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Ponen freno a obras públicas en Cordón Ecológico
08:00 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Rechazan dar curso a obras públicas en Cordón Ecológico
Fecha de Publicación: 04/04/2017
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
Situación. El proyectista Édgar Montaño afirma que se busca viabilizar ejecución de 5 puentes. Instituciones en emergencia por riesgo de deforestación.
En proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que plantea permitir "obras de dominio público en el Cordón Ecológico", a través de la modificación de artículos de dos leyes: 2122, que declara Patrimonio Histórico y Natural el río Piraí y 2913 que se refiere al Parque Ecológico Metropolitano Piraí, fue rechazado por colectivos ambientalistas y por el Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del río Piraí (Searpi) que se declararon en emergencia. Alertan sobre posibles daños a la fauna y flora que existe en esta zona de protección que atraviesa los municipios de Santa Cruz de la Sierra, Montero, Warnes, Porongo, La Guardia y El Torno. Mientras tanto, el diputado proyectista, Édgar Montaño, justificó el planteamiento al indicar que busca viabilizar la construcción de al menos cinco puentes que ya tienen diseño final y la mayoría presupuesto asignado.
Hay 35% de deforestación. El director del Searpi, Luis Aguilera, indicó que pese a existir leyes de protección del cordón ecológico desde el 2006 a la fecha ya hay 35% de deforestación, aunque entre los árboles existentes aún hay algunos que tienen más de 80 años. En cuanto a la fauna señaló que viven más de 20 especies. Ante esto, indicó que hay más de 10 normativas nacionales, desde la Constitución Política del Estado (CPE), leyes y pasando por decretos que respaldan el Cordón Ecológico para garantizar su conservación. "Por leyes no nos aplazamos, en estas se deja muy claro la preservación del medio ambiente. Hay un gran grado de desconocimiento al querer generar una ley específica burlando otras para construir rascacielos y transformar esta ciudad sin protección a vientos, sin fauna y flora que nos enriquece. Eliminando nuestro ciclo hidrológico y con la presencia del cambio climático. El día de mañana será una ciudad enferma, vamos a tener conjuntivitis, rinitis y asma", aseveró. Anunciaron presentar el respaldo técnico y jurídico en contra.
Eliana Torrico, del Colectivo Árbol, indicó que se están movilizando pues el proyecto es muy general al aprobar obras de "dominio público". "Él puede querer solo puentes, pero mañana lo sacan y otras autoridades pueden interpretarlo de forma distinta", aseveró a tiempo de enfatizar que esa área está "blindada" por ley porque es una protección para la ciudad. El cambio en la artículo 3ro de la Ley 2913 se refiere a que en el Parque Ecológico Metropolitano Piraí y todas las riberas de los municipios se permite aprovechamiento para recreación, educación, investigación. Se pide agregar "y para obras de dominio público".
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Fecha de Publicación: 04/04/2017
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
Situación. El proyectista Édgar Montaño afirma que se busca viabilizar ejecución de 5 puentes. Instituciones en emergencia por riesgo de deforestación.
En proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que plantea permitir "obras de dominio público en el Cordón Ecológico", a través de la modificación de artículos de dos leyes: 2122, que declara Patrimonio Histórico y Natural el río Piraí y 2913 que se refiere al Parque Ecológico Metropolitano Piraí, fue rechazado por colectivos ambientalistas y por el Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del río Piraí (Searpi) que se declararon en emergencia. Alertan sobre posibles daños a la fauna y flora que existe en esta zona de protección que atraviesa los municipios de Santa Cruz de la Sierra, Montero, Warnes, Porongo, La Guardia y El Torno. Mientras tanto, el diputado proyectista, Édgar Montaño, justificó el planteamiento al indicar que busca viabilizar la construcción de al menos cinco puentes que ya tienen diseño final y la mayoría presupuesto asignado.
Hay 35% de deforestación. El director del Searpi, Luis Aguilera, indicó que pese a existir leyes de protección del cordón ecológico desde el 2006 a la fecha ya hay 35% de deforestación, aunque entre los árboles existentes aún hay algunos que tienen más de 80 años. En cuanto a la fauna señaló que viven más de 20 especies. Ante esto, indicó que hay más de 10 normativas nacionales, desde la Constitución Política del Estado (CPE), leyes y pasando por decretos que respaldan el Cordón Ecológico para garantizar su conservación. "Por leyes no nos aplazamos, en estas se deja muy claro la preservación del medio ambiente. Hay un gran grado de desconocimiento al querer generar una ley específica burlando otras para construir rascacielos y transformar esta ciudad sin protección a vientos, sin fauna y flora que nos enriquece. Eliminando nuestro ciclo hidrológico y con la presencia del cambio climático. El día de mañana será una ciudad enferma, vamos a tener conjuntivitis, rinitis y asma", aseveró. Anunciaron presentar el respaldo técnico y jurídico en contra.
Eliana Torrico, del Colectivo Árbol, indicó que se están movilizando pues el proyecto es muy general al aprobar obras de "dominio público". "Él puede querer solo puentes, pero mañana lo sacan y otras autoridades pueden interpretarlo de forma distinta", aseveró a tiempo de enfatizar que esa área está "blindada" por ley porque es una protección para la ciudad. El cambio en la artículo 3ro de la Ley 2913 se refiere a que en el Parque Ecológico Metropolitano Piraí y todas las riberas de los municipios se permite aprovechamiento para recreación, educación, investigación. Se pide agregar "y para obras de dominio público".
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Etiquetas:
Contaminación visual y estrés
Contaminación visual: el exceso de carteles lumínicos contribuye al estrés
Fecha de Publicación: 30/03/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: CABA
Según especialistas, la profusión de letreros viales y publicidad que se despliega en la ciudad altera el ánimo de los porteños; inquietud por la gran cantidad de avisos en desmedro del paisaje
Los nuevos carteles LED azules, con nombres de calles, que cuelgan en medio de las principales avenidas de la ciudad, ya despertaron una serie de cuestionamientos entre los expertos en medio ambiente. Los consideran otro elemento más, dentro del mobiliario urbano, que provoca contaminación visual. Es que a los semáforos y diferentes tipos de luminarias (clásicas y modernas) que pueblan la vía pública hay que sumarles últimamente banderines amarillos, los anuncios/propaganda del gobierno, también amarillos, en innumerables obras públicas, las luces de los refugios de Metrobus, las gigantografías y la permanente y desordenada aparición de avisos lumínicos publicitarios durante la noche.
Mientras que para el gobierno porteño las recientes señalizaciones son sustentables y necesarias para ordenar el tránsito, para los ecologistas el exceso de cartelería va en desmedro del paisaje urbano y es confuso. Este hecho se traduce en el alto nivel de estrés y agresividad de sus habitantes, afirman.
Buenos Aires es considerada la cuarta urbe entre las de mayor contaminación sonora del mundo. Y ahora, a la polución provocada por diferentes ruidos se suma otro tipo de contaminación: la visual. Según los especialistas, en estos momentos tenemos un "muy alto grado de polución visual".
Sin embargo, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público explicó que los nomencladores se colocaron "en sintonía con otras ciudades del mundo, como Miami". Sostienen que son de bajo consumo y que buscan mejorar la legibilidad de día y de noche, incluso en condiciones climáticas desfavorables. Se trata de 81 pescantes azul brillante colocados en febrero de este año. Hasta el momento, se exhiben 20 en la avenida Corrientes, 21 en Entre Ríos y Callao, 19 en Córdoba, cinco en Boedo y 16 en Libertador. El plan de gobierno porteño es avanzar y renovar los carteles de las calles de toda la ciudad incluyendo las villas 20 y 31-31 bis.
"Hay que ponerse de acuerdo y pensar a qué ciudad queremos parecernos, si a París o a Miami. Pero no podemos pretender ser París y tapar el cielo y los edificios que tienen valor patrimonial con carteles LED", dijo Claudio Ardohain, investigador en geobiología, ciencia encargada de estudiar la influencia del medio ambiente sobre los seres vivientes.
Según Ardohain, la nueva señalética provoca contaminación perceptual y lumínica. La primera se debe a un exceso de información provocado por los innumerables letreros ubicados en la vía pública. En ese sentido, para el desarrollador Julio Torcello, los pescantes son exagerados, "informan en forma negativa, pretenden comunicar bien pero descalifican al ciudadano pensando que tiene poca capacidad de información, que no puede mirar, observar y evaluar por sí mismo".
