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La Corte ordenó acelerar la limpieza del Riachuelo
08:00 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Al cerrar el año, la Corte Suprema ordenó acelerar la limpieza del Riachuelo
Fecha de Publicación: 01/01/2017
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Riachuelo
Pidió a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo "intensificar" el cumplimiento del fallo de hace más de ocho años.
En su último acuerdo del año, la Corte Suprema de Justicia ordenó a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) que “intensifique el cumplimiento” de la sentencia que hace más de ocho años dispuso el saneamiento de ese curso de agua.
El máximo tribunal resolvió por unanimidad que la Acumar “establezca un sistema de indicadores, presente informes periódicos e intensifique las tareas en el cumplimiento de la sentencia” que dispuso el saneamiento de la cuenca.
El 30 de noviembre, la Corte celebró una audiencia pública a la que fueron convocadas autoridades nacionales, porteñas, bonaerenses y de la Acumar, para evaluar el estado de las tareas de limpieza y urbanización de la cuenca.
Los jueces se retiraron disconformes de esa instancia y ayer concretaron la decisión de apurar los trabajos, en su mayoría con atrasos y demoras. “Se constataron deficiencias en el cumplimiento del programa establecido en la sentencia de la Corte del 8 de julio de 2008”, advirtieron los jueces del tribunal.
En ese sentido, la Corte requirió “a la Acumar que establezca un sistema de indicadores que, conforme a los criterios internacionales de medición disponibles, permita -en un plazo perentorio de tres meses- medir el nivel de cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (Pisa)”.
Los jueces destacaron “el control de la contaminación industrial, el saneamiento de basurales y limpieza de márgenes, la expansión de la red de agua potable y cloacas, la relocalización de villas y asentamientos precarios, el plan sanitario de emergencia y la calidad ambiental”.
En ese punto, el tribunal exigió “avanzar en la liberación del camino de sirga a la altura de las villas 21-24 y 26 y en la relocalización de sus habitantes”.
Eso había sido reclamado durante la audiencia pública a viva voz por vecinos, a los que no se les había permitido participar de las preguntas a los funcionarios. En esa oportunidad, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, hizo desalojar de la sala de audiencias a vecinos de la villa 21-24.
Después de la salida del último director de Acumar, Julio Torti, se habla de cambios en esa institución: que desaparecería la Dirección Operativa, a cargo de Gabriela Seijo, y que Gladys González, interventora del Síndicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu), quedaría como responsable.
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Fecha de Publicación: 01/01/2017
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Riachuelo
Pidió a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo "intensificar" el cumplimiento del fallo de hace más de ocho años.
En su último acuerdo del año, la Corte Suprema de Justicia ordenó a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) que “intensifique el cumplimiento” de la sentencia que hace más de ocho años dispuso el saneamiento de ese curso de agua.
El máximo tribunal resolvió por unanimidad que la Acumar “establezca un sistema de indicadores, presente informes periódicos e intensifique las tareas en el cumplimiento de la sentencia” que dispuso el saneamiento de la cuenca.
El 30 de noviembre, la Corte celebró una audiencia pública a la que fueron convocadas autoridades nacionales, porteñas, bonaerenses y de la Acumar, para evaluar el estado de las tareas de limpieza y urbanización de la cuenca.
Los jueces se retiraron disconformes de esa instancia y ayer concretaron la decisión de apurar los trabajos, en su mayoría con atrasos y demoras. “Se constataron deficiencias en el cumplimiento del programa establecido en la sentencia de la Corte del 8 de julio de 2008”, advirtieron los jueces del tribunal.
En ese sentido, la Corte requirió “a la Acumar que establezca un sistema de indicadores que, conforme a los criterios internacionales de medición disponibles, permita -en un plazo perentorio de tres meses- medir el nivel de cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (Pisa)”.
Los jueces destacaron “el control de la contaminación industrial, el saneamiento de basurales y limpieza de márgenes, la expansión de la red de agua potable y cloacas, la relocalización de villas y asentamientos precarios, el plan sanitario de emergencia y la calidad ambiental”.
En ese punto, el tribunal exigió “avanzar en la liberación del camino de sirga a la altura de las villas 21-24 y 26 y en la relocalización de sus habitantes”.
Eso había sido reclamado durante la audiencia pública a viva voz por vecinos, a los que no se les había permitido participar de las preguntas a los funcionarios. En esa oportunidad, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, hizo desalojar de la sala de audiencias a vecinos de la villa 21-24.
Después de la salida del último director de Acumar, Julio Torti, se habla de cambios en esa institución: que desaparecería la Dirección Operativa, a cargo de Gabriela Seijo, y que Gladys González, interventora del Síndicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu), quedaría como responsable.
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Minería vrs Glaciares: se filtran documentos
Filtran material que reconoce conflicto minero con glaciares
Fecha de Publicación: 31/12/2016
Fuente: Cba24n
Provincia/Región: Nacional
En documentos gubernamentales se hace referencia al riesgo de 10 mil millones de dólares en inversiones.
La filtración de documentos de la Sub Secretaría de Desarrollo Minero de la Nación dio a conocer que el Gobierno evalúa el riego de 10 mil millones de dólares en inversiones mineras por el conflicto con la Ley de Glaciares.
El Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) publicó que por primera vez Estado reconoció la presencia de firmas mineras en lugares donde hay glaciares.
“La metodología de la Mesa Técnica permite identificar cuáles GE [Glaciares de Escombros] no tienen una cantidad relevante de hielo (Estudio de Significancia Hídrica), para así exceptuarlos del área a proteger”, se expresa en un Power Point de 13 filminas.
La ONG puntualizó que "Es irónico que es Mario Capello (funcionario a cargo del área), traído de una provincia minera como San Juan, que niega rotundamente que hubiera un conflicto entre la minería y los glaciares, quien generó el primer documento de Estado que reconoce el conflicto en blanco y negro".
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Fecha de Publicación: 31/12/2016
Fuente: Cba24n
Provincia/Región: Nacional
En documentos gubernamentales se hace referencia al riesgo de 10 mil millones de dólares en inversiones.
La filtración de documentos de la Sub Secretaría de Desarrollo Minero de la Nación dio a conocer que el Gobierno evalúa el riego de 10 mil millones de dólares en inversiones mineras por el conflicto con la Ley de Glaciares.
El Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) publicó que por primera vez Estado reconoció la presencia de firmas mineras en lugares donde hay glaciares.
“La metodología de la Mesa Técnica permite identificar cuáles GE [Glaciares de Escombros] no tienen una cantidad relevante de hielo (Estudio de Significancia Hídrica), para así exceptuarlos del área a proteger”, se expresa en un Power Point de 13 filminas.
La ONG puntualizó que "Es irónico que es Mario Capello (funcionario a cargo del área), traído de una provincia minera como San Juan, que niega rotundamente que hubiera un conflicto entre la minería y los glaciares, quien generó el primer documento de Estado que reconoce el conflicto en blanco y negro".
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Córdoba: marcharon 5000 y frenaron una ley ecocida
La calle se le plantó a la ley de bosques
Fecha de Publicación: 30/12/2016
Fuente: Día a Día Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
El martes la reforma a la ley fue cajoneada en la Legislatura, luego de un traspié del PJ. Pero la marcha convocada para la tarde de ayer se hizo igual con mucha participación.
Con 29 grados a las 16 arrancó la movilización en rechazo a los cambios a la ley de ordenamiento territorial, más conocida como “ley de bosques”.
Cuatro cuadras sobre Colón, entre Cañada y General Paz, empezaron a movilizarse de manera pacífica hacia la Plazoleta del Fundador, en el centro de la ciudad.
Con música, aplausos, bailes y cantos, los vecinos de las sierras cordobesas y de otras partes de la provincia se hicieron escuchar. “¡Alerta, alerta que camina, el pueblo organizado por el monte y por la vida!”, coreaban.
“Te quiero monte, te necesito expandido, sano y bello”, “los tsunami no caen del cielo”, “los bosques no se venden” eran algunas de las consignas pintadas en carteles hechos a mano.
Familias, amigos, gente grande, gente joven marcharon para pedir una ley que proteja el 3 por ciento del bosque nativo que queda, y no que intente avanzar sobre él.
Las vecinas de la Asamblea de Sierras Chicas se mostraron preocupadas. “Hemos tenido una experiencia muy triste y esta ley es descabellada: van a sacar los árboles que sirven de esponja”, dijo Silvia Rodríguez.
A unos metros, un grupo de hombres con trajes de apicultores cargan una abeja gigante de cartón. Carlos Muñoz es productor de miel de San Marcos Sierras: “Nosotros no somos meros ambientalistas, somos productores que necesitamos el monte para producir”, contó. “Esta ley va a favor de los productores ganaderos y proyectos inmobiliarios”, señaló.
La expresidenta de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo Alicia Barchuk pidió que no se retroceda en el ordenamiento de los bosques. “Quieren pintar de amarrillo zonas que son rojas y no se dan cuenta que van contra la vida”.
Y en medio de la calma se armó una ronda alrededor de Doña Jovita, quien entró en escena con un segway al que ella llama “burro eléctrico”. “Estoy chocha, con el corazón cargado de esperanzas. Que la inocencia nos valga y la conciencia también. Del árbol vienen todos los bichos y del árbol venimos nosotros. ¡Viva el árbol!”, gritó.
A las 18 llegaron los primeros caminantes a la Plazoleta que está detrás de la Catedral y se acomodaron frente al escenario para compartir letra y música con más de más de 25 artistas. Una marcha que marca la cancha para el debate que viene, en 2017.
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Fecha de Publicación: 30/12/2016
Fuente: Día a Día Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
El martes la reforma a la ley fue cajoneada en la Legislatura, luego de un traspié del PJ. Pero la marcha convocada para la tarde de ayer se hizo igual con mucha participación.
Con 29 grados a las 16 arrancó la movilización en rechazo a los cambios a la ley de ordenamiento territorial, más conocida como “ley de bosques”.
Cuatro cuadras sobre Colón, entre Cañada y General Paz, empezaron a movilizarse de manera pacífica hacia la Plazoleta del Fundador, en el centro de la ciudad.
Con música, aplausos, bailes y cantos, los vecinos de las sierras cordobesas y de otras partes de la provincia se hicieron escuchar. “¡Alerta, alerta que camina, el pueblo organizado por el monte y por la vida!”, coreaban.
“Te quiero monte, te necesito expandido, sano y bello”, “los tsunami no caen del cielo”, “los bosques no se venden” eran algunas de las consignas pintadas en carteles hechos a mano.
Familias, amigos, gente grande, gente joven marcharon para pedir una ley que proteja el 3 por ciento del bosque nativo que queda, y no que intente avanzar sobre él.
Las vecinas de la Asamblea de Sierras Chicas se mostraron preocupadas. “Hemos tenido una experiencia muy triste y esta ley es descabellada: van a sacar los árboles que sirven de esponja”, dijo Silvia Rodríguez.
A unos metros, un grupo de hombres con trajes de apicultores cargan una abeja gigante de cartón. Carlos Muñoz es productor de miel de San Marcos Sierras: “Nosotros no somos meros ambientalistas, somos productores que necesitamos el monte para producir”, contó. “Esta ley va a favor de los productores ganaderos y proyectos inmobiliarios”, señaló.
La expresidenta de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo Alicia Barchuk pidió que no se retroceda en el ordenamiento de los bosques. “Quieren pintar de amarrillo zonas que son rojas y no se dan cuenta que van contra la vida”.
Y en medio de la calma se armó una ronda alrededor de Doña Jovita, quien entró en escena con un segway al que ella llama “burro eléctrico”. “Estoy chocha, con el corazón cargado de esperanzas. Que la inocencia nos valga y la conciencia también. Del árbol vienen todos los bichos y del árbol venimos nosotros. ¡Viva el árbol!”, gritó.
A las 18 llegaron los primeros caminantes a la Plazoleta que está detrás de la Catedral y se acomodaron frente al escenario para compartir letra y música con más de más de 25 artistas. Una marcha que marca la cancha para el debate que viene, en 2017.
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Cambiemos quiere revitalizar la limpieza del Riachuelo
Golpe de timón: cambios para sacar del letargo al ente que debe limpiar el Riachuelo
Fecha de Publicación: 27/12/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
Luego de la estrepitosa salida del último director, Julio Torti, nombrarán a Gladys González, interventora en el SOMU; el plan de limpieza del río está casi detenido desde hace dos años
El gobierno de Cambiemos quiere revitalizar de alguna forma la limpieza del Riachuelo. Lo que no consiguió en un año pretende que se acelere en los tres de gestión que le quedan, con un nuevo nombramiento y otro cambio en la estructura de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar).
La intención -con consenso en las tres jurisdicciones que la integran: la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad- llegaría de la mano de la exitosa interventora en el SOMU, Gladys González. El Gobierno quiere renovar el oxígeno luego de la estrepitosa audiencia ante la Corte Suprema en la que quedó expuesta la inacción del organismo y se revelaron las internas entre el entonces director ejecutivo, Julio Torti, y el ministro de Ambiente, Sergio Bergman. Según pudo saber LA NACION, desaparecería la Dirección Operativa, hoy a cargo de Gabriela Seijo, y todo quedaría bajo la órbita de González.
La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y sus funcionarios quieren tener más injerencia en un tema que evalúan emblemático y mediante el cual pueden aumentar la influencia en los 14 municipios de la provincia que conforman la cuenca.
Desde fines de noviembre, el consejo directivo de la Acumar sólo emitió dos actas: una, para aceptar la renuncia de Torti, y la otra, para aprobar el presupuesto para el año próximo, que ascenderá a $ 1300 millones, $ 100 millones más que este año. Es que queda mucho por ejecutar. Aunque LA NACION intentó comunicarse con el organismo para conocer los números exactos, no hubo respuesta oficial. "No se harán declaraciones hasta que no asuma un nuevo director", indicaron.
Al presupuesto propio, hay que sumar el crédito del Banco Mundial por US$ 840 millones para construir el colector cloacal del lado de la Capital. Ese sistema sólo estará completo cuando se construya un colector subfluvial, a la altura de Berazategui, que descargará los efluentes en el Río de la Plata, a 11 kilómetros de la costa. Según declaró AySA frente a la Corte, sólo en 2023 estaría lista esa obra.
Extraoficialmente, se habla de una ejecución presupuestaria del 20% en el organismo, que en el último año aumentó su planta permanente en un 10%. Cambiemos sumó 50 puestos en esa categoría a la Acumar, que ya suma 860 empleados. En el informe que el organismo presentó al máximo tribunal, al que tuvo acceso LA NACION, se explicita el escaso grado de avance de los proyectos. Algunos ejemplos: el traslado del Mercado de Liniers avanzó en sólo un 2%, cuando la promesa era completarlo en 2017. Tampoco hubo progreso en la remoción de basurales ni en los convenios que se deberían haber suscripto con diferentes municipios para la concreción de ecopuntos, destinados a concientizar sobre el impacto ambiental en el conurbano bonaerense.
Polo Petroquímico
La transformación del Polo Petroquímico y la relocalización de las familias avanzó apenas un 7% y el proyecto para construir una planta de tratamiento para las curtiembres de la cuenca, que al parecer en los últimos meses han empeorado su comportamiento respecto de los efluentes, apenas se concretó en un 8%.
En cuanto a las 17.771 soluciones habitacionales que el organismo se comprometió a realizar, hasta diciembre de 2015 se había cumplido en un 20%. Carlos "Coco" Rivero, de la villa 21-24, está muy enojado. "Ni siquiera hay construcciones nuevas. Sólo avanza el proyecto Mundo Grúa, que ya estaba empezado. Los otros terrenos que están disponibles para la construcción de viviendas todavía no cuentan ni con permiso", indicó a LA NACION. Los vecinos intentan reactivar las mudanzas pero no quieren que suceda como en el complejo de Villa Soldati, donde las casas nuevas ya están deterioradas.
El Gobierno prometió que en 2017 habrá 2000 viviendas nuevas, aunque en el cuerpo colegiado conformado por la Defensoría del Pueblo de la Nación y varias ONG ambientales aclaran que las construcciones ya estaban terminadas, y que el trabajo que se realizará es únicamente conectar los servicios. "Las construcciones se concretan en terrenos de baja calidad con poco valor inmobiliario", dijeron.
Desde que asumió Cambiemos, la Acumar no hace pie. Amílcar López, el primer director ejecutivo del organismo, presentó su renuncia en febrero pasado porque por las internas políticas no podía lanzar su gestión. En abril, mientras seguían las peleas entre las jurisdicciones para ganar espacios, asumió Torti, que el mes pasado volvió a su puesto en AySA.
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Fecha de Publicación: 27/12/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
Luego de la estrepitosa salida del último director, Julio Torti, nombrarán a Gladys González, interventora en el SOMU; el plan de limpieza del río está casi detenido desde hace dos años
El gobierno de Cambiemos quiere revitalizar de alguna forma la limpieza del Riachuelo. Lo que no consiguió en un año pretende que se acelere en los tres de gestión que le quedan, con un nuevo nombramiento y otro cambio en la estructura de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar).
La intención -con consenso en las tres jurisdicciones que la integran: la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad- llegaría de la mano de la exitosa interventora en el SOMU, Gladys González. El Gobierno quiere renovar el oxígeno luego de la estrepitosa audiencia ante la Corte Suprema en la que quedó expuesta la inacción del organismo y se revelaron las internas entre el entonces director ejecutivo, Julio Torti, y el ministro de Ambiente, Sergio Bergman. Según pudo saber LA NACION, desaparecería la Dirección Operativa, hoy a cargo de Gabriela Seijo, y todo quedaría bajo la órbita de González.
La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y sus funcionarios quieren tener más injerencia en un tema que evalúan emblemático y mediante el cual pueden aumentar la influencia en los 14 municipios de la provincia que conforman la cuenca.
