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107 plaguicidas prohibidos en otros países se usan acá
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En Argentina se utilizan 107 plaguicidas prohibidos en otros países
Fecha de Publicación: 12/04/2019
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Nacional
El ingeniero agrónomo Javier Souza Casadinho realizó un análisis de los agroquímicos empleados en distintos cultivos e incluyó a Misiones. Señaló que un 36% de estos productos “son altamente peligrosos”.
Un informe reveló que en la Argentina se encuentran autorizados 107 plaguicidas que son prohibidos o no autorizados en otros países, de los cuales un 36% son altamente peligrosos, según los criterios establecidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Esta lista aumenta a un 73% si se tienen en cuenta los criterios adicionales propuestos por la Red de Acción en Plaguicidas (PAN) internacional.
Esta cifra fue revelada por el ingeniero agrónomo Javier Souza Casadinho, quien realizó un análisis de los agroquímicos utilizados en el país.
Detalló, además, que los principales cultivos que hacen uso de estos químicos altamente peligrosos son los de soja, maíz, trigo, cebada, girasol, arroz, hortalizas, tabaco, caña de azúcar, árboles exóticos (pinos y eucaliptos), algodón, frutales de carozos (peras y manzanas) y frutales cítricos.
Mientras que otros usos que se le dan a estos pesticidas tienen que ver con “el tratamiento de pulgas y garrapatas en perros y gatos, en el control de hierbas e insectos en parques y jardines, el control de moscas y mosquitos posibles vectores de enfermedades”.
Esto es posible, señaló el autor, debido a políticas públicas llevadas a cabo en los últimos 30 años “en las cuales prevalece la idea de incrementar la producción de los cultivos con el fin de generar saldos exportables”.
En la publicación también señaló que “la legislación relativa al registro, comercialización y aplicación de plaguicidas es incompleta, permisiva y obsoleta”.
Es que, si bien el Registro Nacional depende del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), a través de la Dirección Nacional de Agroquímicos, Productos Veterinarios y Alimentos, “existen serias deficiencias” ya que no hay participación “ni de la Secretaría de Salud ni de la de Ambiente en la aprobación de los plaguicidas de uso agrícola”.
Asimismo, apunta que “la Argentina carece de una legislación integral que regule el ciclo completo de registro, comercialización y utilización de plaguicidas, por ello su regularización se realiza a través de decretos y disposiciones legales”.
En Misiones
El informe da cuenta además que “muchos de estos plaguicidas altamente peligrosos” se utilizan en cultivos como “tabaco, hortalizas y en el sector forestal”, actividades que forman parte de las economías regionales en Misiones.
Ante esta situación, el investigador expone una serie de propuestas de grupos de la sociedad civil y universidad, alternativas al uso de estos plaguicidas altamente peligrosos y basadas en los principios de la agroecología. Ésta consiste en la aplicación de agroecosistemas sustentables que permiten obtener productividad y estabilidad.
Es un enfoque económicamente viable enfatizando la agricultura en armonía con los ciclos y procesos naturales y con el enfoque político de la soberanía alimentaria y, de esta manera, promover la salud del suelo, la biodiversidad y la función del ecosistema natural.
En este sentido, se destaca la experiencia de productores de Montecarlo y Caraguatay donde, por distintos factores (como económicos, familiares, por valores o por un aumento en la demanda), han integrado cultivos incluyendo especies arbóreas con la cría de animales de distintos tipos.
Conclusiones y recomendaciones
El trabajo indica que “la situación en Argentina derivada del uso y efecto socioambiental de los plaguicidas categorizados como altamente peligrosos “es grave”, no sólo por su utilización en la mayoría de las producciones agrarias sino porque además “se manipulan las campañas sanitarias y para el tratamiento de mascotas”.
También advierte que “se carece de un marco jurídico eficaz y de la capacidad institucional para afrontar los problemas que platean los plaguicidas durante todo el ciclo de vida”.
Por todo esto, se recomienda “prohibir los plaguicidas altamente peligrosos prohibidos y/o de usos restringidos en otros países, ya que en la mayoría de los casos tal iniciativa se basa en investigaciones científicas y/o monitoreos epidemiológicos que se corresponden con criterios de preservar la salud socioambiental”.
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Fecha de Publicación: 12/04/2019
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Nacional
El ingeniero agrónomo Javier Souza Casadinho realizó un análisis de los agroquímicos empleados en distintos cultivos e incluyó a Misiones. Señaló que un 36% de estos productos “son altamente peligrosos”.
Un informe reveló que en la Argentina se encuentran autorizados 107 plaguicidas que son prohibidos o no autorizados en otros países, de los cuales un 36% son altamente peligrosos, según los criterios establecidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Esta lista aumenta a un 73% si se tienen en cuenta los criterios adicionales propuestos por la Red de Acción en Plaguicidas (PAN) internacional.
Esta cifra fue revelada por el ingeniero agrónomo Javier Souza Casadinho, quien realizó un análisis de los agroquímicos utilizados en el país.
Detalló, además, que los principales cultivos que hacen uso de estos químicos altamente peligrosos son los de soja, maíz, trigo, cebada, girasol, arroz, hortalizas, tabaco, caña de azúcar, árboles exóticos (pinos y eucaliptos), algodón, frutales de carozos (peras y manzanas) y frutales cítricos.
Mientras que otros usos que se le dan a estos pesticidas tienen que ver con “el tratamiento de pulgas y garrapatas en perros y gatos, en el control de hierbas e insectos en parques y jardines, el control de moscas y mosquitos posibles vectores de enfermedades”.
Esto es posible, señaló el autor, debido a políticas públicas llevadas a cabo en los últimos 30 años “en las cuales prevalece la idea de incrementar la producción de los cultivos con el fin de generar saldos exportables”.
En la publicación también señaló que “la legislación relativa al registro, comercialización y aplicación de plaguicidas es incompleta, permisiva y obsoleta”.
Es que, si bien el Registro Nacional depende del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), a través de la Dirección Nacional de Agroquímicos, Productos Veterinarios y Alimentos, “existen serias deficiencias” ya que no hay participación “ni de la Secretaría de Salud ni de la de Ambiente en la aprobación de los plaguicidas de uso agrícola”.
Asimismo, apunta que “la Argentina carece de una legislación integral que regule el ciclo completo de registro, comercialización y utilización de plaguicidas, por ello su regularización se realiza a través de decretos y disposiciones legales”.
En Misiones
El informe da cuenta además que “muchos de estos plaguicidas altamente peligrosos” se utilizan en cultivos como “tabaco, hortalizas y en el sector forestal”, actividades que forman parte de las economías regionales en Misiones.
Ante esta situación, el investigador expone una serie de propuestas de grupos de la sociedad civil y universidad, alternativas al uso de estos plaguicidas altamente peligrosos y basadas en los principios de la agroecología. Ésta consiste en la aplicación de agroecosistemas sustentables que permiten obtener productividad y estabilidad.
Es un enfoque económicamente viable enfatizando la agricultura en armonía con los ciclos y procesos naturales y con el enfoque político de la soberanía alimentaria y, de esta manera, promover la salud del suelo, la biodiversidad y la función del ecosistema natural.
En este sentido, se destaca la experiencia de productores de Montecarlo y Caraguatay donde, por distintos factores (como económicos, familiares, por valores o por un aumento en la demanda), han integrado cultivos incluyendo especies arbóreas con la cría de animales de distintos tipos.
Conclusiones y recomendaciones
El trabajo indica que “la situación en Argentina derivada del uso y efecto socioambiental de los plaguicidas categorizados como altamente peligrosos “es grave”, no sólo por su utilización en la mayoría de las producciones agrarias sino porque además “se manipulan las campañas sanitarias y para el tratamiento de mascotas”.
También advierte que “se carece de un marco jurídico eficaz y de la capacidad institucional para afrontar los problemas que platean los plaguicidas durante todo el ciclo de vida”.
Por todo esto, se recomienda “prohibir los plaguicidas altamente peligrosos prohibidos y/o de usos restringidos en otros países, ya que en la mayoría de los casos tal iniciativa se basa en investigaciones científicas y/o monitoreos epidemiológicos que se corresponden con criterios de preservar la salud socioambiental”.
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Se olvidaron de Bergman
Insólito: el Gobierno armó una cumbre de cambio climático y "olvidó" invitar a Bergman
Fecha de Publicación: 03/04/2019
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
La secretaria de Políticas Hídricas convocó una cumbre con especialistas en el tema sin el secretario del área de Medio Ambiente. La interna detrás del episodio.
El panel se denominó “Agua y adaptación al cambio climático”.La cumbre, organizada por el Gobierno nacional, tuvo como caras visibles al secretario de Infraestructura y Política Hídrica,Pablo Bereciartúa, y a Monika Weber-Fahr, CEO de Global Water Partnership, una ONG internacional vinculada al manejo del agua. Sin embargo,los organizadores no recordaron invitar al secretario de Medio Ambiente Sergio Bergman lo cual puso de relieve una interna que viene desarrollándose de manera progresiva desde hace un par de años.
Se trata del vínculo entre ambos secretarios, cuyos roces llegaron a oídos del propio presidente, Mauricio Macri. El enojo de Bergman también llegó a la Casa Rosada. "Están peleados a muerte”, describe una fuente oficial de manera cruda.
Bereciartúa, a quien en broma apodaron “Aquaman” ya que nada en mar abierto y lo festeja en las redes sociales quien tiene diálogo directo con el Presidente, aunque es detallista en cuanto a las obras en ejecución, nunca tuvo en cuenta a Bergman para el armado de sus políticas.
Por su lado, el secretario de Medio Ambiente, quien logró zafar del vendaval de cambios de gabinete, recibió un mensaje a horas del evento. “Quiero que vayas, es a las 17”, le dijo Bereciartúa, luego de anoticiarse del “olvido” por un funcionario nacional de su área. “Mirá Pablo, no llego”, le respondió, con bronca, el Rabino. Y agregó: “Se hace difícil trabajar en equipo”.
El evento fue convocado en el Palacio de las Aguas Corrientes que depende de Aysa, la empresa estatal en la que Bereciartúa puso a su mano derecha, José Luis Inglese. “El #CambioClimático y la gestión del #Agua son temas estratégicos para #Espana y para #Argentina por eso hemos firmado convenios de colaboración entre ambos países #sustentabilidad”, twitteó el secretario de Políticas Hídricas antes del encuentro.
A pesar de las diferencias, existe un gabinete de Cambio Climático que preside el presidente Macri.
Lo curioso es que la semana pasada la organización Apolitical decidió elaborar un listado de líderes políticos, funcionarios, académicos y activistas de todo el mundo que luchan contra el cambio climático. La lista incluyó expertos en el tema y organizaciones no gubernamentales. De las 100 personas elegidas aparecieron dos argentinos: el Papa Francisco y el propio Bergman.
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Fecha de Publicación: 03/04/2019
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
La secretaria de Políticas Hídricas convocó una cumbre con especialistas en el tema sin el secretario del área de Medio Ambiente. La interna detrás del episodio.
El panel se denominó “Agua y adaptación al cambio climático”.La cumbre, organizada por el Gobierno nacional, tuvo como caras visibles al secretario de Infraestructura y Política Hídrica,Pablo Bereciartúa, y a Monika Weber-Fahr, CEO de Global Water Partnership, una ONG internacional vinculada al manejo del agua. Sin embargo,los organizadores no recordaron invitar al secretario de Medio Ambiente Sergio Bergman lo cual puso de relieve una interna que viene desarrollándose de manera progresiva desde hace un par de años.
Se trata del vínculo entre ambos secretarios, cuyos roces llegaron a oídos del propio presidente, Mauricio Macri. El enojo de Bergman también llegó a la Casa Rosada. "Están peleados a muerte”, describe una fuente oficial de manera cruda.
Bereciartúa, a quien en broma apodaron “Aquaman” ya que nada en mar abierto y lo festeja en las redes sociales quien tiene diálogo directo con el Presidente, aunque es detallista en cuanto a las obras en ejecución, nunca tuvo en cuenta a Bergman para el armado de sus políticas.
Por su lado, el secretario de Medio Ambiente, quien logró zafar del vendaval de cambios de gabinete, recibió un mensaje a horas del evento. “Quiero que vayas, es a las 17”, le dijo Bereciartúa, luego de anoticiarse del “olvido” por un funcionario nacional de su área. “Mirá Pablo, no llego”, le respondió, con bronca, el Rabino. Y agregó: “Se hace difícil trabajar en equipo”.
El evento fue convocado en el Palacio de las Aguas Corrientes que depende de Aysa, la empresa estatal en la que Bereciartúa puso a su mano derecha, José Luis Inglese. “El #CambioClimático y la gestión del #Agua son temas estratégicos para #Espana y para #Argentina por eso hemos firmado convenios de colaboración entre ambos países #sustentabilidad”, twitteó el secretario de Políticas Hídricas antes del encuentro.
A pesar de las diferencias, existe un gabinete de Cambio Climático que preside el presidente Macri.
Lo curioso es que la semana pasada la organización Apolitical decidió elaborar un listado de líderes políticos, funcionarios, académicos y activistas de todo el mundo que luchan contra el cambio climático. La lista incluyó expertos en el tema y organizaciones no gubernamentales. De las 100 personas elegidas aparecieron dos argentinos: el Papa Francisco y el propio Bergman.
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Argentina se sumó a "La Hora del Planeta"
Desde el Obelisco al Planetario: diez íconos porteños se apagaron contra el cambio climático
Fecha de Publicación: 01/04/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional
En la noche de este sábado, a partir de las 20.30 y por una hora, se apagaron las luces de diez monumentos y edificios emblemáticos de la Ciudad. La acción fue organizada por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño, para sumar a Buenos Aires a "La Hora del Planeta", una campaña global para concientizar acerca del cambio climático.
Los íconos porteños que quedaron a oscuras son el Obelisco, la Floralis Genérica, el Monumento a los Españoles, el Puente de la Mujer, el Cabildo, la Facultad de Ingeniería, la Peatonal Lavalle, el Palacio Lezama, el Planetario, la Plaza del Congreso y la Torre Monumental, también conocida como Torre de los Ingleses.
“Todos los años, desde la Ciudad nos sumamos a esta campaña mundial para concientizar acerca del cambio climático. Es importante que todos nos involucremos en el cuidado de nuestro ambiente. Cada acción cotidiana, por pequeña que sea, contribuye a mejorar nuestro entorno”, afirmó Eduardo Macchiavelli, el ministro de Ambiente porteño.
La Hora del Planeta es una iniciativa global de la Organización Mundial de Conservación (WWF), coordinada en la Argentina por la Fundación Vida Silvestre. Consiste en invitar a individuos, gobiernos y empresas a apagar la luz para demostrar que el cambio climático nos compromete a todos.
