Ambientalistas realizaron reclamos en un acto oficial de Alberto Fernández

Fecha de Publicación: 14/01/2023
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional


El incidente ocurrió este miércoles en Los Cardales, localidad bonaerense cercana a Caba. El martes, la camioneta presidencial fue insultada por un grupo de personas en Miramar.
“BASTA DE CANCER, PAREN DE FUMIGARNOS”. El cartel con letras en mayúsculas apareció en un acto oficial del Presidente Alberto Fernández, en Los Cardales, a 60 kilómetros de la Capital Federal. Media docena de ambientalistas, con gritos y consignas, plantearon así sus diferencias con el Gobierno nacional.
Las interrupciones llevaron a Fernández a dedicarles un párrafo de su discurso. “No hace falta maltratarnos, recuperemos la convivencia”, dijo el Presidente en tono calmo. El día anterior un grupo de vecinos de Miramar, ciudad de la Costa Atlántica, salió al cruce de la camioneta presidencial para lanzar insultos.
Desde el entorno presidencial se diferenciaron los dos episodios. El de Los Cardales fue adjudicado al derecho que tiene cualquier ciudadano de plantear sus ideas al gobernante. “Fue un reclamo ambientalista, pacífico finalmente, aunque pudiera ser molesto porque interrumpía.
Es mentira que hubo detenidos; la policía apartó a los cuatro manifestantes, pero no los llevó presos”, dijeron a este diario fuentes presidenciales. El incidente en Miramar, en cambio, fue calificado como “el típico escrache de campaña”, que impulsan grupos opositores, más puntualmente el PRO.
Alberto Fernández y su ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis (uno de los seis ministros que quedan de los 21 integrantes del gabinete original), se trasladaron a la localidad de Los Cardales para inaugurar un moderno hospital modular (327 millones de pesos de inversión). El intendente dijo que en 120 años de la localidad, nunca antes habían recibido la visita de un Presidente.
“Gracias al compañero que está allá tan enojado, gritando”, dijo Fernández, y optó, entonces, por dirigirse a los ambientalistas que interrumpían con sus reclamos.
“Nos han tocado cuatro años muy difíciles. Ahora que en el ‘bar’ (expresión que había usado antes Katopodis al aludir al ruido en los bares que a veces dificulta una conversación) hay más silencio, una de las cosas que debemos aprender es a hablarnos en voz baja y plantearnos nuestras diferencias en voz normal, sin necesidad de maltratarnos. Ya demasiado nos maltratamos como país. No hace falta maltratarnos más”, propuso Fernández.
El Presidente se refirió a la intolerancia política. “Recuperemos la convivencia democrática ahora que vemos lo que ha pasado en Brasil. Vemos lo que pasa en Perú. Reconstruyamos la convivencia democrática, conviviendo en la diversidad”, dijo.
Seguidamente, agregó: “No todos tenemos que pensar igual. Y yo estoy seguro que el compañero que se quejaba por el uso de agroquímicos lo hacía honestamente. Equivocado el modo pero lo hizo honestamente y tal vez haya que escucharlo. Pero hay que bajar los gritos y escucharnos un poco más”, insistió.
El ministro Katopodis había aludido antes de Fernández a las diferencias políticas que separan a la sociedad. “¿Se van terminar las discusiones en la Argentina? No, no se van a terminar. ¿Se va a terminar la grieta? No lo sabemos, tal vez no.
Seguramente no, porque es mucho de lo que hay que discutir en Argentina hacia adelante, y nada más y nada menos que es quién se queda con la distribución de nuestro país, quién se queda con ese crecimiento”, reconoció el ministro. Katopodis destacó las 5800 obras públicas impulsadas por el Gobierno nacional (2.802 ya terminadas).
El incidente en Miramar ocurrió el martes, cuando la comitiva presidencial dejaba la ciudad para dirigirse a Chapadmal, donde Fernández estableció un despacho paralelo durante enero. El Presidente y la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, venían de la inauguración de una cancha de hockey sobre césped sintético en el Miramar Rugby Club.
Las imágenes muestran a la camioneta negra con vidrios polarizados, doblando en una esquina céntrica de Miramar, donde un grupo de personas insulta al advertir que es la comitiva presidencial. El Gobierno nacional no hizo mención al incidente.
La crítica ambientalista escuchada en Los Cardales, en cambio, parece tener relación con las objeciones planteadas por grupos minoritarios del Frente de Todos.
La incorporación como asesor presidencial de Antonio Aracre, exCeo de Syngenta (el gigante mundial en la provisión de semillas y pesticidas), motivó algunas quejas internas, entre ellas de Soberanxs, la agrupación de Alicia Castro y Amado Boudou.
“Aracre fue empleado de Syngenta. Los últimos 12 fue CEO para América Latina. Dejó Syngenta recién para pasar a la política. ¿Qué es Syngenta? Es la mayor fabricante de agrotóxicos del mundo”, criticó Alicia Castro. En Casa Rosada dicen que el apoyo a Aracre, que se incorpora en febrero al gobierno, “no está en discusión” y relativizan el peso de los grupos críticos dentro del Frente de Todos.
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Otro año sin Ley de Humedales: algunos diputados explican, otros callan

Fecha de Publicación: 03/01/2023
Fuente: Portal rosarioplus.com
Provincia/Región: Nacional


A pesar del clamor popular y del intenso debate hasta por fin lograr un dictamen -el más permisivo, pero al menos uno- el Congreso de la Nación volvió a dejar en espera una legislación urgente para preservar esos ecosistemas, controlar y sancionar a quienes atenten en ese sentido.
En noviembre de este año se consiguió que el plenario de comisiones de Recursos Naturales, Presupuesto y Agricultura elevara al Recinto un proyecto de Ley de Humedales, el de Juntos por el Cambio con dictamen por mayoría. Sin embargo no hubo tratamiento de éste en las últimas sesiones del año en Diputados, ya que se requiere del acuerdo político de todos los sectores, algo que a las vistas no se consiguió. La buena noticia es que el dictamen favorable permite su tratamiento hasta diciembre de 2023, por lo que si bien este no fue el año de su concreción, no perdió estado parlamentario como ocurrió el año pasado.
El año legislativo ya tuvo su fin el pasado jueves en la última sesión, y habrá que esperar las voluntades de toda la Cámara para que la Ley de Humedales sea tratada en el marco un año electoral que avisora muchas dudas en torno a una decisión política positiva para que finalmente se generen los presupuestos mínimos a nivel nacional para promocionar la conservación, el uso sostenible y la restauración de estos ecosistemas, y poner fin a la disgregación de políticas y normativa que existen en las diversas provincias, un reclamo social que ya cumple una década (ver apartado).
Incólumes y estoicos, los activistas de un conjunto de organizaciones sociales nucleadas en la Multisectorial persisten con la campaña “Arden los humedales” en las redes sociales exigiendo el tratamiento de la ley con el hashtag #LeyDeHumedalesYA para pedir que Diputados atienda el proyecto de ley consensuado por cientos de organizaciones, especialistas y científicos, el cual también había tenido dictamen favorable pero espera con paciencia, por haber salido por minoría.
La diputada por Santa Fe Ximena García es una de los dos impulsores del proyecto que resultó mayoritario, desde Juntos por el Cambio. Este medio quiso contactarla para conocer su visión sobre por qué este año no pudo ser debatido finalmente, pero no hubo respuestas de la legisladora.
Los diputados por Santa Fe Eduardo Toniolli (FPV) y Enrique Estévez (PS) fueron consultados por Rosarioplus.com en torno a las causas por las que naufragó un año más el avance de esta ley. “No hay en el país una planificación para cumplir con los compromisos internacionales que suscribió, y uno de ellos es el cuidado de los humedales como ecosistemas fundamentales para frenar el cambio climático y evitar alguna de sus consecuencias como las grandes inundaciones y sequías”, reflexionó el socialista, quien aseveró luego: “Tanto en Juntos por el Cambio como en el Frente de Todos hay diversas miradas, pero en ambos bloques existe la mirada negativa a tener una Ley de Humedales. Este año no tenemos la ley porque eso se suma a la falta de impulso por parte del Ejecutivo”.
El diputado Toniolli por su parte esbozó que “finalmente no fue al Recinto porque algunos de los que firmaron por mayoría lo hicieron con el único objetivo de bloquear la llegada del dictamen de minoría que veníamos impulsando todos los diputados y las organizaciones que acompañamos el proyecto de ley consensuado en 2021. Hubo diputados incluso de nuestro bloque que no votaron por nuestro proyecto porque gobernadores del norte se opusieron al avance de este proyecto, con razones infundadas”.
Consultados ambos en torno a la posibilidad de fumata blanca en el avance de la ley para 2023, cada cual avizoró su mirada sin descartar un cauce. “El año próximo será electoral, y el tema humedales, en 2021 fue utilizado en las campañas electorales con promesas. Esperamos que se genere un consenso más amplio en el Congreso, y que el Ejecutivo impulse el tratamiento de este proyecto absolutamente necesario para preservar los humedales en el país”, preció Enrique Estévez.
Mientras Toniolli aseguró: “Desde mi lugar como diputado voy a reclamar su tratamiento en cada oportunidad, y espero que se dé porque el daño que se está haciendo es irreversible y los humedales son fundamentales para preservar el ambiente, son ecosistemas que ayudan a preservar el cambio climático”.

