Silencio oficial por el parque petrolero y más reclamos por riesgo de contaminación en Cordero y Barda del Medio

Fecha de Publicación: 15/05/2023
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


Está junto al canal principal de riego, cerca del dique Ballester y los vecinos temen una contaminación.  Abogados ambientalistas y la Facultad de Agrarias de la UNCo piden informes.
Los vecinos de Cordero y Barda del Medio siguen sin obtener una respuesta oficial del municipio y de la secretaría de Ambiente de Río Negro a los pedidos de informe que les elevaron, pero suman adhesión a su reclamo para que no se instale un parque petrolero a metros del canal principal de riego, que es el que alimenta la producción del Alto Valle.
“Hasta ahora, desde la comuna nos dijeron de modo informal que solo habilitaron una metalúrgica en el lugar, pero resulta que esa empresa ingresó contenedores con restos de petróleo”, alertó Natalia Soto, vocera de los vecinos que se autoconvocaron. “Si permitieron eso, nos preocupa todo lo que puedan llegar a hacer”, añadió.
Desde la Asociación Argentina de Abogados y Ambientalistas están siguiendo el tema. Rafael Colombo, uno de sus integrantes, indicó a este diario que es obligación “legal y constitucional que el intendente Fabián Galli conteste a los reclamos e inicie ya mismo las instancias de participación ciudadana y social que corresponden para brindar la información requerida” sobre las características del parque industrial que se propone.
El abogado planteó que se debe garantizar a los vecinos la realización de estudios de impacto ambiental “serios, fundados, accesibles y desprovistos de conflictos de intereses”.
La Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCo va a intervenir en el tema. Se sumarán al pedido para que informen sobre las características del parque de Cordero y preparan una declaración en contra de cualquier tipo de actividad que genere riesgo ambiental .
El impacto de la acción petrolera y su avance en las zonas productivas es tema de estudio en Agrarias. En las recientes Jornadas de Investigación presentaron un proyecto que utiliza la realidad virtual para registrar indicadores de las zonas críticas de la actividad petrolera.
El abogado Colombo destacó la evidencia que recolectaron los vecinos: fotos y videos en las que se observan volquetes con lodos de perforación y tareas de lavado de contenedores sin ningún resguardo.
Soto agregó que “como vecinos de una comunidad nos tuvimos que mover y registrar con un dron, sacar fotos de un lugar al que no podemos acceder y nos corren ni bien nos acercamos. Luego, recurrimos a los medios para denunciar lo que ocultan”.
Lo que está en discusión y genera polémica es la planificación local y la falla o en los controles ambientales del parque.
Desde la Asociación de Abogados Ambientalistas se indicó que están observando “los usos que las autoridades pretenden adjudicar a manos de empresas y corporaciones y los posibles impactos sobre la salud humana, el ambiente y la producción local, atentos a la proximidad inmediata del parque al principal canal de riego del Alto Valle y al avance desmedido de la frontera petrolera”.
La presencia y posterior “desaparición” de contenedores con barros empetrolados y líquidos de perforaciones en el parque industrial de Cordero no tiene hasta el momento ninguna explicación sólida, solo se le informó desde el municipio a los vecinos que reclaman que «fueron ingresados por equivocación» al lugar, que procedían de Chelforó y su destino era Allen.
No se sabe a dónde fueron a parar los contenedores con «cutting» y esa es otra exigencia de los reclamantes, quienes se nuclearon para pedir informes a la comuna y a la secretaría de Ambiente provincial pero no obtienen respuesta. Temen además que los residuos hayan sido enterrados en mismo parque, ya que observaron quemazones y manchas oscuras en el suelo.
Desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAAA) consideran que lo que sucede en Cordero es una muestra más del impacto de la expansión de la explotación hidrocarburífera de Vaca
Muerta y de “las decisiones que se toman de espalda a la sociedad, en clara violación a normas ambientales y de derechos humanos”.
Rafael Colombo, representante de esa agrupación, indicó que “la generación de basura petrolera ha aumentado a volúmenes siderales en la región y lo seguirá haciendo, sin tener muy en claro dónde se hará el tratamiento y la disposición final de los residuos”.
Desde la AAAA vienen denunciado está situación desde el año 2018, cuando expusieron los casos de Indarsa, Treaters y COMARSA. Con ellos salió a la luz el millonario negocio de la basura petrolera del fracking. Expusieron maniobras de usurpación, contaminación de tierras públicas, zonas liberadas, simulación de tratamiento de residuos petroleros y pasivos ambientales masivos producto de la contaminación del agua, la tierra y el aire.
Colombo sostuvo que “se trata de un patrón que en mayor medida se repite en el Parque Industrial de Neuquén Capital, Plaza Huincul y Añelo pero también tenemos conocimiento de muchos otros lugares donde se emplazan empresas de éstas características, muchas de ellas, integradas por familiares de actores políticos de primer nivel”.
“Estos casos colocan a funcionarios municipales y provinciales, corporaciones petroleras y empresas dedicadas al transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos, en niveles de responsabilidad y complicidad primarios, con claras implicancias civiles pero sobre todo, penales”, concluyó el abogado.
El riesgo de que se produzca un accidente en el parque de Cordero -por la presencia de cisternas de una empresa de servicio petroleros a la vera del canal- genera inquietud en Aguas Rionegrinas y «es tema de análisis», deslizó a este diario una fuente con nivel de decisión en la empresa estatal.
La prestadora del servicio de agua potable tiene puntos de captación a lo largo del curso de agua en las ciudades del valle. Cuando surge alguna contingencia, abastecen con agua que potabilizan del canal principal.
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Quema en las islas: demandan al Estado nacional por "omisión ilícita" en la protección del humedal

Fecha de Publicación: 02/05/2023
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe - Litoral Argentino


Es en el marco de una causa civil que investiga la responsabilidad de titulares de campos en los incendios y su impacto ambiental y en la salud
Un ciudadano rosarino titular de un campo en las islas que fue denunciado en el marco de la causa civil que busca determinar responsabilidades por los incendios en los humedales y el impacto en la salud, demandó al Estado nacional por “omisión inconstitucional e ilícita en el ejercicio de sus funciones”, y solicitó a la jueza del trámite que lo inste de forma urgente a adoptar medidas para la protección y preservación del ecosistema, según las normas y tratados internacionales que regulan la protección del Delta del Paraná.
“Hay una falta de legitimación para demandar a mi cliente porque nunca se quemó ni se incendiaron sus tierras. Pero además, pide que se convoque al gobierno nacional para que cumpla leyes que ya existen hace 20 años, lo que hubiera evitado o, cuanto menos minimizado, el desastre de los incendios”, sintetizó Milva Sánchez, abogada ambientalista del rosarino denunciado por la fiscal provincial extrapenal María Laura Martínez junto a otras 18 personas.

Responsabilidad por daño ambiental
Se trata de la causa civil que se tramita en el Tribunal de Responsabilidad Extracontractual Nº 2, a cargo de Jorgelina Entrocassi (titular del trámite) y Edgardo Bonomelli (está vacante su tercer integrante). El año pasado, la fiscal presentó la denuncia contra los titulares de los campos por “responsabilidad por daño ambiental indirecto contra la población de Rosario”.
Si bien la causa no persigue culpables por un delito penal, sí busca determinar responsabilidades ante la existencia de una relación jurídica que pueda servir como primer paso para futuras denuncias de los damnificados.
La investigación llevó algunos años y se sustentó en los reportes científicos de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), entrecruzamiento de datos georreferenciales e informes de organismos del Estado. Pero esta semana uno de los denunciados, quien esgrime no haber provocado incendios ni daños sobre el humedal, demandó al Estado Nacional y solicitó que adopte una serie de medidas urgentes.

Omisión de funciones
En la presentación pide “la incorporación del Estado en sus tres niveles como parte demandada, y del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) por “omisión inconstitucional e ilícita en el ejercicio de sus funciones”, en virtud de los daños al humedal, y en toda la población a la cual se han propagado los efectos de los incendios.
En ese sentido, solicitó a los jueces que “ordenen medidas concretas para hacer cesar la omisión estatal. Las medidas requeridas son tanto preventivas como de recomposición. “Hace un año que estamos pidiendo que el Estado adopte medidas. Mi cliente, que nunca estuvo en el mapa de fuego, se pregunta ¿qué hago si los incendios alcanzan mi propiedad? Por eso solicitamos medidas concretas”, graficó la abogada.
En ese sentido refirió que las leyes “están escritas, solo hay que hacerlas cumplir. La división de la competencia a nivel legal para tratar los daños ambientales es clara. Argentina adhirió hace muchos años al tratado Ramsar (ley 23.919 para la conservación y uso racional de los humedales), pero nadie se ocupa y se tiran la pelota entre los niveles del Estado”.

Muchos años de omisión
Sánchez puntualizó que en la causa “falta el Estado Nacional. Se le pide a los jueces que le ordenen a la administración que empiece a hacer algo porque, de lo contrario, las leyes son letra muerta y no se cumplen. Los jueces tienen la obligación de intimar, y potestades para disponer medidas que crean convenientes para cuidar el medio ambiente”.
En la presentación se recalca que se “han constatado años de omisión inconstitucional, no sólo en reglamentar, implementar políticas, ejercer de manera adecuada el federalismo de concertación entre todas las administraciones involucradas, sino también en el ejercicio claro de las competencias que ya tienen reguladas las administraciones y órganos ejecutivos”.
Y dada “la gran omisión estatal” y que el juez de la causa “no puede soslayar la función “preventiva” de daños normada por el Código Civil y Comercial, el ciudadano reclama que el juez disponga medidas que prevengan la producción de daños, “en lugar de dejar que pase el tiempo y la cuestión se torne en meramente resarcitoria”.