Por otro lado, los LED provocan contaminación lumínica, que es la que corresponde a la alteración de los ritmos biológicos. "A nivel sociológico, si vivo en zonas con sobrecarga perceptual y lumínica, probablemente tenga trastornos de conducta. Cuando conviven estilos arquitectónicos mezclados con un popurrí de anuncios de diferentes colores y luces encendidas toda la noche, el cerebro trata de asociar una cosa con la otra. Esto se hace imposible y el lugar en el que habita se transforma en estresante. De ahí que ésta sea una de las ciudades del mundo en las que más ansiolíticos se consumen", advirtió Ardohain.
Además en Buenos Aires, durante la noche, es muy difícil observar las estrellas, especialmente en algunas esquinas, como avenida Cabildo y Juramento o 9 de Julio y Corrientes. "Cuando se pone el sol, el ser humano descansa. Se deben apagar las luminarias. Si vivo en algunas de esas esquinas, de noche no puedo dormir", añadió.
En realidad, al referirnos a esta problemática hay que partir de un concepto más amplio, que es el de protección del paisaje urbano, aclaró Antonio Elio Brailovsky, investigador del Observatorio Ambiental de la Defensoría del Pueblo.
Paisaje proviene del francés pays, que significa campo, país, y el sufijo "aje", que denota la acción por lo que el hombre crea su entorno. En el caso de los flamantes letreros, son elementos que interfieren en el paisaje. Brailovsky, que en su momento presentó un amparo ante la Justicia para remover los carteles de publicidad de la avenida Lugones, dijo que las intervenciones deben, ante todo, crear "un ambiente relajado".
Las imágenes que invaden calles y autopistas no sólo pueden provocar accidentes viales, ya que distraen al conductor, sino que también causan estrés urbano y nos transforman en "habitantes histéricos, tensos y violentos", advirtió.
El Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad no respondió las consultas efectuadas por LA NACION sobre los cuestionamientos a los pescantes. Tampoco informó respecto de cuál es el monto total que invierte la Ciudad en la renovación del mobiliario urbano.
Lo cierto es que los resplandecientes indicadores azules se agregan a los esfuerzos que realiza desde hace años el gobierno porteño por mejorar los nomencladores urbanos. En 2012, durante la gestión del entonces ministro de Espacio Público Diego Santilli se colocaron 12.000 carteles negros con los nombres de calles junto a la comuna a la que corresponden. Según estimaciones, a un valor actualizado tendrían un costo aproximado de $ 4000 cada uno, o sea casi $ 48 millones.
En 2014, los anteriores carteles se reemplazaron por nomencladores de aluminio negro con pintura "ojo de gato" y se agregaron pescantes, también negros, en los semáforos. En total se renovaron 13.500, a un valor actualizado de aproximadamente $ 5000 cada uno, es decir $ 67,5 millones. Este año, la inversión en indicadores LED azules demandó $ 1,6 millones, sumaron 81 carteles con un valor de $ 20.000 cada uno, informó el gobierno de la ciudad a través de su sitio web.
En la década del 70, se creó el Plan Visual de Buenos Aires, el primer diseño integral de señalética urbana de la ciudad. Se procuró establecer un sistema coherente de información capaz de "guiar al habitante hasta su destino sin preguntar nada a nadie". Pero, con el correr de los años, su aplicación se tornó inconsistente. Sin embargo, no existió ningún proyecto integral similar que lo reemplazara. En la actualidad, en los diferentes barrios conviven nomencladores de calles de distintas épocas, colores y materiales. Quienes transitan por la ciudad los observan, intentan comprenderlos, pero terminan por preguntar o por utilizar el GPS para llegar a destino.
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Fecha de Publicación: 30/03/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: CABA
Según especialistas, la profusión de letreros viales y publicidad que se despliega en la ciudad altera el ánimo de los porteños; inquietud por la gran cantidad de avisos en desmedro del paisaje
Los nuevos carteles LED azules, con nombres de calles, que cuelgan en medio de las principales avenidas de la ciudad, ya despertaron una serie de cuestionamientos entre los expertos en medio ambiente. Los consideran otro elemento más, dentro del mobiliario urbano, que provoca contaminación visual. Es que a los semáforos y diferentes tipos de luminarias (clásicas y modernas) que pueblan la vía pública hay que sumarles últimamente banderines amarillos, los anuncios/propaganda del gobierno, también amarillos, en innumerables obras públicas, las luces de los refugios de Metrobus, las gigantografías y la permanente y desordenada aparición de avisos lumínicos publicitarios durante la noche.
Mientras que para el gobierno porteño las recientes señalizaciones son sustentables y necesarias para ordenar el tránsito, para los ecologistas el exceso de cartelería va en desmedro del paisaje urbano y es confuso. Este hecho se traduce en el alto nivel de estrés y agresividad de sus habitantes, afirman.
Buenos Aires es considerada la cuarta urbe entre las de mayor contaminación sonora del mundo. Y ahora, a la polución provocada por diferentes ruidos se suma otro tipo de contaminación: la visual. Según los especialistas, en estos momentos tenemos un "muy alto grado de polución visual".
Sin embargo, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público explicó que los nomencladores se colocaron "en sintonía con otras ciudades del mundo, como Miami". Sostienen que son de bajo consumo y que buscan mejorar la legibilidad de día y de noche, incluso en condiciones climáticas desfavorables. Se trata de 81 pescantes azul brillante colocados en febrero de este año. Hasta el momento, se exhiben 20 en la avenida Corrientes, 21 en Entre Ríos y Callao, 19 en Córdoba, cinco en Boedo y 16 en Libertador. El plan de gobierno porteño es avanzar y renovar los carteles de las calles de toda la ciudad incluyendo las villas 20 y 31-31 bis.
"Hay que ponerse de acuerdo y pensar a qué ciudad queremos parecernos, si a París o a Miami. Pero no podemos pretender ser París y tapar el cielo y los edificios que tienen valor patrimonial con carteles LED", dijo Claudio Ardohain, investigador en geobiología, ciencia encargada de estudiar la influencia del medio ambiente sobre los seres vivientes.
Según Ardohain, la nueva señalética provoca contaminación perceptual y lumínica. La primera se debe a un exceso de información provocado por los innumerables letreros ubicados en la vía pública. En ese sentido, para el desarrollador Julio Torcello, los pescantes son exagerados, "informan en forma negativa, pretenden comunicar bien pero descalifican al ciudadano pensando que tiene poca capacidad de información, que no puede mirar, observar y evaluar por sí mismo".
Por otro lado, los LED provocan contaminación lumínica, que es la que corresponde a la alteración de los ritmos biológicos. "A nivel sociológico, si vivo en zonas con sobrecarga perceptual y lumínica, probablemente tenga trastornos de conducta. Cuando conviven estilos arquitectónicos mezclados con un popurrí de anuncios de diferentes colores y luces encendidas toda la noche, el cerebro trata de asociar una cosa con la otra. Esto se hace imposible y el lugar en el que habita se transforma en estresante. De ahí que ésta sea una de las ciudades del mundo en las que más ansiolíticos se consumen", advirtió Ardohain.
Además en Buenos Aires, durante la noche, es muy difícil observar las estrellas, especialmente en algunas esquinas, como avenida Cabildo y Juramento o 9 de Julio y Corrientes. "Cuando se pone el sol, el ser humano descansa. Se deben apagar las luminarias. Si vivo en algunas de esas esquinas, de noche no puedo dormir", añadió.
En realidad, al referirnos a esta problemática hay que partir de un concepto más amplio, que es el de protección del paisaje urbano, aclaró Antonio Elio Brailovsky, investigador del Observatorio Ambiental de la Defensoría del Pueblo.
Paisaje proviene del francés pays, que significa campo, país, y el sufijo "aje", que denota la acción por lo que el hombre crea su entorno. En el caso de los flamantes letreros, son elementos que interfieren en el paisaje. Brailovsky, que en su momento presentó un amparo ante la Justicia para remover los carteles de publicidad de la avenida Lugones, dijo que las intervenciones deben, ante todo, crear "un ambiente relajado".
Las imágenes que invaden calles y autopistas no sólo pueden provocar accidentes viales, ya que distraen al conductor, sino que también causan estrés urbano y nos transforman en "habitantes histéricos, tensos y violentos", advirtió.
El Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad no respondió las consultas efectuadas por LA NACION sobre los cuestionamientos a los pescantes. Tampoco informó respecto de cuál es el monto total que invierte la Ciudad en la renovación del mobiliario urbano.
