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Riachuelo: no basta con nuevos plazos
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Sostienen que es insuficiente que la Corte pida plazos para el saneamiento del Riachuelo
Fecha de Publicación: 23/04/2018
Fuente: puraciudad.com.ar
Provincia/Región: Riachuelo
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras la audiencia con funcionarios públicos del 14 de marzo, falló que en menos de 30 días la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y los Gobiernos de Ciudad, Provincia y Nación deben precisar plazos “ciertos” para cumplir los objetivos de la Causa Mendoza, donde se ordena sanear el Riachuelo, mudar a sus pobladores y garantizar la seguridad ambiental.
Sin embargo, Luis Duacastella, el Defensor Adjunto en el Ministerio Público de la Defensa, se mostró disconforme ante esta postura del máximo tribunal y dijo: “Se trata de una resolución insuficiente respecto de que no hay una visión ordenadora de quienes están padeciendo la contaminación y cuya salud está afectada. Los reclamos de los vecinos de la cuenca no son escuchados -ni siquiera les permiten participar de las audiencias-; solo se oye a los funcionarios hablar de los inconvenientes con las obras”.
La Corte fijó este plazo ante el bajo nivel de cumplimiento constatado en el Plan de Saneamiento Ambiental (PISA). Señaló que la relocalización de los asentamientos precarios es baja y está atrasado el plan de viviendas (hicieron menos de 4.000 sobre 18.000 proyectadas).
El máximo tribunal quiere saber si el emisario subfluvial de la planta Berazategui se inaugurará en 2022; si se concluirá el Parque Industrial Acuba en 2020 y si se liberará el camino de sirga de la Ciudad de Buenos Aires en 2019.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larresta, en las dos aperturas del periodo ordinario de sesiones que encabezó se comprometió a cumplir este último punto. En diálogo con este medio, el jefe de Gabinete de Ministros, Felipe Miguel, también remarcó esta acción.
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Fecha de Publicación: 23/04/2018
Fuente: puraciudad.com.ar
Provincia/Región: Riachuelo
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras la audiencia con funcionarios públicos del 14 de marzo, falló que en menos de 30 días la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y los Gobiernos de Ciudad, Provincia y Nación deben precisar plazos “ciertos” para cumplir los objetivos de la Causa Mendoza, donde se ordena sanear el Riachuelo, mudar a sus pobladores y garantizar la seguridad ambiental.
Sin embargo, Luis Duacastella, el Defensor Adjunto en el Ministerio Público de la Defensa, se mostró disconforme ante esta postura del máximo tribunal y dijo: “Se trata de una resolución insuficiente respecto de que no hay una visión ordenadora de quienes están padeciendo la contaminación y cuya salud está afectada. Los reclamos de los vecinos de la cuenca no son escuchados -ni siquiera les permiten participar de las audiencias-; solo se oye a los funcionarios hablar de los inconvenientes con las obras”.
La Corte fijó este plazo ante el bajo nivel de cumplimiento constatado en el Plan de Saneamiento Ambiental (PISA). Señaló que la relocalización de los asentamientos precarios es baja y está atrasado el plan de viviendas (hicieron menos de 4.000 sobre 18.000 proyectadas).
El máximo tribunal quiere saber si el emisario subfluvial de la planta Berazategui se inaugurará en 2022; si se concluirá el Parque Industrial Acuba en 2020 y si se liberará el camino de sirga de la Ciudad de Buenos Aires en 2019.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larresta, en las dos aperturas del periodo ordinario de sesiones que encabezó se comprometió a cumplir este último punto. En diálogo con este medio, el jefe de Gabinete de Ministros, Felipe Miguel, también remarcó esta acción.
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Riachuelo: la Corte solicita fijación de nuevos plazos
La Corte pidió nuevo plazo para el saneamiento del Riachuelo
Fecha de Publicación: 17/04/2018
Fuente: BAE Negocios
Provincia/Región: Riachuelo
La Corte Suprema de Justicia advirtió hoy sobre deficiencias en el cumplimiento del plan de saneamiento del Riachuelo y requirió que en 30 días se establezcan nuevos plazos “ciertos y fundados” para atender a los objetivos de la sentencia, que ya tiene una década.
En el marco de la causa de saneamiento y recomposición de la cuenca Matanza Riachuelo, la Corte había llevado a cabo una audiencia pública el 14 de marzo para que el Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, y la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) informaran sobre el avance del Plan de Saneamiento Ambiental (PISA).
Tras ello, la Corte advirtió ahora sobre “dos deficiencias estructurales” que persisten desde la primera audiencia realizada hace casi 12 años: la primera es la “debilidad institucional” de Acumar, especialmente remarcada por la Auditoría General de la Nación, que informó, entre otros aspectos, acerca de la sub ejecución presupuestaria (cercana al 41% en 2016); la falta de continuidad en la ejecución de proyectos, y las fallas en el sistema de control sobre el Fondo de Compensación Ambiental.
La segunda deficiencia marcada por la Corte radica en la “insuficiencia del sistema de medición para poder constatar el nivel de cumplimiento de la sentencia”, informó el Centro de Información Judicial (CIJ).
Respecto de los objetivos puntuales del plan de remediación, la Corte señaló -en base a la información brindada por los funcionarios en la audiencia pública- que “el estado de avance del plan es muy lejano al de su pleno cumplimiento”.
En lo que concierne a la prevención de la contaminación industrial, marcó que de los 1.385 establecimientos industriales declarados agentes contaminantes, resta reconvertir 880; también manifestó que el retraso del proyecto “ACUBA” para la construcción de un polo industrial curtidor y de una planta de tratamientos de efluentes líquidos es significativo.
Con relación al saneamiento de basurales y limpieza de márgenes se advirtió sobre la reinserción de basurales a cielo abierto y la debilidad del sistema de recolección de residuos a cargo de los municipios.
En referencia a la expansión de la red de agua potable y cloacas, los estados demandados reconocieron demoras muy importantes en la licitación del emisario submarino de la planta de Berazategui que se estaría terminando en el año 2022, y en la construcción del sistema Riachuelo (construcción del Colector Margen Izquierdo, la Planta de Pretratamiento y el Emisario Submarino), que recién estaría terminado en conjunto en 2021, a pesar de que los plazos originales preveían su terminación una década antes.
Respecto de la relocalización de villas y asentamientos precarios, el nivel de cumplimiento del Convenio Marco de 2010 es “extremadamente bajo”, indicó el máximo tribunal: aun sin considerar el crecimiento poblacional, a 8 años se han terminado solamente 3.992 viviendas sobre las 17.771 proyectadas (es decir un 22% del total).
Además, se remarcó en particular que la liberación del camino de sirga en la Ciudad de Buenos Aires sufre un notorio retraso a la altura de la Villa 21-24.
En relación con el Plan Sanitario de Emergencia, se señaló que sigue pendiente el cumplimiento de una condición elemental referida a la confección de un mapa de riesgo sanitario ambiental.
Y se advirtió que de los 632 barrios a ser relevados, en el año 2017 solamente se evaluaron 37: la Corte concluyó que de seguirse los objetivos que informa Acumar, en el año 2023 se tendrá recién un relevamiento de tan solo algo más de un tercio de los barrios o asentamientos vulnerables.
En este marco la Corte afirmó que transcurridos diez años desde la sentencia que aprobó el plan de saneamiento resulta “inocultable su incumplimiento” y puso de relieve que el carácter obligatorio de los plazos conlleva las responsabilidades de la ACUMAR y de los estados demandados.
También advirtió que el incumplimiento de los plazos podría comprometer las responsabilidades que la ley establece para el caso de un apartamiento de los deberes propios de la función pública.
Sin embargo, subrayó que la responsabilidad de los funcionarios deberá sujetarse a las especiales características de esta causa en la que se pone de manifiesto “una problemática social que debe resolverse de modo eficiente y evitando situaciones que conduzcan a dilatar en el tiempo su solución”.
El tribunal requirió entonces que en el término de 30 días, la ACUMAR presente plazos “ciertos y fundados” de cumplimiento de los objetivos del Plan de Saneamiento Ambiental (PISA), teniendo en cuenta que algunos de ellos ya fueron informados por los responsables en la audiencia pública del 14 de marzo.
Se trata de la finalización del emisario subfluvial de la planta Berazategui de 7.5 km en el año 2022; la construcción y puesta en funcionamiento del Sistema Riachuelo (lotes 1, 2 y 3) en marzo de 2021; la construcción y puesta en funcionamiento del Parque Industrial ACUBA y de la planta de tratamiento de sus efluentes industriales en julio de 2020; la liberación total del camino de sirga de la Ciudad de Buenos Aires ven el año 2019.
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Fecha de Publicación: 17/04/2018
Fuente: BAE Negocios
Provincia/Región: Riachuelo
La Corte Suprema de Justicia advirtió hoy sobre deficiencias en el cumplimiento del plan de saneamiento del Riachuelo y requirió que en 30 días se establezcan nuevos plazos “ciertos y fundados” para atender a los objetivos de la sentencia, que ya tiene una década.
En el marco de la causa de saneamiento y recomposición de la cuenca Matanza Riachuelo, la Corte había llevado a cabo una audiencia pública el 14 de marzo para que el Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, y la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) informaran sobre el avance del Plan de Saneamiento Ambiental (PISA).
Tras ello, la Corte advirtió ahora sobre “dos deficiencias estructurales” que persisten desde la primera audiencia realizada hace casi 12 años: la primera es la “debilidad institucional” de Acumar, especialmente remarcada por la Auditoría General de la Nación, que informó, entre otros aspectos, acerca de la sub ejecución presupuestaria (cercana al 41% en 2016); la falta de continuidad en la ejecución de proyectos, y las fallas en el sistema de control sobre el Fondo de Compensación Ambiental.
La segunda deficiencia marcada por la Corte radica en la “insuficiencia del sistema de medición para poder constatar el nivel de cumplimiento de la sentencia”, informó el Centro de Información Judicial (CIJ).
Respecto de los objetivos puntuales del plan de remediación, la Corte señaló -en base a la información brindada por los funcionarios en la audiencia pública- que “el estado de avance del plan es muy lejano al de su pleno cumplimiento”.
En lo que concierne a la prevención de la contaminación industrial, marcó que de los 1.385 establecimientos industriales declarados agentes contaminantes, resta reconvertir 880; también manifestó que el retraso del proyecto “ACUBA” para la construcción de un polo industrial curtidor y de una planta de tratamientos de efluentes líquidos es significativo.
Con relación al saneamiento de basurales y limpieza de márgenes se advirtió sobre la reinserción de basurales a cielo abierto y la debilidad del sistema de recolección de residuos a cargo de los municipios.
En referencia a la expansión de la red de agua potable y cloacas, los estados demandados reconocieron demoras muy importantes en la licitación del emisario submarino de la planta de Berazategui que se estaría terminando en el año 2022, y en la construcción del sistema Riachuelo (construcción del Colector Margen Izquierdo, la Planta de Pretratamiento y el Emisario Submarino), que recién estaría terminado en conjunto en 2021, a pesar de que los plazos originales preveían su terminación una década antes.
Respecto de la relocalización de villas y asentamientos precarios, el nivel de cumplimiento del Convenio Marco de 2010 es “extremadamente bajo”, indicó el máximo tribunal: aun sin considerar el crecimiento poblacional, a 8 años se han terminado solamente 3.992 viviendas sobre las 17.771 proyectadas (es decir un 22% del total).
Además, se remarcó en particular que la liberación del camino de sirga en la Ciudad de Buenos Aires sufre un notorio retraso a la altura de la Villa 21-24.
En relación con el Plan Sanitario de Emergencia, se señaló que sigue pendiente el cumplimiento de una condición elemental referida a la confección de un mapa de riesgo sanitario ambiental.
Y se advirtió que de los 632 barrios a ser relevados, en el año 2017 solamente se evaluaron 37: la Corte concluyó que de seguirse los objetivos que informa Acumar, en el año 2023 se tendrá recién un relevamiento de tan solo algo más de un tercio de los barrios o asentamientos vulnerables.
En este marco la Corte afirmó que transcurridos diez años desde la sentencia que aprobó el plan de saneamiento resulta “inocultable su incumplimiento” y puso de relieve que el carácter obligatorio de los plazos conlleva las responsabilidades de la ACUMAR y de los estados demandados.
También advirtió que el incumplimiento de los plazos podría comprometer las responsabilidades que la ley establece para el caso de un apartamiento de los deberes propios de la función pública.
Sin embargo, subrayó que la responsabilidad de los funcionarios deberá sujetarse a las especiales características de esta causa en la que se pone de manifiesto “una problemática social que debe resolverse de modo eficiente y evitando situaciones que conduzcan a dilatar en el tiempo su solución”.
El tribunal requirió entonces que en el término de 30 días, la ACUMAR presente plazos “ciertos y fundados” de cumplimiento de los objetivos del Plan de Saneamiento Ambiental (PISA), teniendo en cuenta que algunos de ellos ya fueron informados por los responsables en la audiencia pública del 14 de marzo.
Se trata de la finalización del emisario subfluvial de la planta Berazategui de 7.5 km en el año 2022; la construcción y puesta en funcionamiento del Sistema Riachuelo (lotes 1, 2 y 3) en marzo de 2021; la construcción y puesta en funcionamiento del Parque Industrial ACUBA y de la planta de tratamiento de sus efluentes industriales en julio de 2020; la liberación total del camino de sirga de la Ciudad de Buenos Aires ven el año 2019.
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Barañao cargó contra los opositores al modelo extractivista
La ciencia argentina llama a una batalla contra los fundamentalismos
Fecha de Publicación: 14/04/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Nacional
Ayer se reunió en Tucumán el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología. El desafío de articular investigación y producción.