Todo por hacer
Pide, entre otras medidas que se ordene al gobierno nacional denunciar frente al órgano competente del tratado Ramsar lo sucedido en el humedal “islas del Delta del Paraná”. Y se requiera como “Estado adherente y miembro del tratado asesoramiento técnico para comenzar con la prevención y recomposición del humedal dañado”.
Además, reclama que el Estado Nacional “adherir y participar del programa de protección de humedales de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que ayuda a los países a monitorear y proteger los humedales y demás ecosistemas de desarrollo sostenible 2030.
También que se ordene al Cofema ejercer la competencia que ha sido delegada por las provincias, y disponga la urgente realización de un estudio del impacto ambiental que generaron las quemas; se dicte sin demoras las regulaciones que las administraciones locales y nacionales deberán cumplir en miras a la alineación de la política ambiental en materia de los daños de efectos y fuentes interjurisdiccionales que se están produciendo en el Delta del Paraná.
En relación a la postergada ley de humedales, reclama que se ordene al Congreso de la Nación “no aprobar leyes que contravengan el ámbito de protección del humedal en los términos del tratado Ramsar. Y que en tal sentido, al reglamentar el destino del humedal y sus usos, se deberá requerir asesoramiento previo al órgano consultor del tratado, para aplicar el “mayor nivel de protección”.
Demandó al Tribunal que solicite a las administraciones de Entre Ríos, Santa Fe y los municipios afectados “la regulación inmediata en sus legislaciones del Seguro Ambiental, y el inicio de los sumarios administrativos tendientes a la aplicación de las sanciones administrativas por el daño ambiental generado en el humedal y en el aire, de acuerdo a lo normado en la ley ambiental 25.675, leyes provinciales y ordenanzas.
Finalmente en el escrito se reclama que las medidas sean ordenadas “de manera urgente, incluso antes de la resolución de la cuestión de competencia (hay recursos para girar la causa a la Justicia Federal), dado que “la demora en el ejercicio de las competencias no resiste más postergaciones, ante el riesgo de seguir incrementándose el daño”.
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Condenaron al ex secretario de Ambiente Costa por avalar un loteo en una zona protegida

Fecha de Publicación: 29/04/2023
Fuente: Hoy Día
Provincia/Región: Córdoba


El ex funcionario recibió la pena de tres años de prisión y seis de inhabilitación para ejercer cargos públicos
El ex secretario de Ambiente de la Provincia Raúl Costa fue condenado ayer a tres años de prisión en suspenso y seis de inhabilitación para ocupar cargos públicos. La Justicia de Córdoba lo encontró culpable por haber permitido el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios privados y la colocación de una estación eléctrica de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) en zonas protegidas de Punilla por la Ley de Bosques.
En un fallo histórico en materia ambiental, el jurado popular de la Cámara 10º del Crimen encontró al ex secretario de Ambiente de la Provincia culpable por los cargos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La denuncia contra el ex funcionario había sido realizada por la organización no gubernamental Adarsa, sobre hechos ocurridos en 2010.
El primero de los ilícitos tuvo lugar en 2010, mientras Costa se desempeñaba como titular de la Secretaría de Ambiente. En ese entonces, el ex funcionario dio luz verde al proyecto “Dorados II”, de la constructora Gama S.A., dentro de la Reserva Natural Recreativa “Valle El Cóndor” en la localidad de San Antonio de Arredondo.
El otro hecho por el que Costa fue condenado tiene que ver con los permisos que le otorgó a Epec para construir una estación eléctrica, también en la misma zona. Allí, el ex secretario dio el visto bueno para cambiar los usos del suelo permitidos y que la empresa estatal pudiera ofrecer sus servicios en el lugar.
Si bien Costa es el único condenado por los delitos mencionados anteriormente, en un principio la causa tuvo otro imputado. Se trató de Federico Bocco, otro ex secretario de Ambiente, quien falleció en 2019.
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Presupuesto reducido y subejecución: problemas financieros en ACUMAR

Fecha de Publicación: 29/04/2023
Fuente: El Auditor
Provincia/Región: Riachuelo


La Auditoría General de la Nación revisó el desempeño de la Autoridad en el trabajo por palear la contaminación de origen industrial. Falta de información y grandes cambios en las partidas asignadas.
La Auditoría General de la Nación aprobó un informe acerca del desempeño de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) en el trabajo para palear la contaminación de origen industrial. Problemas en el presupuesto, información desactualizada e inconvenientes a la hora de sancionar fueron algunos hallazgos.
El Plan Integral de Saneamiento (PISA) es un documento que sirve como guía del trabajo que debe realizar el organismo. Se presentó en el año 2010 y se actualizó seis años más tarde. Le permite accionar coordinadamente con actores que trabajan para resolver las problemáticas de la región. La línea de acción Nº 11 del mismo habla sobre la contaminación de origen industrial y el resultado esperado de su acción de control es obtener registro y mejoras en los agentes económicos.
Cuando la AGN comenzó a hacer los trabajos de campo para este informe halló que por ese entonces la ACUMAR no contaba con una Planificación Operativa Anual (POA) en donde quedaran plasmadas las estrategias utilizadas para gestionar con eficiencia y eficacia la ejecución de los proyectos establecidos según los recursos disponibles.
Además de esto, los indicadores establecidos en el PISA para los proyectos de la línea 11 “carecían de metas específicas que permitiesen realizar el seguimiento de las acciones desarrolladas por la ACUMAR”, explica el trabajo de los auditores.

Informes imprecisos
En la línea de las documentaciones, se hallaron debilidades e inconsistencias en la información generada por el organismo y presentada en los distintos documentos que iba elaborando, como por ejemplo en los informes de avance trimestral e informes de gestión anual.
Este último punto trae distintos inconvenientes en la gestión, por ejemplo, respecto al control de la contaminación industrial no fue posible determinar con certeza la cantidad de fiscalizaciones, tomas de muestras, agentes contaminantes declarados, establecimientos reconvertidos, planes de adecuación presentados y aprobados, como tampoco sanciones aplicadas en el marco del proyecto de fiscalización y adecuación ambiental de establecimientos.
En relación a las sanciones, en el 76% de los expedientes analizados no se pudo comprobar el desenlace del trámite iniciado y, en consecuencia, la subsanación del motivo que generó la infracción. Además de que la documentación analizada incumple con los procedimientos administrativos respecto de la celeridad, economía, sencillez y eficacia de los trámites. “Se observa un orden cronológico confuso, detectándose documentos duplicados o que no corresponden al establecimiento bajo examen”, señala el informe de AGN.

El vil metal
Otro gran problema para ACUMAR fue el presupuesto. Durante el período analizado (2019 y 2020) hubo una subejecución en el primer año, ya que se ejecutó el 29,10% del monto asignado. Para cuando terminaron los trabajos de campo no se había registrado la  ejecución de 2020.
Pero además el presupuesto otorgado en 2019 fue reducido, ya que pasó a ser de $5.600.000 respecto de los $9.500.000 originales, mientras que para 2020 se asignaron $14.400.000 de los $34.400.000 presupuestados inicialmente.

Conclusión
Por todo lo analizado, la AGN entiende que ACUMAR “cuenta con mayor información que al momento de su creación”, pero al no estar sistematizada se termina dificultando un accionar que sea eficaz y eficiente por parte de los agentes del organismo, como así también el desarrollo de un seguimiento y control tanto interno como externo. “Esta situación profundiza la necesidad de contar con un sistema de información unificada que permita una mejor gestión”, remarcó el organismo de control.
Para cerrar, considerando que la línea 11 del PISA apunta a la corrección de elementos que afectan al medio ambiente procedentes de la contaminación de origen industrial en la cuenca, “resulta necesario subsanar lo observado y expresado en el presente informe a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos rectores de esta ACUMAR de mejorar la calidad de vida de las y los habitantes, procurando la recuperación del ambiente en todos sus componentes (agua, aire y tierra), y prevenir daños con razonable grado de predicción”, concluye el informe.
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El presidente inauguró la COP2 del Acuerdo de Escazú en Argentina

Fecha de Publicación: 22/04/2023
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