Desde fines de noviembre, el consejo directivo de la Acumar sólo emitió dos actas: una, para aceptar la renuncia de Torti, y la otra, para aprobar el presupuesto para el año próximo, que ascenderá a $ 1300 millones, $ 100 millones más que este año. Es que queda mucho por ejecutar. Aunque LA NACION intentó comunicarse con el organismo para conocer los números exactos, no hubo respuesta oficial. "No se harán declaraciones hasta que no asuma un nuevo director", indicaron.
Al presupuesto propio, hay que sumar el crédito del Banco Mundial por US$ 840 millones para construir el colector cloacal del lado de la Capital. Ese sistema sólo estará completo cuando se construya un colector subfluvial, a la altura de Berazategui, que descargará los efluentes en el Río de la Plata, a 11 kilómetros de la costa. Según declaró AySA frente a la Corte, sólo en 2023 estaría lista esa obra.
Extraoficialmente, se habla de una ejecución presupuestaria del 20% en el organismo, que en el último año aumentó su planta permanente en un 10%. Cambiemos sumó 50 puestos en esa categoría a la Acumar, que ya suma 860 empleados. En el informe que el organismo presentó al máximo tribunal, al que tuvo acceso LA NACION, se explicita el escaso grado de avance de los proyectos. Algunos ejemplos: el traslado del Mercado de Liniers avanzó en sólo un 2%, cuando la promesa era completarlo en 2017. Tampoco hubo progreso en la remoción de basurales ni en los convenios que se deberían haber suscripto con diferentes municipios para la concreción de ecopuntos, destinados a concientizar sobre el impacto ambiental en el conurbano bonaerense.
Polo Petroquímico
La transformación del Polo Petroquímico y la relocalización de las familias avanzó apenas un 7% y el proyecto para construir una planta de tratamiento para las curtiembres de la cuenca, que al parecer en los últimos meses han empeorado su comportamiento respecto de los efluentes, apenas se concretó en un 8%.
En cuanto a las 17.771 soluciones habitacionales que el organismo se comprometió a realizar, hasta diciembre de 2015 se había cumplido en un 20%. Carlos "Coco" Rivero, de la villa 21-24, está muy enojado. "Ni siquiera hay construcciones nuevas. Sólo avanza el proyecto Mundo Grúa, que ya estaba empezado. Los otros terrenos que están disponibles para la construcción de viviendas todavía no cuentan ni con permiso", indicó a LA NACION. Los vecinos intentan reactivar las mudanzas pero no quieren que suceda como en el complejo de Villa Soldati, donde las casas nuevas ya están deterioradas.
El Gobierno prometió que en 2017 habrá 2000 viviendas nuevas, aunque en el cuerpo colegiado conformado por la Defensoría del Pueblo de la Nación y varias ONG ambientales aclaran que las construcciones ya estaban terminadas, y que el trabajo que se realizará es únicamente conectar los servicios. "Las construcciones se concretan en terrenos de baja calidad con poco valor inmobiliario", dijeron.
Desde que asumió Cambiemos, la Acumar no hace pie. Amílcar López, el primer director ejecutivo del organismo, presentó su renuncia en febrero pasado porque por las internas políticas no podía lanzar su gestión. En abril, mientras seguían las peleas entre las jurisdicciones para ganar espacios, asumió Torti, que el mes pasado volvió a su puesto en AySA.
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Isaac López: impulsor de la ley de bosques y desmontador
El Legislador Isaac López, impulsor de la ley de bosques, acusado de desmontador serial
Fecha de Publicación: 26/12/2016
Fuente: informadosdiario.com.ar
Provincia/Región: Córdoba
El tratamiento de la modificación de la Ley de Bosques en la Provincia de Córdoba, ha generado una gran polémica entre los que defienden el monte nativo y los que -por medio de una nueva norma- pretenden seguir quitándole territorio al monte.
En medio de esta situación, comenzó a ponerse en vilo cuales son los intereses que impulsan este cambio y sobre todo quienes son los interesados.
Aparentemente, dos Legisladores del norte cordobés –impulsores de esta ley– no tendrían una preocupación meramente política por su representación parlamentaria, sino por sus negocios personales.
Se trata del Legislador del Departamento Tulumba, Isaac “Chachi” López y su par del Departamento Río Seco, Gustavo Eslava. Ambos, representantes del oficialismo de Unión por Córdoba.
Según denuncia el Blog “Sala de Prensa Ambiental”, Isaac López, que integra paradójicamente la Comisión de Asuntos Ecológicos de la Legislatura, desde hace años realiza desmontes ilegales, arrasando incluso con “Reservas Intangibles”, áreas protegidas con prohibición expresa para realizar desmontes.
De acuerdo a este adelanto de la investigación periodística, López, no solo ha cometido una infracción sino que sería reincidente y fue declarado en rebeldía por no presentarse a pagar las multas.
“Así queda demostrado en el Expediente 0517-005874/06, Infracción N° 0694-000939/2014 por el cual el Sr. López Isaac, DNI Nº 11.777.575, con domicilio en la localidad de Rosario del Saladillo, Dpto. Tulumba, Provincia de Córdoba, presenta Solicitud de desmonte de 1839 ha de un campo llamado “Estancia López” de 2.844 ha de superficie total, ubicado en Pedanía Chalacea, Departamento Río Primero, Provincia de Córdoba” detalla la investigación.
Sala de Prensa Ambiental, además, pudo detectar otro documento de hace 2 años, que lo implica como infractor: Expediente N° 0694-000939/2014 por desmonte ilegal.
Fuentes confiables afirmaron que el Legislador, no sólo ha desmontado ilegalmente en reiteradas ocasiones, sino que ni siquiera se ha presentado ante las autoridades a pagar las multas que se le han labrado.
Como consecuencia de ello, el funcionario se encuentra bajo la figura de “rebeldía” ante la administración provincial porque no se presentó a hacer un descargo por el desmonte, a pesar de que las autoridades le notificaron en varias oportunidades.
Pese a que públicamente “Chachi” niega que la nueva ley vaya a “perdonar” antiguas multas e insólitamente pida más mano dura contra los infractores, la realidad es muy distinta, la modificación obligaría a crear un nuevo padrón, dejando fuera a los que violaron la ley vigente. Entonces el Legislador votaría una ley donde él mismo se perdona por sus infracciones.
Pero López no sería el único Legislador que tiene emprendimientos con el agro, tal es el caso de su compañero de bancada representante del Departamento Río Seco, Gustavo Eslava, quien sería dueño de la empresa “Oro Verde Agronegocios”, que se dedica a la venta al por mayor de abonos, fertilizantes, plaguicidas, semillas, granos, como así también al cultivo de soja, maíz, trigo, etc. La misma empresa, además, ofrece servicio de fumigación terrestre como así también asistencia para la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.
Todo esto deja entrever que los funcionarios que próximamente levantarán la mano a favor de la nueva Ley de Bosques, tienen grandes intereses personales involucrados en el tema. En pocas palabras, ambos legisladores son parte y arte en esta situación, especialmente López. Son empresarios del campo por lo que éticamente deberían -por lo menos- abstenerse al momento de votar una ley que puede definir el futuro de sus negocios.
eslava.
El Legislador “Chachi” López defendió la modificación a la Ley de Bosques e insiste que “no va haber más desmonte”
El Legislador del Departamento Tulumba, Isaac “Chachi” López, brindó algunas declaraciones a Informados Diario, en torno al tratamiento de la modificación de la Ley de Bosques de la Provincia de Córdoba.
La medida que sin dudas es considerada polémica por sus posibles cambios, es vista de forma totalmente contraria y positiva por el funcionario y sus pares del oficialismo, quienes se manifiestan completamente interesados y preparados para debatir sobre el tema.
El Legislador cree que “hay polémica porque hay mucha confusión, muchos hablan sin conocer verdaderamente cual es el proyecto y es un tema sumamente delicado”.
“Estamos en contra de los desmontes porque están prohibidos por ley. Hay que actualizar el ordenamiento territorial, nosotros estamos a favor de preservar y mejorar el bosque nativo. Esta ley no lo va abalar al desmonte” enfatizó López.
“Falta información y hemos pecado por no informar y debatir para explicar en que se basa el proyecto”.
Tras la controversia que causó en la comunidad esta cuestión, sorpresivamente y en un intento de “calmar los ánimos”, desde el gobierno de Córdoba salieron a anunciar un “plan de reforestación” en la provincia, que va ir de la mano de los cambios en la ley de bosques.
Según López, esto pretende “ordenar el bosque nativo que queda en un sector y pedirle al resto de la provincia, que depredaron durante muchísimas décadas esos territorios y que hoy se ven muchas partes inundadas y anegadas, que “sean solidarios con el resto de la provincia” y puedan implantar por los menos “el 1%” de su predio”.
Esto regirá no solo para el sur y sureste sino también para el noroeste, espacio donde la nueva ley tendrá su mayor impacto.
Isaac López afirma que con la nueva ley “no se va a topar el verdadero monte y permitirá que se desarrollen los pequeños productores”. En el mismo contexto defendió los cambios asegurando que “esto no va beneficiar a los grandes empresarios agropecuarios”.
Ante la pregunta de por qué considera que hay tantas personas en contra de esta nueva legislación, entre los que se encuentran, ambientalistas, científicos, biólogos y demás, replicó “ellos suponen que va a ser así, pero están equivocados”.
El Legislador que integra la “Comisión de Asuntos Ecológicos de la Legislatura”, dice que “ahora habrá estudios científicos que ayudarán a conocer completamente el territorio”.
El desmonte en nuestra provincia existe desde hace décadas, pero el impacto más fuerte y definitivo lo ha sufrido en los últimos 20 años, en la interminable rotación de gobiernos de José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti.
Le preguntamos al Legislador si no cree que estos gobiernos -de los que el participó y participa- sean los responsables de lo ocurrido y cómplices de la destrucción de todo nuestro territorio, a lo que respondió insólitamente que durante ese tiempo es donde más controles ha existido “en los últimos años si vos querías voltear un árbol te encontrabas en problemas”.
Contradictoriamente a esa supuesta “mano dura” contra el desmonte, López reconoció que los grandes empresarios del campo arrasaron con todo. “En los últimos 20 años ha habido etapas donde se ha permitido desmonte, y desmonte selectivo, donde los campesinos tenían que dejar el 40% de los arboles grandes y las cortinas, pero hay unos reverendos “HDP” que terminaban raleando todo. A esos tipos hay que caerles con todo el peso de la ley”.
La duda ahora es ¿Porque no les cayeron con “el peso de la ley” durante estos 20 largos años? ¿Qué se hizo para frenarlos?
A pesar de todo lo mencionado anteriormente pareciera mucho más fácil de lo que parece recuperar el bosque nativo, según manifiesta López, “Vos dejas un predio por 2 0 3 años ya tenes monte de vuelta”.
Otra dato que “desmintió” el Legislador es que el proyecto prevea ser más flexible con las multas, al contrario, asevera que serán más duras todavía. “No reduce las multas ni las perdona, nosotros creemos que hay que agravarlas y en los personal pienso que deberían ser confiscatorias”.
Para finalizar, el mismo funcionario que tiene la responsabilidad de votar esta ley, reconoce que la gente no tiene confianza. “Todo el mundo cree que la Legislatura podría habilitar mediante la autorización de esta ley que se produzcan desmontes en la provincia”.
Para cerrar la entrevista Isaac López trató de llevar tranquilidad a la sociedad, pero pareciera que el inconsciente lo traicionó y cometió un acto fallido. “Vamos a clarificar muchas de las cosas que dice el proyecto, que por ahí lo pueden estar entendiendo mal o algunos pueden desconfiar, entiendo que estén preocupados, por ahí dicen que “los que se queman con leche ven la vaca y lloran”.
Justamente es en esa irónica frase donde se sostiene la lucha contra esta nueva ley. Ya no hay confianza en los funcionarios de este gobierno, que en cientos de oportunidades, dijeron una cosa y terminó siendo otra, resultando siempre perjudicial para el pueblo.
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Fecha de Publicación: 26/12/2016
Fuente: informadosdiario.com.ar
Provincia/Región: Córdoba
El tratamiento de la modificación de la Ley de Bosques en la Provincia de Córdoba, ha generado una gran polémica entre los que defienden el monte nativo y los que -por medio de una nueva norma- pretenden seguir quitándole territorio al monte.
En medio de esta situación, comenzó a ponerse en vilo cuales son los intereses que impulsan este cambio y sobre todo quienes son los interesados.
Aparentemente, dos Legisladores del norte cordobés –impulsores de esta ley– no tendrían una preocupación meramente política por su representación parlamentaria, sino por sus negocios personales.
Se trata del Legislador del Departamento Tulumba, Isaac “Chachi” López y su par del Departamento Río Seco, Gustavo Eslava. Ambos, representantes del oficialismo de Unión por Córdoba.
Según denuncia el Blog “Sala de Prensa Ambiental”, Isaac López, que integra paradójicamente la Comisión de Asuntos Ecológicos de la Legislatura, desde hace años realiza desmontes ilegales, arrasando incluso con “Reservas Intangibles”, áreas protegidas con prohibición expresa para realizar desmontes.
De acuerdo a este adelanto de la investigación periodística, López, no solo ha cometido una infracción sino que sería reincidente y fue declarado en rebeldía por no presentarse a pagar las multas.
“Así queda demostrado en el Expediente 0517-005874/06, Infracción N° 0694-000939/2014 por el cual el Sr. López Isaac, DNI Nº 11.777.575, con domicilio en la localidad de Rosario del Saladillo, Dpto. Tulumba, Provincia de Córdoba, presenta Solicitud de desmonte de 1839 ha de un campo llamado “Estancia López” de 2.844 ha de superficie total, ubicado en Pedanía Chalacea, Departamento Río Primero, Provincia de Córdoba” detalla la investigación.
Sala de Prensa Ambiental, además, pudo detectar otro documento de hace 2 años, que lo implica como infractor: Expediente N° 0694-000939/2014 por desmonte ilegal.
Fuentes confiables afirmaron que el Legislador, no sólo ha desmontado ilegalmente en reiteradas ocasiones, sino que ni siquiera se ha presentado ante las autoridades a pagar las multas que se le han labrado.
Como consecuencia de ello, el funcionario se encuentra bajo la figura de “rebeldía” ante la administración provincial porque no se presentó a hacer un descargo por el desmonte, a pesar de que las autoridades le notificaron en varias oportunidades.
Pese a que públicamente “Chachi” niega que la nueva ley vaya a “perdonar” antiguas multas e insólitamente pida más mano dura contra los infractores, la realidad es muy distinta, la modificación obligaría a crear un nuevo padrón, dejando fuera a los que violaron la ley vigente. Entonces el Legislador votaría una ley donde él mismo se perdona por sus infracciones.
Pero López no sería el único Legislador que tiene emprendimientos con el agro, tal es el caso de su compañero de bancada representante del Departamento Río Seco, Gustavo Eslava, quien sería dueño de la empresa “Oro Verde Agronegocios”, que se dedica a la venta al por mayor de abonos, fertilizantes, plaguicidas, semillas, granos, como así también al cultivo de soja, maíz, trigo, etc. La misma empresa, además, ofrece servicio de fumigación terrestre como así también asistencia para la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.
Todo esto deja entrever que los funcionarios que próximamente levantarán la mano a favor de la nueva Ley de Bosques, tienen grandes intereses personales involucrados en el tema. En pocas palabras, ambos legisladores son parte y arte en esta situación, especialmente López. Son empresarios del campo por lo que éticamente deberían -por lo menos- abstenerse al momento de votar una ley que puede definir el futuro de sus negocios.
eslava.
El Legislador “Chachi” López defendió la modificación a la Ley de Bosques e insiste que “no va haber más desmonte”
El Legislador del Departamento Tulumba, Isaac “Chachi” López, brindó algunas declaraciones a Informados Diario, en torno al tratamiento de la modificación de la Ley de Bosques de la Provincia de Córdoba.
La medida que sin dudas es considerada polémica por sus posibles cambios, es vista de forma totalmente contraria y positiva por el funcionario y sus pares del oficialismo, quienes se manifiestan completamente interesados y preparados para debatir sobre el tema.
El Legislador cree que “hay polémica porque hay mucha confusión, muchos hablan sin conocer verdaderamente cual es el proyecto y es un tema sumamente delicado”.
“Estamos en contra de los desmontes porque están prohibidos por ley. Hay que actualizar el ordenamiento territorial, nosotros estamos a favor de preservar y mejorar el bosque nativo. Esta ley no lo va abalar al desmonte” enfatizó López.
“Falta información y hemos pecado por no informar y debatir para explicar en que se basa el proyecto”.
Tras la controversia que causó en la comunidad esta cuestión, sorpresivamente y en un intento de “calmar los ánimos”, desde el gobierno de Córdoba salieron a anunciar un “plan de reforestación” en la provincia, que va ir de la mano de los cambios en la ley de bosques.
Según López, esto pretende “ordenar el bosque nativo que queda en un sector y pedirle al resto de la provincia, que depredaron durante muchísimas décadas esos territorios y que hoy se ven muchas partes inundadas y anegadas, que “sean solidarios con el resto de la provincia” y puedan implantar por los menos “el 1%” de su predio”.
Esto regirá no solo para el sur y sureste sino también para el noroeste, espacio donde la nueva ley tendrá su mayor impacto.
Isaac López afirma que con la nueva ley “no se va a topar el verdadero monte y permitirá que se desarrollen los pequeños productores”. En el mismo contexto defendió los cambios asegurando que “esto no va beneficiar a los grandes empresarios agropecuarios”.
Ante la pregunta de por qué considera que hay tantas personas en contra de esta nueva legislación, entre los que se encuentran, ambientalistas, científicos, biólogos y demás, replicó “ellos suponen que va a ser así, pero están equivocados”.
El Legislador que integra la “Comisión de Asuntos Ecológicos de la Legislatura”, dice que “ahora habrá estudios científicos que ayudarán a conocer completamente el territorio”.
El desmonte en nuestra provincia existe desde hace décadas, pero el impacto más fuerte y definitivo lo ha sufrido en los últimos 20 años, en la interminable rotación de gobiernos de José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti.