“La diferencia entre un ecólogo y un ecologista es la misma diferencia que hay entre un enólogo y un borracho”. Con esa inesperada cita, Lino Barañao, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Argentina, descomprimió la reunión. Era cerca del mediodía en la Legislatura y comenzaba a cerrarse el primer bloque de la Asamblea del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología de la Nación (Cofecyt), que tuvo lugar en el edificio de Muñecas al 900.
La cita del ministro, presidente de ese cuerpo consultivo federal, llegó a colación de un reclamo sostenido por parte de las autoridades de planificación científica de las provincias, con representación en el Consejo. Más que un reclamo, se trató de una suerte de autocrítica, de una señal de alarma y de un llamado al trabajo conjunto. “Tenemos que librar una batalla contra los fundamentalismos”, fue una de las frases que se escuchó en reiteradas ocasiones.
Según manifestaron varios de los miembros presentes, esos “fundamentalismos” están encarnados principalmente por agrupaciones ambientalistas que en reiteradas ocasiones ponen trabas a sectores productivos, principalmente la minería y la agricultura (sobre todo por la resistencia al uso de agroquímicos), con lo que favorecerían un atraso social y económico en comunidades puntuales.
Riesgos, beneficios
La autocrítica fue por el lado de que aquellas ONG tengan un poder de fuego comunicacional mucho más fuerte que los propios organismos oficiales, y que sus enunciados llegan a más gente e incluso a más juzgados que las investigaciones con sustento científico. Así, una de las batallas más candentes del momento científico y productivo en nuestro país se libra contra esos supuestos fundamentalismos.
“Estoy seguro de que ha muerto mucha más gente en accidentes de tránsito o electrocutada que por el uso de agroquímicos en los cultivos -prosiguió Barañao-. Sin embargo, ninguna de estas organizaciones ha salido a manifestarse en contra del automóvil o de la energía eléctrica. Pienso que se debe principalmente a que el beneficio de andar en auto o de encender la luz de la casa es mucho más cercano y palpable que el beneficio que trae, por ejemplo, un emprendimiento minero. Pero también hay que ser realistas: sucede que muchas veces los beneficios de un emprendimiento minero, que promete construir escuelas y hospitales y emplear mano de obra local, no se concretan. Entonces la sociedad no ve que haya beneficios”.
Muchos de los representantes provinciales sostuvieron que en sus territorios se pierden oportunidades de inversión, principalmente en torno a la minería, porque la falta de licencia social no permite ni siquiera que se discuta esa actividad productiva. Por eso, el llamado es a lograr una “minería inteligente”: que tenga el menos impacto ambiental posible, que genere la mayor cantidad de beneficios para las comunidades, que sea sustentable y sostenible en el tiempo. Y, al parecer, uno de los requisitos de una minería inteligente sería también convencer a la sociedad de todas las mejoras que sería capaz de acarrear.
Además del debate en torno a la “batalla” contra el fundamentalismo sin sustento científico, el cuerpo que sesionó en Tucumán enumeró los programas que fomentó en los últimos años, ponderó la mirada federal de la ciencia e insistió en la importancia de seguir fortaleciendo el Cofecyt.
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Fecha de Publicación: 14/04/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Nacional
Ayer se reunió en Tucumán el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología. El desafío de articular investigación y producción.
“La diferencia entre un ecólogo y un ecologista es la misma diferencia que hay entre un enólogo y un borracho”. Con esa inesperada cita, Lino Barañao, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Argentina, descomprimió la reunión. Era cerca del mediodía en la Legislatura y comenzaba a cerrarse el primer bloque de la Asamblea del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología de la Nación (Cofecyt), que tuvo lugar en el edificio de Muñecas al 900.
La cita del ministro, presidente de ese cuerpo consultivo federal, llegó a colación de un reclamo sostenido por parte de las autoridades de planificación científica de las provincias, con representación en el Consejo. Más que un reclamo, se trató de una suerte de autocrítica, de una señal de alarma y de un llamado al trabajo conjunto. “Tenemos que librar una batalla contra los fundamentalismos”, fue una de las frases que se escuchó en reiteradas ocasiones.
Según manifestaron varios de los miembros presentes, esos “fundamentalismos” están encarnados principalmente por agrupaciones ambientalistas que en reiteradas ocasiones ponen trabas a sectores productivos, principalmente la minería y la agricultura (sobre todo por la resistencia al uso de agroquímicos), con lo que favorecerían un atraso social y económico en comunidades puntuales.
Riesgos, beneficios
La autocrítica fue por el lado de que aquellas ONG tengan un poder de fuego comunicacional mucho más fuerte que los propios organismos oficiales, y que sus enunciados llegan a más gente e incluso a más juzgados que las investigaciones con sustento científico. Así, una de las batallas más candentes del momento científico y productivo en nuestro país se libra contra esos supuestos fundamentalismos.
“Estoy seguro de que ha muerto mucha más gente en accidentes de tránsito o electrocutada que por el uso de agroquímicos en los cultivos -prosiguió Barañao-. Sin embargo, ninguna de estas organizaciones ha salido a manifestarse en contra del automóvil o de la energía eléctrica. Pienso que se debe principalmente a que el beneficio de andar en auto o de encender la luz de la casa es mucho más cercano y palpable que el beneficio que trae, por ejemplo, un emprendimiento minero. Pero también hay que ser realistas: sucede que muchas veces los beneficios de un emprendimiento minero, que promete construir escuelas y hospitales y emplear mano de obra local, no se concretan. Entonces la sociedad no ve que haya beneficios”.
Muchos de los representantes provinciales sostuvieron que en sus territorios se pierden oportunidades de inversión, principalmente en torno a la minería, porque la falta de licencia social no permite ni siquiera que se discuta esa actividad productiva. Por eso, el llamado es a lograr una “minería inteligente”: que tenga el menos impacto ambiental posible, que genere la mayor cantidad de beneficios para las comunidades, que sea sustentable y sostenible en el tiempo. Y, al parecer, uno de los requisitos de una minería inteligente sería también convencer a la sociedad de todas las mejoras que sería capaz de acarrear.
Además del debate en torno a la “batalla” contra el fundamentalismo sin sustento científico, el cuerpo que sesionó en Tucumán enumeró los programas que fomentó en los últimos años, ponderó la mirada federal de la ciencia e insistió en la importancia de seguir fortaleciendo el Cofecyt.
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En Catamarca piden frenar los desmontes por 10 años
Emergencia: Piden parar con los desmontes por 10 años en Catamarca
Fecha de Publicación: 06/04/2018
Fuente: El Intransigente (Catamarca)
Provincia/Región: Catamarca
A pesar de las inundaciones la clase política de Catamarca no toma nota del problema ambiental, los negocios de los funcionarios
Por el desastre que hicieran las últimas inundaciones, el intendente Elpidio Guaráz habló con El Intransigente y sostuvo que, de la última reunión con vecinos y autoridades provinciales surgió la iniciativa de que se pare con los desmontes por los próximos 10 años en todo el Departamento Santa Rosa. No obstante, la Secretaría de Ambiente de la provincia sigue autorizando los desmontes con maquinaria pesada. La inquietud de los ciudadanos tampoco movió el interés de los legisladores por la problemática ambiental. El padecimiento de una comunidad que, además de lidiar con los burócratas del Estado, tiene que soportar y padecer a empresas asesinas como Monsanto. Veamos.
Una cuestión de Emergencia ambiental
Generar el instrumento político-legal es una cuestión de Emergencia en la zona. Ante el desmonte indiscriminado, las multas -aplicadas por el organismo de control- son ridículas, por lo que los vecinos creen que el tema ambiental requiere de un abordaje más serio. Las autoridades provinciales aseguran que no pueden materializar el pedido de los habitantes de Santa Rosa debido a que hay expedientes iniciados pero la situación es crítica pues la sociedad vive momentos de tensión y zozobra con las lluvias y la crecida de los ríos.
Los funcionarios de la Secretaria de Ambiente de la provincia insisten con un mapa territorial para explicar las autorizaciones de los desmontes, en tanto los vecinos les piden a las autoridades provinciales recorrer las áreas afectadas con el objeto de percibir la diferencia entre la teoría y la práctica. Los habitantes del Este provincial creen que el mapa territorial es una farsa para permitir que continúen negocios privados de empresarios que compran tierras pero no viven en la zona afectada por las lluvias y las inundaciones. Por esta razón es que el contador Armando Zavaleta (ex Secretario de Ambiente) el año pasado fue prácticamente echado de Santa Rosa cuando quiso justificar los desmontes. Para peor, hay funcionarios que tienen finca y que desmontaron grandes extensiones de tierra, como el caso del ministro de Obras Públicas, Rubén Dusso, o el mismo intendente de Los Altos, Rafael Olveira, empresarios del arándano y la soja, entre otros cultivos.
La realidad es muy distinta a los Power Point que presentan las burócratas de turno
El intendente Guaráz recordó situaciones extremas que se vivieron en Bañado de Ovanta, La Bajada, Monte Redondo, Los Altos, Manantiales, San Pedro, Alijilán, todas localidades amenazadas por fenómenos climáticos y la consiguiente crecida de los ríos y arroyos que desbordó localidades enteras, producto -claro está- de la maquinaria que arrasó con la vegetación nativa. La realidad es dura y muy distinta a los Power Point que presentan las burócratas de turno.
Política ambiental VS Negocios de los empresarios (y funcionarios)
Definitivamente, en materia ambiental, el Estado está ausente. El problema involucra a los tres Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Hay organismos claves como la Secretaria de Ambiente de la provincia. Ante este atropello y abuso, los vecinos se animaron a más. Es que, al problema de los desmontes, hay que sumarle que son tapados por los agroquímicos que permanentemente tiran las avionetas que sobrevuelan la zona, como si el pueblo estuviera en estado de guerra, lo digo también por el concepto de “Ecocidio”. En Santa Rosa por ejemplo opera la cuestionada firma internacional Monsanto. Sobre el particular, ahondaremos mañana.
Ah… lo único que faltaba decir es que los funcionarios que tienen finca en Los Altos hicieron desmontar el campo con máquinas que eran alquiladas por el Gobierno para trabajar en los caminos afectados por las lluvias. Es decir, las sacaron de caminos comunales destrozados por las precipitaciones y ríos crecidos, con el objeto seguir desmontado en otro lugar, en las propiedades de los políticos-empresarios.
Conciencia ambiental cero.
Los negocios primero.
Siempre.
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Fecha de Publicación: 06/04/2018
Fuente: El Intransigente (Catamarca)
Provincia/Región: Catamarca
A pesar de las inundaciones la clase política de Catamarca no toma nota del problema ambiental, los negocios de los funcionarios
Por el desastre que hicieran las últimas inundaciones, el intendente Elpidio Guaráz habló con El Intransigente y sostuvo que, de la última reunión con vecinos y autoridades provinciales surgió la iniciativa de que se pare con los desmontes por los próximos 10 años en todo el Departamento Santa Rosa. No obstante, la Secretaría de Ambiente de la provincia sigue autorizando los desmontes con maquinaria pesada. La inquietud de los ciudadanos tampoco movió el interés de los legisladores por la problemática ambiental. El padecimiento de una comunidad que, además de lidiar con los burócratas del Estado, tiene que soportar y padecer a empresas asesinas como Monsanto. Veamos.
Una cuestión de Emergencia ambiental
Generar el instrumento político-legal es una cuestión de Emergencia en la zona. Ante el desmonte indiscriminado, las multas -aplicadas por el organismo de control- son ridículas, por lo que los vecinos creen que el tema ambiental requiere de un abordaje más serio. Las autoridades provinciales aseguran que no pueden materializar el pedido de los habitantes de Santa Rosa debido a que hay expedientes iniciados pero la situación es crítica pues la sociedad vive momentos de tensión y zozobra con las lluvias y la crecida de los ríos.
Los funcionarios de la Secretaria de Ambiente de la provincia insisten con un mapa territorial para explicar las autorizaciones de los desmontes, en tanto los vecinos les piden a las autoridades provinciales recorrer las áreas afectadas con el objeto de percibir la diferencia entre la teoría y la práctica. Los habitantes del Este provincial creen que el mapa territorial es una farsa para permitir que continúen negocios privados de empresarios que compran tierras pero no viven en la zona afectada por las lluvias y las inundaciones. Por esta razón es que el contador Armando Zavaleta (ex Secretario de Ambiente) el año pasado fue prácticamente echado de Santa Rosa cuando quiso justificar los desmontes. Para peor, hay funcionarios que tienen finca y que desmontaron grandes extensiones de tierra, como el caso del ministro de Obras Públicas, Rubén Dusso, o el mismo intendente de Los Altos, Rafael Olveira, empresarios del arándano y la soja, entre otros cultivos.
La realidad es muy distinta a los Power Point que presentan las burócratas de turno
El intendente Guaráz recordó situaciones extremas que se vivieron en Bañado de Ovanta, La Bajada, Monte Redondo, Los Altos, Manantiales, San Pedro, Alijilán, todas localidades amenazadas por fenómenos climáticos y la consiguiente crecida de los ríos y arroyos que desbordó localidades enteras, producto -claro está- de la maquinaria que arrasó con la vegetación nativa. La realidad es dura y muy distinta a los Power Point que presentan las burócratas de turno.
