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Das Neves no firmará el Acuerdo Federal Minero
08:00 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Das Neves avisó que no firmará plan minero
Fecha de Publicación: 15/02/2017
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Chubut
El gobernador chubutense asegura que la iniciativa genera intromisión en facultades provinciales y cuestiona aspectos ambientales.
El mandatario de Chubut, Mario Das Neves (Chubut Somos Todos), aseguró que no rubricará el Acuerdo Federal Minero que impulsa el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Energía, por considerar que se entromete en asuntos provinciales y por una "preocupación ambiental".
El chubutense, así, juega otra carta en su tensa pero elástica relación con el Gobierno de Mauricio Macri. Tras haber estado el jueves en la foto de lanzamiento del Plan Patagonia (ver aparte), Das Neves anticipó que "de ninguna manera" firmará "ese acuerdo así como está", en referencia al texto surgido en el seno del Consejo Federal Minero (Cofemin) para atraer inversiones en el sector.
El acuerdo entró en fase de revisión para ser sellado por el Ejecutivo nacional y por los ejecutivos provinciales de Salta, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Jujuy, integrantes del Cofemin.
"En los aspectos económicos hay una intromisión del Gobierno nacional que tendrá rechazo en general, porque el dueño de los recursos de la tierra, de acuerdo a la Constitución, son las provincias. Entonces no tiene por qué fijar tope de regalías el Estado Nacional", afirmó Das Neves, en alusión al techo de 3% de regalías que propone Energía. El chubutense dijo además que "el tema de contaminación es el capítulo más importante para nosotros", tocando uno de los puntos más sensible de la iniciativa. Otras provincias, como Río Negro y Jujuy valoraron el acuerdo macro para regular la minería e impulsar el desarrollo del sector en el país.
Alianza con FR
Das Neves participó en Trelew de una cumbre de su sello provincial, Chubut Somos Todos, y volvió a reiterar su alianza política con el bonaerense Sergio Massa. El gobernador confirmó que trabaja con el líder del Frente Renovador en un armado común para las próximas legislativas nacionales. "Con Massa trabajo y lo seguiré haciendo", dijo Das Neves.
A su vez, adelantó que aspira a se reelecto como gobernador en 2019.
"No se hagan los rulos porque yo voy a estar en 2019", manifestó con tono jocoso, en alusión a la conocida frase utilizada por Cristina de Kirchner. También adelantó que las reuniones de gabinete se harán en toda la provincia.
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Fecha de Publicación: 15/02/2017
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Chubut
El gobernador chubutense asegura que la iniciativa genera intromisión en facultades provinciales y cuestiona aspectos ambientales.
El mandatario de Chubut, Mario Das Neves (Chubut Somos Todos), aseguró que no rubricará el Acuerdo Federal Minero que impulsa el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Energía, por considerar que se entromete en asuntos provinciales y por una "preocupación ambiental".
El chubutense, así, juega otra carta en su tensa pero elástica relación con el Gobierno de Mauricio Macri. Tras haber estado el jueves en la foto de lanzamiento del Plan Patagonia (ver aparte), Das Neves anticipó que "de ninguna manera" firmará "ese acuerdo así como está", en referencia al texto surgido en el seno del Consejo Federal Minero (Cofemin) para atraer inversiones en el sector.
El acuerdo entró en fase de revisión para ser sellado por el Ejecutivo nacional y por los ejecutivos provinciales de Salta, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Jujuy, integrantes del Cofemin.
"En los aspectos económicos hay una intromisión del Gobierno nacional que tendrá rechazo en general, porque el dueño de los recursos de la tierra, de acuerdo a la Constitución, son las provincias. Entonces no tiene por qué fijar tope de regalías el Estado Nacional", afirmó Das Neves, en alusión al techo de 3% de regalías que propone Energía. El chubutense dijo además que "el tema de contaminación es el capítulo más importante para nosotros", tocando uno de los puntos más sensible de la iniciativa. Otras provincias, como Río Negro y Jujuy valoraron el acuerdo macro para regular la minería e impulsar el desarrollo del sector en el país.
Alianza con FR
Das Neves participó en Trelew de una cumbre de su sello provincial, Chubut Somos Todos, y volvió a reiterar su alianza política con el bonaerense Sergio Massa. El gobernador confirmó que trabaja con el líder del Frente Renovador en un armado común para las próximas legislativas nacionales. "Con Massa trabajo y lo seguiré haciendo", dijo Das Neves.
A su vez, adelantó que aspira a se reelecto como gobernador en 2019.
"No se hagan los rulos porque yo voy a estar en 2019", manifestó con tono jocoso, en alusión a la conocida frase utilizada por Cristina de Kirchner. También adelantó que las reuniones de gabinete se harán en toda la provincia.
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Etiquetas:
Educación ambiental en todo el sistema educativo
El Gobierno nacional impulsa la educación ambiental en todo el país
Fecha de Publicación: 06/02/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Los ministros de Ambiente y Desarrollo Sustentable, rabino Sergio Bergman, y de Educación y Deportes, Esteban Bullrich, firmaron hoy un acuerdo para el desarrollo de la educación ambiental a nivel nacional con el objetivo de incorporarla al sistema educativo formal, no formal e informal. “En consonancia con el pedido del presidente Macri de unir a los argentinos, qué más y qué mejor que hacerlo a través de la educación y el cuidado del ambiente”, expresó Bergman.
En ese sentido, Bergman sostuvo que “los ministerios tenemos una agenda compartida de incumbencia, que es el cambio del paradigma cultural y el cambio de hábitos” y agregó que “desde ambas carteras se establecen mínimos contenidos transversales, en este caso la educación ambiental con escala federal”.
A partir de este acuerdo ambas carteras trabajarán mancomunadamente en la elaboración de una estrategia nacional para lograr que en el corto plazo la educación ambiental esté presente en los contenidos curriculares de todas las jurisdicciones y sea parte de la formación de los docentes de todos los niveles educativos del país.
Puntualmente, se desarrollará de manera conjunta una política pública en materia de educación ambiental que implemente programas y proyectos de formación docente, elabore recursos didácticos y aportes para diseños curriculares que incorporen la dimensión ambiental en su integralidad y complejidad; acciones que serán coordinadas con los consejos federales de Medio Ambiente (COFEMA) y el de Cultura y Educación.
La firma del convenio marco es un hito para nuestro país ya que da inicio a un proceso orientado a la construcción de ciudadanos con valores, conocimientos y actitudes que conduzcan hacia un desarrollo sustentable basado en la equidad y la justicia social. Además, esta iniciativa reconoce a la educación ambiental como valor estratégico del cambio cultural que se precisa para contrarrestar los procesos de degradación y deterioro del ambiente y, por consiguiente, del bienestar social de la humanidad.
Este acuerdo contribuye al cumplimento de la Ley Nacional de Educación, que establece en su artículo 89 que el Ministerio de Educación deberá emprender acciones de educación ambiental; y de la Ley General del Ambiente, que estipula en el artículo 15 que se deberán implementar planes de educación formal y no formal.
Asimismo, con el fin de alcanzar la meta de educación de calidad en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el 2015-2030, Argentina asume un fuerte compromiso en materia de educación ambiental y también para emprender la transformación cultural y recomponer los vínculos de la sociedad y la naturaleza.
La firma de convenio se llevó a cabo en el Salón Eva Perón de Casa Rosada, donde el titular de la cartera de Ambiente estuvo acompañado por la jefa de Gabinete de Asesores, Patricia Holzman, y el subsecretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Carlos Gentile.
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Fecha de Publicación: 06/02/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Los ministros de Ambiente y Desarrollo Sustentable, rabino Sergio Bergman, y de Educación y Deportes, Esteban Bullrich, firmaron hoy un acuerdo para el desarrollo de la educación ambiental a nivel nacional con el objetivo de incorporarla al sistema educativo formal, no formal e informal. “En consonancia con el pedido del presidente Macri de unir a los argentinos, qué más y qué mejor que hacerlo a través de la educación y el cuidado del ambiente”, expresó Bergman.
En ese sentido, Bergman sostuvo que “los ministerios tenemos una agenda compartida de incumbencia, que es el cambio del paradigma cultural y el cambio de hábitos” y agregó que “desde ambas carteras se establecen mínimos contenidos transversales, en este caso la educación ambiental con escala federal”.
A partir de este acuerdo ambas carteras trabajarán mancomunadamente en la elaboración de una estrategia nacional para lograr que en el corto plazo la educación ambiental esté presente en los contenidos curriculares de todas las jurisdicciones y sea parte de la formación de los docentes de todos los niveles educativos del país.
Puntualmente, se desarrollará de manera conjunta una política pública en materia de educación ambiental que implemente programas y proyectos de formación docente, elabore recursos didácticos y aportes para diseños curriculares que incorporen la dimensión ambiental en su integralidad y complejidad; acciones que serán coordinadas con los consejos federales de Medio Ambiente (COFEMA) y el de Cultura y Educación.
La firma del convenio marco es un hito para nuestro país ya que da inicio a un proceso orientado a la construcción de ciudadanos con valores, conocimientos y actitudes que conduzcan hacia un desarrollo sustentable basado en la equidad y la justicia social. Además, esta iniciativa reconoce a la educación ambiental como valor estratégico del cambio cultural que se precisa para contrarrestar los procesos de degradación y deterioro del ambiente y, por consiguiente, del bienestar social de la humanidad.
Este acuerdo contribuye al cumplimento de la Ley Nacional de Educación, que establece en su artículo 89 que el Ministerio de Educación deberá emprender acciones de educación ambiental; y de la Ley General del Ambiente, que estipula en el artículo 15 que se deberán implementar planes de educación formal y no formal.
Asimismo, con el fin de alcanzar la meta de educación de calidad en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el 2015-2030, Argentina asume un fuerte compromiso en materia de educación ambiental y también para emprender la transformación cultural y recomponer los vínculos de la sociedad y la naturaleza.
La firma de convenio se llevó a cabo en el Salón Eva Perón de Casa Rosada, donde el titular de la cartera de Ambiente estuvo acompañado por la jefa de Gabinete de Asesores, Patricia Holzman, y el subsecretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Carlos Gentile.
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Riachuelo: 64 km, 5.200 millones y sin soluciones
La catástrofe ambiental eterna de Argentina que se tragó una fortuna
Fecha de Publicación: 06/02/2017
Fuente: IPS
Provincia/Región: Riachuelo
¿Es posible invertir 5.200 millones de dólares para revertir la contaminación de un río de apenas 64 kilómetros de extensión y prácticamente no obtener resultados? Argentina está demostrando que sí.
Esa cifra es la que, según reconoció el gobierno a fines de 2016 a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Estado ha destinado desde julio de 2008 a la recuperación del Riachuelo, el río que bordea la ciudad de Buenos Aires por el sur y que ha sido señalado como uno de los peores ejemplos de contaminación industrial en América Latina y en el mundo.
Sin embargo, la situación sigue siendo en esencia la misma que desde mediados del Siglo XIX, cuando las crónicas ya describían el estado de putrefacción de este curso de agua. Hoy se estima que unas ocho millones de personas viven en la cuenca, en grave emergencia sanitaria y ambiental.
“El Riachuelo sigue cumpliendo la misma función de desagote de las actividades económicas y humanas de la Ciudad de Buenos Aires y gran parte del Conurbano, como en los últimos 200 años”, se lee en un informe de más de 200 páginas al que tuvo acceso a IPS y que la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), el organismo oficial encargado de su limpieza, presentó a la Corte Suprema el 30 de noviembre.
“No solo está altamente contaminado, sino que se lo sigue contaminando”, agrega el documento, que precisa que actualmente se están arrojando a las aguas unas 90.000 toneladas anuales de metales pesados y otras sustancias perjudiciales.
Con el nombre de Matanza, el río nace en la provincia de Buenos Aires, recorre 14 municipios y luego marca el límite sur de la capital argentina, ya con la denominación Riachuelo, hasta su desembocadura en el Río de La Plata, muy cerca del famoso estadio de fútbol de Boca Juniors.
Sus orillas comenzaron en la época de la colonia española a recibir saladeros en los que se procesaba carne de mulas u ovejas y curtiembres donde se trabajaba con la piel de vacas. Lanzar los deshechos al río se convirtió en una práctica habitual que lo transformó en una verdadera cloaca a cielo abierto y continuó con industrias más modernas, como plantas petroquímicas y frigoríficos.
En las últimas décadas abundaron las promesas oficiales de limpiar el Riachuelo. La que los argentinos quizás más recuerden es la de María Julia Alsogaray, secretaria de Ambiente del entonces presidente Carlos Menem (1989-1999), quien anunció que lo haría en solo 1.000 días. Entusiasmado, el propio Menem dijo que, una vez terminada la tarea, él nadaría en el Riachuelo.
Finalmente, el río siguió siendo un foco de enfermedades para la población, Menem se abstuvo de nadar para cuidar su salud y Alsogaray terminó presa por hechos de corrupción.
Parecía que esta historia podía comenzar a cambiar en julio de 2008. O eso creyó la comunidad ambientalista argentina, que en ese momento calificó de manera unánime como “histórica” la sentencia de la Corte Suprema que ordenó entonces a las autoridades nacionales, provinciales y de la capital que limpiaran el Riachuelo.
La resolución se basó en un artículo incorporado a la Constitución Nacional en 1994, que garantiza a todos los habitantes del país a vivir “en un ambiente sano”.
Sin embargo, los escasos avances que se hicieron en estos años quedaron crudamente expuestos en la audiencia realizada el 30 de noviembre ante la Corte Suprema.
Fecha de Publicación: 06/02/2017
Fuente: IPS
Provincia/Región: Riachuelo
¿Es posible invertir 5.200 millones de dólares para revertir la contaminación de un río de apenas 64 kilómetros de extensión y prácticamente no obtener resultados? Argentina está demostrando que sí.
Esa cifra es la que, según reconoció el gobierno a fines de 2016 a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Estado ha destinado desde julio de 2008 a la recuperación del Riachuelo, el río que bordea la ciudad de Buenos Aires por el sur y que ha sido señalado como uno de los peores ejemplos de contaminación industrial en América Latina y en el mundo.
Sin embargo, la situación sigue siendo en esencia la misma que desde mediados del Siglo XIX, cuando las crónicas ya describían el estado de putrefacción de este curso de agua. Hoy se estima que unas ocho millones de personas viven en la cuenca, en grave emergencia sanitaria y ambiental.
“El Riachuelo sigue cumpliendo la misma función de desagote de las actividades económicas y humanas de la Ciudad de Buenos Aires y gran parte del Conurbano, como en los últimos 200 años”, se lee en un informe de más de 200 páginas al que tuvo acceso a IPS y que la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), el organismo oficial encargado de su limpieza, presentó a la Corte Suprema el 30 de noviembre.
“No solo está altamente contaminado, sino que se lo sigue contaminando”, agrega el documento, que precisa que actualmente se están arrojando a las aguas unas 90.000 toneladas anuales de metales pesados y otras sustancias perjudiciales.
