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Las mineras en pie de guerra por las retenciones
08:00 | 
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Eco Sitio |
Las mineras se niegan a financiar los cambios en Ganancias
Fecha de Publicación: 03/12/2016
Fuente: Adelanto24
Provincia/Región: Nacional
Empezaron a hacer lobby para sepultar la idea de que un eventual cambio el impuesto sea compensado con sumas provenientes de la minería, como propone el massismo. El sector podría aportar hasta $ 5.000 millones anuales. Cuentan con el respaldo de Francisco Cabrera.
La decisión de Mauricio Macri de erradicar las retenciones a la minería terminó transformando, en menos de un año, a las empresas del sector y sus organizaciones en actores con una capacidad de lobby de una potencia impensada.
Así, la injerencia de Barrick y compañía a la hora de fijar presión sobre el estamento político ya puede emparentarse directamente con el poder que se le conoce a, por citar dos casos, la Sociedad Rural o la Unión Industrial.
Una muestra de este crecimiento en términos de bloque con incidencia en las decisiones viene tomando forma ahora que se discuten cambios en el Impuesto a las Ganancias. Agrupadas en la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), las firmas del ramo salieron al cruce las propuestas de la oposición que reclaman la vuelta de las retenciones a la actividad.
Ocurre que, de reinstalarse el régimen, las mineras deberán efectuar aportes anuales por cuanto menos $ 5.000 millones. Dicha cifra permitiría al Ejecutivo cubrir el hueco que originará la eventual suba del mínimo no imponible.
De ahí que, sobre todo en el transcurso de esta semana, las principales compañías de la extracción no sólo anticiparon a los gobernadores de territorios mineros que recortarán inversiones si vuelve el esquema: también iniciaron, entre bambalinas, una campaña para que se discuta a la par un potencial retorno de retenciones para la soja.
“Macri le dio a las mineras un status que llevó al sector a creerse que es tan importante como el campo. En las provincias donde ya estaban intensificaron su poder sobre el bloque político local. Y ahora empezaron a agitar que bajarán los puestos de trabajo si el Gobierno cambia la estructura de costos para el sector”, aseguró a Adelanto 24 una fuente del Frente Renovador.
Precisamente dicha agrupación es que la que encabeza el reclamo para que los pagos recortados a las mineras pasen en breve a cubrir los aportes que hoy corren por cuenta de miles de trabajadores.
“En concreto, representantes de distintas mineras nos dijeron que no permitirán que la cosa cambie. Que los trabajadores que hoy pagan Ganancias se arreglen y ya. Una actitud similar tienen los empresarios de los juegos de azar”, agregó.
Con vistas a ser discutida con mayor amplitud en el primer tramo de 2017, la propuesta del massismo –que cuenta con el apoyo de otras fuerzas– contempla duplicar el mínimo no imponible y establecer diferentes escalas de pago.
La intención de la potencial normativa es consolidar una recaudación extra a través de, justamente, las retenciones a la minería, además de impulsar la implementación de tributos al juego y la renta financiera.
En el torno de Sergio Massa, según pudo saber Adelanto 24, crece la idea de que el lobby de CAEM cuenta con el secreto respaldo de Francisco Cabrera, actual Ministro de Producción.
En cuanto a la reacción de las mineras, las empresas de la extracción dieron a conocer en las últimas horas una serie de comunicados alegando que “volver a gravar la actividad significa un ataque a la seguridad jurídica, con consecuencias negativas más allá del sector minero”.
Para el sector, el retorno de las retenciones “generaría una pérdida de competitividad frente a otros países de la región. Repercutiría en una menor creación de fuentes de trabajo y perjudicaría a las economías regionales que más necesitan de la minería, por ser su principal recurso”.
En una declaración a la que accedió este medio, CAEM expuso: “En función del cambio de escenario que significó la quita de retenciones y de la percepción de una mayor seguridad jurídica, el sector minero planificó inversiones por U$S 20.000 millones, que se encuentran actualmente en sus etapas iniciales. De hecho, durante este año ya se han anunciado proyectos, por un total de U$S 1.900 millones de inversión, que ya han comenzado su curso.”
Según la organización, la quita de retenciones motivó las siguientes situaciones en el escenario minero:
“La mejora en la competitividad logró alargar el tiempo de producción de varios emprendimientos. Entre ellos: Alumbrera, Pirquitas, Casposo, Manantial Espejo y Sierra Grande.”
“Tomando los 5 proyectos que lograron extender su vida productiva se lograron exportaciones por u$s1.300 millones.”
“Los mencionados proyectos, funcionando gracias al cambio en las retenciones, destinan u$s870 millones al pago de proveedores y mano de obra, dinero que queda en el país.”
“La medida permitió preservar 12.000 puestos de trabajo (entre empleos directos e indirectos).”
“Ocho empresas anunciaron inversiones por u$s1.900 millones este año.”
Lo no dicho por el sector es que las mineras, además de no pagar retenciones, continúan siendo beneficiadas con excepciones al pago de IVA, impuesto al cheque y sellos, entre otros conceptos.
Los favores también incluyen ciertas “facilidades” para el pago de, precisamente, el Impuesto a las Ganancias.
En paralelo, Barrick y sus pares carecen de la obligación de reingresar al país las divisas que obtienen por la venta del producto final en el exterior.
Otra ventaja de la que gozan las mineras: desde 1993, las mineras poseen un régimen de estabilidad fiscal por el término de tres décadas. Esto, a partir de la fecha de presentación del estudio de factibilidad de un proyecto.
El régimen implica que todos los beneficios, exenciones, desgravaciones e incentivos otorgados no podrán ser modificados en el término de 30 años.
Este esquema comprende impuestos directos, tasas y contribuciones impositivas, derechos aduaneros, y de importación y exportación. También erradica la posibilidad de que se impulsen nuevos tributos o se alteren las alícuotas.
El último aspecto a destacar corresponde a lo que pagan las mineras en conceptos de regalías por el mineral que extraen: producto de la quita de impuestos y otros favores, apenas alcanza al 3 por ciento.
A eso hay que sumarle que rara vez se controla el material que sale de la Argentina -el procesamiento se hace fronteras hacia afuera-, por lo que tampoco pueden descartarse situaciones de auténtico contrabando de minerales.
Sin embargo, la decisión de obstaculizar cualquier potencial retorno de las retenciones ya es una consigna a la que suscriben CAEM y todos sus asociados. Desde la perspectiva de sostener un beneficio obtenido en la primera hora del macrismo al frente del Ejecutivo nacional. Y bajo la certeza de que la minería hoy tiene un peso económico y un poder de lobby que nada tiene que envidiarle al campo.
Mientras tanto, Ganancias continúa siendo el gran dolor de cabeza para los sectores que nada saben de beneficios, excepciones y otras bondades impositivas.
Las compañías que extraen minerales en el país, de capital extranjero prácticamente en su totalidad, comenzaron a mostrar que harán todo lo posible para los únicos afectados sean los mismos de siempre.
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Fecha de Publicación: 03/12/2016
Fuente: Adelanto24
Provincia/Región: Nacional
Empezaron a hacer lobby para sepultar la idea de que un eventual cambio el impuesto sea compensado con sumas provenientes de la minería, como propone el massismo. El sector podría aportar hasta $ 5.000 millones anuales. Cuentan con el respaldo de Francisco Cabrera.
La decisión de Mauricio Macri de erradicar las retenciones a la minería terminó transformando, en menos de un año, a las empresas del sector y sus organizaciones en actores con una capacidad de lobby de una potencia impensada.
Así, la injerencia de Barrick y compañía a la hora de fijar presión sobre el estamento político ya puede emparentarse directamente con el poder que se le conoce a, por citar dos casos, la Sociedad Rural o la Unión Industrial.
Una muestra de este crecimiento en términos de bloque con incidencia en las decisiones viene tomando forma ahora que se discuten cambios en el Impuesto a las Ganancias. Agrupadas en la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), las firmas del ramo salieron al cruce las propuestas de la oposición que reclaman la vuelta de las retenciones a la actividad.
Ocurre que, de reinstalarse el régimen, las mineras deberán efectuar aportes anuales por cuanto menos $ 5.000 millones. Dicha cifra permitiría al Ejecutivo cubrir el hueco que originará la eventual suba del mínimo no imponible.
De ahí que, sobre todo en el transcurso de esta semana, las principales compañías de la extracción no sólo anticiparon a los gobernadores de territorios mineros que recortarán inversiones si vuelve el esquema: también iniciaron, entre bambalinas, una campaña para que se discuta a la par un potencial retorno de retenciones para la soja.
“Macri le dio a las mineras un status que llevó al sector a creerse que es tan importante como el campo. En las provincias donde ya estaban intensificaron su poder sobre el bloque político local. Y ahora empezaron a agitar que bajarán los puestos de trabajo si el Gobierno cambia la estructura de costos para el sector”, aseguró a Adelanto 24 una fuente del Frente Renovador.
Precisamente dicha agrupación es que la que encabeza el reclamo para que los pagos recortados a las mineras pasen en breve a cubrir los aportes que hoy corren por cuenta de miles de trabajadores.
“En concreto, representantes de distintas mineras nos dijeron que no permitirán que la cosa cambie. Que los trabajadores que hoy pagan Ganancias se arreglen y ya. Una actitud similar tienen los empresarios de los juegos de azar”, agregó.
Con vistas a ser discutida con mayor amplitud en el primer tramo de 2017, la propuesta del massismo –que cuenta con el apoyo de otras fuerzas– contempla duplicar el mínimo no imponible y establecer diferentes escalas de pago.
La intención de la potencial normativa es consolidar una recaudación extra a través de, justamente, las retenciones a la minería, además de impulsar la implementación de tributos al juego y la renta financiera.
En el torno de Sergio Massa, según pudo saber Adelanto 24, crece la idea de que el lobby de CAEM cuenta con el secreto respaldo de Francisco Cabrera, actual Ministro de Producción.
En cuanto a la reacción de las mineras, las empresas de la extracción dieron a conocer en las últimas horas una serie de comunicados alegando que “volver a gravar la actividad significa un ataque a la seguridad jurídica, con consecuencias negativas más allá del sector minero”.
Para el sector, el retorno de las retenciones “generaría una pérdida de competitividad frente a otros países de la región. Repercutiría en una menor creación de fuentes de trabajo y perjudicaría a las economías regionales que más necesitan de la minería, por ser su principal recurso”.
En una declaración a la que accedió este medio, CAEM expuso: “En función del cambio de escenario que significó la quita de retenciones y de la percepción de una mayor seguridad jurídica, el sector minero planificó inversiones por U$S 20.000 millones, que se encuentran actualmente en sus etapas iniciales. De hecho, durante este año ya se han anunciado proyectos, por un total de U$S 1.900 millones de inversión, que ya han comenzado su curso.”
Según la organización, la quita de retenciones motivó las siguientes situaciones en el escenario minero:
“La mejora en la competitividad logró alargar el tiempo de producción de varios emprendimientos. Entre ellos: Alumbrera, Pirquitas, Casposo, Manantial Espejo y Sierra Grande.”
“Tomando los 5 proyectos que lograron extender su vida productiva se lograron exportaciones por u$s1.300 millones.”
“Los mencionados proyectos, funcionando gracias al cambio en las retenciones, destinan u$s870 millones al pago de proveedores y mano de obra, dinero que queda en el país.”
“La medida permitió preservar 12.000 puestos de trabajo (entre empleos directos e indirectos).”
“Ocho empresas anunciaron inversiones por u$s1.900 millones este año.”
Lo no dicho por el sector es que las mineras, además de no pagar retenciones, continúan siendo beneficiadas con excepciones al pago de IVA, impuesto al cheque y sellos, entre otros conceptos.
Los favores también incluyen ciertas “facilidades” para el pago de, precisamente, el Impuesto a las Ganancias.
En paralelo, Barrick y sus pares carecen de la obligación de reingresar al país las divisas que obtienen por la venta del producto final en el exterior.
Otra ventaja de la que gozan las mineras: desde 1993, las mineras poseen un régimen de estabilidad fiscal por el término de tres décadas. Esto, a partir de la fecha de presentación del estudio de factibilidad de un proyecto.
El régimen implica que todos los beneficios, exenciones, desgravaciones e incentivos otorgados no podrán ser modificados en el término de 30 años.
Este esquema comprende impuestos directos, tasas y contribuciones impositivas, derechos aduaneros, y de importación y exportación. También erradica la posibilidad de que se impulsen nuevos tributos o se alteren las alícuotas.
El último aspecto a destacar corresponde a lo que pagan las mineras en conceptos de regalías por el mineral que extraen: producto de la quita de impuestos y otros favores, apenas alcanza al 3 por ciento.
A eso hay que sumarle que rara vez se controla el material que sale de la Argentina -el procesamiento se hace fronteras hacia afuera-, por lo que tampoco pueden descartarse situaciones de auténtico contrabando de minerales.
Sin embargo, la decisión de obstaculizar cualquier potencial retorno de las retenciones ya es una consigna a la que suscriben CAEM y todos sus asociados. Desde la perspectiva de sostener un beneficio obtenido en la primera hora del macrismo al frente del Ejecutivo nacional. Y bajo la certeza de que la minería hoy tiene un peso económico y un poder de lobby que nada tiene que envidiarle al campo.
Mientras tanto, Ganancias continúa siendo el gran dolor de cabeza para los sectores que nada saben de beneficios, excepciones y otras bondades impositivas.
Las compañías que extraen minerales en el país, de capital extranjero prácticamente en su totalidad, comenzaron a mostrar que harán todo lo posible para los únicos afectados sean los mismos de siempre.
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Números preocupantes del saneamiento del Riachuelo
Saneamiento en la cuenca Matanza Riachuelo: los números preocupantes de los últimos años
Fecha de Publicación: 27/11/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
Una auditoría de la AGN reveló que en el período 2011-2015 las administraciones nacional, provincial y de la Ciudad cumplieron apenas con el 14% de las soluciones de vivienda y un 62% se encuentra inactivo
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló en un informe realizado sobre el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) que durante el periodo 2011-2015 apenas se cumplieron un 14% de las acciones programadas en las dos líneas de acción auditadas, relativas a la urbanización y relocalización de villas y al ordenamiento ambiental del territorio.
La AGN encontró que luego de 5 años, sólo el 14% de las soluciones de vivienda se terminaron y un 62% se encuentra inactivo. Los plazos estipulados llevan cuatro años de retraso, lo que impactó en los costos que se habían proyectado en un principio. A su vez, el Ordenamiento Ambiental del Territorio fue la segunda línea que recibió más fondos para llevar a cabo el plan de saneamiento pero no se encontraron resultados concretos.
Acumar es el organismo público tripartito, gestionado por los gobiernos nacional, provincial y de la Ciudad, encargado de solucionar el deterioro ambiental de la cuenca, zona que abarca a catorce municipios de la Provincia de Buenos Aires y a la zona sur de la Capital Federal. En 2008, se determinó que Acumar es la responsable de llevar a cabo el PISA, cuyos objetivos son mejorar la calidad de vida, recomponer el ambiente y prevenir el daño.
Presupuesto
Las líneas de acción del PISA auditadas representan el 31% del presupuesto del plan de saneamiento entre el 2011 y el 2014 y las obras de infraestructura más grandes se ejecutan con fondos de programas federales, provinciales o de la Ciudad.
Además, Acumar no aprobó ni implementó el Plan de Ordenamiento Ambiental del Territorio a pesar de ser un requerimiento de la Corte Suprema, para el que se recibieron los mayores pagos, por lo que tampoco se encontraron resultados concretos.
Dentro de las principales razones que limitaron la capacidad de alcanzar los objetivos, se destacan los cambios constantes en la normativa interna y los pedidos judiciales que superaban sus competencias.
Por otro lado, la línea Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios fue ineficaz e ineficiente, ya que Acumar no intervino en la definición de los predios para la relocalización de las villas, no produjo ni utilizó información para los censos y no realizó inspecciones. A su vez, las viviendas sufrieron procesos de degradación debido a los retrasos para determinar los precios.
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Fecha de Publicación: 27/11/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
Una auditoría de la AGN reveló que en el período 2011-2015 las administraciones nacional, provincial y de la Ciudad cumplieron apenas con el 14% de las soluciones de vivienda y un 62% se encuentra inactivo
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló en un informe realizado sobre el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) que durante el periodo 2011-2015 apenas se cumplieron un 14% de las acciones programadas en las dos líneas de acción auditadas, relativas a la urbanización y relocalización de villas y al ordenamiento ambiental del territorio.
La AGN encontró que luego de 5 años, sólo el 14% de las soluciones de vivienda se terminaron y un 62% se encuentra inactivo. Los plazos estipulados llevan cuatro años de retraso, lo que impactó en los costos que se habían proyectado en un principio. A su vez, el Ordenamiento Ambiental del Territorio fue la segunda línea que recibió más fondos para llevar a cabo el plan de saneamiento pero no se encontraron resultados concretos.
Acumar es el organismo público tripartito, gestionado por los gobiernos nacional, provincial y de la Ciudad, encargado de solucionar el deterioro ambiental de la cuenca, zona que abarca a catorce municipios de la Provincia de Buenos Aires y a la zona sur de la Capital Federal. En 2008, se determinó que Acumar es la responsable de llevar a cabo el PISA, cuyos objetivos son mejorar la calidad de vida, recomponer el ambiente y prevenir el daño.
Presupuesto
Las líneas de acción del PISA auditadas representan el 31% del presupuesto del plan de saneamiento entre el 2011 y el 2014 y las obras de infraestructura más grandes se ejecutan con fondos de programas federales, provinciales o de la Ciudad.
