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Quedó firme la prohibición del glifosato en Rosario
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Desde hoy el uso de glifosato está prohibido en los campos de Rosario
Fecha de Publicación: 16/12/2017
Fuente: Veintitres
Provincia/Región: Santa Fe
La intendenta de Rosario, Mónica Fein promulgó ayer la ordenanza que prohibe el uso del glifosato en la zona periurbana donde hay 800 hectáreas destinas a la soja y horticultura.
La norma aprobada días atrás por unanimidad en el Concejo Deliberate entrará en vigencia hoy con lo cual el herbicida no podrá ni siquiera ser aplicado en parques y jardines.
Vale recordar que las empresas de agroquímicos buscaron frenar la norma por considerar que dejaba un "mal precedente".
Sin embargo Fein envió un nuevo proyecto por el cual le da un plazo de tres años a los productores para que cambien los agroquímicos por productos más amigables con el medio ambiente. Se entiende entonces que mientras dure ese proceso se podrá seguir usando el glifosato.
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Fecha de Publicación: 16/12/2017
Fuente: Veintitres
Provincia/Región: Santa Fe
La intendenta de Rosario, Mónica Fein promulgó ayer la ordenanza que prohibe el uso del glifosato en la zona periurbana donde hay 800 hectáreas destinas a la soja y horticultura.
La norma aprobada días atrás por unanimidad en el Concejo Deliberate entrará en vigencia hoy con lo cual el herbicida no podrá ni siquiera ser aplicado en parques y jardines.
Vale recordar que las empresas de agroquímicos buscaron frenar la norma por considerar que dejaba un "mal precedente".
Sin embargo Fein envió un nuevo proyecto por el cual le da un plazo de tres años a los productores para que cambien los agroquímicos por productos más amigables con el medio ambiente. Se entiende entonces que mientras dure ese proceso se podrá seguir usando el glifosato.
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Etiquetas:
Rosario: piden que se promulgue la prohibición del glifosato
Piden a Fein que promulgue la prohibición del glifosato
Fecha de Publicación: 11/12/2017
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Entidades ambientalistas se concentrarán hoy frente al municipio. La intendenta tiene hasta mañana para reglamentar la norma
Unas 160 instituciones públicas y privadas reunidas en la Multisectorial "Paren de Fumigarnos" pidieron a la intendenta Mónica Fein que no vete la ordenanza que prohibe el uso de glifosato en la ciudad. La norma fue sancionada por unanimidad el 16 de noviembre pasado, por lo cual Fein tiene tiempo hasta el próximo martes para determinar si promulga la ordenanza o decide dar marcha atrás con un veto. Organizaciones ambientales manifestarán esta mañana frente al Palacio Municipal.
"En su carácter de trabajadora de la salud y conocedora de la problemática socioambiental, le pedimos que no olvide el compromiso ejercido ante la población de gestionar en defensa de los derechos más elementales como son la vida y el ambiente sano", señala la carta abierta a la intendenta Mónica Fein que reclama se promulgue la ordenanza que prohibe la aplicación del herbicida.
La norma se aprobó por unanimidad en la sesión del 16 de noviembre pasado. Sin embargo, dos semanas después concejales del PRO y del Frente Progresista, con el apoyo del radicalismo, presentaron una modificación a la norma que establece un protocolo para la utilización de herbicidas de toxicología A, B y C, que ni siquiera contempla al glifosato, considerado de banda D.
La propuesta se elaboró tras una reunión con representantes de la cadena sojera, como la Bolsa de Comercio, Aacsoja y Aapresid. La iniciativa no llegó al recinto del Concejo Municipal el jueves pasado ya que no logró el consenso necesario en la comisión de Ecología del cuerpo.
Por eso, ahora le tocará a la intendenta definir sobre la ordenanza que prohíbe el uso del polémico fitosanitario en el área urbana y periurbana afectando la producción agrícola en un total de 260 hectáreas. Por los plazos propios de la administración municipal, Fein tiene hasta el martes para promulgar o vetar la norma.
Con avales
En este contexto, desde la multisectorial que reúne a las organizaciones ambientalistas reclamaron a la intendenta que promulgue la ordenanza tal como la aprobó el Concejo Municipal en noviembre.
La nota lleva la firma de entidades como el Taller Ecologista, el Taller de Comunicación Ambiental, El Paraná No se Toca, la Cátedra y el Instituto de Salud Socioambiental de la UNR, entre muchas otras.
Estas instituciones recuerdan que la norma "fue sancionada luego de una votación que reunió la adhesión de los 28 ediles del concejo deliberante" y advierten que "la relevancia de semejante nivel de consenso político e institucional es un motivo esencial para decir en favor de su promulgación y consiguiente vigencia como derecho local".
Al mismo tiempo, las organizaciones repudian "las declaraciones públicas y los aprietes esgrimidos desde entidades de los agronegocios", lo que entienden como "una presión abierta e impúdica para que vete la normativa". Y cuestionan "la actitud corporativa de este sector que inescrupulosamente intentó también, a través de diferentes maniobras, derogar la ordenanza introduciendo para su debate en el Concejo otro proyecto de manera absolutamente irregular, violando el debido proceso parlamentario".
El jueves pasado, activistas de numerosas organizaciones ecologistas se manifestaron frente al Concejo Municipal reclamando no se de marcha atrás con la prohibición del herbicida fabricado por Monsanto.
Esta mañana, a las 11, volverán a convocarse frente a la Municipalidad para insistir en la inmediata promulgación de la norma sancionada por unanimidad.
"Exhortamos a la intendenta de la ciudad, Mónica Fein, bioquímica y trabajadora de la Salud, a que cumpla con su deber de promulgar y reglamentar la prohibición del glifosato y, de este modo, proteger la salud de los y las rosarinos", señala el texto de la convocatoria.
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Fecha de Publicación: 11/12/2017
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Entidades ambientalistas se concentrarán hoy frente al municipio. La intendenta tiene hasta mañana para reglamentar la norma
Unas 160 instituciones públicas y privadas reunidas en la Multisectorial "Paren de Fumigarnos" pidieron a la intendenta Mónica Fein que no vete la ordenanza que prohibe el uso de glifosato en la ciudad. La norma fue sancionada por unanimidad el 16 de noviembre pasado, por lo cual Fein tiene tiempo hasta el próximo martes para determinar si promulga la ordenanza o decide dar marcha atrás con un veto. Organizaciones ambientales manifestarán esta mañana frente al Palacio Municipal.
"En su carácter de trabajadora de la salud y conocedora de la problemática socioambiental, le pedimos que no olvide el compromiso ejercido ante la población de gestionar en defensa de los derechos más elementales como son la vida y el ambiente sano", señala la carta abierta a la intendenta Mónica Fein que reclama se promulgue la ordenanza que prohibe la aplicación del herbicida.
La norma se aprobó por unanimidad en la sesión del 16 de noviembre pasado. Sin embargo, dos semanas después concejales del PRO y del Frente Progresista, con el apoyo del radicalismo, presentaron una modificación a la norma que establece un protocolo para la utilización de herbicidas de toxicología A, B y C, que ni siquiera contempla al glifosato, considerado de banda D.
La propuesta se elaboró tras una reunión con representantes de la cadena sojera, como la Bolsa de Comercio, Aacsoja y Aapresid. La iniciativa no llegó al recinto del Concejo Municipal el jueves pasado ya que no logró el consenso necesario en la comisión de Ecología del cuerpo.
Por eso, ahora le tocará a la intendenta definir sobre la ordenanza que prohíbe el uso del polémico fitosanitario en el área urbana y periurbana afectando la producción agrícola en un total de 260 hectáreas. Por los plazos propios de la administración municipal, Fein tiene hasta el martes para promulgar o vetar la norma.
Con avales
En este contexto, desde la multisectorial que reúne a las organizaciones ambientalistas reclamaron a la intendenta que promulgue la ordenanza tal como la aprobó el Concejo Municipal en noviembre.
La nota lleva la firma de entidades como el Taller Ecologista, el Taller de Comunicación Ambiental, El Paraná No se Toca, la Cátedra y el Instituto de Salud Socioambiental de la UNR, entre muchas otras.
Estas instituciones recuerdan que la norma "fue sancionada luego de una votación que reunió la adhesión de los 28 ediles del concejo deliberante" y advierten que "la relevancia de semejante nivel de consenso político e institucional es un motivo esencial para decir en favor de su promulgación y consiguiente vigencia como derecho local".
Al mismo tiempo, las organizaciones repudian "las declaraciones públicas y los aprietes esgrimidos desde entidades de los agronegocios", lo que entienden como "una presión abierta e impúdica para que vete la normativa". Y cuestionan "la actitud corporativa de este sector que inescrupulosamente intentó también, a través de diferentes maniobras, derogar la ordenanza introduciendo para su debate en el Concejo otro proyecto de manera absolutamente irregular, violando el debido proceso parlamentario".
El jueves pasado, activistas de numerosas organizaciones ecologistas se manifestaron frente al Concejo Municipal reclamando no se de marcha atrás con la prohibición del herbicida fabricado por Monsanto.
Esta mañana, a las 11, volverán a convocarse frente a la Municipalidad para insistir en la inmediata promulgación de la norma sancionada por unanimidad.
"Exhortamos a la intendenta de la ciudad, Mónica Fein, bioquímica y trabajadora de la Salud, a que cumpla con su deber de promulgar y reglamentar la prohibición del glifosato y, de este modo, proteger la salud de los y las rosarinos", señala el texto de la convocatoria.
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Las concesiones a espacios del EcoParque en discusión
La protección, un negocio gastronómico
Fecha de Publicación: 11/12/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: CABA
Una coalición de entidades advirtió que la apertura de lugares de comida en los edificios emblemáticos del predio de Palermo atenta contra el bienestar de los animales. Las principales organizaciones ambientales e instituciones veterinarias del país rechazaron el proyecto de ley para concesionar por 30 años 21 edificios históricos del EcoParque porteño (ex Zoológico) para transformarlos en sitios de concientización sobre conservación del medio ambiente que incluirán sectores gastronómicos. La iniciativa podría ser tratada mañana en la Legislatura, durante la última sesión ordinaria antes del recambio parlamentario. El naturalista y asesor de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Claudio Bertonatti, dijo a PáginaI12 que “no hay una sola institución en materia de ciencia, educación o conservación que acompañe este proyecto porque va a perjudicar, al reducir el espacio, el bienestar animal”. Además, advirtió que “como no hay un plan establecido, porque todo está improvisado, tampoco sabemos qué animales van a quedar en el predio”, y aclaró que “no es algo que sorprenda porque el proyecto viene del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología del que depende la institución, cuando debería estar bajo la órbita de Ambiente o Cultura”.
La coalición de organizaciones que firmaron un comunicado oponiéndose al proyecto que lleva la firma del ministro de Modernización, Andrés Freire, está compuesta por la Fundación Temaikén, Fundación Vida Silvestre, Fundación Biodiversidad Argentina, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios, Fundación de Historia Natural Félix Azara, Asociación de Amigos del Oso Polar Arturo y de los Animales Dependientes de Humanos, Fundación Hábitat y Desarrollo, la Sociedad de Medicina Veterinaria, Wildlife Conservation Society (WCS) filial Argentina y la Fundación Aves Argentinas.
El director científico de la Fundación Temaiken, Eduardo Francisco, explicó a este diario que “la ley del EcoParque tiene como premisa el bienestar animal, y en el proyecto no hay un master plan del predio que contemple qué animales van a quedar en el parque, cuáles son los ambientes que van a tener y la función de cada edificio que se quiere concesionar. Sería interesante que dentro del relato de conservación que dicen llevar adelante especifiquen cuáles animales van a ser trasladados, cuáles van a quedar y en base a eso, sabiendo qué especies quedan se puedan diseñar los ambientes para su bienestar”, y remarcó que “por eso planteamos que se trabaje para desarrollar un plan antes de otorgar en concesión los edificios”.
Para Bertonatti, “desde que cesó la concesión del zoológico, en junio de 2016, hasta ahora, lo que ha habido son demostraciones de impericia. Un año y medio después, siguen sin tener un plan. El zoológico arrastra connotaciones negativas, de maltrato y de encierro. Pero a nivel mundial, esta crisis se perfiló hace tiempo y ya encontró su solución: transformar esos museos vivientes con animales, en modernos centros de educación ambiental, que desarrollan programas de conservación o contribuyen a restaurar ambientes amenazados. Existe una crisis ambiental mundial que se traduce en que cada día hay más especies amenazadas. Los países tienen dos grandes herramientas para salir de la extinción: con organizaciones que in situ trabajan para la conservación como Parques Nacionales, y las ex situ: los museos de ciencias naturales, jardines botánicos, acuarios, jardines zoológicos”. “Lejos de tomar esto como modelo y consultar a especialistas, ONGs dedicadas a la conservación o universidades, tomaron dos medidas demagógicas: hicieron un concurso internacional que dejó unos dibujos con arquitectura futurista, y una consulta a los vecinos para saber qué querían que se desarrollara, obviando a las organizaciones especializadas”.
Para el especialista, “la furia de las ONG tiene que ver, primero con la falta de plan, y segundo, con la reducción de la superficie del predio para desafectar sectores y dejarlos de acceso libre, cuando se sabe que para mejorar las condiciones de los animales hay que darles más espacio”.
El naturalista, además, remarcó que “van a entregar 21 edificios históricos en concesión, teóricamente para una propuesta que combina gastronomía y educación ambiental sin pautar los contenidos de cada edificio, cuando ningún zoológico del mundo se privatizó a empresario privado, siempre fue a organizaciones científicas o entidades de conservación”, dijo Bertonatti, y aclaró que “no estamos en contra de que se concesione sino que se lo haga a empresas cuyo fin es el lucro. Es un desguace con fines comerciales y a plazos insólitos: 30 años”.
En este sentido, los bloques opositores también cuestionaron el plazo de concesión, y que el proyecto no contara con la autorización de la Dirección Nacional de Museos, dado que incluye una serie de edificios que fueron declarados, en 1997, como Monumento Histórico Nacional por su patrimonio ambiental, artístico y ornamental.
La iniciativa estipula concesionar, por separado, las construcciones conocidas como el Pabellón de los Leones, el Aviario, el Templo Hindú Elefantes, el Antiguo Monario Azul,el Chalet de los Ciervos, la Casa de las Jirafas,la Condorera y la Confitería El Águila, entre otras.
Además, las críticas apuntaron a la falta de precisión del proyecto con relación a las licitaciones. La legisladora porteña Nuevo Encuentro-FPV Andrea Conde sostuvo que “la falta de claridad sobre aspectos centrales de la concesión como la inversión a realizarse, los cánones a cobrarse y el mecanismo que se establecerá para controlar el mantenimiento y conservación de los edificios patrimoniales convierten este proyecto de ley en un cheque en blanco, destinado a privilegiar los intereses de los futuros concesionarios”. Para la legisladora “el espíritu de la reconversión del Jardín Zoológico fue producto del fracaso de la gestión privada, por lo que creemos necesario establecer parámetros claros para asegurar un eficaz control estatal y evitar que el Poder Ejecutivo repita las mismas irregularidades a las que nos tiene acostumbrados en materia de concesiones”, remarcó.
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Fecha de Publicación: 11/12/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: CABA
Una coalición de entidades advirtió que la apertura de lugares de comida en los edificios emblemáticos del predio de Palermo atenta contra el bienestar de los animales. Las principales organizaciones ambientales e instituciones veterinarias del país rechazaron el proyecto de ley para concesionar por 30 años 21 edificios históricos del EcoParque porteño (ex Zoológico) para transformarlos en sitios de concientización sobre conservación del medio ambiente que incluirán sectores gastronómicos. La iniciativa podría ser tratada mañana en la Legislatura, durante la última sesión ordinaria antes del recambio parlamentario. El naturalista y asesor de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Claudio Bertonatti, dijo a PáginaI12 que “no hay una sola institución en materia de ciencia, educación o conservación que acompañe este proyecto porque va a perjudicar, al reducir el espacio, el bienestar animal”. Además, advirtió que “como no hay un plan establecido, porque todo está improvisado, tampoco sabemos qué animales van a quedar en el predio”, y aclaró que “no es algo que sorprenda porque el proyecto viene del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología del que depende la institución, cuando debería estar bajo la órbita de Ambiente o Cultura”.
La coalición de organizaciones que firmaron un comunicado oponiéndose al proyecto que lleva la firma del ministro de Modernización, Andrés Freire, está compuesta por la Fundación Temaikén, Fundación Vida Silvestre, Fundación Biodiversidad Argentina, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios, Fundación de Historia Natural Félix Azara, Asociación de Amigos del Oso Polar Arturo y de los Animales Dependientes de Humanos, Fundación Hábitat y Desarrollo, la Sociedad de Medicina Veterinaria, Wildlife Conservation Society (WCS) filial Argentina y la Fundación Aves Argentinas.
El director científico de la Fundación Temaiken, Eduardo Francisco, explicó a este diario que “la ley del EcoParque tiene como premisa el bienestar animal, y en el proyecto no hay un master plan del predio que contemple qué animales van a quedar en el parque, cuáles son los ambientes que van a tener y la función de cada edificio que se quiere concesionar. Sería interesante que dentro del relato de conservación que dicen llevar adelante especifiquen cuáles animales van a ser trasladados, cuáles van a quedar y en base a eso, sabiendo qué especies quedan se puedan diseñar los ambientes para su bienestar”, y remarcó que “por eso planteamos que se trabaje para desarrollar un plan antes de otorgar en concesión los edificios”.
Para Bertonatti, “desde que cesó la concesión del zoológico, en junio de 2016, hasta ahora, lo que ha habido son demostraciones de impericia. Un año y medio después, siguen sin tener un plan. El zoológico arrastra connotaciones negativas, de maltrato y de encierro. Pero a nivel mundial, esta crisis se perfiló hace tiempo y ya encontró su solución: transformar esos museos vivientes con animales, en modernos centros de educación ambiental, que desarrollan programas de conservación o contribuyen a restaurar ambientes amenazados. Existe una crisis ambiental mundial que se traduce en que cada día hay más especies amenazadas. Los países tienen dos grandes herramientas para salir de la extinción: con organizaciones que in situ trabajan para la conservación como Parques Nacionales, y las ex situ: los museos de ciencias naturales, jardines botánicos, acuarios, jardines zoológicos”. “Lejos de tomar esto como modelo y consultar a especialistas, ONGs dedicadas a la conservación o universidades, tomaron dos medidas demagógicas: hicieron un concurso internacional que dejó unos dibujos con arquitectura futurista, y una consulta a los vecinos para saber qué querían que se desarrollara, obviando a las organizaciones especializadas”.