La idea surgió en Sidney, Australia, en 2007. Este año es la 13° vez que se organiza y, según se espera, participarán millones de personas en 180 países, que apagarán las luces a la misma hora para reflejar el impacto que tiene el gasto energético sobre el cambio climático y su papel clave en la naturaleza.
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Fecha de Publicación: 01/04/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional
En la noche de este sábado, a partir de las 20.30 y por una hora, se apagaron las luces de diez monumentos y edificios emblemáticos de la Ciudad. La acción fue organizada por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño, para sumar a Buenos Aires a "La Hora del Planeta", una campaña global para concientizar acerca del cambio climático.
Los íconos porteños que quedaron a oscuras son el Obelisco, la Floralis Genérica, el Monumento a los Españoles, el Puente de la Mujer, el Cabildo, la Facultad de Ingeniería, la Peatonal Lavalle, el Palacio Lezama, el Planetario, la Plaza del Congreso y la Torre Monumental, también conocida como Torre de los Ingleses.
“Todos los años, desde la Ciudad nos sumamos a esta campaña mundial para concientizar acerca del cambio climático. Es importante que todos nos involucremos en el cuidado de nuestro ambiente. Cada acción cotidiana, por pequeña que sea, contribuye a mejorar nuestro entorno”, afirmó Eduardo Macchiavelli, el ministro de Ambiente porteño.
La Hora del Planeta es una iniciativa global de la Organización Mundial de Conservación (WWF), coordinada en la Argentina por la Fundación Vida Silvestre. Consiste en invitar a individuos, gobiernos y empresas a apagar la luz para demostrar que el cambio climático nos compromete a todos.
La idea surgió en Sidney, Australia, en 2007. Este año es la 13° vez que se organiza y, según se espera, participarán millones de personas en 180 países, que apagarán las luces a la misma hora para reflejar el impacto que tiene el gasto energético sobre el cambio climático y su papel clave en la naturaleza.
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En el Parque Mburucuyá también quieren "infraestructuras"
Alerta en el Parque Mburucuyá por un proyecto nacional para concesionar servicios en áreas naturales protegidas
Fecha de Publicación: 27/03/2019
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
“Con el objetivo de diversificar la oferta de servicios ecoturísticos en áreas naturales protegidas, de importancia y reconocimiento internacional; para captar nuevos mercados y extender la estadía promedio de los visitantes, de forma tal de aumentar el gasto turístico y dinamizar las economías regionales, a través de servicios de calidad, infraestructura sustentable y experiencias inolvidables, te invitamos a presentar propuestas innovadoras para desarrollar el Turismo de Naturaleza en escenarios de una belleza única: los Parques Nacionales de la Argentina”. Esta es la invitación oficial que figura en el página web oficial del Gobierno de nuestro país. Una propuesta que implicaría -por ejemplo- el desarrollo de proyectos de hosterías y parques temáticos- y que generó un fuerte rechazo en el Parque Nacional Iguazú (Misiones).
Ahora también trabajadores del Parque Nacional Mburucuyá están en alerta. Así lo expresaron desde dicho sector a El Litoral.
En este sentido, aseveraron que por ello resolvieron emitir un comunicado. A través del citado escrito expresan que el proyecto de inversiones “Oportunidades naturales” incluye al Parque Nacional Mburucuyá.
“Lo que pretenden instalar dentro del Parque, en lo que fuera el ‘Puesto de Lolo’, es un predio sin limitación física para que una empresa de gran capital, por las características del proyecto, realice un glamping (cabañas desmontables de lujo), para que solamente haga uso un sector muy reducido de la sociedad, generando que las comunidades locales y regionales no se vean beneficiadas desde ningún punto de vista, ya que no contribuirá al real desarrollo de las economías locales por no generar oportunidades de trabajo en el largo plazo ni participación local”, señalaron. Al mismo tiempo consideraron que “además generaría competencia desleal hacia los emprendimientos locales”.
Impacto
Mientras que en otro párrafo advierten que “ese proyecto generaría impactos ambientales negativos porque se quiere desmontar un área poco representada en el Parque Nacional -sólo el 10%- como lo son los mogotes. Afectando así la diversidad de especies de la flora y la fauna”. A lo que agregaron que “la propuesta no establece el lugar donde irán los desechos cloacales y la disposición final de residuos, entendiéndose de esta manera que se generará contaminación ambiental por desechos cloacales y basura dentro del Parque Nacional”.
En este contexto, recuerdan que la citada área “ya cuenta con con sector de camping, con baños, duchas, fogones y quinchos gratuitos y así debería continuar”. Asimismo, destacan que “en el caso de generarse nuevos servicios como proveeduría, kayak, bicicletas, etc., deben ser otorgados para su realización a emprendedores locales, como lo expresan distintas normativas sobre el tema”.
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Fecha de Publicación: 27/03/2019
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
“Con el objetivo de diversificar la oferta de servicios ecoturísticos en áreas naturales protegidas, de importancia y reconocimiento internacional; para captar nuevos mercados y extender la estadía promedio de los visitantes, de forma tal de aumentar el gasto turístico y dinamizar las economías regionales, a través de servicios de calidad, infraestructura sustentable y experiencias inolvidables, te invitamos a presentar propuestas innovadoras para desarrollar el Turismo de Naturaleza en escenarios de una belleza única: los Parques Nacionales de la Argentina”. Esta es la invitación oficial que figura en el página web oficial del Gobierno de nuestro país. Una propuesta que implicaría -por ejemplo- el desarrollo de proyectos de hosterías y parques temáticos- y que generó un fuerte rechazo en el Parque Nacional Iguazú (Misiones).
Ahora también trabajadores del Parque Nacional Mburucuyá están en alerta. Así lo expresaron desde dicho sector a El Litoral.
En este sentido, aseveraron que por ello resolvieron emitir un comunicado. A través del citado escrito expresan que el proyecto de inversiones “Oportunidades naturales” incluye al Parque Nacional Mburucuyá.
“Lo que pretenden instalar dentro del Parque, en lo que fuera el ‘Puesto de Lolo’, es un predio sin limitación física para que una empresa de gran capital, por las características del proyecto, realice un glamping (cabañas desmontables de lujo), para que solamente haga uso un sector muy reducido de la sociedad, generando que las comunidades locales y regionales no se vean beneficiadas desde ningún punto de vista, ya que no contribuirá al real desarrollo de las economías locales por no generar oportunidades de trabajo en el largo plazo ni participación local”, señalaron. Al mismo tiempo consideraron que “además generaría competencia desleal hacia los emprendimientos locales”.
Impacto
Mientras que en otro párrafo advierten que “ese proyecto generaría impactos ambientales negativos porque se quiere desmontar un área poco representada en el Parque Nacional -sólo el 10%- como lo son los mogotes. Afectando así la diversidad de especies de la flora y la fauna”. A lo que agregaron que “la propuesta no establece el lugar donde irán los desechos cloacales y la disposición final de residuos, entendiéndose de esta manera que se generará contaminación ambiental por desechos cloacales y basura dentro del Parque Nacional”.
En este contexto, recuerdan que la citada área “ya cuenta con con sector de camping, con baños, duchas, fogones y quinchos gratuitos y así debería continuar”. Asimismo, destacan que “en el caso de generarse nuevos servicios como proveeduría, kayak, bicicletas, etc., deben ser otorgados para su realización a emprendedores locales, como lo expresan distintas normativas sobre el tema”.
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Reservas Naturales - Parques
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Argentina se presentó en la UNEA
Argentina presentó la posición latinoamericana en la IV Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Fecha de Publicación: 13/03/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El encuentro, el más importante a nivel mundial en la toma de decisiones en la materia, se extenderá hasta el 15 de este mes.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación participa de la IV Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA IV) que se lleva a cabo en Nairobi, Kenia, desde ayer y hasta el 15 de marzo, bajo el lema “Soluciones innovadoras para retos ambientales y consumo y producción sostenibles”. En este ámbito, la Secretaría presentó la Declaración Regional en representación de los países de América Latina y el Caribe.
La mencionada asamblea es un órgano rector que se reúne cada dos años y fue creado en el 2012 durante la celebración de la Conferencia de la Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, conocida como Rio+20. El área de Ambiente nacional, a cargo de Sergio Bergman, está representada por la subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional, Mariela Chervin, y el subsecretario de Fiscalización y Recomposición, Juan Trebino, quienes junto con la Cancillería y el equipo de la Embajada argentina en Kenia conforman la delegación de nuestro país.
Los países de la región están convencidos de que no habrá soluciones asequibles ante cualquier desafío sin un diálogo constructivo que permita lograr el consenso entre los diversos actores involucrados. La región ha sido testigo de ello durante el último Foro de Ministros de Medio Ambiente, que tuvo lugar en nuestro país en 2018 y que fue presidido por el Secretario de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman. Cabe recordar que en el marco de ese foro se acordaron cuatro decisiones procurando plasmar acciones concretas y medibles: 1) decisión sobre químicos, basura marina y gestión de desechos; 2) decisión sobre cambio climático; 3) decisión sobre consumo y producción sostenibles: desacoplando el crecimiento económico del uso de recursos y del impacto ambiental; y 4) decisión sobre soluciones innovadoras para potenciar los beneficios de la biodiversidad y los ecosistemas.
La delegación argentina también presentará una Declaración Nacional. En la misma se destacarán las oportunidades que brindó el ejercicio de la presidencia del G20, que dio continuidad e impulso al Diálogo sobre Eficiencia de Recursos. También se hará mención el Plan de Acción Nacional de Transporte y Cambio Climático y la necesidad de lograr un salto hacia tecnologías en bajas emisiones como, entre otras la movilidad sustentable.
Otro enfoque destacable de la Declaración Nacional será la importancia de concretar una transición hacia ciudades resilientes y remarcar que el Gobierno nacional estableció entre sus prioridades la implementación de una “Red Federal de Ciudades Sustentables”.
Como producto del trabajo realizado en el Foro de Ministros, Argentina, Chile, Perú y Costa Rica elaboraron una propuesta de resolución sobre movilidad sustentable, que cuenta con el consenso técnico de los países y será presentada el viernes próximo, para su aprobación por la Asamblea.
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Fecha de Publicación: 13/03/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El encuentro, el más importante a nivel mundial en la toma de decisiones en la materia, se extenderá hasta el 15 de este mes.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación participa de la IV Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA IV) que se lleva a cabo en Nairobi, Kenia, desde ayer y hasta el 15 de marzo, bajo el lema “Soluciones innovadoras para retos ambientales y consumo y producción sostenibles”. En este ámbito, la Secretaría presentó la Declaración Regional en representación de los países de América Latina y el Caribe.
La mencionada asamblea es un órgano rector que se reúne cada dos años y fue creado en el 2012 durante la celebración de la Conferencia de la Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, conocida como Rio+20. El área de Ambiente nacional, a cargo de Sergio Bergman, está representada por la subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional, Mariela Chervin, y el subsecretario de Fiscalización y Recomposición, Juan Trebino, quienes junto con la Cancillería y el equipo de la Embajada argentina en Kenia conforman la delegación de nuestro país.
Los países de la región están convencidos de que no habrá soluciones asequibles ante cualquier desafío sin un diálogo constructivo que permita lograr el consenso entre los diversos actores involucrados. La región ha sido testigo de ello durante el último Foro de Ministros de Medio Ambiente, que tuvo lugar en nuestro país en 2018 y que fue presidido por el Secretario de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman. Cabe recordar que en el marco de ese foro se acordaron cuatro decisiones procurando plasmar acciones concretas y medibles: 1) decisión sobre químicos, basura marina y gestión de desechos; 2) decisión sobre cambio climático; 3) decisión sobre consumo y producción sostenibles: desacoplando el crecimiento económico del uso de recursos y del impacto ambiental; y 4) decisión sobre soluciones innovadoras para potenciar los beneficios de la biodiversidad y los ecosistemas.
La delegación argentina también presentará una Declaración Nacional. En la misma se destacarán las oportunidades que brindó el ejercicio de la presidencia del G20, que dio continuidad e impulso al Diálogo sobre Eficiencia de Recursos. También se hará mención el Plan de Acción Nacional de Transporte y Cambio Climático y la necesidad de lograr un salto hacia tecnologías en bajas emisiones como, entre otras la movilidad sustentable.
Otro enfoque destacable de la Declaración Nacional será la importancia de concretar una transición hacia ciudades resilientes y remarcar que el Gobierno nacional estableció entre sus prioridades la implementación de una “Red Federal de Ciudades Sustentables”.
Como producto del trabajo realizado en el Foro de Ministros, Argentina, Chile, Perú y Costa Rica elaboraron una propuesta de resolución sobre movilidad sustentable, que cuenta con el consenso técnico de los países y será presentada el viernes próximo, para su aprobación por la Asamblea.
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San Juan pone en marcha un Observatorio Ambiental
El Observatorio Ambiental San Juan ya está en marcha
Fecha de Publicación: 13/03/2019
Fuente: Servicio informativo Gobierno de San Juan
Provincia/Región: San Juan
A través de la puesta en funcionamiento del Observatorio Ambiental San Juan se busca concretar un trabajo interinstitucional que comprende la suma de esfuerzos de distintas entidades del Estado, así como de entidades privadas. El objetivo es realizar el monitoreo de parámetros ambientales mediante equipos terminales remotos que recaban datos y los transmiten en tiempo real a un servidor de base de datos del Gobierno de San Juan, el cual a través de software aplicativo permite procesar los registros obtenidos en terminales. Estas últimas se encontrarán ubicadas en la Sala de Monitoreo del Centro de Educación Ambiental Anchipurac.
Durante el acto, el gobernador Sergio Uñac destacó la iniciativa y el trabajo que se hizo y se sigue haciendo en pos del cuidado del medioambiente: “En este esfuerzo conjunto estamos no solo quienes somos parte de la vida activa de los sanjuaninos, sino también de quienes tenemos máximas responsabilidades respecto a la vida activa de los mismos. Me parece que es una muy buena foto, una muy buena señal, que podamos sentarnos a conversar de algo tan relevante y sensible como es el cuidado del medioambiente”, expresó Uñac.
Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Sustentable, Jorge Scellato, manifestó: “La creación del Observatorio Ambiental tiene como objetivo monitorear los parámetros ambientales de la provincia en toda su geografía, definiendo distintas capas de información que son básicamente el agua, aire, el suelo, la biodiversidad, el bosque nativo y el arbolado urbano entre otros que iremos trabajando para la integración de los mismos. Pretendemos medir para poder tomar decisiones adecuadas en la gestión ambiental provincial”.