Diez años en espera
El primer proyecto se presentó en 2013, en el contexto de la declaración de los humedales del Delta del Paraná como sitios Ramsar y la creación del sistema Piecas, el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná. Un acuerdo interjurisdiccional entre las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, junto al gobierno nacional, cuyo objetivo era gestionar dichos humedales, un ecosistema compartido por las tres jurisdicciones provinciales. El Piecas existe, pero no es más que una teoría sin aplicar.
Luego tanto en 2015 como en 2018, dos proyectos de Ley de Humedales consiguieron media sanción en el Senado. Pero en ninguna de esas oportunidades se lograron aprobar en la Cámara de Diputados, y el proyecto de Ley de Humedales volvió al cajón.
Finalmente, luego de más de dos años de persistentes quemas de pastizales en las islas entrerrianas en el Delta del Paraná, que trajeron aparejadas una convención social en torno al reclamo ambiental, más de 300 organizaciones elevaron su proyecto de ley, el cual luego fue tomado por el diputado Leonardo Grosso, y surgieron nuevas propuestas desde otros bloques, con predominancia de uno presentado por varios legisladores de Juntos por el Cambio.
En un plenario conjunto de las comisiones de Recursos Naturales, Agricultura y Hacienda, el 10 de noviembre se emitieron dos dictámenes al Proyecto de Ley de presupuestos mínimos para la identificación, conservación, protección, restauración ecológica y uso racional de los humedales. Uno de minoría -perteneciente al oficialismo- y uno de mayoría -de la oposición-.
Así como cuenta con varios apoyos, el proyecto oficialista también tiene sectores que se resisten a la iniciativa. Ricardo Buryaile, diputado nacional por Formosa y perteneciente al radicalismo, ha sido uno de los más férreos opositores junto a los llamados gobernadores del Norte Grande, quienes se encolumnan en la postura de supuestas consecuencias de la aprobación de este proyecto en términos económicos y sociales.
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Punilla, una autovía avanza y los bienes naturales peligran

Fecha de Publicación: 28/12/2022
Fuente: La Tinta
Provincia/Región: Córdoba


Si bien llovió un poco, no alcanza y la sequía es una problemática grave en Córdoba. El desmonte, de la mano del crecimiento poblacional impulsado por grandes desarrollos inmobiliarios y la escasez de lluvias conspiran para que la situación sea extrema. En esta nota, nos aproximamos a la realidad del Valle de Punilla, atravesada por la construcción de la autovía de montaña que complejiza el panorama.
Estuvo haciendo unos calores insoportables y entre la Scaloneta y la Abuela la la la la la, poco se dijo sobre lo que pasa con el agua y la gran crisis hídrica que atravesamos. En muchos lugares, no hay agua, los cortes son diarios y las megaobras no cesan en nuestras sierras. Prometen circulación veloz, pero no solo son despliegues millonarios, sino que borran el monte y, con esto, todos los recursos que nos brinda. Políticas que solo enriquecen a unos pocos, políticas que no son políticas.
Anoche llovió un montón, lxs vecinxs esperan grandes crecidas en la zona de Punilla y muchxs lo viven en alerta, porque las inundaciones son la otra cara de las sequías. El desmonte y los incendios, causas claras y siempre de la mano de nuevos loteos y grandes obras ingenieriles. Para entender esta realidad, conversamos con especialistas y vecinxs del valle, quienes nos ponen al tanto de cómo se vive en la zona y cuáles son las problemáticas urgentes a resolver.
Emilio Iosa es vecino del Valle de Punilla y médico. Magíster en salud pública y se dedica a la investigación en políticas sanitarias a nivel ambiental. “La situación de nuestra cuenca hídrica y en todas las cuencas hídricas de Córdoba es muy grave. La negación del cambio climático por parte del Gobierno de Córdoba es evidente. Se invierte en muchísimos recursos multimillonarios y se endeuda a la población en dólares para obras que no priorizan el desarrollo sostenible de las comunidades locales”, dice en comunicación con La tinta.
Explica que, en el deterioro del agua en Córdoba, hay un fuerte componente político, además de ecológico, ambiental y sanitario. Apunta al modelo de progreso cordobesista de los últimos 25 años que prioriza siempre obras de infraestructura que nada tienen que ver con el cuidado de los recursos hídricos ni con la salud de las personas.
“El agua no solo es fuente de vida y salud. En el caso del lago San Roque, el 70% de la población de Córdoba toma agua de ahí y, además, es el motor económico de la principal ciudad turística de la provincia y la región”, explica el investigador.
Apunta también al abandono por parte del Gobierno provincial de las obras de infraestructura necesaria para el saneamiento y que la situación es muy complicada en relación a la cantidad y calidad del agua. “El recurso está siendo cada vez más escaso y más impactado por los incendios y el cambio climático. La calidad del agua se ha empobrecido y deteriorado muchísimo”, afirma Iosa y agrega que, de momento, no existen indicios de que el Gobierno entienda esta realidad y tome cartas en el asunto de manera contundente. En cambio, “tuvieron la brillante idea de construir un acueducto interprovincial (Santa Fe-Córdoba) de 440 millones de dólares que pretende solucionar el problema del agua con una obra faraónica, trayendo agua del río Paraná, un río muy impactado por el cambio climático, por la deforestación del Amazonas, pero, sobre todo, por la llegada de agrotóxicos de toda la cuenca de Brasil y norte Argentino. Esa es la solución que brindan a la población”, cuenta con preocupación.
Eugenia Caraballo es vecina de la Comuna de San Roque e integra la Asamblea de Punilla que se convocaron para cuidar los bienes naturales y resistir en colectivo a las megaobras que se trazaron en la zona. Que la sequía es grave, ya lo sabemos y que se siente peor año a año, también. El problema es que no hay un horizonte que prometa mejoras. “El tema es que no hay políticas públicas acordes a contrarrestar esa situación. Por el contrario, lo que se hace empeora y profundiza la falta de agua y su calidad. Hace tiempo que circulan mapas satelitales de cómo se redujo el bosque nativo en nuestra provincia. Una de las cosas que vivimos año tras año son los incendios. Estos no solo son intencionales, sino que, desde el gobierno, no se hace nada para prevenirlos y se denuncia su complicidad en que sucedan. Luego, aparecen obras viales en zonas quemadas o negocios inmobiliarios”, detalla. Eugenia se refiere a las autovías que se construyen tanto en Punilla como en Paravachasca. Desde las asambleas ambientales, denuncian que ambas obras (que afectan a los ríos Anisacate y Yuspe) cuentan con estudios de impacto ambiental ineficaces, aprobados bajo la ilegalidad administrativa.
“La imposición de ambas autovías trajo la resistencia por parte de quienes habitamos los valles y la Justicia hace oídos sordos de manera cómplice. Luego de tocar todas las puertas y hacer los pasos correspondientes sin ser escuchados, nos quedó poner el cuerpo para proteger los territorios. Ante esto, el Gobierno nos envió las fuerzas represivas para quitarnos del medio y, hoy, tenemos más de 20 imputadxs por defender el agua y el derecho a un ambiente sano”, relata Caraballo.
En Bialet Massé, está La Aguadita, un gran espacio natural lleno de vertientes cuidadas por lxs vecinxs. Una plaza donde muchas familias comparten la tarde y donde se abastecen de agua fresca y sanita. Hoy, este lugar está en peligro, la autovía lo atravesaría.
Jésica Scoreancig es vecina del barrio Mirador del Lago y cuenta que sufren cortes de agua cada 4 o 5 días, y que, en zonas más altas, directamente no tienen agua. “Es alarmante la situación que se vive en esta zona y, sobre todo, más alarmante aún con la mala noticia de que la autovía atravesaría por La Aguadita y por el río Yuspe. Son fuentes de agua, vitales para poder vivir. Sin agua, no existen plantas ni árboles, no existe un ecosistema, no existe nada”, dice Jésica y cuenta que no solamente se abastecen de agua de ahí para limpiar y lavar, sino para tomar porque es muy rica al ser de vertiente. “Actualmente, no está funcionando una de las vertientes. Con el desmonte ocasionado por nuevos loteos, el piso queda árido y, cuando llueve, se tapan las vertientes. No tenemos a dónde acudir porque la Municipalidad no se hace cargo”, dice preocupada Jésica.
Adriana Arriaga es vecina de Cosquín y forma parte de la Asamblea Ambiental Cosquín. Nos cuenta la situación de su localidad y la preocupación que se vive ante el bajo caudal en los ríos y el inminente paso de la autovía sobre ellos.
“Emprendimientos como las autovías tienen mucha importancia para el Gobierno provincial. Hasta es conveniente que estén bajos los cursos de agua porque están trabajando en estas obras que tienen que pasar por encima de ríos incluso y lagos. Cuanto más bajos estén, más fácil para seguir con estas obras”, dice Adriana en tono de sospecha.
Lo que está faltando es presión en el agua corriente que llega a los hogares. La solución por parte del municipio es la misma que la de otras localidades de la zona e, incluso, de otros corredores como Sierras Chicas: cortes de agua en ciertos horarios del día o días de la semana, y baja presión. Esto ocasiona que no llegue el suministro a lugares altos ni sea suficiente para llenar tanques. A la par, el negociado del agua privada, es decir, las compras particulares de camiones de agua.
Este escenario se complica, según detalla Arriaga, ya que la gestión del servicio de agua no es óptima y no existe una planimetría planificada de la red de agua de la ciudad, además del mal estado de los caños que, en varios tramos, son inadecuados para transportar agua para el consumo. “El agua es insuficiente para las y los vecinos, mientras las empresas que hacen la autovía usan agua a mansalva. Les vemos sacar agua de los ríos, enormes cantidades de agua”, afirma Adriana y expresa la total preocupación por las consecuencias del trazado de la autovía que, lógicamente, contribuye a la deforestación de todos los recursos. Están acabando con la vegetación, esponja que protege el suelo y contribuye a retener el agua en las temporadas secas como la que vivimos en la actualidad. Con un bosque nativo vivo, el agua sigue fluyendo por cursos subterráneos, vertientes, arroyos y ríos. Esto podría dejar de pasar.
El río Yuspe nace allá, cerca de los Gigantes, y va bañando toda la zona en bajada, es increíblemente rico, mantiene en gran parte el ecosistema nativo. Es agüita fresca en las siestas de verano y, al unirse con el San Francisco, nace el río Cosquín. Caja de resonancia de tantas chacareras bailadas al ritmo del bombo y la guitarra. Amaneceres después de las peñas, besos bailarines, asaditos y mates. También guarda en sus orillas restos arqueológicos comechingones y anteriores, es decir, de la cultura ayampitín. Esta zona, que es pura perfección natural e histórica, hoy, peligra.
“Todo el sistema hídrico que la naturaleza fue creando a lo largo de siglos y que ha funcionado siempre está siendo alterado. Viene siendo alterado desde el siglo pasado, pero, sobre todo, en los veintipico años del siglo XXI de manera impresionante en todo Córdoba”, explica Adriana. Por su parte, Eugenia, de la Comuna de San Roque, agrega que han denunciado las voladuras en la zona de Molinari: “No solo que están volando la cuenca, sino que nos están contaminando aire, tierra y agua con los restos de explosivos que pudimos ver en sus propias cajas que hablan de que producen cáncer”.
Nada es casual, la autovía se traza por los ríos. Se construye como alternativa de circulación a rutas nacionales que ya existen. En vez de reacondicionarlas, se hacen megaobras que destruyen el entorno bajo la promesa de rápida circulación. Cuando lo que se necesita son políticas que cuiden de verdad los bienes naturales y controlen la expansión de los loteos.
Es necesario encontrar formas de vivir que estén en armonía con los lugares que habitamos.
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Gran Chaco: la deforestación avanza sobre un bastión clave de la biodiversidad argentina

Fecha de Publicación: 27/12/2022
Fuente: El País (España)
Provincia/Región: Nacional - Norte Argentino