Política ambiental VS Negocios de los empresarios (y funcionarios)
Definitivamente, en materia ambiental, el Estado está ausente. El problema involucra a los tres Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Hay organismos claves como la Secretaria de Ambiente de la provincia. Ante este atropello y abuso, los vecinos se animaron a más. Es que, al problema de los desmontes, hay que sumarle que son tapados por los agroquímicos que permanentemente tiran las avionetas que sobrevuelan la zona, como si el pueblo estuviera en estado de guerra, lo digo también por el concepto de “Ecocidio”. En Santa Rosa por ejemplo opera la cuestionada firma internacional Monsanto. Sobre el particular, ahondaremos mañana.
Ah… lo único que faltaba decir es que los funcionarios que tienen finca en Los Altos hicieron desmontar el campo con máquinas que eran alquiladas por el Gobierno para trabajar en los caminos afectados por las lluvias. Es decir, las sacaron de caminos comunales destrozados por las precipitaciones y ríos crecidos, con el objeto seguir desmontado en otro lugar, en las propiedades de los políticos-empresarios.
Conciencia ambiental cero.
Los negocios primero.
Siempre.
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Alfonsín se pronuncia contra la megaminería en Chubut
Alfonsín rechazó la minería y solicitó una apertura de diálogo entre la UCR y el PRO
Fecha de Publicación: 04/04/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El exdiputado nacional Ricardo Alfonsín visitó ayer Comodoro Rivadavia y brindó una conferencia de prensa. Rechazó la minería, pidió mayor diálogo entre la Unión Cívica y el PRO en la alianza Cambiemos y aseguró que se deben repensar los parámetros para medir la pobreza. "En la Unión Cívica Radical no existe un mecanismo de consulta, nosotros nos anoticiamos y para eso alcanza con leer los diarios", cuestionó sobre las políticas que implementa el Gobierno nacional.
Dialoguista, abierto y cercano, tal como era su padre. Así se mostró ayer Ricardo Alfonsín, hijo del expresidente Raúl Alfonsín (1983 -1989) y referente de la Unión Cívica Radical (UCR), partido que integra la alianza Cambiemos que hoy Gobierna el país.
Alfonsín llegó en horas de la mañana a Comodoro Rivadavia y minutos después brindó una conferencia de prensa en el Hotel Austral. El referente del partido al ser consultado por el periodismo rechazó la explotación minera que pretende instaurar el Gobierno nacional, con serios intereses económicos y políticos en Chubut. “El lobby minero dice que nosotros estamos en contra de la minería. Pero es una estupidez, es como decir que estamos en contra de la agricultura porque usan fertilizantes que pueden ser peligrosos. No, estamos en contra de la política minera tal cual está la ley de impresiones mineras, porque no es buena para el país desde el punto de vista económico, fiscal y ambiental”, argumentó Alfonsín.
Sobre ese punto invitó a leer la ley y compararla “con las que existen en otros países del mundo”, y admitió “que la Convención ha guardado silencio desde que en 2015 se profundizó la posición minera que nosotros habíamos cuestionado durante los 12 años de kirchnerismo”.
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Fecha de Publicación: 04/04/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El exdiputado nacional Ricardo Alfonsín visitó ayer Comodoro Rivadavia y brindó una conferencia de prensa. Rechazó la minería, pidió mayor diálogo entre la Unión Cívica y el PRO en la alianza Cambiemos y aseguró que se deben repensar los parámetros para medir la pobreza. "En la Unión Cívica Radical no existe un mecanismo de consulta, nosotros nos anoticiamos y para eso alcanza con leer los diarios", cuestionó sobre las políticas que implementa el Gobierno nacional.
Dialoguista, abierto y cercano, tal como era su padre. Así se mostró ayer Ricardo Alfonsín, hijo del expresidente Raúl Alfonsín (1983 -1989) y referente de la Unión Cívica Radical (UCR), partido que integra la alianza Cambiemos que hoy Gobierna el país.
Alfonsín llegó en horas de la mañana a Comodoro Rivadavia y minutos después brindó una conferencia de prensa en el Hotel Austral. El referente del partido al ser consultado por el periodismo rechazó la explotación minera que pretende instaurar el Gobierno nacional, con serios intereses económicos y políticos en Chubut. “El lobby minero dice que nosotros estamos en contra de la minería. Pero es una estupidez, es como decir que estamos en contra de la agricultura porque usan fertilizantes que pueden ser peligrosos. No, estamos en contra de la política minera tal cual está la ley de impresiones mineras, porque no es buena para el país desde el punto de vista económico, fiscal y ambiental”, argumentó Alfonsín.
Sobre ese punto invitó a leer la ley y compararla “con las que existen en otros países del mundo”, y admitió “que la Convención ha guardado silencio desde que en 2015 se profundizó la posición minera que nosotros habíamos cuestionado durante los 12 años de kirchnerismo”.
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Glaciares: legislados pero sin protección
Los glaciares, el tesoro legislado pero no protegido de Argentina
Fecha de Publicación: 30/03/2018
Fuente: EFE
Provincia/Región: Nacional
Los glaciares de Argentina están regulados por una ley que los protege de su desaparición. La realidad, sin embargo, muestra que los gigantes de hielo del país ven pasar los años sin que se tomen medidas para su conservación ante el avance del cambio climático y una agresiva actividad minera.
“Argentina es un país pionero en cuanto a leyes de protección de glaciares. Tiene una ley que puede ser aplicada como modelo en otros países. Es realmente muy buena. El problema está en que no se cumple”, introdujo a Efe Gonzalo Strano, coordinador de la campaña de glaciares de Greenpeace Argentina.
La legislación a la que hace referencia es conocida bajo el nombre de ley de protección de glaciares y estipula su cuidado y el del ambiente periglacial para preservarlos como reservas de recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas y para la protección de la biodiversidad.
Asimismo, ordena la creación de un inventario donde “se individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo”.
Ocho años después de la aprobación de la ley, dicho censo todavía no ha sido terminado.
Inventario
Además, desde el Ministerio de Ambiente argentino reconocieron que el hecho de que todavía no se hayan inventariado en su totalidad estos cuerpos de hielo impide medir con exactitud su tamaño a lo largo de los años o certificar qué les afecta negativamente.
Por ello, desde el Gobierno no pueden saber las consecuencias del cambio climático sobre ellos, la contaminación o las actividades humanas, explicó a Efe el secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la cartera nacional, Diego Moreno.
Por una parte, necesitan evaluar “cómo están siendo afectados por el tiempo”, “mayormente por el cambio climático”; y, por la otra, “evaluar cuánta agua proveen, en qué momentos, el volumen de hielo en estos cuerpos, cómo interfieren en el clima…“, aclaró Moreno.
En medio de esta inactividad, organizaciones como Greenpeace o Conciencia Solidaria, entre otras, reclaman que se aplique la ley para frenar, sobre todo, la actividad minera, que ya ha causado estragos y que amenaza desde hace años los glaciares argentinos.
Vertidos tóxicos
Un caso conocido es el de los vertidos tóxicos ocasionados por la filial en el país de la compañía canadiense Barrick Gold en la mina de Veladero, en la provincia de San Juan (noroeste).
Con sus actividades, realizadas en terreno periglacial, redujeron el tamaño de los hielos de la zona y contaminaron con cianuro hasta cinco ríos de los que se nutrían poblaciones cercanas.
Para que la norma sea cumplida, desde el Ministerio de Ambiente están trabajando para desarrollar un proyecto con el que volver más estrictas las penas para las personas que cometan delitos ambientales, explicó Moreno.
Sin embargo, sumado a este mensaje de protección al medio ambiente, el presidente argentino, Mauricio Macri, pidió el pasado año que se revisara la ley de glaciares para ver cómo podía favorecer a las mineras después de retirarles restricciones.
“Realmente ha habido avances muy tibios pero contradictorios“, resumió Strano, quien aseguró que 44 proyectos mineros buscan su aprobación ante una posible modificación de la ley.
Organizaciones ecologistas
Las organizaciones ecologistas, preocupadas por la desaparición de los glaciares, piden con urgencia que el Gobierno reaccione.
Su ausencia no solo será una pérdida turística para Argentina, sino que supondrá el fin de algunas de las pocas fuentes de agua dulce del mundo, lo que provocará una preocupante falta de agua para todas las localidades que dependen de ellos, recordaron.
“Estamos defendiendo el concepto de vida, que no se considere el agua una mercancía. Si es un alimento yo le puedo poner un precio, queremos que sea reconocida como un bien común”, concluyó Cristina Marín, de Conciencia Solidaria.
Su organización no gubernamental participó junto a Greenpeace y otros entes en varias actividades en la calle para fomentar el uso correcto del agua este miércoles, Día Mundial del Agua, en la capital argentina.
Entre las diferentes movilizaciones, además, entregaron un documento al Congreso argentino en el que pidieron que no se mueva “ni una sola coma” de la ley de glaciares al argumentar que “el agua vale más que el oro”.
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Fecha de Publicación: 30/03/2018
Fuente: EFE
Provincia/Región: Nacional
Los glaciares de Argentina están regulados por una ley que los protege de su desaparición. La realidad, sin embargo, muestra que los gigantes de hielo del país ven pasar los años sin que se tomen medidas para su conservación ante el avance del cambio climático y una agresiva actividad minera.
“Argentina es un país pionero en cuanto a leyes de protección de glaciares. Tiene una ley que puede ser aplicada como modelo en otros países. Es realmente muy buena. El problema está en que no se cumple”, introdujo a Efe Gonzalo Strano, coordinador de la campaña de glaciares de Greenpeace Argentina.
La legislación a la que hace referencia es conocida bajo el nombre de ley de protección de glaciares y estipula su cuidado y el del ambiente periglacial para preservarlos como reservas de recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas y para la protección de la biodiversidad.
Asimismo, ordena la creación de un inventario donde “se individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo”.
Ocho años después de la aprobación de la ley, dicho censo todavía no ha sido terminado.
Inventario
Además, desde el Ministerio de Ambiente argentino reconocieron que el hecho de que todavía no se hayan inventariado en su totalidad estos cuerpos de hielo impide medir con exactitud su tamaño a lo largo de los años o certificar qué les afecta negativamente.
Por ello, desde el Gobierno no pueden saber las consecuencias del cambio climático sobre ellos, la contaminación o las actividades humanas, explicó a Efe el secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la cartera nacional, Diego Moreno.
Por una parte, necesitan evaluar “cómo están siendo afectados por el tiempo”, “mayormente por el cambio climático”; y, por la otra, “evaluar cuánta agua proveen, en qué momentos, el volumen de hielo en estos cuerpos, cómo interfieren en el clima…“, aclaró Moreno.
En medio de esta inactividad, organizaciones como Greenpeace o Conciencia Solidaria, entre otras, reclaman que se aplique la ley para frenar, sobre todo, la actividad minera, que ya ha causado estragos y que amenaza desde hace años los glaciares argentinos.
Vertidos tóxicos
Un caso conocido es el de los vertidos tóxicos ocasionados por la filial en el país de la compañía canadiense Barrick Gold en la mina de Veladero, en la provincia de San Juan (noroeste).
Con sus actividades, realizadas en terreno periglacial, redujeron el tamaño de los hielos de la zona y contaminaron con cianuro hasta cinco ríos de los que se nutrían poblaciones cercanas.
Para que la norma sea cumplida, desde el Ministerio de Ambiente están trabajando para desarrollar un proyecto con el que volver más estrictas las penas para las personas que cometan delitos ambientales, explicó Moreno.
Sin embargo, sumado a este mensaje de protección al medio ambiente, el presidente argentino, Mauricio Macri, pidió el pasado año que se revisara la ley de glaciares para ver cómo podía favorecer a las mineras después de retirarles restricciones.
“Realmente ha habido avances muy tibios pero contradictorios“, resumió Strano, quien aseguró que 44 proyectos mineros buscan su aprobación ante una posible modificación de la ley.
Organizaciones ecologistas
Las organizaciones ecologistas, preocupadas por la desaparición de los glaciares, piden con urgencia que el Gobierno reaccione.
Su ausencia no solo será una pérdida turística para Argentina, sino que supondrá el fin de algunas de las pocas fuentes de agua dulce del mundo, lo que provocará una preocupante falta de agua para todas las localidades que dependen de ellos, recordaron.
“Estamos defendiendo el concepto de vida, que no se considere el agua una mercancía. Si es un alimento yo le puedo poner un precio, queremos que sea reconocida como un bien común”, concluyó Cristina Marín, de Conciencia Solidaria.
Su organización no gubernamental participó junto a Greenpeace y otros entes en varias actividades en la calle para fomentar el uso correcto del agua este miércoles, Día Mundial del Agua, en la capital argentina.
Entre las diferentes movilizaciones, además, entregaron un documento al Congreso argentino en el que pidieron que no se mueva “ni una sola coma” de la ley de glaciares al argumentar que “el agua vale más que el oro”.
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Fondos para bosques: se comprometieron a respetar
Nación se comprometió a respetar el presupuesto para la conservación de los bosques nativos aprobado por el Congreso
Fecha de Publicación: 24/03/2018
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Nacional
El Jefe de Gabinete le respondió de este modo a la diputada nacional por Misiones durante su informe en el Congreso. Además los misioneros consiguieron que se apruebe un Fideicomiso que administre los fondos.
El Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, le respondió a la diputada nacional por Misiones, Verónica Derna, que se respetará el monto asignado para distribuir entre las provincias del país como fondo para la conservación de los bosques. La legisladora recordó que el funcionario nacional tiene facultades para ampliar los fondos. “En el Presupuesto 2018 se le dieron facultades al jefe de Gabinete para la ampliación de los fondos. Si bien nosotros aprobamos un presupuesto de 556 millones de pesos se le da al Jefe de Gabinete una facultad para ampliar. Me contestó por escrito que se asignaron 470 millones de pesos, no lo que nosotros habíamos aprobado por presupuesto. Responde que en la semana próxima iba sacar una decisión administrativa por la cual se iban asignar los fondos en su totalidad”, aseguró la exministra de Ecología de la provincia.
