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Visión política de la contaminación de ríos Neuquén y Limay
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El daño en los ríos tiene una salida política
Fecha de Publicación: 03/06/2018
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Neuquén. El diputado provincial por el Frente Neuquino Mariano Mansilla sostuvo ayer que más allá de las causas judiciales que pesan por la contaminación de los ríos Neuquén y Limay, “dejar de contaminar es una decisión política en conjunto”.
Las declaraciones fueron formuladas luego de que se conociera ayer que vecinos de la localidad rionegrina de Cinco Saltos presentaran un amparo ambiental para solicitar el cese de vertidos crudos al río Neuquén. Pidieron un tratamiento similar a lo que ocurrió en Centenario, donde la Justicia lleva una causa penal contra funcionarios, pero además con la corrección de la planta de cloacas.
La resolución la tiene la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, donde el fiscal Mario Saba Herrera pidió que la causa vuelva al Juzgado Federal de Neuquén, a cargo de Carolina Pandolfi, donde los vecinos de Centenario y Cinco Saltos presentaron el amparo.
Es que entiende que la contaminación del río Neuquén se da no sólo en un territorio, sino en las dos provincias, a través de los desperfectos de las plantas cloacales.
“Nosotros creemos que está muy bien seguir con las causas judiciales, de hecho las apoyamos, pero la decisión es política, por eso impulsamos el proyecto de vertido cero en un plazo de cinco años”, indicó el legislador a LM Neuquén.
Mansilla y el grupo del Frente Neuquino están más enfocados en la contaminación del Limay y han hecho distintas intervenciones en el espacio público para protestar contra el daño ambiental.
La semana pasada se conoció un informe de Prefectura Nacional, difundido por el diputado, donde se detectaron un número de bacterias coliformes fecales 75 veces mayor al permitido a la salida de la planta Tronador en el río Limay.
Pero los resultados fueron rechazados de plano por el titular del Ente Provincial de Agua y Saneamiento, Mauro Millán, y las denuncias de contaminación quedaron atrapadas en cruces políticos que desestimaron los informes técnicos.
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Fecha de Publicación: 03/06/2018
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Neuquén. El diputado provincial por el Frente Neuquino Mariano Mansilla sostuvo ayer que más allá de las causas judiciales que pesan por la contaminación de los ríos Neuquén y Limay, “dejar de contaminar es una decisión política en conjunto”.
Las declaraciones fueron formuladas luego de que se conociera ayer que vecinos de la localidad rionegrina de Cinco Saltos presentaran un amparo ambiental para solicitar el cese de vertidos crudos al río Neuquén. Pidieron un tratamiento similar a lo que ocurrió en Centenario, donde la Justicia lleva una causa penal contra funcionarios, pero además con la corrección de la planta de cloacas.
La resolución la tiene la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, donde el fiscal Mario Saba Herrera pidió que la causa vuelva al Juzgado Federal de Neuquén, a cargo de Carolina Pandolfi, donde los vecinos de Centenario y Cinco Saltos presentaron el amparo.
Es que entiende que la contaminación del río Neuquén se da no sólo en un territorio, sino en las dos provincias, a través de los desperfectos de las plantas cloacales.
“Nosotros creemos que está muy bien seguir con las causas judiciales, de hecho las apoyamos, pero la decisión es política, por eso impulsamos el proyecto de vertido cero en un plazo de cinco años”, indicó el legislador a LM Neuquén.
Mansilla y el grupo del Frente Neuquino están más enfocados en la contaminación del Limay y han hecho distintas intervenciones en el espacio público para protestar contra el daño ambiental.
La semana pasada se conoció un informe de Prefectura Nacional, difundido por el diputado, donde se detectaron un número de bacterias coliformes fecales 75 veces mayor al permitido a la salida de la planta Tronador en el río Limay.
Pero los resultados fueron rechazados de plano por el titular del Ente Provincial de Agua y Saneamiento, Mauro Millán, y las denuncias de contaminación quedaron atrapadas en cruces políticos que desestimaron los informes técnicos.
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La Pampa planea una nueva Ley Ambiental
El gobierno presentó la nueva Ley Ambiental
Fecha de Publicación: 30/05/2018
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
La propuesta legislastiva apuesta a reemplazar la ley actual, sancionada en 2001, y adapta a la provincia La Pampa a las exigencias de la Ley Nacional General del Ambiente.
El Poder Ejecutivo Provincial giró a la Cámara de Diputados de La Pampa un proyecto de Ley Ambiental, que ingresará en la próxima sesión y comenzará a debatirse en la comisión de Ecología, que preside el radical Martín Berhongaray, quien destacó el “nuevo debate” sobre la normativa ambientalista.
La propuesta, que establece de la política ambiental y de protección que deberán garantizar la Provincia y los municipios, pretende “renovar” la ley vigente desde el 2 de febrero del año 2001, antes de la reglamentación de la Ley Nacional General del Ambiente y de otras leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental.
Berhongaray afirmó que es “más que necesario” una nueva legislación ambiental porque “La Pampa es la única provincia sostiene una ley previa a la Ley General del Ambiente, que se aprobó en 2002 y que por disposición de la Constitución Nacional, debe ser fundamental para ajustar todas las normas provinciales”.
Siguiendo en esa línea, el legislador señaló ante la consulta de LA ARENA que “hay un evidente defasaje que debe ser corregido así que bienvenido el nuevo debate que propone el Ejecutivo provincial”.
– ¿Qué opinión le merece el proyecto que envió el Ejecutivo?
– Todavía no lo empezamos a analizar en la comisión de Ecología. Lo he leído y en principio coincido con el enfoque general, pero hay muchas cuestiones vinculadas a la puesta en práctica de distintas formulaciones que tendremos que evaluar, para que no queden como desarrollos normativos de vanguardia o novedosos que después no puedan llevarse a cabo.
– ¿Qué cuestiones destaca de la iniciativa?
– Lo que debe tenerse en claro es que estamos en presencia de una ley que tiene una jerarquía especial que se la da la propia Constitución Nacional y que se ubica por encima de las demás leyes. Es decir, no puede haber ninguna otra norma en La Pampa que se le oponga, y si ocurriese alguna contradicción, siempre prevalece la ley ambiental. Es como se dice una categoría “sui generis” de ley, muy novedosa a partir de la reforma constitucional de 1994 que le asignó mayor peso normativo que las otras leyes.
Más recursos.
El presidente de la comisión de Ecología y miembro de la organización ambientalista fundación Chadileuvú señaló que la autoridad de aplicación de la futura Ley Ambiental es la Subsecretaría de Ecología de La Pampa, y advirtió que el gobierno “deberá elevar el rango” de esa dependencia a secretaria o ministerio”.
Agregó que el área de Ecología deberá “dotarse de mayores recursos humanos para que pueda cumplir acabadamente el cúmulo de nuevas tareas que va a tener por aplicación de la nueva ley” porque “hoy tiene una estructura muy modesta. Hay que jerarquizar esa área porque es un ámbito clave para el desarrollo de cualquier estado moderno”.
Sobre el tratamiento del proyecto en Diputados, Berhongaray consideró que “Ecología es la comisión de cabecera, pero también ha sido girado a otras comisiones. Como es un tema sumamente complejo e involucra a muchos resortes del Estado, lo razonable es que se trate en el marco de un plenario de todas las comisiones involucradas para que podamos tener un debate lo más amplio posible”.
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Fecha de Publicación: 30/05/2018
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
La propuesta legislastiva apuesta a reemplazar la ley actual, sancionada en 2001, y adapta a la provincia La Pampa a las exigencias de la Ley Nacional General del Ambiente.
El Poder Ejecutivo Provincial giró a la Cámara de Diputados de La Pampa un proyecto de Ley Ambiental, que ingresará en la próxima sesión y comenzará a debatirse en la comisión de Ecología, que preside el radical Martín Berhongaray, quien destacó el “nuevo debate” sobre la normativa ambientalista.
La propuesta, que establece de la política ambiental y de protección que deberán garantizar la Provincia y los municipios, pretende “renovar” la ley vigente desde el 2 de febrero del año 2001, antes de la reglamentación de la Ley Nacional General del Ambiente y de otras leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental.
Berhongaray afirmó que es “más que necesario” una nueva legislación ambiental porque “La Pampa es la única provincia sostiene una ley previa a la Ley General del Ambiente, que se aprobó en 2002 y que por disposición de la Constitución Nacional, debe ser fundamental para ajustar todas las normas provinciales”.
Siguiendo en esa línea, el legislador señaló ante la consulta de LA ARENA que “hay un evidente defasaje que debe ser corregido así que bienvenido el nuevo debate que propone el Ejecutivo provincial”.
– ¿Qué opinión le merece el proyecto que envió el Ejecutivo?
– Todavía no lo empezamos a analizar en la comisión de Ecología. Lo he leído y en principio coincido con el enfoque general, pero hay muchas cuestiones vinculadas a la puesta en práctica de distintas formulaciones que tendremos que evaluar, para que no queden como desarrollos normativos de vanguardia o novedosos que después no puedan llevarse a cabo.
– ¿Qué cuestiones destaca de la iniciativa?
– Lo que debe tenerse en claro es que estamos en presencia de una ley que tiene una jerarquía especial que se la da la propia Constitución Nacional y que se ubica por encima de las demás leyes. Es decir, no puede haber ninguna otra norma en La Pampa que se le oponga, y si ocurriese alguna contradicción, siempre prevalece la ley ambiental. Es como se dice una categoría “sui generis” de ley, muy novedosa a partir de la reforma constitucional de 1994 que le asignó mayor peso normativo que las otras leyes.
Más recursos.
El presidente de la comisión de Ecología y miembro de la organización ambientalista fundación Chadileuvú señaló que la autoridad de aplicación de la futura Ley Ambiental es la Subsecretaría de Ecología de La Pampa, y advirtió que el gobierno “deberá elevar el rango” de esa dependencia a secretaria o ministerio”.
Agregó que el área de Ecología deberá “dotarse de mayores recursos humanos para que pueda cumplir acabadamente el cúmulo de nuevas tareas que va a tener por aplicación de la nueva ley” porque “hoy tiene una estructura muy modesta. Hay que jerarquizar esa área porque es un ámbito clave para el desarrollo de cualquier estado moderno”.
Sobre el tratamiento del proyecto en Diputados, Berhongaray consideró que “Ecología es la comisión de cabecera, pero también ha sido girado a otras comisiones. Como es un tema sumamente complejo e involucra a muchos resortes del Estado, lo razonable es que se trate en el marco de un plenario de todas las comisiones involucradas para que podamos tener un debate lo más amplio posible”.
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UNCuyo confirma la contaminación en Jáchal
Un derrame de silencio
Fecha de Publicación: 26/05/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: San Juan
Un estudio de la Universidad Nacional de Cuyo confirmó la contaminación del río La Palca, en San Juan, por nuevos derrames no informados por la Barrick Gold. La Asamblea de Jáchal denuncia a la mina de oro Veladero y al Gobierno.
El río La Palca, cercano a la mina de oro Veladero (de la empresa Barrick Gold, en San Juan), sufre un incremento exponencial de mercurio, manganeso y aluminio. “Padecemos el envenenamiento del agua de la cuenca del Río Jáchal a causa de los derrames mineros”, denunció la Asamblea de Jáchal, en base un estudio de la Universidad de Cuyo, y responsabilizó a la empresa por un nuevo derrame. El subsecretario de Desarrollo Minero de Nación, Mario Capello, se burló de las críticas a la minería y afirmó que “el cianuro lo puede consumir el ser humano”. El gobierno nacional intenta modificar la Ley de Glaciares para avanzar con proyectos mineros.
La Asamblea de Jáchal accedió a un estudio de aguas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y confirmó la contaminación con mercurio, manganeso, aluminio, antimonio, bario, plata, plomo, cromo, níquel, cadmio y cobalto. Los análisis, solicitados por la Municipalidad de Jáchal, fueron realizados por el Laboratorio de Análisis Instrumental de la UNCuyo el 28 de febrero en el río La Palca, que recibe sus aguas de los ríos Potrerillos y Las Traguas, que pasan directamente por la mina Veladero. La Palca aporta el 70 por ciento del caudal del río Jáchal.
La Universidad de Cuyo confirmó la presencia de mercurio en 10 microgramos por litro de agua (el límite máximo para irrigación, según la Ley de Residuos Peligrosos, es de 0,1). También se hallaron 34 miligramos de manganeso por litro de agua (la ley establece un máximo de 0,20). El aluminio llegó a 1992 miligramos (el máximo es de 5).
La Asamblea de Jáchal tomó como referencia los estudios del Centro de Investigación para la Prevención de la Contaminación Ambiental Minero Industrial (Cipcami –dependiente de la Provincia–), que monitoreó el río durante seis años (entre 2004 y 2010). “Durante todos esos años los valores de mercurio, manganeso y aluminio no superaban los límites establecidos por la Ley de Residuos Peligrosos”, recordó la Asamblea.
Los análisis de la Universidad de Cuyo, comparados con el Cipcami, muestran un incremento del 5000 por ciento en mercurio, del 18.000 por ciento en manganeso y del 50.000 por ciento en aluminio.
“Estos nuevos análisis demuestran que en febrero de 2018 hubo otro gran derrame ocultado por la empresa y el Gobierno”, denunció la Asamblea de Jáchal. Como sucedió con los derrames de septiembre de 2015 y 2016, el mercurio, el manganeso y el aluminio se elevaron de manera drástica. “Estamos seguros de que hubo nuevos derrames”, afirmó Saúl Zeballos, asambleísta de Jáchal.
La Asamblea denunció que el intendente de Jáchal, Miguel Angel Vega, ocultó los análisis de la Universidad de Cuyo.
El gobierno provincial, a cargo de Sergio Uñac, y Barrick Gold tuvieron el mismo discurso. Sostuvieron que no hubo derrames nuevos y que los ríos tienen esos metales de “forma natural”.
La Asamblea le respondió en un comunicado: “El Gobierno y la empresa siguen mintiendo, la cuenca del Río Jáchal está siendo envenenada gravemente por la actividad megaminera”. Y recordaron que Barrick Gold opera en zona prohibida por la Ley de Glaciares. Exigen su retiro y que remedie la contaminación.
El derrame del 13 de septiembre de 2015 transcendió por mensajes de WhatsApp de trabajadores mineros a sus familias en Jáchal, donde alertaban que no tomen agua. En un primer momento, el gobierno provincial y Barrick Gold negaron el derrame. Cuando ya no pudieron ocultarlo, Barrick reconoció el derrame de 15.000 litros de agua con cianuro, pero aseguró que no llegó al río y desmintió la contaminación. Una semana después, el 21 de septiembre, aceptó que fueron 224.000 litros y que llegó al río. Dos días después, intervención judicial mediante, Barrick Gold reconoció que derramó al menos 1.070.000 litros de “solución cianurada”.
Por el derrame de cianuro de Barrick hay dos causas judiciales. Una tramita en tribunales federales, donde el juez Sebastián Casanello procesó a los ex secretarios de Minería, Jorge Mayoral, y de Ambiente, Sergio Lorusso, por incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientales y uno de los letrados de la Asamblea de Jáchal, explicó que es “vergonzoso” el accionar del Poder Judicial de San Juan. La causa está en manos del Pablo Oritja y sólo procesó a ocho empleados de segunda línea de la empresa por violación de la Ley de Residuos Peligrosos. “Dejó libre de toda responsabilidad a los directivos de la empresa y a los funcionarios provinciales”, denunció Viale.
La Asamblea de Jáchal responsabilizó al gobernador Uñac, al ministro de Minería provincial, Alberto Hansel; al presidente Macri y a los ministros Juan José Aranguren y Sergio Bergman. “Saben de la contaminación, tienen la información, pero no dicen la verdad porque solo les interesa proteger a la Barrick y seguir metiendo megamineras”, denunciaron. Y alertaron que el Gobierno quiere modificar la Ley de Glaciares para favorecer el avance minero.
En abril pasado, en la provincia se realizó la “Exposición Internacional San Juan factor de Desarrollo de la Minería Argentina”. En línea con los anuncios de Aranguren y Bergman, el gobernador Sergio Uñac y el subsecretario de minería de Nación, Mario Capello, reclamaron la modificación de la Ley de Glaciares para “favorecer la llegada de inversiones”. Capello dio un paso más al defender la minería y afirmó que “el cianuro es una sal, lo puede consumir el ser humano, los animales, absolutamente todos”.
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Fecha de Publicación: 26/05/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: San Juan
Un estudio de la Universidad Nacional de Cuyo confirmó la contaminación del río La Palca, en San Juan, por nuevos derrames no informados por la Barrick Gold. La Asamblea de Jáchal denuncia a la mina de oro Veladero y al Gobierno.
El río La Palca, cercano a la mina de oro Veladero (de la empresa Barrick Gold, en San Juan), sufre un incremento exponencial de mercurio, manganeso y aluminio. “Padecemos el envenenamiento del agua de la cuenca del Río Jáchal a causa de los derrames mineros”, denunció la Asamblea de Jáchal, en base un estudio de la Universidad de Cuyo, y responsabilizó a la empresa por un nuevo derrame. El subsecretario de Desarrollo Minero de Nación, Mario Capello, se burló de las críticas a la minería y afirmó que “el cianuro lo puede consumir el ser humano”. El gobierno nacional intenta modificar la Ley de Glaciares para avanzar con proyectos mineros.
La Asamblea de Jáchal accedió a un estudio de aguas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y confirmó la contaminación con mercurio, manganeso, aluminio, antimonio, bario, plata, plomo, cromo, níquel, cadmio y cobalto. Los análisis, solicitados por la Municipalidad de Jáchal, fueron realizados por el Laboratorio de Análisis Instrumental de la UNCuyo el 28 de febrero en el río La Palca, que recibe sus aguas de los ríos Potrerillos y Las Traguas, que pasan directamente por la mina Veladero. La Palca aporta el 70 por ciento del caudal del río Jáchal.