Un pequeño cambio propuesto en un ley ambiental provincial podría asestar un golpe mortal al segundo pulmón verde de Sudamérica. La gestión del bosque combina impunidad con genocidio ecológico
Mientras se realizaba la COP15 para proteger la pérdida global de biodiversidad y la Unión Europea establece obligaciones legales para dejar de comerciar productos relacionados con la destrucción de los bosques, en la provincia argentina de Chaco se discute un nuevo ordenamiento territorial de bosques nativos (OTBN) que pone en riesgo lo poco que resta de lo que una vez fue el Gran Chaco, el segundo pulmón sudamericano más importante después de la Amazonía.
Argentina custodia una gran biodiversidad. Por eso fue un hito la denominada Ley de Bosques Nativos, creada hace 15 años para atender la crisis que atravesaban estos ecosistemas en el país. Desde el año 2000, el bosque —presente sobre todo en las provincias de Chaco y Formosa y, en menor medida, en Salta y Santiago del Estero— ha perdido más de una cuarta parte de su superficie forestal.
El OTBN chaqueño que entró en vigor en 2009 estableció tres categorías para las zonas forestales: Roja-I, para áreas de alto valor de conservación que no deben ser transformadas; Amarilla-II, de mediano valor de conservación, que pueden ser degradadas pero siempre y cuando se realicen actividades adecuadas de restauración; y Verde-III, de bajo valor de conservación que pueden ser transformadas parcial o totalmente.
“El avance de la frontera económica sobre los bosques nativos se da hace décadas a través de la presión de tres sectores: el forestal maderero que extrae tanino, principalmente; el agroganadero que busca plantar soja, maíz y algodón; y el inmobiliario, que lotea los campos a través del Instituto de Colonización”, explica en entrevista a América Futura Matías Mastrángelo, investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Argentina (CONICET).
La actualización del OTBN desató la polémica ya que busca habilitar cambios de usos de suelo de categoría Amarilla-II en los departamentos de Almirante Brown, Güemes y San Martín —en el norte de la provincia—, disminuyendo así los estándares de protección vigentes sobre una región boscosa de más de 300.000 hectáreas, superficie equivalente a la mancha urbana de ciudades como Lima o Madrid.
“Eso no solo va en contra de la ley nacional y el principio de progresividad ambiental, sino que condona el desmonte ilegal. El hecho de que en el nuevo mapa se pintaran estos espacios en blanco, como si los bosques nunca hubieran existido, permite pensar que tampoco existió la deforestación, por tanto no habría sanción ni necesidad de restaurar algo que nunca existió”, señala.
Paradójicamente, el ministerio de Ambiente de Chaco no es la autoridad de aplicación de la Ley de Bosques, sino que esta depende del ministerio de Producción. “Igualmente hemos creado una oficina de monitoreo permanente para la detección de desmontes ilegales”, comentó Tomás Camarasa, quien está al frente de la Subsecretaría de Ambiente y Biodiversidad del ministerio de Ambiente de la provincia.
A pesar de que el nuevo mapa regresivo fue elaborado por una mesa técnica en la que participaban principalmente actores del sector agro-forestal, con poca participación de los pueblos indígenas y sector científico, la movilización de ONGs como Somos Monte Chaco logró que de momento no haya fecha de tratamiento para ninguna propuesta dentro de la llamada “Ley de OTBN” en la legislatura provincial.

Parece calor, pero es desmonte
De norte a sur de la Argentina, la crisis climática se hace sentir en forma de desertificación en el Gran Chaco, olas de calor en el centro del país e incendios en Tierra del Fuego. Actualmente existe muy poca agua en el Río Bermejo que atraviesa la provincia de Chaco abasteciendo a distintos acuíferos, y la poca que resta se encuentra contaminada por la presencia de cianobacterias, otro efecto del cambio climático que ya produjo inundaciones que afectaron a localidades chaqueñas como Castelli a principio de año.
“Este año prácticamente no hubo un aporte de agua de deshielo hacia Chaco desde la sierra de Santa Victoria [en la zona norte de la provincia de Salta], que es donde nace el Río Bermejo, a causa de la poca formación de hielo por el calentamiento global”, comenta Camarasa. “Las cianobacterias son una consecuencia directa del cambio climático en la provincia, y vemos un panorama donde esto posiblemente siga en aumento. Tenemos que buscar la manera de reducir la deforestación para mitigar el impacto de la crisis climática en Chaco”.
Consultado respecto a las denuncias realizadas por parte de la sociedad civil y una reciente polémica en Twitter con Greenpeace a raíz del nuevo OTBN, el gobernador Jorge Capitanich contestó que “el gran déficit que tenemos hasta el momento para revertir esta situación es la falta de financiamiento y la falta de apoyo para conseguir esos fondos”. Y añade: “Pero creemos que estamos trabajando en la dirección correcta para consolidar alternativas que permitan proteger a los ambientes nativos con la gente adentro. Continuaremos trabajando para estar a la altura de este cambio de paradigma que entiende que ‘sin justicia ambiental no hay justicia social’, el cual es impulsado no solo desde los Gobiernos, sino principalmente de la sociedad civil y el territorio”.
Desde Buenos Aires, la directora ejecutiva de Greenpeace para región Andina, Natalia Machain, dijo que “los Gobiernos argentinos desde la década de 1990 hasta acá no tuvieron una política ambiental seria. Y hoy llegó el momento de reflexionar sobre eso. En Chaco desde 2007 a la fecha se perdieron medio millón de hectáreas, la mitad de forma ilegal e irregular. La propuesta actual del gobernador, Capitanich, consiste exactamente en eso: blanquear, perdonar todos los desmontes ilegales realizados y dar luz verde para el acabar con otro millón de hectáreas más”.

Servicios ecosistémicos o campos desiertos
El avance inmobiliario sobre el corredor biológico del Chaco seco genera “campos vencidos”, según los indígenas wichí, dado que se trata de una zona muy impredecible donde fallan los cultivos y las pasturas por falta de agua, por lo que las comunidades expulsadas del monte terminan segregadas en la periferia de los pueblos.
“La pérdida de especies de flora y fauna no solo afecta a comunidades originarias que dependen del bosque como su supermercado o farmacia. La ausencia del yaguareté, el pecarí quimilero y el tatú carreta y otras especies endémicas del Chaco y en riesgo de extinción, anula la posibilidad de un ecoturismo que atrae a visitantes de todo el planeta”, denuncia el investigador del CONICET.
El nuevo mapa propuesto para la actualización del OTBN contempla un polémico polígono denominado JUANA con espacios pintados de blanco, que para el investigador Mastrángelo es como si los bosques “nunca hubieran existido”. “Por tanto no habría sanción ni necesidad de restaurarlo. Eso no solo va en contra de la ley nacional y el principio de progresividad ambiental, sino que condona el desmonte ilegal”.
Sin embargo, la ingeniera agrónoma Julieta Rojas del INTA y el Observatorio de Degradación de Tierras y Desertificación explica que los suelos del oeste del Chaco sometidos a deforestación para uso agrícola pierden calidad física y química en un plazo muy corto de tiempo. “Principalmente carbono orgánico; se puede perder hasta en un 40%. Y es clave para mitigar el cambio climático y su pérdida acelera el calentamiento global y los procesos de desertificación. Por otro lado, los suelos deforestados se compactan respecto al monte nativo, disminuyendo así hasta cuatro veces la infiltración del suelo del monte, por lo que es más fácil que se produzcan inundaciones cuando llueve”.

Ir más allá de las ideologías estancadas
Para Mastrángelo existen actividades productivas compatibles con el mantenimiento del bosque que tienen un potencial enorme, pero nunca han recibido apoyo del Gobierno para que puedan ser llevadas a un nivel lo suficientemente beneficioso. “La apicultura, el ecoturismo y hasta la misma extracción forestal de determinadas maderas se pueden hacer de forma sostenible si se respetan los tiempos de regeneración, cosa que no hacen las empresas actualmente”, explica uno de los científicos que mejor conoce el problema socioambiental chaqueño.
Capitanich comenta que de aquí a 50 años visualiza un Chaco con plena recuperación de sus bosques nativos y ambientes degradados a través de la consolidación de mecanismos de pago por servicios ecosistémicos como el proyecto Eco-Token que, si bien es incipiente, tiene potencial de modificar sustancialmente la matriz socio-productiva de la provincia, ya que a través de un sistema de trazabilidad con blockchain podría asegurar que fondos generados vayan directamente a impactar positivamente en las comunidades locales que protegen esos bosques.
El gobernador de Chaco explica que están discutiendo reformas para endurecer sanciones y controles, y que seguirán reclamando al Gobierno nacional por la integración total del fondo para la conservación y protección del ecosistema, según lo determina la ley nacional: “De cada 1.000 hectáreas de bosque que la ley nos obliga a proteger, solo se nos asignan los fondos correspondientes a 100 de ellas, y ello convierte a la ley en un instrumento legal de prácticamente imposible cumplimiento en las 900 hectáreas restantes”.
“Argentina está inserta en un mundo acelerado y en un planeta en colapso”, concluye Machain. “Necesita estar mejor parada para lo que se viene. Hay que dar un salto de calidad en nuestro debate. Sostener que la destrucción de la naturaleza nos hará menos pobres es un argumento enlatado y falaz, pero, más que nunca, antiético, y contrario a la realidad y las leyes. Es responsabilidad del propio Estado y sus funcionarios que se completen los fondos necesarios para la protección de los bosques”.
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Cabandié en la COP15: “Es hora de que los principales responsables de esta crisis empiecen a pagar la deuda que tienen con nuestro planeta y con toda la humanidad”

Fecha de Publicación: 20/12/2022
Fuente: Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