Además, Acumar no aprobó ni implementó el Plan de Ordenamiento Ambiental del Territorio a pesar de ser un requerimiento de la Corte Suprema, para el que se recibieron los mayores pagos, por lo que tampoco se encontraron resultados concretos.
Dentro de las principales razones que limitaron la capacidad de alcanzar los objetivos, se destacan los cambios constantes en la normativa interna y los pedidos judiciales que superaban sus competencias.
Por otro lado, la línea Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios fue ineficaz e ineficiente, ya que Acumar no intervino en la definición de los predios para la relocalización de las villas, no produjo ni utilizó información para los censos y no realizó inspecciones. A su vez, las viviendas sufrieron procesos de degradación debido a los retrasos para determinar los precios.
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Humedales: el agronegocio y el desarrollismo pudo más
Vuelta al primer casillero
Fecha de Publicación: 26/11/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Tenía dictamen de mayoría y todo indicaba que sería aprobado en la sesión, pero a la hora de votar el Senado devolvió el proyecto de protección de los reservorios de agua dulce.
“El agronegocio y las grandes inmobiliarias vetaron la protección de humedales”, aseguraron organizaciones socioambientales, académicos y legisladores luego de que la Cámara de Senadores devolviera a comisión un proyecto de protección de humedales (reservorios de agua dulce), aunque tenía dictamen de mayoría y estaba a punto de recibir media sanción. La iniciativa, que recibió el apoyo de un centenar de especialistas, protegía más de 60 millones de hectáreas, a lo que se había comprometido el presidente Mauricio Macri.
Los humedales son sitios de gran biodiversidad, zonas de inundación permanente o temporaria, que actúan como “esponja” y regulan el caudal de agua, absorben y atenúan inundaciones. Ejemplos de humedales son los Esteros del Iberá (Corrientes), Delta del Paraná (Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires) y Laguna de los Pozuelos (Jujuy).
En las últimas décadas sufrieron el avance de actividades perjudiciales, desde agronegocios (ganadería, arrozales, soja) y minería (sobre todo de litio) hasta de grandes empresas inmobiliarias, como los countries, que suelen ubicarse, y destruir humedales. Desde hace más de una década, organizaciones socioambientales, vecinales y académicos impulsan la protección de esos sitios.
En 2015 perdió estado parlamentario un proyecto que ya tenía media sanción. Este año fue presentado nuevamente, con las firmas de las senadoras Magdalena Odarda (Frente Progresista-Coalición Cívica-ARI) y Teresita Luna (Frente para la Victoria). Contó con el acompañamiento de Fernando Solanas (presidente de la Comisión de Ambiente), Jaime Linares, Elizabeth Kunath, Sandra Giménez y Ruperto Godoy. Fue debatido y consensuado en doce reuniones y dos audiencias públicas de las que participaron especialistas de universidades nacionales, investigadores, representantes de instituciones gubernamentales y un amplio espectro de organizaciones y movimientos sociales. El 20 de septiembre el proyecto obtuvo luz verde con dictamen de mayoría con la firma de 16 senadores de las dos comisiones intervinientes, la de Ambiente y la de Agricultura.
El proyecto plantea un ordenamiento territorial de humedales y protege los ecosistemas, fundamentales para aliviar inundaciones y proveer de agua potable. También incorpora una moratoria para impedir la continuidad de las obras o el inicio de actividades que impliquen cambios del uso del suelo.
La media sanción parecía encaminada, pero el 15 de noviembre el senador del PRO y dirigente de Federación Agraria Argentina, Alfredo De Angeli (presidente de la Comisión de Agricultura), presentó un proyecto por la minoría junto con Cristina Fiore Viñuales y Silvia Giacoppo.
El Senado debía votar ayer, pero el legislador de Chubut Alfredo Luenzo sorprendió a todos. Aunque en comision había apoyado el proyecto de protección de humedales, en el recinto Luenzo propuso que vuelva a comisión y se siga debatiendo. “Es una vergüenza lo que hizo y es herir de muerte el proyecto de ley. Que vuelva a comisión es dilatar todo, con muchísimas posibilidades de que no vuelva al recinto”, explicó Enrique Viale, de la organización Abogados Ambientalistas.
En el recinto, 42 senadores votaron el regreso a comisión y sólo 12 optaron para que se vote en la sesión. Entre los que rechazaron votar la protección de humedales figuran, además de Luenzo, José Alperovich, Julio Cobos, Alfredo De Angeli, Omar Perotti, Luis Naidenoff, Federico Pinedo y Juan Carlos Romero.
Franco Segesso, de Greenpeace Argentina, aseguró que “la vuelta a comisión es casi una sentencia de muerte, ya que pronto el proyecto pierde estado parlamentario y no se puede volver a tratar en el recinto. Tiene que quedar claro que menos protección de humedales es igual a más inundaciones”.
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Fecha de Publicación: 26/11/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Tenía dictamen de mayoría y todo indicaba que sería aprobado en la sesión, pero a la hora de votar el Senado devolvió el proyecto de protección de los reservorios de agua dulce.
“El agronegocio y las grandes inmobiliarias vetaron la protección de humedales”, aseguraron organizaciones socioambientales, académicos y legisladores luego de que la Cámara de Senadores devolviera a comisión un proyecto de protección de humedales (reservorios de agua dulce), aunque tenía dictamen de mayoría y estaba a punto de recibir media sanción. La iniciativa, que recibió el apoyo de un centenar de especialistas, protegía más de 60 millones de hectáreas, a lo que se había comprometido el presidente Mauricio Macri.
Los humedales son sitios de gran biodiversidad, zonas de inundación permanente o temporaria, que actúan como “esponja” y regulan el caudal de agua, absorben y atenúan inundaciones. Ejemplos de humedales son los Esteros del Iberá (Corrientes), Delta del Paraná (Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires) y Laguna de los Pozuelos (Jujuy).
En las últimas décadas sufrieron el avance de actividades perjudiciales, desde agronegocios (ganadería, arrozales, soja) y minería (sobre todo de litio) hasta de grandes empresas inmobiliarias, como los countries, que suelen ubicarse, y destruir humedales. Desde hace más de una década, organizaciones socioambientales, vecinales y académicos impulsan la protección de esos sitios.
En 2015 perdió estado parlamentario un proyecto que ya tenía media sanción. Este año fue presentado nuevamente, con las firmas de las senadoras Magdalena Odarda (Frente Progresista-Coalición Cívica-ARI) y Teresita Luna (Frente para la Victoria). Contó con el acompañamiento de Fernando Solanas (presidente de la Comisión de Ambiente), Jaime Linares, Elizabeth Kunath, Sandra Giménez y Ruperto Godoy. Fue debatido y consensuado en doce reuniones y dos audiencias públicas de las que participaron especialistas de universidades nacionales, investigadores, representantes de instituciones gubernamentales y un amplio espectro de organizaciones y movimientos sociales. El 20 de septiembre el proyecto obtuvo luz verde con dictamen de mayoría con la firma de 16 senadores de las dos comisiones intervinientes, la de Ambiente y la de Agricultura.
El proyecto plantea un ordenamiento territorial de humedales y protege los ecosistemas, fundamentales para aliviar inundaciones y proveer de agua potable. También incorpora una moratoria para impedir la continuidad de las obras o el inicio de actividades que impliquen cambios del uso del suelo.
La media sanción parecía encaminada, pero el 15 de noviembre el senador del PRO y dirigente de Federación Agraria Argentina, Alfredo De Angeli (presidente de la Comisión de Agricultura), presentó un proyecto por la minoría junto con Cristina Fiore Viñuales y Silvia Giacoppo.
El Senado debía votar ayer, pero el legislador de Chubut Alfredo Luenzo sorprendió a todos. Aunque en comision había apoyado el proyecto de protección de humedales, en el recinto Luenzo propuso que vuelva a comisión y se siga debatiendo. “Es una vergüenza lo que hizo y es herir de muerte el proyecto de ley. Que vuelva a comisión es dilatar todo, con muchísimas posibilidades de que no vuelva al recinto”, explicó Enrique Viale, de la organización Abogados Ambientalistas.
En el recinto, 42 senadores votaron el regreso a comisión y sólo 12 optaron para que se vote en la sesión. Entre los que rechazaron votar la protección de humedales figuran, además de Luenzo, José Alperovich, Julio Cobos, Alfredo De Angeli, Omar Perotti, Luis Naidenoff, Federico Pinedo y Juan Carlos Romero.
Franco Segesso, de Greenpeace Argentina, aseguró que “la vuelta a comisión es casi una sentencia de muerte, ya que pronto el proyecto pierde estado parlamentario y no se puede volver a tratar en el recinto. Tiene que quedar claro que menos protección de humedales es igual a más inundaciones”.
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Bergman quiere una Ley de Humedales "consensuada"
El ministerio de Ambiente apuesta por una ley de Humedales que contenga a productores y ecologistas
Fecha de Publicación: 21/11/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
El organismo encabezado por el Rabino Sergio Bergman considera "clave" la sanción de una Ley de Humedales con una visión integral, para elaborar un inventario que permita planificar acciones sobre esos hábitats.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación considera "clave" la sanción de una Ley de Humedales para elaborar un inventario que permita planificar acciones sobre esos hábitats, no sólo con una mirada productiva o de desarrollo urbano, sino también con una visión integral de conservación de la biodiversidad y de uso sustentable de la naturaleza.
Así lo expresó en una entrevista con Télam el secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable y ex director de la Fundación Vida Silvestre, Diego Moreno, quien admitió que el proyecto parlamentario defendido por Cambiemos "no plantea en un 100 por ciento" los criterios sobre humedales del Ministerio, que pretende "compatibilizar las miradas" de los sectores productivos y de los ecologistas sobre cómo deben ser utilizados esos territorios.
Frente a las múltiples posiciones, el Ejecutivo evitó enviar una iniciativa propia y dejó en manos del Parlamento la resolución del debate, que apuntaría -con el acuerdo con las provincias- a replicar para los humedales los logros de la ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada en 2007.
Esa norma estableció un ordenamiento territorial de los bosques a través de un proceso participativo y categorizó los usos posibles de esas tierras, desde su conservación absoluta hasta la posibilidad de ser transformadas para agricultura sustentable u otros usos.
¿Cuál es la posición del Ministerio sobre el debate parlamentario en torno al proyecto para proteger los humedales?
Para nosotros es muy importante la sanción de la ley porque nos daría una herramienta fundamental. La ley apunta a saber con qué recursos contamos, qué valor tienen y qué planificación del uso hacemos para que no sea sólo con una mirada productiva o de desarrollo urbano, sino integral, aplicable a la conservación de la biodiversidad y a un uso sustentable de la naturaleza. Hasta ahora no hay una legislación uniforme en todas las provincias sobre humedales. No hay un estándar nacional. No tenemos ningún instrumento directo para interferir en las provincias. Se trabajó en algunos casos, en proyectos específicos con cuencas que cruzan varias provincias, pero no hay ninguna norma de base de la política ambiental nacional.
¿Por qué es tan dificultoso el consenso y se demora tanto el acuerdo parlamentario?
Sobre un territorio hay distintas expectativas de uso. Hay sectores ambientales que sostienen que esa área es importante para conservar la biodiversidad, la provisión de agua o prevenir inundaciones; por otro lado, hay sectores productivos que dicen que esos terrenos tienen un valor importante desde el punto de vista de la producción y una ley muy restrictiva les va a frenar oportunidades de desarrollo a nivel local. Son las discusiones que se tienen que dar. La idea es encontrar un equilibrio entre un desarrollo como venía haciéndose hasta ahora -sin ningún tipo de consideración o limitación ambiental- y un desarrollo que esté en línea con parámetros ambientales. En el ámbito del Poder Ejecutivo se está tratando de generar consensos con otros ministerios sobre algunos aspectos que consideramos relevantes que deben estar contenidos en la ley. Algunos de ellos figuran en el proyecto de las senadoras María Magdalena Odarda (Frente Progresista-Coalición Cívica-ARI) y Teresa Luna (FpV), y otros, en el que impulsa la comisión de Agricultura que preside Alfredo De Ángelis (PRO).
¿El proyecto de Cambiemos se ajusta a las prioridades que plantea el Ministerio?
El proyecto del PRO no es 100 por ciento lo que a nivel Ejecutivo estamos planteando. Incorporó algunas cuestiones que se habían conversado entre ministerios, otras que había planteado el Consejo Federal de Medio Ambiente (reúne a representantes provinciales y nacionales del área de Ambiente), y aportes de los legisladores de la comisión de Agricultura.
Entonces parece que resulta difícil ponerse de acuerdo.
Es difícil. Bastante difícil. Lo tiene que resolver el Congreso. Nosotros participamos de las reuniones, llevamos nuestra opinión. En su momento se decidió no presentar un proyecto del Ejecutivo sino trabajar sobre las iniciativas que ya estaban en el Congreso, justamente para no alterar la estrategia legislativa porque subsistía una distancia muy grande entre esos proyectos y lo que nosotros estábamos planteando. Pensamos que, con algunos ajustes en la discusión parlamentaria, se podía lograr un proyecto que nos incluyera y eso es en parte lo que está ocurriendo.
¿Cuáles son para el Ministerio los puntos fundamentales que debe contener la ley?
En primer término, que el Ejecutivo Nacional sea el encargado de hacer el inventario de humedales, que exista una metodología uniforme, consensuada y unificada, a través de una red técnica. En segundo lugar, que cada provincia, una vez que esté elaborado el inventario, defina su ordenamiento territorial: cuáles son los humedales que deben ser protegidos, cuáles pueden tener algún uso productivo y cuáles no son tan relevantes y pueden ser modificados sustancialmente. Es de competencia provincial definir qué hacer con ese recurso. Tercero, que haya participación ciudadana, liderada por la autoridad de aplicación en cada distrito, con el aporte de equipos técnicos, académicos y de organizaciones no gubernamentales. Se trata de compatibilizar las distintas miradas que hay en la sociedad: que el sector productivo y el ambiental lleguen a algún tipo de consenso sobre cómo van a utilizar el territorio. Como cuarto punto, establecer el tipo de actividades permitidas o prohibidas en cada una de las categorías de humedales. El proyecto de Odarda es bastante restrictivo para todas. Lo acordado con otros ministerios es que está muy bien que haya medidas proteccionistas para algunos casos, pero podrían ser más flexibles en aquellas áreas que tienen menor valor ambiental y alto potencial productivo. Sería una forma de compatibilizar.
¿El Ministerio ya está elaborando un inventario de humedales?
Sí, más allá de la discusión parlamentaria, nosotros empezamos, porque un inventario es necesario para cualquier política de Estado. Hicimos convenios con cinco universidades (del Litoral, San Martín, Salta, Tucumán y la de Buenos Aires) y elegimos zonas prioritarias: el Delta, Corrientes, la Puna y los salares. Es una experiencia piloto porque los humedales son muy diferentes y hay que validar una metodología que sea igual para todos los casos. En dos o tres años podríamos llegar a tener el inventario nacional completo.
¿Existen humedales o regiones en riesgo por el avance inmobiliario?
La zona de la cuenca del Río Luján es una de las más críticas. En ese lugar, como no había un análisis territorial, se avanzó con barrios y countries sobre zonas que funcionaban como esponjas ante las inundaciones. Al haber rellenado esos sitios, la función se perdió y el agua se desborda. Una ley nacional es la base para que las provincias hagan su ordenamiento territorial. Se crea un régimen de sanciones y se establece que las autoridades de aplicación provinciales auditen el impacto ambiental y puedan penalizar a nivel local.
Hay forma de revertir el daño detectado en esas zonas?
Hay forma de mitigarlo. En Pilar, que tiene varios problemas por el avance de la urbanización, se está haciendo una experiencia interesante que pasa por acordar con los countries para que, en épocas de fuertes lluvias, permitan inundar las canchas de golf o ciertos espacios internos y de esa manera mitigar las inundaciones en los alrededores.
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Fecha de Publicación: 21/11/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
El organismo encabezado por el Rabino Sergio Bergman considera "clave" la sanción de una Ley de Humedales con una visión integral, para elaborar un inventario que permita planificar acciones sobre esos hábitats.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación considera "clave" la sanción de una Ley de Humedales para elaborar un inventario que permita planificar acciones sobre esos hábitats, no sólo con una mirada productiva o de desarrollo urbano, sino también con una visión integral de conservación de la biodiversidad y de uso sustentable de la naturaleza.
Así lo expresó en una entrevista con Télam el secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable y ex director de la Fundación Vida Silvestre, Diego Moreno, quien admitió que el proyecto parlamentario defendido por Cambiemos "no plantea en un 100 por ciento" los criterios sobre humedales del Ministerio, que pretende "compatibilizar las miradas" de los sectores productivos y de los ecologistas sobre cómo deben ser utilizados esos territorios.
Frente a las múltiples posiciones, el Ejecutivo evitó enviar una iniciativa propia y dejó en manos del Parlamento la resolución del debate, que apuntaría -con el acuerdo con las provincias- a replicar para los humedales los logros de la ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada en 2007.
Esa norma estableció un ordenamiento territorial de los bosques a través de un proceso participativo y categorizó los usos posibles de esas tierras, desde su conservación absoluta hasta la posibilidad de ser transformadas para agricultura sustentable u otros usos.
¿Cuál es la posición del Ministerio sobre el debate parlamentario en torno al proyecto para proteger los humedales?