Le preguntamos al Legislador si no cree que estos gobiernos -de los que el participó y participa- sean los responsables de lo ocurrido y cómplices de la destrucción de todo nuestro territorio, a lo que respondió insólitamente que durante ese tiempo es donde más controles ha existido “en los últimos años si vos querías voltear un árbol te encontrabas en problemas”.
Contradictoriamente a esa supuesta “mano dura” contra el desmonte, López reconoció que los grandes empresarios del campo arrasaron con todo. “En los últimos 20 años ha habido etapas donde se ha permitido desmonte, y desmonte selectivo, donde los campesinos tenían que dejar el 40% de los arboles grandes y las cortinas, pero hay unos reverendos “HDP” que terminaban raleando todo. A esos tipos hay que caerles con todo el peso de la ley”.
La duda ahora es ¿Porque no les cayeron con “el peso de la ley” durante estos 20 largos años? ¿Qué se hizo para frenarlos?
A pesar de todo lo mencionado anteriormente pareciera mucho más fácil de lo que parece recuperar el bosque nativo, según manifiesta López, “Vos dejas un predio por 2 0 3 años ya tenes monte de vuelta”.
Otra dato que “desmintió” el Legislador es que el proyecto prevea ser más flexible con las multas, al contrario, asevera que serán más duras todavía. “No reduce las multas ni las perdona, nosotros creemos que hay que agravarlas y en los personal pienso que deberían ser confiscatorias”.
Para finalizar, el mismo funcionario que tiene la responsabilidad de votar esta ley, reconoce que la gente no tiene confianza. “Todo el mundo cree que la Legislatura podría habilitar mediante la autorización de esta ley que se produzcan desmontes en la provincia”.
Para cerrar la entrevista Isaac López trató de llevar tranquilidad a la sociedad, pero pareciera que el inconsciente lo traicionó y cometió un acto fallido. “Vamos a clarificar muchas de las cosas que dice el proyecto, que por ahí lo pueden estar entendiendo mal o algunos pueden desconfiar, entiendo que estén preocupados, por ahí dicen que “los que se queman con leche ven la vaca y lloran”.
Justamente es en esa irónica frase donde se sostiene la lucha contra esta nueva ley. Ya no hay confianza en los funcionarios de este gobierno, que en cientos de oportunidades, dijeron una cosa y terminó siendo otra, resultando siempre perjudicial para el pueblo.
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Así es como el gobierno quiere burlar la Ley de Glaciares
Cómo es el plan del Gobierno para habilitar la minería sobre glaciares
Fecha de Publicación: 22/12/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
En silencio y sin hacerlo público, el Gobierno diseña desde hace meses una estrategia para destruir el espíritu de la ley de glaciares a través de una reglamentación que desvirtúe la definición de glaciar y allane el camino para la instalación de mineras en zonas prohibidas.
Infobae tuvo acceso a dos documentos que fueron enviados de manera anónima a los querellantes de la causa en la que se investiga el incumplimiento de la ley de glaciares. Este medio pudo corroborar de manera independiente con trabajadores de las dependencias involucradas la veracidad de las cuestiones tratadas en los documentos, que muestran la estrategia diseñada por técnicos de la Secretaría de Minería, y las discusiones internas. El primero es un borrador de la reglamentación que debería firmar el presidente Mauricio Macri y el segundo es una presentación en Power Point que describe con detalles cómo hacer para demoler algunos artículos clave de la ley.
El Gobierno prometió 20 mil millones de dólares en inversiones mineras. El documento habla de más de 25 mil millones de dólares de inversiones potenciales, pero sabe (y sabía el Presidente cuando hizo el anuncio) que no menos 16.360 millones sólo llegarían si las condiciones internacionales y locales lo permiten, y si la ley de glaciares deja de existir.
De acuerdo al documento del propio Gobierno, hay cuatro proyectos que contienen en su área geoformas mapeadas en el Inventario Nacional de Glaciares. Son Altar, Pascua Lama, Los Azules y Pachón, todos en San Juan
Las inversiones que el gobierno estima en esos proyectos son de 10 mil millones de dólares, pero el deseo está lejos de la realidad, ya que además de la violación de la ley, Pascua Lama fue frenado por la Justicia chilena por contaminar dos glaciares y Pachón está absolutamente paralizado y en medio de un conflicto binacional con Chile por la escombrera de una minera trasandina que contaminó lagos y secó vegas en Argentina, entre otras cosas.
Y hay otros tres proyectos, por 6.360 millones de dólares, con "potencial conflicto" con la ley de glaciares. El "potencial", en realidad, es porque esos lugares todavía no fueron inventariados. En otras palabras, son zonas que una vez que sean incluidas en el inventario de glaciares deberán ser protegidas. Son los proyectos Agua Rica, en Catamarca, donde esperan dar continuidad a Bajo La Alumbrera, el primer proyecto minero a gran escala del país; y los proyecto Del Carmen y Constelación, en San Juan. El primero de esos proyectos es de Barrick Gold, mientras que el segundo afectará directamente al glaciar El Potro, uno de los más grandes de Sudamérica.
El acuerdo para reglamentar la ley de glaciares se alcanzó el 21 de julio, lo cual quiere decir que se venía negociando desde hace rato. Sin embargo, recién a fines de agosto llegaron a un convenio definitivo y a mediados de septiembre se empezaron a reunir los equipos técnicos por separado. En octubre cada dependencia presentó su borrador y se realizó un taller y dos reuniones en cada ministerio.
Si hay algo que queda claro en ambos documentos es el afán de la Secretaría de Minería de "ir por todo", lejos de la posición mucho más medida –pero a favor de la reglamentación– del Ministerio de Ambiente. Es lógico: el secretario de Minería es Daniel Meilán, un emblema del esquema minero libre de impuestos promovido durante el menemismo y un crítico de las leyes a favor del medio ambiente que, dice, carecen de sustento. Por caso, tampoco estaría de acuerdo con reglamentar las herramientas vinculadas al desarrollo sustentable, como pretende el Ministerio de Ambiente.
El documento filtrado plantea una estrategia que luego se ve plasmada en el borrador de reglamentación. Aunque hay algunas cuestiones muy técnicas, hay recomendaciones muy concretas. La primera idea es excluir a los llamados glaciares de escombro del ambiente periglacial, que está protegido por la ley y que el Ianigla incluyó en las cuencas del inventario que ya fueron publicadas.
En el documento se explica expresamente cómo hacer "para exceptuarlos del área a proteger". Para ello, la Secretaría de Energía propuso incluir un requisito extra para que sean resguardados por la ley: contar con un "Estudio de Significancia Hídrica", que parecería que en el Ministerio de Ambiente, al menos en un principio, no están de acuerdo con exigir. Lo mismo se propuso para los glaciaretes, que son parte del ambiente glaciar protegido por ley.
En este punto hay que hacer una explicación. En los documentos parecería sobrevolar la idea de que habría que demostrar que los glaciares y el ambiente periglacial son "recurso hídrico estratégico" para que sean protegidos, algo que la ley no exige. Muy lejos de esa interpretación maniquea, la ley define a todos los glaciares y la ambiente periglaciales como recursos estratégicos e incluso aclara que no es la única finalidad de protección: también hay que resguardarlos "para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico". En resumen, por más que se demuestre que un glaciar no tiene "significancia hídrica", aún así está protegido por ley. Daniel Meilán y se equipo, entonces, quieren reducir a uno sólo los seis objetivos de la ley propuestos por el Congreso nacional.
"Algunos glaciares de escombro tienen en la nariz un arroyito que nace de ellos. Estos caudales se pueden medir. Pero hay glaciares de escombro que no tienen estos arroyos, porque el agua de ellos se va en forma subterránea, aflorando varios kilómetros abajo. Así, el proyecto dejará afuera a estos glaciares de escombro que cumplen su importante función hidrológica", explicó a Infobae el abogado Diego Seguí, que encabeza la querella junto al letrado Enrique Viale.
Otra aclaración para nada menor: una reglamentación no puede desvirtuar una ley. No sólo porque no es legal, sino que tampoco es democrático ni republicano. Si el Gobierno decida avanzar, es probable que al otro día se presenten recursos de amparo reclamando su inconstitucionalidad, pero la Justicia –creen en la querella– no es garantía de nada.
Esta interpretación sesgada de la ley se ve mucho más clara cuando se analiza el borrador de la reglamentación. Por ejemplo, el Gobierno pretende proteger, solamente, a los glaciares que tengan más de una hectárea, pese a que la ley aclara expresamente que quedan resguardados todos los glaciares "cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación". De esta forma, por ejemplo, quedaría afuera del inventario el glaciar binacional Toro 1, que tiene poco más de 700 metros cuadrados del lado argentino de la frontera y sobre el cual está diseñado el rajo del proyecto Pascua Lama. Ese glaciar ya fue contaminado por Barrick Gold.
No obstante, lo más curioso es que el Ianigla ya había decidido utilizar ese criterio, lo cual demuestra que la decisión de las autoridades a cargo del inventario no fue basada en ningún aspecto legal. Pero además, como aclaró el abogado Seguí, "cualquier geoforma que tiene dimensión inferior a una hectárea también cumple un función hídrica, y de hecho en ambientes áridos, como la cordillera andina central, es normal que esos cuerpos sean pequeños, lo que se compensa con la gran cantidad que hay".
Hay otro tema que genera incertidumbre: hay cuestiones sobre las que el Ianigla ya avanzó y ahora deberían ser revisadas. Es decir que habría que volver para atrás en la mínima aplicación que ya se hizo de la ley.
Algo que llama poderosamente la atención es la cantidad de recursos que el Estado destinó a destruir la ley de glaciares. Son los abogados y equipos técnicos del Poder Ejecutivo los que realizaron el trabajo de las mineras. Pero aquí hay otra discusión de fondo: el esquema de desarrollo que promueve el gobierno. Si bien la minería se suele calificar como un motor de progreso, las zonas mineras, en todo el mundo, son las que peores indicadores tienen en sus países. Y Argentina, naturalmente, no es la excepción: el mayor desempleo de San Juan está en los cinco departamentos con proyectos mineros, superando el 50% en el que Barrick Gold instaló Veladero. Es más: las provincias con minería a cielo abierto, como Catamarca, San Juan y Santa Cruz, son de las que peores indicadores socioeconómicos tienen del país. A esta altura de la historia, cualquiera debería saberlo.
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Fecha de Publicación: 22/12/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
En silencio y sin hacerlo público, el Gobierno diseña desde hace meses una estrategia para destruir el espíritu de la ley de glaciares a través de una reglamentación que desvirtúe la definición de glaciar y allane el camino para la instalación de mineras en zonas prohibidas.
Infobae tuvo acceso a dos documentos que fueron enviados de manera anónima a los querellantes de la causa en la que se investiga el incumplimiento de la ley de glaciares. Este medio pudo corroborar de manera independiente con trabajadores de las dependencias involucradas la veracidad de las cuestiones tratadas en los documentos, que muestran la estrategia diseñada por técnicos de la Secretaría de Minería, y las discusiones internas. El primero es un borrador de la reglamentación que debería firmar el presidente Mauricio Macri y el segundo es una presentación en Power Point que describe con detalles cómo hacer para demoler algunos artículos clave de la ley.
El Gobierno prometió 20 mil millones de dólares en inversiones mineras. El documento habla de más de 25 mil millones de dólares de inversiones potenciales, pero sabe (y sabía el Presidente cuando hizo el anuncio) que no menos 16.360 millones sólo llegarían si las condiciones internacionales y locales lo permiten, y si la ley de glaciares deja de existir.
De acuerdo al documento del propio Gobierno, hay cuatro proyectos que contienen en su área geoformas mapeadas en el Inventario Nacional de Glaciares. Son Altar, Pascua Lama, Los Azules y Pachón, todos en San Juan
Las inversiones que el gobierno estima en esos proyectos son de 10 mil millones de dólares, pero el deseo está lejos de la realidad, ya que además de la violación de la ley, Pascua Lama fue frenado por la Justicia chilena por contaminar dos glaciares y Pachón está absolutamente paralizado y en medio de un conflicto binacional con Chile por la escombrera de una minera trasandina que contaminó lagos y secó vegas en Argentina, entre otras cosas.
Y hay otros tres proyectos, por 6.360 millones de dólares, con "potencial conflicto" con la ley de glaciares. El "potencial", en realidad, es porque esos lugares todavía no fueron inventariados. En otras palabras, son zonas que una vez que sean incluidas en el inventario de glaciares deberán ser protegidas. Son los proyectos Agua Rica, en Catamarca, donde esperan dar continuidad a Bajo La Alumbrera, el primer proyecto minero a gran escala del país; y los proyecto Del Carmen y Constelación, en San Juan. El primero de esos proyectos es de Barrick Gold, mientras que el segundo afectará directamente al glaciar El Potro, uno de los más grandes de Sudamérica.
El acuerdo para reglamentar la ley de glaciares se alcanzó el 21 de julio, lo cual quiere decir que se venía negociando desde hace rato. Sin embargo, recién a fines de agosto llegaron a un convenio definitivo y a mediados de septiembre se empezaron a reunir los equipos técnicos por separado. En octubre cada dependencia presentó su borrador y se realizó un taller y dos reuniones en cada ministerio.
Si hay algo que queda claro en ambos documentos es el afán de la Secretaría de Minería de "ir por todo", lejos de la posición mucho más medida –pero a favor de la reglamentación– del Ministerio de Ambiente. Es lógico: el secretario de Minería es Daniel Meilán, un emblema del esquema minero libre de impuestos promovido durante el menemismo y un crítico de las leyes a favor del medio ambiente que, dice, carecen de sustento. Por caso, tampoco estaría de acuerdo con reglamentar las herramientas vinculadas al desarrollo sustentable, como pretende el Ministerio de Ambiente.
El documento filtrado plantea una estrategia que luego se ve plasmada en el borrador de reglamentación. Aunque hay algunas cuestiones muy técnicas, hay recomendaciones muy concretas. La primera idea es excluir a los llamados glaciares de escombro del ambiente periglacial, que está protegido por la ley y que el Ianigla incluyó en las cuencas del inventario que ya fueron publicadas.
En el documento se explica expresamente cómo hacer "para exceptuarlos del área a proteger". Para ello, la Secretaría de Energía propuso incluir un requisito extra para que sean resguardados por la ley: contar con un "Estudio de Significancia Hídrica", que parecería que en el Ministerio de Ambiente, al menos en un principio, no están de acuerdo con exigir. Lo mismo se propuso para los glaciaretes, que son parte del ambiente glaciar protegido por ley.
En este punto hay que hacer una explicación. En los documentos parecería sobrevolar la idea de que habría que demostrar que los glaciares y el ambiente periglacial son "recurso hídrico estratégico" para que sean protegidos, algo que la ley no exige. Muy lejos de esa interpretación maniquea, la ley define a todos los glaciares y la ambiente periglaciales como recursos estratégicos e incluso aclara que no es la única finalidad de protección: también hay que resguardarlos "para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico". En resumen, por más que se demuestre que un glaciar no tiene "significancia hídrica", aún así está protegido por ley. Daniel Meilán y se equipo, entonces, quieren reducir a uno sólo los seis objetivos de la ley propuestos por el Congreso nacional.
"Algunos glaciares de escombro tienen en la nariz un arroyito que nace de ellos. Estos caudales se pueden medir. Pero hay glaciares de escombro que no tienen estos arroyos, porque el agua de ellos se va en forma subterránea, aflorando varios kilómetros abajo. Así, el proyecto dejará afuera a estos glaciares de escombro que cumplen su importante función hidrológica", explicó a Infobae el abogado Diego Seguí, que encabeza la querella junto al letrado Enrique Viale.
Otra aclaración para nada menor: una reglamentación no puede desvirtuar una ley. No sólo porque no es legal, sino que tampoco es democrático ni republicano. Si el Gobierno decida avanzar, es probable que al otro día se presenten recursos de amparo reclamando su inconstitucionalidad, pero la Justicia –creen en la querella– no es garantía de nada.
Esta interpretación sesgada de la ley se ve mucho más clara cuando se analiza el borrador de la reglamentación. Por ejemplo, el Gobierno pretende proteger, solamente, a los glaciares que tengan más de una hectárea, pese a que la ley aclara expresamente que quedan resguardados todos los glaciares "cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación". De esta forma, por ejemplo, quedaría afuera del inventario el glaciar binacional Toro 1, que tiene poco más de 700 metros cuadrados del lado argentino de la frontera y sobre el cual está diseñado el rajo del proyecto Pascua Lama. Ese glaciar ya fue contaminado por Barrick Gold.
No obstante, lo más curioso es que el Ianigla ya había decidido utilizar ese criterio, lo cual demuestra que la decisión de las autoridades a cargo del inventario no fue basada en ningún aspecto legal. Pero además, como aclaró el abogado Seguí, "cualquier geoforma que tiene dimensión inferior a una hectárea también cumple un función hídrica, y de hecho en ambientes áridos, como la cordillera andina central, es normal que esos cuerpos sean pequeños, lo que se compensa con la gran cantidad que hay".
Hay otro tema que genera incertidumbre: hay cuestiones sobre las que el Ianigla ya avanzó y ahora deberían ser revisadas. Es decir que habría que volver para atrás en la mínima aplicación que ya se hizo de la ley.
Algo que llama poderosamente la atención es la cantidad de recursos que el Estado destinó a destruir la ley de glaciares. Son los abogados y equipos técnicos del Poder Ejecutivo los que realizaron el trabajo de las mineras. Pero aquí hay otra discusión de fondo: el esquema de desarrollo que promueve el gobierno. Si bien la minería se suele calificar como un motor de progreso, las zonas mineras, en todo el mundo, son las que peores indicadores tienen en sus países. Y Argentina, naturalmente, no es la excepción: el mayor desempleo de San Juan está en los cinco departamentos con proyectos mineros, superando el 50% en el que Barrick Gold instaló Veladero. Es más: las provincias con minería a cielo abierto, como Catamarca, San Juan y Santa Cruz, son de las que peores indicadores socioeconómicos tienen del país. A esta altura de la historia, cualquiera debería saberlo.