Verónica Derna, diputada nacional por Misiones en Canal 12
Derna recordó que nunca se constituyó el fondo como lo establece la ley y admitió que son miles de millones de pesos. Además reconoció que hay una realidad social que el Estado Nacional debe atender. “Ayer salió la decisión por la cual asigna los fondos que nosotros aprobamos en su totalidad. No es el total de Fondos que aprueba la ley 2671. Para nosotros es muy importante que se respete el piso”, añadió.
En ese sentido, Derna explicó que los fondos son distribuidos entre todas las provincias de Argentina que hayan acreditado ante el ministerio de Ambiente de la Nación su ordenamiento territorial de bosques nativos. “El año pasado Misiones recibió 18 millones gracias al aumento pero recibía 9, 8, 7 millones. Ahora habría que ver cuánto le corresponde. Estamos todas las provincias, antes había menos plata y éramos más provincias y ahora estamos todas”, aseguró.
La legisladora que integra el bloque Misionerista en la cámara baja del Congreso de la Nación afirmó que siempre se necesitan más fondos porque la conservación de los bosques nativos tiene su costo. “Otra cosa que destaqué de la ley de presupuesto es que los diputados misioneros logramos la incorporación de un párrafo a ese artículo para que no se pierdan los fondos que no son utilizados y son de ejercicios anteriores”, agregó.
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Fecha de Publicación: 24/03/2018
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Nacional
El Jefe de Gabinete le respondió de este modo a la diputada nacional por Misiones durante su informe en el Congreso. Además los misioneros consiguieron que se apruebe un Fideicomiso que administre los fondos.
El Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, le respondió a la diputada nacional por Misiones, Verónica Derna, que se respetará el monto asignado para distribuir entre las provincias del país como fondo para la conservación de los bosques. La legisladora recordó que el funcionario nacional tiene facultades para ampliar los fondos. “En el Presupuesto 2018 se le dieron facultades al jefe de Gabinete para la ampliación de los fondos. Si bien nosotros aprobamos un presupuesto de 556 millones de pesos se le da al Jefe de Gabinete una facultad para ampliar. Me contestó por escrito que se asignaron 470 millones de pesos, no lo que nosotros habíamos aprobado por presupuesto. Responde que en la semana próxima iba sacar una decisión administrativa por la cual se iban asignar los fondos en su totalidad”, aseguró la exministra de Ecología de la provincia.
Verónica Derna, diputada nacional por Misiones en Canal 12
Derna recordó que nunca se constituyó el fondo como lo establece la ley y admitió que son miles de millones de pesos. Además reconoció que hay una realidad social que el Estado Nacional debe atender. “Ayer salió la decisión por la cual asigna los fondos que nosotros aprobamos en su totalidad. No es el total de Fondos que aprueba la ley 2671. Para nosotros es muy importante que se respete el piso”, añadió.
En ese sentido, Derna explicó que los fondos son distribuidos entre todas las provincias de Argentina que hayan acreditado ante el ministerio de Ambiente de la Nación su ordenamiento territorial de bosques nativos. “El año pasado Misiones recibió 18 millones gracias al aumento pero recibía 9, 8, 7 millones. Ahora habría que ver cuánto le corresponde. Estamos todas las provincias, antes había menos plata y éramos más provincias y ahora estamos todas”, aseguró.
La legisladora que integra el bloque Misionerista en la cámara baja del Congreso de la Nación afirmó que siempre se necesitan más fondos porque la conservación de los bosques nativos tiene su costo. “Otra cosa que destaqué de la ley de presupuesto es que los diputados misioneros logramos la incorporación de un párrafo a ese artículo para que no se pierdan los fondos que no son utilizados y son de ejercicios anteriores”, agregó.
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Santa Fe encabeza el camino de la "Producción más Limpia"
Santa Fe al frente de Producción más Limpia
Fecha de Publicación: 23/03/2018
Fuente: El Litoral Vespertino
Provincia/Región: Santa Fe
El ministro de Medio Ambiente, Jacinto Speranza, participó en Buenos Aires de la primera asamblea del año del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), en la que se eligieron las autoridades para el período 2018, y los coordinadores de las distintas comisiones de trabajo. Santa Fe estará al frente de la Comisión de Producción Más Limpia.
El encuentro, realizado el último jueves, fue encabezado por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman. En la oportunidad, se eligió a Mario Rujana, administrador general del Instituto Correntino del Agua, como presidente, y a Sergio Azulay, secretario de Ambiente de La Rioja, vicepresidente. La actividad contó con la participación de autoridades de todas las provincias del país.
Además, durante la jornada se estableció el cronograma anual de asambleas ordinarias y extraordinarias y los lineamientos estratégicos para los temas de la agenda anual. La misma incluye una propuesta del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación para un trabajo conjunto con el Ministerio de Agroindustria en relación a buenas prácticas en materia de aplicaciones de fitosanitarios.
También estuvo presente el secretario de Medio Ambiente, César Mackler.
El Cofema es un espacio de encuentro federal para abordar los problemas y las soluciones del medio ambiente de la República Argentina. El Estado nacional y las provincias son miembros coordinados en un mismo plano de participación, de decisión plena y no subordinados entre sí.
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Fecha de Publicación: 23/03/2018
Fuente: El Litoral Vespertino
Provincia/Región: Santa Fe
El ministro de Medio Ambiente, Jacinto Speranza, participó en Buenos Aires de la primera asamblea del año del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), en la que se eligieron las autoridades para el período 2018, y los coordinadores de las distintas comisiones de trabajo. Santa Fe estará al frente de la Comisión de Producción Más Limpia.
El encuentro, realizado el último jueves, fue encabezado por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman. En la oportunidad, se eligió a Mario Rujana, administrador general del Instituto Correntino del Agua, como presidente, y a Sergio Azulay, secretario de Ambiente de La Rioja, vicepresidente. La actividad contó con la participación de autoridades de todas las provincias del país.
Además, durante la jornada se estableció el cronograma anual de asambleas ordinarias y extraordinarias y los lineamientos estratégicos para los temas de la agenda anual. La misma incluye una propuesta del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación para un trabajo conjunto con el Ministerio de Agroindustria en relación a buenas prácticas en materia de aplicaciones de fitosanitarios.
También estuvo presente el secretario de Medio Ambiente, César Mackler.
El Cofema es un espacio de encuentro federal para abordar los problemas y las soluciones del medio ambiente de la República Argentina. El Estado nacional y las provincias son miembros coordinados en un mismo plano de participación, de decisión plena y no subordinados entre sí.
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Glaciares: el Pro mueve sus fichas para modificar la ley
Ley de Glaciares: el Gobierno hará una amplia consulta entre sus legisladores para definir su futuro
Fecha de Publicación: 21/03/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La Casa Rosada usará los mecanismos del sistema republicano para avanzar en una medida que según el sector empresario podría destrabar inversiones por US$18.000 millones, pero al mismo tiempo genera resistencias de organizaciones sociales, de la oposición y dentro de la propia coalición de gobierno.
En las próximas semanas, la administración de Mauricio Macri iniciará una amplia consulta entre los diputados y senadores oficialistas para que le den su "consejo legislativo" con respecto a qué hacer para aclarar los puntos de la Ley de Glaciares que impiden la llegada de mayores inversiones mineras, según le transmitieron los empresarios al Presidente en una reunión de noviembre del año pasado.
Macri iniciará la rueda de consultas luego de que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a cargo de Sergio Bergman , finalice el inventario de glaciares, algo que es inminente, según confirmaron a LA NACION fuentes al tanto de ese trabajo.
La elección del cronograma responde a una lógica de sentido común. El Gobierno no quiere avanzar en discusiones sobre la futura aplicación la ley hasta que no cumpla del todo con lo que dice su texto, algo que ocurrirá cuando los glaciares estén contabilizados. De lo contrario, sería un blanco fácil para la crítica de sectores ambientalistas y la oposición crítica de la actividad minera.
El Gobierno espera que la consulta a sus legisladores le permita evitar errores potenciales en el tratamiento de un tema polémico (algo que ya ocurrió en el pasado, por ejemplo, con la discusión por la reforma jubilatoria), dado que luego serán ellos quienes deberán dar la discusión en el Congreso para avanzar en reformas.
En principio, no se cambiará la ley, sino que se le pedirá al Congreso una aclaración de la norma, algo similar a lo que ocurrió el año pasado con la ley que bloqueó cualquier posibilidad de reducción de penas a los condenados por delitos de lesa humanidad, luego de un fallo de la Corte Suprema que le otorgaba la libertad a Luis Muiña.
La polémica en torno a la Ley de Glaciares se debe a que, según los especialistas, puede arrojar interpretaciones adecuadas para el desarrollo de la actividad, pero también otras muy restrictivas que le generan aversión a los inversores. Eso se debe a que pueden hacer un desembolso muy grande que luego quede invalidado por la decisión de un juez que optó por tomar los puntos más duros de la norma.
Carrió versus la minería
En noviembre del año pasado, Macri tuvo una reunión en la Casa Rosada con los referentes del sector minero. Estuvieron Eduardo Elsztain y Carlos Miguens, dos de los mayores empresarios del país, el titular de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Marcelo Álvarez, los gremios, las provincias, funcionarios de Medio Ambiente y los ministros Juan José Aranguren (Energía y Minería) y Trabajo (Jorge Triaca).
El Presidente les prometió avanzar una iniciativa para proponer un nuevo proyecto de ley. Pero esa idea fue reemplazada por el pedido de aclaración al Congreso luego de las polémicas que generó, incluso dentro de Cambiemos. La más importante tuvo que ver con Elisa Carrió.
La socia política de Macri se enteró a través de LA NACION que el Presidente se había reunido con los mineros y casi de inmediato escribió en su cuenta de Twitter que se oponía taxativamente a un cambio en la ley.
Macri envió a Aranguren para tranquilizar los ánimos de la diputada. Estuvo charlando con ella una hora y media en su chacra de Exaltación de La Cruz.
El Presidente cree que le dio a la minería más de lo que esa industria le dio a su gobierno. Sucede que una de sus primeras decisiones tras el cambio de mando fue la eliminación de las retenciones a las exportaciones de ese sector, algo similar a lo que ocurrió con el campo. Pero si bien el agro respondió, la minería no lo hizo.
En el encuentro de noviembre pasado, los empresarios le plantearon que parte de esa mala performance se debía a las inversiones potenciales frenadas por la incertidumbre que genera la ley.
Los glaciares suelen resultar amenazantes para la política. En 2008, una ley de la diputada Marta Maffei chocó con el veto de la presidenta Cristina Kirchner, pero los legisladores volvieron a la carga en 2010 se presentaron dos propuestas distintas de Miguel Bonasso y del senador oficialista Daniel Filmus. La ex presidenta nunca reglamentó la norma, y se postergó la realización del Inventario Nacional de Glaciares. Es el paso que ahora debe culminar Bergman para avanzar en la consulta a los legisladores.
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Fecha de Publicación: 21/03/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La Casa Rosada usará los mecanismos del sistema republicano para avanzar en una medida que según el sector empresario podría destrabar inversiones por US$18.000 millones, pero al mismo tiempo genera resistencias de organizaciones sociales, de la oposición y dentro de la propia coalición de gobierno.
En las próximas semanas, la administración de Mauricio Macri iniciará una amplia consulta entre los diputados y senadores oficialistas para que le den su "consejo legislativo" con respecto a qué hacer para aclarar los puntos de la Ley de Glaciares que impiden la llegada de mayores inversiones mineras, según le transmitieron los empresarios al Presidente en una reunión de noviembre del año pasado.
Macri iniciará la rueda de consultas luego de que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a cargo de Sergio Bergman , finalice el inventario de glaciares, algo que es inminente, según confirmaron a LA NACION fuentes al tanto de ese trabajo.
La elección del cronograma responde a una lógica de sentido común. El Gobierno no quiere avanzar en discusiones sobre la futura aplicación la ley hasta que no cumpla del todo con lo que dice su texto, algo que ocurrirá cuando los glaciares estén contabilizados. De lo contrario, sería un blanco fácil para la crítica de sectores ambientalistas y la oposición crítica de la actividad minera.
El Gobierno espera que la consulta a sus legisladores le permita evitar errores potenciales en el tratamiento de un tema polémico (algo que ya ocurrió en el pasado, por ejemplo, con la discusión por la reforma jubilatoria), dado que luego serán ellos quienes deberán dar la discusión en el Congreso para avanzar en reformas.
En principio, no se cambiará la ley, sino que se le pedirá al Congreso una aclaración de la norma, algo similar a lo que ocurrió el año pasado con la ley que bloqueó cualquier posibilidad de reducción de penas a los condenados por delitos de lesa humanidad, luego de un fallo de la Corte Suprema que le otorgaba la libertad a Luis Muiña.
La polémica en torno a la Ley de Glaciares se debe a que, según los especialistas, puede arrojar interpretaciones adecuadas para el desarrollo de la actividad, pero también otras muy restrictivas que le generan aversión a los inversores. Eso se debe a que pueden hacer un desembolso muy grande que luego quede invalidado por la decisión de un juez que optó por tomar los puntos más duros de la norma.