La Universidad de Cuyo confirmó la presencia de mercurio en 10 microgramos por litro de agua (el límite máximo para irrigación, según la Ley de Residuos Peligrosos, es de 0,1). También se hallaron 34 miligramos de manganeso por litro de agua (la ley establece un máximo de 0,20). El aluminio llegó a 1992 miligramos (el máximo es de 5).
La Asamblea de Jáchal tomó como referencia los estudios del Centro de Investigación para la Prevención de la Contaminación Ambiental Minero Industrial (Cipcami –dependiente de la Provincia–), que monitoreó el río durante seis años (entre 2004 y 2010). “Durante todos esos años los valores de mercurio, manganeso y aluminio no superaban los límites establecidos por la Ley de Residuos Peligrosos”, recordó la Asamblea.
Los análisis de la Universidad de Cuyo, comparados con el Cipcami, muestran un incremento del 5000 por ciento en mercurio, del 18.000 por ciento en manganeso y del 50.000 por ciento en aluminio.
“Estos nuevos análisis demuestran que en febrero de 2018 hubo otro gran derrame ocultado por la empresa y el Gobierno”, denunció la Asamblea de Jáchal. Como sucedió con los derrames de septiembre de 2015 y 2016, el mercurio, el manganeso y el aluminio se elevaron de manera drástica. “Estamos seguros de que hubo nuevos derrames”, afirmó Saúl Zeballos, asambleísta de Jáchal.
La Asamblea denunció que el intendente de Jáchal, Miguel Angel Vega, ocultó los análisis de la Universidad de Cuyo.
El gobierno provincial, a cargo de Sergio Uñac, y Barrick Gold tuvieron el mismo discurso. Sostuvieron que no hubo derrames nuevos y que los ríos tienen esos metales de “forma natural”.
La Asamblea le respondió en un comunicado: “El Gobierno y la empresa siguen mintiendo, la cuenca del Río Jáchal está siendo envenenada gravemente por la actividad megaminera”. Y recordaron que Barrick Gold opera en zona prohibida por la Ley de Glaciares. Exigen su retiro y que remedie la contaminación.
El derrame del 13 de septiembre de 2015 transcendió por mensajes de WhatsApp de trabajadores mineros a sus familias en Jáchal, donde alertaban que no tomen agua. En un primer momento, el gobierno provincial y Barrick Gold negaron el derrame. Cuando ya no pudieron ocultarlo, Barrick reconoció el derrame de 15.000 litros de agua con cianuro, pero aseguró que no llegó al río y desmintió la contaminación. Una semana después, el 21 de septiembre, aceptó que fueron 224.000 litros y que llegó al río. Dos días después, intervención judicial mediante, Barrick Gold reconoció que derramó al menos 1.070.000 litros de “solución cianurada”.
Por el derrame de cianuro de Barrick hay dos causas judiciales. Una tramita en tribunales federales, donde el juez Sebastián Casanello procesó a los ex secretarios de Minería, Jorge Mayoral, y de Ambiente, Sergio Lorusso, por incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientales y uno de los letrados de la Asamblea de Jáchal, explicó que es “vergonzoso” el accionar del Poder Judicial de San Juan. La causa está en manos del Pablo Oritja y sólo procesó a ocho empleados de segunda línea de la empresa por violación de la Ley de Residuos Peligrosos. “Dejó libre de toda responsabilidad a los directivos de la empresa y a los funcionarios provinciales”, denunció Viale.
La Asamblea de Jáchal responsabilizó al gobernador Uñac, al ministro de Minería provincial, Alberto Hansel; al presidente Macri y a los ministros Juan José Aranguren y Sergio Bergman. “Saben de la contaminación, tienen la información, pero no dicen la verdad porque solo les interesa proteger a la Barrick y seguir metiendo megamineras”, denunciaron. Y alertaron que el Gobierno quiere modificar la Ley de Glaciares para favorecer el avance minero.
En abril pasado, en la provincia se realizó la “Exposición Internacional San Juan factor de Desarrollo de la Minería Argentina”. En línea con los anuncios de Aranguren y Bergman, el gobernador Sergio Uñac y el subsecretario de minería de Nación, Mario Capello, reclamaron la modificación de la Ley de Glaciares para “favorecer la llegada de inversiones”. Capello dio un paso más al defender la minería y afirmó que “el cianuro es una sal, lo puede consumir el ser humano, los animales, absolutamente todos”.
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Catamarca: docentes obligados a 'hablar bien' de las mineras
Docentes de Catamarca 'presionados' para 'hablar bien' de las mineras
Fecha de Publicación: 25/05/2018
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Catamarca
Crudo testimonio de una exdirectora de Tinogasta (Catamarca) que denuncia que el Estado es “borrado” por las firmas internacionales que explotan litio en la zona.
Susana de Lovera, docente y exdirectora, ambientalista, habló con El Intransigente y denunció la manipulación y presión que sufren los trabajadores de la educación en Tinogasta y Fiambalá, provincia de Catamarca, zona del litio -mineral más conocido como “oro blanco”-, para “hablar bien” de las mineras, en este caso Liex S.A. que trabaja en la Cordillera en el proyecto Tres Quebradas (3Q). La docente dijo además que las mineras “borraron” al Estado.
Ei.- El Intransigente
SL.- Susana de Lovera
Ei.- ¿Alcanzó a leer lo que sucede en Antofagasta de la Sierra con las empresas que extraen litio?
SL.- Me solidarizo con los antofagasteños porque tienen el mismo problema que nosotros en ek departamento Tinogasta, en el distrito Fiambalá, en la laguna Tres Quebradas con la empresa Liex S.A. En un futuro no muy lejano nos puede dejar sin agua. El agua que nace en la Cordillera no solo abastece a las poblaciones cercanas, sino que, en la naturaleza, el agua tiene un recorrido amplio, tiene que ver con la región.
Ei.- ¿Se sienten ciudadanos prescindibles, descartables?
SL.- No por ser pocos, somos pueblos sacrificables, en pos de lo que supuestamente llaman equivocadamente acá desarrollo y progreso, aunque con este esquema tal vez sí para los países del Primer mundo
Ei.- ¿Hay información sobre la minería en Tinogasta, es accesible?
SL.- En Tinogasta no hay licencia social para la mega minería, no se hizo las consultas necesarias y debidas en las poblaciones que estamos a la vera del Río Abaucán y cerca del proyecto 3Q. Nadie dio un aval para que esas actividades de exploración den inicio. No hubo consultas a la sociedad, así que, empezamos mal. Esta es una zona altamente frágil, es un delicado equilibrio que hay entre las lagunas, Los Seismiles (cumbres que superan los 6.000 metros de altura en la Cordillera de los Andes), que tienen una función conjunta con los salares y las vegas. Son sitios “Ramsar” con convenios internacionales para la protección de humedales. Sitios protegidos que están siendo violados en estos momentos.
Ei. ¿Usted insinúa que el Gobierno provincial y la secretaria de Minería mienten?
SL.- No insinúo, afirmo. El Gobierno está mintiendo porque viola ese sitio Ramsar.
Ei.- Aparte del Gobierno, otras ONG ambientalistas dicen lo mismo…
SL.- Las ONG que dicen que no hay problemas, son las ONG amigas del Gobierno. No podemos decir que sean objetivas en cuanto al análisis y los informes que hagan. Algo reciben.
Ei.- ¿Se conversa de estos temas en las escuelas?
SL.- Un buen docente debe informar qué se dice de un lado y qué del otro para que sea el alumno quién objetivamente saque sus propias conclusiones. Pero, qué pasa. Se manipula a los docentes a través de distintas formas, se los presiona para que no se hable de los perjuicios, daños y desventajas de la megaminería. Hay muchos docentes en Tinogasta que no hablan el tema porque tienen miedo, pero no están cumpliendo la misión de enseñar, el objetivo debería ser que se escuchen las dos campanas.
Ei.- Entonces “una” campana si se escucha, el tema es “qué” campana se escucha
SL.- La de la empresa, la del Gobierno. Yo estuve viendo que en algunas escuelas de Fiambalá les permiten a la empresa que auspicien. Yo quisiera saber si pedidos un espacio en la Escuela para hablar a los estudiantes si nos van dar ese tiempo a los integrantes de la Asamblea por la vida. Yo fui directora en una escuela y sentí la presión para que estas charlas no se den, es decir, la otra campana.
Ei.- ¿Y eso qué significa?
SL.- Significa que no se está cumpliendo con el rol docente. Al docente no le debe importar lo que le dice su gobierno, qué lineamiento se baja, sino que, tiene la obligación de informar y dar la información correcta a sus alumnos para que sean ellos quienes se formen una opinión acerca del tema. De todas las actividades, no solo de minería, de soja, u otras actividades del hombre.
Ei.- ¿Que hay con los intendentes Sebastián Nóblega y Roxana Paulón?
SL.- Cuando estaban en campaña, hacía suponer que su gobierno sería de protección al medio ambiente pero al final terminaron vendiéndonos en la Feria minera de Canadá. Hay una incoherencia. Son títeres del Gobierno provincial. Le dieron la espalda al pueblo de Tinogasta. No tenemos en quién confiar. Los concejales igual.
Ei.- ¿Cómo es la relación Gobierno-minera-sociedad?
SL.- El Estado municipal en Fiambalá (administrado por Roxana Paulón) no existe, todas las necesidades las cubre Liex S.A. Hay una carrera de bicicleta y la cubre Liex, falta lavandina en el hospital y Liex la dona, falta una bolsa de cemento, Liex la compra. La minera está regalando espejitos de colores. Es como si la firma internacional hubiera borrado a la intendencia y como si ellos fueran el Estado. Todas las falencias y necesidades las cubre Liex. En el caso de Tinogasta (Sebastián Nóblega) más o menos igual, pero, no tan marcado como en Fiambalá.
Ei.- ¿Llegaron a hablar con el secretario de Minería, Rodolfo Micone?
SL.- Una vez vinieron, fuimos y nos pusieron la policía, no nos dejaron avanzar. Siempre hemos tenido la amenaza de la represión. El Gobierno provincial nunca nos contestó los petitorios y nunca nos llamó.
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Fecha de Publicación: 25/05/2018
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Catamarca
Crudo testimonio de una exdirectora de Tinogasta (Catamarca) que denuncia que el Estado es “borrado” por las firmas internacionales que explotan litio en la zona.
Susana de Lovera, docente y exdirectora, ambientalista, habló con El Intransigente y denunció la manipulación y presión que sufren los trabajadores de la educación en Tinogasta y Fiambalá, provincia de Catamarca, zona del litio -mineral más conocido como “oro blanco”-, para “hablar bien” de las mineras, en este caso Liex S.A. que trabaja en la Cordillera en el proyecto Tres Quebradas (3Q). La docente dijo además que las mineras “borraron” al Estado.
Ei.- El Intransigente
SL.- Susana de Lovera
Ei.- ¿Alcanzó a leer lo que sucede en Antofagasta de la Sierra con las empresas que extraen litio?
SL.- Me solidarizo con los antofagasteños porque tienen el mismo problema que nosotros en ek departamento Tinogasta, en el distrito Fiambalá, en la laguna Tres Quebradas con la empresa Liex S.A. En un futuro no muy lejano nos puede dejar sin agua. El agua que nace en la Cordillera no solo abastece a las poblaciones cercanas, sino que, en la naturaleza, el agua tiene un recorrido amplio, tiene que ver con la región.
Ei.- ¿Se sienten ciudadanos prescindibles, descartables?
SL.- No por ser pocos, somos pueblos sacrificables, en pos de lo que supuestamente llaman equivocadamente acá desarrollo y progreso, aunque con este esquema tal vez sí para los países del Primer mundo
Ei.- ¿Hay información sobre la minería en Tinogasta, es accesible?
SL.- En Tinogasta no hay licencia social para la mega minería, no se hizo las consultas necesarias y debidas en las poblaciones que estamos a la vera del Río Abaucán y cerca del proyecto 3Q. Nadie dio un aval para que esas actividades de exploración den inicio. No hubo consultas a la sociedad, así que, empezamos mal. Esta es una zona altamente frágil, es un delicado equilibrio que hay entre las lagunas, Los Seismiles (cumbres que superan los 6.000 metros de altura en la Cordillera de los Andes), que tienen una función conjunta con los salares y las vegas. Son sitios “Ramsar” con convenios internacionales para la protección de humedales. Sitios protegidos que están siendo violados en estos momentos.
Ei. ¿Usted insinúa que el Gobierno provincial y la secretaria de Minería mienten?
SL.- No insinúo, afirmo. El Gobierno está mintiendo porque viola ese sitio Ramsar.
Ei.- Aparte del Gobierno, otras ONG ambientalistas dicen lo mismo…
SL.- Las ONG que dicen que no hay problemas, son las ONG amigas del Gobierno. No podemos decir que sean objetivas en cuanto al análisis y los informes que hagan. Algo reciben.
Ei.- ¿Se conversa de estos temas en las escuelas?
SL.- Un buen docente debe informar qué se dice de un lado y qué del otro para que sea el alumno quién objetivamente saque sus propias conclusiones. Pero, qué pasa. Se manipula a los docentes a través de distintas formas, se los presiona para que no se hable de los perjuicios, daños y desventajas de la megaminería. Hay muchos docentes en Tinogasta que no hablan el tema porque tienen miedo, pero no están cumpliendo la misión de enseñar, el objetivo debería ser que se escuchen las dos campanas.
Ei.- Entonces “una” campana si se escucha, el tema es “qué” campana se escucha
SL.- La de la empresa, la del Gobierno. Yo estuve viendo que en algunas escuelas de Fiambalá les permiten a la empresa que auspicien. Yo quisiera saber si pedidos un espacio en la Escuela para hablar a los estudiantes si nos van dar ese tiempo a los integrantes de la Asamblea por la vida. Yo fui directora en una escuela y sentí la presión para que estas charlas no se den, es decir, la otra campana.
Ei.- ¿Y eso qué significa?
SL.- Significa que no se está cumpliendo con el rol docente. Al docente no le debe importar lo que le dice su gobierno, qué lineamiento se baja, sino que, tiene la obligación de informar y dar la información correcta a sus alumnos para que sean ellos quienes se formen una opinión acerca del tema. De todas las actividades, no solo de minería, de soja, u otras actividades del hombre.
Ei.- ¿Que hay con los intendentes Sebastián Nóblega y Roxana Paulón?
SL.- Cuando estaban en campaña, hacía suponer que su gobierno sería de protección al medio ambiente pero al final terminaron vendiéndonos en la Feria minera de Canadá. Hay una incoherencia. Son títeres del Gobierno provincial. Le dieron la espalda al pueblo de Tinogasta. No tenemos en quién confiar. Los concejales igual.
Ei.- ¿Cómo es la relación Gobierno-minera-sociedad?
SL.- El Estado municipal en Fiambalá (administrado por Roxana Paulón) no existe, todas las necesidades las cubre Liex S.A. Hay una carrera de bicicleta y la cubre Liex, falta lavandina en el hospital y Liex la dona, falta una bolsa de cemento, Liex la compra. La minera está regalando espejitos de colores. Es como si la firma internacional hubiera borrado a la intendencia y como si ellos fueran el Estado. Todas las falencias y necesidades las cubre Liex. En el caso de Tinogasta (Sebastián Nóblega) más o menos igual, pero, no tan marcado como en Fiambalá.
Ei.- ¿Llegaron a hablar con el secretario de Minería, Rodolfo Micone?
SL.- Una vez vinieron, fuimos y nos pusieron la policía, no nos dejaron avanzar. Siempre hemos tenido la amenaza de la represión. El Gobierno provincial nunca nos contestó los petitorios y nunca nos llamó.
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Nación y Provincias ya trabajan en la entrega de glaciares
Inventario de Glaciares: Ambiente reúne a las provincias para fortalecer la implementación de la ley
Fecha de Publicación: 21/05/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable realizó la reunión inaugural de la comisión de Glaciares del Consejo Federal de Medio ambiente (COFEMA) con el objetivo de articular el trabajo de las provincias e implementar los instrumentos de la política y gestión ambiental previstos en la Ley de Glaciares (Ley N.º 26639).
Durante el encuentro, en el que participó el secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales, Diego Moreno, y el director nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, Javier García Espil, se compartió la información recientemente publicada en el Inventario Nacional de Glaciares y se analizaron los desafíos y capacidades institucionales que existen en las provincias para la aplicación de la ley. La cartera que encabeza Sergio Bergman puso el asesoramiento y apoyo técnico para fortalecer y profundizar las acciones de protección de los glaciares y el ambiente periglacial.
En este sentido Moreno señaló que “el Inventario Nacional de Glaciares es un punto de partida de información para la toma de decisiones en lo que respecta a políticas de Estado que buscan conservar las reservas estratégicas de agua del país y, a su vez, es nuestra responsabilidad colaborar al fortalecimiento de las capacidades locales en las diferentes jurisdicciones con el fin de poner en marcha todos los instrumentos que hoy están previstos en la ley, en cabeza de las provincias, para hacer efectivo su cumplimiento". Por su parte, García Espil coincidió y argumentó: “Este desafío al que nos enfrentamos requiere evaluar las normativas locales e identificar oportunidades en pos de avanzar en la plena implementación de la ley y todos los instrumentos previstos por esta”.
Asimismo, se solicitó a los miembros de la comisión la información necesaria sobre las actividades que pudieran potencialmente afectar a los glaciares, el ambiente periglaciar o sus zonas de influencia, a los fines de cumplir con el informe que el ministro Bergman elevará al Congreso nacional. Por otro lado, la comisión de Glaciares propuso a la Asamblea del COFEMA declarar de interés federal ambiental al Inventario Nacional de Glaciares.
La comisión de Glaciares está integrada por las provincias de San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja. En esta oportunidad, estuvieron presentes, los representantes de las provincias Catamarca, San Juan y Jujuy; y acompañó a los funcionarios Mariela Chervin, subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional del Ministerio de Ambiente.
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Fecha de Publicación: 21/05/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable realizó la reunión inaugural de la comisión de Glaciares del Consejo Federal de Medio ambiente (COFEMA) con el objetivo de articular el trabajo de las provincias e implementar los instrumentos de la política y gestión ambiental previstos en la Ley de Glaciares (Ley N.º 26639).