Las palabras del ministro fueron pronunciadas la semana pasada en el marco de la decimoquinta Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, expuso la Declaración Nacional en el Segmento de Alto Nivel como parte de su participación en la COP15 de Diversidad Biológica, que se llevó a cabo en Montreal, Canadá, bajo la presidencia de China. Durante su discurso puntualizó: “Somos el pulmón verde del planeta y queremos seguir siéndolo. Es necesario que se reconozcan los servicios ecosistémicos que brindan los ecosistemas de los países en desarrollo, porque sin nuestros bosques, humedales, glaciares y mares, el mundo no sería el mismo. Es hora de que los principales responsables de esta crisis empiecen a pagar la deuda que tienen con nuestro planeta y con toda la humanidad”.
En este sentido, Cabandié expresó: “No podemos exigirles a los 2.200 millones habitantes que viven en la pobreza, lo mismo que al 1 % más rico de la población. Necesitamos que esas élites se sienten a la mesa de discusión, no como filántropos, sino como los mayores responsables del flagelo ambiental y se comprometan a realizar los cambios necesarios”.
“Fueron los países centrales quienes destruyeron sus propios ecosistemas en pos de la industrialización; y luego explotaron de forma brutal los recursos naturales de América Latina, África y algunos países de Asia. Peor aún, lo hicieron presionando para el cambio de uso del suelo en nuestros territorios y para que extendamos la frontera agropecuaria con el fin de satisfacer sus intereses, y al mismo tiempo nos exigen mayor ambición”.
“Argentina, que es el octavo país en superficie del mundo, tiene más del 30 % del territorio terrestre protegido. Esto lo hicimos con mucho compromiso y sin ninguna ayuda para concretarlo. También nos comprometemos a conservar el 30 % de las áreas marinas. Esperamos entonces la reciprocidad de los países centrales porque para cumplir con esta y otras metas, los países en desarrollo necesitamos financiamiento” aseguró.
Hacia el final de su intervención, Cabandié volvió a hacer hincapié en la responsabilidad de los países centrales al decir que “como mínimo, deben financiar 100 mil millones de dólares anuales para acciones de biodiversidad en nuestros territorios”. “Insistimos con mecanismos innovadores como canje de deuda o swap de deuda por acción climática para los 70 países que pueden caer en crisis de deuda”, finalizó.
Como parte de las actividades paralelas del ministro argentino en la COP15, Cabandié mantuvo también reuniones bilaterales con el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Csaba Kőrösi; con el ministro de Ambiente y Cambio Climático canadiense, Steven Guilbeault; la ministra del Medio Ambiente de Chile, Maisa Rojas Corradi; y la ministra de Conservación de Nueva Zelanda, Hon Poto Williams.
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Se presentaron los avances de la política climática nacional

Fecha de Publicación: 19/12/2022
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


Así fue a través de una serie de encuentros organizados por la cartera ambiental de la Nación, en el marco del Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC).
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible organizó esta semana una serie de actividades en el marco del GNCC, con el objetivo de informar el estado de situación de las negociaciones llevadas a cabo en la vigésimo séptima Conferencia de las Partes (COP27) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y los avances de la política climática en el país.
Durante el desarrollo de las jornadas, la secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini expresó: “El proceso de elaboración del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático involucró en su diseño más de 75 áreas de gobierno y más de 8600 participantes y un Consejo Asesor Externo, que pudimos poner en marcha en marzo. Este trabajo dio como resultado una hoja de ruta con más de 250 medidas, estructuradas en seis líneas estratégicas, que representan una brújula para alcanzar nuestros compromisos climáticos a nivel internacional, pero también para cumplir las metas nacionales y así impulsar nuestras transiciones al desarrollo sostenible”.
Además, la secretaria agregó: “Nos esperan grandes desafíos para el 2023. Uno fundamental será avanzar en la cuantificación de costos y traducir las medidas de nuestro plan en proyectos concretos para ser implementados en los territorios”, y explicó también que “se pretende seguir avanzando en la articulación con las 24 jurisdicciones para apoyarlas en el diseño de sus planes de respuesta”.
Respecto al plano de las negociaciones internacionales, la funcionaria hizo hincapié en la necesidad de “afianzar la integración regional y sumar más partes al planteo de recapitalizar los fondos y bancos multilaterales, así como poner en marcha mecanismos de financiamiento como el canje de deuda por acción climática o el pago por servicios ecosistémicos”.
En los encuentros se presentaron los avances sobre los principales instrumentos de política climática nacional que se elaboraron y presentaron durante el 2022: el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático a 2030 (PNAyMCC) y la Estrategia de desarrollo con bajas emisiones a largo plazo al 2050 (ELP). También los avances en la elaboración de la Estrategia Nacional de Acción para el Empoderamiento Climático (ENACE).
La semana comenzó con la realización de la Mesa de Puntos Focales del GNCC, que se llevó a cabo el lunes 12 en Casa Patria Grande y contó con la participación de más de 20 representantes de las distintas áreas del gobierno nacional.
La jornada continuó con la realización de la Mesa Ampliada, el jueves 15, instancia bajo modalidad virtual que contó con más de 250 participantes de todos los sectores de la sociedad. Su transmisión pudo verse a través del canal oficial de Youtube del Ministerio.
Luego de las exposiciones, las y los participantes fueron invitados a unirse, mediante una plataforma digital, a un espacio abierto para consultas y sugerencias. También estuvo presente en el evento la directora nacional de Cambio Climático, Florencia Mitchell.
En el cierre de los encuentros se desarrolló la segunda reunión extraordinaria del Consejo Asesor Externo del GNCC. A través de este espacio, los consejeros y consejeras brindaron más de 370 aportes al mencionado plan. Durante la reunión se repasaron los avances de las negociaciones en la COP, se abordaron propuestas para la planificación de 2023 y se revisaron aspectos ligados al funcionamiento del consejo.
Participaron representantes de la comunidad científica, centros de investigación, organizaciones ambientales, universidades, entidades empresariales, partidos políticos, sindicatos y comunidades indígenas, entre otros.
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¿Puede Argentina equilibrar clima, dinero, empleo y justicia en Vaca Muerta?

Fecha de Publicación: 17/12/2022
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Nacional


Para el gobierno argentino, la extracción de petróleo y gas en Vaca Muerta, la vasta formación geológica del oeste de la provincia de Neuquén que alberga algunos de los mayores yacimientos de gas de lutita del mundo, representa una oportunidad para resolver los problemas de abastecimiento energético, aumentar las divisas y crear puestos de trabajo.
Argentina gastó más de 6000 millones de dólares en los primeros seis meses del año en importaciones de energía, 50 % más que en el mismo periodo de 2021, un aumento que se explica en parte por las interrupciones en el sector energético debidas a la guerra de Ucrania. Esto ha provocado la caída de las reservas del Banco Central, hoy en 42 000 millones de dólares y que sólo en octubre se han reducido en 100 millones.
«El proyecto puede convertirse en uno de los generadores de materias primas más importantes del país, algo que se necesita urgentemente», afirma Lara Bernstein, investigadora de la consultora Economía y Energía.
En otras palabras, la explotación de Vaca Muerta podría resolver algunos de los problemas del país. Pero la ventana de oportunidad se está cerrando rápidamente en medio de la crisis climática y los compromisos del país para enfrentarla.
Argentina se comprometió a reducir 19 % de sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y a alcanzar la neutralidad del carbono -un equilibrio entre las emisiones capturadas y las emitidas- para 2050. Cumplir estos objetivos requiere una transición para abandonar los combustibles fósiles: el sector energético es actualmente responsable de más de 50 % de las emisiones del país.
Para Cecilia Nicolini, secretaria de cambio climático del país, Vaca Muerta es una solución a corto y medio plazo, pero no a largo plazo. El gobierno aboga por utilizar el gas natural como combustible de transición en lugar de dar el salto a las renovables, un argumento rechazado reiteradamente por ambientalistas y expertos en cambio climático.
«Desarrollar el gas nos permitirá dejar de importar combustibles líquidos, y exportarlo a países con mezclas energéticas contaminantes, como Chile, que todavía usa carbón», dijo Nicolini en una reciente entrevista con Diálogo Chino.
Pero, aunque las actividades en Vaca Muerta pueden ofrecer oportunidades a corto plazo para impulsar la economía, el país se enfrenta a un acto de equilibrio en su transición energética a largo plazo.
Dado que los yacimientos de petróleo y gas no convencional han atraído a miles de inmigrantes de toda Argentina con la promesa de empleo, los expertos advierten de la necesidad de garantizar una «transición justa» que ofrezca oportunidades sostenibles a aquellos cuyos puestos de trabajo en el sector de los combustibles fósiles puedan desaparecer.

Vaca Muerta y sus trabajadores
Después de que el país llegó a la cifra más baja en la producción de gas y de petróleo en 2014, Vaca Muerta surgió como un sustituto de los hidrocarburos convencionales en el país, con sus depósitos de hidrocarburos también conocidos como de esquisto o shale, su nombre en inglés.
Su explotación solo es posible mediante el sistema de fractura hidráulica o fracking.
“A partir de Vaca Muerta se ha mantenido el volumen de producción, tanto de gas como de petróleo, y los no convencionales cada vez tienen más participación”, explica Bernstein.  “Nosotros calculamos que para 2025 se podrían llegar a producir un millón de barriles al día», añade.
Para alcanzar dicha producción, será necesario desarrollar más proyectos en la formación de 30 000 km2, que ya alberga cientos de pozos y está dividida en bloques que son propiedad y están operados por la empresa estatal de petróleo y gas YPF, en asociación con varias empresas internacionales.
El gobierno espera explotar los yacimientos en la medida en que sea tecnológicamente posible, y ha tratado de subvencionar a las empresas de combustibles fósiles a través de programas como el Plan GasAR, recientemente prorrogado hasta 2028.
Vaca Muerta ofrece ahora salarios que duplican la media nacional, lo que atrae a miles de personas, en su mayoría hombres, que han llegado a la ciudad de Neuquén y a otras localidades de la provincia homónima desde toda Argentina en los últimos años. Los trabajos, aunque bien pagados, son también muy riesgosos, como demuestran los numerosos accidentes de los últimos años.
En boca de pozo,  que son los trabajos menos especializados y más riesgosos,, la paga ronda entre los 2000 y 2700 dólares al mes, asegura Sebastián Cortez, gerente de la Cámara Empresarial Industria Petrolera y Afines de Neuquén (Ceipa), la cual agrupa a empresas de servicios de petróleo y gas. Cortéz cuenta que él comenzó, así, en boca de pozo, y que “si bien el trabajo es duro, la paga es incomparable”.
En 2021, el sector del petróleo y la minería en Argentina empleó directamente a más de 84 000 personas, según el informe del gobierno sobre la dinámica salarial, sin contar la industria de servicios indirectos. La mayoría de los puestos de trabajo en el sector del petróleo y el gas se concentran en la provincia de Neuquén.
Allí, el crecimiento poblacional ha doblado la media del país. En 12 años, se registró un incremento de casi 200 000 personas, algo que algunos medios nacionales han denominado como “el efecto Vaca Muerta”.
“Llegan sin un lugar dónde quedarse”, sostiene Vilma Castro, empleada de la municipalidad de Neuquén. Sobre la avenida Argentina (la calle principal en la ciudad de Neuquén) podes ver de 10 a 20 personas por día de fuera que vienen a buscar trabajo”, sostiene. “Sobre todo he visto gente de Formosa, Chaco, Salta; del norte. Generalmente vienen hombres solos, sin familia. Muchos llegan sin saber qué hacer. Nosotros los asistimos en eso”, añade.
Entre las ciudades con mayor incremento demográfico en la provincia están Rincón de los Sauces, Zapala y San Martín de los Andes. Sin embargo, según Castro, la mayoría de las personas que buscan trabajo en el proyecto se instalan en la capital provincial.
Sindicatos y organizaciones ecologistas como el Observatorio Petrolero Sur (OpSur) denuncian que las condiciones de trabajo en el proyecto son volátiles y están ligadas al precio internacional del petróleo, lo que hace a los trabajadores muy vulnerables a las fluctuaciones.
«Cuando Vaca Muerta comenzó, empleaba a 5000 trabajadores petroleros. Un año y medio después, 3500 habían sido despedidos. Esta situación de contratar y luego despedir es recurrente», dijo Martín Álvarez Mullaly, investigador de OpSur.