A su vez, el titular de Medio Ambiente, Raúl Tello, señaló: “Hace poco se dictó capacitación de temas ambientales a pacientes y fundamentalmente a los prestadores de los servicios de salud en el ámbito de la Fiesta Nacional del Sol. En las colonias también se concientizó del cuidado del medioambiente, todo dentro del programa como política de Estado del Gobierno. Hoy constituimos este Observatorio Ambiental y de monitoreo, con la representación de cada ministerio que harán un trabajo de monitoreo de los recursos. Esto permitirá sumar a las universidades con sus institutos y se logra trabajando en conjunto, con la parte pública y privada. La finalidad es contar con un observatorio que disponga de toda la información necesaria para el cuidado del medioambiente”.
El acto tuvo lugar en la Sala de Situación “Dr. Rogelio Cerdera” en Casa de Gobierno. El primer mandatario provincial estuvo acompañado por el ministro de Producción y Desarrollo Económico, Andrés Díaz Cano; el secretario de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Raúl Tello; el subsecretario de Desarrollo Sustentable, Jorge Scellato; la subsecretaria de Conservación y Áreas Protegidas, Alejandra Cano; y por los rectores de la Universidad Católica de Cuyo, Claudio Larrea; y de la Universidad Nacional de San Juan, Oscar Nasisi.
Más sobre el observatorio
Estará conformado por un Centro de Monitoreo, en el que habrá un área interinstitucional y se trabajará con un proyecto técnico y científico con equipamiento de telemetría, construcción de estadísticas e indicadores sobre contaminación del suelo, el aire, el agua y la biodiversidad y evaluación del impacto de las acciones humanas en tiempo real, gestionando la prevención y mitigación del impacto ambiental. La Agencia de Cambio Climático, consorcio asociativo público privado, entidad creada con el objetivo de contribuir con las investigaciones mundiales en la materia. Y el Observatorio de Residuos, en el que se realizará relevamiento de datos, mediciones, inventarios, estadísticas, gestión de proyectos innovadores para diseño de eco envases y eco materiales y trazabilidad de los residuos generados en toda la provincia.
Por Ley 1800-L fue conformado el Consejo Directivo de Articulación de Organismos del Estado, conformado por la Secretaría de Ambiente, Ministerios de Producción, Minería e Infraestructura cuya función es establecer los lineamientos de funcionamiento del Observatorio. Además, participarán organismos nacionales como Universidad Nacional de San Juan, Universidad Católica de Cuyo, INTA, INTI, INACRASS
Durante este año, los avances en el observatorio fueron notables, finalizó la construcción del mismo y se comenzó a trabajar en el equipamiento de la Sala de Monitoreo. Esta contará con 15 estaciones de trabajo, totalmente equipadas, a través de las que se podrá acceder a una red para obtener o ingresar información, además contará con dos video walls, también se instalaron en los servidores del Data Center del Gobierno de San Juan, para ello fue asignado un servidor especial, con una aplicación que permite recibir datos de estaciones de monitoreo remoto o ingresar datos manualmente.
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Fecha de Publicación: 13/03/2019
Fuente: Servicio informativo Gobierno de San Juan
Provincia/Región: San Juan
A través de la puesta en funcionamiento del Observatorio Ambiental San Juan se busca concretar un trabajo interinstitucional que comprende la suma de esfuerzos de distintas entidades del Estado, así como de entidades privadas. El objetivo es realizar el monitoreo de parámetros ambientales mediante equipos terminales remotos que recaban datos y los transmiten en tiempo real a un servidor de base de datos del Gobierno de San Juan, el cual a través de software aplicativo permite procesar los registros obtenidos en terminales. Estas últimas se encontrarán ubicadas en la Sala de Monitoreo del Centro de Educación Ambiental Anchipurac.
Durante el acto, el gobernador Sergio Uñac destacó la iniciativa y el trabajo que se hizo y se sigue haciendo en pos del cuidado del medioambiente: “En este esfuerzo conjunto estamos no solo quienes somos parte de la vida activa de los sanjuaninos, sino también de quienes tenemos máximas responsabilidades respecto a la vida activa de los mismos. Me parece que es una muy buena foto, una muy buena señal, que podamos sentarnos a conversar de algo tan relevante y sensible como es el cuidado del medioambiente”, expresó Uñac.
Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Sustentable, Jorge Scellato, manifestó: “La creación del Observatorio Ambiental tiene como objetivo monitorear los parámetros ambientales de la provincia en toda su geografía, definiendo distintas capas de información que son básicamente el agua, aire, el suelo, la biodiversidad, el bosque nativo y el arbolado urbano entre otros que iremos trabajando para la integración de los mismos. Pretendemos medir para poder tomar decisiones adecuadas en la gestión ambiental provincial”.
A su vez, el titular de Medio Ambiente, Raúl Tello, señaló: “Hace poco se dictó capacitación de temas ambientales a pacientes y fundamentalmente a los prestadores de los servicios de salud en el ámbito de la Fiesta Nacional del Sol. En las colonias también se concientizó del cuidado del medioambiente, todo dentro del programa como política de Estado del Gobierno. Hoy constituimos este Observatorio Ambiental y de monitoreo, con la representación de cada ministerio que harán un trabajo de monitoreo de los recursos. Esto permitirá sumar a las universidades con sus institutos y se logra trabajando en conjunto, con la parte pública y privada. La finalidad es contar con un observatorio que disponga de toda la información necesaria para el cuidado del medioambiente”.
El acto tuvo lugar en la Sala de Situación “Dr. Rogelio Cerdera” en Casa de Gobierno. El primer mandatario provincial estuvo acompañado por el ministro de Producción y Desarrollo Económico, Andrés Díaz Cano; el secretario de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Raúl Tello; el subsecretario de Desarrollo Sustentable, Jorge Scellato; la subsecretaria de Conservación y Áreas Protegidas, Alejandra Cano; y por los rectores de la Universidad Católica de Cuyo, Claudio Larrea; y de la Universidad Nacional de San Juan, Oscar Nasisi.
Más sobre el observatorio
Estará conformado por un Centro de Monitoreo, en el que habrá un área interinstitucional y se trabajará con un proyecto técnico y científico con equipamiento de telemetría, construcción de estadísticas e indicadores sobre contaminación del suelo, el aire, el agua y la biodiversidad y evaluación del impacto de las acciones humanas en tiempo real, gestionando la prevención y mitigación del impacto ambiental. La Agencia de Cambio Climático, consorcio asociativo público privado, entidad creada con el objetivo de contribuir con las investigaciones mundiales en la materia. Y el Observatorio de Residuos, en el que se realizará relevamiento de datos, mediciones, inventarios, estadísticas, gestión de proyectos innovadores para diseño de eco envases y eco materiales y trazabilidad de los residuos generados en toda la provincia.
Por Ley 1800-L fue conformado el Consejo Directivo de Articulación de Organismos del Estado, conformado por la Secretaría de Ambiente, Ministerios de Producción, Minería e Infraestructura cuya función es establecer los lineamientos de funcionamiento del Observatorio. Además, participarán organismos nacionales como Universidad Nacional de San Juan, Universidad Católica de Cuyo, INTA, INTI, INACRASS
Durante este año, los avances en el observatorio fueron notables, finalizó la construcción del mismo y se comenzó a trabajar en el equipamiento de la Sala de Monitoreo. Esta contará con 15 estaciones de trabajo, totalmente equipadas, a través de las que se podrá acceder a una red para obtener o ingresar información, además contará con dos video walls, también se instalaron en los servidores del Data Center del Gobierno de San Juan, para ello fue asignado un servidor especial, con una aplicación que permite recibir datos de estaciones de monitoreo remoto o ingresar datos manualmente.
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Intendente condenado a pagar multa por no proteger reserva
Sanción Ejemplar: El intendente de Mar Chiquita deberá pagar una multa por “no proteger” una reserva natural
Fecha de Publicación: 12/03/2019
Fuente: Todo Provincial
Provincia/Región: Buenos Aires
Con una sanción ejemplar, se sancionó económicamente al intendente del partido de Mar Chiquita, Carlos Ronda por “desproteger” la reserva natural albufera de su distrito. Permitiendo que los concejales de su partido aprueben una ordenanza que permitiría llevar adelante un Barrio Privado “Lagos del Mar”.
Según la resolución dictada por el Juez Salas a cargo del amparo, el jefe comunal de la ciudad bonaerense de Mar Chiquita, Carlos Ronda deberá pagar una multa de 3000 pesos por cada día de retardo hasta que no se llevan adelante acciones que importen el funcionamiento efectivo del comité de gestión de la reserva biosfera por medio de plenarias y el sometimiento de las acciones desplegadas – en la medida que involucren a la reserva de biosfera parque atlántico Mar Chiquita- a su conocimiento y decisión.
Desde la asamblea de vecinos que dicen “No a la urbanización del humedal”, exigen que el Intendente “cumpla con la orden judicial y adopte medidas urgentes tendientes a proteger la Reserva, evitar mayores daños y no efectuar acciones que vayan en contra de la misma como ser la sanción y promulgación de la Ord. 04/19 por la cual autorizó la ejecución del barrio”.
Además desde la asamblea “Salvemos nuestra albúferea” sostienen que “Ante el grave incumplimiento y desobediencia a la orden judicial en que está incurriendo el Intendente Carlos Ronda, se presentará la denuncia por desobediencia e incumplimiento de sus deberes de funcionario público, solicitando además se lo inhabilite para ocupar cargos públicos”.
Las consecuencias de querer hacer un barrio privado “Lagos del Mar” en medio de los humedales:
La Universidad Nacional de Mar del Plata indicó en un informe que el emprendimiento de urbanización denominado “Lagos del Mar” generará efectos negativos de diversa índole:
1) Aumento de riesgo de inundaciones por perturbación de los humedales (relleno, elevación de cotas, impermeabilización, compactación).
2) Eliminación, reducción y fragmentación del pastizal pampeano.
3) Alteración de la calidad y cantidad de aguas, tanto subterráneas como superficiales:
3.a.) Aumento de la eutrofización de las aguas superficiales de la laguna por ingreso de nutrientes. La eutrofización es el proceso de contaminación más importante de las aguas en lagos, ríos, embalses, etc. Este proceso está provocado por el exceso de nutrientes en el agua, principalmente nitrógeno y fósforo, procedentes mayoritariamente de la actividad del hombre. 3.b.) Salinización de las aguas subterráneas por exceso de extracción del freático.
3.c.) Contaminación de aguas (superficiales y subterráneas) por distintos compuestos químicos.
4) Introducción de especies exóticas.
4.a.) Especies vegetales, 4.b.) Aumento de áreas disponibles para especies exóticas invasoras ya introducidas (gusano formador de “bochones” Ficopomatus enigmaticus) que reducen el cauce natural de la Albufera, aumentando las áreas inundables.
– En Marzo de 2018, el Juez actuante en la cautelar dispuso (entre otras cuestiones) que el Municipio efectúe el monitoreo de toda el área de Reserva para evaluar el impacto ambiental, trabajo que no ha realizado.
– El pasado martes 22 de enero de 2019 el Concejo Deliberante marchiquitense aprobó la Ordenanza que asigna zonificación extraurbana, “cosa que consideramos improcedente sin el informe y la Declaración de Impacto Ambiental que el Juez exige”, aclaran los vecinos.
Desde la Asamblea piden que se vete la ordenanza y a la gobernadora Vidal que analice los informes de las Universidades
“Es por ello que públicamente pedimos en Asamblea al Intendente Carlos Ronda que recapacite y vete la Ordenanza, y a la Sra. Gobernadora de nuestra Provincia que analice los informes de la Universidad Nacional de Mar del Plata y el CONICET sobre el predio, no convalide esta Ordenanza, deniegue la Declaración de Impacto Ambiental que extemporáneamente exigen los desarrolladores tras haber causado graves modificaciones al medio ambiente, con el fin salvaguardar “el Medio Ambiente” de un área natural protegida y a la población del Balneario Parque Mar Chiquita, dado que las modificaciones en el humedal impactan directamente sobre la capacidad de absorber el excedente hídrico, aumentando el riesgo de inundaciones”, expresaron en un comunicado anterior desde la asamblea.
“Consideramos un precedente nefasto la autorización de este tipo de emprendimientos inmobiliarios en áreas de Reserva Natural, porque abren la puerta para la multiplicación de los mismos en un espacio destinado a fin de preservar la biodiversidad y proteger ambientes de vital importancia para el desarrollo humano”, piden los vecinos de Mar Chiquita.
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Descreimiento de la política climática nacional
Siete de cada diez argentinos creen que el Gobierno hace poco o nada contra el cambio climático
Fecha de Publicación: 08/03/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Cuatro de cada diez argentinos creen que el gobierno –¿o será mejor decir el Estado?- no lleva adelante ninguna medida para enfrentar, con algún grado de éxito, la batalla contra el cambio climático en el país. Y tres de cada diez, con lo que se supera el 70 por ciento de los consultados que cuestionan el papel gubernamental, suponen que algo se hace pero desconocen qué.
Esto concuerda con otro resultado de una encuesta de D'Alessio-Berensztein dada a conocer esta semana: el 75 por ciento de los argentinos, que en prácticamente su totalidad reconocen que hay un grave problema asociado al calentamiento global, demandan leyes o políticas públicas para imponer el uso de energías renovables y detener las consecuencias del cambio climático.
El trabajo corresponde a una encuesta realizada la semana pasada sobre 431 casos en todo el país. El sondeo demuestra claramente que la preocupación sobre las cuestiones ambientales y el calentamiento global en particular, son un dato cierto entre los ciudadanos argentinos. Y contrasta con trabajos equivalentes realizados recientemente en Estados Unidos, en donde un porcentaje decreciente pero aún significativo de la población se atiene al "negacionismo"; es decir esta idea de Donald Trump y los lobistas del sector petrolero acerca de que el cambio climático es "un invento de los chinos para quebrar la competitividad estadounidense", como dijo el actual presidente republicano durante su campaña electoral.
En la Argentina, surge claramente de la encuesta, nadie duda que el calentamiento global existe y es resultado del modelo de producción y consumo imperante hoy en el planeta.
Por supuesto, como la conciencia opera, los argentinos enumeran las conductas individuales que debieran incrementarse. Usar racionalmente el agua, la calefacción o el aire acondicionado, reducir el consumo de envases plásticos, comprar solo aquellos productos de marcas que se comprometan con el ambiente, son mencionados como los comportamientos a adoptar por los consumidores. Pero por encima de todo, y vale resaltarlo, está el reclamo al Estado: proveer medidas de gobierno que favorezcan esas conductas. Y no dejar todo en manos de individuos que poco estímulo tienen para cumplir esas pautas.
Llama positivamente la atención el conocimiento de la sociedad acerca de las consecuencias del cambio climático sobre nuestra geografía. Casi el total de los encuestados (95%) indican el deshielo de los glaciares como la principal consecuencia del calentamiento global, seguida de fenómenos extremos como sequías e inundaciones.