Lo cierto es que los resplandecientes indicadores azules se agregan a los esfuerzos que realiza desde hace años el gobierno porteño por mejorar los nomencladores urbanos. En 2012, durante la gestión del entonces ministro de Espacio Público Diego Santilli se colocaron 12.000 carteles negros con los nombres de calles junto a la comuna a la que corresponden. Según estimaciones, a un valor actualizado tendrían un costo aproximado de $ 4000 cada uno, o sea casi $ 48 millones.
En 2014, los anteriores carteles se reemplazaron por nomencladores de aluminio negro con pintura "ojo de gato" y se agregaron pescantes, también negros, en los semáforos. En total se renovaron 13.500, a un valor actualizado de aproximadamente $ 5000 cada uno, es decir $ 67,5 millones. Este año, la inversión en indicadores LED azules demandó $ 1,6 millones, sumaron 81 carteles con un valor de $ 20.000 cada uno, informó el gobierno de la ciudad a través de su sitio web.
En la década del 70, se creó el Plan Visual de Buenos Aires, el primer diseño integral de señalética urbana de la ciudad. Se procuró establecer un sistema coherente de información capaz de "guiar al habitante hasta su destino sin preguntar nada a nadie". Pero, con el correr de los años, su aplicación se tornó inconsistente. Sin embargo, no existió ningún proyecto integral similar que lo reemplazara. En la actualidad, en los diferentes barrios conviven nomencladores de calles de distintas épocas, colores y materiales. Quienes transitan por la ciudad los observan, intentan comprenderlos, pero terminan por preguntar o por utilizar el GPS para llegar a destino.
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La construcción sustentable todavía está rezagada
Construcción sustentable y eficiencia energética permiten ahorrar hasta 50% en el consumo de electricidad y gas
Fecha de Publicación: 21/03/2017
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
El uso de materiales aislantes junto con el manejo más eficiente de equipos se traduce en menores gastos para los consumidores. Sin embargo, empresas del sector reconocen que el proceso de incorporación de estos productos a la edificación y el uso eficiente de la energía es todavía muy incipiente en nuestro pais.
El uso de materiales aislantes para la construcción de edificios y viviendas junto con el manejo más eficiente de equipos de iluminación y climatización permiten ahorrar hasta un 50% en el consumo de la energía que se traduce con menores gastos en electricidad y gas para los consumidores, pero también en un menor costo para las empresas, aseguran entidades y compañías consultadas por Télam.
Sin embargo, también coinciden en que el proceso de incorporación de estos productos a la edificación y el uso eficiente de la energía es todavía muy incipiente en Argentina.
"La estrategia más eficiente para generar ahorro de energía es contar con buenos niveles de aislación en las viviendas", destacó Federico Zuñiga, asesor de la Asociación Nacional de Industrias de Materiales Aislantes (Andima), quien afirmó que "se puede alcanzar un ahorro energético de 35%".
El experto precisó que la aislación térmica de una vivienda "es para siempre, como el ladrillo", y puntualizó que el empleo de estos materiales para construir representa "un porcentaje muy bajo en el costo de la vivienda, de 2% o 3%".
Por su parte, Marcelo Fiszner, gerente de Dow, destacó que "si uso el aire acondicionado y no dejo salir al frío porque el edificio está bien aislado, se ahorra energía", y estimó que "en una ciudad como Buenos Aires, se puede ahorrar hasta 60% en el uso de aire acondicionado y 50% en calefacción, lo que significa una reducción entre 30% y 70% en la cuenta de luz y de gas".
Dow desarrolló las tecnologías Voracor y Voratherm: paneles de poliuretanos que permiten un aislamiento térmico un 700% mejor que el ladrillo, un 50% mejor que la "lana de vidrio" y que el poliestireno expandido, los materiales más difundidos para la construcción.
"El costo es el mismo que el de cemento", aseguró Fiszner, quien explicó que "si se reemplaza cemento por poliuretano en una construcción, el costo es el mismo pero se ahorra un 30% en el tiempo de la construcción".
Aparte del ahorro que se puede obtener a partir de los materiales empleados, también es posible reducir el consumo con mejores manejos de la iluminación y los equipos eléctricos.
En esto trabaja, Green Building 4 All, compañía de origen francés que asesora a empresas en materia de ahorro energético, de manera de reducir sus costos, aumentar su rentabilidad y también su competitividad.
"En Argentina trabajamos fundamentalmente con supermercados (Carrefour), fábricas automotrices (Volkswagen), pequeñas y medianas empresas y también compañías constructoras", precisó el fundador de Green Building 4 All, Benjamín Crevan, al subrayar que el objetivo de la consultora es "ayudar a bajar el consumo de energía y gracias a eso mejorar la rentabilidad del negocio".
Explicó que "en las áreas de iluminación, producción de frío alimentario y de vapor, se puede alcanzar un manejo muy eficiente de la energía", y subrayó que "hay muy pocas industrias donde los encargados de operaciones entienden cuál es el consumo energético de los equipos y cómo se comportan".
Al respecto, indicó que "muchas veces un equipo está mal programado, tiene alguna fuga de gas, o pérdidas de otro tipo", y aseguró que "una vez identificado el comportamiento del instrumental, es posible alcanzar un ahorro de 10% a 15%, solo en esto y sin una inversión adicional".
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Fecha de Publicación: 21/03/2017
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
El uso de materiales aislantes junto con el manejo más eficiente de equipos se traduce en menores gastos para los consumidores. Sin embargo, empresas del sector reconocen que el proceso de incorporación de estos productos a la edificación y el uso eficiente de la energía es todavía muy incipiente en nuestro pais.
El uso de materiales aislantes para la construcción de edificios y viviendas junto con el manejo más eficiente de equipos de iluminación y climatización permiten ahorrar hasta un 50% en el consumo de la energía que se traduce con menores gastos en electricidad y gas para los consumidores, pero también en un menor costo para las empresas, aseguran entidades y compañías consultadas por Télam.
Sin embargo, también coinciden en que el proceso de incorporación de estos productos a la edificación y el uso eficiente de la energía es todavía muy incipiente en Argentina.
"La estrategia más eficiente para generar ahorro de energía es contar con buenos niveles de aislación en las viviendas", destacó Federico Zuñiga, asesor de la Asociación Nacional de Industrias de Materiales Aislantes (Andima), quien afirmó que "se puede alcanzar un ahorro energético de 35%".
El experto precisó que la aislación térmica de una vivienda "es para siempre, como el ladrillo", y puntualizó que el empleo de estos materiales para construir representa "un porcentaje muy bajo en el costo de la vivienda, de 2% o 3%".
Por su parte, Marcelo Fiszner, gerente de Dow, destacó que "si uso el aire acondicionado y no dejo salir al frío porque el edificio está bien aislado, se ahorra energía", y estimó que "en una ciudad como Buenos Aires, se puede ahorrar hasta 60% en el uso de aire acondicionado y 50% en calefacción, lo que significa una reducción entre 30% y 70% en la cuenta de luz y de gas".
Dow desarrolló las tecnologías Voracor y Voratherm: paneles de poliuretanos que permiten un aislamiento térmico un 700% mejor que el ladrillo, un 50% mejor que la "lana de vidrio" y que el poliestireno expandido, los materiales más difundidos para la construcción.
"El costo es el mismo que el de cemento", aseguró Fiszner, quien explicó que "si se reemplaza cemento por poliuretano en una construcción, el costo es el mismo pero se ahorra un 30% en el tiempo de la construcción".
Aparte del ahorro que se puede obtener a partir de los materiales empleados, también es posible reducir el consumo con mejores manejos de la iluminación y los equipos eléctricos.
En esto trabaja, Green Building 4 All, compañía de origen francés que asesora a empresas en materia de ahorro energético, de manera de reducir sus costos, aumentar su rentabilidad y también su competitividad.
"En Argentina trabajamos fundamentalmente con supermercados (Carrefour), fábricas automotrices (Volkswagen), pequeñas y medianas empresas y también compañías constructoras", precisó el fundador de Green Building 4 All, Benjamín Crevan, al subrayar que el objetivo de la consultora es "ayudar a bajar el consumo de energía y gracias a eso mejorar la rentabilidad del negocio".
Explicó que "en las áreas de iluminación, producción de frío alimentario y de vapor, se puede alcanzar un manejo muy eficiente de la energía", y subrayó que "hay muy pocas industrias donde los encargados de operaciones entienden cuál es el consumo energético de los equipos y cómo se comportan".
Al respecto, indicó que "muchas veces un equipo está mal programado, tiene alguna fuga de gas, o pérdidas de otro tipo", y aseguró que "una vez identificado el comportamiento del instrumental, es posible alcanzar un ahorro de 10% a 15%, solo en esto y sin una inversión adicional".
