puntos más cuestionados es aquel que establece que sólo 20% de la tierra podrá quedar en manos de extranjeros, sin especificar si se trata de un porcentaje de todo el territorio nacional, o de la superficie productiva. En semejante gris, hasta podría suceder que toda una provincia pase a manos foráneas. El Frente para la Victoria estaba ayer sobreaviso de estas críticas. Tanto que la propia Ibarra anunció que el Ministerio de Agricultura ya le había enviado varias reformas al texto original.
Todos los bloques se mostraron de acuerdo con la necesidad de legislar, pero los opositores rechazaron una discusión a libro cerrado. “El bien tutelado es loable, pero el proyecto es malo ”, resumió Ricardo Buryaile, de la UCR. Felipe Solá, del Peronismo Federal, pidió dar una discusión profunda y no sometida a la urgencia de los tiempos electorales.
Más Información:
- Página/12 - Más cerca de la ley de tierras
- La Nación - La tierra y los extranjeros
- Tiempo Argentino - La ley de tierras avanza en Diputados
Tierras: cuestionan proyecto de topes de compra
Cuestionan el proyecto oficial que pone topes a las compras
Fecha de Publicación: 28/08/2011
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional
Ambientalistas y legisladores de la oposición piden revisar para atrás.
Diputados de la oposición y ambientalistas cuestionan que el proyecto de ley de Cristina Kirchner que busca limitar las compras foráneas de tierra no revise las grandes adquisiciones consumadas durante los últimos años.
“Es una ley de pocos artículos que tiene por objeto conservar en el dominio nacional, no estatal, ya que es una cuestión de todos los argentinos y fundamentalmente de los que tienen capacidad para invertir y hacer producir la tierra”, dijo Cristina al anunciar el envío del proyecto al Senado. También anunció que habrá un registro único de propiedades rurales.
Dos informes recientes de la Auditoría General de la Nación (AGN) ponen la lupa sobre las ventas realizadas en la Patagonia y el Litoral. En el sur, según el organismo, se abrieron durante 2003 y 2007, 428 expedientes de los cuales 137 fueron aprobados. La AGN verificó que el 62 % de esos compradores eran personas físicas o jurídicas extranjeras. Pero no pudo determinar la cantidad de tierra adquirida porque en el 71% de los casos no constaba copia de la escritura . También certificó que en un 45,9%, las aprobaciones se hicieron por vía de excepción , es decir que se autorizaron a pesar de que no fue presentada toda la documentación exigida.
Sobre el Acuífero Guaraní ocurrió algo parecido. Se auditaron las operaciones hechas entre 2005 y 2008 en Misiones y Corrientes y se comprobó que el 30% de los expedientes correspondía a extranjeros. En el 50% de los casos no se presentaba copia de escritura.
El diputado y economista de ATE Claudio Lozano saludó el proyecto, pero lo calificó como tardío: “La idea de combatir la extranjerización es tardía frente a la trasnacionalización. En la Pampa, los que dominan el territorio son locales asociados a extranjeros”.
Ambientalistas estiman que cerca del 10% del territorio está en manos de extranjeros. En 1990, llegaron los Benetton al país y con la compra de un millón de hectáreas en la Patagonia se erigieron como grandes terratenientes. A mediados de los ‘90, Ted Turner adquirió 5 mil hectáreas en Villa Traful pertenecientes al entonces presidente de Parques Nacionales Felipe Lariviere. Más tarde llegó el inglés Joe Lewis a El Bolsón (14 mil hectáreas) y el gurú conservacionista Douglas Tompkins se instaló sobre los Esteros del Iberá y las costas del río Santa Cruz. También Adecoagro, de George Soros, adquirió tierras en Buenos Aires, el norte y el litoral. Más grupos hicieron su juego: la celulosa chilena Arauco se convirtió en dueña del 6% del territorio de Misiones. En 2002, un grupo anglo malayo adquirió 250 mil hectáreas en Malargüe y sumó hasta llegar a 467 mil. A la vez, cientos de foráneos desembarcaron entre Mendoza y los Valles Calchaquíes seducidos por la industria del vino.
Las mineras son un capítulo aparte. Apenas se registra un yacimiento, la ley argentina entrega el subsuelo para que sea explotado. Quizás el superficiario siga con la tierra a su nombre, pero la minera controla el subsuelo . Así operan, sobre vastas extensiones, Barrick y la Alumbrera. “Veo un proyecto débil. Es errado hablar de extranjerización”, dice el ambientalista Javier Rodríguez Pardo. “Hay que hablar de enajenación porque una gran cantidad de criollos tiene tierra en sociedad con extranjeros”.