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Bosques de Córdoba y una audiencia que no es audiencia
Críticas de la oposición al traslado de la audiencia pública a Villa de María de Río Seco
Fecha de Publicación: 21/12/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Según Buttarelli, la ley se aprobará en la sesión de miércoles 28 diciembre. “Esta ley no es un cuco. Somos respetuosos de todas las opiniones”, dijo.
La audiencia pública por la ley de bosques se realizará lejos de la Unicameral.
El oficialismo decidió convocarla este jueves a las 12 en Villa de María de Río Seco, 175 kilómetros al norte provincial de la capital provincial.
Para justificar esa decisión, Germán Buttarelli, presidente de la Comisión de Asuntos Ecológicos de la Unicameral, argumentó: “La Unicameral recibió una carta del Centro Comercial que nos pidió que la peatonal se mantenga libre de manifestantes, porque una protesta les causaría perjuicios en relación a las ventas navideñas. Por eso decidimos descomprimir la situación. Además, la trasladamos al corazón del bosque nativo. Tanto que se habla del norte provincial. Igual, quienes no pueden ir, la comisión está abierta a recibir todas las inquietudes. Queremos que esta ley salga por amplio consenso”, señaló Buttarelli.
La convocatoria oficial de la audiencia será hoy, un día antes de que se realice el acto público. Luego de que se hiciera pública la decisión de trasladar a Villa María de Río Seco la audiencia, el municipio ofreció su polideportivo.
Según Buttarelli, la ley se aprobará en la sesión de miércoles 28 diciembre. “Esta ley no es un cuco. Somos respetuosos de todas las opiniones”, dijo.
Por su parte, Eduardo Salas, legislador del Frente de Izquierda, declaró: “Luego de que más de 300 activistas, el martes de la semana pasada, se movilizaran a la Legislatura para rechazar el ante proyecto de ley de bosques, el Gobierno provincial armó una pantomima de debates abiertos para descomprimir el descontento sobre una ley, cocinada por la Sociedad Rural y Cartez, que definitivamente avanza sobre el bosque nativo”.
En tanto, desde la bancada radical consideraron que “tal como está planteado el proyecto no se puede aprobar”. Y criticó la forma de hacer política del Gobierno provincial.
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Fecha de Publicación: 21/12/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Según Buttarelli, la ley se aprobará en la sesión de miércoles 28 diciembre. “Esta ley no es un cuco. Somos respetuosos de todas las opiniones”, dijo.
La audiencia pública por la ley de bosques se realizará lejos de la Unicameral.
El oficialismo decidió convocarla este jueves a las 12 en Villa de María de Río Seco, 175 kilómetros al norte provincial de la capital provincial.
Para justificar esa decisión, Germán Buttarelli, presidente de la Comisión de Asuntos Ecológicos de la Unicameral, argumentó: “La Unicameral recibió una carta del Centro Comercial que nos pidió que la peatonal se mantenga libre de manifestantes, porque una protesta les causaría perjuicios en relación a las ventas navideñas. Por eso decidimos descomprimir la situación. Además, la trasladamos al corazón del bosque nativo. Tanto que se habla del norte provincial. Igual, quienes no pueden ir, la comisión está abierta a recibir todas las inquietudes. Queremos que esta ley salga por amplio consenso”, señaló Buttarelli.
La convocatoria oficial de la audiencia será hoy, un día antes de que se realice el acto público. Luego de que se hiciera pública la decisión de trasladar a Villa María de Río Seco la audiencia, el municipio ofreció su polideportivo.
Según Buttarelli, la ley se aprobará en la sesión de miércoles 28 diciembre. “Esta ley no es un cuco. Somos respetuosos de todas las opiniones”, dijo.
Por su parte, Eduardo Salas, legislador del Frente de Izquierda, declaró: “Luego de que más de 300 activistas, el martes de la semana pasada, se movilizaran a la Legislatura para rechazar el ante proyecto de ley de bosques, el Gobierno provincial armó una pantomima de debates abiertos para descomprimir el descontento sobre una ley, cocinada por la Sociedad Rural y Cartez, que definitivamente avanza sobre el bosque nativo”.
En tanto, desde la bancada radical consideraron que “tal como está planteado el proyecto no se puede aprobar”. Y criticó la forma de hacer política del Gobierno provincial.
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Córdoba apura una ley de bosques para desmontar
Una ley contra los bosques nativos de Córdoba
Fecha de Publicación: 18/12/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Córdoba
Campesinos y ambientalistas denunciaron que el Gobierno provincial y las asociaciones agropecuarias quieren modificar la ley de Bosques para permitir el desmonte selectivo con químicos.
La provincia de Córdoba se encuentra en emergencia forestal, ya que sólo le quedan el 4% de sus bosques nativos originales: de 12 millones de hectáreas, quedaron apenas 500 mil. Según datos oficiales, entre 1998 y 2014 en la provincia se deforestaron 295.005 hectáreas. Desde la sanción de la Ley de Bosques (fines de 2007) se desmontaron 5.578 hectáreas de bosques que se encontraban protegidos por la normativa.
Sin embargo, la situación puede empeorar: el Ejecutivo provincial junto a un consorcio de asociaciones agropecuarias pretende que la Legislatura cordobesa apruebe un proyecto de ley de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo, que reduciría las áreas protegidas y habilitaría el desmonte –incluso con químicos- para destinar más tierras a la ganadería.
“La situación es crítica”, dijo a Página/12 Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, quien le envió una carta al gobernador Juan Schiaretti exigiéndole que intervenga para frenar la iniciativa. “Lo que se pretende aprobar contradice a la Ley Nacional de Bosques, hay que aumentar la protección, no disminuirla”, añadió.
Si bien aún no se conoce el texto final que se aprobaría antes de fin de año en la Legislatura unicameral de la provincia de Córdoba, algunos borradores que comenzaron a circular por entre los despachos de los diputados despertaron preocupación entre ambientalistas, ecologistas y campesinos.
El Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) y otras organizaciones se movilizaron esta semana hasta el parlamento cordobés para rechazar la iniciativa. “Si este proyecto se convierte en ley, aumentarán los riesgos de inundaciones, sequías, eventos climáticos severos y por otro lado incidirá en el precio de los alimentos, la peligrosidad en las rutas y el deterioro en la calidad del agua y el aire en zonas rurales y urbanas", afirmó un comunicado del MCC.
Lo que se discute, en concreto, es la posibilidad de avanzar con el desmonte selectivo con químicos –que afectaría a unas dos millones de hectáreas- y una modificación del mapa de bosques nativos, que están identificados con colores. Es decir, una reducción de la protección que hoy rige en la provincia.
Según explicó a Página/12 Fernando Barri, doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador del Conicet, el objetivo de las entidades rurales es “desmontar lo poco que queda de bosque nativo en la provincia”. “Van a generar un colapso ecológico”, advirtió.
“El rolado selectivo implica eliminar gran parte de la flora y se rompe el ecosistema, con la pérdida de fauna”, explicó Barri. En cuanto al mapa, el cambio de zonas rojas –de alta protección- a amarillas, facilitaría el desmonte para introducir pasturas aptas para la cría de ganado.
Giardini añadió que en Córdoba se da, al mismo tiempo, un fenómeno climático complejo que desencadenó inusuales (y graves) inundaciones en los últimos años. “Además de la expansión de la frontera agropecuaria, en la zona de las Sierras Chicas se autorizaron emprendimientos inmobiliarios que desforestaron gran parte de bosque nativo”, señaló. ¿Cuál es el impacto de este tipo de decisiones? “Es simple –continuó Giardini-, el bosque nativo nos protege del agua diez veces más que cualquier otra vegetación, tal es su poder de absorción”.
El proyecto del ejecutivo provincial -incluido el cambio de la autoridad de aplicación, que pasaría de la Secretaría de Ambiente al Ministerio de Ciencia y Tecnología provincial- es apoyado por organizaciones de empresarios como la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), la Federación Agraria (FAA) y la Sociedad Rural (SRA).
“Vemos con buenos ojos que algunos actores que hoy están contaminados sean puestos a un costado. Valoramos mucho que quien aplique la ley tenga una posición más técnica y científica en lugar de una postura ideológica. De todos modos creo que las posturas más radicalizadas han ido quedando en el camino”, declaró recientemente el titular de Cartez, Gabriel De Raedemaeker.
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Fecha de Publicación: 18/12/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Córdoba
Campesinos y ambientalistas denunciaron que el Gobierno provincial y las asociaciones agropecuarias quieren modificar la ley de Bosques para permitir el desmonte selectivo con químicos.
La provincia de Córdoba se encuentra en emergencia forestal, ya que sólo le quedan el 4% de sus bosques nativos originales: de 12 millones de hectáreas, quedaron apenas 500 mil. Según datos oficiales, entre 1998 y 2014 en la provincia se deforestaron 295.005 hectáreas. Desde la sanción de la Ley de Bosques (fines de 2007) se desmontaron 5.578 hectáreas de bosques que se encontraban protegidos por la normativa.
Sin embargo, la situación puede empeorar: el Ejecutivo provincial junto a un consorcio de asociaciones agropecuarias pretende que la Legislatura cordobesa apruebe un proyecto de ley de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo, que reduciría las áreas protegidas y habilitaría el desmonte –incluso con químicos- para destinar más tierras a la ganadería.
“La situación es crítica”, dijo a Página/12 Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, quien le envió una carta al gobernador Juan Schiaretti exigiéndole que intervenga para frenar la iniciativa. “Lo que se pretende aprobar contradice a la Ley Nacional de Bosques, hay que aumentar la protección, no disminuirla”, añadió.
Si bien aún no se conoce el texto final que se aprobaría antes de fin de año en la Legislatura unicameral de la provincia de Córdoba, algunos borradores que comenzaron a circular por entre los despachos de los diputados despertaron preocupación entre ambientalistas, ecologistas y campesinos.
El Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) y otras organizaciones se movilizaron esta semana hasta el parlamento cordobés para rechazar la iniciativa. “Si este proyecto se convierte en ley, aumentarán los riesgos de inundaciones, sequías, eventos climáticos severos y por otro lado incidirá en el precio de los alimentos, la peligrosidad en las rutas y el deterioro en la calidad del agua y el aire en zonas rurales y urbanas", afirmó un comunicado del MCC.
Lo que se discute, en concreto, es la posibilidad de avanzar con el desmonte selectivo con químicos –que afectaría a unas dos millones de hectáreas- y una modificación del mapa de bosques nativos, que están identificados con colores. Es decir, una reducción de la protección que hoy rige en la provincia.
Según explicó a Página/12 Fernando Barri, doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador del Conicet, el objetivo de las entidades rurales es “desmontar lo poco que queda de bosque nativo en la provincia”. “Van a generar un colapso ecológico”, advirtió.
“El rolado selectivo implica eliminar gran parte de la flora y se rompe el ecosistema, con la pérdida de fauna”, explicó Barri. En cuanto al mapa, el cambio de zonas rojas –de alta protección- a amarillas, facilitaría el desmonte para introducir pasturas aptas para la cría de ganado.
Giardini añadió que en Córdoba se da, al mismo tiempo, un fenómeno climático complejo que desencadenó inusuales (y graves) inundaciones en los últimos años. “Además de la expansión de la frontera agropecuaria, en la zona de las Sierras Chicas se autorizaron emprendimientos inmobiliarios que desforestaron gran parte de bosque nativo”, señaló. ¿Cuál es el impacto de este tipo de decisiones? “Es simple –continuó Giardini-, el bosque nativo nos protege del agua diez veces más que cualquier otra vegetación, tal es su poder de absorción”.
El proyecto del ejecutivo provincial -incluido el cambio de la autoridad de aplicación, que pasaría de la Secretaría de Ambiente al Ministerio de Ciencia y Tecnología provincial- es apoyado por organizaciones de empresarios como la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), la Federación Agraria (FAA) y la Sociedad Rural (SRA).
“Vemos con buenos ojos que algunos actores que hoy están contaminados sean puestos a un costado. Valoramos mucho que quien aplique la ley tenga una posición más técnica y científica en lugar de una postura ideológica. De todos modos creo que las posturas más radicalizadas han ido quedando en el camino”, declaró recientemente el titular de Cartez, Gabriel De Raedemaeker.
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Lo que dejó el incendio en Valeria del Mar
Bergman: "Se presume que los incendios en Valeria del Mar fueron intencionales"
Fecha de Publicación: 15/12/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Buenos Aires
Así lo aseguró a Télam Radio el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, al referirse al incendio desatado este lunes en Valeria del Mar.
La justicia bonaerense comenzó hoy las investigaciones sobre el incendio que se desató ayer en la zona boscosa de las localidades de Valeria del Mar y Cariló, en el partido de Pinarmar, en la costa atlántica bonaerense, para verificar si las causas fueron intencionales como presumen autoridades nacionales y locales.
El incendio, que afectó 50 hectáreas y ya fue controlado, es considerado "el más grande de la historia de Pinamar", según precisó el secretario de Seguridad de de esa localidad, Matías Yeannes,
En este marco, el titular de la Fiscalía Federal de Dolores, Juan Pablo Curi, inició hoy una investigación preliminar para determinar si el fuego se inició por causas naturales o si fue intencional, en cuyo caso solicitará medidas para dar con los autores e impulsar una acción penal en su contra, informó el Ministerio Público Fiscal a través de su página web.
La investigación intentará establecer el impacto ambiental y el peligro para la salud y la seguridad pública que generó el incendio en la reserva ecológica.
El ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, afirmó más temprano que "hay una presunción de intencionalidad", en diálogo con Télam Radio.
"El hecho de que hubo varios focos simultáneos que dieron inicio al incendio hace presuponer que hay una intencionalidad, algo que está en el plano todavía de la suposición y que los peritos y la policía podrán ampliar hoy esa información", aseguró Bergman, para quien esa sospecha "es algo que preocupa además de la pérdida del activo ambiental".
Bergman dijo que la idea de presunción "la hemos recogido de las palabras del intendente de Pinamar, Martín Yeza, que cuando ya estaba sofocándose el fuego al final del día manifestaba la preocupación (de la existencia) de una secuencia, con el intento de incendio el viernes pasado en un balneario que estaban desarmando y el incendio con la pérdida de 50 hectáreas de bosques nativos en la zona de Valeria del Mar".
En este sentido, Yeza dijo en declaraciones radiales que "nadie piensa que esto haya podido ser accidental, porque había varios focos de incendio; tres puntos a la misma vez es difícil".
Por su parte, el coordinador del sistema de Manejo del Fuego, que depende del Ministerio de Ambiente de Nación, Marcelo Mosiejchuk, ratificó a Télam que la situación está en estos momentos totalmente "controlada; los Bomberos trabajaron toda la noche en tareas de enfriamiento del suelo y liquidando los focos que quedaban".
Aunque hace unos 10 años hubo otro incendio de grandes proporciones, Mosiejchuk refirió que "este fue más grave porque se propagó hasta una zona muy cercana a una estación de servicio y una planta de gas".
El funcionario explicó que el fuego se extendió con mucha rapidez porque "está dentro de las condiciones que llaman 'la escala de 30; se dio con más de 30 grados de temperatura, menos de 30 grados de humedad y más de 30 kilómetros por hora de viento".
La destrucción de unas 50 hectáreas de la zona significa "una gran parte de todo el terreno, diría que el 70 por ciento", señaló Yeannes, quien precisó que si bien el pino crece rápido, "va a llevar tiempo recuperarlo".
En este marco, el funcionario destacó que "quiero ser muy cauto con los datos que vamos dando porque todavía no hay muchas precisiones, pero a esta altura podemos decir que es el incendio más grande de la historia del partido" de Pinamar.
Yeannes explicó que el incendio se produjo en "tierras privadas que no tienen acceso al público, pero es una zona a lotear", y recordó que "desde marzo estamos sufriendo incendios forestales y la mayoría fueron intencionales como nos explican los bomberos. Para generar un incendio como éste se necesita ciertos conocimientos", precisó el funcionario a Radio Continental.
El fuego se inició pasado el mediodía de ayer en la reserva boscosa de Valeria del Mar, a la altura del kilómetro 397 de la Ruta Provincial Interbalnearia 11, pero rápidamente se propagó hacia el bosque de Cariló.
"Hubo 15 dotaciones de bomberos y dos aviones hidrantes que envió la provincia de Buenos Aires, además del compromiso de los vecinos que se acercaron a ayudar", afirmó Yeannes al referirse a la acción que combatió el fuego durante 7 horas y realizó tareas de prevención durante la noche y esta mañana.
Más Información:
Bergman ejecutó menos de la mitad del presupuesto para prevenir incendios
Hace dos meses, Bergman planteaba su plan ante posibles incendios: “Lo más útil es rezar”
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Fecha de Publicación: 15/12/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Buenos Aires
Así lo aseguró a Télam Radio el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, al referirse al incendio desatado este lunes en Valeria del Mar.
La justicia bonaerense comenzó hoy las investigaciones sobre el incendio que se desató ayer en la zona boscosa de las localidades de Valeria del Mar y Cariló, en el partido de Pinarmar, en la costa atlántica bonaerense, para verificar si las causas fueron intencionales como presumen autoridades nacionales y locales.
El incendio, que afectó 50 hectáreas y ya fue controlado, es considerado "el más grande de la historia de Pinamar", según precisó el secretario de Seguridad de de esa localidad, Matías Yeannes,
En este marco, el titular de la Fiscalía Federal de Dolores, Juan Pablo Curi, inició hoy una investigación preliminar para determinar si el fuego se inició por causas naturales o si fue intencional, en cuyo caso solicitará medidas para dar con los autores e impulsar una acción penal en su contra, informó el Ministerio Público Fiscal a través de su página web.
La investigación intentará establecer el impacto ambiental y el peligro para la salud y la seguridad pública que generó el incendio en la reserva ecológica.
El ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, afirmó más temprano que "hay una presunción de intencionalidad", en diálogo con Télam Radio.