Durante el encuentro, en el que participó el secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales, Diego Moreno, y el director nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, Javier García Espil, se compartió la información recientemente publicada en el Inventario Nacional de Glaciares y se analizaron los desafíos y capacidades institucionales que existen en las provincias para la aplicación de la ley. La cartera que encabeza Sergio Bergman puso el asesoramiento y apoyo técnico para fortalecer y profundizar las acciones de protección de los glaciares y el ambiente periglacial.
En este sentido Moreno señaló que “el Inventario Nacional de Glaciares es un punto de partida de información para la toma de decisiones en lo que respecta a políticas de Estado que buscan conservar las reservas estratégicas de agua del país y, a su vez, es nuestra responsabilidad colaborar al fortalecimiento de las capacidades locales en las diferentes jurisdicciones con el fin de poner en marcha todos los instrumentos que hoy están previstos en la ley, en cabeza de las provincias, para hacer efectivo su cumplimiento". Por su parte, García Espil coincidió y argumentó: “Este desafío al que nos enfrentamos requiere evaluar las normativas locales e identificar oportunidades en pos de avanzar en la plena implementación de la ley y todos los instrumentos previstos por esta”.
Asimismo, se solicitó a los miembros de la comisión la información necesaria sobre las actividades que pudieran potencialmente afectar a los glaciares, el ambiente periglaciar o sus zonas de influencia, a los fines de cumplir con el informe que el ministro Bergman elevará al Congreso nacional. Por otro lado, la comisión de Glaciares propuso a la Asamblea del COFEMA declarar de interés federal ambiental al Inventario Nacional de Glaciares.
La comisión de Glaciares está integrada por las provincias de San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja. En esta oportunidad, estuvieron presentes, los representantes de las provincias Catamarca, San Juan y Jujuy; y acompañó a los funcionarios Mariela Chervin, subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional del Ministerio de Ambiente.
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Acumar en modalidad "recalculando"
Dorina Bonetti, presidenta de Acumar: "Estamos encarando una nueva revisión del plan"
Fecha de Publicación: 20/05/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
El 14 de marzo, Dorina Bonetti, presidenta de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) había preparado minuciosamente su exposición ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para contar qué avances habían logrado para intentar cumplir con la sentencia que obliga a sanear el Riachuelo. Había preparado 20 diapositivas que la iban a ayudar con su discurso. Pero fue poco lo que pudo exponer. Los jueces la acorralaron con preguntas que, según ella, no tienen una respuesta única: "¿Tiene una estimación razonable de cuándo pueden cumplir la sentencia? ¿En qué tiempo?". Bonetti es politóloga y desde julio del año pasado es la máxima responsable de hacer cumplir el fallo. Ante la Corte no pudo contestar esas preguntas. "Si no dimos una fecha precisa fue porque hubiese sido irresponsable, como se dijo en algún momento y por cómo ha sido castigado la sanidad del río durante tanto tiempo, que en tanta cantidad de días la cuenca va a estar saneada", asegura, y afirma que no se le pasó por la cabeza renunciar y que entiende que es su responsabilidad "ir a rendir cuentas ante la corte".
-¿Por qué ante la Corte no pudo dar un plazo para el saneamiento del Riachuelo?
-Existen dos plazos. Uno judicial, que tiene que ver con el cumplimiento de la sentencia. Ahí hay avances. Otro plazo es el del saneamiento. Porque el cumplimiento del fallo no impacta totalmente en el saneamiento del río. Para lograrlo es necesario que se avance en obras.
-¿Y esas obras no tienen un plazo?
-Es el plazo que va a llevar la expansión de redes de agua y cloacas, que está previsto para 2025. Pero además hay que intervenir territorialmente para que además de agua y cloaca, la gente viva mejor, se urbanicen villas. En la cuenca hay un millón y medio de personas que viven en asentamientos y villas. Eso repercute en el río.
-La red de cloacas desarticularía uno de los principales ejes de contaminación, pero no el único.
-Exactamente. Se atacaría el problema de la contaminación que proviene de la descarga de materia orgánica, que representa entre el 70 % y 80 % de la contaminación.
-¿Y las descargas industriales?
-Cada empresa tiene que tener una planta de tratamiento.
-¿Los industriales no podrían estar escudándose en la falta de confianza en el plan para no hacer esas inversiones?
-Podrían. Pero desde 2016 estamos trabajando en la reconstrucción de la confianza en Acumar. Y desde ese lado les estamos exigiendo más a los industriales. Hoy si no cumplen tienen una sanción. Y pronto lanzaremos un nuevo régimen de sanciones, verdaderamente disuasivas. En algún momento, económicamente, al establecimiento industrial le convenía más pagar la sanción que hacer la planta de reconversión.
-¿Qué cambios puede adelantar respecto de las sanciones?
-Serán montos mucho más elevados. Además incorporaremos conductas que no estaban siendo consideradas como infracción.
-¿Evalúa revisar el plan de saneamiento general?
-Sí. Estamos encarando una nueva revisión que tiene que ver más con pensar un plan con un abordaje mucho más holístico, más integral, porque hoy lo que hay son líneas de acción.
-¿Qué implicaría esa mayor integralidad?
-Una planificación estratégica de la cuenca como un todo. Un porcentaje importante de la población vive en villas y tenemos que trabajar para hacer una intervención, para que se haga una apertura de calles de forma tal que también esa población quede integrada a la expansión de agua y cloaca, porque de lo contrario va a quedar afuera. Se estaría cumpliendo con una manda de la sentencia, pero un porcentaje de la población no va a ser incorporada a la red cloacal.
-Para sanear la ría de Bilbao, además de exigirles una planta de tratamiento, el gobierno vasco obligó a las industrias a conectarse a la red. Así las obligó a pagar un canon que les permitió recaudar para el plan de saneamiento. ¿Se puede pensar en algo así en el Riachuelo?
-Es factible, pero no es algo que estemos promoviendo.
-¿No le parece lógico que pagaran una contribución por el saneamiento?
-Es algo que se está analizando: un seguro ambiental. Creo que sí corresponde.
-La experiencia de saneamiento del Rin es un ejemplo de coordinación entre países. ¿Por qué acá es un problema la coordinación entre jurisdicciones de un mismo país?
-Avanzamos mucho en la coordinación. El tema es que las tres jurisdicciones que forman parte de Acumar son el Estado nacional, la Provincia y la Ciudad. Pero hay 14 municipios que no lo integran. Y Acumar no tiene un poder de policía suficiente como para multar a los municipios que, por la Constitución, tienen como responsabilidad primaria ocuparse de la basura y no lo hacen. En ese sentido sí falta articular.
-Un especialista que lideró el saneamiento del Rin dijo que fue vital que la sociedad confiara en el plan. ¿Cree que hay confianza en el plan para el Riachuelo?
-Acumar es un organismo sobre el cual la confianza se ha visto resquebrajada. Estamos trabajando para reconstruirla dentro del propio organismo, para que luego traspase las paredes del organismo y permita que la gente confíe en el proyecto que tenemos.
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Fecha de Publicación: 20/05/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
El 14 de marzo, Dorina Bonetti, presidenta de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) había preparado minuciosamente su exposición ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para contar qué avances habían logrado para intentar cumplir con la sentencia que obliga a sanear el Riachuelo. Había preparado 20 diapositivas que la iban a ayudar con su discurso. Pero fue poco lo que pudo exponer. Los jueces la acorralaron con preguntas que, según ella, no tienen una respuesta única: "¿Tiene una estimación razonable de cuándo pueden cumplir la sentencia? ¿En qué tiempo?". Bonetti es politóloga y desde julio del año pasado es la máxima responsable de hacer cumplir el fallo. Ante la Corte no pudo contestar esas preguntas. "Si no dimos una fecha precisa fue porque hubiese sido irresponsable, como se dijo en algún momento y por cómo ha sido castigado la sanidad del río durante tanto tiempo, que en tanta cantidad de días la cuenca va a estar saneada", asegura, y afirma que no se le pasó por la cabeza renunciar y que entiende que es su responsabilidad "ir a rendir cuentas ante la corte".
-¿Por qué ante la Corte no pudo dar un plazo para el saneamiento del Riachuelo?
-Existen dos plazos. Uno judicial, que tiene que ver con el cumplimiento de la sentencia. Ahí hay avances. Otro plazo es el del saneamiento. Porque el cumplimiento del fallo no impacta totalmente en el saneamiento del río. Para lograrlo es necesario que se avance en obras.
-¿Y esas obras no tienen un plazo?
-Es el plazo que va a llevar la expansión de redes de agua y cloacas, que está previsto para 2025. Pero además hay que intervenir territorialmente para que además de agua y cloaca, la gente viva mejor, se urbanicen villas. En la cuenca hay un millón y medio de personas que viven en asentamientos y villas. Eso repercute en el río.
-La red de cloacas desarticularía uno de los principales ejes de contaminación, pero no el único.
-Exactamente. Se atacaría el problema de la contaminación que proviene de la descarga de materia orgánica, que representa entre el 70 % y 80 % de la contaminación.
-¿Y las descargas industriales?
-Cada empresa tiene que tener una planta de tratamiento.
-¿Los industriales no podrían estar escudándose en la falta de confianza en el plan para no hacer esas inversiones?
-Podrían. Pero desde 2016 estamos trabajando en la reconstrucción de la confianza en Acumar. Y desde ese lado les estamos exigiendo más a los industriales. Hoy si no cumplen tienen una sanción. Y pronto lanzaremos un nuevo régimen de sanciones, verdaderamente disuasivas. En algún momento, económicamente, al establecimiento industrial le convenía más pagar la sanción que hacer la planta de reconversión.
-¿Qué cambios puede adelantar respecto de las sanciones?
-Serán montos mucho más elevados. Además incorporaremos conductas que no estaban siendo consideradas como infracción.
-¿Evalúa revisar el plan de saneamiento general?
-Sí. Estamos encarando una nueva revisión que tiene que ver más con pensar un plan con un abordaje mucho más holístico, más integral, porque hoy lo que hay son líneas de acción.
-¿Qué implicaría esa mayor integralidad?
-Una planificación estratégica de la cuenca como un todo. Un porcentaje importante de la población vive en villas y tenemos que trabajar para hacer una intervención, para que se haga una apertura de calles de forma tal que también esa población quede integrada a la expansión de agua y cloaca, porque de lo contrario va a quedar afuera. Se estaría cumpliendo con una manda de la sentencia, pero un porcentaje de la población no va a ser incorporada a la red cloacal.
-Para sanear la ría de Bilbao, además de exigirles una planta de tratamiento, el gobierno vasco obligó a las industrias a conectarse a la red. Así las obligó a pagar un canon que les permitió recaudar para el plan de saneamiento. ¿Se puede pensar en algo así en el Riachuelo?
-Es factible, pero no es algo que estemos promoviendo.
-¿No le parece lógico que pagaran una contribución por el saneamiento?
-Es algo que se está analizando: un seguro ambiental. Creo que sí corresponde.
-La experiencia de saneamiento del Rin es un ejemplo de coordinación entre países. ¿Por qué acá es un problema la coordinación entre jurisdicciones de un mismo país?
-Avanzamos mucho en la coordinación. El tema es que las tres jurisdicciones que forman parte de Acumar son el Estado nacional, la Provincia y la Ciudad. Pero hay 14 municipios que no lo integran. Y Acumar no tiene un poder de policía suficiente como para multar a los municipios que, por la Constitución, tienen como responsabilidad primaria ocuparse de la basura y no lo hacen. En ese sentido sí falta articular.
-Un especialista que lideró el saneamiento del Rin dijo que fue vital que la sociedad confiara en el plan. ¿Cree que hay confianza en el plan para el Riachuelo?
-Acumar es un organismo sobre el cual la confianza se ha visto resquebrajada. Estamos trabajando para reconstruirla dentro del propio organismo, para que luego traspase las paredes del organismo y permita que la gente confíe en el proyecto que tenemos.
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¿Se viene el aval de Ambiente para el desmonte en Salta?
Nación y Salta firmaron un convenio de colaboración para la promoción de la actividad productiva sustentable de los bosques de la provincia
Fecha de Publicación: 19/05/2018
Fuente: argentina.gob.ar
Provincia/Región: Salta Nacional
El acta tiene por objeto, dentro del plazo de 30 días, evaluar y verificar si la ejecución de los proyectos autorizados oportunamente por la provincia de Salta cumple con el marco normativo.
Los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agroindustria de la Nación junto al Gobierno de la provincia de Salta firmaron hoy un convenio de colaboración para la promoción de la actividad productiva sustentable de los bosques salteños.
El documento fue rubricado por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman; el gobernador Juan Manuel Urtubey; el secretario de Coordinación General del Ministerio de Agroindustria, Santiago del Solar Dorrego; y la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la provincia, Paula Bibini.
El objetivo del acuerdo es abordar tres lineamientos de gestión colaborativa: trabajo conjunto en la elaboración de criterios de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia de Salta; promoción y apoyo de actividades productivas sustentables en Bosques Nativos ubicados en categoría amarilla; e implementación de planes de restauración y reforestación de zonas degradadas.
Los gobiernos nacional y provincial se comprometieron a elaborar, a través de sus equipos técnicos, alternativas de producción sustentable en áreas categorizadas como “amarillas” en el marco normativo vigente.
Se acordó asimismo que el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta, con la colaboración del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, instrumentarán un plan de restauración forestal en zonas degradadas.
Asimismo, y con la participación de la Asociación Prograno, representada por Santiago Bayón; la Federación de Entidades Rurales Salteñas (Federsal), representada por Ignacio Pisani y la Sociedad Rural Salteña, representada por Lucas Elizalde, se firmó un acta complementaria en el marco del convenio citado.
El acta tiene por objeto, dentro del plazo de 30 días, evaluar y verificar si la ejecución de los proyectos autorizados oportunamente por la provincia de Salta cumple con el marco normativo. Esta evaluación técnica, que se realizará caso por caso, estará a cargo de la provincia, con la colaboración de los ministerios de la Nación.
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Fecha de Publicación: 19/05/2018
Fuente: argentina.gob.ar
Provincia/Región: Salta Nacional
El acta tiene por objeto, dentro del plazo de 30 días, evaluar y verificar si la ejecución de los proyectos autorizados oportunamente por la provincia de Salta cumple con el marco normativo.
Los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agroindustria de la Nación junto al Gobierno de la provincia de Salta firmaron hoy un convenio de colaboración para la promoción de la actividad productiva sustentable de los bosques salteños.
El documento fue rubricado por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman; el gobernador Juan Manuel Urtubey; el secretario de Coordinación General del Ministerio de Agroindustria, Santiago del Solar Dorrego; y la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la provincia, Paula Bibini.
El objetivo del acuerdo es abordar tres lineamientos de gestión colaborativa: trabajo conjunto en la elaboración de criterios de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia de Salta; promoción y apoyo de actividades productivas sustentables en Bosques Nativos ubicados en categoría amarilla; e implementación de planes de restauración y reforestación de zonas degradadas.
Los gobiernos nacional y provincial se comprometieron a elaborar, a través de sus equipos técnicos, alternativas de producción sustentable en áreas categorizadas como “amarillas” en el marco normativo vigente.
Se acordó asimismo que el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta, con la colaboración del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, instrumentarán un plan de restauración forestal en zonas degradadas.
Asimismo, y con la participación de la Asociación Prograno, representada por Santiago Bayón; la Federación de Entidades Rurales Salteñas (Federsal), representada por Ignacio Pisani y la Sociedad Rural Salteña, representada por Lucas Elizalde, se firmó un acta complementaria en el marco del convenio citado.
El acta tiene por objeto, dentro del plazo de 30 días, evaluar y verificar si la ejecución de los proyectos autorizados oportunamente por la provincia de Salta cumple con el marco normativo. Esta evaluación técnica, que se realizará caso por caso, estará a cargo de la provincia, con la colaboración de los ministerios de la Nación.
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Respuesta a Barañao por sus lamentables dichos
El ecologismo y sus prejuicios
Fecha de Publicación: 18/05/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Si miles de especies están en peligro de extinción, ¿por qué se las ningunea? Es urgente aplicar modificaciones en actividades económicas como la pesca y la agricultura.
Cómo se puede afirmar que “los ecologistas son a los ecólogos como los borrachos a los enólogos” (ver aquí) cuando el movimiento ecologista es una bolsa de gatos en la que cada cual anda con su historia, su universo de lenguajes, valores, herramientas, motivaciones?
¡Puros prejuicios! El ecologismo no aguanta el promedio. Algunos ecologistas se ocupan de la contaminación y el cambio climático, otros de que una minusculosisíma porción de las tierras y los mares no se exploten. Luego vienen los conservacionistas que intentan detener la topadora que entierra especies como nivelando caminos, y a no olvidarse de los políticamente correctos desarrollosustentabilistas, cuyo fin es no ofender a nadie.
A pesar de la dispersión de valores, se embolsa al ecologismo como un “movimiento” y se lo acusa de irracional; se dice de él que es opositor al crecimiento. Es por su culpa que en las naciones menos desarrolladas no hay esplendor. Se le endilga existir para impedir, ser ignorante y pasional, incapaz de sostener razones objetivas, inmune al análisis costo-beneficio.
Tiene alguna gracia la frase del borracho, aunque es poco feliz; reverbera el estilo de un economista, hoy desacreditado, que vislumbró para los científicos un futuro de lavaplatos. Un comentario peyorativo cosecha antipatías; mi objetivo es refutarlo.
Esto sostiene el “ecologismo”: de las 91.523 especies hoy categorizadas en la Lista Roja de la UICN, unas 25.000 están amenazadas de extinción. De éstas, siete de cada diez lo están por sobre-explotación (ejemplo: sobrepesca) o destrucción de ambientes (ejemplo: agricultura, minería, pesca); léase: unas 18.000 especies están amenazadas por acciones del desarrollo. La contaminación amenaza una de cada diez especies en peligro. De éstas, en la Argentina hay unas cuantas. Entre ellas el yaguareté del billete de $500.