Todos esos acontecimientos, desde el derretimiento de los hielos cordilleranos hasta la agudización de períodos sin lluvia o tormentas cada vez más frecuentes e intensas son parte del panorama actual de la Argentina. Y los ciudadanos entienden (un 75 por ciento de los consultados) que la forma de enfrentar esas calamidades crecientes es con leyes y políticas de Estado.
La encuesta de D'Alessio-Berensztein demuestra que la sociedad argentina está más que informada del futuro que nos espera. Responsabilizan preferentemente, y con razón, a los países industrializados. Pero también, y eso nos toca de cerca, al uso de combustibles fósiles en el transporte o la producción de energía.
La encuesta permite asegurar que quien acuse a la sociedad de no tener conciencia, y sugiera que es esa la causa del desmadre ambiental en que se encuentra el planeta y también la Argentina, no está ubicando la verdadera responsabilidad allí donde el sentido común y la historia la sitúan: en el Estado.
Lo dijo Naciones Unidas recientemente y de modo angustiante: si los gobiernos no asumen su responsabilidad, y reducen en un 30 por ciento la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, en apenas una década sobrevendrá el marasmo, si es que ya no está entre nosotros. La sociedad argentina lo refrenda. Y lo demanda.
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Fecha de Publicación: 08/03/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Cuatro de cada diez argentinos creen que el gobierno –¿o será mejor decir el Estado?- no lleva adelante ninguna medida para enfrentar, con algún grado de éxito, la batalla contra el cambio climático en el país. Y tres de cada diez, con lo que se supera el 70 por ciento de los consultados que cuestionan el papel gubernamental, suponen que algo se hace pero desconocen qué.
Esto concuerda con otro resultado de una encuesta de D'Alessio-Berensztein dada a conocer esta semana: el 75 por ciento de los argentinos, que en prácticamente su totalidad reconocen que hay un grave problema asociado al calentamiento global, demandan leyes o políticas públicas para imponer el uso de energías renovables y detener las consecuencias del cambio climático.
El trabajo corresponde a una encuesta realizada la semana pasada sobre 431 casos en todo el país. El sondeo demuestra claramente que la preocupación sobre las cuestiones ambientales y el calentamiento global en particular, son un dato cierto entre los ciudadanos argentinos. Y contrasta con trabajos equivalentes realizados recientemente en Estados Unidos, en donde un porcentaje decreciente pero aún significativo de la población se atiene al "negacionismo"; es decir esta idea de Donald Trump y los lobistas del sector petrolero acerca de que el cambio climático es "un invento de los chinos para quebrar la competitividad estadounidense", como dijo el actual presidente republicano durante su campaña electoral.
En la Argentina, surge claramente de la encuesta, nadie duda que el calentamiento global existe y es resultado del modelo de producción y consumo imperante hoy en el planeta.
Por supuesto, como la conciencia opera, los argentinos enumeran las conductas individuales que debieran incrementarse. Usar racionalmente el agua, la calefacción o el aire acondicionado, reducir el consumo de envases plásticos, comprar solo aquellos productos de marcas que se comprometan con el ambiente, son mencionados como los comportamientos a adoptar por los consumidores. Pero por encima de todo, y vale resaltarlo, está el reclamo al Estado: proveer medidas de gobierno que favorezcan esas conductas. Y no dejar todo en manos de individuos que poco estímulo tienen para cumplir esas pautas.
Llama positivamente la atención el conocimiento de la sociedad acerca de las consecuencias del cambio climático sobre nuestra geografía. Casi el total de los encuestados (95%) indican el deshielo de los glaciares como la principal consecuencia del calentamiento global, seguida de fenómenos extremos como sequías e inundaciones.
Todos esos acontecimientos, desde el derretimiento de los hielos cordilleranos hasta la agudización de períodos sin lluvia o tormentas cada vez más frecuentes e intensas son parte del panorama actual de la Argentina. Y los ciudadanos entienden (un 75 por ciento de los consultados) que la forma de enfrentar esas calamidades crecientes es con leyes y políticas de Estado.
La encuesta de D'Alessio-Berensztein demuestra que la sociedad argentina está más que informada del futuro que nos espera. Responsabilizan preferentemente, y con razón, a los países industrializados. Pero también, y eso nos toca de cerca, al uso de combustibles fósiles en el transporte o la producción de energía.
La encuesta permite asegurar que quien acuse a la sociedad de no tener conciencia, y sugiera que es esa la causa del desmadre ambiental en que se encuentra el planeta y también la Argentina, no está ubicando la verdadera responsabilidad allí donde el sentido común y la historia la sitúan: en el Estado.
Lo dijo Naciones Unidas recientemente y de modo angustiante: si los gobiernos no asumen su responsabilidad, y reducen en un 30 por ciento la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, en apenas una década sobrevendrá el marasmo, si es que ya no está entre nosotros. La sociedad argentina lo refrenda. Y lo demanda.
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Jujuy presidirá el COFEMA nuevamente
Jujuy presidirá por tercera vez el COFEMA
Fecha de Publicación: 04/03/2019
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Nacional - Jujuy
En un claro gesto de reconocimiento al liderazgo de concertación que ha mantenido la provincia de Jujuy y de construcción democrática, la Ministra de Ambiente, María Inés Zigarán, fue nuevamente electa de manera unánime por sus pares de las otras provincias argentinas, para presidir el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
Se trata del tercer mandato de la funcionaria, ya que fue presidenta del COFEMA de manera consecutiva los años 2016 y 2017. La elección se concretó en el marco de la primera Asamblea Ordinaria del año, que convoca a las autoridades ambientales a nivel nacional y que presidió el Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman.
Luego de haber sido propuesta por las autoridades de Cambiemos, que integran el bloque de provincias oficialistas, la titular de la cartera ambiental de Jujuy fue ratificada en la presidencia por el voto unánime de la totalidad del Consejo. Mientras que la vicepresidencia la ocupará el Secretario de Medio Ambiente de La Rioja, Santiago Azulay.
Por otro lado, Jujuy también conducirá en el 2019 la región NOA, otro espacio estratégico que permitirá fortalecer la posición de las provincias del norte en el concierto federal.
Además, luego de haber sido reconocida con este importante rol por el voto unánime de los referentes ambientales provinciales, la Ministra Zigarán recibió el respaldo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que ve en Jujuy y en su máximo exponente, el Gobernador Gerardo Morales, el modelo de provincia que apuesta al desarrollo económico productivo de un modo innovador, socialmente justo y ambientalmente sustentable.
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Fecha de Publicación: 04/03/2019
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Nacional - Jujuy
En un claro gesto de reconocimiento al liderazgo de concertación que ha mantenido la provincia de Jujuy y de construcción democrática, la Ministra de Ambiente, María Inés Zigarán, fue nuevamente electa de manera unánime por sus pares de las otras provincias argentinas, para presidir el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
Se trata del tercer mandato de la funcionaria, ya que fue presidenta del COFEMA de manera consecutiva los años 2016 y 2017. La elección se concretó en el marco de la primera Asamblea Ordinaria del año, que convoca a las autoridades ambientales a nivel nacional y que presidió el Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman.
Luego de haber sido propuesta por las autoridades de Cambiemos, que integran el bloque de provincias oficialistas, la titular de la cartera ambiental de Jujuy fue ratificada en la presidencia por el voto unánime de la totalidad del Consejo. Mientras que la vicepresidencia la ocupará el Secretario de Medio Ambiente de La Rioja, Santiago Azulay.
Por otro lado, Jujuy también conducirá en el 2019 la región NOA, otro espacio estratégico que permitirá fortalecer la posición de las provincias del norte en el concierto federal.
Además, luego de haber sido reconocida con este importante rol por el voto unánime de los referentes ambientales provinciales, la Ministra Zigarán recibió el respaldo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que ve en Jujuy y en su máximo exponente, el Gobernador Gerardo Morales, el modelo de provincia que apuesta al desarrollo económico productivo de un modo innovador, socialmente justo y ambientalmente sustentable.
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Acumar cambia otra vez de presidente, sin grandes avances
Riachuelo: la Acumar tendrá nuevo presidente
Fecha de Publicación: 02/03/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) tendrá un nuevo presidente, el quinto desde que asumió Mauricio Macri en 2015. Se trata de Lucas Figueras, un hombre cercano al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, cartera de la que depende el organismo.
Dorina Bonetti, quien era la titular, seguirá como directora ejecutiva del organismo encargado del plan de saneamiento del Riachuelo ordenado por la Corte Suprema de Justicia en julio de 2008. "La dirección de la gestión seguirá como hasta el momento", indicaron en el organismo consultados por Infobae.
Los cambios en la Acumar comenzaron a fines del año pasado cuando Interior o sus dependencias fueron absorbiendo funciones y controles sobre distintos programas de la entidad.
En el Cuerpo Colegiado, que debe velar por el cumplimiento del fallo de la Corte que ordenó el saneamiento del Riachuelo, lo ven como una virtual intervención: "Si Interior también tiene control sobre Aysa, que es la empresa que ejecuta parte de ese préstamo en la obra de los colectores cloacales, concentra más poder y deja con menos libertad a Acumar. Nosotros celebramos que la obra avance (colectará las cloacas de 4,5 millones de personas y dejarán de caer al río), pero no sólo eso es el saneamiento", indicó a Infobae Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Nápoli se refiere a la obra que el gobierno nacional ha tomado como insignia que es financiada por el Banco Mundial por 840 millones de dólares. Se trata de los colectores cloacales que luego descargarán en el Río de la Plata. Allí hace algunas semanas Macri celebró su cumpleaños: "Ya llegamos a la mitad. Esta obra avanza a razón de 30 metros o más de túnel por día. Parte del cambio tiene que ver con que las obras hay que hacerlas si son importantes para la gente, no si se ven o no cuando terminan", dijo el Presidente.
"Esta obra no se va a ver. El caño está 40 metros debajo del lecho del Río de la Plata. Pero uno tiene que trabajar resolviendo los problemas de base. Un país donde todos los argentinos no tienen cloacas no tiene igualdad de oportunidades", sostuvo.
La obra completa, según los plazos previstos por la administración, culminará en 2023. Y será uno de los ejes de campaña.
"Vemos muy poca eficiencia en estos casi cuatro años de gestión y que faltan muchos puntos por atender a lo que se suma el desfinanciamiento por los recursos que se destinan a Acumar", aseguró Nápoli.
Un trabajo de FARN analizó el ejercicio presupuestado para este año e indica que, a pesar de la inflación, las partidas no han aumentado; excepto las que tienen que ver con la ejecución del empréstito. "Según los datos del presupuesto 2019, el único monto que se incrementa para Riachuelo serán los gastos vinculados a las obras en la cuenca comprometidas con el BIRF, que respecto a este año se incrementarían en un 44%. Sin embargo, al quitar el efecto de la inflación proyectada (del 23%), el incremento real es de un 28%".
Por su parte, en cuanto a las partidas presupuestarias financiadas por el Tesoro Nacional, los montos son similares para 2019 respecto de 2018. Esto implica que en términos reales implica una reducción del 23% de la inflación proyectada para 2019, detalla el análisis de la ONG.
El trabajo sostiene que la Acumar tiene una asignación presupuestaria de $810 millones, que a pesos constantes del 2018 serían $623 millones. Según datos del Presupuesto Abierto, el presupuesto inicial para 2018 era de $950 millones, sin embargo, el vigentes es de $550 millones (datos aproximados), lo que implica una reducción del 40%.
Las obras que se detallan para este año son los mismas que figuraban como objetivos para el año pasado: las obras de saneamiento del colector y varias en partidos bonaerenses y el plan de salud.
"Hay claramente varias deudas del plan de saneamiento: no se menciona al Polo Petroquímico de Dock Sud; con los basurales a cielo abierto y su erradicación sigue el pase de pelota entre los municipios y Acumar y nadie resuelve y claramente falta el control industrial que no se menciona en ningún lado", agregó Nápoli quien también sostuvo que desde el Cuerpo Colegiado creen que sería necesario continuar con las audiencias públicas por parte de la Corte y haya un mayor involucramiento de la justicia en la causa.
Otra de las grandes deudas del plan tiene que ver con la mudanza de las personas que viven en el camino de sirga, proyectos que están muy demorados. También la atención y seguimiento de los vecinos que presentan síntomas y enfermedades relacionadas con la contaminación.
La Acumar tiene un alto nivel de volatilidad institucional, tuvo ocho presidentes en su poco tiempo de existencia. Sólo durante la última gestión estuvieron al frente Amílcar López, Julio Torti, Gladys González y Bonetti.
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Fecha de Publicación: 02/03/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) tendrá un nuevo presidente, el quinto desde que asumió Mauricio Macri en 2015. Se trata de Lucas Figueras, un hombre cercano al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, cartera de la que depende el organismo.
Dorina Bonetti, quien era la titular, seguirá como directora ejecutiva del organismo encargado del plan de saneamiento del Riachuelo ordenado por la Corte Suprema de Justicia en julio de 2008. "La dirección de la gestión seguirá como hasta el momento", indicaron en el organismo consultados por Infobae.
Los cambios en la Acumar comenzaron a fines del año pasado cuando Interior o sus dependencias fueron absorbiendo funciones y controles sobre distintos programas de la entidad.
En el Cuerpo Colegiado, que debe velar por el cumplimiento del fallo de la Corte que ordenó el saneamiento del Riachuelo, lo ven como una virtual intervención: "Si Interior también tiene control sobre Aysa, que es la empresa que ejecuta parte de ese préstamo en la obra de los colectores cloacales, concentra más poder y deja con menos libertad a Acumar. Nosotros celebramos que la obra avance (colectará las cloacas de 4,5 millones de personas y dejarán de caer al río), pero no sólo eso es el saneamiento", indicó a Infobae Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Nápoli se refiere a la obra que el gobierno nacional ha tomado como insignia que es financiada por el Banco Mundial por 840 millones de dólares. Se trata de los colectores cloacales que luego descargarán en el Río de la Plata. Allí hace algunas semanas Macri celebró su cumpleaños: "Ya llegamos a la mitad. Esta obra avanza a razón de 30 metros o más de túnel por día. Parte del cambio tiene que ver con que las obras hay que hacerlas si son importantes para la gente, no si se ven o no cuando terminan", dijo el Presidente.
"Esta obra no se va a ver. El caño está 40 metros debajo del lecho del Río de la Plata. Pero uno tiene que trabajar resolviendo los problemas de base. Un país donde todos los argentinos no tienen cloacas no tiene igualdad de oportunidades", sostuvo.
La obra completa, según los plazos previstos por la administración, culminará en 2023. Y será uno de los ejes de campaña.
"Vemos muy poca eficiencia en estos casi cuatro años de gestión y que faltan muchos puntos por atender a lo que se suma el desfinanciamiento por los recursos que se destinan a Acumar", aseguró Nápoli.