Carrió versus la minería
En noviembre del año pasado, Macri tuvo una reunión en la Casa Rosada con los referentes del sector minero. Estuvieron Eduardo Elsztain y Carlos Miguens, dos de los mayores empresarios del país, el titular de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Marcelo Álvarez, los gremios, las provincias, funcionarios de Medio Ambiente y los ministros Juan José Aranguren (Energía y Minería) y Trabajo (Jorge Triaca).
El Presidente les prometió avanzar una iniciativa para proponer un nuevo proyecto de ley. Pero esa idea fue reemplazada por el pedido de aclaración al Congreso luego de las polémicas que generó, incluso dentro de Cambiemos. La más importante tuvo que ver con Elisa Carrió.
La socia política de Macri se enteró a través de LA NACION que el Presidente se había reunido con los mineros y casi de inmediato escribió en su cuenta de Twitter que se oponía taxativamente a un cambio en la ley.
Macri envió a Aranguren para tranquilizar los ánimos de la diputada. Estuvo charlando con ella una hora y media en su chacra de Exaltación de La Cruz.
El Presidente cree que le dio a la minería más de lo que esa industria le dio a su gobierno. Sucede que una de sus primeras decisiones tras el cambio de mando fue la eliminación de las retenciones a las exportaciones de ese sector, algo similar a lo que ocurrió con el campo. Pero si bien el agro respondió, la minería no lo hizo.
En el encuentro de noviembre pasado, los empresarios le plantearon que parte de esa mala performance se debía a las inversiones potenciales frenadas por la incertidumbre que genera la ley.
Los glaciares suelen resultar amenazantes para la política. En 2008, una ley de la diputada Marta Maffei chocó con el veto de la presidenta Cristina Kirchner, pero los legisladores volvieron a la carga en 2010 se presentaron dos propuestas distintas de Miguel Bonasso y del senador oficialista Daniel Filmus. La ex presidenta nunca reglamentó la norma, y se postergó la realización del Inventario Nacional de Glaciares. Es el paso que ahora debe culminar Bergman para avanzar en la consulta a los legisladores.
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Bergman PRO represas
Bergman: "Es inviable reemplazar la energía de las represas"
Fecha de Publicación: 20/03/2018
Fuente: El Cronista Comercial
Provincia/Región: Nacional
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable nacional, Sergio Bergman, se muestra optimista en relación a la construcción de las represas en el río Santa Cruz. Apuesta a la compensación y al monitoreo. En diálogo con El Cronista, hace su análisis sobre el tema.
¿El nuevo proyecto es definitivo?
-Sí, ya quedó resuelto. Todo el proceso va a ser un hito histórico en términos de la calidad institucional. Se pudo evaluar y poner en funcionamiento un nuevo proyecto de represa. Es la primera vez que se cumple con una ley de grandes obras hidráulicas. Esto tiene que ver, no solamente con el trabajo en equipo del Poder Ejecutivo, sino de la participación de la máxima instancia de la justicia que fue la Corte Suprema en diciembre de 2017. Dimos cumplimiento al proceso de evaluación de impacto ambiental del nuevo proyecto y se convocó a la audiencia pública en el ámbito del Congreso de la Nación. En el contexto de la audiencia pública salió una resolución que dio la aprobación de las obras.
¿Era posible renegociar con China para reubicar las inversiones?
- El Gobierno anterior firmó el cross default. Esto significa que si cae un contrato caen todos. El margen diplomático de la negociación no lo teníamos. La prioridad era cambiar el proyecto original. También, se renegociaron los montos de créditos porque tenían apreciaciones que no eran correctas.
¿Se generó tensión entre el Ministerio de Ambiente y el de Energía?
- Los dos ministros estamos firmando el proyecto de resolución donde ya conformamos la comisión interministerial para hacer el seguimiento de cómo se va a implementar el plan de gestión ambiental. Esto es muy importante porque la comisión es justamente la que va a verificar que se cumplan las obligaciones ambientales, se solicite la implementación de las medidas correctivas y se haga el monitoreo del cumplimiento de lo que se presentó en el plan de impacto ambiental y lo que tiene que ver con el proyecto de compensación y mitigación. Algo que surgió en las audiencias y fue parte del enriquecimiento de esa interacción es que se creó el Fondo Fiduciario de Compensación Ambiental de Administración y Financiamiento. Esto ya salió regulado por la Ley de Presupuestos de 2018 del Congreso.
¿En qué piensan como compensaciones?
- Para nosotros, es muy importante definir la compensación de este proyecto en términos ambientales. Esto ya estaba previsto por la Ley General del Ambiente, pero casi nunca se contemplaron en las obras de nuestro país. Hay pocos ejemplos de obras de esta envergadura que tuvieran un proyecto previo de compensación, monitoreo y control.
La idea no es solo mitigar sino mejorar en relación proporcional a la zona afectada. Vemos que podemos revertir costos ambientales en beneficios. En términos numéricos, esto se traduce en que la compensación se va a implementar en 458.000 hectáreas de sitios de importancia para conservación, se van a crear áreas protegidas para una superficie 337.000 hectáreas y se contemplarán corredores de biodiversidad que comprenden 250.000 hectáreas. De este modo, se va a fortalecer todo el sistema de gestión de áreas protegidas de la provincia de Santa Cruz que estaban abandonadas o descuidadas.
¿Otros aspectos que consideraron a partir de la audiencia pública?
- Las audiencias nos dieron la visión de las comunidades originarias. Vamos a trabajar con las comunidades mapuches de la zona porque hay sitios arqueológicos o sagrados que deben estar previstos o removidos si forman parte de las zonas que serán inundadas por las represas.
¿No hay alternativas posibles a estas represas?
- De acuerdo al Ministerio de Energía, la única forma de llegar al autoabastecimiento energético es a partir de la diversificación de la matriz. Es inviable reemplazar la energía que se va a generar en las represas con energía eólica o solar. Tenemos que desa-rrollar todas las fuentes de energía posible para llegar al autoabastecimiento. Luego, la decisión estratégica corroborada por el Acuerdo de París y los compromisos globales que la Argentina suscribió es asegurar que, para 2030, tendremos entre un 20% y un 25% de energía limpia y renovable. Hasta alcanzar el autoabastecimiento, toda forma de generación de energía se pone en despliegue.
¿Cómo responden a las críticas de las organizaciones de la sociedad civil?
- Los escuchamos, les respondimos en el marco de la audiencia pública y muchas de las observaciones las entendimos y las hemos considerado.
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Fecha de Publicación: 20/03/2018
Fuente: El Cronista Comercial
Provincia/Región: Nacional
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable nacional, Sergio Bergman, se muestra optimista en relación a la construcción de las represas en el río Santa Cruz. Apuesta a la compensación y al monitoreo. En diálogo con El Cronista, hace su análisis sobre el tema.
¿El nuevo proyecto es definitivo?
-Sí, ya quedó resuelto. Todo el proceso va a ser un hito histórico en términos de la calidad institucional. Se pudo evaluar y poner en funcionamiento un nuevo proyecto de represa. Es la primera vez que se cumple con una ley de grandes obras hidráulicas. Esto tiene que ver, no solamente con el trabajo en equipo del Poder Ejecutivo, sino de la participación de la máxima instancia de la justicia que fue la Corte Suprema en diciembre de 2017. Dimos cumplimiento al proceso de evaluación de impacto ambiental del nuevo proyecto y se convocó a la audiencia pública en el ámbito del Congreso de la Nación. En el contexto de la audiencia pública salió una resolución que dio la aprobación de las obras.
¿Era posible renegociar con China para reubicar las inversiones?
- El Gobierno anterior firmó el cross default. Esto significa que si cae un contrato caen todos. El margen diplomático de la negociación no lo teníamos. La prioridad era cambiar el proyecto original. También, se renegociaron los montos de créditos porque tenían apreciaciones que no eran correctas.
¿Se generó tensión entre el Ministerio de Ambiente y el de Energía?
- Los dos ministros estamos firmando el proyecto de resolución donde ya conformamos la comisión interministerial para hacer el seguimiento de cómo se va a implementar el plan de gestión ambiental. Esto es muy importante porque la comisión es justamente la que va a verificar que se cumplan las obligaciones ambientales, se solicite la implementación de las medidas correctivas y se haga el monitoreo del cumplimiento de lo que se presentó en el plan de impacto ambiental y lo que tiene que ver con el proyecto de compensación y mitigación. Algo que surgió en las audiencias y fue parte del enriquecimiento de esa interacción es que se creó el Fondo Fiduciario de Compensación Ambiental de Administración y Financiamiento. Esto ya salió regulado por la Ley de Presupuestos de 2018 del Congreso.
¿En qué piensan como compensaciones?
- Para nosotros, es muy importante definir la compensación de este proyecto en términos ambientales. Esto ya estaba previsto por la Ley General del Ambiente, pero casi nunca se contemplaron en las obras de nuestro país. Hay pocos ejemplos de obras de esta envergadura que tuvieran un proyecto previo de compensación, monitoreo y control.
La idea no es solo mitigar sino mejorar en relación proporcional a la zona afectada. Vemos que podemos revertir costos ambientales en beneficios. En términos numéricos, esto se traduce en que la compensación se va a implementar en 458.000 hectáreas de sitios de importancia para conservación, se van a crear áreas protegidas para una superficie 337.000 hectáreas y se contemplarán corredores de biodiversidad que comprenden 250.000 hectáreas. De este modo, se va a fortalecer todo el sistema de gestión de áreas protegidas de la provincia de Santa Cruz que estaban abandonadas o descuidadas.
¿Otros aspectos que consideraron a partir de la audiencia pública?
- Las audiencias nos dieron la visión de las comunidades originarias. Vamos a trabajar con las comunidades mapuches de la zona porque hay sitios arqueológicos o sagrados que deben estar previstos o removidos si forman parte de las zonas que serán inundadas por las represas.
¿No hay alternativas posibles a estas represas?
- De acuerdo al Ministerio de Energía, la única forma de llegar al autoabastecimiento energético es a partir de la diversificación de la matriz. Es inviable reemplazar la energía que se va a generar en las represas con energía eólica o solar. Tenemos que desa-rrollar todas las fuentes de energía posible para llegar al autoabastecimiento. Luego, la decisión estratégica corroborada por el Acuerdo de París y los compromisos globales que la Argentina suscribió es asegurar que, para 2030, tendremos entre un 20% y un 25% de energía limpia y renovable. Hasta alcanzar el autoabastecimiento, toda forma de generación de energía se pone en despliegue.
¿Cómo responden a las críticas de las organizaciones de la sociedad civil?
- Los escuchamos, les respondimos en el marco de la audiencia pública y muchas de las observaciones las entendimos y las hemos considerado.
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Riachuelo: nadie sabe nada
Riachuelo: a diez años del fallo que obliga a limpiarlo, aún no saben ni cuándo lo podrán cumplir
Fecha de Publicación: 17/03/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Riachuelo
Los funcionarios no pudieron precisar una fecha en una audiencia ante la Corte Suprema. Acusaron al ente responsable, ACUMAR, de "inoperancia" y "redireccionar" recursos.
Tiene que ser más serio”, “Le pido que sea concreto”, “¿No le parece demasiado precario lo que está diciendo?”, fueron algunas de las frases que la Corte Suprema de Justicia repitió durante la última audiencia pública de la causa Riachuelo. Los pedidos no funcionaron como exabruptos, sino como llamados de atención, recuerdos -por momentos, casi constantes- de la responsabilidad que pedía el momento. Ocurrió esta mañana en una jornada de tres horas, convocada por el máximo tribunal para que se rindieran cuentas sobre el fallo que ordena a los estados nacional, bonaerense y porteño a sanear en forma integral la cuenca Matanza-Riachuelo, la más contaminada de la Argentina. Un dictamen que en julio cumple diez años y que no se sabe cuándo se alcanzará. Ningún funcionario se animó a ponerle fecha, pese a la insistencia de los magistrados, pese a estar obligados a informar.
Sólo con preguntas la Corte Suprema dejó en evidencia el estado crítico en el que está la recomposición ambiental de la cuenca. No era un descubrimiento: desde el fallo, poco se hizo y muy lento. Pero el nivel de desinformación, dudas e imprecisiones de los funcionarios pocas veces irritó tanto al Tribunal y sorprendió -preocupó- a los asistentes. Por momentos, la sala de audiencias de la Corte, en el cuarto piso del Palacio de Justicia de la calle Talcahuano, parecía el despacho de un director de escuela primaria al que asistían alumnos que se habían portado mal. El carácter de las respuestas de los funcionarios, en especial, recordaba esa escena infantil.
- ¿Tiene una estimación razonable de cuándo pueden cumplir con la sentencia? ¿En qué tiempo? -preguntó el juez Ricardo Lorenzetti a las dos horas de iniciada la exposición de la presidenta de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), Dorina Bonetti.
-Nosotros vamos cumpliendo con la sentencia a partir del cumplimiento de cada una de las mandas, que se pueden mensurar por los indicadores…
-El tiempo -la interrumpió Lorenzetti y siguió: Le pido que seamos precisos. Usted debe tener una planificación que le permite estimar que va a cumplir la sentencia cuándo. ¿En un año, dos, diez?
-La planificación estratégica la estamos trabajando desde el año pasado...
-¿No la tienen? -volvió a interrumpirla, con una molestia más obvia.
-Nosotros nos regimos por el plan...
-¿La tienen o no la tienen? Concretamente responda.
Lo que siguieron fueron diez minutos en los que Lorenzetti dijo que ninguna de las metas impuestas en la sentencia se había cumplido, puntualizó que “hasta ahora (ACUMAR) estuvo siempre recalculando y cada funcionario nuevo -desde 2015 se cambió cuatro veces al presidente del organismo- parecía pretender que lo hecho en forma anterior no existía” y recordó que el saneamiento del Riachuelo es una obligación legal. Fueron diez minutos en los que repitió ocho veces la palabra cuándo hasta lograr esta contestación:
-No puedo darle una fecha con exactitud.