El encuentro concentra a los líderes ambientales de Latinoamérica y el Caribe.
El presidente Alberto Fernández encabezó en el Centro Cultural Kirchner (CCK) la inauguración de la Segunda Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP2), que se realiza en la ciudad de Buenos Aires hasta el 21 de abril. En tanto, el titular de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, expuso junto a los ministros de Ambiente de la región, en un evento que contó con las palabras de bienvenida de la secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini.
En la Sala Argentina del Centro Cultural Kirchner, el jefe de Estado, Alberto Fernández aseguró que “la causa de la crisis es la avaricia humana, el capitalismo financiero desbocado que, con tal de ganar dinero y profundizar ganancias, no mide los daños que está causando”.
“Lo que tenemos es un mundo profundamente desigual, que ahora tiene el desafío de dejar de lastimar al planeta, porque es nuestro hogar”, expresó y afirmó que “la globalización se está convirtiendo en una organización de regiones”, y concluyó que en el marco de la crisis climática que vive el mundo, América Latina y el Caribe tiene para ofrecerle “dos cosas: algo para exigirle, que adviertan que somos acreedores climáticos y en segundo término entender que debemos trabajar unidos”.
Por su parte, Cabandié remarcó que “los problemas no son ambientales a secas, son socioambientales, tenemos que resolver dos problemas, las desigualdades del siglo XX y los desafíos ambientales del siglo XXI”. En este sentido, señaló: “Tenemos que repensar nuestras prácticas productivas, modificarlas. Este acuerdo nos pone exigencias y creo que además de las exigencias que establecemos y que afirmamos puertas para adentro, también debemos ser exigentes puertas para afuera. Porque la mayor cantidad de emisiones en el planeta, se producen en el Hemisferio Norte, que representan más del 80 % de los gases de efecto invernadero. Y esos países nos quieren exigir que tengamos los mismos compromisos que ellos nunca tuvieron y que hoy ellos no cumplen”.
“El objetivo es producir en el marco de la sostenibilidad, eso lleva más tiempo, implica más recursos, pero vamos a hacerlo porque queremos un mundo vivible para las próximas generaciones. Vamos a cuidar nuestros ecosistemas, tenemos que decirle al mundo, unidos, porque sin la Amazonia, sin nuestras cuencas forestales, sin nuestros acuíferos, el mundo no será vivible como hasta ahora”. “Por eso queremos ser compensados, queremos desarrollarnos, pero que los países ricos entiendan que necesitamos el financiamiento que ellos se comprometieron a dar. De esa manera, sin dudas vamos a cumplir con las metas que nos comprometimos y también a saldar la deuda del siglo XX que tenemos”, finalizó el ministro.
A su vez, Cecilia Nicolini, secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación de la cartera de Ambiente, afirmó: “Si hay algo que tenemos que hacer de manera urgente es poner a la agenda ambiental y los derechos humanos en el centro de los debates de la región”. “Escazú es más que un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental. Es un tratado de derechos humanos”, argumentó y agregó: “Es un tratado donde, además de apostar a la integración para fortalecer nuestras democracias, reconocemos que las decisiones que inciden en el ambiente deben ser tomadas de la mano de la ciudadanía”. Finalmente explicó que sus pilares son los cimientos “para construir una verdadera democracia ambiental” así como también “Un compromiso con nuestras historias de lucha, con el presente y con las generaciones futuras”.
El Acuerdo de Escazú es el primer tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe. Además, es el primero en el mundo en contener disposiciones específicas para la protección de defensores y defensoras ambientales. Este acuerdo tiene como pilares el acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en estos asuntos, como así también la creación de instrumentos que permitan la protección y seguridad de las y los defensores ambientales. A su vez, promueve la formación de autoridades y equipos de gobierno, la sensibilización ciudadana y la cooperación entre los países.
En la actualidad, 15 países lo ratificaron: Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay.
La reunión extraordinaria de COP2 en Argentina deberá elegir a las y los primeros siete integrantes que conformarán el Comité de Apoyo a la Aplicación y el cumplimiento del Acuerdo. Además, se prevé poner en común los resultados del Primer Foro Anual sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales de América Latina y el Caribe; presentar los avances de los países parte en materia de implementación nacional del tratado; e identificar opciones de financiamiento para poner en marcha la efectiva implementación del Acuerdo en los estados partes.
La apertura del evento incluyó el show del músico Chango Spasiuk. Como parte de las primeras intervenciones en la inauguración de la COP2 disertaron Raúl García-Buchaca, secretario ejecutivo adjunto para Administración y Análisis de Programas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); Mijael Kaufman, representante electo del público del Acuerdo de Escazú; y Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de Programación Estratégica del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
Asimismo, se realizó un reconocimiento a las y los nuevos representantes electos del público: César Artiga, de El Salvador; Mijael Kaufman, de Argentina; Nicole Leotaud, de Trinidad y Tobago; Joara Marchezini, de Brasil; Irene Murillo, de Costa Rica; y Bishnu Tulsie, de Santa Lucía. A la vez, se entregó una distinción a los nuevos países parte, que recibieron autoridades de Chile, Belice y Granada.
Hacia el cierre del evento, un segundo bloque de intervenciones, encabezado por el ministro Cabandié, contó con palabras de su par de Ambiente de Uruguay, Robert Bouvier; la secretaria parlamentaria del Ministerio de Asuntos Jurídicos, Seguridad Pública y Trabajo de Antigua y Barbuda, Maureen Payne-Hyman; y de la ministra de Ambiente y Cambio Climático de Brasil, Marina da Silva.
Durante la jornada, el ministro Juan Cabandié además mantuvo una reunión con su par de Brasil, Marina Silva.
Estuvieron en la inauguración la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Raquel Kelly Olmos; y los ministros de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y de Cultura, Tristán Bauer; y la secretaria de Asuntos Estratégicos, Mercedes Marcó del Pont.
Por parte del Ministerio de Ambiente, estuvieron el viceministro Sergio Federovisky; el jefe de Gabinete, Juan Manuel Vallone; la secretaria de Política Ambiental en Recursos Naturales, Beatriz Domingorena; el subsecretario Interjurisdiccional e Interinstitucional, Nicolás Fernández; el director Nacional de Cooperación Internacional, Martín Illescas; y la directora Nacional de Cambio Climático, Florencia Mitchell. También acompañaron, el presidente de la Administración de Parques Nacionales, Federico Granato; la vicepresidenta del mismo organismo, Natalia Jauri; y su jefa de Gabinete, Sabrina Selva.
También participaron el secretario Ejecutivo Adjunto para Administración y Análisis de Programas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Raúl García Buchaca; el representante Electo del Público, Mijael Kaufman; y el vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, Christian Asinelli.
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Santa Fe no sabe/no contesta los pedidos

Fecha de Publicación: 21/03/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Santa Fe


Qué industrias cuentan con certificado ambiental en el Gran Rosario, por ejemplo, es una pregunta sin respuesta oficial, cuando es fundamental para ejercer el derecho a reclamar.
En relación con la democracia ambiental, que se ejerce a través del acceso a la información pública ambiental, el trabajo elaborado por el Taller Ecologista es concluyente: "Hay evidencias de que no se cumple en los hechos en Santa Fe". Por lo cual "es necesario revertir con urgencia esta situación", y a partir de ese cumplimento "también se logrará la participación ciudadana y el acceso a la justicia". Según la organización ambientalista rosarina, la información desarrollada "deja en evidencia las diferentes trabas y escollos que surgen cuando se ejercen acciones ciudadanas que buscan proteger el ambiente para disfrutarlo y, mantenerlo libre de contaminantes". Además, destaca que el acceso libre a la información ambiental vigente "evitaría consecuencias irreversibles y favorecería al cumplimiento de las normas". "Pedir información pública ambiental para saber cuáles son las emisiones de gases, si las industrias están habilitadas, si cuentan con certificado ambiental; si cumplen las normas ambientales son cuestiones fundamentales para ejercer el derecho a reclamar", dijo a Rosario/12 Florencia Sívori, asesora jurídica del Taller Ecologista, y autora del informe.
La apatía de los gobiernos, por decirlo en términos suaves, para impulsar decisiones políticas que apunten a defender el ambiente llega a extremos insondables, como la imposibilidad de acceder a la información pública ambiental. En el informe elaborado por el Taller Ecologista, presentado el pasado 13 de marzo, se describe el marco normativo nacional e internacional, como el Acuerdo de Escazú, vigente desde 2021, que garantiza este derecho democrático. Se analizaron los distintos modos de solicitar esta información y los conflictos existentes a la hora de ejercer estos derechos. Pero también se plantean recomendaciones para concretarla, como la digitalización de la información y las sanciones.
En la introducción del trabajo afirman que cuando se habla sobre democracia ambiental, se hace referencia a tres ejes: la información pública ambiental, la participación ciudadana y el acceso a la justicia. "Al analizar cada uno de estos, es imposible no vincularlo con los otros dos, pero el eje de la información pública ambiental es el más importante de los tres, ya que si no se garantiza este derecho, es imposible ejercer los restantes", argumentaron.
"El Estado en todos sus niveles debe implementar las herramientas para lograr el efectivo cumplimiento de estos derechos, agilizar procesos, y generar sistemas de información, participación y educación ambiental", señala el informe, y advierte que Santa Fe "tiene un largo camino por recorrer para lograr un cambio de paradigma en los órganos estatales, que rehúsan entregar la información ambiental, como así también para promover y fomentar la participación ciudadana en todos los ámbitos posibles".
Desde el Taller Ecologista plantean que al pasar al plano del ejercicio efectivo del derecho a la información pública ambiental y analizar la normativa, se podría inferir que el trámite es más que sencillo: el solicitante ingresa un pedido de información con sus datos y el detalle de la información que requiere, y en un plazo máximo de 30 días hábiles debería tener una respuesta. En caso de que la solicitud sea rechazada, se debe indicar el motivo; caso contrario, el solicitante debería recibir la información pública ambiental solicitada. "Lamentablemente esto no ocurre", subrayaron.
"Cuando pedimos los primeros informes, hace ya varios años, la gente que nos atendía no solamente no nos querían dar la información si no que desconocían esto. Más adelante, cuando desde el Taller Ecologista comenzamos a ver que faltaba información para las consultas que nos hacían los vecinos, tanto desde la provincia como desde el municipio nos decían que esa era información que tiene el Estado. De ahí salió la idea de realizar informes relacionados con temas que trabajábamos para ver cuál era la devolución del otro lado", recordó Sívori, docente de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la UNR.
"Allí nos dimos cuenta de que la provincia, puntualmente, fue la que más nos complicó, no te dan la devolución ni información, y llegado al caso cuando te la dan, es muy escueta, siempre amparados en que ellos no tienen que generar información, algo que no es así según lo dice la ley nacional de Presupuestos Mínimos", agregó la abogada de la organización ambientalista rosarina.
En efecto, el trabajo precisa que de los 31 pedidos de información solicitados y respondidos entre 2018 y diciembre 2022, no fueron respondidos 18, mientras que cuatro fueron judicializados y otros cuatro respondidos fuera de plazo. Solamente ocho se respondieron en plazo y quedan cinco para responder.
"En su momento hemos pedido información sobre el tema de la Petroquímica Bermúdez (ex Electroclor); de audiencias públicas, que recibimos la respuesta cuando ya estaba iniciado el expediente judicial, pero se solucionó. Cuando uno lo judicializa, al menos recibe parte de la respuesta, con lo cual consideramos que la pueden generar. Uno no quiere hacer una industria del juicio, lo que se busca es contar cuanto antes con la información, porque para la organización tiene un costo iniciar un juicio, son muchas horas de trabajo", dijo Sívori.
"Otro de los temas en los que se pidió información están referidos a los efluentes al río Paraná, un tema muy importante sobretodo por la bajante de los últimos tiempos, y nos respondieron con evasivas, que no tienen realizados relevamientos. Por eso nos preguntamos cómo hacen para realizar las inspecciones. También hicimos pedidos sobre los envases vacíos de productos de fitosanitarios, y están pendientes todos los que están relacionados con la cuenca del arroyo Ludueña y los barrios en la zona de Funes. Esos informes que tienen mucha importancia porque ahí está la presa retardadora y no han respondido nada", añadió.
"Sin contar con la información, qué derechos se van a poder ejercer después, no saber si la empresa, los colectivos, el vecino, el propio Estado, controla o no, cumple o no. Así no se puede acceder a una justicia ni pedir o reclamar como ciudadanos. Lamentablemente nos encontramos con un Estado provincial, no sólo el de esta gestión si no también la anterior, en el que el silencio es reinante. Y muchas veces la información que no dan es como si fuese un titular y falta la explicación", sostuvo Sívori.
La asesora jurídica del Taller Ecologista subrayó que la mayoría de la información pública solicitada es al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático provincial que conduce Erika Gonnet. "No queremos decir con todo esto que en otros ministerios no se cumpla, y tal vez con información que es menos sensible de la que nosotros pedimos. Cuando le pedís a la provincia que te informe, por ejemplo, sobre mediciones de dióxido de carbono, y te tiran números terribles, nos preguntamos qué están haciendo, y después siempre se justifican al decirnos que están cortos de personal", lamentó.
De todos modos, Sívori destacó que "el sistema de Nación, a través de trámites a distancia, realmente funciona, es serio en cuanto a la instrumentación y brinda una información, como en el caso del pedido que hicimos sobre el tema de la Hidrovía que es bastante importante para la zona. Si bien cuando uno se pone a desentrañar hay algún punto que no está, pero te dan la información, acompañada incluso de documentación".
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Se realizó la primera asamblea del COFEMA del año con el eje en el trabajo logrado