Un trabajo de FARN analizó el ejercicio presupuestado para este año e indica que, a pesar de la inflación, las partidas no han aumentado; excepto las que tienen que ver con la ejecución del empréstito. "Según los datos del presupuesto 2019, el único monto que se incrementa para Riachuelo serán los gastos vinculados a las obras en la cuenca comprometidas con el BIRF, que respecto a este año se incrementarían en un 44%. Sin embargo, al quitar el efecto de la inflación proyectada (del 23%), el incremento real es de un 28%".
Por su parte, en cuanto a las partidas presupuestarias financiadas por el Tesoro Nacional, los montos son similares para 2019 respecto de 2018. Esto implica que en términos reales implica una reducción del 23% de la inflación proyectada para 2019, detalla el análisis de la ONG.
El trabajo sostiene que la Acumar tiene una asignación presupuestaria de $810 millones, que a pesos constantes del 2018 serían $623 millones. Según datos del Presupuesto Abierto, el presupuesto inicial para 2018 era de $950 millones, sin embargo, el vigentes es de $550 millones (datos aproximados), lo que implica una reducción del 40%.
Las obras que se detallan para este año son los mismas que figuraban como objetivos para el año pasado: las obras de saneamiento del colector y varias en partidos bonaerenses y el plan de salud.
"Hay claramente varias deudas del plan de saneamiento: no se menciona al Polo Petroquímico de Dock Sud; con los basurales a cielo abierto y su erradicación sigue el pase de pelota entre los municipios y Acumar y nadie resuelve y claramente falta el control industrial que no se menciona en ningún lado", agregó Nápoli quien también sostuvo que desde el Cuerpo Colegiado creen que sería necesario continuar con las audiencias públicas por parte de la Corte y haya un mayor involucramiento de la justicia en la causa.
Otra de las grandes deudas del plan tiene que ver con la mudanza de las personas que viven en el camino de sirga, proyectos que están muy demorados. También la atención y seguimiento de los vecinos que presentan síntomas y enfermedades relacionadas con la contaminación.
La Acumar tiene un alto nivel de volatilidad institucional, tuvo ocho presidentes en su poco tiempo de existencia. Sólo durante la última gestión estuvieron al frente Amílcar López, Julio Torti, Gladys González y Bonetti.
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Entre Ríos: empresa vinculada a Bergman denunciada
Bergman se desligó de las denuncias por contaminación en Entre Ríos
Fecha de Publicación: 15/02/2019
Fuente: Aim Digital
Provincia/Región: Nacional - Entre Ríos
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, señalado como padrino de una cooperativa que contamina en Entre Ríos se desligó de las denuncias en su contra alegando que “son políticas”. El funcionario evitó dar respuestas concretas a AIM sobre la contaminación, desmontes y fumigaciones que hacen las fundaciones Raíces y Kosher.
Para evitar hacerse cargo de las denuncias por contaminación que vinculan al ministro de Ambiente, el funcionario dijo a esta Agencia que “son hechos individuales de una sola persona que financia un partido”.
“Hay que preguntarle a toda la comunidad”, aseguró -incómodo- el ministro, quien evitó hablar de las actas que constan en la secretaría de Ambiente de Entre Ríos, que exponen crudamente el desastre ambiental que generan las fundaciones (financiadas por Fundación Judaica de Bergman) en Colonia Avigdor, una localidad del departamento La Paz ubicada a 200 kilómetros de Paraná.
Precisamente, los activistas advierten que se vierten residuos tóxicos por parte de la industria láctea perteneciente a la Fundación Raíces, ubicada en Colonia Avigdor, a un arroyo, cuyo curso de agua corre a unos pocos metros de las viviendas de vecinos de la localidad, viviendas que se encuentran ubicadas frente a la industria.
En ese marco, la empresa apadrinada por el ministro no inició el estudio de impacto ambiental determinado por las Leyes vigentes, según establece el Decreto 497709, según se informó desde la secretaría de Ambiente de Entre Ríos.
En ese marco, se realizaron inspecciones en las instalaciones y la provincia corroboró que la entidad no cumple con las condiciones adecuadas para su funcionamiento, por lo que se la intimó a realizar las obras necesarias y relocalizar el vertido de desechos, pero hasta la fecha la entidad no concretó lo que se le exigió.
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Riachuelo y la eterna carga ambiental
El Riachuelo, la contaminación imparable y más de 5 millones de personas en riesgo
Fecha de Publicación: 09/02/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
Cada día recibe casi 90.000 metros cúbicos de desechos industriales y 368.000 de aguas servidas. Hay más de 100 basurales a cielo abierto y el agua tiene niveles de mercurio, zinc, plomo y cromo de hasta 50 veces más de lo permitido. La salud de los pobladores, el plomo en la sangre de los niños y qué hace falta para sanear la Cuenca
La historia es vieja. Nadie la resuelve en su totalidad. Demuestra la fragmentación de poderes entre la Justicia, la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y gran cantidad de municipios.
Hablamos de la Cuenca del Riachuelo, una cloaca abierta, una vergüenza argentina que muchas veces nos dejó sin argumento cuando, por ejemplo, se evidenciaron las protestas en el país contra las plantas de elaboración de papel frente al Uruguay. Tiene 64 kilómetros de extensión, atraviesa catorce municipios y cubre 2.000 kilómetros cuadrados.
Su permanente contaminación afecta a 5 millones y medio de habitantes, entre los cuales casi 4 de cada 10 no tienen agua potable y más de la mitad no posee cloacas. Cada día, históricamente hablando, el Riachuelo recibe casi 90.000 metros cúbicos de desechos industriales de muchas de las fábricas instaladas en su orillas. En toda la Cuenca hay 13.000 establecimientos industriales.De ese total, 1397 han sido declarados agentes contaminantes.
A esos afluentes químicos se les suman 368.000 metros cúbicos de aguas servidas por día, de las cuales – según algunos organismos controladores- sólo 5 por ciento recibe tratamiento específico. Si se sigue la opinión de Acumar (Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo), creada especialmente para que todas las jurisdicciones afectadas se pongan de acuerdo y no se peleen entre sí, un tercio del caudal intoxicador proviene de descargas industriales. Aseguraron en ACUMAR que de las industrias contaminantes 412 fueron reconvertidas ambientalmente y hay otras 512 en proceso.
En esa misma Cuenca hay más de 100 basurales a cielo abierto y el agua tiene niveles de mercurio, zinc, plomo y cromo de hasta 50 veces más de lo permitido, usada por 13 villas de emergencia en la parte baja del río.
En Villa Inflamable, es el caso, los niños tienen 5 veces más plomo que lo aceptable.
El plomo enferma a quien lo padece, atrasa su crecimiento, lo lleva a comportamientos agresivos, afecta la piel y le produce consecuencias dolorosas hasta el día de su muerte.
Eso no es todo. En muestras recogidas en la zona se detectó en laboratorios especializados en el exterior la presencia de nonifenol, que va destruyendo el sistema reproductivo y la hormona estrógeno. También se encontraron rastros de insecticidas cancerígenos y el prohibido DDT. Se comprobó la presencia de elementos que afectan el cerebro y los riñones, otro que se ensaña con los riñones y el hígado.
Daños a la salud de tal magnitud que se asemeja a una guerra, con gente afectada de por vida, sin solución de continuidad.
La campaña por la limpieza urgente del Riachuelo se inició a comienzos se la década del 90. La solventó APOC, la asociación del personal de Organismos de Control, por sus propias investigaciones y la acción de asociaciones vecinales. APOC demostró entonces que con solo 50 millones de dólares Inglaterra había podido limpiar a fondo y para siempre el río Támesis, muy contaminado.
La extinta María Julia Alsogaray, alta funcionaria del gobierno de Carlos Menem, dijo con omnipotencia, que en un corto tiempo ella haría que se revirtiera el problema. No pasó nada. Fue una promesa tirada al viento.
El asunto fue tan relevante que llegó a la Corte Suprema quien ordenó la limpieza de la Cuenca sin resultado alguno: nadie obedeció. Como la acción no depende de un solo ente sino de varios (Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y municipios, como ya dijimos) no había manera de unir criterios, presupuestos y conveniencias políticas. Un antiguo drama que es el desentendimiento argentino.
En un segundo tiempo, la Corte Suprema de Justicia decidió, en la causa caratulada "Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/el Estado Nacional s/daños y perjuicios", condenar al Estado Nacional, a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires a ejecutar de una vez por todas un programa de saneamiento sobre la aguas del Riachuelo y alrededores del mismo.
La contienda tuvo su origen en el año 2006 cuando 17 damnificados promovieron demanda contra los poderes constituidos y contra 44 empresas. La Corte especificó un programa de acción que obligaba a codificar la partidas presupuestarios y asignar a la Auditoría General de la Nación la realización de un control permanente de la asignación de recursos y de ejecución presupuestaria.
Actuó ACUMAR a lo largo del tiempo pero los resultados dejan mucho que desear. Un grupo de ONGs acusó, precisamente a ACUMAR, de ser "incapaz" de limpiar el Riachuelo. Pedían enfrentar las problemáticas desde una mirada integral, multidisciplinaria y participativa.
Si bien ACUMAR organizó un encuentro con especialistas de Alemania, Colombia, España, Corea del Sur, Ecuador , Estados Unidos, Italia y Brasil donde se debatió sobre sanidad ambiental, las ONGs combativas cuestionaron la "falta de cumplimiento de las funciones constitucionales y legales de la Corte Suprema de Justicia" y reprobaron "el desempeño de ACUMAR por su vaciamiento". Exigieron trasparentar el funcionamiento de
ACUMAR en cuanto a su presupuesto y su ejecución.
El presidente de la Asociación de Vecinos de La Boca, Alfredo Alberti, advirtió que el recorte presupuestario para cumplir el objetivo es muy evidente. En cuanto a la atención medica faltan personal y recursos. El Hospital Argerich está colapsado y los centros de salud de la zona no tienen capacidad. Las afecciones que más se registran en la zona -señaló Alberti- son las alergias en la piel y en las vías respiratorias. Lo recalcan los médicos de la zona y las farmacias.
La contaminación sigue omnipresente. En el segundo semestre del año pasado, en las obras de ampliación de las redes cloacales, pluviales y de agua potable en la Villa 21-24 de Barracas, se detectaron restos de plomo.
En esa villa una muestra tomada sobre 962 niños menores de 6 años, el 25 por ciento tiene plomo en la sangre según todos los organismos y representaciones oficiales.
Y se aclaró : "El plomo compite en el organismo con el calcio y el hierro lo que puede predisponer a la persona a dos respuestas iniciales: trastorno en el desarrollo para el aprendizaje del niño y anemia. Puede afectar al sistema nervioso central en la forma de cefaleas, insomnio, alteraciones del carácter y la memoria, graves dolores en el cuerpo, cambios drásticos de humor". El padecimiento crónico es el "saturnismo".
Hay especialistas quienes aseguran que en tres años y un presupuesto de 300 millones de dólares para su limpieza total el Riachuelo pasaría a "ser apto para el desarrollo de actividades recreativas pasiva y de vida acuática". ¿ Sueños de una noche de verano ?
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Argentina en el top ten mundial en deforestación
El país de los bosques arrasados
Fecha de Publicación: 05/02/2019
Fuente: Pagina 12
Provincia/Región: Nacional
Argentina está entre los diez países del mundo que más destruyen sus bosques. El gobernador de Chaco, señalada como “la provincia que más ha desmontado en los últimos años”, derogó ayer por decreto los permisos que había concedido.
A casi once años de la sanción de la ley de Bosques, las topadoras impulsadas por el modelo agroexportador sojero ganadero (soja transgénica y ganadería intensiva) siguen arrasando los bosques nativos del país. Un informe de Greenpeace, al que tuvo acceso este diario, reveló que la superficie deforestada entre enero y diciembre de 2018 en cuatro provincias del norte –Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco– fue de 112.766 hectáreas. Según advirtieron los especialistas, el 40 por ciento de esa superficie desmontada pertenece a bosques protegidos por ley. La coordinadora de la campaña de bosques del NOA de la ONG, Noemí Cruz, dijo a Páginai12 que “la Argentina está a nivel global entre los diez países que más destruyen sus bosques” y advirtió que “en el norte del país se concentra el 80 por ciento de la deforestación”. Ayer, luego de las reiteradas denuncias de la ONG que hacen foco en la provincia porque “es la que más ha desmontado en los últimos tres años”, el gobernador de Chaco, Domingo Peppo, firmó el decreto 298/2019, que deroga los permisos de desmonte sobre bosques nativos y suspende el procedimiento que reglamenta la actualización del ordenamiento territorial de estos bosques.
Durante 2018, de acuerdo al reporte de Greenpeace, la provincia con mayor deforestación fue Santiago del Estero, con 34.751 hectáreas, de las cuales 23.910 eran bosques protegidos. En segundo lugar se encuentra Chaco, donde se deforestaron 33.972 hectáreas, de las cuales 14.744 también pertenecían a áreas protegidas. Le sigue Formosa, donde se desmontaron 23.996 hectáreas, de las cuales 261 fueron deforestadas de forma ilegal. En Salta, la deforestación alcanzó 20.047 hectáreas: 2.050 de ellas también fueron arrasadas ilegalmente.
Los datos fueron obtenidos por imágenes satelitales del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), que luego fueron procesadas para distinguir los distintos tipos de vegetación y comparadas con registros anteriores. En la Región Chaqueña intervinieron además el Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART) de la Facultad de Agronomía de la UBA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf).
Según datos oficiales, desde que se sancionó la ley de Bosques (26.331) en Noviembre de 2007 –que establece los “presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos”– hasta fines de 2017, se deforestaron 2,6 millones de hectáreas, de las cuales más de 840 mil eran bosques protegidos. Aunque se registra una importante disminución de la deforestación desde 2014, la implementación de la ley continúa enfrentando serios escollos en las provincias por la complicidad de los gobiernos locales y la ausencia de la Secretaría de Medio Ambiente, a cargo de Sergio Bergman, autoridad de aplicación de la ley.
Noemí Cruz sostuvo en conversación con este diario que “las principales causas de desmonte son la soja transgénica y la ganadería” y esto, a su vez, tiene una fuerte vinculación con las inundaciones que azotan a la región norte y litoral del país. “El bosque actúa como una esponja natural. Si tenemos cultivos de pastos o soja, la lluvia cae a una altura de 40 o 50 centímetros del suelo, sobre las pasturas. No es lo mismo que en el bosque donde el agua cae sobre las copas de los árboles, después escurre, va aminorando la velocidad y llega con menor fuerza”, explicó la coordinadora.