"El hecho de que hubo varios focos simultáneos que dieron inicio al incendio hace presuponer que hay una intencionalidad, algo que está en el plano todavía de la suposición y que los peritos y la policía podrán ampliar hoy esa información", aseguró Bergman, para quien esa sospecha "es algo que preocupa además de la pérdida del activo ambiental".
Bergman dijo que la idea de presunción "la hemos recogido de las palabras del intendente de Pinamar, Martín Yeza, que cuando ya estaba sofocándose el fuego al final del día manifestaba la preocupación (de la existencia) de una secuencia, con el intento de incendio el viernes pasado en un balneario que estaban desarmando y el incendio con la pérdida de 50 hectáreas de bosques nativos en la zona de Valeria del Mar".
En este sentido, Yeza dijo en declaraciones radiales que "nadie piensa que esto haya podido ser accidental, porque había varios focos de incendio; tres puntos a la misma vez es difícil".
Por su parte, el coordinador del sistema de Manejo del Fuego, que depende del Ministerio de Ambiente de Nación, Marcelo Mosiejchuk, ratificó a Télam que la situación está en estos momentos totalmente "controlada; los Bomberos trabajaron toda la noche en tareas de enfriamiento del suelo y liquidando los focos que quedaban".
Aunque hace unos 10 años hubo otro incendio de grandes proporciones, Mosiejchuk refirió que "este fue más grave porque se propagó hasta una zona muy cercana a una estación de servicio y una planta de gas".
El funcionario explicó que el fuego se extendió con mucha rapidez porque "está dentro de las condiciones que llaman 'la escala de 30; se dio con más de 30 grados de temperatura, menos de 30 grados de humedad y más de 30 kilómetros por hora de viento".
La destrucción de unas 50 hectáreas de la zona significa "una gran parte de todo el terreno, diría que el 70 por ciento", señaló Yeannes, quien precisó que si bien el pino crece rápido, "va a llevar tiempo recuperarlo".
En este marco, el funcionario destacó que "quiero ser muy cauto con los datos que vamos dando porque todavía no hay muchas precisiones, pero a esta altura podemos decir que es el incendio más grande de la historia del partido" de Pinamar.
Yeannes explicó que el incendio se produjo en "tierras privadas que no tienen acceso al público, pero es una zona a lotear", y recordó que "desde marzo estamos sufriendo incendios forestales y la mayoría fueron intencionales como nos explican los bomberos. Para generar un incendio como éste se necesita ciertos conocimientos", precisó el funcionario a Radio Continental.
El fuego se inició pasado el mediodía de ayer en la reserva boscosa de Valeria del Mar, a la altura del kilómetro 397 de la Ruta Provincial Interbalnearia 11, pero rápidamente se propagó hacia el bosque de Cariló.
"Hubo 15 dotaciones de bomberos y dos aviones hidrantes que envió la provincia de Buenos Aires, además del compromiso de los vecinos que se acercaron a ayudar", afirmó Yeannes al referirse a la acción que combatió el fuego durante 7 horas y realizó tareas de prevención durante la noche y esta mañana.
Más Información:
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Hace dos meses, Bergman planteaba su plan ante posibles incendios: “Lo más útil es rezar”
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Chubut y la "grieta minera"
Minería, la grieta chubutense
Fecha de Publicación: 12/12/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Chubut
Chubut dirime en este final de 2016 una posición estratégica para un sector que dice que podría ayudar al desarrollo de la provincia a nivel económico. Desde el otro costado, expresan que no generan riqueza y además contaminan. Es la puja entre el intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares, y el gobernador de la Provincia, Mario Das Neves al respecto de una industria que es reconocida y criticada.
Para el mandatario comodorense “hay que buscar alternativas por todos lados” para ayudar al fortalecimiento económico en una época donde los vaivenes de la actividad petrolera, principal motor de la economía regional, son cambiantes.
Es por ello que en diálogo con Télam, Linares basa su fundamentación en que “la minería es un recurso importante que tienen los chubutenses al alcance de la mano", y que se puede desarrollar "en el lugar ambiental que corresponda con los debidos controles”.
El intendente basa su postura en lo “social” y reconoce que la calidad de vida de los pobladores de ciertos lugares de Chubut, donde se estudia la colocación de emprendimientos mineros a cielo abierto, debe ser lo prioritario.
"Cuando me dicen que la minería sí o no, me gustaría que los que hablan tan fácilmente vayan a la meseta y hablen con la gente de ahí”, argumentó.
“En Gan Gan o Gastre, la gente para extender su esperanza de vida tiene que salir a buscarla en otro sitio y con ello viene el desarraigo. El otro día una persona me dijo que le dijeron que si llega la minería iba a morir por el cianuro o metal que vuele en la zona, entonces me explicó que quiere que lo dejen elegir el tipo de muerte que deseaba, porque por ahora se estaba muriendo de hambre”, explicó Linares.
Por su parte, a contrapunto de la posición del comodorense, el gobernador Das Neves manifestó su rotunda negativa a la instalación de cualquier minera dentro de la provincia, en clara reválida a la sancionada Ley 5001.
La misma prohíbe desde el 8 de mayo del 2003 la actividad metalífera en el ámbito del Chubut, en la modalidad a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera.
Das Neves, en diálogo con Radio Mitre, basó sus argumentos en no adoptar la actividad dentro de la provincia ya que "es una mentira que genera riquezas, sino que además contamina".
El mandatario provincial fundamentó su visión y dijo que las mineras llegan " y empiezan a hacer pozos para arremeter contra todo".
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Fecha de Publicación: 12/12/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Chubut
Chubut dirime en este final de 2016 una posición estratégica para un sector que dice que podría ayudar al desarrollo de la provincia a nivel económico. Desde el otro costado, expresan que no generan riqueza y además contaminan. Es la puja entre el intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares, y el gobernador de la Provincia, Mario Das Neves al respecto de una industria que es reconocida y criticada.
Para el mandatario comodorense “hay que buscar alternativas por todos lados” para ayudar al fortalecimiento económico en una época donde los vaivenes de la actividad petrolera, principal motor de la economía regional, son cambiantes.
Es por ello que en diálogo con Télam, Linares basa su fundamentación en que “la minería es un recurso importante que tienen los chubutenses al alcance de la mano", y que se puede desarrollar "en el lugar ambiental que corresponda con los debidos controles”.
El intendente basa su postura en lo “social” y reconoce que la calidad de vida de los pobladores de ciertos lugares de Chubut, donde se estudia la colocación de emprendimientos mineros a cielo abierto, debe ser lo prioritario.
"Cuando me dicen que la minería sí o no, me gustaría que los que hablan tan fácilmente vayan a la meseta y hablen con la gente de ahí”, argumentó.
“En Gan Gan o Gastre, la gente para extender su esperanza de vida tiene que salir a buscarla en otro sitio y con ello viene el desarraigo. El otro día una persona me dijo que le dijeron que si llega la minería iba a morir por el cianuro o metal que vuele en la zona, entonces me explicó que quiere que lo dejen elegir el tipo de muerte que deseaba, porque por ahora se estaba muriendo de hambre”, explicó Linares.
Por su parte, a contrapunto de la posición del comodorense, el gobernador Das Neves manifestó su rotunda negativa a la instalación de cualquier minera dentro de la provincia, en clara reválida a la sancionada Ley 5001.
La misma prohíbe desde el 8 de mayo del 2003 la actividad metalífera en el ámbito del Chubut, en la modalidad a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera.
Das Neves, en diálogo con Radio Mitre, basó sus argumentos en no adoptar la actividad dentro de la provincia ya que "es una mentira que genera riquezas, sino que además contamina".
El mandatario provincial fundamentó su visión y dijo que las mineras llegan " y empiezan a hacer pozos para arremeter contra todo".
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Gobierno con los tampones de punta por la minería
Aranguren defendió la minería sin retenciones
Fecha de Publicación: 10/12/2016
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Nacional
Mientras avanza el proyecto opositor para gravar la actividad y financiar una baja en Ganancias, el ministro de Energía aseguró que el beneficio sirve para sostener empleos.
El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, defendió hoy la eliminación de las retenciones a las exportaciones mineras al afirmar que esa medida permitió extender la vida útil de los yacimientos y sostener unos 12.600 empleos.
Así, el funcionario macrista salió al cruce del arco opositor que en el Congreso busca gravar con nuevas retenciones a la actividad minera para compensar la baja de recaudación que provocarían los cambios en el impuesto a las Ganancias en caso de convertirse en ley.
Aranguren optó por contestarle directamente al diputado y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, quien en una conferencia de prensa y luego en entrevistas radiales había sostenido que la eliminación de retenciones a la minería no había logrado un impacto positivo en la economía.
"Voy a aclarar un tema de minería: Massa dijo que no ha habido consecuencias de haber quitado las retenciones porque había caído el empleo en un 8%, y desde nuestro punto de vista esa información es errónea", dijo Aranguren este jueves en declaraciones a radio Mitre.
La información del ministerio de Trabajo y del Observatorio del Empleo y Dinámica Empresarial indica que en exploración de minas y canteras hubo una baja de 7,4% de los puestos laborales directos en la comparación de septiembre de 2016 contra el mismo mes del año pasado. Pero, aclaró el funcionario, esos datos están relaciones sólo a lo que tiene que ver con la extracción de gas, carbón, petróleo y minerales y "no indican claramente cuál es el impacto (general) del empleo en el sector de la minería".
El funcionario señaló que la información que le acercan las empresas mineras a su ministerio indica que el empleo en el sector "creció 1,5 por ciento" anual en la comparación de septiembre contra el mismo mes del 2015. Subrayó el ministro que pensar que el crecimiento del empleo es consecuencia de la quita de retenciones a las exportaciones mineras "también es equivocado" porque "el impacto" de esa medida "es otro".
"Massa tendría que saber que el impacto vinculado a la eliminación de retenciones es otro: por ejemplo, que hay recursos subeconómicos que pasan a reservas, se baja la recaudación en u$s200 millones de dólares pero aumenta en u$s1.300 millones la exportación", afirmó el ministro. Y en esa línea, añadió que también aumenta la compra de bienes y servicios nacionales, porque el 90% de los ingresos por exportaciones queda en el Estado nacional; hay una mayor recaudación por la incorporación de nuevos recursos a la economía; y hay una mayor participación para las provincias".
Por esos datos, Aranguren dijo que le llama la atención que el proyecto de modificación del impuesto a las Ganancias que grava a la minería impulsado por la oposición en el Congreso haya tenido el apoyo de legisladores de jurisdicciones que producen minerales. Indicó que lo llamativo en la posición de los legisladores es que las retenciones las cobra la Nación y en cambio cuando hay mayor actividad minera y eso genera el pago del impuesto a las Ganancias por parte de las empresas, esos recursos son coparticipados a las provincias.
Añadió el funcionario que "lo más importante" de haber quitado las retenciones es que se extendió la vida útil de las minas que están en operación, lo cual extiende en el tiempo la estabilidad de unos 12.600 empleos directos e indirectos en cinco yacimientos ubicados en Catamarca, Jujuy, San Juan, Santa Cruz y Río Negro. "Entonces podemos decir que la eliminación de retenciones permitió sostener el empleo por dos años más de unas 12.600 familias argentinas", expresó Aranguren.
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Fecha de Publicación: 10/12/2016
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Nacional
Mientras avanza el proyecto opositor para gravar la actividad y financiar una baja en Ganancias, el ministro de Energía aseguró que el beneficio sirve para sostener empleos.
El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, defendió hoy la eliminación de las retenciones a las exportaciones mineras al afirmar que esa medida permitió extender la vida útil de los yacimientos y sostener unos 12.600 empleos.
Así, el funcionario macrista salió al cruce del arco opositor que en el Congreso busca gravar con nuevas retenciones a la actividad minera para compensar la baja de recaudación que provocarían los cambios en el impuesto a las Ganancias en caso de convertirse en ley.
Aranguren optó por contestarle directamente al diputado y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, quien en una conferencia de prensa y luego en entrevistas radiales había sostenido que la eliminación de retenciones a la minería no había logrado un impacto positivo en la economía.
"Voy a aclarar un tema de minería: Massa dijo que no ha habido consecuencias de haber quitado las retenciones porque había caído el empleo en un 8%, y desde nuestro punto de vista esa información es errónea", dijo Aranguren este jueves en declaraciones a radio Mitre.
La información del ministerio de Trabajo y del Observatorio del Empleo y Dinámica Empresarial indica que en exploración de minas y canteras hubo una baja de 7,4% de los puestos laborales directos en la comparación de septiembre de 2016 contra el mismo mes del año pasado. Pero, aclaró el funcionario, esos datos están relaciones sólo a lo que tiene que ver con la extracción de gas, carbón, petróleo y minerales y "no indican claramente cuál es el impacto (general) del empleo en el sector de la minería".
El funcionario señaló que la información que le acercan las empresas mineras a su ministerio indica que el empleo en el sector "creció 1,5 por ciento" anual en la comparación de septiembre contra el mismo mes del 2015. Subrayó el ministro que pensar que el crecimiento del empleo es consecuencia de la quita de retenciones a las exportaciones mineras "también es equivocado" porque "el impacto" de esa medida "es otro".
"Massa tendría que saber que el impacto vinculado a la eliminación de retenciones es otro: por ejemplo, que hay recursos subeconómicos que pasan a reservas, se baja la recaudación en u$s200 millones de dólares pero aumenta en u$s1.300 millones la exportación", afirmó el ministro. Y en esa línea, añadió que también aumenta la compra de bienes y servicios nacionales, porque el 90% de los ingresos por exportaciones queda en el Estado nacional; hay una mayor recaudación por la incorporación de nuevos recursos a la economía; y hay una mayor participación para las provincias".
Por esos datos, Aranguren dijo que le llama la atención que el proyecto de modificación del impuesto a las Ganancias que grava a la minería impulsado por la oposición en el Congreso haya tenido el apoyo de legisladores de jurisdicciones que producen minerales. Indicó que lo llamativo en la posición de los legisladores es que las retenciones las cobra la Nación y en cambio cuando hay mayor actividad minera y eso genera el pago del impuesto a las Ganancias por parte de las empresas, esos recursos son coparticipados a las provincias.
Añadió el funcionario que "lo más importante" de haber quitado las retenciones es que se extendió la vida útil de las minas que están en operación, lo cual extiende en el tiempo la estabilidad de unos 12.600 empleos directos e indirectos en cinco yacimientos ubicados en Catamarca, Jujuy, San Juan, Santa Cruz y Río Negro. "Entonces podemos decir que la eliminación de retenciones permitió sostener el empleo por dos años más de unas 12.600 familias argentinas", expresó Aranguren.
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Originarios ahora son “amenazas para la seguridad social”
Acusaciones con aroma empresario
Fecha de Publicación: 09/12/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Organizaciones de pueblos originarios y organismos de derechos humanos rechazaron un documento del Ministerio de Seguridad porque interpreta reclamos como “amenazas para la seguridad social”.
Un centenar de organizaciones de pueblos originarios, Amnistía Internacional, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) emitieron un comunicado para alertar sobre la “estigmatización y persecución al pueblo mapuche”. El texo “La lucha indígena no es delito” fue una respuesta a un documento oficial del ministerio de Seguridad de la Nación, que plantea “la problemática mapuche” como “violenta” y que –en base al discurso de las empresas– acusa a las comunidades de asentarse donde están las petroleras, algo que encendió la alerta por una posible represión en la zona de Esquel y en Vaca Muerta.
En su informe de gestión de agosto pasado, el ministerio de Seguridad acusó a los pueblos originarios de la Patagonia de delitos federales y los responsabilizó de hechos delictivos sin aportar pruebas. El informe interno del ministerio conducido por Patricia Bullrich muestra una imagen de powerpoint (que fue dado a conocer en este diario por Horacio Verbitsky) titulada “Revalorización de la ley. Problemática en territorio mapuche”.
Ese informe, en referencia a la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), aseguró: “Sus miembros están protagonizando hechos delictivos como usurpaciones de territorios, incendios, daños y amenazas en Chubut y Río Negro. Tienen un denominador común que los transforma en delitos federales, ya que se proponen imponer sus ideas por la fuerza”. El texto, además, reconoció que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realiza “tareas de investigación”.
El ministerio hizo mención al juicio de extradición del lonko (autoridad) Facundo Jones Huala, en el que el juez federal Guido Otranto dictaminó que no debe ser extraditado, y señaló un incendio en la localidad de El Hoyo y una bomba molotov en Corcovado.
Amnistía Internacional, Serpaj, APDH, la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), CELS, el Parlamento Mapuche de Río Negro, la Confederación Mapuche de Neuquén, el Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas y la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita, junto a un centenar de organizaciones, repudiaron el accionar del gobierno nacional. “Manifestamos profunda preocupación por el tratamiento de los reclamos del pueblo mapuche. El ministerio de Seguridad coloca a las reivindicaciones territoriales mapuches como amenazas para la seguridad social”, denunció el comunicado.
Las organizaciones también repudiaron los dichos del gobernador de Chubut, Mario Das Neves, quien pidió juicio político para el juez Otranto por no haber condenado a Jones Huala. Das Neves señaló en conferencia de prensa: “No queremos jueces federales que actúen en connivencia con delincuentes”, en relación a mapuches. Además, instó a que la población desobedezca al juez: “Que la gente reaccione, que no permita, por más que sea un juez, llevar a cabo este tipo de acciones”.
Las organizaciones de derechos humanos y de pueblos indígenas cuestionaron al Gobernador: “Emite expresiones de corte racista y estigmatizador, en abierta oposición a la ley vigente. Responsabilizó además a comunidades mapuches de incendios sin aportar ningún tipo de pruebas ni denuncia en la sede correspondiente”.
La última semana, las comunidades mapuches de Chubut y la Asamblea de Vecinos del No a la Mina de Esquel denunciaron que la zona estaba “militarizada”, tras la llegada de más de cien efectivos de gendarmería nacional. También circularon versiones insólitas de que los mapuches habían reconocido la autoría en atentados incendiarios, algo que inclusive medios locales de gran tirada dieron como un hecho.