¿Una transición energética justa?
En la reciente cumbre del clima, la COP27, Argentina presentó su plan para cumplir su compromiso climático para 2030. Entre las más de 250 medidas enumeradas en el documento, el gobierno hace una mención explícita a la transición energética desde los combustibles fósiles, que se logrará mediante el desarrollo del sector de las energías renovables.
En su hoja de ruta, el gobierno también incorpora el concepto de «transición energética justa». Esto se refiere a la consideración de las implicaciones de la equidad y la justicia al abandonar los combustibles fósiles; por ejemplo, los efectos sobre los trabajadores del petróleo y el gas actualmente empleados, a los que habrá que formar y proporcionar apoyo para la transición a trabajos más limpios.
Una economía baja en carbono en América Latina puede generar hasta 15 millones de empleos netos y  1 % de crecimiento neto adicional, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a partir de 2020. Aunque se perderían puestos de trabajo en la ganadería y los combustibles fósiles, se calcula que se añadirían más en las energías renovables, la agricultura, la construcción y la silvicultura.
Conseguir una transición energética «no consiste en cerrar el grifo del gas y ya está», como afirma Enrique Maurtua Konstantinidis, consultor argentino en cambio climático. Aun así, confía en que la «oferta de puestos de trabajo que proporcionaría una transición justa podría ser mucho mayor que la que proporciona hoy Vaca Muerta».
«El gobierno cree que para que el país salga adelante es necesario tener dólares. Y esos dólares se generan con la venta de commodities. Esos commodities son: barriles de petróleo, gas y vacas. Son tres cosas que no forman parte de la solución climática», añadió Maurtua Konstantinidis.
Para Joaquín Etorena Hormaeche, coordinador de la Alianza para la Acción por una Economía Verde (Page), un programa de la Organización Internacional del Trabajo que apoya a los países en su transición hacia economías verdes, son muchas las variables que hay que tener en cuenta a la hora de establecer la velocidad y la dirección de una transición energética justa.
«Tenemos que saber qué tipo de puestos de trabajo pueden generar las distintas fuentes de energía renovables. Por ejemplo, la eólica y la solar requieren, sobre todo, puestos de trabajo en la fase de instalación, pero después el número de puestos de trabajo disminuye significativamente», ha señalado Etorena Hormaeche.
En 2018, había más de 8800 personas trabajando en el sector de las energías renovables en Argentina, según las últimas cifras divulgadas por el gobierno nacional, de las cuales 8329 eran empleos en la construcción -es decir, temporales- y 488 puestos fijos.
Etorena Hormaeche ha trabajado en los últimos años con diferentes actores de los sectores productivos para fomentar el diálogo mutuo sobre la transición energética de Argentina. «Trabajamos directamente con tres grupos: los trabajadores, las empresas y el Estado», dijo. Sin embargo, cada grupo tiene una idea diferente sobre cómo debe ser la transición energética
Hasta ahora, la prioridad del sector sindical ha sido la seguridad laboral, sobre todo teniendo en cuenta las arriesgadas condiciones de trabajo que suelen darse en el sector del petróleo y el gas.
Algunos sindicatos, como la Unión Obrera de la Construcción de Argentina (Uocra), han empezado a debatir lo que buscan en una transición energética justa, pero no es el caso de la mayoría de las organizaciones de trabajadores más cercanas al sector petrolero.
La Confederación Sindical de las Américas, organización regional latinoamericana de la que forma parte la Uocra, presentó un documento de posición en la COP27, en el que pide avanzar en una «transición verdaderamente justa». El documento aborda cinco áreas: transición justa en la región, mitigación, colonialismo, adaptación, pérdidas y daños, financiación y justicia social.
El párrafo final del documento da que pensar: «Solo cuando la crisis climática se aborde bajo la premisa de la justicia climática, dejará de ser un problema de contabilidad y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y podrá entonces abordarse en toda su magnitud, considerando su dimensión social e histórica».
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Desmontes en Chaco: en el Conicet denuncian que quieren deforestar un corredor biológico

Fecha de Publicación: 17/12/2022
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Chaco


Advirtieron que el gobierno de Capitanich elevó a la Legislatura provincial un proyecto de ley para eliminar la protección del Corredor Biológico del Chaco Húmedo.
En sensación térmica y materia medioambiental, Chaco arde. Greenpeace acaba de acusar al gobernador Jorge Capitanich de habilitar la deforestación de 1 millón de hectáreas de bosques nativos y de "perdonar" a quienes ya desmontaron.
Pero a esa polémica mayor por la discusión legislativa del decreto provincial 2157, que dispone un nuevo ordenamiento territorial para cumplir con la Ley de Bosques, ahora suma calor un grupo científicos del Conicet, que alertan sobre un nuevo proyecto que apunta a lo mismo: deforestar.
Es el Nº 3258 y fue presentado este martes por el diputado Juan José Bergia. Del Frente de Todos, es uno de los legisladores con más años de mandato en esa provincia.
La buena noticia para los 1.000 investigadores que en septiembre ya habían presentado una nota a Capitanich en la que expresaron la "más profunda preocupación ante la regresión ambiental de los bosques nativos" y se pusieron a disposición "para trabajar en conjunto por un avance en la conservación y el desarrollo sostenible", es que no hay fecha de tratamiento para ninguna propuesta dentro de la la llamada "Ley de OTBN". Al menos, hasta el año que viene.
¿Qué es OTBN? En el artículo 4° de la Ley 26.331 se define al Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo (OTBN) como la norma que, basada en diez criterios de sustentabilidad ambiental, zonifica territorialmente los bosques nativos en cada jurisdicción de acuerdo a las diferentes categorías de conservación. Pero el alerta, para los científicos, existe si siguen presentándose planes de desmonte.
"El nuevo proyecto propone eliminar la protección de los bosques del Corredor Biológico del Chaco Húmedo. Pretende ir hacia atrás en la conservación de los bosques y eliminarlos, aún en áreas que están dentro de corredores biológicos, claves para la conservación de la biodiversidad chaqueña y, como se demostró recientemente, para algunas especies en grave peligro de extinción, como el yaguareté", explica a Clarín Micaela Camino.
Es la bióloga, investigadora y conservacionista que en abril fue distinguida en Londres con un prestigioso premio conocido como el "Oscar Verde" por su trabajo para salvaguardar el bosque del Chaco seco.
¿Cómo es esta zona y por qué es importante? Los bosques de la región chaqueña regulan lo que en la jerga ambiental se llama "sistemas ecosistémicos clave": de ellos dependemos para la regulación del clima, para garantizar la perpetuidad (fertilidad) del suelo y la perpetuación de especies animales.
"Ya estamos viendo las consecuencias en el clima", advierte la ecóloga del Conicet.
Además, ahí viven familias campesinas, indígenas y criollas. Subsisten de la naturaleza y se verán forzados a desplazarse cuando avance el desmonte. Desde lo económico, asegura que "ni siquiera es bueno para el desarollo en el corto plazo". Porque, desde la Ciencia, "ese suelo no rinde".
El "negocio", alega, no sería para el crecimiento del país sino del "sector inmobiliario" y el agronegocio exportador. "Con este tipo de iniciativas, al pasar por el legislativo y no por el Ejecutivo, se puentea la Ley de Bosques. Y lo más grave es que se está dejando afuera a la sociedad, cuando lo mejor es incluirla en las decisiones que nos afectan a todos".
Ante la pregunta de por qué es tán importante esa nueva zona en disputa en realidad, la bióloga apunta a lo más general. "Todos los bosques del chaco en este momento los necesitamos para regularnos. Para empezar, los estamos perdiendo a una de las velocidades más rápidas del mundo".
Camino, al frente de esta lucha contra la deforestación, marca una salida: "Firmar un compromiso con el sector agroproductivo industrial exportador, que dice que necesita estas zonas, aunque hay un montón ya desmontadas donde se podría sembrar, para un ordenamiento de bosques nativos, donde se pueda delimitar 'acá se puede desmontar y acá no'. En caso contrario, si ya tenés un área protegida, no se puede ir en desmedro de esa protección".

La respuesta del Gobierno chaqueño
Marta Soneira es la ministra de Estado Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible de la provincia del Chaco y dice a Clarín ?que "los científicos del Conicet tienen razón".
Es un proyecto que "carece de validez", dice, porque no cumple con los requerimientos de actualización técnicos ni la normativa vigente. Es que el Estado provincial (Ejecutivo) debe elevar la propuesta de ley.
"Desde el Ministerio de Ambiente hemos remitido a secretaria general de la provincia un proyecto progresivo en favor del ambiente que aumenta las áreas protegidas, garantiza los corredores de biodiversidad del Chaco seco y Chaco húmedo y define un área específica para la producción agrícola, además incorpora categoría amarilla con mayor monitoreo y restricción de los humedales y el impenetrable chaqueño", diferencia Soneira.
En el Chaco el órgano de aplicación de la ley de protección ambiental de bosques nativos es el Ministerio de Producción Industria y Empleo. El ministerio de ambiente no tiene poder fiscalizador.
"Estamos muy preocupados por el aumento y las tasas de desmonte actuales, pese a que en la provincia rige una medida judicial que no habilita los cambios de uso de suelo. Por eso, aunque no podamos fiscalizar, igualmente hemos creado una oficina de monitoreo permanente para la detección de desmontes ilegales", cierra.
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Las deudas ambientales de Argentina en 2022: incendios y sequía intensa, conflictos con los pueblos indígenas y creciente deforestación