Con el nombre de Matanza, el río nace en la provincia de Buenos Aires, recorre 14 municipios y luego marca el límite sur de la capital argentina, ya con la denominación Riachuelo, hasta su desembocadura en el Río de La Plata, muy cerca del famoso estadio de fútbol de Boca Juniors.
Sus orillas comenzaron en la época de la colonia española a recibir saladeros en los que se procesaba carne de mulas u ovejas y curtiembres donde se trabajaba con la piel de vacas. Lanzar los deshechos al río se convirtió en una práctica habitual que lo transformó en una verdadera cloaca a cielo abierto y continuó con industrias más modernas, como plantas petroquímicas y frigoríficos.
En las últimas décadas abundaron las promesas oficiales de limpiar el Riachuelo. La que los argentinos quizás más recuerden es la de María Julia Alsogaray, secretaria de Ambiente del entonces presidente Carlos Menem (1989-1999), quien anunció que lo haría en solo 1.000 días. Entusiasmado, el propio Menem dijo que, una vez terminada la tarea, él nadaría en el Riachuelo.
Finalmente, el río siguió siendo un foco de enfermedades para la población, Menem se abstuvo de nadar para cuidar su salud y Alsogaray terminó presa por hechos de corrupción.
Parecía que esta historia podía comenzar a cambiar en julio de 2008. O eso creyó la comunidad ambientalista argentina, que en ese momento calificó de manera unánime como “histórica” la sentencia de la Corte Suprema que ordenó entonces a las autoridades nacionales, provinciales y de la capital que limpiaran el Riachuelo.
La resolución se basó en un artículo incorporado a la Constitución Nacional en 1994, que garantiza a todos los habitantes del país a vivir “en un ambiente sano”.
Sin embargo, los escasos avances que se hicieron en estos años quedaron crudamente expuestos en la audiencia realizada el 30 de noviembre ante la Corte Suprema.
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Bergman y manejos poco claros de fondos
Escándalo en Medio Ambiente por una licitación
Fecha de Publicación: 01/02/2017
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
Bergman licitó 50 buses por US$ 35 millones. Desplazó a funcionarios, disconforme con un dictamen que favorecía a una empresa. Puso al hijo de Rousselot, que falló a favor de otra firma. Hay denuncias cruzadas.
Un negocio por US$ 35 millones desató una pelea entre empresarios locales y chinos, y el ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman, en una licitación para adquirir cincuenta buses eléctricos. El negocio ecológico huele tan mal que ya suma dos impugnaciones; un reclamo al jefe de Gabinete, Marcos Peña; el desplazamiento de tres funcionarios; el coletazo de un escándalo de corrupción en China; el ascenso estrepitoso del funcionario que prestó su firma para darle el contrato a una de las empresas; y al menos dos denuncias judiciales que se concretarán en los próximos días. Así pudo reconstruirlo PERFIL en las últimas dos semanas a través de documentación oficial y la consulta a las empresas y funcionarios involucrados en el negocio.
La licitación, además, tiene un efecto presión extra: habría sido una orden del presidente Mauricio Macri para supuestamente favorecer la relación con inversores chinos, según admitieron dos fuentes oficiales. Pero en lugar de “facilitar” el vínculo, terminará en un cruce de sospechas de corrupción.
En 2016, cinco oferentes locales se presentaron a la licitación asociadas a distintas fábricas chinas de buses que funcionan con baterías que se cargan en terminales eléctricas.
El 23 de diciembre, la comisión técnica dictaminó que había tres empresas en condiciones de cumplir con el pliego: Newsan, CTS Auto SA y Vía Bariloche. Pero los técnicos se inclinaron más por Vía Bariloche, una empresa de la familia Trappa, vinculada al kirchnerismo, y asociada en esta licitación con la china Higer, acusada de defraudar al Estado chino con subsidios que recibió de manera indebida. Ese mismo 23, la abogada que integraba la comisión evaluadora, Leticia Pereyra, analizó la propuesta de los técnicos y elevó su informe legal. La funcionaria sostuvo que la oferta más favorable era la de CTS. Pero agregó que si las otras finalistas –Newsan y Vía Bariloche– subsanaban una serie de faltas con el pliego, estaban en condiciones de acceder al contrato.
Sin embargo, tres días después, el Ministerio decidió que no había lugar para “subsanar” faltas y que el negocio debía ser adjudicado a CTS, asociada a la china BYD. Pedro Orbaiz, el jefe técnico que habían favorecido en su dictamen a Vía Bariloche, se negó a firmar. Bergman no se echó para atrás. Decidió removerlo a él y sus suplentes de la comisión.
El 26 de diciembre, se conformó a las apuradas una nueva comisión que emitió otro dictamen otorgando el negocio a CTS. Para lograr las firmas necesarias, Bergman autorizó a Julián Rousselot, jefe de Informática del Ministerio, a sustituir al técnico especializado en buses eléctricos.
Tres semanas más tarde, Bergman ascendió a Rousellot a subsecretario de Coordinación Administrativa, el área encargada de la revisión legal de las licitaciones públicas. Rousselot es ingeniero en informática e hijo del denunciado ex intendente de Morón Juan Carlos Rousselot.
¿Cómo hizo Rousselot, un ingeniero informático, para evaluar en tan sólo cuatro días un expediente de 10 mil fojas sobre un tema que no es de su expertise? Una funcionaria cercana a Bergman dijo a este medio: “Como es ingeniero pudo evaluarlo rápidamente”.
El 6 de enero, Vía Bariloche presentó una carta a Marcos Peña denunciando supuestas irregularidades en la licitación. “La Comisión Evaluadora recomienda adjudicar la compra y el servicio técnico por 5 años a la empresa CTS, la cual no registra actividad económica alguna desde su creación, no posee empleados ni instalaciones, y cuyo patrimonio neto asciende a $ 20 mil”, sostuvo.
Vía Bariloche y Newsan impugnaron la decisión de entregar el negocio a CTS, pero Vía Bariloche irá por más y presentará una denuncia ante la Justicia, según informó la firma.
Bergman contraatacará a Vía Bariloche denunciando esta semana al técnico Orbaiz, por supuestamente intentar favorecer a esa empresa en la licitación. Los abogados del ministerio acusarán a Orbaiz de “tergiversar informes oficiales para favorecer a Vía Bariloche”.
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Fecha de Publicación: 01/02/2017
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
Bergman licitó 50 buses por US$ 35 millones. Desplazó a funcionarios, disconforme con un dictamen que favorecía a una empresa. Puso al hijo de Rousselot, que falló a favor de otra firma. Hay denuncias cruzadas.
Un negocio por US$ 35 millones desató una pelea entre empresarios locales y chinos, y el ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman, en una licitación para adquirir cincuenta buses eléctricos. El negocio ecológico huele tan mal que ya suma dos impugnaciones; un reclamo al jefe de Gabinete, Marcos Peña; el desplazamiento de tres funcionarios; el coletazo de un escándalo de corrupción en China; el ascenso estrepitoso del funcionario que prestó su firma para darle el contrato a una de las empresas; y al menos dos denuncias judiciales que se concretarán en los próximos días. Así pudo reconstruirlo PERFIL en las últimas dos semanas a través de documentación oficial y la consulta a las empresas y funcionarios involucrados en el negocio.
La licitación, además, tiene un efecto presión extra: habría sido una orden del presidente Mauricio Macri para supuestamente favorecer la relación con inversores chinos, según admitieron dos fuentes oficiales. Pero en lugar de “facilitar” el vínculo, terminará en un cruce de sospechas de corrupción.
En 2016, cinco oferentes locales se presentaron a la licitación asociadas a distintas fábricas chinas de buses que funcionan con baterías que se cargan en terminales eléctricas.
El 23 de diciembre, la comisión técnica dictaminó que había tres empresas en condiciones de cumplir con el pliego: Newsan, CTS Auto SA y Vía Bariloche. Pero los técnicos se inclinaron más por Vía Bariloche, una empresa de la familia Trappa, vinculada al kirchnerismo, y asociada en esta licitación con la china Higer, acusada de defraudar al Estado chino con subsidios que recibió de manera indebida. Ese mismo 23, la abogada que integraba la comisión evaluadora, Leticia Pereyra, analizó la propuesta de los técnicos y elevó su informe legal. La funcionaria sostuvo que la oferta más favorable era la de CTS. Pero agregó que si las otras finalistas –Newsan y Vía Bariloche– subsanaban una serie de faltas con el pliego, estaban en condiciones de acceder al contrato.
Sin embargo, tres días después, el Ministerio decidió que no había lugar para “subsanar” faltas y que el negocio debía ser adjudicado a CTS, asociada a la china BYD. Pedro Orbaiz, el jefe técnico que habían favorecido en su dictamen a Vía Bariloche, se negó a firmar. Bergman no se echó para atrás. Decidió removerlo a él y sus suplentes de la comisión.
El 26 de diciembre, se conformó a las apuradas una nueva comisión que emitió otro dictamen otorgando el negocio a CTS. Para lograr las firmas necesarias, Bergman autorizó a Julián Rousselot, jefe de Informática del Ministerio, a sustituir al técnico especializado en buses eléctricos.
Tres semanas más tarde, Bergman ascendió a Rousellot a subsecretario de Coordinación Administrativa, el área encargada de la revisión legal de las licitaciones públicas. Rousselot es ingeniero en informática e hijo del denunciado ex intendente de Morón Juan Carlos Rousselot.
¿Cómo hizo Rousselot, un ingeniero informático, para evaluar en tan sólo cuatro días un expediente de 10 mil fojas sobre un tema que no es de su expertise? Una funcionaria cercana a Bergman dijo a este medio: “Como es ingeniero pudo evaluarlo rápidamente”.
El 6 de enero, Vía Bariloche presentó una carta a Marcos Peña denunciando supuestas irregularidades en la licitación. “La Comisión Evaluadora recomienda adjudicar la compra y el servicio técnico por 5 años a la empresa CTS, la cual no registra actividad económica alguna desde su creación, no posee empleados ni instalaciones, y cuyo patrimonio neto asciende a $ 20 mil”, sostuvo.
Vía Bariloche y Newsan impugnaron la decisión de entregar el negocio a CTS, pero Vía Bariloche irá por más y presentará una denuncia ante la Justicia, según informó la firma.
Bergman contraatacará a Vía Bariloche denunciando esta semana al técnico Orbaiz, por supuestamente intentar favorecer a esa empresa en la licitación. Los abogados del ministerio acusarán a Orbaiz de “tergiversar informes oficiales para favorecer a Vía Bariloche”.
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Ruralistas de Córdoba insisten con menos bosques
“Se puede cuidar a los bosques a través de la producción”
Fecha de Publicación: 29/01/2017
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Córdoba
El presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), Gabriel De Raedemaeker, aseguró que, en el marco del debate por la nueva Ley de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo, “estamos todos bregando por lo mismo: proteger lo que queda de bosque nativo”.
De Raedemaeker fue quien abrió la conferencia de prensa convocada por las asociaciones que integran la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias y en la que el ruralismo intentó despegarse de las acusaciones que emanan desde la opinión pública sobre que el agro es el principal interesado en que se “destruyan” los bosques para poder realizar actividades agropecuarias.
Para el titular de Cartez, lejos de eso, “nosotros también somos ambientalistas, pero creemos que al ambiente se lo puede cuidar también a través de la producción. Bregamos todos por lo mismo: proteger lo que queda de bosque nativo, evitar que se siga depredando”.
Propuesta técnica
De Raedemaeker estuvo acompañado por su vice, Luis Magliano; el presidente del consejo provincial de Coninagro, Marco Giraudo; el vicepresidente 2° de Federación Agraria, Agustín Pizzichini; y el director en Córdoba de la Sociedad Rural Argentina, Mariano Andrade.
Además, participaron asesores técnicos de estas entidades: Carlos Arnold, Pablo Lozano, Marcelo Romero, Horacio Valdez y Guillermo Laguinge.
Arnold fue el encargado de presentar la propuesta técnica que la Mesa de Enlace llevó a la Mesa de Diálogo que integraron también funcionarios provinciales, organizaciones ambientalistas, universidades y entidades como el Inta; y que también fue elevada a la Legislatura.
Entre otros aspectos, Arnold subrayó que las intervenciones que plantea el sector agropecuario no son en los sectores de monte que actualmente se encuentran en buen estado, sino en aquellas totalmente degradadas, con arbustos muertos y sin pasturas.
“Nosotros pensamos que esas zonas no van a volver a ser productivas ni a prestar servicios ecosistémicos a mediano plazo. El Foro Ambiental plantea una clausura para que se regeneren pero no dicen en qué plazo: pueden ser 200 a 400 años, no se sabe. Pero allí hoy no se puede hacer ganadería y son zonas que tampoco están prestando servicios ambientales, porque al tener suelos desnudos no infiltran agua”, subrayó el técnico.
Pasturas
La propuesta del sector es implantar pasturas en esas áreas degradadas, de manera de recuperar tanto la capacidad productiva de los suelos como su potencial de absorción hídrica. “La clausura sin un manejo no es una buena estrategia. Está demostrado que el pastoreo, bien manejado y respetando el descanso que necesitan las pasturas, mejora el desarrollo de las mismas; sin pastoreo, no echan raíces y sólo crecen hacia arriba, transformándose en material inflamable. La producción puede ser parte de la solución al problema ambiental”, ratificó.
En tanto, subrayó que la implantación de especies exóticas no es un capricho si no que no hay otra alternativa: “No existen las pasturas naturales comerciales: para remediar los ambientes, se necesitan sí o sí exóticas”.
Para Arnold, “nadie discute los servicios ecosistémicos que brinda un bosque pero no hay que olvidar el aspecto cultural: hay gente que produce desde hace años en esas zonas”.
Contexto
El debate en torno a la ley de bosques se debe a que la Ley Nacional 26.331 que regula el ordenamiento territorial de los montes nativos, obliga a las provincias a actualizar el mapa cada cinco años.
Para Córdoba, ese plazo venció en 2015. Durante 2016, la Secretaría de Ambiente de la Provincia formó una mesa de diálogo con el objetivo de actualizar y mejorar esa herramienta ya que la que incorpora la actual ley de bosques 9.814 es deficiente.
Sin embargo, a fines de 2016, legisladores de Unión por Córdoba y la Unión Cívica Radical presentaron un proyecto de ley para cambiar no sólo el mapa sino también la ley. Esa decisión encendió la polémica. El argumento es que la actual normativa no protegía los bosques y dificultaba el desarrollo productivo del norte y noroeste cordobés.
El proyecto de ley realiza algunos cambios a la norma actual. Por ejemplo, fija como autoridad de aplicación al Ministerio de Ciencia de la Provincia. El mapa debe categorizar a los bosques nativos según el grado de conservación y las actividades productivas permitidas.
Las entidades rurales piden que se reduzcan las áreas pintadas como bosque nativo que figuran en el mapa actual y que se permita realizar ganadería en un sistema silvopastoril en un sector más amplio que el actual. Ecólogos, ambientalistas y el movimiento campesino reclaman que se conserven las hectáreas actualmente protegidas.