“En el caso de las inundaciones con grandes superficies desmontadas no hay una infiltración apropiada: el agua escurre superficialmente. A su vez, produce un ascenso de la napa freática, que está cada vez más cerca de la superficie e influye en las inundaciones que terminan siendo producto de un combo: el Niño, la deforestación que reduce la protección y la falta de obras”, dijo Cruz y agregó que “cuanto menos bosques haya, habrá más inundaciones”.
Por otra parte, la coordinadora de la campaña explicó que están “haciendo foco en la provincia de Chaco porque es la que más bosques ha deforestado en los últimos tres años”. Y agregó: “Zonas clasificadas como amarillas, donde habitan comunidades indígenas y sólo se permite el uso sustentable, fueron desmontadas con la autorización del gobernador (Domingo Peppo)”. Ayer, ante las reiteradas denuncias de Greenpeace y otras organizaciones por las deforestaciones ilegales, el gobernador de Chaco firmó un decreto (298/2019) que deroga los permisos de desmonte sobre bosques nativos y suspende el procedimiento que reglamenta la actualización del ordenamiento territorial de bosques nativos de la provincia.“Es un gran paso en la defensa de nuestros bosques nativos” ya que “debe garantizarse la no regresión de las zonas protegidas y la participación ciudadana”, dijo al respecto Cruz. Sin embargo, la ONG reclamó que aún no fueron cancelados los permisos otorgados y que tampoco se ha dispuesto un plan de reforestación.
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Fecha de Publicación: 05/02/2019
Fuente: Pagina 12
Provincia/Región: Nacional
Argentina está entre los diez países del mundo que más destruyen sus bosques. El gobernador de Chaco, señalada como “la provincia que más ha desmontado en los últimos años”, derogó ayer por decreto los permisos que había concedido.
A casi once años de la sanción de la ley de Bosques, las topadoras impulsadas por el modelo agroexportador sojero ganadero (soja transgénica y ganadería intensiva) siguen arrasando los bosques nativos del país. Un informe de Greenpeace, al que tuvo acceso este diario, reveló que la superficie deforestada entre enero y diciembre de 2018 en cuatro provincias del norte –Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco– fue de 112.766 hectáreas. Según advirtieron los especialistas, el 40 por ciento de esa superficie desmontada pertenece a bosques protegidos por ley. La coordinadora de la campaña de bosques del NOA de la ONG, Noemí Cruz, dijo a Páginai12 que “la Argentina está a nivel global entre los diez países que más destruyen sus bosques” y advirtió que “en el norte del país se concentra el 80 por ciento de la deforestación”. Ayer, luego de las reiteradas denuncias de la ONG que hacen foco en la provincia porque “es la que más ha desmontado en los últimos tres años”, el gobernador de Chaco, Domingo Peppo, firmó el decreto 298/2019, que deroga los permisos de desmonte sobre bosques nativos y suspende el procedimiento que reglamenta la actualización del ordenamiento territorial de estos bosques.
Durante 2018, de acuerdo al reporte de Greenpeace, la provincia con mayor deforestación fue Santiago del Estero, con 34.751 hectáreas, de las cuales 23.910 eran bosques protegidos. En segundo lugar se encuentra Chaco, donde se deforestaron 33.972 hectáreas, de las cuales 14.744 también pertenecían a áreas protegidas. Le sigue Formosa, donde se desmontaron 23.996 hectáreas, de las cuales 261 fueron deforestadas de forma ilegal. En Salta, la deforestación alcanzó 20.047 hectáreas: 2.050 de ellas también fueron arrasadas ilegalmente.
Los datos fueron obtenidos por imágenes satelitales del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), que luego fueron procesadas para distinguir los distintos tipos de vegetación y comparadas con registros anteriores. En la Región Chaqueña intervinieron además el Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART) de la Facultad de Agronomía de la UBA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf).
Según datos oficiales, desde que se sancionó la ley de Bosques (26.331) en Noviembre de 2007 –que establece los “presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos”– hasta fines de 2017, se deforestaron 2,6 millones de hectáreas, de las cuales más de 840 mil eran bosques protegidos. Aunque se registra una importante disminución de la deforestación desde 2014, la implementación de la ley continúa enfrentando serios escollos en las provincias por la complicidad de los gobiernos locales y la ausencia de la Secretaría de Medio Ambiente, a cargo de Sergio Bergman, autoridad de aplicación de la ley.
Noemí Cruz sostuvo en conversación con este diario que “las principales causas de desmonte son la soja transgénica y la ganadería” y esto, a su vez, tiene una fuerte vinculación con las inundaciones que azotan a la región norte y litoral del país. “El bosque actúa como una esponja natural. Si tenemos cultivos de pastos o soja, la lluvia cae a una altura de 40 o 50 centímetros del suelo, sobre las pasturas. No es lo mismo que en el bosque donde el agua cae sobre las copas de los árboles, después escurre, va aminorando la velocidad y llega con menor fuerza”, explicó la coordinadora.
“En el caso de las inundaciones con grandes superficies desmontadas no hay una infiltración apropiada: el agua escurre superficialmente. A su vez, produce un ascenso de la napa freática, que está cada vez más cerca de la superficie e influye en las inundaciones que terminan siendo producto de un combo: el Niño, la deforestación que reduce la protección y la falta de obras”, dijo Cruz y agregó que “cuanto menos bosques haya, habrá más inundaciones”.
Por otra parte, la coordinadora de la campaña explicó que están “haciendo foco en la provincia de Chaco porque es la que más bosques ha deforestado en los últimos tres años”. Y agregó: “Zonas clasificadas como amarillas, donde habitan comunidades indígenas y sólo se permite el uso sustentable, fueron desmontadas con la autorización del gobernador (Domingo Peppo)”. Ayer, ante las reiteradas denuncias de Greenpeace y otras organizaciones por las deforestaciones ilegales, el gobernador de Chaco firmó un decreto (298/2019) que deroga los permisos de desmonte sobre bosques nativos y suspende el procedimiento que reglamenta la actualización del ordenamiento territorial de bosques nativos de la provincia.“Es un gran paso en la defensa de nuestros bosques nativos” ya que “debe garantizarse la no regresión de las zonas protegidas y la participación ciudadana”, dijo al respecto Cruz. Sin embargo, la ONG reclamó que aún no fueron cancelados los permisos otorgados y que tampoco se ha dispuesto un plan de reforestación.
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Biocombustibles: Agustín Torroba se fue del gobierno
Cansado de los cambios, se fue un hombre fuerte en biocombustibles
Fecha de Publicación: 04/02/2019
Fuente: BAE Negocios
Provincia/Región: Nacional
Cansado de los cambios constantes de los jefes, la falta de recursos para armar equipos y de la presión de las provincias productoras de biodiesel, Agustín Torroba renunció anoche, a última hora, a su cargo como director de Biocombustibles en la Secretaria de Energia, hoy a cargo de Gustavo Lopetegui.
Fuentes del entorno del ahora ex funcionario señalaron a BAE Negocios que a Torroba le preocupaba la "falta" de "recursos" para armar equipos y en particular estaba "cansado" de los "cambios" constantes de "jefes", algo que no le permitía establecer un vínculo a la hora de llevar adelante un plan efectivo en pos de los biocombustibles.
Además, el ex funcionario sentía la "presión" que recibía de la industria, en especial de las provincias productoras de biodiésel y bioetanol que buscan elevar el corte en su mezcla con las naftas y gasoil, sin que eso signifique la creación de un nuevo impuesto, algo pretendido por el ex secretario, Javier Iguacel.
Con la llegada de Lopetegui, hace apenas un mes —el 28 de diciembre— todo volvió a foja cero. El ex vice jefe de Ministros y asesor presidencial reconoció no saber nada de energía, aunque prometió al presidente Mauricio Macri aprender del tema lo mas rápido posible.
Por lo pronto, Torroba, hasta hoy a cargo de la operatoria y el desarrollo del sector de biocombustibles en el país, prefirió dar un paso al costado.
Nacido en Bélgica y criado en La Pampa, el ex funcionario viene de una familia radical. Su padre, Francisco Torroba, fue diputado nacional hasta 2017, lo que le tendió un puente a la política y a Cambiemos, donde encontró el apoyo de Ernesto Sanz y Daniel Montamat, con quien trabajó muchos años. No es menor su amistad con Daniel Redondo, de la Fundación Pensar.
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Fecha de Publicación: 04/02/2019
Fuente: BAE Negocios
Provincia/Región: Nacional
Cansado de los cambios constantes de los jefes, la falta de recursos para armar equipos y de la presión de las provincias productoras de biodiesel, Agustín Torroba renunció anoche, a última hora, a su cargo como director de Biocombustibles en la Secretaria de Energia, hoy a cargo de Gustavo Lopetegui.
Fuentes del entorno del ahora ex funcionario señalaron a BAE Negocios que a Torroba le preocupaba la "falta" de "recursos" para armar equipos y en particular estaba "cansado" de los "cambios" constantes de "jefes", algo que no le permitía establecer un vínculo a la hora de llevar adelante un plan efectivo en pos de los biocombustibles.
Además, el ex funcionario sentía la "presión" que recibía de la industria, en especial de las provincias productoras de biodiésel y bioetanol que buscan elevar el corte en su mezcla con las naftas y gasoil, sin que eso signifique la creación de un nuevo impuesto, algo pretendido por el ex secretario, Javier Iguacel.
Con la llegada de Lopetegui, hace apenas un mes —el 28 de diciembre— todo volvió a foja cero. El ex vice jefe de Ministros y asesor presidencial reconoció no saber nada de energía, aunque prometió al presidente Mauricio Macri aprender del tema lo mas rápido posible.
Por lo pronto, Torroba, hasta hoy a cargo de la operatoria y el desarrollo del sector de biocombustibles en el país, prefirió dar un paso al costado.
Nacido en Bélgica y criado en La Pampa, el ex funcionario viene de una familia radical. Su padre, Francisco Torroba, fue diputado nacional hasta 2017, lo que le tendió un puente a la política y a Cambiemos, donde encontró el apoyo de Ernesto Sanz y Daniel Montamat, con quien trabajó muchos años. No es menor su amistad con Daniel Redondo, de la Fundación Pensar.
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Córdoba: tres años que se incumple con la ley de bosques
La ley de bosques tampoco será tratada este año
Fecha de Publicación: 30/01/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Desde hace tres años que la provincia de Córdoba incumple con la ley nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos (26.331), a raíz de la falta de actualización del mapa ambiental que de manera obligatoria debió realizar hace cinco años.
El primer ordenamiento territorial aprobado por la Legislatura provincial data de agosto de 2010. A los cinco años debió actualizar el mapa ambiental. Es decir que desde mediados de 2015, Córdoba está al margen de la norma.
Pasaron tres años sin la renovación del mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), y en un año marcado por el pulso electoral, más la fuerte polémica que se activa con el debate de este tema, se descuenta que la iniciativa se tomará otro año sabático.
A menos de cuatro meses de las elecciones provinciales, la actualización del OTBN, durante el primer semestre del año, seguirá en punto muerto. Tampoco hay expectativas de que se promueva su debate, en una segunda etapa del año, marcada por los comicios nacionales.
Lo cierto es que Córdoba tiene en la columna del haber la sanción de una normativa remozada con su correspondiente mapa ambiental de zonas rojas, amarillas y verdes, las cuales marcan el nivel de intervención o restricción del uso del monte.
La fuerte polémica que se genera en torno a ley de bosques por las posiciones antagónicas de ambientalistas y ruralistas, encima, en un año dominado por el amplio cronograma electoral, desalienta cualquier chance de habilitar un escenario de debate en el recinto legislativo.
“No hay nada al respecto”, respondió ante la consulta de La Voz el presidente provisorio, a cargo de la Legislatura, Oscar González.
Además, la espada legislativa del oficialismo afirmó: “No hemos discutido la agenda parlamentaria de este año. Esperaremos el discurso de apertura de sesiones del gobernador”, que será el 1° de febrero.
En el oficialismo evitan decir públicamente que el debate en torno a la ley de bosques volverá a quedar pendiente durante 2019, aunque en privado hay múltiples voces que admiten que “no es el momento ya que estamos a las puertas de las elecciones”.
En la vereda de enfrente, la oposición renovó sus críticas contra el accionar del oficialismo y a la política ambiental del Gobierno provincial.
El titular de la bancada radical, Orlando Arduh, afirmó que “la UCR siempre tuvo voluntad de discusión y de consensuar sobre esta ley, pero lamentablemente sabemos los tiempos legislativos que maneja UPC y los intereses que están en juego sobre todo en un año electoral”.
El parlamentario le pidió al oficialismo “dejar de buscar culpables y hacerse cargo”. Así le atribuyó a la Provincia estar “en falta” desde 2015 con la Nación, en referencia a la ley nacional 26.331.
Al reclamar un “debate serio” con la participación de todos los actores, la legisladora Liliana Montero expresó que “si bien es preocupante que no se actualicen los mapas, más preocupante es que no se busquen las herramientas de participación transparente que permitan la construcción en beneficio del desarrollo sustentable y el cuidado de nuestro bosque”.
La opositora demandó “respetar la ley nacional vigente” de presupuestos mínimos que rige en todo el país. “De allí hay que partir”, acentuó.
El parlamentario del Frente de Izquierda Ezequiel Peressini renovó su rechazo “a cualquier proyecto del Gobierno”, ya que resaltó que los cambios a ley de bosques “se deben hacer con una nueva Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (COTBN) y con un proceso democrático”.
Desde el bloque Córdoba Podemos, Carmen Nebreda sostuvo que “Córdoba no tiene más tiempo de no discutir el tema de ambiente”. Argumentó que “es una de las provincias que más ha devastado el medio ambiente”.
Nebreda también fue muy crítica con el accionar de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia. Manifestó que “los informes que está dando los hace con los conceptos de un proyecto de ley que fue rechazado”, en alusión a la iniciativa presentada en 2016 y que no avanzó en la Unicameral por el rechazo del colectivo ambientalista.
Ante los cuestionamientos, González resaltó que “la oposición está para criticar”, pero también devolvió la pelota al terreno opositor, al advertir que “si no hay consenso en los bloques, no vamos a avanzar sobre este tema”.
Este medio gestionó ante el área de prensa conocer la posición de la Secretaría de Ambiente de la Provincia. La respuesta fue que no habrá declaraciones ya que el tema se encuentra en el ámbito legislativo.
Por su parte, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, no quiso entrar en polémica por la falta de actualización de la ley de bosques de Córdoba.
En cambio, sí se refirió al Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos (INBN2) a través del cual se obtendrá información actualizada del patrimonio de bosques nativos en el país, con un avance del 48 por ciento.
El último intento
La búsqueda de aprobar un nuevo esquema regulatorio para el bosque nativo en Córdoba se dio en el marco de la presentación del proyecto de ley 20.811 impulsado por un grupo de 12 legisladores (10 oficialistas y dos radicales), allá por diciembre de 2016. Ese intento fracasó.