Fecha de Publicación: 16/12/2022
Fuente: Mongabay
Provincia/Región: Nacional


“La agenda ambiental también debe ser productiva. En el país y la región en la que vivimos cinco de cada diez niños y niñas están bajo niveles de pobreza. La única solución para salir de ese nivel de oprobio es la producción, pero hay que entender la necesidad de modificar métodos productivos que ya no pueden ser los del siglo XX”, dice Juan Cabandié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Argentina, quien apunta de manera directa al eje central sobre el que ha girado prácticamente todo lo ocurrido en materia ambiental en Argentina durante el 2022.
La meta productiva responde a una razón muy concreta: Argentina debe afrontar el pago de una deuda de 44 000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI), obligándose a un duro ajuste del gasto fiscal y a una desesperada recaudación de divisas a través de la exportación.
El resultado puede verse detrás de varios de los sucesos que marcaron el calendario del año. Desde la proliferación de incendios a las discusiones en torno a la tan esperada actualización del ordenamiento territorial de los bosques nativos en áreas tan sensibles y vulnerables como el Gran Chaco; y de la nueva prórroga en el tratamiento de la ley de humedales en el Congreso a la reanudación de obras de energía hidroeléctrica de elevado impacto ambiental. También están los cada vez más frecuentes conflictos con las comunidades de pueblos originarios que reclaman la devolución de sus territorios ancestrales y los constantes incentivos a los proyectos agroindustriales, ganaderos, mineros o de extracción de hidrocarburos a costa de los daños ambientales generados a diversos ecosistemas.
Además, y por tercer año consecutivo, el fenómeno climático de La Niña ha hecho sentir su influencia, extendiendo una situación de sequía que afecta tanto a los ecosistemas como a las actividades humanas y la economía nacional. El último informe de la Dirección Nacional de Riesgo y Emergencia Agropecuaria eleva a 163 millones de hectáreas la superficie afectada por la escasez de lluvias, lo cual hace peligrar la cosecha en 3,45 millones de hectáreas de trigo. Un estudio del Movimiento CREA, organización de empresarios agropecuarios, estima en 2500 millones de dólares las pérdidas que provoca dicha situación. El déficit que produce esta falta de agua es, paradójicamente, la gota que colma el vaso de las urgencias y agita el debate entre producción (o desarrollo económico) y conservación de los espacios y recursos naturales.

Lo malo: tierra quemada y una ley que no termina de aprobarse
Entre 2021 y 2022, el fuego afectó a más 1,8 millones de hectáreas en 23 de los 24 distritos del país (solo la ciudad de Buenos Aires se mantuvo a salvo). Este año todo comenzó en enero en la provincia de Corrientes, donde los incendios arrasaron el 12 % de la superficie provincial según el informe de la Estación Experimental del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y se extendieron hasta diciembre, cuando ardieron más de 8000 hectáreas en Tierra del Fuego para casi duplicar en 2022 las áreas quemadas un año antes.
Las causas de semejante proliferación de incendios son múltiples y el incremento en un 3000 % del presupuesto asignado al Sistema Nacional del Manejo del Fuego se ha demostrado inútil para reducir los focos de calor y actuar en cuanto saltan las primeras chispas. El cambio climático, la disminución de la capa hídrica, escasa prevención y medios limitados para actuar en cuanto se esparcen las primeras llamas son solo algunas de las razones, aunque una destaca por sobre las demás: la intencionalidad relacionada con la quema de pastos para la actividad agropecuaria o los emprendimientos inmobiliarios.
Entre agosto y octubre, Rosario —segunda ciudad argentina por número de habitantes— quedó envuelta en gruesas nubes de humo como resultado de los fuegos encendidos en las islas del Delta del río Paraná, ubicadas en la orilla oriental del cauce fluvial. Durante varios días y según la dirección del viento, las cenizas invadieron el aire complicando la respiración y causando innumerables problemas de salud, en una situación que se viene repitiendo año tras año al llegar la temporada de renovación de los brotes que alimentan el cada vez más abundante ganado vacuno.
El crecimiento del número de cabezas y la disminución de la humedad derivan en fuegos que escapan al control. “Antes no pasaba nada por encender un fósforo, pero ahora se incendia todo por el cambio climático”, subraya Graciela Camaño, diputada nacional por la coalición opositora Consenso Federal, en diálogo con Mongabay Latam.
“Hay un entramado de mucho poder y complicidad con los tenedores de esos campos, de quienes entregan los permisos para tener ganado en ellos, de la Justicia y del poder económico que es necesario desarmar”, denuncia el ministro Cabandié. En 2020, su ministerio presentó una demanda contra algunos de los dueños de tierras donde se detectaron incendios, pero la causa se mantiene detenida en los tribunales de Entre Ríos, provincia a la que pertenecen las islas.
“El problema más grave es que año tras año se produce un impacto acumulado de los incendios”, explica Raúl Montenegro, biólogo, profesor en la Universidad de Córdoba y Premio Nobel Alternativo en 2004. “Así, en mi provincia las más de 10 000 hectáreas quemadas este año deben sumarse a las 50 000 de 2020 y 2021”, continúa Montenegro, quien añade al deterioro “los desmontes [deforestación] realizados en ese mismo tiempo y la destrucción de la biodiversidad por aplicación masiva de plaguicidas”.
Muchas otras áreas del país padecieron fuegos, pero lo acontecido en Iberá y el Delta reavivó la presión para sancionar o aprobar la muy postergada Ley de Humedales. La idea de promulgar una norma que otorgue un marco general para la protección de dichos ecosistemas (cubren el 21 % de la superficie argentina) lleva diez años de intentos frustrados y 2022 no fue la excepción. Pese a la presentación de una decena de proyectos, el tema fue sufriendo dilaciones en su tratamiento en las diferentes comisiones de la Cámara de Diputados.
“El agronegocio, la minería y los desarrollos inmobiliarios son los lobbies que actúan detrás de los legisladores e impiden avanzar. La explotación del litio en los salares es el tema que más preocupa a las provincias del norte; y el agronegocio, a las mesopotámicas y pampeanas”, explica Nadia Boscarol, bióloga y coordinadora de Política del programa Corredor Azul en la Fundación Humedales/Wetlands International.
El 10 de noviembre se logró un consenso para que el tema pueda ser debatido en las sesiones de la Cámara, pero finalmente no fue objeto de debate en sesión abierta.

Lo preocupante: proyectos económicos polémicos
“Todos celebran la aparición de los yaguaretés como algo virtuoso pero hay representantes de sectores que no vinculan su conservación con la preservación de los bosques nativos en pie. Hay que cambiar los paradigmas de producción y aprender a tener una mirada distinta”, afirma Marta Soneira, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Chaco.
Los discursos favorables a una transformación en la manera de producir se multiplican y existen funcionarios públicos y legisladores que apoyan con decisión ese camino, pero 2022 deja demasiados ejemplos en dirección contraria que abren un panorama de preocupación. Aquí se exponen solo tres.
Primero está el proyecto de ley de fomento agroindustrial, una norma pendiente de sanción en el Congreso cuya meta declarada por el gobierno nacional en su presentación es consolidar a la Argentina como líder en el comercio internacional de alimentos. La ley contemplaría, entre otras medidas, beneficios fiscales para la compra de semillas transgénicas y fertilizantes y ampliar la frontera agropecuaria para alcanzar los 200 millones de toneladas de granos de exportación. “Es un plan que sigue profundizando el modelo agroexportador y el lobby de las empresas monopólicas”, se queja Agustín Suárez, vocero de la Unión de Trabajadores de la Tierra, organización que agrupa a productores de la agricultura familiar.
El proyecto choca con los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero comprometidos por el país. “El aumento previsto de la producción va en franca oposición con la meta de carbono neutralidad a 2050”, asegura María Marta Di Paola, magister en Relaciones Económicas Internacionales. Los diferentes usos de la tierra representan en la actualidad el 37 % de las emisiones argentinas, de acuerdo al Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero de 2019, último disponible, y la previsión de expandir todavía más la actividad pone en duda el cumplimiento del objetivo más allá de las promesas de la aplicación de alta tecnología para lograrlo.
Por otro lado están las polémicas prospecciones sísmicas de hidrocarburos en el Mar Argentino. Un año después de que una medida cautelar frenara el comienzo de las tareas autorizadas por el gobierno en busca de gas y petróleo a unos 300 kilómetros de las costas de Buenos Aires, la Cámara de Apelaciones dejó sin efecto esa sanción. “El fallo es una condena para el Mar Argentino porque ignora los fundamentos que demuestran la afectación directa de esa actividad sobre el clima, la biodiversidad marina y las comunidades”, sostiene Luisina Vueso, coordinadora de la campaña de océanos de la organización Greenpeace. La decisión judicial habilita a la empresa noruega Equinor, encargada de las prospecciones, a iniciar las mismas más allá que la batalla judicial pueda proseguir en instancias superiores. El área prevista para las tareas es zona de paso durante las migraciones anuales de la ballena franca austral (Eubalaena australis), entre otras muchas especies habitantes de la plataforma.
La siguiente decisión controvertida del gobierno pasa por la reanudación de la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en el río Santa Cruz a partir de un reciente acuerdo entre los gobiernos de Argentina y China, país al que pertenece la principal empresa constructora. “Nunca fue una obra que tuviera urgencia energética, no es prioridad a nivel nacional y está avanzando a medias porque una de ellas —la Kirchner— se encuentra parada ya que hubo un error de cálculo al elegir el sitio de emplazamiento y deben modificarlo”, resume Sofía Nemenmann, cofundadora de la plataforma Río Santa Cruz Sin Represa.
La construcción de las represas ha sido blanco de críticas desde el primer momento, y estas se agudizaron el año pasado cuando quedó en evidencia la escasa fiabilidad de los estudios de impacto ambiental. “La Corte Suprema de Justicia le solicitó al Instituto Nacional de Prevención Sísmica que elabore un informe y este fue lapidario. Indica que no hay estudios idóneos acerca de las fallas geológicas que atraviesan el río ni información suficiente para considerar los efectos que sobre esas fallas puede producir el peso del agua del nuevo lago que surgirá con la represa”, señala Nemenmann.