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Fecha de Publicación: 29/01/2017
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Córdoba
El presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), Gabriel De Raedemaeker, aseguró que, en el marco del debate por la nueva Ley de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo, “estamos todos bregando por lo mismo: proteger lo que queda de bosque nativo”.
De Raedemaeker fue quien abrió la conferencia de prensa convocada por las asociaciones que integran la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias y en la que el ruralismo intentó despegarse de las acusaciones que emanan desde la opinión pública sobre que el agro es el principal interesado en que se “destruyan” los bosques para poder realizar actividades agropecuarias.
Para el titular de Cartez, lejos de eso, “nosotros también somos ambientalistas, pero creemos que al ambiente se lo puede cuidar también a través de la producción. Bregamos todos por lo mismo: proteger lo que queda de bosque nativo, evitar que se siga depredando”.
Propuesta técnica
De Raedemaeker estuvo acompañado por su vice, Luis Magliano; el presidente del consejo provincial de Coninagro, Marco Giraudo; el vicepresidente 2° de Federación Agraria, Agustín Pizzichini; y el director en Córdoba de la Sociedad Rural Argentina, Mariano Andrade.
Además, participaron asesores técnicos de estas entidades: Carlos Arnold, Pablo Lozano, Marcelo Romero, Horacio Valdez y Guillermo Laguinge.
Arnold fue el encargado de presentar la propuesta técnica que la Mesa de Enlace llevó a la Mesa de Diálogo que integraron también funcionarios provinciales, organizaciones ambientalistas, universidades y entidades como el Inta; y que también fue elevada a la Legislatura.
Entre otros aspectos, Arnold subrayó que las intervenciones que plantea el sector agropecuario no son en los sectores de monte que actualmente se encuentran en buen estado, sino en aquellas totalmente degradadas, con arbustos muertos y sin pasturas.
“Nosotros pensamos que esas zonas no van a volver a ser productivas ni a prestar servicios ecosistémicos a mediano plazo. El Foro Ambiental plantea una clausura para que se regeneren pero no dicen en qué plazo: pueden ser 200 a 400 años, no se sabe. Pero allí hoy no se puede hacer ganadería y son zonas que tampoco están prestando servicios ambientales, porque al tener suelos desnudos no infiltran agua”, subrayó el técnico.
Pasturas
La propuesta del sector es implantar pasturas en esas áreas degradadas, de manera de recuperar tanto la capacidad productiva de los suelos como su potencial de absorción hídrica. “La clausura sin un manejo no es una buena estrategia. Está demostrado que el pastoreo, bien manejado y respetando el descanso que necesitan las pasturas, mejora el desarrollo de las mismas; sin pastoreo, no echan raíces y sólo crecen hacia arriba, transformándose en material inflamable. La producción puede ser parte de la solución al problema ambiental”, ratificó.
En tanto, subrayó que la implantación de especies exóticas no es un capricho si no que no hay otra alternativa: “No existen las pasturas naturales comerciales: para remediar los ambientes, se necesitan sí o sí exóticas”.
Para Arnold, “nadie discute los servicios ecosistémicos que brinda un bosque pero no hay que olvidar el aspecto cultural: hay gente que produce desde hace años en esas zonas”.
Contexto
El debate en torno a la ley de bosques se debe a que la Ley Nacional 26.331 que regula el ordenamiento territorial de los montes nativos, obliga a las provincias a actualizar el mapa cada cinco años.
Para Córdoba, ese plazo venció en 2015. Durante 2016, la Secretaría de Ambiente de la Provincia formó una mesa de diálogo con el objetivo de actualizar y mejorar esa herramienta ya que la que incorpora la actual ley de bosques 9.814 es deficiente.
Sin embargo, a fines de 2016, legisladores de Unión por Córdoba y la Unión Cívica Radical presentaron un proyecto de ley para cambiar no sólo el mapa sino también la ley. Esa decisión encendió la polémica. El argumento es que la actual normativa no protegía los bosques y dificultaba el desarrollo productivo del norte y noroeste cordobés.
El proyecto de ley realiza algunos cambios a la norma actual. Por ejemplo, fija como autoridad de aplicación al Ministerio de Ciencia de la Provincia. El mapa debe categorizar a los bosques nativos según el grado de conservación y las actividades productivas permitidas.
Las entidades rurales piden que se reduzcan las áreas pintadas como bosque nativo que figuran en el mapa actual y que se permita realizar ganadería en un sistema silvopastoril en un sector más amplio que el actual. Ecólogos, ambientalistas y el movimiento campesino reclaman que se conserven las hectáreas actualmente protegidas.
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Otra 'mesa de trabajo' sobre el Riachuelo
Esta conformada 'mesa de trabajo' sobre la Cuenca Matanza - Riachuelo
Fecha de Publicación: 29/01/2017
Fuente: bainforma.com.ar
Provincia/Región: Riachuelo
El diputado nacional por la UCR en Cambiemos, Alejandro Echegaray y el auditor de la AGN Jesús Rodríguez, se reunieron con concejales y dirigentes radicales de la primera y tercera sección de la provincia de Buenos Aires con el objetivo de establecer un plan de acción sobre la cuenca Matanza-Riachuelo.
Durante la reunión se abordaron los informes que la Auditoría General de la Nación elaboró sobre las tareas desarrolladas por la ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo) por el período 2012-2015.
En estos informes se da cuenta que esta entidad, dedicada a la ejecución del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca del Río Matanza-Riachuelo, no cumplió con los objetivos en cuanto a lograr la sustentabilidad ambiental, no realizó el plan de ordenamiento territorial solicitado, y presentaba inconsistencias sobre la información de las soluciones habitacionales realizadas, declarando que existían 3007 familias reubicadas, cuando el informe de la AGN da cuenta de 2759; y sobre las partidas presupuestarias ejecutadas.
En este contexto, el diputado Alejandro Echegaray destacó: "Existe un problema de acceso a la información del plan de acción de ACUMAR y sus resultados", y agregó: "Ésta es la primera de varias reuniones que realizaremos con concejales radicales de distritos que están sobre la cuenca Matanza-Riachuelo, con el objetivo de realizar acciones que aceleren los resultados de saneamiento del ambiente y mejora de calidad de vida de las familias que viven en las cercanías del río".
"El saneamiento del Riachuelo fue ordenado por un fallo judicial de 2008, pero más allá de eso, lo fundamental es que hay familias que están viviendo en un ambiente contaminado, y eso debe revertirse cuanto antes. Por eso vamos a hacer todo lo que esté al alcance de nuestra mano como legisladores para alcanzar los objetivos de saneamiento", subrayó Echegaray.
Participaron de la reunión concejales de los distritos de Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, General Las Heras, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo y San Vicente.
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Fecha de Publicación: 29/01/2017
Fuente: bainforma.com.ar
Provincia/Región: Riachuelo
El diputado nacional por la UCR en Cambiemos, Alejandro Echegaray y el auditor de la AGN Jesús Rodríguez, se reunieron con concejales y dirigentes radicales de la primera y tercera sección de la provincia de Buenos Aires con el objetivo de establecer un plan de acción sobre la cuenca Matanza-Riachuelo.
Durante la reunión se abordaron los informes que la Auditoría General de la Nación elaboró sobre las tareas desarrolladas por la ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo) por el período 2012-2015.
En estos informes se da cuenta que esta entidad, dedicada a la ejecución del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca del Río Matanza-Riachuelo, no cumplió con los objetivos en cuanto a lograr la sustentabilidad ambiental, no realizó el plan de ordenamiento territorial solicitado, y presentaba inconsistencias sobre la información de las soluciones habitacionales realizadas, declarando que existían 3007 familias reubicadas, cuando el informe de la AGN da cuenta de 2759; y sobre las partidas presupuestarias ejecutadas.
En este contexto, el diputado Alejandro Echegaray destacó: "Existe un problema de acceso a la información del plan de acción de ACUMAR y sus resultados", y agregó: "Ésta es la primera de varias reuniones que realizaremos con concejales radicales de distritos que están sobre la cuenca Matanza-Riachuelo, con el objetivo de realizar acciones que aceleren los resultados de saneamiento del ambiente y mejora de calidad de vida de las familias que viven en las cercanías del río".
"El saneamiento del Riachuelo fue ordenado por un fallo judicial de 2008, pero más allá de eso, lo fundamental es que hay familias que están viviendo en un ambiente contaminado, y eso debe revertirse cuanto antes. Por eso vamos a hacer todo lo que esté al alcance de nuestra mano como legisladores para alcanzar los objetivos de saneamiento", subrayó Echegaray.
Participaron de la reunión concejales de los distritos de Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, General Las Heras, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo y San Vicente.
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Bergman también se pone un ocho
Sergio Bergman: 'Como Macri, me pongo un ocho'
Fecha de Publicación: 25/01/2017
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Medio Ambiente calificó su gestión luego de las críticas por su accionar en medio de los incendios de La Pampa.
Sergio Bergman, ministro de Medio Ambiente, autocalificó su gestión, al igual que el presidente Mauricio Macri hizo con la suya, luego de las críticas que recibió debido a su accionar durante los grandes incendios en La Pampa y otras provincias.
En medio de una entrevista, el ministro sostuvo: “Me pongo 8 en línea con el Presidente”. Además, apuntó hacia la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner. “No hace falta que yo tenga que confrontar con la expresidente, que ha demostrado de haber inaugurado lo que no existió, de haber prometido lo que no cumplió”, comentó.
El funcionario luego aseguró: “Nosotros mismos propiciamos una nueva licitación, no sé a qué se refiere, utiliza bad information para volver a posicionarse”.
En diálogo con la Once Diez, el Ministro cargó contra el gobernador de La Pampa, Carlos Verna, al decir que son las provincias quienes deben combatir los incendios.
“En el caso de La Pampa va a haber rendición de cuentas. La jurisdicción de la provincia es la soberana y autónoma de todo recurso natural”, explicó.
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Fecha de Publicación: 25/01/2017
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Medio Ambiente calificó su gestión luego de las críticas por su accionar en medio de los incendios de La Pampa.
Sergio Bergman, ministro de Medio Ambiente, autocalificó su gestión, al igual que el presidente Mauricio Macri hizo con la suya, luego de las críticas que recibió debido a su accionar durante los grandes incendios en La Pampa y otras provincias.
En medio de una entrevista, el ministro sostuvo: “Me pongo 8 en línea con el Presidente”. Además, apuntó hacia la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner. “No hace falta que yo tenga que confrontar con la expresidente, que ha demostrado de haber inaugurado lo que no existió, de haber prometido lo que no cumplió”, comentó.
El funcionario luego aseguró: “Nosotros mismos propiciamos una nueva licitación, no sé a qué se refiere, utiliza bad information para volver a posicionarse”.
En diálogo con la Once Diez, el Ministro cargó contra el gobernador de La Pampa, Carlos Verna, al decir que son las provincias quienes deben combatir los incendios.
“En el caso de La Pampa va a haber rendición de cuentas. La jurisdicción de la provincia es la soberana y autónoma de todo recurso natural”, explicó.
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Minería: quita de retenciones y 4.868 trabajos perdidos
Pese a la quita de retenciones, ya se produjeron 220 despidos en la minería
Fecha de Publicación: 23/01/2017
Fuente: El Destape
Provincia/Región: Nacional
Hace un año, el presidente Mauricio Macri aseguraba que "quitarle las retenciones a la minería genera empleo".
Hay otros 220 despidos anunciados por la empresa china MCC Minera Sierra Grande, en Rio Negro. Sucede tras la frase de febrero de 2016, cuando el presidente Mauricio Macri eliminó las retenciones a la minería y lo justificó al afirmar que esa decisión generaría empleo.
Según los datos del SIPA, que difunde el Ministerio de Trabajo, en los primeros 10 meses del gobierno de Macri, es decir hasta septiembre de 2016, en la minería se destruyeron 4.868 puestos de trabajo.
MCC anunció su plan de desvinculaciones la semana pasada durante una reunión con el sindicato AOMA en el marco de una audiencia realizada en la cartera que encabeza Jorge Triaca, en la que confirmó que echará a 220 de sus 260 empleados.
Arcos explicó que la empresa no cerrará sus puertas, pero que quedará sólo con 40 trabajadores para realizar el mantenimiento de la firma en el primer semestre, ya que en la audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo, MCC solicitó un procedimiento preventivo de crisis y anticipó que paralizará la producción, despedirá a 220 trabajadores.
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Fecha de Publicación: 23/01/2017
Fuente: El Destape
Provincia/Región: Nacional
Hace un año, el presidente Mauricio Macri aseguraba que "quitarle las retenciones a la minería genera empleo".
Hay otros 220 despidos anunciados por la empresa china MCC Minera Sierra Grande, en Rio Negro. Sucede tras la frase de febrero de 2016, cuando el presidente Mauricio Macri eliminó las retenciones a la minería y lo justificó al afirmar que esa decisión generaría empleo.
Según los datos del SIPA, que difunde el Ministerio de Trabajo, en los primeros 10 meses del gobierno de Macri, es decir hasta septiembre de 2016, en la minería se destruyeron 4.868 puestos de trabajo.
MCC anunció su plan de desvinculaciones la semana pasada durante una reunión con el sindicato AOMA en el marco de una audiencia realizada en la cartera que encabeza Jorge Triaca, en la que confirmó que echará a 220 de sus 260 empleados.
Arcos explicó que la empresa no cerrará sus puertas, pero que quedará sólo con 40 trabajadores para realizar el mantenimiento de la firma en el primer semestre, ya que en la audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo, MCC solicitó un procedimiento preventivo de crisis y anticipó que paralizará la producción, despedirá a 220 trabajadores.
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Salta, lider en desmontar áreas protegidas
Según Greenpeace, Salta es la provincia que más desmontes de áreas protegidas realizó
Fecha de Publicación: 22/01/2017
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
Un informe del grupo ambientalista sostiene que en Salta se deforestaron 24.130 hectáreas, de las cuales 1618 hectáreas eran bosques protegidos en donde no se puede modificar nada.
El grupo ambientalista Greenpeace elaboró un informe en el que sostiene que Salta es la provincia del NOA en donde más desmontes se realizan en zonas protegidas por la Ley de Bosques. De acuerdo al trabajo, en Salta se desmontaron 24.130 hectáreas, de las cuales poco más de 1618 eran bosques protegidos en donde no puede mnodificar nada del suelo.
Si bien la provincia no es en donde más hectáreas de bosques se deforestó en total, sí es en donde más hectáreas protegidas se desmontó. De acuerdo al plan de Ordenamiento Territorial de las Áreas Boscosas de la provincia, existen zonas de alto valor de conservación que no deben transformarse, es decir, que no deben ser deforestadas.
De acuerdo al relevamiento que Greenpeace realiza todos los años, la provincia que más deforestó es Santiago del Estero con 32.691 hectáreas, de las cuales 22.441 hectáreas eran bosques protegidos. En Formosa se deforestaron 28.269 hectáreas, de las cuales 562 hectáreas eran bosques protegidos. En Chaco se desmontaron 27.162 hectáreas, de las cuales 13.749 hectáreas eran bosques protegidos. Esta sumatoria de hectáreas es entre las zonas rojas y zonas amarillas, que se encuentran protegidas.