El Lof de Resistencia Mapuche de Cushamen –al que pertenece Facundo Jones Huala, y que mantiene conflicto con la multinacional Benetton– desmintió la participación mapuche en cualquier hecho de violencia. Denunciaron un “montaje mediático”, pidieron a los medios de comunicación que rectifiquen lo publicado y solicitaron que se los consulte ante cualquier noticia que los involucre. Alertaron sobre el accionar de servicios de inteligencia y denunciaron el armado de escenario represivo contra las comunidades.
La semana pasada, las mismas organizaciones de derechos humanos e indígenas emitieron otro comunicado, sobre la situación en la formación petrolera Vaca Muerta (Neuquén). “El Estado privilegia los intereses de las petroleras y criminaliza al pueblo mapuche”, es el título de documento que cuestiona al ministerio de Seguridad por haber afirmado que “se arman comunidades indígenas y se toman tierras en zonas petroleras”.
El ministerio conducido por Patricia Bullrich hizo propio el discurso de las empresas petroleras, que argumentaron la “usurpación” que realizarían comunidades indígenas sobre campos petroleros.
“El pueblo mapuche es preexistente a la conformación de los Estados, de acuerdo a lo reconocido por la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17). Son las petroleras, mineras y grandes estancias las que se han instalado, muchas veces por la fuerza, en territorios comunitarios, profundizando el despojo”, denuncian las organizaciones de derechos humanos y pueblos originarios.
La Confederación Mapuche de Neuquén destacó como factor decisivo en la criminalización la situación de Vaca Muerta, donde una decena de empresas multinacionales (entre ellas Chevron-YPF) violó toda la legislación indígena (nacional e internacional), y no realizó la “consulta previa” ni obtuvo el “consentimiento libre, previo e informado”, derechos básicos de los pueblos indígenas. En respuesta a esa vulneración, la comunidad Lof Campo Maripe mantiene un corte permanente desde el 19 de julio pasado, cerrando el paso a la petrolera Chevron-YPF.
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Fecha de Publicación: 09/12/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Organizaciones de pueblos originarios y organismos de derechos humanos rechazaron un documento del Ministerio de Seguridad porque interpreta reclamos como “amenazas para la seguridad social”.
Un centenar de organizaciones de pueblos originarios, Amnistía Internacional, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) emitieron un comunicado para alertar sobre la “estigmatización y persecución al pueblo mapuche”. El texo “La lucha indígena no es delito” fue una respuesta a un documento oficial del ministerio de Seguridad de la Nación, que plantea “la problemática mapuche” como “violenta” y que –en base al discurso de las empresas– acusa a las comunidades de asentarse donde están las petroleras, algo que encendió la alerta por una posible represión en la zona de Esquel y en Vaca Muerta.
En su informe de gestión de agosto pasado, el ministerio de Seguridad acusó a los pueblos originarios de la Patagonia de delitos federales y los responsabilizó de hechos delictivos sin aportar pruebas. El informe interno del ministerio conducido por Patricia Bullrich muestra una imagen de powerpoint (que fue dado a conocer en este diario por Horacio Verbitsky) titulada “Revalorización de la ley. Problemática en territorio mapuche”.
Ese informe, en referencia a la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), aseguró: “Sus miembros están protagonizando hechos delictivos como usurpaciones de territorios, incendios, daños y amenazas en Chubut y Río Negro. Tienen un denominador común que los transforma en delitos federales, ya que se proponen imponer sus ideas por la fuerza”. El texto, además, reconoció que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realiza “tareas de investigación”.
El ministerio hizo mención al juicio de extradición del lonko (autoridad) Facundo Jones Huala, en el que el juez federal Guido Otranto dictaminó que no debe ser extraditado, y señaló un incendio en la localidad de El Hoyo y una bomba molotov en Corcovado.
Amnistía Internacional, Serpaj, APDH, la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), CELS, el Parlamento Mapuche de Río Negro, la Confederación Mapuche de Neuquén, el Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas y la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita, junto a un centenar de organizaciones, repudiaron el accionar del gobierno nacional. “Manifestamos profunda preocupación por el tratamiento de los reclamos del pueblo mapuche. El ministerio de Seguridad coloca a las reivindicaciones territoriales mapuches como amenazas para la seguridad social”, denunció el comunicado.
Las organizaciones también repudiaron los dichos del gobernador de Chubut, Mario Das Neves, quien pidió juicio político para el juez Otranto por no haber condenado a Jones Huala. Das Neves señaló en conferencia de prensa: “No queremos jueces federales que actúen en connivencia con delincuentes”, en relación a mapuches. Además, instó a que la población desobedezca al juez: “Que la gente reaccione, que no permita, por más que sea un juez, llevar a cabo este tipo de acciones”.
Las organizaciones de derechos humanos y de pueblos indígenas cuestionaron al Gobernador: “Emite expresiones de corte racista y estigmatizador, en abierta oposición a la ley vigente. Responsabilizó además a comunidades mapuches de incendios sin aportar ningún tipo de pruebas ni denuncia en la sede correspondiente”.
La última semana, las comunidades mapuches de Chubut y la Asamblea de Vecinos del No a la Mina de Esquel denunciaron que la zona estaba “militarizada”, tras la llegada de más de cien efectivos de gendarmería nacional. También circularon versiones insólitas de que los mapuches habían reconocido la autoría en atentados incendiarios, algo que inclusive medios locales de gran tirada dieron como un hecho.
El Lof de Resistencia Mapuche de Cushamen –al que pertenece Facundo Jones Huala, y que mantiene conflicto con la multinacional Benetton– desmintió la participación mapuche en cualquier hecho de violencia. Denunciaron un “montaje mediático”, pidieron a los medios de comunicación que rectifiquen lo publicado y solicitaron que se los consulte ante cualquier noticia que los involucre. Alertaron sobre el accionar de servicios de inteligencia y denunciaron el armado de escenario represivo contra las comunidades.
La semana pasada, las mismas organizaciones de derechos humanos e indígenas emitieron otro comunicado, sobre la situación en la formación petrolera Vaca Muerta (Neuquén). “El Estado privilegia los intereses de las petroleras y criminaliza al pueblo mapuche”, es el título de documento que cuestiona al ministerio de Seguridad por haber afirmado que “se arman comunidades indígenas y se toman tierras en zonas petroleras”.
El ministerio conducido por Patricia Bullrich hizo propio el discurso de las empresas petroleras, que argumentaron la “usurpación” que realizarían comunidades indígenas sobre campos petroleros.
“El pueblo mapuche es preexistente a la conformación de los Estados, de acuerdo a lo reconocido por la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17). Son las petroleras, mineras y grandes estancias las que se han instalado, muchas veces por la fuerza, en territorios comunitarios, profundizando el despojo”, denuncian las organizaciones de derechos humanos y pueblos originarios.
La Confederación Mapuche de Neuquén destacó como factor decisivo en la criminalización la situación de Vaca Muerta, donde una decena de empresas multinacionales (entre ellas Chevron-YPF) violó toda la legislación indígena (nacional e internacional), y no realizó la “consulta previa” ni obtuvo el “consentimiento libre, previo e informado”, derechos básicos de los pueblos indígenas. En respuesta a esa vulneración, la comunidad Lof Campo Maripe mantiene un corte permanente desde el 19 de julio pasado, cerrando el paso a la petrolera Chevron-YPF.
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Indec comenzará a medir variables medioambientales
El Indec comenzará a generar estadísticas medioambientales
Fecha de Publicación: 09/12/2016
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Nacional
El titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Jorge Todesca, ratificó hoy que en los próximos años la dependencia oficial volverá a medir el Indice de Precios al Consumidor a nivel nacional, además de incorporar estadísticas medioambientales.
Todesca realizó estos adelantos durante la jornada inaugural de la 15ta. Conferencia de la Asociación Internacional de Estadísticas Oficiales (IAOS, en su sigla en inglés) que se realiza en la ciudad de Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos.
"Hemos decidido comprimir nuestro calendario de difusión de los próximos años (para incluir estadísticas clave como la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018; un nuevo Indice de Precios al Consumidor de cobertura nacional; el Censo Económico 2018; el Censo Agropecuario 2018-2019; la preparación del Censo Nacional 2020; y la incorporación de estadísticas medioambientales", dijo Todesca.
El funcionario formuló estas declaraciones en su presentación sobre "Poder político y Sistema Estadístico Argentino: el caso del Indec", donde explicó el proceso de restitución del sistema estadístico nacional y presentó la proyección a futuro del Instituto.
Representantes de oficinas estadísticas de distintos países, como Alemania, Argentina, Australia, Eslovenia, Estados Unidos, Grecia, Italia, Kuwait, México, Palestina, Portugal, Reino Unido, Sudán, Suiza, y de organizaciones internacionales, como Unstat, EAU, Banco Mundial y Eurostat, se reunirán hasta el viernes para analizar la marcha de los organismos bajo el título "El espíritu de las estadísticas oficiales: colaboración e innovación continua".
IAOS es una organización internacional no-gubernamental fundada en 1985 con el objetivo de promover el entendimiento y el avance de las estadísticas oficiales y fomentar el desarrollo de servicios efectivos y eficientes de estadísticas oficiales a nivel global. Desde 1988, se han realizado 14 conferencias bienales en distintas partes del mundo, como Vietnam, Ucrania, Chile, Canadá, entre otros.
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Fecha de Publicación: 09/12/2016
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Nacional
El titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Jorge Todesca, ratificó hoy que en los próximos años la dependencia oficial volverá a medir el Indice de Precios al Consumidor a nivel nacional, además de incorporar estadísticas medioambientales.
Todesca realizó estos adelantos durante la jornada inaugural de la 15ta. Conferencia de la Asociación Internacional de Estadísticas Oficiales (IAOS, en su sigla en inglés) que se realiza en la ciudad de Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos.
"Hemos decidido comprimir nuestro calendario de difusión de los próximos años (para incluir estadísticas clave como la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018; un nuevo Indice de Precios al Consumidor de cobertura nacional; el Censo Económico 2018; el Censo Agropecuario 2018-2019; la preparación del Censo Nacional 2020; y la incorporación de estadísticas medioambientales", dijo Todesca.
El funcionario formuló estas declaraciones en su presentación sobre "Poder político y Sistema Estadístico Argentino: el caso del Indec", donde explicó el proceso de restitución del sistema estadístico nacional y presentó la proyección a futuro del Instituto.
Representantes de oficinas estadísticas de distintos países, como Alemania, Argentina, Australia, Eslovenia, Estados Unidos, Grecia, Italia, Kuwait, México, Palestina, Portugal, Reino Unido, Sudán, Suiza, y de organizaciones internacionales, como Unstat, EAU, Banco Mundial y Eurostat, se reunirán hasta el viernes para analizar la marcha de los organismos bajo el título "El espíritu de las estadísticas oficiales: colaboración e innovación continua".
IAOS es una organización internacional no-gubernamental fundada en 1985 con el objetivo de promover el entendimiento y el avance de las estadísticas oficiales y fomentar el desarrollo de servicios efectivos y eficientes de estadísticas oficiales a nivel global. Desde 1988, se han realizado 14 conferencias bienales en distintas partes del mundo, como Vietnam, Ucrania, Chile, Canadá, entre otros.
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Riachuelo a la deriva
Acefalía y crisis en el ente que debe sanear el Riachuelo
Fecha de Publicación: 08/12/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
Renunció el director ejecutivo y no hay reemplazante; es el segundo que se aleja en un año, desde el recambio presidencial; durante 2016 apenas se ejecutó el 20% del presupuesto
La historia de la limpieza del Riachuelo suma un nuevo capítulo inconcluso: por segunda vez en nueve meses, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) -el organismo creado para ejecutar el plan de saneamiento- queda acéfala. Ayer se conoció públicamente la "renuncia indeclinable" de Julio Torti a la dirección ejecutiva.
El funcionario, el segundo que renuncia desde que asumió la gestión de Cambiemos, alegó "manifiestas diferencias" con el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, quien preside la Acumar por el cargo que ocupa. Así lo explicita la dimisión presentada el viernes pasado al consejo directivo, que iba a reunirse ayer y luego suspendió el encuentro.
La decisión de Torti, que ingresó por la mesa de entradas ya que el experto en residuos no volvió a pisar la sede de Acumar, sólo suma más incertidumbre al futuro del organismo que componen la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad. La ineficiencia y el deterioro de la gestión quedaron visibles en la audiencia celebrada hace una semana en la Corte Suprema de Justicia: el proceso está muy lejos de cumplir con la sentencia que ordenó que se limpie la cuenca más contaminada de la Argentina.
Por el momento, no se sabe quién asumirá el cargo de Torti ni la dirección operativa, que hasta ayer ocupaba Gabriela Seijo, a quien también se le pediría la renuncia. Sí se sabe que, a pesar de que no hubo avances en el saneamiento, Cambiemos sumó 50 puestos a la planta permanente de la Acumar -que ya suma 860 empleados- y que de los $ 10 millones asignados para este año apenas ejecutó el 20%.
Las internas y las diferencias en torno a la gestión del organismo arrancaron en diciembre, apenas asumió el nuevo gobierno. Esa falta de acuerdos y de acción generó que Amílcar López, el primer director ejecutivo de Acumar, presentara su renuncia en febrero pasado. En abril, mientras seguían las peleas entre las jurisdicciones para poder ganar espacios, asumió Torti. Hubo reordenamientos en el organigrama, aunque no alcanzaron para poner en acción el plan de saneamiento.
En 2016 sólo se destacan dos logros: se continuaron los convenios con las cooperativas en los municipios y se firmó un contrato con la Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) para retomar la eliminación de basurales en la cuenca.
El consejo directivo está conformado por el ex director del Instituto de Vivienda porteño Iván Kerr; en representación de la provincia de Buenos Aires, el ex candidato a intendente por La Matanza Miguel Saredi y el ex asesor del Ministerio de Desarrollo Económico porteño Martín Renom. Por la Ciudad, se nombró al ex director general de Limpieza Alberto Términe y a la ex diputada por la Coalición Cívica María Fernanda Reyes. También lo integra el biólogo Sergio Federovisky, que llegó tras el acuerdo político del macrismo con Sergio Massa.
Luego de la audiencia en la Corte, en el Gobierno evaluaban entregar las riendas de la Acumar a la provincia de Buenos Aires. Pero las fuentes bonaerenses consultadas por LA NACION no confirmaron el rumor. Tampoco quiso pronunciarse Bergman, quien fue señalado la semana pasada como uno de los miembros del gabinete que estaban en la cuerda floja. Pero, tras el encuentro en Chapadmalal, Mauricio Macri descartó algún cambio de ministros.
"El funcionamiento de la Acumar y sus evidentes problemas de gestión explican, en gran parte, el bajo grado de instrumentación de las obligaciones impuestas en el fallo. En materia de control de la contaminación industrial, el sistema establecido no ha dado resultados. Estudios elaborados por el propio organismo demuestran que aún se vierten en la cuenca más de 1000 toneladas al año de sustancias tóxicas, metales pesados e hidrocarburos", reveló Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, en representación del cuerpo colegiado que controla la ejecución del fallo. Según ese cuerpo, la inacción de la Acumar suma dos años y medio.
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Fecha de Publicación: 08/12/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
Renunció el director ejecutivo y no hay reemplazante; es el segundo que se aleja en un año, desde el recambio presidencial; durante 2016 apenas se ejecutó el 20% del presupuesto
La historia de la limpieza del Riachuelo suma un nuevo capítulo inconcluso: por segunda vez en nueve meses, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) -el organismo creado para ejecutar el plan de saneamiento- queda acéfala. Ayer se conoció públicamente la "renuncia indeclinable" de Julio Torti a la dirección ejecutiva.
El funcionario, el segundo que renuncia desde que asumió la gestión de Cambiemos, alegó "manifiestas diferencias" con el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, quien preside la Acumar por el cargo que ocupa. Así lo explicita la dimisión presentada el viernes pasado al consejo directivo, que iba a reunirse ayer y luego suspendió el encuentro.
La decisión de Torti, que ingresó por la mesa de entradas ya que el experto en residuos no volvió a pisar la sede de Acumar, sólo suma más incertidumbre al futuro del organismo que componen la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad. La ineficiencia y el deterioro de la gestión quedaron visibles en la audiencia celebrada hace una semana en la Corte Suprema de Justicia: el proceso está muy lejos de cumplir con la sentencia que ordenó que se limpie la cuenca más contaminada de la Argentina.
Por el momento, no se sabe quién asumirá el cargo de Torti ni la dirección operativa, que hasta ayer ocupaba Gabriela Seijo, a quien también se le pediría la renuncia. Sí se sabe que, a pesar de que no hubo avances en el saneamiento, Cambiemos sumó 50 puestos a la planta permanente de la Acumar -que ya suma 860 empleados- y que de los $ 10 millones asignados para este año apenas ejecutó el 20%.
Las internas y las diferencias en torno a la gestión del organismo arrancaron en diciembre, apenas asumió el nuevo gobierno. Esa falta de acuerdos y de acción generó que Amílcar López, el primer director ejecutivo de Acumar, presentara su renuncia en febrero pasado. En abril, mientras seguían las peleas entre las jurisdicciones para poder ganar espacios, asumió Torti. Hubo reordenamientos en el organigrama, aunque no alcanzaron para poner en acción el plan de saneamiento.
En 2016 sólo se destacan dos logros: se continuaron los convenios con las cooperativas en los municipios y se firmó un contrato con la Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) para retomar la eliminación de basurales en la cuenca.
El consejo directivo está conformado por el ex director del Instituto de Vivienda porteño Iván Kerr; en representación de la provincia de Buenos Aires, el ex candidato a intendente por La Matanza Miguel Saredi y el ex asesor del Ministerio de Desarrollo Económico porteño Martín Renom. Por la Ciudad, se nombró al ex director general de Limpieza Alberto Términe y a la ex diputada por la Coalición Cívica María Fernanda Reyes. También lo integra el biólogo Sergio Federovisky, que llegó tras el acuerdo político del macrismo con Sergio Massa.