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Riachuelo: reformará el sistema cloacal del AMBA
Avanza el plan de saneamiento que reformará el sistema cloacal del AMBA
Fecha de Publicación: 20/02/2017
Fuente: Agencia Nova
Provincia/Región: Riachuelo
La presidente de ACUMAR, Gladys González, y el presidente de AySA, José Luis Inglese, recorrieron junto al gerente del proyecto Cuenca Matanza Riachuelo del Banco Mundial, Christophe Prevost, las obras que conforman el Sistema Riachuelo, parte fundamental del Plan Integral de Saneamiento Ambiental.
El Sistema Riachuelo está compuesto por un plan de tres etapas que solucionará la saturación del sistema de cloacas del área metropolitana de Buenos Aires.
La primera incluye el Colector Margen Izquierdo y el Desvío Colector Baja Costanera y posibilitará la recolección y el transporte de más de dos millones de metros cúbicos de líquidos cloacales. La segunda etapa consiste en la construcción de una planta de pretratamiento de líquidos cloacales en Dock Sud. Por último, el Emisario Subfluvial asegurará la disposición adecuada de los efluentes tratados 11 kilómetros dentro del Río del Plata.
Los equipos de AySA y ACUMAR se comprometieron a acelerar las obras con el objetivo de cumplir el plazo establecido y llegar a 2021 con el sistema funcionando íntegramente.
La ejecución permitirá que se incorporen 1,5 millones de habitantes a la red de desagües cloacales y que se mejore la prestación de más de 4 millones de personas. Esto otorgará mayor flexibilidad al sistema existente y mejorará la calidad de vida de estos vecinos.
Al respecto la presidente de ACUMAR, Gladys González, expresó: “En conjunto las tres partes del plan constituyen una solución integral y cumplen un rol fundamental en el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo”. Y agregó: “Esta obra, en la cual se invirtieron 1.200 millones de dólares, va a darle oxígeno a un sistema cloacal saturado.”
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Fecha de Publicación: 20/02/2017
Fuente: Agencia Nova
Provincia/Región: Riachuelo
La presidente de ACUMAR, Gladys González, y el presidente de AySA, José Luis Inglese, recorrieron junto al gerente del proyecto Cuenca Matanza Riachuelo del Banco Mundial, Christophe Prevost, las obras que conforman el Sistema Riachuelo, parte fundamental del Plan Integral de Saneamiento Ambiental.
El Sistema Riachuelo está compuesto por un plan de tres etapas que solucionará la saturación del sistema de cloacas del área metropolitana de Buenos Aires.
La primera incluye el Colector Margen Izquierdo y el Desvío Colector Baja Costanera y posibilitará la recolección y el transporte de más de dos millones de metros cúbicos de líquidos cloacales. La segunda etapa consiste en la construcción de una planta de pretratamiento de líquidos cloacales en Dock Sud. Por último, el Emisario Subfluvial asegurará la disposición adecuada de los efluentes tratados 11 kilómetros dentro del Río del Plata.
Los equipos de AySA y ACUMAR se comprometieron a acelerar las obras con el objetivo de cumplir el plazo establecido y llegar a 2021 con el sistema funcionando íntegramente.
La ejecución permitirá que se incorporen 1,5 millones de habitantes a la red de desagües cloacales y que se mejore la prestación de más de 4 millones de personas. Esto otorgará mayor flexibilidad al sistema existente y mejorará la calidad de vida de estos vecinos.
Al respecto la presidente de ACUMAR, Gladys González, expresó: “En conjunto las tres partes del plan constituyen una solución integral y cumplen un rol fundamental en el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo”. Y agregó: “Esta obra, en la cual se invirtieron 1.200 millones de dólares, va a darle oxígeno a un sistema cloacal saturado.”
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En la CABA analizan la construcción y su impacto
Estudian cómo minimizar las consecuencias ambientales de la construcción
Fecha de Publicación: 19/02/2017
Fuente: Argentina Investiga
Provincia/Región: CABA
Investigadores del Instituto de Tecnología de la Fundación UADE estudian cómo disminuir los impactos ambientales de los residuos de la construcción y de la demolición en la Ciudad de Buenos Aires. Entre las conclusiones se recomienda mejorar las regulaciones, dar participación al sector privado en la gestión e incentivar el uso de los materiales recuperados de los residuos de la construcción.
La investigación abarcó el estudio de la gestión de los residuos de la industria de la construcción en la Ciudad de Buenos Aires para proponer mejoras tendientes a minimizar sus impactos ambientales. “La generación de estos residuos ha sido identificada como uno de los aspectos de mayor impacto ambiental en la industria de la construcción”, asegura a Argentina Investiga Raquel Bielsa, directora del trabajo.
El tratamiento inadecuado de los desechos para rellenar zonas bajas puede contaminar las aguas y los suelos en forma directa. Además, la mayoría de los materiales pétreos que se usa en esta industria son recursos naturales no renovables. Por lo tanto, la falta de su reutilización o reciclaje implica su uso ineficiente y el consecuente impacto por la falta de su disponibilidad futura.
En la actualidad los residuos de la construcción y la demolición (integrados por restos de suelos, arena, concreto, maderas, plásticos y otros materiales que se generan en las obras públicas y privadas) se consideran desechos sólidos urbanos y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires representan 2.400 de las 6.000 toneladas de desperdicios sólidos que se generan diariamente. El control de la gestión de estos sobrantes es muy importante para alcanzar los objetivos de minimización de residuos a disposición final de la Ley de Basura Cero de la Ciudad. Por lo tanto, las mejoras en su gestión tienen una incidencia clave para lograr las metas dispuestas en dicha Ley.
En este proyecto, se analizó el sistema actual de gestión para identificar sus fortalezas y debilidades, con el objetivo de estudiar la factibilidad técnica de la reutilización y el reciclaje de los materiales recuperados de estos residuos en nuevas aplicaciones en la industria de la construcción. Primero, se estudió como se gestionan en otras ciudades. Luego, se realizó un diagnóstico mediante entrevistas a los actores locales clave: profesionales de la construcción, clientes, organismos de ciencia y tecnología y autoridades. También se visitó la planta de tratamiento de áridos de la Ciudad, localizada en el barrio de Villa Soldati, y se evaluaron los aspectos relevantes a tener en cuenta para aumentar su eficiencia. Se encontró que la gestión se caracteriza por la disposición inicial en las obras en contenedores de cinco metros cúbicos de capacidad y su recolección posterior por alguno de los 36 transportistas habilitados para retirar estos “volquetes”, donde los residuos están completamente mezclados.
Los volquetes son recibidos en la planta de áridos, que fue construida por el Gobierno de la Ciudad en 2014 y concesionada a operadores privados. En la planta, los residuos son separados, triturados y tamizados en diferentes fracciones, como madera, metales, plásticos, y componentes minerales de varios tamaños (piedra, suelo, cascote grueso, cascote fino, etcétera). Estos últimos son vendidos como materiales secundarios para la construcción. Sin embargo, las partes de madera y plásticos que no se ajustan a las especificaciones de calidad, son derivadas a disposición en rellenos sanitarios en la CEAMSE. Se estimó que esta porción no reciclable es de alrededor del 20% de los residuos que ingresan a la planta.
En comparación con otras ciudades del mundo, se encontró que no existe aquí un marco legal que obligue a las empresas constructoras a separar sus residuos en origen, lo que dificulta su separación posterior y disminuye la eficiencia de su tratamiento. Por lo tanto, hasta ahora sólo algunas obras que se postulan a certificaciones ambientales de los edificios (como LEED, Leadership in Energy & Environmental Design) se preocupan por el destino de sus residuos. El gobierno de la Ciudad controla a los transportistas y a la planta de separación, pero no establece ningún requerimiento en el momento de autorizar obras como en otros países, en los que se tramita el permiso de inicio de obra y debe adjuntarse el plan de gestión de los residuos que se generarán, teniendo como premisa la minimización de la generación de residuos y su reutilización en la propia obra.
“Se concluyó que la gestión de estos residuos en la ciudad tiene desafíos significativos como la falta de regulación específica, falta de control de los vertidos ilegales de residuos de la construcción para relleno de zonas bajas, diferencias importantes entre los costos de tratamiento y la disposición final con otras regiones, y ausencia de normativa que promueva el uso de agregados reciclados de la construcción”, afirmó Bielsa, quien participó de la investigación junto con la arquitecta Fernanda Tufaro y alumnos de la carrera de Ingeniería Industrial.