A la Lista Roja aportan unos 8.000 expertos internacionales con credenciales indiscutibles. El Banco Mundial y las Naciones Unidas usan los datos de la UICN. En los mismos datos se sustenta el reclamo ecologista. ¿Por qué entonces se lo ningunea?
Los análisis costo-beneficio tienen esta forma: para que las especies dejen de estar amenazadas hay que comprometer actividades económicas: menos pesca, menos expansión de la agricultura, de la minería, del uso del agua, entre otros. La economía no se sostiene sin estas actividades. ¿Cómo hacemos?
La respuesta racional no es: sigamos adelante, es: controlemos el crecimiento y el consumo de la población humana y distribuyamos mejor la riqueza. Los ecologistas piden eso. ¿Por qué se los menosprecia?
El mar es el ambiente planetario imperante. El 2% de la superficie del océano se encuentra fuera del alcance de la pesca; ergo el 98% de la superficie del mar se expone a que se le arroje una red y quede el cementerio. No es una exageración, la amenaza de la pesca a escala industrial es regla que los datos sostienen.
Cantidad de operaciones pesqueras reciben subsidios del Estado, emplean trabajo esclavo y desechan varias veces lo que llevan a puerto. Hay datos para sustentarlo.
La ciencia ha mostrado que proteger el mar requiere quitar a la pesca de lugares sensibles en los que actúa como elefante en un bazar. Es un objetivo loable, acordado por los Gobiernos. Y hete aquí que para crear un área protegida sin pesca se necesita detrás una voluntad política de hierro. La pelea es por incrementar al 10% el mar protegido. Sólo implica que los que se sienten propietarios de los océanos atemperen su voracidad. Cuesta, y mucho. ¿No es razonable preguntarse de qué lado anda el fundamentalismo?
El Papa Francisco, en la Encíclica Laudato Si, se acerca a los “ecologistas”. Muchas organizaciones no gubernamentales comprenden bien el estado de la naturaleza. Los indicadores ambientales no mienten: los mares se vacían, las tierras se desertifican, el agua se acaba.
Se consume desaforadamente, se tienen los hijos que no se pueden educar, y la equidad es el chiste del milenio. Si esta columna fuera un artículo científico, cada afirmación precedente tendría sustento en abundantes citas de la bibliografía especializada. ¿Por qué resistirse a lo que no habla bien de muchas modalidades del desarrollo? ¿Acaso la economía mundial marcha sobre rieles de irrefutable sentido común?
Entre los ambientalistas hay irracionales. Es obvio que no se resuelven los conflictos que ponen en peligro a 5.600 especies críticamente amenazadas interponiéndose a un arpón arrojado a una ballena, pero esas insensateces son el eco de las que sustentan la “caza científica de cetáceos”.
Y mientras la carga de fundamentalismo cae sobre los ambientalistas, un artículo en The Guardian (julio 2017), señala que son asesinados a razón de cuatro por semana. Son líderes de comunidades aborígenes, guardaparques, activistas.
El ecologismo es un rejunte de fuerzas que, en mi opinión, tiene amplio apoyo en la sociedad silenciosa. Y ya que se le carga gratuitamente con el mote de alborotador, valga el comentario: es imperioso que el silencio se quiebre.
Por Claudio Campagna - Médico y Doctor en Biología
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Fecha de Publicación: 18/05/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Si miles de especies están en peligro de extinción, ¿por qué se las ningunea? Es urgente aplicar modificaciones en actividades económicas como la pesca y la agricultura.
Cómo se puede afirmar que “los ecologistas son a los ecólogos como los borrachos a los enólogos” (ver aquí) cuando el movimiento ecologista es una bolsa de gatos en la que cada cual anda con su historia, su universo de lenguajes, valores, herramientas, motivaciones?
¡Puros prejuicios! El ecologismo no aguanta el promedio. Algunos ecologistas se ocupan de la contaminación y el cambio climático, otros de que una minusculosisíma porción de las tierras y los mares no se exploten. Luego vienen los conservacionistas que intentan detener la topadora que entierra especies como nivelando caminos, y a no olvidarse de los políticamente correctos desarrollosustentabilistas, cuyo fin es no ofender a nadie.
A pesar de la dispersión de valores, se embolsa al ecologismo como un “movimiento” y se lo acusa de irracional; se dice de él que es opositor al crecimiento. Es por su culpa que en las naciones menos desarrolladas no hay esplendor. Se le endilga existir para impedir, ser ignorante y pasional, incapaz de sostener razones objetivas, inmune al análisis costo-beneficio.
Tiene alguna gracia la frase del borracho, aunque es poco feliz; reverbera el estilo de un economista, hoy desacreditado, que vislumbró para los científicos un futuro de lavaplatos. Un comentario peyorativo cosecha antipatías; mi objetivo es refutarlo.
Esto sostiene el “ecologismo”: de las 91.523 especies hoy categorizadas en la Lista Roja de la UICN, unas 25.000 están amenazadas de extinción. De éstas, siete de cada diez lo están por sobre-explotación (ejemplo: sobrepesca) o destrucción de ambientes (ejemplo: agricultura, minería, pesca); léase: unas 18.000 especies están amenazadas por acciones del desarrollo. La contaminación amenaza una de cada diez especies en peligro. De éstas, en la Argentina hay unas cuantas. Entre ellas el yaguareté del billete de $500.
A la Lista Roja aportan unos 8.000 expertos internacionales con credenciales indiscutibles. El Banco Mundial y las Naciones Unidas usan los datos de la UICN. En los mismos datos se sustenta el reclamo ecologista. ¿Por qué entonces se lo ningunea?
Los análisis costo-beneficio tienen esta forma: para que las especies dejen de estar amenazadas hay que comprometer actividades económicas: menos pesca, menos expansión de la agricultura, de la minería, del uso del agua, entre otros. La economía no se sostiene sin estas actividades. ¿Cómo hacemos?
La respuesta racional no es: sigamos adelante, es: controlemos el crecimiento y el consumo de la población humana y distribuyamos mejor la riqueza. Los ecologistas piden eso. ¿Por qué se los menosprecia?
El mar es el ambiente planetario imperante. El 2% de la superficie del océano se encuentra fuera del alcance de la pesca; ergo el 98% de la superficie del mar se expone a que se le arroje una red y quede el cementerio. No es una exageración, la amenaza de la pesca a escala industrial es regla que los datos sostienen.
Cantidad de operaciones pesqueras reciben subsidios del Estado, emplean trabajo esclavo y desechan varias veces lo que llevan a puerto. Hay datos para sustentarlo.
La ciencia ha mostrado que proteger el mar requiere quitar a la pesca de lugares sensibles en los que actúa como elefante en un bazar. Es un objetivo loable, acordado por los Gobiernos. Y hete aquí que para crear un área protegida sin pesca se necesita detrás una voluntad política de hierro. La pelea es por incrementar al 10% el mar protegido. Sólo implica que los que se sienten propietarios de los océanos atemperen su voracidad. Cuesta, y mucho. ¿No es razonable preguntarse de qué lado anda el fundamentalismo?
El Papa Francisco, en la Encíclica Laudato Si, se acerca a los “ecologistas”. Muchas organizaciones no gubernamentales comprenden bien el estado de la naturaleza. Los indicadores ambientales no mienten: los mares se vacían, las tierras se desertifican, el agua se acaba.
Se consume desaforadamente, se tienen los hijos que no se pueden educar, y la equidad es el chiste del milenio. Si esta columna fuera un artículo científico, cada afirmación precedente tendría sustento en abundantes citas de la bibliografía especializada. ¿Por qué resistirse a lo que no habla bien de muchas modalidades del desarrollo? ¿Acaso la economía mundial marcha sobre rieles de irrefutable sentido común?
Entre los ambientalistas hay irracionales. Es obvio que no se resuelven los conflictos que ponen en peligro a 5.600 especies críticamente amenazadas interponiéndose a un arpón arrojado a una ballena, pero esas insensateces son el eco de las que sustentan la “caza científica de cetáceos”.
Y mientras la carga de fundamentalismo cae sobre los ambientalistas, un artículo en The Guardian (julio 2017), señala que son asesinados a razón de cuatro por semana. Son líderes de comunidades aborígenes, guardaparques, activistas.
El ecologismo es un rejunte de fuerzas que, en mi opinión, tiene amplio apoyo en la sociedad silenciosa. Y ya que se le carga gratuitamente con el mote de alborotador, valga el comentario: es imperioso que el silencio se quiebre.
Por Claudio Campagna - Médico y Doctor en Biología
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Un inventario de glaciares a medida de las mineras
A veces el tamaño sí importa
Fecha de Publicación: 17/05/2018
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Greenpeace Argentina y la Asamblea Jáchal No Se Toca criticaron el Inventario presentado por el Instituto Nacional de Niveología, Glaciología y Ciencias Ambientales.
Con bombos y platillos el Gobierno nacional presentó el Inventario de glaciares que realizó el Instituto Nacional de Niveología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), que identificó 16.986 masas de hielo en todo el territorio y ubica a la Argentina como el segundo país del continente sudamericano (después de Chile) en términos de extensión de sus glaciares, y entre los 15 mayores a nivel mundial. Sin embargo, según denunciaron las organizaciones ambientalistas, el relevamiento, cuyo objetivo es preservar los recursos hídricos nacionales, no sólo “llegó con años de demora”, sino que “está incompleto”, ya que no incluyó a los glaciares menores a un kilómetro cuadrado de superficie, como los que se encuentran en las zonas de las minas Veladero y Pascua Lama (en San Juan) y por lo que el juez federal Sebastián Casanello procesó a varios funcionarios, entre ellos, a Ricardo Villalba, el ex titular del Ianigla.
Durante la presentación en Casa Rosada, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, respaldó el procedimiento utilizado por el Ianigla para hacer el Inventario ordenado por la Ley 26639 (Régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial), sancionada en 2010. “Hemos ratificado el criterio técnico del Ianigla, que es el que sostiene el inventario, pero como eso está observado por la Justicia queremos ratificar que es un estándar internacional”, sostuvo Bergman, y en sintonía con lo que pide el lobby minero y algunos gobernadores advirtió que buscaran modificar la ley de glaciares: “Vamos a ir a los legisladores para que se establezca esa superficie mínima, para que sea preciso”.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo que “necesitábamos saber cuántos glaciares hay para tener una política de protección” y explicó que el Inventario permitirá “definir zonas de desarrollo y zonas de protección”. Y consideró que “muchas veces se ha contrapuesto el desarrollo y el cuidado del ambiente, el desafío es achicar la brecha y encontrarnos en la verdad”.
En tanto las organizaciones Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Greenpeace Argentina y los abogados de la Asamblea Jáchal No se Toca apuntaron contra la exclusión de las masas de hielo, de acuerdo con el artículo 2 de la ley, que establece que “toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente” debe ser relevada, y reclamaron el inmediato cumplimiento de la norma.
El abogado de los asambleístas de Jáchal, Diego Seguí, dijo que “lo de Bergman es una confesión de parte, y por eso quieren flexibilizar la ley”. Y recordó que “Casanello procesó el año pasado a los ex funcionarios Omar Judis,Juan José Mussi, Sergio Lorusso y a Villalba –en una causa que se desprendió de la investigación del derrame de la Barrick Gold en Veladero en 2015– por excluir los glaciares de menos de un kilómetro cuadrado al aplicar la ley, impidiendo que pudieran ser protegidos. Es decir, el juez sostuvo que el inventario no es legal”, afirmó el letrado.
El representante del Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, dijo a PáginaI12 que “el Inventario está correcto pero incompleto. La ley es clara y afirma que todos los glaciares, cualquiera sea su forma o dimensión y estado de conservación, son objeto de protección. Aun así, con el relevamiento incompleto, el Inventario habla de glaciares y periglaciares en zonas con emprendimientos mineros, por eso exigimos la aplicación inmediata del artículo 6 de la ley, que prohíbe dicha actividad en esas zonas”.
Para la directora de Política Ambiental de FARN, Pía Marchegiani, “es positivo que estén publicados los avances del Inventario”, pero apuntó que “hay que completarlo para que se ajuste a la ley, ya que la interpretación del Ianigla es restrictiva. Y mientras se complementa, hay que hacer cumplir la ley. El Inventario es la herramienta principal pero no la única, hay proyectos en conflicto y hay que tomar decisiones. El camino es la auditoría, para ver si tienen que cesar o ser trasladados”, señaló, y advirtió que “los funcionarios tiene que dejar de ofrecer a las mineras zonas donde hay glaciares identificados, ignorando la ley, como si fueran tierra libre”.
Por su parte, el coordinador de la campaña de glaciares de Greenpeace, Gonzalo Strano, dijo que “ninguna de las organizaciones ambientalistas fuimos a la presentación para no validar esto. Si bien no está mal, le falta una parte”, y avisó que “no vamos a permitir que se cambie ni una sola coma de la ley, que es clara y muy buena. Lo que molesta mucho es que la minería está prohibida en estas zona. Hace dos años se filtró un documento que hablaba de 44 proyectos mineros, con distintos grados de avance, sobre zonas protegidas que estaban inventariadas hasta 2016, y este número crecería si se contempla lo que dejo afuera el Inventario. Tienen que cumplir con la ley porque estamos protegiendo un recurso tan vital como el agua”.
Más Información:
- Clarín. Completan el inventario nacional de glaciares: hay 16.968 y se reaviva el debate por la minería. Lo hicieron el CONICET y el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación. Hay 16.988 formaciones de hielo. El primer Inventario Nacional de Glaciares fue presentado oficialmente este martes. Se trata de un demorado trabajo que responde a lo dispuesto por la ley de Glaciares que fue sancionada en 2010
Fecha de Publicación: 17/05/2018
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Greenpeace Argentina y la Asamblea Jáchal No Se Toca criticaron el Inventario presentado por el Instituto Nacional de Niveología, Glaciología y Ciencias Ambientales.
Con bombos y platillos el Gobierno nacional presentó el Inventario de glaciares que realizó el Instituto Nacional de Niveología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), que identificó 16.986 masas de hielo en todo el territorio y ubica a la Argentina como el segundo país del continente sudamericano (después de Chile) en términos de extensión de sus glaciares, y entre los 15 mayores a nivel mundial. Sin embargo, según denunciaron las organizaciones ambientalistas, el relevamiento, cuyo objetivo es preservar los recursos hídricos nacionales, no sólo “llegó con años de demora”, sino que “está incompleto”, ya que no incluyó a los glaciares menores a un kilómetro cuadrado de superficie, como los que se encuentran en las zonas de las minas Veladero y Pascua Lama (en San Juan) y por lo que el juez federal Sebastián Casanello procesó a varios funcionarios, entre ellos, a Ricardo Villalba, el ex titular del Ianigla.
Durante la presentación en Casa Rosada, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, respaldó el procedimiento utilizado por el Ianigla para hacer el Inventario ordenado por la Ley 26639 (Régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial), sancionada en 2010. “Hemos ratificado el criterio técnico del Ianigla, que es el que sostiene el inventario, pero como eso está observado por la Justicia queremos ratificar que es un estándar internacional”, sostuvo Bergman, y en sintonía con lo que pide el lobby minero y algunos gobernadores advirtió que buscaran modificar la ley de glaciares: “Vamos a ir a los legisladores para que se establezca esa superficie mínima, para que sea preciso”.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo que “necesitábamos saber cuántos glaciares hay para tener una política de protección” y explicó que el Inventario permitirá “definir zonas de desarrollo y zonas de protección”. Y consideró que “muchas veces se ha contrapuesto el desarrollo y el cuidado del ambiente, el desafío es achicar la brecha y encontrarnos en la verdad”.
En tanto las organizaciones Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Greenpeace Argentina y los abogados de la Asamblea Jáchal No se Toca apuntaron contra la exclusión de las masas de hielo, de acuerdo con el artículo 2 de la ley, que establece que “toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente” debe ser relevada, y reclamaron el inmediato cumplimiento de la norma.
El abogado de los asambleístas de Jáchal, Diego Seguí, dijo que “lo de Bergman es una confesión de parte, y por eso quieren flexibilizar la ley”. Y recordó que “Casanello procesó el año pasado a los ex funcionarios Omar Judis,Juan José Mussi, Sergio Lorusso y a Villalba –en una causa que se desprendió de la investigación del derrame de la Barrick Gold en Veladero en 2015– por excluir los glaciares de menos de un kilómetro cuadrado al aplicar la ley, impidiendo que pudieran ser protegidos. Es decir, el juez sostuvo que el inventario no es legal”, afirmó el letrado.
El representante del Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, dijo a PáginaI12 que “el Inventario está correcto pero incompleto. La ley es clara y afirma que todos los glaciares, cualquiera sea su forma o dimensión y estado de conservación, son objeto de protección. Aun así, con el relevamiento incompleto, el Inventario habla de glaciares y periglaciares en zonas con emprendimientos mineros, por eso exigimos la aplicación inmediata del artículo 6 de la ley, que prohíbe dicha actividad en esas zonas”.
Para la directora de Política Ambiental de FARN, Pía Marchegiani, “es positivo que estén publicados los avances del Inventario”, pero apuntó que “hay que completarlo para que se ajuste a la ley, ya que la interpretación del Ianigla es restrictiva. Y mientras se complementa, hay que hacer cumplir la ley. El Inventario es la herramienta principal pero no la única, hay proyectos en conflicto y hay que tomar decisiones. El camino es la auditoría, para ver si tienen que cesar o ser trasladados”, señaló, y advirtió que “los funcionarios tiene que dejar de ofrecer a las mineras zonas donde hay glaciares identificados, ignorando la ley, como si fueran tierra libre”.
Por su parte, el coordinador de la campaña de glaciares de Greenpeace, Gonzalo Strano, dijo que “ninguna de las organizaciones ambientalistas fuimos a la presentación para no validar esto. Si bien no está mal, le falta una parte”, y avisó que “no vamos a permitir que se cambie ni una sola coma de la ley, que es clara y muy buena. Lo que molesta mucho es que la minería está prohibida en estas zona. Hace dos años se filtró un documento que hablaba de 44 proyectos mineros, con distintos grados de avance, sobre zonas protegidas que estaban inventariadas hasta 2016, y este número crecería si se contempla lo que dejo afuera el Inventario. Tienen que cumplir con la ley porque estamos protegiendo un recurso tan vital como el agua”.
