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Córdoba: desmontes sin control real oficial
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En 2017 hubo menos desmonte, aunque no hay cifras oficiales
Fecha de Publicación: 28/01/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La noticia es agridulce. Lo positivo es que bajó el desmonte en Córdoba. Lo malo es que se sigue deforestando a pesar de que hay una ley que lo restringe.
También es negativo que la Policía Ambiental del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos no publique más el monitoreo que realiza de estas intervenciones.
De enero a septiembre de 2016 se perdieron 1.470 hectáreas de bosques nativos en la provincia. En igual períodos de 2017, desaparecieron 527 hectáreas, es decir, casi dos tercios menos.
Reiteramos, no son datos oficiales, sino de la ONG Guyra, que realiza un monitoreo sobre la deforestación en el Bosque Chaqueño Sudamericano a partir de imágenes satelitales.
El monitoreo provincial incluye inspecciones por tierra y por aire, además de los datos satelitales. En el sitio web sólo hay información hasta junio de 2016. Este diario pidió una actualización de los datos, pero no hubo respuestas. Se realiza desde septiembre de 2014.
Según Guyra, la tasa diaria de desmonte fue de 5,4 hectáreas o 7,3 canchas de fútbol como la del estadio Kempes. En 2017, la cifra fue de dos hectáreas o 2,5 canchas por día.
Por departamento, el más afectado fue Cruz del Eje, con 160 hectáreas. Le siguieron Ischilín (119), Tulumba (73), Sobremonte (71), Pocho (51), Río Primero (50) y San Javier (5).
En su momento, las autoridades provinciales criticaron el monitoreo de la ONG Guyra por ser impreciso. Desde el organismo, radicado en Paraguay, reconocieron que su método puede tener fallas, pero recordaron que el bosque chaqueño de Córdoba es menos del uno por ciento de toda la superficie que monitorean, con lo cual en su sistema serían errores a microescala.
Federico Kopta, del Foro Ambiental Córdoba, recordó que los datos de Guyra son una fuente de información independiente muy importante.
“Nos permitió conocer un pico de desmontes sucedido en junio de 2012, con 3.302 hectáreas deforestadas. Y ayudó a mantener el tema en los medios, cuando la inacción oficial y la falta de respuesta a las solicitudes de información fueron la regla”, comentó.
Según Kopta, desde 2014 el monitoreo de la Policía Ambiental impulsó a que la superficie desmontada disminuyera paulatinamente. Pero luego recordó que en noviembre de 2015, la Policía Ambiental comenzó a reducir el detalle de los datos informados, ya que sólo dio a conocer la superficie intervenida en forma ilegal, pero no la autorizada.
“Que ahora deje de publicar esos datos significa un enorme retroceso en el acceso a la información pública ambiental”, aseguró.
Causas
Las principales causas del desmonte son la eliminación de sotobosque para realizar ganadería en el norte provincial, para la cual sólo dejan en pie algunos árboles para dar sombra. Salvo algunas excepciones, la ley provincial de bosques nativos (9.814) prohíbe estas intervenciones.
Otras veces, las imágenes satelitales detectan desmontes de mantenimiento de picadas y franjas cortafuegos, las cuales están permitidas con autorización previa. Aunque a menor escala, también se dan desmontes por loteos, los cuales están prohibidos por ley.
Lo informado
Los únicos controles de desmonte de la Policía Ambiental que se conocieron son los publicados por el área de prensa del Gobierno.
Durante 2017 fueron siete. En casi todos ellos, la denuncia fue realizada por vecinos. Y fueron intervenciones de pocas hectáreas para realizar algún tipo de loteo urbano o periurbano.
El primero fue el 4 de enero en Las Bajadas (Calamuchita), tras una denuncia de vecinos. El desmonte fue de una hectárea para una exploración para la extracción de cuarzo.
El último procedimiento de 2017 informado por Policía Ambiental fue el 12 de septiembre en Las Saladas, departamento Río Primero. En un patrullaje de rutina realizado desde un avión, se divisó una máquina realizando un desmonte. Se confirmó que la intervención era ilegal.
Fecha de Publicación: 28/01/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La noticia es agridulce. Lo positivo es que bajó el desmonte en Córdoba. Lo malo es que se sigue deforestando a pesar de que hay una ley que lo restringe.
También es negativo que la Policía Ambiental del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos no publique más el monitoreo que realiza de estas intervenciones.
De enero a septiembre de 2016 se perdieron 1.470 hectáreas de bosques nativos en la provincia. En igual períodos de 2017, desaparecieron 527 hectáreas, es decir, casi dos tercios menos.
Reiteramos, no son datos oficiales, sino de la ONG Guyra, que realiza un monitoreo sobre la deforestación en el Bosque Chaqueño Sudamericano a partir de imágenes satelitales.
El monitoreo provincial incluye inspecciones por tierra y por aire, además de los datos satelitales. En el sitio web sólo hay información hasta junio de 2016. Este diario pidió una actualización de los datos, pero no hubo respuestas. Se realiza desde septiembre de 2014.
Según Guyra, la tasa diaria de desmonte fue de 5,4 hectáreas o 7,3 canchas de fútbol como la del estadio Kempes. En 2017, la cifra fue de dos hectáreas o 2,5 canchas por día.
Por departamento, el más afectado fue Cruz del Eje, con 160 hectáreas. Le siguieron Ischilín (119), Tulumba (73), Sobremonte (71), Pocho (51), Río Primero (50) y San Javier (5).
En su momento, las autoridades provinciales criticaron el monitoreo de la ONG Guyra por ser impreciso. Desde el organismo, radicado en Paraguay, reconocieron que su método puede tener fallas, pero recordaron que el bosque chaqueño de Córdoba es menos del uno por ciento de toda la superficie que monitorean, con lo cual en su sistema serían errores a microescala.
Federico Kopta, del Foro Ambiental Córdoba, recordó que los datos de Guyra son una fuente de información independiente muy importante.
“Nos permitió conocer un pico de desmontes sucedido en junio de 2012, con 3.302 hectáreas deforestadas. Y ayudó a mantener el tema en los medios, cuando la inacción oficial y la falta de respuesta a las solicitudes de información fueron la regla”, comentó.
Según Kopta, desde 2014 el monitoreo de la Policía Ambiental impulsó a que la superficie desmontada disminuyera paulatinamente. Pero luego recordó que en noviembre de 2015, la Policía Ambiental comenzó a reducir el detalle de los datos informados, ya que sólo dio a conocer la superficie intervenida en forma ilegal, pero no la autorizada.
“Que ahora deje de publicar esos datos significa un enorme retroceso en el acceso a la información pública ambiental”, aseguró.
Causas
Las principales causas del desmonte son la eliminación de sotobosque para realizar ganadería en el norte provincial, para la cual sólo dejan en pie algunos árboles para dar sombra. Salvo algunas excepciones, la ley provincial de bosques nativos (9.814) prohíbe estas intervenciones.
Otras veces, las imágenes satelitales detectan desmontes de mantenimiento de picadas y franjas cortafuegos, las cuales están permitidas con autorización previa. Aunque a menor escala, también se dan desmontes por loteos, los cuales están prohibidos por ley.
Lo informado
Los únicos controles de desmonte de la Policía Ambiental que se conocieron son los publicados por el área de prensa del Gobierno.
Durante 2017 fueron siete. En casi todos ellos, la denuncia fue realizada por vecinos. Y fueron intervenciones de pocas hectáreas para realizar algún tipo de loteo urbano o periurbano.
El primero fue el 4 de enero en Las Bajadas (Calamuchita), tras una denuncia de vecinos. El desmonte fue de una hectárea para una exploración para la extracción de cuarzo.
El último procedimiento de 2017 informado por Policía Ambiental fue el 12 de septiembre en Las Saladas, departamento Río Primero. En un patrullaje de rutina realizado desde un avión, se divisó una máquina realizando un desmonte. Se confirmó que la intervención era ilegal.
Una ley sin derecho ni revés ni controles
La Provincia parece tolerar desmontes totales a pesar de que la ley lo prohíbe. El último caso es la luz verde que recibió un loteo en San Javier-Yacanto.
El último inciso del artículo 20° de la Ley 9814 de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativos dice: “Realizar un monitoreo satelital de las distintas ecorregiones, garantizar el acceso público a la información y mantener actualizado el inventario de bosques nativos de la Provincia de Córdoba”.
Hoy por hoy no se cumple. La Policía Ambiental dejó de publicar los datos de sus monitoreos desde junio de 2016, lo que siembra la duda sobre si se siguen haciendo. En su momento, estos controles fueron un ejemplo para imitar por otras provincias.
La fecha tampoco parece casual porque fue durante esos meses cuando el Ejecutivo, en coincidencia con las asociaciones rurales, comenzó a lanzar la idea de que había que cambiar la ley.
Sin embargo, esto es apenas una muestra de lo que parece ser ya una norma muerta. El mapa anexo a la ley que define las categorías de conservación del monte autóctono está desactualizado, además de que cuando se aprobó se parecía más a una selfie geográfica de Córdoba que a un mapa georreferenciado y a escala.
Por otro lado, la Provincia parece tolerar desmontes totales a pesar de que la ley lo prohíbe. El último caso es la luz verde que recibió un loteo en San Javier-Yacanto.
Ambiente decidió darle curso al expediente y llamar a una audiencia pública, no sin algunas desprolijidades.
Este es sólo un caso más del uso controvertido que se hace de la norma que debe proteger nuestros bosques. Su real efecto está en duda, aunque quizá no toda la culpa es del texto de la ley, sino de quienes deben cumplirla y hacerla cumplir.
Desde que se sancionó en 2010, se perdieron unas 30 mil hectáreas de bosque nativo. Y la ley no permite el desmonte total, salvo excepciones como la obra pública.
Esto significa menos paisaje para el turismo, menos agua en tiempos de sequía, inundaciones más catastróficas, aire menos puro y menos hábitat para las especies autóctonas.
A fines de 2016, el Ejecutivo y los legisladores quisieron cambiarla y actualizar el mapa, pero a espaldas de las normas nacionales que prevén mecanismos de participación amplia y criterios ambientales precisos. La respuesta estuvo en la calle con movilizaciones masivas.
Mientras tanto, continúa esta sangría verde.
Quizá el desmonte de los últimos años es bajo, pero ocurre que ya queda poco bosque nativo. Tan poco que hasta el más pequeño arbolito cuenta para sostener nuestro bienestar.
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La Provincia parece tolerar desmontes totales a pesar de que la ley lo prohíbe. El último caso es la luz verde que recibió un loteo en San Javier-Yacanto.
El último inciso del artículo 20° de la Ley 9814 de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativos dice: “Realizar un monitoreo satelital de las distintas ecorregiones, garantizar el acceso público a la información y mantener actualizado el inventario de bosques nativos de la Provincia de Córdoba”.
Hoy por hoy no se cumple. La Policía Ambiental dejó de publicar los datos de sus monitoreos desde junio de 2016, lo que siembra la duda sobre si se siguen haciendo. En su momento, estos controles fueron un ejemplo para imitar por otras provincias.
La fecha tampoco parece casual porque fue durante esos meses cuando el Ejecutivo, en coincidencia con las asociaciones rurales, comenzó a lanzar la idea de que había que cambiar la ley.
Sin embargo, esto es apenas una muestra de lo que parece ser ya una norma muerta. El mapa anexo a la ley que define las categorías de conservación del monte autóctono está desactualizado, además de que cuando se aprobó se parecía más a una selfie geográfica de Córdoba que a un mapa georreferenciado y a escala.
Por otro lado, la Provincia parece tolerar desmontes totales a pesar de que la ley lo prohíbe. El último caso es la luz verde que recibió un loteo en San Javier-Yacanto.
Ambiente decidió darle curso al expediente y llamar a una audiencia pública, no sin algunas desprolijidades.
Este es sólo un caso más del uso controvertido que se hace de la norma que debe proteger nuestros bosques. Su real efecto está en duda, aunque quizá no toda la culpa es del texto de la ley, sino de quienes deben cumplirla y hacerla cumplir.
Desde que se sancionó en 2010, se perdieron unas 30 mil hectáreas de bosque nativo. Y la ley no permite el desmonte total, salvo excepciones como la obra pública.
Esto significa menos paisaje para el turismo, menos agua en tiempos de sequía, inundaciones más catastróficas, aire menos puro y menos hábitat para las especies autóctonas.
A fines de 2016, el Ejecutivo y los legisladores quisieron cambiarla y actualizar el mapa, pero a espaldas de las normas nacionales que prevén mecanismos de participación amplia y criterios ambientales precisos. La respuesta estuvo en la calle con movilizaciones masivas.
Mientras tanto, continúa esta sangría verde.
Quizá el desmonte de los últimos años es bajo, pero ocurre que ya queda poco bosque nativo. Tan poco que hasta el más pequeño arbolito cuenta para sostener nuestro bienestar.
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Urtubey se hecha atrás: ordena parar desmonte de Braun Peña
El gobierno de Urtubey intimó a Braun Peña para que frene el desmonte
Fecha de Publicación: 26/01/2018
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Salta
Tras esta medida, las topadoras que estaban trabajando en la finca Cuchuy, en el norte provincial, a 70 kilómetros de la ciudad de Tartagal, deberán detener su marcha
El Gobierno de Salta, que encabeza Juan Manuel Urtubey, intimó Alejandro Jaime Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, que suspenda el desmonte de la finca Cuchuy, en el norte provincial, a 70 kilómetros de la ciudad de Tartagal. Según detalló el Ejecutivo provincial, esta medida fue realizada luego de una resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Según un comunicado de la gobernación salteña, el "Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia suspendió la ejecución de los cambios de uso de suelos autorizados y pendientes de ejecución que fueran observados, tras una resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación".
Asimismo, explicó el escrito, "la medida se pone en marcha, más allá de las cuestiones de competencia que serán resueltas en el ámbito pertinente" y destaca: "La resolución nacional insta a suspender los efectos de las autorizaciones de recategorización de uso predial y cambio de uso de suelo", es por eso que "Braun Peña que debe suspender el desmonte de la finca".
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Fecha de Publicación: 26/01/2018
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Salta
Tras esta medida, las topadoras que estaban trabajando en la finca Cuchuy, en el norte provincial, a 70 kilómetros de la ciudad de Tartagal, deberán detener su marcha
El Gobierno de Salta, que encabeza Juan Manuel Urtubey, intimó Alejandro Jaime Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, que suspenda el desmonte de la finca Cuchuy, en el norte provincial, a 70 kilómetros de la ciudad de Tartagal. Según detalló el Ejecutivo provincial, esta medida fue realizada luego de una resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Según un comunicado de la gobernación salteña, el "Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia suspendió la ejecución de los cambios de uso de suelos autorizados y pendientes de ejecución que fueran observados, tras una resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación".
Asimismo, explicó el escrito, "la medida se pone en marcha, más allá de las cuestiones de competencia que serán resueltas en el ámbito pertinente" y destaca: "La resolución nacional insta a suspender los efectos de las autorizaciones de recategorización de uso predial y cambio de uso de suelo", es por eso que "Braun Peña que debe suspender el desmonte de la finca".
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Etiquetas:
Desmontes,
ecosistemas,
legislación y derecho ambiental,
política ambiental,
Salta
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A 10 años de la Ley de Bosques: sabor agridulce
Argentina mira a sus bosques, pero aún no los cuida bien
Fecha de Publicación: 21/01/2018
Fuente: IPS
Provincia/Región: Nacional
Nunca en la historia parlamentaria de Argentina había pasado algo parecido: un millón y medio de personas en 2007 firmaron para pedir al Senado que sancionara una ley para reducir la deforestación. La norma fue rápidamente aprobada, y promulgada el 26 de diciembre de ese año. Pero 10 años después, el sabor es agridulce.
Investigadores y organizaciones ambientalistas admiten que la ley tuvo impactos positivos y desaceleró la destrucción de los bosques nativos del país, causada en su mayor medida por el avance de la frontera agropecuaria.
Pero advierten que continúa la deforestación en zonas donde se encuentra prohibida, y que el gobierno nacional ha mostrado un marcado desinterés en la aplicación de la ley, reflejado en la falta de los fondos necesarios para financiar las políticas de conservación.
“Lo más positivo de la ley fue que hizo visible la problemática de comunidades indígenas y campesinas, y la sociedad comenzó a mirar con ojos críticos la actividad agropecuaria, que siempre había sido señalada como un factor positivo, siendo Argentina un país agroexportador”, explicó a IPS el doctor en ciencias agropecuarias José Volante.
“La expansión de la frontera agropecuaria significa concentración de la producción en pocas manos, tecnología avanzada, poca ocupación de mano de obra y expulsión de pobladores rurales. La ley de bosques pretendió frenar ese modelo y poner sobre la mesa otro que permita la incorporación de más gente y sea social y ambientalmente amigable”, agrega Volante, investigador del Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA) en Salta.
Salta, en el noroeste del país, es justamente una de las provincias críticas desde el punto de vista de la deforestación. Una parte de su territorio forma parte del Gran Chaco americano, un extenso bosque subtropical que se extiende hacia Paraguay y Bolivia, y que en las últimas décadas sufre la presión de un proceso llamado “pampeanización”.