La diputada rionegrina del ARI, Magdalena Odarda, principal denunciante de las compras de tierra efectuadas por Lewis en El Bolsón y del control que el británico ejerce sobre lago Escondido, denuncia que “hay 5 casos en donde está cuestionada la dirección de tierras de Río Negro. Se le adjudicaron a pobladores miles de hectáreas y éstos actuaron como pasamanos de grandes propietarios. Una de las denuncias es contra Lewis. Es bueno que se profundice el debate, pero lamentamos que sea ahora.
Antes, se podría haber evitado el drenaje a manos extranjeras ”.
El proyecto, alertan los criticos, pasa por alto un tema fundamental, el reclamo urgente de los miles de integrantes de pueblos originarios que fueron despojados de la tierra o que viven bajo la amenaza latente destierro y exclusión.
Fecha de Publicación: 28/08/2011
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional
Ambientalistas y legisladores de la oposición piden revisar para atrás.
Diputados de la oposición y ambientalistas cuestionan que el proyecto de ley de Cristina Kirchner que busca limitar las compras foráneas de tierra no revise las grandes adquisiciones consumadas durante los últimos años.
“Es una ley de pocos artículos que tiene por objeto conservar en el dominio nacional, no estatal, ya que es una cuestión de todos los argentinos y fundamentalmente de los que tienen capacidad para invertir y hacer producir la tierra”, dijo Cristina al anunciar el envío del proyecto al Senado. También anunció que habrá un registro único de propiedades rurales.
Dos informes recientes de la Auditoría General de la Nación (AGN) ponen la lupa sobre las ventas realizadas en la Patagonia y el Litoral. En el sur, según el organismo, se abrieron durante 2003 y 2007, 428 expedientes de los cuales 137 fueron aprobados. La AGN verificó que el 62 % de esos compradores eran personas físicas o jurídicas extranjeras. Pero no pudo determinar la cantidad de tierra adquirida porque en el 71% de los casos no constaba copia de la escritura . También certificó que en un 45,9%, las aprobaciones se hicieron por vía de excepción , es decir que se autorizaron a pesar de que no fue presentada toda la documentación exigida.
Sobre el Acuífero Guaraní ocurrió algo parecido. Se auditaron las operaciones hechas entre 2005 y 2008 en Misiones y Corrientes y se comprobó que el 30% de los expedientes correspondía a extranjeros. En el 50% de los casos no se presentaba copia de escritura.
El diputado y economista de ATE Claudio Lozano saludó el proyecto, pero lo calificó como tardío: “La idea de combatir la extranjerización es tardía frente a la trasnacionalización. En la Pampa, los que dominan el territorio son locales asociados a extranjeros”.
Ambientalistas estiman que cerca del 10% del territorio está en manos de extranjeros. En 1990, llegaron los Benetton al país y con la compra de un millón de hectáreas en la Patagonia se erigieron como grandes terratenientes. A mediados de los ‘90, Ted Turner adquirió 5 mil hectáreas en Villa Traful pertenecientes al entonces presidente de Parques Nacionales Felipe Lariviere. Más tarde llegó el inglés Joe Lewis a El Bolsón (14 mil hectáreas) y el gurú conservacionista Douglas Tompkins se instaló sobre los Esteros del Iberá y las costas del río Santa Cruz. También Adecoagro, de George Soros, adquirió tierras en Buenos Aires, el norte y el litoral. Más grupos hicieron su juego: la celulosa chilena Arauco se convirtió en dueña del 6% del territorio de Misiones. En 2002, un grupo anglo malayo adquirió 250 mil hectáreas en Malargüe y sumó hasta llegar a 467 mil. A la vez, cientos de foráneos desembarcaron entre Mendoza y los Valles Calchaquíes seducidos por la industria del vino.
Las mineras son un capítulo aparte. Apenas se registra un yacimiento, la ley argentina entrega el subsuelo para que sea explotado. Quizás el superficiario siga con la tierra a su nombre, pero la minera controla el subsuelo . Así operan, sobre vastas extensiones, Barrick y la Alumbrera. “Veo un proyecto débil. Es errado hablar de extranjerización”, dice el ambientalista Javier Rodríguez Pardo. “Hay que hablar de enajenación porque una gran cantidad de criollos tiene tierra en sociedad con extranjeros”.
La diputada rionegrina del ARI, Magdalena Odarda, principal denunciante de las compras de tierra efectuadas por Lewis en El Bolsón y del control que el británico ejerce sobre lago Escondido, denuncia que “hay 5 casos en donde está cuestionada la dirección de tierras de Río Negro. Se le adjudicaron a pobladores miles de hectáreas y éstos actuaron como pasamanos de grandes propietarios. Una de las denuncias es contra Lewis. Es bueno que se profundice el debate, pero lamentamos que sea ahora.
Antes, se podría haber evitado el drenaje a manos extranjeras ”.
