Mostrando entradas con la etiqueta política ambiental. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta política ambiental. Mostrar todas las entradas
¿Se rompe el idilio de Macri con la minería?
08:00 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Mineras: un nuevo Acuerdo Federal amenaza el idilio de Macri con el sector
Fecha de Publicación: 28/03/2017
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Nacional
Si bien el Gobierno lo favoreció con la eliminación de retenciones, podría neutralizar parte de ese beneficio con un alza de impuestos promovida desde las provincias. Según la Cámara de Empresarios Mineros, las nuevas reglas encarecerían 5,5 puntos la carga fiscal.
El romance entre el Gobierno y las mineras, núcleo básicamente integrado por firmas trasnacionales, amenaza convertirse en un amor contrariado. La ventaja de eliminarle las retenciones con las que Mauricio Macri las bendijo al inaugurar su mandato podría ser parcialmente neutralizada con una suba de impuestos promovida por las provincias a través del Nuevo Acuerdo Federal Minero.
No hay dudas de que el desarrollo de la minería es política de Estado para el Gobierno de Mauricio Macri. Mal que le pese a los ambientalistas o a los estados del interior que, siendo constitucionalmente dueños de los recursos, no siempre tienen en el juego el rol que anhelan. Aquí está la piedra de la discordia.
Desde la Casa Rosada se promovió un nuevo pacto con un propósito medular: homogeneizar la normativa en todo el país para evitar que algunas gobernaciones combatan al capital que la Nación se esmera por seducir.
Pero la secretaría de Minería de la Nación y los responsables del área de las provincias productoras acaban de consensuar un texto poco simpático para las empresas, quizás acostumbradas a las caricias. Según el cálculo de CAEM, Cámara de Empresarios Mineros, las nuevas reglas implicarían encarecer 5,5 puntos la carga fiscal total.
El texto fue acordado a nivel técnico y ahora requiere el aval político de Macri y los gobernadores involucrados para tramitar con éxito en el Congreso.
La iniciativa contempla cambiar la base sobre la que se calculan las regalías, que hoy promedian un 3% sobre el valor bocamina (precio del producto, sin costos de transporte y otros) sustituyéndolo por el precio de venta sin descuentos. Según cálculos empresarios, esto agregaría entre 0,5 y 1 punto adicional al gravamen.
Pero también se legalizaron contribuciones ya existentes en algunas jurisdicciones (San Juan y Santa Cruz) que podrían generalizarse: un aporte del 1,5% sobre aquella base para nutrir un fondo fiduciario con destino a la infraestructura social. A esto se le agregaría un 1% adicional para el desarrollo comunitario, que recaudará la Nación.
"Estamos dispuestos a pagar más, pero queremos que el sistema acompañe al ciclo de los negocios y queremos garantía de que los fondos con fin social se manejen con transparencia y lleguen a sus destinatarios", sentencia ante 3Días, Marcelo Alvarez, director de Asuntos Corporativos de GoldCorp y titular de CAEM.
La apuesta empresaria es mantener el statu quo y postergar cualquier modificación hasta que sea incluida en una reforma tributaria integral prevista para el año próximo. En ese ínterin, pretenden una mesa de diálogo para discutir un "acuerdo por competitividad", que se sumará al acuerdo por productividad que ya debaten con los trabajadores. En ese escenario, las mineras seguirían batallando con sus dos banderas:
- Modelar un esquema impositivo similar a las retenciones móviles: que la carga sea mayor cuando el precio del mineral lo es y viceversa.
- Que los tributos se calculen sobre las utilidades y no sobre el precio de venta. Lo que en la jerga del sector se considera una fórmula "progresiva", en contraposición a la "regresiva" utilizada hoy. "Cualquier esquema debería respetar la curva del negocio", refuerza Fernando Giannoni, de Barrick Gold.
Tal como subrayan las empresas, la minería es un negocio de largo aliento y grandes inversiones. Quizás por pudor, omiten el otro rasgo: también muy lucrativo. Unos u$s 1700 millones en una mina de oro pueden recuperarse íntegramente en menos de una década de explotación.
El acuerdo en ciernes fue debatido en el Consejo Federal Minero, donde habría tenido el aval de las provincias salvo la de Chubut, que anhela un trato algo más generoso y Santa Cruz, que planteó reservas a la continuidad de un régimen de promoción de inversiones. El propio secretario de Minería, Daniel Meilián, se habría visto arrastrado a convalidar aquellos retoques en una negociación en la que resultó minoría. Al menos así se lo hizo saber a los empresarios.
El geólogo fue, casualmente, responsable del área durante el gobierno de Carlos Menem, cuando se promovió un marco legal para el sector que el resto de las actividades siempre miró con envidia. Entre otras prerrogativas, esa ley comprometía al Fisco en un régimen benigno y estable. Sin embargo, no resultó suficiente.
"Las empresas están focalizadas en disminuir sus costos y maximizar los proyectos ya en marcha, más que en nuevas inversiones directas", admite Alvarez. Pero, al mismo tiempo, señala que aquella Cámara tiene computados desembolsos por 20.000 millones en un lustro, de los cuales 1200 ya se habrían hecho efectivos en 2016.
El riesgo federal
La Argentina sigue siendo un país minero en potencia, pero subexplotado en relación a otras naciones limítrofes de topografía similar: Chile exporta u$s 40.000 millones por año versus los u$s 3700 millones de la Argentina.
Una de las primeras y más controvertidas medidas adoptadas por la administración macrista fue suprimir las retenciones a las exportaciones mineras, que oscilaban entre un 5% y 10%, según si el producto vendido al exterior se despachaba tratado o en bruto.
Las arcas nacionales resignaron algo menos de u$s 200 millones con ello, monto que las empresas reducen a 128. Pero según los considerandos de la resolución 349/2016, ?la incidencia negativa de los derechos de exportación sobre las operaciones mineras en marcha excede considerablemente los beneficios que se generan para el erario?.
Para el Gobierno, el esfuerzo fiscal se justifica con el rédito de mantener los 12.000 empleos del sector, sugiriendo que éstos están en riesgo si no se fortalecen las prerrogativas fiscales.
El otro justificativo oficial fue que había que disminuir la carga tributaria sobre el sector para evitar que los capitales sigan fluyendo hacia países limítrofes como Perú o Chile. Aunque según consignó en un reciente artículo la magister en sociología económica e investigadora del Conicet, Laura Alvarez Huwiler, al suprimirse los derechos de exportación, la Argentina tiene una presión fiscal inferior a la de esos países.
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, acaba de participar en Londres junto a Meilián y otros funcionarios de un seminario que congregó a potenciales inversores para persuadirlos de las bondades de desembolsar su dinero en la Argentina.
La intención oficial declarada es arrimar unos u$s 23.000 millones al país, rico en oro y plata. Pero básicamente pródigo en litio, el mineral de moda y gran promesa de la naturaleza local.
Entre 2011 y 2015 el valor de los principales metales habían derrapado un 40%. Pero desde entonces, volvieron a subir. Como dato de referencia puede tomarse lo que pasó con el oro. En enero de 2014 costaba 860 euros la onza, contra los 1160 actuales.
El problema puede gestarse en las provincias, soberanas del recurso y con una conducta más heterogénea respecto de la actividad.
Algunas sancionaron prohibiciones a prácticas mineras frecuentes, como la explotación a cielo abierto. Por esta razón, Chubut escatima una habilitación a Pan American Silver para desarrollar con esa técnica el Proyecto Navidad, que promete u$s 1500 millones para producir plata. A pesar de que la firma garantiza que no usará cianuro.
Jujuy aspira a asociarse de modo creciente a los proyectos, transformándose en socia obligada de las firmas privadas: su participación a través de Jemse del 12% en emprendimientos actuales podría ser incrementada al 17% si culmina con éxito la negociación.
El Nuevo Acuerdo sí impone a las mineras estatales de las provincias la exigencia de que se manejen de modo independiente del Ejecutivo y que funcionen con las mismas pautas de sus socias privadas.
Cuestiones como esas sociedades forzadas irritan la epidermis patronal, sea cual fuere la nacionalidad del inversor. Y quizás eso explique que en el ránking internacional elaborado por Fraser -un instituto canadiense de prestigio- se ubiquen a cinco provincias locales en los peores lugares para radicar la inversión minera.
Interesados no faltan
Sin embargo, hay firmas extranjeras que miran la riqueza local, metalífera y no metalífera, con bastante codicia. Las chinas, en primer lugar.
Hace al menos un par de años varias firmas asiáticas están haciendo trabajos prospectivos para medir futuros negocios. China Metallurgical Corporation Ldt., concesionaria de la mina de hierro de Sierra Grande, ex Hipasam, está haciendo prospección en Neuquén. Jinchuan, firma especializada en prospectiva minera, está rastrillando el suelo de Catamarca, Jujuy y Salta para evaluar factibilidad de futuras inversiones.
Shadong Gold, el gigante chino del oro, está entre las candidatas apuntadas por el Gobierno para desembolsar en la Argentina. Otra es Citic, un holding financiero industrial, que ya construyó un vínculo con el país a partir de la venta de coches ferroviarios.
Pero el gran anzuelo del momento para potenciales inversores, más allá del oro, plata y cobre locales, parece ser el litio, que la Argentina tiene en cantidades importantes junto a Chile y Bolivia. Este terceto tiene el 37% de las reservas mundiales de un mineral clave en la fabricación de baterías para celulares y autos eléctricos y en el almacenamiento de energías renovables, que se obtiene a partir de la destilación de sal.
El Nuevo Acuerdo prevé que se constituya una ?Mesa del Litio?, a integrar por expertos de Nación y provincias productoras para consensuar reglas para explotarlo.
El valor de la tonelada pasó de u$s 1500 a principios de los años 2000, a superar los u$s 7400 promedio en 2016 y eso explica que, al margen de las regulaciones nacionales o provinciales, una larga lista de empresas foráneas estén haciendo su apuesta.
Las canadiense Lithium Americas Corp (salar jujeño Caucharí- Olaroz), Energi Group (salar Rincón de Salta), la química Albemarle Corporation y Bolland Minera (Antofalla, Catamarca); Mitsubishi Corporation y la jujeña Jemse trabajan en la Puna.
Algunos ejemplos de un interés empresarial que bulle, al margen de los discutidos retoques al marco legal para hacerlo aún más atractivo. Y a pesar de las objeciones de ambientalistas que, en el caso del litio, advierten cuán comprometidas están las fuentes de agua para esas lucrativas explotaciones.
La cuestión ambiental
"Los problemas ambientales de la minería muchas veces están basados en mitos. En posiciones políticas que no tienen que ver con las explotaciones", sentencia ante este diario Fernando Giannoni, director ejecutivo de la Barrick local desde hace cuatro semanas.
El caso de Barrick Gold puede ser testigo en varios sentidos, en particular si se atiende al riesgo ambiental de una explotación.
La firma sufrió tres "incidentes", comenzando en 2015 por el derrame de cianuro en un río de San Juan, único hecho al que la empresa considera "serio, de impacto ambiental pero no daño". Esta disquisición semántica apunta a que no hubo pérdida de ninguna vida ("ni un mosquito", sostiene aquel vocero) por el accidente que sometió a la compañía al pago de una multa y un grupo de sus directivos a un proceso penal aún abierto.
Las otras presuntas agresiones al medio no habrían sido tales y respondieron a "errores en la comunicación" o situaciones que se resolvieron con un canal aliviador del drenaje de aguas en Pascua Lama, emprendimiento que se encaró junto a Chile.
Cuidado del ambiente
Para la firma, la minería opera en la Argentina "con los mismos métodos de cuidado medioambiental que en otros lugares del mundo", donde existen estándares muy exigentes.
Esto invalidaría el temor a los procesos que utiliza la actividad.
La Cámara de Empresarios Mineros (CAEM), que la congrega, tiene vocación de conseguir un perfil más soft, que depure la imagen de una actividad sindicada como verduga del medio ambiente.
Secundando a Finlandia, acaba de firmar un convenio con una entidad canadiense que elabora protocolos para regular la actividad de modo amplio, al punto que uno de ellos está referido a derechos humanos.
Ese acuerdo, que ubicaría a los productores locales en un lugar de más prestigio en el mundo, obligará a las firmas socias a presentar las acciones con las que prueben el cumplimiento de esas pautas de responsabilidad social, que irían más allá de simples mecanismos para tributar menos impuestos.
.
Fecha de Publicación: 28/03/2017
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Nacional
Si bien el Gobierno lo favoreció con la eliminación de retenciones, podría neutralizar parte de ese beneficio con un alza de impuestos promovida desde las provincias. Según la Cámara de Empresarios Mineros, las nuevas reglas encarecerían 5,5 puntos la carga fiscal.
El romance entre el Gobierno y las mineras, núcleo básicamente integrado por firmas trasnacionales, amenaza convertirse en un amor contrariado. La ventaja de eliminarle las retenciones con las que Mauricio Macri las bendijo al inaugurar su mandato podría ser parcialmente neutralizada con una suba de impuestos promovida por las provincias a través del Nuevo Acuerdo Federal Minero.
No hay dudas de que el desarrollo de la minería es política de Estado para el Gobierno de Mauricio Macri. Mal que le pese a los ambientalistas o a los estados del interior que, siendo constitucionalmente dueños de los recursos, no siempre tienen en el juego el rol que anhelan. Aquí está la piedra de la discordia.
Desde la Casa Rosada se promovió un nuevo pacto con un propósito medular: homogeneizar la normativa en todo el país para evitar que algunas gobernaciones combatan al capital que la Nación se esmera por seducir.
Pero la secretaría de Minería de la Nación y los responsables del área de las provincias productoras acaban de consensuar un texto poco simpático para las empresas, quizás acostumbradas a las caricias. Según el cálculo de CAEM, Cámara de Empresarios Mineros, las nuevas reglas implicarían encarecer 5,5 puntos la carga fiscal total.
El texto fue acordado a nivel técnico y ahora requiere el aval político de Macri y los gobernadores involucrados para tramitar con éxito en el Congreso.
La iniciativa contempla cambiar la base sobre la que se calculan las regalías, que hoy promedian un 3% sobre el valor bocamina (precio del producto, sin costos de transporte y otros) sustituyéndolo por el precio de venta sin descuentos. Según cálculos empresarios, esto agregaría entre 0,5 y 1 punto adicional al gravamen.
Pero también se legalizaron contribuciones ya existentes en algunas jurisdicciones (San Juan y Santa Cruz) que podrían generalizarse: un aporte del 1,5% sobre aquella base para nutrir un fondo fiduciario con destino a la infraestructura social. A esto se le agregaría un 1% adicional para el desarrollo comunitario, que recaudará la Nación.
"Estamos dispuestos a pagar más, pero queremos que el sistema acompañe al ciclo de los negocios y queremos garantía de que los fondos con fin social se manejen con transparencia y lleguen a sus destinatarios", sentencia ante 3Días, Marcelo Alvarez, director de Asuntos Corporativos de GoldCorp y titular de CAEM.
La apuesta empresaria es mantener el statu quo y postergar cualquier modificación hasta que sea incluida en una reforma tributaria integral prevista para el año próximo. En ese ínterin, pretenden una mesa de diálogo para discutir un "acuerdo por competitividad", que se sumará al acuerdo por productividad que ya debaten con los trabajadores. En ese escenario, las mineras seguirían batallando con sus dos banderas:
- Modelar un esquema impositivo similar a las retenciones móviles: que la carga sea mayor cuando el precio del mineral lo es y viceversa.
- Que los tributos se calculen sobre las utilidades y no sobre el precio de venta. Lo que en la jerga del sector se considera una fórmula "progresiva", en contraposición a la "regresiva" utilizada hoy. "Cualquier esquema debería respetar la curva del negocio", refuerza Fernando Giannoni, de Barrick Gold.