Pampeanización es el nombre que se le da a la extensión de la agricultura y la ganadería a zonas marginales desde las Pampas, tradicional región de pastizales fértiles en el centro de Argentina y Uruguay, gracias a los avances de la biotecnología y a los precios internacionales favorables de las materias primas.
La superficie sembrada de Argentina pasó de 15 millones de hectáreas a más del doble en unos 30 años. Y el bosque chaqueño ha sido justamente la principal víctima, ya que allí creció no sólo la agricultura sino también la ganadería, muchas veces desplazada de zonas fértiles para hacer lugar a los cultivos.
Más de la mitad de esa superficie sembrada está ocupada actualmente por la soja transgénica, resistente a herbicidas y cuya comercialización fue autorizada por el gobierno en 1996. Desde entonces tuvo una explosión que dejó en un segundo plano al trigo y al maíz, gracias a su mayor rentabilidad.
Salta perdió 415.000 hectáreas de bosques nativos entre 2002 y 2006, según datos oficiales, pero el proceso se aceleró en 2007, cuando era público que el Congreso Nacional estaba cerca de aprobar la ley que pondría severas restricciones a la posibilidad de los gobiernos provinciales de autorizar desmontes.
Según la organización ecologista Greenpeace, en 2007, Salta convocó a audiencias públicas para autorizar desmontes en 425.958 hectáreas, una cifra más de cinco veces superior a la del año anterior y que superó ampliamente el promedio de deforestación anual de todo el país.
“Justamente el aluvión de permisos de deforestación que provincias como Salta otorgaron durante 2007 es la mejor prueba de que la ley de bosques fue vista como una herramienta de transformación de la realidad”, explicó Juan Carlos Villalonga, diputado nacional de la alianza oficialista Cambiemos, a IPS.
“Y en alguna medida lo fue, porque aunque parecía imposible, el ritmo de la deforestación en Argentina empezó a caer. Pasamos de un promedio aproximado de 300.000 hectáreas anuales a 200.000 en 2016”, agregó.
Villalonga saltó a la política desde Greenpeace, una de las aproximadamente 30 organizaciones que en el segundo semestre de 2007, con una intensa campaña publicitaria, lograron la proeza de recolectar un millón y medio de firmas para pedirle al Senado que aprobara la ley de protección de bosques.
En ese momento, la ley ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, pero parecía empantanarse por la resistencia de senadores, que la veían como un obstáculo al desarrollo productivo de sus provincias.
Con la presión popular, a los senadores no les quedó más alternativa que aprobar la norma, en un contexto en el cual la tasa de deforestación en Argentina resultaba seis veces más alta que el promedio mundial, según un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Sin embargo, a pesar de la entrada en vigencia de la ley, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicó a Argentina entre los países con mayor área de bosques perdida entre 2010 y 2015. En la lista también figuran países de África y Asia y tres de Sudamérica: Brasil, Bolivia y Paraguay.
La ley 26.631 fue un caso extraordinario de participación de la sociedad civil en una política pública, y resulta hoy una herramienta importante para este país en el cumplimiento de los objetivos asumidos internacionalmente, en el combate contra el cambio climático y a favor de la conservación de la biodiversidad.
Su texto reconoce los servicios ambientales que brindan los bosques e instruye a las provincias a realizar un ordenamiento territorial de sus áreas boscosas, de acuerdo a tres categorías, que replican las de un semáforo.
Así, las áreas rojas son las de alto valor de conservación que no deben transformarse; las amarillas, las medianas que pueden destinarse a actividades sostenibles; y las verdes, las de bajo valor de conservación que pueden transformarse.
Las 23 provincias argentinas ya realizaron sus ordenamientos territoriales, que alcanzan en total a cerca de 54 millones de hectáreas de bosques, aproximadamente 19 por ciento del total de la superficie nacional.
Frente a los rumores que circularon hace poco en ámbitos ambientalistas de Argentina, el director nacional de Bosques, Juan Pedro Cano, aseguró a IPS que el gobierno no piensa impulsar cambios a la ley.
“Por el contrario, la consideramos una ley muy positiva y estamos trabajando para mejorar su implementación”, dijo el funcionario.
“Ya hemos creado un fondo fiduciario para asegurar que los fondos del Presupuesto Nacional asignados al Fondo que compensa a los dueños de tierras que conserven sus bosques no puedan ser reasignados a otras necesidades del Estado, como pasó otros años”, agregó Cano.
Ese fondo debe recibir 0,3 por ciento del Presupuesto Nacional –dice la ley-, pero siempre ha estado muy por debajo de esa referencia, con una preocupante tendencia a la baja en los últimos años, advierte el informe de FARN.
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Fecha de Publicación: 21/01/2018
Fuente: IPS
Provincia/Región: Nacional
Nunca en la historia parlamentaria de Argentina había pasado algo parecido: un millón y medio de personas en 2007 firmaron para pedir al Senado que sancionara una ley para reducir la deforestación. La norma fue rápidamente aprobada, y promulgada el 26 de diciembre de ese año. Pero 10 años después, el sabor es agridulce.
Investigadores y organizaciones ambientalistas admiten que la ley tuvo impactos positivos y desaceleró la destrucción de los bosques nativos del país, causada en su mayor medida por el avance de la frontera agropecuaria.
Pero advierten que continúa la deforestación en zonas donde se encuentra prohibida, y que el gobierno nacional ha mostrado un marcado desinterés en la aplicación de la ley, reflejado en la falta de los fondos necesarios para financiar las políticas de conservación.
“Lo más positivo de la ley fue que hizo visible la problemática de comunidades indígenas y campesinas, y la sociedad comenzó a mirar con ojos críticos la actividad agropecuaria, que siempre había sido señalada como un factor positivo, siendo Argentina un país agroexportador”, explicó a IPS el doctor en ciencias agropecuarias José Volante.
“La expansión de la frontera agropecuaria significa concentración de la producción en pocas manos, tecnología avanzada, poca ocupación de mano de obra y expulsión de pobladores rurales. La ley de bosques pretendió frenar ese modelo y poner sobre la mesa otro que permita la incorporación de más gente y sea social y ambientalmente amigable”, agrega Volante, investigador del Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA) en Salta.
Salta, en el noroeste del país, es justamente una de las provincias críticas desde el punto de vista de la deforestación. Una parte de su territorio forma parte del Gran Chaco americano, un extenso bosque subtropical que se extiende hacia Paraguay y Bolivia, y que en las últimas décadas sufre la presión de un proceso llamado “pampeanización”.
Pampeanización es el nombre que se le da a la extensión de la agricultura y la ganadería a zonas marginales desde las Pampas, tradicional región de pastizales fértiles en el centro de Argentina y Uruguay, gracias a los avances de la biotecnología y a los precios internacionales favorables de las materias primas.
La superficie sembrada de Argentina pasó de 15 millones de hectáreas a más del doble en unos 30 años. Y el bosque chaqueño ha sido justamente la principal víctima, ya que allí creció no sólo la agricultura sino también la ganadería, muchas veces desplazada de zonas fértiles para hacer lugar a los cultivos.
Más de la mitad de esa superficie sembrada está ocupada actualmente por la soja transgénica, resistente a herbicidas y cuya comercialización fue autorizada por el gobierno en 1996. Desde entonces tuvo una explosión que dejó en un segundo plano al trigo y al maíz, gracias a su mayor rentabilidad.
Salta perdió 415.000 hectáreas de bosques nativos entre 2002 y 2006, según datos oficiales, pero el proceso se aceleró en 2007, cuando era público que el Congreso Nacional estaba cerca de aprobar la ley que pondría severas restricciones a la posibilidad de los gobiernos provinciales de autorizar desmontes.
Según la organización ecologista Greenpeace, en 2007, Salta convocó a audiencias públicas para autorizar desmontes en 425.958 hectáreas, una cifra más de cinco veces superior a la del año anterior y que superó ampliamente el promedio de deforestación anual de todo el país.
“Justamente el aluvión de permisos de deforestación que provincias como Salta otorgaron durante 2007 es la mejor prueba de que la ley de bosques fue vista como una herramienta de transformación de la realidad”, explicó Juan Carlos Villalonga, diputado nacional de la alianza oficialista Cambiemos, a IPS.
“Y en alguna medida lo fue, porque aunque parecía imposible, el ritmo de la deforestación en Argentina empezó a caer. Pasamos de un promedio aproximado de 300.000 hectáreas anuales a 200.000 en 2016”, agregó.
Villalonga saltó a la política desde Greenpeace, una de las aproximadamente 30 organizaciones que en el segundo semestre de 2007, con una intensa campaña publicitaria, lograron la proeza de recolectar un millón y medio de firmas para pedirle al Senado que aprobara la ley de protección de bosques.
En ese momento, la ley ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, pero parecía empantanarse por la resistencia de senadores, que la veían como un obstáculo al desarrollo productivo de sus provincias.
Con la presión popular, a los senadores no les quedó más alternativa que aprobar la norma, en un contexto en el cual la tasa de deforestación en Argentina resultaba seis veces más alta que el promedio mundial, según un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Sin embargo, a pesar de la entrada en vigencia de la ley, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicó a Argentina entre los países con mayor área de bosques perdida entre 2010 y 2015. En la lista también figuran países de África y Asia y tres de Sudamérica: Brasil, Bolivia y Paraguay.
La ley 26.631 fue un caso extraordinario de participación de la sociedad civil en una política pública, y resulta hoy una herramienta importante para este país en el cumplimiento de los objetivos asumidos internacionalmente, en el combate contra el cambio climático y a favor de la conservación de la biodiversidad.
Su texto reconoce los servicios ambientales que brindan los bosques e instruye a las provincias a realizar un ordenamiento territorial de sus áreas boscosas, de acuerdo a tres categorías, que replican las de un semáforo.
Así, las áreas rojas son las de alto valor de conservación que no deben transformarse; las amarillas, las medianas que pueden destinarse a actividades sostenibles; y las verdes, las de bajo valor de conservación que pueden transformarse.
Las 23 provincias argentinas ya realizaron sus ordenamientos territoriales, que alcanzan en total a cerca de 54 millones de hectáreas de bosques, aproximadamente 19 por ciento del total de la superficie nacional.
Frente a los rumores que circularon hace poco en ámbitos ambientalistas de Argentina, el director nacional de Bosques, Juan Pedro Cano, aseguró a IPS que el gobierno no piensa impulsar cambios a la ley.
“Por el contrario, la consideramos una ley muy positiva y estamos trabajando para mejorar su implementación”, dijo el funcionario.
“Ya hemos creado un fondo fiduciario para asegurar que los fondos del Presupuesto Nacional asignados al Fondo que compensa a los dueños de tierras que conserven sus bosques no puedan ser reasignados a otras necesidades del Estado, como pasó otros años”, agregó Cano.
Ese fondo debe recibir 0,3 por ciento del Presupuesto Nacional –dice la ley-, pero siempre ha estado muy por debajo de esa referencia, con una preocupante tendencia a la baja en los últimos años, advierte el informe de FARN.
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Cambiar la la ley de glaciares para más minería
Para impulsar la minería, buscan cambiar la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 20/01/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Pasaron siete años desde la aprobación de la ley de glaciares, pero el debate sobre qué superficies son las que deben ser preservadas volvió a ponerse en discusión. Empresarios mineros y provincias como San Juan, Catamarca y Mendoza, asesoradas por la Secretaría de Minería de la Nación, impulsan una reforma de la norma para limitar la intangibilidad del ambiente periglaciar y así destrabar por lo menos 20 proyectos mineros.
Varias ONG advierten que la iniciativa pone en riesgo reservas vitales de agua dulce en zonas de lluvias escasas y aridez extrema. Y denuncian que el inventario de áreas a preservar que se hizo sobre la base de la ley que ahora se pretende flexibilizar incumple la propia norma al no incluir todas las superficies que contienen agua sólida. Se basan en un reciente fallo judicial que expone que el inventario incorporó solo extensiones de más de una hectárea, una limitación no establecida en la ley.
Las pretensiones de las mineras pasaron de ser cautelosas a abiertas. "Hay que hacer una ley técnicamente aceptable, que preserve los glaciares importantes y los vinculados al paisaje. Pero hay que dejar que la actividad se desarrolle en los que no tienen ninguna trascendencia", afirmó Jaime Bergé, vicepresidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), y señaló la necesidad de modificar los artículos 2º, 6º y 7º de la ley, justamente los que incluyen el ambiente periglaciar como área a proteger y prohíben la minería en esa extensión.
Los empresarios consideran que no todo el ambiente periglaciar hace un aporte significativo de agua a los ríos que nacen en la cordillera. Por eso la expectativa es reformular la ley para invertir la carga de la prueba y que ante la presentación de un proyecto minero se estudie si el ambiente periglaciar donde se quiere radicar la explotación opera como una reserva de agua y, de comprobarse que es así, que solo en esa instancia se lo desestime.
Para entender la dimensión de lo que está en discusión basta detallar que actualmente hay 21 proyectos mineros de grandes dimensiones en actividad, por lo que una hipotética reforma -según los empresarios- ayudaría a despejar el camino para incrementar considerablemente las exploraciones.
La herramienta que tienen los empresarios para volver a poner en debate el tema son las inversiones. Bergé detalló que en San Juan hay entre cuatro y cinco proyectos parados: "Nadie quiere poner US$2000 millones, la inversión inicial promedio, con esta ley". Raúl Rodríguez, titular de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, indicó que en esa provincia hay 20 proyectos parados, con una inversión estimada en US$16.000 millones, y reconoció que los 10 proyectos que él representa como abogado "podrían (según la interpretación que se hiciese de la ley) estar en zona considerada periglaciar".
Informe
Un informe hecho en julio de 2016 por la Dirección de Gestión Ambiental, Recursos Hídricos y Acuáticos de la Nación detalla que existen 44 proyectos mineros "cercanos" a glaciares o ambientes periglaciares inventariados. De esos, solo uno está en actividad, Veladero.
Las pretensiones de las mineras ya habían surgido en 2008, en la previa a la aprobación de la primera ley de glaciares, vetada por Cristina Kirchner, y en 2010, cuando se sancionó la actual. Alberto Hensel, ministro de Minería de San Juan, afirmó que "la ley no define con claridad cuándo se considera que se está frente a un recurso hídrico estratégico" y reconoció que los proyectos mineros de Los Azules, Altar y Pachón se planificaron en zonas periglaciares.
Rodolfo Micone, secretario de Minería de Catamarca y presidente del Consejo Federal de Minería, coincidió en que es necesario modificar la ley porque "se hace referencia a un cuidado preventivo", y destacó que esa prevención "ya viene dada por la ley nacional de prevención para la actividad minera". El subsecretario de Energía y Minería de Mendoza, Emilio Guiñazú, opinó que "la ley puede ser mejorada" y señaló que tiene definiciones que "permiten interpretaciones para quien se oponga ideológicamente al desarrollo".
Desde CAEM aseguran que la idea de modificar la ley tiene el visto bueno del presidente Mauricio Macri y afirman que se lo hizo saber el 14 de noviembre en la Casa Rosada. Además insisten en que la intención es poner el tema en la agenda legislativa de marzo. Voceros de la Secretaría de Minería, que encabeza Daniel Meilán, sostuvieron que no es la secretaría la que impulsa la reforma y señalaron a las provincias como promotoras: "Hemos sido consultados sobre aspectos técnicos de la ley y hemos prestado colaboración".
Consecuencias
Ocurre que una reforma como la propuesta no pasaría inadvertida y tendría múltiples costos: políticos, con el antecedente de la carta que la diputada Elisa Carrió le envió a Meilán en noviembre, en la que le adelantó que modificar la ley de glaciares "implica ruptura de acuerdos básicos de Cambiemos", y también traería repudio social por la regresividad en la protección ambiental.
"En la región andina central, La Rioja, San Juan, Mendoza y norte de Neuquén, los ríos solo se abastecen de precipitaciones níveas y cuando estas son escasas el flujo hídrico lo regulan los glaciares y ambientes periglaciares", advirtió Gonzalo Strano, coordinador de la campaña de glaciares de Greenpeace.
Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), lo ejemplifica: "Los glaciares de escombro [tienen agua sólida en los poros de rocas] de San Juan tienen casi tres veces más agua que los embalses de Cuesta del Viento, Ullum y Caracoles juntos".
Con la ley actual, en el país están protegidos 5742 kilómetros cuadrados de glaciares y ambiente periglaciar. Esa superficie de hielos y glaciares de escombros es la que suman las 15.703 áreas que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia) incluyó en el inventario que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación planea publicar en su totalidad en marzo.
El ministro Sergio Bergman negó que Ambiente esté trabajando en un proyecto alternativo a la ley actual. Y respecto de la exclusión en el inventario de las áreas inferiores a una hectárea, consideró que se encuadra dentro del estándar científico internacional.