Para el especialista, “la furia de las ONG tiene que ver, primero con la falta de plan, y segundo, con la reducción de la superficie del predio para desafectar sectores y dejarlos de acceso libre, cuando se sabe que para mejorar las condiciones de los animales hay que darles más espacio”.
El naturalista, además, remarcó que “van a entregar 21 edificios históricos en concesión, teóricamente para una propuesta que combina gastronomía y educación ambiental sin pautar los contenidos de cada edificio, cuando ningún zoológico del mundo se privatizó a empresario privado, siempre fue a organizaciones científicas o entidades de conservación”, dijo Bertonatti, y aclaró que “no estamos en contra de que se concesione sino que se lo haga a empresas cuyo fin es el lucro. Es un desguace con fines comerciales y a plazos insólitos: 30 años”.
En este sentido, los bloques opositores también cuestionaron el plazo de concesión, y que el proyecto no contara con la autorización de la Dirección Nacional de Museos, dado que incluye una serie de edificios que fueron declarados, en 1997, como Monumento Histórico Nacional por su patrimonio ambiental, artístico y ornamental.
La iniciativa estipula concesionar, por separado, las construcciones conocidas como el Pabellón de los Leones, el Aviario, el Templo Hindú Elefantes, el Antiguo Monario Azul,el Chalet de los Ciervos, la Casa de las Jirafas,la Condorera y la Confitería El Águila, entre otras.
Además, las críticas apuntaron a la falta de precisión del proyecto con relación a las licitaciones. La legisladora porteña Nuevo Encuentro-FPV Andrea Conde sostuvo que “la falta de claridad sobre aspectos centrales de la concesión como la inversión a realizarse, los cánones a cobrarse y el mecanismo que se establecerá para controlar el mantenimiento y conservación de los edificios patrimoniales convierten este proyecto de ley en un cheque en blanco, destinado a privilegiar los intereses de los futuros concesionarios”. Para la legisladora “el espíritu de la reconversión del Jardín Zoológico fue producto del fracaso de la gestión privada, por lo que creemos necesario establecer parámetros claros para asegurar un eficaz control estatal y evitar que el Poder Ejecutivo repita las mismas irregularidades a las que nos tiene acostumbrados en materia de concesiones”, remarcó.
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Glifosato en Rosario: el lunes se sabrá que pasa
Frenan la marcha atrás de la prohibición del glifosato
Fecha de Publicación: 08/12/2017
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
La comisión de Ecología no avaló el intento de modificar la ordenanza a través de una enmienda. El tema quedó en manos de la intendenta Fein
La comisión de Ecología del Concejo Municipal frenó ayer el intento de modificar la ordenanza que prohíbe el uso del glifosato en Rosario, al contar con una mayoría de votos en oposición a una enmienda de último momento que buscaba ir contra lo que los propios ediles habían votado por unanimidad apenas dos semanas antes.
De los siete concejales que aún integran esa comisión sólo dos apoyaron la modificación, Agustina Bouza de Cambiemos y Carlos Comi de la Coalición Cívica.
Al no llegar a los cuatro votos para ser mayoría el tema no fue debatido y la comisión levantó la reunión pocos minutos después de comenzada.
Es que cuatro de los siete concejales (Osvaldo Miatello, Eduardo Toniolli, Carola Nin y Diego Giuliano) avisaron que no iban a ir en la dirección propuesta por la enmienda, que insólitamente ni siquiera incluía al glifosato en su texto ya que sólo hablaba de herbicidas de banda A, B y C (el herbicida en cuestión es D).
Sin sentido
"Los sectores que habían planteado una modificación tenían que conseguir cuatro voluntades. Y como no lo consiguieron, ya no tenía sentido seguir adelante cuando las posiciones eran absolutamente claras" dijo Miatello.
Ahora todo vuelve a foja cero y una vez más la atención pública queda puesta en lo que decidirá la intendenta Mónica Fein, que tiene tiempo hasta el próximo martes 12 de diciembre para determinar si promulga la ordenanza presentada por Miatello (peronismo) y Pedro Salinas (Ciudad Futura) o decide dar marcha atrás con un veto.
Uno de los escenarios posibles es que, a raíz de la fuerte polémica que desató el tema, el Ejecutivo local vete la ordenanza original (que prohíbe incluso el uso particular del herbicida) y avance con otra propuesta que retome los principios de una normativa que ya existe a nivel municipal, que es la ordenanza de 2011 sobre utilización de agroquímicos.
Cambios
Desde el socialismo consideran que prohibir el uso de un producto cuya venta está autorizada es imposible, por lo que asoma como una opción posible que Fein no avale la norma tal cual fue presentada por Miatello, sino que proponga modificaciones.
En ese caso la discusión volverá al Concejo, que para ese entonces tendrá una nueva conformación política ya que los concejales electos en octubre pasado asumieron sus funciones el lunes pasado.
Marchas y firmas
Las organizaciones ambientalistas siguen el tema minuto a minuto y saben que la presión será clave para inclinar la decisión final de Fein.
Por eso afirmaron: "Desde la Multisectorial de organizaciones sociales y ambientales esperamos que la intendenta, bioquímica y trabajadora de la salud, esté a la altura de las circunstancias y apruebe esta ordenanza sin modificación, priorizando lo único que se debe priorizar: el derecho a la salud y a un ambiente sin químicos.
También convocaron para hoy, a partir de las 15, a manifestar frente a la sede provisoria del Concejo (el Banco Municipal, en San Martín entre Córdoba y Santa Fe) bajo la consigna "Rosario se planta contra el glifosato, la ordenanza no está a la venta".
En simultáneo llevan a delante una juntada de firmas a favor de la prohibición total del herbicida en la plataforma Hagamos Eco de Greenpeace, con casi 5 mil adhesiones apoyando la ordenanza original.
Más jerarquía
La comisión de Ecología tomó un protagonismo nunca visto en los últimos días de la mano del tema del glifosato. Los temas ambientales ocupan lugares cada vez más preponderantes en la opinión pública y así parecen haberlo entendido también los partidos locales, que colocarán a varias de sus espadas más filosas en la nueva comisión: Pablo Javkin y Verónica Irizar por el oficialismo, Osvaldo Miatello (quien seguirá siendo presidente) y Eduardo Toniolli por el peronismo, Juan Monteverde por Ciudad Futura, Celeste Lepratti del Frente Social y Popular y Carlos Cardozo (PRO).
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Fecha de Publicación: 08/12/2017
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
La comisión de Ecología no avaló el intento de modificar la ordenanza a través de una enmienda. El tema quedó en manos de la intendenta Fein
La comisión de Ecología del Concejo Municipal frenó ayer el intento de modificar la ordenanza que prohíbe el uso del glifosato en Rosario, al contar con una mayoría de votos en oposición a una enmienda de último momento que buscaba ir contra lo que los propios ediles habían votado por unanimidad apenas dos semanas antes.
De los siete concejales que aún integran esa comisión sólo dos apoyaron la modificación, Agustina Bouza de Cambiemos y Carlos Comi de la Coalición Cívica.
Al no llegar a los cuatro votos para ser mayoría el tema no fue debatido y la comisión levantó la reunión pocos minutos después de comenzada.
Es que cuatro de los siete concejales (Osvaldo Miatello, Eduardo Toniolli, Carola Nin y Diego Giuliano) avisaron que no iban a ir en la dirección propuesta por la enmienda, que insólitamente ni siquiera incluía al glifosato en su texto ya que sólo hablaba de herbicidas de banda A, B y C (el herbicida en cuestión es D).
Sin sentido
"Los sectores que habían planteado una modificación tenían que conseguir cuatro voluntades. Y como no lo consiguieron, ya no tenía sentido seguir adelante cuando las posiciones eran absolutamente claras" dijo Miatello.
Ahora todo vuelve a foja cero y una vez más la atención pública queda puesta en lo que decidirá la intendenta Mónica Fein, que tiene tiempo hasta el próximo martes 12 de diciembre para determinar si promulga la ordenanza presentada por Miatello (peronismo) y Pedro Salinas (Ciudad Futura) o decide dar marcha atrás con un veto.
Uno de los escenarios posibles es que, a raíz de la fuerte polémica que desató el tema, el Ejecutivo local vete la ordenanza original (que prohíbe incluso el uso particular del herbicida) y avance con otra propuesta que retome los principios de una normativa que ya existe a nivel municipal, que es la ordenanza de 2011 sobre utilización de agroquímicos.
Cambios
Desde el socialismo consideran que prohibir el uso de un producto cuya venta está autorizada es imposible, por lo que asoma como una opción posible que Fein no avale la norma tal cual fue presentada por Miatello, sino que proponga modificaciones.
En ese caso la discusión volverá al Concejo, que para ese entonces tendrá una nueva conformación política ya que los concejales electos en octubre pasado asumieron sus funciones el lunes pasado.
Marchas y firmas
Las organizaciones ambientalistas siguen el tema minuto a minuto y saben que la presión será clave para inclinar la decisión final de Fein.
Por eso afirmaron: "Desde la Multisectorial de organizaciones sociales y ambientales esperamos que la intendenta, bioquímica y trabajadora de la salud, esté a la altura de las circunstancias y apruebe esta ordenanza sin modificación, priorizando lo único que se debe priorizar: el derecho a la salud y a un ambiente sin químicos.
También convocaron para hoy, a partir de las 15, a manifestar frente a la sede provisoria del Concejo (el Banco Municipal, en San Martín entre Córdoba y Santa Fe) bajo la consigna "Rosario se planta contra el glifosato, la ordenanza no está a la venta".
En simultáneo llevan a delante una juntada de firmas a favor de la prohibición total del herbicida en la plataforma Hagamos Eco de Greenpeace, con casi 5 mil adhesiones apoyando la ordenanza original.
Más jerarquía
La comisión de Ecología tomó un protagonismo nunca visto en los últimos días de la mano del tema del glifosato. Los temas ambientales ocupan lugares cada vez más preponderantes en la opinión pública y así parecen haberlo entendido también los partidos locales, que colocarán a varias de sus espadas más filosas en la nueva comisión: Pablo Javkin y Verónica Irizar por el oficialismo, Osvaldo Miatello (quien seguirá siendo presidente) y Eduardo Toniolli por el peronismo, Juan Monteverde por Ciudad Futura, Celeste Lepratti del Frente Social y Popular y Carlos Cardozo (PRO).
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Riachuelo: de villa a paseo costero
Reubican a 118 familias para transformar la villa 26 en un paseo costero
Fecha de Publicación: 07/12/2017
Fuente: La Prensa
Provincia/Región: Riachuelo
Las 118 familias que habitan la Villa 26 de la ciudad de Buenos Aires serán mudadas a nuevas viviendas la próxima semana y sus casillas demolidas para transformar el lugar en un paseo costero junto al Riachuelo, que incluirá espacios verdes y de circulación para peatones, bicicletas y vehículos ligeros.
La mudanza, a cargo del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), comenzará el 11 de este mes y responde a las exigencias del "Fallo Mendoza" de la Corte Suprema, que ordenó a relocalizar a quienes vivan en el camino de sirga -una senda de 35 metros de ancho desde una ribera- del Riachuelo, uno de los ríos más contaminados del mundo.
La asignación de las viviendas, por las que cada grupo pagará a 30 años con un crédito hipotecario de cuotas mensuales de hasta el 20% del ingreso familiar, fue definida en las mesas participativas entre vecinos y el Estado, en las que acordaron cada aspecto de la mudanza.
"No sólo importa que la gente se apropie de su casa, sino también del proceso. Su relocalización será sustentable en el tiempo sí ellos se vuelven actores principales de la transformación, y eso importa más que la obra en sí", dijo Juan Maquieyra, presidente del IVC, durante una recorrida por el barrio.
De las 118 familias, las 64 con mayor antigüedad en la Villa vivirán en el complejo San Antonio, a pocas cuadras de allí y en el barrio de Barracas, mientras que las restantes 54 irán al complejo Lacarra, junto al Club Español, en el barrio de Villa Lugano.
Dentro de cada complejo la asignación se definió por dos criterios: cantidad de integrantes (dormitorios) y edad, de modo que los más ancianos vivan en planta baja, para recién después coordinar la ubicación en base a la afinidad entre vecinos.
"Eso es muy positivo. Hay grandes familias que se organizan para vivir en un mismo piso o compartir un consorcio con gente con la que se llevan bien", dijo Santiago Sarachian, coordinador del IVC en temas vinculados al camino de sirga.
El objetivo es claro: no repetir los errores de los años 70 y 80, cuando para relocalizar a los habitantes de las villas se los trasladaba a enormes edificios sin ningún criterio de ubicación ni escritura de propiedad.
"Muchas de las personas que se fueron a vivir a los viejos complejos sienten, aún hoy, que la casa no es suya, sino del Estado. Es imposible que algo así funcione", aseguró Sarachian.
El complejo San Antonio fue construido en la estructura de una antigua fábrica, a la que se demolió en gran parte para duplicar los espacios internos y hacer un edificio de cinco pisos con terraza, donde se instalaron termotanques solares para ahorrar energía.
"Mantuvimos las estructuras básicas y el frente del edificio. Los departamentos son muy luminosos, con amplios espacios de ventilación y materiales propios de una vivienda de clase media. En su mayoría son de dos dormitorios, pero también los hay de uno y de tres, y todos tienen espacios para lavadero, cocina y un baño", explicó el gerente de la obra, Diego Mendoza.
Entre esas unidades está el futuro hogar de Cristian Cardozo -y de sus tres hijos- quien, luego de haber vivido durante casi medio siglo en la villa, se mudará a su primera casa con escritura.
"Estoy enamorado. Ya la fui a ver y me encanta. Yo no me quería ir de acá, pero ahora no aguanto las ganas de mudarme", aseguró a esta agencia Cardozo, que heredó el lote de la villa en el que vive de su abuela, una antigua guardiana de terrenos de una fábrica.
"Lo fundamental en esto es que el Estado esté presente antes, durante y después de la relocalización. Primero conformamos los consorcios, escrituramos las viviendas y recién después las entregamos", afirmó Maquieyra.
Para la etapa posterior queda acompañar con el cuidado del edificio, su mantenimiento y a preservar los vínculos humanos construidos.
Por eso, cuando la reubicación se hace en viviendas alejadas del la residencia actual (caso de Lacarra) se lleva a las familias a conocer el club, la parroquia, las escuelas y otros lugares del nuevo barrio.
"En la Ciudad usamos la política del arraigo de modo que la gente siga viviendo en su barrio, pero en los casos en los que no se puede, los ayudamos a vincularse con su nuevo destino", indicó el presidente del IVC.
El derribo de la Villa 26 se suma al de los asentamientos El pueblito, Luján y Magaldi, así como a otros tramos de la villa 21-24, también junto al Riachuelo, donde casi 700 familias que vivían allí fueron relocalizadas en los últimos años.
Concluida esta mudanza, una de cada tres familias que vivían junto al Riachuelo (1.837 según un censo del 2015) habrán sido reubicadas en zonas donde no peligre su salud por motivos ambientales, en tanto el compromiso de la Ciudad es que para 2019 no haya ninguna residiendo en las riberas porteñas del Riachuelo.
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Fecha de Publicación: 07/12/2017
Fuente: La Prensa
Provincia/Región: Riachuelo
Las 118 familias que habitan la Villa 26 de la ciudad de Buenos Aires serán mudadas a nuevas viviendas la próxima semana y sus casillas demolidas para transformar el lugar en un paseo costero junto al Riachuelo, que incluirá espacios verdes y de circulación para peatones, bicicletas y vehículos ligeros.
La mudanza, a cargo del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), comenzará el 11 de este mes y responde a las exigencias del "Fallo Mendoza" de la Corte Suprema, que ordenó a relocalizar a quienes vivan en el camino de sirga -una senda de 35 metros de ancho desde una ribera- del Riachuelo, uno de los ríos más contaminados del mundo.
La asignación de las viviendas, por las que cada grupo pagará a 30 años con un crédito hipotecario de cuotas mensuales de hasta el 20% del ingreso familiar, fue definida en las mesas participativas entre vecinos y el Estado, en las que acordaron cada aspecto de la mudanza.
"No sólo importa que la gente se apropie de su casa, sino también del proceso. Su relocalización será sustentable en el tiempo sí ellos se vuelven actores principales de la transformación, y eso importa más que la obra en sí", dijo Juan Maquieyra, presidente del IVC, durante una recorrida por el barrio.
De las 118 familias, las 64 con mayor antigüedad en la Villa vivirán en el complejo San Antonio, a pocas cuadras de allí y en el barrio de Barracas, mientras que las restantes 54 irán al complejo Lacarra, junto al Club Español, en el barrio de Villa Lugano.
Dentro de cada complejo la asignación se definió por dos criterios: cantidad de integrantes (dormitorios) y edad, de modo que los más ancianos vivan en planta baja, para recién después coordinar la ubicación en base a la afinidad entre vecinos.
"Eso es muy positivo. Hay grandes familias que se organizan para vivir en un mismo piso o compartir un consorcio con gente con la que se llevan bien", dijo Santiago Sarachian, coordinador del IVC en temas vinculados al camino de sirga.
El objetivo es claro: no repetir los errores de los años 70 y 80, cuando para relocalizar a los habitantes de las villas se los trasladaba a enormes edificios sin ningún criterio de ubicación ni escritura de propiedad.
"Muchas de las personas que se fueron a vivir a los viejos complejos sienten, aún hoy, que la casa no es suya, sino del Estado. Es imposible que algo así funcione", aseguró Sarachian.
El complejo San Antonio fue construido en la estructura de una antigua fábrica, a la que se demolió en gran parte para duplicar los espacios internos y hacer un edificio de cinco pisos con terraza, donde se instalaron termotanques solares para ahorrar energía.
"Mantuvimos las estructuras básicas y el frente del edificio. Los departamentos son muy luminosos, con amplios espacios de ventilación y materiales propios de una vivienda de clase media. En su mayoría son de dos dormitorios, pero también los hay de uno y de tres, y todos tienen espacios para lavadero, cocina y un baño", explicó el gerente de la obra, Diego Mendoza.