Tal como subrayan las empresas, la minería es un negocio de largo aliento y grandes inversiones. Quizás por pudor, omiten el otro rasgo: también muy lucrativo. Unos u$s 1700 millones en una mina de oro pueden recuperarse íntegramente en menos de una década de explotación.
El acuerdo en ciernes fue debatido en el Consejo Federal Minero, donde habría tenido el aval de las provincias salvo la de Chubut, que anhela un trato algo más generoso y Santa Cruz, que planteó reservas a la continuidad de un régimen de promoción de inversiones. El propio secretario de Minería, Daniel Meilián, se habría visto arrastrado a convalidar aquellos retoques en una negociación en la que resultó minoría. Al menos así se lo hizo saber a los empresarios.
El geólogo fue, casualmente, responsable del área durante el gobierno de Carlos Menem, cuando se promovió un marco legal para el sector que el resto de las actividades siempre miró con envidia. Entre otras prerrogativas, esa ley comprometía al Fisco en un régimen benigno y estable. Sin embargo, no resultó suficiente.
"Las empresas están focalizadas en disminuir sus costos y maximizar los proyectos ya en marcha, más que en nuevas inversiones directas", admite Alvarez. Pero, al mismo tiempo, señala que aquella Cámara tiene computados desembolsos por 20.000 millones en un lustro, de los cuales 1200 ya se habrían hecho efectivos en 2016.
El riesgo federal
La Argentina sigue siendo un país minero en potencia, pero subexplotado en relación a otras naciones limítrofes de topografía similar: Chile exporta u$s 40.000 millones por año versus los u$s 3700 millones de la Argentina.
Una de las primeras y más controvertidas medidas adoptadas por la administración macrista fue suprimir las retenciones a las exportaciones mineras, que oscilaban entre un 5% y 10%, según si el producto vendido al exterior se despachaba tratado o en bruto.
Las arcas nacionales resignaron algo menos de u$s 200 millones con ello, monto que las empresas reducen a 128. Pero según los considerandos de la resolución 349/2016, ?la incidencia negativa de los derechos de exportación sobre las operaciones mineras en marcha excede considerablemente los beneficios que se generan para el erario?.
Para el Gobierno, el esfuerzo fiscal se justifica con el rédito de mantener los 12.000 empleos del sector, sugiriendo que éstos están en riesgo si no se fortalecen las prerrogativas fiscales.
El otro justificativo oficial fue que había que disminuir la carga tributaria sobre el sector para evitar que los capitales sigan fluyendo hacia países limítrofes como Perú o Chile. Aunque según consignó en un reciente artículo la magister en sociología económica e investigadora del Conicet, Laura Alvarez Huwiler, al suprimirse los derechos de exportación, la Argentina tiene una presión fiscal inferior a la de esos países.
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, acaba de participar en Londres junto a Meilián y otros funcionarios de un seminario que congregó a potenciales inversores para persuadirlos de las bondades de desembolsar su dinero en la Argentina.
La intención oficial declarada es arrimar unos u$s 23.000 millones al país, rico en oro y plata. Pero básicamente pródigo en litio, el mineral de moda y gran promesa de la naturaleza local.
Entre 2011 y 2015 el valor de los principales metales habían derrapado un 40%. Pero desde entonces, volvieron a subir. Como dato de referencia puede tomarse lo que pasó con el oro. En enero de 2014 costaba 860 euros la onza, contra los 1160 actuales.
El problema puede gestarse en las provincias, soberanas del recurso y con una conducta más heterogénea respecto de la actividad.
Algunas sancionaron prohibiciones a prácticas mineras frecuentes, como la explotación a cielo abierto. Por esta razón, Chubut escatima una habilitación a Pan American Silver para desarrollar con esa técnica el Proyecto Navidad, que promete u$s 1500 millones para producir plata. A pesar de que la firma garantiza que no usará cianuro.
Jujuy aspira a asociarse de modo creciente a los proyectos, transformándose en socia obligada de las firmas privadas: su participación a través de Jemse del 12% en emprendimientos actuales podría ser incrementada al 17% si culmina con éxito la negociación.
El Nuevo Acuerdo sí impone a las mineras estatales de las provincias la exigencia de que se manejen de modo independiente del Ejecutivo y que funcionen con las mismas pautas de sus socias privadas.
Cuestiones como esas sociedades forzadas irritan la epidermis patronal, sea cual fuere la nacionalidad del inversor. Y quizás eso explique que en el ránking internacional elaborado por Fraser -un instituto canadiense de prestigio- se ubiquen a cinco provincias locales en los peores lugares para radicar la inversión minera.
Interesados no faltan
Sin embargo, hay firmas extranjeras que miran la riqueza local, metalífera y no metalífera, con bastante codicia. Las chinas, en primer lugar.
Hace al menos un par de años varias firmas asiáticas están haciendo trabajos prospectivos para medir futuros negocios. China Metallurgical Corporation Ldt., concesionaria de la mina de hierro de Sierra Grande, ex Hipasam, está haciendo prospección en Neuquén. Jinchuan, firma especializada en prospectiva minera, está rastrillando el suelo de Catamarca, Jujuy y Salta para evaluar factibilidad de futuras inversiones.
Shadong Gold, el gigante chino del oro, está entre las candidatas apuntadas por el Gobierno para desembolsar en la Argentina. Otra es Citic, un holding financiero industrial, que ya construyó un vínculo con el país a partir de la venta de coches ferroviarios.
Pero el gran anzuelo del momento para potenciales inversores, más allá del oro, plata y cobre locales, parece ser el litio, que la Argentina tiene en cantidades importantes junto a Chile y Bolivia. Este terceto tiene el 37% de las reservas mundiales de un mineral clave en la fabricación de baterías para celulares y autos eléctricos y en el almacenamiento de energías renovables, que se obtiene a partir de la destilación de sal.
El Nuevo Acuerdo prevé que se constituya una ?Mesa del Litio?, a integrar por expertos de Nación y provincias productoras para consensuar reglas para explotarlo.
El valor de la tonelada pasó de u$s 1500 a principios de los años 2000, a superar los u$s 7400 promedio en 2016 y eso explica que, al margen de las regulaciones nacionales o provinciales, una larga lista de empresas foráneas estén haciendo su apuesta.
Las canadiense Lithium Americas Corp (salar jujeño Caucharí- Olaroz), Energi Group (salar Rincón de Salta), la química Albemarle Corporation y Bolland Minera (Antofalla, Catamarca); Mitsubishi Corporation y la jujeña Jemse trabajan en la Puna.
Algunos ejemplos de un interés empresarial que bulle, al margen de los discutidos retoques al marco legal para hacerlo aún más atractivo. Y a pesar de las objeciones de ambientalistas que, en el caso del litio, advierten cuán comprometidas están las fuentes de agua para esas lucrativas explotaciones.
La cuestión ambiental
"Los problemas ambientales de la minería muchas veces están basados en mitos. En posiciones políticas que no tienen que ver con las explotaciones", sentencia ante este diario Fernando Giannoni, director ejecutivo de la Barrick local desde hace cuatro semanas.
El caso de Barrick Gold puede ser testigo en varios sentidos, en particular si se atiende al riesgo ambiental de una explotación.
La firma sufrió tres "incidentes", comenzando en 2015 por el derrame de cianuro en un río de San Juan, único hecho al que la empresa considera "serio, de impacto ambiental pero no daño". Esta disquisición semántica apunta a que no hubo pérdida de ninguna vida ("ni un mosquito", sostiene aquel vocero) por el accidente que sometió a la compañía al pago de una multa y un grupo de sus directivos a un proceso penal aún abierto.
Las otras presuntas agresiones al medio no habrían sido tales y respondieron a "errores en la comunicación" o situaciones que se resolvieron con un canal aliviador del drenaje de aguas en Pascua Lama, emprendimiento que se encaró junto a Chile.
Cuidado del ambiente
Para la firma, la minería opera en la Argentina "con los mismos métodos de cuidado medioambiental que en otros lugares del mundo", donde existen estándares muy exigentes.
Esto invalidaría el temor a los procesos que utiliza la actividad.
La Cámara de Empresarios Mineros (CAEM), que la congrega, tiene vocación de conseguir un perfil más soft, que depure la imagen de una actividad sindicada como verduga del medio ambiente.
Secundando a Finlandia, acaba de firmar un convenio con una entidad canadiense que elabora protocolos para regular la actividad de modo amplio, al punto que uno de ellos está referido a derechos humanos.
Ese acuerdo, que ubicaría a los productores locales en un lugar de más prestigio en el mundo, obligará a las firmas socias a presentar las acciones con las que prueben el cumplimiento de esas pautas de responsabilidad social, que irían más allá de simples mecanismos para tributar menos impuestos.
.
Salta perdió el 40% de los servicios ecosistémicos
Comprueban que por desmontes disminuyó el 40% de los servicios ecosistémicos de Salta
Fecha de Publicación: 26/03/2017
Fuente: InfoCampos
Provincia/Región: Salta
Un informe de la FAUBA a la Defensoría del Pueblo de la Nación demuestra que en la Provincia de Salta la remoción ilegal del monte reduce dramáticamente la capacidad de los ecosistemas para almacenar carbono.
En gran parte de nuestro país, la incorporación de nuevas tierras a la producción agrícola se hace a expensas de desmontes. La remoción del bosque original, asociada al cultivo posterior de soja, baja la capacidad de tales ecosistemas para proveer servicios. Eso es, precisamente, lo que investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) determinaron en la Provincia de Salta. Su informe para la Defensoría del Pueblo de la Nación (DPN) deja en claro que las áreas desmontadas al margen de la ley dejan de brindar hasta un 40% de sus servicios ecosistémicos (SE), en promedio, seún informó la Agencia de Prensa y Divulgación Científica Sobre La Tierra (SLT).
“A pedido de la DPN, cuantificamos la provisión de SE en áreas desmontadas ilegalmente en Salta, en una ventana de tiempo entre 2006, justo antes del desmonte, y 2015. Hicimos dos tipos de análisis. En el primero comparamos para un mismo momento (el 2014) las parcelas desmontadas contra bosques de referencia cercanos sin desmontar. En el segundo comparamos las parcelas desmontadas contra sí mismas antes del desmonte. Es decir, 2015 vs. 2006. En el primer caso, la pérdida promedio fue del 40%. En el segundo, la caída fue mayor aun”, afirmó José Paruelo, profesor del Departamento de Métodos Cuantitativos Aplicados de la FAUBA.
Paruelo señaló que para el informe empleó el índice de provisión de SE (IPSE), un indicador desarrollado en conjunto por investigadores de la FAUBA, el Conicet, la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Universidad de la República (Uruguay). “El IPSE fue la herramienta más adecuada para el informe a la DPN ya que brinda una medida relativa de la provisión de SE. Se calcula a partir de datos provistos por imágenes satelitales, lo que nos permite realizar análisis en períodos de tiempo largos (desde 2000), en grandes superficies y de manera económica”. Esta tecnología fue publicada en la revista Ecological Indicators.
“El desmonte redujo la provisión de SE porque afectó varios aspectos clave del funcionamiento de los ecosistemas: su ganancia de carbono (es decir, cuánto producen) y su variación a lo largo del año (es decir, cuándo producen). Las áreas desmontadas fueron más estacionales y menos productivas. Además, también detectamos que allí, la estación de crecimiento comenzó más tarde en el año. Esto último deteriora uno de los más importantes SE de los bosques: la regulación hídrica. Hoy, el riesgo de que las napas freáticas asciendan y que los suelos se salinicen es mayor”, alertó José Paruelo, quien también es Investigador Superior del Conicet.
Los servicios ecosistémicos en la Argentina
Para el investigador, caracterizar la situación ambiental de un territorio extenso como el argentino, o el de un continente entero, es un desafío enorme. En tal sentido, es muy importante contar con índices que describan la capacidad de sus ecosistemas para brindar servicios. “Entre otros, los SE incluyen desde regular el clima, la pérdida de suelo o las inundaciones, hasta proveer alimentos o mantener la diversidad biológica. Es decir, son los aspectos estructurales y funcionales de esos sistemas de los cuales obtenemos beneficios directos, como los alimentos, e indirectos, como el secuestro de carbono. La pregunta es: ¿cómo pasamos de la teoría a describir efectivamente la condición ambiental del país?”.
“A gran escala, la caracterización de la provisión de SE hay que pensarla para cada porción de territorio, y para eso, los datos satelitales son fundamentales”, sostuvo Paruelo, y añadió: “Con ese objetivo desarrollamos el IPSE. En otro estudio que realizamos en la FAUBA, este índice nos permitió estimar cómo cambió la provisión de SE en la Argentina entre 2000 y 2013. Un resultado notable fue un mapa en el que mostramos que el nivel de provisión disminuyó en la mayor parte de nuestro territorio”.
Según Paruelo, el mapa sirvió también como disparador de preguntas críticas como: ¿Por qué aumentó o disminuyó la provisión de SE? ¿Hicimos algo mal o está fuera de nuestro control? Para responderlas es necesario contar con situaciones de referencia contra las cuales comparar. Esas situaciones se encuentran en la red de áreas protegidas públicas y privadas.
“Por definición —explicó Paruelo—, las áreas protegidas son las que han experimentado la menor intervención humana y, entonces, resultan ideales como referencia para interpretar los cambios que se observan. En este sentido, el mapa que mencioné antes se debería convertir en una herramienta fundamental para detectar cuáles áreas tendrían que ser preservadas, dado que indica dónde se producen más servicios y cómo es la tendencia en el tiempo”.
“Disponer de índices basados en datos espectrales es muy atractivo. Sin embargo, debemos estar atentos al mal uso que puede hacerse de ellos. Como en el caso de la salud humana, un médico no puede prescindir de la información que le brindan los diagnósticos por imágenes. No confiaríamos mucho en un médico que no toma en cuenta tales elementos. Pero tampoco confiaríamos en aquel que prescinde del análisis clínico y de la observación del paciente. No podemos dejar de lado la observación a campo, la historia natural y la integración de la información proveniente todas las fuentes posibles (desde sensores remotos hasta experimentos, pasando por el conocimiento local) en modelos que describan el funcionamiento de los sistemas socioecológicos. Quienes nos formamos en esta facultad aprendimos eso de Alberto Soriano y de Rolando León, dignos herederos de Alexander von Humboldt en la observación de la naturaleza”, finalizó Paruelo.
.
Fecha de Publicación: 26/03/2017
Fuente: InfoCampos
Provincia/Región: Salta
Un informe de la FAUBA a la Defensoría del Pueblo de la Nación demuestra que en la Provincia de Salta la remoción ilegal del monte reduce dramáticamente la capacidad de los ecosistemas para almacenar carbono.
En gran parte de nuestro país, la incorporación de nuevas tierras a la producción agrícola se hace a expensas de desmontes. La remoción del bosque original, asociada al cultivo posterior de soja, baja la capacidad de tales ecosistemas para proveer servicios. Eso es, precisamente, lo que investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) determinaron en la Provincia de Salta. Su informe para la Defensoría del Pueblo de la Nación (DPN) deja en claro que las áreas desmontadas al margen de la ley dejan de brindar hasta un 40% de sus servicios ecosistémicos (SE), en promedio, seún informó la Agencia de Prensa y Divulgación Científica Sobre La Tierra (SLT).
“A pedido de la DPN, cuantificamos la provisión de SE en áreas desmontadas ilegalmente en Salta, en una ventana de tiempo entre 2006, justo antes del desmonte, y 2015. Hicimos dos tipos de análisis. En el primero comparamos para un mismo momento (el 2014) las parcelas desmontadas contra bosques de referencia cercanos sin desmontar. En el segundo comparamos las parcelas desmontadas contra sí mismas antes del desmonte. Es decir, 2015 vs. 2006. En el primer caso, la pérdida promedio fue del 40%. En el segundo, la caída fue mayor aun”, afirmó José Paruelo, profesor del Departamento de Métodos Cuantitativos Aplicados de la FAUBA.