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Fecha de Publicación: 20/01/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Pasaron siete años desde la aprobación de la ley de glaciares, pero el debate sobre qué superficies son las que deben ser preservadas volvió a ponerse en discusión. Empresarios mineros y provincias como San Juan, Catamarca y Mendoza, asesoradas por la Secretaría de Minería de la Nación, impulsan una reforma de la norma para limitar la intangibilidad del ambiente periglaciar y así destrabar por lo menos 20 proyectos mineros.
Varias ONG advierten que la iniciativa pone en riesgo reservas vitales de agua dulce en zonas de lluvias escasas y aridez extrema. Y denuncian que el inventario de áreas a preservar que se hizo sobre la base de la ley que ahora se pretende flexibilizar incumple la propia norma al no incluir todas las superficies que contienen agua sólida. Se basan en un reciente fallo judicial que expone que el inventario incorporó solo extensiones de más de una hectárea, una limitación no establecida en la ley.
Las pretensiones de las mineras pasaron de ser cautelosas a abiertas. "Hay que hacer una ley técnicamente aceptable, que preserve los glaciares importantes y los vinculados al paisaje. Pero hay que dejar que la actividad se desarrolle en los que no tienen ninguna trascendencia", afirmó Jaime Bergé, vicepresidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), y señaló la necesidad de modificar los artículos 2º, 6º y 7º de la ley, justamente los que incluyen el ambiente periglaciar como área a proteger y prohíben la minería en esa extensión.
Los empresarios consideran que no todo el ambiente periglaciar hace un aporte significativo de agua a los ríos que nacen en la cordillera. Por eso la expectativa es reformular la ley para invertir la carga de la prueba y que ante la presentación de un proyecto minero se estudie si el ambiente periglaciar donde se quiere radicar la explotación opera como una reserva de agua y, de comprobarse que es así, que solo en esa instancia se lo desestime.
Para entender la dimensión de lo que está en discusión basta detallar que actualmente hay 21 proyectos mineros de grandes dimensiones en actividad, por lo que una hipotética reforma -según los empresarios- ayudaría a despejar el camino para incrementar considerablemente las exploraciones.
La herramienta que tienen los empresarios para volver a poner en debate el tema son las inversiones. Bergé detalló que en San Juan hay entre cuatro y cinco proyectos parados: "Nadie quiere poner US$2000 millones, la inversión inicial promedio, con esta ley". Raúl Rodríguez, titular de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, indicó que en esa provincia hay 20 proyectos parados, con una inversión estimada en US$16.000 millones, y reconoció que los 10 proyectos que él representa como abogado "podrían (según la interpretación que se hiciese de la ley) estar en zona considerada periglaciar".
Informe
Un informe hecho en julio de 2016 por la Dirección de Gestión Ambiental, Recursos Hídricos y Acuáticos de la Nación detalla que existen 44 proyectos mineros "cercanos" a glaciares o ambientes periglaciares inventariados. De esos, solo uno está en actividad, Veladero.
Las pretensiones de las mineras ya habían surgido en 2008, en la previa a la aprobación de la primera ley de glaciares, vetada por Cristina Kirchner, y en 2010, cuando se sancionó la actual. Alberto Hensel, ministro de Minería de San Juan, afirmó que "la ley no define con claridad cuándo se considera que se está frente a un recurso hídrico estratégico" y reconoció que los proyectos mineros de Los Azules, Altar y Pachón se planificaron en zonas periglaciares.
Rodolfo Micone, secretario de Minería de Catamarca y presidente del Consejo Federal de Minería, coincidió en que es necesario modificar la ley porque "se hace referencia a un cuidado preventivo", y destacó que esa prevención "ya viene dada por la ley nacional de prevención para la actividad minera". El subsecretario de Energía y Minería de Mendoza, Emilio Guiñazú, opinó que "la ley puede ser mejorada" y señaló que tiene definiciones que "permiten interpretaciones para quien se oponga ideológicamente al desarrollo".
Desde CAEM aseguran que la idea de modificar la ley tiene el visto bueno del presidente Mauricio Macri y afirman que se lo hizo saber el 14 de noviembre en la Casa Rosada. Además insisten en que la intención es poner el tema en la agenda legislativa de marzo. Voceros de la Secretaría de Minería, que encabeza Daniel Meilán, sostuvieron que no es la secretaría la que impulsa la reforma y señalaron a las provincias como promotoras: "Hemos sido consultados sobre aspectos técnicos de la ley y hemos prestado colaboración".
Consecuencias
Ocurre que una reforma como la propuesta no pasaría inadvertida y tendría múltiples costos: políticos, con el antecedente de la carta que la diputada Elisa Carrió le envió a Meilán en noviembre, en la que le adelantó que modificar la ley de glaciares "implica ruptura de acuerdos básicos de Cambiemos", y también traería repudio social por la regresividad en la protección ambiental.
"En la región andina central, La Rioja, San Juan, Mendoza y norte de Neuquén, los ríos solo se abastecen de precipitaciones níveas y cuando estas son escasas el flujo hídrico lo regulan los glaciares y ambientes periglaciares", advirtió Gonzalo Strano, coordinador de la campaña de glaciares de Greenpeace.
Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), lo ejemplifica: "Los glaciares de escombro [tienen agua sólida en los poros de rocas] de San Juan tienen casi tres veces más agua que los embalses de Cuesta del Viento, Ullum y Caracoles juntos".
Con la ley actual, en el país están protegidos 5742 kilómetros cuadrados de glaciares y ambiente periglaciar. Esa superficie de hielos y glaciares de escombros es la que suman las 15.703 áreas que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia) incluyó en el inventario que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación planea publicar en su totalidad en marzo.
El ministro Sergio Bergman negó que Ambiente esté trabajando en un proyecto alternativo a la ley actual. Y respecto de la exclusión en el inventario de las áreas inferiores a una hectárea, consideró que se encuadra dentro del estándar científico internacional.
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Reunión por la implementación del fondo de bosques
Ambiente coordina la implementación del fondo de la ley de bosques en COFEMA
Fecha de Publicación: 15/01/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Participaron del encuentro autoridades locales de aplicación de Chaco, San Juan, La Pampa, Santa Cruz, Santiago del Estero, Jujuy.
Funcionarios del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que conduce Sergio Bergman, recibieron a representantes del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) con el objetivo de promover la mejora de los mecanismos a través de los cuales la ley de presupuestos mínimos para protección de los bosques nativos es instrumentada así como también la implementación del fondo específico destinado a su conservación.
Es por esto que desde la cartera nacional de Ambiente se promovió un encuentro con las autoridades locales de aplicación de las provincias de Chaco, San Juan, La Pampa, Santa Cruz, Santiago del Estero, Jujuy. Allí se buscó intercambiar experiencias, analizar alternativas que permitan revisar los sistemas administrativos y promover mejoras en los circuitos de rendición del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos.
Cabe destacar que el monto del presupuesto adjudicado anualmente se destina principalmente a dicho fondo y al Programa Nacional de Bosques Nativos. De acuerdo a lo estipulado en el artículo 35 de la Ley N.° 26331, ese fondo destina el 30 % para fortalecimiento institucional, monitoreo de los bosques nativos, implementación de programas de asistencia técnica y financiera para pequeños productores, comunidades indígenas o campesinas; lo que permite a las autoridades locales fortalecer las estructuras de gestión forestal en todo el ámbito nacional, tanto con el incremento de personal como en su infraestructura y equipamiento. Por otra parte, el 70 % se aplica a compensación de los tenedores de bosques nativos por la conservación de los mismos.
El desarrollo de esta reunión permitió conocer distintas iniciativas de las autoridades locales de aplicación, así como identificar estrategias para el abordaje de las temáticas tratadas, las cuales serán puestas a consideración en el marco del COFEMA.
De esta forma, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación ratifica su compromiso en facilitar los procedimientos que aseguren la conservación y manejo sostenible de los bosques nativos.
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Fecha de Publicación: 15/01/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Participaron del encuentro autoridades locales de aplicación de Chaco, San Juan, La Pampa, Santa Cruz, Santiago del Estero, Jujuy.
Funcionarios del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que conduce Sergio Bergman, recibieron a representantes del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) con el objetivo de promover la mejora de los mecanismos a través de los cuales la ley de presupuestos mínimos para protección de los bosques nativos es instrumentada así como también la implementación del fondo específico destinado a su conservación.
Es por esto que desde la cartera nacional de Ambiente se promovió un encuentro con las autoridades locales de aplicación de las provincias de Chaco, San Juan, La Pampa, Santa Cruz, Santiago del Estero, Jujuy. Allí se buscó intercambiar experiencias, analizar alternativas que permitan revisar los sistemas administrativos y promover mejoras en los circuitos de rendición del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos.
Cabe destacar que el monto del presupuesto adjudicado anualmente se destina principalmente a dicho fondo y al Programa Nacional de Bosques Nativos. De acuerdo a lo estipulado en el artículo 35 de la Ley N.° 26331, ese fondo destina el 30 % para fortalecimiento institucional, monitoreo de los bosques nativos, implementación de programas de asistencia técnica y financiera para pequeños productores, comunidades indígenas o campesinas; lo que permite a las autoridades locales fortalecer las estructuras de gestión forestal en todo el ámbito nacional, tanto con el incremento de personal como en su infraestructura y equipamiento. Por otra parte, el 70 % se aplica a compensación de los tenedores de bosques nativos por la conservación de los mismos.
El desarrollo de esta reunión permitió conocer distintas iniciativas de las autoridades locales de aplicación, así como identificar estrategias para el abordaje de las temáticas tratadas, las cuales serán puestas a consideración en el marco del COFEMA.
De esta forma, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación ratifica su compromiso en facilitar los procedimientos que aseguren la conservación y manejo sostenible de los bosques nativos.
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Frenan otro desmonte de la finca de Marcos Peña
Greenpeace volvió a frenar topadoras en Salta
Fecha de Publicación: 14/01/2018
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
Activistas detuvieron una topadora en el momento justo en que se encontraba deforestando en la finca Cuchuy, vinculada a un familiar del Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña.
Hoy activistas de Greenpeace detuvieron una topadora que se encontraba deforestando en la finca Cuchuy, en el norte de Salta.
Desde de organización no gubernamental remarcaron que se trata de un desmonte en un área protegida por la Ley Nacional de Bosques, autorizado en forma ilegal por el gobierno salteño, “a pedido del dueño de la finca, Alejandro Jaime Braun Peña”. El empresario, recalcan desde Greenpeace, es primo del Jefe de Gabinete de la Nación Marcos Peña, e integrante del directorio de varias empresas de la familia Macri.
La organización ecologista ya había denunciado el caso en el año 2014 y frenado el desmonte hasta que sus activistas fueron detenidos. El mes pasado las topadoras volvieron a arrasar 400 hectáreas más de bosques nativos. La deforestación afecta en forma directa a cuatro comunidades wichi, cuyas familias quedaron encerradas entre varias fincas que fueron desmontadas en los últimos años. (1)
“Estos bosques, además de concentrar muchísima biodiversidad, son la casa, el almacén y la farmacia de varias comunidades indígenas. Destruirlos es un crimen. Hay que parar las topadoras en forma urgente”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Para el gobierno el desmonte es legal
El siete de diciembre, después de que se conociera la primera denuncia de Greenpeace, el gobierno publicó un comunicado oficial sobre el tema, en el que aseguran que “los trabajos de cambio de uso de suelo que se ejecutan en la finca El Cuchuy (departamento San Martín) desde 2014, fueron avalados por la autoridad competente provincial y se encontraron ajustados a la normativa ambiental vigente en el momento del dictado de la autorización”.
Se enfatiza, además, que la Ley de Bosques Nativos (Ley de Presupuestos Mínimos) establece que las (provincias o jurisdicciones) dictarán sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de acuerdo con los lineamientos y en función a criterios de conservación establecidos en la misma, como piso para determinar las diferentes categorías (bajo, mediano y alto).
“La Autoridad de Aplicación en materia ambiental en la provincia es el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y otorga las autorizaciones de planes de manejo de cambio de uso de suelo, como también de planes de manejos forestales y de conservación, una vez que se realizan las evaluaciones técnicas y siempre que cumplan con los requisitos establecidos (evaluación de impacto ambiental, audiencias públicas, etc). La autorización del cambio de uso de suelo en cuestión se realizó en el marco del Decreto 2.211/10, a través del cual se aprobaba el Procedimiento de Análisis de Proyectos a Nivel Predial, en virtud de la escala en la cual se realizó la cartografía que sirve de base al mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos, lo que permitía incorporar la posibilidad de presentar planes de ordenamiento de escala predial para determinar si en la superficie no confluyen los criterios establecidos por la ley y lo que orientativamente estableció la cartografía”, dice el comunicado.
El comunicado recalca el gobierno autorizó proyectos para la producción agrícola a partir de 2012. “Vale aclarar que los proyectos de cambio de uso de suelo autorizados cuando la ley lo permitía no se realizan en una sola acción sino por módulos y que los mismos se ejecutan con intervalos de tiempo entre uno y otro. En este marco, el actual desmonte en ejecución en el mencionado predio corresponde a un módulo autorizado oportunamente”, señalaron.
“Es importante tener en cuenta que consta en el expediente (foja 453 exp. 119-15742-2017) el acta acuerdo celebrada entre Braun Peña y Larrán Gastón por una parte y, por la otra, la comunidad wichí Laguna Cuchuy, en la que los primeros se comprometen a la donación de 300 hectáreas, que están dentro del 40% exigido por la Ley como reserva natural. Asimismo, consta y se ratifica la conformidad de las comunidades respecto del área del proyecto en acta. (foja 479)”, concluye el comunicado.
Greenpeace insiste
Desde la organización ambientalista se enfatiza, sin embargo, que la estancia fue clasificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta en las Categorías I - rojo y II - amarillo, donde se prohíben desmontes.
Y recalcan que la destrucción de esos bosques afectará seriamente la subsistencia de las comunidades indígenas Corralito, Cuchuy, San José, y Chaguaral, cuyas familias en 2012 denunciaron ante las autoridades salteñas que recibieron presiones por parte de empresarios de la zona para seguir desmontando a cambio de cederles algunas porciones de tierra. La dramática situación de las comunidades fue advertida ese mismo año por autoridades de la Universidad Nacional de Salta, que solicitaron la intervención de los funcionarios.
“Quienes destruyen bosques no son empresarios, son delincuentes. Necesitamos que se penalice a los responsables de desmontes ilegales e incendios intencionales y a los funcionarios que los faciliten”, finalizó Giardini.
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Fecha de Publicación: 14/01/2018
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
Activistas detuvieron una topadora en el momento justo en que se encontraba deforestando en la finca Cuchuy, vinculada a un familiar del Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña.
Hoy activistas de Greenpeace detuvieron una topadora que se encontraba deforestando en la finca Cuchuy, en el norte de Salta.
Desde de organización no gubernamental remarcaron que se trata de un desmonte en un área protegida por la Ley Nacional de Bosques, autorizado en forma ilegal por el gobierno salteño, “a pedido del dueño de la finca, Alejandro Jaime Braun Peña”. El empresario, recalcan desde Greenpeace, es primo del Jefe de Gabinete de la Nación Marcos Peña, e integrante del directorio de varias empresas de la familia Macri.
La organización ecologista ya había denunciado el caso en el año 2014 y frenado el desmonte hasta que sus activistas fueron detenidos. El mes pasado las topadoras volvieron a arrasar 400 hectáreas más de bosques nativos. La deforestación afecta en forma directa a cuatro comunidades wichi, cuyas familias quedaron encerradas entre varias fincas que fueron desmontadas en los últimos años. (1)
“Estos bosques, además de concentrar muchísima biodiversidad, son la casa, el almacén y la farmacia de varias comunidades indígenas. Destruirlos es un crimen. Hay que parar las topadoras en forma urgente”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Para el gobierno el desmonte es legal
El siete de diciembre, después de que se conociera la primera denuncia de Greenpeace, el gobierno publicó un comunicado oficial sobre el tema, en el que aseguran que “los trabajos de cambio de uso de suelo que se ejecutan en la finca El Cuchuy (departamento San Martín) desde 2014, fueron avalados por la autoridad competente provincial y se encontraron ajustados a la normativa ambiental vigente en el momento del dictado de la autorización”.
Se enfatiza, además, que la Ley de Bosques Nativos (Ley de Presupuestos Mínimos) establece que las (provincias o jurisdicciones) dictarán sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de acuerdo con los lineamientos y en función a criterios de conservación establecidos en la misma, como piso para determinar las diferentes categorías (bajo, mediano y alto).
“La Autoridad de Aplicación en materia ambiental en la provincia es el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y otorga las autorizaciones de planes de manejo de cambio de uso de suelo, como también de planes de manejos forestales y de conservación, una vez que se realizan las evaluaciones técnicas y siempre que cumplan con los requisitos establecidos (evaluación de impacto ambiental, audiencias públicas, etc). La autorización del cambio de uso de suelo en cuestión se realizó en el marco del Decreto 2.211/10, a través del cual se aprobaba el Procedimiento de Análisis de Proyectos a Nivel Predial, en virtud de la escala en la cual se realizó la cartografía que sirve de base al mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos, lo que permitía incorporar la posibilidad de presentar planes de ordenamiento de escala predial para determinar si en la superficie no confluyen los criterios establecidos por la ley y lo que orientativamente estableció la cartografía”, dice el comunicado.