Fecha de Publicación: 13/03/2023
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


La jornada se llevó a cabo en el salón Néstor Kirchner de la sede de la cartera ambiental nacional, espacio en el que se eligieron las nuevas autoridades del cuerpo.
Autoridades del Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación encabezaron la Asamblea Ordinaria n.° 107 del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), integrada por las y los representantes de los distintos puntos del país.
El presidente del COFEMA, Santiago Azulay, dio la bienvenida a las autoridades presentes para iniciar el temario de trabajo y subrayó “el compromiso con esta institución que la hacemos entre todas y todos a diario”.
A su turno, el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky, explicó los avances en materia de manejo del fuego: “Lo que cualitativamente hemos logrado en esta gestión a lo largo de dos años ha sido colosal en términos de sentar las bases de un sistema que prácticamente no tenía existencia como tal, más que en el papel”, a la vez que destacó el financiamiento logrado y señaló que eso permitió “tener el récord de medios aéreos” durante el año en curso y “traer el helicóptero Chinook”. También adelantó que este año se va a iniciar “la compra de tres helicópteros Bell equipados con helibalde, que estarán aquí, casi con seguridad, a mediados del año que viene”. Además, subrayó la instalación de tres nuevas bases del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) en el país, haber duplicado la cantidad de brigadistas de Nación, haber logrado mejorar su condición laboral e instó a dar “un salto de calidad en el vínculo entre las provincias y el Estado nacional para que todo esto que se está invirtiendo tenga un resultado concreto en la gestión”.
Asimismo, el funcionario se refirió a la tarea lograda en términos de gestión de residuos sólidos urbanos: “Pusimos en marcha ocho obras, buena parte de las cuales, sino todas, van a estar terminadas e inauguradas a lo largo de este año”. También recordó que esos resultados permitieron “negociar con el BID un nuevo préstamo” para otros proyecto, lo que compromete “450 millones de dólares para los próximos cuatro años” de dicho organismo, del Banco Europeo de Inversiones y de la Agencia Federal de Desarrollo, y recordó que se distribuyó maquinaria “a más de 150 municipios de maquinaria destinada al tratamiento y reciclaje de residuos sólidos urbanos”.
Por su parte, la secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini, expresó el compromiso de la Nación “con todas las provincias para acompañarlas en sus planes de respuesta de adaptación y mitigación al cambio climático”, y comentó que el objetivo para este año es presentarlos. “Nosotros presentamos el año pasado el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, es importante que tengamos en cuenta las necesidades y desafíos que tiene cada jurisdicción en sus territorios” agregó.
Otro de los temas abordados durante la jornada fue el Acuerdo de Escazú. Al respecto, Nicolini resaltó que Argentina va a ser sede de la COP2, a desarrollarse entre el 19 y 21 de abril en Buenos Aires. “Va a ser un encuentro que va a abrir el presidente de la Nación, con la participación de autoridades a nivel nacional, regional e internacional. Será una muy buena oportunidad para debatir sobre el acceso a la información, la participación en la toma de decisiones y el acceso a la justicia”, afirmó Nicolini.
En tanto, la secretaria de Política Ambiental en Recursos Naturales, Beatriz Domingorena, destacó “el recorrido de la agenda de biodiversidad en materia de recursos naturales y de bosques en cada una de las provincias”. Agradeció la oportunidad de trabajar en conjunto en el marco de un presente marcado por “los efectos y la incidencia del cambio climático” y aseguró que eso “obliga y redobla la apuesta a trabajar fuertemente en la agenda ambiental”. Además, propuso un enlace para trabajar las cuestiones de género y ambiente y adelantó que se brindará una agenda de charlas para abordar los temas de manera federal.
Durante la jornada también tomó la palabra el subsecretario Fernández en representación del ministro Cabandié, quien mencionó la importancia de contar con un espacio de concertación con las provincias como es el COFEMA y repasó algunos logros de gestión del Ministerio, como el trabajo y articulación de políticas públicas con perspectiva federal, tal como el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y el Plan de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), los financiamientos otorgados en el marco de la ley de bosques, la creación y ampliación de parques nacionales. Y destacó el acompañamiento del Consejo en el impulso de leyes como Educación Ambiental Integral, Yolanda, humedales y envases.
En la primera asamblea del año se eligieron autoridades: el actual presidente del COFEMA y secretario de Ambiente de La Rioja, Santiago Azulay, renovó su mandato, mientras que Martín Bonifacio, director general de Promoción para el Desarrollo Sostenible de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultó electo vicepresidente.
Otros temas abordados durante la asamblea incluyeron la presentación de informes de las distintas comisiones, la gestión destinada a bosques nativos y las rendiciones en la materia, el tratamiento de lo actuado en el Programa Género Ambiente + Diverso, las actividades federales llevadas a cabo para la planificación y ordenamiento ambiental del territorio, educación ambiental, entre otros.
Por parte de la cartera ambiental nacional, además, participaron Nicolás Fernández, subsecretario Interjurisdiccional e Interinstitucional; Jorge Heider, director del Servicio Nacional de Manejo del Fuego; Martín Mónaco, director nacional de Bosques; Gabriela González Trilla, directora nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos; Guido Veneziale, director nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio; José María Losada, director nacional de Educación Ambiental; y Déborah Müller, directora de Articulación Interjurisdiccional y Acceso a la Información.
En tanto, representaron a las provincias: Erika Gonnet, ministra de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe; Marta Elena Soneira, ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible de Chaco; María Inés Zigarán, ministra de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy; Víctor Kreimer, ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones; Eugenia Álvarez, secretaria de Ambiente de Tierra del Fuego; Juan Carlos Scotto, secretario de Ambiente de Córdoba; Tamara Basteiro, secretaria de Política Ambiental del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires; Alejandro Aldazabal, secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Salta; Valeria González Wetzel, subsecretaria de Ambiente de Entre Ríos; Hugo Eduardo Bay, subsecretario de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental de Formosa; Silvano Chabur, subsecretario de Administración de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Rio Negro; Jorge Scellato, subsecretario de Conservación y Desarrollo Sustentable de San Juan; y Carlos Salmoiraghi, subsecretario de Medio Ambiente de Santiago del Estero.
También estuvieron Esteban Bulacio, director de Bosques de Catamarca; Rodrigo Roveta director de Bosques de Chubut; Lucía Redondo Caamaño, directora provincial de Áreas Naturales Protegidas y Recursos Faunísticos de Neuquén; Javier María de Urquiza, presidente del Consejo Agrario de Santa Cruz; Agostina Brezzo, titular del Programa Cambio Climático e Innovación de San Luis; Florencia Sayago, directora de Medio Ambiente de Tucumán; y Serena Fortuna, coordinadora REDD+ de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
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Sequías: causas y efectos del fenómeno que afecta a más de la mitad del país