Entre esas unidades está el futuro hogar de Cristian Cardozo -y de sus tres hijos- quien, luego de haber vivido durante casi medio siglo en la villa, se mudará a su primera casa con escritura.
"Estoy enamorado. Ya la fui a ver y me encanta. Yo no me quería ir de acá, pero ahora no aguanto las ganas de mudarme", aseguró a esta agencia Cardozo, que heredó el lote de la villa en el que vive de su abuela, una antigua guardiana de terrenos de una fábrica.
"Lo fundamental en esto es que el Estado esté presente antes, durante y después de la relocalización. Primero conformamos los consorcios, escrituramos las viviendas y recién después las entregamos", afirmó Maquieyra.
Para la etapa posterior queda acompañar con el cuidado del edificio, su mantenimiento y a preservar los vínculos humanos construidos.
Por eso, cuando la reubicación se hace en viviendas alejadas del la residencia actual (caso de Lacarra) se lleva a las familias a conocer el club, la parroquia, las escuelas y otros lugares del nuevo barrio.
"En la Ciudad usamos la política del arraigo de modo que la gente siga viviendo en su barrio, pero en los casos en los que no se puede, los ayudamos a vincularse con su nuevo destino", indicó el presidente del IVC.
El derribo de la Villa 26 se suma al de los asentamientos El pueblito, Luján y Magaldi, así como a otros tramos de la villa 21-24, también junto al Riachuelo, donde casi 700 familias que vivían allí fueron relocalizadas en los últimos años.
Concluida esta mudanza, una de cada tres familias que vivían junto al Riachuelo (1.837 según un censo del 2015) habrán sido reubicadas en zonas donde no peligre su salud por motivos ambientales, en tanto el compromiso de la Ciudad es que para 2019 no haya ninguna residiendo en las riberas porteñas del Riachuelo.
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Paraná prohíbe el glifosato
Mientras en Rosario se desdicen, en Paraná prohíben el herbicida
Fecha de Publicación: 06/12/2017
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Entre Ríos - Santa Fe
El mismo organismo deliberativo de la ciudad de Paraná aprobó ayer una norma que inhabilita la aspersión de ese agroquímico.
Mientras el Concejo Municipal de Rosario daba marcha atrás con la ordenanza de prohibir el uso del glifosato en su área periurbana, el mismo organismo deliberativo de la ciudad de Paraná aprobó ayer una norma que inhabilita la aspersión de ese agroquímico.
La norma se votó por unanimidad tras una maratónica jornada que tuvo dos cuartos intermedios para analizar el tema, presentado "in voce" por la concejala Claudia Acevedo (Cambiemos).
Concretamente, la ordenanza prohíbe el uso de "agroquímicos biológicos de uso agropecuario destinados a la fumigación o a la fertilización agrícola y/o forestal, y/o espacios verdes, que contengan glifosato y agroquímicos derivados".
En los fundamentos del texto normativo consta que su objetivo es "asegurar la protección de la salud humana y el medio ambiente".
La medida prohíbe también la limpieza de todo tipo de maquinarias y equipos utilizados para la aplicación de productos químicos o biológicos de uso agropecuario que contengan glifosato y agroquímicos derivados, como también el tránsito de máquinas de aplicación de dichos productos que no se encuentren descargadas y perfectamente limpias.
Según pudo saberse, las infracciones a las disposiciones establecidas en la ordenanza serán sancionadas con multas que van de 5 mil a 50 mil unidades de multa, equivalente cada una al menor precio de un litro de nafta súper en el mercado.
Acevedo dijo que tuvo respaldo de todos los bloques, fue una iniciativa de papás que tuvieron inconvenientes con este tema, que tienen niños que padecen cáncer, que hacen referencia al daño que le causa a la salud la aspersión del agroquímico, y esto fue tomado "como una cuestión de vida", por parte de los concejales paranaenses.
La ordenanza se aprobó en la última sesión del período ordinario, el mismo día en que los concejales de Rosario dieron marcha atrás con una norma aprobada en este sentido dos semanas antes, luego de que dirigentes agropecuarios reclamaran en el Palacio Vasallo la modificación de la norma.
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Fecha de Publicación: 06/12/2017
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Entre Ríos - Santa Fe
El mismo organismo deliberativo de la ciudad de Paraná aprobó ayer una norma que inhabilita la aspersión de ese agroquímico.
Mientras el Concejo Municipal de Rosario daba marcha atrás con la ordenanza de prohibir el uso del glifosato en su área periurbana, el mismo organismo deliberativo de la ciudad de Paraná aprobó ayer una norma que inhabilita la aspersión de ese agroquímico.
La norma se votó por unanimidad tras una maratónica jornada que tuvo dos cuartos intermedios para analizar el tema, presentado "in voce" por la concejala Claudia Acevedo (Cambiemos).
Concretamente, la ordenanza prohíbe el uso de "agroquímicos biológicos de uso agropecuario destinados a la fumigación o a la fertilización agrícola y/o forestal, y/o espacios verdes, que contengan glifosato y agroquímicos derivados".
En los fundamentos del texto normativo consta que su objetivo es "asegurar la protección de la salud humana y el medio ambiente".
La medida prohíbe también la limpieza de todo tipo de maquinarias y equipos utilizados para la aplicación de productos químicos o biológicos de uso agropecuario que contengan glifosato y agroquímicos derivados, como también el tránsito de máquinas de aplicación de dichos productos que no se encuentren descargadas y perfectamente limpias.
Según pudo saberse, las infracciones a las disposiciones establecidas en la ordenanza serán sancionadas con multas que van de 5 mil a 50 mil unidades de multa, equivalente cada una al menor precio de un litro de nafta súper en el mercado.
Acevedo dijo que tuvo respaldo de todos los bloques, fue una iniciativa de papás que tuvieron inconvenientes con este tema, que tienen niños que padecen cáncer, que hacen referencia al daño que le causa a la salud la aspersión del agroquímico, y esto fue tomado "como una cuestión de vida", por parte de los concejales paranaenses.
La ordenanza se aprobó en la última sesión del período ordinario, el mismo día en que los concejales de Rosario dieron marcha atrás con una norma aprobada en este sentido dos semanas antes, luego de que dirigentes agropecuarios reclamaran en el Palacio Vasallo la modificación de la norma.
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El lobby sojero presionó a Rosario y aceptarán el glifosato
El Concejo da marcha atrás con la prohibición del uso de glifosato en Rosario
Fecha de Publicación: 02/12/2017
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
En un trámite exprés, y luego de una reunión con ruralistas, se redactó un proyecto que modifica el anterior y que se tratará la semana próxima.
Dos semanas después de haber prohibido en Rosario la utilización del polémico herbicida Glifosato, el Concejo Municipal dio marcha atrás con esa decisión. Fue ayer, en el marco de una sesión con ribetes de escándalo y horas después de que la plana mayor de las entidades agropecuarias reclamara en el Palacio Vasallo la modificación de la norma.
Así, mientras los pasillos eran un hervidero de negociaciones políticas con el objetivo de conformar el gabinete del nuevo Concejo, la polémica por el glifosato se coló casi sin pedir permiso y terminó generando que el cuerpo volviera sobre sus pasos.
De la prohibición se pasó sin escalas al "cumplimiento de un protocolo" para poder utilizarlo. Así quedó plasmado en un proyecto que busca modificar la ordenanza votada hace dos semanas y que se tratará el martes en la comisión de Ecología. La intención es que llegue el jueves que viene al recinto, cuando se realice la última sesión ordinaria de la actual conformación del Concejo.
El proyecto se redactó ayer mismo, y rápidamente fue ingresado para habilitar su tratamiento la semana próxima. Tan veloz fue el trámite, que hasta hubo ediles que ya se habían retirado del Concejo y recibieron llamadas a sus celulares para que regresaran y habilitaran el ingreso del expediente.
En el medio hubo de todo: chicanas, gritos y acusaciones.
La voz ruralista
Horas antes, la plana mayor de las entidades agropecuarias había desembarcado allí para decirles a los ediles que "les faltaba información" y que la ordenanza debía ser revisada.
Según explicaron, la norma que ahora se intentará modificar va en contra de la historia y el presente económico de la ciudad, asociada "en todo el mundo" con la actividad agropecuaria, y que sobre todo "carece de rigor científico".
Así lo expresaron claramente dos de las espadas más filosas de los ruralistas, Pedro Vigneau (Aapresid) y Rodolfo Rossi (Acsoja), quienes junto a otros directivos de la Bolsa de Comercio local participaron ayer de la reunión de Labor Parlamentaria en la cual hubo un tema excluyente: el glifosato.
Los ruralistas llegaron con bolsas de plástico llenas de papeles y estudios que —según explicaron— avalan lo que las entidades sostienen: que el glifosato es un herbicida autorizado en el país, que sorteó los controles de sanidad del Senasa y de muchas otras instancias.
En ese punto, citaron un informe de evaluación realizado bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por un consejo de expertos que trabajó en el ámbito del Conicet, que sostuvo que ese producto "no implica riesgos para la salud humana siempre y cuando se utilice de forma responsable".
"Creemos que a los concejales les falta información. En 2009 Cristina, con lo que significó ese gobierno para el agro, convocó a un panel que concluyó que el glifosato no era peligroso", recordó Vigneau, quien dejó en claro que había que buscar una solución que permita "revertir este asunto".
El "asunto" en cuestión era la ordenanza que prohibió el glifosato en Rosario, que paradójicamente fue votada por unanimidad pero que ahora empezó un camino de reconversión.
Recalculando
Ayer no fueron pocos los concejales que admitieron que se apuraron a convalidar con sus firmas el proyecto presentado por Osvaldo Miatello (peronismo) y Pedro Salinas (Ciudad Futura) sin haberse tomado el tiempo de revisar los antecedentes en el tema, como por ejemplo una ordenanza que ya existe sobre uso de agroquímicos promulgada tras varios meses de debates en el año 2011.
Así, rápidamente se redactó un nuevo proyecto que modifica el anterior y encomienda el uso del glifosato a la puesta en práctica de un "protocolo" que será redactado por la Secretaría de Ambiente y Espacio Público del municipio.
El texto también encomienda a esa repartición "implementar acciones de promoción de las buenas prácticas de los herbicidas, con miras a un uso eficiente, seguro y tendiente a disminuir su uso". Para lograrlo, le sugiere "coordinar actividades con universidades, instituciones, reparticiones y organizaciones de la sociedad civil relacionadas con la agroindustria, que considere necesario".
Para habilitar que esta iniciativa pudiera tener ingreso formal, hubo varios ediles que ayer tuvieron que regresar al Concejo, ya que los votos no daban. Así, tras nerviosas llamadas y acusaciones a los gritos, finalmente el Frente Progresista y el PRO habilitaron el ingreso.
Ahora se discutirá el martes en comisión y el objetivo es que llegue al recinto en la última sesión de esta conformación del Concejo. Todo indica que el jueves próximo, la marcha atrás de la prohibición del glifosato en Rosario estará sellada.
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Fecha de Publicación: 02/12/2017
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
En un trámite exprés, y luego de una reunión con ruralistas, se redactó un proyecto que modifica el anterior y que se tratará la semana próxima.
Dos semanas después de haber prohibido en Rosario la utilización del polémico herbicida Glifosato, el Concejo Municipal dio marcha atrás con esa decisión. Fue ayer, en el marco de una sesión con ribetes de escándalo y horas después de que la plana mayor de las entidades agropecuarias reclamara en el Palacio Vasallo la modificación de la norma.
Así, mientras los pasillos eran un hervidero de negociaciones políticas con el objetivo de conformar el gabinete del nuevo Concejo, la polémica por el glifosato se coló casi sin pedir permiso y terminó generando que el cuerpo volviera sobre sus pasos.
De la prohibición se pasó sin escalas al "cumplimiento de un protocolo" para poder utilizarlo. Así quedó plasmado en un proyecto que busca modificar la ordenanza votada hace dos semanas y que se tratará el martes en la comisión de Ecología. La intención es que llegue el jueves que viene al recinto, cuando se realice la última sesión ordinaria de la actual conformación del Concejo.
El proyecto se redactó ayer mismo, y rápidamente fue ingresado para habilitar su tratamiento la semana próxima. Tan veloz fue el trámite, que hasta hubo ediles que ya se habían retirado del Concejo y recibieron llamadas a sus celulares para que regresaran y habilitaran el ingreso del expediente.
En el medio hubo de todo: chicanas, gritos y acusaciones.
La voz ruralista
Horas antes, la plana mayor de las entidades agropecuarias había desembarcado allí para decirles a los ediles que "les faltaba información" y que la ordenanza debía ser revisada.
Según explicaron, la norma que ahora se intentará modificar va en contra de la historia y el presente económico de la ciudad, asociada "en todo el mundo" con la actividad agropecuaria, y que sobre todo "carece de rigor científico".
Así lo expresaron claramente dos de las espadas más filosas de los ruralistas, Pedro Vigneau (Aapresid) y Rodolfo Rossi (Acsoja), quienes junto a otros directivos de la Bolsa de Comercio local participaron ayer de la reunión de Labor Parlamentaria en la cual hubo un tema excluyente: el glifosato.
Los ruralistas llegaron con bolsas de plástico llenas de papeles y estudios que —según explicaron— avalan lo que las entidades sostienen: que el glifosato es un herbicida autorizado en el país, que sorteó los controles de sanidad del Senasa y de muchas otras instancias.
En ese punto, citaron un informe de evaluación realizado bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por un consejo de expertos que trabajó en el ámbito del Conicet, que sostuvo que ese producto "no implica riesgos para la salud humana siempre y cuando se utilice de forma responsable".
"Creemos que a los concejales les falta información. En 2009 Cristina, con lo que significó ese gobierno para el agro, convocó a un panel que concluyó que el glifosato no era peligroso", recordó Vigneau, quien dejó en claro que había que buscar una solución que permita "revertir este asunto".
El "asunto" en cuestión era la ordenanza que prohibió el glifosato en Rosario, que paradójicamente fue votada por unanimidad pero que ahora empezó un camino de reconversión.
Recalculando
Ayer no fueron pocos los concejales que admitieron que se apuraron a convalidar con sus firmas el proyecto presentado por Osvaldo Miatello (peronismo) y Pedro Salinas (Ciudad Futura) sin haberse tomado el tiempo de revisar los antecedentes en el tema, como por ejemplo una ordenanza que ya existe sobre uso de agroquímicos promulgada tras varios meses de debates en el año 2011.
Así, rápidamente se redactó un nuevo proyecto que modifica el anterior y encomienda el uso del glifosato a la puesta en práctica de un "protocolo" que será redactado por la Secretaría de Ambiente y Espacio Público del municipio.
El texto también encomienda a esa repartición "implementar acciones de promoción de las buenas prácticas de los herbicidas, con miras a un uso eficiente, seguro y tendiente a disminuir su uso". Para lograrlo, le sugiere "coordinar actividades con universidades, instituciones, reparticiones y organizaciones de la sociedad civil relacionadas con la agroindustria, que considere necesario".
Para habilitar que esta iniciativa pudiera tener ingreso formal, hubo varios ediles que ayer tuvieron que regresar al Concejo, ya que los votos no daban. Así, tras nerviosas llamadas y acusaciones a los gritos, finalmente el Frente Progresista y el PRO habilitaron el ingreso.
Ahora se discutirá el martes en comisión y el objetivo es que llegue al recinto en la última sesión de esta conformación del Concejo. Todo indica que el jueves próximo, la marcha atrás de la prohibición del glifosato en Rosario estará sellada.
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El lobby sojero con los pelos de punta por Rosario
Empresas en alerta por una prohibición de usar glifosato en Rosario
Fecha de Publicación: 29/11/2017
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Santa Fe
Si bien el impacto sería sólo en la ciudad santafesina y sobre apenas 300 hectáreas de soja, advierten del "grave" antecedente y la posibilidad de su extensión a la provincia
Las repercusiones sobre la prohibición del uso del glifosato en la ciudad de Rosario, Santa Fe, sobre todo el ejido urbano, no tardaron en llegar.
Desde distintas entidades rurales criticaron la medida por considerarla "sin fundamentos científicos" y por no haber sido consultados (la medida fue aprobada por el Concejo Municipal el jueves pasado en un proyecto de ordenanza de los concejales Osvaldo Miatello -Compromiso con Rosario- y Pedro Salinas -Ciudad Futura).
Tanto desde Aapresid como de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja) advirtieron también que la decisión genera un "grave" antecedente porque se basa en un informe de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (Iarc), un organismo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que resultó cuestionado porque se reveló más tarde que se habrían editado los resultados. "Esta decisión es alejarse de la ciencia para tomar decisiones en base a presunciones de lo que es políticamente correcto", afirmó a El Cronista Pedro Vigneau, Presidente de Aapresid.
El ejecutivo catalogó la noticia como un "baldazo de agua fría", teniendo en cuenta que se trata de una ciudad que se conformó a raíz de la producción agrícola como el mayor polo de crushing y exportación agrícola del país. En paralelo remarcó que la prohibición en sí, que todavía no pasó por la instancia de promulgación que corresponde al poder ejecutivo en manos de la intendenta Mónica Fein, bioquímica de profesión, sólo afectaría a la ciudad y áreas periurbanas que abarcan 300 hectáreas de soja y 500 hectáreas hortícolas, pero que lo más graves es el antecedente que genera. "Hay más de 50 empresas que producen e importan este herbicida en el país, ya que es el herbicida más usado acá y en el mundo. Su prohibición llevaría a un aumento de los costos y en consecuencia, al aumento de precios de los alimentos", afirmó Vigneau.
Si bien se trata de la primera ciudad en el país que toma una decisión de el estilo (algo que tiene mayor desarrollo en Europa por ejemplo), el ejecutivo afirmó que otras ciudades como Gualeguaychú ya estarían siguiendo su camino, y hasta que en la propia provincia de Santa Fe ya se habla de la extensión de dicha prohibición.