Desde Greenpeace, sostienen que la destrucción de estos bosques “tendría un impacto ambiental significativo y afectaría seriamente a muchas comunidades. Permitir el desmonte en esas zonas vulnera en forma flagrante la ley nacional vigente e ignora las demandas de la sociedad”.
Para el organismo, “resulta evidente que las multas no son suficientes para desalentar la deforestación en zonas protegidas y que, salvo unas pocas excepciones, no se reforestaron los bosques desmontados ilegalmente. Por otra parte, en muchos casos es clara la complicidad de los funcionarios en la violación de la normativa”.
Reglamentación
La Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos se reglamentó en febrero de 2009 y establece que las provincias deberán realizar el ordenamiento territorial de sus bosques nativos (OTBN) categorizando los usos posibles para las tierras boscosas: desde la conservación hasta la posibilidad de transformación para la agricultura, pasando por el uso sustentable del bosque. Así zonifica los bosques de la siguiente manera:
Categoría I (rojo): sectores de muy alto valor de conservación que no deben desmontarse ni utilizarse para la extracción de madera y que deben mantenerse como bosque para siempre. Incluye reservas naturales y sus áreas circundantes, que tengan valores biológicos sobresalientes, y sitios que protejan cuencas hídricas de importancia.
Categoría II (amarillo): sectores de alto o medio valor de conservación, que pueden estar degradados pero que si se los restaura pueden tener un valor alto de conservación. Estas áreas no pueden desmontarse, pero podrán ser sometidos al aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica.
Categoría III (verde): sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad, si es que el estudio del impacto ambiental así lo autoriza
En Salta, la norma parece no respetarse, de acuerdo al informe de Greenpeace.
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Fecha de Publicación: 22/01/2017
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
Un informe del grupo ambientalista sostiene que en Salta se deforestaron 24.130 hectáreas, de las cuales 1618 hectáreas eran bosques protegidos en donde no se puede modificar nada.
El grupo ambientalista Greenpeace elaboró un informe en el que sostiene que Salta es la provincia del NOA en donde más desmontes se realizan en zonas protegidas por la Ley de Bosques. De acuerdo al trabajo, en Salta se desmontaron 24.130 hectáreas, de las cuales poco más de 1618 eran bosques protegidos en donde no puede mnodificar nada del suelo.
Si bien la provincia no es en donde más hectáreas de bosques se deforestó en total, sí es en donde más hectáreas protegidas se desmontó. De acuerdo al plan de Ordenamiento Territorial de las Áreas Boscosas de la provincia, existen zonas de alto valor de conservación que no deben transformarse, es decir, que no deben ser deforestadas.
De acuerdo al relevamiento que Greenpeace realiza todos los años, la provincia que más deforestó es Santiago del Estero con 32.691 hectáreas, de las cuales 22.441 hectáreas eran bosques protegidos. En Formosa se deforestaron 28.269 hectáreas, de las cuales 562 hectáreas eran bosques protegidos. En Chaco se desmontaron 27.162 hectáreas, de las cuales 13.749 hectáreas eran bosques protegidos. Esta sumatoria de hectáreas es entre las zonas rojas y zonas amarillas, que se encuentran protegidas.
Desde Greenpeace, sostienen que la destrucción de estos bosques “tendría un impacto ambiental significativo y afectaría seriamente a muchas comunidades. Permitir el desmonte en esas zonas vulnera en forma flagrante la ley nacional vigente e ignora las demandas de la sociedad”.
Para el organismo, “resulta evidente que las multas no son suficientes para desalentar la deforestación en zonas protegidas y que, salvo unas pocas excepciones, no se reforestaron los bosques desmontados ilegalmente. Por otra parte, en muchos casos es clara la complicidad de los funcionarios en la violación de la normativa”.
Reglamentación
La Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos se reglamentó en febrero de 2009 y establece que las provincias deberán realizar el ordenamiento territorial de sus bosques nativos (OTBN) categorizando los usos posibles para las tierras boscosas: desde la conservación hasta la posibilidad de transformación para la agricultura, pasando por el uso sustentable del bosque. Así zonifica los bosques de la siguiente manera:
Categoría I (rojo): sectores de muy alto valor de conservación que no deben desmontarse ni utilizarse para la extracción de madera y que deben mantenerse como bosque para siempre. Incluye reservas naturales y sus áreas circundantes, que tengan valores biológicos sobresalientes, y sitios que protejan cuencas hídricas de importancia.
Categoría II (amarillo): sectores de alto o medio valor de conservación, que pueden estar degradados pero que si se los restaura pueden tener un valor alto de conservación. Estas áreas no pueden desmontarse, pero podrán ser sometidos al aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica.
Categoría III (verde): sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad, si es que el estudio del impacto ambiental así lo autoriza
En Salta, la norma parece no respetarse, de acuerdo al informe de Greenpeace.
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Bergman insiste que la culpa de los incendios es de La Pampa
Incendios: Bergman insiste en responsabilizar al gobernador Verna
Fecha de Publicación: 22/01/2017
Fuente: La Nueva
Provincia/Región: Nacional - La Pampa
El ministro de Medio Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, insistió en responsabilizar al gobierno pampeano de Carlos Verna por no haber realizado "trabajos preventivos que eran imprescindibles" para controlar el avance del fuego en la provincia, y apuntó también a los productores por no limpiar correctamente sus campos, lo que hubiera ayudado, dijo, a detener los incendios.
El ministro, quien en los últimos días estuvo en el centro de la tormenta por los incendios forestales que afectaron vastas zonas de La Pampa, Río Negro y el sudoeste bonaerense, volvió a rechazar la posibilidad de renunciar a su cargo.
En medio de las duras críticas que le hizo Verna por el manejo de la situación, Bergman cuestionó, a su vez, a la administración de La Pampa: "Mantener las picadas cortafuegos y los trabajos preventivos que eran imprescindibles hacer no fueron realizados", advirtió.
"La provincia de La Pampa ya, desde el mes de octubre, tenía los partes de anticipación del servicio meteorológico vinculado al sistema nacional de manejo de fuego: alta temperatura, sequedad, cantidad de material orgánico combustible que tienen los altos pastos porque durante el año sí llovió en esta zona", remarcó.
En este escenario, advirtió: "¿Qué había que hacer?: trabajar en el tema de los cortafuegos y movilizar los recursos locales; en caso de no poder hacerlo, avisar en tiempo y forma a la coordinación regional y luego a la autoridad nacional para que podamos intervenir".
Bergman, además, extendió parte de la responsabilidad a los productores rurales de la zona afectada por los incendios.
"Hablamos con los productores y ellos mismos asumían que tienen problemas entre vecinos porque un productor limpia su campo y lo tiene a raya y el vecino no lo hace; entonces él reclama y hace un acto de infracción, (pero) no se cumple con esa ley y esa responsabilidad y después cuando pasan estas cosas no hicimos las cosas en tiempo y en forma", se lamentó.
El funcionario nacional destacó: "No se trata solamente de estar persiguiendo y endosando a quien es culpable, sino que todos somos responsables en alguna medida".
Según la explicación de Defensa Civil de La Pampa, las picadas cortafuego son franjas libres de vegetación que impiden la propagación horizontal del fuego y, al mismo tiempo, permiten a los brigadistas llegar al lugar del incendio con mayor rapidez y realizar tareas de contrafuego con mayor seguridad. (NA).
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Fecha de Publicación: 22/01/2017
Fuente: La Nueva
Provincia/Región: Nacional - La Pampa
El ministro de Medio Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, insistió en responsabilizar al gobierno pampeano de Carlos Verna por no haber realizado "trabajos preventivos que eran imprescindibles" para controlar el avance del fuego en la provincia, y apuntó también a los productores por no limpiar correctamente sus campos, lo que hubiera ayudado, dijo, a detener los incendios.
El ministro, quien en los últimos días estuvo en el centro de la tormenta por los incendios forestales que afectaron vastas zonas de La Pampa, Río Negro y el sudoeste bonaerense, volvió a rechazar la posibilidad de renunciar a su cargo.
En medio de las duras críticas que le hizo Verna por el manejo de la situación, Bergman cuestionó, a su vez, a la administración de La Pampa: "Mantener las picadas cortafuegos y los trabajos preventivos que eran imprescindibles hacer no fueron realizados", advirtió.
"La provincia de La Pampa ya, desde el mes de octubre, tenía los partes de anticipación del servicio meteorológico vinculado al sistema nacional de manejo de fuego: alta temperatura, sequedad, cantidad de material orgánico combustible que tienen los altos pastos porque durante el año sí llovió en esta zona", remarcó.
En este escenario, advirtió: "¿Qué había que hacer?: trabajar en el tema de los cortafuegos y movilizar los recursos locales; en caso de no poder hacerlo, avisar en tiempo y forma a la coordinación regional y luego a la autoridad nacional para que podamos intervenir".
Bergman, además, extendió parte de la responsabilidad a los productores rurales de la zona afectada por los incendios.
"Hablamos con los productores y ellos mismos asumían que tienen problemas entre vecinos porque un productor limpia su campo y lo tiene a raya y el vecino no lo hace; entonces él reclama y hace un acto de infracción, (pero) no se cumple con esa ley y esa responsabilidad y después cuando pasan estas cosas no hicimos las cosas en tiempo y en forma", se lamentó.
El funcionario nacional destacó: "No se trata solamente de estar persiguiendo y endosando a quien es culpable, sino que todos somos responsables en alguna medida".
Según la explicación de Defensa Civil de La Pampa, las picadas cortafuego son franjas libres de vegetación que impiden la propagación horizontal del fuego y, al mismo tiempo, permiten a los brigadistas llegar al lugar del incendio con mayor rapidez y realizar tareas de contrafuego con mayor seguridad. (NA).
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Inundaciones en Santa Fe y Córdoba y un Estado ausente
Las inundaciones, otra marca del Estado voraz y ausente
Fecha de Publicación: 21/01/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Santa Fe - Córdoba
Hay antecedentes de inundaciones en las mismas zonas de por lo menos un siglo. Nunca se hicieron las obras necesarias para evitarlas.
Dos imágenes resultan impactantes. No son de ayer, tampoco tienen la realidad del color: circulan casi en tono sepia y corresponden a 1962 y a 1966. En ellas se puede ver a la población bonaerense de La Emilia y a su zona totalmente anegadas.
Eran tiempos de mucho ganado a campo, entre pasturas vigorosas. La soja transgénica y la siembra directa podrían llegar a encontrarse sólo en algún libro de ciencia ficción.
¿Qué había pasado? También se registraron precipitaciones extraordinarias, de entre 300 y 400 milímetros, en pocas horas. Es imposible que un suelo tenga capacidad para absorber tanta agua en tan poco tiempo.
En muchas de las regiones de la “Pampa Gringa” que están inundadas en la actualidad se registran antecedentes parecidos, por lo menos desde el paso del ferrocarril (cuyas vías casi nunca se cubren de agua por la eficiencia de la ingeniería inglesa) hace entre 100 y 120 años atrás.
Es cierto que en esas zonas hubo desmonte, pero fue hace un siglo y tan necesario como para transformar en viable y productivo al país.
Más allá de lluvias o de sequías, de cambio climático o de las distintas interpretaciones sobre el manejo del suelo, lo que ocurre en una de las llanuras más fértiles del mundo es otra cosa.
Por décadas al campo se lo utilizó para generar recursos, sin nada a cambio. Si a la industria se la alimentó históricamente con beneficios impositivos y parques con la infraestructura necesaria para operar, entre otros aspectos, al sector agrícola argentino directamente se lo expolió.
De haberse creado en la Argentina un sistema de canales para evitar desbordes en situaciones excepcionales, el impacto sería menor.
Y no hacía falta destinar cuantiosas partidas presupuestarias, los recursos estuvieron y están en el mismo campo. De hecho, lo poco que se hace es a través de los consorcios canaleros, a cuenta de los productores.
Si bien el problema viene de larga data, lo ocurrido entre 2003 y 2015 fue directamente un saqueo al sector. Lo facilitó el hecho de que las materias primas lograron el mejor precio internacional de la historia.
Según la estadística elaborada por el economista Félix Piacentini, entre 2003 y 2014 las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires aportaron sólo en retenciones unos 80 mil millones de dólares. Córdoba aportó casi 24 mil millones de dólares en ese lapso. Buenos Aires aportó 30 mil millones de dólares y Santa Fe, 18 mil millones.
Pero, claro, es sólo en concepto de retenciones. El sector aportó además otros impuestos, tanto de jurisdicción nacional como provincial, por otros cientos de millones de dólares.
En ese lapso, sólo el dragado del Canal San Antonio, que baja de San Francisco hacia Cruz Alta, hubiera permitido que en este momento no se anegara gran parte de la zona tambera y agrícola del oeste santafesino y del este cordobés. Unas 100 mil hectáreas por cada provincia.
Recién ahora se anuncia que en febrero se licitaría una obra de dragado de ese canal de casi 200 kilómetros, construido en 1930, y que despertó insólitas disputas entre las distintas jurisdicciones. Es sólo un ejemplo, entre tantos.
También el Gobierno nacional actual se durmió o subestimó la situación. Es el mismo Estado que facilitó los canales clandestinos en un “sálvese quien pueda”.
Está claro que para que el campo siga pariendo las divisas que recogerán las distintas cajas, es tiempo de que le presten un poco de atención.
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Fecha de Publicación: 21/01/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Santa Fe - Córdoba
Hay antecedentes de inundaciones en las mismas zonas de por lo menos un siglo. Nunca se hicieron las obras necesarias para evitarlas.
Dos imágenes resultan impactantes. No son de ayer, tampoco tienen la realidad del color: circulan casi en tono sepia y corresponden a 1962 y a 1966. En ellas se puede ver a la población bonaerense de La Emilia y a su zona totalmente anegadas.
Eran tiempos de mucho ganado a campo, entre pasturas vigorosas. La soja transgénica y la siembra directa podrían llegar a encontrarse sólo en algún libro de ciencia ficción.
¿Qué había pasado? También se registraron precipitaciones extraordinarias, de entre 300 y 400 milímetros, en pocas horas. Es imposible que un suelo tenga capacidad para absorber tanta agua en tan poco tiempo.
En muchas de las regiones de la “Pampa Gringa” que están inundadas en la actualidad se registran antecedentes parecidos, por lo menos desde el paso del ferrocarril (cuyas vías casi nunca se cubren de agua por la eficiencia de la ingeniería inglesa) hace entre 100 y 120 años atrás.
Es cierto que en esas zonas hubo desmonte, pero fue hace un siglo y tan necesario como para transformar en viable y productivo al país.
Más allá de lluvias o de sequías, de cambio climático o de las distintas interpretaciones sobre el manejo del suelo, lo que ocurre en una de las llanuras más fértiles del mundo es otra cosa.
Por décadas al campo se lo utilizó para generar recursos, sin nada a cambio. Si a la industria se la alimentó históricamente con beneficios impositivos y parques con la infraestructura necesaria para operar, entre otros aspectos, al sector agrícola argentino directamente se lo expolió.
De haberse creado en la Argentina un sistema de canales para evitar desbordes en situaciones excepcionales, el impacto sería menor.