No fue el único juez que mostró su incomodidad. Horacio Rosatti estuvo entre los más críticos: “En el cumplimiento de una sentencia que lleva diez años, es relevante que ustedes (por ACUMAR) tomen razón de que están cada vez más lejos del cumplimiento del fallo”, dijo. Y, al comparar indicadores de 2010 con los actuales, diagnosticó que hay más retrasos y que ese problema se reproduce en todos los puntos: erradicación de basurales, respuestas habitacionales, saneamiento ambiental, etc. “¿Son conscientes de que, además del retraso histórico, están yendo más lento de lo que la realidad les demanda?", remató.
Minutos más tarde, la mayor crispación volvería a Lorenzetti, ante el director Nacional de Vivienda Social, Ramiro Masjuan. Al también pedirle mayor precisión sobre cuántas viviendas serán entregadas y en qué plazo, y frente a que el funcionario empezó a hacer cuentas en el momento, parado detrás del atril, le consultó: “¿Es una estimación que acaba de hacer o está firmado? ¿No le parece demasiado precario lo que está diciendo?”.
También estuvieron presentes en la audiencia los ministros Carlos Rosenkranz, Elena Highton y Juan Carlos Maqueda. En el caso de la jueza, la mayor preocupación se centró en el seguimiento que se le está dando a los chicos que viven en la cuenca; contaminados con plomo, con erupciones, con asma, sarna, anemia, rodeados de basura y ratas, impedidos de crecer. Como al resto de los jueces, las respuestas no la tranquilizaron. Por último, Maqueda tampoco fue la excepción: su impaciencia giró en que, a meses de cumplirse diez años del fallo, un representante de AySA le informara que la construcción de una planta de tratamiento de agua en Berazategui no está incluida en el plan de saneamiento. “¿Cómo me va a decir eso? ¿Yo mismo en otras audiencias he consultado sobre esto?” "Sus antecesores jamás expusieron lo que usted dice", repitió atónito.
A las exposiciones las completaron el Cuerpo Colegiado, un ente civil que controla el avance del plan, y la Auditoria General de la Nación. "La inoperancia de ACUMAR agrava los daños a la salud pública", puntualizó el abogado y diplomático Raúl Estrada Oyuela en representación del Cuerpo. Del lado de la Auditoria tampoco hubo elogios y se habló de una subejecución del orden del 41% en 2016. Subejecutar significa redireccionar y quitar recursos que habían sido adjudicados a un fin a otro. La acción podría pasar inadvertida, pero en el Riachuelo es obvia, como la contaminación.
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Fecha de Publicación: 17/03/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Riachuelo
Los funcionarios no pudieron precisar una fecha en una audiencia ante la Corte Suprema. Acusaron al ente responsable, ACUMAR, de "inoperancia" y "redireccionar" recursos.
Tiene que ser más serio”, “Le pido que sea concreto”, “¿No le parece demasiado precario lo que está diciendo?”, fueron algunas de las frases que la Corte Suprema de Justicia repitió durante la última audiencia pública de la causa Riachuelo. Los pedidos no funcionaron como exabruptos, sino como llamados de atención, recuerdos -por momentos, casi constantes- de la responsabilidad que pedía el momento. Ocurrió esta mañana en una jornada de tres horas, convocada por el máximo tribunal para que se rindieran cuentas sobre el fallo que ordena a los estados nacional, bonaerense y porteño a sanear en forma integral la cuenca Matanza-Riachuelo, la más contaminada de la Argentina. Un dictamen que en julio cumple diez años y que no se sabe cuándo se alcanzará. Ningún funcionario se animó a ponerle fecha, pese a la insistencia de los magistrados, pese a estar obligados a informar.
Sólo con preguntas la Corte Suprema dejó en evidencia el estado crítico en el que está la recomposición ambiental de la cuenca. No era un descubrimiento: desde el fallo, poco se hizo y muy lento. Pero el nivel de desinformación, dudas e imprecisiones de los funcionarios pocas veces irritó tanto al Tribunal y sorprendió -preocupó- a los asistentes. Por momentos, la sala de audiencias de la Corte, en el cuarto piso del Palacio de Justicia de la calle Talcahuano, parecía el despacho de un director de escuela primaria al que asistían alumnos que se habían portado mal. El carácter de las respuestas de los funcionarios, en especial, recordaba esa escena infantil.
- ¿Tiene una estimación razonable de cuándo pueden cumplir con la sentencia? ¿En qué tiempo? -preguntó el juez Ricardo Lorenzetti a las dos horas de iniciada la exposición de la presidenta de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), Dorina Bonetti.
-Nosotros vamos cumpliendo con la sentencia a partir del cumplimiento de cada una de las mandas, que se pueden mensurar por los indicadores…
-El tiempo -la interrumpió Lorenzetti y siguió: Le pido que seamos precisos. Usted debe tener una planificación que le permite estimar que va a cumplir la sentencia cuándo. ¿En un año, dos, diez?
-La planificación estratégica la estamos trabajando desde el año pasado...
-¿No la tienen? -volvió a interrumpirla, con una molestia más obvia.
-Nosotros nos regimos por el plan...
-¿La tienen o no la tienen? Concretamente responda.
Lo que siguieron fueron diez minutos en los que Lorenzetti dijo que ninguna de las metas impuestas en la sentencia se había cumplido, puntualizó que “hasta ahora (ACUMAR) estuvo siempre recalculando y cada funcionario nuevo -desde 2015 se cambió cuatro veces al presidente del organismo- parecía pretender que lo hecho en forma anterior no existía” y recordó que el saneamiento del Riachuelo es una obligación legal. Fueron diez minutos en los que repitió ocho veces la palabra cuándo hasta lograr esta contestación:
-No puedo darle una fecha con exactitud.
No fue el único juez que mostró su incomodidad. Horacio Rosatti estuvo entre los más críticos: “En el cumplimiento de una sentencia que lleva diez años, es relevante que ustedes (por ACUMAR) tomen razón de que están cada vez más lejos del cumplimiento del fallo”, dijo. Y, al comparar indicadores de 2010 con los actuales, diagnosticó que hay más retrasos y que ese problema se reproduce en todos los puntos: erradicación de basurales, respuestas habitacionales, saneamiento ambiental, etc. “¿Son conscientes de que, además del retraso histórico, están yendo más lento de lo que la realidad les demanda?", remató.
Minutos más tarde, la mayor crispación volvería a Lorenzetti, ante el director Nacional de Vivienda Social, Ramiro Masjuan. Al también pedirle mayor precisión sobre cuántas viviendas serán entregadas y en qué plazo, y frente a que el funcionario empezó a hacer cuentas en el momento, parado detrás del atril, le consultó: “¿Es una estimación que acaba de hacer o está firmado? ¿No le parece demasiado precario lo que está diciendo?”.
También estuvieron presentes en la audiencia los ministros Carlos Rosenkranz, Elena Highton y Juan Carlos Maqueda. En el caso de la jueza, la mayor preocupación se centró en el seguimiento que se le está dando a los chicos que viven en la cuenca; contaminados con plomo, con erupciones, con asma, sarna, anemia, rodeados de basura y ratas, impedidos de crecer. Como al resto de los jueces, las respuestas no la tranquilizaron. Por último, Maqueda tampoco fue la excepción: su impaciencia giró en que, a meses de cumplirse diez años del fallo, un representante de AySA le informara que la construcción de una planta de tratamiento de agua en Berazategui no está incluida en el plan de saneamiento. “¿Cómo me va a decir eso? ¿Yo mismo en otras audiencias he consultado sobre esto?” "Sus antecesores jamás expusieron lo que usted dice", repitió atónito.
A las exposiciones las completaron el Cuerpo Colegiado, un ente civil que controla el avance del plan, y la Auditoria General de la Nación. "La inoperancia de ACUMAR agrava los daños a la salud pública", puntualizó el abogado y diplomático Raúl Estrada Oyuela en representación del Cuerpo. Del lado de la Auditoria tampoco hubo elogios y se habló de una subejecución del orden del 41% en 2016. Subejecutar significa redireccionar y quitar recursos que habían sido adjudicados a un fin a otro. La acción podría pasar inadvertida, pero en el Riachuelo es obvia, como la contaminación.
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Ley de glaciares: la iglesia contra Aranguren
Queja de la Iglesia a Aranguren por impulsar cambios en la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 17/03/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La Iglesia transmitió al Gobierno su preocupación por el intento de modificar la ley de glaciares "con el fin de promover una mayor explotación minera en el área cordillerana". Así lo expresó la Comisión de Pastoral Social, que encabeza el obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones, en una carta abierta dirigida al ministro de Energía, Juan José Aranguren .
Alertados por la iniciativa, que según los obispos de la comisión contaría con el aval, incluso, del gremio minero, del Ministerio de Trabajo y de sectores industriales, Lugones advierte que "llama la atención que en un tema de tamaña incidencia, desde el punto de vista ambiental y social, no se mencionen los necesarios estudios y aprobación previas, por parte de las instituciones encargadas de velar por el adecuado manejo del ambiente del estado nacional, ni de organizaciones de la sociedad civil".
La carta refleja una cuestión "sensible" para la Iglesia, que se suma a la reciente advertencia del Episcopado por el creciente número de despidos, en momentos en que el Gobierno habilitó el debate por la ley del aborto en el Congreso, al dejar en libertad a sus legisladores a la hora de votar el proyecto. El cuidado del medio ambiente es una premisa esencial de los obispos, especialmente a partir de la encíclica Laudato sí, en la que Francisco alerta sobre los efectos de la contaminación, el cambio climático, el tratamiento de los residuos, la cultura del descarte y la importancia vital del agua.
"Es también lamentable que no habiéndose cumplido los necesarios inventarios de glaciares y zonas periglaciares que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio del país, ya se esté pensando en modificarla para hacerla menos estricta y menos protectora de estas importantes fuentes hídricas, contrariando el principio precautorio en materia ambiental", señala la carta remitida por el obispo Lugones.
De formación jesuita, Lugones explica a Aranguren que "la protección del agua, el respeto por los deseos y el modo de vida de las comunidades y el cuidado de la casa común, son temas mencionados explícitamente en la encíclica Laudato Si por el papa Francisco".
La Comisión de Pastoral Social recordó que "es sabida la importancia que tiene esta problemática para las comunidades que viven y cultivan la tierra en zonas cercanas a los glaciares y cuya principal, cuando no única, fuente de agua son los ríos que surgen de los deshielos de dichos glaciares. Y transmitió su inquietud "por la contaminación, la sobreexplotación y la falta de estrictos controles que hemos podido constatar, lamentablemente, en nuestro país a lo largo de las últimas décadas y que han significado, como consecuencia, reiterados accidentes por derrames de cianuro".
Al citar palabras de Francisco, la carta enviada a Aranguren recuerda que se trata de "un problema que afecta a todos y hace que nuestra casa común sufra tanta miseria y clame por soluciones efectiva" y sostuvo que "es necesario otorgar al agua la centralidad que merece en el marco de las políticas públicas: nuestro derecho al agua es también un deber con el agua".
En ese sentido, reclamó que se impulse "un adecuado proceso de diálogo y consulta previa, con la mayor cantidad de actores, para llegar a consensos superadores, antes de promover iniciativas que podrían perjudicar no solo al ambiente sino a nuestras comunidades cordilleranas".
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Fecha de Publicación: 17/03/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La Iglesia transmitió al Gobierno su preocupación por el intento de modificar la ley de glaciares "con el fin de promover una mayor explotación minera en el área cordillerana". Así lo expresó la Comisión de Pastoral Social, que encabeza el obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones, en una carta abierta dirigida al ministro de Energía, Juan José Aranguren .
Alertados por la iniciativa, que según los obispos de la comisión contaría con el aval, incluso, del gremio minero, del Ministerio de Trabajo y de sectores industriales, Lugones advierte que "llama la atención que en un tema de tamaña incidencia, desde el punto de vista ambiental y social, no se mencionen los necesarios estudios y aprobación previas, por parte de las instituciones encargadas de velar por el adecuado manejo del ambiente del estado nacional, ni de organizaciones de la sociedad civil".
La carta refleja una cuestión "sensible" para la Iglesia, que se suma a la reciente advertencia del Episcopado por el creciente número de despidos, en momentos en que el Gobierno habilitó el debate por la ley del aborto en el Congreso, al dejar en libertad a sus legisladores a la hora de votar el proyecto. El cuidado del medio ambiente es una premisa esencial de los obispos, especialmente a partir de la encíclica Laudato sí, en la que Francisco alerta sobre los efectos de la contaminación, el cambio climático, el tratamiento de los residuos, la cultura del descarte y la importancia vital del agua.
"Es también lamentable que no habiéndose cumplido los necesarios inventarios de glaciares y zonas periglaciares que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio del país, ya se esté pensando en modificarla para hacerla menos estricta y menos protectora de estas importantes fuentes hídricas, contrariando el principio precautorio en materia ambiental", señala la carta remitida por el obispo Lugones.
De formación jesuita, Lugones explica a Aranguren que "la protección del agua, el respeto por los deseos y el modo de vida de las comunidades y el cuidado de la casa común, son temas mencionados explícitamente en la encíclica Laudato Si por el papa Francisco".