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Fecha de Publicación: 19/02/2017
Fuente: Argentina Investiga
Provincia/Región: CABA
Investigadores del Instituto de Tecnología de la Fundación UADE estudian cómo disminuir los impactos ambientales de los residuos de la construcción y de la demolición en la Ciudad de Buenos Aires. Entre las conclusiones se recomienda mejorar las regulaciones, dar participación al sector privado en la gestión e incentivar el uso de los materiales recuperados de los residuos de la construcción.
La investigación abarcó el estudio de la gestión de los residuos de la industria de la construcción en la Ciudad de Buenos Aires para proponer mejoras tendientes a minimizar sus impactos ambientales. “La generación de estos residuos ha sido identificada como uno de los aspectos de mayor impacto ambiental en la industria de la construcción”, asegura a Argentina Investiga Raquel Bielsa, directora del trabajo.
El tratamiento inadecuado de los desechos para rellenar zonas bajas puede contaminar las aguas y los suelos en forma directa. Además, la mayoría de los materiales pétreos que se usa en esta industria son recursos naturales no renovables. Por lo tanto, la falta de su reutilización o reciclaje implica su uso ineficiente y el consecuente impacto por la falta de su disponibilidad futura.
En la actualidad los residuos de la construcción y la demolición (integrados por restos de suelos, arena, concreto, maderas, plásticos y otros materiales que se generan en las obras públicas y privadas) se consideran desechos sólidos urbanos y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires representan 2.400 de las 6.000 toneladas de desperdicios sólidos que se generan diariamente. El control de la gestión de estos sobrantes es muy importante para alcanzar los objetivos de minimización de residuos a disposición final de la Ley de Basura Cero de la Ciudad. Por lo tanto, las mejoras en su gestión tienen una incidencia clave para lograr las metas dispuestas en dicha Ley.
En este proyecto, se analizó el sistema actual de gestión para identificar sus fortalezas y debilidades, con el objetivo de estudiar la factibilidad técnica de la reutilización y el reciclaje de los materiales recuperados de estos residuos en nuevas aplicaciones en la industria de la construcción. Primero, se estudió como se gestionan en otras ciudades. Luego, se realizó un diagnóstico mediante entrevistas a los actores locales clave: profesionales de la construcción, clientes, organismos de ciencia y tecnología y autoridades. También se visitó la planta de tratamiento de áridos de la Ciudad, localizada en el barrio de Villa Soldati, y se evaluaron los aspectos relevantes a tener en cuenta para aumentar su eficiencia. Se encontró que la gestión se caracteriza por la disposición inicial en las obras en contenedores de cinco metros cúbicos de capacidad y su recolección posterior por alguno de los 36 transportistas habilitados para retirar estos “volquetes”, donde los residuos están completamente mezclados.
Los volquetes son recibidos en la planta de áridos, que fue construida por el Gobierno de la Ciudad en 2014 y concesionada a operadores privados. En la planta, los residuos son separados, triturados y tamizados en diferentes fracciones, como madera, metales, plásticos, y componentes minerales de varios tamaños (piedra, suelo, cascote grueso, cascote fino, etcétera). Estos últimos son vendidos como materiales secundarios para la construcción. Sin embargo, las partes de madera y plásticos que no se ajustan a las especificaciones de calidad, son derivadas a disposición en rellenos sanitarios en la CEAMSE. Se estimó que esta porción no reciclable es de alrededor del 20% de los residuos que ingresan a la planta.
En comparación con otras ciudades del mundo, se encontró que no existe aquí un marco legal que obligue a las empresas constructoras a separar sus residuos en origen, lo que dificulta su separación posterior y disminuye la eficiencia de su tratamiento. Por lo tanto, hasta ahora sólo algunas obras que se postulan a certificaciones ambientales de los edificios (como LEED, Leadership in Energy & Environmental Design) se preocupan por el destino de sus residuos. El gobierno de la Ciudad controla a los transportistas y a la planta de separación, pero no establece ningún requerimiento en el momento de autorizar obras como en otros países, en los que se tramita el permiso de inicio de obra y debe adjuntarse el plan de gestión de los residuos que se generarán, teniendo como premisa la minimización de la generación de residuos y su reutilización en la propia obra.
“Se concluyó que la gestión de estos residuos en la ciudad tiene desafíos significativos como la falta de regulación específica, falta de control de los vertidos ilegales de residuos de la construcción para relleno de zonas bajas, diferencias importantes entre los costos de tratamiento y la disposición final con otras regiones, y ausencia de normativa que promueva el uso de agregados reciclados de la construcción”, afirmó Bielsa, quien participó de la investigación junto con la arquitecta Fernanda Tufaro y alumnos de la carrera de Ingeniería Industrial.
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Nueva y masiva marcha en El Bolsón
“Estamos acá defendiendo la vida”
Fecha de Publicación: 13/02/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Río Negro
Al igual que en enero, más de 13 mil personas se movilizaron ayer en defensa de la tierra y el agua. Reclamaron que se vaya del lugar la empresa Laderas S.A., vinculada a Lewis, amigo de Macri. Esperan una definición de la Corte provincial.
"Chau, Laderas! Señores gobernantes, por si no lo escucharon, lo repetimos: ¡Chau, Laderas!”, exclamó una de las referentes de la Asamblea por el Agua y la Tierra, que leyó ayer una suerte de manifiesto contra el emprendimiento empresario de Joe Lewis, el magnate inglés que pretende montar un aeropuerto, un centro de esquí y un barrio cerrado sobre una reserva de agua y un bosque nativo en el cerro Perito Moreno. El acto de cierre de una nueva marcha protagonizada por la comunidad de El Bolsón tuvo la magnitud de una pueblada. Tal como había sucedido en enero, ayer marchó más de la mitad de la población local, unas 13 mil personas. Fue un episodio más dentro de la larga serie de movilizaciones, cortes de ruta y festivales con que expresan desde hace años su rechazo. “La paciencia se agotó”, se dijo ayer bien entrada la tarde, cuando la marcha derivó en un abrazo colectivo alrededor del acampe, que ya lleva dos meses en una de las plazas del centro del municipio. “Estamos acá defendiendo la vida”, remataron.
Laderas SA, la empresa señalada en cada uno de los reclamos de la comunidad, ocupa el centro del conflicto desde que fue beneficiada a fines del año pasado con el loteo de las tierras sobre el cerro. Sin embargo, los vecinos la vienen denunciando desde hace por lo menos seis años, cuando ganó la primera licitación para las obras. La empresa figura a nombre de Maximiliano Mazza, cuñado de la mano derecha de Lewis en argentina, Nicolás Van Ditmar. La insistencia de los vecinos en mencionarla tiene que ver con que el magnate se cuida de aparecer vinculado al negocio. El presidente Mauricio Macri, en su primera conferencia del año, dijo que el emprendimiento pertenece a “un grupo de argentinos”, intentando despegar a su amigo.
En una sesión a puertas cerradas, el Consejo Deliberante de El Bolsón aprobó en diciembre del año pasado el loteo de las tierras firmado por el intendente, Bruno Pogliano, ex contador de Laderas. Los vecinos que se acercaron a protestar fueron reprimidos. La represión derivó en un corte de la Ruta Nacional 40, el establecimiento del acampe, la pueblada del siete de enero –marchó más de la mitad de la población, unas 13 mil personas– y la nacionalización del conflicto. Aún así, Pogliano apeló la semana pasada el fallo de la Cámara de Apelaciones de Bariloche, que había dado lugar a un amparo colectivo contra el negocio presentado por los vecinos. La decisión ahora quedó en manos de la Corte provincial, que cuenta en su haber con varios fallos desfavorables a Lewis, por lo que la Asamblea es optimista en cuanto a que el loteo sea impugnado.
“Estamos acá defendiendo el agua, defendiendo el mundo de nuestros hijos. Estamos los vecinos, estamos las asambleas, estamos las comunidades, estamos los centros de estudiantes, los sindicatos, la feria regional, las congregaciones, las organizaciones no gubernamentales, los partidos, todos con un mismo objetivo”, dijo ayer una de las referentes de la Asamblea. La definición describe tanto el variopinto número de sectores de la comunidad que está detrás del reclamo como los argumentos con que se objeta el negocio del magnate, que de concretarse afectará la principal reserva de agua de la zona.
Tras la marcha de ayer, la Asamblea tiene previsto presentarle en mano al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilnek, una carta que contiene los cinco reclamos centrales de la comunidad. El más importante es la restitución al estado provincial de las 1500 hectáreas de tierras fiscales que Maximiliano Mazza, dueño de Laderas, compró violando las leyes provinciales. La venta está judicializada: Mazza se las compró a una mujer, Mirta Soria, quien las había recibido del Estado y se desprendió de las mismas antes de los cinco años de ocupación que exige la ley. La justicia ordenó en 2012 al Estado revertir la venta y reventa de las tierras y construir un Parque Provincial que resguarde los recursos naturales.