Más Información:
- Clarín. Completan el inventario nacional de glaciares: hay 16.968 y se reaviva el debate por la minería. Lo hicieron el CONICET y el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación. Hay 16.988 formaciones de hielo. El primer Inventario Nacional de Glaciares fue presentado oficialmente este martes. Se trata de un demorado trabajo que responde a lo dispuesto por la ley de Glaciares que fue sancionada en 2010
- Los Andes. Glaciares: el Gobierno nacional defiende la cuestionada medición del Ianigla. En la presentación del inventario, el ministro Bergman respaldó al organismo y al mendocino Ricardo Villalba, procesado por la Justicia.
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La limpieza del Riachuelo nunca dejó de ser un maquillaje
Una limpieza que es puro maquillaje
Fecha de Publicación: 15/05/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Riachuelo
Las organizaciones que controlan la gestión de la Acumar advierten que, a diez años del fallo de la Corte, la calidad de vida de los habitantes de la cuenca no mejoró. Critican la inacción del organismo y denuncian que sólo se relocalizó al 22 por ciento de la población en riesgo.
Unas 1500 empresas siguen usando al Riachuelo como el tacho de basura de sus residuos tóxicos sin ningún tipo de control por parte del Estado y ponen en riesgo la salud de un millón y medio de personas de los cinco millones que viven en los alrededores de la cuenca. Esa realidad se esconde detrás de lo que los especialistas llaman “el maquillaje” o la gestión “cosmética” que lleva adelante desde hace ya diez años la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar).
Es cierto que si se recorre la zona ya no se sientan olores nauseabundos, el espejo de agua se ve mejor y la foto, a simple vista, es mucho mejor que la que se podía registrar hace diez años.
Sin embargo, hay graves denuncias sobre la inacción de la Acumar por no avanzar en la recomposición de la cuenca, ni en su ordenamiento territorial, ni en la construcción de viviendas, ni en la preservación del espacio público que, en lugares como la avenida Pedro de Mendoza está ocupado por empresas privadas.
Así se desprende del informe presentado en marzo pasado ante la Corte Suprema de Justicia por el cuerpo colegiado que integran diferentes organizaciones que hacen el seguimiento de la gestión de la Acumar. El documento remarca que sigue pendiente la adopción de una política sanitaria ambiental para la cuenca y que a diez años del fallo está lejos la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la cuenca.
El fallo de la Corte que intimó a la Acumar a implementar un Plan de Saneamiento en respuesta a la causa judicial conocida como “Mendoza” y que creó un Cuerpo Colegiado integrado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación de Vecinos del Barrio de la Boca, Greenpeace y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), para controlar las disposiciones en torno al saneamiento, es del 2008.
Según este Cuerpo Colegiado, las resoluciones adoptadas por la Acumar sobre vertidos de efluentes y el uso que podrá darse a las aguas convalidan las normas que habían llevado a esa situación. Los integrantes del cuerpo denuncian que la Acumar “no adoptó medidas para reducir las emisiones de gases y partículas. Subsisten basurales, reaparecen algunos que habían sido saneados y surgen nuevos porque no se ha ordenado la disposición de residuos sólidos urbanos”.
“La calidad del agua y del Riachuelo siguen igual o peor que antes”, aseguró Alfredo Alberti, presidente de la Asociación de Vecinos de La Boca.
“La situación del Riachuelo hoy deja mucho que desear. Acumar no respeta ningún plazo, no está cambiando las resoluciones importantes para controlar a las industrias que siguen arrojando de todo a un Riachuelo que está absolutamente colapsado”, enfatizó.
Precisó que “hay 1500 empresas que son consideradas agentes contaminantes” y explicó que si bien la Acumar dice que hay 500 reconvertidas es porque los parámetros “son muy permisivos”. “Cuando estas resoluciones sean actualizadas y sean lo restrictivas que tienen que ser, esas 500 que hoy aparecen como reconvertidas van a ser consideradas agentes contaminantes”, agregó.
Además, remarcó que “la salud de la gente sigue sin ser el valor más importante en este tema. El fallo de la Corte apuntaba a defender la salud de la gente y la calidad de vida pero en estos diez años lo que ha conservado sus preeminencias fueron las constantes contaminaciones de las industrias”, sentenció Alberti en diálogo con PáginaI12.
La Acumar es un ente autónomo, autárquico e interjurisdiccional en el que confluyen los tres gobiernos que tienen competencia en el territorio: el porteño, el de la provincia de Buenos Aires y el nacional. Allí se deben generar programas y proyectos de acción para asegurar la agilidad y la transparencia de los procesos administrativos. El organismo, que se creó en 2006 debido al deterioro de la cuenca, hoy tiene todos los ojos y las críticas sobre él.
“Lo que mejor está cuidado es todo lo que hace a la contaminación visual o lo que nosotros llamamos la cosmética del Riachuelo. La Acumar está cuidando la foto, lo que se ve es mucho mejor que lo que se veía hace diez años atrás, hoy cualquiera que quiera tomar una foto no encuentra el panorama dantesco y horrible que se veía años atrás. Pero lo que realmente afecta al Riachuelo son los vertidos industriales y eso no cambió”, aseguró el presidente de la Asociación de Vecinos de La Boca.
Para Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo, es un proceso complejo y desde el fallo de la Corte “ha sufrido altos y bajos”.
“En este momento, la situación está pasando por un proceso de amesetamiento que se inició en los dos últimos años del gobierno anterior y se ha mantenido durante este gobierno”, aseguró.
Según Napoli, las acciones de la Acumar “tienen muchos problemas de coordinación entre las tres jurisdicciones”. “No se avanza más allá del 25 por ciento con mucha suerte de lo que se debe desarrollar. Todavía falta llevar adelante políticas de control de la fuente de contaminación, todo lo que es el control de la actividad industrial está muy rezagado e inconstante y en lo que hace a los residuos urbanos, de limpieza de basurales a cielo abierto también”, explicó en diálogo con PáginaI12.
Y en sentido, hizo especial hincapié en que “todavía no se ha desarrollado un plan en relación a la salud, la población en situación de riesgo específica todavía no ha sido identificada”.
Otro de los pendientes es la falta de planificación y ordenamiento territorial y todo lo que tiene que ver con políticas de vivienda.
En los últimos diez años, según detalló, “solamente se llegó al 22 por ciento la relocalización de la población en situación de riesgo”.
Para Nápoli, la Acumar “no ha asumido su verdadero rol de autoridad, aunque tiene facultades para hacerlo por ley y no ha sido capaz de coordinar el accionar de las jurisdicciones”.
El río Matanza-Riachuelo es un curso de agua de 64 kilómetros y un ancho de aproximadamente 35 metros, con una superficie total de más de 2200 km2. Nace en la provincia de Buenos Aires, constituye el límite Sur de la ciudad de Buenos Aires y desemboca en el Río de la Plata. Recibe numerosos desechos industriales, especialmente metales pesados y aguas servidas provenientes de las napas saturadas de toda la cuenca. Desde hace dos siglos que está contaminado y varios estudios alertaron sobre las graves consecuencias de la contaminación en la población, especialmente la infantil.
“La principal complicación es el tema de la salud, y en particular la de los niños. Los estudios que se hicieron en la villa 21 mostraron una enorme cantidad de metales y de sustancias que tienen consecuencias perdurables en el tiempo. Lo más urgente es producir una reconversión industrial y una erradicación de los basurales que están a la vera del Riachuelo”, explicó Matías Barroetaveña, director del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM).
Las distintas organizaciones que integran el Cuerpo Colegiado coinciden en las falta de gestión y en la falta de decisión política.
Transcurridos diez años de la sentencia, el Estado no pudo mostrar avances significativos en la implementación de las directrices establecidas en el fallo, lo que impacta en los más de cinco millones de personas que viven en la cuenca.
Según el CELS, los resultados de la audiencia “dan cuenta de un total incumplimiento en cada aspecto de los objetivos dispuestos”.
En el mismo informe destacan que “de las obras de saneamiento cloacal, se ejecutó según la Acumar un 37 por ciento y las obras no tienen fecha de finalización. Respecto de las viviendas, de las 17.771 soluciones habitacionales comprometidas en 2010, a ochos años, se alcanzó un 22 por ciento de cumplimiento y el representante de la Subsecretaría de Vivienda de la Nación no pudo precisar una fecha para alcanzar la totalidad”.
Para el director de la FARN, la cuestión social en los alrededores de la cuenca es la más compleja. “Se ha publicado un mapa de riesgo que da la idea de que hay casi un millón de personas que viven en situación de riesgo y necesitan políticas activas tanto en salud como en asistencia social”, precisó.
En sentido, enfatizó que “después hay que avanzar con los otros aspectos que también son graves. Todos los contaminantes químicos que uno pueda imaginarse están en el Riachuelo”.
La contaminación de la cuenca afecta a la población y para Nápoli eso quedó demostrado en los estudios epidemiológicos que se realizaron: la mayor parte de las patologías están relacionadas con el consumo de agua de mala calidad.
Para Barroetaveña, la Acumar es una de las pocas experiencias que hay de construcción de una institucionalidad metropolitana. “La ciudad de Buenos Aires se extiende en el territorio que contando el conurbano tiene 17 millones de personas, tiene una complejidad y una misma dinámica. Cualquiera de los temas es necesario articularlo metropolitanamente y en eso es muy positivo que la Acumar exista, pero los resultados no han sido muy buenos”.
“La Acumar se puso en marcha, tiene una tarea y es muy importante que demuestre capacidad de acción. La queja que había hasta el momento, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, era que los distintos colores políticos complicaban la coordinación de esa gestión. Hoy el Gobierno nacional, el de la provincia y el de la ciudad tienen el mismo color político y aun así no logran avanzar”, concluyó.
Obras sobre el cuerpo de agua, el saneamiento de los basurales, la relocalización de viviendas, la atención a la salud, la asistencia social, los planes de agua y la reconversión industrial son todavía las cuentas pendientes y que ponen en riesgo la vida de millones de personas.
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Fecha de Publicación: 15/05/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Riachuelo
Las organizaciones que controlan la gestión de la Acumar advierten que, a diez años del fallo de la Corte, la calidad de vida de los habitantes de la cuenca no mejoró. Critican la inacción del organismo y denuncian que sólo se relocalizó al 22 por ciento de la población en riesgo.
Unas 1500 empresas siguen usando al Riachuelo como el tacho de basura de sus residuos tóxicos sin ningún tipo de control por parte del Estado y ponen en riesgo la salud de un millón y medio de personas de los cinco millones que viven en los alrededores de la cuenca. Esa realidad se esconde detrás de lo que los especialistas llaman “el maquillaje” o la gestión “cosmética” que lleva adelante desde hace ya diez años la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar).
Es cierto que si se recorre la zona ya no se sientan olores nauseabundos, el espejo de agua se ve mejor y la foto, a simple vista, es mucho mejor que la que se podía registrar hace diez años.
Sin embargo, hay graves denuncias sobre la inacción de la Acumar por no avanzar en la recomposición de la cuenca, ni en su ordenamiento territorial, ni en la construcción de viviendas, ni en la preservación del espacio público que, en lugares como la avenida Pedro de Mendoza está ocupado por empresas privadas.
Así se desprende del informe presentado en marzo pasado ante la Corte Suprema de Justicia por el cuerpo colegiado que integran diferentes organizaciones que hacen el seguimiento de la gestión de la Acumar. El documento remarca que sigue pendiente la adopción de una política sanitaria ambiental para la cuenca y que a diez años del fallo está lejos la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la cuenca.
El fallo de la Corte que intimó a la Acumar a implementar un Plan de Saneamiento en respuesta a la causa judicial conocida como “Mendoza” y que creó un Cuerpo Colegiado integrado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación de Vecinos del Barrio de la Boca, Greenpeace y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), para controlar las disposiciones en torno al saneamiento, es del 2008.
Según este Cuerpo Colegiado, las resoluciones adoptadas por la Acumar sobre vertidos de efluentes y el uso que podrá darse a las aguas convalidan las normas que habían llevado a esa situación. Los integrantes del cuerpo denuncian que la Acumar “no adoptó medidas para reducir las emisiones de gases y partículas. Subsisten basurales, reaparecen algunos que habían sido saneados y surgen nuevos porque no se ha ordenado la disposición de residuos sólidos urbanos”.
“La calidad del agua y del Riachuelo siguen igual o peor que antes”, aseguró Alfredo Alberti, presidente de la Asociación de Vecinos de La Boca.
“La situación del Riachuelo hoy deja mucho que desear. Acumar no respeta ningún plazo, no está cambiando las resoluciones importantes para controlar a las industrias que siguen arrojando de todo a un Riachuelo que está absolutamente colapsado”, enfatizó.
Precisó que “hay 1500 empresas que son consideradas agentes contaminantes” y explicó que si bien la Acumar dice que hay 500 reconvertidas es porque los parámetros “son muy permisivos”. “Cuando estas resoluciones sean actualizadas y sean lo restrictivas que tienen que ser, esas 500 que hoy aparecen como reconvertidas van a ser consideradas agentes contaminantes”, agregó.
Además, remarcó que “la salud de la gente sigue sin ser el valor más importante en este tema. El fallo de la Corte apuntaba a defender la salud de la gente y la calidad de vida pero en estos diez años lo que ha conservado sus preeminencias fueron las constantes contaminaciones de las industrias”, sentenció Alberti en diálogo con PáginaI12.
La Acumar es un ente autónomo, autárquico e interjurisdiccional en el que confluyen los tres gobiernos que tienen competencia en el territorio: el porteño, el de la provincia de Buenos Aires y el nacional. Allí se deben generar programas y proyectos de acción para asegurar la agilidad y la transparencia de los procesos administrativos. El organismo, que se creó en 2006 debido al deterioro de la cuenca, hoy tiene todos los ojos y las críticas sobre él.
“Lo que mejor está cuidado es todo lo que hace a la contaminación visual o lo que nosotros llamamos la cosmética del Riachuelo. La Acumar está cuidando la foto, lo que se ve es mucho mejor que lo que se veía hace diez años atrás, hoy cualquiera que quiera tomar una foto no encuentra el panorama dantesco y horrible que se veía años atrás. Pero lo que realmente afecta al Riachuelo son los vertidos industriales y eso no cambió”, aseguró el presidente de la Asociación de Vecinos de La Boca.
Para Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo, es un proceso complejo y desde el fallo de la Corte “ha sufrido altos y bajos”.
“En este momento, la situación está pasando por un proceso de amesetamiento que se inició en los dos últimos años del gobierno anterior y se ha mantenido durante este gobierno”, aseguró.
Según Napoli, las acciones de la Acumar “tienen muchos problemas de coordinación entre las tres jurisdicciones”. “No se avanza más allá del 25 por ciento con mucha suerte de lo que se debe desarrollar. Todavía falta llevar adelante políticas de control de la fuente de contaminación, todo lo que es el control de la actividad industrial está muy rezagado e inconstante y en lo que hace a los residuos urbanos, de limpieza de basurales a cielo abierto también”, explicó en diálogo con PáginaI12.
Y en sentido, hizo especial hincapié en que “todavía no se ha desarrollado un plan en relación a la salud, la población en situación de riesgo específica todavía no ha sido identificada”.
Otro de los pendientes es la falta de planificación y ordenamiento territorial y todo lo que tiene que ver con políticas de vivienda.
En los últimos diez años, según detalló, “solamente se llegó al 22 por ciento la relocalización de la población en situación de riesgo”.
Para Nápoli, la Acumar “no ha asumido su verdadero rol de autoridad, aunque tiene facultades para hacerlo por ley y no ha sido capaz de coordinar el accionar de las jurisdicciones”.
El río Matanza-Riachuelo es un curso de agua de 64 kilómetros y un ancho de aproximadamente 35 metros, con una superficie total de más de 2200 km2. Nace en la provincia de Buenos Aires, constituye el límite Sur de la ciudad de Buenos Aires y desemboca en el Río de la Plata. Recibe numerosos desechos industriales, especialmente metales pesados y aguas servidas provenientes de las napas saturadas de toda la cuenca. Desde hace dos siglos que está contaminado y varios estudios alertaron sobre las graves consecuencias de la contaminación en la población, especialmente la infantil.
“La principal complicación es el tema de la salud, y en particular la de los niños. Los estudios que se hicieron en la villa 21 mostraron una enorme cantidad de metales y de sustancias que tienen consecuencias perdurables en el tiempo. Lo más urgente es producir una reconversión industrial y una erradicación de los basurales que están a la vera del Riachuelo”, explicó Matías Barroetaveña, director del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM).
Las distintas organizaciones que integran el Cuerpo Colegiado coinciden en las falta de gestión y en la falta de decisión política.
Transcurridos diez años de la sentencia, el Estado no pudo mostrar avances significativos en la implementación de las directrices establecidas en el fallo, lo que impacta en los más de cinco millones de personas que viven en la cuenca.
Según el CELS, los resultados de la audiencia “dan cuenta de un total incumplimiento en cada aspecto de los objetivos dispuestos”.
En el mismo informe destacan que “de las obras de saneamiento cloacal, se ejecutó según la Acumar un 37 por ciento y las obras no tienen fecha de finalización. Respecto de las viviendas, de las 17.771 soluciones habitacionales comprometidas en 2010, a ochos años, se alcanzó un 22 por ciento de cumplimiento y el representante de la Subsecretaría de Vivienda de la Nación no pudo precisar una fecha para alcanzar la totalidad”.
Para el director de la FARN, la cuestión social en los alrededores de la cuenca es la más compleja. “Se ha publicado un mapa de riesgo que da la idea de que hay casi un millón de personas que viven en situación de riesgo y necesitan políticas activas tanto en salud como en asistencia social”, precisó.