El comunicado recalca el gobierno autorizó proyectos para la producción agrícola a partir de 2012. “Vale aclarar que los proyectos de cambio de uso de suelo autorizados cuando la ley lo permitía no se realizan en una sola acción sino por módulos y que los mismos se ejecutan con intervalos de tiempo entre uno y otro. En este marco, el actual desmonte en ejecución en el mencionado predio corresponde a un módulo autorizado oportunamente”, señalaron.
“Es importante tener en cuenta que consta en el expediente (foja 453 exp. 119-15742-2017) el acta acuerdo celebrada entre Braun Peña y Larrán Gastón por una parte y, por la otra, la comunidad wichí Laguna Cuchuy, en la que los primeros se comprometen a la donación de 300 hectáreas, que están dentro del 40% exigido por la Ley como reserva natural. Asimismo, consta y se ratifica la conformidad de las comunidades respecto del área del proyecto en acta. (foja 479)”, concluye el comunicado.
Greenpeace insiste
Desde la organización ambientalista se enfatiza, sin embargo, que la estancia fue clasificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta en las Categorías I - rojo y II - amarillo, donde se prohíben desmontes.
Y recalcan que la destrucción de esos bosques afectará seriamente la subsistencia de las comunidades indígenas Corralito, Cuchuy, San José, y Chaguaral, cuyas familias en 2012 denunciaron ante las autoridades salteñas que recibieron presiones por parte de empresarios de la zona para seguir desmontando a cambio de cederles algunas porciones de tierra. La dramática situación de las comunidades fue advertida ese mismo año por autoridades de la Universidad Nacional de Salta, que solicitaron la intervención de los funcionarios.
“Quienes destruyen bosques no son empresarios, son delincuentes. Necesitamos que se penalice a los responsables de desmontes ilegales e incendios intencionales y a los funcionarios que los faciliten”, finalizó Giardini.
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Cambio de ministro de ecología en Misiones
El nuevo Ministro de Ecología, un férreo defensor del camino en el Lote 8
Fecha de Publicación: 12/01/2018
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
El decreto que pone a Juan Manuel Díaz en el cargo fue publicado en el Boletín Oficial, poniendo fin al interinato del ministro Adolfo Pischik. Díaz sumó cuestionamientos por su labor hasta el año pasado.
Aunque se mencionó con insistencia la posibilidad de que un exdiputado provincial que culminó su mandato en diciembre se hiciera cargo, finalmente el gobernador optó por el subsecretario de Ecología y Desarrollo Sustentable, Juan Manuel Díaz para quedar al frente del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones.
Díaz reemplazará a su exjefa, Verónica Derna, quien asumió la banca que dejó Maurice Closs en diputados de la Nación hasta 2019. Cabe recordar que interinamente fue puesto en Ecología el ministro de Gabinete, Adolfo Pischik. No se conoce quién reemplazará a Díaz en la subsecretaría que lideró durante varios años en dos gestiones gubernamentales.
El flamante ministro se hizo conocido por ser uno de los férreros defensores del camino en el Lote 8 del parque provincial Moconá, una obra que fue paralizada tras las fuertes protestas en su contra, mediante un amparo en la Justicia provincial que aún no se expidió sobre su legalidad.
Díaz fue quien sostuvo desde la gestión de Closs al frente del Ejecutivo, el proyecto de trazado dentro de la reserva natural protegida por ley, de carácter intangible y se opuso junto con Derna a la posibilidad de abrir un camino por fuera del Moconá como reclamaron los guardaparques provinciales y referentes de entidades ecologistas en protestas bajo la consigna “el Moconá no se toca”, y luego en la audiencia pública sobre el tema.
Antecedentes cercanos
Pero, además, el ahora ministro Juan Manuel Díaz fue blanco de cuestionamientos por su trabajo para frenar la tala ilegal, incluso cuando firmó la Disposición 0015 del 10 de abril de 2017, en la que calculó una multa en 111.800 pesos, valuando cada litro de nafta común en 5,59 pesos, cuando ya el litro costaba entre 18 y 20 pesos; abaratando inexplicablemente el costo de la sanción al responsable de un apeo ilegal de 42 metros cúbicos de Pino Paraná Araucaria Angustifolia, especie declarada monumento natural provincial, además de otras especies.
En ese entonces, Díaz no solo le cobró más barata la multa sino que no le clausuró el aserradero al infractor, al que incluso le devolvió el rodado. Además, se supo luego que la mencionada Disposición es que no pasó por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Ecología, organismo que habitualmente tiene los abogados capacitados como para intervenir en estos conflictos.
Otro caso muy polémico fue la tala rasa que aplicó un importante empresario de la zona Norte en decenas de hectáreas de madera nativa en un predio privado de la ruta provincial 18. Luego que PRIMERA?EDICIÓN hiciera pública la preocupación de los vecinos, Ecología envió funcionarios hasta el lugar sin que se conozcan multas o sanciones.
Sin embargo, días después, trascendió un “informe de patrulla” del 3 de febrero del año 2016, confeccionado por guardaparques del Parque Foerster donde se confirma que un mes antes ya habían constatado la tala en el mismo lugar sin que se frenara la misma. Una completa inacción.
Y el último caso resonante fue la muerte de un yaguareté en la reserva privada de Arauco, que Ecología ocultó por varios días hasta que este Diario la hizo pública y provocó el enojo de las ONG que trabajan por la conservación de la especie animal.
Guardaparques atentos a una convocatoria al diálogo
Diego Ciarmello es uno de los referentes de los guardaparques que se opuso al camino en el Lote 8 del Moconá y es parte del grupo que luchó contra los desplazamientos en el parque provincial de quienes se sumaron a la movida en defensa de la reserva.
En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, dijo que esperan una convocatoria al diálogo de parte del nuevo ministro Díaz. Enumeró entre los temas que pretenden avanzar en conjunto a la ventana jubilatoria y el Estatuto del sector que hasta el momento no consiguieron avances en las gestiones anteriores.
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Fecha de Publicación: 12/01/2018
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
El decreto que pone a Juan Manuel Díaz en el cargo fue publicado en el Boletín Oficial, poniendo fin al interinato del ministro Adolfo Pischik. Díaz sumó cuestionamientos por su labor hasta el año pasado.
Aunque se mencionó con insistencia la posibilidad de que un exdiputado provincial que culminó su mandato en diciembre se hiciera cargo, finalmente el gobernador optó por el subsecretario de Ecología y Desarrollo Sustentable, Juan Manuel Díaz para quedar al frente del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones.
Díaz reemplazará a su exjefa, Verónica Derna, quien asumió la banca que dejó Maurice Closs en diputados de la Nación hasta 2019. Cabe recordar que interinamente fue puesto en Ecología el ministro de Gabinete, Adolfo Pischik. No se conoce quién reemplazará a Díaz en la subsecretaría que lideró durante varios años en dos gestiones gubernamentales.
El flamante ministro se hizo conocido por ser uno de los férreros defensores del camino en el Lote 8 del parque provincial Moconá, una obra que fue paralizada tras las fuertes protestas en su contra, mediante un amparo en la Justicia provincial que aún no se expidió sobre su legalidad.
Díaz fue quien sostuvo desde la gestión de Closs al frente del Ejecutivo, el proyecto de trazado dentro de la reserva natural protegida por ley, de carácter intangible y se opuso junto con Derna a la posibilidad de abrir un camino por fuera del Moconá como reclamaron los guardaparques provinciales y referentes de entidades ecologistas en protestas bajo la consigna “el Moconá no se toca”, y luego en la audiencia pública sobre el tema.
Antecedentes cercanos
Pero, además, el ahora ministro Juan Manuel Díaz fue blanco de cuestionamientos por su trabajo para frenar la tala ilegal, incluso cuando firmó la Disposición 0015 del 10 de abril de 2017, en la que calculó una multa en 111.800 pesos, valuando cada litro de nafta común en 5,59 pesos, cuando ya el litro costaba entre 18 y 20 pesos; abaratando inexplicablemente el costo de la sanción al responsable de un apeo ilegal de 42 metros cúbicos de Pino Paraná Araucaria Angustifolia, especie declarada monumento natural provincial, además de otras especies.
En ese entonces, Díaz no solo le cobró más barata la multa sino que no le clausuró el aserradero al infractor, al que incluso le devolvió el rodado. Además, se supo luego que la mencionada Disposición es que no pasó por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Ecología, organismo que habitualmente tiene los abogados capacitados como para intervenir en estos conflictos.
Otro caso muy polémico fue la tala rasa que aplicó un importante empresario de la zona Norte en decenas de hectáreas de madera nativa en un predio privado de la ruta provincial 18. Luego que PRIMERA?EDICIÓN hiciera pública la preocupación de los vecinos, Ecología envió funcionarios hasta el lugar sin que se conozcan multas o sanciones.
Sin embargo, días después, trascendió un “informe de patrulla” del 3 de febrero del año 2016, confeccionado por guardaparques del Parque Foerster donde se confirma que un mes antes ya habían constatado la tala en el mismo lugar sin que se frenara la misma. Una completa inacción.
Y el último caso resonante fue la muerte de un yaguareté en la reserva privada de Arauco, que Ecología ocultó por varios días hasta que este Diario la hizo pública y provocó el enojo de las ONG que trabajan por la conservación de la especie animal.
Guardaparques atentos a una convocatoria al diálogo
Diego Ciarmello es uno de los referentes de los guardaparques que se opuso al camino en el Lote 8 del Moconá y es parte del grupo que luchó contra los desplazamientos en el parque provincial de quienes se sumaron a la movida en defensa de la reserva.
En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, dijo que esperan una convocatoria al diálogo de parte del nuevo ministro Díaz. Enumeró entre los temas que pretenden avanzar en conjunto a la ventana jubilatoria y el Estatuto del sector que hasta el momento no consiguieron avances en las gestiones anteriores.
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Entre Ríos: normativa de Agroquímicos “regresiva”
Ley de Agroquímicos: para el Foro Ecologista la normativa impulsada es “regresiva”
Fecha de Publicación: 06/01/2018
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
Desde el Foro Ecologista de Paraná advierten que que el proyecto de Ley de Agroquímicos con media sanción del Senado -que permite, por ejemplo, realizar fumigaciones aéreas con glifosato hasta a 500 metros de las poblaciones urbanas- implicaría un retroceso incluso de la legislación vigente, que se originó en el último Gobierno de facto. “El proyecto de Ley tiende a minimizar el daño; no es una legislación que tiene una mirada protectoria y mucho menos preventiva”, dijo a AIM la abogada Aldana Sasia, integrante de la ONG.
La media sanción del proyecto de Ley de Fitosanitarios aprobado sobre tablas en el Senado, la semana pasada, sigue generando voces críticas y desde las organizaciones que se oponen a esta norma reclaman a los diputados una apertura al diálogo para que se escuchen sus posiciones y se puedan introducir modificaciones a la iniciativa.
“Lamentablemente se ha vuelto cotidiano que los niños se enfermen de cáncer que los niños, mueran de leucemia y que nadie se pregunté porqué”, advirtió Aldana Sasia, abogada del Foro Ecologista que reclamo que desde los ámbitos de gestión “al menos se pongan los ojos sobre esto y se haga un registro sobre los casos que estamos teniendo en nuestro territorio y ver si condicen con la media mundial con las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.
Ya en su análisis del proyecto, Sasia evaluó que el proyecto de Ley de autoría del senador Mario Torres “tiende a minimizar el daño” y “no es una legislación que tiene una mirada protectoria, mucho menos preventiva”.
La integrante del Foro sostuvo que la Ley 6.599 tiene 37 años y su decreto reglamentario “era mucho más protectorio que la actual. Hay que tener en cuenta que hace 37 años la producción agrícola no tenía comparación con la actual. Hoy se tiran 300 mil millones de litros de veneno por año”.
Para la letrada, la normativa propuesta tiene un carácter “regresivo” y argumentó su planteo con el análisis puntual de algunos artículos: “Por el artículo 22 se prohíbe la aplicación terrestre de productos fitosanitarios de clase toxicologica 1b, 1a, y 2, en un radio de 500 metros desde el límite de la planta urbana y 3 y 4 adentro de los 500 metros se pueden aplicar”. El glifosato es categoría 3.
Según las disposiciones de la Ley vigente y su decreto reglamentario, está prohibido aplicar glifosato -entre otros químicos- a menos de 3000 metros del perímetro de la planta urbana. Y en esos tres mil metros no podía realizarse fumigación aérea con ningún tipo de químico”.
El artículo 21 del proyecto que obtuvo media sanción en la Cámara Alta prohíbe la aplicación aérea dentro de los 3000, con excepción de las clases toxicologicas 3 y 4, que pueden aplicarse hasta a 500 metros de las zonas urbanas.
Se ha determinado que niveles mínimos, el glifosato puede producir modificación celular lo que lleva a otras afecciones como cáncer, Alzehimer, malformaciones congénitas, aborto espontáneo y disminución de la fertilidad en los hombres. Sin embargo, quienes defienden su uso sostienen que no se ha demostrado fehacientemente una relación causa-efecto. Frente a esto, Sasia sostuvo que hay un planteo tramposo: “Normalmente,m el grado de toxicidad se mide por la intoxicación al momento de la fumigación pero los defectos se han demostrado que se producen a largo plazo”, afirmó, señalando que se requiere un estudio continuado de casos.
Consultada sobre cuál sería la postura del Foro respecto de una posible redacción superadora de la Ley, Sasia consideró que no llegaría a buen puerto una prohibición de las fumigaciones aéreas de un día para otro: “Sabemos que nada que sea delineado de una forma tan drástica puede funcionar. Nosotros a lo que tendíamos era a una ley progresiva que tienda a la eliminación que, en un plazo de 10 años, se vaya orientando toda la producción a una producción sin venenos y progresivamente se vayan impidiendo las pulverizaciones aéreas”.
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Fecha de Publicación: 06/01/2018
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
Desde el Foro Ecologista de Paraná advierten que que el proyecto de Ley de Agroquímicos con media sanción del Senado -que permite, por ejemplo, realizar fumigaciones aéreas con glifosato hasta a 500 metros de las poblaciones urbanas- implicaría un retroceso incluso de la legislación vigente, que se originó en el último Gobierno de facto. “El proyecto de Ley tiende a minimizar el daño; no es una legislación que tiene una mirada protectoria y mucho menos preventiva”, dijo a AIM la abogada Aldana Sasia, integrante de la ONG.
La media sanción del proyecto de Ley de Fitosanitarios aprobado sobre tablas en el Senado, la semana pasada, sigue generando voces críticas y desde las organizaciones que se oponen a esta norma reclaman a los diputados una apertura al diálogo para que se escuchen sus posiciones y se puedan introducir modificaciones a la iniciativa.
“Lamentablemente se ha vuelto cotidiano que los niños se enfermen de cáncer que los niños, mueran de leucemia y que nadie se pregunté porqué”, advirtió Aldana Sasia, abogada del Foro Ecologista que reclamo que desde los ámbitos de gestión “al menos se pongan los ojos sobre esto y se haga un registro sobre los casos que estamos teniendo en nuestro territorio y ver si condicen con la media mundial con las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.
Ya en su análisis del proyecto, Sasia evaluó que el proyecto de Ley de autoría del senador Mario Torres “tiende a minimizar el daño” y “no es una legislación que tiene una mirada protectoria, mucho menos preventiva”.
La integrante del Foro sostuvo que la Ley 6.599 tiene 37 años y su decreto reglamentario “era mucho más protectorio que la actual. Hay que tener en cuenta que hace 37 años la producción agrícola no tenía comparación con la actual. Hoy se tiran 300 mil millones de litros de veneno por año”.
Para la letrada, la normativa propuesta tiene un carácter “regresivo” y argumentó su planteo con el análisis puntual de algunos artículos: “Por el artículo 22 se prohíbe la aplicación terrestre de productos fitosanitarios de clase toxicologica 1b, 1a, y 2, en un radio de 500 metros desde el límite de la planta urbana y 3 y 4 adentro de los 500 metros se pueden aplicar”. El glifosato es categoría 3.
Según las disposiciones de la Ley vigente y su decreto reglamentario, está prohibido aplicar glifosato -entre otros químicos- a menos de 3000 metros del perímetro de la planta urbana. Y en esos tres mil metros no podía realizarse fumigación aérea con ningún tipo de químico”.
El artículo 21 del proyecto que obtuvo media sanción en la Cámara Alta prohíbe la aplicación aérea dentro de los 3000, con excepción de las clases toxicologicas 3 y 4, que pueden aplicarse hasta a 500 metros de las zonas urbanas.
Se ha determinado que niveles mínimos, el glifosato puede producir modificación celular lo que lleva a otras afecciones como cáncer, Alzehimer, malformaciones congénitas, aborto espontáneo y disminución de la fertilidad en los hombres. Sin embargo, quienes defienden su uso sostienen que no se ha demostrado fehacientemente una relación causa-efecto. Frente a esto, Sasia sostuvo que hay un planteo tramposo: “Normalmente,m el grado de toxicidad se mide por la intoxicación al momento de la fumigación pero los defectos se han demostrado que se producen a largo plazo”, afirmó, señalando que se requiere un estudio continuado de casos.