Luego de la audiencia en la Corte, en el Gobierno evaluaban entregar las riendas de la Acumar a la provincia de Buenos Aires. Pero las fuentes bonaerenses consultadas por LA NACION no confirmaron el rumor. Tampoco quiso pronunciarse Bergman, quien fue señalado la semana pasada como uno de los miembros del gabinete que estaban en la cuerda floja. Pero, tras el encuentro en Chapadmalal, Mauricio Macri descartó algún cambio de ministros.
"El funcionamiento de la Acumar y sus evidentes problemas de gestión explican, en gran parte, el bajo grado de instrumentación de las obligaciones impuestas en el fallo. En materia de control de la contaminación industrial, el sistema establecido no ha dado resultados. Estudios elaborados por el propio organismo demuestran que aún se vierten en la cuenca más de 1000 toneladas al año de sustancias tóxicas, metales pesados e hidrocarburos", reveló Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, en representación del cuerpo colegiado que controla la ejecución del fallo. Según ese cuerpo, la inacción de la Acumar suma dos años y medio.
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Apuradísimos por el Acuerdo Federal Minero
Minería: quieren que el Acuerdo Federal esté listo pronto
Fecha de Publicación: 08/12/2016
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Nacional
El presidente de la Cámara de Empresas Mineras de Chubut, Néstor Álvarez, se expresó con optimismo respecto de la elaboración de un Acuerdo Federal Minero y aseguró que el documento establecerá “los máximos estándares de calidad” para la actividad.
Néstor Álvarez afirmó ser “muy optimista” en relación con el trabajo que desarrollan el Gobierno Nacional y las provincias para la elaboración del Acuerdo Federal Minero que en su opinión, establecerá “los máximos estándares de calidad” para la industria en todo el país.
El objetivo es que todas las provincias suscriban un acuerdo para habilitar la actividad minera fijando estándares de explotación, pautas para el cuidado del medio ambiente, protocolos para la utilización de agua y el aspecto tributario. “Estamos trabajando desde hace varios meses junto con el Gobierno Nacional y las provincias en el marco del Consejo Federal Minero”, dijo Álvarez, al señalar que en los primeros meses de 2017 estaría concluido el texto del acuerdo.
En opinión del presidente de la Cámara de Empresas Mineras de Chubut, el documento representa “el inicio del desarrollo minero” que la industria espera y se expresó “muy optimista” por el impulso que se está dando a esa iniciativa por parte del Gobierno Nacional que busca el consenso con las provincias para que en conjunto se fijen las bases de la explotación minera de primera, segunda y tercera categoría.
Álvarez valoró las sucesivas visitas al país de gobernantes extranjeros como japoneses, chinos y canadienses, que plantearon al más alto nivel, es decir ante el presidente Mauricio Macri, su interés por invertir en proyectos mineros, y en ese contexto es que el sector empresario chubutense aspira a que se logre el consenso necesario para avanzar en la iniciativa y aspiran que el Acuerdo Federal Minero sea la herramienta para la actividad en los próximos 30 años.
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Fecha de Publicación: 08/12/2016
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Nacional
El presidente de la Cámara de Empresas Mineras de Chubut, Néstor Álvarez, se expresó con optimismo respecto de la elaboración de un Acuerdo Federal Minero y aseguró que el documento establecerá “los máximos estándares de calidad” para la actividad.
Néstor Álvarez afirmó ser “muy optimista” en relación con el trabajo que desarrollan el Gobierno Nacional y las provincias para la elaboración del Acuerdo Federal Minero que en su opinión, establecerá “los máximos estándares de calidad” para la industria en todo el país.
El objetivo es que todas las provincias suscriban un acuerdo para habilitar la actividad minera fijando estándares de explotación, pautas para el cuidado del medio ambiente, protocolos para la utilización de agua y el aspecto tributario. “Estamos trabajando desde hace varios meses junto con el Gobierno Nacional y las provincias en el marco del Consejo Federal Minero”, dijo Álvarez, al señalar que en los primeros meses de 2017 estaría concluido el texto del acuerdo.
En opinión del presidente de la Cámara de Empresas Mineras de Chubut, el documento representa “el inicio del desarrollo minero” que la industria espera y se expresó “muy optimista” por el impulso que se está dando a esa iniciativa por parte del Gobierno Nacional que busca el consenso con las provincias para que en conjunto se fijen las bases de la explotación minera de primera, segunda y tercera categoría.
Álvarez valoró las sucesivas visitas al país de gobernantes extranjeros como japoneses, chinos y canadienses, que plantearon al más alto nivel, es decir ante el presidente Mauricio Macri, su interés por invertir en proyectos mineros, y en ese contexto es que el sector empresario chubutense aspira a que se logre el consenso necesario para avanzar en la iniciativa y aspiran que el Acuerdo Federal Minero sea la herramienta para la actividad en los próximos 30 años.
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Acumar hace agua
Un organismo que hace agua
Fecha de Publicación: 06/12/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Riachuelo
El presidente ejecutivo de Acumar, Julio Torti, es hijo de un represor y defensor de la dictadura. No estuvo en la audiencia de la Corte, donde quedó en evidencia la falta de políticas del organismo. El Consejo Directivo pedirá renuncias.
La audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia por el saneamiento del Riachuelo con autoridades del Acumar puso al desnudo un proceso de parálisis, desbande y estancamiento de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo desde el recambio de gobierno. Las respuestas ofrecidas por sus autoridades a los ministros de la Corte fueron malas, no contuvieron datos y resultaron tan pobres que uno de los jueces les reprochó la falta de interlocutor para realizar los seguimientos. Los funcionarios se pasaron unos a otros la obligación de responder mientras buscaban salir a flote de lo que todos los actores evaluaron como un papelón. La cabeza ejecutiva máxima ni siquiera fue, decidido a tomar unos días de vacaciones en las sierras de Córdoba. Y organismos de derechos humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) plantean que hay una ausencia total de políticas de Estado sobre la cuenca. El jueves, luego de la audiencia, hubo una primera señal de reacción. Los integrantes del Consejo Directivo se reunieron de urgencia para convocar también de urgencia una nueva reunión para el martes. Según la información oficial, si ninguno de los directivos presenta sus renuncias, las pedirán.
Uno de los hombres más afectados por los resultados de la audiencia fue Julio Torti. Torti es ingeniero químico y presidente ejecutivo de Acumar, es decir su autoridad máxima. Es uno de los ex CEO colocados por el Gobierno al frente de la gestión pública. En este caso, viene de ser CEO Regional durante dos años de ERM Environmental Resources Management, una compañía con localización global dedicada a la gestión de recursos ambientales. Llegó al gobierno de la mano del secretario de Obras Públicas, Daniel Chain.
Lo del miércoles en la Corte fue el estallido de ese paradigma de esa gestión tecnocrática, explica a PáginaI12 Eduardo Reese, director del área de derechos económicos, sociales y culturales del CELS.
Fronteras adentro del Acumar, Torti cultivó otros perfiles. Es un hombre con posturas públicas violentas sobre la gestión kirchnerista. Negacionista del terrorismo de Estado y reivindicador de sus alfiles. Es hijo, además, del vicealmirante Julio Torti, una de las máximas autoridades de la Armada a partir de 1976. Torti padre fue jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de diciembre 1976 a diciembre de 1977, comandante de la Fuerza de Tareas 3, de la que dependía la ESMA. Y Comandante de Operaciones Navales, área de la que dependían jerárquicamente todas las Fuerzas de Tareas a cargo de la represión. Carlos Menem lo indultó en 1989 y murió en abril de este año. Había sido proceso y estaba siendo juzgado en la megacausa ESMA. En ese momento, su hijo, el ingeniero, se tatuó un ancla en el brazo derecho como homenaje. En su perfil de Facebook pueden leerse aún frases que no borró a pesar que vienen circulando hace semanas en distintos espacios virtuales. Entre ellas, hay un homenaje a su padre, de noviembre de 2012. “La opinión de una mayoría no convierte en lo falso en verdadero. La dignidad de un hombre no se afecta por una injusticia. La necesidad de una masa sin valores, olvidadiza y cómoda no cambia los hechos. Si nuestro país tiene algún futuro es gracias a hombres como mi viejo”. En los textos también repite la lógica con la que los marinos justificaron el exterminio. “Qué estoy pensando me pregunta Facebook”, escribió ese mismo año. “Les cuento. Acabo de leer esta noticia y pienso en que me da vergüenza este gobierno, asco el 54 por ciento que votó y miedo por el país que se viene. Mañana se celebra el día del asesino impune, o sea del Montonero, y este gobierno adhiere al festejo. Lean”, y enlaza a una nota de La Nación. El 9 de noviembre de ese año le dijo a Cristina. “Kretina”. Y Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, vieja kretina.
Esa suerte de odio no es clandestino ni desconocido por sus empleados del Acumar. Desde el área de prensa, por ejemplo, le preguntaron si quería salir a responder algo sobre la cantidad de mensajes de su autoría que se habían viralizado en la web, pero dijo que no. No los borró. No los niega. Sólo limitó el acceso a su Facebook. “Esa es su manera de ver el mundo”, dicen quienes lo rodearon durante estos meses. Tanto es así que este último fin de semana, mientras ardía el organismo por los pases de factura ante la convocatoria de la Corte, se encerró en las sierras cordobesas. Clausuró el teléfono. Y escribió nuevamente en Facebook un mensaje en el mismo sentido.
La convocatoria de la Corte agudizó su proceso de desgaste. Quienes trabajan con él dicen que se borró. Quienes conocen el tema y las convocatorias de la Corte, saben que una audiencia por la Cuenca es cuestión de Estado. Torti designó a una de las directoras para reemplazarlo en la ponencia. Y también buceó alternativas entre segundas y terceras líneas. Durante el proceso de búsqueda de algún funcionario que saliera a poner la cara, uno de los directores mandó un mensaje de muy mal humor y puso a disposición la renuncia.
“Les comunico que hoy a las 16 horas me enteré por un mail enviado por la directora de Asuntos Jurídicos (Dra. Vallejos) que el Ing. Torti mañana no concurrirá a la audiencia de la CSJN”, dijo en el enojadísimo whastapp el director general de Administración, Martín Prezioso. “En el mismo se nos consultaba tanto a Gabriela (Seijó) como a mí quién sería el expositor de la presentación (…). Teniendo en cuenta que Gabriela no dio respuesta y que en el escrito presentado ante la CSJN se me puso a mí como suplente (sin siquiera consultarme), entiendo que yo debo ser quien exponga. A su vez, a esta hora todavía no existe la presentación final, ni un documento relatorio de la misma que yo pueda estudiar para exponer”. Así las cosas, el hombre dice que como la Corte sostiene que no iba a aceptar que el relator principal pudiera hacer intervenir a otros directores, tomó la decisión de no ir a la audiencia. “Dada la falta de trabajo en equipo y la no respuesta de Julio y de Gabriela durante todo el fin de semana y hasta ahora, ante mis reiterados pedidos de información para exponer a tan importante audiencia de carácter político e institucional, no cuento con las herramientas necesarias de las ares que no son mi competencia para mañana defender al Acumar”. Allí dice que no irá. Y pone a disposición su renuncia.
La audiencia se hizo el miércoles. Tal como señaló este diario, luego de las presentaciones, los cinco jueces del máximo tribunal preguntaron al organismo sobre los indicadores para evaluar el proceso de saneamiento. Gabriela Seijó, vicepresidenta ejecutiva de Acumar respondió que después de un año aún no tienen indicadores definitivos: “tras el nuevo ‘plan’ del organismo, se han estado planteando nuevos indicadores, que dependen de cada proyecto en particular, sin un carácter definitivo”. Cuando los jueces quisieron saber respuestas concretas sobre asistencia a los niños con problemas, los funcionarios tampoco supieron responder. Al punto que el juez Horacio Rosatti observó que “si no se puede establecer un diálogo con quien pueda responder preguntas es difícil hacer un seguimiento como necesita esta Corte”. Como respuesta a la presentación del informe, se lo escuchó también a Ricardo Lorenzetti: “Y lo que nos dice el informe es que ya hay 5200 millones de dólares invertidos pero sólo se cumplió el 20 por ciento de la sentencia, ¿qué se hizo con eso?”
“Lo que sucedió en la audiencia del jueves en la Corte fue que se desnudó la incapacidad de trabajo sobre la complejidad de la cuenca, donde la lógica de la tecnocracia propuesta por el gobierno de la derecha demostró su rotundo fracaso”, explicó Reese. “Lo único que tenían para decir fue excusarse en la lógica de la herencia recibida, y cuando podían decir algo acerca para explicar lo que hicieron ni siquiera tuvieron la capacidad de explicarlo. El fracaso fue grosero. Lo dijimos. Demuestra la situación de desbande y desastre en la gestión desde el cambio de gobierno que durante el año no pudo dar respuesta a ninguna de las cuestiones expresadas en las mandas de la Corte. Y las razones pueden ser varias, pero por un lado lo que se observa es la falta de conducción en un organismo que además tiene un segundo desafío que es el trabajo y la necesidad de articulación con una multiplicidad de problemas y cuestiones territoriales. Hay un universo múltiple de actores, 14 municipios, provincia de Buenos Aires, Ciudad. Y que para coordinarlos, también hay que tener capacidad de conducción y de liderazgo. Hubo muchos errores previos pero se hicieron muchas cosas hasta diciembre del año pasado. Había una lógica política subyacente. Acá no hay nada de nada. Hoy Acumar no existe como institución con capacidad de nuclear, coordinar y trabajar de modo asociado en un contexto y un problema que además es muy difícil acá, en Alemania y en dónde sea”.
Antollín Magallanes fue vicepresidente del Acumar durante tres años, hasta diciembre de 2015. “Lo que me preocupa es que aún no definieron qué hacer de la gestión”, dice. “Nosotros dejamos listo un plan con indicadores que siempre dijimos que debían ir variando porque recuperar la cuenca es un tema complejo que requiere la responsabilidad de múltiples actores. Tengo la sensación de que todo ese proceso se cortó: cortaron todo lo que se había estado instalando. Y es un límite muy fino pero hay un problema muy grande cuando se te rompe la continuidad de la gestión en la cuenca y vos estás trabajando con temas como la pobreza, carencias, marginación, contaminación pero además situaciones muy técnicas como territorio, espacios verdes, son múltiples relaciones para armonizar”.
Cada 15 días, los jueves se reúne en consejo directivo del Acumar, compuesto por siete integrantes de las tres jurisdicciones que integran el organismo. Por arriba de ellos está el ministro de Ambiente, Sergio Bergman y por abajo, y hasta ahora, Torti. Ayer se reunieron cinco de los siete. Sergio Federovsky, Ivan Kerr, María Fernanda Reyes, Miguel Saredi y Alberto Términe. De acuerdo a la información oficial, convocaron a la plana ejecutiva a una reunión extraordinaria para el próximo martes. Ayer circularon rumores de renuncias. Cuando PáginaI12 quiso confirmar si eran ciertos, respondieron desde el organismo que si no hay renuncias el Directorio va a pedirlas.
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Fecha de Publicación: 06/12/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Riachuelo
El presidente ejecutivo de Acumar, Julio Torti, es hijo de un represor y defensor de la dictadura. No estuvo en la audiencia de la Corte, donde quedó en evidencia la falta de políticas del organismo. El Consejo Directivo pedirá renuncias.
La audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia por el saneamiento del Riachuelo con autoridades del Acumar puso al desnudo un proceso de parálisis, desbande y estancamiento de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo desde el recambio de gobierno. Las respuestas ofrecidas por sus autoridades a los ministros de la Corte fueron malas, no contuvieron datos y resultaron tan pobres que uno de los jueces les reprochó la falta de interlocutor para realizar los seguimientos. Los funcionarios se pasaron unos a otros la obligación de responder mientras buscaban salir a flote de lo que todos los actores evaluaron como un papelón. La cabeza ejecutiva máxima ni siquiera fue, decidido a tomar unos días de vacaciones en las sierras de Córdoba. Y organismos de derechos humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) plantean que hay una ausencia total de políticas de Estado sobre la cuenca. El jueves, luego de la audiencia, hubo una primera señal de reacción. Los integrantes del Consejo Directivo se reunieron de urgencia para convocar también de urgencia una nueva reunión para el martes. Según la información oficial, si ninguno de los directivos presenta sus renuncias, las pedirán.
Uno de los hombres más afectados por los resultados de la audiencia fue Julio Torti. Torti es ingeniero químico y presidente ejecutivo de Acumar, es decir su autoridad máxima. Es uno de los ex CEO colocados por el Gobierno al frente de la gestión pública. En este caso, viene de ser CEO Regional durante dos años de ERM Environmental Resources Management, una compañía con localización global dedicada a la gestión de recursos ambientales. Llegó al gobierno de la mano del secretario de Obras Públicas, Daniel Chain.
Lo del miércoles en la Corte fue el estallido de ese paradigma de esa gestión tecnocrática, explica a PáginaI12 Eduardo Reese, director del área de derechos económicos, sociales y culturales del CELS.
Fronteras adentro del Acumar, Torti cultivó otros perfiles. Es un hombre con posturas públicas violentas sobre la gestión kirchnerista. Negacionista del terrorismo de Estado y reivindicador de sus alfiles. Es hijo, además, del vicealmirante Julio Torti, una de las máximas autoridades de la Armada a partir de 1976. Torti padre fue jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de diciembre 1976 a diciembre de 1977, comandante de la Fuerza de Tareas 3, de la que dependía la ESMA. Y Comandante de Operaciones Navales, área de la que dependían jerárquicamente todas las Fuerzas de Tareas a cargo de la represión. Carlos Menem lo indultó en 1989 y murió en abril de este año. Había sido proceso y estaba siendo juzgado en la megacausa ESMA. En ese momento, su hijo, el ingeniero, se tatuó un ancla en el brazo derecho como homenaje. En su perfil de Facebook pueden leerse aún frases que no borró a pesar que vienen circulando hace semanas en distintos espacios virtuales. Entre ellas, hay un homenaje a su padre, de noviembre de 2012. “La opinión de una mayoría no convierte en lo falso en verdadero. La dignidad de un hombre no se afecta por una injusticia. La necesidad de una masa sin valores, olvidadiza y cómoda no cambia los hechos. Si nuestro país tiene algún futuro es gracias a hombres como mi viejo”. En los textos también repite la lógica con la que los marinos justificaron el exterminio. “Qué estoy pensando me pregunta Facebook”, escribió ese mismo año. “Les cuento. Acabo de leer esta noticia y pienso en que me da vergüenza este gobierno, asco el 54 por ciento que votó y miedo por el país que se viene. Mañana se celebra el día del asesino impune, o sea del Montonero, y este gobierno adhiere al festejo. Lean”, y enlaza a una nota de La Nación. El 9 de noviembre de ese año le dijo a Cristina. “Kretina”. Y Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, vieja kretina.