En sentido, enfatizó que “después hay que avanzar con los otros aspectos que también son graves. Todos los contaminantes químicos que uno pueda imaginarse están en el Riachuelo”.
La contaminación de la cuenca afecta a la población y para Nápoli eso quedó demostrado en los estudios epidemiológicos que se realizaron: la mayor parte de las patologías están relacionadas con el consumo de agua de mala calidad.
Para Barroetaveña, la Acumar es una de las pocas experiencias que hay de construcción de una institucionalidad metropolitana. “La ciudad de Buenos Aires se extiende en el territorio que contando el conurbano tiene 17 millones de personas, tiene una complejidad y una misma dinámica. Cualquiera de los temas es necesario articularlo metropolitanamente y en eso es muy positivo que la Acumar exista, pero los resultados no han sido muy buenos”.
“La Acumar se puso en marcha, tiene una tarea y es muy importante que demuestre capacidad de acción. La queja que había hasta el momento, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, era que los distintos colores políticos complicaban la coordinación de esa gestión. Hoy el Gobierno nacional, el de la provincia y el de la ciudad tienen el mismo color político y aun así no logran avanzar”, concluyó.
Obras sobre el cuerpo de agua, el saneamiento de los basurales, la relocalización de viviendas, la atención a la salud, la asistencia social, los planes de agua y la reconversión industrial son todavía las cuentas pendientes y que ponen en riesgo la vida de millones de personas.
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Sanear el Riachuelo: mandato a cumplir
Sanear el Riachuelo: mandato a cumplir
Fecha de Publicación: 10/05/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Riachuelo
Si se cambia el paradigma, se evitará la contaminación ambiental y el riesgo para la salud. Con urgencia se requiere la pronta evaluación de los proyectos e iniciación de obras con agenda monitoreada. Es decir, pasar del discurso a la acción. También, asumir la responsabilidad asignada para cumplir con el principio del derecho a la salud, que se basa en el derecho a una vida digna.
El llamado de la Corte a Audiencia Pública para avanzar en el cumplimiento de obras de saneamiento del Riachuelo vuelve a poner el eje en la relocalización de familias gravemente afectadas. La población que se ha ido asentando en una franja estrecha a orillas del Riachuelo hace tiempo que sufre problemas de salud que serán mayores si no es reubicada prontamente.
Ya la Corte había advertido sobre graves deficiencias en los informes presentados por la autoridad de cuenca ACUMAR entre 2006 y 2015. Entre otras cosas, dispuso que se brinde información sobre cuestiones relacionadas a la relocalización de los habitantes de esa ribera, y el seguimiento de las personas que sufren alguna enfermedad vinculadas con la contaminación.
Durante abril de 2018, el alto tribunal convocó a una nueva audiencia pública por la contaminación en el Riachuelo, que deberá realizarse en un plazo menor a los 30 días, para que las partes involucradas expongan sobre los avances en la recomposición del daño ambiental registrado en la cuenca.
Entre otros factores riesgosos para los habitantes del lugar están las industrias productoras de residuos contaminantes, que originan afecciones en la piel y las vías respiratorias. Es por ello que la aplicación adecuada del derecho penal puede ser una herramienta eficaz para proteger el derecho a un ambiente sano que establece nuestra Constitución.
El Foro Mundial del Agua, que tuvo lugar en Brasilia en marzo de este año, estuvo organizado por el Consejo Mundial del Agua, cuya misión es “crear un compromiso político que facilite el desarrollo, planificación, gestión y uso eficiente del agua sobre una base ambientalmente sostenible en beneficio de la vida en la Tierra”.
Algunos datos presentados durante la reunión resultan sorprendentes: en el mundo hay más personas con teléfonos móviles que con inodoros; solo dos de cada diez países destinan fondos suficientes para garantizar el acceso de sus poblaciones al agua potable y a servicios de cloacas y, sin embargo, se estima que por cada dólar que invierte un gobierno en el manejo del agua y el saneamiento ambiental, se ahorran cuatro dólares en gastos de salud y aumento de la productividad.
Lo que nos interesa a los sanitaristas es brindar a la población agua potable y cloacas, generar energía con menores emisiones de gases efecto invernadero, lograr comunidades sostenibles, y que sea delito atentar contra el ambiente. En Argentina, nuestros esfuerzos deben estar focalizados en la Cuenca Matanza Riachuelo, una de las más contaminadas del mundo, que alcanza niveles críticos en los cursos medio y bajo del río, y tiene consecuencias directas sobre la salud y la calidad de vida de los 5 millones de habitantes de la zona. Años de desidia han convertido al río y la zona en un ícono nacional de la contaminación e injusticia ambiental.
Es de esperar que con la nueva gestión, la puesta a punto de los proyectos y la renovada convocatoria de la Corte, muy pronto todas esas familias encuentren una solución que les permita vivir de una manera digna, sin riesgos de enfermarse por causa de la desaprensión y la falta de controles.
Norma Cadoppi - Presidenta del Foro Estratégico para el Desarrollo Nacional.
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Fecha de Publicación: 10/05/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Riachuelo
Si se cambia el paradigma, se evitará la contaminación ambiental y el riesgo para la salud. Con urgencia se requiere la pronta evaluación de los proyectos e iniciación de obras con agenda monitoreada. Es decir, pasar del discurso a la acción. También, asumir la responsabilidad asignada para cumplir con el principio del derecho a la salud, que se basa en el derecho a una vida digna.
El llamado de la Corte a Audiencia Pública para avanzar en el cumplimiento de obras de saneamiento del Riachuelo vuelve a poner el eje en la relocalización de familias gravemente afectadas. La población que se ha ido asentando en una franja estrecha a orillas del Riachuelo hace tiempo que sufre problemas de salud que serán mayores si no es reubicada prontamente.
Ya la Corte había advertido sobre graves deficiencias en los informes presentados por la autoridad de cuenca ACUMAR entre 2006 y 2015. Entre otras cosas, dispuso que se brinde información sobre cuestiones relacionadas a la relocalización de los habitantes de esa ribera, y el seguimiento de las personas que sufren alguna enfermedad vinculadas con la contaminación.
Durante abril de 2018, el alto tribunal convocó a una nueva audiencia pública por la contaminación en el Riachuelo, que deberá realizarse en un plazo menor a los 30 días, para que las partes involucradas expongan sobre los avances en la recomposición del daño ambiental registrado en la cuenca.
Entre otros factores riesgosos para los habitantes del lugar están las industrias productoras de residuos contaminantes, que originan afecciones en la piel y las vías respiratorias. Es por ello que la aplicación adecuada del derecho penal puede ser una herramienta eficaz para proteger el derecho a un ambiente sano que establece nuestra Constitución.
El Foro Mundial del Agua, que tuvo lugar en Brasilia en marzo de este año, estuvo organizado por el Consejo Mundial del Agua, cuya misión es “crear un compromiso político que facilite el desarrollo, planificación, gestión y uso eficiente del agua sobre una base ambientalmente sostenible en beneficio de la vida en la Tierra”.
Algunos datos presentados durante la reunión resultan sorprendentes: en el mundo hay más personas con teléfonos móviles que con inodoros; solo dos de cada diez países destinan fondos suficientes para garantizar el acceso de sus poblaciones al agua potable y a servicios de cloacas y, sin embargo, se estima que por cada dólar que invierte un gobierno en el manejo del agua y el saneamiento ambiental, se ahorran cuatro dólares en gastos de salud y aumento de la productividad.
Lo que nos interesa a los sanitaristas es brindar a la población agua potable y cloacas, generar energía con menores emisiones de gases efecto invernadero, lograr comunidades sostenibles, y que sea delito atentar contra el ambiente. En Argentina, nuestros esfuerzos deben estar focalizados en la Cuenca Matanza Riachuelo, una de las más contaminadas del mundo, que alcanza niveles críticos en los cursos medio y bajo del río, y tiene consecuencias directas sobre la salud y la calidad de vida de los 5 millones de habitantes de la zona. Años de desidia han convertido al río y la zona en un ícono nacional de la contaminación e injusticia ambiental.
Es de esperar que con la nueva gestión, la puesta a punto de los proyectos y la renovada convocatoria de la Corte, muy pronto todas esas familias encuentren una solución que les permita vivir de una manera digna, sin riesgos de enfermarse por causa de la desaprensión y la falta de controles.
Norma Cadoppi - Presidenta del Foro Estratégico para el Desarrollo Nacional.
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Denunciarán al gobernador de Mendoza por el tema fracking
Denunciarán a Cornejo por autorizar "ilegalmente" el fracking
Fecha de Publicación: 08/05/2018
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: Mendoza
Organizaciones ambientales denunciarán "penalmente" al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y a los responsables del Departamento General de Irrigación de la provincia por "autorizar un decreto que permite la práctica del fracking que violenta la ley ambiental".
Así lo remarcó el científico Esteban Servat, que es magister en Biotecnología, al tiempo que sostuvo que la organización Oikos es la encargada de llevar adelante la demanda contra Cornejo por la disposición del decreto 248.
La Pampa ha pedido informes en el comité de cuenca del río Atuel por la posibilidad de que el fracking esté contaminando del cauce.
"En Mendoza, el gobernador Cornejo autorizó sigilosamente un decreto que violenta la ley ambiental. Es inconstitucional. Buscan que se concrete la explotación de fracking en el cerro Pencal en Malargüe. Ecoleaks, una organización ambiental a la que pertenezco y que es como WikiLeaks, difundió informes que fueron publicados por empresas en el área ambiental", precisó Servat.
En ese sentido, publicaron "un informe secreto del Departamento de Irrigación de Mendoza que analizó cinco muestras piloto del fracking y las mismas revelaron contaminación por hidrocarburos en napas de agua, ya que dos de ellas tenían cuatro veces más del límite establecido y una siete veces más de los permitido".
"Al revelar esto el 16 de marzo, el gobierno mendocino salió a negar esos resultados, a negar informes, dijo que eran falsos y que se había comprobado que el fracking no contaminaba. Pero los funcionarios tropezaron en sus propias mentiras hasta que admitieron que los informes eran reales, pero solo dijeron que estaban buscando al responsable por publicarlos", sostuvo.
En ese sentido, esta área también será "demandada por ocultar información publica", precisó Servat.
"Malargüe es la capital petrolera de la provincia y usan las mentiras del fracking con la excusa de que traen trabajo, desarrollo, pero por suerte esto llevó a una gran movilización creciente con una pueblada pacífica que sigue desde hace 10 días en el Departamento de General Alvear, a favor del agua y de la vida y que se fue extendiendo por toda la provincia".
El especialista señaló a Noticias Argentinas que mientras Mendoza se encuentra con que los regantes poseen un grave faltante de agua", mientras "se está dando agua de forma indiscriminada a las petroleras para el fracking, sin consultar por los regantes".
"Malargüe es altamente sísmica y el fracking fractura cualquier encamisado. Imaginen lo que puede provocar sobre una roca madre que está a 3.000 metros de profundidad".
El científico sostuvo que el gobierno de Mendoza "quiere criminalizar la protesta pacífica que encabezan ancianos, mujeres con hijos y familias en general contra el decreto" y agregó que los habitantes están "unidos en defensa del medioambiente".
¿Qué es el fracking?
Servat explicó que el fracking "es un técnica de extracción que se produce cuando se agota el petróleo en el mundo y en momentos en que es necesario impulsar energías renovables para evitar el desastree climático que se avecina".
"Es una técnica autodestructiva para extraer petróleo y gas desde yacimientos no convencionales, o sea reservas que están situadas a grandes profundidades y que se encuentran en la roca madre a unos 3.000 metros de profundidad", indicó.
Además, agregó: "Se hacen perforaciones a grandes distancias, con 30 millones de litros de agua por pozo y un coste altamente tóxico de más de 600 químicos tóxicos, abortivos, que genera deformaciones en fetos y enfermedades raras que son desconocidas para la medicina".
Servat detalló que "con esos químicos disuelven la roca madre para liberar burbujas de gas y petróleo que estén en ella" y precisó que es una técnica que está "prohibida en los países más desarrollados del mundo, porque hay graves consecuencias para personas, para el agua, el aire, el suelo y el medioambiente general".
"El fracking causa sismos y fue prohibido por eso mismo los químicos que usa en el agua son altamante irrecuperables y el agua mientras siga allí continúa trabajando, disolviendo rocas y contaminando acuíferos", indicó.
Asimismo, señaló que "la industria dice que el encamisado de cada pozo se hace con lámina de acero, pero el líquido contaminado entra en los acuíferos".
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Fecha de Publicación: 08/05/2018
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: Mendoza
Organizaciones ambientales denunciarán "penalmente" al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y a los responsables del Departamento General de Irrigación de la provincia por "autorizar un decreto que permite la práctica del fracking que violenta la ley ambiental".
Así lo remarcó el científico Esteban Servat, que es magister en Biotecnología, al tiempo que sostuvo que la organización Oikos es la encargada de llevar adelante la demanda contra Cornejo por la disposición del decreto 248.
La Pampa ha pedido informes en el comité de cuenca del río Atuel por la posibilidad de que el fracking esté contaminando del cauce.
"En Mendoza, el gobernador Cornejo autorizó sigilosamente un decreto que violenta la ley ambiental. Es inconstitucional. Buscan que se concrete la explotación de fracking en el cerro Pencal en Malargüe. Ecoleaks, una organización ambiental a la que pertenezco y que es como WikiLeaks, difundió informes que fueron publicados por empresas en el área ambiental", precisó Servat.
En ese sentido, publicaron "un informe secreto del Departamento de Irrigación de Mendoza que analizó cinco muestras piloto del fracking y las mismas revelaron contaminación por hidrocarburos en napas de agua, ya que dos de ellas tenían cuatro veces más del límite establecido y una siete veces más de los permitido".
"Al revelar esto el 16 de marzo, el gobierno mendocino salió a negar esos resultados, a negar informes, dijo que eran falsos y que se había comprobado que el fracking no contaminaba. Pero los funcionarios tropezaron en sus propias mentiras hasta que admitieron que los informes eran reales, pero solo dijeron que estaban buscando al responsable por publicarlos", sostuvo.
En ese sentido, esta área también será "demandada por ocultar información publica", precisó Servat.
"Malargüe es la capital petrolera de la provincia y usan las mentiras del fracking con la excusa de que traen trabajo, desarrollo, pero por suerte esto llevó a una gran movilización creciente con una pueblada pacífica que sigue desde hace 10 días en el Departamento de General Alvear, a favor del agua y de la vida y que se fue extendiendo por toda la provincia".
El especialista señaló a Noticias Argentinas que mientras Mendoza se encuentra con que los regantes poseen un grave faltante de agua", mientras "se está dando agua de forma indiscriminada a las petroleras para el fracking, sin consultar por los regantes".
"Malargüe es altamente sísmica y el fracking fractura cualquier encamisado. Imaginen lo que puede provocar sobre una roca madre que está a 3.000 metros de profundidad".
El científico sostuvo que el gobierno de Mendoza "quiere criminalizar la protesta pacífica que encabezan ancianos, mujeres con hijos y familias en general contra el decreto" y agregó que los habitantes están "unidos en defensa del medioambiente".
¿Qué es el fracking?
Servat explicó que el fracking "es un técnica de extracción que se produce cuando se agota el petróleo en el mundo y en momentos en que es necesario impulsar energías renovables para evitar el desastree climático que se avecina".
"Es una técnica autodestructiva para extraer petróleo y gas desde yacimientos no convencionales, o sea reservas que están situadas a grandes profundidades y que se encuentran en la roca madre a unos 3.000 metros de profundidad", indicó.
Además, agregó: "Se hacen perforaciones a grandes distancias, con 30 millones de litros de agua por pozo y un coste altamente tóxico de más de 600 químicos tóxicos, abortivos, que genera deformaciones en fetos y enfermedades raras que son desconocidas para la medicina".
Servat detalló que "con esos químicos disuelven la roca madre para liberar burbujas de gas y petróleo que estén en ella" y precisó que es una técnica que está "prohibida en los países más desarrollados del mundo, porque hay graves consecuencias para personas, para el agua, el aire, el suelo y el medioambiente general".
"El fracking causa sismos y fue prohibido por eso mismo los químicos que usa en el agua son altamante irrecuperables y el agua mientras siga allí continúa trabajando, disolviendo rocas y contaminando acuíferos", indicó.
Asimismo, señaló que "la industria dice que el encamisado de cada pozo se hace con lámina de acero, pero el líquido contaminado entra en los acuíferos".
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Cornejo se pronunción sobre el fracking en la legislatura
Cornejo no esquivó la polémica por el fracking en su discurso de apertura de Sesiones
Fecha de Publicación: 05/05/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Aseguró que “la gran mayoría de los mendocinos quiere la armonía entre desarrollo y cuidado del ambiente”.
El gobernador Alfredo Cornejo no esquivó el tema más conflictivo de la agenda política en la actualidad durante su discurso de apertura de Sesiones Ordinarias: la autorización del fracking en la provincia. Con manifestaciones de ambientalistas en la puerta de la Legislatura, el mandatario aseguró que “el decreto busca complementar el control ambiental serio, científico, con el desarrollo que aporta la actividad petrolera”.
“En materia de petróleo, Mendoza posee importantes yacimientos de crudo convencional, pero también tiene crudo no convencional y crudo pesado, siendo una de las reservas más grandes del país. Por eso hemos trabajado, antes que nada, en la normativa que regula la evaluación ambiental del proceso de estimulación hidráulica con diferentes especialistas y actores sociales, contemplando todos los estudios y controles que las empresas deberán cumplir”, explicó Cornejo.
En este sentido agregó: “Este gobierno propone y está convencido que la gran mayoría de los mendocinos quiere esa armonía, del desarrollo con el cuidado del medio ambiente de la Provincia”. “Hemos licitado 11 áreas petroleras luego de 10 años que no se hacía. Se trata de áreas recuperadas por falta de inversión de sus antiguos concesionarios. Ahora, aquí se cumplen los contratos”, aseguró.