Fecha de Publicación: 08/03/2023
Fuente: El Auditor
Provincia/Región: Nacional


La falta de agua en varias provincias genera tanto perjuicios económicos como ambientales por la afectación de cultivos e incendios. Por qué se produce y qué se puede hacer para mitigar el impacto.
La falta de agua se registra en más de la mitad de los suelos del país: son 1,64 millones de kilómetros cuadrados afectados por la sequía según los últimos informes presentados por el Sistema de Información sobre Sequías para el sur de Sudamérica (SISSA). El 45,52% se encuentra en un estado de “no seco”, 22,19% exhibe una situación de “sequía moderada”, otro 14,39%  muestran una “sequía severa”, un 8,9%  un área “anormalmente seca”, un 7,43% con “sequía extrema”, y otro 1,57% con un estado de “sequía excepcional”.
Entre las razones que aducen los especialistas se destaca la permanencia del fenómeno de La Niña, que lleva más de tres años, y las escasas lluvias. También se suman factores como la pérdida de pulmones verdes, que son espacios para la preservación del agua. Bruno Giambelluca, vocero de la campaña de clima y energía de Greenpeace, señaló ante El Auditor.info que en el país las tierras secas ocupan gran parte del territorio nacional y se ven afectadas por la industria agropecuaria, la deforestación y el uso inadecuado de los recursos hídricos. “Lo principal es asumir que estamos frente a un contexto de crisis climática y de biodiversidad, y eso significa tomar medidas urgentes para frenar la expansión de los combustibles fósiles y migrar desde una forma de generación de energía fósil hacia una renovable. Los Gobiernos deben comprender que un mayor impacto del cambio climático ocasionaría mayores pérdidas económicas y de bienestar en general”, asegura.
Según el último Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo, el sector agrícola representa el 69% de todas las extracciones de agua subterránea, los usos domésticos representan el 22% y el 9% tiene fines industriales. “El nitrato, procedente de fertilizantes químicos y orgánicos, es el contaminante antropogénico más frecuente en las aguas subterráneas a nivel mundial”, señala el documento donde también refieren a que insecticidas, herbicidas y fungicidas, cuando se aplican o eliminan de manera incorrecta, pueden contaminar las aguas subterráneas con carcinógenos y otras sustancias tóxicas.
En cuanto a la deforestación, Giambelluca indica que está “directamente relacionado” a las sequías como otros fenómenos climáticos extremos. “Los bosques y sus suelos almacenan más carbono que cualquier otro ecosistema terrestre y juegan un papel vital en la mitigación de la creciente inestabilidad del clima. Si desaparecen los bosques, dejan de ser almacenes de carbono para pasar a ser fuentes, agravando el cambio climático. La deforestación representa aproximadamente el 23% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (más que todo el sector transporte del mundo)”, afirma el ambientalista.
Una mayor conciencia sobre la crisis hídrica y su uso adecuado ayudaría también a más compromiso y exigencias por parte de la ciudadanía. “La sociedad civil debe reclamar que los Gobiernos entiendan que tomar medidas urgentes frente al cambio climático es altamente necesario. Todas las acciones individuales sirven para poner cada uno su grano de arena”, indicó el referente de Greenpeace.

Informe de auditoría
La Auditoría General de la Nación concluyó que hubo un “escaso cumplimiento” del Programa de Acción Nacional (PAN) contra la desertificación. El proyecto es llevado a cabo por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y lo que se analizó fueron las medidas tomadas para cumplir con los objetivos de conservar los servicios ecosistémicos y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones afectadas, conforme a la Meta 15.3 de la Agenda 2030.
El país asumió compromisos internacionales en la lucha contra la desertificación, entre ellos, el de generar información sobre el estado de degradación de las tierras en diversas escalas y el monitoreo de la sequía pero, según el informe, no están siendo acompañados con las adecuaciones normativas, institucionales ni presupuestarias necesarias para su cumplimiento.
En el documento se resaltó el efecto que causa el aumento de la sequía y la degradación de la tierra, ya que trasciende las zonas directamente afectadas, y los beneficios de una lucha contra la desertificación que contribuiría a mitigar la pérdida de la biodiversidad, combatir el cambio climático global y mejorar la calidad de vida de la población favoreciendo la seguridad alimentaria.
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Fernández remarcó la agenda ambiental del Gobierno y pidió avanzar con Ley de Humedales

Fecha de Publicación: 04/03/2023
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional


El presidente Alberto Fernández valoró la implementación del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático que sistematiza las políticas para lograr las metas definidas al 2030, y reclamó avanzar en las leyes de Humedales, Envases y Bienestar Animal, al pronunciar su discurso ante la Asamblea Legislativa del Congreso reunida para la apertura del período 141° de sesiones ordinarias.
"Es necesario avanzar en las leyes ambientales estructurales que establezcan los nuevos paradigmas del desarrollo sostenible como la ley de Humedales, de Envases y de Bienestar Animal", resaltó el mandatario en su discurso ante la Asamblea Legislativa, sobre la temática ambiental del país.
Consideró fundamental la ley de Humedales "para cuidar estos valiosos ecosistemas que cumplen un rol fundamental para la conservación de la biodiversidad, el cuidado del agua y la captación de gases de efecto invernadero".
Respecto a la ley de Envases, refirió que debe ser "guiada por el principio de responsabilidad extendida del productor".
El mandatario refirió que la ley de Bienestar Animal, aportará "para reconvertir zoológicos y acuarios", debido a que afirmó que en "el siglo XXI los animales no pueden estar encerrados para entretener a los seres humanos".
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación avanza en el borrador de un proyecto de ley que surgió del debate público y federal llevado a cabo durante los encuentros Foro Federal de Bienestar Animal, realizado en el mes de abril del año pasado.
Con dicho proyecto, se procurará la modificación de la Ley 14.346, con el objetivo de aumentar las penas de delitos vinculadas al maltrato y crueldad animal.
También se tenderá a la prohibición nacional del uso de animales en espectáculos y a establecer el carácter obligatorio de la reconversión de zoológicos para garantizar el bienestar animal.
El Presidente remarcó que la crisis climática "se nos presenta cada día como un nuevo desafío, en toda su magnitud. Por eso, en el 2022 elaboramos el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático que sistematiza las políticas para lograr las metas definidas al 2030", afirmó.
Además, en cumplimiento del Acuerdo de París, recordó que la Argentina presentó la Estrategia de desarrollo resiliente con bajas emisiones a Largo Plazo, la cual busca "alcanzar la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero en el 2050".
En ese camino, el mandatario afirmó que "la conservación de nuestros ecosistemas es una prioridad".
En esa línea, repasó las obras creadas el año pasado que favorecen el camino de la conservación ambiental al crear "dos nuevos Parques Nacionales: Ansenuza, en Córdoba, e Islote Lobos, en Río Negro".
"También se amplió la superficie de los parques nacionales Predelta, en Entre Ríos, y Aconquija, en Tucumán, y creamos el Parque Federal Campo San Juan, en Misiones", afirmó Fernández, y aclaró que las nuevas áreas protegidas nacionales "cubren 700.000 hectáreas, aumentando un 15% la superficie terrestre administrada por Parques Nacionales".
También recordó que se fortaleció al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). "En 2022 se ejecutaron casi 14.000 millones de pesos, 70 veces más que lo ejecutado en 2019 y se fortaleció todo el sistema con cuatro centros de Operaciones Móviles, cuatro campamentos móviles, compra de camiones, camionetas, maquinaria y la implementación del Sistema de Alerta Temprana en el Delta del Paraná que se expande a otras provincias", apuntó.
En materia ambiental, por último, el Presidente afirmó que se duplicó la cantidad de brigadistas "y firmamos convenios para equipar a todas las provincias por 4.000 millones de pesos".
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Argentina: La protección de los derechos humanos de algunos grupos está rezagada frente a las actividades empresariales

Fecha de Publicación: 03/03/2023
Fuente: ONU
Provincia/Región: Nacional


“Es alarmante la invisibilidad que sufren las comunidades y pueblos indígenas, históricamente excluidos y discriminados y que sistemáticamente han tenido mayores índices de pobreza y menor acceso a la salud y la educación”, dijo un grupo de expertos en derechos humanos al terminar una visita al país en la que llamó a las autoridades a garantizar esos derechos a toda la población en el marco de las actividades de las empresas.
Argentina tiene la obligación de garantizar el respeto de derechos humanos en el marco de las actividades empresariales aún en medio de la crisis macroeconómica que atraviesa actualmente, cuando las inversiones y producción de las corporaciones se consideran una posible solución a los problemas económicos del país, señaló este miércoles un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos.
Al concluir una visita oficial a Argentina, el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos* reconoció avances prometedores en materia de políticas desde el Estado, en particular la incorporación de la perspectiva de género y la inclusión social; sin embargo, destacó que la protección de las garantías fundamentales de algunos grupos dentro del país está rezagada.
De acuerdo con los expertos del Grupo, las desigualdades se han visto acentuadas por la sobreexplotación de los recursos naturales, que ha tenido graves impactos sobre los derechos humanos.

Pueblos indígenas y reparaciones
“Es alarmante la invisibilidad que sufren las comunidades y pueblos indígenas, históricamente excluidos y discriminados y que sistemáticamente han tenido mayores índices de pobreza y menor acceso a la salud y la educación”, declaró Fernanda Hopenhaym, integrante del Grupo.
El equipo de especialistas pudo observar de primera mano las afectaciones de las actividades empresariales sobre los derechos a la salud; a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible; al agua y al saneamiento; a la participación; al acceso a la información; a la subsistencia y al desarrollo.
Los expertos argumentaron que las grandes barreras de acceso a la justicia y la debilidad de ciertas instituciones del Estado, hacen que las personas y comunidades afectadas se sientan desesperanzadas.
En este sentido, instaron a las autoridades y empresas argentinas a redoblar los esfuerzos para prevenir estos impactos y garantizar el acceso a la reparación.
“Cuando sea apropiado, las reparaciones deben hacerse considerando los impactos socioeconómicos y ecológicos acumulativos que estas comunidades han estado sufriendo”, precisaron.