En un comunicado, Aapresid comparó la decisión con el uso de la palabra "posverdad", refiriéndose a "información o aseveración que no se basa en hechos objetivos, sino que apela a las emociones, creencias o deseos del público". Allí, afirmó que "desde hace algunos años esto comenzó a impactar en cuestiones técnicas tales como el uso de ciertas tecnologías de selección botánica, animal o el uso de ciertos químicos. El glifosato es presa de estos mecanismos", sostuvo y enumeró distintos informes de entidades como la European Chemicals Agency (ECHA); la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), el Consejo Interdisciplinario Argentino (reunido en 2009 a tal fin); la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) o la Swiss Federal Office for Agriculture; entre otros, que sostienen que no se hallaron correlaciones positivas entre el glifosato y el cáncer, y que es seguro utilizarlo de acuerdo a especificaciones que requiere el uso correcto.
Por el lado de Acsoja se afirmó que "las evaluaciones de riesgos sanitarios deben basarse en ciencia, situación que no se desprende de la lectura de los considerandos de la mencionada Ordenanza". También expresó que numerosas organizaciones internacionales ya emitieron opinión científica sobre el glifosato "que demuestran que no existen impactos negativos en la sanidad, inocuidad y el ambiente de este producto". Y resaltó la importancia del principio activo en la producción de granos en especial en la Argentina en la producción sustentable bajo siembra directa.
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Fecha de Publicación: 29/11/2017
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Santa Fe
Si bien el impacto sería sólo en la ciudad santafesina y sobre apenas 300 hectáreas de soja, advierten del "grave" antecedente y la posibilidad de su extensión a la provincia
Las repercusiones sobre la prohibición del uso del glifosato en la ciudad de Rosario, Santa Fe, sobre todo el ejido urbano, no tardaron en llegar.
Desde distintas entidades rurales criticaron la medida por considerarla "sin fundamentos científicos" y por no haber sido consultados (la medida fue aprobada por el Concejo Municipal el jueves pasado en un proyecto de ordenanza de los concejales Osvaldo Miatello -Compromiso con Rosario- y Pedro Salinas -Ciudad Futura).
Tanto desde Aapresid como de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja) advirtieron también que la decisión genera un "grave" antecedente porque se basa en un informe de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (Iarc), un organismo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que resultó cuestionado porque se reveló más tarde que se habrían editado los resultados. "Esta decisión es alejarse de la ciencia para tomar decisiones en base a presunciones de lo que es políticamente correcto", afirmó a El Cronista Pedro Vigneau, Presidente de Aapresid.
El ejecutivo catalogó la noticia como un "baldazo de agua fría", teniendo en cuenta que se trata de una ciudad que se conformó a raíz de la producción agrícola como el mayor polo de crushing y exportación agrícola del país. En paralelo remarcó que la prohibición en sí, que todavía no pasó por la instancia de promulgación que corresponde al poder ejecutivo en manos de la intendenta Mónica Fein, bioquímica de profesión, sólo afectaría a la ciudad y áreas periurbanas que abarcan 300 hectáreas de soja y 500 hectáreas hortícolas, pero que lo más graves es el antecedente que genera. "Hay más de 50 empresas que producen e importan este herbicida en el país, ya que es el herbicida más usado acá y en el mundo. Su prohibición llevaría a un aumento de los costos y en consecuencia, al aumento de precios de los alimentos", afirmó Vigneau.
Si bien se trata de la primera ciudad en el país que toma una decisión de el estilo (algo que tiene mayor desarrollo en Europa por ejemplo), el ejecutivo afirmó que otras ciudades como Gualeguaychú ya estarían siguiendo su camino, y hasta que en la propia provincia de Santa Fe ya se habla de la extensión de dicha prohibición.
En un comunicado, Aapresid comparó la decisión con el uso de la palabra "posverdad", refiriéndose a "información o aseveración que no se basa en hechos objetivos, sino que apela a las emociones, creencias o deseos del público". Allí, afirmó que "desde hace algunos años esto comenzó a impactar en cuestiones técnicas tales como el uso de ciertas tecnologías de selección botánica, animal o el uso de ciertos químicos. El glifosato es presa de estos mecanismos", sostuvo y enumeró distintos informes de entidades como la European Chemicals Agency (ECHA); la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), el Consejo Interdisciplinario Argentino (reunido en 2009 a tal fin); la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) o la Swiss Federal Office for Agriculture; entre otros, que sostienen que no se hallaron correlaciones positivas entre el glifosato y el cáncer, y que es seguro utilizarlo de acuerdo a especificaciones que requiere el uso correcto.
Por el lado de Acsoja se afirmó que "las evaluaciones de riesgos sanitarios deben basarse en ciencia, situación que no se desprende de la lectura de los considerandos de la mencionada Ordenanza". También expresó que numerosas organizaciones internacionales ya emitieron opinión científica sobre el glifosato "que demuestran que no existen impactos negativos en la sanidad, inocuidad y el ambiente de este producto". Y resaltó la importancia del principio activo en la producción de granos en especial en la Argentina en la producción sustentable bajo siembra directa.
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Gualeguaychú buscan prohibir el glifosato
En Gualeguaychú buscan prohibir la venta y uso de glifosato
Fecha de Publicación: 29/11/2017
Fuente: El Once
Provincia/Región: Entre Ríos
El secretario de Desarrollo Social de Gualeguaychú anunció este viernes que trabajarán en dos proyectos que apuntan a la prohibición de la venta, el uso y el acopio de este agroquímico en la ciudad.
Lo anunció este viernes el secretario de Desarrollo Social y Salud, Martín Roberto Piaggio. El oficialismo presentará dos proyectos de ordenanza para avanzar con esta iniciativa.
Durante la presentación de los resultados del estudio de cáncer en Gualeguaychú, llevado a cabo por la Municipalidad, el funcionario reveló que el Departamento Ejecutivo, por pedido del Intendente, enviará dos proyectos de ordenanza al Concejo Deliberante.
El primero, referido al uso de agroquímicos en el ejido de Gualeguaychú. Se exigirá un trámite obligatorio para tramitar el permiso, la presentación de la receta de lo que se va a usar, dónde se empleará y otros detalles, para un mayor control.
El segundo apuntará a la prohibición del uso, venta y acopio de Glifosato en el ejido de Gualeguaychú. El anuncio de Piaggio generó un cerrado aplauso de todo el auditorio.
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Fecha de Publicación: 29/11/2017
Fuente: El Once
Provincia/Región: Entre Ríos
El secretario de Desarrollo Social de Gualeguaychú anunció este viernes que trabajarán en dos proyectos que apuntan a la prohibición de la venta, el uso y el acopio de este agroquímico en la ciudad.
Lo anunció este viernes el secretario de Desarrollo Social y Salud, Martín Roberto Piaggio. El oficialismo presentará dos proyectos de ordenanza para avanzar con esta iniciativa.
Durante la presentación de los resultados del estudio de cáncer en Gualeguaychú, llevado a cabo por la Municipalidad, el funcionario reveló que el Departamento Ejecutivo, por pedido del Intendente, enviará dos proyectos de ordenanza al Concejo Deliberante.
El primero, referido al uso de agroquímicos en el ejido de Gualeguaychú. Se exigirá un trámite obligatorio para tramitar el permiso, la presentación de la receta de lo que se va a usar, dónde se empleará y otros detalles, para un mayor control.
El segundo apuntará a la prohibición del uso, venta y acopio de Glifosato en el ejido de Gualeguaychú. El anuncio de Piaggio generó un cerrado aplauso de todo el auditorio.
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Grave situación ambiental en Salta con empresa de agua
Buscan una nueva forma de remediar el daño ambiental
Fecha de Publicación: 25/11/2017
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Salta
El lunes de la semana pasada el Concejo Deliberante de Salta capital presentó una denuncia contra Aguas del Norte por los piletones ubicados en el barrio 17 de Octubre, en la zona norte de la ciudad.
"Nosotros presentamos una denuncia ante el Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable de la Provincia, conforme a la Ley 7.070 de protección del medio ambiente, que establece que en el caso de que un funcionario tome conocimiento de un daño ambiental lo denuncie. En la misma esgrimimos el principio de "contaminador pagador", que significa que quien genere una alteración ambiental no permitida deberá pagar por las acciones de prevención y será responsable de los daños ocasionados. Solicitamos al Ministerio, en este caso, que la empresa Aguas del Norte lo haga", explicó a El Tribuno el presidente del Concejo Deliberante, Ricardo Villada.
"Le pedimos al Ministerio de Ambiente, como autoridad de aplicación, que verifique el daño, lo cual se logra con una visita. También buscamos que se ocupe de intimar, aplicar sanciones para que quien lo produjo lo repare, a fin de que la situación cese. En caso de que no avancemos, recurriremos a la Justicia", recalcó.
"Muchos años atrás los piletones eran utilizados para desechos cloacales por la empresa de aguas. Luego se dejaron de utilizar y se construyó una planta depuradora mucho más atrás. El problema es que los piletones quedaron ahí y nadie se hace responsable. En 2007 el Concejo Deliberante sacó una resolución que expresaba que la empresa debía hacerse cargo y dar una solución, pero pasaron 10 años y el agua sigue ahí. La situación se agrava y por esa razón presenté este último proyecto con el fin de que el Concejo presente la denuncia. Los concejales apoyaron la misma", detalló el concejal.
"Me contacté con la empresa Aguas del Norte tras visitar el barrio a principios de este año y me explicaron que habían realizado estudios desde una universidad y que los líquidos se drenarían solos, que iban a terminar secándose, pero ya pasaron 10 años desde que el Concejo sacó la primera resolución y el problema continúa", sostuvo.
"Las lluvias alimentan los piletones. El problema no retrocede, no se drena nada, la contaminación es tremenda y, para peor, el lugar es utilizado como microbasural, porque hay gente que lleva hasta animales muertos y los deja ahí", describió el concejal.
Desde Aguas del Norte
"Las autoridades deben eliminar, sacar estas aguas contaminadas que están detenidas aquí. Tienen que rellenar los piletones, que le causan daño a todos los vecinos de la zona norte. Cuando comience la época de lluvias será un caos", anticipó Ricardo Mamaní, uno de los vecinos de la zona afectado por la contaminación y los insectos.
Desde el área de Comunicaciones de la empresa Aguas del Norte, en tanto, expresaron a El Tribuno que están dispuestos a aportar información del caso, con datos específicos sobre investigaciones al respecto y que brindarán una respuesta que está siendo elaborada desde el departamento legal de la empresa en los próximos días.
Problema sin resolución
En 2007, mediante una resolución, el Concejo Deliberante solicitó a la empresa Aguas del Norte la urgente solución a las filtraciones de desechos almacenados en los piletones del barrio 17 de oOctubre. El líquido llega a las napas subterráneas y también contamina los suelos. Esto produce problemas como sarna y alergia.
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Fecha de Publicación: 25/11/2017
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Salta
El lunes de la semana pasada el Concejo Deliberante de Salta capital presentó una denuncia contra Aguas del Norte por los piletones ubicados en el barrio 17 de Octubre, en la zona norte de la ciudad.
"Nosotros presentamos una denuncia ante el Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable de la Provincia, conforme a la Ley 7.070 de protección del medio ambiente, que establece que en el caso de que un funcionario tome conocimiento de un daño ambiental lo denuncie. En la misma esgrimimos el principio de "contaminador pagador", que significa que quien genere una alteración ambiental no permitida deberá pagar por las acciones de prevención y será responsable de los daños ocasionados. Solicitamos al Ministerio, en este caso, que la empresa Aguas del Norte lo haga", explicó a El Tribuno el presidente del Concejo Deliberante, Ricardo Villada.
"Le pedimos al Ministerio de Ambiente, como autoridad de aplicación, que verifique el daño, lo cual se logra con una visita. También buscamos que se ocupe de intimar, aplicar sanciones para que quien lo produjo lo repare, a fin de que la situación cese. En caso de que no avancemos, recurriremos a la Justicia", recalcó.
"Muchos años atrás los piletones eran utilizados para desechos cloacales por la empresa de aguas. Luego se dejaron de utilizar y se construyó una planta depuradora mucho más atrás. El problema es que los piletones quedaron ahí y nadie se hace responsable. En 2007 el Concejo Deliberante sacó una resolución que expresaba que la empresa debía hacerse cargo y dar una solución, pero pasaron 10 años y el agua sigue ahí. La situación se agrava y por esa razón presenté este último proyecto con el fin de que el Concejo presente la denuncia. Los concejales apoyaron la misma", detalló el concejal.
"Me contacté con la empresa Aguas del Norte tras visitar el barrio a principios de este año y me explicaron que habían realizado estudios desde una universidad y que los líquidos se drenarían solos, que iban a terminar secándose, pero ya pasaron 10 años desde que el Concejo sacó la primera resolución y el problema continúa", sostuvo.
"Las lluvias alimentan los piletones. El problema no retrocede, no se drena nada, la contaminación es tremenda y, para peor, el lugar es utilizado como microbasural, porque hay gente que lleva hasta animales muertos y los deja ahí", describió el concejal.
Desde Aguas del Norte
"Las autoridades deben eliminar, sacar estas aguas contaminadas que están detenidas aquí. Tienen que rellenar los piletones, que le causan daño a todos los vecinos de la zona norte. Cuando comience la época de lluvias será un caos", anticipó Ricardo Mamaní, uno de los vecinos de la zona afectado por la contaminación y los insectos.
Desde el área de Comunicaciones de la empresa Aguas del Norte, en tanto, expresaron a El Tribuno que están dispuestos a aportar información del caso, con datos específicos sobre investigaciones al respecto y que brindarán una respuesta que está siendo elaborada desde el departamento legal de la empresa en los próximos días.
Problema sin resolución
En 2007, mediante una resolución, el Concejo Deliberante solicitó a la empresa Aguas del Norte la urgente solución a las filtraciones de desechos almacenados en los piletones del barrio 17 de oOctubre. El líquido llega a las napas subterráneas y también contamina los suelos. Esto produce problemas como sarna y alergia.
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Rosario es la primer "gran urbe" que prohíbe el glifosato
Agrotóxicos: Rosario se convirtió en el primer gran centro urbano en prohibir totalmente el uso del glifosato
Fecha de Publicación: 20/11/2017
Fuente: La Noticia 1
Provincia/Región: Santa Fe
Por unanimidad, el Concejo de Rosario prohibió el uso del herbicida, tanto para uso agronómico como así también para espacios públicos y jardines particulares. El proyecto fue impulsado por los ediles Pedro Salinas (Ciudad Futura) y el peronista Osvaldo Miatello. Los estudios que demuestran la peligrosidad para la salud del glifosato abundan en todo el mundo desde hace años. En Europa varios países ya lo prohibieron, y el productor se encuentra en el ojo de la tormenta después de que la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (Iarc) lo calificara como "probable cancerígeno".
La normativa, que marca un quiebre en el país, pone de relieve una serie de estudios científicos que consideran al glifosato como peligroso para la salud.
Entre otros, se cita el informe de expertos de la ONU que en marzo de 2017 en Ginebra declararon que "el uso excesivo de pesticidas constituye un riesgo para la salud y remarcaron la obligación que tienen los gobiernos de resguardar a los niños del peligro de los agrotóxicos".
A su vez, Salinas y Miatello indicaron que numerosos países (Holanda, Malta, Sri Lanka, entre otros) y municipios (Barcelona, Madrid, Hamburgo, Edimburgo, Minneapolis), a lo largo del mundo, han prohibido el uso del agrotóxico.
Por su parte, la Vicepresidente 2da del Concejo rosarina, Caren Tepp (Ciudad Futura), destacó la aprobación -por unanimidad- del proyecto al indicar que se trató de "un logro histórico que pone por encima de la ganancia y el mero lucro la salud y la vida de las comunidades. Una iniciativa que muestra lo que es capaz un Concejo Municipal cuando hay voluntad de avanzar en la construcción de ciudades más saludables. Ojalá este antecedente sea un aporte a las luchas que dan muchos pueblos".
En territorio bonaerense, diversas organizaciones y personas damnificadas, vienen dando desde hace mucho tiempo una constante lucha por la prohibición de este agrotóxico.
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Fecha de Publicación: 20/11/2017
Fuente: La Noticia 1
Provincia/Región: Santa Fe
Por unanimidad, el Concejo de Rosario prohibió el uso del herbicida, tanto para uso agronómico como así también para espacios públicos y jardines particulares. El proyecto fue impulsado por los ediles Pedro Salinas (Ciudad Futura) y el peronista Osvaldo Miatello. Los estudios que demuestran la peligrosidad para la salud del glifosato abundan en todo el mundo desde hace años. En Europa varios países ya lo prohibieron, y el productor se encuentra en el ojo de la tormenta después de que la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (Iarc) lo calificara como "probable cancerígeno".
La normativa, que marca un quiebre en el país, pone de relieve una serie de estudios científicos que consideran al glifosato como peligroso para la salud.
Entre otros, se cita el informe de expertos de la ONU que en marzo de 2017 en Ginebra declararon que "el uso excesivo de pesticidas constituye un riesgo para la salud y remarcaron la obligación que tienen los gobiernos de resguardar a los niños del peligro de los agrotóxicos".
A su vez, Salinas y Miatello indicaron que numerosos países (Holanda, Malta, Sri Lanka, entre otros) y municipios (Barcelona, Madrid, Hamburgo, Edimburgo, Minneapolis), a lo largo del mundo, han prohibido el uso del agrotóxico.
Por su parte, la Vicepresidente 2da del Concejo rosarina, Caren Tepp (Ciudad Futura), destacó la aprobación -por unanimidad- del proyecto al indicar que se trató de "un logro histórico que pone por encima de la ganancia y el mero lucro la salud y la vida de las comunidades. Una iniciativa que muestra lo que es capaz un Concejo Municipal cuando hay voluntad de avanzar en la construcción de ciudades más saludables. Ojalá este antecedente sea un aporte a las luchas que dan muchos pueblos".
En territorio bonaerense, diversas organizaciones y personas damnificadas, vienen dando desde hace mucho tiempo una constante lucha por la prohibición de este agrotóxico.
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La expansión de ciudades muestra datos preocupantes
Los problemas que trae la excesiva expansión de nuestras ciudades
Fecha de Publicación: 17/11/2017
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional
Entre 2003 y 2016, el área urbanizada de 18 de los 33 aglomerados urbanos del país aumentó, en promedio, casi el doble que las poblaciones de dichas zonas.
Por Gabriel Lanfranchi y Juan Ignacio Duarte, director e investigador asociado, respectivamente, del programa de Ciudades de CIPPEC, Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento.