Consultada sobre cuál sería la postura del Foro respecto de una posible redacción superadora de la Ley, Sasia consideró que no llegaría a buen puerto una prohibición de las fumigaciones aéreas de un día para otro: “Sabemos que nada que sea delineado de una forma tan drástica puede funcionar. Nosotros a lo que tendíamos era a una ley progresiva que tienda a la eliminación que, en un plazo de 10 años, se vaya orientando toda la producción a una producción sin venenos y progresivamente se vayan impidiendo las pulverizaciones aéreas”.
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Salta: favores políticos de Urtubey a Marcos Peña
Desforestación en Salta: Urtubey y sus “favores” al primo de Marcos Peña y a multinacionales
Fecha de Publicación: 30/12/2017
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Salta
El gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urubey, está indicado como ser el responsable de allanarle el camino a un empresario primo de Marcos Peña y a multinacionales como Coca Cola, para la deforestación ilegal.
Dos conflictos graves de desmontes ilegales ponen en aprietes al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien ha permitido a un empresario –primo del jefe de gabinete de la Nación, Marcos Peña- y a una multinacional como Coca Cola, avanzar en territorios protegidos y a costa de algunas leyes sancionadas.
Alejandro Jaime Braun Peña es primo segundo del jefe de Gabinete, Marcos Peña, un empresario dueño de la denominada finca “Cuchuy”, que desde 2013 tiene un conflicto directo con 10 familias Wichi y siete criollas, debido a los imparables desmontes que “destruyen la vida” y la cultura de estas poblaciones, que viven de la tierra.
A pesar del ordenamiento territorial de Bosques nativos y también pese a una Ley de Tierras indígenas, el empresario es responsable de un imparable desmonte que llevan a cabo sus topadoras, eliminando los bosques milenarios para plantar soja.
La organización ambientalista internacional, Greenpeace, ha denunciado el caso y responsabilizó al gobernador salteño de ser quien “autorizó” el desmonte de 144.984 hectáreas de bosque protegidos, “por el pedido de los empresarios”.
El ordenamiento territorial de Bosques nativos ya había advertido que esa zona entraba en la categoría 1 y 2, es decir, rojo y amarillo, los niveles en donde se prohíbe expresamente la deforestación para preservar la vida.
Campesinos de la zona admiten que se “organizan como pueden”, pero que la justicia en “Tartagal está a disposición de la empresa”.
Fecha de Publicación: 30/12/2017
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Salta
El gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urubey, está indicado como ser el responsable de allanarle el camino a un empresario primo de Marcos Peña y a multinacionales como Coca Cola, para la deforestación ilegal.
Dos conflictos graves de desmontes ilegales ponen en aprietes al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien ha permitido a un empresario –primo del jefe de gabinete de la Nación, Marcos Peña- y a una multinacional como Coca Cola, avanzar en territorios protegidos y a costa de algunas leyes sancionadas.
Alejandro Jaime Braun Peña es primo segundo del jefe de Gabinete, Marcos Peña, un empresario dueño de la denominada finca “Cuchuy”, que desde 2013 tiene un conflicto directo con 10 familias Wichi y siete criollas, debido a los imparables desmontes que “destruyen la vida” y la cultura de estas poblaciones, que viven de la tierra.
A pesar del ordenamiento territorial de Bosques nativos y también pese a una Ley de Tierras indígenas, el empresario es responsable de un imparable desmonte que llevan a cabo sus topadoras, eliminando los bosques milenarios para plantar soja.
La organización ambientalista internacional, Greenpeace, ha denunciado el caso y responsabilizó al gobernador salteño de ser quien “autorizó” el desmonte de 144.984 hectáreas de bosque protegidos, “por el pedido de los empresarios”.
El ordenamiento territorial de Bosques nativos ya había advertido que esa zona entraba en la categoría 1 y 2, es decir, rojo y amarillo, los niveles en donde se prohíbe expresamente la deforestación para preservar la vida.
Campesinos de la zona admiten que se “organizan como pueden”, pero que la justicia en “Tartagal está a disposición de la empresa”.
Los negocios de Alejandro Jaime Braun Peña –el primo de Marcos Peña- integra una cantidad extensa de proyectos empresariales que, curiosamente, tienen conexión directa con la empresa principal de presidente Mauricio Macri, Socma.
Tal como adelantó el diario Página 12, Braun Peña “integra el directorio de Finca Cuchy S.A. con Pablo Clusellas, Secretario de Legal y Técnica de la Nación”. Braun Peña y Clusellas también forman parte, de los “directorios de las empresas Salta Cotton S.A.; Latin Bio S.A.; Cremer y Asociados S.A.; Hierros S.A. y Sideco Americana S.A., empresas vinculadas al Grupo Socma, de la familia Macri, según rastrearon integrantes de Greenpeace”.
Pero los vínculos con empresarios no solo incluyen a familiares de funcionarios nacionales, sino que el gobernador Urtubey también le hace favores a multinacionales como Coca Cola, dueña de la marca de gaseosa Sprite, que actualmente está incumpliendo la Ley de Bosques nativos, violando toda jurisdicción y soberanía.
La empresa a cargo se llama la Moraleja S.A y cuenta actualmente con 15.000 hectáreas de agricultura y 3.000 hectáreas de cítricos, sobre todo para la producción de limones, elemento clave para la gaseosa. A esto hay que sumarle las 3.000 hectáreas ilegalmente deforestadas entre 2010 y 2014. Por eso mismo, si Sprite necesita seguir deforestando para la producción de limones, debe hacerlo en otra zona.
“A pesar de que la Ley de Bosques no se lo permitía La Moraleja S.A. consiguió que el gobierno de Salta le otorgara permisos para desmontar, violando lo establecido por la normativa”.
La relación entre empresarios de la talla de Peña Braun y de la multinacional como Coca Cola, deja mal parado a un gobernador que hasta hace poco se candidateaba dentro de las filas del peronismo como una imagen de “renovación”.
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Tal como adelantó el diario Página 12, Braun Peña “integra el directorio de Finca Cuchy S.A. con Pablo Clusellas, Secretario de Legal y Técnica de la Nación”. Braun Peña y Clusellas también forman parte, de los “directorios de las empresas Salta Cotton S.A.; Latin Bio S.A.; Cremer y Asociados S.A.; Hierros S.A. y Sideco Americana S.A., empresas vinculadas al Grupo Socma, de la familia Macri, según rastrearon integrantes de Greenpeace”.
Pero los vínculos con empresarios no solo incluyen a familiares de funcionarios nacionales, sino que el gobernador Urtubey también le hace favores a multinacionales como Coca Cola, dueña de la marca de gaseosa Sprite, que actualmente está incumpliendo la Ley de Bosques nativos, violando toda jurisdicción y soberanía.
La empresa a cargo se llama la Moraleja S.A y cuenta actualmente con 15.000 hectáreas de agricultura y 3.000 hectáreas de cítricos, sobre todo para la producción de limones, elemento clave para la gaseosa. A esto hay que sumarle las 3.000 hectáreas ilegalmente deforestadas entre 2010 y 2014. Por eso mismo, si Sprite necesita seguir deforestando para la producción de limones, debe hacerlo en otra zona.
“A pesar de que la Ley de Bosques no se lo permitía La Moraleja S.A. consiguió que el gobierno de Salta le otorgara permisos para desmontar, violando lo establecido por la normativa”.
La relación entre empresarios de la talla de Peña Braun y de la multinacional como Coca Cola, deja mal parado a un gobernador que hasta hace poco se candidateaba dentro de las filas del peronismo como una imagen de “renovación”.
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Argentina preside la red LAFICA
Argentina al frente de la Red Latinoamericana de Fiscalización y Monitoreo Ambiental
Fecha de Publicación: 13/12/2017
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
La presidencia de la red será asumida por Argentina en enero 2018 y se extenderá hasta diciembre de ese año.
Argentina, representada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, fue elegida para asumir la presidencia de la Red Latinoamericana de Fiscalización y Cumplimiento Ambiental (red LAFICA) que tiene como objetivo mejorar la fiscalización y el cumplimiento ambiental de toda la región latinoamericana. El evento de elección se llevó a cabo en Brasilia durante los días 28, 29 y 30 de noviembre donde también se aprobaron los estatutos y el plan estratégico 2018.
Al encuentro asistió Juan Trebino, subsecretario de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación quien explicó: “Este es un doble compromiso. En primer lugar vamos a seguir en la misma línea de trabajo que marcó Brasil en su presidencia del año pasado, con altos estándares, y también nuestra meta es ser líderes en la región en cuanto a proponer buenas prácticas y procedimientos uniformes en lo que es la fiscalización ambiental, lo que lleva de manera asociada a una seguridad jurídica para el industrial. Así, desde el Estad,o nos aseguraremos el buen proceder de la industria.”
La Red Lafica es una organización integrada por instituciones públicas que ejercen funciones de fiscalización ambiental en los países de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, República Dominicana, Honduras, El Salvador, México, Panamá, Costa Rica y Bolivia.
Asimismo, busca fortalecer el rol de los organismos involucrados en la fiscalización y cumplimiento ambiental por lo que las entidades que la conforman trabajan para solucionar los problemas y efectos ambientales transfronterizos, desarrollar los indicadores asociados a la fiscalización y cumplimiento ambiental a nivel regional, fortalecer la capacidad de los profesionales a través de capacitaciones, así como compartir las prácticas internacionales, información y enfoques sobre problemas ambientales en los distintos países.
También participó del encuentro Silvia Vigide, directora de Fiscalización e Infracciones Ambientales de la cartera de Ambiente nacional.
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Fecha de Publicación: 13/12/2017
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
La presidencia de la red será asumida por Argentina en enero 2018 y se extenderá hasta diciembre de ese año.
Argentina, representada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, fue elegida para asumir la presidencia de la Red Latinoamericana de Fiscalización y Cumplimiento Ambiental (red LAFICA) que tiene como objetivo mejorar la fiscalización y el cumplimiento ambiental de toda la región latinoamericana. El evento de elección se llevó a cabo en Brasilia durante los días 28, 29 y 30 de noviembre donde también se aprobaron los estatutos y el plan estratégico 2018.
Al encuentro asistió Juan Trebino, subsecretario de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación quien explicó: “Este es un doble compromiso. En primer lugar vamos a seguir en la misma línea de trabajo que marcó Brasil en su presidencia del año pasado, con altos estándares, y también nuestra meta es ser líderes en la región en cuanto a proponer buenas prácticas y procedimientos uniformes en lo que es la fiscalización ambiental, lo que lleva de manera asociada a una seguridad jurídica para el industrial. Así, desde el Estad,o nos aseguraremos el buen proceder de la industria.”
La Red Lafica es una organización integrada por instituciones públicas que ejercen funciones de fiscalización ambiental en los países de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, República Dominicana, Honduras, El Salvador, México, Panamá, Costa Rica y Bolivia.
Asimismo, busca fortalecer el rol de los organismos involucrados en la fiscalización y cumplimiento ambiental por lo que las entidades que la conforman trabajan para solucionar los problemas y efectos ambientales transfronterizos, desarrollar los indicadores asociados a la fiscalización y cumplimiento ambiental a nivel regional, fortalecer la capacidad de los profesionales a través de capacitaciones, así como compartir las prácticas internacionales, información y enfoques sobre problemas ambientales en los distintos países.
También participó del encuentro Silvia Vigide, directora de Fiscalización e Infracciones Ambientales de la cartera de Ambiente nacional.
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Localidades cordilleranas movilizados por los glaciares
En defensa de los glaciares
Fecha de Publicación: 12/12/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Las organizaciones de pueblos y ciudades cordilleranas rechazaron la modificación a la ley de glaciares y anunciaron que se movilizarán para garantizar el cumplimiento de la norma actual. “El Gobierno trabaja para favorecer a los grandes grupos empresariales”, denunciaron.
El Gobierno impulsa la modificación de la ley de glaciares para avanzar con megaminería en zonas prohibidas. Las asambleas socioambientales a lo largo de la Cordillera advierten que resistirán la modificación de la norma y movilizarán para su cumplimiento efectivo. Duras críticas al ministro de Ambiente, Sergio Bergman, anuncios de mayor conflictividad y aumento de la criminalización.
El gobierno nacional tomó medidas en favor de la minería desde el primer mes de gestión, cuando anunció el quite de retenciones a la actividad. A inicios de 2017 dejó trascender que pretendía modificar la Ley 26.639 de “Régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial” (más conocida como “ley de glaciares”) y derogar las leyes provinciales que limitan la actividad.
El 14 de noviembre, el presidente Mauricio Macri se reunió con Eduardo Elsztain (Grupo IRSA y accionista de la minera Austral Gold) y a Carlos Miguens (titular de M.B. Holdings, Agropecuaria Cantomi y director de Patagonia Gold). También participaron los ejecutivos de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), los sindicatos Uocra (Unión Obrera de la Construcción) y AOMA (Asociación Obrera Minera), funcionarios provinciales y de los ministerios de Ambiente y Minería. Macri confirmó la modificación de la ley de glaciares.
La misma semana, el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, sostuvo que las leyes de glaciares y de bosques son “grandes ideas irreales” y que su sanción respondió a una “épica legislativa”. Justificó su posible modificación.
El 4 de diciembre se cumplieron quince años de la primera gran movilización que se produjo en Esquel contra la megaminería y que tuvo un hito en marzo de 2003, cuando el 82 por ciento de la población votó contra la instalación de un proyecto minero. Los día 4 de cada mes se marcha en la ciudad, desde hace quince años.
“El gobierno está trabajando para favorecer los intereses de los grandes grupos empresariales y como ha venido pasando hace décadas sigue la línea de promover el extractivismo con argumentos de supuestas oportunidades económicas para la población. Las muestras de falsedad del beneficio económico y el riesgo socioambiental para las comunidades hace tiempo que es evidente, solo es preciso analizar la situación de los pueblos que vienen sufriendo la explotación megaminera”, alertó Corina Milán, de la Asamblea de Vecinos de Esquel. “La mina Pascua Lama está sobre suelo periglaciar. Por lo cual, en San Juan no se cumple la ley”, denunció Nina D’Horacio, asambleísta de Esquel.
En Catamarca conocen de megaminería desde hace veinte años, cuando se instaló Minera Alumbrera (hoy en manos del consorcio Suizo-Canadiense Glencore, Goldcorp y Yamana Gold). En la misma zona, oeste provincial, el gobierno de Lucía Corpacci impulsa la instalación de Agua Rica (tres veces más grande que Alumbrera). “Manifestamos nuestro enérgico repudio a las declaraciones del ministro Sergio Bergman. Exigimos que no se modifique la ley de glaciares. Que se haga efectivo la realización del inventario tal como lo dispone la ley, es decir que se releven los glaciares de cualquier tamaño y el ambiente periglaciar”, destacó el comunicado de una decena de asambleas socioambientales nucleadas en la organización Pucará (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación).
Las asambleas catamarqueñas recordaron que en sus territorios está la mayor prueba “del engaño minero”, que no significó progreso. “Ya aprendimos que la megaminería no trae bienestar para los pueblos. Al contrario, nos sacan el agua, la contaminan y nos degradan social, cultural, económica y ambientalmente”, afirmaron.
Mendoza es una de las provincias que tienen leyes que limitan la megaminería. Y resisten desde hace años al lobby minero. Marcelo Giraud, de las asambleas mendocinas, precisó que el área de glaciares donde se prohíbe la minería es menor al uno por ciento del territorio nacional (exceptuando la Antártida). Destacó que todas las asambleas y organizaciones socioambientales de la provincia “repudian terminantemente cualquier intento de modificar la ley de glaciares que tienda a reducir el área donde rigen las prohibiciones”.
Entre las medidas planificadas señaló que se avanzará en un plan de “re-concientización de los impactos mineros”. Recordó que la Ley de Bosques también corre el mismo riesgo y alertó sobre el intento de una ley de semillas en favor de las empresas transgénicas. “Todo se enmarca en la profundización del extractivismo, pero también esto suscitará crecientes resistencia en los territorios”, afirmó Giraud.
Recordó que el Inventario Nacional de Glaciares aún no está concluido a pesar de que la Ley preveía su terminación en un plazo de cinco años.
La Rioja echó a cuatro empresas mineras en los últimos diez años, entre ellas a la poderosa Barrick Gold. Jenny Luján, de la Asamblea de Chilecito, consideró que la norma es “una herramienta muy importante a la hora de fundamentar desde lo legal el no rotundo a la minería” en el Cordón del Famatina. “El agua es el mayor tesoro que tenemos, aún más en estas regiones, y la vamos a defender”, aseguró.
Desde la Asamblea de Chilecito alertaron que el avance extractivo también implica modificaciones en el sistema judicial para “legalizar la criminalización y judicialización de las protestas”. Luján también llamó la atención en el rol de los grandes medios de comunicación: “Transmiten una realidad ficcionada que demoniza a los movimientos campesinos, indígenas, socioambientales y agudiza la lucha de pobres contra pobres”.