El proyecto, alertan los criticos, pasa por alto un tema fundamental, el reclamo urgente de los miles de integrantes de pueblos originarios que fueron despojados de la tierra o que viven bajo la amenaza latente destierro y exclusión.
Soja: los chinos ya trabajan en Río Negro
En medio de la polémica, los chinos ya trabajan en Río Negro
Fecha de Publicación: 25/08/2011
Fuente: iEco (Clarín)
Provincia/Región: Río Negro
Invertirán US$ 1.500 millones en irrigación e infraestructura a cambio de alimentos.
Una avanzada de técnicos de China ya se encuentra en Río Negro planificando el que será el mayor plan de irrigación agrícola desarrollado en el país en más de medio siglo . El gobernador Miguel Saiz, al dar ayer la noticia, aseguró que la iniciativa apunta a poner a producir unas 330.000 hectáreas y podría generar unos 100.000 nuevos puestos de trabajo en la región. Todavía más: aseguró que “en diez años esperamos duplicar la población de la provincia”, actualmente de 633.000 personas.
El desembarco de la gigantesca empresa estatal Heilongjiang Beidahuang, que en su país produce alimentos para el 10% de la población china, unos 150 millones de habitantes, se vio opacado por las protestas de militantes ambientalistas del Grupo de Reflexión Rural (GRR), que ayer irrumpieron en la presentación de Saiz. El presidente de la Cámara Internacional de Comercio China y titular de la flamante Beidahuang Argentina SA, Yue Gang Weng, se sorprendió cuando los cruces verbales llegaron a ser trompadas aisladas .
Y es que el proyecto es de tal envergadura que divide aguas. Río Negro cuenta hasta hoy con una superficie regada de unas 100.000 hectáreas, ubicadas sobre todo en el Alto Valle y dedicadas a la producción de peras y manzanas. Los planes de irrigación abarcan cinco nuevas áreas en los Valles Medio e Inferior del caudaloso Río Negro, que aportará el agua necesaria para regar. Según Saiz, ese curso está arrojando al océano 900 metros cúbicos de agua por segundo.
En la discusión, debe decirse, hay varios mitos. Por caso, que las empresa china se apoderará de las tierras hoy casi ociosas que pertenecen a unos 400 productores.
“No hay venta de tierras” , se apuró a aclarar el gobernador, que de todos modos admitió que ya con riego esos terrenos podrían pasar a valer unos 10.000 dólares por hectárea, contra los 150 dólares actuales . Es decir, la iniciativa podría desatar un fabuloso negocio inmobiliario.
Saiz explicó que el pacto con los chinos se limitan a que estos financiarán los US$ 1.500 millones necesarios para tender los canales de riego, levantar una planta aceitera y ampliar el puerto de San Antonio Oeste. A cambio tendrán la prioridad para comprar los nuevos alimentos producidos durante 20 años , aunque “a precios de mercado”. Eso sí, Beidahuang recuperará el dinero en el mismo lapso, con un interés de 5% anual.
Otro mito es que básicamente allí se plantará soja, cuando es algo muy difícil de lograr por las condiciones agronómicas de la zona. Lo más probable es que las nuevas tierras agrícolas se dediquen a cereales como maíz y trigo, o a hortalizas como la cebolla.
Saiz, que dejará su cargo en diciembre próximo, subrayó que una vez que los 12 técnicos chinos que llegaron al país finalicen los estudios se podrán licitar algunas obras, y que quizás a principios de 2012 se podrían comenzar los primeros cultivos. “Será toda mano de obra argentina”, aclaró.
Fecha de Publicación: 25/08/2011
Fuente: iEco (Clarín)
Provincia/Región: Río Negro
Invertirán US$ 1.500 millones en irrigación e infraestructura a cambio de alimentos.
Una avanzada de técnicos de China ya se encuentra en Río Negro planificando el que será el mayor plan de irrigación agrícola desarrollado en el país en más de medio siglo . El gobernador Miguel Saiz, al dar ayer la noticia, aseguró que la iniciativa apunta a poner a producir unas 330.000 hectáreas y podría generar unos 100.000 nuevos puestos de trabajo en la región. Todavía más: aseguró que “en diez años esperamos duplicar la población de la provincia”, actualmente de 633.000 personas.
El desembarco de la gigantesca empresa estatal Heilongjiang Beidahuang, que en su país produce alimentos para el 10% de la población china, unos 150 millones de habitantes, se vio opacado por las protestas de militantes ambientalistas del Grupo de Reflexión Rural (GRR), que ayer irrumpieron en la presentación de Saiz. El presidente de la Cámara Internacional de Comercio China y titular de la flamante Beidahuang Argentina SA, Yue Gang Weng, se sorprendió cuando los cruces verbales llegaron a ser trompadas aisladas .