Hay consenso entre los profesionales de la ciudad y los acuerdos internacionales en materia de hábitat respecto de la necesidad de trabajar para lograr ciudades más compactas. Sin embargo, la mayoría de los 33 aglomerados urbanos argentinos registra una tendencia en sentido inverso.
En los últimos años, las ciudades argentinas se expandieron de manera desmesurada. Este fenómeno, que se vio acentuado particularmente en el último lustro, es perjudicial para el desarrollo de áreas urbanas inclusivas y sostenibles en términos sociales, económicos, ambientales y administrativos.
Según un estudio de CIPPEC, la población de 18 de los 33 aglomerados urbanos del país aumentó, en promedio, a un ritmo anual del 1,5% entre 2003 y 2016, mientras el área urbanizada se extendió a una tasa del 2,4% anual durante el mismo período. Si se excluye al Gran Buenos Aires (la ciudad de Buenos Aires más 24 partidos), donde hay menos espacio para crecer en extensión debido a que se trata de municipios casi completamente urbanizados, la tendencia se acentúa. Quitando al GBA, la población creció, en promedio, a una tasa anual del 1,3% entre 2003 y 2016, mientras que el área urbana lo hizo al 2,5% anual. Es decir que, por cada punto porcentual de crecimiento poblacional, estos aglomerados se extendieron 1,9 puntos.
Entre los aglomerados estudiados hay casos donde esta tendencia es aún más extrema. Por ejemplo, en la ciudad de Bahía Blanca la población aumentó a un ritmo anual de 0,5% entre 2006 y 2016 y el área urbana se expandió a una tasa anual del 1,9% en el mismo período. Por cada punto porcentual de crecimiento poblacional, la ciudad se expandió 4,1 puntos. Esto significa que si la población de Bahía Blanca creciera un 10% en los próximos diez años -la media de crecimiento nacional-, bajo este patrón su mancha urbana se expandiría un 41%.
Si se desmenuza la expansión urbana observada en los diferentes usos del suelo, se encuentra que el mayor crecimiento está explicado por los usos residenciales, que representan el 80% del total; y la industria y logística, que explica alrededor del 15%. Dentro de los usos residenciales, se destacan loteos de tejido abierto (45%), urbanizaciones cerradas (28%) y, en menor medida, vivienda de interés social y residencial informal (7%).
La expansión de la mancha urbana muy por encima de su crecimiento demográfico implica costos más altos para el gobierno local y para su población. Además, es más caro para los municipios: tienen que construir redes de infraestructura de mayor longitud, ampliar la red de transporte público y de recolección de residuos.
Una ciudad extensa también tiene consecuencias en varios aspectos ambientales y sociales. La expansión urbana se realiza sobre tierras que a menudo cumplen funciones ambientales importantes, como humedales y recargas de acuíferos, o sobre tierras productivas que le permiten contar a la población con alimentos producidos cerca de la ciudad y, por lo tanto, más baratos. Esta situación genera riesgos ambientales para la población y dificultades para la producción en esos territorios. Por otra parte, las manchas urbanas en expansión suelen salirse de los límites administrativos, lo que trae aparejadas a su vez dificultades en términos político-administrativos.
Por otro lado, mientras que una ciudad compacta posee menos suelo urbano ocioso en su interior, en contraposición, una ciudad difusa se caracteriza por la baja densidad y, por consiguiente, niveles más altos de segregación social. Por ejemplo, en este tipo de urbanizaciones es común observar barrios de clases altas y urbanizaciones cerradas separados de manera muy definida de los barrios donde viven los sectores menos pudientes del entramado social.
Si este tipo de crecimiento acelerado y con escasa planificación no es deseable para el desarrollo de ciudades más equitativas, resilientes y con una gestión inteligente y eficaz, se deben proponer estrategias para mitigar su impacto y evitar que las áreas urbanas se sigan expandiendo así. Esto, a su vez, exige transformar los mecanismos de planeamiento urbano para confluir en marcos que promuevan el desarrollo integral de las ciudades.
Las recomendaciones internacionales en materia de hábitat -como las incluidas en la Nueva Agenda Urbana, acordada en octubre de 2016 en Quito durante la Tercera Conferencia Mundial de Hábitat y Desarrollo Sostenible, que remarcan la necesidad de trabajar para lograr ciudades más compactas e integradas, deben ser tomadas como referencia para emprender ese camino.
Además, para lograr los objetivos mencionados, es necesario repensar los marcos jurídicos e institucionales del desarrollo territorial del país. ¿Es necesaria una ley que establezca presupuestos mínimos para el desarrollo territorial? ¿Qué alcance debería tener? ¿Cómo debiera articularse con legislaciones provinciales en la materia? Son preguntas que intentan ser respondidas en el marco del proyecto estratégico de hábitat que desarrolla el programa de Ciudades de CIPPEC.
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Fecha de Publicación: 17/11/2017
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional
Entre 2003 y 2016, el área urbanizada de 18 de los 33 aglomerados urbanos del país aumentó, en promedio, casi el doble que las poblaciones de dichas zonas.
Por Gabriel Lanfranchi y Juan Ignacio Duarte, director e investigador asociado, respectivamente, del programa de Ciudades de CIPPEC, Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento.
Hay consenso entre los profesionales de la ciudad y los acuerdos internacionales en materia de hábitat respecto de la necesidad de trabajar para lograr ciudades más compactas. Sin embargo, la mayoría de los 33 aglomerados urbanos argentinos registra una tendencia en sentido inverso.
En los últimos años, las ciudades argentinas se expandieron de manera desmesurada. Este fenómeno, que se vio acentuado particularmente en el último lustro, es perjudicial para el desarrollo de áreas urbanas inclusivas y sostenibles en términos sociales, económicos, ambientales y administrativos.
Según un estudio de CIPPEC, la población de 18 de los 33 aglomerados urbanos del país aumentó, en promedio, a un ritmo anual del 1,5% entre 2003 y 2016, mientras el área urbanizada se extendió a una tasa del 2,4% anual durante el mismo período. Si se excluye al Gran Buenos Aires (la ciudad de Buenos Aires más 24 partidos), donde hay menos espacio para crecer en extensión debido a que se trata de municipios casi completamente urbanizados, la tendencia se acentúa. Quitando al GBA, la población creció, en promedio, a una tasa anual del 1,3% entre 2003 y 2016, mientras que el área urbana lo hizo al 2,5% anual. Es decir que, por cada punto porcentual de crecimiento poblacional, estos aglomerados se extendieron 1,9 puntos.
Entre los aglomerados estudiados hay casos donde esta tendencia es aún más extrema. Por ejemplo, en la ciudad de Bahía Blanca la población aumentó a un ritmo anual de 0,5% entre 2006 y 2016 y el área urbana se expandió a una tasa anual del 1,9% en el mismo período. Por cada punto porcentual de crecimiento poblacional, la ciudad se expandió 4,1 puntos. Esto significa que si la población de Bahía Blanca creciera un 10% en los próximos diez años -la media de crecimiento nacional-, bajo este patrón su mancha urbana se expandiría un 41%.
Si se desmenuza la expansión urbana observada en los diferentes usos del suelo, se encuentra que el mayor crecimiento está explicado por los usos residenciales, que representan el 80% del total; y la industria y logística, que explica alrededor del 15%. Dentro de los usos residenciales, se destacan loteos de tejido abierto (45%), urbanizaciones cerradas (28%) y, en menor medida, vivienda de interés social y residencial informal (7%).
La expansión de la mancha urbana muy por encima de su crecimiento demográfico implica costos más altos para el gobierno local y para su población. Además, es más caro para los municipios: tienen que construir redes de infraestructura de mayor longitud, ampliar la red de transporte público y de recolección de residuos.
Una ciudad extensa también tiene consecuencias en varios aspectos ambientales y sociales. La expansión urbana se realiza sobre tierras que a menudo cumplen funciones ambientales importantes, como humedales y recargas de acuíferos, o sobre tierras productivas que le permiten contar a la población con alimentos producidos cerca de la ciudad y, por lo tanto, más baratos. Esta situación genera riesgos ambientales para la población y dificultades para la producción en esos territorios. Por otra parte, las manchas urbanas en expansión suelen salirse de los límites administrativos, lo que trae aparejadas a su vez dificultades en términos político-administrativos.
Por otro lado, mientras que una ciudad compacta posee menos suelo urbano ocioso en su interior, en contraposición, una ciudad difusa se caracteriza por la baja densidad y, por consiguiente, niveles más altos de segregación social. Por ejemplo, en este tipo de urbanizaciones es común observar barrios de clases altas y urbanizaciones cerradas separados de manera muy definida de los barrios donde viven los sectores menos pudientes del entramado social.
Si este tipo de crecimiento acelerado y con escasa planificación no es deseable para el desarrollo de ciudades más equitativas, resilientes y con una gestión inteligente y eficaz, se deben proponer estrategias para mitigar su impacto y evitar que las áreas urbanas se sigan expandiendo así. Esto, a su vez, exige transformar los mecanismos de planeamiento urbano para confluir en marcos que promuevan el desarrollo integral de las ciudades.
Las recomendaciones internacionales en materia de hábitat -como las incluidas en la Nueva Agenda Urbana, acordada en octubre de 2016 en Quito durante la Tercera Conferencia Mundial de Hábitat y Desarrollo Sostenible, que remarcan la necesidad de trabajar para lograr ciudades más compactas e integradas, deben ser tomadas como referencia para emprender ese camino.
Además, para lograr los objetivos mencionados, es necesario repensar los marcos jurídicos e institucionales del desarrollo territorial del país. ¿Es necesaria una ley que establezca presupuestos mínimos para el desarrollo territorial? ¿Qué alcance debería tener? ¿Cómo debiera articularse con legislaciones provinciales en la materia? Son preguntas que intentan ser respondidas en el marco del proyecto estratégico de hábitat que desarrolla el programa de Ciudades de CIPPEC.
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Riachuelo: el problema está en las casas
La mayor contaminación del Riachuelo viene de casas
Fecha de Publicación: 20/10/2017
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Riachuelo
Según Hernán Asencio, director de Fiscalización y Adecuación Ambiental de la ACUMAR, además de la toma de conciencia las soluciones son cloacas y plantas de tratamientos. Con obras, en 15 años mejora.
El director de Fiscalización y Adecuación Ambiente de la Autoridad de la Cuenca Matan Riachuelo (ACUMAR), Hernán Asencio, consideró que “el 70 por ciento de la contaminación de la cuenca es domiciliario por aguas de lavarropas, grasa o aceite, y el 30 por ciento es industrial”.
El abogado especialista en Derecho Penal Ambiental, realiza desde hace 6 meses el control industrial en el organismo que cubre 2.200 kilómetros cuadrados y a 17 mil industrias repartidas en 14 municipios.
“Esto se soluciona con cloacas, conciencia ambiental de las personas, plantas de tratamiento y en 15 años mejora todo ”, vaticinó Asencio, que necesita contar con mayor cantidad de personal para realizar las inspecciones necesarias.Hace poco, ACUMAR creó una Patrulla de Control Ambiental que cuenta con 20 camionetas para la prevención y presencia del organismo. “Hacemos inspecciones todos los días, ampliamos los horarios de inspección de 8 a 20 porque advertimos que algunos establecimientos que no estaban en regla o clausurados, trabajan a deshora, así logramos encontrarlos”.
Tal como pasó hace unos días en una curtiembre de Lanús que la encontraron volcando crudo y desde marzo estaba clausurada, todo gracias a la denuncia de un vecino a la policía ecológica de la Provincia. Por eso, Asencio subrayó “la importancia de responder a esas denuncias y trabajar con la confianza de los vecinos”.
La cuadrilla de control se divide en equipos de dos personas de un total de 37 especialistas que realizan inspecciones todos los días en distritos que abarca la cuenca. “Son 17 mil los establecimientos y 2000 ya fueron declarados agentes contaminantes. El 99 por ciento por vuelco de efluentes líquidos y mal manejo de residuos peligrosos también”, manifestó el funcionario.
Denuncias vecinales
Los inspectores llegan a los establecimientos en mayor medida por denuncias de los vecinos y solicitan ingresar para realizar la inspección, si se les niega el acceso ponen una multa por obstrucción al procedimiento y abren una causa penal para solicitar al juez una orden de allanamiento que tarda una semana.
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Fecha de Publicación: 20/10/2017
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Riachuelo
Según Hernán Asencio, director de Fiscalización y Adecuación Ambiental de la ACUMAR, además de la toma de conciencia las soluciones son cloacas y plantas de tratamientos. Con obras, en 15 años mejora.
El director de Fiscalización y Adecuación Ambiente de la Autoridad de la Cuenca Matan Riachuelo (ACUMAR), Hernán Asencio, consideró que “el 70 por ciento de la contaminación de la cuenca es domiciliario por aguas de lavarropas, grasa o aceite, y el 30 por ciento es industrial”.
El abogado especialista en Derecho Penal Ambiental, realiza desde hace 6 meses el control industrial en el organismo que cubre 2.200 kilómetros cuadrados y a 17 mil industrias repartidas en 14 municipios.
“Esto se soluciona con cloacas, conciencia ambiental de las personas, plantas de tratamiento y en 15 años mejora todo ”, vaticinó Asencio, que necesita contar con mayor cantidad de personal para realizar las inspecciones necesarias.Hace poco, ACUMAR creó una Patrulla de Control Ambiental que cuenta con 20 camionetas para la prevención y presencia del organismo. “Hacemos inspecciones todos los días, ampliamos los horarios de inspección de 8 a 20 porque advertimos que algunos establecimientos que no estaban en regla o clausurados, trabajan a deshora, así logramos encontrarlos”.
Tal como pasó hace unos días en una curtiembre de Lanús que la encontraron volcando crudo y desde marzo estaba clausurada, todo gracias a la denuncia de un vecino a la policía ecológica de la Provincia. Por eso, Asencio subrayó “la importancia de responder a esas denuncias y trabajar con la confianza de los vecinos”.
La cuadrilla de control se divide en equipos de dos personas de un total de 37 especialistas que realizan inspecciones todos los días en distritos que abarca la cuenca. “Son 17 mil los establecimientos y 2000 ya fueron declarados agentes contaminantes. El 99 por ciento por vuelco de efluentes líquidos y mal manejo de residuos peligrosos también”, manifestó el funcionario.
Denuncias vecinales
Los inspectores llegan a los establecimientos en mayor medida por denuncias de los vecinos y solicitan ingresar para realizar la inspección, si se les niega el acceso ponen una multa por obstrucción al procedimiento y abren una causa penal para solicitar al juez una orden de allanamiento que tarda una semana.
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El balance habitacional en el Ríachuelo en negativo
Retroceso: cada vez más familias viven en riesgo ambiental a orillas del Riachuelo
Fecha de Publicación: 06/10/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
Las cifras muestran un balance negativo entre las pocas soluciones habitacionales entregadas hasta el momento y quienes continúan instalándose en la zona; faltan relocalizar, al menos, 14.000 hogares
Las cuentas no cierran. Lejos de disminuir, el número de personas que viven a orillas del Riachuelo es cada vez mayor.
"La dinámica social del territorio es de crecimiento en los asentamientos precarios. Si las relocalizaciones no se hacen con celeridad, van a ir apareciendo cada vez más viviendas en esa franja de 36 metros del Riachuelo, donde la Corte ordenó que no debían estar", sostiene Santiago Cané, abogado y miembro de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
A nueve años del histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia que, en el marco de la llamada "causa Mendoza", condenó al Estado nacional, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires a recomponer el daño ambiental en la cuenca, mejorar la calidad de vida de sus habitantes y prevenir daños con suficiente y razonable grado de predicción, los avances son pocos y los retrasos, enormes.
Por otro lado, ya pasaron siete años desde el convenio marco que aquellos tres actores, junto con 14 municipios, firmaron para el cumplimiento del Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios en Riesgo Ambiental, y los vecinos siguen esperando.
De hecho, de las 17.771 soluciones habitacionales previstas en el convenio marco para aquellas familias en situación de mayor peligro -y que implican no sólo las relocalizaciones, sino también el mejoramiento habitacional de las viviendas ya existentes-, según cifras de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), hasta el momento se entregaron 3725: es decir, el 21%.
Además, las organizaciones sociales, los organismos estatales involucrados y los especialistas coinciden en que el número de personas asentadas en la zona de mayor proximidad a la cuenca quedó desactualizado: actualmente, serían muchas más que las censadas en 2010.
"Consideramos que hay muchas más familias en situación de vulnerabilidad social y riesgo sociosanitario. El número que está en la demanda judicial es bastante pequeño", dice Dorina Bonetti, actual presidenta de la Acumar.
"Yo del barrio no me voy. Éste es mi mundo", confiesa Blasia Guachiré, de 49 años, mientras ve caer la tarde parada en el techo de su casa, en la villa 21-24 de Barracas y sobre una lomada que termina en el Riachuelo. Abajo, a unos pocos pasos, el agua parece un aceite espesísimo, oscuro, impenetrable.
Es consciente de los peligros que tiene, para su salud y la de sus tres hijos, vivir junto a una de las cuencas más contaminadas del mundo, y quiere lo mismo que muchos de sus vecinos: mudarse cerca, conservar sus redes de contención y su fuente de trabajo.
"A la señora de enfrente la relocalizaron en el complejo Padre Mugica, en Lugano, porque su hijo tenía asma por la contaminación. Está muy decepcionada: es muy feo a donde se fueron, la casa se cae a pedazos", cuenta Blasia, quien desde hace tres años es una de las delegadas de su sector, San Blas. "Yo trato de llevarles tranquilidad a mis vecinos para que se mantengan positivos. Mi sueño es que se cumpla el derecho de todos de tener una vivienda digna."
Pocos avances
Los riesgos ambientales para quienes viven a orillas del Riachuelo (por ejemplo, la cercanía de industrias contaminantes o la acumulación de la basura a cada paso), así como la posibilidad de contraer enfermedades asociadas (desde las vinculadas con la piel hasta las broncopulmonares y las intestinales), son conocidos y alarmantes. En ese marco, la falta de datos actualizados y de acceso público por parte de la Acumar resulta sumamente preocupante, y es otro de los reclamos más recurrentes.