Paruelo señaló que para el informe empleó el índice de provisión de SE (IPSE), un indicador desarrollado en conjunto por investigadores de la FAUBA, el Conicet, la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Universidad de la República (Uruguay). “El IPSE fue la herramienta más adecuada para el informe a la DPN ya que brinda una medida relativa de la provisión de SE. Se calcula a partir de datos provistos por imágenes satelitales, lo que nos permite realizar análisis en períodos de tiempo largos (desde 2000), en grandes superficies y de manera económica”. Esta tecnología fue publicada en la revista Ecological Indicators.
“El desmonte redujo la provisión de SE porque afectó varios aspectos clave del funcionamiento de los ecosistemas: su ganancia de carbono (es decir, cuánto producen) y su variación a lo largo del año (es decir, cuándo producen). Las áreas desmontadas fueron más estacionales y menos productivas. Además, también detectamos que allí, la estación de crecimiento comenzó más tarde en el año. Esto último deteriora uno de los más importantes SE de los bosques: la regulación hídrica. Hoy, el riesgo de que las napas freáticas asciendan y que los suelos se salinicen es mayor”, alertó José Paruelo, quien también es Investigador Superior del Conicet.
Los servicios ecosistémicos en la Argentina
Para el investigador, caracterizar la situación ambiental de un territorio extenso como el argentino, o el de un continente entero, es un desafío enorme. En tal sentido, es muy importante contar con índices que describan la capacidad de sus ecosistemas para brindar servicios. “Entre otros, los SE incluyen desde regular el clima, la pérdida de suelo o las inundaciones, hasta proveer alimentos o mantener la diversidad biológica. Es decir, son los aspectos estructurales y funcionales de esos sistemas de los cuales obtenemos beneficios directos, como los alimentos, e indirectos, como el secuestro de carbono. La pregunta es: ¿cómo pasamos de la teoría a describir efectivamente la condición ambiental del país?”.
“A gran escala, la caracterización de la provisión de SE hay que pensarla para cada porción de territorio, y para eso, los datos satelitales son fundamentales”, sostuvo Paruelo, y añadió: “Con ese objetivo desarrollamos el IPSE. En otro estudio que realizamos en la FAUBA, este índice nos permitió estimar cómo cambió la provisión de SE en la Argentina entre 2000 y 2013. Un resultado notable fue un mapa en el que mostramos que el nivel de provisión disminuyó en la mayor parte de nuestro territorio”.
Según Paruelo, el mapa sirvió también como disparador de preguntas críticas como: ¿Por qué aumentó o disminuyó la provisión de SE? ¿Hicimos algo mal o está fuera de nuestro control? Para responderlas es necesario contar con situaciones de referencia contra las cuales comparar. Esas situaciones se encuentran en la red de áreas protegidas públicas y privadas.
“Por definición —explicó Paruelo—, las áreas protegidas son las que han experimentado la menor intervención humana y, entonces, resultan ideales como referencia para interpretar los cambios que se observan. En este sentido, el mapa que mencioné antes se debería convertir en una herramienta fundamental para detectar cuáles áreas tendrían que ser preservadas, dado que indica dónde se producen más servicios y cómo es la tendencia en el tiempo”.
“Disponer de índices basados en datos espectrales es muy atractivo. Sin embargo, debemos estar atentos al mal uso que puede hacerse de ellos. Como en el caso de la salud humana, un médico no puede prescindir de la información que le brindan los diagnósticos por imágenes. No confiaríamos mucho en un médico que no toma en cuenta tales elementos. Pero tampoco confiaríamos en aquel que prescinde del análisis clínico y de la observación del paciente. No podemos dejar de lado la observación a campo, la historia natural y la integración de la información proveniente todas las fuentes posibles (desde sensores remotos hasta experimentos, pasando por el conocimiento local) en modelos que describan el funcionamiento de los sistemas socioecológicos. Quienes nos formamos en esta facultad aprendimos eso de Alberto Soriano y de Rolando León, dignos herederos de Alexander von Humboldt en la observación de la naturaleza”, finalizó Paruelo.
.
Las provincias del Litoral unidas en acciones ambientales
Las provincias del Litoral buscan fortalecer y cooperar en las acciones ambientales
Fecha de Publicación: 23/03/2017
Fuente: Diario Chaco
Provincia/Región: Litoral
En carácter de vicepresidenta del Consejo Federal Del Ambiente la ministra de Planificación, Ambiente e Innovación Tecnológica María Elina Serrano, participó del encuentro y debate sobre temas ambientales de carácter Regional, que tuvo lugar en la provincia de Formosa.
Uno de los salones del Polo Científico y Tecnológico albergó un encuentro de debate sobre temas ambientales de carácter regional. Allí, los funcionarios de las provincias que integran este espacio, junto a sus equipos técnicos analizaron un extenso temario que incluyó el estado actual de los proyectos de leyes de presupuestos mínimos de Humedales que cuenta con la media sanción del Congreso Nacional; el proyecto de modificación de la Ley 24.051 sobre Residuos Peligrosos; las novedades en torno a la Estrategia Nacional sobre cambio climático y energía renovables, entre otros temas.
Además, se analizó el trabajo que las diferentes comisiones del Cofema tienen en agenda para su tratamiento durante el año 2017. En esta oportunidad, el secretario de Coordinación Interjurisdiccional del Ministerio de Ambiente de Nación Lucas Figueras y la vicepresidenta del Cofema María Elina Serrano, brindaron detalles acerca de las acciones cuyas realizaciones están previstas para el presente año en el seno del Consejo Federal de Ambiente.
“Tenemos desafíos ambientales comunes entre las provincias de la región, ya que el ambiente no conoce fronteras administrativas entre las jurisdicciones. Por eso trabajamos para fortalecer y cooperar en las acciones ambientales, tanto de promoción como de fiscalización”, manifestó la ministra Serrano, quien además agregó: “La comunidad nos demanda definir acciones concretas con respecto al cuidado del patrimonio natural y el desarrollo sustentable".
Así, los presentes al encuentro regional manifestaron su intención de establecer la unificación de criterios que reflejen la realidad de la amplia región, en relación a los temas más relevantes, a partir de problemáticas comunes en materia ambiental que presentan las provincias.
La ministra estuvo acompañada por la subsecretaria de Ambiente Claudia Terenghi. Además participaron los responsables ambientales de Formosa, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Entre Ríos, y sus diferentes áreas.
.
Fecha de Publicación: 23/03/2017
Fuente: Diario Chaco
Provincia/Región: Litoral
En carácter de vicepresidenta del Consejo Federal Del Ambiente la ministra de Planificación, Ambiente e Innovación Tecnológica María Elina Serrano, participó del encuentro y debate sobre temas ambientales de carácter Regional, que tuvo lugar en la provincia de Formosa.
Uno de los salones del Polo Científico y Tecnológico albergó un encuentro de debate sobre temas ambientales de carácter regional. Allí, los funcionarios de las provincias que integran este espacio, junto a sus equipos técnicos analizaron un extenso temario que incluyó el estado actual de los proyectos de leyes de presupuestos mínimos de Humedales que cuenta con la media sanción del Congreso Nacional; el proyecto de modificación de la Ley 24.051 sobre Residuos Peligrosos; las novedades en torno a la Estrategia Nacional sobre cambio climático y energía renovables, entre otros temas.
Además, se analizó el trabajo que las diferentes comisiones del Cofema tienen en agenda para su tratamiento durante el año 2017. En esta oportunidad, el secretario de Coordinación Interjurisdiccional del Ministerio de Ambiente de Nación Lucas Figueras y la vicepresidenta del Cofema María Elina Serrano, brindaron detalles acerca de las acciones cuyas realizaciones están previstas para el presente año en el seno del Consejo Federal de Ambiente.
“Tenemos desafíos ambientales comunes entre las provincias de la región, ya que el ambiente no conoce fronteras administrativas entre las jurisdicciones. Por eso trabajamos para fortalecer y cooperar en las acciones ambientales, tanto de promoción como de fiscalización”, manifestó la ministra Serrano, quien además agregó: “La comunidad nos demanda definir acciones concretas con respecto al cuidado del patrimonio natural y el desarrollo sustentable".
Así, los presentes al encuentro regional manifestaron su intención de establecer la unificación de criterios que reflejen la realidad de la amplia región, en relación a los temas más relevantes, a partir de problemáticas comunes en materia ambiental que presentan las provincias.
La ministra estuvo acompañada por la subsecretaria de Ambiente Claudia Terenghi. Además participaron los responsables ambientales de Formosa, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Entre Ríos, y sus diferentes áreas.
.
Tucumán: denuncian inacción ante inundaciones
Inundaciones endémicas
Fecha de Publicación: 23/03/2017
Fuente: Tucuman Noticias
Provincia/Región: Tucumán
Fecha de Publicación: 23/03/2017
Fuente: Tucuman Noticias
Provincia/Región: Tucumán
Conciencia Ambiental Tucumán advierte sobre la peligrosidad de la tormentas actuales y llama a la reflexión a los políticos para que se fije una verdadera política ambiental.
El cambio climático ya viene demostrando con creces que no se detiene ni se arrodilla ante nada ni nadie, las lluvias se vuelvan cada vez más agresivas, destruyen y hasta se cobran vidas humanas; el hombre sin embargo sigue con su soberbia y dice que le pone el pecho a la naturaleza y da la espalda a temas por demás delicados. Las últimas lluvias dejaron al desnudo la fragilidad de una gestión ambiental desnutrida por parte de los políticos que tuvieron la oportunidad en tantos años de darle una solución adecuada a nuestro Tucumán que se inunda provocando daños irreparables.
Años de gestiones políticas, tanto del gobierno provincial como municipal, que tan solo supieron de pavimentar calles, talaron hasta más no poder y muchos de los depredadores que fueron representantes del pueblo se escudaron en el poder de turno. Tan solo se hicieron obras donde se levantaban votos para perpetuarse en el poder, años de gestiones en las cuales se les dio la espalda al medio ambiente.
Ahora nos encontramos con la realidad, con la verdad de un Tucumán que cada vez que llueve se inunda y corren riesgos de vida los vecinos desprevenidos.
Con la naturaleza no se juega, pero la verdad para los políticos es otra, la naturaleza “no vota”, atenderla no les garantiza que en el cuarto oscuro pongan su boleta, se olvidaron de una planificación a futuro en una ciudad que crece en forma desmesurada. Años de gestiones con los mismos políticos sin que ninguno de ellos tome la sabia decisión política de trabajar ciertamente en el medio ambiente y cada vez que un ambientalista levantaba su voz, declararlo enemigo del sistema, desestabilizador o vaya a saber que otro improperio y cerrarles las puertas, pero nuestros aliados a los cuales agradecemos públicamente es la prensa, escrita, televisiva y en la web, gracias a este medio principalmente por darle al medio ambiente el impulso que necesita.
Estas tormentas seguramente se irán incrementando y dañando, y los políticos también seguirán en su derrotero buscando votos. Dios perdona siempre, los hombres a veces, la naturaleza nunca y los tucumanos seguimos temblando cada vez que el cielo se pone oscuro.
.
La política ambiental sin recursos
Recursos naturales: sólo el 0,5% del presupuesto se usará en el área de ambiente
Fecha de Publicación: 22/03/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Así lo determina un informe realizado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales; a pesar de los anuncios oficiales, las partidas para combustibles fósiles superan a las destinadas a renovables y bosques
La inversión en temas de ecología y ambiente representa apenas el 0,5% del presupuesto nacional previsto para este año. La cifra se acerca a unos $ 10.600 millones, muy lejos de los $ 176.000 millones que se destinarán a la actividad agropecuaria, al sector de energía alimentado por combustibles fósiles y a la minería.
Ésta es una de las conclusiones del informe anual que realiza la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) respecto del ejercicio fiscal de 2017 presentado por el gobierno nacional.
Aunque en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación no quisieron responder oficialmente, fuentes de la dependencia indicaron que el trabajo es "muy general" y que no identifica claramente el detalle de las partidas según su complejidad. Reconocieron, sin embargo, las bajas asignaciones presupuestarias para la protección de bosques y de glaciares.
"Las partidas identificadas como compatibles con el cuidado ambiental representan el 0,5% de los gastos presupuestados, mientras que aquellas etiquetadas en la categoría contraria (que aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero) alcanzan al 7,6%", explicó María Marta Di Paola, investigadora en economía y ambiente de la ONG.
Entre las partidas compatibles se destacan el fomento del transporte vía ferrocarril, cuestiones vinculadas con la conservación de ecosistemas como bosques o tierras secas y partidas para la eficiencia energética y energías renovables.
Y si se analiza por cartera, el 55% de las partidas favorables corresponden al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en conjunto con la Administración de Parques Nacionales. De las asignaciones para la conservación, la mitad (el 51%) se financia a través de fondos internacionales, mientras que el resto se realiza a través de gastos nacionales. Cabe aclarar que las inversiones que figuran en el documento no tienen en cuenta los gastos en personal.
Porcentajes que se mantienen
"Es algo que se viene repitiendo desde 2013. Estas asignaciones no son nuevas; lo que sí nos sorprendió es la dispersión de las partidas y la gran cantidad de fondos fiduciarios para algunas inversiones, como las renovables", agregó la experta.
La importancia de invertir en políticas que reduzcan la emisión de gases está íntimamente relacionada con el cumplimiento del compromiso de la Argentina en el Acuerdo de París de disminuir la contaminación en un 17% para 2030 y en un 37% con ayuda internacional. Incluso ayer el ministro de Energía nacional, Juan José Aranguren, anunció que para 2025 la energía del país será generada en un 20% por renovables.
"Con las políticas que refleja este presupuesto vemos que es complicado que se pueda cumplir con estas metas", agregó Di Paola, que llegó a la conclusión de que por cada peso que se invertirá en renovables habrá $ 160 para los combustibles fósiles.
El Gobierno sostiene que en el sector energético existe una mayor complejidad por la cantidad de subsidios que recibe esa área y por la transición hacia las energías limpias. La explicación oficial hace hincapié en eliminar también el costo que significa importar combustibles y que, para ello, es necesario seguir invirtiendo en fósiles.
Cumbre del clima
En Marrakech, en la última cumbre de lucha contra el cambio climático, el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, anunció Deforestación Cero para 2030. Pero, según el presupuesto actual, no comenzará este año. La protección de bosques, por caso, tiene una asignación presupuestaria que alcanza el 0,03% del ejercicio, cuando la ley indica que debería contar, como mínimo, con el 0,3%.
En el Ministerio de Ambiente, que hace dos semanas asignó otros $ 300 millones a este ítem (ahora serán $ 590 millones, contra los $ 7000 millones que debería tener), indicaron que si bien "están en deuda", se está reformando el sistema en el que las provincias rinden los fondos para la protección de los bosques. Según la administración, hasta el momento ninguna de las 24 provincias ha explicado cómo se utilizaron los fondos enviados desde hace años.
"La protección de glaciares está directamente ausente. Mientras en los últimos cinco años se han invertido cinco millones; en 2017 se asignan $ 40 millones para un mapeo geológico", detalla Di Paola, explicando que es una política que favorece a la minería.
Para Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientalistas, las medidas que están tomando van en contra del ambiente: "Estamos viendo una regresión ambiental notable y se condice con el presupuesto. Fuimos muy críticos con el kirchnerismo, pero ahora quieren modificar la poca ley ambiental que tiene la Argentina. Hay una idea premeditada de flexibilizar la poca legislación que tenemos".
Otros países
Según el Banco Mundial, el gasto público ambiental en los países de la Unión Europea oscilaba entre 0,2% y 1,4% del PBI en 2013, con un promedio estimado de 0,7%. En nuestro país, tomando en cuenta el PBI alcanzaríamos ese promedio (0,66%), sin embargo, los ambientalistas advierten por la gran cantidad de inversión en políticas contrarias a la calidad del medio ambiente.