“¡Que se vaya Laderas del cerro Perito Moreno! Ya no los queremos, ni en el centro invernal, ni proponiendo loteos, ni como dueños de tierra robada, ni como concesionarios fraudulentos!”, dijeron ayer.
La cerrada defensa de Lewis que realizó Macri durante su primera conferencia de prensa del año, cuando lo calificó como “un empresario que eligió la argentina para vivir unos años” y que “da trabajo”, generaron malestar en la comunidad, que además le exige al magnate que abra el acceso público de Tacuifí que conduce al Lago Escondido. “No queremos más que las empresas tengan más derecho que los pobladores”, pidieron. Y reclamaron que en lugar de negocios, El Bolsón tenga “desagües, tratamiento de aguas, red de gas, tratamiento de residuos, espacios comunitarios, edificios escolares, la mejora de los dispensarios, la casa de la mujer y la regularización de los barrios”.
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Fecha de Publicación: 13/02/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Río Negro
Al igual que en enero, más de 13 mil personas se movilizaron ayer en defensa de la tierra y el agua. Reclamaron que se vaya del lugar la empresa Laderas S.A., vinculada a Lewis, amigo de Macri. Esperan una definición de la Corte provincial.
"Chau, Laderas! Señores gobernantes, por si no lo escucharon, lo repetimos: ¡Chau, Laderas!”, exclamó una de las referentes de la Asamblea por el Agua y la Tierra, que leyó ayer una suerte de manifiesto contra el emprendimiento empresario de Joe Lewis, el magnate inglés que pretende montar un aeropuerto, un centro de esquí y un barrio cerrado sobre una reserva de agua y un bosque nativo en el cerro Perito Moreno. El acto de cierre de una nueva marcha protagonizada por la comunidad de El Bolsón tuvo la magnitud de una pueblada. Tal como había sucedido en enero, ayer marchó más de la mitad de la población local, unas 13 mil personas. Fue un episodio más dentro de la larga serie de movilizaciones, cortes de ruta y festivales con que expresan desde hace años su rechazo. “La paciencia se agotó”, se dijo ayer bien entrada la tarde, cuando la marcha derivó en un abrazo colectivo alrededor del acampe, que ya lleva dos meses en una de las plazas del centro del municipio. “Estamos acá defendiendo la vida”, remataron.
Laderas SA, la empresa señalada en cada uno de los reclamos de la comunidad, ocupa el centro del conflicto desde que fue beneficiada a fines del año pasado con el loteo de las tierras sobre el cerro. Sin embargo, los vecinos la vienen denunciando desde hace por lo menos seis años, cuando ganó la primera licitación para las obras. La empresa figura a nombre de Maximiliano Mazza, cuñado de la mano derecha de Lewis en argentina, Nicolás Van Ditmar. La insistencia de los vecinos en mencionarla tiene que ver con que el magnate se cuida de aparecer vinculado al negocio. El presidente Mauricio Macri, en su primera conferencia del año, dijo que el emprendimiento pertenece a “un grupo de argentinos”, intentando despegar a su amigo.
En una sesión a puertas cerradas, el Consejo Deliberante de El Bolsón aprobó en diciembre del año pasado el loteo de las tierras firmado por el intendente, Bruno Pogliano, ex contador de Laderas. Los vecinos que se acercaron a protestar fueron reprimidos. La represión derivó en un corte de la Ruta Nacional 40, el establecimiento del acampe, la pueblada del siete de enero –marchó más de la mitad de la población, unas 13 mil personas– y la nacionalización del conflicto. Aún así, Pogliano apeló la semana pasada el fallo de la Cámara de Apelaciones de Bariloche, que había dado lugar a un amparo colectivo contra el negocio presentado por los vecinos. La decisión ahora quedó en manos de la Corte provincial, que cuenta en su haber con varios fallos desfavorables a Lewis, por lo que la Asamblea es optimista en cuanto a que el loteo sea impugnado.
“Estamos acá defendiendo el agua, defendiendo el mundo de nuestros hijos. Estamos los vecinos, estamos las asambleas, estamos las comunidades, estamos los centros de estudiantes, los sindicatos, la feria regional, las congregaciones, las organizaciones no gubernamentales, los partidos, todos con un mismo objetivo”, dijo ayer una de las referentes de la Asamblea. La definición describe tanto el variopinto número de sectores de la comunidad que está detrás del reclamo como los argumentos con que se objeta el negocio del magnate, que de concretarse afectará la principal reserva de agua de la zona.
Tras la marcha de ayer, la Asamblea tiene previsto presentarle en mano al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilnek, una carta que contiene los cinco reclamos centrales de la comunidad. El más importante es la restitución al estado provincial de las 1500 hectáreas de tierras fiscales que Maximiliano Mazza, dueño de Laderas, compró violando las leyes provinciales. La venta está judicializada: Mazza se las compró a una mujer, Mirta Soria, quien las había recibido del Estado y se desprendió de las mismas antes de los cinco años de ocupación que exige la ley. La justicia ordenó en 2012 al Estado revertir la venta y reventa de las tierras y construir un Parque Provincial que resguarde los recursos naturales.
“¡Que se vaya Laderas del cerro Perito Moreno! Ya no los queremos, ni en el centro invernal, ni proponiendo loteos, ni como dueños de tierra robada, ni como concesionarios fraudulentos!”, dijeron ayer.
La cerrada defensa de Lewis que realizó Macri durante su primera conferencia de prensa del año, cuando lo calificó como “un empresario que eligió la argentina para vivir unos años” y que “da trabajo”, generaron malestar en la comunidad, que además le exige al magnate que abra el acceso público de Tacuifí que conduce al Lago Escondido. “No queremos más que las empresas tengan más derecho que los pobladores”, pidieron. Y reclamaron que en lugar de negocios, El Bolsón tenga “desagües, tratamiento de aguas, red de gas, tratamiento de residuos, espacios comunitarios, edificios escolares, la mejora de los dispensarios, la casa de la mujer y la regularización de los barrios”.
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El primer edificio público sustentable será del Arsat
Arsat tendrá el primer edificio público sustentable del país
Fecha de Publicación: 12/02/2017
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
Se trata de un proceso de transformación de parte de las instalaciones en la estación terrena de la localidad bonaerense de Benavídez. Accederá a una alta calificación internacional sobre cuidado del medio ambiente.
Arsat tendrá el primer edificio público sustentable del país cuando culmine el proceso de transformación de parte de las instalaciones en la estación terrena de la localidad bonaerense de Benavídez y acceda a una alta calificación internacional sobre cuidado del medio ambiente, según anunció el presidente de la compañía estatal, Rodrigo de Loredo.
“Estamos realizando todas las modificaciones necesarias para acceder a la Certificación LEED (nivel Oro), en la categoría Energía y Atmósfera, una calificación internacional, entregada por la organización United State Green Building Council (USGB), que nos convertirá en la primera empresa estatal con edificio sustentable en el país”, explicó el directivo.
Argentina tiene 31 edificios en procesos de Certificación LEED, y el edificio de la Estación Terrena de Benavídez, emplazado en un predio de más de 50 mil metros cuadrados, calificaría como la primera empresa estatal en la historia de la Argentina en obtener el nivel Oro.
De Loredo explicó que para obtener la calificación se está disminuyendo "al máximo posible" el consumo energético en el edificio de Arsat y que se prevé que este año se terminen de implementar una serie de medidas sustentables que permitirán "reducir emisiones de carbono equivalentes a lo que producen, por ejemplo, 217 automóviles cada año".
Con ello, "lograremos constituir un edificio eficiente, con una vida útil y tecnologías superior a los 30 años”, aseguró el directivo.
La Certificación LEED se logra a partir de la implementación de un conjunto de normas relacionadas con la eficiencia energética, el uso de energías alternativas, la mejora de la calidad ambiental interior, la eficiencia del consumo de agua, el desarrollo de los espacios libres y la selección de materiales.
El número de puntos que obtiene cada proyecto determina el nivel de certificación: Certificado, Plata, Oro y Platino, en orden de importancia, según explicó la empresa de satélites de comunicación en un comunicado.