Para nosotros es muy importante la sanción de la ley porque nos daría una herramienta fundamental. La ley apunta a saber con qué recursos contamos, qué valor tienen y qué planificación del uso hacemos para que no sea sólo con una mirada productiva o de desarrollo urbano, sino integral, aplicable a la conservación de la biodiversidad y a un uso sustentable de la naturaleza. Hasta ahora no hay una legislación uniforme en todas las provincias sobre humedales. No hay un estándar nacional. No tenemos ningún instrumento directo para interferir en las provincias. Se trabajó en algunos casos, en proyectos específicos con cuencas que cruzan varias provincias, pero no hay ninguna norma de base de la política ambiental nacional.
¿Por qué es tan dificultoso el consenso y se demora tanto el acuerdo parlamentario?
Sobre un territorio hay distintas expectativas de uso. Hay sectores ambientales que sostienen que esa área es importante para conservar la biodiversidad, la provisión de agua o prevenir inundaciones; por otro lado, hay sectores productivos que dicen que esos terrenos tienen un valor importante desde el punto de vista de la producción y una ley muy restrictiva les va a frenar oportunidades de desarrollo a nivel local. Son las discusiones que se tienen que dar. La idea es encontrar un equilibrio entre un desarrollo como venía haciéndose hasta ahora -sin ningún tipo de consideración o limitación ambiental- y un desarrollo que esté en línea con parámetros ambientales. En el ámbito del Poder Ejecutivo se está tratando de generar consensos con otros ministerios sobre algunos aspectos que consideramos relevantes que deben estar contenidos en la ley. Algunos de ellos figuran en el proyecto de las senadoras María Magdalena Odarda (Frente Progresista-Coalición Cívica-ARI) y Teresa Luna (FpV), y otros, en el que impulsa la comisión de Agricultura que preside Alfredo De Ángelis (PRO).
¿El proyecto de Cambiemos se ajusta a las prioridades que plantea el Ministerio?
El proyecto del PRO no es 100 por ciento lo que a nivel Ejecutivo estamos planteando. Incorporó algunas cuestiones que se habían conversado entre ministerios, otras que había planteado el Consejo Federal de Medio Ambiente (reúne a representantes provinciales y nacionales del área de Ambiente), y aportes de los legisladores de la comisión de Agricultura.
Entonces parece que resulta difícil ponerse de acuerdo.
Es difícil. Bastante difícil. Lo tiene que resolver el Congreso. Nosotros participamos de las reuniones, llevamos nuestra opinión. En su momento se decidió no presentar un proyecto del Ejecutivo sino trabajar sobre las iniciativas que ya estaban en el Congreso, justamente para no alterar la estrategia legislativa porque subsistía una distancia muy grande entre esos proyectos y lo que nosotros estábamos planteando. Pensamos que, con algunos ajustes en la discusión parlamentaria, se podía lograr un proyecto que nos incluyera y eso es en parte lo que está ocurriendo.
¿Cuáles son para el Ministerio los puntos fundamentales que debe contener la ley?
En primer término, que el Ejecutivo Nacional sea el encargado de hacer el inventario de humedales, que exista una metodología uniforme, consensuada y unificada, a través de una red técnica. En segundo lugar, que cada provincia, una vez que esté elaborado el inventario, defina su ordenamiento territorial: cuáles son los humedales que deben ser protegidos, cuáles pueden tener algún uso productivo y cuáles no son tan relevantes y pueden ser modificados sustancialmente. Es de competencia provincial definir qué hacer con ese recurso. Tercero, que haya participación ciudadana, liderada por la autoridad de aplicación en cada distrito, con el aporte de equipos técnicos, académicos y de organizaciones no gubernamentales. Se trata de compatibilizar las distintas miradas que hay en la sociedad: que el sector productivo y el ambiental lleguen a algún tipo de consenso sobre cómo van a utilizar el territorio. Como cuarto punto, establecer el tipo de actividades permitidas o prohibidas en cada una de las categorías de humedales. El proyecto de Odarda es bastante restrictivo para todas. Lo acordado con otros ministerios es que está muy bien que haya medidas proteccionistas para algunos casos, pero podrían ser más flexibles en aquellas áreas que tienen menor valor ambiental y alto potencial productivo. Sería una forma de compatibilizar.
¿El Ministerio ya está elaborando un inventario de humedales?
Sí, más allá de la discusión parlamentaria, nosotros empezamos, porque un inventario es necesario para cualquier política de Estado. Hicimos convenios con cinco universidades (del Litoral, San Martín, Salta, Tucumán y la de Buenos Aires) y elegimos zonas prioritarias: el Delta, Corrientes, la Puna y los salares. Es una experiencia piloto porque los humedales son muy diferentes y hay que validar una metodología que sea igual para todos los casos. En dos o tres años podríamos llegar a tener el inventario nacional completo.
¿Existen humedales o regiones en riesgo por el avance inmobiliario?
La zona de la cuenca del Río Luján es una de las más críticas. En ese lugar, como no había un análisis territorial, se avanzó con barrios y countries sobre zonas que funcionaban como esponjas ante las inundaciones. Al haber rellenado esos sitios, la función se perdió y el agua se desborda. Una ley nacional es la base para que las provincias hagan su ordenamiento territorial. Se crea un régimen de sanciones y se establece que las autoridades de aplicación provinciales auditen el impacto ambiental y puedan penalizar a nivel local.
Hay forma de revertir el daño detectado en esas zonas?
Hay forma de mitigarlo. En Pilar, que tiene varios problemas por el avance de la urbanización, se está haciendo una experiencia interesante que pasa por acordar con los countries para que, en épocas de fuertes lluvias, permitan inundar las canchas de golf o ciertos espacios internos y de esa manera mitigar las inundaciones en los alrededores.
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¿El gobierno dió el OK para Lama?
Luz verde para la Barrick
Fecha de Publicación: 20/11/2016
Fuente: Revista Veintitres
Provincia/Región: Nacional - San Juan
La minera canadiense decidió extraer mineral y hacer una mina en Lama, San Juan, lado argentino. Comenzará un plan de desarrollo integrado en el cinturón El Indio, en la misma provincia.
Nadie duda de que el presidente Mauricio Macri busca impulsar a pleno la minería. La eliminación de las retenciones mineras anunciadas en febrero pasado, que representan una pérdida para el Estado de 223 millones de dólares por derechos de exportación, son sólo el puntapié inicial que beneficia a un sector, bastante cuestionado por buena parte de la sociedad. En el último Coloquio de IDEA, frente a la atenta mirada de Ricardo Lagos, ex presidente de Chile, quien en medio del anuncio de su precandidatura presidencial deberá declarar en un proceso judicial respecto de la propiedad de los terrenos donde se encuentra emplazado Pascua Lama, el proyecto minero de la empresa canadiense Barrick Gold, Macri le hizo un guiño al chileno y fue más allá: “Tenemos que tener una minería sustentable, como han logrado desarrollar nuestros hermanos chilenos, y también otros países como Canadá”. Los representantes de Barrick Gold presentes en IDEA festejaron el apoyo oficial y confirmaron a Veintitrés que comenzaron los estudios para volver a poner en marcha Pascua Lama, del lado argentino.
El 1 de septiembre, la compañía minera anunció desde su sede en Toronto la designación de George Bee como vicepresidente senior para el desarrollo de Lama (lado argentino). El primer proyecto binacional argentino chileno había empezado a desacelerarse en 2013 y se decidió su suspensión a fines de 2014. Para dimensionar lo que representa Pascua Lama, equivale a 15,4 millones de onzas de oro y 674 millones de onzas de plata. Un dato no menor, teniendo en cuenta que la onza de oro cotiza a 1.261 dólares. Pero vale aclarar que la mayor parte de los minerales se encuentran del lado chileno en un 80% y del lado argentino un 20 por ciento.
Barrick explica en un comunicado oficial: “Una evaluación reciente por parte del equipo del proyecto indica que un proyecto inicial, simple y escalable en Lama, utilizando métodos de minería subterránea, puede ser la mejor opción para comenzar un plan de desarrollo escalonado para Pascua Lama. De ser exitoso, el flujo de efectivo de Lama podría ser utilizado para financiar con el tiempo el desarrollo adicional en ambos lados de la frontera”. Juan Ordóñez, director ejecutivo de Barrick Gold, da detalles del proyecto de reactivación de Lama: “Hay una modificación sustancial en el proyecto, antes se iba a extraer del lado chileno, ahora se extraerá mineral del lado argentino. Hay que diseñar una mina que antes no estaba prevista”, explica. Antes de la paralización de la obra en 2014, Pascua Lama llevaba invertidos 5.000 millones de dólares, confirman en Barrick.
Pero los proyectos de la mina canadiense, que hoy opera Veladero en San Juan, son más ambiciosos. En las últimas tres líneas del comunicado originado en Toronto, casi de manera casual se incluye que “a medida que avanza la opción de un proyecto inicial para Lama, Bee, su vicepresidente senior, comenzará también a desarrollar un plan de desarrollo integrado en el cinturón El Indio, un tramo de 50 kilómetros de tierras altamente prospectivas en esa región”. Aunque en la oficina local no pueden ampliar el tema, se sabe que se trata de un tramo de 140 kilómetros de longitud. En el mundo minero se sostiene que “la zona del cinturón del Indio es a la minería lo que Vaca Muerta es a la energía”, como para dimensionar de qué trata el tema, es una de las zonas más ricas del mundo para la explotación metalífera.
El nombramiento de George Bee para poner a punto la reactivación de Lama pasó casi desapercibido, porque a pocas horas de su designación y días antes que se cumpla el aniversario del mayor desastre minero de la historia del país, la mina Veladero que explota Barrick Gold en San Juan volvió a ser noticia por un derrame de material cianurado, en el valle de lixiviación del yacimiento, que cerró Veladero por 15 días. Lo que obligó a la empresa canadiense a desplazar al ejecutivo Rick Baker, gerente general de la mina Veladero, tras el nuevo derrame. En noviembre del año pasado había renunciado Guillermo Caló, su director ejecutivo, a causa del primer y más grave episodio. La versión oficial indica: “El incidente no provocó daños ni puso en riesgo la salud de las personas ni el medioambiente. Asimismo, cabe señalar que nunca hubo derrame de solución cianurada ni hubo contacto con cursos de agua ni con canales de desvío”. Sin embargo, el ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, radicó una denuncia penal para que la Justicia investigue las responsabilidades de la empresa Barrick Gold, operadora de la mina Veladero de San Juan, por el derrame de material cianurado. Como respuesta: “Elevamos la altura de los 7,5 kilómetros de berma, el borde del valle de lixiviación entre 1,20 a 1,40 más alto para asegurarnos que nada se escurra”, explica Ordóñez. Veladero obtuvo 795 millones de dólares en 2015.
Con luz verde, el sector minero tiene previstas inversiones de 20.000 millones de dólares en los próximos 5 años. Mientras, el gobierno nacional avanza en un nuevo convenio con todas las provincias por la actividad minera, que se plasmará a través de una ley y cambiará el esquema actual. Hoy hay regalías del 3% y esto permitiría rediscutir la rentabilidad y la zonificación.
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Fecha de Publicación: 20/11/2016
Fuente: Revista Veintitres
Provincia/Región: Nacional - San Juan
La minera canadiense decidió extraer mineral y hacer una mina en Lama, San Juan, lado argentino. Comenzará un plan de desarrollo integrado en el cinturón El Indio, en la misma provincia.
Nadie duda de que el presidente Mauricio Macri busca impulsar a pleno la minería. La eliminación de las retenciones mineras anunciadas en febrero pasado, que representan una pérdida para el Estado de 223 millones de dólares por derechos de exportación, son sólo el puntapié inicial que beneficia a un sector, bastante cuestionado por buena parte de la sociedad. En el último Coloquio de IDEA, frente a la atenta mirada de Ricardo Lagos, ex presidente de Chile, quien en medio del anuncio de su precandidatura presidencial deberá declarar en un proceso judicial respecto de la propiedad de los terrenos donde se encuentra emplazado Pascua Lama, el proyecto minero de la empresa canadiense Barrick Gold, Macri le hizo un guiño al chileno y fue más allá: “Tenemos que tener una minería sustentable, como han logrado desarrollar nuestros hermanos chilenos, y también otros países como Canadá”. Los representantes de Barrick Gold presentes en IDEA festejaron el apoyo oficial y confirmaron a Veintitrés que comenzaron los estudios para volver a poner en marcha Pascua Lama, del lado argentino.
El 1 de septiembre, la compañía minera anunció desde su sede en Toronto la designación de George Bee como vicepresidente senior para el desarrollo de Lama (lado argentino). El primer proyecto binacional argentino chileno había empezado a desacelerarse en 2013 y se decidió su suspensión a fines de 2014. Para dimensionar lo que representa Pascua Lama, equivale a 15,4 millones de onzas de oro y 674 millones de onzas de plata. Un dato no menor, teniendo en cuenta que la onza de oro cotiza a 1.261 dólares. Pero vale aclarar que la mayor parte de los minerales se encuentran del lado chileno en un 80% y del lado argentino un 20 por ciento.
Barrick explica en un comunicado oficial: “Una evaluación reciente por parte del equipo del proyecto indica que un proyecto inicial, simple y escalable en Lama, utilizando métodos de minería subterránea, puede ser la mejor opción para comenzar un plan de desarrollo escalonado para Pascua Lama. De ser exitoso, el flujo de efectivo de Lama podría ser utilizado para financiar con el tiempo el desarrollo adicional en ambos lados de la frontera”. Juan Ordóñez, director ejecutivo de Barrick Gold, da detalles del proyecto de reactivación de Lama: “Hay una modificación sustancial en el proyecto, antes se iba a extraer del lado chileno, ahora se extraerá mineral del lado argentino. Hay que diseñar una mina que antes no estaba prevista”, explica. Antes de la paralización de la obra en 2014, Pascua Lama llevaba invertidos 5.000 millones de dólares, confirman en Barrick.
Pero los proyectos de la mina canadiense, que hoy opera Veladero en San Juan, son más ambiciosos. En las últimas tres líneas del comunicado originado en Toronto, casi de manera casual se incluye que “a medida que avanza la opción de un proyecto inicial para Lama, Bee, su vicepresidente senior, comenzará también a desarrollar un plan de desarrollo integrado en el cinturón El Indio, un tramo de 50 kilómetros de tierras altamente prospectivas en esa región”. Aunque en la oficina local no pueden ampliar el tema, se sabe que se trata de un tramo de 140 kilómetros de longitud. En el mundo minero se sostiene que “la zona del cinturón del Indio es a la minería lo que Vaca Muerta es a la energía”, como para dimensionar de qué trata el tema, es una de las zonas más ricas del mundo para la explotación metalífera.
El nombramiento de George Bee para poner a punto la reactivación de Lama pasó casi desapercibido, porque a pocas horas de su designación y días antes que se cumpla el aniversario del mayor desastre minero de la historia del país, la mina Veladero que explota Barrick Gold en San Juan volvió a ser noticia por un derrame de material cianurado, en el valle de lixiviación del yacimiento, que cerró Veladero por 15 días. Lo que obligó a la empresa canadiense a desplazar al ejecutivo Rick Baker, gerente general de la mina Veladero, tras el nuevo derrame. En noviembre del año pasado había renunciado Guillermo Caló, su director ejecutivo, a causa del primer y más grave episodio. La versión oficial indica: “El incidente no provocó daños ni puso en riesgo la salud de las personas ni el medioambiente. Asimismo, cabe señalar que nunca hubo derrame de solución cianurada ni hubo contacto con cursos de agua ni con canales de desvío”. Sin embargo, el ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, radicó una denuncia penal para que la Justicia investigue las responsabilidades de la empresa Barrick Gold, operadora de la mina Veladero de San Juan, por el derrame de material cianurado. Como respuesta: “Elevamos la altura de los 7,5 kilómetros de berma, el borde del valle de lixiviación entre 1,20 a 1,40 más alto para asegurarnos que nada se escurra”, explica Ordóñez. Veladero obtuvo 795 millones de dólares en 2015.
Con luz verde, el sector minero tiene previstas inversiones de 20.000 millones de dólares en los próximos 5 años. Mientras, el gobierno nacional avanza en un nuevo convenio con todas las provincias por la actividad minera, que se plasmará a través de una ley y cambiará el esquema actual. Hoy hay regalías del 3% y esto permitiría rediscutir la rentabilidad y la zonificación.
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Humedales y pujas de poder
Los humedales no tienen quién los cuide
Fecha de Publicación: 20/11/2016
Fuente: UNSAM - Agencia TSS
Provincia/Región: Nacional
El proyecto de ley de Presupuestos Mínimos para la Conservación y el Uso Sustentable de los Humedales en la Argentina perderá estado parlamentario a fin de mes, a menos que la Cámara de Senadores la trate en alguna de las dos sesiones que restan antes de que termine el mes de noviembre. Esto significaría que quede sin efecto el dictamen que el año pasado presentó la Comisión de Ambiente, encabezada por el senador Pino Solanas (Sur-Unen) –junto con Magdalena Odarda (Río Negro, Alianza Frente Progresista), Jaime Linares (Buenos Aires, Frente Amplio Progresista) y Mirtha Luna (La Rioja, Alianza Frente para la Victoria Riojano)– y con la firma de 16 senadores. Algo similar había pasado con un dictamen anterior, presentado en 2013 por Rubén Giustiniani –por entonces senador por el Partido Socialista– y que había sido aprobado por unanimidad en Senadores, pero quedó estancado en el recinto de diputados.