Y no hacía falta destinar cuantiosas partidas presupuestarias, los recursos estuvieron y están en el mismo campo. De hecho, lo poco que se hace es a través de los consorcios canaleros, a cuenta de los productores.
Si bien el problema viene de larga data, lo ocurrido entre 2003 y 2015 fue directamente un saqueo al sector. Lo facilitó el hecho de que las materias primas lograron el mejor precio internacional de la historia.
Según la estadística elaborada por el economista Félix Piacentini, entre 2003 y 2014 las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires aportaron sólo en retenciones unos 80 mil millones de dólares. Córdoba aportó casi 24 mil millones de dólares en ese lapso. Buenos Aires aportó 30 mil millones de dólares y Santa Fe, 18 mil millones.
Pero, claro, es sólo en concepto de retenciones. El sector aportó además otros impuestos, tanto de jurisdicción nacional como provincial, por otros cientos de millones de dólares.
En ese lapso, sólo el dragado del Canal San Antonio, que baja de San Francisco hacia Cruz Alta, hubiera permitido que en este momento no se anegara gran parte de la zona tambera y agrícola del oeste santafesino y del este cordobés. Unas 100 mil hectáreas por cada provincia.
Recién ahora se anuncia que en febrero se licitaría una obra de dragado de ese canal de casi 200 kilómetros, construido en 1930, y que despertó insólitas disputas entre las distintas jurisdicciones. Es sólo un ejemplo, entre tantos.
También el Gobierno nacional actual se durmió o subestimó la situación. Es el mismo Estado que facilitó los canales clandestinos en un “sálvese quien pueda”.
Está claro que para que el campo siga pariendo las divisas que recogerán las distintas cajas, es tiempo de que le presten un poco de atención.
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La política socio-ambiental ha sido y es subestimada
Inundaciones, sequías, incendios
Fecha de Publicación: 19/01/2017
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Por Maristella Svampa y Enrique Viale
¿Por qué la política socio-ambiental ha sido y es subestimada sistemáticamente por todos los gobiernos? ¿Es que los gobernantes de turno, más allá del color ideológico, no toman en cuenta las nefastas consecuencias que tiene la ausencia de una auténtica política socio-ambiental, incluso en su relación con los costos económicos? ¿Creerán que es una mera cuestión de cosmética, de sólo un par de slogans efectistas tras un discurso de marketing?
Se impone que la Argentina ponga en su verdadero lugar la problemática ecológica. Que ésta no sea pensada como “un aspecto” o “una dimensión más”, sino a partir de una perspectiva integral. Ni siquiera se trata de cambiar de Ministro de Ambiente y de reemplazarlo por uno más idóneo. En realidad, deben debatirse las consecuencias, ya inocultables, del modelo productivo/extractivista consolidado en nuestro país. Cualquier política ambiental que quiera llevarse a cabo sin debatir las múltiples implicancias del modelo de desarrollo hoy vigentes, será un parche, un recorte parcial, incluso un “ambientalismo superficial” (como dice laEnciclica Laudato Si), másque a una propuesta de discusión integral sobre sus consecuencias socio-ambientales, socio-sanitarias, económicas, culturales y políticas.
Las causas de la emergencia socio-ambiental que hoy golpean a la Argentina son de carácter complejo y pluridimensional, pero está lejos de aparecer como una “tragedia inevitable”. Existen dos factores mayores, íntimamente ligados, que explican la magnitud de estos eventos: uno es de carácter global, el Cambio climático, que profundiza y multiplica los fenómenos climáticos extremos; otra es de carácter nacional, vinculada a la expansión de un modelo de (mal) desarrollo, incompatible con los ciclos de la Naturaleza.
El cambio climático no es una excusa y mucho menos una abstracción. En realidad, es lo menos “natural” que existe, pues es de origen antrópico y nos recuerda que en la era delAntropoceno,el ser humano se ha convertido en una fuerza geológica de alcance global. Dicho carácter global no diluye ni tampoco atenúa la responsabilidad de los funcionarios y políticos, sino todo lo contrario, la acentúa y la pone en valor, a la hora de tomar decisiones acerca de las políticas públicas territoriales o de gestar programas de control y prevención ante los impactos que éstas políticas han generado. Dicho de otro modo: los incendios, inundaciones, sequías y demás eventos extremos no son parte de una“profecía apocalíptica”,sino de un fenómeno extendido en el planeta, que las políticas de gobierno potencian a través de medidas en favor del agronegocio, la megaminería, la fractura hidráulica (fracking) y los megaemprendimientos inmobiliarios, entre otros.Más allá de sus diferencias internas, dichos modelos presentan una lógica común; gran escala, ocupación intensiva del territorio, amplificación de impactos ambientales y socio-sanitarios, preeminencia de grandes actores corporativos y democracia de baja intensidad. Ahora bien,¿qué país puede estar preparado para el Cambio Climático, o generarverdaderas estrategias de adaptación, si cuenta con políticas públicas que promueven ciegamente la deforestación, la destrucción de humedales, el incremento de la producción de combustibles fósiles, entre otros?
El corazón del modelo sojerototalmente inundado no es sólo consecuencia de altas precipitaciones, sino de un suelo que ya no absorbe los excesos hídricos, producto de un capitalismo agrario que necesita arrasar con bosques nativos y humedales en su avance por los territorios. Un modelo que es necesario replantear, porquesi bien trae riqueza para un sector de la población argentina, genera enormes impactos negativos que paga el resto de la sociedad y la naturaleza. ¿Acaso no cuentan ni siquiera los costos económicos que generan los daños producidos por las inundaciones y los incendios? ¿O los costos en salud, cuando no de vidas humanas?
Lamentablemente, gran parte de la clase política no puede -ni quiere- relacionar las causas de las inundaciones y de los voraces incendios con el modelo de desarrollo y los desastres ecológicos que éste genera. Es hora de hacerlo, no hay más excusas.
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Fecha de Publicación: 19/01/2017
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Por Maristella Svampa y Enrique Viale
¿Por qué la política socio-ambiental ha sido y es subestimada sistemáticamente por todos los gobiernos? ¿Es que los gobernantes de turno, más allá del color ideológico, no toman en cuenta las nefastas consecuencias que tiene la ausencia de una auténtica política socio-ambiental, incluso en su relación con los costos económicos? ¿Creerán que es una mera cuestión de cosmética, de sólo un par de slogans efectistas tras un discurso de marketing?
Se impone que la Argentina ponga en su verdadero lugar la problemática ecológica. Que ésta no sea pensada como “un aspecto” o “una dimensión más”, sino a partir de una perspectiva integral. Ni siquiera se trata de cambiar de Ministro de Ambiente y de reemplazarlo por uno más idóneo. En realidad, deben debatirse las consecuencias, ya inocultables, del modelo productivo/extractivista consolidado en nuestro país. Cualquier política ambiental que quiera llevarse a cabo sin debatir las múltiples implicancias del modelo de desarrollo hoy vigentes, será un parche, un recorte parcial, incluso un “ambientalismo superficial” (como dice laEnciclica Laudato Si), másque a una propuesta de discusión integral sobre sus consecuencias socio-ambientales, socio-sanitarias, económicas, culturales y políticas.
Las causas de la emergencia socio-ambiental que hoy golpean a la Argentina son de carácter complejo y pluridimensional, pero está lejos de aparecer como una “tragedia inevitable”. Existen dos factores mayores, íntimamente ligados, que explican la magnitud de estos eventos: uno es de carácter global, el Cambio climático, que profundiza y multiplica los fenómenos climáticos extremos; otra es de carácter nacional, vinculada a la expansión de un modelo de (mal) desarrollo, incompatible con los ciclos de la Naturaleza.
El cambio climático no es una excusa y mucho menos una abstracción. En realidad, es lo menos “natural” que existe, pues es de origen antrópico y nos recuerda que en la era delAntropoceno,el ser humano se ha convertido en una fuerza geológica de alcance global. Dicho carácter global no diluye ni tampoco atenúa la responsabilidad de los funcionarios y políticos, sino todo lo contrario, la acentúa y la pone en valor, a la hora de tomar decisiones acerca de las políticas públicas territoriales o de gestar programas de control y prevención ante los impactos que éstas políticas han generado. Dicho de otro modo: los incendios, inundaciones, sequías y demás eventos extremos no son parte de una“profecía apocalíptica”,sino de un fenómeno extendido en el planeta, que las políticas de gobierno potencian a través de medidas en favor del agronegocio, la megaminería, la fractura hidráulica (fracking) y los megaemprendimientos inmobiliarios, entre otros.Más allá de sus diferencias internas, dichos modelos presentan una lógica común; gran escala, ocupación intensiva del territorio, amplificación de impactos ambientales y socio-sanitarios, preeminencia de grandes actores corporativos y democracia de baja intensidad. Ahora bien,¿qué país puede estar preparado para el Cambio Climático, o generarverdaderas estrategias de adaptación, si cuenta con políticas públicas que promueven ciegamente la deforestación, la destrucción de humedales, el incremento de la producción de combustibles fósiles, entre otros?
El corazón del modelo sojerototalmente inundado no es sólo consecuencia de altas precipitaciones, sino de un suelo que ya no absorbe los excesos hídricos, producto de un capitalismo agrario que necesita arrasar con bosques nativos y humedales en su avance por los territorios. Un modelo que es necesario replantear, porquesi bien trae riqueza para un sector de la población argentina, genera enormes impactos negativos que paga el resto de la sociedad y la naturaleza. ¿Acaso no cuentan ni siquiera los costos económicos que generan los daños producidos por las inundaciones y los incendios? ¿O los costos en salud, cuando no de vidas humanas?
Lamentablemente, gran parte de la clase política no puede -ni quiere- relacionar las causas de las inundaciones y de los voraces incendios con el modelo de desarrollo y los desastres ecológicos que éste genera. Es hora de hacerlo, no hay más excusas.
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Riachuelo y la obsolescencia de ACUMAR
Cuenca Matanza Riachuelo: Obsolescencia de ACUMAR inducida desde el poder
Fecha de Publicación: 19/01/2017
Fuente: Diario NCO
Provincia/Región: Riachuelo
Cuenca Matanza Riachuelo. La ACUMAR, Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo creada por la ley 26186, en 2008 recibió de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el mandato de recomponer la cuenca.
Casi una década más tarde no ha sabido hacerlo y hoy presenta una lamentable situación de confusión e inoperancia, que evidencia obsolescencia inducida desde el poder.
Por Raúl A. Estrada Oyuela, 16/1/2017
Presidente de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente
Miembro Honorario de Asociación de Vecinos La Boca
La Asociación de Vecinos La Boca (AVLB), que juntamente con otras cuatro organizaciones de la sociedad civil integra el Cuerpo Colegiado creado por la misma corte para vigilar la ejecución de la sentencia, reiteradamente ha manifestado su preocupación por este estado, que la semana última se hizo aun más complejo con la designación de la diputada nacional Gladys González para presidir ACUMAR. A ella no se le conocen antecedentes este tema en particular ni en la materia ambiental en general.
Conforme la ley 26186 el Ministro de Ambiente, Rabino Sergio Bergman presidía la ACUMAR, aunque no está claro que hubiera comprendido lo que ello implicaba. Parecía haber delegado esa función en los dos “presidentes ejecutivos¨ que se sucedieron en el año. El 30 de noviembre último, cuando la Corte convocó una audiencia pública, el “presidente ejecutivo” de turno no se presentó porque estaba de viaje. Casi un desacato al tribunal que, después de unas palabras de carácter general del Ministro, prefirió interrogar a los subordinados que debían conocer la materia. Pero estos no pudieron dar una explicación satisfactoria sobre la eficiencia de las inversiones realizadas por el organismo desde su creación.
Con la presidencia ejecutiva de ACUMAR vacante, el Poder Ejecutivo introdujo un nuevo factor de confusión. En el artículo 7 del Decreto de Necesidad y Urgencia 2/2017, dictado para crear los ministerios de Hacienda y de Finanzas, le sacó al Ministro de Ambiente la presidencia de ACUMAR, y estableció que ese cargo lo ejercerá un funcionario con jerarquía de Secretario designado por el PE. Ese DNU no lleva la firma del ministro despojado. Conforme el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, los DNU deben hacerse en acuerdo de ministros. Entre 2003 y 2015 hubo muchos DNU pero ninguna reunión de gabinete donde deberían producirse los acuerdos de ministrs. En la fecha del DNU 2/2017 el Presidente se encontraba en la Patagonia y varios ministros de vacaciones. El acuerdo de ministros puede haberse hecho por whats app.
El Ministro Bergman sí firmó el 11 de enero el decreto 28/2017que designa a su reemplazante, la diputada González. Por el DNU 2103/2013 el gobierno anterior también le había sacado la presidencia de ACUMAR al entonces Secretario de Ambiente. Esto fue objetado de inconstitucional por quienes representaban en ACUMAR al gobierno de la CABA, ejercido entonces por el PRO. La ley de ministerios del actual gobierno le devolvió al Ministro de Ambiente el cargo que ahora se le retira. El DNU 2/2017 no indica en que ámbito queda la ACUMAR, razón por la cual impera el artículo 1 de la ley de creación del organismo, y la diputada González estará subordinada al Rabino Bergman, al menos teóricamente.
Lo que no parece resuelto es el requisito del artículo 72 de la Constitución, que dice que “Ningún miembro del Congreso podrá recibir empleo o comisión del Poder Ejecutivo, sin previo consentimiento de la Cámara respectiva”. No hay constancia que esa autorización se haya otorgado. Algunas versiones periodísticas indican que la diputada González ha renunciado, pero sobre esto no hay certeza, no se han producido la aceptación de la renuncia ni el reemplazo de la legisladora que son los pasos que perfeccionarían esa renuncia. Entre tanto la designación podría ser objetada por nula.
El 18 de febrero de 2016, el juez federal Canicova Corral nombró a la diputada González interventora en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, cargo que desempeñó con notable repercusión pública, pero la Constitución no impone a los jueces la limitación que el art.72 establece para el Poder Ejecutivo.
Un pilar del sistema ideado por la Corte para asegurar el cumplimiento de su fallo es el Defensor del Pueblo de la Nación, pero este cargo creado por la Constitución Nacional se encuentra acéfalo desde 2009, cuando terminó el mandato de quien entonces era su titular. El congreso ha recibido exhortaciones del Poder Judicial para que designe al defensor pero puede asumirse que no existe interés político en hacerlo.
Esta situación de obsolescencia prematura perpetúa la contaminación del suelo, del aire y del agua, y consecuentemente afecta la salud y la expectativa de vida de los habitantes y los trabajadores expuestos. En mi opinión esa situación no se resuelve porque desde el poder se prefiere evitar el costo de controlarla, reducirla y suprimirla, para proteger en cambio las ganancias que derivan de aquello que la teoría económica llama externalidades negativas y en el lenguaje popular se dice “que lo pague Dios”.
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Fecha de Publicación: 19/01/2017
Fuente: Diario NCO
Provincia/Región: Riachuelo
Cuenca Matanza Riachuelo. La ACUMAR, Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo creada por la ley 26186, en 2008 recibió de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el mandato de recomponer la cuenca.