El año pasado, Arsat reemplazó los procesos formales en papel por el soporte digital, instaló griferías con sensores de movimiento para ahorrar consumo de agua, adquirió mobiliario elaborado con productos reciclados, instrumentó la separación de residuos, incluyó sectores exclusivos para bicicletas y una política de compra de equipamiento informático de eficiencia energética.
Como parte del proceso de sustentabilidad, la empresa también implementó el transporte comunitario en combis de sus empleados, que permitió reducir el consumo de combustible en casi 50 mil litros anuales, y no utiliza refrigerantes confeccionados a base de clorurocarbono (CFC) en los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado.
Además, la empresa adquirió bonos verdes, con el objetivo de disipar la energía utilizada y las emisiones de dióxido de carbono, con lo que logró "un ahorro similar a la electricidad que consumen 65 hogares en un año o su equivalente en litros de gasolina consumidos, 188.589 aproximadamente", destalló la comunicación oficial.
"La dimensión global de la problemática ambiental nos conduce a tomar conciencia todos los días sobre nuestros modos de actuar y desarrollarnos en el espacio en que vivimos. Es importante iniciar este tipo de procesos para comenzar a cambiar el paradigma no solo de las organizaciones y entidades, sino de todas aquellas personas que la componen”, concluyó De Loredo.
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Fecha de Publicación: 12/02/2017
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
Se trata de un proceso de transformación de parte de las instalaciones en la estación terrena de la localidad bonaerense de Benavídez. Accederá a una alta calificación internacional sobre cuidado del medio ambiente.
Arsat tendrá el primer edificio público sustentable del país cuando culmine el proceso de transformación de parte de las instalaciones en la estación terrena de la localidad bonaerense de Benavídez y acceda a una alta calificación internacional sobre cuidado del medio ambiente, según anunció el presidente de la compañía estatal, Rodrigo de Loredo.
“Estamos realizando todas las modificaciones necesarias para acceder a la Certificación LEED (nivel Oro), en la categoría Energía y Atmósfera, una calificación internacional, entregada por la organización United State Green Building Council (USGB), que nos convertirá en la primera empresa estatal con edificio sustentable en el país”, explicó el directivo.
Argentina tiene 31 edificios en procesos de Certificación LEED, y el edificio de la Estación Terrena de Benavídez, emplazado en un predio de más de 50 mil metros cuadrados, calificaría como la primera empresa estatal en la historia de la Argentina en obtener el nivel Oro.
De Loredo explicó que para obtener la calificación se está disminuyendo "al máximo posible" el consumo energético en el edificio de Arsat y que se prevé que este año se terminen de implementar una serie de medidas sustentables que permitirán "reducir emisiones de carbono equivalentes a lo que producen, por ejemplo, 217 automóviles cada año".
Con ello, "lograremos constituir un edificio eficiente, con una vida útil y tecnologías superior a los 30 años”, aseguró el directivo.
La Certificación LEED se logra a partir de la implementación de un conjunto de normas relacionadas con la eficiencia energética, el uso de energías alternativas, la mejora de la calidad ambiental interior, la eficiencia del consumo de agua, el desarrollo de los espacios libres y la selección de materiales.
El número de puntos que obtiene cada proyecto determina el nivel de certificación: Certificado, Plata, Oro y Platino, en orden de importancia, según explicó la empresa de satélites de comunicación en un comunicado.
El año pasado, Arsat reemplazó los procesos formales en papel por el soporte digital, instaló griferías con sensores de movimiento para ahorrar consumo de agua, adquirió mobiliario elaborado con productos reciclados, instrumentó la separación de residuos, incluyó sectores exclusivos para bicicletas y una política de compra de equipamiento informático de eficiencia energética.
Como parte del proceso de sustentabilidad, la empresa también implementó el transporte comunitario en combis de sus empleados, que permitió reducir el consumo de combustible en casi 50 mil litros anuales, y no utiliza refrigerantes confeccionados a base de clorurocarbono (CFC) en los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado.
Además, la empresa adquirió bonos verdes, con el objetivo de disipar la energía utilizada y las emisiones de dióxido de carbono, con lo que logró "un ahorro similar a la electricidad que consumen 65 hogares en un año o su equivalente en litros de gasolina consumidos, 188.589 aproximadamente", destalló la comunicación oficial.
"La dimensión global de la problemática ambiental nos conduce a tomar conciencia todos los días sobre nuestros modos de actuar y desarrollarnos en el espacio en que vivimos. Es importante iniciar este tipo de procesos para comenzar a cambiar el paradigma no solo de las organizaciones y entidades, sino de todas aquellas personas que la componen”, concluyó De Loredo.
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El Reconquista está urbanizándose descontroladamente
Alarma en el Reconquista: aumentaron 53% los asentamientos en la cuenca
Fecha de Publicación: 06/02/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
Entre 2013 y 2016 se registraron más de 437 villas y se incrementaron la contaminación y las enfermedades; a la espera de que la provincia declare la emergencia ambiental, avanza un plan de los vecinos para sanear las aguas del río; que dice la gobernación
Cada vez las aspirinas sirven menos y el dolor avanza. Se infecta, tiene olor, huele mal y eso genera molestias de todo tipo. Pero lejos de ser un "paciente" fácil de tratar, el río Reconquista, ese extenso curso de agua que atraviesa 18 municipios bonaerenses, está en peligro, al borde de entrar en un coma profundo del que después será casi imposible salir.
La falta de planificación histórica de obras hidráulicas y el crecimiento poblacional desordenado a lo largo de la cuenca llevaron a que, en los últimos tres años, se incrementara un 53% la cantidad de asentamientos: de 285 (94.127 familias) a 437 (128.098). Además, hizo que proporcionalmente aumentara el nivel de contaminación (con índices cercanos a los del Riachuelo), las toneladas de basura (casi un estadio de River lleno cada dos días), las enfermedades relacionadas con ella (las de transmisión hídrica, como hepatitis, gastroenteritis, diarreas y parasitosis; las aéreas, problemas respiratorios, asmas, EPOC y obstructivas crónicas; y las raras, por la presencia de metales pesados), y la inseguridad presentes en la zona, según registros de las ONGs Techo y ProyectAR. ¿Datos oficiales? No están disponibles. Todo parece moverse en el terreno de la informalidad, de acuerdo con testimonios recogidos de vecinos.
Uno de ellos tiene un arroyo que corre por detrás de su casa y dice que "cuando llueve no puede salir a la calle y los chicos tampoco asistir a la escuela". Otro apunta que es factible "toparse con ratas de gran tamaño, arañas y hasta lagartos gigantes a cualquier hora". También están quienes lamentan que los camiones de recolección no pasen seguido y que los residuos permanezcan dentro de la casa "con moscas y bichos en las habitaciones".
Primeros pasos
A la espera de que la provincia declare la emergencia ambiental sobre el Reconquista -una demanda que está a punto de cumplir un año- y con el fin de empezar a revertir esta problemática compleja, ProyectAR desarrolló un plan integral que busca urbanizar la cuenca y sanear sus aguas.
"El principal objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas y reducir la contaminación del río y su cuenca, con la prioridad puesta en un ecosistema favorable para los afectados y en el fomento de empresas con propósitos sociales y/o medioambientales", advierten a LA NACION Carolina Casares y Eduardo Regondi, dos de los principales promotores del proyecto. Enseguida, dan a conocer los primeros pasos: "Nosotros arrancamos con la concientización y la sensibilización, para luego volcarnos a la acción. Hay que activar de alguna manera. No se puede demorar más. Si tardamos 10, 15, 20 años, no importa.
¿Cómo va a ser una utopía sanear un río?"
La cuenca comprende 134 cursos de agua, unos 1670 kilómetros cuadrados, y viven en ella más de 4.200.000 de personas (el 40% de la población bonaerense). El 54 % no tiene agua potable de red y el 63% no está conectado a la red de cloacas. El panorama se agrava cuando se comprueba que en el área se asientan casi 22.000 industrias, y que la mayoría vuelca sus efluentes al río sin tratamientos adecuados.
Qué dice la provincia
Consultado sobre la realidad de la cuenca, Rodrigo Silvosa, subsecretario de Infraestructura Hidráulica del gobierno bonaerense, manifestó a LA NACION su preocupación por el estado que atraviesa el Reconquista, aunque descartó declararlo bajo emergencia ambiental en el corto plazo, pese al reclamo que impera por parte de los vecinos de zona norte desde el año pasado.