Las personas y el medio ambiente son primero
La presidenta del Grupo de Trabajo, Pichamon Yeophantong, subrayó que Argentina no debe olvidar que “las personas, las comunidades y el ambiente deben ser lo primero” y afirmó que fortalecer la economía causando daños irreparables a la salud de las personas y a la biodiversidad no es un camino viable.
Los expertos recordaron que el país sudamericano cuenta con numerosas protecciones constitucionales de derechos humanos, ha ratificado un gran número de convenios internacionales relevantes y, en general, dispone de leyes y reglamentos adecuados, por lo que lamentaron la brecha que existe entre los marcos legales y regulatorios y su implementación y cumplimiento.
Agregaron que no corregir esa falencia significaría que Argentina no está cumpliendo con sus obligaciones en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos que ha ratificado.
“Argentina necesita abordar urgentemente estos problemas sistémicos”, enfatizaron.
La visita del Grupo de Trabajo incluyó reuniones con representantes del gobierno, la sociedad civil, sindicatos, pueblos indígenas, y empresas privadas y estatales con los que discutieron las oportunidades y retos a los que se enfrentan para la implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
Los expertos estuvieron en las provincias de Neuquén, Catamarca y Chaco, y conversaron con autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan y Tucumán. También recibieron informes escritos de otras provincias.
El informe final de la visita, que incluirá hallazgos y recomendaciones, se presentará en junio de 2023 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
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La justicia salteña avaló talas de bosques inconsultas

Fecha de Publicación: 14/02/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Dos años después de las quejas de ambientalistas sobre la resolución 333/20 de la Secretaría de Ambiente, se declaró inconstitucional solo el último párrafo de un artículo de la normativa que permitía desmontes de hasta 300 hectáreas.
Tras entender que el fallo de la Corte de Justicia de Salta avala la falta de audiencias públicas en las modificaciones de los bosques nativos, organizaciones civiles interpondrán un recurso extraordinario federal para lograr la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El 25 de septiembre de 2020 la Secretaría de Ambiente de la provincia emitió la resolución 333, que permitía, en su artículo primero, que aquellos desmontes de hasta 300 hectáreas sean autorizados sin someterse a audiencia pública. En el cuarto, en tanto, se establecía que el Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS), presentado por “planes de Manejo de Bosques Nativos modalidad Aprovechamiento Forestal y Silvopastoril “, o sea tala de árboles o cría de ganado bajo monte, era suficiente para aprobar una actividad sin necesidad de ir a audiencia pública.
Las quejas del sector ambientalista y las observaciones de la Secretaría de Política Ambiental de la Nación, obligaron a la modificación de estos artículos de la normativa.
En este contexto, el 18 de octubre de 2020 el secretario de Ambiente, José Aldazábal, firmó la resolución 411 en la que se modificaron solamente estos dos artículos de los diez que componen la resolución 333.
El primero dejó en claro que todo plan de cambio de uso de suelo (o desmonte), debía ser sometido a audiencia pública sin importar la extensión. En el artículo 4º, en tanto, se dejaba a criterio de Ambiente determinar qué proyectos de tala de árboles o de cría de ganado bajo monte debían ir a audiencia pública, tomando al EIAS como documento suficiente para aprobar el proyecto.

El amparo
En diciembre de 2020 un grupo de vecinos y asociaciones ambientalistas, entre ellas, las fundaciones Cebil, Mundo Verde y Planeta Jeva, y el Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades presentaron una acción popular de inconstitucionalidad ante la Corte de Justicia de Salta, contra la resolución 333/20 y su modificación por la resolución 411/20.
“Más de dos años más tarde, el 2 de febrero del corriente año, la Corte de Justicia de Salta se pronunció”, indicaron en un comunicado las entidades civiles representadas en el amparo por la abogada María Fernanda Guillén.
Se señala que una de las interpretaciones que hicieron los integrantes de la Corte salteña es que desmonte es una cosa, y otra la tala de árboles y cría de ganado bajo monte (a lo cual se llama formalmente Manejo Sostenible de Bosques Nativos). Además los jueces y juezas de Corte decidieron analizar solamente los dos artículos modificados por la resolución 411, y no el resto de los incisos de la resolución 333.
Los jueces del máximo tribunal salteño hicieron lugar parcialmente a la demanda al declarar la inconstitucionalidad del último párrafo del artículo 4º, en el cual se deja abierta la posibilidad que el EIAS sea suficiente para permitir los manejos de bosques. Argumentaron que lo establecido no hace “la salvedad del tipo de proyecto involucrado”, y no aclara que “en aquellos planes que puedan generar impactos ambientales significativos no puede prescindirse de la audiencia pública”.

Los procesos inconsultos serán la regla
Los y las ambientalistas advirtieron que la vigencia de estas normas vulnera los mandatos constitucionales y la legislación nacional y provincial ambiental, pues entendieron que con este aval la “regla general es la eliminación de las audiencias públicas y, por excepción, su realización cuando exista un impacto ambiental significativo”.
Con este criterio sostuvieron que se logrará solamente el “avance silencioso y sin control popular sobre los bosques nativos, cuando en materia ambiental rigen principios preventivos, precautorios y restrictivos cuya lógica rige lo contrario a lo establecido en la Resolución 333/20”.
Indicaron que en la práctica, desde el gobierno provincial se mantiene una “complacencia ilegal” a “emprendimientos ecocidas”, que se dieron a conocer en “San Martín, Orán, Anta, San Lorenzo (Los Maitines) y Vaqueros, entre otros municipios”.
Añadieron que existe un “proceder oscuro y secretista del gobierno en el ordenamiento territorial” de bosques nativos (OTBN), “que excluye a los grupos legitimados, organizaciones y personas que bregan por información que no les es proporcionada o les es proporcionada en forma sesgada y parcial”.
A su entender, las consecuencias a la vista son los bruscos cambios climáticos, incendios forestales y sequía en el territorio de Salta, que “posee el infortunado récord de ser la provincia que más ha destruido sus bosques nativos y recursos naturales”.
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El Gobierno nacional estableció que los edificios públicos sean sostenibles

Fecha de Publicación: 03/02/2023
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


La cartera de Ambiente será la autoridad de aplicación del decreto, que prevé la creación de un programa con su respectiva guía de implementación progresiva.
El Gobierno nacional, a través del Decreto 31/2023, publicado hoy en el Boletín Oficial, declaró que los edificios del Sector Público Nacional (SPN) sean sostenibles, mediante el manejo y la gestión de los recursos utilizados en los organismos.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que conduce Juan Cabandié, será la autoridad de aplicación de la norma, cuyo objetivo consiste en la obligatoriedad de implementación de buenas prácticas sostenibles de consumo y de habitabilidad, en consonancia con los principios de progresividad y de no regresión. Las mismas alcanzan la gestión eficiente de la energía eléctrica; el agua; el gas natural; los residuos; las compras públicas; la accesibilidad; la movilidad sostenible y las superficies y espacios verdes.
La ejecución de la iniciativa será progresiva y se ofrecerá una guía para su implementación. Se espera que en un periodo de dos años los edificios cumplan con las primeras acciones básicas de sostenibilidad, como la instalación de bicicleteros, la separación de residuos en origen y la compra de electrodomésticos eficientes, entre otras medidas. En tanto, en el plazo de 6 años, se llevarán a cabo prácticas más integrales como la instalación de paneles y de cubiertas vegetales y la adquisición de vehículos híbridos.
De acuerdo al grado de compromiso que se desarrolle en cada edificio se otorgarán dos distintivos, el de “organismo público comprometido con la sostenibilidad”, para aquellos que hayan aplicado las prácticas básicas; y el de “organismo público sostenible”, para aquellos quienes hayan aplicado las prácticas más complejas.
En cuanto al programa de implementación, el Ministerio de Ambiente asistirá a los organismos públicos nacionales a través de puntos focales, con el objetivo de brindar asesoramiento técnico y financiamiento.
Cabe destacar que la cartera de Ambiente en conjunto con la Sindicatura General de la Nación han incorporado una innovación trascendental en el sector público mediante el diseño e implementación del Índice de Seguimiento y Sostenibilidad (ISSos), que representa la primera herramienta de diagnóstico, evaluación y seguimiento que permite analizar y mediar la adopción de medidas sostenibles en el ámbito público.
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Los desafíos ambientales de Argentina en 2023: frenar la deforestación y poner en marcha la lucha contra el cambio climático durante un año electoral

Fecha de Publicación: 16/01/2023
Fuente: Mongabay
Provincia/Región: Nacional


En 2023 Argentina vivirá las diferentes etapas de unos comicios donde se elegirán presidente de la Nación, gobernadores de varias provincias, intendentes [alcaldes] de miles de municipios y se renovará parcialmente el Congreso. Entre agosto y noviembre habrá primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, primera vuelta y, de ser necesario, un ballotage o segunda vuelta, para decidir quién ocupará la Casa Rosada.
Este dato pone en contexto todo lo que puede suceder —o no suceder— en torno a los asuntos socioambientales del año que comienza. Las campañas electorales son particularmente largas en Argentina y tienden a concentrar todo el interés y los esfuerzos de la clase política, eclipsando cualquier otra iniciativa a largo y mediano plazo.
De esa manera, temas que deberían considerarse prioritarios corren riesgo de quedar aparcados al borde del camino. En esa lista se encuentran la puesta en marcha de las medidas contempladas en el Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático presentado por Argentina en la COP27 de Egipto; la aprobación y ejecución de leyes que detengan el imparable deterioro de humedales y bosques, la creación de criterios para efectuar estudios de impacto ambiental de participación ciudadana en la ejecución de proyectos industriales; y la decisión sobre el manejo que tendrá la llamada Hidrovía Paraná-Paraguay, arteria vital por la que circulan los principales productos de exportación del país.
Estas elecciones, además, llegan envueltas en un clima político y una situación económico-financiera complicada. Por un lado, la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, máxima referente del oficialismo, fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos y anunció su renuncia a presentarse como candidata en las listas de su partido, lo cual altera aún más las discusiones internas, tanto en su sector político como en la principal oposición.
Por otro lado, el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional para el pago de una deuda de 44 000 millones de dólares obliga a recortes y ajustes presupuestarios que pueden aumentar unos índices de pobreza y marginalidad que ya afectan al 40 % de la población del país.
Este es el contexto que enmarca a algunos de los desafíos ambientales que tendrá Argentina en 2023 y que aquí presentamos.