En el informe que presentaron en julio la Asociación de Vecinos de La Boca, la FARN, Greenpeace, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), se advierte que, en materia de hábitat, para los sectores vulnerables la situación en la cuenca continúa siendo "altamente problemática".
Además, estas organizaciones (que integran, junto con la Defensoría del Pueblo de la Nación -hoy, acéfala-, el cuerpo colegiado designado por la Corte para el control del cumplimiento del fallo) señalan que "reiteradamente se ha incurrido en graves violaciones" de los derechos de las personas relocalizadas en los complejos habitacionales.
Entre otras cuestiones, se menciona la mala calidad de sus ubicaciones y de las condiciones edilicias. "La inexistencia de una política de ordenamiento territorial y gestión del suelo coordinada entre la Acumar y las jurisdicciones implicó que los nuevos barrios se construyeran en terrenos residuales, relegados por el mercado inmobiliario y con la peor calidad urbana y ambiental", apunta el escrito.
Eduardo Reese, director del Área de Derechos Económicos y Sociales del CELS, explica: "Relocalización no significa erradicar, sino construir viviendas nuevas para esas familias que están asentadas en el Camino de Sirga, en el lugar más próximo al cauce del Matanza Riachuelo. Se estableció prima facie que esas 17.771 eran las que estaban en mayor riesgo de sufrir inundaciones y los efectos de la contaminación".
Con respecto a las 165 familias de la villa 21-24 que fueron relocalizadas al complejo Padre Mugica, en Lugano, Luis Duacastella, defensor general adjunto de la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires, advierte: "El complejo está en otra comuna, muy lejos: las familias sufrieron el desarraigo de perder su centro de salud cercano, donde estaba su historia clínica, y también las escuelas de sus hijos. Además, las viviendas no son adecuadas: en dos años demostraron deficiencias de humedad, electricidad, caños que no fueron bien termofusionados, problemas de seguridad importantes, entre otras cuestiones". Y agrega: "Por otro lado, el complejo está alejado de todo centro comercial, de las escuelas y los medios de transporte".
Plazos incumplidos
Sobre los plazos en los que debían otorgarse las soluciones habitacionales, Reese aclara que en el convenio marco 2010, para cada barrio identificado (tanto de la Capital como de los municipios bonaerenses), se establecieron tareas y responsabilidades que iban desde la selección de los terrenos, hasta la elaboración de proyectos, estudios de suelo, pliegos de licitación y evaluaciones de impacto ambiental.
"Obviamente, la duración de cada uno de estos procesos era muy diferente en cada barrio, pero más o menos las licitaciones de obra deberían haber empezado hacia el último trimestre de 2011. A partir de allí, el convenio no fija fechas por la dificultad de ser precisos en situaciones tan diferentes, pero es razonable deducir que la totalidad de las obras y relocalizaciones deberían haberse completado entre mediados de 2014 y 2016", sostiene.
En el caso de la Capital (donde está una de las villas con mayor densidad de población a orillas de la cuenca, la 21-24), desde las organizaciones sociales y la Defensoría General de la Ciudad subrayan que durante 2016 no se entregó ni una sola vivienda. "Recién a partir de marzo de este año se están reactivando las obras y trabajando en la planificación para llevarlas adelante", dice Cané.
Santiago Sarachian, director general de Relocalización y Urbanización de villas del Instituto de Vivienda de la Ciudad (ICV), admite: "Hasta la fecha en la ciudad se relocalizó a un 30% de las familias que viven sobre el Camino de Sirga y que fueron censadas en su momento (unas 566 de 1837). Estamos con muchos retrasos: las familias deberían haber estado relocalizadas para 2013. Es una situación muy desgastante para los vecinos y sus cuerpos de delegados".
En este sentido, para él uno de los principales desafíos es volver a construir confianza en los afectados, ya que considera fundamental trabajar con ellos para que el proceso sea participativo.
¿Cómo se explican las demoras? Sarachian, responde: "Se tuvo que crear sistemas administrativos y áreas específicas para gestionar el proceso; además, hasta el año pasado, hubo falta de financiamiento y de trabajo articulado entre la Nación (que aporta un 70% de los fondos para las relocalizaciones, y en algunos casos el 100% de las obras de vivienda) y la Ciudad; y conseguir tierras en zonas aptas y que respondan a las necesidades de los vecinos no fue simple".
Respecto al parate durante el año pasado, afirma: "Trabajamos mucho puertas adentro con la Subsecretaría de Vivienda de la Nación, que es quién financia las obras, para armar todos los circuitos administrativos y aceitarlos para que podamos recibir los fondos y que las obras avancen, que es lo que está sucediendo este año".
Y agrega: "Nos proponemos hacer un relevamiento de actualización de datos para ver desde 2010 hasta ahora cuál es la situación de las familias censadas, para contemplar la nueva conformación familiar a la hora de adjudicar las viviendas. Además, tenemos el fenómeno de las nuevas".
En el conurbano, los retrasos son aún mayores. Evert Van Tooren, subsecretario de Tierra, Urbanismo y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, cuenta: "Cuando asumí con la gestión de María Eugenia Vidal, el 90% de las obras de Acumar en la provincia estaban paralizadas por falta de pago y sin actualización de los precios por inflación".
Para él, el mayor problema que se tenía era que la provincia no intervenía en la Acumar: "Estaban la Nación con los Municipios afectados por la cuenca Matanza Riachuelo. Cuando asumimos nos pusimos de acuerdo con el Juzgado, los municipios y la Nación y reactivamos más de 4500 viviendas. La gran mayoría se van a entregar a fin de este año y principios del próximo, sobre todo las de la Matanza".
Sin servicios básicos: el reclamo de los vecinos de obras y mantenimiento
Una de las demandas de las villas y asentamientos más desoídas por las autoridades, para el cuerpo colegiado, es la pobre provisión y calidad de los servicios básicos, lo que lesiona las condiciones de vida de las familias. "Según las denuncias de los dirigentes barriales, ninguna de las empresas prestatarias (tanto estatales como privadas) atiende sus necesidades y reclamos, y ni la Acumar ni las jurisdicciones tienen la capacidad de revertir tal situación", describe el informe.
Mariano Gutiérrez, coordinador del Equipo de Trabajo Causa Riachuelo de la Defensoría General de la Nación, afirma que en aquellos barrios señalados para ser relocalizados no se invierte. "A esta problemática se la conoce como «el mientras tanto»: qué pasa cuando las relocalizaciones se atrasan", dice. "Uno de los principales reclamos que hacemos desde la Defensoría tiene que ver con esos barrios olvidados. Por otro lado, hay vecinos que no quieren ser relocalizados y hay que ver qué tipo de soluciones habitacionales alternativas se les brinda".
Según Gutiérrez, es necesario pensar "en el déficit que hay sobre todo en las soluciones habitacionales, más que en las relocalizaciones. En algunos barrios, la solución no es la relocalización, sino mejorar las condiciones de vida a través de obras de infraestructura y servicios. Esa probó ser una solución mucho más garantizadora de los derechos de las personas".
En esta línea, Duacastella agrega que es prioritario que se cumpla con "el derecho a la ciudad" de los vecinos de las villas. "Esto implica que tengan acceso a veredas, calles, cloacas, como en cualquier otro barrio", explica.
El caso de Villa Inflamable, en Avellaneda, es paradigmático. Sebastián Pilo, codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), subraya: "En el lugar donde la 'causa Mendoza' nace, al día de hoy no hubo avances significativos ni en el proceso de relocalización de las familias (las primeras 154 viviendas están prevista para ser entregadas, con mucha suerte, a fin de año en el Barrio Alianza), ni con respecto a revertir en lo inmediato, aquí y ahora, los problemas urgentes que tienen en materia de infraestructura y servicios".
Para Pilo, los vecinos están "en una trampa". Por un lado, les anuncian que van a ser relocalizados desde hace varios años, lo que les impide proyectar adecuadamente sus trayectorias de vida, sin consultárselos sobre esas relocalizaciones, incrementando su incertidumbre. "Por el otro, tampoco se realizaron obras estructuras que podrían haber aportado a la calidad de vida: las calles siguen siendo de barro y los chicos jugando ahí; el agua se entrega en bidones; las lagunas, que son cloacas a cielo abierto, continúan; y los niveles de efectos en la salud por la contaminación, especialmente de los niños, son gravísimos: casi el 50% de la población tiene plomo en sangre, el 5% tiene tolueno, el 27% benceno, el 1,5% mercurio".
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Fecha de Publicación: 06/10/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
Las cifras muestran un balance negativo entre las pocas soluciones habitacionales entregadas hasta el momento y quienes continúan instalándose en la zona; faltan relocalizar, al menos, 14.000 hogares
Las cuentas no cierran. Lejos de disminuir, el número de personas que viven a orillas del Riachuelo es cada vez mayor.
"La dinámica social del territorio es de crecimiento en los asentamientos precarios. Si las relocalizaciones no se hacen con celeridad, van a ir apareciendo cada vez más viviendas en esa franja de 36 metros del Riachuelo, donde la Corte ordenó que no debían estar", sostiene Santiago Cané, abogado y miembro de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
A nueve años del histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia que, en el marco de la llamada "causa Mendoza", condenó al Estado nacional, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires a recomponer el daño ambiental en la cuenca, mejorar la calidad de vida de sus habitantes y prevenir daños con suficiente y razonable grado de predicción, los avances son pocos y los retrasos, enormes.
Por otro lado, ya pasaron siete años desde el convenio marco que aquellos tres actores, junto con 14 municipios, firmaron para el cumplimiento del Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios en Riesgo Ambiental, y los vecinos siguen esperando.
De hecho, de las 17.771 soluciones habitacionales previstas en el convenio marco para aquellas familias en situación de mayor peligro -y que implican no sólo las relocalizaciones, sino también el mejoramiento habitacional de las viviendas ya existentes-, según cifras de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), hasta el momento se entregaron 3725: es decir, el 21%.
Además, las organizaciones sociales, los organismos estatales involucrados y los especialistas coinciden en que el número de personas asentadas en la zona de mayor proximidad a la cuenca quedó desactualizado: actualmente, serían muchas más que las censadas en 2010.
"Consideramos que hay muchas más familias en situación de vulnerabilidad social y riesgo sociosanitario. El número que está en la demanda judicial es bastante pequeño", dice Dorina Bonetti, actual presidenta de la Acumar.
"Yo del barrio no me voy. Éste es mi mundo", confiesa Blasia Guachiré, de 49 años, mientras ve caer la tarde parada en el techo de su casa, en la villa 21-24 de Barracas y sobre una lomada que termina en el Riachuelo. Abajo, a unos pocos pasos, el agua parece un aceite espesísimo, oscuro, impenetrable.
Es consciente de los peligros que tiene, para su salud y la de sus tres hijos, vivir junto a una de las cuencas más contaminadas del mundo, y quiere lo mismo que muchos de sus vecinos: mudarse cerca, conservar sus redes de contención y su fuente de trabajo.
"A la señora de enfrente la relocalizaron en el complejo Padre Mugica, en Lugano, porque su hijo tenía asma por la contaminación. Está muy decepcionada: es muy feo a donde se fueron, la casa se cae a pedazos", cuenta Blasia, quien desde hace tres años es una de las delegadas de su sector, San Blas. "Yo trato de llevarles tranquilidad a mis vecinos para que se mantengan positivos. Mi sueño es que se cumpla el derecho de todos de tener una vivienda digna."
Pocos avances
Los riesgos ambientales para quienes viven a orillas del Riachuelo (por ejemplo, la cercanía de industrias contaminantes o la acumulación de la basura a cada paso), así como la posibilidad de contraer enfermedades asociadas (desde las vinculadas con la piel hasta las broncopulmonares y las intestinales), son conocidos y alarmantes. En ese marco, la falta de datos actualizados y de acceso público por parte de la Acumar resulta sumamente preocupante, y es otro de los reclamos más recurrentes.
En el informe que presentaron en julio la Asociación de Vecinos de La Boca, la FARN, Greenpeace, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), se advierte que, en materia de hábitat, para los sectores vulnerables la situación en la cuenca continúa siendo "altamente problemática".
Además, estas organizaciones (que integran, junto con la Defensoría del Pueblo de la Nación -hoy, acéfala-, el cuerpo colegiado designado por la Corte para el control del cumplimiento del fallo) señalan que "reiteradamente se ha incurrido en graves violaciones" de los derechos de las personas relocalizadas en los complejos habitacionales.
Entre otras cuestiones, se menciona la mala calidad de sus ubicaciones y de las condiciones edilicias. "La inexistencia de una política de ordenamiento territorial y gestión del suelo coordinada entre la Acumar y las jurisdicciones implicó que los nuevos barrios se construyeran en terrenos residuales, relegados por el mercado inmobiliario y con la peor calidad urbana y ambiental", apunta el escrito.
Eduardo Reese, director del Área de Derechos Económicos y Sociales del CELS, explica: "Relocalización no significa erradicar, sino construir viviendas nuevas para esas familias que están asentadas en el Camino de Sirga, en el lugar más próximo al cauce del Matanza Riachuelo. Se estableció prima facie que esas 17.771 eran las que estaban en mayor riesgo de sufrir inundaciones y los efectos de la contaminación".
Con respecto a las 165 familias de la villa 21-24 que fueron relocalizadas al complejo Padre Mugica, en Lugano, Luis Duacastella, defensor general adjunto de la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires, advierte: "El complejo está en otra comuna, muy lejos: las familias sufrieron el desarraigo de perder su centro de salud cercano, donde estaba su historia clínica, y también las escuelas de sus hijos. Además, las viviendas no son adecuadas: en dos años demostraron deficiencias de humedad, electricidad, caños que no fueron bien termofusionados, problemas de seguridad importantes, entre otras cuestiones". Y agrega: "Por otro lado, el complejo está alejado de todo centro comercial, de las escuelas y los medios de transporte".
Plazos incumplidos
Sobre los plazos en los que debían otorgarse las soluciones habitacionales, Reese aclara que en el convenio marco 2010, para cada barrio identificado (tanto de la Capital como de los municipios bonaerenses), se establecieron tareas y responsabilidades que iban desde la selección de los terrenos, hasta la elaboración de proyectos, estudios de suelo, pliegos de licitación y evaluaciones de impacto ambiental.
"Obviamente, la duración de cada uno de estos procesos era muy diferente en cada barrio, pero más o menos las licitaciones de obra deberían haber empezado hacia el último trimestre de 2011. A partir de allí, el convenio no fija fechas por la dificultad de ser precisos en situaciones tan diferentes, pero es razonable deducir que la totalidad de las obras y relocalizaciones deberían haberse completado entre mediados de 2014 y 2016", sostiene.
En el caso de la Capital (donde está una de las villas con mayor densidad de población a orillas de la cuenca, la 21-24), desde las organizaciones sociales y la Defensoría General de la Ciudad subrayan que durante 2016 no se entregó ni una sola vivienda. "Recién a partir de marzo de este año se están reactivando las obras y trabajando en la planificación para llevarlas adelante", dice Cané.
Santiago Sarachian, director general de Relocalización y Urbanización de villas del Instituto de Vivienda de la Ciudad (ICV), admite: "Hasta la fecha en la ciudad se relocalizó a un 30% de las familias que viven sobre el Camino de Sirga y que fueron censadas en su momento (unas 566 de 1837). Estamos con muchos retrasos: las familias deberían haber estado relocalizadas para 2013. Es una situación muy desgastante para los vecinos y sus cuerpos de delegados".
En este sentido, para él uno de los principales desafíos es volver a construir confianza en los afectados, ya que considera fundamental trabajar con ellos para que el proceso sea participativo.
¿Cómo se explican las demoras? Sarachian, responde: "Se tuvo que crear sistemas administrativos y áreas específicas para gestionar el proceso; además, hasta el año pasado, hubo falta de financiamiento y de trabajo articulado entre la Nación (que aporta un 70% de los fondos para las relocalizaciones, y en algunos casos el 100% de las obras de vivienda) y la Ciudad; y conseguir tierras en zonas aptas y que respondan a las necesidades de los vecinos no fue simple".
Respecto al parate durante el año pasado, afirma: "Trabajamos mucho puertas adentro con la Subsecretaría de Vivienda de la Nación, que es quién financia las obras, para armar todos los circuitos administrativos y aceitarlos para que podamos recibir los fondos y que las obras avancen, que es lo que está sucediendo este año".
Y agrega: "Nos proponemos hacer un relevamiento de actualización de datos para ver desde 2010 hasta ahora cuál es la situación de las familias censadas, para contemplar la nueva conformación familiar a la hora de adjudicar las viviendas. Además, tenemos el fenómeno de las nuevas".
En el conurbano, los retrasos son aún mayores. Evert Van Tooren, subsecretario de Tierra, Urbanismo y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, cuenta: "Cuando asumí con la gestión de María Eugenia Vidal, el 90% de las obras de Acumar en la provincia estaban paralizadas por falta de pago y sin actualización de los precios por inflación".
Para él, el mayor problema que se tenía era que la provincia no intervenía en la Acumar: "Estaban la Nación con los Municipios afectados por la cuenca Matanza Riachuelo. Cuando asumimos nos pusimos de acuerdo con el Juzgado, los municipios y la Nación y reactivamos más de 4500 viviendas. La gran mayoría se van a entregar a fin de este año y principios del próximo, sobre todo las de la Matanza".
Sin servicios básicos: el reclamo de los vecinos de obras y mantenimiento
Una de las demandas de las villas y asentamientos más desoídas por las autoridades, para el cuerpo colegiado, es la pobre provisión y calidad de los servicios básicos, lo que lesiona las condiciones de vida de las familias. "Según las denuncias de los dirigentes barriales, ninguna de las empresas prestatarias (tanto estatales como privadas) atiende sus necesidades y reclamos, y ni la Acumar ni las jurisdicciones tienen la capacidad de revertir tal situación", describe el informe.
Mariano Gutiérrez, coordinador del Equipo de Trabajo Causa Riachuelo de la Defensoría General de la Nación, afirma que en aquellos barrios señalados para ser relocalizados no se invierte. "A esta problemática se la conoce como «el mientras tanto»: qué pasa cuando las relocalizaciones se atrasan", dice. "Uno de los principales reclamos que hacemos desde la Defensoría tiene que ver con esos barrios olvidados. Por otro lado, hay vecinos que no quieren ser relocalizados y hay que ver qué tipo de soluciones habitacionales alternativas se les brinda".