“El oficialismo no quiere ninguna ley de humedales y está tratando de boicotearla de todas las maneras posibles, incluso de manera antirreglamentaria”, dice el abogado ambientalista Enrique Viale, asesor de Solanas. Y advierte que “entre todos los artilugios que se hicieron para boicotear la ley, el último que encontramos es la creación de una especie de dictamen de minoría que impulsa la presidencia de la Comisión de Agricultura –a cargo del senador entrerriano Alfredo De Angeli (Frente Pro)–, que le quita protección a los humedales y los vuelve una zona de producción y les quita la moratoria”.
La moratoria a la que hace referencia el especialista, que además es fundador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, es uno de los puntos incluidos en el proyecto inicial, mediante la cual se propone un plazo extendido para hacer un inventario de humedales del país para, posteriormente, establecer categorías de protección y modos de uso.
“El proyecto del Pro no tiene moratoria, con lo cual ni bien salga van a avanzar sobre los humedales como una carrera, cosa que ya está pasando desde que el proyecto entró en el Congreso, que se ha incrementado la presión sobre los humedales; es el caso de la Cooperativa Isla Esperanza, de Tigre, que la han incendiado hace muy poco porque estaban protegiendo ese humedal desde la producción”, ejemplifica Franco Seguesso, del área de campañas de Greenpeace, y subraya que este es un punto relevante, ya que a diferencia de lo que muchos suponen o sostienen, “hay producción que protege los humedales y no es que no se puede producir en ellos”.
La investigadora Patricia Pintos, del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional de La Plata, estudia el avance de las urbanizaciones cerradas en humedales que impactan en los procesos de inundación en la cuenca del Río Luján. Según Pintos, “el proyecto del senador Solanas admite la continuidad de actividades que son respetuosas de los ciclos naturales de los ecosistemas. Por el contrario, entendemos que este nuevo proyecto –por el presentado por senadores del Pro– es proclive al proceso de desarrollo y ocupación de humedales ligado a la actividad agroproductiva de la soja y al extractivismo inmobiliario”.
Para Claudio Baigun, investigador del CONICET y del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (3iA) de la Universidad de San Martin (UNSAM), en el nuevo dictamen “eliminaron el artículo 8, que dice que hay que respetar si el humedal tiene un valor para grupos vulnerables. El agua es la vida de la gente que vive allí en un montón de dimensiones, ya sea para tomarla, para pescar o llevar ganado. Eso, en este nuevo proyecto, no existe más”.
Baigun, junto a otros colegas del 3iA, participaron de los debates anteriores y presentaron algunas recomendaciones. Entre ellas, que el ordenamiento ambiental del territorio no debería ser visto como una herramienta para definir áreas a conservar (áreas protegidas, intangibles) y áreas que puedan modificarse y utilizarse sin ningún tipo de reglamentación, sino como un instrumento para articular la conservación de los ecosistemas, sus funciones, procesos y los servicios que brindan, con la diversidad de actividades productivas e intervenciones humanas, y que la forma en que estas se desarrollen sea compatible con las características del ambiente.
“Los humedales son sistemas que difieren del concepto estático de área de conservación intocable. Aquí se está poniendo en juego otro paradigma y hay que entender que los ecosistemas se pueden usar pero de una manera particular”, dice Patricia Kandus, doctora en Ciencias Biológicas y directora del Laboratorio de Ecología, Teledetección y Eco-Informática (LETyE) del 3iA, que trabaja en la elaboración de un mapa de regiones de humedales de la Argentina.
“Cuesta mucho pensar que hay lugares que no tienen siempre el mismo uso, en los que hay años en los que está todo inundado y se los puede usar de una manera, y otros en los que está todo seco y surgen nuevas formas de aprovechamiento. Esa mirada de que las cosas pueden cambiar, no solo en función de las reglas del mercado, sino también de las reglas de la naturaleza, permite desarrollar tecnologías y generar usos productivos acordes con la dinámica de los humedales”, coincide su colega Priscila Minotti, investigadora y docente del 3iA, quien junto con Kandus tienen a cargo un equipo de investigación que incluye a especialistas en matemática, ciencias ambientales, geología y geografía.
Mientras que el 40 % del territorio argentino es árido o seco, se estima que más de un 20 % del mismo está ocupado por humedales que cumplen con funciones ambientales vitales, como mantener los ciclos hidrológicos, retener agua u ofrecerla, según sea necesario, y hasta filtrar cierto tipo de contaminantes. En muchos casos, también constituyen un recurso vital para las comunidades.
Como su nombre lo indica, un humedal es un lugar en el que hay humedad; esto quiere decir que por momentos puede estar inundado, pero a veces también seco, o ser una especie de barro. Los hay de agua dulce o de río (vinculados a las cuencas), y también de agua salada o de mar; se pueden encontrar en la llanura, en la montaña y hasta en la puna (como las denominadas zonas periglaciares, que también son un tipo de humedal).
“En gran parte del mundo, los humedales se perdieron con las actividades tradicionales. Entonces, en los congresos se ve que las problemáticas que presentan los países desarrollados tienen que ver con cómo restaurar humedales, cómo reconstruirlos, porque se empiezan a dar cuenta que los necesitan para recuperar los ecosistemas que perdieron”, dice Kandus, y agrega que “la Argentina todavía tiene muchos humedales que pueden ser usados racionalmente”, aunque esta ventaja está en riesgo tras el avance de emprendimientos agrícolas, inmobiliarios y mineros sobre estos territorios, que muchas veces se consideran improductivos.
Participación cero
“¿Señor presidente, puedo hacer uso de la palabra?”, se oyó decir a una voz proveniente del fondo de la sala, en la última sesión de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Senadores –en la que estuvo presente TSS–, presidida por Alfredo de Angeli el pasado martes 15 de noviembre, justo antes de que los legisladores presentes se dispusiera a firmar el dictamen del cuestionado nuevo proyecto, tras una sesión que duró poco más de media hora.
“Somos de las organizaciones sociales y ambientales y tenemos algo para decirles”, insistió la voz en medio del murmullo de las autoridades de la sala, quienes finalmente respondieron: “Lamentablemente ya no hay tiempo, hemos trabajado mucho en este proyecto”.
Y aunque las voces que se multiplicaban en el recinto reclamaban ser escuchadas y recordaban que ya se trabaja en este tema desde hace al menos cinco años, y que existe otro proyecto redactado con la participación de las organizaciones civiles y el asesoramiento de instituciones académicas, los senadores De Angeli, María Cristina del Valle Fiore Viñuales (Salta, por el Frente para la Victoria) y Silvia del Rosario Giacoppo (Jujuy, por la Unión Cívica Radical) firmaron el dictamen y se retiraron rápidamente sin hacer declaraciones.
Martín Nunziata fue uno de los que se acercaron al Congreso esa tarde. Vecino de Tigre y miembro de la Asamblea del Delta y Río de la Plata, le dijo a TSS: “No hay un sistema más productivo que los humedales. Nosotros no decimos que no se pueden hacer cosas productivas y, de hecho, yo vivo allí hace 40 años. Tigre, por ejemplo, ha perdido el 50 % de su territorio por emprendimientos inmobiliarios, lo que demuestra que tiene que haber una ley que le ponga un fin a esto, porque, además, están expulsando a gente de esos lugares y los están destruyendo ambientalmente”.
Finalmente, con tres firmas y sin el quorum necesario de diez legisladores para sesionar, el cuestionado nuevo dictamen quedó presentado. En el reciento también estuvieron presentes las senadoras María Graciela De la Rosa (Formosa, por Alianza Frente para la Victoria), María Ester Labado (Santa Cruz, Alianza Frente para la Victoria) y Sandra Giménez (Misiones, del Frente Renovador de la Concordia) –estas últimas sostuvieron su firma en el dictamen previo, de la Comisión de Ambiente– y los senadores Alfredo Luenzo (Chubut Somos Todos), Eduardo Aguilar (Chaco, por el Frente para la Victoria) y Daniel Raúl Pérsico (San Luis, Alianza Frente para la Victoria).
Se esperaba que ayer miércoles, en labor parlamentaria, los jefes de bloque incluyeran estos proyectos para su tratamiento, pero no fue así y el trámite parlamentario pasó para la próxima sesión del miércoles 23 de noviembre.
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Fecha de Publicación: 20/11/2016
Fuente: UNSAM - Agencia TSS
Provincia/Región: Nacional
El proyecto de ley de Presupuestos Mínimos para la Conservación y el Uso Sustentable de los Humedales en la Argentina perderá estado parlamentario a fin de mes, a menos que la Cámara de Senadores la trate en alguna de las dos sesiones que restan antes de que termine el mes de noviembre. Esto significaría que quede sin efecto el dictamen que el año pasado presentó la Comisión de Ambiente, encabezada por el senador Pino Solanas (Sur-Unen) –junto con Magdalena Odarda (Río Negro, Alianza Frente Progresista), Jaime Linares (Buenos Aires, Frente Amplio Progresista) y Mirtha Luna (La Rioja, Alianza Frente para la Victoria Riojano)– y con la firma de 16 senadores. Algo similar había pasado con un dictamen anterior, presentado en 2013 por Rubén Giustiniani –por entonces senador por el Partido Socialista– y que había sido aprobado por unanimidad en Senadores, pero quedó estancado en el recinto de diputados.
“El oficialismo no quiere ninguna ley de humedales y está tratando de boicotearla de todas las maneras posibles, incluso de manera antirreglamentaria”, dice el abogado ambientalista Enrique Viale, asesor de Solanas. Y advierte que “entre todos los artilugios que se hicieron para boicotear la ley, el último que encontramos es la creación de una especie de dictamen de minoría que impulsa la presidencia de la Comisión de Agricultura –a cargo del senador entrerriano Alfredo De Angeli (Frente Pro)–, que le quita protección a los humedales y los vuelve una zona de producción y les quita la moratoria”.
La moratoria a la que hace referencia el especialista, que además es fundador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, es uno de los puntos incluidos en el proyecto inicial, mediante la cual se propone un plazo extendido para hacer un inventario de humedales del país para, posteriormente, establecer categorías de protección y modos de uso.
“El proyecto del Pro no tiene moratoria, con lo cual ni bien salga van a avanzar sobre los humedales como una carrera, cosa que ya está pasando desde que el proyecto entró en el Congreso, que se ha incrementado la presión sobre los humedales; es el caso de la Cooperativa Isla Esperanza, de Tigre, que la han incendiado hace muy poco porque estaban protegiendo ese humedal desde la producción”, ejemplifica Franco Seguesso, del área de campañas de Greenpeace, y subraya que este es un punto relevante, ya que a diferencia de lo que muchos suponen o sostienen, “hay producción que protege los humedales y no es que no se puede producir en ellos”.
La investigadora Patricia Pintos, del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional de La Plata, estudia el avance de las urbanizaciones cerradas en humedales que impactan en los procesos de inundación en la cuenca del Río Luján. Según Pintos, “el proyecto del senador Solanas admite la continuidad de actividades que son respetuosas de los ciclos naturales de los ecosistemas. Por el contrario, entendemos que este nuevo proyecto –por el presentado por senadores del Pro– es proclive al proceso de desarrollo y ocupación de humedales ligado a la actividad agroproductiva de la soja y al extractivismo inmobiliario”.
Para Claudio Baigun, investigador del CONICET y del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (3iA) de la Universidad de San Martin (UNSAM), en el nuevo dictamen “eliminaron el artículo 8, que dice que hay que respetar si el humedal tiene un valor para grupos vulnerables. El agua es la vida de la gente que vive allí en un montón de dimensiones, ya sea para tomarla, para pescar o llevar ganado. Eso, en este nuevo proyecto, no existe más”.
Baigun, junto a otros colegas del 3iA, participaron de los debates anteriores y presentaron algunas recomendaciones. Entre ellas, que el ordenamiento ambiental del territorio no debería ser visto como una herramienta para definir áreas a conservar (áreas protegidas, intangibles) y áreas que puedan modificarse y utilizarse sin ningún tipo de reglamentación, sino como un instrumento para articular la conservación de los ecosistemas, sus funciones, procesos y los servicios que brindan, con la diversidad de actividades productivas e intervenciones humanas, y que la forma en que estas se desarrollen sea compatible con las características del ambiente.
“Los humedales son sistemas que difieren del concepto estático de área de conservación intocable. Aquí se está poniendo en juego otro paradigma y hay que entender que los ecosistemas se pueden usar pero de una manera particular”, dice Patricia Kandus, doctora en Ciencias Biológicas y directora del Laboratorio de Ecología, Teledetección y Eco-Informática (LETyE) del 3iA, que trabaja en la elaboración de un mapa de regiones de humedales de la Argentina.
“Cuesta mucho pensar que hay lugares que no tienen siempre el mismo uso, en los que hay años en los que está todo inundado y se los puede usar de una manera, y otros en los que está todo seco y surgen nuevas formas de aprovechamiento. Esa mirada de que las cosas pueden cambiar, no solo en función de las reglas del mercado, sino también de las reglas de la naturaleza, permite desarrollar tecnologías y generar usos productivos acordes con la dinámica de los humedales”, coincide su colega Priscila Minotti, investigadora y docente del 3iA, quien junto con Kandus tienen a cargo un equipo de investigación que incluye a especialistas en matemática, ciencias ambientales, geología y geografía.
Mientras que el 40 % del territorio argentino es árido o seco, se estima que más de un 20 % del mismo está ocupado por humedales que cumplen con funciones ambientales vitales, como mantener los ciclos hidrológicos, retener agua u ofrecerla, según sea necesario, y hasta filtrar cierto tipo de contaminantes. En muchos casos, también constituyen un recurso vital para las comunidades.
Como su nombre lo indica, un humedal es un lugar en el que hay humedad; esto quiere decir que por momentos puede estar inundado, pero a veces también seco, o ser una especie de barro. Los hay de agua dulce o de río (vinculados a las cuencas), y también de agua salada o de mar; se pueden encontrar en la llanura, en la montaña y hasta en la puna (como las denominadas zonas periglaciares, que también son un tipo de humedal).
“En gran parte del mundo, los humedales se perdieron con las actividades tradicionales. Entonces, en los congresos se ve que las problemáticas que presentan los países desarrollados tienen que ver con cómo restaurar humedales, cómo reconstruirlos, porque se empiezan a dar cuenta que los necesitan para recuperar los ecosistemas que perdieron”, dice Kandus, y agrega que “la Argentina todavía tiene muchos humedales que pueden ser usados racionalmente”, aunque esta ventaja está en riesgo tras el avance de emprendimientos agrícolas, inmobiliarios y mineros sobre estos territorios, que muchas veces se consideran improductivos.
Participación cero
“¿Señor presidente, puedo hacer uso de la palabra?”, se oyó decir a una voz proveniente del fondo de la sala, en la última sesión de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Senadores –en la que estuvo presente TSS–, presidida por Alfredo de Angeli el pasado martes 15 de noviembre, justo antes de que los legisladores presentes se dispusiera a firmar el dictamen del cuestionado nuevo proyecto, tras una sesión que duró poco más de media hora.
“Somos de las organizaciones sociales y ambientales y tenemos algo para decirles”, insistió la voz en medio del murmullo de las autoridades de la sala, quienes finalmente respondieron: “Lamentablemente ya no hay tiempo, hemos trabajado mucho en este proyecto”.
Y aunque las voces que se multiplicaban en el recinto reclamaban ser escuchadas y recordaban que ya se trabaja en este tema desde hace al menos cinco años, y que existe otro proyecto redactado con la participación de las organizaciones civiles y el asesoramiento de instituciones académicas, los senadores De Angeli, María Cristina del Valle Fiore Viñuales (Salta, por el Frente para la Victoria) y Silvia del Rosario Giacoppo (Jujuy, por la Unión Cívica Radical) firmaron el dictamen y se retiraron rápidamente sin hacer declaraciones.
Martín Nunziata fue uno de los que se acercaron al Congreso esa tarde. Vecino de Tigre y miembro de la Asamblea del Delta y Río de la Plata, le dijo a TSS: “No hay un sistema más productivo que los humedales. Nosotros no decimos que no se pueden hacer cosas productivas y, de hecho, yo vivo allí hace 40 años. Tigre, por ejemplo, ha perdido el 50 % de su territorio por emprendimientos inmobiliarios, lo que demuestra que tiene que haber una ley que le ponga un fin a esto, porque, además, están expulsando a gente de esos lugares y los están destruyendo ambientalmente”.
Finalmente, con tres firmas y sin el quorum necesario de diez legisladores para sesionar, el cuestionado nuevo dictamen quedó presentado. En el reciento también estuvieron presentes las senadoras María Graciela De la Rosa (Formosa, por Alianza Frente para la Victoria), María Ester Labado (Santa Cruz, Alianza Frente para la Victoria) y Sandra Giménez (Misiones, del Frente Renovador de la Concordia) –estas últimas sostuvieron su firma en el dictamen previo, de la Comisión de Ambiente– y los senadores Alfredo Luenzo (Chubut Somos Todos), Eduardo Aguilar (Chaco, por el Frente para la Victoria) y Daniel Raúl Pérsico (San Luis, Alianza Frente para la Victoria).
Se esperaba que ayer miércoles, en labor parlamentaria, los jefes de bloque incluyeran estos proyectos para su tratamiento, pero no fue así y el trámite parlamentario pasó para la próxima sesión del miércoles 23 de noviembre.
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Chaco lleva al COFELMA los humedales y agroquímicos
Humedales y Fitosanitarios, la agenda que lleva el Chaco al COFELMA
Fecha de Publicación: 19/11/2016
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
Diputados de la comisión de Recursos Naturales participarán el próximo 21 de noviembre del segundo encuentro nacional del Consejo Federal del Medio Ambiente. En ese contexto, los legisladores informaron que lograron incluir en la agenda el debate por una ley de Humedales y otra de Fitosanitarios además del reclamo de más recursos por la ley de Bosques.