En los primeros meses de 2017, se activó el tratamiento de dicha iniciativa que en sus fundamentos daba cuenta de que estaba “vencido el mapa de OTBN”. Asimismo, se justificaba la aplicación de nuevas tecnologías para la actualización del ordenamiento territorial, dando paso así a una “normativa más moderna”.
La dura resistencia del colectivo de organizaciones ambientalistas hizo naufragar el debate acerca de una nueva norma para regular la conservación, el manejo sostenible y el aprovechamiento con cambio de uso de suelo de los bosques existentes en la provincia.
Los ambientalistas afirmaron que el proyecto oficialista “agravaría” la situación ambiental de la provincia. También hubo reparos de las universidades nacionales con sede en Córdoba.
Se intentó remar contra la corriente, ya que había consenso de Unión por Córdoba y la Unión Cívica Radical, pero el rechazo ambientalista, sumado a las elecciones legislativas de 2017, imposibilitaron que la iniciativa avanzara en su debate en el recinto. A fines de ese año, el proyecto perdió estado parlamentario.
Durante el año pasado, el tema no estuvo en agenda en ningún momento. Ni el oficialismo, ni el sector del radicalismo “procampo” promovió la discusión. Mucho menos lo harán este 2019, cuya atención estará puesta en las elecciones provinciales y nacionales.
La Nación avanza con el inventario de bosques nativos en el país
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación lleva adelante en el país el Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos (INBN2), con un grado de avance del 48 por ciento.
“Es una deuda que el país tenía pendiente desde hacía 11 años, ya que desde 2007, cuando se sancionó la ley de presupuestos mínimos (26.331), nunca se había realizado. El último relevamiento a escala nacional se inició en 1998 y finalizó en 2005, y la ley de bosques nativos establece que el inventario debe actualizarse cada cinco años como máximo”, afirmó su titular, Sergio Bergman.
Con este plan ya puesto en marcha se instalarán y se medirán 4.200 “parcelas remedibles” en todo el territorio nacional. En Córdoba, serán 116 de las 370 que se colocarán en las tres provincias de la Región Centro.
Esta herramienta, considerada “estratégica” para planificar políticas de conservación y de manejo sustentable de los bosques, busca promover la información actualizada del patrimonio de bosques nativos del país.
Desde el organismo de Ambiente de Nación, se indicó que en territorio cordobés se relevarán bosques de las regiones de parque chaqueño y espinal.
El Director Nacional de Bosque, Juan Pedro Cano, declaró a La Voz que el inventario en Córdoba “se va a realizar durante los próximos seis meses”. Es el plazo máximo que establece el contrato firmado por la Nación con las adjudicatarias.
Cabe mencionar que, a principios de enero, la secretaría a cargo de Bergman firmó la adjudicación de la licitación pública nacional N°2/2108 para la contratación del servicio de instalación de un total de 627 “parcelas remedibles” en cinco provincias: Misiones, Corrientes, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.
El relevamiento del patrimonio forestal nativo se hace a través de un sistema de monitoreo de la cobertura forestal. Esto implica la instalación de una red de parcelas que permiten el muestreo permanente, con el objetivo de verificar los cambios que ocurren en los bosques.
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Riachuelo y su #10YearsChallenge ¿Cómo le fué?
El #10YearsChallenge de la Cuenca Matanza Riachuelo
Fecha de Publicación: 22/01/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
A diez años de un fallo histórico, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó la solución al grave problema ambiental y social de la cuenca más contaminada del país, los responsables de la gestión enumeran los logros recientes.
Hagamos un poco de historia. Con una causa iniciada en 2004 a raíz de una denuncia de los vecinos que demandaron por contaminación a 44 empresas, dos años después y por ley, fue creada ACUMAR (Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo) ente autónomo, autárquico e interjurisdiccional por los gobiernos de la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que resolviera de una vez por todas el problema.
Sin embargo, y ante la ausencia de resultados concretos, la Corte Suprema de Justicia tomó cartas en el asunto. En julio de 2008 y en un inédito fallo, ordenó a ACUMAR trabajar en la recomposición ambiental de la Cuenca, estableciendo plazos y políticas a seguir. Los números y datos del abandono ambiental eran elocuentes: tres millones de personas afectadas, 12.000 industrias vacíaban afluentes en sus aguas, sumados a los vertidos cloacales de los habitantes de sus márgenes y alrededor de 300 basurales a cielo abierto.
Un año después, fue elaborado el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), un documento para coordinar las acciones de los diversos actores que trabajan en la Región. La guía fue actualizada en 2016 sobre la base de los informes de especialistas y con el consenso de los involucrados para evaluar y reorientar los trabajos destinados a mejorar la calidad de vida, recomponer el ambiente y tomar medidas de prevención. En pocas palabras, con un trabajo interdisciplinario conjunto, el PISA busca convertirse en un modelo de gestión avanzada y un organismo de referencia técnica con capacidad de planificar, coordinar y controlar.
Así las cosas y pese a que las ONG y diversas organizaciones de la sociedad civil encargadas de monitorear el saneamiento son críticas en cuanto a tiempos y plazos de las tareas emprendidas (entre ellas, la construcción de viviendas para dar una solución a los habitantes ribereños), las autoridades de ACUMAR consideran que están avanzando con las metas previstas.
El balance, 10 años después
La limpieza y la recolección son la principal estrategia utilizada para combatir la contaminación y recomponer el daño ambiental.
En 2018, según los datos brindados por ACUMAR, se retiraron más de 2600 toneladas de basura flotante en el Riachuelo y más de 120.000 toneladas de la cuenca (de los 14 municipios que la integran); además, se realizaron tareas de mantenimiento en más de 120 km de ambas márgenes y 1250 limpiezas para evitar la obstrucción de canales y las consecuentes inundaciones de los barrios aledaños. Y, sobre todo, según información de la autoridad de la Cuenca, se hizo especial hincapié en la educación, base fundamental en cualquier cambio ambiental.
En un trabajo conjunto con el ministerio de Salud y Desarrollo de la Nación, fueron capacitadas 1038 promotoras de 31 barrios de 12 municipios de la Cuenca para realizar actividades territoriales de promoción de la salud ambiental. Les brindaron contenidos teóricos, metodológicos y de práctica territorial en temas fundamentales como basura y salud, manejo seguro de alimentos, agua y salud, control del mosquito Aedes aegypti, control de roedores, zoonosis por animales domésticos y uso de agroquímicos, entre otros.
Estas promotoras cumplieron también tareas de diagnóstico y promoción de prácticas saludables con el objetivo de generar un efecto multiplicador, de modo que cada persona pudiese difundir lo aprendido entre los vecinos de los diferentes barrios.
En este mismo sentido, se llevó adelante el Programa Escuelas Verdes en 14 establecimientos educativos. Los docentes, alumnos y directivos trabajaron en la problemática ambiental, en especial la relacionada con el tema de residuos y la implementación de las 3 "R": reducir, reutilizar y reciclar. Como resultado de esta tarea, hicieron puffs con botellas, cartón y telas, lapiceros, portapavas, portaretratos y otros elementos para utilizar en el hogar.
Entre los objetivos del proyecto, se destaca la promoción del desarrollo sustentable a través de la educación y gestión ambiental para que los alumnos puedan difundir lo aprendido en su ámbito barrial y familiar.
En cuanto al control industrial, las empresas, establecimientos industriales, de servicios o comerciales radicados en la zona y con relación al saneamiento –cuyo empadronamiento estaba fijado entre el 12 de septiembre y el 31 de octubre pasado–, podrán hacerlo hasta el 20 de enero inclusive.
La medida es obligatoria; tiene como meta que la Autoridad de Cuenca pueda ejercer un mayor control y cuente con información actualizada y segura sobre los establecimientos radicados en el territorio para hacer cumplir la normativa ambiental. Hasta ahora, 5800 establecimientos comenzaron el trámite, de los cuales más de 4000 ya están empadronados. Al respecto, se hicieron 5172 inspecciones, 24 clausuras efectivas y fueron recibidas 494 denuncias.
A fin de mejorar las condiciones de vida de los vecinos y su entorno, se realizaron diversas obras de infraestructura entre las que se destacan 525 conexiones a redes cloacales; 11 barrios con proyectos de mudanza activos; 27, con mesas de participación permanentes; tres con obras de servicios. Por otra parte, se cerraron dos macrobasurales en Marcos Paz y Cañuelas.
En cuanto a las tareas de modernización, se digitalizaron todos los expedientes de más de diez años de trabajo (12.323 en total), hecho que busca simplificar los trámites y facilitar el acceso a la administración a través de medios electrónicos.
Dos miradas, una realidad
El 18 de diciembre último, el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación Rogelio Frigerio tuiteó: "Seguimos avanzando en esta megaobra que va por debajo del Río de la Plata y del Riachuelo y que mejorará la vida de más de 4 millones de vecinos".
Andrés Nápoli, director ejecutivo de FARN, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, por su parte, afirmó: "A una década del dictado del fallo, no es admisible que los avances sean producto de las exigencias impuestas por la justicia o las demandas sociales. Estamos convencidos de que este caso judicial representa una gran oportunidad para saldar la mayor deuda socio-ambiental que tiene la Argentina, pero eso será posible solo si se avanza de manera decidida en la construcción de una política de Estado para el saneamiento del Riachuelo".
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Organizaciones contra la resolución de Agroindustria
Ciento de organizaciones le exigen a Vidal dejar sin efecto una resolución del Ministerio de Agroindustria
Fecha de Publicación: 18/01/2019
Fuente: Políticia Argentina
Provincia/Región: Buenos Aires
El primero de enero entró en vigencia una medida que autoriza la fumigación de cultivos con agrotóxicos en toda la provincia de Buenos Aires. Denuncian que “su contenido es contrario a la protección de la vida, la salud y la integración física de las personas”.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto a la Red de Abogados de Pueblos Fumigados y cientos de organizaciones le exigen la gobernadora María Eugenia Vidal que deje sin efecto la resolución 246-MAGP-18, emitida por el Ministerio de Agroindustria bonaerense.
La resolución que entró en vigencia el 1º de enero de 2019 “autoriza la fumigación de cultivos con agrotóxicos en toda la provincia de Buenos Aires, legalizando la aplicación de estos venenos en lotes linderos a las ciudades, a zonas residenciales que se encuentran en el campo, y a poblaciones dispersas; sin especificar ningún tipo de distancia mínima entre la aplicación de los agroquímicos y las viviendas donde reside la población”.
En un comunicado explican que además permite “fumigar con agrotóxicos las reservas naturales y los márgenes de arroyos, ríos y lagos, de donde proviene el agua que muchas personas utilizan a diario para cocinar, lavar, y asearse”.
“El único límite a la aplicación de agrotóxicos es el horario escolar. Vale decir, que si los niños y niñas ingresan a la escuela a las 7.45 am, la resolución 246-MAGP18 autoriza a fumigar los alrededores del establecimiento educativo hasta las 7.44 am”, señalan en otra parte del documento.
Asimismo, aseguran que el contenido de la resolución firmada por Leonardo Sarquís, ministro de Agroindustria y ex gerente de la división Semillas de Monsanto, es contrario a la protección de la vida, la salud y la integridad física de las personas, al mismo tiempo en que tiene consecuencias devastadoras para el ambiente.
Por último, afirman que debilita aún más el control del Estado en la aplicación de agrotóxicos porque delega esa tarea a los ingenieros agrónomos contratados por las empresas y los privados que requieren la aplicación de agrotóxicos.
“Desde las organizaciones firmantes nos oponemos con firmeza a esta norma que busca promover el modelo de agronegocios basados en el uso indiscriminado de agrotóxicos, poniendo en riesgo no solo la salud de toda la población sino la afectación del medio ambiente y la soberanía alimentaria”, concluye.
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Fecha de Publicación: 18/01/2019
Fuente: Políticia Argentina
Provincia/Región: Buenos Aires
El primero de enero entró en vigencia una medida que autoriza la fumigación de cultivos con agrotóxicos en toda la provincia de Buenos Aires. Denuncian que “su contenido es contrario a la protección de la vida, la salud y la integración física de las personas”.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto a la Red de Abogados de Pueblos Fumigados y cientos de organizaciones le exigen la gobernadora María Eugenia Vidal que deje sin efecto la resolución 246-MAGP-18, emitida por el Ministerio de Agroindustria bonaerense.
La resolución que entró en vigencia el 1º de enero de 2019 “autoriza la fumigación de cultivos con agrotóxicos en toda la provincia de Buenos Aires, legalizando la aplicación de estos venenos en lotes linderos a las ciudades, a zonas residenciales que se encuentran en el campo, y a poblaciones dispersas; sin especificar ningún tipo de distancia mínima entre la aplicación de los agroquímicos y las viviendas donde reside la población”.
En un comunicado explican que además permite “fumigar con agrotóxicos las reservas naturales y los márgenes de arroyos, ríos y lagos, de donde proviene el agua que muchas personas utilizan a diario para cocinar, lavar, y asearse”.
“El único límite a la aplicación de agrotóxicos es el horario escolar. Vale decir, que si los niños y niñas ingresan a la escuela a las 7.45 am, la resolución 246-MAGP18 autoriza a fumigar los alrededores del establecimiento educativo hasta las 7.44 am”, señalan en otra parte del documento.
Asimismo, aseguran que el contenido de la resolución firmada por Leonardo Sarquís, ministro de Agroindustria y ex gerente de la división Semillas de Monsanto, es contrario a la protección de la vida, la salud y la integridad física de las personas, al mismo tiempo en que tiene consecuencias devastadoras para el ambiente.
Por último, afirman que debilita aún más el control del Estado en la aplicación de agrotóxicos porque delega esa tarea a los ingenieros agrónomos contratados por las empresas y los privados que requieren la aplicación de agrotóxicos.
“Desde las organizaciones firmantes nos oponemos con firmeza a esta norma que busca promover el modelo de agronegocios basados en el uso indiscriminado de agrotóxicos, poniendo en riesgo no solo la salud de toda la población sino la afectación del medio ambiente y la soberanía alimentaria”, concluye.
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Córdoba sin Ley de Bosques vigente
Ley de Bosques: “El debate no se va a realizar antes de las elecciones”
Fecha de Publicación: 11/01/2019
Fuente: El Puntal de Río Cuarto
Provincia/Región: Córdoba
Legisladores provinciales opinan que se trata de un tema “muy urticante” como para ponerlo en agenda previo a los comicios de mayo. Desde el oficialismo admiten que están incumpliendo la normativa vigente nacional
La actualización del mapa con el ordenamiento territorial de los bosques nativos no formó parte del temario de la Unicameral durante 2018 y según pronostican los legisladores consultados por este medio, tampoco se discutirá antes de la elección provincial en mayo.