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Fecha de Publicación: 12/12/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Las organizaciones de pueblos y ciudades cordilleranas rechazaron la modificación a la ley de glaciares y anunciaron que se movilizarán para garantizar el cumplimiento de la norma actual. “El Gobierno trabaja para favorecer a los grandes grupos empresariales”, denunciaron.
El Gobierno impulsa la modificación de la ley de glaciares para avanzar con megaminería en zonas prohibidas. Las asambleas socioambientales a lo largo de la Cordillera advierten que resistirán la modificación de la norma y movilizarán para su cumplimiento efectivo. Duras críticas al ministro de Ambiente, Sergio Bergman, anuncios de mayor conflictividad y aumento de la criminalización.
El gobierno nacional tomó medidas en favor de la minería desde el primer mes de gestión, cuando anunció el quite de retenciones a la actividad. A inicios de 2017 dejó trascender que pretendía modificar la Ley 26.639 de “Régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial” (más conocida como “ley de glaciares”) y derogar las leyes provinciales que limitan la actividad.
El 14 de noviembre, el presidente Mauricio Macri se reunió con Eduardo Elsztain (Grupo IRSA y accionista de la minera Austral Gold) y a Carlos Miguens (titular de M.B. Holdings, Agropecuaria Cantomi y director de Patagonia Gold). También participaron los ejecutivos de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), los sindicatos Uocra (Unión Obrera de la Construcción) y AOMA (Asociación Obrera Minera), funcionarios provinciales y de los ministerios de Ambiente y Minería. Macri confirmó la modificación de la ley de glaciares.
La misma semana, el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, sostuvo que las leyes de glaciares y de bosques son “grandes ideas irreales” y que su sanción respondió a una “épica legislativa”. Justificó su posible modificación.
El 4 de diciembre se cumplieron quince años de la primera gran movilización que se produjo en Esquel contra la megaminería y que tuvo un hito en marzo de 2003, cuando el 82 por ciento de la población votó contra la instalación de un proyecto minero. Los día 4 de cada mes se marcha en la ciudad, desde hace quince años.
“El gobierno está trabajando para favorecer los intereses de los grandes grupos empresariales y como ha venido pasando hace décadas sigue la línea de promover el extractivismo con argumentos de supuestas oportunidades económicas para la población. Las muestras de falsedad del beneficio económico y el riesgo socioambiental para las comunidades hace tiempo que es evidente, solo es preciso analizar la situación de los pueblos que vienen sufriendo la explotación megaminera”, alertó Corina Milán, de la Asamblea de Vecinos de Esquel. “La mina Pascua Lama está sobre suelo periglaciar. Por lo cual, en San Juan no se cumple la ley”, denunció Nina D’Horacio, asambleísta de Esquel.
En Catamarca conocen de megaminería desde hace veinte años, cuando se instaló Minera Alumbrera (hoy en manos del consorcio Suizo-Canadiense Glencore, Goldcorp y Yamana Gold). En la misma zona, oeste provincial, el gobierno de Lucía Corpacci impulsa la instalación de Agua Rica (tres veces más grande que Alumbrera). “Manifestamos nuestro enérgico repudio a las declaraciones del ministro Sergio Bergman. Exigimos que no se modifique la ley de glaciares. Que se haga efectivo la realización del inventario tal como lo dispone la ley, es decir que se releven los glaciares de cualquier tamaño y el ambiente periglaciar”, destacó el comunicado de una decena de asambleas socioambientales nucleadas en la organización Pucará (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación).
Las asambleas catamarqueñas recordaron que en sus territorios está la mayor prueba “del engaño minero”, que no significó progreso. “Ya aprendimos que la megaminería no trae bienestar para los pueblos. Al contrario, nos sacan el agua, la contaminan y nos degradan social, cultural, económica y ambientalmente”, afirmaron.
Mendoza es una de las provincias que tienen leyes que limitan la megaminería. Y resisten desde hace años al lobby minero. Marcelo Giraud, de las asambleas mendocinas, precisó que el área de glaciares donde se prohíbe la minería es menor al uno por ciento del territorio nacional (exceptuando la Antártida). Destacó que todas las asambleas y organizaciones socioambientales de la provincia “repudian terminantemente cualquier intento de modificar la ley de glaciares que tienda a reducir el área donde rigen las prohibiciones”.
Entre las medidas planificadas señaló que se avanzará en un plan de “re-concientización de los impactos mineros”. Recordó que la Ley de Bosques también corre el mismo riesgo y alertó sobre el intento de una ley de semillas en favor de las empresas transgénicas. “Todo se enmarca en la profundización del extractivismo, pero también esto suscitará crecientes resistencia en los territorios”, afirmó Giraud.
Recordó que el Inventario Nacional de Glaciares aún no está concluido a pesar de que la Ley preveía su terminación en un plazo de cinco años.
La Rioja echó a cuatro empresas mineras en los últimos diez años, entre ellas a la poderosa Barrick Gold. Jenny Luján, de la Asamblea de Chilecito, consideró que la norma es “una herramienta muy importante a la hora de fundamentar desde lo legal el no rotundo a la minería” en el Cordón del Famatina. “El agua es el mayor tesoro que tenemos, aún más en estas regiones, y la vamos a defender”, aseguró.
Desde la Asamblea de Chilecito alertaron que el avance extractivo también implica modificaciones en el sistema judicial para “legalizar la criminalización y judicialización de las protestas”. Luján también llamó la atención en el rol de los grandes medios de comunicación: “Transmiten una realidad ficcionada que demoniza a los movimientos campesinos, indígenas, socioambientales y agudiza la lucha de pobres contra pobres”.
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El gobierno salteño defiende la deforestación Braun Peña
El gobierno afirma que la deforestación en la finca El Cuchuy fue legal
Fecha de Publicación: 11/12/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
Greenpeace había denunciado que esas tierras, pertenecientes a un pariente del Jefe de Gabinete de la Nación, habían sido desmontadas de manera ilegal.
Ayer se conoció la denuncia realizada por Greenpeace, en la que daba a conocer que se habían desmontado casi 9.000 hectáreas de la finca Cuchuy, de Salta. La finca Cuchuy es propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña.
La organización gubernamental enfatizaba que esas tierras estaban dentro del área protegida por la Ley de Bosques y que el gobierno provincial había cambiado su categoría de manera arbitraria y, según Greenpeace, también de manera ilegal para permitir que las topadoras marchen.
LA GACETA, que difundió el informe de Greenpeace, trató de comunicarse de manera reiterada ayer y antes de ayer con autoridades de la provincia para que dieran su versión. Y no hubo respuesta. Pero hoy, después de que se publicara el artículo, replicado por otros medios, el gobierno publicó un comunicado oficial sobre el tema, en el que aseguran que “los trabajos de cambio de uso de suelo que se ejecutan en la finca El Cuchuy (departamento San Martín) desde 2014, fueron avalados por la autoridad competente provincial y se encontraron ajustados a la normativa ambiental vigente en el momento del dictado de la autorización”.
Se enfatiza, además, que la Ley de Bosques Nativos (Ley de Presupuestos Mínimos) establece que las (provincias o jurisdicciones) dictarán sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de acuerdo con los lineamientos y en función a criterios de conservación establecidos en la misma, como piso para determinar las diferentes categorías (bajo, mediano y alto).
“La Autoridad de Aplicación en materia ambiental en la provincia es el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y otorga las autorizaciones de planes de manejo de cambio de uso de suelo, como también de planes de manejos forestales y de conservación, una vez que se realizan las evaluaciones técnicas y siempre que cumplan con los requisitos establecidos (evaluación de impacto ambiental, audiencias públicas, etc). La autorización del cambio de uso de suelo en cuestión se realizó en el marco del Decreto 2.211/10, a través del cual se aprobaba el Procedimiento de Análisis de Proyectos a Nivel Predial, en virtud de la escala en la cual se realizó la cartografía que sirve de base al mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos, lo que permitía incorporar la posibilidad de presentar planes de ordenamiento de escala predial para determinar si en la superficie no confluyen los criterios establecidos por la ley y lo que orientativamente estableció la cartografía”, dice el comunicado.
El comunicado recalca el gobierno autorizó proyectos para la producción agrícola a partir de 2012. “Vale aclarar que los proyectos de cambio de uso de suelo autorizados cuando la ley lo permitía no se realizan en una sola acción sino por módulos y que los mismos se ejecutan con intervalos de tiempo entre uno y otro. En este marco, el actual desmonte en ejecución en el mencionado predio corresponde a un módulo autorizado oportunamente”, señalaron.
“Es importante tener en cuenta que consta en el expediente (foja 453 exp. 119-15742-2017) el acta acuerdo celebrada entre Braun Peña y Larrán Gastón por una parte y, por la otra, la comunidad wichí Laguna Cuchuy, en la que los primeros se comprometen a la donación de 300 hectáreas, que están dentro del 40% exigido por la Ley como reserva natural. Asimismo, consta y se ratifica la conformidad de las comunidades respecto del área del proyecto en acta. (foja 479)”, concluye el comunicado.
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Fecha de Publicación: 11/12/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
Greenpeace había denunciado que esas tierras, pertenecientes a un pariente del Jefe de Gabinete de la Nación, habían sido desmontadas de manera ilegal.
Ayer se conoció la denuncia realizada por Greenpeace, en la que daba a conocer que se habían desmontado casi 9.000 hectáreas de la finca Cuchuy, de Salta. La finca Cuchuy es propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña.
La organización gubernamental enfatizaba que esas tierras estaban dentro del área protegida por la Ley de Bosques y que el gobierno provincial había cambiado su categoría de manera arbitraria y, según Greenpeace, también de manera ilegal para permitir que las topadoras marchen.
LA GACETA, que difundió el informe de Greenpeace, trató de comunicarse de manera reiterada ayer y antes de ayer con autoridades de la provincia para que dieran su versión. Y no hubo respuesta. Pero hoy, después de que se publicara el artículo, replicado por otros medios, el gobierno publicó un comunicado oficial sobre el tema, en el que aseguran que “los trabajos de cambio de uso de suelo que se ejecutan en la finca El Cuchuy (departamento San Martín) desde 2014, fueron avalados por la autoridad competente provincial y se encontraron ajustados a la normativa ambiental vigente en el momento del dictado de la autorización”.
Se enfatiza, además, que la Ley de Bosques Nativos (Ley de Presupuestos Mínimos) establece que las (provincias o jurisdicciones) dictarán sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de acuerdo con los lineamientos y en función a criterios de conservación establecidos en la misma, como piso para determinar las diferentes categorías (bajo, mediano y alto).
“La Autoridad de Aplicación en materia ambiental en la provincia es el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y otorga las autorizaciones de planes de manejo de cambio de uso de suelo, como también de planes de manejos forestales y de conservación, una vez que se realizan las evaluaciones técnicas y siempre que cumplan con los requisitos establecidos (evaluación de impacto ambiental, audiencias públicas, etc). La autorización del cambio de uso de suelo en cuestión se realizó en el marco del Decreto 2.211/10, a través del cual se aprobaba el Procedimiento de Análisis de Proyectos a Nivel Predial, en virtud de la escala en la cual se realizó la cartografía que sirve de base al mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos, lo que permitía incorporar la posibilidad de presentar planes de ordenamiento de escala predial para determinar si en la superficie no confluyen los criterios establecidos por la ley y lo que orientativamente estableció la cartografía”, dice el comunicado.
El comunicado recalca el gobierno autorizó proyectos para la producción agrícola a partir de 2012. “Vale aclarar que los proyectos de cambio de uso de suelo autorizados cuando la ley lo permitía no se realizan en una sola acción sino por módulos y que los mismos se ejecutan con intervalos de tiempo entre uno y otro. En este marco, el actual desmonte en ejecución en el mencionado predio corresponde a un módulo autorizado oportunamente”, señalaron.
“Es importante tener en cuenta que consta en el expediente (foja 453 exp. 119-15742-2017) el acta acuerdo celebrada entre Braun Peña y Larrán Gastón por una parte y, por la otra, la comunidad wichí Laguna Cuchuy, en la que los primeros se comprometen a la donación de 300 hectáreas, que están dentro del 40% exigido por la Ley como reserva natural. Asimismo, consta y se ratifica la conformidad de las comunidades respecto del área del proyecto en acta. (foja 479)”, concluye el comunicado.
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La minería o el medio ambiente y glaciares
La minería o el medio ambiente: la discusión de fondo en las reformas a la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 04/12/2017
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno quiere modificar la ley de protección de glaciares para promover el desarrollo de las actividades económicas. ¿Desde cuándo el medio ambiente se convirtió en un obstáculo para la explotación de los recursos naturales?
El kircherismo vetó dos leyes en doce años. Una fue la ley de glaciares. En los fundamentos de ese veto se ufanó de ser un gobierno comprometido con la protección ambiental. Párrafos después describió que "la prohibición de la explotación minera sobre ámbitos periglaciares de hielos saturados daría preeminencia a los aspectos ambientales por sobre las actividades extractivas". El medio ambiente se había convertido en una especie de escollo para la explotación de los recursos naturales.
El objetivo de la ley es preservar los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas
Una reciente información reconocida incluso por el Ministerio de Ambiente señala que el actual gobierno de Mauricio Macri, asimismo autoproclamado paladín de la ecología, promoverá una corrección de la ley de protección de glaciares, una ley que gracias a los avatares de presiones y lobbys jamás logró ser aplicada, puesto que el Estado nunca concluyó el inventario requerido de los cuerpos de hielo permanentes.
El argumento es idéntico al de la gestión anterior: la norma ambiental obstruye las inversiones. Según los empresarios, la actual norma tiene prácticamente vedado el normal desarrollo de las actividades económicas en las zonas de los hielos periglaciares, donde está prohibida el ejercicio industrial. El gremio de los mineros coincide: dirigentes de la UOCRA y la AOMA creen que la ley es confusa y no facilita ni promueve el despliegue de inversiones. Por eso el Gobierno busca moldear la protección legislativa a los glaciares para que regule el desarrollo económico sin menoscabar su compromiso por el medio ambiente.
Pero decaer en el estándar de protección de los cuerpos productores de agua dulce amenazados por el cambio climático no parece ser lo más adecuado en esta época. En la reunión en la que se discutió tal iniciativa comparecieron empresarios y demás interesados en las divisas que proporcionan una actividad ambientalmente cuestionada en todo el planeta.
Una ex ministra de Medio Ambiente de España, Cristina Narbona, solía decir que el modo en que se toman las decisiones y quiénes las adoptan determina cuáles intereses se benefician y cuáles se perjudican. Siendo el agua claramente un bien común, ¿no corresponde consultar a la sociedad en su conjunto si para las generaciones venideras quiere dejar glaciares o minería a cielo abierto?
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Fecha de Publicación: 04/12/2017
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno quiere modificar la ley de protección de glaciares para promover el desarrollo de las actividades económicas. ¿Desde cuándo el medio ambiente se convirtió en un obstáculo para la explotación de los recursos naturales?
El kircherismo vetó dos leyes en doce años. Una fue la ley de glaciares. En los fundamentos de ese veto se ufanó de ser un gobierno comprometido con la protección ambiental. Párrafos después describió que "la prohibición de la explotación minera sobre ámbitos periglaciares de hielos saturados daría preeminencia a los aspectos ambientales por sobre las actividades extractivas". El medio ambiente se había convertido en una especie de escollo para la explotación de los recursos naturales.
El objetivo de la ley es preservar los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas
Una reciente información reconocida incluso por el Ministerio de Ambiente señala que el actual gobierno de Mauricio Macri, asimismo autoproclamado paladín de la ecología, promoverá una corrección de la ley de protección de glaciares, una ley que gracias a los avatares de presiones y lobbys jamás logró ser aplicada, puesto que el Estado nunca concluyó el inventario requerido de los cuerpos de hielo permanentes.
El argumento es idéntico al de la gestión anterior: la norma ambiental obstruye las inversiones. Según los empresarios, la actual norma tiene prácticamente vedado el normal desarrollo de las actividades económicas en las zonas de los hielos periglaciares, donde está prohibida el ejercicio industrial. El gremio de los mineros coincide: dirigentes de la UOCRA y la AOMA creen que la ley es confusa y no facilita ni promueve el despliegue de inversiones. Por eso el Gobierno busca moldear la protección legislativa a los glaciares para que regule el desarrollo económico sin menoscabar su compromiso por el medio ambiente.
Pero decaer en el estándar de protección de los cuerpos productores de agua dulce amenazados por el cambio climático no parece ser lo más adecuado en esta época. En la reunión en la que se discutió tal iniciativa comparecieron empresarios y demás interesados en las divisas que proporcionan una actividad ambientalmente cuestionada en todo el planeta.
Una ex ministra de Medio Ambiente de España, Cristina Narbona, solía decir que el modo en que se toman las decisiones y quiénes las adoptan determina cuáles intereses se benefician y cuáles se perjudican. Siendo el agua claramente un bien común, ¿no corresponde consultar a la sociedad en su conjunto si para las generaciones venideras quiere dejar glaciares o minería a cielo abierto?