En una sesión realizada este lunes, los integrantes de la comisión de Recursos Naturales y Ambiente que preside el diputado del Frente Grande, Daniel Trabalón, destacó la invitación recibida por parte del Consejo Federal Legislativo de Medio Ambiente (Cofelma) que se reunirá para tratar la problemática ambiental. Se trata del Segundo Encuentro Nacional del Cofelma en la ciudad de Buenos Aires el próximo lunes 21 de noviembre. Las leyes de Humedales y Fitosanitaria, respectivamente, estarán en la agenda a pedido de legisladores provinciales del Chaco, como así también acompañar el pedido de aumento de los recursos que se destinan en función de la ley de Bosques nacional solicitada por el ministerio de Planificación y Ambiente. De la reunión participaron también los legisladores Enrique Paredes, Claudia Panzardi, Ana María Canata y Mariana Salom.
Trabalón se refirió al mismo y brindó detalle del programa previsto: “Durante la mañana – contó – se realizará la visita al CEAMSE III que es la Planta de Residuos Sólidos Urbanos más importante del país; ver el funcionamiento, y en ese marco, discutir uno de los temas centrales que tiene el Cofelma que es una política federal que hace a la legislación provincial que tiene que ver con residuos sólidos urbanos, algo que nuestra provincia tiene”. “Ver cómo está funcionando hoy esa planta y generar un debate sobre las legislaciones provinciales en el marco de la ley nacional” precisó.
“Durante la tarde habrá una serie de reuniones – describió –, una que tiene que ver con la discusión e información de la ley de Humedales que está en tratamiento en el Congreso de la Nación. Va a haber un informe de especialistas sobre esos temas. Y la idea es que a partir de informarnos sobre cómo se está discutiendo ese tema podamos las provincias realizar algunos aportes sobre lo que entendemos tiene que ser una política de protección de los humedales”. “Algo también importante para la provincia del Chaco y del Nordeste” resaltó el legislador.
Posteriormente a eso, “se va a tocar un tema que lo planteamos desde el Chaco que tiene que ver con la discusión de la ley Fitosanitaria. Esto tiene que ver con una legislación nacional que regule la aplicación de agrotóxicos en el marco del modelo productivo que tenemos. Lo que sería la ley de biocidas provincial”. “En ese contexto y estos dos temas a pedido de la provincia del Chaco” enfatizó.
“Básicamente lo que se busca es por un lado es conocer cómo se está trabajando a nivel nacional; cuál es la situación de los proyectos sobre estos dos temas: ley de Humedales y ley Fitosanitaria; y a partir de ahí, hacer un aporte desde la provincia sobre estas temáticas” insistió el legislador.
“El tercer punto que llevamos en la agenda de esta reunión del Cofelma es acompañar desde la Legislatura provincial lo que viene pidiendo el Ministerio de Planificación y Ambiente y el Cofema – Consejo Federal de Medio Ambiente - que es el aumento de los recursos que se destinan en función de la ley de Bosques nacional” anunció.
“Las provincias, hace un tiempo atrás, se reunieron en el Chaco, en el Cofema y ha planteado la necesidad que se aumenten los destinos que en conceptos de la ley de Bosques reciben las provincias. Vamos a acompañar ese pedido que está haciendo el ministerio de la provincia y el Cofema” adelantó el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente del Chaco.
Por Resolución 2414/16 se aprobó declarar de interés legislativo la participación en el segundo encuentro nacional del Consejo Federal de Legisladores de Medio Ambiente (COFELMA) a llevarse a cabo el 21 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires. La iniciativa partió del diputado del Frente Grande Daniel Trabalón que preside la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente.
El Cuerpo Legislativo aprobó la Resolución 2414/16 que declara de interés legislativo el Segundo Encuentro Nacional del Cofelma y resalta la importancia en el citado evento a través de la participación de la presidencia de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente de nuestra legislatura provincial. Trabalón autor de la iniciativa consideró que este encuentro “representa una herramienta importante de trabajo sobre la temática del medio ambiente y el desarrollo sustentable para generar políticas publicas referidos a la ecología y recursos naturales”.
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Fecha de Publicación: 19/11/2016
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
Diputados de la comisión de Recursos Naturales participarán el próximo 21 de noviembre del segundo encuentro nacional del Consejo Federal del Medio Ambiente. En ese contexto, los legisladores informaron que lograron incluir en la agenda el debate por una ley de Humedales y otra de Fitosanitarios además del reclamo de más recursos por la ley de Bosques.
En una sesión realizada este lunes, los integrantes de la comisión de Recursos Naturales y Ambiente que preside el diputado del Frente Grande, Daniel Trabalón, destacó la invitación recibida por parte del Consejo Federal Legislativo de Medio Ambiente (Cofelma) que se reunirá para tratar la problemática ambiental. Se trata del Segundo Encuentro Nacional del Cofelma en la ciudad de Buenos Aires el próximo lunes 21 de noviembre. Las leyes de Humedales y Fitosanitaria, respectivamente, estarán en la agenda a pedido de legisladores provinciales del Chaco, como así también acompañar el pedido de aumento de los recursos que se destinan en función de la ley de Bosques nacional solicitada por el ministerio de Planificación y Ambiente. De la reunión participaron también los legisladores Enrique Paredes, Claudia Panzardi, Ana María Canata y Mariana Salom.
Trabalón se refirió al mismo y brindó detalle del programa previsto: “Durante la mañana – contó – se realizará la visita al CEAMSE III que es la Planta de Residuos Sólidos Urbanos más importante del país; ver el funcionamiento, y en ese marco, discutir uno de los temas centrales que tiene el Cofelma que es una política federal que hace a la legislación provincial que tiene que ver con residuos sólidos urbanos, algo que nuestra provincia tiene”. “Ver cómo está funcionando hoy esa planta y generar un debate sobre las legislaciones provinciales en el marco de la ley nacional” precisó.
“Durante la tarde habrá una serie de reuniones – describió –, una que tiene que ver con la discusión e información de la ley de Humedales que está en tratamiento en el Congreso de la Nación. Va a haber un informe de especialistas sobre esos temas. Y la idea es que a partir de informarnos sobre cómo se está discutiendo ese tema podamos las provincias realizar algunos aportes sobre lo que entendemos tiene que ser una política de protección de los humedales”. “Algo también importante para la provincia del Chaco y del Nordeste” resaltó el legislador.
Posteriormente a eso, “se va a tocar un tema que lo planteamos desde el Chaco que tiene que ver con la discusión de la ley Fitosanitaria. Esto tiene que ver con una legislación nacional que regule la aplicación de agrotóxicos en el marco del modelo productivo que tenemos. Lo que sería la ley de biocidas provincial”. “En ese contexto y estos dos temas a pedido de la provincia del Chaco” enfatizó.
“Básicamente lo que se busca es por un lado es conocer cómo se está trabajando a nivel nacional; cuál es la situación de los proyectos sobre estos dos temas: ley de Humedales y ley Fitosanitaria; y a partir de ahí, hacer un aporte desde la provincia sobre estas temáticas” insistió el legislador.
“El tercer punto que llevamos en la agenda de esta reunión del Cofelma es acompañar desde la Legislatura provincial lo que viene pidiendo el Ministerio de Planificación y Ambiente y el Cofema – Consejo Federal de Medio Ambiente - que es el aumento de los recursos que se destinan en función de la ley de Bosques nacional” anunció.
“Las provincias, hace un tiempo atrás, se reunieron en el Chaco, en el Cofema y ha planteado la necesidad que se aumenten los destinos que en conceptos de la ley de Bosques reciben las provincias. Vamos a acompañar ese pedido que está haciendo el ministerio de la provincia y el Cofema” adelantó el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente del Chaco.
Por Resolución 2414/16 se aprobó declarar de interés legislativo la participación en el segundo encuentro nacional del Consejo Federal de Legisladores de Medio Ambiente (COFELMA) a llevarse a cabo el 21 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires. La iniciativa partió del diputado del Frente Grande Daniel Trabalón que preside la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente.
El Cuerpo Legislativo aprobó la Resolución 2414/16 que declara de interés legislativo el Segundo Encuentro Nacional del Cofelma y resalta la importancia en el citado evento a través de la participación de la presidencia de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente de nuestra legislatura provincial. Trabalón autor de la iniciativa consideró que este encuentro “representa una herramienta importante de trabajo sobre la temática del medio ambiente y el desarrollo sustentable para generar políticas publicas referidos a la ecología y recursos naturales”.
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Bergman prometió deforestación cero en la COP22
En la cumbre del clima, la Argentina se comprometió a impulsar "deforestación cero y el uso del transporte bajo en emisiones"
Fecha de Publicación: 18/11/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman , anunció que impulsará políticas de "deforestación cero, reparación de tierras degradadas, un cambio muy profundo en la matriz energética y el uso del transporte bajo en emisiones". Las medidas fueron dadas a conocer por el funcionario durante el discurso que pronunció en su participación en el plenario de la cumbre del cambio climático (COP22) de los países firmantes del Acuerdo de París.
"El desafío del cambio climático no es técnico, sino ético. Es sobre derechos humanos y deberes humanos. Es el síntoma y no la enfermedad; debemos decidir si somos parte del problema o de la solución. Debe existir un nuevo vínculo entre la política y la economía y eso no se consigue sin liderazgo", dijo Bergman durante su discurso en el que detalló que la gestión que conduce Mauricio Macri creó el ministerio de Ambiente, conformó un gabinete climático y se propuso revisar el compromiso que asumió el país para reducir la emisión de los gases contaminantes.
"Fue un esfuerzo poder mejorar la propuesta original pero antes de hablar del número preferimos hablar del proceso. Nuestra meta revisada proyecta emitir para 2030 483 millones de tn de dióxido de carbono. Esta medida nos va a implicar que a lo largo de todo el proceso la economía se focalice en políticas de bosques, de transporte, de agro", agregó Bergman respecto del compromiso argentino para reducir un 18% las emisiones y un 37% con ayuda internacional y será presentado aquí oficialmente mañana.
Por ultimo el ministro hizo referencia a la Biblia: "Debemos inspirarnos en el liderazgo de Noé, escuchar la voz que nos llama. Quizá nadie creía que el diluvio iba a venir. Los que estamos aquí escuchamos la voz, sabemos que el diluvio viene, no por castigo divino sino por el accionar del hombre negligente. Sabiendo que no todos van a participar de la misma manera y aunque sólo lo hagamos algunos, el arca tiene que tener lugar para todos".
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De Ángeli contra la ley de humedales
De Ángeli se opone al proyecto de Pino Solanas sobre la ley de humedales
Fecha de Publicación: 17/11/2016
Fuente: Radio Máxima On Line
Provincia/Región: Nacional
El senador nacional Alfredo De Angeli dijo en RADIO MÁXIMA que “los recursos naturales son de las provincias”, y agregó que él impulsa, desde la Comisión de Agricultura del Senado un proyecto absolutamente diferente sobre los Humedales que se presentó desde la Comisión de ambiente presidida por Pino solana. La discusión, según De Angeli, se zanjará el próximo miércoles, “cuando se apruebe la ley de humedales”.
De Angeli puntualizó que “pondremos a consideración nuestro proyecto sobre la ley de humedales que se va a tratar el miércoles, por lo que habrá dos proyectos diferentes porque en el nuestro, que impulsamos desde la Comisión de agricultura, le damos más participación a las provincias, tal como pidió el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). Los recursos naturales son potestad de las provincias, por eso les daremos participación para caracterizar e identificar los humedales. Algunos habrá que protegerlos y a otros habrá que conservarlos, lo cual quedará a cargo de cada provincia”.
El legislador admitió que “existe un proyecto original que viene de la Comisión de Medio Ambiente del Senado presidida por el senador Solanas al cual nos oponemos y la nuestra que impulsamos desde la Comisión de Agricultura y Ganadería, que tiene el acuerdo del COFEMA”.
El senador afirmó que respecto de la cuestión “creo haber actuado con toda responsabilidad para que las provincias no pierdan su potestad. La Nación debe crear el marco donde cada provincia esté incluida”.
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Fecha de Publicación: 17/11/2016
Fuente: Radio Máxima On Line
Provincia/Región: Nacional
El senador nacional Alfredo De Angeli dijo en RADIO MÁXIMA que “los recursos naturales son de las provincias”, y agregó que él impulsa, desde la Comisión de Agricultura del Senado un proyecto absolutamente diferente sobre los Humedales que se presentó desde la Comisión de ambiente presidida por Pino solana. La discusión, según De Angeli, se zanjará el próximo miércoles, “cuando se apruebe la ley de humedales”.
De Angeli puntualizó que “pondremos a consideración nuestro proyecto sobre la ley de humedales que se va a tratar el miércoles, por lo que habrá dos proyectos diferentes porque en el nuestro, que impulsamos desde la Comisión de agricultura, le damos más participación a las provincias, tal como pidió el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). Los recursos naturales son potestad de las provincias, por eso les daremos participación para caracterizar e identificar los humedales. Algunos habrá que protegerlos y a otros habrá que conservarlos, lo cual quedará a cargo de cada provincia”.
El legislador admitió que “existe un proyecto original que viene de la Comisión de Medio Ambiente del Senado presidida por el senador Solanas al cual nos oponemos y la nuestra que impulsamos desde la Comisión de Agricultura y Ganadería, que tiene el acuerdo del COFEMA”.
El senador afirmó que respecto de la cuestión “creo haber actuado con toda responsabilidad para que las provincias no pierdan su potestad. La Nación debe crear el marco donde cada provincia esté incluida”.
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Denuncian el apoyo de Macri a la Barrick Gold
Greenpeace usa calaveras de oro para denunciar el apoyo de Macri a Barrick Gold
Fecha de Publicación: 14/11/2016
Fuente: Yahoo Noticias
Provincia/Región: Nacional - San Juan
Greenpeace colocó hoy carros mineros llenos de calaveras color oro frente a la Casa Rosada para denunciar la supuesta connivencia del presidente argentino, Mauricio Macri, con la minera canadiense Barrick Gold, cuya actividad en el país, critica, es un atentado contra el medioambiente y los glaciares.
Vestidos de ejecutivos, con cascos de obra sobre la cabeza, 15 activistas de la ONG ambientalista se plantaron hoy en la porteña Plaza de Mayo con el mensaje "Macri, los glaciares no se tocan", y pidieron al mandatario que cumpla la ley que prohíbe cualquier actividad minera cerca de áreas de glaciares.
Además, exigieron al dirigente que clausure la mina de Veladero, que explota Barrick Gold en la provincia de San Juan (oeste), donde en septiembre se produjo un derrame de cianuro, justo un año después de otro polémico escape de unos 1.072 metros cúbicos en la misma planta que todavía es investigado por la Justicia argentina.
"Veladero no solo viola la ley de glaciares, sino que fue la responsable de haber vertido más de un millón de litros de solución de cianuro en septiembre del año pasado en la tragedia más grande a nivel de minería que tuvo nuestro país", dijo a Efe Gonzalo Strano, coordinador de la campaña de Glaciares de la ONG en Argentina.
Mientras la legislación, sancionada por el Parlamento en 2010, prohíbe cualquier actividad industrial en áreas glaciares o periglaciares de la cordillera, el Ministerio de Ambiente publicó recientemente un documento en el que informa de que existen hasta 44 emprendimientos mineros en este tipo de espacios protegidos.
"El Gobierno parece promover la actividad minera en detrimento del medioambiente", denunció Strano a Efe, a la vez que criticó que Macri aprobara poco después de asumir como presidente la eliminación de las retenciones al sector minero "como un premio a la actividad que tanto daño hace a nuestros recursos hídricos".
"Es importante que Macri se ponga la camiseta de los glaciares y cierre la mina de Veladero", zanjó.
No obstante, para el portavoz de Greenpeace, la inacción de este Gobierno ante lo que consideran una ataque a la naturaleza trasciende el signo ideológico, ya que, dijo, "todos los Gobiernos desde Carlos Ménem han apoyado al sector minero sin preocuparse por el medio ambiente".
"La anterior presidenta, Cristina Fernández, se juntó cuatro veces con el CEO de la Barrick Gold, Peter Munk, y nunca con un asambleísta minero", recordó al término de la protesta, que duró escasos minutos, ya que los activistas fueron rápidamente desalojados por los efectivos policiales que custodian la zona.
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Fecha de Publicación: 14/11/2016
Fuente: Yahoo Noticias
Provincia/Región: Nacional - San Juan
Greenpeace colocó hoy carros mineros llenos de calaveras color oro frente a la Casa Rosada para denunciar la supuesta connivencia del presidente argentino, Mauricio Macri, con la minera canadiense Barrick Gold, cuya actividad en el país, critica, es un atentado contra el medioambiente y los glaciares.
Vestidos de ejecutivos, con cascos de obra sobre la cabeza, 15 activistas de la ONG ambientalista se plantaron hoy en la porteña Plaza de Mayo con el mensaje "Macri, los glaciares no se tocan", y pidieron al mandatario que cumpla la ley que prohíbe cualquier actividad minera cerca de áreas de glaciares.
Además, exigieron al dirigente que clausure la mina de Veladero, que explota Barrick Gold en la provincia de San Juan (oeste), donde en septiembre se produjo un derrame de cianuro, justo un año después de otro polémico escape de unos 1.072 metros cúbicos en la misma planta que todavía es investigado por la Justicia argentina.
"Veladero no solo viola la ley de glaciares, sino que fue la responsable de haber vertido más de un millón de litros de solución de cianuro en septiembre del año pasado en la tragedia más grande a nivel de minería que tuvo nuestro país", dijo a Efe Gonzalo Strano, coordinador de la campaña de Glaciares de la ONG en Argentina.