"Lo que parece repetirse año tras año en el presupuesto es una tendencia a medidas cortoplacistas, con implicancias a largo plazo. Por ejemplo, el Plan de Manejo de las Inundaciones incluido en el Fondo de Infraestructura Hídrica sólo representó el 19% de sus gastos", sostuvo Di Paola.
.
Fecha de Publicación: 22/03/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Así lo determina un informe realizado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales; a pesar de los anuncios oficiales, las partidas para combustibles fósiles superan a las destinadas a renovables y bosques
La inversión en temas de ecología y ambiente representa apenas el 0,5% del presupuesto nacional previsto para este año. La cifra se acerca a unos $ 10.600 millones, muy lejos de los $ 176.000 millones que se destinarán a la actividad agropecuaria, al sector de energía alimentado por combustibles fósiles y a la minería.
Ésta es una de las conclusiones del informe anual que realiza la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) respecto del ejercicio fiscal de 2017 presentado por el gobierno nacional.
Aunque en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación no quisieron responder oficialmente, fuentes de la dependencia indicaron que el trabajo es "muy general" y que no identifica claramente el detalle de las partidas según su complejidad. Reconocieron, sin embargo, las bajas asignaciones presupuestarias para la protección de bosques y de glaciares.
"Las partidas identificadas como compatibles con el cuidado ambiental representan el 0,5% de los gastos presupuestados, mientras que aquellas etiquetadas en la categoría contraria (que aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero) alcanzan al 7,6%", explicó María Marta Di Paola, investigadora en economía y ambiente de la ONG.
Entre las partidas compatibles se destacan el fomento del transporte vía ferrocarril, cuestiones vinculadas con la conservación de ecosistemas como bosques o tierras secas y partidas para la eficiencia energética y energías renovables.
Y si se analiza por cartera, el 55% de las partidas favorables corresponden al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en conjunto con la Administración de Parques Nacionales. De las asignaciones para la conservación, la mitad (el 51%) se financia a través de fondos internacionales, mientras que el resto se realiza a través de gastos nacionales. Cabe aclarar que las inversiones que figuran en el documento no tienen en cuenta los gastos en personal.
Porcentajes que se mantienen
"Es algo que se viene repitiendo desde 2013. Estas asignaciones no son nuevas; lo que sí nos sorprendió es la dispersión de las partidas y la gran cantidad de fondos fiduciarios para algunas inversiones, como las renovables", agregó la experta.
La importancia de invertir en políticas que reduzcan la emisión de gases está íntimamente relacionada con el cumplimiento del compromiso de la Argentina en el Acuerdo de París de disminuir la contaminación en un 17% para 2030 y en un 37% con ayuda internacional. Incluso ayer el ministro de Energía nacional, Juan José Aranguren, anunció que para 2025 la energía del país será generada en un 20% por renovables.
"Con las políticas que refleja este presupuesto vemos que es complicado que se pueda cumplir con estas metas", agregó Di Paola, que llegó a la conclusión de que por cada peso que se invertirá en renovables habrá $ 160 para los combustibles fósiles.
El Gobierno sostiene que en el sector energético existe una mayor complejidad por la cantidad de subsidios que recibe esa área y por la transición hacia las energías limpias. La explicación oficial hace hincapié en eliminar también el costo que significa importar combustibles y que, para ello, es necesario seguir invirtiendo en fósiles.
Cumbre del clima
En Marrakech, en la última cumbre de lucha contra el cambio climático, el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, anunció Deforestación Cero para 2030. Pero, según el presupuesto actual, no comenzará este año. La protección de bosques, por caso, tiene una asignación presupuestaria que alcanza el 0,03% del ejercicio, cuando la ley indica que debería contar, como mínimo, con el 0,3%.
En el Ministerio de Ambiente, que hace dos semanas asignó otros $ 300 millones a este ítem (ahora serán $ 590 millones, contra los $ 7000 millones que debería tener), indicaron que si bien "están en deuda", se está reformando el sistema en el que las provincias rinden los fondos para la protección de los bosques. Según la administración, hasta el momento ninguna de las 24 provincias ha explicado cómo se utilizaron los fondos enviados desde hace años.
"La protección de glaciares está directamente ausente. Mientras en los últimos cinco años se han invertido cinco millones; en 2017 se asignan $ 40 millones para un mapeo geológico", detalla Di Paola, explicando que es una política que favorece a la minería.
Para Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientalistas, las medidas que están tomando van en contra del ambiente: "Estamos viendo una regresión ambiental notable y se condice con el presupuesto. Fuimos muy críticos con el kirchnerismo, pero ahora quieren modificar la poca ley ambiental que tiene la Argentina. Hay una idea premeditada de flexibilizar la poca legislación que tenemos".
Otros países
Según el Banco Mundial, el gasto público ambiental en los países de la Unión Europea oscilaba entre 0,2% y 1,4% del PBI en 2013, con un promedio estimado de 0,7%. En nuestro país, tomando en cuenta el PBI alcanzaríamos ese promedio (0,66%), sin embargo, los ambientalistas advierten por la gran cantidad de inversión en políticas contrarias a la calidad del medio ambiente.
"Lo que parece repetirse año tras año en el presupuesto es una tendencia a medidas cortoplacistas, con implicancias a largo plazo. Por ejemplo, el Plan de Manejo de las Inundaciones incluido en el Fondo de Infraestructura Hídrica sólo representó el 19% de sus gastos", sostuvo Di Paola.
.
Riachuelo: gestión de residuos para mejorar la zona
Impulsan mejoras en gestión de residuos del Riachuelo
Fecha de Publicación: 20/03/2017
Fuente: InfoRegión
Provincia/Región: Riachuelo
La titular de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), Gladys González, entregó 40 camiones compactadores y volcadores a los municipios que componen la cuenca, con el objetivo de "mejorar la gestión de los residuos" en toda las zonas aledañas a los causes fluviales.
González evaluó que "a través de la entrega de estos camiones, que significan una ayuda concreta para los municipios, ACUMAR impulsa la mejora de la gestión de residuos que cada uno de estos distritos debe realizar cumpliendo con su responsabilidad".
Aseguró que las nuevas unidades "no solo contribuyen directamente" con la recolección de residuos y de basura, sino que también tienen el objetivo "fundamental de dejar de contaminar la Cuenca".
Sobre la iniciativa. Esta decisión se enmarca dentro del Plan Integral de Saneamiento Ambiental, y para instrumentarla se firmaron convenios con cada uno de los municipios contemplando, entre otras, una política de cierre de basurales, limpieza de márgenes y concientización para reciclar y reducir la generación de basura. Para ello también se incluye la entrega de estaciones de reciclado, que los distritos deben administrar llevando a cabo una tarea de compromiso con la comunidad y educación ambiental en las escuelas de la Cuenca.
En esta oportunidad estuvieron presentes en General Las Heras con motivo de la entrega de los camiones los 5 intendentes que conforman los distritos de la Cuenca Alta: Mauricio Gómez (San Vicente), Marisa Fassi (Cañuelas), Ricardo Curuchet (Marcos Paz), Aníbal Regueiro (Presidente Perón) y Javier Ozuna (Gral. Las Heras).
.
Etiquetas:
contaminación,
política ambiental,
recursos hídricos,
residuos,
Riachuelo
|
0
comentarios
Otra vez presentan obras para el Riachuelo
Presentaron un sistema para sanear la cuenca del Riachuelo-La Matanza
Fecha de Publicación: 19/03/2017
Fuente: Terra
Provincia/Región: Riachuelo
El Gobierno presentó hoy el inicio de las obras del Sistema Matanza-Riachuelo, destinado, entre otras cosas, al saneamiento de las aguas que desembocan en el Río de la Plata y financiado por el Estado nacional y créditos del Banco Mundial.
Según explicaron, el proyecto prevé la construcción de una planta de pretratamiento en la ciudad bonaerense de Dock Sud, partido de Avellaneda, y la creación de un sistema de cañerías que, en total, superarán los 30 kilómetros de extensión.
De acuerdo a las autoridades de Aguas y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA), el ente a cargo de las obras, el Sistema estará finalizado para el primer trimestre del 2021.
La iniciativa tendrá un costo total de 1.200 millones de dólares, que serán cubiertos con fondos del Estado nacional y créditos otorgados por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
"Parte del objetivo que tiene el Gobierno de erradicar la pobreza es poder generar las condiciones de infraestructura que no son propias del siglo XXI sino del siglo XX", destacó el subsecretario de Obras Hídricas, Pablo Bereciartúa, durante la presentación.
Junto al funcionario estaban además el presidente de AySA, José Luis Inglese, y representantes de las diferentes cooperativas que llevan adelante y supervisan los trabajos en el lugar.
Este proyecto es uno de los más postergados, ya que tiene orden de inicio y se licitó en 2012, aunque los trabajos aún no habían comenzado, lo que hizo peligrar el crédito del BIRF.
Una de las partes más importantes de la iniciativa es el levantamiento de la planta de pretratamiento, que se prevé estará finalizada en cuatro años.
El edificio será el encargado de bombear los afluentes cloacales que ingresarán desde una gran cañería, también a construir, realizar trabajos de tratamiento como desarenización y desengrasamiento y volver a bombearla por otro túnel que liberará la corriente directamente en el Río de la Plata.
Este primer conducto es otro de los puntos centrales del proyecto: se trata de un canal subterráneo de unos 16 kilómetros de extensión que irá desde el límite de la Matanza directamente hasta la planta.
El objetivo de esta cañería, denominada Colector Margen Izquierda, es interceptar la corriente que circula por dos de las tres Cloacas Máximas que tiene AySA actualmente, aliviando así el trabajo de la central en Berazategui, que al día de hoy es la única que recibe y trata toda esa circulación de agua antes de liberarla en el río.
De esta manera, aseguran, se beneficiará a 4.5 millones de personas y se tendrá la capacidad de operación necesaria para sumar a otros 1.5 millones de usuarios nuevos a la red.
De hecho, según explicó Inglese, el ente nacional encargado de los sistemas de agua corrientes y cloacas sumó recientemente a 9 partidos del área metropolitana a su concesión y esperan también obtener el permiso para hacerse cargo de Morón.
Además, el proyecto también plantea desplegar un sistema de cañerías complementarias a este conducto central que consta de túneles de entre 800 y 100 milímetros de diámetro y que, en total, suman otros 18 kilómetros de extensión.
El objetivo de estas tuberías, entre otras cosas, es captar los denominados caudales en tiempo seco, residuos cloacales que circulan por arroyos en los que solo debería circular agua de lluvia y que son producidos por los sistemas sanitarios informales de la zona.
Finalmente, la obra se completará con la construcción de otro conducto que transportará el afluente desde la planta de tratamiento hasta el Río de la Plata.
Esta red estará ubicada a más de 40 metros de profundidad bajo el agua y tendrá una longitud de 12 kilómetros, ya que tiene que alejarse de la costa lo suficiente para dejar libre las vías de tránsito navegables.
Este acueducto será el tramo final que recorrerá el agua del riachuelo y desde este punto será liberada para volver al río y seguir su curso natural.
Por otra parte, las autoridades del Gobierno también anunciaron que en el marco de este proyecto se realizarán obran de mejoramiento y pavimentación en las calles Debenedetto, Morse Génova y en la conexión de Edison con Huego y Dargenti Ponce, todas en Avellaneda.
Además se levantará un nuevo camino costero desde la Autopista Buenos Aires-La Plata que bordeará la cuenca del canal Sarandí.
.
Fecha de Publicación: 19/03/2017
Fuente: Terra
Provincia/Región: Riachuelo
El Gobierno presentó hoy el inicio de las obras del Sistema Matanza-Riachuelo, destinado, entre otras cosas, al saneamiento de las aguas que desembocan en el Río de la Plata y financiado por el Estado nacional y créditos del Banco Mundial.
Según explicaron, el proyecto prevé la construcción de una planta de pretratamiento en la ciudad bonaerense de Dock Sud, partido de Avellaneda, y la creación de un sistema de cañerías que, en total, superarán los 30 kilómetros de extensión.
De acuerdo a las autoridades de Aguas y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA), el ente a cargo de las obras, el Sistema estará finalizado para el primer trimestre del 2021.
La iniciativa tendrá un costo total de 1.200 millones de dólares, que serán cubiertos con fondos del Estado nacional y créditos otorgados por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
"Parte del objetivo que tiene el Gobierno de erradicar la pobreza es poder generar las condiciones de infraestructura que no son propias del siglo XXI sino del siglo XX", destacó el subsecretario de Obras Hídricas, Pablo Bereciartúa, durante la presentación.
Junto al funcionario estaban además el presidente de AySA, José Luis Inglese, y representantes de las diferentes cooperativas que llevan adelante y supervisan los trabajos en el lugar.
Este proyecto es uno de los más postergados, ya que tiene orden de inicio y se licitó en 2012, aunque los trabajos aún no habían comenzado, lo que hizo peligrar el crédito del BIRF.
Una de las partes más importantes de la iniciativa es el levantamiento de la planta de pretratamiento, que se prevé estará finalizada en cuatro años.
El edificio será el encargado de bombear los afluentes cloacales que ingresarán desde una gran cañería, también a construir, realizar trabajos de tratamiento como desarenización y desengrasamiento y volver a bombearla por otro túnel que liberará la corriente directamente en el Río de la Plata.
Este primer conducto es otro de los puntos centrales del proyecto: se trata de un canal subterráneo de unos 16 kilómetros de extensión que irá desde el límite de la Matanza directamente hasta la planta.
El objetivo de esta cañería, denominada Colector Margen Izquierda, es interceptar la corriente que circula por dos de las tres Cloacas Máximas que tiene AySA actualmente, aliviando así el trabajo de la central en Berazategui, que al día de hoy es la única que recibe y trata toda esa circulación de agua antes de liberarla en el río.
De esta manera, aseguran, se beneficiará a 4.5 millones de personas y se tendrá la capacidad de operación necesaria para sumar a otros 1.5 millones de usuarios nuevos a la red.
De hecho, según explicó Inglese, el ente nacional encargado de los sistemas de agua corrientes y cloacas sumó recientemente a 9 partidos del área metropolitana a su concesión y esperan también obtener el permiso para hacerse cargo de Morón.
Además, el proyecto también plantea desplegar un sistema de cañerías complementarias a este conducto central que consta de túneles de entre 800 y 100 milímetros de diámetro y que, en total, suman otros 18 kilómetros de extensión.
El objetivo de estas tuberías, entre otras cosas, es captar los denominados caudales en tiempo seco, residuos cloacales que circulan por arroyos en los que solo debería circular agua de lluvia y que son producidos por los sistemas sanitarios informales de la zona.
Finalmente, la obra se completará con la construcción de otro conducto que transportará el afluente desde la planta de tratamiento hasta el Río de la Plata.
Esta red estará ubicada a más de 40 metros de profundidad bajo el agua y tendrá una longitud de 12 kilómetros, ya que tiene que alejarse de la costa lo suficiente para dejar libre las vías de tránsito navegables.
Este acueducto será el tramo final que recorrerá el agua del riachuelo y desde este punto será liberada para volver al río y seguir su curso natural.
Por otra parte, las autoridades del Gobierno también anunciaron que en el marco de este proyecto se realizarán obran de mejoramiento y pavimentación en las calles Debenedetto, Morse Génova y en la conexión de Edison con Huego y Dargenti Ponce, todas en Avellaneda.
Además se levantará un nuevo camino costero desde la Autopista Buenos Aires-La Plata que bordeará la cuenca del canal Sarandí.
.
El Riachuelo sigue generado pedidos de informes
Solicitan informes sobre el Riachuelo
Fecha de Publicación: 17/03/2017
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Riachuelo
La diputada Mónica Litza, de Avellaneda, pidió informes sobre la suspensión de tareas, mediante un proyecto de resolución en el que reclama "por la paralización de las obras", según sus datos "ordenadas por la titular de ACUMAR, Gladys González".