Y es que el proyecto es de tal envergadura que divide aguas. Río Negro cuenta hasta hoy con una superficie regada de unas 100.000 hectáreas, ubicadas sobre todo en el Alto Valle y dedicadas a la producción de peras y manzanas. Los planes de irrigación abarcan cinco nuevas áreas en los Valles Medio e Inferior del caudaloso Río Negro, que aportará el agua necesaria para regar. Según Saiz, ese curso está arrojando al océano 900 metros cúbicos de agua por segundo.
En la discusión, debe decirse, hay varios mitos. Por caso, que las empresa china se apoderará de las tierras hoy casi ociosas que pertenecen a unos 400 productores.
“No hay venta de tierras” , se apuró a aclarar el gobernador, que de todos modos admitió que ya con riego esos terrenos podrían pasar a valer unos 10.000 dólares por hectárea, contra los 150 dólares actuales . Es decir, la iniciativa podría desatar un fabuloso negocio inmobiliario.
Saiz explicó que el pacto con los chinos se limitan a que estos financiarán los US$ 1.500 millones necesarios para tender los canales de riego, levantar una planta aceitera y ampliar el puerto de San Antonio Oeste. A cambio tendrán la prioridad para comprar los nuevos alimentos producidos durante 20 años , aunque “a precios de mercado”. Eso sí, Beidahuang recuperará el dinero en el mismo lapso, con un interés de 5% anual.
Otro mito es que básicamente allí se plantará soja, cuando es algo muy difícil de lograr por las condiciones agronómicas de la zona. Lo más probable es que las nuevas tierras agrícolas se dediquen a cereales como maíz y trigo, o a hortalizas como la cebolla.
Saiz, que dejará su cargo en diciembre próximo, subrayó que una vez que los 12 técnicos chinos que llegaron al país finalicen los estudios se podrán licitar algunas obras, y que quizás a principios de 2012 se podrían comenzar los primeros cultivos. “Será toda mano de obra argentina”, aclaró.
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política de tierras,
Río Negro,
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Ley de tierras: las empresas pueden comprar
Ley de tierras: empresas podrían comprar millones de hectáreas más
Fecha de Publicación: 17/08/2011
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Nacional
La bocanada de aire que produjo el amplio margen de votos logrado por Cristina en las primarias sirvió de envión al oficialismo para avanzar en la sanción de un proyecto de ley de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales, más conocido como la ley contra la extranjerización de la tierra.
Según afirmó la mandataria meses atrás, “es una ley de pocos artículos que tiene por objeto conservar en el dominio nacional, no estatal, ya que es una cuestión de todos los argentinos y fundamentalmente de los que tienen capacidad para invertir y hacer producir la tierra”. Ahora bien, contrastando el proyecto enviado por el Ejecutivo con la situación actual, vemos que la iniciativa oficial no sólo no frena el avance extranjero sobre los recursos naturales, sino que habilita a que los pulpos multinacionales puedan adquirir miles de hectáreas más del suelo nacional.
Según un informe realizado por la Federación Agraria en la Argentina, existen entre 17 y 20 millones de hectáreas (alrededor del 10% del total de las tierras agropecuarias del país) en manos de empresarios extranjeros, muchas de las cuales fueron compradas de forma irregular. En ese plano, el proyecto del kirchnerismo no limita el desenvolvimiento de los grandes capitales, ya que el tope que figura en la propuesta enviada al Congreso doblega la cantidad de tierras que pueden quedar bajo la tutela de conglomerados foráneos. El artículo 7° del proyecto de ley, al que Hoy tuvo acceso, asegura que “se establece en un 20% el límite a toda titularidad de dominio de tierras rurales en el territorio nacional respecto de las personas y supuestos”, lo cual genera que al 10% (del total del territorio) que ya poseen las multinacionales se les permita obtener idéntico porcentaje.
Como viene adelantando este diario, la extranjerización de la tierra está creciendo de forma incontrolada en los últimos diez años, cuestión que no se modificaría si la propuesta del Ejecutivo no es sometida a modificaciones importantes en el tratamiento que reciba en el Congreso. De no ser así, la ley venidera no representará más que una política de tipo discursivo, y hasta contribuiría a profundizar la enajenación del territorio nacional, codiciado por magnates y potencias.
La discusión llegaría al Congreso a fin de mes
La comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados citaría a fin de mes una reunión conjunta con las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Agricultura y Ganadería para discutir el proyecto de ley con el fin de limitar la venta de tierras a extranjeros, cuya sanción reclamó ayer la presidenta Cristina Fernández.
El tratamiento de la iniciativa que en abril envió el Poder Ejecutivo al Congreso quedó “planchada” en las últimas semanas luego de que fracasaran un par de reuniones convocadas por la presidenta de la comisión de Legislación General, Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro), pero, a la luz del resultado electoral de las primarias, las posibilidades de que prospere han aumentado significativamente.