Mientras la legislación, sancionada por el Parlamento en 2010, prohíbe cualquier actividad industrial en áreas glaciares o periglaciares de la cordillera, el Ministerio de Ambiente publicó recientemente un documento en el que informa de que existen hasta 44 emprendimientos mineros en este tipo de espacios protegidos.
"El Gobierno parece promover la actividad minera en detrimento del medioambiente", denunció Strano a Efe, a la vez que criticó que Macri aprobara poco después de asumir como presidente la eliminación de las retenciones al sector minero "como un premio a la actividad que tanto daño hace a nuestros recursos hídricos".
"Es importante que Macri se ponga la camiseta de los glaciares y cierre la mina de Veladero", zanjó.
No obstante, para el portavoz de Greenpeace, la inacción de este Gobierno ante lo que consideran una ataque a la naturaleza trasciende el signo ideológico, ya que, dijo, "todos los Gobiernos desde Carlos Ménem han apoyado al sector minero sin preocuparse por el medio ambiente".
"La anterior presidenta, Cristina Fernández, se juntó cuatro veces con el CEO de la Barrick Gold, Peter Munk, y nunca con un asambleísta minero", recordó al término de la protesta, que duró escasos minutos, ya que los activistas fueron rápidamente desalojados por los efectivos policiales que custodian la zona.
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La CSJ llamó a audiencia pública por el Riachuelo
Riachuelo: la Corte Suprema convocó a una audiencia pública
Fecha de Publicación: 12/11/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
La Corte Suprema de Justicia convocó a una audiencia pública para conocer el grado de avance en el plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.
La audiencia tendrá lugar el próximo miércoles 30 de noviembre a las 10. Deberán asistir representantes de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), y los estados nacional, de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, serán oídas por el Tribunal la Auditoría General de la Nación y las organizaciones sociales que intervienen en la causa, según detalló NA.
Hace cinco años, mediante un histórico fallo, la Corte Suprema de Justicia intimó al Estado nacional, a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad a recomponer el daño ambiental existente en la Cuenca Matanza-Riachuelo, aunque todavía quedan muchas cuentas pendientes.
En aquella disposición se estableció un programa de políticas públicas de cumplimiento obligatorio, determinando a los responsables de llevar adelante las acciones y las obras de saneamiento, además del plazo en que deberán ser concretadas.
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Fecha de Publicación: 12/11/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
La Corte Suprema de Justicia convocó a una audiencia pública para conocer el grado de avance en el plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.
La audiencia tendrá lugar el próximo miércoles 30 de noviembre a las 10. Deberán asistir representantes de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), y los estados nacional, de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, serán oídas por el Tribunal la Auditoría General de la Nación y las organizaciones sociales que intervienen en la causa, según detalló NA.
Hace cinco años, mediante un histórico fallo, la Corte Suprema de Justicia intimó al Estado nacional, a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad a recomponer el daño ambiental existente en la Cuenca Matanza-Riachuelo, aunque todavía quedan muchas cuentas pendientes.
En aquella disposición se estableció un programa de políticas públicas de cumplimiento obligatorio, determinando a los responsables de llevar adelante las acciones y las obras de saneamiento, además del plazo en que deberán ser concretadas.
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Firman “Acuerdo Federal sobre Cambio Climático”
El Gobierno prepara un 'Indec ambiental'
Fecha de Publicación: 11/11/2016
Fuente: Revista Claves 21
Provincia/Región: Nacional
En el marco de la firma de un “Acuerdo Federal sobre Cambio Climático” entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y las autoridades ambientales de cada una de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, el ministro Sergio Bergman expresó que prevé la conformación de un “Indec ambiental”. De qué se trata.
Esta tarde se llevó a cabo en Casa Rosada una asamblea extraordinaria del Consejo Federal de Medio Ambiente, COFEMA, en la que se firmó un acuerdo de cara a las negociaciones de la delegación argentina en la Conferencia sobre Cambio Climático –COP22– que arrancó ayer en Marrakech, Marruecos.
El acuerdo consiste en el compromiso de las autoridades nacionales de representar “la agenda federal de cambio climático”, incorporando propuestas hechas por las provincias al plan nacional de medidas contra el cambio climático presentado ante Naciones Unidas. Además, el gobierno de Macri se compromete a facilitar el financiamiento internacional a las provincias en acciones de mitigación y/o adaptación del cambio climático.
En su intervención, el subsecretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Carlos Gentile, explicó el trabajo de revisión de la contribución argentina presentada en la ONU y aseguró que durante 2017 el Ministerio de Ambiente seguirá trabajando para “mejorar y hacer más ambiciosa” esa contribución, al tiempo que mencionó que están trabajando en la creación de “un Indec ambiental en coordinación con las provincias”.
Claves21 consultó al ministro Sergio Bergman sobre la idea de este “Indec ambiental“. Al respecto, el funcionario expresó que si bien “el Indec ya tiene algunos indicadores ambientales, la Argentina no tiene un sistema independiente de monitoreo de los índices que tienen impacto en los indicadores (de cambio climático)”.
Según Bergman, este “Indec ambiental” atenderá las demandas de la financiación internacional “que pide líneas de base y referencias claras”, así como también, aportará al informe anual del Presidente ante el Congreso de la Nación.
“Así como se dibujó en su momento al Indec en lo económico, nunca se establecieron parámetros medioambientales y tenemos que ser serios y consistentes en términos de tener indicadores“, concluyó Bergman.
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Fecha de Publicación: 11/11/2016
Fuente: Revista Claves 21
Provincia/Región: Nacional
En el marco de la firma de un “Acuerdo Federal sobre Cambio Climático” entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y las autoridades ambientales de cada una de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, el ministro Sergio Bergman expresó que prevé la conformación de un “Indec ambiental”. De qué se trata.
Esta tarde se llevó a cabo en Casa Rosada una asamblea extraordinaria del Consejo Federal de Medio Ambiente, COFEMA, en la que se firmó un acuerdo de cara a las negociaciones de la delegación argentina en la Conferencia sobre Cambio Climático –COP22– que arrancó ayer en Marrakech, Marruecos.
El acuerdo consiste en el compromiso de las autoridades nacionales de representar “la agenda federal de cambio climático”, incorporando propuestas hechas por las provincias al plan nacional de medidas contra el cambio climático presentado ante Naciones Unidas. Además, el gobierno de Macri se compromete a facilitar el financiamiento internacional a las provincias en acciones de mitigación y/o adaptación del cambio climático.
En su intervención, el subsecretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Carlos Gentile, explicó el trabajo de revisión de la contribución argentina presentada en la ONU y aseguró que durante 2017 el Ministerio de Ambiente seguirá trabajando para “mejorar y hacer más ambiciosa” esa contribución, al tiempo que mencionó que están trabajando en la creación de “un Indec ambiental en coordinación con las provincias”.
Claves21 consultó al ministro Sergio Bergman sobre la idea de este “Indec ambiental“. Al respecto, el funcionario expresó que si bien “el Indec ya tiene algunos indicadores ambientales, la Argentina no tiene un sistema independiente de monitoreo de los índices que tienen impacto en los indicadores (de cambio climático)”.
Según Bergman, este “Indec ambiental” atenderá las demandas de la financiación internacional “que pide líneas de base y referencias claras”, así como también, aportará al informe anual del Presidente ante el Congreso de la Nación.
“Así como se dibujó en su momento al Indec en lo económico, nunca se establecieron parámetros medioambientales y tenemos que ser serios y consistentes en términos de tener indicadores“, concluyó Bergman.
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“Que vaya preso quien desmonte de manera ilegal”
Rabino Bergman: “Es hora de que vaya preso quien desmonte de manera ilegal”
Fecha de Publicación: 01/11/2016
Fuente: El Ciudadano (Mendoza)
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, aseguró que es hora de que los jueces actúen en las provincias y encarcelen a quienes realizan desmontes ilegales, porque hay que poner límites para esa actividad.
En una entrevista exclusiva con NA, el funcionario dijo también que el debate sobre la megaminería a cielo abierto debería volver al Congreso para la sanción de una ley y denunció “acuerdo espurios” entre el anterior Gobierno, algunas provincias y empresas para la explotación de minerales “sin controles”.
Bergman también explicó los planes oficiales para los basurales a cielo abierto en toda la Argentina.
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Fecha de Publicación: 01/11/2016
Fuente: El Ciudadano (Mendoza)
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, aseguró que es hora de que los jueces actúen en las provincias y encarcelen a quienes realizan desmontes ilegales, porque hay que poner límites para esa actividad.
En una entrevista exclusiva con NA, el funcionario dijo también que el debate sobre la megaminería a cielo abierto debería volver al Congreso para la sanción de una ley y denunció “acuerdo espurios” entre el anterior Gobierno, algunas provincias y empresas para la explotación de minerales “sin controles”.
Bergman también explicó los planes oficiales para los basurales a cielo abierto en toda la Argentina.
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Impulsan "Compromiso Federal sobre cambio climático"
Provincias y Nación firmarán un Compromiso Federal sobre cambio climático
Fecha de Publicación: 30/10/2016
Fuente: lalicuadoratdf.com.ar
Provincia/Región: Nacional
El secretario de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, Mauro Pérez Toscani, en carácter de Coordinador de la comisión de Cambio Climático del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), se reunió con autoridades nacionales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable para avanzar en temas de importancia federal referidos al cambio climático.
Participaron del encuentro, además, el secretario de Coordinación Interjurisdiccional del Ministerio de Ambiente de la Nación, Lucas Martin Figueras, el subsecretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Bruno Gentile y la Directora Nacional de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable Soledad Aguilar; y referentes de distintas provincias, quienes trabajaron sobre los puntos fundamentales de lo que se conocerá como ´Compromiso Federal´, proyectos de adaptación y mitigación al cambio climático, así como también un programa de capacitación en inventarios sobre las emisiones.
Perez Toscani informó que “se definió el contenido para una agenda de trabajo y el Compromiso Federal sobre cambio climático, que estarían firmando los gobernadores y el Presidente en los próximos días”, luego de que estos puntos sean analizados con el Poder Ejecutivo de cada provincia.
“En este compromiso se presentan las contribuciones nacionales y los gobernadores expresan su apoyo a la definición de una política nacional de cambio climático para lograr la adaptación y mitigación de los gases del efecto invernadero, que se llevará adelante a través del gabinete nacional de cambio climático en articulación con el COFEMA” remarcó el funcionario.
El Estado nacional ya presentó el Plan de Cambio Climático será también expuesto en la próxima COP 22, la Conferencia Mundial sobre cambio climático que organiza Naciones Unidas y que se llevará a cabo en la ciudad de Marrakech, Marruecos, entre el 11 y el 18 de noviembre. De esa conferencia participarán autoridades nacionales y representantes del COFEMA.
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Fecha de Publicación: 30/10/2016
Fuente: lalicuadoratdf.com.ar
Provincia/Región: Nacional
El secretario de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, Mauro Pérez Toscani, en carácter de Coordinador de la comisión de Cambio Climático del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), se reunió con autoridades nacionales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable para avanzar en temas de importancia federal referidos al cambio climático.
Participaron del encuentro, además, el secretario de Coordinación Interjurisdiccional del Ministerio de Ambiente de la Nación, Lucas Martin Figueras, el subsecretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Bruno Gentile y la Directora Nacional de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable Soledad Aguilar; y referentes de distintas provincias, quienes trabajaron sobre los puntos fundamentales de lo que se conocerá como ´Compromiso Federal´, proyectos de adaptación y mitigación al cambio climático, así como también un programa de capacitación en inventarios sobre las emisiones.
Perez Toscani informó que “se definió el contenido para una agenda de trabajo y el Compromiso Federal sobre cambio climático, que estarían firmando los gobernadores y el Presidente en los próximos días”, luego de que estos puntos sean analizados con el Poder Ejecutivo de cada provincia.
“En este compromiso se presentan las contribuciones nacionales y los gobernadores expresan su apoyo a la definición de una política nacional de cambio climático para lograr la adaptación y mitigación de los gases del efecto invernadero, que se llevará adelante a través del gabinete nacional de cambio climático en articulación con el COFEMA” remarcó el funcionario.
El Estado nacional ya presentó el Plan de Cambio Climático será también expuesto en la próxima COP 22, la Conferencia Mundial sobre cambio climático que organiza Naciones Unidas y que se llevará a cabo en la ciudad de Marrakech, Marruecos, entre el 11 y el 18 de noviembre. De esa conferencia participarán autoridades nacionales y representantes del COFEMA.
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Misiones recibirá 2,70 pesos por hectárea para bosque
Misiones recibirá otra vez 'migajas' en el reparto de la Ley de Bosques
Fecha de Publicación: 25/10/2016
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
La Provincia percibe, en promedio, 2,70 pesos por hectárea protegida, un monto exiguo que no sirve para cumplir con los objetivos de protección del monte. Nuevamente se iniciaron los reclamos ante la Nación.
Es que el exiguo fondo es una sábana corta que nunca alcanza para cumplir los objetivos de preservación y protección del medio ambiente y de los montes nativos, por lo que año tras año, decenas de propietarios de lotes alcanzados por la regulación ambiental se quedan sin recibir un solo peso y deben afrontar por su cuenta los gastos de preservación, que incluyen el mantenimiento de caminos, la protección de intrusiones, la lucha contra la caza ilegal y la tala prohibida, y el avance de la frontera agrícola mediante rozados para conseguir tierras donde cultivar. Todo ello sin poder tocar su propio terreno, o con limitaciones serias respecto del tipo de explotación dentro de los predios declarados reserva o áreas protegidas.
Con 1.300.000 hectáreas bajo alguno de los regímenes de conservación (reservas naturales provinciales, parques provinciales, parques nacionales, monumento nacional, reserva íctica, reserva natural cultural, reserva de usos múltiples, reserva de Biósfera, corredor verde, reserva municipal) la provincia es una de las que mayor porcentaje total de su territorio protege, con casi el 40% de sus tierras comprendidas por leyes que limitan su explotación. Pero el reparto nacional no contempla este “sacrificio”, como tampoco los niveles de biodiversidad que se encuentran en estas tierras protegidas.
Como resultado, este año el gobierno nacional todavía le adeuda a la provincia los 7.550.000 pesos que destinó por todo concepto por 2016 y piensa repetir la cifra, con apenas un 10% de aumento, para 2017. Mientras, provincias como Córdoba, Santiago del Estero o La Pampa reciben entre 18 y 30 millones y la porción de los fondos que le toca a la tierra colorada es casi similar a los que les toca a Entre Ríos o Neuquén, que no tienen el último resquicio de selva paranaense del mundo dentro de su territorio.
“Monedas” para el reparto
La situación de carencia en la aplicación de la Ley de Bosques se repite desde que se puso en vigencia la norma. La Ley 26.331 fue sancionada el 28 de noviembre de 2007, estableciendo que el monto asignado para su cumplimiento no podría ser inferior al 0,3% del total del presupuesto. Este es otro de los conceptos que durante sus 9 años de vigencia (2008-2016) nunca se cumplió.
Ya en 2013 comenzó a notarse una notable baja en las partidas que cayeron ese año a $253.000.000. Los montos mermaron otra vez en 2014 con $247.043.707 y en 2015 con $246.450.000. En este último período, los fondos tuvieron que ser distribuidos entre veintidós provincias, cuando inicialmente las beneficiarias eran sólo quince. En otras palabras, el presupuesto inicial disminuyó un 18% en seis años mientras que aumentó la cantidad de invitados a la torta.
Parece que la situación no va a cambiar con Macri en el Poder, ya que los montos del Proyecto de Presupuesto General de Gastos y Recursos de 2017 para repartir entre las provincias alcanzadas, son apenas un poco superiores a los de este año. Para 2016 se destinaron $224.052.000. En 2017, el gobierno destinará 246.478.000, apenas 22 millones más.
El 70% de los fondos que llega a cada provincia debe destinarse a sostener los planes de conservación presentados por los propietarios de tierras comprendidas en las áreas protegidas, en especial a las que están en zonas de alta protección según el ordenamiento territorial. El 30% restante se destina a las áreas gubernamentales destinadas a la Ecología, que en el caso de Misiones, es el ministerio correspondiente.
Este año, los siete millones y medio todavía no llegaron y el efecto de la inflación ya se comió casi la mitad del poder adquisitivo de las partidas, con ocho meses de retraso. Desde el Ministerio también resignaron el porcentaje de fortalecimiento para destinar esos fondos a una reserva privada que tenía su plan de manejo aprobado, pero que por la disminución de las partidas, quedó afuera.
Reclamos misioneros
Varios sectores se movilizaron en los últimos días para ver si logran un cambio en el destino de las partidas presupuestarias antes de que el proyecto de Presupuesto finalmente se apruebe en el Congreso de la Nación.
Los legisladores nacionales Luis Pastori y Jorge Franco presentaron iniciativas para que se contemple un aumento progresivo de los fondos que le tocan a la provincia, y tuvieron el apoyo de más de treinta parlamentarios.
“El monto previsto en el proyecto para el año 2017 sigue siendo insuficiente por lo que hemos solicitado a la Comisión de Presupuesto un incremento considerable para el próximo ejercicio para llevarlo progresivamente en los próximos tres años al importe que prescribe la ley”, explicó Pastori a PRIMERA EDICIÓN.
Paralelamente la ministra de Ecología y Recursos Naturales, Verónica Derna, participó este viernes de la última asamblea extraordinaria del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) donde elaboraron un fuerte documento con solicitudes concretas al gobierno nacional respecto de los fondos.