Según Gutiérrez, es necesario pensar "en el déficit que hay sobre todo en las soluciones habitacionales, más que en las relocalizaciones. En algunos barrios, la solución no es la relocalización, sino mejorar las condiciones de vida a través de obras de infraestructura y servicios. Esa probó ser una solución mucho más garantizadora de los derechos de las personas".
En esta línea, Duacastella agrega que es prioritario que se cumpla con "el derecho a la ciudad" de los vecinos de las villas. "Esto implica que tengan acceso a veredas, calles, cloacas, como en cualquier otro barrio", explica.
El caso de Villa Inflamable, en Avellaneda, es paradigmático. Sebastián Pilo, codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), subraya: "En el lugar donde la 'causa Mendoza' nace, al día de hoy no hubo avances significativos ni en el proceso de relocalización de las familias (las primeras 154 viviendas están prevista para ser entregadas, con mucha suerte, a fin de año en el Barrio Alianza), ni con respecto a revertir en lo inmediato, aquí y ahora, los problemas urgentes que tienen en materia de infraestructura y servicios".
Para Pilo, los vecinos están "en una trampa". Por un lado, les anuncian que van a ser relocalizados desde hace varios años, lo que les impide proyectar adecuadamente sus trayectorias de vida, sin consultárselos sobre esas relocalizaciones, incrementando su incertidumbre. "Por el otro, tampoco se realizaron obras estructuras que podrían haber aportado a la calidad de vida: las calles siguen siendo de barro y los chicos jugando ahí; el agua se entrega en bidones; las lagunas, que son cloacas a cielo abierto, continúan; y los niveles de efectos en la salud por la contaminación, especialmente de los niños, son gravísimos: casi el 50% de la población tiene plomo en sangre, el 5% tiene tolueno, el 27% benceno, el 1,5% mercurio".
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Semana de la Movilidad en Rosario
Rosario ya celebra la Semana de la Movilidad con múltiples actividades
Fecha de Publicación: 18/09/2017
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Se inició con el Park(ing) Day, que consiste en intervenir espacios de la calzada para que sean aprovechados por los peatones.
Con múltiples actividades que se desarrollarán en toda la ciudad hasta el 22 de septiembre, Rosario celebra, una vez más, la Semana de la Movilidad. El objetivo de las distintas propuestas organizadas por el municipio, y que comenzaron ayer, es incentivar la participación de la ciudadanía en el cuidado del ambiente y fomentar la movilidad sostenible, a través del modo peatonal, o con el uso de la bicicleta, tanto con rodados particulares como de la red pública "Mi bici tu bici".
Las actividades buscan generar un compromiso ciudadano hacia una ciudad más humana, menos congestionada y contaminada, en línea con sostenidas políticas de movilidad que aportan en el mismo sentido; según datos de la Encuesta Origen-Destino, el 58.8% de los rosarinos se moviliza caminando, en bici y en transporte urbano de pasajeros, y en función de ello es imprescindible planear un uso del espacio público que priorice los modos de movilidad elegidos por las personas en su cotidaneidad.
Compartir el espacio público, repensar su uso y generar lugares para el encuentro con una mirada más amigable con el ambiente son algunos de los disparadores que los ciudadanos podrán vivenciar en las actividades que se desarrollarán en la Semana de la Movilidad Sostenible, establecida por el Concejo Municipal (ordenanza Nº 8.495). Estas celebraciones se realizan mundialmente del 16 al 22 de septiembre.
Este año la Semana de la Movilidad Sostenible abrió con el ya tradicional Park(ing) Day, que consiste en intervenir de forma temporal espacios de la calzada para que sean aprovechados por los peatones. La actividad se desarrolló, de 8 a 16, en calle Córdoba, desde calle España hasta calle Paraguay.
Algunas de las actividades que se realizaron son:
• Arreglo de bicicletas junto a la Cooperativa El Aprendiz: reparaciones básicas, pinchaduras, cambio de cámaras, ajuste y cambio de frenos, ajuste de cadena, regulación de asientos, ajuste de pedales.
• Promoción de la Escuela Ciclista: talleres teóricos sobre las buenas prácticas al momento de andar en bici y la invitación a participar en los cursos abiertos a la comunidad.
• Clases de zumba: coordinadores municipales dieron una clase para incentivar el ejercicio físico y divertido.
Este año, el Ente de la Movilidad puso en marcha la Escuela Ciclista, primera experiencia de esta índole en la ciudad, cuyo principal objetivo es generar un punto de encuentro para aquellos vecinos que no saben andar en bici o para quienes necesitan profundizar sus conocimientos sobre esta materia. Hoy, desde las 10.30, en Oroño 2361 (Museo de la Ciudad), habrá una clase especial en la que se sumará un taller de movilidad sustentable.
También se realizará un sorteo con todos los alumnos que han pasado por las clases de la Escuela Ciclista, como incentivo para seguir rodando por la ciudad.
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Fecha de Publicación: 18/09/2017
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Se inició con el Park(ing) Day, que consiste en intervenir espacios de la calzada para que sean aprovechados por los peatones.
Con múltiples actividades que se desarrollarán en toda la ciudad hasta el 22 de septiembre, Rosario celebra, una vez más, la Semana de la Movilidad. El objetivo de las distintas propuestas organizadas por el municipio, y que comenzaron ayer, es incentivar la participación de la ciudadanía en el cuidado del ambiente y fomentar la movilidad sostenible, a través del modo peatonal, o con el uso de la bicicleta, tanto con rodados particulares como de la red pública "Mi bici tu bici".
Las actividades buscan generar un compromiso ciudadano hacia una ciudad más humana, menos congestionada y contaminada, en línea con sostenidas políticas de movilidad que aportan en el mismo sentido; según datos de la Encuesta Origen-Destino, el 58.8% de los rosarinos se moviliza caminando, en bici y en transporte urbano de pasajeros, y en función de ello es imprescindible planear un uso del espacio público que priorice los modos de movilidad elegidos por las personas en su cotidaneidad.
Compartir el espacio público, repensar su uso y generar lugares para el encuentro con una mirada más amigable con el ambiente son algunos de los disparadores que los ciudadanos podrán vivenciar en las actividades que se desarrollarán en la Semana de la Movilidad Sostenible, establecida por el Concejo Municipal (ordenanza Nº 8.495). Estas celebraciones se realizan mundialmente del 16 al 22 de septiembre.
Este año la Semana de la Movilidad Sostenible abrió con el ya tradicional Park(ing) Day, que consiste en intervenir de forma temporal espacios de la calzada para que sean aprovechados por los peatones. La actividad se desarrolló, de 8 a 16, en calle Córdoba, desde calle España hasta calle Paraguay.
Algunas de las actividades que se realizaron son:
• Arreglo de bicicletas junto a la Cooperativa El Aprendiz: reparaciones básicas, pinchaduras, cambio de cámaras, ajuste y cambio de frenos, ajuste de cadena, regulación de asientos, ajuste de pedales.
• Promoción de la Escuela Ciclista: talleres teóricos sobre las buenas prácticas al momento de andar en bici y la invitación a participar en los cursos abiertos a la comunidad.
• Clases de zumba: coordinadores municipales dieron una clase para incentivar el ejercicio físico y divertido.
Este año, el Ente de la Movilidad puso en marcha la Escuela Ciclista, primera experiencia de esta índole en la ciudad, cuyo principal objetivo es generar un punto de encuentro para aquellos vecinos que no saben andar en bici o para quienes necesitan profundizar sus conocimientos sobre esta materia. Hoy, desde las 10.30, en Oroño 2361 (Museo de la Ciudad), habrá una clase especial en la que se sumará un taller de movilidad sustentable.
También se realizará un sorteo con todos los alumnos que han pasado por las clases de la Escuela Ciclista, como incentivo para seguir rodando por la ciudad.
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Jujuy sigue con el programa edificios públicos sustentables
Avanza con éxito el programa edificios públicos más sustentables
Fecha de Publicación: 07/09/2017
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
El Ministerio de Ambiente de Jujuy avanza con éxito en el Programa Edificios públicos más sustentables, el cual se enmarca en el Plan integral de residuos sólidos urbanos GIRSU y dentro de la política Jujuy Verde: Carbono neutral 2030.
El Programa EPMS busca impulsar a las instituciones públicas a implementar prácticas respetuosas, valorativas del ambiente y de los recursos naturales, en vista a consolidar el desafío de convertir a Jujuy en una provincia verde.
La sustentabilidad de un edificio público implica un proceso, el cual tiene como objetivo reducir de manera institucional la huella de carbono, mejorar la matriz energética, la matriz de transporte, y generar un cambio de hábitos más respetuosos por el ambiente.
En este sentido, el proceso sustentable ha iniciado a través de la separación binaria de residuos en las instituciones públicas adheridas a la iniciativa, y contempla el apoyo a través de distintos factores, como la entrega de materiales e insumos (contenedores de cartón para la separación de residuos, bolsas plásticas de dos colores, afiches y folletos explicativos, un decálogo de buenas prácticas ambientales en edificios públicos, big bags y carteles indicativos para los puntos verdes definidos por cada institución).
Además, se brinda una charla informativa a los referentes y empleados públicos sobre separación de residuos; se firma de un acta de adhesión y compromiso con el programa; y se incorpora al circuito urbano de recolección selectiva de residuos, realizado conjuntamente con el Municipio de San Salvador de Jujuy.
Esta primera etapa del proceso de sustentabilidad, implica concientizar sobre la valorización de los residuos como recursos y oportunidades de desarrollo para diferentes actores de nuestra sociedad, como ser recuperadores, recicladores, emprendedores sustentables, fundaciones, entre otros.
Todo el material reciclable recuperado es destinado al Centro Ambiental Jujuy, donde recuperadores informales ya están clasificando y comercializando el material aprovechado. En ese espacio los recuperadores informales trabajan de forma grupal y en condiciones laborales apropiadas.
En este contexto, se articula al Plan de Inclusión Social de Recuperadores del basural de El Pongo, llevado a cabo a partir de marzo del 2016 y es un paso importante que se está dando para la puesta en marcha definitiva de la planta de separación de residuos que está en el centro ambiental Jujuy.
Es de destacar la adhesión inicial de más de 20 edificios públicos al Programa, de los cuales las experiencias más exitosas fueron las de la Dirección Provincial de Rentas, el Ministerio de Ambiente y la Universidad Católica de Santiago del Estero.
Cabe mencionar que se avanza en la sustentabilidad con los edificios públicos ya que estas instituciones generan grandes volúmenes de residuos diariamente, no sólo por los empleados que trabajan internamente, sino también por los usuarios que asisten diariamente; además conllevan un alto potencial para replicar buenas prácticas hacia otros sectores de la sociales; y porque es factible el trabajo articulado e interinstitucional para lograr acciones de mayor impacto y unidad para nuestra sociedad.
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Fecha de Publicación: 07/09/2017
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
El Ministerio de Ambiente de Jujuy avanza con éxito en el Programa Edificios públicos más sustentables, el cual se enmarca en el Plan integral de residuos sólidos urbanos GIRSU y dentro de la política Jujuy Verde: Carbono neutral 2030.
El Programa EPMS busca impulsar a las instituciones públicas a implementar prácticas respetuosas, valorativas del ambiente y de los recursos naturales, en vista a consolidar el desafío de convertir a Jujuy en una provincia verde.
La sustentabilidad de un edificio público implica un proceso, el cual tiene como objetivo reducir de manera institucional la huella de carbono, mejorar la matriz energética, la matriz de transporte, y generar un cambio de hábitos más respetuosos por el ambiente.
En este sentido, el proceso sustentable ha iniciado a través de la separación binaria de residuos en las instituciones públicas adheridas a la iniciativa, y contempla el apoyo a través de distintos factores, como la entrega de materiales e insumos (contenedores de cartón para la separación de residuos, bolsas plásticas de dos colores, afiches y folletos explicativos, un decálogo de buenas prácticas ambientales en edificios públicos, big bags y carteles indicativos para los puntos verdes definidos por cada institución).
Además, se brinda una charla informativa a los referentes y empleados públicos sobre separación de residuos; se firma de un acta de adhesión y compromiso con el programa; y se incorpora al circuito urbano de recolección selectiva de residuos, realizado conjuntamente con el Municipio de San Salvador de Jujuy.
Esta primera etapa del proceso de sustentabilidad, implica concientizar sobre la valorización de los residuos como recursos y oportunidades de desarrollo para diferentes actores de nuestra sociedad, como ser recuperadores, recicladores, emprendedores sustentables, fundaciones, entre otros.
Todo el material reciclable recuperado es destinado al Centro Ambiental Jujuy, donde recuperadores informales ya están clasificando y comercializando el material aprovechado. En ese espacio los recuperadores informales trabajan de forma grupal y en condiciones laborales apropiadas.
En este contexto, se articula al Plan de Inclusión Social de Recuperadores del basural de El Pongo, llevado a cabo a partir de marzo del 2016 y es un paso importante que se está dando para la puesta en marcha definitiva de la planta de separación de residuos que está en el centro ambiental Jujuy.
Es de destacar la adhesión inicial de más de 20 edificios públicos al Programa, de los cuales las experiencias más exitosas fueron las de la Dirección Provincial de Rentas, el Ministerio de Ambiente y la Universidad Católica de Santiago del Estero.
Cabe mencionar que se avanza en la sustentabilidad con los edificios públicos ya que estas instituciones generan grandes volúmenes de residuos diariamente, no sólo por los empleados que trabajan internamente, sino también por los usuarios que asisten diariamente; además conllevan un alto potencial para replicar buenas prácticas hacia otros sectores de la sociales; y porque es factible el trabajo articulado e interinstitucional para lograr acciones de mayor impacto y unidad para nuestra sociedad.
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Proyecto para limitar las fumigaciones en poblaciones
Pretenden penalizar las fumigaciones próximas a una población
Fecha de Publicación: 05/09/2017
Fuente: APFDigital
Provincia/Región: Nacional
El Diputado Nacional Julio Solanas presentó un Proyecto de ley que propone una modificación del Código Penal por el que “será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 10 años, y multa de $50 mil a $100 mil, a quien realice fumigaciones aéreas, o que siendo terrestres lo fueran menos de dos mil metros a partir del límite de las plantas urbanas o núcleos poblacionales, instituciones escolares y centros de salud”.
De esta manera y según el proyecto de Solanas, se condenarán las fumigaciones que afecten la vida de la población mediante la “utilización de productos químicos y/o biológicos de uso agropecuario y/o forestal, en particular plaguicidas y/o fertilizantes, cuya implementación provoque riesgos para la salud, alterando de forma significativa y duradera zonas geográficas en detrimento de todo tipo de vida, ya sea humana, animal o vegetal.”
La propuesta de Solanas es una respuesta a los reclamos y pedidos de distintas poblaciones rurales, afectadas por el avance indiscriminado de insalubres formas de producción agrícola. Por estas razones, el diputado explica que “Siguen existiendo falencias en cuanto a la posibilidad de contar con instrumentos penales de protección del medio ambiente.” Y rescata del derecho internacional el concepto de delito de ecocidio entendido como tal “al que daña gravemente o destruye el medio ambiente, hasta el punto de poder alterar de forma significativa y duradera el patrimonio mundial o los servicios de ecosistemas de los que dependen determinados grupos humanos”.
“Sin lugar a dudas esto nos lleva a ponderar específicamente la conducta de quienes actúan poniendo en riesgo y afectando el derecho a la vida, a la salud, incurriendo en un obrar ilegal y manifiestamente ilegitimo”, sostuvo el legislador.
“Es por ello, que consideramos necesario establecer nuevas herramientas, a fin de que la población pueda contar con medios eficaces que amplíen el resguardo de los derechos humanos comprometidos, como la vida, la salud, y la preservación de un ambiente sano”, argumentó Solanas.
En los fundamentos del proyecto, el Diputado manifiesta que resulta imprescindible “trabajar en un nuevo encuadramiento legal con el fin de proteger la vida, la salud de cada habitante en lo que hace al derecho de gozar de un ambiente sano, lo cual requiere de esta Honorable Cámara consagrar la utilización del derecho penal como respuesta a estos hechos lesivos”.
“Entendemos oportuno la inclusión de este delito en el capítulo de Delitos contra la Salud Pública, incorporando la responsabilidad de las personas jurídicas de forma independiente de la responsabilidad individual de los directivos que pudieran haber participado en la conducta lesiva”, concluyó el legislador. ()
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Fecha de Publicación: 05/09/2017
Fuente: APFDigital
Provincia/Región: Nacional
El Diputado Nacional Julio Solanas presentó un Proyecto de ley que propone una modificación del Código Penal por el que “será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 10 años, y multa de $50 mil a $100 mil, a quien realice fumigaciones aéreas, o que siendo terrestres lo fueran menos de dos mil metros a partir del límite de las plantas urbanas o núcleos poblacionales, instituciones escolares y centros de salud”.
De esta manera y según el proyecto de Solanas, se condenarán las fumigaciones que afecten la vida de la población mediante la “utilización de productos químicos y/o biológicos de uso agropecuario y/o forestal, en particular plaguicidas y/o fertilizantes, cuya implementación provoque riesgos para la salud, alterando de forma significativa y duradera zonas geográficas en detrimento de todo tipo de vida, ya sea humana, animal o vegetal.”
La propuesta de Solanas es una respuesta a los reclamos y pedidos de distintas poblaciones rurales, afectadas por el avance indiscriminado de insalubres formas de producción agrícola. Por estas razones, el diputado explica que “Siguen existiendo falencias en cuanto a la posibilidad de contar con instrumentos penales de protección del medio ambiente.” Y rescata del derecho internacional el concepto de delito de ecocidio entendido como tal “al que daña gravemente o destruye el medio ambiente, hasta el punto de poder alterar de forma significativa y duradera el patrimonio mundial o los servicios de ecosistemas de los que dependen determinados grupos humanos”.
“Sin lugar a dudas esto nos lleva a ponderar específicamente la conducta de quienes actúan poniendo en riesgo y afectando el derecho a la vida, a la salud, incurriendo en un obrar ilegal y manifiestamente ilegitimo”, sostuvo el legislador.