1. Adaptarse y mitigar para sobrevivir
Los efectos del cambio climático ya se hacen sentir de manera notoria en Argentina. Tres años de sequía, bajantes pronunciadas de los ríos, olas de calor cada vez más intensas y frecuentes en el norte del país, tormentas de tierra de tonos apocalípticos, continuos incendios forestales e inundaciones periódicas componen un panorama que impulsa a tomar decisiones inmediatas.
“Hemos cuantificado lo que nos costaría ahora mismo alcanzar todos los objetivos expuestos en el Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático que presentamos en la COP27. Serían 185 000 millones de dólares”, dice Cecilia Nicolini, secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación del gobierno nacional. En su conversación con Mongabay Latam también indica que “la inacción tendría un costo adicional. Viendo la virulencia de los impactos del cambio climático en nuestro territorio, todo lo que no se invierta ahora se irá agravando y la cifra se irá encareciendo”.
El Plan es, sin duda, ambicioso y contempla más de 250 medidas. Entre las seis líneas estratégicas de trabajo que componen su núcleo central se incluyen la conservación de la biodiversidad; la gestión alimentaria, de los bosques, los residuos y las infraestructuras urbanas; y las transiciones en materia energética, productiva y de movilidad. A su vez, estas estrategias se complementan con enfoques que atraviesan temas de género, diversidad, salud, empleo y líneas instrumentales referidas a la financiación, investigación y desarrollo, innovación y fortalecimiento de las instituciones.
Si bien no se establecen resultados parciales que permitan conocer los avances en cada etapa del proceso, sus metas finales son cumplir con los compromisos adquiridos por el país: reducir a 349 Mt de dióxido de carbono las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 2030 y alcanzar la carbono neutralidad en 2050. Cómo llegar a esos puntos y qué avances podrán apreciarse a finales de 2023 son los grandes interrogantes.
“Argentina tiene una enorme biocapacidad”, afirma Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina, quien puntualiza: “Podemos colaborar con la transición energética global aportando gas natural (y planificando el cierre de su utilización en 2050); alimentar a una población creciente con modelos de producción agrícola y ganadera libre de deforestación; modificar la matriz energética del país hacia las energías renovables. Incluso, regenerar los suelos y la capacidad productiva de bosques, pastizales, humedales y de nuestro mar para aumentar nuestra resiliencia. Lo que debemos hacer es pasar de una vez por todas de los compromisos a la acción”.
Por supuesto, el Plan no está exento de críticas. “En un contexto global que requiere una transición en dirección contraria a los combustibles fósiles, resulta complejo entender cómo insertar la expansión de la frontera hidrocarburífera [que plantea el gobierno] en la transformación integral del sector energético”, señala Catalina Gonda, co-coordinadora del área de Política Climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Desde su posición, la secretaria Nicolini explica los motivos: “Soy la primera que firmaría producir energía solo con renovables, pero no podemos abrir 30 o 40 parques eólicos o importar miles de placas solares de la noche a la mañana. La transición energética necesita financiarse y el gas es un combustible fósil que a largo plazo no soluciona el problema pero, debido al papel que está teniendo en el mundo a corto y mediano plazo, es una herramienta funcional a esa transición”.
La funcionaria del ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible va más lejos: “Hoy Argentina importa gas y el que tenemos en el yacimiento de Vaca Muerta nos permitirá dejar de comprar y tener un saldo exportable. Queremos usar esos dólares para financiar las renovables y desarrollar el hidrógeno verde”.
La realidad indica que Argentina ha hecho muy poco para implementar planes de mitigación desde la firma del Acuerdo de París hasta la fecha. La matriz energética sigue dependiendo en más de un 80 % de los combustibles fósiles y el uso de la energía mantiene altos niveles de ineficiencia. Las dificultades políticas en un año electoral solo suman un obstáculo más.
“2023 tendría que ser el año en el que el sector político tome el cambio climático y la conservación de la biodiversidad como banderas centrales para atraer a los votantes que estén realmente preocupados y comprometidos con la naturaleza”, comenta Jaramillo, mientras que Nicolini aspira a activar todas las líneas estratégicas del Plan: “Me gustaría conseguir unos porcentajes de generación eléctrica a través de energías renovables cada vez más altos y reducir la emisión de GEI por causa de la deforestación, que es uno de los principales déficits que tenemos. Y que en diciembre [de 2023] podamos ver claramente que una política climática robusta tiene un impacto ambiental, económico, social y en términos de empleo. Sería la manera de comprobar que el desarrollo de un país es completamente compatible con la sostenibilidad”.

2. Aprobar varias leyes que son imprescindibles
El 2022 fue el décimo año que transcurrió sin que se llegara a sancionar la Ley de Humedales, tal vez la más emblemática de las normas ambientales que una y otra vez ve frustrada su sanción en el Congreso. En este caso, y luego de muchas discusiones y postergaciones, dos proyectos fueron aprobados por las comisiones de la Cámara de Diputados encargadas de estudiar el tema, pero las divergencias entre oficialismo y oposición impidieron que fueran tratados en el recinto y todo quedó postergado para el periodo de sesiones que comenzará el próximo 1 de marzo. Las perspectivas, en todo caso, no resultan halagüeñas.
“Lo ideal hubiera sido tener la aprobación en Diputados y que en 2023 la discusión ya estuviera en el Senado. El año electoral acortará los tiempos y pondrá la mayor atención en la campaña”, se lamenta Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de FARN. Casi sin excepción, la ley encuentra teóricos apoyos a uno y otro lado del arco político, pero al mismo tiempo genera resistencias insalvables. Los intereses mineros, agropecuarios, forestales e inmobiliarios influyen y logran poner obstáculos que atraviesan las cuestiones ideológicas. “Me pregunto por qué les resulta tan inconveniente aprobar la ley cuando muchos puntos de los que se plantean deberían estar cumpliéndose a partir de las normas que tienen las provincias”, se cuestiona Enrique Derlindati, doctor en biología, docente e investigador en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Salta.
El sistema federal que rige en la Argentina, que brinda a los 24 distritos provinciales amplias competencias en el uso y regulación de sus bienes y recursos naturales, se encuentra detrás de estas dificultades. Las disposiciones que surgen del Parlamento nacional o del Poder Ejecutivo brindan un marco jurídico general pero son implementadas, ejecutadas y controladas en cada distrito, y allí los objetivos y niveles de cumplimiento tienden a diluirse en función de necesidades, acuerdos o grises entramados locales.
“Cuando la potestad queda solo en manos de las provincias un gobernador puede decidir sustraer varios miles de hectáreas de un área protegida para transformarla en otra cosa”, aclara Derlindati. “El gobierno nacional hace sobreabuso de los artículos de la Constitución que otorgan a las provincias la explotación de los recursos que se encuentran dentro de sus límites”, explica Manuel Jaramillo, refiriéndose a la muy escasa o nula intervención del Poder Ejecutivo respecto a las decisiones que toman las autoridades de los diferentes distritos, incluso cuando estas incumplen parcial o totalmente las leyes del Congreso Nacional.
Los sectores ambientalistas y el propio gobierno nacional impulsan que una Ley de Evaluación de Impacto Ambiental también vea la luz en 2023. “Necesitamos una norma de este tipo para que todos los procesos de ejecución de un proyecto industrial sean transparentes y rigurosos”, manifiesta Nicolini. Y es que lo ocurrido en la represa Presidente Néstor Kirchner, una de las dos que se están construyendo sobre el río Santa Cruz en el extremo sur del país, así lo demuestra.
Los trabajos, que comenzaron en 2017, sufrieron varias interrupciones por procesos judiciales y falta de financiamiento, y continuaron avanzando con tareas menores pese a las denuncias de inconsistencia del informe de impacto ambiental presentado por la sociedad chino-argentina encargada de las obras. Un informe posterior del Instituto Nacional de Previsión Sísmica manifestó sus inseguridades respecto al lugar de emplazamiento de la represa, cercano a una falla geológica que atraviesa el río, y la aparición de una grieta de 20 metros en un muro de hormigón obligará a cambiar la ubicación. Teniendo en cuenta esta modificación, la coalición de ONG Río Santa Cruz Libre, demandante en la principal causa legal contra el proyecto, solicitó un pedido de reajuste del estudio de impacto ambiental. Hasta la fecha no obtuvo respuesta.
El caso anterior es solo una muestra de la urgencia de sancionar —y después implementar y hacer cumplir— las leyes ambientales que permitan controlar con mayor eficiencia los recursos naturales del país.