Casi una década más tarde no ha sabido hacerlo y hoy presenta una lamentable situación de confusión e inoperancia, que evidencia obsolescencia inducida desde el poder.
Por Raúl A. Estrada Oyuela, 16/1/2017
Presidente de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente
Miembro Honorario de Asociación de Vecinos La Boca
La Asociación de Vecinos La Boca (AVLB), que juntamente con otras cuatro organizaciones de la sociedad civil integra el Cuerpo Colegiado creado por la misma corte para vigilar la ejecución de la sentencia, reiteradamente ha manifestado su preocupación por este estado, que la semana última se hizo aun más complejo con la designación de la diputada nacional Gladys González para presidir ACUMAR. A ella no se le conocen antecedentes este tema en particular ni en la materia ambiental en general.
Conforme la ley 26186 el Ministro de Ambiente, Rabino Sergio Bergman presidía la ACUMAR, aunque no está claro que hubiera comprendido lo que ello implicaba. Parecía haber delegado esa función en los dos “presidentes ejecutivos¨ que se sucedieron en el año. El 30 de noviembre último, cuando la Corte convocó una audiencia pública, el “presidente ejecutivo” de turno no se presentó porque estaba de viaje. Casi un desacato al tribunal que, después de unas palabras de carácter general del Ministro, prefirió interrogar a los subordinados que debían conocer la materia. Pero estos no pudieron dar una explicación satisfactoria sobre la eficiencia de las inversiones realizadas por el organismo desde su creación.
Con la presidencia ejecutiva de ACUMAR vacante, el Poder Ejecutivo introdujo un nuevo factor de confusión. En el artículo 7 del Decreto de Necesidad y Urgencia 2/2017, dictado para crear los ministerios de Hacienda y de Finanzas, le sacó al Ministro de Ambiente la presidencia de ACUMAR, y estableció que ese cargo lo ejercerá un funcionario con jerarquía de Secretario designado por el PE. Ese DNU no lleva la firma del ministro despojado. Conforme el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, los DNU deben hacerse en acuerdo de ministros. Entre 2003 y 2015 hubo muchos DNU pero ninguna reunión de gabinete donde deberían producirse los acuerdos de ministrs. En la fecha del DNU 2/2017 el Presidente se encontraba en la Patagonia y varios ministros de vacaciones. El acuerdo de ministros puede haberse hecho por whats app.
El Ministro Bergman sí firmó el 11 de enero el decreto 28/2017que designa a su reemplazante, la diputada González. Por el DNU 2103/2013 el gobierno anterior también le había sacado la presidencia de ACUMAR al entonces Secretario de Ambiente. Esto fue objetado de inconstitucional por quienes representaban en ACUMAR al gobierno de la CABA, ejercido entonces por el PRO. La ley de ministerios del actual gobierno le devolvió al Ministro de Ambiente el cargo que ahora se le retira. El DNU 2/2017 no indica en que ámbito queda la ACUMAR, razón por la cual impera el artículo 1 de la ley de creación del organismo, y la diputada González estará subordinada al Rabino Bergman, al menos teóricamente.
Lo que no parece resuelto es el requisito del artículo 72 de la Constitución, que dice que “Ningún miembro del Congreso podrá recibir empleo o comisión del Poder Ejecutivo, sin previo consentimiento de la Cámara respectiva”. No hay constancia que esa autorización se haya otorgado. Algunas versiones periodísticas indican que la diputada González ha renunciado, pero sobre esto no hay certeza, no se han producido la aceptación de la renuncia ni el reemplazo de la legisladora que son los pasos que perfeccionarían esa renuncia. Entre tanto la designación podría ser objetada por nula.
El 18 de febrero de 2016, el juez federal Canicova Corral nombró a la diputada González interventora en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, cargo que desempeñó con notable repercusión pública, pero la Constitución no impone a los jueces la limitación que el art.72 establece para el Poder Ejecutivo.
Un pilar del sistema ideado por la Corte para asegurar el cumplimiento de su fallo es el Defensor del Pueblo de la Nación, pero este cargo creado por la Constitución Nacional se encuentra acéfalo desde 2009, cuando terminó el mandato de quien entonces era su titular. El congreso ha recibido exhortaciones del Poder Judicial para que designe al defensor pero puede asumirse que no existe interés político en hacerlo.
Esta situación de obsolescencia prematura perpetúa la contaminación del suelo, del aire y del agua, y consecuentemente afecta la salud y la expectativa de vida de los habitantes y los trabajadores expuestos. En mi opinión esa situación no se resuelve porque desde el poder se prefiere evitar el costo de controlarla, reducirla y suprimirla, para proteger en cambio las ganancias que derivan de aquello que la teoría económica llama externalidades negativas y en el lenguaje popular se dice “que lo pague Dios”.
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González también promete hacer algo por el Riachuelo
Flamante titular de ACUMAR prometió firmeza 'para evitar que se siga contaminando'
Fecha de Publicación: 17/01/2017
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Riachuelo
La flamante presidenta de la ACUMAR, Gladys González, recorrió las 240 viviendas que construye el gobierno en Esteban Echeverría para habitantes en riesgo de la cuenca. "Me han confiado este desafío complejísimo pero fascinante, que merece el compromiso de todos", aseguró rodeada de autoridades locales y provinciales.
"La Cuenca nos exige trabajo sin respiro para mejorarle la calidad de vida a la gente", reflexionó y lanzó: "Firmeza y el peso de toda la autoridad que tiene ACUMAR para evitar que se siga contaminando".
Estuvo acompañada por Ivan Kerr, Subsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Nación, Evert Van Tooren , presidente del Instituto de la Vivienda de la provincia y Miguel Saredi, representante de la PBA en el Consejo Directivo de ACUMAR.
Además, afirmó "todo ello con el consenso de las tres jurisdicciones, la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, y por supuesto de los catorce municipios, juntos asumiendo la responsabilidad de lo que debemos hacer en la Cuenca".
El jueves el Gobierno oficializó la designación Gladys Esther González como nueva presidenta de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), con rango de secretaría de Estado.
La ACUMAR es el ente interjurisdiccional de derecho público creado por la Ley Nacional 26.168 que tiene a su cargo la ejecución del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca del Río Matanza-Riachuelo.
González llega al organismo interjurisdiccional después de que en diciembre renunciara Julio Torti, el director ejecutivo que llegó a ese cargo de la mano del secretario de Obras Públicas de la Nación, Daniel Chaín.
A principios de 2016 ya había renunciado otro director ejecutivo, Amilcar López.
González había tomado protagonismo en los medios en 2016 después de ser designada como interventora del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, que era conducido por el ahora detenido Omar "Caballo" Suárez.
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Fecha de Publicación: 17/01/2017
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Riachuelo
La flamante presidenta de la ACUMAR, Gladys González, recorrió las 240 viviendas que construye el gobierno en Esteban Echeverría para habitantes en riesgo de la cuenca. "Me han confiado este desafío complejísimo pero fascinante, que merece el compromiso de todos", aseguró rodeada de autoridades locales y provinciales.
"La Cuenca nos exige trabajo sin respiro para mejorarle la calidad de vida a la gente", reflexionó y lanzó: "Firmeza y el peso de toda la autoridad que tiene ACUMAR para evitar que se siga contaminando".
Estuvo acompañada por Ivan Kerr, Subsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Nación, Evert Van Tooren , presidente del Instituto de la Vivienda de la provincia y Miguel Saredi, representante de la PBA en el Consejo Directivo de ACUMAR.
Además, afirmó "todo ello con el consenso de las tres jurisdicciones, la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, y por supuesto de los catorce municipios, juntos asumiendo la responsabilidad de lo que debemos hacer en la Cuenca".
El jueves el Gobierno oficializó la designación Gladys Esther González como nueva presidenta de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), con rango de secretaría de Estado.
La ACUMAR es el ente interjurisdiccional de derecho público creado por la Ley Nacional 26.168 que tiene a su cargo la ejecución del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca del Río Matanza-Riachuelo.
González llega al organismo interjurisdiccional después de que en diciembre renunciara Julio Torti, el director ejecutivo que llegó a ese cargo de la mano del secretario de Obras Públicas de la Nación, Daniel Chaín.
A principios de 2016 ya había renunciado otro director ejecutivo, Amilcar López.
González había tomado protagonismo en los medios en 2016 después de ser designada como interventora del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, que era conducido por el ahora detenido Omar "Caballo" Suárez.
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Bergman denunciado por la contratación de helicópteros
Denunciaron a Bergman por las contrataciones de helicópteros
Fecha de Publicación: 17/01/2017
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Nacional
Jornadas poco halagüeñas se encuentra pasando por estas horas el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman. A su incapacidad e inacción para contener los incendios que se vienen produciendo en Buenos Aires, Río Negro y La Pampa se suman ahora acusaciones en ámbitos tribunalicios, que ponen en duda su continuidad en el Gobierno.
Ayer, el mediático rabino fue acusado penalmente ante la Justicia por supuestas contrataciones irregulares de helicópteros para combatir incendios forestales y sospechas en el manejo de fondos públicos desde el área que él conduce.
La denuncia fue presentada por el abogado Santiago Dupuy de Lome, y recayó en el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que interviene en la causa junto con el fiscal Federico Delgado.
En el texto presentado ante el magistrado se establece que las acusaciones que pesan sobre Bergman son por presunta malversación de fondos públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público al contratar, supuestamente sin licitación y en forma directa, seis helicópteros para combatir incendios.
Algunas de las pruebas que pesarían en contra del ministro macrista serían la contratación, en noviembre último, de seis helicópteros de la empresa española TAF, aduciendo como motivo central para la adquisición de los mismos la época del año y el hecho de acercarse la Argentina a la temporada alta de incendios forestales. Todo esto, que se realizó sin llamado a licitación, habría sido digitado “a dedo” y efectuado a sola firma.
A esto se agrega que desde el Ministerio no se tuvieron en cuenta las presentaciones hechas por otras firmas y que la empresa española tenía el agravante de no contar con la autorización oficial para volar sobre los cielos de nuestro país a la fecha de ser contratada. Es más, dicho permiso le fue otorgado después de conseguir la compra por parte del Estado nacional.
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Fecha de Publicación: 17/01/2017
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Nacional
Jornadas poco halagüeñas se encuentra pasando por estas horas el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman. A su incapacidad e inacción para contener los incendios que se vienen produciendo en Buenos Aires, Río Negro y La Pampa se suman ahora acusaciones en ámbitos tribunalicios, que ponen en duda su continuidad en el Gobierno.
Ayer, el mediático rabino fue acusado penalmente ante la Justicia por supuestas contrataciones irregulares de helicópteros para combatir incendios forestales y sospechas en el manejo de fondos públicos desde el área que él conduce.
La denuncia fue presentada por el abogado Santiago Dupuy de Lome, y recayó en el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que interviene en la causa junto con el fiscal Federico Delgado.
En el texto presentado ante el magistrado se establece que las acusaciones que pesan sobre Bergman son por presunta malversación de fondos públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público al contratar, supuestamente sin licitación y en forma directa, seis helicópteros para combatir incendios.
Algunas de las pruebas que pesarían en contra del ministro macrista serían la contratación, en noviembre último, de seis helicópteros de la empresa española TAF, aduciendo como motivo central para la adquisición de los mismos la época del año y el hecho de acercarse la Argentina a la temporada alta de incendios forestales. Todo esto, que se realizó sin llamado a licitación, habría sido digitado “a dedo” y efectuado a sola firma.
A esto se agrega que desde el Ministerio no se tuvieron en cuenta las presentaciones hechas por otras firmas y que la empresa española tenía el agravante de no contar con la autorización oficial para volar sobre los cielos de nuestro país a la fecha de ser contratada. Es más, dicho permiso le fue otorgado después de conseguir la compra por parte del Estado nacional.
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Riachuelo: se ataca parcialmente los efectos, no causas
Cuenca Matanza Riachuelo: recomposición del 20% de los efectos, pero nada de las causas
Fecha de Publicación: 14/01/2017
Fuente: Diario NCO - Por Raúl A. Estrada Oyuela
Provincia/Región: Riachuelo
Cuenca Matanza Riachuelo. La crónica registra que la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo informó a la Corte Suprema que solo ha cumplido el 20% del fallo dictado en 2008, pero ante las preguntas del doctor Ricardo Lorenzetti pidiendo precisiones, ACUMAR no supo explicar como llegaba a ese porcentaje.
Quienes asistimos a la audiencia, por lo que vimos y oímos, sabemos que podría haber dicho 16% o 22%, daba lo mismo, no hubo detalles ni desagregación, a pesar de la insistencia del presidente de la Corte. Parecía más un pálpito que un dato. Aun peor: se refería a la recomposición de daños causados por la contaminación, porque nada se ha hecho con respecto a las causas de la contaminación rampante.
El hacinamiento en asentamientos insalubres, por ejemplo, que se procura solucionar con planes de viviendas que no se cumplen, es consecuencia de la pobreza y la falta de trabajo que lleva a quienes las sufren a vivir en los lugares que, por contaminados, son eludidos por quienes tienen mejores recursos. Esta bien ofrecer viviendas, pero si no se resuelven la contaminación y la pobreza, el asentamiento resurgirá.
La audiencia comenzó con una crítica exposición de las ONGs designadas por la Corte para observar el cumplimiento del fallo que manifestaron su insatisfacción, seguida por una exposición de la Auditoría General de la Nación que puntualizó los defectos del sistema de indicadores de resultados y del manejo de los fondos asignados a la ACUMAR.
Ante la demanda de un grupo de personas a las que se sumaron el Defensor del Pueblo de la Nación y varias organizaciones de la sociedad civil, en junio de 2006, aplicando la ley general del ambiente (ley 25675), la Corte ordenó a los gobiernos de la Nación, la provincia y la ciudad de Buenos Aires, hacer un Plan Integrado de Saneamiento Ambiental (PISA) para la Cuenca que contemplara el ordenamiento ambiental de territorio, el control del desarrollo de actividades antrópicas, el estudio del impacto ambiental del grupo de empresas demandadas, y un programa de educación ambiental.
Para cumplir esos encargos, en noviembre de 2006, se creó la ACUMAR por ley 26168. La audiencia convocada por la Corte 10 años después fue para “evaluar la necesidad de actualizar el PISA, o bien reemplazarlo con nuevas pautas y objetivos”, porque esos objetivos no se han cumplido.
En su primera reunión ACUMAR adoptó la Resolución 1/2007 sobre los efluentes líquidos contaminados que se vierten en la cuenca. Esa norma que sigue vigente, exime de controles las aguas cloacales que descargan AySA y ABSA. No pone limite a los coliformes fecales que puedan contener los efluentes volcados por otras fuentes que hay, y no regula la masa total con desprecio de la capacidad de procesamiento que podría tener el río. La Resolución no cumple con la ley 24.051 vigente desde 1991 sobre residuos peligrosos. Los niveles de contaminación que autoriza en los vertidos son prácticamente los que se estaban descargando entonces. No cumple la ley 25.688 de 2002 sobre gestión ambiental de los recursos hídricos que manda establecer primero el uso del río y luego determinar las descargas de efluentes que se tolerarán. Esta resolución sigue vigente y atravesó airosa los esfuerzos de la Corte, inclusive el fallo más preciso del 8 de julio de 2008. El monitoreo del río parece estar suspendido desde junio y nunca se informó sobre la toxicidad de los contaminantes acumulados.