Esa iniciativa legislativa se sumó al reclamo realizado la semana pasada por la intendencia de ese distrito, ante “la preocupación por la decisión de la funcionaria”.
Entre sus fundamentos, Litza señaló que “resulta llamativo que quien ha provocado el agravamiento de las condiciones ambientales existentes en la zona -por omisión en el cumplimiento de funciones-, es el mismo organismo encargado de velar por el mejoramiento de las condiciones, sobre todo en prevención, control de la contaminación y recomposición ambiental”.
.
Fecha de Publicación: 17/03/2017
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Riachuelo
La diputada Mónica Litza, de Avellaneda, pidió informes sobre la suspensión de tareas, mediante un proyecto de resolución en el que reclama "por la paralización de las obras", según sus datos "ordenadas por la titular de ACUMAR, Gladys González".
Esa iniciativa legislativa se sumó al reclamo realizado la semana pasada por la intendencia de ese distrito, ante “la preocupación por la decisión de la funcionaria”.
Entre sus fundamentos, Litza señaló que “resulta llamativo que quien ha provocado el agravamiento de las condiciones ambientales existentes en la zona -por omisión en el cumplimiento de funciones-, es el mismo organismo encargado de velar por el mejoramiento de las condiciones, sobre todo en prevención, control de la contaminación y recomposición ambiental”.
.
El COFEMA analiza el Pacto Federal Minero
El Consejo Ambiental analiza los detalles del Pacto Federal Minero
Fecha de Publicación: 15/03/2017
Fuente: Diario El Zonda
Provincia/Región: Nacional
Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) en conjunto con representantes de las 23 provincias decidió reunirse por la preocupación en la ausencia de responsables de ambiente y por la falta de consulta en la elaboración del Pacto Federal Minero, requiriendo una revisación del mismo para garantizar estudios ambientales y normativas para la protección ambiental.
Según el Lic. Raúl Tello, Secretario de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y representante provincial del Consejo Federal de Medio Ambiente, “vamos a intervenir COFEMIN y COFEMA. En el caso de COFEMA se ha creado una comisión que esta precedida por la provincia de Santa Cruz, Nosotros tenemos la vicepresidencia de esa comisión que va a estar José Luis Espinoza que es ingeniero en minas, además de ser especialista en la materia. El COFEMIN obviamente tiene una actitud de desarrollar normativas. Acá hay un tema concreto, hay un país que los dirigentes, las provincias y los gobiernos provinciales se han definido tanto en la Nación como en las provincias por el desarrollo de la actividad minera y hay normativas que no son muy claras, hay en algunos sectores anti mineros la búsqueda de generar legislación que en definitiva termine sancionando la actividad. Nosotros entendemos que no es la dualidad o antinomia ambiente vs minería sino lo que hay que hablar es de desarrollo sustentable entendiendo que es un recurso natural importante, estratégico pero fundamentalmente la base de las posibilidades económicas que tiene esta provincia y muchas provincias argentinas igual, ocurre con los hidrocarburos, con los temas de la soja; y no es que estemos defendiendo esta actividad lo que estamos defendiendo son los equilibrios a nosotros nos toca proteger el ambiente.”
Nuevas autoridades
Además en el marco de la reunión del COFEMA, se realizo la elección de autoridades, donde Lic. Raúl Tello aseguró que, “hemos respetado la propuesta de que el oficialismo elija presidente a pesar que era minoría” ya que cuatro provincias eran oficialistas y diecinueve que no participan del oficialismo, tendiendo de resultado como Presidente a la Ing. María Inés Zigaran Ministra de Ambiente de la Prov. de Jujuy, Vicepresidente Mali Serrano Ministra de Ambiente de la Prov. Chaco.
.
Fecha de Publicación: 15/03/2017
Fuente: Diario El Zonda
Provincia/Región: Nacional
Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) en conjunto con representantes de las 23 provincias decidió reunirse por la preocupación en la ausencia de responsables de ambiente y por la falta de consulta en la elaboración del Pacto Federal Minero, requiriendo una revisación del mismo para garantizar estudios ambientales y normativas para la protección ambiental.
Según el Lic. Raúl Tello, Secretario de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y representante provincial del Consejo Federal de Medio Ambiente, “vamos a intervenir COFEMIN y COFEMA. En el caso de COFEMA se ha creado una comisión que esta precedida por la provincia de Santa Cruz, Nosotros tenemos la vicepresidencia de esa comisión que va a estar José Luis Espinoza que es ingeniero en minas, además de ser especialista en la materia. El COFEMIN obviamente tiene una actitud de desarrollar normativas. Acá hay un tema concreto, hay un país que los dirigentes, las provincias y los gobiernos provinciales se han definido tanto en la Nación como en las provincias por el desarrollo de la actividad minera y hay normativas que no son muy claras, hay en algunos sectores anti mineros la búsqueda de generar legislación que en definitiva termine sancionando la actividad. Nosotros entendemos que no es la dualidad o antinomia ambiente vs minería sino lo que hay que hablar es de desarrollo sustentable entendiendo que es un recurso natural importante, estratégico pero fundamentalmente la base de las posibilidades económicas que tiene esta provincia y muchas provincias argentinas igual, ocurre con los hidrocarburos, con los temas de la soja; y no es que estemos defendiendo esta actividad lo que estamos defendiendo son los equilibrios a nosotros nos toca proteger el ambiente.”
Nuevas autoridades
Además en el marco de la reunión del COFEMA, se realizo la elección de autoridades, donde Lic. Raúl Tello aseguró que, “hemos respetado la propuesta de que el oficialismo elija presidente a pesar que era minoría” ya que cuatro provincias eran oficialistas y diecinueve que no participan del oficialismo, tendiendo de resultado como Presidente a la Ing. María Inés Zigaran Ministra de Ambiente de la Prov. de Jujuy, Vicepresidente Mali Serrano Ministra de Ambiente de la Prov. Chaco.
.
Allanamiento en Ambiente por la Barrick Gold
Ordenaron un operativo en el Ministerio de Ambiente por un nuevo caso de contaminación de Barrick Gold
Fecha de Publicación: 11/03/2017
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
La Justicia Federal investiga la conexión entre el incumplimiento de la ley de glaciares y los sucesivos derrames en las minas de esa empresa en San Juan
En el marco de una investigación por el incumplimiento de la ley de glaciares, el juez federal Sebastián Casanello dispuso una "orden de presentación con allanamiento en subsidio" en el Ministerio de Ambiente que conduce Sergio Bergman, a raíz del último incidente en la mina Lama, de Barrick Gold, en San Juan, que se conoció luego de una denuncia de Infobae.
Casanello investigaba los últimos derrames de solución cianurada en la mina Veladero, en San Juan, hasta que la Corte Suprema le quitó el caso. Sin embargo, a raíz de un escrito presentado por la querella, redireccionó el expediente hacia una causa por el incumplimiento de la ley de glaciares, cuya correcta aplicación habría evitado la contaminación.
Ocho días después de que Infobae revelara un nuevo caso de contaminación en Pascua Lama -otro proyecto de Barrick Gold-, la empresa reconoció un supuesto incidente ambiental provocado por "el deshielo de uno de los inviernos más intensos", de acuerdo a las palabras de la empresa. Frente a ello, la querella presentó un nuevo escrito en el que consideró que era una prueba de que la mina está ubicada sobre un enorme ambiente periglacial que fue destruido y que el accidente es una confirmación fehaciente de lo que Barrick Gold reconoció en su propio informe de impacto ambiental: que viola la ley de glaciares.
A partir de ello, Casanello amplió la investigación a la situación en Pascua Lama y ordenó que el Ministerio de Ambiente presente una serie de documentos e informes vinculados a Lama, tal como había hecho hace unos meses con Veladero.
En el fallo al que Infobae accedió, el juez pidió que la cartera explique si cumplió con el artículo 15 de la ley de glaciares, que ordena que la autoridad de aplicación practique una auditoría ambiental sobre los impactos ambientales potenciales y generados en el ambiente glaciar y periglacial de las distintas minas comprometidas del país.
Fuentes del Ministerio de Ambiente aclararon a Infobae que "se presentará en tiempo y forma toda la información y la documentación requerida" y que la cartera "está a disposición de la justicia".
La dependencia que conduce Bergman publicó en septiembre el inventario de glaciares y notificó a las provincias que son las encargadas de controlar y fiscalizar el cumplimiento de la ley, aunque en la querella creen que como autoridad de aplicación, no puede desligarse de su responsabilidad. Es una de las cuestiones que ahora deberá dirimir Casanello.
Por su parte, en la querella subrayaron que la norma sigue sin cumplirse. "El gobierno nacional no tiene más excusas para seguir evitando aplicar la Ley de Glaciares. Tanto Veladero como Pascua Lama, ambas de Barrick, violan flagrantemente esa ley, como está acreditado en la causa judicial que lleva adelante Casanello", declaró a Infobae el abogado Enrique Viale, quien representa a la Asamblea Jáchal No Se Toca junto a su colega Diego Seguí.
Además del procedimiento en el Ministerio de Ambiente, Casanello ordenó una medida similar en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que tiene a cargo la confección del inventario de glaciares, y que la querella cree que tiene buena parte de responsabilidad en el incumplimiento de la ley.
La causa estaba avanzada y el juzgado está tomando una treintena de declaraciones. Se espera que una vez que terminen a fin de mes, haya novedades y en la querella especulan con la posibilidad de que más de un funcionario sea citado a indagatoria.
De lo que no hay novedades es del proyecto del gobierno, revelado por Infobae, para reglamentar la ley de glaciares, de manera de que se desvirtúe su objeto y se pueda avanzar con proyectos sobre las zonas prohibidas. Nadie desmintió hasta ahora la investigación y su ocultamiento podría complicar la situación de más de un funcionario en la causa.
.
Fecha de Publicación: 11/03/2017
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
La Justicia Federal investiga la conexión entre el incumplimiento de la ley de glaciares y los sucesivos derrames en las minas de esa empresa en San Juan
En el marco de una investigación por el incumplimiento de la ley de glaciares, el juez federal Sebastián Casanello dispuso una "orden de presentación con allanamiento en subsidio" en el Ministerio de Ambiente que conduce Sergio Bergman, a raíz del último incidente en la mina Lama, de Barrick Gold, en San Juan, que se conoció luego de una denuncia de Infobae.
Casanello investigaba los últimos derrames de solución cianurada en la mina Veladero, en San Juan, hasta que la Corte Suprema le quitó el caso. Sin embargo, a raíz de un escrito presentado por la querella, redireccionó el expediente hacia una causa por el incumplimiento de la ley de glaciares, cuya correcta aplicación habría evitado la contaminación.
Ocho días después de que Infobae revelara un nuevo caso de contaminación en Pascua Lama -otro proyecto de Barrick Gold-, la empresa reconoció un supuesto incidente ambiental provocado por "el deshielo de uno de los inviernos más intensos", de acuerdo a las palabras de la empresa. Frente a ello, la querella presentó un nuevo escrito en el que consideró que era una prueba de que la mina está ubicada sobre un enorme ambiente periglacial que fue destruido y que el accidente es una confirmación fehaciente de lo que Barrick Gold reconoció en su propio informe de impacto ambiental: que viola la ley de glaciares.
A partir de ello, Casanello amplió la investigación a la situación en Pascua Lama y ordenó que el Ministerio de Ambiente presente una serie de documentos e informes vinculados a Lama, tal como había hecho hace unos meses con Veladero.
En el fallo al que Infobae accedió, el juez pidió que la cartera explique si cumplió con el artículo 15 de la ley de glaciares, que ordena que la autoridad de aplicación practique una auditoría ambiental sobre los impactos ambientales potenciales y generados en el ambiente glaciar y periglacial de las distintas minas comprometidas del país.
Fuentes del Ministerio de Ambiente aclararon a Infobae que "se presentará en tiempo y forma toda la información y la documentación requerida" y que la cartera "está a disposición de la justicia".
La dependencia que conduce Bergman publicó en septiembre el inventario de glaciares y notificó a las provincias que son las encargadas de controlar y fiscalizar el cumplimiento de la ley, aunque en la querella creen que como autoridad de aplicación, no puede desligarse de su responsabilidad. Es una de las cuestiones que ahora deberá dirimir Casanello.
Por su parte, en la querella subrayaron que la norma sigue sin cumplirse. "El gobierno nacional no tiene más excusas para seguir evitando aplicar la Ley de Glaciares. Tanto Veladero como Pascua Lama, ambas de Barrick, violan flagrantemente esa ley, como está acreditado en la causa judicial que lleva adelante Casanello", declaró a Infobae el abogado Enrique Viale, quien representa a la Asamblea Jáchal No Se Toca junto a su colega Diego Seguí.
Además del procedimiento en el Ministerio de Ambiente, Casanello ordenó una medida similar en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que tiene a cargo la confección del inventario de glaciares, y que la querella cree que tiene buena parte de responsabilidad en el incumplimiento de la ley.
La causa estaba avanzada y el juzgado está tomando una treintena de declaraciones. Se espera que una vez que terminen a fin de mes, haya novedades y en la querella especulan con la posibilidad de que más de un funcionario sea citado a indagatoria.
De lo que no hay novedades es del proyecto del gobierno, revelado por Infobae, para reglamentar la ley de glaciares, de manera de que se desvirtúe su objeto y se pueda avanzar con proyectos sobre las zonas prohibidas. Nadie desmintió hasta ahora la investigación y su ocultamiento podría complicar la situación de más de un funcionario en la causa.
.
El COFEMA frena al COFEMIN
El Consejo Federal de Medio Ambiente pone un freno al Pacto Federal Minero
Fecha de Publicación: 09/03/2017
Fuente: Mendoza Opina
Provincia/Región: Nacional
En el marco de la Asamblea Ordinaria n°83 del COFEMA, Consejo Federal de Medio Ambiente, y con la participación de representantes de las carteras ambientales de las 23 provincias junto con Capital Federal, se decidió observar el documento redactado por COFEMIN, Consejo Federal de Minería, aduciendo que la autoridad ambiental no tuvo incidencia en la creación de dicho pacto.
Esta reunión se realizó en la provincia de Buenos Aires y el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, fue el representante de Mendoza.
Dentro de las observaciones de COFEMA se encuentra la preocupación por la ausencia de responsables de ambiente en las distintas comisiones para la elaboración del Pacto Federal Minero; la falta de consulta por parte de COFEMIN a las autoridades de COFEMA, y la creación de un organismo superior a estos dos consejos del cual no están claramente establecidas las distintas competencias.
Los integrantes del Consejo Federal de Medio Ambiente argumentaron ante el Consejo Federal de Minería la revisión del Pacto Federal Minero para garantizar la elaboración de estudios ambientales de profundidad y la revisión de los distintos organismos de control para garantizar las distintas normativas que harán hincapié en la protección ambiental.
.
Fecha de Publicación: 09/03/2017
Fuente: Mendoza Opina
Provincia/Región: Nacional
En el marco de la Asamblea Ordinaria n°83 del COFEMA, Consejo Federal de Medio Ambiente, y con la participación de representantes de las carteras ambientales de las 23 provincias junto con Capital Federal, se decidió observar el documento redactado por COFEMIN, Consejo Federal de Minería, aduciendo que la autoridad ambiental no tuvo incidencia en la creación de dicho pacto.
Esta reunión se realizó en la provincia de Buenos Aires y el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, fue el representante de Mendoza.
Dentro de las observaciones de COFEMA se encuentra la preocupación por la ausencia de responsables de ambiente en las distintas comisiones para la elaboración del Pacto Federal Minero; la falta de consulta por parte de COFEMIN a las autoridades de COFEMA, y la creación de un organismo superior a estos dos consejos del cual no están claramente establecidas las distintas competencias.