“Se le agradeció al Ministerio de Medio Ambiente Nacional las gestiones que realizó para obtener un aumento de partidas mediante solicitudes formales, pero a la fecha no se logró ese resultado”, confió la titular del área, por lo que espera un mejor resultado a partir del reclamo conjunto de todas las provincias.
El documento del Cofema solicita que el gobierno nacional aumente los fondos progresivamente, que el monto de transferencia de 2016 sea considerado el piso mínimo para que los porcentajes no sigan disminuyendo drásticamente, que se acorten los plazos de transferencia y que acoten los pasos burocráticos para lasa rendiciones.
Reservas privadas, grandes perjudicadas
En Misiones hay 22 reservas privadas cuyos dueños protegen 10.450 hectáreas y que en teoría, debieran recibir los fondos de la Ley de Bosques por los servicios ambientales. Para ello primero tienen que elaborar -contratando a los técnicos correspondientes- un plan de manejo que de ser aprobado, entra en el reparto. Pero todos los años y por la escasez de fondos, desde el gobierno provincial literalmente visten a un santo para desvestir a otro.
En 2016 sólo siete reservas recibirán fondos provenientes de Nación para sostenerse y el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales renovables decidió hasta resignar el 30% que debió usar para fortalecimiento, y destinarlo a una reserva más.
Entre los varios casos de propietarios de reservas que la están pasando muy mal por falta de apoyo económico hay algunos más graves que otros.
Martín González, de la Reserva Yaguaroundí, protege como puede 400 hectáreas de monte en Fracrán, declaradas bajo el régimen especial desde 1999.
En 2014 “recibimos los fondos de la Ley de Bosques, unos 250 mil pesos. Fue la única vez, pero logramos hacer cartelería indicativa, reparación de miles de metros de senderos, se plantaron 800 renovables nativos, mantenimiento general, compra de herramientas, etc. Un año muy, muy, productivo. Nunca más recibimos el aporte. En este pedazo de monte se asienta una aldea mbya y ya el territorio es de ellos. Lo único que espero es poder generar alguna alternativa para ayudarlos a que tengan acceso a la educación, especialmente educación ambiental, y a la salud básica”, contó este soñador que pasó las mil y una para mantener su propiedad lo menos afectada posible por cazadores furtivos y ladrones de madera, contra quienes se enfrentó, sólo y sin defensas, en más de una oportunidad.
Otra de las reservas privadas que se encuentra en una situación crítica es la de Omar Aouada, que preserva 440 hectáreas de monte en la zona rural de Jardín América. Su predio “Ecos del Paraíso” está bajo el régimen de protección desde 1999 y al igual que Yaguaroundí, recibió fondos de la Ley de Bosques una sola vez, cuando en 2014 le llegó el aporte que le aprobaron para 2012, o sea, dos años de demoras. Solo, sin apoyo de ningún tipo, Omar se encuentra cada vez con más frecuencia con los claros abiertos por los furtivos y ladrones de madera y como puede, mantiene los caminos internos mínimamente transitables, ya que si llegaran a cerrarse del todo, el predio se volvería impenetrable para él y para los estudiantes e investigadores que de vez en cuando realizan experiencias en el pequeño pedazo de cielo, pero no para los delincuentes.
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Fecha de Publicación: 25/10/2016
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
La Provincia percibe, en promedio, 2,70 pesos por hectárea protegida, un monto exiguo que no sirve para cumplir con los objetivos de protección del monte. Nuevamente se iniciaron los reclamos ante la Nación.
Es que el exiguo fondo es una sábana corta que nunca alcanza para cumplir los objetivos de preservación y protección del medio ambiente y de los montes nativos, por lo que año tras año, decenas de propietarios de lotes alcanzados por la regulación ambiental se quedan sin recibir un solo peso y deben afrontar por su cuenta los gastos de preservación, que incluyen el mantenimiento de caminos, la protección de intrusiones, la lucha contra la caza ilegal y la tala prohibida, y el avance de la frontera agrícola mediante rozados para conseguir tierras donde cultivar. Todo ello sin poder tocar su propio terreno, o con limitaciones serias respecto del tipo de explotación dentro de los predios declarados reserva o áreas protegidas.
Con 1.300.000 hectáreas bajo alguno de los regímenes de conservación (reservas naturales provinciales, parques provinciales, parques nacionales, monumento nacional, reserva íctica, reserva natural cultural, reserva de usos múltiples, reserva de Biósfera, corredor verde, reserva municipal) la provincia es una de las que mayor porcentaje total de su territorio protege, con casi el 40% de sus tierras comprendidas por leyes que limitan su explotación. Pero el reparto nacional no contempla este “sacrificio”, como tampoco los niveles de biodiversidad que se encuentran en estas tierras protegidas.
Como resultado, este año el gobierno nacional todavía le adeuda a la provincia los 7.550.000 pesos que destinó por todo concepto por 2016 y piensa repetir la cifra, con apenas un 10% de aumento, para 2017. Mientras, provincias como Córdoba, Santiago del Estero o La Pampa reciben entre 18 y 30 millones y la porción de los fondos que le toca a la tierra colorada es casi similar a los que les toca a Entre Ríos o Neuquén, que no tienen el último resquicio de selva paranaense del mundo dentro de su territorio.
“Monedas” para el reparto
La situación de carencia en la aplicación de la Ley de Bosques se repite desde que se puso en vigencia la norma. La Ley 26.331 fue sancionada el 28 de noviembre de 2007, estableciendo que el monto asignado para su cumplimiento no podría ser inferior al 0,3% del total del presupuesto. Este es otro de los conceptos que durante sus 9 años de vigencia (2008-2016) nunca se cumplió.
Ya en 2013 comenzó a notarse una notable baja en las partidas que cayeron ese año a $253.000.000. Los montos mermaron otra vez en 2014 con $247.043.707 y en 2015 con $246.450.000. En este último período, los fondos tuvieron que ser distribuidos entre veintidós provincias, cuando inicialmente las beneficiarias eran sólo quince. En otras palabras, el presupuesto inicial disminuyó un 18% en seis años mientras que aumentó la cantidad de invitados a la torta.
Parece que la situación no va a cambiar con Macri en el Poder, ya que los montos del Proyecto de Presupuesto General de Gastos y Recursos de 2017 para repartir entre las provincias alcanzadas, son apenas un poco superiores a los de este año. Para 2016 se destinaron $224.052.000. En 2017, el gobierno destinará 246.478.000, apenas 22 millones más.
El 70% de los fondos que llega a cada provincia debe destinarse a sostener los planes de conservación presentados por los propietarios de tierras comprendidas en las áreas protegidas, en especial a las que están en zonas de alta protección según el ordenamiento territorial. El 30% restante se destina a las áreas gubernamentales destinadas a la Ecología, que en el caso de Misiones, es el ministerio correspondiente.
Este año, los siete millones y medio todavía no llegaron y el efecto de la inflación ya se comió casi la mitad del poder adquisitivo de las partidas, con ocho meses de retraso. Desde el Ministerio también resignaron el porcentaje de fortalecimiento para destinar esos fondos a una reserva privada que tenía su plan de manejo aprobado, pero que por la disminución de las partidas, quedó afuera.
Reclamos misioneros
Varios sectores se movilizaron en los últimos días para ver si logran un cambio en el destino de las partidas presupuestarias antes de que el proyecto de Presupuesto finalmente se apruebe en el Congreso de la Nación.
Los legisladores nacionales Luis Pastori y Jorge Franco presentaron iniciativas para que se contemple un aumento progresivo de los fondos que le tocan a la provincia, y tuvieron el apoyo de más de treinta parlamentarios.
“El monto previsto en el proyecto para el año 2017 sigue siendo insuficiente por lo que hemos solicitado a la Comisión de Presupuesto un incremento considerable para el próximo ejercicio para llevarlo progresivamente en los próximos tres años al importe que prescribe la ley”, explicó Pastori a PRIMERA EDICIÓN.
Paralelamente la ministra de Ecología y Recursos Naturales, Verónica Derna, participó este viernes de la última asamblea extraordinaria del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) donde elaboraron un fuerte documento con solicitudes concretas al gobierno nacional respecto de los fondos.
“Se le agradeció al Ministerio de Medio Ambiente Nacional las gestiones que realizó para obtener un aumento de partidas mediante solicitudes formales, pero a la fecha no se logró ese resultado”, confió la titular del área, por lo que espera un mejor resultado a partir del reclamo conjunto de todas las provincias.
El documento del Cofema solicita que el gobierno nacional aumente los fondos progresivamente, que el monto de transferencia de 2016 sea considerado el piso mínimo para que los porcentajes no sigan disminuyendo drásticamente, que se acorten los plazos de transferencia y que acoten los pasos burocráticos para lasa rendiciones.
Reservas privadas, grandes perjudicadas
En Misiones hay 22 reservas privadas cuyos dueños protegen 10.450 hectáreas y que en teoría, debieran recibir los fondos de la Ley de Bosques por los servicios ambientales. Para ello primero tienen que elaborar -contratando a los técnicos correspondientes- un plan de manejo que de ser aprobado, entra en el reparto. Pero todos los años y por la escasez de fondos, desde el gobierno provincial literalmente visten a un santo para desvestir a otro.
En 2016 sólo siete reservas recibirán fondos provenientes de Nación para sostenerse y el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales renovables decidió hasta resignar el 30% que debió usar para fortalecimiento, y destinarlo a una reserva más.
Entre los varios casos de propietarios de reservas que la están pasando muy mal por falta de apoyo económico hay algunos más graves que otros.
Martín González, de la Reserva Yaguaroundí, protege como puede 400 hectáreas de monte en Fracrán, declaradas bajo el régimen especial desde 1999.
En 2014 “recibimos los fondos de la Ley de Bosques, unos 250 mil pesos. Fue la única vez, pero logramos hacer cartelería indicativa, reparación de miles de metros de senderos, se plantaron 800 renovables nativos, mantenimiento general, compra de herramientas, etc. Un año muy, muy, productivo. Nunca más recibimos el aporte. En este pedazo de monte se asienta una aldea mbya y ya el territorio es de ellos. Lo único que espero es poder generar alguna alternativa para ayudarlos a que tengan acceso a la educación, especialmente educación ambiental, y a la salud básica”, contó este soñador que pasó las mil y una para mantener su propiedad lo menos afectada posible por cazadores furtivos y ladrones de madera, contra quienes se enfrentó, sólo y sin defensas, en más de una oportunidad.
Otra de las reservas privadas que se encuentra en una situación crítica es la de Omar Aouada, que preserva 440 hectáreas de monte en la zona rural de Jardín América. Su predio “Ecos del Paraíso” está bajo el régimen de protección desde 1999 y al igual que Yaguaroundí, recibió fondos de la Ley de Bosques una sola vez, cuando en 2014 le llegó el aporte que le aprobaron para 2012, o sea, dos años de demoras. Solo, sin apoyo de ningún tipo, Omar se encuentra cada vez con más frecuencia con los claros abiertos por los furtivos y ladrones de madera y como puede, mantiene los caminos internos mínimamente transitables, ya que si llegaran a cerrarse del todo, el predio se volvería impenetrable para él y para los estudiantes e investigadores que de vez en cuando realizan experiencias en el pequeño pedazo de cielo, pero no para los delincuentes.
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El presupuesto da luz verde a la deforestación
Falta de fondos da luz verde a la deforestación
Fecha de Publicación: 24/10/2016
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Nacional
El Presupuesto Nacional 2017 asigna $ 250 millones a la conservación de bosques nativos, representando esto solo 4% de lo que corresponde por ley, mientras la tala ilegal avanza en zonas como el Impenetrable.
Uno, dos, tres... el conteo continúa. Son más de 350 los kilómetros que separan al corazón del Impenetrable chaqueño de Resistencia, capital de la provincia gobernada por Domingo Peppo. Y, al recorrerlos, resulta casi imposible no cruzarse con camiones con acoplados cargados de troncos y más troncos de árboles recién talados. Según los locales, en Miraflores (una de las "puertas de acceso" al monte), pueden observarse pasar no menos de cinco a diez camiones -algunos con guía (que habilita el traslado de dicho producto), otros sin ella- por día. El volumen asusta, sobre todo si se considera que cada uno arrastra consigo entre 30 y 40 toneladas de madera extraída, no siempre legalmente, de su lugar de origen.
"Hay tala, y mucha. No solo ilegal, sino descontrolada", confirma Riccardo Tiddi, especialista de Conservation Land Trust (CLT), la organización creada por el difunto Douglas Tompkins, que tiene presencia desde hace años en la zona, con motivo de la creación del Parque Nacional El Impenetrable (ver recuadro). El desmonte del Gran Chaco Americano, cuenta, es "muy acelerado" y, en esta provincia en particular, la preocupación primera radica en el aprovechamiento forestal.
"Se está explotando muy rápidamente y todas las especies son árboles de crecimiento muy lento (por el clima seco y las elevadas temperaturas). Un aprovechamiento es solo sustentable cuando se respetan los ratios de crecimiento", define, al tiempo que advierte que, de continuar constante esta tendencia, en una o dos décadas se podría llegar al agotamiento del recurso.
Las palabras de Tiddi no hacen sino describir el escenario con el que el visitante se enfrenta al adentrarse en el Impenetrable, este bosque nativo al que -de acuerdo a la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal de la, entonces, Secretaría de Medio Ambiente- corresponde más del 60% de las 1,11 millones de hectáreas que desaparecieron entre 1998 y 2006.
De los quebrachos colorados, palo santos y algarrobos que antes caracterizaban su flora, hoy poco queda. Los ejemplares centenarios (exceptuando aquellos que residen dentro de las 128.000 hectáreas que constituirán el Parque Nacional El Impenetrable) son cada vez más difíciles de hallar. Las secuelas de la deforestación, en cambio, se observan en todas partes.
El tipo de monte está cambiando, su cara mutando y, con ello, también su significado tanto biológico como económico. Tal como señala el italiano que, desde hace años, tomó residencia en Chaco y lidera los equipos de CLT en el terreno, en el Impenetrable "hoy se están arbustificando los pastizales, y sacando los ejemplares más altos y viejos". En su lugar, en el monte actualmente abundan los cardones y viñales, los últimos impidiendo la aparición de cualquier otro tipo de vegetación a su paso. La tierra está árida, y cuesta imaginar que una especie nativa pueda florecer nuevamente de ella. Y, si en reforestación se piensa, solo baste saber que el ratio de crecimiento de, por ejemplo, el quebracho colorado, se estima en un centímetro al año como máximo en el caso del diámetro y de 10 a 15 centímetros en el de la altura.
El precio de la madera
Según pudo saber El Cronista, la tonelada de otra de las especies en peligro de extinción en la zona, el algarrobo, se paga entre $ 300 y $ 400 la tonelada al momento de la extracción. Al arribar a Resistencia, el precio puede haber ascendido a $ 1.500, en tanto, de llegar a Buenos Aires, este se multiplica por diez.
Si bien estos valores son solo estimativos, explican parte de las condiciones que incentivan el aumento de la deforestación. Otras son el cambio de uso del suelo y la ampliación de la frontera agrícola (particularmente de la soja, cuyas retenciones fueron reducidas), aunque no es este el principal peligro en el Impenetrable chaqueño.
La respuesta del Estado frente a estas amenazas tomó forma en 2007 con la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos -mejor conocida como Ley de Bosques. Sin embargo, la irregularidad de su aplicación, y la escasa asignación de recursos al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, la convirtieron en un instrumento poco hábil a la hora de desmotivar el avance de la deforestación.
De acuerdo a los cálculos de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), en su primer año de implementación, 2010, el Presupuesto Nacional solo proveyó al fondo del 24% de lo que, por ley, debía asignársele, con el agravante de que, luego, más del 50% de ese dinero fue reasignado al programa "Fútbol para Todos". Desde entonces hasta hoy, el porcentaje no ha hecho sino disminuir, colocándose en el último presupuesto kirchnerista en 5%.
"De cumplirse la Ley de Bosques, el monto asignado en 2017 para proteger y conservar los bosques no debiera ser menor a $ 7.000 millones. Sin embargo, desde la sanción de la norma en 2007, su correcta implementación todavía es una cuenta pendiente. Entre 2010 y 2015 se otorgaron $ 1.239 millones en vez de los $ 14.750 millones correspondientes, lo que implica que se asignó solo el 8,5% de los fondos estipulados por ley", advierten desde Fundación Vida Silvestre Argentina.
Ahora bien, de cara al año que viene, y pese al cambio de Gobierno, la situación no mejoró. El monto destinado en esta ocasión no se acerca a los $ 7.000 millones establecidos por ley y reclamados por diversas organizaciones ambientalistas. Por el contrario, el porcentaje se redujo en un punto: $ 270 millones se destinaron al fondo en el Presupuesto 2017, equivalentes al 4% de lo que la ley demanda.
"En el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos considero también al Programa Nacional de Protección de Bosques Nativos, que son $ 27 millones más. También tengo presente los derechos a la exportación, porque, por ley, se deben considerar en el fondo. Y el monto me da un 4%", puntualiza María Marta Di Paola, coordinadora en Economía y Política Ambiental de FARN.
¿Cuánto es este dinero si se lo distribuye por hectárea de bosque nativo? "Hay 53 millones de hectáreas de bosque nativo, pero allí están contabilizadas las tres categorías.