También en su primera reunión, ACUMAR adoptó la Resolución 2/2007 que establece los parámetros de contaminación del aire que deben medirse. La lista ni siquiera contiene todas las sustancias indicadas por la Organización Mundial de la Salud y la Autoridad de la Cuenca, aunque tiene facultades para hacerlo, no ha tomado medidas para controlar las fuentes de emisiones de gases y material particulado que, tanto según la Unión Europea como el Banco Mundial, tienen fuerte impacto negativo en la expectativa de vida porque causan cardiopatía isquémica, infecciones en las vías respiratorias y EPOC. El último informe presentado por ACUMAR dice que la calidad del aire en la cuenca es mala, pero no anuncia medidas para mejorarlo.
Después aquel fallo de 2006, la Corte dictó otro el 8 de julio de 2008, con órdenes precisas para mejorar la vida de los habitantes, recomponer el agua, el aire y el suelo, y prevenir daños futuros con suficiente y razonable grado de predicción. Impuso plazos que no se cumplieron y multas que no se aplicaron.
Perseverando en su empeño, ACUMAR adoptó la resolución 3/2009 que establece un uso para el mediano y largo plazo de la Cuenca con estándares inferiores a las guías de la Subsecretaría de Recursos Hídricos. En el expediente judicial la autoridad reconoció que ese uso carece de antecedentes en otro lugar del mundo.
Sobre la neutralización de esta causas de la contaminación no hay noticias. La mayor obra de saneamiento cloacal proyectada es el colector de la margen izquierda del Río. Tiene un crédito del Banco Mundial otorgado en 2009. Debía haberse concluido en marzo de este año. En la Corte AySA, dijo que espera terminarlo en 2021. Las reglas del arte indican que la disposición final de aguas cloacales requiere la separación de objetos sólidos o pretratamiento, el tratamiento biológico aeróbico, la sedimentación secundaria, la concentración de lodos y finalmente la deshidratación de lodos. AySA no es clara con respecto a la calidad de las aguas que saldran de sus plantas de procesamiento y es esquiva en precisiones, pero tanto planta de Berazategui como la proyectada en DockSud solo tendrán pretratamiento y un difusor vertirá aguas cloacales crudas en el Río de la Plata, de donde se obtiene el agua para consumo humano en Buenos Aires.
Resta ahora esperar el nuevo impulso que la Corte dará al proceso de recomposición ambiental, ante el precario nivel alcanzado en 10 años.
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Fecha de Publicación: 14/01/2017
Fuente: Diario NCO - Por Raúl A. Estrada Oyuela
Provincia/Región: Riachuelo
Cuenca Matanza Riachuelo. La crónica registra que la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo informó a la Corte Suprema que solo ha cumplido el 20% del fallo dictado en 2008, pero ante las preguntas del doctor Ricardo Lorenzetti pidiendo precisiones, ACUMAR no supo explicar como llegaba a ese porcentaje.
Quienes asistimos a la audiencia, por lo que vimos y oímos, sabemos que podría haber dicho 16% o 22%, daba lo mismo, no hubo detalles ni desagregación, a pesar de la insistencia del presidente de la Corte. Parecía más un pálpito que un dato. Aun peor: se refería a la recomposición de daños causados por la contaminación, porque nada se ha hecho con respecto a las causas de la contaminación rampante.
El hacinamiento en asentamientos insalubres, por ejemplo, que se procura solucionar con planes de viviendas que no se cumplen, es consecuencia de la pobreza y la falta de trabajo que lleva a quienes las sufren a vivir en los lugares que, por contaminados, son eludidos por quienes tienen mejores recursos. Esta bien ofrecer viviendas, pero si no se resuelven la contaminación y la pobreza, el asentamiento resurgirá.
La audiencia comenzó con una crítica exposición de las ONGs designadas por la Corte para observar el cumplimiento del fallo que manifestaron su insatisfacción, seguida por una exposición de la Auditoría General de la Nación que puntualizó los defectos del sistema de indicadores de resultados y del manejo de los fondos asignados a la ACUMAR.
Ante la demanda de un grupo de personas a las que se sumaron el Defensor del Pueblo de la Nación y varias organizaciones de la sociedad civil, en junio de 2006, aplicando la ley general del ambiente (ley 25675), la Corte ordenó a los gobiernos de la Nación, la provincia y la ciudad de Buenos Aires, hacer un Plan Integrado de Saneamiento Ambiental (PISA) para la Cuenca que contemplara el ordenamiento ambiental de territorio, el control del desarrollo de actividades antrópicas, el estudio del impacto ambiental del grupo de empresas demandadas, y un programa de educación ambiental.
Para cumplir esos encargos, en noviembre de 2006, se creó la ACUMAR por ley 26168. La audiencia convocada por la Corte 10 años después fue para “evaluar la necesidad de actualizar el PISA, o bien reemplazarlo con nuevas pautas y objetivos”, porque esos objetivos no se han cumplido.
En su primera reunión ACUMAR adoptó la Resolución 1/2007 sobre los efluentes líquidos contaminados que se vierten en la cuenca. Esa norma que sigue vigente, exime de controles las aguas cloacales que descargan AySA y ABSA. No pone limite a los coliformes fecales que puedan contener los efluentes volcados por otras fuentes que hay, y no regula la masa total con desprecio de la capacidad de procesamiento que podría tener el río. La Resolución no cumple con la ley 24.051 vigente desde 1991 sobre residuos peligrosos. Los niveles de contaminación que autoriza en los vertidos son prácticamente los que se estaban descargando entonces. No cumple la ley 25.688 de 2002 sobre gestión ambiental de los recursos hídricos que manda establecer primero el uso del río y luego determinar las descargas de efluentes que se tolerarán. Esta resolución sigue vigente y atravesó airosa los esfuerzos de la Corte, inclusive el fallo más preciso del 8 de julio de 2008. El monitoreo del río parece estar suspendido desde junio y nunca se informó sobre la toxicidad de los contaminantes acumulados.
También en su primera reunión, ACUMAR adoptó la Resolución 2/2007 que establece los parámetros de contaminación del aire que deben medirse. La lista ni siquiera contiene todas las sustancias indicadas por la Organización Mundial de la Salud y la Autoridad de la Cuenca, aunque tiene facultades para hacerlo, no ha tomado medidas para controlar las fuentes de emisiones de gases y material particulado que, tanto según la Unión Europea como el Banco Mundial, tienen fuerte impacto negativo en la expectativa de vida porque causan cardiopatía isquémica, infecciones en las vías respiratorias y EPOC. El último informe presentado por ACUMAR dice que la calidad del aire en la cuenca es mala, pero no anuncia medidas para mejorarlo.
Después aquel fallo de 2006, la Corte dictó otro el 8 de julio de 2008, con órdenes precisas para mejorar la vida de los habitantes, recomponer el agua, el aire y el suelo, y prevenir daños futuros con suficiente y razonable grado de predicción. Impuso plazos que no se cumplieron y multas que no se aplicaron.
Perseverando en su empeño, ACUMAR adoptó la resolución 3/2009 que establece un uso para el mediano y largo plazo de la Cuenca con estándares inferiores a las guías de la Subsecretaría de Recursos Hídricos. En el expediente judicial la autoridad reconoció que ese uso carece de antecedentes en otro lugar del mundo.
Sobre la neutralización de esta causas de la contaminación no hay noticias. La mayor obra de saneamiento cloacal proyectada es el colector de la margen izquierda del Río. Tiene un crédito del Banco Mundial otorgado en 2009. Debía haberse concluido en marzo de este año. En la Corte AySA, dijo que espera terminarlo en 2021. Las reglas del arte indican que la disposición final de aguas cloacales requiere la separación de objetos sólidos o pretratamiento, el tratamiento biológico aeróbico, la sedimentación secundaria, la concentración de lodos y finalmente la deshidratación de lodos. AySA no es clara con respecto a la calidad de las aguas que saldran de sus plantas de procesamiento y es esquiva en precisiones, pero tanto planta de Berazategui como la proyectada en DockSud solo tendrán pretratamiento y un difusor vertirá aguas cloacales crudas en el Río de la Plata, de donde se obtiene el agua para consumo humano en Buenos Aires.
Resta ahora esperar el nuevo impulso que la Corte dará al proceso de recomposición ambiental, ante el precario nivel alcanzado en 10 años.
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Los funcionarios de Ambiente de Argentina....
De María Julia a Bergman: la atroz gestión de los ministros de Medio Ambiente
Fecha de Publicación: 10/01/2017
Fuente: Big Bang News
Provincia/Región: Nacional
Funcionarios de diferentes Gobiernos fueron cuestionados por su rol en el manejo del área. La ex funcionaria K, Romina Picolotti, está procesada y Alsogaray fue condenada. El tragicómico rol del rabino.
La historia y en algunos casos la Justicia, los han condenado. Ocuparon cargos importantes y tuvieron en sus manos áreas sensibles. Pero en más de una ocasión tuvieron un accionar más que cuestionable. Desde la década de los noventa hasta la fecha la Argentina no tuvo suerte con los funcionarios a cargo del medioambiente. De María Julia Alsogaray al rabino Sergio Bergman, cuáles fueron las denuncias y metidas de pata que cometieron.
Tal vez uno de los casos más recordados sea el de Alsogaray. Al frente de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano durante el menemismo llevó a cabo promesas insólitas: sanar el Riachuelo en mil días fue una de ellas. Pero con un agravante: aseguró que al cabo de ese plazo, se tiraría “a nadar” en el río. No lo hizo. No hubiera sido saludable.
Pero si esa sola fuera la razón por la que María Julia es cuestionable, quedaría como una promesa de campaña más. Pero no. La ex funcionaria fue condenada por administración fraudulenta entre 1995 y 1998 a tres años y medio de prisión. Otra de las condenas que tuvo en los últimos años fue por la intervención a Entel.
También recibió una condena por enriquecimiento ilícito y la Justicia la obligó a devolver 2 millones de pesos a la ex secretaría de Ambiente, hoy convertida en Ministerio tras la asunción de Mauricio Macri. En aquellos años manejó más de 35 millones de dólares para el saneamiento del Riachuelo, de los cuales 22 fueron a utilizados para el pago de “servicios técnicos y profesionales” de consultoras amigas o cercanas a ella y sus intereses.
Pero además, otro hecho insólito marcó los tiempos como dirigente política de la ingeniera: la tapa de la revista Noticias, bajo el título “Reina pero no gobierna”. Allí, la funcionaria posaba semidesnuda, solo con un tapado de piel. Con 74 años, la ex funcionaria fue beneficiada con la libertad condicional el año pasado.
Romina Picolotti
Más promesas. Romina Picolotti fue la secretaría de Medio Ambiente durante la gestión de Néstor Kirchner. Asumió el cargo en 2006, en medio del conflicto con las papeleras uruguayas. De hecho, esa fue la razón por la que fue convocada por el ex presidente. Antes, había asesorado legalmente a la Cancillería, durante los reclamos al país vecino.
Una investigación periodística reveló que Picolotti había contratado a más de 300 empleados y que incluso designó a su hermano como jefe de Gabinete de la Secretaría. Fue desplazada del cargo durante la gestión de Cristina Kirchner, en diciembre de 2008. En 2015 la Justicia elevó a juicio oral una causa contra ella por malversación de fondos públicos.
Al igual que ocurrió en los últimos días con Bergman, Picolotti también fue cuestionada duramente por su rol ante una serie de incendios. En su caso, de pastizales en el litoral. Y al igual que tantos ex funcionarios vinculados al medio ambiente, también prometió sanear el Riachuelo que, a las claras está, no cumplió.
Picolotti fue procesada por administración fraudulenta. La acusan de utilizar fondos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria para gastos personales: regalos de lujo y vuelos privados. Un funcionario de su área llegó a hacer pagar gastos de una cena de $77,5 por la Secretaría. Fue en Hooters, el local descrito por la propia jueza de la causa, María Servini de Cubría, como “conocido por ser atendido por señoritas de medidas generosas y sueltas de ropa”.
Además, cinco vuelos privados contratados para ir hacia la provincia de Córdoba, de donde es oriunda, que no pudieron ser explicados. También hubo más de 260 viajes en avión utilizados por su entorno, pagados con fondos de la Secretaría, que no correspondían ni por desarraigo ni por viajes de trabajo. Otros 950 consumos privados de la ex funcionaria o sus asesores fueron abonados con fondos públicos.
Cuando fue citada a indagatoria, Picolotti recurrió a la estrategia clásica del kirchnerismo: se negó a declarar y presentó un descargo por escrito. En la actualidad trabaja en los Estados Unidos, y fundó el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA). Meses atrás, acusó a la Justicia argentina de perseguirla políticamente.
Sergio Bergman
Cuando Macri asumió en el cargo, le otorgó rango ministerial al Medio Ambiente y designó allí al ex diputado y rabino Sergio Bergman. Durante el año su gestión tuvo más bien poco vuelo. Pero sobre todo en las últimas semanas a partir de los incendios forestales en distintos puntos del país sumó críticas de distintos sectores, tanto políticos como del sector ambiental.
En octubre pasado sus declaraciones al diario El Cordillerano llamaron mucho la atención. Al ser consultado sobre los planes del Gobierno de cara a una temporada con posibles incendios, arrojó una frase que bien podría ser un chiste, pero que no lo fue: “Lo más útil que podemos hacer es rezar”.
A diferencia de Picolotti y Alsogaray, Bergman no hizo ostentosas promesas por el Riachuelo. Sin embargo, sí tuvo explicaciones más que llamativas respecto al tema de preocupación del momento. Anoche tuvo que retractarse por haber dicho esta semana que los incendios en La Pampa, Río Negro y Buenos Aires eran “como una profecía apocalíptica”.
En las últimas horas, no fueron pocos los que estallaron por el accionar de Bergman y pidieron su renuncia. Al ser consultado por los trabajos que debía realizar su Ministerio, buscó una justificación en el “estado catastrófico y de mantenimiento” de los aviones hidrantes. También habló del cambio climático, como responsable de los incendios e inundaciones que afectan a gran parte de país.
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Fecha de Publicación: 10/01/2017
Fuente: Big Bang News
Provincia/Región: Nacional
Funcionarios de diferentes Gobiernos fueron cuestionados por su rol en el manejo del área. La ex funcionaria K, Romina Picolotti, está procesada y Alsogaray fue condenada. El tragicómico rol del rabino.
La historia y en algunos casos la Justicia, los han condenado. Ocuparon cargos importantes y tuvieron en sus manos áreas sensibles. Pero en más de una ocasión tuvieron un accionar más que cuestionable. Desde la década de los noventa hasta la fecha la Argentina no tuvo suerte con los funcionarios a cargo del medioambiente. De María Julia Alsogaray al rabino Sergio Bergman, cuáles fueron las denuncias y metidas de pata que cometieron.