Por su parte, el diputado nacional Ariel Basteiro declaró que “es indispensable que el radicalismo no frene más el debate en comisión, ya que, ante la crisis mundial, la tierra comienza a ser mirada por los sectores financieros como un bien de cambio”.
Los principales dueños del 10% del país
- El italiano Luciano Benetton posee poco más de 900 mil hectáreas en la Patagonia
- Douglas Tompkins (Estados Unidos) dispone de 400 mil hectáreas en Neuquén y Tierra del Fuego
- Empresa Alto Paraná (Chile) tiene el dominio de 175 mil hectáreas en Misiones
- GCN Combustible (Estados Unidos) gestiona 700 mil hectáreas en Catamarca para la extracción de oro y uranio.
- Charles Joe Lewis (Gran Bretaña) es propietario de alrededor de 20 mil hectáreas en Río Negro.
- Ted Turner (Estado Unidos) es dueño de 10 mil hectáreas en Neuquén y Tierra del Fuego.
- La empresa estatal china Heilongjiang Beidahuang Nongken Group compró 200 mil hectáreas en Río Negro.
Fecha de Publicación: 17/08/2011
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Nacional
La bocanada de aire que produjo el amplio margen de votos logrado por Cristina en las primarias sirvió de envión al oficialismo para avanzar en la sanción de un proyecto de ley de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales, más conocido como la ley contra la extranjerización de la tierra.
Según afirmó la mandataria meses atrás, “es una ley de pocos artículos que tiene por objeto conservar en el dominio nacional, no estatal, ya que es una cuestión de todos los argentinos y fundamentalmente de los que tienen capacidad para invertir y hacer producir la tierra”. Ahora bien, contrastando el proyecto enviado por el Ejecutivo con la situación actual, vemos que la iniciativa oficial no sólo no frena el avance extranjero sobre los recursos naturales, sino que habilita a que los pulpos multinacionales puedan adquirir miles de hectáreas más del suelo nacional.
Según un informe realizado por la Federación Agraria en la Argentina, existen entre 17 y 20 millones de hectáreas (alrededor del 10% del total de las tierras agropecuarias del país) en manos de empresarios extranjeros, muchas de las cuales fueron compradas de forma irregular. En ese plano, el proyecto del kirchnerismo no limita el desenvolvimiento de los grandes capitales, ya que el tope que figura en la propuesta enviada al Congreso doblega la cantidad de tierras que pueden quedar bajo la tutela de conglomerados foráneos. El artículo 7° del proyecto de ley, al que Hoy tuvo acceso, asegura que “se establece en un 20% el límite a toda titularidad de dominio de tierras rurales en el territorio nacional respecto de las personas y supuestos”, lo cual genera que al 10% (del total del territorio) que ya poseen las multinacionales se les permita obtener idéntico porcentaje.
Como viene adelantando este diario, la extranjerización de la tierra está creciendo de forma incontrolada en los últimos diez años, cuestión que no se modificaría si la propuesta del Ejecutivo no es sometida a modificaciones importantes en el tratamiento que reciba en el Congreso. De no ser así, la ley venidera no representará más que una política de tipo discursivo, y hasta contribuiría a profundizar la enajenación del territorio nacional, codiciado por magnates y potencias.
La discusión llegaría al Congreso a fin de mes
La comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados citaría a fin de mes una reunión conjunta con las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Agricultura y Ganadería para discutir el proyecto de ley con el fin de limitar la venta de tierras a extranjeros, cuya sanción reclamó ayer la presidenta Cristina Fernández.
El tratamiento de la iniciativa que en abril envió el Poder Ejecutivo al Congreso quedó “planchada” en las últimas semanas luego de que fracasaran un par de reuniones convocadas por la presidenta de la comisión de Legislación General, Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro), pero, a la luz del resultado electoral de las primarias, las posibilidades de que prospere han aumentado significativamente.
Por su parte, el diputado nacional Ariel Basteiro declaró que “es indispensable que el radicalismo no frene más el debate en comisión, ya que, ante la crisis mundial, la tierra comienza a ser mirada por los sectores financieros como un bien de cambio”.
Los principales dueños del 10% del país
- El italiano Luciano Benetton posee poco más de 900 mil hectáreas en la Patagonia
- Douglas Tompkins (Estados Unidos) dispone de 400 mil hectáreas en Neuquén y Tierra del Fuego
- Empresa Alto Paraná (Chile) tiene el dominio de 175 mil hectáreas en Misiones
- GCN Combustible (Estados Unidos) gestiona 700 mil hectáreas en Catamarca para la extracción de oro y uranio.
- Charles Joe Lewis (Gran Bretaña) es propietario de alrededor de 20 mil hectáreas en Río Negro.
- Ted Turner (Estado Unidos) es dueño de 10 mil hectáreas en Neuquén y Tierra del Fuego.