A los que están en categoría verde (sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse), no les corresponderían fondos. Si consideramos las categorías roja (sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse) y amarilla (sectores de mediano valor de conservación), suman 41 millones de hectáreas. Lo que se les estaría dando es $ 7 por hectárea por año", responde la especialista. Y acota: "Esto es netamente lo que va a las provincias. El 30% de ese monto queda en administración y el 70% es lo que va a protección. Entonces, si se descuenta eso, son $ 5 netos que van por hectárea durante 2017".
Ejecución
Según explica una fuente que recorre pasillos ministeriales, algunas cosas sí habrían mejorado con la llegada de Cambiemos al Ejecutivo nacional, a saber: la ejecución del total de lo presupuestado.
De lo asignado en la Ley de leyes para 2015 (5% de lo que correspondía), solo se había ejecutado el 26%. Tras asumir en diciembre de ese año, el Gobierno liderado por Mauricio Macri habría completado este faltante, transfiriendo unos $ 65 millones. De este modo, y sumado a lo que le asignó el Presupuesto 2016, durante el transcurso de este año, se pagarían más de $ 360 millones al Fondo de Conservación. El compromiso para el año que viene es que, a diferencia de lo que históricamente sucede, el total de los $ 270 millones sean ejecutados y enviados a las provincias.
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Fecha de Publicación: 24/10/2016
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Nacional
El Presupuesto Nacional 2017 asigna $ 250 millones a la conservación de bosques nativos, representando esto solo 4% de lo que corresponde por ley, mientras la tala ilegal avanza en zonas como el Impenetrable.
Uno, dos, tres... el conteo continúa. Son más de 350 los kilómetros que separan al corazón del Impenetrable chaqueño de Resistencia, capital de la provincia gobernada por Domingo Peppo. Y, al recorrerlos, resulta casi imposible no cruzarse con camiones con acoplados cargados de troncos y más troncos de árboles recién talados. Según los locales, en Miraflores (una de las "puertas de acceso" al monte), pueden observarse pasar no menos de cinco a diez camiones -algunos con guía (que habilita el traslado de dicho producto), otros sin ella- por día. El volumen asusta, sobre todo si se considera que cada uno arrastra consigo entre 30 y 40 toneladas de madera extraída, no siempre legalmente, de su lugar de origen.
"Hay tala, y mucha. No solo ilegal, sino descontrolada", confirma Riccardo Tiddi, especialista de Conservation Land Trust (CLT), la organización creada por el difunto Douglas Tompkins, que tiene presencia desde hace años en la zona, con motivo de la creación del Parque Nacional El Impenetrable (ver recuadro). El desmonte del Gran Chaco Americano, cuenta, es "muy acelerado" y, en esta provincia en particular, la preocupación primera radica en el aprovechamiento forestal.
"Se está explotando muy rápidamente y todas las especies son árboles de crecimiento muy lento (por el clima seco y las elevadas temperaturas). Un aprovechamiento es solo sustentable cuando se respetan los ratios de crecimiento", define, al tiempo que advierte que, de continuar constante esta tendencia, en una o dos décadas se podría llegar al agotamiento del recurso.
Las palabras de Tiddi no hacen sino describir el escenario con el que el visitante se enfrenta al adentrarse en el Impenetrable, este bosque nativo al que -de acuerdo a la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal de la, entonces, Secretaría de Medio Ambiente- corresponde más del 60% de las 1,11 millones de hectáreas que desaparecieron entre 1998 y 2006.
De los quebrachos colorados, palo santos y algarrobos que antes caracterizaban su flora, hoy poco queda. Los ejemplares centenarios (exceptuando aquellos que residen dentro de las 128.000 hectáreas que constituirán el Parque Nacional El Impenetrable) son cada vez más difíciles de hallar. Las secuelas de la deforestación, en cambio, se observan en todas partes.
El tipo de monte está cambiando, su cara mutando y, con ello, también su significado tanto biológico como económico. Tal como señala el italiano que, desde hace años, tomó residencia en Chaco y lidera los equipos de CLT en el terreno, en el Impenetrable "hoy se están arbustificando los pastizales, y sacando los ejemplares más altos y viejos". En su lugar, en el monte actualmente abundan los cardones y viñales, los últimos impidiendo la aparición de cualquier otro tipo de vegetación a su paso. La tierra está árida, y cuesta imaginar que una especie nativa pueda florecer nuevamente de ella. Y, si en reforestación se piensa, solo baste saber que el ratio de crecimiento de, por ejemplo, el quebracho colorado, se estima en un centímetro al año como máximo en el caso del diámetro y de 10 a 15 centímetros en el de la altura.
El precio de la madera
Según pudo saber El Cronista, la tonelada de otra de las especies en peligro de extinción en la zona, el algarrobo, se paga entre $ 300 y $ 400 la tonelada al momento de la extracción. Al arribar a Resistencia, el precio puede haber ascendido a $ 1.500, en tanto, de llegar a Buenos Aires, este se multiplica por diez.
Si bien estos valores son solo estimativos, explican parte de las condiciones que incentivan el aumento de la deforestación. Otras son el cambio de uso del suelo y la ampliación de la frontera agrícola (particularmente de la soja, cuyas retenciones fueron reducidas), aunque no es este el principal peligro en el Impenetrable chaqueño.
La respuesta del Estado frente a estas amenazas tomó forma en 2007 con la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos -mejor conocida como Ley de Bosques. Sin embargo, la irregularidad de su aplicación, y la escasa asignación de recursos al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, la convirtieron en un instrumento poco hábil a la hora de desmotivar el avance de la deforestación.
De acuerdo a los cálculos de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), en su primer año de implementación, 2010, el Presupuesto Nacional solo proveyó al fondo del 24% de lo que, por ley, debía asignársele, con el agravante de que, luego, más del 50% de ese dinero fue reasignado al programa "Fútbol para Todos". Desde entonces hasta hoy, el porcentaje no ha hecho sino disminuir, colocándose en el último presupuesto kirchnerista en 5%.
"De cumplirse la Ley de Bosques, el monto asignado en 2017 para proteger y conservar los bosques no debiera ser menor a $ 7.000 millones. Sin embargo, desde la sanción de la norma en 2007, su correcta implementación todavía es una cuenta pendiente. Entre 2010 y 2015 se otorgaron $ 1.239 millones en vez de los $ 14.750 millones correspondientes, lo que implica que se asignó solo el 8,5% de los fondos estipulados por ley", advierten desde Fundación Vida Silvestre Argentina.
Ahora bien, de cara al año que viene, y pese al cambio de Gobierno, la situación no mejoró. El monto destinado en esta ocasión no se acerca a los $ 7.000 millones establecidos por ley y reclamados por diversas organizaciones ambientalistas. Por el contrario, el porcentaje se redujo en un punto: $ 270 millones se destinaron al fondo en el Presupuesto 2017, equivalentes al 4% de lo que la ley demanda.
"En el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos considero también al Programa Nacional de Protección de Bosques Nativos, que son $ 27 millones más. También tengo presente los derechos a la exportación, porque, por ley, se deben considerar en el fondo. Y el monto me da un 4%", puntualiza María Marta Di Paola, coordinadora en Economía y Política Ambiental de FARN.
¿Cuánto es este dinero si se lo distribuye por hectárea de bosque nativo? "Hay 53 millones de hectáreas de bosque nativo, pero allí están contabilizadas las tres categorías.
A los que están en categoría verde (sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse), no les corresponderían fondos. Si consideramos las categorías roja (sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse) y amarilla (sectores de mediano valor de conservación), suman 41 millones de hectáreas. Lo que se les estaría dando es $ 7 por hectárea por año", responde la especialista. Y acota: "Esto es netamente lo que va a las provincias. El 30% de ese monto queda en administración y el 70% es lo que va a protección. Entonces, si se descuenta eso, son $ 5 netos que van por hectárea durante 2017".
Ejecución
Según explica una fuente que recorre pasillos ministeriales, algunas cosas sí habrían mejorado con la llegada de Cambiemos al Ejecutivo nacional, a saber: la ejecución del total de lo presupuestado.
De lo asignado en la Ley de leyes para 2015 (5% de lo que correspondía), solo se había ejecutado el 26%. Tras asumir en diciembre de ese año, el Gobierno liderado por Mauricio Macri habría completado este faltante, transfiriendo unos $ 65 millones. De este modo, y sumado a lo que le asignó el Presupuesto 2016, durante el transcurso de este año, se pagarían más de $ 360 millones al Fondo de Conservación. El compromiso para el año que viene es que, a diferencia de lo que históricamente sucede, el total de los $ 270 millones sean ejecutados y enviados a las provincias.
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Se viene el Nuevo Acuerdo Federal Minero
Nación y provincias se comprometen a un Nuevo Acuerdo Federal minero antes de fin de año
Fecha de Publicación: 23/10/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
El futuro acuerdo requerirá del entendimiento en los 39 puntos del borrador discutido desde el miércoles en el marco del Consejo Federal de Minería (Cofemin), en la Casa Rosada, para generar las condiciones para el desarrollo de la actividad.
El Gobierno nacional y las provincias se propusieron consensuar un Nuevo Acuerdo Federal Minero antes de fin de año, lo cual requerirá del entendimiento en los 39 puntos del borrador discutido desde el miércoles en el marco del Consejo Federal de Minería (Cofemin), en la Casa Rosada, para generar las condiciones para el desarrollo de la actividad.
“En la Nación y las provincias tenemos la responsabilidad de establecer las condiciones que permitan que la industria responsable se radique en la Argentina”, afirmó esta tarde el ministro de Energías y Minería, Juan José Aranguren, al cierre del evento del que participaron desde el miércoles representantes de las 23 provincias, legisladores nacionales y de las cámaras empresarias del sector, en la Casa de Gobierno.
El ministro explicó que “hoy se dieron los primeros pasos hacia un nuevo acuerdo al definir los temas a consensuar que deben formar parte de una política de Estado” con el compromiso de la Nación y de las provincias de “lograrlo en los próximos dos meses, antes de fin de año”.
En las tres jornadas la discusión primaria fue el temario que guiará el desarrollo del Acuerdo, el cual recibió varias modificaciones respecto a la propuesta inicial del Gobierno, y permitió consensuar el prólogo que dará lugar a los 39 puntos que ahora serán motivo de debate en las próximas semanas.
La tarea requerirá armonizar la preservación ambiental, la política impositiva, los controles desde la Nación y las provincias, la renta producto de la actividad y la responsabilidad comunitaria, mediante un intercambio de propuestas que se desarrollará a partir de hoy hasta la realización de la próxima reunión del Cofemin.
Al dirigirse a los representantes provinciales y nacionales que tienen a su cargo la negociación del acuerdo, Aranguren planteó que el presidente Mauricio Macri “está muy ansioso” por lograr esta herramienta “lo más rápido posible, porque el país y la sociedad requieren un trabajo diligente para lograr las condiciones de generar mas trabajo y reducir los niveles de pobreza”.
El ministro planteó, en ese mismo sentido, que el sector minero “puede discutir la renta, pero antes se debe decidir las condiciones por las cuales se quiere transformar los recursos en reservas, en producción y en riqueza para los argentinos”.
Respecto al objetivo de lograr un Nuevo Acuerdo Federal Minero, Aranguren dijo que este debate “no es reeditar nada de lo que se hizo en 1992” que en julio de 1993 derivó en la sanción legislativa de un acuerdo sectorial, sino que hoy “se busca generar las condiciones para el desarrollo de una industria de forma responsable y generar más puestos de trabajo, más riqueza para el país”.
Pero el titular de la cartera nacional, advirtió que “desarrollar los recursos mineros no tiene otra forma que hacerlo bien” lo cual afirmó implica: “controlar adecuadamente las explotaciones mineras, castigar a aquel que por falta de control o por una viveza mal entendida transforma al sector en algo que la sociedad no quiere y no puede aceptar”.
En ese mismo sentido, planteó que la nueva minería argentina tiene que “transformar o correr de lado a quien no se puede acomodar a una explotación responsable de un recurso que no es renovable”.
Si bien no hizo explícita su referencia al caso de la mina sanjuanina Veladero que sufrió distintos accidentes de seguridad ambiental, Aranguren al ser consultado por la prensa dijo que el futuro del proyecto “es decisión de la provincia de San Juan”, pero expresó que analizó con el gobernador Sergio Uñac “un accionar conjunto que tiende a ir preservando no sólo el recurso sino la posibilidad de desarrollar una actividad minera de forma responsable”.
A su turno, el secretario de Minería, Daniel Meilán, quien encabezo las tres jornadas de reuniones en Buenos Aires, explicó que la relación de la Nación con las provincias “estaba tan oxidada que era muy difícil la comunicación y demandó los primeros meses de gestión y cinco reuniones el poder sentar a todos los representantes en estas tres jornadas de trabajo”.
La tarea del Nuevo Acuerdo Federal Minero es “conciliar los intereses de la Nación y los de las provincias mediante un instrumento que permita la sustentabilidad del sector para al menos los próximos 30 años”.
Meilán sostuvo que se trata de ir avanzando “sin perder de vista nunca que la única manera de lograr esto es con diálogo federal y consenso”. Y agregó: “se ha trabajado muchos años a espaldas de las provincias, por lo que ya era hora de que nos diéramos vuelta y volviéramos a actuar juntos”.
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Fecha de Publicación: 23/10/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
El futuro acuerdo requerirá del entendimiento en los 39 puntos del borrador discutido desde el miércoles en el marco del Consejo Federal de Minería (Cofemin), en la Casa Rosada, para generar las condiciones para el desarrollo de la actividad.
El Gobierno nacional y las provincias se propusieron consensuar un Nuevo Acuerdo Federal Minero antes de fin de año, lo cual requerirá del entendimiento en los 39 puntos del borrador discutido desde el miércoles en el marco del Consejo Federal de Minería (Cofemin), en la Casa Rosada, para generar las condiciones para el desarrollo de la actividad.
“En la Nación y las provincias tenemos la responsabilidad de establecer las condiciones que permitan que la industria responsable se radique en la Argentina”, afirmó esta tarde el ministro de Energías y Minería, Juan José Aranguren, al cierre del evento del que participaron desde el miércoles representantes de las 23 provincias, legisladores nacionales y de las cámaras empresarias del sector, en la Casa de Gobierno.
El ministro explicó que “hoy se dieron los primeros pasos hacia un nuevo acuerdo al definir los temas a consensuar que deben formar parte de una política de Estado” con el compromiso de la Nación y de las provincias de “lograrlo en los próximos dos meses, antes de fin de año”.
En las tres jornadas la discusión primaria fue el temario que guiará el desarrollo del Acuerdo, el cual recibió varias modificaciones respecto a la propuesta inicial del Gobierno, y permitió consensuar el prólogo que dará lugar a los 39 puntos que ahora serán motivo de debate en las próximas semanas.
La tarea requerirá armonizar la preservación ambiental, la política impositiva, los controles desde la Nación y las provincias, la renta producto de la actividad y la responsabilidad comunitaria, mediante un intercambio de propuestas que se desarrollará a partir de hoy hasta la realización de la próxima reunión del Cofemin.
Al dirigirse a los representantes provinciales y nacionales que tienen a su cargo la negociación del acuerdo, Aranguren planteó que el presidente Mauricio Macri “está muy ansioso” por lograr esta herramienta “lo más rápido posible, porque el país y la sociedad requieren un trabajo diligente para lograr las condiciones de generar mas trabajo y reducir los niveles de pobreza”.
El ministro planteó, en ese mismo sentido, que el sector minero “puede discutir la renta, pero antes se debe decidir las condiciones por las cuales se quiere transformar los recursos en reservas, en producción y en riqueza para los argentinos”.
Respecto al objetivo de lograr un Nuevo Acuerdo Federal Minero, Aranguren dijo que este debate “no es reeditar nada de lo que se hizo en 1992” que en julio de 1993 derivó en la sanción legislativa de un acuerdo sectorial, sino que hoy “se busca generar las condiciones para el desarrollo de una industria de forma responsable y generar más puestos de trabajo, más riqueza para el país”.
Pero el titular de la cartera nacional, advirtió que “desarrollar los recursos mineros no tiene otra forma que hacerlo bien” lo cual afirmó implica: “controlar adecuadamente las explotaciones mineras, castigar a aquel que por falta de control o por una viveza mal entendida transforma al sector en algo que la sociedad no quiere y no puede aceptar”.
En ese mismo sentido, planteó que la nueva minería argentina tiene que “transformar o correr de lado a quien no se puede acomodar a una explotación responsable de un recurso que no es renovable”.
Si bien no hizo explícita su referencia al caso de la mina sanjuanina Veladero que sufrió distintos accidentes de seguridad ambiental, Aranguren al ser consultado por la prensa dijo que el futuro del proyecto “es decisión de la provincia de San Juan”, pero expresó que analizó con el gobernador Sergio Uñac “un accionar conjunto que tiende a ir preservando no sólo el recurso sino la posibilidad de desarrollar una actividad minera de forma responsable”.
A su turno, el secretario de Minería, Daniel Meilán, quien encabezo las tres jornadas de reuniones en Buenos Aires, explicó que la relación de la Nación con las provincias “estaba tan oxidada que era muy difícil la comunicación y demandó los primeros meses de gestión y cinco reuniones el poder sentar a todos los representantes en estas tres jornadas de trabajo”.
La tarea del Nuevo Acuerdo Federal Minero es “conciliar los intereses de la Nación y los de las provincias mediante un instrumento que permita la sustentabilidad del sector para al menos los próximos 30 años”.
Meilán sostuvo que se trata de ir avanzando “sin perder de vista nunca que la única manera de lograr esto es con diálogo federal y consenso”. Y agregó: “se ha trabajado muchos años a espaldas de las provincias, por lo que ya era hora de que nos diéramos vuelta y volviéramos a actuar juntos”.
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