Tal vez uno de los casos más recordados sea el de Alsogaray. Al frente de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano durante el menemismo llevó a cabo promesas insólitas: sanar el Riachuelo en mil días fue una de ellas. Pero con un agravante: aseguró que al cabo de ese plazo, se tiraría “a nadar” en el río. No lo hizo. No hubiera sido saludable.
Pero si esa sola fuera la razón por la que María Julia es cuestionable, quedaría como una promesa de campaña más. Pero no. La ex funcionaria fue condenada por administración fraudulenta entre 1995 y 1998 a tres años y medio de prisión. Otra de las condenas que tuvo en los últimos años fue por la intervención a Entel.
También recibió una condena por enriquecimiento ilícito y la Justicia la obligó a devolver 2 millones de pesos a la ex secretaría de Ambiente, hoy convertida en Ministerio tras la asunción de Mauricio Macri. En aquellos años manejó más de 35 millones de dólares para el saneamiento del Riachuelo, de los cuales 22 fueron a utilizados para el pago de “servicios técnicos y profesionales” de consultoras amigas o cercanas a ella y sus intereses.
Pero además, otro hecho insólito marcó los tiempos como dirigente política de la ingeniera: la tapa de la revista Noticias, bajo el título “Reina pero no gobierna”. Allí, la funcionaria posaba semidesnuda, solo con un tapado de piel. Con 74 años, la ex funcionaria fue beneficiada con la libertad condicional el año pasado.
Romina Picolotti
Más promesas. Romina Picolotti fue la secretaría de Medio Ambiente durante la gestión de Néstor Kirchner. Asumió el cargo en 2006, en medio del conflicto con las papeleras uruguayas. De hecho, esa fue la razón por la que fue convocada por el ex presidente. Antes, había asesorado legalmente a la Cancillería, durante los reclamos al país vecino.
Una investigación periodística reveló que Picolotti había contratado a más de 300 empleados y que incluso designó a su hermano como jefe de Gabinete de la Secretaría. Fue desplazada del cargo durante la gestión de Cristina Kirchner, en diciembre de 2008. En 2015 la Justicia elevó a juicio oral una causa contra ella por malversación de fondos públicos.
Al igual que ocurrió en los últimos días con Bergman, Picolotti también fue cuestionada duramente por su rol ante una serie de incendios. En su caso, de pastizales en el litoral. Y al igual que tantos ex funcionarios vinculados al medio ambiente, también prometió sanear el Riachuelo que, a las claras está, no cumplió.
Picolotti fue procesada por administración fraudulenta. La acusan de utilizar fondos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria para gastos personales: regalos de lujo y vuelos privados. Un funcionario de su área llegó a hacer pagar gastos de una cena de $77,5 por la Secretaría. Fue en Hooters, el local descrito por la propia jueza de la causa, María Servini de Cubría, como “conocido por ser atendido por señoritas de medidas generosas y sueltas de ropa”.
Además, cinco vuelos privados contratados para ir hacia la provincia de Córdoba, de donde es oriunda, que no pudieron ser explicados. También hubo más de 260 viajes en avión utilizados por su entorno, pagados con fondos de la Secretaría, que no correspondían ni por desarraigo ni por viajes de trabajo. Otros 950 consumos privados de la ex funcionaria o sus asesores fueron abonados con fondos públicos.
Cuando fue citada a indagatoria, Picolotti recurrió a la estrategia clásica del kirchnerismo: se negó a declarar y presentó un descargo por escrito. En la actualidad trabaja en los Estados Unidos, y fundó el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA). Meses atrás, acusó a la Justicia argentina de perseguirla políticamente.
Sergio Bergman
Cuando Macri asumió en el cargo, le otorgó rango ministerial al Medio Ambiente y designó allí al ex diputado y rabino Sergio Bergman. Durante el año su gestión tuvo más bien poco vuelo. Pero sobre todo en las últimas semanas a partir de los incendios forestales en distintos puntos del país sumó críticas de distintos sectores, tanto políticos como del sector ambiental.
En octubre pasado sus declaraciones al diario El Cordillerano llamaron mucho la atención. Al ser consultado sobre los planes del Gobierno de cara a una temporada con posibles incendios, arrojó una frase que bien podría ser un chiste, pero que no lo fue: “Lo más útil que podemos hacer es rezar”.
A diferencia de Picolotti y Alsogaray, Bergman no hizo ostentosas promesas por el Riachuelo. Sin embargo, sí tuvo explicaciones más que llamativas respecto al tema de preocupación del momento. Anoche tuvo que retractarse por haber dicho esta semana que los incendios en La Pampa, Río Negro y Buenos Aires eran “como una profecía apocalíptica”.
En las últimas horas, no fueron pocos los que estallaron por el accionar de Bergman y pidieron su renuncia. Al ser consultado por los trabajos que debía realizar su Ministerio, buscó una justificación en el “estado catastrófico y de mantenimiento” de los aviones hidrantes. También habló del cambio climático, como responsable de los incendios e inundaciones que afectan a gran parte de país.
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Das Neves bien claro sobre la megaminería
"Mientras yo gobierne no habrá megaminería"
Fecha de Publicación: 09/01/2017
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El gobernador de Chubut, Mario Das Neves ratificó su voluntad de impedir la explotación minera del suelo chubutense. En defensa de su postura aludió a la defensa del paisaje y el ambiente.
El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, reafirmó hoy en Puerto Madryn que "mientras sea gobernador en nuestra Provincia no va a existir megaminería, lo repito y lo llevo adelante", dijo. Además, recordó que "el nuestro es un pueblo que ha elegido vivir con mejor calidad de vida, la gente elije a Chubut no solamente por lo paisajístico sino también por la cuestión ambiental".
Das Neves sostuvo que ello se puede verificar "con cualquier habitante nuevo de la Cordillera. En Lago Puelo se ha instalado mucha gente de Mar del Plata, que no la está pasando bien, y recalan también en Epuyén, El Hoyo, y que lo que buscan es mejor calidad de vida".
Por otro lado, el mandatario remarcó que "desde el punto de vista económico, hay tener en cuenta que la contaminación está ligada también a la miserabilidad de los empresarios de la minería. Porque en otros lugares no existe la contaminación, porque el Estado les exige tecnología de avanzada para no contaminar". Ejemplificó Das Neves que "acá todo lo que hacen les cuesta dos pesos con cincuenta, y se llevan todo" y exhibió como ejemplos de ello lo que "ha pasado en San Juan, Catamarca o Santa Cruz"
"Es un trabajo de 10 o 12 años para después tener una desocupación masiva, la gente desorientada a determinada edad. Porque empiezan a trabajar en las mineras a los 30 años y cuando son echados y tienen 45 años no encuentran trabajo", expresó.
No obstante, insistió Das Neves que "la cuestión ambiental para mí es básica y central, y el agua es prioridad número uno" y concluyó que "por eso tuvimos una reunión con el embajador de Israel, porque ese país tiene como política de Estado todos los años tratar un tema y este año el tema es agua y agricultura".
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Fecha de Publicación: 09/01/2017
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El gobernador de Chubut, Mario Das Neves ratificó su voluntad de impedir la explotación minera del suelo chubutense. En defensa de su postura aludió a la defensa del paisaje y el ambiente.
El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, reafirmó hoy en Puerto Madryn que "mientras sea gobernador en nuestra Provincia no va a existir megaminería, lo repito y lo llevo adelante", dijo. Además, recordó que "el nuestro es un pueblo que ha elegido vivir con mejor calidad de vida, la gente elije a Chubut no solamente por lo paisajístico sino también por la cuestión ambiental".
Das Neves sostuvo que ello se puede verificar "con cualquier habitante nuevo de la Cordillera. En Lago Puelo se ha instalado mucha gente de Mar del Plata, que no la está pasando bien, y recalan también en Epuyén, El Hoyo, y que lo que buscan es mejor calidad de vida".
Por otro lado, el mandatario remarcó que "desde el punto de vista económico, hay tener en cuenta que la contaminación está ligada también a la miserabilidad de los empresarios de la minería. Porque en otros lugares no existe la contaminación, porque el Estado les exige tecnología de avanzada para no contaminar". Ejemplificó Das Neves que "acá todo lo que hacen les cuesta dos pesos con cincuenta, y se llevan todo" y exhibió como ejemplos de ello lo que "ha pasado en San Juan, Catamarca o Santa Cruz"
"Es un trabajo de 10 o 12 años para después tener una desocupación masiva, la gente desorientada a determinada edad. Porque empiezan a trabajar en las mineras a los 30 años y cuando son echados y tienen 45 años no encuentran trabajo", expresó.
No obstante, insistió Das Neves que "la cuestión ambiental para mí es básica y central, y el agua es prioridad número uno" y concluyó que "por eso tuvimos una reunión con el embajador de Israel, porque ese país tiene como política de Estado todos los años tratar un tema y este año el tema es agua y agricultura".
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Bergman no tiene más el control sobre el Riachuelo
Bergman perdió el control del Riachuelo
Fecha de Publicación: 07/01/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
La experiencia duró menos de un año. Desde ayer, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) dejó de depender del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a cargo de Sergio Bergman, y pasó a responder directamente del Poder Ejecutivo Nacional.
Así reveló el Boletín Oficial que, en la nueva reforma de la ley de ministerios, incluyó a la Acumar cuyo titular tendrá rango de secretario de Estado. El organismo, que debe estar compuesto por la Nación, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires según su ley de creación, contará con tres representantes nacionales, dos bonaerenses y dos porteños, según la nueva reglamentación.
La Acumar pasó a la órbita de Ambiente el año pasado por iniciativa de Cambiemos. Sin embargo, los escasos resultados y las internas políticas dificultaron la actividad del órgano encargado de limpiar el Riachuelo. En 12 meses, el ente tuvo dos directores ejecutivos y el último, Julio Torti, explicitó en su renuncia por escrito las diferencias con Bergman.
Aunque ayer no se hizo oficial, la designada para encarar la tarea de limpiar el río más contaminado de la Argentina será Gladys González, que hasta el 22 de este mes se desempeñará como interventora del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU).
En el cuerpo colegiado, compuesto por la Defensoría del Pueblo y varias ONG, que debe velar por cumplir el fallo de la Corte que ordena sanear el río, el cambio del Gobierno no cayó bien. "Parecería ser un interrogante de quién depende. Como está redactado se crearía una dependencia con rango como el de la AFI (ex SIDE)", dijo Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
"Es relativizar más la responsabilidad de las jurisdicciones, al mantener la representación sólo con dos representantes. Lejos de emparejar tiende a relativizarla y ese es un reclamo que venimos planteando ante la Corte. Las jurisdicciones deben ser responsables del plan de saneamiento, especialmente la provincia de Buenos Aires", agregó.
Respecto de la nueva designación, Nápoli cree que "va a costar reactivar el organismo". Cabe recordar que las acciones están virtualmente paradas hace dos años.
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Fecha de Publicación: 07/01/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
La experiencia duró menos de un año. Desde ayer, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) dejó de depender del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a cargo de Sergio Bergman, y pasó a responder directamente del Poder Ejecutivo Nacional.
Así reveló el Boletín Oficial que, en la nueva reforma de la ley de ministerios, incluyó a la Acumar cuyo titular tendrá rango de secretario de Estado. El organismo, que debe estar compuesto por la Nación, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires según su ley de creación, contará con tres representantes nacionales, dos bonaerenses y dos porteños, según la nueva reglamentación.
La Acumar pasó a la órbita de Ambiente el año pasado por iniciativa de Cambiemos. Sin embargo, los escasos resultados y las internas políticas dificultaron la actividad del órgano encargado de limpiar el Riachuelo. En 12 meses, el ente tuvo dos directores ejecutivos y el último, Julio Torti, explicitó en su renuncia por escrito las diferencias con Bergman.
Aunque ayer no se hizo oficial, la designada para encarar la tarea de limpiar el río más contaminado de la Argentina será Gladys González, que hasta el 22 de este mes se desempeñará como interventora del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU).
En el cuerpo colegiado, compuesto por la Defensoría del Pueblo y varias ONG, que debe velar por cumplir el fallo de la Corte que ordena sanear el río, el cambio del Gobierno no cayó bien. "Parecería ser un interrogante de quién depende. Como está redactado se crearía una dependencia con rango como el de la AFI (ex SIDE)", dijo Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
"Es relativizar más la responsabilidad de las jurisdicciones, al mantener la representación sólo con dos representantes. Lejos de emparejar tiende a relativizarla y ese es un reclamo que venimos planteando ante la Corte. Las jurisdicciones deben ser responsables del plan de saneamiento, especialmente la provincia de Buenos Aires", agregó.
Respecto de la nueva designación, Nápoli cree que "va a costar reactivar el organismo". Cabe recordar que las acciones están virtualmente paradas hace dos años.
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Gladys González al frente de la ACUMAR
El Gobierno designará a Gladys González como directora ejecutiva de ACUMAR
Fecha de Publicación: 03/01/2017
Fuente: futurosustentable.com.ar
Provincia/Región: Riachuelo
La Cámara Federal confirmó el fin de la intervención de la diputada nacional Gladys González en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), cuya autoridad quedará en manos del secretario general en funciones, Mario Morato.
González, por su parte, será desginada por el Gobierno para conducir la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR). Este nombramiento contaría con el consenso de las tres jurisdicciones que integran el organismo: la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Desde 2009 González es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Oriunda de San Carlos de Bolívar, en el centro norte de Buenos Aires, actualmente reside en Avellaneda, distrito por el cual fue candidata a intendente del Pro en 2015. Es Licenciada en Ciencia Política graduada por la Universidad de Buenos Aires (UBA), y cursó la maestría en Política y Estrategia dictada en la Escuela de Guerra, dependiente del Ministerio de Defensa.
En su segundo mandato dentro del Congreso de la Nación, se desempeña como vocal de las comisiones de las Personas Mayores; Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios; Minería; Previsión y Seguridad Social; Tercera Edad y Transportes.
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Fecha de Publicación: 03/01/2017
Fuente: futurosustentable.com.ar
Provincia/Región: Riachuelo
La Cámara Federal confirmó el fin de la intervención de la diputada nacional Gladys González en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), cuya autoridad quedará en manos del secretario general en funciones, Mario Morato.
González, por su parte, será desginada por el Gobierno para conducir la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR). Este nombramiento contaría con el consenso de las tres jurisdicciones que integran el organismo: la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Desde 2009 González es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Oriunda de San Carlos de Bolívar, en el centro norte de Buenos Aires, actualmente reside en Avellaneda, distrito por el cual fue candidata a intendente del Pro en 2015. Es Licenciada en Ciencia Política graduada por la Universidad de Buenos Aires (UBA), y cursó la maestría en Política y Estrategia dictada en la Escuela de Guerra, dependiente del Ministerio de Defensa.
En su segundo mandato dentro del Congreso de la Nación, se desempeña como vocal de las comisiones de las Personas Mayores; Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios; Minería; Previsión y Seguridad Social; Tercera Edad y Transportes.
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