- La empresa estatal china Heilongjiang Beidahuang Nongken Group compró 200 mil hectáreas en Río Negro.
Justicia a favor de pueblos originarios
Justicia detiene proyectos extractivos en territorios indígenas
Fecha de Publicación: 02/06/2011
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Nacional
En lo que va del año dos fallos judiciales argentinos han destacado la obligatoriedad de la consulta previa a cualquier acto legislativo o administrativo que afecte a los pueblos indígenas.
Las sentencias de un Juzgado de Primera Instancia y del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la sureña provincia de Neuquén, que atañen a las comunidades mapuche Huenctru Trawel Leufú y Mellao Morales, cobran relevancia en Argentina, donde son contadas las resoluciones judiciales en ese sentido y la consulta no está instalada como una práctica del Estado. Los dictámenes traban el desarrollo de dos proyectos extractivos: uno hidrocarburífero y otro de minería metalífera.
En febrero, el juez Mario Tommasi, del Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de la ciudad neuquina de Cutral Co, rechazó un recurso de amparo presentado en el 2007 por Petrolera Piedra del Águila, de capitales nacionales. A través de esta medida la empresa pretendía que se garantizara su ingreso a los yacimientos Los Leones, Umbral y Ramos Mexía, que era impedido por la comunidad mapuche Huenctru Trawel Leufú, ya que están en su territorio.
A pesar de los decretos del gobierno provincial 1271/97, 4716/99 y 0278/07 que habilitaban a la compañía, el magistrado rechazó la acción porque se pretendía entrar a territorio indígena sin haberse "demostrado el cumplimiento cabal y adecuado de los procedimientos de consulta y participación" prescriptos por el artículo 75 de la Constitución Nacional (con las especificaciones contenidas en los artículos 6, 7 y 15, Convenio 169 sobre Pueblos Indígena y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo ratificado por la ley 24.071) así como por el Art. 53 de la Constitución Provincial, y por los Arts. 10, 19, 29 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
"Es la primera vez que se reconoce el Convenio 169 con la amplitud que tiene, [y que se] cita la Declaración de las Naciones Unidas; es un fallo que se ajusta totalmente a los derechos de los pueblos indígenas", afirmó Juan Manuel Salgado, abogado de la comunidad Huenctru Trawel Leufú y director del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas. Además, subrayó que "a primera vista, [la sentencia] justifica que la comunidad no haya dejado entrar a la petrolera".
La decisión de "resguardar el territorio" les costó a los comuneros no sólo la apertura de varias causas penales, sino que además fueron objeto de atentados incendiarios y durante cuatro años sufrieron el hostigamiento de fuerzas de seguridad y civiles.
Tribunal respalda a los mapuche
La comunidad Mellao Morales inició en el 2008 un juicio para que se anule el contrato entre Corporación Minera Neuquina (CORMINE) —sociedad del Estado provincial— y la compañía china Emprendimientos Mineros. En la demanda aseguró que el acuerdo que otorga a la firma asiática la explotación de un yacimiento diseminado de cobre en territorio indígena viola la legislación indígena y ambiental. Además presentó una medida cautelar para que se paralice el proyecto extractivo hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
La jueza de primera instancia Paula Stanislavski, del Juzgado Nº 1 de Neuquén, se declaró incompetente y derivó la causa al STJ. El 28 de setiembre del 2009 el máximo tribunal de la provincia devolvió la causa al juzgado de origen, pero antes resolvió a favor de los mapuche la medida cautelar ajustándose al Convenio 169 de OIT "que protege el derecho a la existencia colectiva, a la identidad cultural, a la propia institucionalidad y el derecho a la participación. En especial, en lo que ha sido erigido como sustento del pedido cautelar, nos remitimos al texto de los arts. 6.1.a, 6.2 y 15 —Derecho de consulta".
La Fiscalía de Estado de Neuquén y CORMINE apelaron y el 29 de marzo el Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso y ratificó los argumentos de su anterior decisión. En tanto, continúa el juicio por la nulidad del contrato.
"Estos fallos son excepcionales, creo que de jueces que se han salido un poco de la lógica y de la letra del Poder Judicial. Por eso hoy puede ocurrir que esto tenga un efecto contagio o de pronto sean hechos aislados. Obviamente atrás está toda la movilización de los pueblos indígenas que ya no aceptamos que mega-emprendimientos entren alegremente a nuestros territorios", destacó Jorge Nahuel, werken [vocero] de la Confederación Mapuche Neuquina (CMN) y lonko [autoridad política] de la comunidad Nehuén Mapu.
"¡Diez años para que el Poder Judicial pueda entender que es urgente y es justo aplicar este principio del derecho a la consulta!", subrayó, resaltando la década transcurrida desde la ratificación del Convenio 169 de la OIT por el Estado argentino, en julio del 2000.