“El armado del mapa ambiental tiene que estar consensuado con todos los sectores”, dice Germán Buttarelli (UPC), presidente de la comisión de Asuntos Ecológicos. “En febrero comenzaremos a establecer los temas de la agenda de los próximos meses y esperamos tener todo el consenso, para que nos nos genere otro problema”, añade. “Como presidente de la comisión me comprometo a seguir avanzando con la creación de reservas naturales como hemos venido haciendo”, indicó Buttarelli.
Para cumplimentar con el requisito de actualización del mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos -que está en falta- una de las posibilidades que están analizando desde el oficialismo -en conjunto con otros bloques- es adherir a la ley nacional de bosques, para generar los cambios necesarios en el esquema territorial, pero sin modificar la ley provincial.
En tanto, desde la oposición critican que no se haya avanzado en el tema y ven con preocupación que a causa de este motivo esté frenado el envío de los fondos de la Nación para la conservación de los bosques nativos.
Proyecto trunco
“Hay demasiados intereses creados para llegar a un consenso”, opinó la legisladora Amalia Vagni (UCR). “Al haber datos erróneos, porque hoy la Provincia está manejándose con un mapa de la vieja ley, que fue hecho a los apurones y no se condice con la realidad del bosque nativo de Córdoba, protestan los del campo y los campesinos y al desobedecer las voces y no haberlas escuchado, es un proyecto de ley trunco”.
“No creo que se vaya modificar el texto de la ley hasta el 12 de mayo”, opinó Vagni.
-Policía Ambiental informó que a través de satélites controlan el desmonte. ¿Es suficiente?
-No se trata sólo de monitorear con satélite, hay que labrar el acta. Además de que preocupa lo que hacen aquellos que infringen la ley, peor es lo que autoriza Secretaría de Ambiente con el avance de la cuestión urbana que afecta no sólo en materia de bosque nativo, sino de servicios insuficientes para atender a las necesidades de la población. Avavanza de forma tan vertiginosa la urbanización, que incluso a la vera de los lugares donde hay agua van a verse afectados por la falta de este servicio.
Necesidad de consenso
El legislador Martín Fresneda (Córdoba Podemos) dijo: “Justamente, en un período electoral es un tema tan sensible que yo no creo que pase nada”.
“Yo creo que el año pasado desistieron del proyecto de ley de modificación de la 9814, que fue archivado. Lo más acertado sería encontrar una definición de consenso para actualizar el mapa y exigir que actualicen el pago de Nación”, sostuvo.
“Lo que puede suceder, al menos, lo que estuvimos hablando y que será lo acertado para resolver el tema de la actualización del mapa de ordenamiento territorial, sería una adhesión de la legislatura a la ley nacional y armar un proceso participativo para actualizar el mapa”, señaló.
Fresneda apuntó contra el gobierno nacional por incumplir con los fondos de protección ambiental, establecidos en la ley 26.331. “Con la inflación que tuvo la Argentina es una vergüenza que el Gobierno pague $ 50 la hectárea por el servicio ambiental”.
-¿Está en pie el registro de infractores?
-La Nación debería tener registro, pero no está muy severa ni puede exigir mucho porque tampoco cumple la ley 26.631 con respecto al envío de los fondos.
Es muy relajado el tema, dicho hasta por los propios infractores cuando se ha dado el proceso de discusión de la ley frustada, estuvimos escuchando a todos los sectores y el sistema de infracciones no funcionaba. Por ahí prefieren pagar la multa a evitar avanzar sobre la zona.
-Algunos sectores ambientalistas temen que la ley agroforestal soslaye el debate por la ley de bosques. ¿Qué opina?
-Me parece que es complementario. Hay que tener un control como lo realiza el Foro Ambiental por el listado de especies prohibidas y permitidas, pero el lado industrial que puede tener la ley me parece bien. La ley expresamente prohíbe el enriquecimiento de bosque nativo con exóticas, y cuando se incumpla habrá que denunciarlo. Pero lo positivo es que hay que sumar árboles y aumentar la cobetura vegetal y siempre tiene que tener un manejo en función de la cuenca y de la eco región. Tenemos dos leyes, la 9814 que si se cumpliera junto con la ley nacional 26.631 Córdoba estaría cumpliendo el estándar ambiental. Depende de Nación que baje recursos y plata y de la Provincia que siga manteniendo compromiso.
En falta
La legisladora Liliana Montero (Bloque unipersonal) expresó: “Ni se abordó el tema. Se quedó en stand by”.
“No creo que pongan un tema tan urticante en agenda en un acto electoral”, dijo. Y agregó: “Con la movilización de las distintas organizaciones y asambleas, no creo que la provincia avance en medio de procesos electorales”.
“Estábamos en falta antes del 2016, incumpliendo por no presentar los mapas y el problema es que no estamos pudiendo imponer un ordenamiento y cumplir la ley”, advirtió.
Además, la legisladora cuestionó la efectividad de las las sanciones estipuladas para prevenir el desmonte y se refirió también a la ley agroforestal: “Quiere tapar el tema del desmonte”, expresó.
“El Foro Ambiental Córdoba realizó un análisis muy crítico sobre las especies que están en los listados porque hay algunas que no deberían estar”, afirmó.
Finalmente, cuestionó que los gobiernos utilizan como eslogan la expresión “nos debe preocupar el tema ambiental” porque para demostrarlo “tienen que poner plata”, expresó. “Ese es el problema de la política: estamos en siglo XXI, pero nos manejamos como si estuviéramos en el siglo XIX. Hoy la gente se entera de todas las acciones de gobierno”, cerró.
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Fecha de Publicación: 11/01/2019
Fuente: El Puntal de Río Cuarto
Provincia/Región: Córdoba
Legisladores provinciales opinan que se trata de un tema “muy urticante” como para ponerlo en agenda previo a los comicios de mayo. Desde el oficialismo admiten que están incumpliendo la normativa vigente nacional
La actualización del mapa con el ordenamiento territorial de los bosques nativos no formó parte del temario de la Unicameral durante 2018 y según pronostican los legisladores consultados por este medio, tampoco se discutirá antes de la elección provincial en mayo.
“El armado del mapa ambiental tiene que estar consensuado con todos los sectores”, dice Germán Buttarelli (UPC), presidente de la comisión de Asuntos Ecológicos. “En febrero comenzaremos a establecer los temas de la agenda de los próximos meses y esperamos tener todo el consenso, para que nos nos genere otro problema”, añade. “Como presidente de la comisión me comprometo a seguir avanzando con la creación de reservas naturales como hemos venido haciendo”, indicó Buttarelli.
Para cumplimentar con el requisito de actualización del mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos -que está en falta- una de las posibilidades que están analizando desde el oficialismo -en conjunto con otros bloques- es adherir a la ley nacional de bosques, para generar los cambios necesarios en el esquema territorial, pero sin modificar la ley provincial.
En tanto, desde la oposición critican que no se haya avanzado en el tema y ven con preocupación que a causa de este motivo esté frenado el envío de los fondos de la Nación para la conservación de los bosques nativos.
Proyecto trunco
“Hay demasiados intereses creados para llegar a un consenso”, opinó la legisladora Amalia Vagni (UCR). “Al haber datos erróneos, porque hoy la Provincia está manejándose con un mapa de la vieja ley, que fue hecho a los apurones y no se condice con la realidad del bosque nativo de Córdoba, protestan los del campo y los campesinos y al desobedecer las voces y no haberlas escuchado, es un proyecto de ley trunco”.
“No creo que se vaya modificar el texto de la ley hasta el 12 de mayo”, opinó Vagni.
-Policía Ambiental informó que a través de satélites controlan el desmonte. ¿Es suficiente?
-No se trata sólo de monitorear con satélite, hay que labrar el acta. Además de que preocupa lo que hacen aquellos que infringen la ley, peor es lo que autoriza Secretaría de Ambiente con el avance de la cuestión urbana que afecta no sólo en materia de bosque nativo, sino de servicios insuficientes para atender a las necesidades de la población. Avavanza de forma tan vertiginosa la urbanización, que incluso a la vera de los lugares donde hay agua van a verse afectados por la falta de este servicio.
Necesidad de consenso
El legislador Martín Fresneda (Córdoba Podemos) dijo: “Justamente, en un período electoral es un tema tan sensible que yo no creo que pase nada”.
“Yo creo que el año pasado desistieron del proyecto de ley de modificación de la 9814, que fue archivado. Lo más acertado sería encontrar una definición de consenso para actualizar el mapa y exigir que actualicen el pago de Nación”, sostuvo.
“Lo que puede suceder, al menos, lo que estuvimos hablando y que será lo acertado para resolver el tema de la actualización del mapa de ordenamiento territorial, sería una adhesión de la legislatura a la ley nacional y armar un proceso participativo para actualizar el mapa”, señaló.
Fresneda apuntó contra el gobierno nacional por incumplir con los fondos de protección ambiental, establecidos en la ley 26.331. “Con la inflación que tuvo la Argentina es una vergüenza que el Gobierno pague $ 50 la hectárea por el servicio ambiental”.
-¿Está en pie el registro de infractores?
-La Nación debería tener registro, pero no está muy severa ni puede exigir mucho porque tampoco cumple la ley 26.631 con respecto al envío de los fondos.
Es muy relajado el tema, dicho hasta por los propios infractores cuando se ha dado el proceso de discusión de la ley frustada, estuvimos escuchando a todos los sectores y el sistema de infracciones no funcionaba. Por ahí prefieren pagar la multa a evitar avanzar sobre la zona.
-Algunos sectores ambientalistas temen que la ley agroforestal soslaye el debate por la ley de bosques. ¿Qué opina?
-Me parece que es complementario. Hay que tener un control como lo realiza el Foro Ambiental por el listado de especies prohibidas y permitidas, pero el lado industrial que puede tener la ley me parece bien. La ley expresamente prohíbe el enriquecimiento de bosque nativo con exóticas, y cuando se incumpla habrá que denunciarlo. Pero lo positivo es que hay que sumar árboles y aumentar la cobetura vegetal y siempre tiene que tener un manejo en función de la cuenca y de la eco región. Tenemos dos leyes, la 9814 que si se cumpliera junto con la ley nacional 26.631 Córdoba estaría cumpliendo el estándar ambiental. Depende de Nación que baje recursos y plata y de la Provincia que siga manteniendo compromiso.
En falta
La legisladora Liliana Montero (Bloque unipersonal) expresó: “Ni se abordó el tema. Se quedó en stand by”.
“No creo que pongan un tema tan urticante en agenda en un acto electoral”, dijo. Y agregó: “Con la movilización de las distintas organizaciones y asambleas, no creo que la provincia avance en medio de procesos electorales”.
“Estábamos en falta antes del 2016, incumpliendo por no presentar los mapas y el problema es que no estamos pudiendo imponer un ordenamiento y cumplir la ley”, advirtió.
Además, la legisladora cuestionó la efectividad de las las sanciones estipuladas para prevenir el desmonte y se refirió también a la ley agroforestal: “Quiere tapar el tema del desmonte”, expresó.
“El Foro Ambiental Córdoba realizó un análisis muy crítico sobre las especies que están en los listados porque hay algunas que no deberían estar”, afirmó.
Finalmente, cuestionó que los gobiernos utilizan como eslogan la expresión “nos debe preocupar el tema ambiental” porque para demostrarlo “tienen que poner plata”, expresó. “Ese es el problema de la política: estamos en siglo XXI, pero nos manejamos como si estuviéramos en el siglo XIX. Hoy la gente se entera de todas las acciones de gobierno”, cerró.
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Uso indiscriminado de agroquímicos en Buenos Aires
Veneno en la tierra: la Provincia autorizó el uso indiscriminado de agrotóxicos
Fecha de Publicación: 10/01/2019
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: Buenos Aires
El actual ministro de Agroindustria bonaerense y exgerente de Monsanto, Leonardo Sarquís, habilitó el uso de estos venenos en todo el territorio.
La provincia de Buenos Aires emitió una resolución que entrará en vigencia el jueves próximo y que autoriza la fumigación con agrotóxicos en toda el territorio bonaerense, legalizando la aplicación de estos venenos en lotes linderos a las ciudades.
Contra esta norma se expresaron organizaciones y personalidades señalando que "busca promover el modelo de agronegocios basados en el uso indiscriminado de agrotóxicos, poniendo en riesgo no solo la salud de toda la población sino la afectación del medio ambiente y la soberanía alimentaria".
Uno de los aspectos que resaltan las ONG;s y personalidades es que quien tuvo a cargo la medida, el Ministro de Agroindustria de la provincia, Leonardo Sarquís, es uno de los Ceo de Monsanto, más precisamente exgerente de la división Semillas.
En ese sentido, criticaron que la medida porque "no especifica ningún tipo de distancia mínima entre la aplicación de los agroquímicos y las viviendas donde reside la población".
Además la resolución autoriza a fumigar con agrotóxicos a las reservas naturales y a los márgenes de arroyos, ríos y lagos, de donde proviene el agua que muchas personas utilizan a diario para cocinar, lavar y asearse.
También la norma debilita el control del Estado en la aplicación de agrotóxicos, al delegar en los ingenieros agrónomos contratados por las empresas y los privados.
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Fecha de Publicación: 10/01/2019
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: Buenos Aires
El actual ministro de Agroindustria bonaerense y exgerente de Monsanto, Leonardo Sarquís, habilitó el uso de estos venenos en todo el territorio.
La provincia de Buenos Aires emitió una resolución que entrará en vigencia el jueves próximo y que autoriza la fumigación con agrotóxicos en toda el territorio bonaerense, legalizando la aplicación de estos venenos en lotes linderos a las ciudades.
Contra esta norma se expresaron organizaciones y personalidades señalando que "busca promover el modelo de agronegocios basados en el uso indiscriminado de agrotóxicos, poniendo en riesgo no solo la salud de toda la población sino la afectación del medio ambiente y la soberanía alimentaria".
Uno de los aspectos que resaltan las ONG;s y personalidades es que quien tuvo a cargo la medida, el Ministro de Agroindustria de la provincia, Leonardo Sarquís, es uno de los Ceo de Monsanto, más precisamente exgerente de la división Semillas.
En ese sentido, criticaron que la medida porque "no especifica ningún tipo de distancia mínima entre la aplicación de los agroquímicos y las viviendas donde reside la población".
Además la resolución autoriza a fumigar con agrotóxicos a las reservas naturales y a los márgenes de arroyos, ríos y lagos, de donde proviene el agua que muchas personas utilizan a diario para cocinar, lavar y asearse.
También la norma debilita el control del Estado en la aplicación de agrotóxicos, al delegar en los ingenieros agrónomos contratados por las empresas y los privados.
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