Lo peor: la eterna marginación de los pueblos indígenas
El 4 de octubre las fuerzas federales desalojaron a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu de tierras que reivindican como ancestrales en Villa Mascardi, a pocos kilómetros de San Carlos de Bariloche. El procedimiento incluyó la detención y traslado a dependencias policiales de mujeres (una de ellas embarazada y a punto de parir) con sus hijos y terminó motivando la renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Género y Diversidad.
Varios meses antes, en Andalgalá, Catamarca, al otro extremo de la cordillera andina, la policía local reprimía con balas de goma las protestas de los vecinos contra las tareas de factibilidad del proyecto Agua Rica-MARA, una mina de cobre, oro y plata a cielo abierto sobre las faldas del cerro Aconquija a la que se oponen desde hace una década vecinos y comunidades indígenas diaguitas que habitan la zona. A su vez, en el altiplano de Jujuy la comunidad indígena Collamboy denunció la “usurpación de tierras de pastoreo tradicional” por parte de la empresa Transnacional Minera de Litio Australes S.A. y el gobierno provincial.
Una vez más, 2022 se vio salpicado de conflictos socioambientales y malas noticias provenientes de distintos puntos del país donde viven comunidades de pueblos originarios. “De norte a sur padecemos un ‘terricidio’ que asesina todo tipo de vida”, enfatiza Evis Millán, activista del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir.
Con diferentes características según se trate de las regiones cordilleranas, el Chaco o las provincias del centro del país, las comunidades comparten un punto en común en sus demandas: “El modelo megaextractivo que quieren imponernos a cualquier costo no es compatible con nuestras formas de vida, donde el agua y los cerros son centrales para la producción y la vida y no mercancías para explotar”, dicen desde Catamarca los integrantes de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita. “Detrás de la militarización de nuestras tierras hay intereses inmobiliarios, mineros y de la industria forestal”, denuncia Millán, integrante de la comunidad mapuche Pillan Mahuiza, en la Patagonia central.
Las respuestas ante una situación que no es novedosa han sido escasas. La más llamativa fue el lanzamiento en noviembre del Frente Indígena Plurinacional, una mesa de diálogo que intenta acercar a representantes de los antiguos habitantes de la Argentina y los órganos de decisión política con el objetivo de legislar “con los pueblos originarios y no para ellos”.
La iniciativa, sin embargo, cuenta con resistencias desde su nacimiento. “Se nos hace difícil creer en un Estado que desde hace siglos sigue manejando la misma política de genocidio”, apunta Evis Millán. En 2022 la lucha de los mapuches generó escaramuzas cada vez más frecuentes y violentas. Nada hace suponer que el año próximo pueda ser diferente.

Lo reiterativo: la deforestación que no cesa
El último dato oficial conocido este año, aunque relativo a 2021, fue una vez más categórico: el 54 % de las superficies deforestadas pertenecían a zonas categorizadas como “rojas” o “amarillas” según los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos (OTBN) de las respectivas provincias donde sucedieron. Es decir, áreas donde está prohibido realizar algún tipo de actividad productiva o las mismas deberían realizarse sin tocar un solo árbol. En ambos casos, lugares donde deforestar está fuera de la ley.
Tal como viene sucediendo desde comienzos de este siglo la región del Chaco argentino sufre las mayores consecuencias de una práctica que ni la Ley de Bosques de 2007 ni las autoridades nacionales o locales implicadas logran detener. Este año, las mayores discusiones tuvieron lugar en la provincia del Chaco, donde después de casi una década de demora continúa sin ser actualizado el citado OTBN.
“A pesar de la sentencia judicial que ordena frenar los desmontes [deforestaciones] y solucionar los graves problemas detectados, 2022 fue el año que más deforestación registró desde 2018 y en el que más desmontes ilegales se registraron”, denunció el pasado 7 de diciembre la organización Somos Monte, luego de la presentación de una nueva propuesta de mapa de ordenamiento de bosques por parte del Estado que, en opinión de dicho colectivo, incumple con varias pautas de legitimidad.
La anterior, firmada por el gobernador chaqueño Jorge Capitanich, ya había recibido una auténtica catarata de críticas. “Se reduce el valor de conservación de más de 300 000 hectáreas de bosques nativos; se permite el desmonte de hasta un 20 por ciento de las propiedades en zonas amarillas, violando la ley nacional; tampoco se sanciona a quienes deforestaron de manera ilegal ni se les obliga a restaurar el bosque; la mesa que elaboró la propuesta estaba compuesta solo por representantes industriales de los sectores agropecuario y forestal y casi no hubo consulta pública como establece la ley”, resume Matías Mastrángelo, uno de los mil científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas que en noviembre elevaron una carta al mandatario provincial para solicitar que retirara su propuesta y abriera el debate a toda la sociedad.
“Hay que ser honestos. En los últimos dos años hemos tenido 26 000 hectáreas deforestadas de forma ilegal y es algo que nos preocupa”, dice Marta Soneira, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la provincia, quien aboga por mejorar los mecanismos de control pero acepta que en el nuevo OTBN “todavía no se plantea una política de deforestación cero, aunque se aumentan las zonas rojas (de prohibición total) y amarillas (de producción ligada a conservación del ambiente nativo).
Lo que sucede en Chaco, en todo caso, no es una excepción. En Salta tampoco se ha logrado llegar a un acuerdo para actualizar el mapa con un nuevo ordenamiento y a nivel nacional el presupuesto asignado a la Ley de Bosques para 2023 es apenas de un 10,35 % de lo que establece la propia norma legal. Una demostración cabal de que para las autoridades argentinas la conservación sigue estando muy lejos de ser una prioridad.

Lo bueno: más áreas protegidas y reintroducción de especies
Un nuevo parque nacional, la ampliación de otros dos, el dictamen favorable para la creación de una cuarta área protegida que seguramente se concretará en 2023 y la aparición simultánea de dos machos adultos de yaguareté (Panthera onca) en el Chaco se convirtieron en pequeñas perlas dentro de un año particularmente difícil para la conservación en Argentina.
“La realidad es que en los últimos 20 años se sostuvo una política de Estado respecto a la creación de nuevos parques nacionales con el apoyo de todos los bloques políticos y el respaldo en base a consensos de las provincias y sus legislaturas”, sostiene Federico Granato, presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN), y en ese sentido destaca lo ocurrido con Ansenuza, el humedal salobre más grande del continente: “Su creación como parque es un ejemplo de cómo proceder para el nacimiento de un área protegida. Trabajamos junto con los Intendentes locales, las ONG que canalizaron los aportes de los donantes y las comunidades vinculadas al territorio y al entramado que compone su diversidad natural y cultural”, señala Granato.
Más de 300 especies de aves se reúnen cada verano en Ansenuza, un lago endorreico situado en la provincia de Córdoba, en el centro del país. Su acceso al grado máximo de protección ambiental está directamente ligado a la ampliación en 8000 hectáreas del Parque Nacional Aconquija, ubicado casi 800 kilómetros al norte, en Tucumán, ya que en sus cerros nacen varios de los cauces que forman la cuenca del río Salí-Dulce, principal afluente de Ansenuza.
También el Parque Nacional Pre-Delta, en la provincia de Entre Ríos, aumentó su tamaño al añadir una barranca que ayuda a conformar corredores biológicos que permiten comunicar especies de flora y fauna de diferentes regiones ecosistémicas como la chaqueña y la selva misionera. A corto plazo se espera la aprobación de la Laguna del Palmar, junto al río Paraguay en la provincia del Chaco, como nueva área protegida; y la ampliación del Parque Nacional Islas de Santa Fe, sobre el río Paraná.
Los dos yaguaretés que distintas cámaras-trampa lograron captar en el norte del Chaco fueron a su vez la gran sorpresa del año. Con una estimación de apenas unos 15 ejemplares en toda la región, la aparición de estos individuos alienta la esperanza de aumentar la presencia del tigre americano en una zona donde su papel como depredador tope resulta indispensable para el equilibrio de la biomasa.
El hallazgo del primer nido de águila viuda (Spizaetus melanoleucus) en un área protegida de Misiones; y el registro en el Parque Nacional Iguazú de un ejemplar de ala rojiza (Myiozetetes cayanensis), ave cuyo límite sur de distribución estaba hasta la fecha situado en Brasil, se suman al apartado de buenas noticias en cuanto a conservación de la biodiversidad.
Por otro lado, la presentación de la primera Estrategia Nacional sobre especies exóticas invasoras fue celebrada como un acontecimiento para quienes se dedican a combatirlas. “De norte a sur tenemos especies exóticas; empezando por el ligustro en Jujuy que empobrece la selva y le quita recursos a los pueblos indígenas hasta Tierra del Fuego, donde nos encontramos con la problemática ambiental y económica del castor y el visón americano”, señala Sergio Zalba, consultor de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en la elaboración de la estrategia.
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Chaco aprovecha el Mundial para tratar de dar luz verde al desmonte

Fecha de Publicación: 14/12/2022
Fuente: elDiarioAR
Provincia/Región: Chaco


La Legislatura chaqueña está a punto de habilitar nuevas áreas para el desmonte. “La evidencia científica es suficiente para afirmar que los bosques chaqueños son clave para el mantenimiento de la biodiversidad”, explica Micaela Camino, bióloga, investigadora del Conicet y premio Whitley, Proyecto Quimilero.
Aprovechando el Mundial y la increíble actuación de nuestro equipo, está a punto de discutirse en la Legislatura del Chaco un proyecto de ley que pretende habilitar nuevas áreas para desmonte. O sea, bosques que hoy en día están protegidos podrían ser completamente eliminados, desmontados. Es necesario evitar que esto suceda.
La evidencia científica es suficiente para afirmar que los bosques chaqueños son clave para el mantenimiento de la biodiversidad, incluso de especies amenazadas y que son monumentos provinciales o nacionales, como el yaguareté o el pecarí quimilero. Además, estos bosques son necesarios para conservar la fertilidad de los suelos y a la regulación climática. De hecho, el fuerte calor que atravesamos estos días es en gran medida consecuencia de los bosques que perdemos en la región chaqueña y resulta claro que las consecuencias del desmonte nos afectan a todos. Avanzar con el desmonte nos pone en riesgo ambiental y climático.
 Además, familias indígenas y criollas campesinas viven en los bosques y utilizan sus maderas, forrajes, alimentos y medicinas. Estas familias son desplazadas por el avance del desmonte. Ni las familias locales ni otros sectores de la sociedad han sido consultados respecto a la propuesta de avanzar con los desmontes. Esto va contra leyes y convenios internacionales, que preveen participación social en decisiones ambientales (Ley Nacional de Bosques, acuerdo de Escazú, Convenio Internacional OIT 169 para pueblos indígenas).
En Chaco tenemos una riqueza biológica y cultural maravillosa, con el bosque seco tropical/subtropical más grande del mundo. El desarrollo verdadero solo será posible si conservamos nuestra diversidad y respetamos nuestras leyes. Por eso espero que la Legislatura de la Provincia del Chaco no de tratamiento a este proyecto de ley, que no haya más intentos de aumentar las áreas habilitadas para desmonte en la provincia y que encontremos la manera de tener cero desmontes y un verdadero desarrollo. Y, además, espero que podamos disfrutar del maravilloso mundial sin tener que salir a marcar posiciones políticas en órsay; recordando que solo en 2021 perdimos en el país unas 12 canchas de fútbol por hora pero sabiendo que podemos revertir y ganar este partido.
El Mundial es justo lo que necesitaba: sacar toda la pasión, sentir que se me va la vida si entra o no la pelota en la red. Soy investigadora científica y, al trabajar en investigaciones relacionadas a la conservación y desarrollo sustentable, muchas veces tengo que tocar temas dolorosos o preocupantes. Pero en el Mundial no. En el Mundial me prometí que iba a trabajar tranquila en mis artículos científicos, sin mayor atención a problemas urgentes y graves con los que tengo que lidiar cada día. Pensé que, solo por lo que durara el mundial podría tener ese privilegio y tomarme unos días de camiseta, alegría y pasión. Pero, lamentablemente, me encuentro nuevamente envuelta en problemas relacionados a la conservación de nuestros bosques.
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Cabandié encabezó la última asamblea de COFEMA del año