Los integrantes del Consejo Federal de Medio Ambiente argumentaron ante el Consejo Federal de Minería la revisión del Pacto Federal Minero para garantizar la elaboración de estudios ambientales de profundidad y la revisión de los distintos organismos de control para garantizar las distintas normativas que harán hincapié en la protección ambiental.
.
Denuncian paralización de Acumar
Ferraresi le envió una carta a Gladys González por el abandono del Riachuelo por parte de Acumar
Fecha de Publicación: 07/03/2017
Fuente: Agencia El Vigía
Provincia/Región: Riachuelo
En una carta dirigida a la presidenta del organismo, Gladys González, el intendente de Avellaneda alertó sobre la decisión del organismo nacional de no renovar los convenios con el municipio y la consecuente interrupción desde febrero de las tareas de saneamiento y limpieza que se venían llevando a cabo en toda la zona.
A raíz de una decisión tomada por las autoridades ejecutivas de la ACUMAR, desde febrero se han dejado de llevar a cabo las tareas de saneamiento, limpieza y mantenimiento en los márgenes, arroyos y canales del arroyo Sarandí y del Riachuelo, en Avellaneda.
Dichos trabajos dejaron de realizarse a partir del 31 de enero pasado, al finalizar la vigencia de los convenios firmados oportunamente entre la Municipalidad de Avellaneda y la Autoridad de la Cuenta Matanza – Riachuelo (ACUMAR)
Mediante una nota enviada a la presidenta de ACUMAR, Gladys González, el intendente Jorge Ferraresi manifestó su preocupación por esta situación y el estado que empiezan a mostrar estos espacios, donde ya se acumulan residuos y se observa el crecimiento del pasto, situaciones que venían siendo saneados con el esfuerzo de la Comuna, lo que permitió mejorar la calidad de vida de miles de vecinos de la ciudad.
Esta gacetilla es acompañada por fotos que demuestran el deterioro que se ha dado, comparativamente con el estado que mostraban estos espacios hasta el mes de enero.
Por tal razón, la comuna expresó su "preocupación por este abandono decidido desde la conducción de ACUMAR", y ratifica su "compromiso con las tareas de limpieza y saneamiento ambiental en toda la extensión del Distrito".
.
Fecha de Publicación: 07/03/2017
Fuente: Agencia El Vigía
Provincia/Región: Riachuelo
En una carta dirigida a la presidenta del organismo, Gladys González, el intendente de Avellaneda alertó sobre la decisión del organismo nacional de no renovar los convenios con el municipio y la consecuente interrupción desde febrero de las tareas de saneamiento y limpieza que se venían llevando a cabo en toda la zona.
A raíz de una decisión tomada por las autoridades ejecutivas de la ACUMAR, desde febrero se han dejado de llevar a cabo las tareas de saneamiento, limpieza y mantenimiento en los márgenes, arroyos y canales del arroyo Sarandí y del Riachuelo, en Avellaneda.
Dichos trabajos dejaron de realizarse a partir del 31 de enero pasado, al finalizar la vigencia de los convenios firmados oportunamente entre la Municipalidad de Avellaneda y la Autoridad de la Cuenta Matanza – Riachuelo (ACUMAR)
Mediante una nota enviada a la presidenta de ACUMAR, Gladys González, el intendente Jorge Ferraresi manifestó su preocupación por esta situación y el estado que empiezan a mostrar estos espacios, donde ya se acumulan residuos y se observa el crecimiento del pasto, situaciones que venían siendo saneados con el esfuerzo de la Comuna, lo que permitió mejorar la calidad de vida de miles de vecinos de la ciudad.
Esta gacetilla es acompañada por fotos que demuestran el deterioro que se ha dado, comparativamente con el estado que mostraban estos espacios hasta el mes de enero.
Por tal razón, la comuna expresó su "preocupación por este abandono decidido desde la conducción de ACUMAR", y ratifica su "compromiso con las tareas de limpieza y saneamiento ambiental en toda la extensión del Distrito".
.
Chaco apuesta por los voluntarios ambientales
Ambiente fortalece la formación de voluntarios en toda la provincia
Fecha de Publicación: 07/03/2017
Fuente: Diario Chaco
Provincia/Región: Chaco
El Ministerio de Planificación, Ambiente e Innovación Tecnológica a través de la Subsecretaría de Ambiente realizó talleres de sensibilización en las localidades de Resistencia, Las Garcitas, San Bernardo, Las Breñas y Presidencia de la Plaza.
En las jornadas, el equipo de formación desarrolló junto a los voluntarios que se van incrementando mes a mes, a lo largo del territorio provincial, temas relacionados con la Educación Ambiental, el tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos, la prevención de enfermedades y bienestar animal.
En estos espacios de formación, se sumó –por la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos- al personal municipal, quienes durante el taller compartieron sus experiencias, avances y expectativas en relación a la temática ambiental.
¿Quiénes son los “Voluntarios Ambientales”?
En las localidades se conforman grupos de Voluntariado Ambiental, quienes luego de la formación que les otorga herramientas conceptuales y materiales, colaborarán estrechamente en los temas ambientales de su zona, para posibilitar y democratizar la participación ciudadana comprometida y activamente.
Son espacios destinados a la participación ciudadana, dirigidos a jóvenes, adultos y adultos mayores que quieran contribuir con el cuidado de su lugar, su ciudad, su ambiente, y donde la tarea fundamental es la colaboración con el municipio. Además de la optimización de los recursos con los que cuentan y potenciar el trabajo en la jurisdicción con temas ambientales, a partir de actividades como la sensibilización.
Uno de los objetivos del voluntariado consiste en brindar asistencia técnica y fortalecer tanto a los referentes municipales como a organizaciones barriales, ONGs, para que puedan luego desempeñarse en sus ciudades como promotores ambientales.
Al ser consultado, Darío Roveda, coordinador del Equipo de Educación Ambiental, expresó:“La participación ciudadana es fundamental porque los voluntarios encaminan sus acciones hacia la construcción de una provincia ambientalmente sustentable, comprometidos con su espacio inmediato, donde viven como el barrio, la plaza, la comunidad”.
Además instó a quienes deseen recibir más información sobre las líneas de trabajo o quieran sumarse al Voluntariado, pueden escribir a: educacionambientalchaco@gmail.com o visitar la Página de Facebook: Educación Ambiental Chaco.
.
Fecha de Publicación: 07/03/2017
Fuente: Diario Chaco
Provincia/Región: Chaco
El Ministerio de Planificación, Ambiente e Innovación Tecnológica a través de la Subsecretaría de Ambiente realizó talleres de sensibilización en las localidades de Resistencia, Las Garcitas, San Bernardo, Las Breñas y Presidencia de la Plaza.
En las jornadas, el equipo de formación desarrolló junto a los voluntarios que se van incrementando mes a mes, a lo largo del territorio provincial, temas relacionados con la Educación Ambiental, el tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos, la prevención de enfermedades y bienestar animal.
En estos espacios de formación, se sumó –por la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos- al personal municipal, quienes durante el taller compartieron sus experiencias, avances y expectativas en relación a la temática ambiental.
¿Quiénes son los “Voluntarios Ambientales”?
En las localidades se conforman grupos de Voluntariado Ambiental, quienes luego de la formación que les otorga herramientas conceptuales y materiales, colaborarán estrechamente en los temas ambientales de su zona, para posibilitar y democratizar la participación ciudadana comprometida y activamente.
Son espacios destinados a la participación ciudadana, dirigidos a jóvenes, adultos y adultos mayores que quieran contribuir con el cuidado de su lugar, su ciudad, su ambiente, y donde la tarea fundamental es la colaboración con el municipio. Además de la optimización de los recursos con los que cuentan y potenciar el trabajo en la jurisdicción con temas ambientales, a partir de actividades como la sensibilización.
Uno de los objetivos del voluntariado consiste en brindar asistencia técnica y fortalecer tanto a los referentes municipales como a organizaciones barriales, ONGs, para que puedan luego desempeñarse en sus ciudades como promotores ambientales.
Al ser consultado, Darío Roveda, coordinador del Equipo de Educación Ambiental, expresó:“La participación ciudadana es fundamental porque los voluntarios encaminan sus acciones hacia la construcción de una provincia ambientalmente sustentable, comprometidos con su espacio inmediato, donde viven como el barrio, la plaza, la comunidad”.
Además instó a quienes deseen recibir más información sobre las líneas de trabajo o quieran sumarse al Voluntariado, pueden escribir a: educacionambientalchaco@gmail.com o visitar la Página de Facebook: Educación Ambiental Chaco.
.
Formalizan la creación del Observatorio de Cambio Climático
Se formalizó la creación del Observatorio Nacional de Cambio Climático
Fecha de Publicación: 06/03/2017
Fuente: AN Digital
Provincia/Región: Nacional
Dotará al Estado de una mayor capacidad predictiva, analítica y operativa para comprender las causas, minimizar los efectos y mitigar los riesgos de eventos climatológicos, conforme a los lineamientos internacionales y de acuerdo con el cumplimiento de los compromisos ambientales asumidos por la Argentina país ante organismos internacionales.
La creación del Observatorio Nacional de Cambio Climático quedó formalmente establecida, y mediante la articulación con otros organismos públicos, instituciones académicas y tecnológicas, será de importancia para fortalecer la lucha contra el calentamiento global como política de Estado.
Participaron del acto de lanzamiento los ministros de Medio Ambiente y Defensa, Sergio Bergman y Julio Martínez, con la firma de un acuerdo entre ambas carteras en el Edificio Libertador de la Ciudad de Buenos Aires.
El observatorio, que actuará bajo la órbita de la cartera de Ambiente, contará con recursos técnicos y humanos del Ministerio de Defensa, a través del Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto Universitario Aeronáutico y la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín”, esta última seleccionada como sede para el funcionamiento estratégico de la entidad en la provincia de Córdoba.
De esta manera, destacaron que “Argentina contará con una herramienta específica para el resguardo de la seguridad de la población ante riesgos en el ambiente y también con un instrumento para la investigación y el intercambio de información científica y técnica de valor para la detección temprana de eventos climáticos extremos”.
Durante el acto, Martínez, expresó que “estamos trabajando conjuntamente en un amplio espectro de ideas vinculadas al cuidado del medio ambiente. La creación de este observatorio, con la intervención de FAdeA, es un aporte fundamental al trabajo en equipo, tal como nos pide el Presidente de la Nación, con la vista puesta en los tiempos que vienen”.
El Observatorio Nacional del Cambio Climático dotará al Estado nacional de una mayor capacidad predictiva, analítica y operativa para comprender las causas, minimizar los efectos y mitigar los riesgos de eventos causados por el cambio climático, conforme a los lineamientos internacionales y de acuerdo con el cumplimiento de los compromisos ambientales asumidos por la Argentina país ante organismos internacionales.
Asimismo, contribuirá a las necesidades de información respecto a impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático para la conformación del Plan Nacional de Adaptación, que incluirá datos para el desarrollo de mapas y estudios sobre incendios forestales, incendios de pastizales, inundaciones, sequías, olas de calor, cambios observados de temperatura y precipitación y eventos climáticos extremos relacionados con el cambio climático.
.
Fecha de Publicación: 06/03/2017
Fuente: AN Digital
Provincia/Región: Nacional
Dotará al Estado de una mayor capacidad predictiva, analítica y operativa para comprender las causas, minimizar los efectos y mitigar los riesgos de eventos climatológicos, conforme a los lineamientos internacionales y de acuerdo con el cumplimiento de los compromisos ambientales asumidos por la Argentina país ante organismos internacionales.
La creación del Observatorio Nacional de Cambio Climático quedó formalmente establecida, y mediante la articulación con otros organismos públicos, instituciones académicas y tecnológicas, será de importancia para fortalecer la lucha contra el calentamiento global como política de Estado.
Participaron del acto de lanzamiento los ministros de Medio Ambiente y Defensa, Sergio Bergman y Julio Martínez, con la firma de un acuerdo entre ambas carteras en el Edificio Libertador de la Ciudad de Buenos Aires.
El observatorio, que actuará bajo la órbita de la cartera de Ambiente, contará con recursos técnicos y humanos del Ministerio de Defensa, a través del Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto Universitario Aeronáutico y la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín”, esta última seleccionada como sede para el funcionamiento estratégico de la entidad en la provincia de Córdoba.
De esta manera, destacaron que “Argentina contará con una herramienta específica para el resguardo de la seguridad de la población ante riesgos en el ambiente y también con un instrumento para la investigación y el intercambio de información científica y técnica de valor para la detección temprana de eventos climáticos extremos”.
Durante el acto, Martínez, expresó que “estamos trabajando conjuntamente en un amplio espectro de ideas vinculadas al cuidado del medio ambiente. La creación de este observatorio, con la intervención de FAdeA, es un aporte fundamental al trabajo en equipo, tal como nos pide el Presidente de la Nación, con la vista puesta en los tiempos que vienen”.
El Observatorio Nacional del Cambio Climático dotará al Estado nacional de una mayor capacidad predictiva, analítica y operativa para comprender las causas, minimizar los efectos y mitigar los riesgos de eventos causados por el cambio climático, conforme a los lineamientos internacionales y de acuerdo con el cumplimiento de los compromisos ambientales asumidos por la Argentina país ante organismos internacionales.
Asimismo, contribuirá a las necesidades de información respecto a impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático para la conformación del Plan Nacional de Adaptación, que incluirá datos para el desarrollo de mapas y estudios sobre incendios forestales, incendios de pastizales, inundaciones, sequías, olas de calor, cambios observados de temperatura y precipitación y eventos climáticos extremos relacionados con el cambio climático.
.
Córdoba marchó por los bosques de manera contundente
Masiva marcha en contra de la Ley de Bosques
Fecha de Publicación: 03/03/2017
Fuente: La Nueva Mañana
Provincia/Región: Córdoba
Bajo la consigna “¡Por la vida, no a la ley de desmontes” y con el apoyo de ciudadanos de distintos puntos de la provincia, se realiza una nueva marcha en en defensa del Bosque Nativo.
Una nueva marcha en defensa del Bosque Nativo se lleva a cabo en Córdoba, bajo la consigna "¡Por la vida, no a la ley de desmontes”. La convocatoria partió a las 18 horas desde la intersección Colón y Cañada, con dirección a la Plaza San Martín. En contra de los desmontes en la provincia de Córdoba, una gran concurrencia, tanto residentes de la ciudad como ciudadanos del interior de la provincia, portando carteles y banderas avanzaron por las calles céntricas. En la explanada de plaza San Martín se lleva a cabo un festival con música en vivo y una radio abierta.
La movilización está organizada por la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo, que agrupa a las asambleas. Exigen que se archive el proyecto de Ley que el oficialismo intentó aprobar en la Legislatura el año pasado para modificar el actual Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo (ley N° 9814).
Las primeras cifras señalaban que más de 5 mil personas se hicieron presentes en las calles. En una gacetilla difundida por la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo exigen que "se garantice un proceso de participación ciudadana previsto en la ley Nacional 26.331 y se descarte el proyecto de ley del gobierno de Schiaretti".
.
Bergman da de baja una polémica licitación
Bergman dio marcha atrás con la polémica licitación de ecobuses
Fecha de Publicación: 01/03/2017
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
El Ministerio de Medio Ambiente decidió ayer dar de baja una compleja licitación para comprar cincuenta buses eléctricos que terminó en la Justicia. PERFIL había revelado el escándalo detrás de una pelea entre el ministro Sergio Bergman y grupos empresariales por el negocio de US$ 35 millones. El caso finalmente terminó en la Justicia, y ayer el ministro decidió dar por desierta la licitación.
Con una causa judicial ya en marcha para analizar si se concretaron delitos en el marco de la puja entre las empresas, el Ministerio decidió dar marcha atrás con esa iniciativa para comprar coches ecológicos, que iba a adjudicarle a la empresa CTS, asociada a una fábrica china.