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Ex gobernador de Chubut pide abrir el debate por la minería
Lizurume recomendó que Chubut reabra el debate por la minería
Fecha de Publicación: 04/12/2017
Fuente: El Diario de Madryn
Provincia/Región: Chubut
El ex gobernador José Luis Lizurume participará de la reunión entre el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni y ex gobernadores de Chubut. Al respecto, adelantó que le recomendaría iniciar el debate por la minería porque “esto merece diálogo y opinión porque por ahí la mayoría dice que no quiere minería y no habrá”. Cabe recordar que el ex gobernador radical había habilitado a la empresa minera Meridian Gold para iniciar los procesos de cateo en Esquel. Dicha decisión generó un plebiscito que se manifestó en contra de la minería y como consecuencia, se vio afectada la reelección de Lizurume.
El ex gobernador indicó que participará de la reunión con ex mandatarios donde “más allá de lo que cada uno pueda comentar, no digo que estemos para dar consejos pero sí experiencia vivida. Nuestra gestión sabe de experiencias difíciles por la crisis de 1999 al 2002 y que todos dicen que es la crisis más aguda del país y cada una de sus provincias. La pasamos muy mal y apretados”.
Prolija relación con Nación
“Nos resistimos a no entregar el banco, cosa que cuando asumió Cavallo como ministro de Economía decía que había que privatizar el banco y la caja”, recordó. A pesar de dicha presión “logramos retener el banco en poder el gobierno y vivimos épocas muy complicadas y la provincia esta atravesando una situación compleja pero no tanto como la nuestra”.
A su vez, el ex mandatario indicó que “le destaco al gobernador Arcioni su prolijidad en su relación con Nación que no significa entregarse. No puede existir mala relación entre un gobierno provincial y nacional pero no significa decir que sí a todo. Creo que es el camino que piensa transitar el gobernador Arcioni para lograr que se reivindique a Chubut lo que le corresponde”.
Consultado sobre qué le diría a Arcioni, remarcó que “lo primero que le diría es que acá tiene que haber un dialogo inminente. Esto se tiene que hablar, consensuar y en una oportunidad con todos los gremios cuando se pagaban los sueldos en los gimnasios porque los bancos estaban de paro, me reuní con todos los representantes en la residencia para ver de qué manera se podía compatibilizar posiciones para buscar la posibilidad de que el trabajador no sea el producto de todo lo malo que está sucediendo”, recordó.
Ante el anuncio de no agrandar la estructura del personal estatal, “creo que es importante una reestructuración del Estado. También me preocupa un poco que hay una media más de empleados públicos. No sé si se justifica pero es una cuestión que hay que analizar”, planteó.
Minería con controles
Consultado sobre la postura en torno a la minería en Chubut, Lizurume remarcó que “hay dos aspectos muy claros. Se hizo una presentación de 13 mil firmas por el no a la minería, pero ese no es el pensamiento total de los chubutenses”.
“Si me preguntan la minería donde dijimos que no, seguimos diciendo lo mismo. Lo demás deberá interpretarse respecto a lo que piensa la gente. No estoy diciendo que hay que hacer minería, pero si es una solución con todos los controles al extremo y los requisitos que haya que tener y si la mayoría de los chubutenses dice que sí; será una alternativa”, sostuvo.
Además, se preguntó “¿cuál es el temor de preguntarle a la gente? Si se le pregunta cada 4 años para elección de gobernador y cada dos para diputados. ¿Por qué no se le puede preguntar a la gente sobre determina situación”.
“Acá hay mucha gente en contra de la minería pero me parece que no es conducente esas posiciones extremas de agresividad. Esto merece diálogo y opinión porque por ahí la mayoría dice que no quiere minería y no habrá. Pero pienso que habrá que tomar una decisión o seguir en la posición cerrada con la que están”, concluyó.
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Fecha de Publicación: 04/12/2017
Fuente: El Diario de Madryn
Provincia/Región: Chubut
El ex gobernador José Luis Lizurume participará de la reunión entre el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni y ex gobernadores de Chubut. Al respecto, adelantó que le recomendaría iniciar el debate por la minería porque “esto merece diálogo y opinión porque por ahí la mayoría dice que no quiere minería y no habrá”. Cabe recordar que el ex gobernador radical había habilitado a la empresa minera Meridian Gold para iniciar los procesos de cateo en Esquel. Dicha decisión generó un plebiscito que se manifestó en contra de la minería y como consecuencia, se vio afectada la reelección de Lizurume.
El ex gobernador indicó que participará de la reunión con ex mandatarios donde “más allá de lo que cada uno pueda comentar, no digo que estemos para dar consejos pero sí experiencia vivida. Nuestra gestión sabe de experiencias difíciles por la crisis de 1999 al 2002 y que todos dicen que es la crisis más aguda del país y cada una de sus provincias. La pasamos muy mal y apretados”.
Prolija relación con Nación
“Nos resistimos a no entregar el banco, cosa que cuando asumió Cavallo como ministro de Economía decía que había que privatizar el banco y la caja”, recordó. A pesar de dicha presión “logramos retener el banco en poder el gobierno y vivimos épocas muy complicadas y la provincia esta atravesando una situación compleja pero no tanto como la nuestra”.
A su vez, el ex mandatario indicó que “le destaco al gobernador Arcioni su prolijidad en su relación con Nación que no significa entregarse. No puede existir mala relación entre un gobierno provincial y nacional pero no significa decir que sí a todo. Creo que es el camino que piensa transitar el gobernador Arcioni para lograr que se reivindique a Chubut lo que le corresponde”.
Consultado sobre qué le diría a Arcioni, remarcó que “lo primero que le diría es que acá tiene que haber un dialogo inminente. Esto se tiene que hablar, consensuar y en una oportunidad con todos los gremios cuando se pagaban los sueldos en los gimnasios porque los bancos estaban de paro, me reuní con todos los representantes en la residencia para ver de qué manera se podía compatibilizar posiciones para buscar la posibilidad de que el trabajador no sea el producto de todo lo malo que está sucediendo”, recordó.
Ante el anuncio de no agrandar la estructura del personal estatal, “creo que es importante una reestructuración del Estado. También me preocupa un poco que hay una media más de empleados públicos. No sé si se justifica pero es una cuestión que hay que analizar”, planteó.
Minería con controles
Consultado sobre la postura en torno a la minería en Chubut, Lizurume remarcó que “hay dos aspectos muy claros. Se hizo una presentación de 13 mil firmas por el no a la minería, pero ese no es el pensamiento total de los chubutenses”.
“Si me preguntan la minería donde dijimos que no, seguimos diciendo lo mismo. Lo demás deberá interpretarse respecto a lo que piensa la gente. No estoy diciendo que hay que hacer minería, pero si es una solución con todos los controles al extremo y los requisitos que haya que tener y si la mayoría de los chubutenses dice que sí; será una alternativa”, sostuvo.
Además, se preguntó “¿cuál es el temor de preguntarle a la gente? Si se le pregunta cada 4 años para elección de gobernador y cada dos para diputados. ¿Por qué no se le puede preguntar a la gente sobre determina situación”.
“Acá hay mucha gente en contra de la minería pero me parece que no es conducente esas posiciones extremas de agresividad. Esto merece diálogo y opinión porque por ahí la mayoría dice que no quiere minería y no habrá. Pero pienso que habrá que tomar una decisión o seguir en la posición cerrada con la que están”, concluyó.
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Glaciares: tres ex secretarios de Ambiente procesados
Procesan a tres ex secretarios de Ambiente por haber violado la ley de Glaciares
Fecha de Publicación: 01/12/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
En un fallo sin precedentes, el juez Casanello acusó a los kirchneristas Omar Judis, Sergio Lorusso y Juan José Mussi; la causa comenzó por el derrame en la mina Veladero, de la Barrick Gold.
En un fallo sin precedente en materia ambiental, el juez federal Sebastián Casanello procesó a tres ex titulares de la Secretaría de Ambiente, acusados de haber violado la ley de glaciares, y pidió al Gobierno que estableciera de modo "urgente" los posibles daños causados como consecuencia de las medidas tomadas por ellos.
Esta causa es un desprendimiento de la investigación del derrame de cianuro en la mina Veladero, de la empresa Barrick Gold, en San Juan. De acuerdo con el fallo de Casanello, hay pruebas para sostener que Omar Judis, Sergio Lorusso y Juan José Mussi cometieron el delito de abuso de autoridad.
La ley de glaciares, sancionada en 2010, ordenó que se hiciera un Inventario Nacional de Glaciares. Previo a ello, un documento estableció cómo y cuándo se haría el inventario. Según la investigación, los ex funcionarios kirchneristas responsables de ese documento violaron la ley de glaciares porque establecieron un criterio tan restrictivo que hizo imposible que fueran inventariados -y por ende protegidos- muchos cuerpos de hielo de la zona donde está asentada la mina de Barrick Gold. Según el juez, los funcionarios retuvieron información, demoraron el inventario y postergaron los trabajos que debían hacerse en la zona de Veladero a pesar de que era "zona prioritaria" por mandato legal.
Además de procesarlos, los embargó en $ 5 millones a cada uno y les prohibió salir del país. También procesó a Ricardo Villalba, que era titular del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), el organismo que tenía responsabilidad directa sobre el Inventario Nacional de Glaciares.
En la misma resolución, Casanello encomendó al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que tomara las "medidas de protección, limpieza y restauración" necesarias y que estableciera de "modo urgente" si existió un daño al medio ambiente. De ser así, que lo mensurara. También decidió enviarle una copia de su fallo al Congreso, que tiene en estudio una reforma de la ley de glaciares.
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Fecha de Publicación: 01/12/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
En un fallo sin precedentes, el juez Casanello acusó a los kirchneristas Omar Judis, Sergio Lorusso y Juan José Mussi; la causa comenzó por el derrame en la mina Veladero, de la Barrick Gold.
En un fallo sin precedente en materia ambiental, el juez federal Sebastián Casanello procesó a tres ex titulares de la Secretaría de Ambiente, acusados de haber violado la ley de glaciares, y pidió al Gobierno que estableciera de modo "urgente" los posibles daños causados como consecuencia de las medidas tomadas por ellos.
Esta causa es un desprendimiento de la investigación del derrame de cianuro en la mina Veladero, de la empresa Barrick Gold, en San Juan. De acuerdo con el fallo de Casanello, hay pruebas para sostener que Omar Judis, Sergio Lorusso y Juan José Mussi cometieron el delito de abuso de autoridad.
La ley de glaciares, sancionada en 2010, ordenó que se hiciera un Inventario Nacional de Glaciares. Previo a ello, un documento estableció cómo y cuándo se haría el inventario. Según la investigación, los ex funcionarios kirchneristas responsables de ese documento violaron la ley de glaciares porque establecieron un criterio tan restrictivo que hizo imposible que fueran inventariados -y por ende protegidos- muchos cuerpos de hielo de la zona donde está asentada la mina de Barrick Gold. Según el juez, los funcionarios retuvieron información, demoraron el inventario y postergaron los trabajos que debían hacerse en la zona de Veladero a pesar de que era "zona prioritaria" por mandato legal.
Además de procesarlos, los embargó en $ 5 millones a cada uno y les prohibió salir del país. También procesó a Ricardo Villalba, que era titular del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), el organismo que tenía responsabilidad directa sobre el Inventario Nacional de Glaciares.
En la misma resolución, Casanello encomendó al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que tomara las "medidas de protección, limpieza y restauración" necesarias y que estableciera de "modo urgente" si existió un daño al medio ambiente. De ser así, que lo mensurara. También decidió enviarle una copia de su fallo al Congreso, que tiene en estudio una reforma de la ley de glaciares.
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Recorte en Medio Ambiente de Santa Fe
Santa Fe recorta el presupuesto 2018 destinado a proteger el ambiente
Fecha de Publicación: 30/11/2017
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
Los fondos que prevé la provincia para planes ecológicos quedaron desfinanciados en el nuevo presupuesto proyectado
El gobierno santafesino planea recortar los fondos destinados al Ministerio de Medio Ambiente para el año próximo, a pesar de la grave problemática que atraviesa la provincia, afectada por inundaciones asociadas a la erosión del suelo y a la deforestación, originada por la expansión descontrolada de la frontera agrícola.
Así se desprende de un análisis del proyecto de presupuesto para 2018, donde a la cartera ambiental santafesina se le asignan 228 millones de pesos contra los 200 millones de este año, un monto que, si bien significa una suba porcentual nominal del 14 por ciento, queda pulverizado por efecto de la actual inflación, cuyo acumulado anual para el corriente año —de acuerdo a las estimaciones de la propia provincia de Santa Fe— trepará muy por encima del 20 por ciento.
Tampoco alcanza para cubrir la suba de precios proyectada para el año que viene desde el gobierno de la Nación, que se encuentra estimada en un 17 por ciento.
Pero además de quedar muy atrás de las estimaciones inflacionarias, la suba prevista para el área de Medio Ambiente queda muy por debajo de la suba total del presupuesto provincial, que entre este año y el próximo será un 26,5 por ciento mayor, justamente con la idea de compensar los incrementos de precios, lo cual refuerza la sensación de la escasa importancia que se le ha otorgado a los temas relacionados con el aspecto ambiental.
Sólo un 0,11 por ciento
El diputado provincial Carlos del Frade, integrante de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara baja, adelantó que la asignación para el cuidado del ambiente en el nuevo presupuesto es exactamente de 228.946.000 pesos, lo que representa un 0,11 por ciento del total de los 191 mil millones de pesos que estima gastar el gobierno provincial el año entrante en todo concepto.
Ese minúsculo porcentaje para 2018 es incluso inferior al del último, cuando los 200 millones representaron un 0,12 por ciento del correspondiente al año 2017, que fue de 155 mil millones de pesos.
"Los números del presupuesto marcan el final de las bellas palabras ya que la dimensión exacta de la importancia de los temas está dada por la estatura del número del presupuesto. Medio Ambiente y Ecología no forman parte de las prioridades del gobierno, aunque digan lo contrario. Los números, en definitiva, se ven en los hechos de la realidad", expresó el legislador.
Explicación de 2016
El año pasado, desde el gobierno provincial explicaron que el magro presupuesto para Ambiente se debía a que acababa de convertirse en ministerio y que todavía arrastraba asignaciones de cartera de menor rango. Sin embargo, las asignaciones para el año próximo no demuestran ningún cambio en ese sentido.
Los problemas ambientales le cuestan muy caros a la provincia: las dos últimas crisis hídricas significaron pérdidas estimadas por el Ministerio de la Producción provincial en 3 mil millones de dólares, lo que traducido a pesos son 48 mil millones, el equivalente a casi la tercera parte del presupuesto provincial de 2017.
Desde la cartera ambiental optaron por no responder a las consultas de LaCapital respecto de los recortes presupuestarios propuestos desde el Ejecutivo para 2018.
Números finos
Del Frade detalló además tres cifras que —según estimó— "sirven para pensar el tamaño real que le da la política santafesina al cuidado de la ecología". Por ejemplo, en el rubro "Monitoreo de flora, fauna y áreas naturales", la asignación para 2018 es de 800 mil pesos; incluso menor a la partida del presupuesto pasado, cuando se destinó 1 millón de pesos.
Esos 800 mil pesos representan el 0,00041 por ciento del presupuesto total; unos 2.222 pesos diarios, según los cálculos del diputado del Frente Social y Popular. Por otra parte, el programa denominado "Un árbol por cada santafesino" establece una partida de 12.720.000 pesos, el 0,006 por ciento del presupuesto total.
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Fecha de Publicación: 30/11/2017
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
Los fondos que prevé la provincia para planes ecológicos quedaron desfinanciados en el nuevo presupuesto proyectado
El gobierno santafesino planea recortar los fondos destinados al Ministerio de Medio Ambiente para el año próximo, a pesar de la grave problemática que atraviesa la provincia, afectada por inundaciones asociadas a la erosión del suelo y a la deforestación, originada por la expansión descontrolada de la frontera agrícola.
Así se desprende de un análisis del proyecto de presupuesto para 2018, donde a la cartera ambiental santafesina se le asignan 228 millones de pesos contra los 200 millones de este año, un monto que, si bien significa una suba porcentual nominal del 14 por ciento, queda pulverizado por efecto de la actual inflación, cuyo acumulado anual para el corriente año —de acuerdo a las estimaciones de la propia provincia de Santa Fe— trepará muy por encima del 20 por ciento.
Tampoco alcanza para cubrir la suba de precios proyectada para el año que viene desde el gobierno de la Nación, que se encuentra estimada en un 17 por ciento.
Pero además de quedar muy atrás de las estimaciones inflacionarias, la suba prevista para el área de Medio Ambiente queda muy por debajo de la suba total del presupuesto provincial, que entre este año y el próximo será un 26,5 por ciento mayor, justamente con la idea de compensar los incrementos de precios, lo cual refuerza la sensación de la escasa importancia que se le ha otorgado a los temas relacionados con el aspecto ambiental.