Fecha de Publicación: 05/12/2022
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


El encuentro se llevó a cabo en la sede de la cartera ambiental nacional junto a autoridades y representantes provinciales.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, encabezó la Asamblea Ordinaria n.° 106 del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) que se celebró en el Salón Néstor Kirchner de la sede de la cartera ambiental nacional, junto al presidente del consejo y secretario de Ambiente de La Rioja, Santiago Azulay; y el vicepresidente, Mario Salvia, quien es también administrador del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente.
En la apertura Cabandié expresó que la gestión “se pondera por la ejecución y por el presupuesto”. “Uno podría tener una gestión centralizada, cosa que sería un error, alejada del concepto que rigen nuestras normas que van guiando nuestro proceder administrativo”, continuó. “A lo largo de la historia, se han configurado gestiones despojadas de las demandas y las inquietudes locales, provinciales. Quisimos llevar a cabo una gestión bien federal. Siento que hemos jerarquizado el área ambiental, peleando por más presupuesto, por tener competencias que en otras gestiones se sacaron de Ambiente”, sumó el funcionario.
El ministro agregó: “Reivindicamos que el fuego tenga una mirada holística, integral, una mirada preventiva. Estamos fortaleciendo el sistema federal, por eso creamos dos bases más y estamos en proceso de creación de una cuarta base en Catamarca. La transferencia de recursos a las provincias: $ 4.500 millones. Eso era inexistente hasta que llegó esta gestión”.
Por otra parte, Cabandié declaró que “hay una destacada diferencia comparativa en transferencia de fondos de la ley de bosques”. En tal sentido, afirmó que durante la gestión anterior, la misma “había sido de $ 246 millones”. “Nosotros en 2020 transferimos $ 800 y este año $ 4800 millones transferidos por la ley de bosques nativos. Hemos dado un salto cualitativo” señaló.
Y también se refirió a la reciente convención de cambio climático, sobre la que dijo “Yo tengo una caracterización muy crítica de estos ámbitos internacionales y de este lenguaje diplomático que parece funcional a que los problemas no se resuelvan”. Volvió a remarcar la falta de financiamiento en este tema y aseguró: “Los países centrales no están dispuestos a discutir las consecuencias que se generan a partir de las desigualdades sociales, cómo el cambio climático abona a la proliferación de las desigualdades en el marco de la sociedad global”.
Luego, Azulay realizó un resumen del año de trabajo y expresó la alegría de que “todos en nuestras provincias y municipios tuvimos herramientas para trabajar, y es una foto que se vio y se repitió a lo largo y a lo ancho de todo el país”. “Es un sello diferencial de esta gestión. Antes cuando teníamos incendios era todo un tema, hoy tenemos una comunicación diaria y la decisión política de acompañarnos en la emergencia, refleja en el territorio la cercanía de un Ministerio que está presente”, agregó.
Entre los temas abordados, se realizó una presentación de todas las acciones llevadas a cabo por la cartera de Ambiente Nación, en el marco de la implementación de la ley de educación ambiental integral y de la Ley Yolanda. La misma estuvo a cargo de la Subsecretaría de Interjurisdiccional e Interinstitucional y de la Dirección Nacional de Educación Ambiental. En el caso de la Ley Yolanda, el subsecretario Interjurisdiccional e Interinstitucional, Nicolás Fernández, destacó “la gran cantidad de personal que fue capacitado en la temática ambiental gracias a la norma, por la que se alcanzó a más de 19 mil trabajadores del Estado”.
En en cuanto a la ley educación ambiental, la mencionada Dirección resaltó el trabajo realizado sobre los once ejes principales que se planteó la implementación, entre los que se destacan: la conformación de la coordinación ejecutiva de la ley con representantes de las carteras nacionales de Ambiente y Educación y de ambos consejos federales, el COFEMA y el Consejo Federal de Educación (CFE). Cabe mencionar también el desarrollo de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral, así como la elaboración de las estrategias jurisdiccionales en la materia; las acciones vinculadas a la comunicación y capacitación sobre la ley; los programas de capacitaciones para la acción ambiental en el ámbito de la educación no formal; y la formación y capacitación docente llevada a cabo junto al Ministerio de Educación de la Nación.
Además, el secretario de Control y Monitoreo, Sergio Federovisky, dio un informe sobre los avances y el estado de situación del manejo del fuego para la estación estival. Allí Federovisky describió la gestión del año en la materia y expresó: “Tenemos por delante una temporada que presumimos va a ser muy compleja y en esa complejidad nos interesa destacar el trabajo conjunto. Si algo ha caracterizado la vocación política de la gestión del ministro Cabandie es la idea de dejar sentadas las bases para una política de Estado en materia de fuego”.
En este sentido, el secretario destacó que desde el Ministerio “buscamos un mecanismo de recaudación impositiva para dotar fondos al Plan de Manejo del Fuego, no para esta gestión sino como mecanismo permanente, lo mismo con el préstamo del BID para la gestión de residuos sólidos urbanos para obtener a lo largo de 10 años financiación para resolver el tema de los basurales a cielo abierto y la construcción de los centros ambientales. Eso es una política pública de Estado persistente y permanente”.
Por último, Federovisky se refirió a la reglamentación de la Ley de Residuos Sólidos Urbanos: “Es una Ley que hace años no había obtenido el nivel de aplicación que tenía que tener y eso nos ha obstaculizado en algún punto la gestión de residuos sólidos urbanos. Esto lo revertimos juntos positivamente y tenemos una herramienta más que nos permite poner en marcha programas que colocan por delante la responsabilidad extendida del productor como elemento rector de la política de residuos y en el tratamiento de todas las corrientes de residuos que se generan en las ciudades”.
A su turno, desde la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, se pasó informe de la participación de Argentina en la COP 27, realizada en Egipto durante las primeras semanas de noviembre, sobre la que se explicó que no se generaron avances concretos. Si bien se esperaban respuestas contundentes, los procesos resultan cada vez más largos. Sin embargo, se volvió a alentar el necesario impulso a la agenda climática en el país y la integración regional. También se explicó la importancia de continuar por la senda de reclamar financiamiento, dado que los flujos de financiamiento y sus mecanismos de implementación no están en línea con la inversión que la región requiere para adaptarse al cambio climático. Finalmente, se señaló que en la COP 27 se presentó el Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, la Estrategia de desarrollo resiliente con bajas emisiones a largo plazo a 2050 y los planes de respuesta provincial.
Durante la reunión, desde la Secretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales, a cargo de Beatriz Domingorena, se presentó un proyecto de resolución en el ámbito de COFEMA para abordar los atropellamientos de la fauna silvestre, un problema cada vez más grave en el país que atenta contra la conservación de la biodiversidad y que implica un riesgo serio para la seguridad vial. Es por eso que dicha Secretaría inició un proyecto con financiamiento internacional que propone trabajar en la armonización de las políticas de desarrollo vial con las de conservación de la fauna.
Al respecto, Domingorena indicó que “es fundamental contar con el apoyo de COFEMA para darle mayor respaldo y mayor federalismo a una iniciativa que pudo ampliarse desde Misiones hacia otras provincias. Buscamos el fortalecimiento normativo pero también la implementación de políticas públicas territoriales locales vinculadas”. La resolución busca reconocer la problemática, instar a las provincias a trabajar de forma articulada en ella y desarrollar instrumentos de monitoreo de atropellamiento, medidas de mitigación y otras acciones.
Asimismo, se trató el estado de avance del acuerdo de Resolución COFEMA 496/22, referente al balance de gestión de bosques, que intenta promover en el marco del fortalecimiento de la Ley Nacional de Bosques Nativos la rendición de FOBOSQUE, la actualización de los ordenamientos territoriales de bosques nativos (OTBN), el Sistema de Alerta Temprana de Deforestación, entre otros.
Por último, se presentaron los informes de las comisiones y se designó al secretario de Ambiente de la Provincia de Santa Cruz, Mariano Bertinat, como representante de COFEMA para integrar el órgano consultivo de la Fundación Parques Nacionales de Argentina. También se trataron resoluciones y declaraciones de interés federal del COFEMA en algunas de las jurisdicciones participantes.
La asamblea también contó con la participación, por parte de la cartera ambiental naciaonal, de Juan Manuel Vallone, jefe de Gabinete; Martín Mónaco, director nacional de Bosques; Gabriela González Trilla, directora nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos; Guido Veneziale, director nacional de Educación Ambiental; Florencia Mitchell, directora nacional de Cambio Climático; Jorge Heider, director de Operación y Logística del Servicio Nacional de Manejo del Fuego; Déborah Müller, directora de Articulación Interjurisdiccional y Acceso a la Información; y Candela Nassi, jefa de Gabinete de la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental.
También estuvieron: Tamara Basterio, subsecretaria de Política Ambiental de la provincia de Buenos Aires; Yanina Fasano, subgerenta Operativa de Organismos Interjurisdiccionales Ambientales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Carlos Barrionuevo, director provincial de Biodiversidad de Catamarca; Juan Carlos Scotto, secretario de Ambiente de Córdoba; Marta Elena Soneira, ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible de Chaco; Roberto Jure, ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de Chubut; Hugo Eduardo Bay, subsecretario de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental de Formosa; María Inés Zigarán, ministra de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy; Víctor Kreimer, ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones; Lucía Redondo Caamaño, directora provincial de Áreas Naturales Protegidas y Recursos Faunísticos de Neuquén; Dina Migani, secretaria de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro; Normando Zúñiga Derendinger, subsecretario de Residuos Sólidos Urbanosde Salta; Alejandro Guevara Olivera, secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan; Ana Sallenave, coordinadora general de la Secretaría de Ambiente de San Luis; Marcelo Gallini, subsecretario de Cambio Climático de Santa Fe; Carlos Salmoiraghi, subsecretario de Medio Ambiente de Santiago del Estero; Eugenia Álvarez, secretaria de Ambiente de Tierra del Fuego; y Florencia Sayago, directora de Medio Ambiente de Tucumán.
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