“Si hay dudas, es mejor priorizar la transparencia –dijo el ministro Bergman a PERFIL horas antes de firmar la resolución–. No vemos ningún riesgo en el proyecto. Pero no estamos dispuestos a avanzar a expensas de que haya dudas”.
La historia de los llamados ecobuses ya había desatado internas en el gabinete, cuando el año pasado Bergman ordenó comprar 400 buses eléctricos, lo que generó quejas de fabricantes de esos vehículos que no habían sido consultados y roces con otras áreas del Gobierno.
Tras consensuar con Transporte y Energía, y la intermediación de la Jefatura de Gabinete, Medio Ambiente decidió comprar cincuenta unidades ecológicas, con baterías de recarga rápida, aire acondicionado y cincuenta lugares para pasajeros. El plan, además, incluía la posibilidad de que el Estado devolviera la unidad si detectaba problemas de funcionamiento. Pero la licitación también generó un ruido, que terminó en tribunales con denuncias cruzadas. Según contó PERFIL en enero, hubo cinco oferentes locales que se presentaron a la licitación asociados a fábricas chinas. Sólo tres estaban en condiciones de competir. La comisión técnica eligió Vía Bariloche, una empresa vinculada al kirchnerismo. Sin embargo, tras el análisis de la comisión evaluadora de la cartera, el Ministerio decidió que el negocio debía adjudicarse a CTS, asociada a la china BYD.
El técnico Pedro Orbaiz se negó a firmar la resolución y terminó denunciado por Bergman en tribunales por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Acompañado por la firma perjudicada, también prometió denuncias contra Bergman. Ahora, la pelea interna se transformó en un expediente penal en donde el fiscal Federico Delgado le pidió al juez Rodolfo Canicoba Corral investigar todo el proceso de licitación para saber si hubo delitos.
.
Fecha de Publicación: 01/03/2017
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
El Ministerio de Medio Ambiente decidió ayer dar de baja una compleja licitación para comprar cincuenta buses eléctricos que terminó en la Justicia. PERFIL había revelado el escándalo detrás de una pelea entre el ministro Sergio Bergman y grupos empresariales por el negocio de US$ 35 millones. El caso finalmente terminó en la Justicia, y ayer el ministro decidió dar por desierta la licitación.
Con una causa judicial ya en marcha para analizar si se concretaron delitos en el marco de la puja entre las empresas, el Ministerio decidió dar marcha atrás con esa iniciativa para comprar coches ecológicos, que iba a adjudicarle a la empresa CTS, asociada a una fábrica china.
“Si hay dudas, es mejor priorizar la transparencia –dijo el ministro Bergman a PERFIL horas antes de firmar la resolución–. No vemos ningún riesgo en el proyecto. Pero no estamos dispuestos a avanzar a expensas de que haya dudas”.
La historia de los llamados ecobuses ya había desatado internas en el gabinete, cuando el año pasado Bergman ordenó comprar 400 buses eléctricos, lo que generó quejas de fabricantes de esos vehículos que no habían sido consultados y roces con otras áreas del Gobierno.
Tras consensuar con Transporte y Energía, y la intermediación de la Jefatura de Gabinete, Medio Ambiente decidió comprar cincuenta unidades ecológicas, con baterías de recarga rápida, aire acondicionado y cincuenta lugares para pasajeros. El plan, además, incluía la posibilidad de que el Estado devolviera la unidad si detectaba problemas de funcionamiento. Pero la licitación también generó un ruido, que terminó en tribunales con denuncias cruzadas. Según contó PERFIL en enero, hubo cinco oferentes locales que se presentaron a la licitación asociados a fábricas chinas. Sólo tres estaban en condiciones de competir. La comisión técnica eligió Vía Bariloche, una empresa vinculada al kirchnerismo. Sin embargo, tras el análisis de la comisión evaluadora de la cartera, el Ministerio decidió que el negocio debía adjudicarse a CTS, asociada a la china BYD.
El técnico Pedro Orbaiz se negó a firmar la resolución y terminó denunciado por Bergman en tribunales por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Acompañado por la firma perjudicada, también prometió denuncias contra Bergman. Ahora, la pelea interna se transformó en un expediente penal en donde el fiscal Federico Delgado le pidió al juez Rodolfo Canicoba Corral investigar todo el proceso de licitación para saber si hubo delitos.
.
Internas demoran el 'Acuerdo Minero'
Internas demoran el 'Acuerdo Minero'
Fecha de Publicación: 27/02/2017
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Nacional
El objetivo de Mauricio Macri de conseguir una "lluvia de inversiones" en el sector minero se complica cada vez más con las internas en el Ministerio de Energía, más precisamente en la Secretaría de Minería. Las disputas salieron a la luz con el desplazamiento de Santiago Dondo, un técnico del PRO enfrentado con Daniel Meilán, el titular de un área que también dirigió durante el menemismo.
Ante los evidentes problemas para que las inversiones avancen a un mayor ritmo, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, le propuso a Macri firmar un "Acuerdo Federal Minero" con las provincias, con la excusa que la falta de un marco jurídico traba la llegada de fondos. Es que más allá de las promesas, la realidad es que hasta hoy no existe ningún proyecto concreto en el sector y sólo existen algunos anuncios de millonarias inversiones que no está claro cuándo se concretarán. Muchos apuntan por esto a Meilán.
Ese acuerdo federal -que deberá ser firmado por el Presidente y los gobernadores, y luego ratificado en el Congreso- tiene como objetivo principal sacarle trabas a las empresas y quitarle poder a las provincias. Hasta ahora, Aranguren y Meilán avanzaron en un borrador con los secretarios provinciales, un texto que ahora está en estudio de Macri.
Algunos gobernadores ya avisaron que no lo firmarán. "Nosotros de ninguna manera vamos a firmar ese acuerdo así como está", adelantó Mario Das Neves, pese a la prohibición provincial. "Hay una intromisión del Gobierno Nacional que creo que tendrá rechazo en general, porque las provincias son dueñas de los recursos, entonces no tienen por qué fijar tope de regalías", explicó.
La demora del acuerdo se debe a las internas en la Secretaría de Minería, que terminaron con la salida del Subsecretario de Política Minera, Santiago Dondo. Se trata de un técnico de la Fundación Pensar que armó el plan minero del PRO antes de llegar al gobierno y que fue el encargado de armar la subsecretaría.
Pero la interna con Meilán se lo devoró. "En los últimos meses, se hicieron presentes las diferencias de criterio en cuanto al rol y actuación del Gobierno en relación a la minería.
Por una parte, respecto a la gestión. Por otra, en las miradas sobre cómo encarar los desafíos que enfrenta nuestro país para poder aprovechar, en favor de los más desfavorecidos y de manera sustentable, la inmensa riqueza", escribió en su texto de renuncia. "Esas diferencias no pudieron salvarse de un modo constructivo", lamentó.
.
Fecha de Publicación: 27/02/2017
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Nacional
El objetivo de Mauricio Macri de conseguir una "lluvia de inversiones" en el sector minero se complica cada vez más con las internas en el Ministerio de Energía, más precisamente en la Secretaría de Minería. Las disputas salieron a la luz con el desplazamiento de Santiago Dondo, un técnico del PRO enfrentado con Daniel Meilán, el titular de un área que también dirigió durante el menemismo.
Ante los evidentes problemas para que las inversiones avancen a un mayor ritmo, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, le propuso a Macri firmar un "Acuerdo Federal Minero" con las provincias, con la excusa que la falta de un marco jurídico traba la llegada de fondos. Es que más allá de las promesas, la realidad es que hasta hoy no existe ningún proyecto concreto en el sector y sólo existen algunos anuncios de millonarias inversiones que no está claro cuándo se concretarán. Muchos apuntan por esto a Meilán.
Ese acuerdo federal -que deberá ser firmado por el Presidente y los gobernadores, y luego ratificado en el Congreso- tiene como objetivo principal sacarle trabas a las empresas y quitarle poder a las provincias. Hasta ahora, Aranguren y Meilán avanzaron en un borrador con los secretarios provinciales, un texto que ahora está en estudio de Macri.
Algunos gobernadores ya avisaron que no lo firmarán. "Nosotros de ninguna manera vamos a firmar ese acuerdo así como está", adelantó Mario Das Neves, pese a la prohibición provincial. "Hay una intromisión del Gobierno Nacional que creo que tendrá rechazo en general, porque las provincias son dueñas de los recursos, entonces no tienen por qué fijar tope de regalías", explicó.
La demora del acuerdo se debe a las internas en la Secretaría de Minería, que terminaron con la salida del Subsecretario de Política Minera, Santiago Dondo. Se trata de un técnico de la Fundación Pensar que armó el plan minero del PRO antes de llegar al gobierno y que fue el encargado de armar la subsecretaría.
Pero la interna con Meilán se lo devoró. "En los últimos meses, se hicieron presentes las diferencias de criterio en cuanto al rol y actuación del Gobierno en relación a la minería.
Por una parte, respecto a la gestión. Por otra, en las miradas sobre cómo encarar los desafíos que enfrenta nuestro país para poder aprovechar, en favor de los más desfavorecidos y de manera sustentable, la inmensa riqueza", escribió en su texto de renuncia. "Esas diferencias no pudieron salvarse de un modo constructivo", lamentó.
.
Gualeguaychú pide “reglas claras”
Asambleístas se reunieron con Bergman y pidieron “reglas claras”
Fecha de Publicación: 27/02/2017
Fuente: El Día
Provincia/Región: Entre Ríos
Del encuentro con el ministro de Medioambiente de la Nación, Sergio Bergman, participó un grupo de ambientalistas de la ciudad. Adelantaron que se avanza en un digesto para establecer parámetros de medición, porque en este momento “no hay reglas claras”.
Un grupo de asambleístas de la ciudad fueron recibidos por el funcionario. Martín Alazard formó parte de la comitiva y contó los detalles a ElDía desde Cero.
Resumió que en la entrevista solicitaron ponerse al día con la situación actual del monitoreo y además informarse en qué situación estaba la tramitación de la nueva gestión de la CARU.
“Nos encontramos con que están trabajando mucho en la conformación de un nuevo digesto para el río Uruguay para establecer acuerdos en los parámetros. Ahora no hay normas claras para los efectos contaminantes para ambas orillas. Nosotros carecemos sobre todo en la cosa Entrerriana de normas claras respecto de los valores de contaminación”, dijo Alazard.
Asimismo, recordó que volvieron a reclamar por los sensores de aire para determinar qué tipo de contaminación aérea está sufriendo la ciudad. “Se nos relató que hay una incoordinación bastante manifiesta entre Municipio, Provincia y Nación”, manifestó el ambientalista, quien detalló que existen diferencias sobre la ubicación de la estación de monitoreo y las responsabilidades del tema.
La Asamblea lejos de estar conforme
Martín Alazard fue tajante en su opinón. A más de un año de la gestión Macri, no están de acuerdo con la política ambiental. Para graficar la situación, dijo que la Asamblea está a final del camino, habiendo hecho marchas, estudios, habiendo recibido los estudios y demás. “El final del camino es que Botnia se vaya”, dijo Alazard y comparó: “ellos plantean que están en el comienzo de esa carrera. Fehacientemente demostrar lo que la Corte Internacional de Justicia no aceptó del todo. Que es la contaminación comprobada de Botnia- UPM. Como que nosotros vamos por el ascensor y ellos van por la escalera. No se condicen los tiempos que nosotros tenemos y hemos recorrido, con el recorrido que tienen ellos en este año transcurrido del gobierno”.
Además señaló los “avatares políticos partidarios de los que somos víctimas la población. Indudablemente toda la incoordinación entre Municipio, Provincia y Nación, son factores políticos que nosotros no podemos manejar pero que sí los vamos a sufrir”.
Una respuesta a las críticas
Muchas veces, la Asamblea Ambiental es tildada de “Asamblea contra Botnia”, dejando entrever que no se ocupa de otros problemas ambientales que también afectan a la población en general.
Al respecto, Alazard respondió que “no es así. Nosotros con la empresa Soluciones Ambientales -irónicamente tiene ese nombre- hemos estado en contacto, hemos participado de una manifestación en la puerta de la planta y hemos hecho gestiones con gente que está en el tema para que se ocupe y presione en esto”.
Además, aclaró que “la asamblea en nace en función de la agresión primigenia de ENCE y Botnia. Hemos sido pioneros en el trabajo contra el cáncer junto a Lucha por la Vida a cargo de la recordada Ester Paas. Hicimos las primeras gestiones para la declorinación de los transformadores sacándole el PCB y ahora somos el primer municipio libre de PCB gracias a ese trabajo”.
También enumeró la problemática que tiene el barrio Don Pedro “que es tan grave como el barrio de Gualeguay en el que está la empresa Soluciones Ambientales. El predio tiene una afectación tremenda. Es insoportable vivir allí. A través del Foro Ambiental estamos apoyando y tratando de transmitir a la gente que está en esto, que por lo menos está acompañada y que vamos a hacer lo posible para ayudar”.
Para finalizar dijo que “la Asamblea tiene representantes en el Foro Ambiental que son 23 instituciones que estamos en todos los temas ambientales y tiene representantes en escuelas fumigadas y además está en el movimiento anti fracking”.
.
Fecha de Publicación: 27/02/2017
Fuente: El Día
Provincia/Región: Entre Ríos
Del encuentro con el ministro de Medioambiente de la Nación, Sergio Bergman, participó un grupo de ambientalistas de la ciudad. Adelantaron que se avanza en un digesto para establecer parámetros de medición, porque en este momento “no hay reglas claras”.
Un grupo de asambleístas de la ciudad fueron recibidos por el funcionario. Martín Alazard formó parte de la comitiva y contó los detalles a ElDía desde Cero.
Resumió que en la entrevista solicitaron ponerse al día con la situación actual del monitoreo y además informarse en qué situación estaba la tramitación de la nueva gestión de la CARU.
“Nos encontramos con que están trabajando mucho en la conformación de un nuevo digesto para el río Uruguay para establecer acuerdos en los parámetros. Ahora no hay normas claras para los efectos contaminantes para ambas orillas. Nosotros carecemos sobre todo en la cosa Entrerriana de normas claras respecto de los valores de contaminación”, dijo Alazard.
Asimismo, recordó que volvieron a reclamar por los sensores de aire para determinar qué tipo de contaminación aérea está sufriendo la ciudad. “Se nos relató que hay una incoordinación bastante manifiesta entre Municipio, Provincia y Nación”, manifestó el ambientalista, quien detalló que existen diferencias sobre la ubicación de la estación de monitoreo y las responsabilidades del tema.
La Asamblea lejos de estar conforme
Martín Alazard fue tajante en su opinón. A más de un año de la gestión Macri, no están de acuerdo con la política ambiental. Para graficar la situación, dijo que la Asamblea está a final del camino, habiendo hecho marchas, estudios, habiendo recibido los estudios y demás. “El final del camino es que Botnia se vaya”, dijo Alazard y comparó: “ellos plantean que están en el comienzo de esa carrera. Fehacientemente demostrar lo que la Corte Internacional de Justicia no aceptó del todo. Que es la contaminación comprobada de Botnia- UPM. Como que nosotros vamos por el ascensor y ellos van por la escalera. No se condicen los tiempos que nosotros tenemos y hemos recorrido, con el recorrido que tienen ellos en este año transcurrido del gobierno”.
Además señaló los “avatares políticos partidarios de los que somos víctimas la población. Indudablemente toda la incoordinación entre Municipio, Provincia y Nación, son factores políticos que nosotros no podemos manejar pero que sí los vamos a sufrir”.
Una respuesta a las críticas
Muchas veces, la Asamblea Ambiental es tildada de “Asamblea contra Botnia”, dejando entrever que no se ocupa de otros problemas ambientales que también afectan a la población en general.