“Es por ello, que consideramos necesario establecer nuevas herramientas, a fin de que la población pueda contar con medios eficaces que amplíen el resguardo de los derechos humanos comprometidos, como la vida, la salud, y la preservación de un ambiente sano”, argumentó Solanas.
En los fundamentos del proyecto, el Diputado manifiesta que resulta imprescindible “trabajar en un nuevo encuadramiento legal con el fin de proteger la vida, la salud de cada habitante en lo que hace al derecho de gozar de un ambiente sano, lo cual requiere de esta Honorable Cámara consagrar la utilización del derecho penal como respuesta a estos hechos lesivos”.
“Entendemos oportuno la inclusión de este delito en el capítulo de Delitos contra la Salud Pública, incorporando la responsabilidad de las personas jurídicas de forma independiente de la responsabilidad individual de los directivos que pudieran haber participado en la conducta lesiva”, concluyó el legislador. ()
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El costo de los edificios sustentables en contra
Polémica por el costo de los edificios sustentables
Fecha de Publicación: 26/08/2017
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional
Las oficinas sustentables son más baratas de mantener, contribuyen a mejorar el medio ambiente e incrementan su valor inmobiliario, sin embargo hay quienes opinan que es una construcción cara.
Un edificio “sustentable” es el que tiene un diseño y una construcción que reducen su impacto sobre el medio ambiente y sus habitantes. Las normas LEED lideran la certificación de calidad sustentable, pero hace dos años se creó la certificación WELL que también mira el bienestar de la gente.
A pesar de todos los beneficios de este tipo de construcción, alcanzar una sustentabilidad mínima cuesta dinero y no todos están dispuestos a gastarlo. Durante la celebración de los diez años que lleva en el país el Argentina Green Building Council (AGBC) tuvo lugar un intenso debate entre profesionales de la arquitectura que trabajaron para las certificaciones de importantes edificios.
El moderador fue Lucas Clariá, Director General de Spósito & Asociados, quién preguntó al panel si cambió la forma de pensar la arquitectura desde la perspectiva sustentable.
Abrió la discusión el arquitecto Rodolfo Miani y confesó que sólo recurre a normativas sustentables como las LEED, cuando su cliente lo pide.
Miani, que es socio fundador de BMA Arquitectos y Asociados (uno de los estudios más grandes del país y autor de importantes obras, como la torre del Banco BBVA), amplió, afirmando que si no hay un marco normativo de premios y penalizaciones, solo habría motivaciones surgidas desde políticas de marketing o de Responsabilidad Social Empresaria de las firmas. “A mi juicio, las certificaciones generan un sobre precio que podría llegar al 13% del costo total. Ser sustentables en Argentina se convierte en una decisión voluntarista ya que no hay penalidades o incentivos”.
A su turno, el arquitecto Juan Martín Urgell (socio de Urgell Penedo Urgell) subrayó: “El edificio corporativo para el banco Santander no nació LEED, sino como un edificio de gran calidad arquitectónica y de hábitat. Por eso, no resulta costoso certificarlo como Silver y, con poco esfuerzo adicional, llegaría a la categoría Gold”. La obvia respuesta a Miani se completó con la sentencia: “Los edificios corporativos permiten un beneficio energético mucho más mensurable”.
En otro momento de la charla, el arquitecto Juan Bautista Frigerio (asociado en el estudio inglés Foster + Partners) agregó: “Desde hace 40 años, en el estudio de Norman Foster pensamos los edificios desde la sustentabilidad. La buena arquitectura desde su concepción debe ser sustentable. Las certificaciones LEED y WELL deben actuar también como instrumentos de comunicación a la sociedad y a los gobiernos sobre la importancia de promover la sustentabilidad”. Frigerio fue la mano derecha del estudio inglés en el diseño y la construcción de la actual Sede de Gobierno porteña, edificio que nació para el Banco Ciudad y cambió su destino a último momento.
“Para la nueva sede del Galicia, impulsamos la certificación LEED como política de Responsabilidad Social Empresaria, por imagen empresarial y porque tenemos la convicción de que la arquitectura sustentable influye en que la gente tenga una mejor experiencia de vida”, confesó la ingeniera Romina Fittipaldi, Jefa de Gestión de Espacios Corporativos en Banco Galicia.
El 10º aniversario de AGBC sirvió de ocasión para presentar la nueva Certificación WELL. El CEO de U.S. Green Building Council, Rick Fedrizzi, presentó la nueva norma que recurre a una concepción holística.
El estadounidense destacó que estamos en una segunda ola de sustentabilidad, donde la primera tenía que ver con las certificaciones LEED, en las que se construía para minimizar los problemas medioambientales.
“La segunda ola, WELL, viene con un enfoque centrado en el ser humano, estableciendo un marco para diseñar y construir edificios que prioricen el bienestar y la felicidad de los ocupantes. El diseño WELL se centra en siete claves: aire, agua, luz, nutrición, fitness, confort y lo cognitivo-emocional. Pasamos un 90% de nuestras vidas en espacios interiores, y WELL es especialmente valiosa en los espacios de trabajo, donde los costos para las empresas debido al estrés de los empleados son millonarios”, dijo.
A continuación, la colombiana Cristina Gamboa (CEO de Colombia Green Building Council) se refirió a la necesidad de trabajar con alianzas regionales en proyectos globales de World Green Building Council, como “Better Places For People”, “Advancing Net Zero” y “Building Efficiency Accelerator”.
La oportunidad sirvió para entregar premios a empresas y profesionales que certifican LEED. Recibieron distinciones los estudios ESARQ, Mario Roberto Álvarez y Asociados, y las empresas CRIBA, OSDE, Sudamericana, Altman, RAGHSA y la arquitecta Nicole Michel.
Carlos Grinberg (presidente y miembro fundador de AGBC) se refirió al cambio de paradigma en la construcción de edificios en Argentina. “Con los cuadros tarifarios a valores regionales, está creciendo la demanda de edificios LEED, llegando a la categoría Platinum. La brecha de precio entre un edificio común y uno sustentable se acortó a partir de nuevos proveedores de materiales verdes. Para construir una Argentina más sustentable, debemos aplicar el sentido común, que el edificio ahorre agua, energía, tenga menos emisiones y use más materiales nobles”, y destacó a quiénes lo acompañaron en la fundación de AGBC, los ingenieros Eduardo Spósito y Sohrab Yazdani, así como el arquitecto Guillermo Simón-Padrós, actual director.
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Fecha de Publicación: 26/08/2017
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional
Las oficinas sustentables son más baratas de mantener, contribuyen a mejorar el medio ambiente e incrementan su valor inmobiliario, sin embargo hay quienes opinan que es una construcción cara.
Un edificio “sustentable” es el que tiene un diseño y una construcción que reducen su impacto sobre el medio ambiente y sus habitantes. Las normas LEED lideran la certificación de calidad sustentable, pero hace dos años se creó la certificación WELL que también mira el bienestar de la gente.
A pesar de todos los beneficios de este tipo de construcción, alcanzar una sustentabilidad mínima cuesta dinero y no todos están dispuestos a gastarlo. Durante la celebración de los diez años que lleva en el país el Argentina Green Building Council (AGBC) tuvo lugar un intenso debate entre profesionales de la arquitectura que trabajaron para las certificaciones de importantes edificios.
El moderador fue Lucas Clariá, Director General de Spósito & Asociados, quién preguntó al panel si cambió la forma de pensar la arquitectura desde la perspectiva sustentable.
Abrió la discusión el arquitecto Rodolfo Miani y confesó que sólo recurre a normativas sustentables como las LEED, cuando su cliente lo pide.
Miani, que es socio fundador de BMA Arquitectos y Asociados (uno de los estudios más grandes del país y autor de importantes obras, como la torre del Banco BBVA), amplió, afirmando que si no hay un marco normativo de premios y penalizaciones, solo habría motivaciones surgidas desde políticas de marketing o de Responsabilidad Social Empresaria de las firmas. “A mi juicio, las certificaciones generan un sobre precio que podría llegar al 13% del costo total. Ser sustentables en Argentina se convierte en una decisión voluntarista ya que no hay penalidades o incentivos”.
A su turno, el arquitecto Juan Martín Urgell (socio de Urgell Penedo Urgell) subrayó: “El edificio corporativo para el banco Santander no nació LEED, sino como un edificio de gran calidad arquitectónica y de hábitat. Por eso, no resulta costoso certificarlo como Silver y, con poco esfuerzo adicional, llegaría a la categoría Gold”. La obvia respuesta a Miani se completó con la sentencia: “Los edificios corporativos permiten un beneficio energético mucho más mensurable”.
En otro momento de la charla, el arquitecto Juan Bautista Frigerio (asociado en el estudio inglés Foster + Partners) agregó: “Desde hace 40 años, en el estudio de Norman Foster pensamos los edificios desde la sustentabilidad. La buena arquitectura desde su concepción debe ser sustentable. Las certificaciones LEED y WELL deben actuar también como instrumentos de comunicación a la sociedad y a los gobiernos sobre la importancia de promover la sustentabilidad”. Frigerio fue la mano derecha del estudio inglés en el diseño y la construcción de la actual Sede de Gobierno porteña, edificio que nació para el Banco Ciudad y cambió su destino a último momento.
“Para la nueva sede del Galicia, impulsamos la certificación LEED como política de Responsabilidad Social Empresaria, por imagen empresarial y porque tenemos la convicción de que la arquitectura sustentable influye en que la gente tenga una mejor experiencia de vida”, confesó la ingeniera Romina Fittipaldi, Jefa de Gestión de Espacios Corporativos en Banco Galicia.
El 10º aniversario de AGBC sirvió de ocasión para presentar la nueva Certificación WELL. El CEO de U.S. Green Building Council, Rick Fedrizzi, presentó la nueva norma que recurre a una concepción holística.
El estadounidense destacó que estamos en una segunda ola de sustentabilidad, donde la primera tenía que ver con las certificaciones LEED, en las que se construía para minimizar los problemas medioambientales.
“La segunda ola, WELL, viene con un enfoque centrado en el ser humano, estableciendo un marco para diseñar y construir edificios que prioricen el bienestar y la felicidad de los ocupantes. El diseño WELL se centra en siete claves: aire, agua, luz, nutrición, fitness, confort y lo cognitivo-emocional. Pasamos un 90% de nuestras vidas en espacios interiores, y WELL es especialmente valiosa en los espacios de trabajo, donde los costos para las empresas debido al estrés de los empleados son millonarios”, dijo.
A continuación, la colombiana Cristina Gamboa (CEO de Colombia Green Building Council) se refirió a la necesidad de trabajar con alianzas regionales en proyectos globales de World Green Building Council, como “Better Places For People”, “Advancing Net Zero” y “Building Efficiency Accelerator”.
La oportunidad sirvió para entregar premios a empresas y profesionales que certifican LEED. Recibieron distinciones los estudios ESARQ, Mario Roberto Álvarez y Asociados, y las empresas CRIBA, OSDE, Sudamericana, Altman, RAGHSA y la arquitecta Nicole Michel.
Carlos Grinberg (presidente y miembro fundador de AGBC) se refirió al cambio de paradigma en la construcción de edificios en Argentina. “Con los cuadros tarifarios a valores regionales, está creciendo la demanda de edificios LEED, llegando a la categoría Platinum. La brecha de precio entre un edificio común y uno sustentable se acortó a partir de nuevos proveedores de materiales verdes. Para construir una Argentina más sustentable, debemos aplicar el sentido común, que el edificio ahorre agua, energía, tenga menos emisiones y use más materiales nobles”, y destacó a quiénes lo acompañaron en la fundación de AGBC, los ingenieros Eduardo Spósito y Sohrab Yazdani, así como el arquitecto Guillermo Simón-Padrós, actual director.
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Santa Fe quiere que sus balnearios sean sustentables
Balnearios sustentables: el eje de un plan para las playas de Santa Fe
Fecha de Publicación: 24/08/2017
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
El programa establece criterios de manejo ambiental, de uso del espacio y de seguridad, entre otras medidas. Se analizó en las Terceras Jornadas de Gestión Pública Ambiental, con la participación de funcionarios de Medio Ambiente y del sindicato de guardavidas.
Con cientos de kilómetros de costa, las playas de Santa Fe son uno de los principales recursos turísticos de la provincia. Por eso en las Terceras Jornadas de Gestión Pública Ambiental, que se realizaron, recientemente, en el Hotel UNL-ATE de Santa Fe, se presentó el Programa de Balnearios Sustentables.
En el evento, Sergio Berardi, referente del Sindicato Único de Guardavidas y Afines de la República Argentina (Sugara) en Santa Fe, presentó el Programa de Balnearios Sustentables. “Compartimos la visión con la gestión de gobierno provincial de que la fortaleza del turismo depende, en gran medida, de la salud del ambiente”, explicó Berardi.
A partir de las inquietudes de los propios guardavidas, se desarrolló el programa, que también toma en cuenta las experiencias que se realizaron en playas de la Costa Atlántica (por ejemplo, en Villa Gessell), con certificaciones IRAM de la calidad del balneario. “En Santa Fe el único balneario certificado a nivel nacional y provincial es La Florida en Rosario, que fue tomado en muchos aspectos como modelo a imitar”, contó Berardi.
A partir de esta iniciativa surgieron los convenios de colaboración entre el gremio, la Dirección de Turismo y la Secretaría de Medio Ambiente, que llevaron luego a incorporar a la Secretaría de Inclusión de Personas con Discapacidad de la provincia y con todos se desarrollaron capacitaciones específicas para que los balnearios puedan transformarse en espacio de recreación para todos.
Los ejes del plan
El Programa de Balnearios Sustentables tiene como objetivo conformar playas y balnearios sustentables, comprometidos con el medioambiente, con el desarrollo local, con la profesionalización del capital humano y la inclusión en su más amplia concepción.
Establece una calificación de tres soles (la más alta), de acuerdo a la cantidad de requisitos que cumple un balneario (para obtener un sol hay que respetar el 40% de las normas). Se establecen auditorias para verificar el nivel y grado de cumplimiento del programa.
Los principales puntos a cumplir son:
— Contar con una planificación del uso del espacio y la limpieza. Entre otras cosas, estos supone definir la capacidad de carga, ubicación de sombrillas, carpas y estructuras.
— Establecer protocolos de gestión ambiental, que incluyen a la fauna que puede aparecer en las playas (víboras, yacarés, etc.) y a la conservación del paisaje autóctono, entre otras normas. El plan de gestión ambiental es indispensable para obtener un sol.
— Los proveedores deben cumplir requisitos legales (carnet de manipulación de alimentos, libreta sanitaria, otros) y la playa contar con señalización de los accesos, el estado del río, la calidad del agua y los precios de los productos que se comercializan.
— Los guardavidas, que deben estar claramente identificados con ropa específica y elementos de seguridad, también deben estar capacitados para informar sobre los servicios y atractivos turísticos de la localidad.
— Se debe establecer un criterio de manejo responsable de materiales y sustancias.
— Procedimientos de seguridad, que van desde contar con las herramientas y capacitación para realizar primeros auxilios, seguridad naútica y realizar simulacros para prevenir accidentes y saber cómo actuar.
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Fecha de Publicación: 24/08/2017
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
El programa establece criterios de manejo ambiental, de uso del espacio y de seguridad, entre otras medidas. Se analizó en las Terceras Jornadas de Gestión Pública Ambiental, con la participación de funcionarios de Medio Ambiente y del sindicato de guardavidas.
Con cientos de kilómetros de costa, las playas de Santa Fe son uno de los principales recursos turísticos de la provincia. Por eso en las Terceras Jornadas de Gestión Pública Ambiental, que se realizaron, recientemente, en el Hotel UNL-ATE de Santa Fe, se presentó el Programa de Balnearios Sustentables.
En el evento, Sergio Berardi, referente del Sindicato Único de Guardavidas y Afines de la República Argentina (Sugara) en Santa Fe, presentó el Programa de Balnearios Sustentables. “Compartimos la visión con la gestión de gobierno provincial de que la fortaleza del turismo depende, en gran medida, de la salud del ambiente”, explicó Berardi.
A partir de las inquietudes de los propios guardavidas, se desarrolló el programa, que también toma en cuenta las experiencias que se realizaron en playas de la Costa Atlántica (por ejemplo, en Villa Gessell), con certificaciones IRAM de la calidad del balneario. “En Santa Fe el único balneario certificado a nivel nacional y provincial es La Florida en Rosario, que fue tomado en muchos aspectos como modelo a imitar”, contó Berardi.
A partir de esta iniciativa surgieron los convenios de colaboración entre el gremio, la Dirección de Turismo y la Secretaría de Medio Ambiente, que llevaron luego a incorporar a la Secretaría de Inclusión de Personas con Discapacidad de la provincia y con todos se desarrollaron capacitaciones específicas para que los balnearios puedan transformarse en espacio de recreación para todos.
Los ejes del plan
El Programa de Balnearios Sustentables tiene como objetivo conformar playas y balnearios sustentables, comprometidos con el medioambiente, con el desarrollo local, con la profesionalización del capital humano y la inclusión en su más amplia concepción.
Establece una calificación de tres soles (la más alta), de acuerdo a la cantidad de requisitos que cumple un balneario (para obtener un sol hay que respetar el 40% de las normas). Se establecen auditorias para verificar el nivel y grado de cumplimiento del programa.
Los principales puntos a cumplir son:
— Contar con una planificación del uso del espacio y la limpieza. Entre otras cosas, estos supone definir la capacidad de carga, ubicación de sombrillas, carpas y estructuras.
— Establecer protocolos de gestión ambiental, que incluyen a la fauna que puede aparecer en las playas (víboras, yacarés, etc.) y a la conservación del paisaje autóctono, entre otras normas. El plan de gestión ambiental es indispensable para obtener un sol.
— Los proveedores deben cumplir requisitos legales (carnet de manipulación de alimentos, libreta sanitaria, otros) y la playa contar con señalización de los accesos, el estado del río, la calidad del agua y los precios de los productos que se comercializan.
— Los guardavidas, que deben estar claramente identificados con ropa específica y elementos de seguridad, también deben estar capacitados para informar sobre los servicios y atractivos turísticos de la localidad.
— Se debe establecer un criterio de manejo responsable de materiales y sustancias.
— Procedimientos de seguridad, que van desde contar con las herramientas y capacitación para realizar primeros auxilios, seguridad naútica y realizar simulacros para prevenir accidentes y saber cómo actuar.
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