La Comisión de Pastoral Social recordó que "es sabida la importancia que tiene esta problemática para las comunidades que viven y cultivan la tierra en zonas cercanas a los glaciares y cuya principal, cuando no única, fuente de agua son los ríos que surgen de los deshielos de dichos glaciares. Y transmitió su inquietud "por la contaminación, la sobreexplotación y la falta de estrictos controles que hemos podido constatar, lamentablemente, en nuestro país a lo largo de las últimas décadas y que han significado, como consecuencia, reiterados accidentes por derrames de cianuro".
Al citar palabras de Francisco, la carta enviada a Aranguren recuerda que se trata de "un problema que afecta a todos y hace que nuestra casa común sufra tanta miseria y clame por soluciones efectiva" y sostuvo que "es necesario otorgar al agua la centralidad que merece en el marco de las políticas públicas: nuestro derecho al agua es también un deber con el agua".
En ese sentido, reclamó que se impulse "un adecuado proceso de diálogo y consulta previa, con la mayor cantidad de actores, para llegar a consensos superadores, antes de promover iniciativas que podrían perjudicar no solo al ambiente sino a nuestras comunidades cordilleranas".
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Fuerte defensa del gobernador misionero de la selva
"Es muy caro sostener la selva, pero la vamos a cuidar con uñas y dientes"
Fecha de Publicación: 14/03/2018
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
Lo dijo el gobernador Passalacqua en la jornada de cierre de la Feria de Buenas Práctica y Gestión del Conocimiento del Programa de Pequeñas Donaciones de la ONU.
El encuentro fue organizado por el ministerio de Ecología en conjunto con el organismo internacional, el ministerio de Medioambiente de la Nación y la Fundación Bosques Nativos Argentinos. En el acto se hizo entrega de certificados de donaciones realizadas por el Programa Pequeñas Donaciones.
Se trata de la última convocatoria realizada en diciembre del 2017 con diecisiete (17) proyectos aprobados por un monto de u$d 738.035 (setecientos treinta y ocho mil treinta y cinco dólares).
Al día de la fecha hay 86 (ochenta y seis) proyectos financiados en esta región: 36 en Misiones; 26 en Chaco; 9 en Formosa; 6 en Santa Fe; 5 en Corrientes; 3 en Entre Ríos.
Charly Alberti, ex Soda Stereo y Referente de la organización R21 Charly Alberti, compartió su disertación sobre “El Cambio Ambiental Global”. Intercambios, capacitaciones sobre desarrollo sostenible, género, trabajo comunitario y redes, feria de proyectos y productos de beneficiarios del Programa Pequeñas Donaciones.
"Yo me he comprometido y sigue mi promesa de que ese verde que se fue achicando, que fue producto de algo que se llama soja y en Misiones la soja no va a entrar mientras yo sea gobernador de la provincia de Misiones. No vamos a ceder un metro de nuestra frontera ecológica", remarcó el gobernador Hugo Passalacqua al referirse a la decisión política de priorizar el cuidado ambiental por sobre los intereses económicos.
"Es muy caro sostener la selva, por eso siempre pedimos ayuda y la vamos a cuidar con dientes y con uñas, y lo que hacen ustedes todos los días, lo que hacen nuestros chacareros, Ecología, nuestros guardaparques, es realmente más que elogiable porque están cuidando el 52 por ciento de la biodiversidad de nuestra Patria. El 52 por ciento de flora y fauna están acá en esta pequeña y humilde provincia", enfatizó.
El Programa de Pequeñas Donaciones consiste en el aporte de las comunidades del NEA a la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Se trata de una Feria de Buenas Prácticas y Gestión del Conocimiento, donde el objetivo del evento es facilitar que los beneficiarios del PPD Argentina y otros referentes vinculados con proyectos socioambientales establezcan contactos, conformen redes, compartan experiencias y desarrollen nuevas capacidades para fortalecer su labor e impacto en iniciativas que promuevan el desarrollo sostenible.
También brindar información sobre las directrices de las convenciones globales y las herramientas existentes para su implementación a nivel local.
También estuvieron presentes, el coordinador residente del sistema de Naciones Unidas y representante residente del Programa de Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) en Argentina, René Mauricio Valdés; el secretario de Política ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo sustentable de la Nación, Diego Moreno; Marcia Levaggi, ministro plenipotenciario, Dirección de Asuntos Ambientales; y Juan Manuel Díaz, ministro de Ecología de Misiones.
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Fecha de Publicación: 14/03/2018
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
Lo dijo el gobernador Passalacqua en la jornada de cierre de la Feria de Buenas Práctica y Gestión del Conocimiento del Programa de Pequeñas Donaciones de la ONU.
El encuentro fue organizado por el ministerio de Ecología en conjunto con el organismo internacional, el ministerio de Medioambiente de la Nación y la Fundación Bosques Nativos Argentinos. En el acto se hizo entrega de certificados de donaciones realizadas por el Programa Pequeñas Donaciones.
Se trata de la última convocatoria realizada en diciembre del 2017 con diecisiete (17) proyectos aprobados por un monto de u$d 738.035 (setecientos treinta y ocho mil treinta y cinco dólares).
Al día de la fecha hay 86 (ochenta y seis) proyectos financiados en esta región: 36 en Misiones; 26 en Chaco; 9 en Formosa; 6 en Santa Fe; 5 en Corrientes; 3 en Entre Ríos.
Charly Alberti, ex Soda Stereo y Referente de la organización R21 Charly Alberti, compartió su disertación sobre “El Cambio Ambiental Global”. Intercambios, capacitaciones sobre desarrollo sostenible, género, trabajo comunitario y redes, feria de proyectos y productos de beneficiarios del Programa Pequeñas Donaciones.
"Yo me he comprometido y sigue mi promesa de que ese verde que se fue achicando, que fue producto de algo que se llama soja y en Misiones la soja no va a entrar mientras yo sea gobernador de la provincia de Misiones. No vamos a ceder un metro de nuestra frontera ecológica", remarcó el gobernador Hugo Passalacqua al referirse a la decisión política de priorizar el cuidado ambiental por sobre los intereses económicos.
"Es muy caro sostener la selva, por eso siempre pedimos ayuda y la vamos a cuidar con dientes y con uñas, y lo que hacen ustedes todos los días, lo que hacen nuestros chacareros, Ecología, nuestros guardaparques, es realmente más que elogiable porque están cuidando el 52 por ciento de la biodiversidad de nuestra Patria. El 52 por ciento de flora y fauna están acá en esta pequeña y humilde provincia", enfatizó.
El Programa de Pequeñas Donaciones consiste en el aporte de las comunidades del NEA a la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Se trata de una Feria de Buenas Prácticas y Gestión del Conocimiento, donde el objetivo del evento es facilitar que los beneficiarios del PPD Argentina y otros referentes vinculados con proyectos socioambientales establezcan contactos, conformen redes, compartan experiencias y desarrollen nuevas capacidades para fortalecer su labor e impacto en iniciativas que promuevan el desarrollo sostenible.
También brindar información sobre las directrices de las convenciones globales y las herramientas existentes para su implementación a nivel local.
También estuvieron presentes, el coordinador residente del sistema de Naciones Unidas y representante residente del Programa de Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) en Argentina, René Mauricio Valdés; el secretario de Política ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo sustentable de la Nación, Diego Moreno; Marcia Levaggi, ministro plenipotenciario, Dirección de Asuntos Ambientales; y Juan Manuel Díaz, ministro de Ecología de Misiones.
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Lino Barañao en San Juan para fomentar más minería
Llega Lino Barañao para otorgar $40 millones en subsidios para el fortalecimiento del sector minero
Fecha de Publicación: 14/03/2018
Fuente: Diario La Provincia SJ
Provincia/Región: San Juan
El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva llegará a San Juan la semana que viene y entregará subsidios a distintos organismos como la UNSJ y algunas empresas privadas.
Este lunes llegará a San Juan el responsable del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Gobierno de la Nacióna, Luis Barañao, para entregar subsidios por un monto total de 40 millones de pesos.
Se trata de una visita que se dará con el fin de estimular e invertir en el fortalecimiento del sector minero no metalifero. Serán beneficiarios de dichos subsidios tanto la UNSJ a través del Instituto de Investigación Minera como el mismo ministerio de Minería de San Juan y algunas empresas privadas relacionadas al sector no metalífero.
Los subsidios son para la innovación minera tanto en el sector público como privado y en esta ocasión además se entregarán otros subsidios no reintegrables para el sectro productivo, especialmente los productores agrícola de sarmiento a través de Cofecyt.
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Fecha de Publicación: 14/03/2018
Fuente: Diario La Provincia SJ
Provincia/Región: San Juan
El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva llegará a San Juan la semana que viene y entregará subsidios a distintos organismos como la UNSJ y algunas empresas privadas.
Este lunes llegará a San Juan el responsable del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Gobierno de la Nacióna, Luis Barañao, para entregar subsidios por un monto total de 40 millones de pesos.
Se trata de una visita que se dará con el fin de estimular e invertir en el fortalecimiento del sector minero no metalifero. Serán beneficiarios de dichos subsidios tanto la UNSJ a través del Instituto de Investigación Minera como el mismo ministerio de Minería de San Juan y algunas empresas privadas relacionadas al sector no metalífero.
Los subsidios son para la innovación minera tanto en el sector público como privado y en esta ocasión además se entregarán otros subsidios no reintegrables para el sectro productivo, especialmente los productores agrícola de sarmiento a través de Cofecyt.
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Admiten que quieren modificar la Ley de Glaciares
Nación busca avanzar con la minería en las zonas donde existen glaciares
Fecha de Publicación: 12/03/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Nacional
El secretario de Minería, Daniel Meilán, anunció que comenzará un trabajo amplio para debatir el texto de una eventual reforma a Ley de Glaciares que contemple las actividades extractivas. Ratificó también que el Gobierno nacional remitirá al Congreso para su ratificación el Nuevo Acuerdo Federal Minero firmado con diecisiete provincias. Una de las que rechazó suscribirlo fue Chubut.
El secretario de Minería, Daniel Meilán, ratificó ayer que el Gobierno nacional en las próximas semanas remitirá al Congreso para su ratificación el Nuevo Acuerdo Federal Minero firmado con 17 provincias, y al mismo tiempo comenzará un trabajo amplio para debatir el texto de una eventual reforma a Ley de Glaciares que contemple las actividades extractivas.
Así lo planteó Meilán en diálogo con Télam a pocas horas de llegar desde Toronto donde participó de la convención anual de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC) y de la Cumbre Internacional de Ministros de Minería, junto a los gobernadores de San Juan, Sergio Uñac, de Catamarca, Lucía Corpacci, y de Jujuy, Gerardo Morales.
“Lo primero que se puede destacar de este encuentro es que la Argentina entró claramente en el radar de las inversiones, y así pudimos ratificarlo en este foro que es el más importante del mundo en la búsqueda de exploración minera”, explicó el secretario al resaltar que el país requiere entre US$ 300 y US$ 500 millones en exploración al año para acelerar el proceso de desarrollo minero.
En el encuentro, Argentina logró “el reconocimiento de que fue el país que más creció en inversión de exploración entre 2016 y 2017. Es un indicio muy importante que nos permite advertir el interés de muchas empresas por llegar al territorio argentino y de otras que estuvieron hace 20 años y hoy quieren volver”.
Como conclusión de sus presentaciones y reuniones Meilán afirmó: “la vedette argentina fue el litio y sus grandes oportunidades de desarrollo por los próximos años”, un punto sobre el cual reiteró: “para 2020, Argentina está en condiciones de ser el primer productor mundial”.
En sus encuentros con inversores, el secretario recordó el carácter federal de la organización institucional argentina, al igual que Canadá y Australia que son dos de los grandes gigantes mineros del mundo, y afirmó que este mes el Gobierno nacional enviará al Congreso el Nuevo Acuerdo Federal Minero que firmaron a mediados de junio el presidente Mauricio Macri y diecisiete gobernadores.
“Estamos hablando con las autoridades de la comisión de Minería del Senado para analizar el momento oportuno de ingresar el Acuerdo”, explicó Meilán al referirse al documento que además deberá ser ratificado o rechazado por cada uno de los legislativos provinciales y para lo cual anticipó la firma del gobernador de La Rioja, Sergio Casas.
Para Meilán, la ratificación del Acuerdo “es asegurar a los inversores internacionales que la Argentina no va a cambiar más las reglas de juego, que el país aprendió de sus errores y más allá de las cosas que se hicieron mal es la oportunidad de hacer las cosas bien”.
“Lo principal es crear escenarios de previsibilidad con el objetivo de buscar el desarrollo con equidad y el acuerdo busca compromiso, confianza, seguridad, gestión eficiente”, explicó al señalar que el documento busca “armonizar la minería en su tratamiento jurídico, administrativo, comunitario y ambiental”.
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Etiquetas:
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legislación y derecho ambiental,
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Nacional,
política ambiental
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Afirman avanzar en la limpieza del Riachuelo
Avanza la limpieza de la cuenca Matanza-Riachuelo
Fecha de Publicación: 12/03/2018
Fuente: Presidencia de la Nación
Provincia/Región: Riachuelo
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) informó que desde agosto del 2017 se retiraron más de 70.000 toneladas de residuos en nueve municipios de la cuenca, en un trabajo conjunto con la Coordinadora Ecológica Área Metropolitana (CEAMSE).
Las tareas incluyen la limpieza en puntos de arrojo, micro y macrobasurales, la recolección y transporte de residuos en Cuenca Alta, la recolección diferenciada de materiales recuperados y residuos sólidos urbanos en la Feria comercial “La Salada”, y la instalación de Estaciones de Reciclado junto con la recolección y transporte de materiales acopiados.