La Caja Seguro Mutual Abril 2018 300*600
“Hoy podemos mostrar que Mendoza está en marcha, que tiene una orientación hacia al futuro, que ve en la revolución digital una oportunidad, que ha definido como norte el trabajar en una economía colaborativa, que genere bienestar económico, desarrollo social y sostenibilidad ambiental. Precisamente en materia de ambiente, además de lo ya enunciado, pusimos en vigencia la Ley de Ecoparque y comenzamos con un plan de derivaciones para los animales en busca de su bienestar, que está dando muy buenos resultados”, remarcó el gobernador Cornejo.
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Fecha de Publicación: 05/05/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Aseguró que “la gran mayoría de los mendocinos quiere la armonía entre desarrollo y cuidado del ambiente”.
El gobernador Alfredo Cornejo no esquivó el tema más conflictivo de la agenda política en la actualidad durante su discurso de apertura de Sesiones Ordinarias: la autorización del fracking en la provincia. Con manifestaciones de ambientalistas en la puerta de la Legislatura, el mandatario aseguró que “el decreto busca complementar el control ambiental serio, científico, con el desarrollo que aporta la actividad petrolera”.
“En materia de petróleo, Mendoza posee importantes yacimientos de crudo convencional, pero también tiene crudo no convencional y crudo pesado, siendo una de las reservas más grandes del país. Por eso hemos trabajado, antes que nada, en la normativa que regula la evaluación ambiental del proceso de estimulación hidráulica con diferentes especialistas y actores sociales, contemplando todos los estudios y controles que las empresas deberán cumplir”, explicó Cornejo.
En este sentido agregó: “Este gobierno propone y está convencido que la gran mayoría de los mendocinos quiere esa armonía, del desarrollo con el cuidado del medio ambiente de la Provincia”. “Hemos licitado 11 áreas petroleras luego de 10 años que no se hacía. Se trata de áreas recuperadas por falta de inversión de sus antiguos concesionarios. Ahora, aquí se cumplen los contratos”, aseguró.
La Caja Seguro Mutual Abril 2018 300*600
“Hoy podemos mostrar que Mendoza está en marcha, que tiene una orientación hacia al futuro, que ve en la revolución digital una oportunidad, que ha definido como norte el trabajar en una economía colaborativa, que genere bienestar económico, desarrollo social y sostenibilidad ambiental. Precisamente en materia de ambiente, además de lo ya enunciado, pusimos en vigencia la Ley de Ecoparque y comenzamos con un plan de derivaciones para los animales en busca de su bienestar, que está dando muy buenos resultados”, remarcó el gobernador Cornejo.
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Impunidad salteña para seguir con los desmontes
“La impunidad para arrasar los bosques en Salta es total”
Fecha de Publicación: 02/05/2018
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Salta
Greenpeace detectó, mediante sobrevuelos e imágenes satelitales, que los empresarios Alejandro Braun Peña, Pedro Cignetti y Bruno Varela Marín siguieron desmontando a pesar de las resoluciones de hace dos meses del Ministerio de Ambiente de la Nación y del gobierno de Salta que les ordenaba parar las topadoras. Desde entonces arrasaron cerca de 1.300 hectáreas de bosques nativos.
“La impunidad para arrasar los bosques en Salta es total. Primero consiguieron permisos del gobierno de Salta para desmontar donde la ley no lo permite y, a pesar de que hace dos meses tanto la Provincia como la Nación les ordenaron frenar las topadoras, siguen deforestando. Esto demuestra claramente por qué el desmonte ilegal debe ser considerado un delito penal”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
La resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente de la Nación, publicada el 24 de enero en el Boletín Oficial, respaldó el principio de no regresión ambiental, garantizado por la Constitución Nacional; declaró ilegales los 32 permisos otorgados para deforestar en áreas protegidas e instó a la provincia a suspender su ejecución y reforestar los desmontes ya realizados.
Ese mismo día, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta resolvió, mediante la resolución 019, “suspender la ejecución de las autorizaciones de re-categorización de Uso Predial y Cambio de Uso del Suelo” y “hacer conocer -a través de la Secretaría de Ambiente de éste Ministerio- a los titulares de las autorizaciones suspendidas por el Artículo 1°, el contenido de la Resolución N° 56/18 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación”.
La organización ambientalista detectó que, a pesar de dichas resoluciones, las topadoras siguieron arrasando bosques nativos en las estancias Cuchuy (550 hectáreas deforestadas), Los Pozos (540 hectáreas) y La Peregrina (200 hectáreas). Sus dueños son Alejandro Braun Peña (primo del Jefe de Gabinete de la Nación e integrante del directorio de empresas de la familia Macri), Pedro Cignetti (empresario puntano) y Bruno Varela Marín (empresario uruguayo). Greenpeace había denunciado los casos en 2014.
“El gobernador Urtubey no puede seguir siendo cómplice de la destrucción de los bosques. Debe controlar que se cumpla la normativa vigente, aplicarles multas significativas y obligarlos a reforestar. Más allá de la suspensión de la ejecución de esos desmontes, el gobierno de Salta debe cancelar en forma inmediata los 32 permisos que otorgó violando la Ley de Bosques”, señaló Giardini.
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Fecha de Publicación: 02/05/2018
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Salta
Greenpeace detectó, mediante sobrevuelos e imágenes satelitales, que los empresarios Alejandro Braun Peña, Pedro Cignetti y Bruno Varela Marín siguieron desmontando a pesar de las resoluciones de hace dos meses del Ministerio de Ambiente de la Nación y del gobierno de Salta que les ordenaba parar las topadoras. Desde entonces arrasaron cerca de 1.300 hectáreas de bosques nativos.
“La impunidad para arrasar los bosques en Salta es total. Primero consiguieron permisos del gobierno de Salta para desmontar donde la ley no lo permite y, a pesar de que hace dos meses tanto la Provincia como la Nación les ordenaron frenar las topadoras, siguen deforestando. Esto demuestra claramente por qué el desmonte ilegal debe ser considerado un delito penal”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
La resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente de la Nación, publicada el 24 de enero en el Boletín Oficial, respaldó el principio de no regresión ambiental, garantizado por la Constitución Nacional; declaró ilegales los 32 permisos otorgados para deforestar en áreas protegidas e instó a la provincia a suspender su ejecución y reforestar los desmontes ya realizados.
Ese mismo día, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta resolvió, mediante la resolución 019, “suspender la ejecución de las autorizaciones de re-categorización de Uso Predial y Cambio de Uso del Suelo” y “hacer conocer -a través de la Secretaría de Ambiente de éste Ministerio- a los titulares de las autorizaciones suspendidas por el Artículo 1°, el contenido de la Resolución N° 56/18 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación”.
La organización ambientalista detectó que, a pesar de dichas resoluciones, las topadoras siguieron arrasando bosques nativos en las estancias Cuchuy (550 hectáreas deforestadas), Los Pozos (540 hectáreas) y La Peregrina (200 hectáreas). Sus dueños son Alejandro Braun Peña (primo del Jefe de Gabinete de la Nación e integrante del directorio de empresas de la familia Macri), Pedro Cignetti (empresario puntano) y Bruno Varela Marín (empresario uruguayo). Greenpeace había denunciado los casos en 2014.
“El gobernador Urtubey no puede seguir siendo cómplice de la destrucción de los bosques. Debe controlar que se cumpla la normativa vigente, aplicarles multas significativas y obligarlos a reforestar. Más allá de la suspensión de la ejecución de esos desmontes, el gobierno de Salta debe cancelar en forma inmediata los 32 permisos que otorgó violando la Ley de Bosques”, señaló Giardini.
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“El cianuro se puede beber”, infames palabras de Capello
“El cianuro se puede beber”, asegura el subsecretario de Minería de Macri
Fecha de Publicación: 28/04/2018
Fuente: Revista Matices
Provincia/Región: Nacional
“La insólita declaración, que provocaría carcajadas si no fuera trágica, se produjo quince días después de que la empresa canadiense Barrick Gold perpetrase dos nuevos derrames de agua cianurada”, escribe Miguel Bonasso.
“El cianuro es una sal. Lo puede consumir el ser humano, los animales, absolutamente todos”, declaró textualmente al Diario de Cuyo, el Subsecretario de Minería de Argentina, Mario Capello. Y agregó: “No hay que asustarse, ni asustar a la gente”.
Fecha de Publicación: 28/04/2018
Fuente: Revista Matices
Provincia/Región: Nacional
“La insólita declaración, que provocaría carcajadas si no fuera trágica, se produjo quince días después de que la empresa canadiense Barrick Gold perpetrase dos nuevos derrames de agua cianurada”, escribe Miguel Bonasso.
“El cianuro es una sal. Lo puede consumir el ser humano, los animales, absolutamente todos”, declaró textualmente al Diario de Cuyo, el Subsecretario de Minería de Argentina, Mario Capello. Y agregó: “No hay que asustarse, ni asustar a la gente”.
La insólita declaración, que provocaría carcajadas si no fuera trágica, se produjo quince días después de que la empresa canadiense Barrick Gold perpetrase dos nuevos derrames de agua cianurada, que mantuvo en secreto desde hace varios meses, hasta que el siniestro fue denunciado por la Asamblea Vecinal “Jáchal no se toca”, que lucha para evitar la contaminación de los ríos y las napas subterráneas, en la provincia andina de San Juan. Desde 2015, ya van -que se sepa- cinco derrames, uno de ellos superior al millón de metros cúbicos de agua con cianuro. Por un solo derrame de 100 mil metros cúbicos sobre el Danubio, Europa prohibió la megaminería del cianuro en todo su territorio.
La Barrick Gold, nacida como empresa de fachada de la CIA en tiempos del escándalo Irán-Contras (en los 80), ya había producido otros tres derrames de agua cianurada en su mina de Veladero, ubicada a 4 mil metros de altura, en la Cordillera de los Andes. Igual que ahora, la empresa mantuvo los desastres en riguroso secreto hasta que un trabajador de la mina, en un mensaje de texto, les avisó a sus familiares que no bebieran agua del río cercano porque estaba envenenada con cianuro y otros metales pesados.
Violando expresamente la Ley de Ambiente y la Ley de Glaciares, el gobierno de Mauricio Macri no expulsó de la Argentina a la Barrick Gold, medida que sí tomó recientemente el gobierno de Chile a raíz de un incidente similar en la zona de Pascua, donde se iba a construir una gigantesca mina al aire libre, chileno-argentina (Pascua-Lama). Por el contrario, el gobierno Macri ha salido a promocionar el cianuro como bebida refrescante. Es que la Barrick reina en San Juan y en toda la Argentina, desde los tiempos de Cristina Fernández de Kirchner, que tuvo fluida relación con el fallecido Peter Munk, ex capo de la megaminera y socio del expresidente George Herbert Walker Bush y del conocido traficante de armas saudita, Adnan Kashoggi.
Por eso el presidente municipal de Jáchal, Miguel Vega, se negó inicialmente a ordenar un examen minucioso en la cuenca del río Jáchal y recién lo pidió 15 días después de que se denunciara el derrame, presionado por la lucha de los vecinos.
El alcalde Vega pertenece al partido peronista, igual que la ex Presidenta, el ex gobernador de San Juan José Luis Gioja y el actual mandatario provincial Sergio Uñac. Todos de estrecha relación con la peligrosa corporación. En cambio, el subsecretario de Minería que propone un coctel de cianuro, es radical y macrista, lo cual prueba que el encanto aurífero de las megamineras es transpartidario.
Mientras tanto, un estudio de la Universidad Nacional de Cuyo, realizado el 27 de diciembre de 2017, detectó valores de mercurio 53 veces superiores al máximo tolerable para la vida acuática. Pero la alarma crecería de manera exponencial en febrero de este año, cuando un nuevo estudio en aguas del río Jáchal constató 1.992 milímetros de aluminio por litro de agua, amén de altísimos niveles de otros minerales como mercurio, manganeso, bario, cadmio, cobalto, cobre, cromo, níquel, plata, plomo, zinc y arsénico. Todo en proporciones muy superiores a los valores establecidos para el riego y el consumo del ganado. Diga lo que diga el Subsecretario de Minería.
El resultado de los análisis ha trascendido el ámbito universitario, alimentando la creciente indignación de los jachaleros, hacia esa megaminería que les prometía instalarse en la región para crear empleo y bienestar y les está envenenando el agua y diseminando el cáncer. Su lucha ha encontrado un eco penal en el ámbito nacional, con la causa sobre los derrames de cianuro que lleva adelante el juez federal Sebastián Casanello. Para el propio presidente Macri esa causa judicial y la Ley de Protección de los Glaciares, impulsada como diputado nacional por el autor de este artículo, constituyen dos serios escollos a salvar para concretar en los Andes 44 nuevos proyectos de megaminería a cielo abierto. Para el poder, un maná del cielo que rondaría los 18 mil millones de dólares de inversiones extranjeras; para los ciudadanos argentinos una pérdida total de soberanía en el tema decisivo del agua.
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Córdoba: dos exsecretarios de Ambiente a juicio
Por emprendimientos de Gama y Epec, un juez envió a juicio a dos exsecretarios de Ambiente de Córdoba
Fecha de Publicación: 28/04/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El juez de primera instancia de Córdoba Esteban José Díaz Reyna envió a juicio a los exsecretarios de Ambiente de la Provincia Raúl Omar Costa y Luis Federico Bocco, acusados de abuso de autoridad, en el marco de una causa por la autorización de construcciones en la localidad de San Antonio de Arredondo, según el fallo al que accedió La Voz.
La investigación estuvo a cargo del fiscal Hugo Amayusco.
Imputados
Raúl Costa, quien estuvo en el cargo entre 2007 y 2011, fue acusado de haber dictado una resolución contraria a normas provinciales y nacionales de protección ambiental al autorizar a la constructora Gama SA a realizar un loteo para el barrio privado Dorado II, entre el kilómetro 40 de la ruta 14 y el río San Antonio, en la localidad homónima.
La construcción implicaba el desmonte en un terreno que se encuentra dentro de un área natural protegida conocida como la Reserva Recreativa Natural Valle del Cóndor sin que se hubiese exigido a Gama la presentación el estudio de impacto ambiental.
Además, en el terreno existía un bosque nativo por lo que el área de emplazamiento era objeto de protección de la ley de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo (LOTBN), según lo dispuesto por la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos 26.331.
A su turno, Costa indicó que fue "absolutamente riguroso al momento de aprobar todo tipo de expediente, es decir, que hasta que no se cumplieran todos los pasos legales, no los autorizaba".
"Con lo cual, no puede recordar con precisión detalles de esta imputación, pero, seguramente al haberlo autorizado, fue porque se cumplían todos los pasos legales”, indicó.
A su vez, Costa fue imputado además por haber dictado una resolución contraria a normas provinciales y nacionales de protección ambiental al autorizar el aviso de proyecto presentado por la Empresa Provincial de Energía (Epec), en 2009, para la construcción de la estación transformadora Carlos Paz Sur, en San Antonio, y la edificación del campo de salida de la Estación Transformadora Falda del Cañete sin que presuntamente cumplimentara debidamente la evaluación de impacto ambiental, otorgando la licencia ambiental.
La acusación contra Bocco
Por otro lado, Bocco fue imputado por haber dictado una resolución contraria a normas provinciales y nacionales de protección ambiental al autorizar la realización del condominio cerrado Dorado III (22 departamentos a los pies de una falda de montaña), en San Antonio.
La construcción implicaba el desmonte de bosque nativo en un terreno que se encuentra dentro de la misma área natural protegida.
En este caso, Gama sí presentó un estudio de impacto ambiental y, de él, "y del procedimiento llevado a cabo ante la Secretaría de Ambiente para su aprobación, surge que la construcción del Dorado III implicaba la eliminación de la cubierta vegetal existente dentro del predio, encontrándose previstas tareas desmonte y el consecuente cambio de uso de suelo", según la acusación.
Esas tareas, según las disposiciones de la ley provincial de bosques, se encontraban prohibidas, en tanto el área ha sido caracterizada como zona roja (categoría I) y/o amarilla (categoría II).
El fiscal del caso había pedido que ambos exfuncionarios fueran enjuiciados por "abuso de autoridad", resolución que el juez Díaz Reyna confirmó bajo la misma figura. La medida del magistrado podrá apelarse por las defensas de ambos imputados, según se informó desde la Justicia.
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Fecha de Publicación: 28/04/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El juez de primera instancia de Córdoba Esteban José Díaz Reyna envió a juicio a los exsecretarios de Ambiente de la Provincia Raúl Omar Costa y Luis Federico Bocco, acusados de abuso de autoridad, en el marco de una causa por la autorización de construcciones en la localidad de San Antonio de Arredondo, según el fallo al que accedió La Voz.
La investigación estuvo a cargo del fiscal Hugo Amayusco.
Imputados
Raúl Costa, quien estuvo en el cargo entre 2007 y 2011, fue acusado de haber dictado una resolución contraria a normas provinciales y nacionales de protección ambiental al autorizar a la constructora Gama SA a realizar un loteo para el barrio privado Dorado II, entre el kilómetro 40 de la ruta 14 y el río San Antonio, en la localidad homónima.
La construcción implicaba el desmonte en un terreno que se encuentra dentro de un área natural protegida conocida como la Reserva Recreativa Natural Valle del Cóndor sin que se hubiese exigido a Gama la presentación el estudio de impacto ambiental.
Además, en el terreno existía un bosque nativo por lo que el área de emplazamiento era objeto de protección de la ley de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo (LOTBN), según lo dispuesto por la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos 26.331.
A su turno, Costa indicó que fue "absolutamente riguroso al momento de aprobar todo tipo de expediente, es decir, que hasta que no se cumplieran todos los pasos legales, no los autorizaba".
"Con lo cual, no puede recordar con precisión detalles de esta imputación, pero, seguramente al haberlo autorizado, fue porque se cumplían todos los pasos legales”, indicó.
A su vez, Costa fue imputado además por haber dictado una resolución contraria a normas provinciales y nacionales de protección ambiental al autorizar el aviso de proyecto presentado por la Empresa Provincial de Energía (Epec), en 2009, para la construcción de la estación transformadora Carlos Paz Sur, en San Antonio, y la edificación del campo de salida de la Estación Transformadora Falda del Cañete sin que presuntamente cumplimentara debidamente la evaluación de impacto ambiental, otorgando la licencia ambiental.