Esa suerte de odio no es clandestino ni desconocido por sus empleados del Acumar. Desde el área de prensa, por ejemplo, le preguntaron si quería salir a responder algo sobre la cantidad de mensajes de su autoría que se habían viralizado en la web, pero dijo que no. No los borró. No los niega. Sólo limitó el acceso a su Facebook. “Esa es su manera de ver el mundo”, dicen quienes lo rodearon durante estos meses. Tanto es así que este último fin de semana, mientras ardía el organismo por los pases de factura ante la convocatoria de la Corte, se encerró en las sierras cordobesas. Clausuró el teléfono. Y escribió nuevamente en Facebook un mensaje en el mismo sentido.
La convocatoria de la Corte agudizó su proceso de desgaste. Quienes trabajan con él dicen que se borró. Quienes conocen el tema y las convocatorias de la Corte, saben que una audiencia por la Cuenca es cuestión de Estado. Torti designó a una de las directoras para reemplazarlo en la ponencia. Y también buceó alternativas entre segundas y terceras líneas. Durante el proceso de búsqueda de algún funcionario que saliera a poner la cara, uno de los directores mandó un mensaje de muy mal humor y puso a disposición la renuncia.
“Les comunico que hoy a las 16 horas me enteré por un mail enviado por la directora de Asuntos Jurídicos (Dra. Vallejos) que el Ing. Torti mañana no concurrirá a la audiencia de la CSJN”, dijo en el enojadísimo whastapp el director general de Administración, Martín Prezioso. “En el mismo se nos consultaba tanto a Gabriela (Seijó) como a mí quién sería el expositor de la presentación (…). Teniendo en cuenta que Gabriela no dio respuesta y que en el escrito presentado ante la CSJN se me puso a mí como suplente (sin siquiera consultarme), entiendo que yo debo ser quien exponga. A su vez, a esta hora todavía no existe la presentación final, ni un documento relatorio de la misma que yo pueda estudiar para exponer”. Así las cosas, el hombre dice que como la Corte sostiene que no iba a aceptar que el relator principal pudiera hacer intervenir a otros directores, tomó la decisión de no ir a la audiencia. “Dada la falta de trabajo en equipo y la no respuesta de Julio y de Gabriela durante todo el fin de semana y hasta ahora, ante mis reiterados pedidos de información para exponer a tan importante audiencia de carácter político e institucional, no cuento con las herramientas necesarias de las ares que no son mi competencia para mañana defender al Acumar”. Allí dice que no irá. Y pone a disposición su renuncia.
La audiencia se hizo el miércoles. Tal como señaló este diario, luego de las presentaciones, los cinco jueces del máximo tribunal preguntaron al organismo sobre los indicadores para evaluar el proceso de saneamiento. Gabriela Seijó, vicepresidenta ejecutiva de Acumar respondió que después de un año aún no tienen indicadores definitivos: “tras el nuevo ‘plan’ del organismo, se han estado planteando nuevos indicadores, que dependen de cada proyecto en particular, sin un carácter definitivo”. Cuando los jueces quisieron saber respuestas concretas sobre asistencia a los niños con problemas, los funcionarios tampoco supieron responder. Al punto que el juez Horacio Rosatti observó que “si no se puede establecer un diálogo con quien pueda responder preguntas es difícil hacer un seguimiento como necesita esta Corte”. Como respuesta a la presentación del informe, se lo escuchó también a Ricardo Lorenzetti: “Y lo que nos dice el informe es que ya hay 5200 millones de dólares invertidos pero sólo se cumplió el 20 por ciento de la sentencia, ¿qué se hizo con eso?”
“Lo que sucedió en la audiencia del jueves en la Corte fue que se desnudó la incapacidad de trabajo sobre la complejidad de la cuenca, donde la lógica de la tecnocracia propuesta por el gobierno de la derecha demostró su rotundo fracaso”, explicó Reese. “Lo único que tenían para decir fue excusarse en la lógica de la herencia recibida, y cuando podían decir algo acerca para explicar lo que hicieron ni siquiera tuvieron la capacidad de explicarlo. El fracaso fue grosero. Lo dijimos. Demuestra la situación de desbande y desastre en la gestión desde el cambio de gobierno que durante el año no pudo dar respuesta a ninguna de las cuestiones expresadas en las mandas de la Corte. Y las razones pueden ser varias, pero por un lado lo que se observa es la falta de conducción en un organismo que además tiene un segundo desafío que es el trabajo y la necesidad de articulación con una multiplicidad de problemas y cuestiones territoriales. Hay un universo múltiple de actores, 14 municipios, provincia de Buenos Aires, Ciudad. Y que para coordinarlos, también hay que tener capacidad de conducción y de liderazgo. Hubo muchos errores previos pero se hicieron muchas cosas hasta diciembre del año pasado. Había una lógica política subyacente. Acá no hay nada de nada. Hoy Acumar no existe como institución con capacidad de nuclear, coordinar y trabajar de modo asociado en un contexto y un problema que además es muy difícil acá, en Alemania y en dónde sea”.
Antollín Magallanes fue vicepresidente del Acumar durante tres años, hasta diciembre de 2015. “Lo que me preocupa es que aún no definieron qué hacer de la gestión”, dice. “Nosotros dejamos listo un plan con indicadores que siempre dijimos que debían ir variando porque recuperar la cuenca es un tema complejo que requiere la responsabilidad de múltiples actores. Tengo la sensación de que todo ese proceso se cortó: cortaron todo lo que se había estado instalando. Y es un límite muy fino pero hay un problema muy grande cuando se te rompe la continuidad de la gestión en la cuenca y vos estás trabajando con temas como la pobreza, carencias, marginación, contaminación pero además situaciones muy técnicas como territorio, espacios verdes, son múltiples relaciones para armonizar”.
Cada 15 días, los jueves se reúne en consejo directivo del Acumar, compuesto por siete integrantes de las tres jurisdicciones que integran el organismo. Por arriba de ellos está el ministro de Ambiente, Sergio Bergman y por abajo, y hasta ahora, Torti. Ayer se reunieron cinco de los siete. Sergio Federovsky, Ivan Kerr, María Fernanda Reyes, Miguel Saredi y Alberto Términe. De acuerdo a la información oficial, convocaron a la plana ejecutiva a una reunión extraordinaria para el próximo martes. Ayer circularon rumores de renuncias. Cuando PáginaI12 quiso confirmar si eran ciertos, respondieron desde el organismo que si no hay renuncias el Directorio va a pedirlas.
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El Senado aprueba la ley de humedales
Pino Solanas logró aprobar la ley de humedales
Fecha de Publicación: 05/12/2016
Fuente: La Política On Line
Provincia/Región: Nacional
Fue minutos antes de terminar el período ordinario y tras duros cruces con De Angeli.
El Senado aprobó esta noche el proyecto de ley que establece los presupuestos mínimos para la protección de los humedales, que fue girado a la cámara baja.
La iniciativa fue sancionada en general por 53 votos afirmativos, contra 5 negativos y 5 abstenciones (del radical Luis Naidenoff, la peronista Marina Riofrío y los macristas Pedro Braillard Poccard, Alfredo De Angeli y Laura Rodríguez Machado).
Al presentar el dictamen de mayoría, el presidente de la comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el referente de Proyecto Sur Fernando "Pino" Solanas, apuntó que la propuesta busca proteger los humedales, que ocupan "poco más de 20 por ciento del territorio nacional" y refirió que "todas las provincias argentinas tienen algún tipo de humedal", a los que definió como "una suerte de esponja".
Indicó que la norma propuesta "podría llamarse ley de prevención a las inundaciones, o ley de reposición de agua en momentos de sequía", en un contexto y en una "época del cambio climático y el calentamiento global", recordó el porteño, quien en su momento había denunciado una presunta maniobra dilatoria por parte del presidente de la comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, el entrerriano De Angeli.
Molesto, De Angeli aclaró en el recinto que "a fines de julio, el COFEMA (Consejo Federal de Medio Ambiente) mandó una carta y pidió que abramos el debate, y no podíamos dejar de hacerlos participar" y aseguró que la versión original le quitaba a las provincias control sobre los humedales.
"Es fácil hacer una ley desde la ciudad, pero hay que volver a las provincias, hay que ir a aplicar la ley en las provincias", advirtió De Angeli, y desmintió que su postura tuviera de trasfondo la defensa de supuestos intereses inmobiliarios.
"No estamos a favor de las inmobiliarias", se quejó el ex referente agrario entrerriano y ejemplificó que "el arroz se produce en humedales y cualquiera puede pedir un recurso judicial y frenar una producción de arroz", que "no se le puede decir a la gente no se puede hacer más caminos, tendrá que salir de su campo solo a caballo", o que "no te vamos a hacer el proyecto de infraestructura para que no se inunde más Paranacito".
Por su parte, la sendora del ARI-CC de Río Negro Magdalena Odarda respaldó el dictamen impulsado por Solanas al sostener que "este Congreso no puede no votar este proyecto para la defensa de los humedales, que es un piso mínimo de protección de nuestros bienes naturales comunes".
El jefe del interbloque Cambiemos, Pedro Braillard Poccard, indicó que no podía compartir algunos de los argumentos vertidos en el debate "cuando la Constitución dice que los recursos naturales son de las provincias" y que ello "no significa que las provincias pueden hacer cualquier cosa, es una responsabilidad que tenemos las provincias de cuidar nuestros recursos".
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Fecha de Publicación: 05/12/2016
Fuente: La Política On Line
Provincia/Región: Nacional
Fue minutos antes de terminar el período ordinario y tras duros cruces con De Angeli.
El Senado aprobó esta noche el proyecto de ley que establece los presupuestos mínimos para la protección de los humedales, que fue girado a la cámara baja.
La iniciativa fue sancionada en general por 53 votos afirmativos, contra 5 negativos y 5 abstenciones (del radical Luis Naidenoff, la peronista Marina Riofrío y los macristas Pedro Braillard Poccard, Alfredo De Angeli y Laura Rodríguez Machado).
Al presentar el dictamen de mayoría, el presidente de la comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el referente de Proyecto Sur Fernando "Pino" Solanas, apuntó que la propuesta busca proteger los humedales, que ocupan "poco más de 20 por ciento del territorio nacional" y refirió que "todas las provincias argentinas tienen algún tipo de humedal", a los que definió como "una suerte de esponja".
Indicó que la norma propuesta "podría llamarse ley de prevención a las inundaciones, o ley de reposición de agua en momentos de sequía", en un contexto y en una "época del cambio climático y el calentamiento global", recordó el porteño, quien en su momento había denunciado una presunta maniobra dilatoria por parte del presidente de la comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, el entrerriano De Angeli.
Molesto, De Angeli aclaró en el recinto que "a fines de julio, el COFEMA (Consejo Federal de Medio Ambiente) mandó una carta y pidió que abramos el debate, y no podíamos dejar de hacerlos participar" y aseguró que la versión original le quitaba a las provincias control sobre los humedales.
"Es fácil hacer una ley desde la ciudad, pero hay que volver a las provincias, hay que ir a aplicar la ley en las provincias", advirtió De Angeli, y desmintió que su postura tuviera de trasfondo la defensa de supuestos intereses inmobiliarios.
"No estamos a favor de las inmobiliarias", se quejó el ex referente agrario entrerriano y ejemplificó que "el arroz se produce en humedales y cualquiera puede pedir un recurso judicial y frenar una producción de arroz", que "no se le puede decir a la gente no se puede hacer más caminos, tendrá que salir de su campo solo a caballo", o que "no te vamos a hacer el proyecto de infraestructura para que no se inunde más Paranacito".
Por su parte, la sendora del ARI-CC de Río Negro Magdalena Odarda respaldó el dictamen impulsado por Solanas al sostener que "este Congreso no puede no votar este proyecto para la defensa de los humedales, que es un piso mínimo de protección de nuestros bienes naturales comunes".
El jefe del interbloque Cambiemos, Pedro Braillard Poccard, indicó que no podía compartir algunos de los argumentos vertidos en el debate "cuando la Constitución dice que los recursos naturales son de las provincias" y que ello "no significa que las provincias pueden hacer cualquier cosa, es una responsabilidad que tenemos las provincias de cuidar nuestros recursos".
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Bergman y el papelón ambiental
Bergman, acorralado tras el papelón ante la Justicia
Fecha de Publicación: 04/12/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Con el mismo tono irónico y desafiante con el que enfrenta a los asistentes a las sinagogas en las que le ha tocado predicar, Sergio Bergman definió días atrás su situación como ministro de Ambiente. "No nos queda otra que rezar", sorprendió el ministro cuando lo consultaron por los posibles incendios forestales y la falta de presupuesto para su área.
Casi un año después de asumir su cargo, y más allá de que nadie discute sus buenas intenciones y su lealtad al proyecto de Mauricio Macri, los resultados no han sido los esperados y su gestión es mirada con lupa por los colaboradores del Presidente.
Justo respecto del saneamiento del Riachuelo, que según sus más cercanos colaboradores era "el" objetivo de su gestión, apareció ayer una nueva evidencia del desconcierto que reina en ese ministerio, espacio fértil para las disputas políticas y las internas por el poder.
"La Acumar se lleva el 80% del presupuesto del ministerio. Y no lo manejamos nosotros", se quejan, por lo bajo, cerca de Bergman, que una y otra vez es mencionado como eventual candidato a diputado en las elecciones del año próximo. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta ; la gobernadora María Eugenia Vidal ; el secretario de Obras Públicas, Daniel Chain, y hasta el opositor Sergio Massa tienen sus representantes en el organismo, que según reconocen en Balcarce 50 "no va ni para atrás ni para adelante". Unos y otros coinciden: a partir del "papelón" de ayer, se vendrán cambios en el organismo. Empezarán con la renuncia de su director ejecutivo, Julio Torti, ingeniero cercano a Chain.
Poco afecto a los cambios bruscos en su gabinete, Macri no dio aún señales de volver a pedirle a Bergman que encabece la lista de legisladores (2011) o de diputados nacionales (2013) en el distrito donde nació Pro.
Pero su inexperiencia en temas ambientales, sumada a la designación de funcionarios de su confianza, pero a quienes conoce de ámbitos extraministeriales, generó más dudas en el gabinete. Cerca del rabino apuntaban a sectores cercanos al jefe de Gabinete, Marcos Peña, como "interesados en el sillón de Sergio". Dejaban a salvo a Vidal y Larreta de los rumores.
El ministro, en tanto, se aferra al Presidente y a su "excelente relación" con quien debe controlarlo, el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana. "El único que realmente le respondió siempre es Macri. Y Bergman es del Presidente", definían ayer muy cerca del rabino y ministro, que hoy irá al "retiro espiritual" de Chapadmalal a enfrentarse al juicio de sus pares.
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Fecha de Publicación: 04/12/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Con el mismo tono irónico y desafiante con el que enfrenta a los asistentes a las sinagogas en las que le ha tocado predicar, Sergio Bergman definió días atrás su situación como ministro de Ambiente. "No nos queda otra que rezar", sorprendió el ministro cuando lo consultaron por los posibles incendios forestales y la falta de presupuesto para su área.
Casi un año después de asumir su cargo, y más allá de que nadie discute sus buenas intenciones y su lealtad al proyecto de Mauricio Macri, los resultados no han sido los esperados y su gestión es mirada con lupa por los colaboradores del Presidente.
Justo respecto del saneamiento del Riachuelo, que según sus más cercanos colaboradores era "el" objetivo de su gestión, apareció ayer una nueva evidencia del desconcierto que reina en ese ministerio, espacio fértil para las disputas políticas y las internas por el poder.
"La Acumar se lleva el 80% del presupuesto del ministerio. Y no lo manejamos nosotros", se quejan, por lo bajo, cerca de Bergman, que una y otra vez es mencionado como eventual candidato a diputado en las elecciones del año próximo. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta ; la gobernadora María Eugenia Vidal ; el secretario de Obras Públicas, Daniel Chain, y hasta el opositor Sergio Massa tienen sus representantes en el organismo, que según reconocen en Balcarce 50 "no va ni para atrás ni para adelante". Unos y otros coinciden: a partir del "papelón" de ayer, se vendrán cambios en el organismo. Empezarán con la renuncia de su director ejecutivo, Julio Torti, ingeniero cercano a Chain.
Poco afecto a los cambios bruscos en su gabinete, Macri no dio aún señales de volver a pedirle a Bergman que encabece la lista de legisladores (2011) o de diputados nacionales (2013) en el distrito donde nació Pro.
Pero su inexperiencia en temas ambientales, sumada a la designación de funcionarios de su confianza, pero a quienes conoce de ámbitos extraministeriales, generó más dudas en el gabinete. Cerca del rabino apuntaban a sectores cercanos al jefe de Gabinete, Marcos Peña, como "interesados en el sillón de Sergio". Dejaban a salvo a Vidal y Larreta de los rumores.
El ministro, en tanto, se aferra al Presidente y a su "excelente relación" con quien debe controlarlo, el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana. "El único que realmente le respondió siempre es Macri. Y Bergman es del Presidente", definían ayer muy cerca del rabino y ministro, que hoy irá al "retiro espiritual" de Chapadmalal a enfrentarse al juicio de sus pares.
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