3. Mayor participación ciudadana en la toma de decisiones
En enero de 2021 se realizó en la ciudad de Buenos Aires la audiencia pública destinada a debatir el proyecto de edificación de dos nuevos barrios de torres residenciales junto al Río de la Plata. Este tipo de convocatorias, en la que puede participar libremente cualquier ciudadano, están contempladas en la Ley General del Ambiente aprobada en 2002. En teoría deben ser realizadas antes de que se autorice cualquier actividad que pueda dañar el medio ambiente. Sin embargo, no siempre ocurre así, y además, no son vinculantes. En esa ocasión participaron 2057 personas, de las cuales el 97 % se manifestó en contra. A pesar de esto, en diciembre de ese año, la Legislatura porteña aprobó los nuevos barrios.
Casi simultáneamente, en julio, tuvo lugar una primera audiencia pública para debatir el proyecto de prospección de pozos de gas y petróleo en un área del mar argentino situada a unos 300 kilómetros de distancia de Mar del Plata, el principal centro de vacaciones del país. Hubo 373 intervenciones de las cuales 345 se mostraron contrarias al proyecto y solo 12 a favor. Seis meses más tarde, el gobierno nacional, de signo político contrario al que dirige los destinos en la capital del país, autorizaba las prospecciones. La coincidencia en desoír la voz popular es toda una muestra de que la grieta ideológica que divide el país se difumina cuando se trata de tomar decisiones que afectan el medio ambiente.
Casos semejantes se reproducen a lo largo y ancho del país, fundamentalmente en relación a proyectos mineros, del agronegocio o inmobiliarios. Y se agravan en ámbitos rurales, donde los afectados son menos o pertenecen a comunidades indígenas. “Los gobiernos ni siquiera nos llaman cuando deben decidir la entrada de alguna empresa a nuestros territorios, llevan a cabo lo que quieren hacer sin ninguna consulta previa”, confirma Evis Millán, integrante de la comunidad mapuche-tehuelche Pillan Mahuiza y activista del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas del Buen Vivir.
Las convocatorias para las audiencias suelen ser irregulares, ya sea porque se anuncian tarde, se realizan en lugares de difícil acceso para los pobladores, los interesados acuden sin haber recibido antes la información necesaria para conocer el asunto que se debate, o porque las audiencias no se traducen a las lenguas de los pueblos originarios en los casos donde están implicados.
El fondo de la cuestión se resume en dos palabras: “licencia social”, es decir, el aval de la mayoría de la sociedad para que una obra se lleve a cabo. “La destrucción del bosque chaqueño, por ejemplo, no la tiene. Los habitantes del monte, ya sean de pueblos originarios o campesinos criollos no son los que deforestan”, afirma Micaela Camino, bióloga, integrante de la plataforma Somos Monte y ganadora del Premio Whitley 2022.
Incrementar y mejorar la calidad de la participación ciudadana para fortalecer esa licencia social en cuestiones ambientales es otro de los desafíos del año. También en este punto existe una propuesta de ley para que en todo el país se unifique la forma de actuar en cuestiones concretas relacionadas con la utilización de recursos naturales. Fue presentada por el diputado oficialista Hernán Pérez Araujo en 2021 y el punto más conflictivo para los intereses del poder económico y político es la posibilidad de que los resultados que se produzcan pasen a ser vinculantes. “No se le da a la participación ciudadana el lugar central que debería tener a la hora de desarrollar cualquier proyecto extractivista”, explicó el legislador al presentar su propuesta. Hasta el momento, la idea fue archivada y nunca avanzó un solo centímetro.

4. Frenar la deforestación y apagar los incendios
“En la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) no hemos planteado desmonte cero, pero sí un ordenamiento que de manera progresiva va en favor del ambiente”, dice Marta Soneira, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la provincia del Chaco. Lo que ocurre con los bosques en ese distrito es posiblemente el mejor ejemplo de las tensiones que convierten a la deforestación en uno de los grandes dramas ambientales del país.
Solo en la región del Chaco argentino, que comprende cuatro provincias (Salta, Formosa, Santiago del Estero y Chaco), se perdieron 80 938 hectáreas en 2019, 114 716 en 2020 y 110 180 en 2021. El 54 % de ellas de forma ilegal según los datos oficiales. En 2022 Soneira acepta la pérdida de otras 26 000 hectáreas en su distrito —la organización Greenpeace amplía ese número hasta las 47 000—, incluso pese a que una medida judicial prohíbe, desde octubre de 2020, los cambios de uso de suelo que impliquen reducir la masa boscosa.
Pendiente desde 2013, la actualización del OTBN chaqueño es centro de una discusión que lleva más de dos años y  ha ido en aumento de manera progresiva. Científicos, ONG y diferentes expresiones de la sociedad civil manifiestan su inconformidad con las propuestas oficiales, a las que califican de “regresivas”, ya que “blanquea los desmontes ilegales producidos sin sancionar económicamente a los propietarios ni obligarlos a restaurar esas áreas”, sostiene Matías Mastrángelo, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
Desde el mundo empresarial, por el contrario, entienden que la última proposición de diciembre de 2022, mencionada por Soneira, es una marcha atrás que afectaría la producción y la economía: “Frena el desarrollo productivo y tendría consecuencias negativas para la provincia”, afirma un comunicado de la Federación Chaqueña de Asociaciones Rurales.
En el resto del país son los incendios forestales los que concentran la atención pues, en los últimos años, han sido los promotores de pérdidas de zonas de bosques, pastizales y humedales, además de plantaciones de la industria forestal. “El 2022 ha sido un año muy crítico en esa materia”, admite Sergio Federovisky, viceministro de Ambiente de la Nación.
Según los datos oficiales, incompletos aún para el 2022, las llamas consumieron 490 000 hectáreas en 2019; 1 167 985 en 2020; 326 000 en 2021; y hasta agosto de 2022 habían ardido otras 375 000, aunque otras mediciones de ONG ambientalistas, pero también de una entidad estatal como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, hablan de 800 000 solo en los incendios ocurridos en febrero en la provincia de Corrientes.
La lucha contra la deforestación y los incendios, en la que conviven las quemas voluntarias para provocar el rebrote de pastos tiernos para el ganado (por ejemplo, en las islas el Delta del río Paraná, una de las zonas más afectadas), la negligencia y los efectos de tres años continuos de sequía se encuentra, nuevamente, entre los grandes retos de Argentina para 2023.

5. Un rumbo claro para la Hidrovía
El río Paraná y su afluente del norte, el Paraguay, constituyen la ruta central de salida de los buques que transportan los granos y las carnes que conforman el 60 % de las exportaciones argentinas. Sin embargo, la gestión presente y futura de la denominada Hidrovía se encuentra en estado provisional desde el 2020. Ese año caducó el contrato con la empresa que se ocupaba de las tareas de mantenimiento —dragado, balizamiento y señalización—, y del cobro de peajes a los más de 4500 buques que recorren el río.
Después de algunas idas y vueltas, el gobierno creó el Ente Nacional de Control y Gestión de la Hidrovía y le entregó a la Administración Nacional de Puertos la gestión de las tareas más técnicas. Lo que se espera para 2023 es que el Estado presente los pliegos de una segunda y definitiva licitación internacional (la primera quedó sin efecto) para resolver la situación. De las condiciones que se planteen dependerá en buena medida el futuro ambiental de un sitio especialmente sensible. En el contexto del cambio climático, el Paraná sufrió en 2021 la segunda bajante más severa de la historia y en las orillas e islas de los tramos medio e inferior del cauce se mantiene un alto nivel de estrés hídrico que alimenta los constantes y voraces incendios que se presentan en la zona.
“Habría que adecuar las vías navegables para optimizar la carga potencial transportada de los buques modernos de mayores dimensiones y calado”, proponía en su momento Daniel Nasini, expresidente de la Bolsa de Comercio de Rosario. “Necesitamos más profundidad y zonas de cruce”, afirman los actuales directivos del ente que reúne a las grandes industrias cerealeras nacionales y multinacionales que operan en las más de 80 terminales portuarias distribuidas a lo largo del río. El propósito: permitir la entrada de buques cuya capacidad de carga sea de hasta 70 mil toneladas en lugar de las actuales 48 mil. Sin embargo, este objetivo encuentra resistencias entre los defensores socioambientales.
“Cada sector busca su beneficio. Los armadores quieren reactivar la marina mercante y los astilleros; los patrones y capitanes de barcos pretenden una traza de doble vía para mejorar la seguridad… Nadie hace un balance ni incluye a los grupos sociales más desprotegidos; tampoco se preocupan por las cuestiones ambientales, que es donde recaen los mayores impactos”, opina Nadia Boscarol, coordinadora de Política del programa Corredor Azul en la Fundación Humedales.
La contaminación que dejan los residuos que arrojan los barcos, el polvillo que desprenden los cereales durante el proceso de carga en los puertos, los desagües cloacales sin tratamiento previo de ciudades y pueblos al río y los efectos que el dragado permanente produce sobre los micoorganismos que habitan en el fondo de las aguas son solo algunos de los inconvenientes que se han ido creando en las orillas y en el lecho del río durante lo últimos 25 años, cuando comenzó su transformación en Hidrovía. Seis provincias tienen acceso directo al complejo Paraná-Paraguay y su participación en las discusiones le añaden complejidad a lo que vaya a determinarse.
Como en el resto de los temas, la política tendrá la última palabra. “Todo es un rompecabezas muy complejo que necesita de muchísimo trabajo, consenso y también de dejar el cinismo de lado”, resume Cecilia Nicolini. En un año electoral la tarea se antoja doblemente difícil.
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