Por su parte, Silvina Ramírez, presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Indígena, enfatizó que además del valor estrictamente jurídico, ambos fallos tienen particular relevancia por haber sido dictados en tribunales de Neuquén, "donde la tensión entre Estado y pueblos originarios es evidente y la relación siempre ha sido muy traumática".
En tanto, Elena Picasso, abogada de la comunidad Mellao Morales e integrante del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) de la Iglesia Católica, subrayó: "Estamos en un nivel donde hay un cierto reconocimiento mayor de los derechos indígenas a través del Tribunal Superior, que va marcando una visión diferente".
Salgado, empero, manifestó sus reparos ante esa afirmación y señaló que en recientes fallos el STJ desestimó la legislación indígena. Como ejemplo mencionó que en noviembre del 2010 el máximo tribunal provincial rechazó el pedido de inconstitucionalidad por la creación en 2004 del municipio de Villa Pehuenia, erigido de manera inconsulta sobre territorio de tres comunidades mapuche.
Concesiones petroleras objetadas
En el 2007 el Poder Ejecutivo provincial otorgó las áreas Laguna Blanca y Zapala a las petroleras Pluspetrol y Enarsa, decisión que afectó el territorio de 14 comunidades mapuche. Actualmente está en funcionamiento una mesa de negociación entre Pluspetrol y la CMN, donde se discute la implementación de una forma de consulta a implementarse por ambas partes.
En ese sentido la werken Relmu Ñanku explicó que "sería algo básico para lo que puede ser después una consulta realmente en el marco legal, que es a través del Estado".
Nahuel resaltó que "el marco vigente dice que el Estado, antes de aprobar o entrar en estudio un posible proyecto que afecte territorio indígena, debe realizar un proceso de consulta. Acá es al revés, entrega la concesión y después obliga a que sea la empresa la que negocia con la comunidad, y el principal responsable de esta situación, que es el Estado, comúnmente se ofrece a mediar".
Al igual que Neuquén, la provincia de Río Negro, en el marco del Plan exploratorio hidrocarburífero provincial 2006-2007, licitó 14 áreas en territorio mapuche sin implementar mecanismos de consulta. En julio del 2008 la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro —en consonancia con el Consejo Asesor Indígena de esa provincia, organización del pueblo mapuche— denunció la situación ante la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la OIT. En el informe del 2009 la CEACR lamentó no haber recibido del gobierno argentino la información requerida sobre el caso y lo instó a que en la provincia se garanticen las formas de consulta y participación.
Fecha de Publicación: 02/06/2011
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Nacional
En lo que va del año dos fallos judiciales argentinos han destacado la obligatoriedad de la consulta previa a cualquier acto legislativo o administrativo que afecte a los pueblos indígenas.
Las sentencias de un Juzgado de Primera Instancia y del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la sureña provincia de Neuquén, que atañen a las comunidades mapuche Huenctru Trawel Leufú y Mellao Morales, cobran relevancia en Argentina, donde son contadas las resoluciones judiciales en ese sentido y la consulta no está instalada como una práctica del Estado. Los dictámenes traban el desarrollo de dos proyectos extractivos: uno hidrocarburífero y otro de minería metalífera.
En febrero, el juez Mario Tommasi, del Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de la ciudad neuquina de Cutral Co, rechazó un recurso de amparo presentado en el 2007 por Petrolera Piedra del Águila, de capitales nacionales. A través de esta medida la empresa pretendía que se garantizara su ingreso a los yacimientos Los Leones, Umbral y Ramos Mexía, que era impedido por la comunidad mapuche Huenctru Trawel Leufú, ya que están en su territorio.
A pesar de los decretos del gobierno provincial 1271/97, 4716/99 y 0278/07 que habilitaban a la compañía, el magistrado rechazó la acción porque se pretendía entrar a territorio indígena sin haberse "demostrado el cumplimiento cabal y adecuado de los procedimientos de consulta y participación" prescriptos por el artículo 75 de la Constitución Nacional (con las especificaciones contenidas en los artículos 6, 7 y 15, Convenio 169 sobre Pueblos Indígena y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo ratificado por la ley 24.071) así como por el Art. 53 de la Constitución Provincial, y por los Arts. 10, 19, 29 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
"Es la primera vez que se reconoce el Convenio 169 con la amplitud que tiene, [y que se] cita la Declaración de las Naciones Unidas; es un fallo que se ajusta totalmente a los derechos de los pueblos indígenas", afirmó Juan Manuel Salgado, abogado de la comunidad Huenctru Trawel Leufú y director del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas. Además, subrayó que "a primera vista, [la sentencia] justifica que la comunidad no haya dejado entrar a la petrolera".