Al respecto, Alazard respondió que “no es así. Nosotros con la empresa Soluciones Ambientales -irónicamente tiene ese nombre- hemos estado en contacto, hemos participado de una manifestación en la puerta de la planta y hemos hecho gestiones con gente que está en el tema para que se ocupe y presione en esto”.
Además, aclaró que “la asamblea en nace en función de la agresión primigenia de ENCE y Botnia. Hemos sido pioneros en el trabajo contra el cáncer junto a Lucha por la Vida a cargo de la recordada Ester Paas. Hicimos las primeras gestiones para la declorinación de los transformadores sacándole el PCB y ahora somos el primer municipio libre de PCB gracias a ese trabajo”.
También enumeró la problemática que tiene el barrio Don Pedro “que es tan grave como el barrio de Gualeguay en el que está la empresa Soluciones Ambientales. El predio tiene una afectación tremenda. Es insoportable vivir allí. A través del Foro Ambiental estamos apoyando y tratando de transmitir a la gente que está en esto, que por lo menos está acompañada y que vamos a hacer lo posible para ayudar”.
Para finalizar dijo que “la Asamblea tiene representantes en el Foro Ambiental que son 23 instituciones que estamos en todos los temas ambientales y tiene representantes en escuelas fumigadas y además está en el movimiento anti fracking”.
.
Bergman initimado por la justicia a presentar informes
La Justicia intima a Bergman a que entregue informes de licitaciones
Fecha de Publicación: 20/02/2017
Fuente: El Destape
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Medio Ambiente es investigado por la irregular compra de helicópteros para combatir incendios y de ecobuses.
Comienzan a profundizarse las investigaciones de dos causas judiciales que salpican al ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman. Las causas son por la compra de helicópteros sin licitación para combatir los incendios en el Sur y la adquisición de ecobuses.
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó al personal de la División Jurídico Contable de la Policía Federal presentarse en la sede del organismo en busca de información clave para los dos expedientes, según informó el diario Perfil.
El magistrado ordenó que pidan a la Dirección Nacional de Manejo de Fuego la documentación sobre la licitación pública y el contrato con la empresa TAF helicópteros; y el expediente de la licitación de ecobuses.
El diario Perfil había revelado cómo fue la compra de cincuenta buses eléctricos por US$ 35 millones. Tiempo después, el propio Bergman se presentó ante la Justicia y denunció a uno de sus propios funcionarios, acusándolo de intentar favorecer a una de las empresas que perdieron la licitación.
La denuncia por los helicópteros se abrió en enero pasado en medio de los incendios que afectaron miles de hectáreas en La Pampa, Río Negro y el sur de Buenos Aires.
La denuncia sostiene que el ministerio decidió realizar una contratación directa para servicios aéreos, luego de haber frenado una licitación pública que ya estaba en marcha. El contrato terminó supuestamente en manos de una empresa que había perdido la licitación.
.
Fecha de Publicación: 20/02/2017
Fuente: El Destape
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Medio Ambiente es investigado por la irregular compra de helicópteros para combatir incendios y de ecobuses.
Comienzan a profundizarse las investigaciones de dos causas judiciales que salpican al ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman. Las causas son por la compra de helicópteros sin licitación para combatir los incendios en el Sur y la adquisición de ecobuses.
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó al personal de la División Jurídico Contable de la Policía Federal presentarse en la sede del organismo en busca de información clave para los dos expedientes, según informó el diario Perfil.
El magistrado ordenó que pidan a la Dirección Nacional de Manejo de Fuego la documentación sobre la licitación pública y el contrato con la empresa TAF helicópteros; y el expediente de la licitación de ecobuses.
El diario Perfil había revelado cómo fue la compra de cincuenta buses eléctricos por US$ 35 millones. Tiempo después, el propio Bergman se presentó ante la Justicia y denunció a uno de sus propios funcionarios, acusándolo de intentar favorecer a una de las empresas que perdieron la licitación.
La denuncia por los helicópteros se abrió en enero pasado en medio de los incendios que afectaron miles de hectáreas en La Pampa, Río Negro y el sur de Buenos Aires.
La denuncia sostiene que el ministerio decidió realizar una contratación directa para servicios aéreos, luego de haber frenado una licitación pública que ya estaba en marcha. El contrato terminó supuestamente en manos de una empresa que había perdido la licitación.
.
Urtubey acciona contra derechos de pueblos originarios
Preso por reclamar derechos
Fecha de Publicación: 16/02/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
Una comunidad originaria de Salta denunció a un empresario por apropiarse de territorio guaraní y amedrentarlos de manera violenta. Como respuesta, la policía detuvo al líder, César Arias, y reprimió una protesta de los indígenas. Los tuits del empresario contra los DD.HH.
Cesar Arias, dirigente guaraní de Salta, estuvo preso doce días acusado de “amenazas” por parte de un empresario del agronegocio. La comunidad guaraní Happo P+au, que integra Arias, denunció el accionar violento del empresario (Humberto Bourlon De Rouvre) para apropiarse del territorio guaraní y reclamó que se cumplan los derechos indígenas. Y la policía reprimió a la comunidad. “Nos tratan como terroristas y usurpadores en la tierra donde siempre vivimos. Y los jueces y el gobernador solo escuchan al empresario”, lamentó Diana Situe, de la comunidad guaraní.
En octubre pasado, el empresario Bourlon De Rouvre instaló un portón en el camino que utilizan las comunidades indígenas y comenzó a denunciarlos vía Twitter por “invadir” su tierra (en la localidad de Embarcación). Arrobó al Presidente, al gobernador Juan Manuel Urtubey y a “periodistas agrarios” (que suelen publicitar las semillas y agroquímicos de las empresas). Y se sucedieron artículos que replicaron la versión empresaria. Acusó a los indígenas de robar madera, estar financiados por narcotraficantes y los llamó “falsos indígenas” proveniente de Bolivia.
“Los Argentinos no queremos nunca más organizaciones terroristas. Hagamos algo con el Mocase (Movimiento Campesino de Santiago del Estero), mapuches, narcotraficantes y otros”, reclamó el empresario Bourlon De Rouvre el 2 de febrero. El 28 de enero sentenció: “No son pueblos originarios, son avivados, son delincuentes”.
Subió a Internet un video donde muestra un entredicho con indígenas. Rápidamente fue difundido por los medios que impulsan el agronegocio. La comunidad guaraní Happo P+au (Raíces Nuevas) mostró otro video, donde Bourlon De Rouvre amenaza a la comunidad y tiene un revólver visible en el bolsillo. Pero no tuvo el mismo eco que el difundido por el empresario.
La fiscal Lorena Martínez había llamado a mediación y mencionó la vigencia la Ley Nacional 26160 (que ordena relevar los territorios indígenas y frena los desalojos en todos el país). Incluso las nueve comunidades indígenas (guaraníes, wichí y weenhayek) están relevadas, otra prueba del uso del territorio.
Bourlon De Rouvre comenzó un proceso de hostigamiento contra la fiscal Martínez, con amplia cobertura mediática y reuniones con funcionarios provinciales. El gobernador Urtubey pidió el juicio político a la fiscal Martínez. El diputado nacional Luis Patiño (Pro) defendió al empresario en un artículo en la agencia de noticias Telam y relativizó los derechos que otorga la Ley Nacional 26160.
Durante la feria judicial, la causa la tomó el fiscal Pablo Cabot y el juez Fernando Mariscal Astigueta. Y se redobló el proceso de hostigamiento. El sábado 28 de enero, el guaraní César Arias fue a trabajar con sus hijos en el sembradío. Le cerró el paso un policía. Arias observó que el empresario estaba en el lugar y había destruido sus cultivos. Le advirtió que tendrían problemas si volvía a meterse en su cerco. El lunes 30 a la mañana, mientras Arias estaba en su trabajo de albañil, fue detenido por “amenazas”. Estuvo detenidos doce días.
Hernán Mascietti es abogado y hace más de veinte años trabaja junto a comunidad indígenas y organizaciones de derechos humanos. “Nunca vi algo igual. Más de diez días preso, sin antecedentes penales, por supuestas amenazas. Es insólito, pero tiene un motivo: es un empresario con vínculos políticos y judiciales, y las víctimas son indígenas”, explicó. Y recordó que los indígenas hicieron cinco denuncias contra Bourlon De Rouvre (por usurpación, amenazas y daños) pero fueron “sistemáticamente cajoneadas por el Poder Judicial”. Y recordó que actúa junto al empresario Jorge Luis Ortega Velarde.
Por Twitter, Bourlon De Rouvre descalificó al abogado de la comunidad por adherir al kirchnerismo y difama a todo aquel que apoya a los indígenas. “Parece que el avispero que patee es grande por el trabajo que se toman en atacarme. Qué nido de víboras los derechos humanos y cuántos curros”, escribió el 10 de febrero.
Diana Situe, vocera de la comunidad e hija del cacique, detalló que Burlón De Rouvre tiene como modus operandi denigrar a las familias indígenas, las ataca (incluso delante de los hijos), las acosa y amenaza. Si los indígenas reaccionan, los filma, sube a Internet y se victimiza. “Somos un pueblo pacífico, nunca nos había pasado un nivel de agresión y ensañamiento como este. Y todo sucede porque él quiere la tierra de la comunidad”, afirmó Situe.
Las comunidades indígenas cortaron media calzada de la ruta nacional 34 el martes 7 de febrero, en reclamo por la liberación de Arias. La policía provincial, sin orden judicial, reprimió la protesta y apresó a cinco guaraníes, entre ellos menores de edad (fueron liberador por la tarde). El comisario José Antonio Cruz, que ordenó la represión, tiene fotos sonriente en redes sociales con el empresario Bourlon De Rouvre. “La policía nos dice que arreglemos con el empresario o nos meterán presos”, afirmó Diana Situe.
La comunidad guaraní se mantiene en un acampe al costado de la ruta nacional 34. En la madrugada del sábado pasado, César Arias fue liberado. La comunidad guaraní adelantó que el conflicto continuará hasta que se respeten los derechos indígenas. Situe lo resumió: “Defenderemos nuestro territorio aunque a empresarios, gobernantes, jueces y algunos medios de comunicación no les guste”.
.
Fecha de Publicación: 16/02/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
Una comunidad originaria de Salta denunció a un empresario por apropiarse de territorio guaraní y amedrentarlos de manera violenta. Como respuesta, la policía detuvo al líder, César Arias, y reprimió una protesta de los indígenas. Los tuits del empresario contra los DD.HH.
Cesar Arias, dirigente guaraní de Salta, estuvo preso doce días acusado de “amenazas” por parte de un empresario del agronegocio. La comunidad guaraní Happo P+au, que integra Arias, denunció el accionar violento del empresario (Humberto Bourlon De Rouvre) para apropiarse del territorio guaraní y reclamó que se cumplan los derechos indígenas. Y la policía reprimió a la comunidad. “Nos tratan como terroristas y usurpadores en la tierra donde siempre vivimos. Y los jueces y el gobernador solo escuchan al empresario”, lamentó Diana Situe, de la comunidad guaraní.
En octubre pasado, el empresario Bourlon De Rouvre instaló un portón en el camino que utilizan las comunidades indígenas y comenzó a denunciarlos vía Twitter por “invadir” su tierra (en la localidad de Embarcación). Arrobó al Presidente, al gobernador Juan Manuel Urtubey y a “periodistas agrarios” (que suelen publicitar las semillas y agroquímicos de las empresas). Y se sucedieron artículos que replicaron la versión empresaria. Acusó a los indígenas de robar madera, estar financiados por narcotraficantes y los llamó “falsos indígenas” proveniente de Bolivia.
“Los Argentinos no queremos nunca más organizaciones terroristas. Hagamos algo con el Mocase (Movimiento Campesino de Santiago del Estero), mapuches, narcotraficantes y otros”, reclamó el empresario Bourlon De Rouvre el 2 de febrero. El 28 de enero sentenció: “No son pueblos originarios, son avivados, son delincuentes”.
Subió a Internet un video donde muestra un entredicho con indígenas. Rápidamente fue difundido por los medios que impulsan el agronegocio. La comunidad guaraní Happo P+au (Raíces Nuevas) mostró otro video, donde Bourlon De Rouvre amenaza a la comunidad y tiene un revólver visible en el bolsillo. Pero no tuvo el mismo eco que el difundido por el empresario.
La fiscal Lorena Martínez había llamado a mediación y mencionó la vigencia la Ley Nacional 26160 (que ordena relevar los territorios indígenas y frena los desalojos en todos el país). Incluso las nueve comunidades indígenas (guaraníes, wichí y weenhayek) están relevadas, otra prueba del uso del territorio.
Bourlon De Rouvre comenzó un proceso de hostigamiento contra la fiscal Martínez, con amplia cobertura mediática y reuniones con funcionarios provinciales. El gobernador Urtubey pidió el juicio político a la fiscal Martínez. El diputado nacional Luis Patiño (Pro) defendió al empresario en un artículo en la agencia de noticias Telam y relativizó los derechos que otorga la Ley Nacional 26160.
Durante la feria judicial, la causa la tomó el fiscal Pablo Cabot y el juez Fernando Mariscal Astigueta. Y se redobló el proceso de hostigamiento. El sábado 28 de enero, el guaraní César Arias fue a trabajar con sus hijos en el sembradío. Le cerró el paso un policía. Arias observó que el empresario estaba en el lugar y había destruido sus cultivos. Le advirtió que tendrían problemas si volvía a meterse en su cerco. El lunes 30 a la mañana, mientras Arias estaba en su trabajo de albañil, fue detenido por “amenazas”. Estuvo detenidos doce días.
Hernán Mascietti es abogado y hace más de veinte años trabaja junto a comunidad indígenas y organizaciones de derechos humanos. “Nunca vi algo igual. Más de diez días preso, sin antecedentes penales, por supuestas amenazas. Es insólito, pero tiene un motivo: es un empresario con vínculos políticos y judiciales, y las víctimas son indígenas”, explicó. Y recordó que los indígenas hicieron cinco denuncias contra Bourlon De Rouvre (por usurpación, amenazas y daños) pero fueron “sistemáticamente cajoneadas por el Poder Judicial”. Y recordó que actúa junto al empresario Jorge Luis Ortega Velarde.
Por Twitter, Bourlon De Rouvre descalificó al abogado de la comunidad por adherir al kirchnerismo y difama a todo aquel que apoya a los indígenas. “Parece que el avispero que patee es grande por el trabajo que se toman en atacarme. Qué nido de víboras los derechos humanos y cuántos curros”, escribió el 10 de febrero.
Diana Situe, vocera de la comunidad e hija del cacique, detalló que Burlón De Rouvre tiene como modus operandi denigrar a las familias indígenas, las ataca (incluso delante de los hijos), las acosa y amenaza. Si los indígenas reaccionan, los filma, sube a Internet y se victimiza. “Somos un pueblo pacífico, nunca nos había pasado un nivel de agresión y ensañamiento como este. Y todo sucede porque él quiere la tierra de la comunidad”, afirmó Situe.
Las comunidades indígenas cortaron media calzada de la ruta nacional 34 el martes 7 de febrero, en reclamo por la liberación de Arias. La policía provincial, sin orden judicial, reprimió la protesta y apresó a cinco guaraníes, entre ellos menores de edad (fueron liberador por la tarde). El comisario José Antonio Cruz, que ordenó la represión, tiene fotos sonriente en redes sociales con el empresario Bourlon De Rouvre. “La policía nos dice que arreglemos con el empresario o nos meterán presos”, afirmó Diana Situe.
La comunidad guaraní se mantiene en un acampe al costado de la ruta nacional 34. En la madrugada del sábado pasado, César Arias fue liberado. La comunidad guaraní adelantó que el conflicto continuará hasta que se respeten los derechos indígenas. Situe lo resumió: “Defenderemos nuestro territorio aunque a empresarios, gobernantes, jueces y algunos medios de comunicación no les guste”.
.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Suscribirse
Entradas
Comentarios