La acusación contra Bocco
Por otro lado, Bocco fue imputado por haber dictado una resolución contraria a normas provinciales y nacionales de protección ambiental al autorizar la realización del condominio cerrado Dorado III (22 departamentos a los pies de una falda de montaña), en San Antonio.
La construcción implicaba el desmonte de bosque nativo en un terreno que se encuentra dentro de la misma área natural protegida.
En este caso, Gama sí presentó un estudio de impacto ambiental y, de él, "y del procedimiento llevado a cabo ante la Secretaría de Ambiente para su aprobación, surge que la construcción del Dorado III implicaba la eliminación de la cubierta vegetal existente dentro del predio, encontrándose previstas tareas desmonte y el consecuente cambio de uso de suelo", según la acusación.
Esas tareas, según las disposiciones de la ley provincial de bosques, se encontraban prohibidas, en tanto el área ha sido caracterizada como zona roja (categoría I) y/o amarilla (categoría II).
El fiscal del caso había pedido que ambos exfuncionarios fueran enjuiciados por "abuso de autoridad", resolución que el juez Díaz Reyna confirmó bajo la misma figura. La medida del magistrado podrá apelarse por las defensas de ambos imputados, según se informó desde la Justicia.
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Inicineración, un buen negocio para unos pocos
En lugar de ciudad verde, un negocio en billetes verdes
Fecha de Publicación: 24/04/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: CABA
Cada una de las siete plantas que el macrismo pretende instalar tendrá un costo millonario en dólares, que deberán generarse con nueva deuda pública. Con apenas el 4 por ciento de ese presupuesto se podrían instalar 40 centros de reducción de residuos.
El negocio detrás del proyecto para volver a incinerar la basura en la ciudad de Buenos Aires es millonario. Según los especialistas, cada planta que se pretende instalar tendría un costo de alrededor de 500 millones de dólares y el proyecto del gobierno porteño contempla un total de siete. La ciudad de Buenos Aires va a tener que endeudarse para poder llevar adelante la propuesta del oficialismo que se debate por estas horas en la Legislatura. Los especialistas coinciden en que con el 4 por ciento que costarán las plantas para incinerar se podrían instalar por lo menos 40 centros verdes para avanzar con la reducción de residuos, sobre todo, teniendo en cuenta que quemar basura es una práctica que se está abandonando en el resto del mundo porque afecta al medio ambiente.
Alicia Montoya, responsable del equipo técnico de la Cooperativa El Alamo, una de las organizaciones ambientales que trabajan por el reciclado y la recuperación de residuos y que generan puestos de trabajo que están en riesgo a partir de este proyecto, aseguró que la termovalorización esconde un “negocio” y es el término “maquillado” de para volver a quemar de basura. El gobierno de la ciudad pretende “habilitar un negocio con quien gane la licitación internacional que están preparando” porque “dicen que van a poner un incinerador, que ese incinerador va a absorber toda la basura que llega hoy al relleno sanitario y que no van a tocar lo que rellenan las cooperativas”, señaló.
“A esto le agregan que van a generar energía y que va a tener un filtro extraordinario que lo vamos a poder seguir con nuestro smartphone para ver que hay cero contaminación. Todo eso es una mentira, porque cuando se concesiona el servicio del incinerador está quien va a operarlo, y se va a tener que pagar por cada tonelada que procese”, argumentó.
Desde Greenpeace, su director, Diego Salas, coincidió en que “maquillan la quema de basura bajo el concepto de termovalorización” y aclaró que en realidad “no es una manera de generar energía sustentable como intentan venderlo”.
“Es quemar basura. Bajo este concepto de termovalorización nos pretenden esconder lo que realmente está pasando, la quema de basura que atenta directamente contra un sistema de reciclaje que es una de las bases de la Ley de Basura Cero. Los principales productos que más energía generarían a través de su quema son los que hoy se deberían estar reciclando”, enfatizó en diálogo con PáginaI12.
En ese sentido, subrayó que todo lo que se hizo desde 2007, cuando comenzó a estar vigente la ley de Basura Cero, hasta hoy, “fue gracias al esfuerzo de los recuperadores urbanos”. “El gobierno prestó pocos servicios de esto y no le puso la energía necesaria para cumplir con los pasos que se establecía en la norma, que dice que a 2018 deberíamos haber reducido en un 75 por ciento la basura que enterramos en el conurbano bonaerense y sólo redujimos un 30 por ciento”, remarcó.
Para la legisladora de Unidad Ciudadana Andrea Conde, los porteños son “víctimas de la perversidad PRO, que durante todo este tiempo no cumplió ni con la primera de las metas que establecía la Ley de Basura Cero, que era disminuir el 30 por ciento de los desechos depositados en rellenos sanitarios para el año 2010”.
“La deficiencia en el desarrollo de la política se evidencia claramente. No se puede fortalecer la separación de residuos en origen o mejorar las condiciones del sector cartonero, si el Gobierno de la Ciudad destina sólo un 10 por ciento del total del presupuesto de gestión de los residuos al sistema de reciclado. Entonces, en vez de revisar su política, proponen incinerar la basura, lo cual es una contradicción absoluta con el espíritu de la ley. Con este proyecto lo que están enterrando es avanzar en la política de reciclado y la ciudad verde”, aseguró Conde.
“La quema de basura pasó a llamarse incineración y ahora la quieren rebautizar como termovalorización energética. El nombre edulcorado no oculta los riesgos que este procedimiento implica debido a la liberación de dioxinas y furanos, reconocidos contaminantes orgánicos persistentes y cancerígenos”, concluyó la legisladora.
Nadia Mazzeo, del Programa de Desarrollo de Tecnologías para Residuos Sólidos Urbanos, Gerencia de Calidad, Metrología y Ambiente del INTI, explicó a PáginaI12 que la termovalorización “es la valorización térmica de los residuos. Es decir que, por combustión o por algún proceso fisico-químico, como la hidrólisis, se transforma la materia en energía (calor o electricidad)”.
Desde el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci), Silvia Ferreyra planteó que no es cierto lo que dice el gobierno porteño acerca de que no puede seguir avanzando en la aplicación de la ley así como está y por eso la propuesta de volver a quemar basura.
“Eso no está agotado, nosotros desde hace diez años que venimos anticipando que si no se reduce la cantidad de residuos se llega a este momento con todos los rellenos sanitarios colapsados, pero lo que se propone no es una solución reparadora sino que además nos incide en una alternativa mucho más contaminante y muchísimo más costosa”, enfatizó.
Según Ferreyra, una sola planta de estas siete que se quieren instalar sale alrededor de 500 millones de dólares (es lo que cuestan en Europa). “Con un 4 por ciento de ese valor, se podrían instalar por lo menos 40 centros verdes en los distintos distritos para poder avanzar con el reciclado”, indicó.
Si bien es cierto que algunos países europeos utilizan incineradores, también es una realidad que muchos de ellos y la Unión Europea los están dejando de lado por opciones más eficientes como el reciclaje y el compostaje. En enero de 2017 la Comisión Europea publicó su posición sobre el rol de la incineración en la economía circular, en la que instó a los países a priorizar las políticas de reducción y reciclado de residuos y a desalentar el uso de la incineración.
El documento destaca que “la inversión en nuevas capacidades de tratamiento de residuos debe encuadrarse en una perspectiva a largo plazo de economía circular y debe ser coherente con la jerarquía de residuos de la UE, que clasifica las opciones para gestionar los residuos según su sostenibilidad y concede la máxima prioridad a la prevención y el reciclado de los residuos”. También llama a los países con nula capacidad de incineración a “dar prioridad al desarrollo de sistemas de recogida selectiva e infraestructuras de reciclado en consonancia con la legislación”, e indica a aquellos países con altos porcentajes de incineración que “tasas tan altas son incoherentes con objetivos de reciclado más ambiciosos”, por lo que propone introducir o aumentar impuestos a la incineración, eliminar los subsidios a esta tecnología, imponer una moratoria sobre nuevas instalaciones y desmantelar las más obsoletas.
Un informe de Iatasa, de la Cámara Argentina de la Construcción, sostiene que el mayor desafío ambiental del Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para los próximos años está directamente relacionado con la gestión y disposición final de los Residuos Sólidos Urbanos que se generan en él.
Además del negocio detrás de la termovalorización y su impacto ambiental, más de 6 mil personas perderían su trabajo si se aprueba el proyecto del oficialismo. “Las cooperativas hoy intervienen sobre la generación de residuos domiciliarios, comerciales e industriales asimilables a domiciliarios, nosotros no recolectamos ni patogénicos ni residuos peligrosos”, explicó Montoya.
“Tenemos un contrato con la Ciudad que dice que cada cooperativa tiene una zona de trabajo y tiene la exclusividad en la gestión de los residuos reciclables. Colectamos ese material, lo llevamos a plantas de tratamiento, se separa, no es basura, es material separado de origen: plástico, cartón, vidrio, metal. Entonces se separa, se acondiciona según el tipo de material e ingresa a la industria recicladora como materia prima”, describió Montoya el trabajo que realizan desde las distintas cooperativas y que está en riesgo.
En ese mismo sentido, aseguró que “es un enorme salto hacia atrás en la política ambiental y socio ambiental” la idea de volver a quemar basura, y remarcó que “en cada puesto de trabajo que se genera en una cooperativa, tenés por lo menos cinco puestos de trabajo indirectos. Hoy en toda la Ciudad más o menos hay seis mil personas que integran las cooperativas, así que estás hablando de 30 mil puestos indirectos, que en general son pymes”.
“No es un problema de cartoneros, es un problema de la ciudadanía. De calidad de vida, de enfermedad a largo plazo”, concluyó Montoya.
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Fecha de Publicación: 24/04/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: CABA
Cada una de las siete plantas que el macrismo pretende instalar tendrá un costo millonario en dólares, que deberán generarse con nueva deuda pública. Con apenas el 4 por ciento de ese presupuesto se podrían instalar 40 centros de reducción de residuos.
El negocio detrás del proyecto para volver a incinerar la basura en la ciudad de Buenos Aires es millonario. Según los especialistas, cada planta que se pretende instalar tendría un costo de alrededor de 500 millones de dólares y el proyecto del gobierno porteño contempla un total de siete. La ciudad de Buenos Aires va a tener que endeudarse para poder llevar adelante la propuesta del oficialismo que se debate por estas horas en la Legislatura. Los especialistas coinciden en que con el 4 por ciento que costarán las plantas para incinerar se podrían instalar por lo menos 40 centros verdes para avanzar con la reducción de residuos, sobre todo, teniendo en cuenta que quemar basura es una práctica que se está abandonando en el resto del mundo porque afecta al medio ambiente.
Alicia Montoya, responsable del equipo técnico de la Cooperativa El Alamo, una de las organizaciones ambientales que trabajan por el reciclado y la recuperación de residuos y que generan puestos de trabajo que están en riesgo a partir de este proyecto, aseguró que la termovalorización esconde un “negocio” y es el término “maquillado” de para volver a quemar de basura. El gobierno de la ciudad pretende “habilitar un negocio con quien gane la licitación internacional que están preparando” porque “dicen que van a poner un incinerador, que ese incinerador va a absorber toda la basura que llega hoy al relleno sanitario y que no van a tocar lo que rellenan las cooperativas”, señaló.
“A esto le agregan que van a generar energía y que va a tener un filtro extraordinario que lo vamos a poder seguir con nuestro smartphone para ver que hay cero contaminación. Todo eso es una mentira, porque cuando se concesiona el servicio del incinerador está quien va a operarlo, y se va a tener que pagar por cada tonelada que procese”, argumentó.
Desde Greenpeace, su director, Diego Salas, coincidió en que “maquillan la quema de basura bajo el concepto de termovalorización” y aclaró que en realidad “no es una manera de generar energía sustentable como intentan venderlo”.
“Es quemar basura. Bajo este concepto de termovalorización nos pretenden esconder lo que realmente está pasando, la quema de basura que atenta directamente contra un sistema de reciclaje que es una de las bases de la Ley de Basura Cero. Los principales productos que más energía generarían a través de su quema son los que hoy se deberían estar reciclando”, enfatizó en diálogo con PáginaI12.
En ese sentido, subrayó que todo lo que se hizo desde 2007, cuando comenzó a estar vigente la ley de Basura Cero, hasta hoy, “fue gracias al esfuerzo de los recuperadores urbanos”. “El gobierno prestó pocos servicios de esto y no le puso la energía necesaria para cumplir con los pasos que se establecía en la norma, que dice que a 2018 deberíamos haber reducido en un 75 por ciento la basura que enterramos en el conurbano bonaerense y sólo redujimos un 30 por ciento”, remarcó.
Para la legisladora de Unidad Ciudadana Andrea Conde, los porteños son “víctimas de la perversidad PRO, que durante todo este tiempo no cumplió ni con la primera de las metas que establecía la Ley de Basura Cero, que era disminuir el 30 por ciento de los desechos depositados en rellenos sanitarios para el año 2010”.
“La deficiencia en el desarrollo de la política se evidencia claramente. No se puede fortalecer la separación de residuos en origen o mejorar las condiciones del sector cartonero, si el Gobierno de la Ciudad destina sólo un 10 por ciento del total del presupuesto de gestión de los residuos al sistema de reciclado. Entonces, en vez de revisar su política, proponen incinerar la basura, lo cual es una contradicción absoluta con el espíritu de la ley. Con este proyecto lo que están enterrando es avanzar en la política de reciclado y la ciudad verde”, aseguró Conde.
“La quema de basura pasó a llamarse incineración y ahora la quieren rebautizar como termovalorización energética. El nombre edulcorado no oculta los riesgos que este procedimiento implica debido a la liberación de dioxinas y furanos, reconocidos contaminantes orgánicos persistentes y cancerígenos”, concluyó la legisladora.
Nadia Mazzeo, del Programa de Desarrollo de Tecnologías para Residuos Sólidos Urbanos, Gerencia de Calidad, Metrología y Ambiente del INTI, explicó a PáginaI12 que la termovalorización “es la valorización térmica de los residuos. Es decir que, por combustión o por algún proceso fisico-químico, como la hidrólisis, se transforma la materia en energía (calor o electricidad)”.
Desde el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci), Silvia Ferreyra planteó que no es cierto lo que dice el gobierno porteño acerca de que no puede seguir avanzando en la aplicación de la ley así como está y por eso la propuesta de volver a quemar basura.
“Eso no está agotado, nosotros desde hace diez años que venimos anticipando que si no se reduce la cantidad de residuos se llega a este momento con todos los rellenos sanitarios colapsados, pero lo que se propone no es una solución reparadora sino que además nos incide en una alternativa mucho más contaminante y muchísimo más costosa”, enfatizó.
Según Ferreyra, una sola planta de estas siete que se quieren instalar sale alrededor de 500 millones de dólares (es lo que cuestan en Europa). “Con un 4 por ciento de ese valor, se podrían instalar por lo menos 40 centros verdes en los distintos distritos para poder avanzar con el reciclado”, indicó.
Si bien es cierto que algunos países europeos utilizan incineradores, también es una realidad que muchos de ellos y la Unión Europea los están dejando de lado por opciones más eficientes como el reciclaje y el compostaje. En enero de 2017 la Comisión Europea publicó su posición sobre el rol de la incineración en la economía circular, en la que instó a los países a priorizar las políticas de reducción y reciclado de residuos y a desalentar el uso de la incineración.
El documento destaca que “la inversión en nuevas capacidades de tratamiento de residuos debe encuadrarse en una perspectiva a largo plazo de economía circular y debe ser coherente con la jerarquía de residuos de la UE, que clasifica las opciones para gestionar los residuos según su sostenibilidad y concede la máxima prioridad a la prevención y el reciclado de los residuos”. También llama a los países con nula capacidad de incineración a “dar prioridad al desarrollo de sistemas de recogida selectiva e infraestructuras de reciclado en consonancia con la legislación”, e indica a aquellos países con altos porcentajes de incineración que “tasas tan altas son incoherentes con objetivos de reciclado más ambiciosos”, por lo que propone introducir o aumentar impuestos a la incineración, eliminar los subsidios a esta tecnología, imponer una moratoria sobre nuevas instalaciones y desmantelar las más obsoletas.
Un informe de Iatasa, de la Cámara Argentina de la Construcción, sostiene que el mayor desafío ambiental del Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para los próximos años está directamente relacionado con la gestión y disposición final de los Residuos Sólidos Urbanos que se generan en él.
Además del negocio detrás de la termovalorización y su impacto ambiental, más de 6 mil personas perderían su trabajo si se aprueba el proyecto del oficialismo. “Las cooperativas hoy intervienen sobre la generación de residuos domiciliarios, comerciales e industriales asimilables a domiciliarios, nosotros no recolectamos ni patogénicos ni residuos peligrosos”, explicó Montoya.
“Tenemos un contrato con la Ciudad que dice que cada cooperativa tiene una zona de trabajo y tiene la exclusividad en la gestión de los residuos reciclables. Colectamos ese material, lo llevamos a plantas de tratamiento, se separa, no es basura, es material separado de origen: plástico, cartón, vidrio, metal. Entonces se separa, se acondiciona según el tipo de material e ingresa a la industria recicladora como materia prima”, describió Montoya el trabajo que realizan desde las distintas cooperativas y que está en riesgo.
En ese mismo sentido, aseguró que “es un enorme salto hacia atrás en la política ambiental y socio ambiental” la idea de volver a quemar basura, y remarcó que “en cada puesto de trabajo que se genera en una cooperativa, tenés por lo menos cinco puestos de trabajo indirectos. Hoy en toda la Ciudad más o menos hay seis mil personas que integran las cooperativas, así que estás hablando de 30 mil puestos indirectos, que en general son pymes”.
“No es un problema de cartoneros, es un problema de la ciudadanía. De calidad de vida, de enfermedad a largo plazo”, concluyó Montoya.
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