Desde que comenzó el trabajo se realizaron 8.900 viajes de camiones recolectores, 540 operativos en microbasurales y puntos de arrojo, y se limpiaron al menos una vez 226 puntos, para lo que se utilizaron 44 camiones cargadores, cuatro palas mecánicas y el trabajo de cuadrillas especialmente avocadas al control y fiscalización de la limpieza.
De acuerdo a un relevamiento realizado en el primer trimestre de 2017, existen 301 sitios con residuos en la Cuenca: 162 son puntos de arrojo, 118 microbasurales, 19 basurales y dos macrobasurales.
De estos, además, el 80 por ciento se concentra en Lomas de Zamora, La Matanza y Esteban Echeverría, todos municipios de la Cuenca Media.
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contaminación,
Nacional,
política ambiental,
recursos hídricos,
Riachuelo
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Justicia confirma procesamiento de exsecretarios de Ambiente
Procesan a exsecretarios de Ambiente de la Nación
Fecha de Publicación: 11/03/2018
Fuente: Parlamentario
Provincia/Región: Nacional
La Sala ll de la Cámara Federal confirmó el procesamiento de los extitulares de la Secretaría de Ambiente por incumplimiento de la Ley de Glaciares. La medida alcanza a Omar Vicente Judis, Sergio Gustavo Lorusso y el actual diputado provincial Juan José Mussi. Lo decidieron los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah.
6 de marzo de 2018
Por incumplimiento de la Ley de Glaciares, la Sala ll de la Cámara Federal confirmó el procesamiento de los extitulares de la Secretaria de Ambiente, Omar Vicente Judis, Sergio Gustavo Lorusso y al actual diputado provincial Juan José Mussi. Lo decidieron los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah.
Según la parte dispositiva del fallo, se confirma la responsabilidad de funcionarios nacionales que, con su accionar, habrían contribuido a generar un ámbito de desprotección de los cuerpos de hielo del ambiente glaciar y periglacial ubicados en los proyectos mineros Pascua Lama y Veladero, departamento de Iglesia, provincia de San Juan.
Se dictó para Sergio Gustavo Lorusso el procesamiento y la traba de embargo sobre los bienes por la suma de cinco millones de pesos y la prohibición de salida del país.
También confirma el procesamiento de Ricardo Villalba en orden a su responsabilidad en el hecho prima facie calificado como infracción al artículo 248 del Código Penal, embargo hasta cubrir la suma de cinco millones de pesos e Impone la prohibición de su salida del país por la misma infracción así como también para Omar Vicente Judis y al actual diputado provincial Juan Jose Mussi.
El código se refiere a una pena de “prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.”
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Fecha de Publicación: 11/03/2018
Fuente: Parlamentario
Provincia/Región: Nacional
La Sala ll de la Cámara Federal confirmó el procesamiento de los extitulares de la Secretaría de Ambiente por incumplimiento de la Ley de Glaciares. La medida alcanza a Omar Vicente Judis, Sergio Gustavo Lorusso y el actual diputado provincial Juan José Mussi. Lo decidieron los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah.
6 de marzo de 2018
Por incumplimiento de la Ley de Glaciares, la Sala ll de la Cámara Federal confirmó el procesamiento de los extitulares de la Secretaria de Ambiente, Omar Vicente Judis, Sergio Gustavo Lorusso y al actual diputado provincial Juan José Mussi. Lo decidieron los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah.
Según la parte dispositiva del fallo, se confirma la responsabilidad de funcionarios nacionales que, con su accionar, habrían contribuido a generar un ámbito de desprotección de los cuerpos de hielo del ambiente glaciar y periglacial ubicados en los proyectos mineros Pascua Lama y Veladero, departamento de Iglesia, provincia de San Juan.
Se dictó para Sergio Gustavo Lorusso el procesamiento y la traba de embargo sobre los bienes por la suma de cinco millones de pesos y la prohibición de salida del país.
También confirma el procesamiento de Ricardo Villalba en orden a su responsabilidad en el hecho prima facie calificado como infracción al artículo 248 del Código Penal, embargo hasta cubrir la suma de cinco millones de pesos e Impone la prohibición de su salida del país por la misma infracción así como también para Omar Vicente Judis y al actual diputado provincial Juan Jose Mussi.
El código se refiere a una pena de “prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.”
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Chubut: "El pueblo decidirá sobre minería"
"El pueblo decidirá sobre minería"
Fecha de Publicación: 09/03/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El gobernador reconoció ayer en la Legislatura el interés del gobierno nacional en desarrollar en nuestra Provincia la minería y ratificó que este gobierno va a honrar y respetar las decisiones que ha tomado.
No escucharán de mí sino la ratificación de todo cuanto vengo diciendo y sosteniendo desde siempre, remarcó el mandatario para considerar que el debate es necesario y legítimo e insistió en que este tema lo decidirá el pueblo.
Nos mantendremos firmes en nuestra postura, defendiendo nuestros intereses, recursos y la voluntad popular. Ninguna decisión tomaremos que no venga del consenso. Ya lo hemos demostrado, concluyó.
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Fecha de Publicación: 09/03/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El gobernador reconoció ayer en la Legislatura el interés del gobierno nacional en desarrollar en nuestra Provincia la minería y ratificó que este gobierno va a honrar y respetar las decisiones que ha tomado.
No escucharán de mí sino la ratificación de todo cuanto vengo diciendo y sosteniendo desde siempre, remarcó el mandatario para considerar que el debate es necesario y legítimo e insistió en que este tema lo decidirá el pueblo.
Nos mantendremos firmes en nuestra postura, defendiendo nuestros intereses, recursos y la voluntad popular. Ninguna decisión tomaremos que no venga del consenso. Ya lo hemos demostrado, concluyó.
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Quieren mejorar la disponibilidad de información ambiental
Ambiente trabaja para mejorar los registros de la información ambiental
Fecha de Publicación: 28/02/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Por lo que convocó a una reunión para delinear un programa de capacitación y acompañamiento en normalización, desarrollo y fortalecimiento de estadísticas e indicadores ambientales
Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, se reunió con Pascual Gerstenfeld, director de la división de estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) con el objetivo final de mejorar en términos de registros y procesamiento de información en materia de estadísticas e indicadores de sustentabilidad ambiental.
Esta iniciativa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que conduce Sergio Bergman, a través de la Secretaría mencionada, relaciona diversos aspectos institucionales de orden nacional, entre los que se destaca la firme decisión de la gestión de robustecer y ampliar los registros y estadísticas de variables de relevancia ambiental, habida cuenta de la brecha existente entre esta y las dimensiones social y económica.
En este sentido, Argentina inició un proceso de reestructuración de sus sistema estadístico y su vinculación con iniciativas de orden global y regional, tales como la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenibles, la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible (ILAC) y la reciente decisión de avanzar en el proceso de ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Este panorama de mayor inserción y compromiso con la agenda ambiental internacional obliga a adecuar las capacidades estadísticas a un nuevo escenario; y en ese proceso una alianza con la CEPAL resulta estratégica dada su trayectoria, conocimiento y experiencia en trabajo con países de la región.
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Fecha de Publicación: 28/02/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Por lo que convocó a una reunión para delinear un programa de capacitación y acompañamiento en normalización, desarrollo y fortalecimiento de estadísticas e indicadores ambientales
Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, se reunió con Pascual Gerstenfeld, director de la división de estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) con el objetivo final de mejorar en términos de registros y procesamiento de información en materia de estadísticas e indicadores de sustentabilidad ambiental.
Esta iniciativa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que conduce Sergio Bergman, a través de la Secretaría mencionada, relaciona diversos aspectos institucionales de orden nacional, entre los que se destaca la firme decisión de la gestión de robustecer y ampliar los registros y estadísticas de variables de relevancia ambiental, habida cuenta de la brecha existente entre esta y las dimensiones social y económica.
En este sentido, Argentina inició un proceso de reestructuración de sus sistema estadístico y su vinculación con iniciativas de orden global y regional, tales como la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenibles, la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible (ILAC) y la reciente decisión de avanzar en el proceso de ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Este panorama de mayor inserción y compromiso con la agenda ambiental internacional obliga a adecuar las capacidades estadísticas a un nuevo escenario; y en ese proceso una alianza con la CEPAL resulta estratégica dada su trayectoria, conocimiento y experiencia en trabajo con países de la región.
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Mendoza pide no tocar la ley de glaciares
Legisladores mendocinos piden que no se modifique la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 27/02/2018
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
La polémica por la ley de glaciares parece no tener fin en la República Argentina. En las últimas horas se conoció una presentación que se realizó al Ejecutivo Nacional para que se abstengan de modificar la ley 26639 que reglamenta el régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar.
El diputado por la UCR Ricardo Mansur, habló con Estudio 91.7 y explicó: “Esto nace después de tomar conocimiento que el ministro de Ambiente de Nación, Sergio Bergman, brindó una conferencia de cambio climático en donde hizo mención a la posibilidad de cambiar la ley 26639 y después hubo una reunión del presidente con la Cámara Argentina de la Minería, más otros encumbrados mineros y con gente del sindicato y hablaban de modificar la ley. Si esto pasará permitiría avanzar sobre el ambiente periglaciar que esta ley no lo permite".
“Esta ley es muy clara en su objetivo donde establece que el ambiente glaciar y periglaciar es una reserva estratégica de agua dulce para los distintos usos. Mendoza en eso debería fijar una posición dado la importancia que tiene nuestro río y fundamentalmente porque sabemos que somos un desierto y que el 4% solo está cultivado y dependemos fundamentalmente de la distribución del agua".
“Nosotros pedimos y la cámara de Diputados aprobó el proyecto y tomó una posición en donde le pedíamos al presidente y a los legisladores nacionales, y al gobierno de la provincia que se abstenga de hacer cualquier modificación".
“Los glaciares están disminuyendo el 1% por año. Intervine en el debate de la ley 26639 cuando era legislador nacional y la UCR tuvo una posición muy clara, tal es así que esa ley salió por unanimidad. Si hacemos un estudio vamos a ver que en 2008, en el Congreso Nacional, también salió otra ley por unanimidad que fue vetada por ese entonces la presidente Cristina Fernández de Kirchner. Del 2008 pasamos al 2010, se ha hecho el inventario de glaciares y el ambiente periglaciar en Mendoza".
“El agua para Mendoza es vital y esta ley nos declara de bien público, estoy de acuerdo en que se haga minería pero siempre y cuando no se utilice agua o exista la posibilidad de contaminación. Si desde Nación se pretende modificar esto, hay muchos proyectos presentados en Mendoza que esperan la posibilidad de avanzar sobre un ambiente como es el periglaciar y que nutre a nuestros ríos. Si quieren modificarla, que se estudie la modificación, pero cuidado, que no establezcan normas que puedan avanzar sobre estos elementos".
“La provincia tiene que tomar una posición y presenté un proyecto y es muy claro, que se abstengan de promover cualquier cambio que signifique avanzar sobre el ambiente glaciar o periglaciar”.
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Fecha de Publicación: 27/02/2018
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
La polémica por la ley de glaciares parece no tener fin en la República Argentina. En las últimas horas se conoció una presentación que se realizó al Ejecutivo Nacional para que se abstengan de modificar la ley 26639 que reglamenta el régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar.
El diputado por la UCR Ricardo Mansur, habló con Estudio 91.7 y explicó: “Esto nace después de tomar conocimiento que el ministro de Ambiente de Nación, Sergio Bergman, brindó una conferencia de cambio climático en donde hizo mención a la posibilidad de cambiar la ley 26639 y después hubo una reunión del presidente con la Cámara Argentina de la Minería, más otros encumbrados mineros y con gente del sindicato y hablaban de modificar la ley. Si esto pasará permitiría avanzar sobre el ambiente periglaciar que esta ley no lo permite".
“Esta ley es muy clara en su objetivo donde establece que el ambiente glaciar y periglaciar es una reserva estratégica de agua dulce para los distintos usos. Mendoza en eso debería fijar una posición dado la importancia que tiene nuestro río y fundamentalmente porque sabemos que somos un desierto y que el 4% solo está cultivado y dependemos fundamentalmente de la distribución del agua".
“Nosotros pedimos y la cámara de Diputados aprobó el proyecto y tomó una posición en donde le pedíamos al presidente y a los legisladores nacionales, y al gobierno de la provincia que se abstenga de hacer cualquier modificación".
“Los glaciares están disminuyendo el 1% por año. Intervine en el debate de la ley 26639 cuando era legislador nacional y la UCR tuvo una posición muy clara, tal es así que esa ley salió por unanimidad. Si hacemos un estudio vamos a ver que en 2008, en el Congreso Nacional, también salió otra ley por unanimidad que fue vetada por ese entonces la presidente Cristina Fernández de Kirchner. Del 2008 pasamos al 2010, se ha hecho el inventario de glaciares y el ambiente periglaciar en Mendoza".
“El agua para Mendoza es vital y esta ley nos declara de bien público, estoy de acuerdo en que se haga minería pero siempre y cuando no se utilice agua o exista la posibilidad de contaminación. Si desde Nación se pretende modificar esto, hay muchos proyectos presentados en Mendoza que esperan la posibilidad de avanzar sobre un ambiente como es el periglaciar y que nutre a nuestros ríos. Si quieren modificarla, que se estudie la modificación, pero cuidado, que no establezcan normas que puedan avanzar sobre estos elementos".
“La provincia tiene que tomar una posición y presenté un proyecto y es muy claro, que se abstengan de promover cualquier cambio que signifique avanzar sobre el ambiente glaciar o periglaciar”.
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Etiquetas:
ecosistemas,
glaciares,
legislación y derecho ambiental,
Mendoza,
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