Sólo un 0,11 por ciento
El diputado provincial Carlos del Frade, integrante de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara baja, adelantó que la asignación para el cuidado del ambiente en el nuevo presupuesto es exactamente de 228.946.000 pesos, lo que representa un 0,11 por ciento del total de los 191 mil millones de pesos que estima gastar el gobierno provincial el año entrante en todo concepto.
Ese minúsculo porcentaje para 2018 es incluso inferior al del último, cuando los 200 millones representaron un 0,12 por ciento del correspondiente al año 2017, que fue de 155 mil millones de pesos.
"Los números del presupuesto marcan el final de las bellas palabras ya que la dimensión exacta de la importancia de los temas está dada por la estatura del número del presupuesto. Medio Ambiente y Ecología no forman parte de las prioridades del gobierno, aunque digan lo contrario. Los números, en definitiva, se ven en los hechos de la realidad", expresó el legislador.
Explicación de 2016
El año pasado, desde el gobierno provincial explicaron que el magro presupuesto para Ambiente se debía a que acababa de convertirse en ministerio y que todavía arrastraba asignaciones de cartera de menor rango. Sin embargo, las asignaciones para el año próximo no demuestran ningún cambio en ese sentido.
Los problemas ambientales le cuestan muy caros a la provincia: las dos últimas crisis hídricas significaron pérdidas estimadas por el Ministerio de la Producción provincial en 3 mil millones de dólares, lo que traducido a pesos son 48 mil millones, el equivalente a casi la tercera parte del presupuesto provincial de 2017.
Desde la cartera ambiental optaron por no responder a las consultas de LaCapital respecto de los recortes presupuestarios propuestos desde el Ejecutivo para 2018.
Números finos
Del Frade detalló además tres cifras que —según estimó— "sirven para pensar el tamaño real que le da la política santafesina al cuidado de la ecología". Por ejemplo, en el rubro "Monitoreo de flora, fauna y áreas naturales", la asignación para 2018 es de 800 mil pesos; incluso menor a la partida del presupuesto pasado, cuando se destinó 1 millón de pesos.
Esos 800 mil pesos representan el 0,00041 por ciento del presupuesto total; unos 2.222 pesos diarios, según los cálculos del diputado del Frente Social y Popular. Por otra parte, el programa denominado "Un árbol por cada santafesino" establece una partida de 12.720.000 pesos, el 0,006 por ciento del presupuesto total.
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Cambios en glaciares muestran rechazo interno del PRO
Carrió rechazará cambios en glaciares
Fecha de Publicación: 22/11/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Dos días después de que LA NACION revelara la intención de la Casa Rosada de modificar la ley de glaciares para favorecer la actividad minera, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, advirtió públicamente su rechazo. La diputada y cofundadora de Cambiemos apeló a Twitter para dar a conocer una carta firmada junto a la legisladora bonaerense electa Maricel Etchecoin Moro y dirigida específicamente al secretario de Minería, Daniel Meilán. Un modo de acotar la tensión dentro de la estructura del oficialismo y evitar un contrapunto público con el presidente Mauricio Macri, quien avala los cambios en la legislación ambiental.
"Las iniciativas que usted propone como secretario de Minería implican rupturas de acuerdos básicos de Cambiemos. No cejaremos en la defensa de estos derechos y valores básicos. Es por esto que lo notificamos que una propuesta legislativa de estas características tendrá nuestra oposición y lucha dentro y fuera del Congreso de la Nación".
La ley de glaciares fue inicialmente aprobada en 2008, impulsada por la ex diputada Marta Maffei, para proteger los glaciares y el ambiente periglaciar. La norma, votada con amplio consenso por todas las fuerzas, chocó luego con el veto de la entonces presidenta Cristina Kirchner.
La oposición insistió con la norma, acompañada por un sector del kirchnerismo que no aceptó la disciplina partidaria. En 2010 se presentaron dos propuestas distintas, de Miguel Bonasso y del senador oficialista Daniel Filmus, inspiradas en el texto de Maffei. Las partes unificaron un proyecto que fue sancionado en septiembre de ese año.
Pero la ley se reglamentó recién en 2011 y el Inventario Nacional de Glaciares se demoró primero, se hizo sólo parcialmente luego y en varias cuencas quedó en manos de las mismas provincias que rechazaban la ley nacional, por su dependencia de los ingresos de la minería.
Entre el veto de la ex presidenta y las demoras en la reglamentación posterior las provincias mineras aprovecharon para sancionar leyes que, mientras se presentaban públicamente como destinadas a proteger los glaciares y ambientes periglaciares, terminaron amparando el desarrollo minero en las cuencas que la demorada ley nacional intentaba custodiar.
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Fecha de Publicación: 22/11/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Dos días después de que LA NACION revelara la intención de la Casa Rosada de modificar la ley de glaciares para favorecer la actividad minera, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, advirtió públicamente su rechazo. La diputada y cofundadora de Cambiemos apeló a Twitter para dar a conocer una carta firmada junto a la legisladora bonaerense electa Maricel Etchecoin Moro y dirigida específicamente al secretario de Minería, Daniel Meilán. Un modo de acotar la tensión dentro de la estructura del oficialismo y evitar un contrapunto público con el presidente Mauricio Macri, quien avala los cambios en la legislación ambiental.
"Las iniciativas que usted propone como secretario de Minería implican rupturas de acuerdos básicos de Cambiemos. No cejaremos en la defensa de estos derechos y valores básicos. Es por esto que lo notificamos que una propuesta legislativa de estas características tendrá nuestra oposición y lucha dentro y fuera del Congreso de la Nación".
La ley de glaciares fue inicialmente aprobada en 2008, impulsada por la ex diputada Marta Maffei, para proteger los glaciares y el ambiente periglaciar. La norma, votada con amplio consenso por todas las fuerzas, chocó luego con el veto de la entonces presidenta Cristina Kirchner.
La oposición insistió con la norma, acompañada por un sector del kirchnerismo que no aceptó la disciplina partidaria. En 2010 se presentaron dos propuestas distintas, de Miguel Bonasso y del senador oficialista Daniel Filmus, inspiradas en el texto de Maffei. Las partes unificaron un proyecto que fue sancionado en septiembre de ese año.
Pero la ley se reglamentó recién en 2011 y el Inventario Nacional de Glaciares se demoró primero, se hizo sólo parcialmente luego y en varias cuencas quedó en manos de las mismas provincias que rechazaban la ley nacional, por su dependencia de los ingresos de la minería.
Entre el veto de la ex presidenta y las demoras en la reglamentación posterior las provincias mineras aprovecharon para sancionar leyes que, mientras se presentaban públicamente como destinadas a proteger los glaciares y ambientes periglaciares, terminaron amparando el desarrollo minero en las cuencas que la demorada ley nacional intentaba custodiar.
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Grave: Macri ordena modificar la ley de glaciares
El Gobierno busca modificar la ley de glaciares para favorecer la minería
Fecha de Publicación: 16/11/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Macri ordenó trabajar en el tema tras una reunión sectorial; quieren mandar la iniciativa al Congreso en febrero
Estaba todo dado para que del encuentro surgieran acuerdos trascendentales. Mauricio Macri había convocado a Eduardo Elsztain y a Carlos Miguens, dos de los mayores empresarios del país y gestores de la reunión cumbre; al titular de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Marcelo Álvarez; a los gremios; a las provincias; a funcionarios de Medio Ambiente; al ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren , y al de Trabajo, Jorge Triaca .
Macri escuchó el diagnóstico de los funcionarios y los reclamos de los empresarios, y les confirmó a todos más de lo que habían ido a buscar: el propio Presidente liderará la iniciativa oficial para avanzar en un nuevo proyecto que reforme la denominada ley de protección de glaciares, una iniciativa que se aprobó en 2010 en medio de una fuerte polémica con organizaciones ambientalistas y la oposición política y que hasta generó grietas al interior del gobierno de Cristina Kirchner . Todo ocurrió en un encuentro que mantuvieron ayer por la tarde en la Casa Rosada, desde las 15.
El Gobierno buscará darle una nueva forma a la protección legislativa de los glaciares, de manera que arbitre entre el cuidado ambiental y el desarrollo de actividades económicas en la zona de la Cordillera de los Andes que, según los empresarios, hoy están prácticamente vedadas .
Macri mismo les encomendó a los técnicos del Gobierno presentes en el encuentro que se pusieran a trabajar en el tema, confirmaron fuentes que participaron de la reunión. El objetivo del Presidente es que en febrero del año próximo esté listo el proyecto de ley para modificar el texto vigente.
La iniciativa oficial está en línea con los últimos proyectos que encaró la Casa Rosada, todos polémicos, como la reforma impositiva o la laboral, pero que al mismo tiempo buscan allanar el camino para el crecimiento de la economía y la generación de empleo. Es un punto que ayer volvió a señalar el Presidente.
En la decisión de Macri sobre los glaciares pesaron varios motivos. Por ejemplo, los empresarios le plantearon que había unos US$ 18.000 millones en inversiones potenciales en minería frenadas por la incertidumbre que genera la ley. A los argumentos de Elsztain (el dueño de shoppings y oficinas participa en el sector a través de Austral Gold), Miguens (el ex propietario de Cervecería Quilmes tiene Patagonia Gold), Álvarez y otros empresarios, como Fernando Giannoni, director ejecutivo de Barrick, que estuvieron en el encuentro, se sumaron las dudas respecto de la norma vigente que tienen los propios funcionarios. No sólo el secretario de Minería, Daniel Meilán, sino también Aranguren, cuyos técnicos ya habían advertido que la actual ley de glaciares podría impedir en el futuro la instalación de nuevos proyectos hidroeléctricos.
Representantes provinciales
Había representantes de las gobernaciones de Jujuy, Mendoza, Catamarca, Santa Cruz, Río Negro y San Juan. Esta última sostuvo que la obra para la construcción del túnel Agua Negra, principal componente del corredor bioceánico que conectará el centro de la Argentina con el puerto de Coquimbo, en Chile, podría resultar afectada por la ley de glaciares. Fue un modo de aportar su visto bueno a la cruzada presidencial.
En la reunión también estuvieron el secretario general de la Uocra, Gerardo Martínez, y Héctor Laplace, jefe de los trabajadores mineros reunidos en AOMA. Este último confirmó a LA NACION: "El tema central del encuentro fueron los glaciares. Tenemos un problema importante con la ley, que no nos deja hacer minería en la cordillera. Nadie se va a meter con los glaciares. El problema es el ambiente periglaciar [las áreas donde operan los congelamientos]. Algunos consideran que eso podría llegar hasta la provincia de Buenos Aires, sólo porque hay heladas", resumió. E insistió: "Esto genera una gran complicación porque está prohibida toda la actividad industrial".
Según los mineros, la actual ley es confusa y no permite tener certidumbres básicas para la inversión.
Los asistentes se llevaron de la reunión con Macri más de lo que esperaban. Las últimas referencias al tema habían pasado por la necesidad de reglamentar la ley vigente, algo que Macri no hizo, entre otras cosas, porque los equipos técnicos de diferentes ministerios no lograron ponerse de acuerdo en un texto final.
Desde hace tiempo desde el sector minero (tanto los empresarios como el gremio) rechazan la norma porque consideran que limita fuertemente el desarrollo de la actividad. Desde ese punto de vista, el aventón de Macri a una nueva iniciativa legislativa los sorprendió favorablemente.
El Presidente descarta que se meterá en un terreno fangoso con el intento de modificar la ley. Tiene el ejemplo cercano de su antecesora Cristina Kirchner.
En 2008, una ley de la diputada Marta Maffei que tenía como objetivo proteger los glaciares chocó con el veto posterior de la presidenta Cristina Kirchner. Pero los legisladores volvieron a la carga. En 2010 se presentaron dos propuestas distintas de Miguel Bonasso y del senador oficialista Daniel Filmus. Se reglamentó en 2011, pero nunca se hizo el Inventario Nacional de Glaciares que preveía la ley, un paso necesario para su puesta efectiva en marcha.
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Fecha de Publicación: 16/11/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Macri ordenó trabajar en el tema tras una reunión sectorial; quieren mandar la iniciativa al Congreso en febrero
Estaba todo dado para que del encuentro surgieran acuerdos trascendentales. Mauricio Macri había convocado a Eduardo Elsztain y a Carlos Miguens, dos de los mayores empresarios del país y gestores de la reunión cumbre; al titular de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Marcelo Álvarez; a los gremios; a las provincias; a funcionarios de Medio Ambiente; al ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren , y al de Trabajo, Jorge Triaca .
Macri escuchó el diagnóstico de los funcionarios y los reclamos de los empresarios, y les confirmó a todos más de lo que habían ido a buscar: el propio Presidente liderará la iniciativa oficial para avanzar en un nuevo proyecto que reforme la denominada ley de protección de glaciares, una iniciativa que se aprobó en 2010 en medio de una fuerte polémica con organizaciones ambientalistas y la oposición política y que hasta generó grietas al interior del gobierno de Cristina Kirchner . Todo ocurrió en un encuentro que mantuvieron ayer por la tarde en la Casa Rosada, desde las 15.
El Gobierno buscará darle una nueva forma a la protección legislativa de los glaciares, de manera que arbitre entre el cuidado ambiental y el desarrollo de actividades económicas en la zona de la Cordillera de los Andes que, según los empresarios, hoy están prácticamente vedadas .
Macri mismo les encomendó a los técnicos del Gobierno presentes en el encuentro que se pusieran a trabajar en el tema, confirmaron fuentes que participaron de la reunión. El objetivo del Presidente es que en febrero del año próximo esté listo el proyecto de ley para modificar el texto vigente.
La iniciativa oficial está en línea con los últimos proyectos que encaró la Casa Rosada, todos polémicos, como la reforma impositiva o la laboral, pero que al mismo tiempo buscan allanar el camino para el crecimiento de la economía y la generación de empleo. Es un punto que ayer volvió a señalar el Presidente.
En la decisión de Macri sobre los glaciares pesaron varios motivos. Por ejemplo, los empresarios le plantearon que había unos US$ 18.000 millones en inversiones potenciales en minería frenadas por la incertidumbre que genera la ley. A los argumentos de Elsztain (el dueño de shoppings y oficinas participa en el sector a través de Austral Gold), Miguens (el ex propietario de Cervecería Quilmes tiene Patagonia Gold), Álvarez y otros empresarios, como Fernando Giannoni, director ejecutivo de Barrick, que estuvieron en el encuentro, se sumaron las dudas respecto de la norma vigente que tienen los propios funcionarios. No sólo el secretario de Minería, Daniel Meilán, sino también Aranguren, cuyos técnicos ya habían advertido que la actual ley de glaciares podría impedir en el futuro la instalación de nuevos proyectos hidroeléctricos.
Representantes provinciales
Había representantes de las gobernaciones de Jujuy, Mendoza, Catamarca, Santa Cruz, Río Negro y San Juan. Esta última sostuvo que la obra para la construcción del túnel Agua Negra, principal componente del corredor bioceánico que conectará el centro de la Argentina con el puerto de Coquimbo, en Chile, podría resultar afectada por la ley de glaciares. Fue un modo de aportar su visto bueno a la cruzada presidencial.
En la reunión también estuvieron el secretario general de la Uocra, Gerardo Martínez, y Héctor Laplace, jefe de los trabajadores mineros reunidos en AOMA. Este último confirmó a LA NACION: "El tema central del encuentro fueron los glaciares. Tenemos un problema importante con la ley, que no nos deja hacer minería en la cordillera. Nadie se va a meter con los glaciares. El problema es el ambiente periglaciar [las áreas donde operan los congelamientos]. Algunos consideran que eso podría llegar hasta la provincia de Buenos Aires, sólo porque hay heladas", resumió. E insistió: "Esto genera una gran complicación porque está prohibida toda la actividad industrial".
Según los mineros, la actual ley es confusa y no permite tener certidumbres básicas para la inversión.
Los asistentes se llevaron de la reunión con Macri más de lo que esperaban. Las últimas referencias al tema habían pasado por la necesidad de reglamentar la ley vigente, algo que Macri no hizo, entre otras cosas, porque los equipos técnicos de diferentes ministerios no lograron ponerse de acuerdo en un texto final.
Desde hace tiempo desde el sector minero (tanto los empresarios como el gremio) rechazan la norma porque consideran que limita fuertemente el desarrollo de la actividad. Desde ese punto de vista, el aventón de Macri a una nueva iniciativa legislativa los sorprendió favorablemente.
El Presidente descarta que se meterá en un terreno fangoso con el intento de modificar la ley. Tiene el ejemplo cercano de su antecesora Cristina Kirchner.
En 2008, una ley de la diputada Marta Maffei que tenía como objetivo proteger los glaciares chocó con el veto posterior de la presidenta Cristina Kirchner. Pero los legisladores volvieron a la carga. En 2010 se presentaron dos propuestas distintas de Miguel Bonasso y del senador oficialista Daniel Filmus. Se reglamentó en 2011, pero nunca se hizo el Inventario Nacional de Glaciares que preveía la ley, un paso necesario para su puesta efectiva en marcha.
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