La decisión de "resguardar el territorio" les costó a los comuneros no sólo la apertura de varias causas penales, sino que además fueron objeto de atentados incendiarios y durante cuatro años sufrieron el hostigamiento de fuerzas de seguridad y civiles.
Tribunal respalda a los mapuche
La comunidad Mellao Morales inició en el 2008 un juicio para que se anule el contrato entre Corporación Minera Neuquina (CORMINE) —sociedad del Estado provincial— y la compañía china Emprendimientos Mineros. En la demanda aseguró que el acuerdo que otorga a la firma asiática la explotación de un yacimiento diseminado de cobre en territorio indígena viola la legislación indígena y ambiental. Además presentó una medida cautelar para que se paralice el proyecto extractivo hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
La jueza de primera instancia Paula Stanislavski, del Juzgado Nº 1 de Neuquén, se declaró incompetente y derivó la causa al STJ. El 28 de setiembre del 2009 el máximo tribunal de la provincia devolvió la causa al juzgado de origen, pero antes resolvió a favor de los mapuche la medida cautelar ajustándose al Convenio 169 de OIT "que protege el derecho a la existencia colectiva, a la identidad cultural, a la propia institucionalidad y el derecho a la participación. En especial, en lo que ha sido erigido como sustento del pedido cautelar, nos remitimos al texto de los arts. 6.1.a, 6.2 y 15 —Derecho de consulta".
La Fiscalía de Estado de Neuquén y CORMINE apelaron y el 29 de marzo el Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso y ratificó los argumentos de su anterior decisión. En tanto, continúa el juicio por la nulidad del contrato.
"Estos fallos son excepcionales, creo que de jueces que se han salido un poco de la lógica y de la letra del Poder Judicial. Por eso hoy puede ocurrir que esto tenga un efecto contagio o de pronto sean hechos aislados. Obviamente atrás está toda la movilización de los pueblos indígenas que ya no aceptamos que mega-emprendimientos entren alegremente a nuestros territorios", destacó Jorge Nahuel, werken [vocero] de la Confederación Mapuche Neuquina (CMN) y lonko [autoridad política] de la comunidad Nehuén Mapu.
"¡Diez años para que el Poder Judicial pueda entender que es urgente y es justo aplicar este principio del derecho a la consulta!", subrayó, resaltando la década transcurrida desde la ratificación del Convenio 169 de la OIT por el Estado argentino, en julio del 2000.
Por su parte, Silvina Ramírez, presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Indígena, enfatizó que además del valor estrictamente jurídico, ambos fallos tienen particular relevancia por haber sido dictados en tribunales de Neuquén, "donde la tensión entre Estado y pueblos originarios es evidente y la relación siempre ha sido muy traumática".
En tanto, Elena Picasso, abogada de la comunidad Mellao Morales e integrante del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) de la Iglesia Católica, subrayó: "Estamos en un nivel donde hay un cierto reconocimiento mayor de los derechos indígenas a través del Tribunal Superior, que va marcando una visión diferente".
Salgado, empero, manifestó sus reparos ante esa afirmación y señaló que en recientes fallos el STJ desestimó la legislación indígena. Como ejemplo mencionó que en noviembre del 2010 el máximo tribunal provincial rechazó el pedido de inconstitucionalidad por la creación en 2004 del municipio de Villa Pehuenia, erigido de manera inconsulta sobre territorio de tres comunidades mapuche.
Concesiones petroleras objetadas
En el 2007 el Poder Ejecutivo provincial otorgó las áreas Laguna Blanca y Zapala a las petroleras Pluspetrol y Enarsa, decisión que afectó el territorio de 14 comunidades mapuche. Actualmente está en funcionamiento una mesa de negociación entre Pluspetrol y la CMN, donde se discute la implementación de una forma de consulta a implementarse por ambas partes.
En ese sentido la werken Relmu Ñanku explicó que "sería algo básico para lo que puede ser después una consulta realmente en el marco legal, que es a través del Estado".
Nahuel resaltó que "el marco vigente dice que el Estado, antes de aprobar o entrar en estudio un posible proyecto que afecte territorio indígena, debe realizar un proceso de consulta. Acá es al revés, entrega la concesión y después obliga a que sea la empresa la que negocia con la comunidad, y el principal responsable de esta situación, que es el Estado, comúnmente se ofrece a mediar".
Al igual que Neuquén, la provincia de Río Negro, en el marco del Plan exploratorio hidrocarburífero provincial 2006-2007, licitó 14 áreas en territorio mapuche sin implementar mecanismos de consulta. En julio del 2008 la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro —en consonancia con el Consejo Asesor Indígena de esa provincia, organización del pueblo mapuche— denunció la situación ante la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la OIT. En el informe del 2009 la CEACR lamentó no haber recibido del gobierno argentino la información requerida sobre el caso y lo instó a que en la provincia se garanticen las formas de consulta y participación.
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