Estimó que el saneamiento de las aguas del río no demandará "menos de cinco años" y repasó parte del paquete de soluciones en el que avanza la administración de María Eugenia Vidal, que siguen la premisa de "frenar la contaminación", ir a fondo y atacar el problema. Así, enfatizó que "se reactivó el apoyo económico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de 280 millones de dólares, para recuperar al Reconquista" -una medida que estaba en pausa-, y se volvió a poner en marcha el programa orientado a la reconversión de las industrias contaminantes instaladas a lo largo de la ribera, en línea con lo que insisten la mayoría de las ONGs entrevistadas.
"Apuntamos a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca y a transformar al río en un espacio público óptimo para la vida comunitaria. Es importante promover la conciencia ambiental, especialmente desde la educación y hacia los más chicos. El río debe ser de todos", reflexiona Silvosa al observar la postal borrosa que le devuelve el agua.
El plan paralelo que impulsan los vecinos
Desde las ONGs consultadas remarcan una y otra vez la necesidad de adoptar una mirada global acerca de lo que ocurre y desde ahí trazar estrategias. Eso evitará -aducen- pensar en "curitas" o "parches", que sólo atacan la situación en forma parcial, como ocurre en este momento, en el plano institucional.
En concreto, el plan integral que promueven, hecho a pulmón y financiado por un puñado de empresas, descansa sobre tres pilares clave:
Ambiental: apunta a urbanizar el aspecto edilicio y los espacios verdes nuevos y por desarrollar; a generar conciencia de separación de residuos de origen y de cuidado; y a un trabajo colaborativo de los espacios públicos, además de realizar acciones correctivas dentro del cauce. "Se implementará un plan de limpieza del espacio público. Habrá una limpieza urbana diaria y otra quincenal, una logística de colocación de tachos -que discriminen residuos reciclables y no reciclables- y un mantenimiento, y capacitación de futuros guardias urbanos", detallan al repasarlo en voz alta.
Industrial: busca reducir la contaminación proveniente de ese sector, por lo que es vital contar con un mayor control por parte del Estado y una política interna de reconversión industrial. "El mundo no es el mismo y las empresas tienen que entender que si hasta ahora produjeron contaminando, ya no pueden hacerlo más. Empezamos a trabajar con empresas que priorizan la responsabilidad social, a empoderar a sus empleados y a involucrarlos. Si lo hacemos, se comprometen y lo vuelcan hacia afuera; se produce el famoso efecto contagio", aseguran al comentar sobre los talleres que ya dictan.
Educativo: persigue la educación en valores ambientales y sociales, además de capacitaciones sobre el reciclado y la separación de residuos de origen, el buen uso de espacios comunes verdes y públicos, y del uso eficiente de la energía y el agua. En este plano, la ONG y los vecinos hacen hincapié en que hay que promover la conciencia ambiental para poder "cambiar el switch y bajar al terreno". Hoy trabajan codo a codo con las escuelas públicas de los asentamientos. A futuro intentarán que el Ministerio de Educación provincial y un puñado de empresas financien parte de los programas.
El saneamiento del arroyo Morón, clave
Entre los puntos esenciales de la propuesta de los vecinos sobresale el del saneamiento del arroyo Morón, ubicado en la sección inferior del Río Reconquista. Actualmente, el cruce con el puente del Ferrocarril General San Martín representa una de las áreas más castigadas, ya que concentra el 70% de la contaminación orgánica que registra la cuenca. Sus aguas presentan fuertes olores, una coloración oscura y residuos sólidos (bolsas plásticas, maderas, textiles, escombros), que confirman "su alta carga nociva", de acuerdo con informes técnicos que circulan a diario entre los habitantes del lugar.
Además, convocan a monitorear indicadores que ayuden a diagnosticar y definir políticas en torno a la calidad del agua (temperatura, turbidez, metales, alcalinidad) y del terreno (cotas de altura y zonas inundables), y a hacer un taller con los intendentes afectados, para firmar acuerdos e identificar amenazas y oportunidades.
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Fecha de Publicación: 06/02/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
Entre 2013 y 2016 se registraron más de 437 villas y se incrementaron la contaminación y las enfermedades; a la espera de que la provincia declare la emergencia ambiental, avanza un plan de los vecinos para sanear las aguas del río; que dice la gobernación
Cada vez las aspirinas sirven menos y el dolor avanza. Se infecta, tiene olor, huele mal y eso genera molestias de todo tipo. Pero lejos de ser un "paciente" fácil de tratar, el río Reconquista, ese extenso curso de agua que atraviesa 18 municipios bonaerenses, está en peligro, al borde de entrar en un coma profundo del que después será casi imposible salir.
La falta de planificación histórica de obras hidráulicas y el crecimiento poblacional desordenado a lo largo de la cuenca llevaron a que, en los últimos tres años, se incrementara un 53% la cantidad de asentamientos: de 285 (94.127 familias) a 437 (128.098). Además, hizo que proporcionalmente aumentara el nivel de contaminación (con índices cercanos a los del Riachuelo), las toneladas de basura (casi un estadio de River lleno cada dos días), las enfermedades relacionadas con ella (las de transmisión hídrica, como hepatitis, gastroenteritis, diarreas y parasitosis; las aéreas, problemas respiratorios, asmas, EPOC y obstructivas crónicas; y las raras, por la presencia de metales pesados), y la inseguridad presentes en la zona, según registros de las ONGs Techo y ProyectAR. ¿Datos oficiales? No están disponibles. Todo parece moverse en el terreno de la informalidad, de acuerdo con testimonios recogidos de vecinos.
Uno de ellos tiene un arroyo que corre por detrás de su casa y dice que "cuando llueve no puede salir a la calle y los chicos tampoco asistir a la escuela". Otro apunta que es factible "toparse con ratas de gran tamaño, arañas y hasta lagartos gigantes a cualquier hora". También están quienes lamentan que los camiones de recolección no pasen seguido y que los residuos permanezcan dentro de la casa "con moscas y bichos en las habitaciones".
Primeros pasos
A la espera de que la provincia declare la emergencia ambiental sobre el Reconquista -una demanda que está a punto de cumplir un año- y con el fin de empezar a revertir esta problemática compleja, ProyectAR desarrolló un plan integral que busca urbanizar la cuenca y sanear sus aguas.
"El principal objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas y reducir la contaminación del río y su cuenca, con la prioridad puesta en un ecosistema favorable para los afectados y en el fomento de empresas con propósitos sociales y/o medioambientales", advierten a LA NACION Carolina Casares y Eduardo Regondi, dos de los principales promotores del proyecto. Enseguida, dan a conocer los primeros pasos: "Nosotros arrancamos con la concientización y la sensibilización, para luego volcarnos a la acción. Hay que activar de alguna manera. No se puede demorar más. Si tardamos 10, 15, 20 años, no importa.
¿Cómo va a ser una utopía sanear un río?"
La cuenca comprende 134 cursos de agua, unos 1670 kilómetros cuadrados, y viven en ella más de 4.200.000 de personas (el 40% de la población bonaerense). El 54 % no tiene agua potable de red y el 63% no está conectado a la red de cloacas. El panorama se agrava cuando se comprueba que en el área se asientan casi 22.000 industrias, y que la mayoría vuelca sus efluentes al río sin tratamientos adecuados.
Qué dice la provincia
Consultado sobre la realidad de la cuenca, Rodrigo Silvosa, subsecretario de Infraestructura Hidráulica del gobierno bonaerense, manifestó a LA NACION su preocupación por el estado que atraviesa el Reconquista, aunque descartó declararlo bajo emergencia ambiental en el corto plazo, pese al reclamo que impera por parte de los vecinos de zona norte desde el año pasado.
Estimó que el saneamiento de las aguas del río no demandará "menos de cinco años" y repasó parte del paquete de soluciones en el que avanza la administración de María Eugenia Vidal, que siguen la premisa de "frenar la contaminación", ir a fondo y atacar el problema. Así, enfatizó que "se reactivó el apoyo económico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de 280 millones de dólares, para recuperar al Reconquista" -una medida que estaba en pausa-, y se volvió a poner en marcha el programa orientado a la reconversión de las industrias contaminantes instaladas a lo largo de la ribera, en línea con lo que insisten la mayoría de las ONGs entrevistadas.
"Apuntamos a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca y a transformar al río en un espacio público óptimo para la vida comunitaria. Es importante promover la conciencia ambiental, especialmente desde la educación y hacia los más chicos. El río debe ser de todos", reflexiona Silvosa al observar la postal borrosa que le devuelve el agua.
El plan paralelo que impulsan los vecinos
Desde las ONGs consultadas remarcan una y otra vez la necesidad de adoptar una mirada global acerca de lo que ocurre y desde ahí trazar estrategias. Eso evitará -aducen- pensar en "curitas" o "parches", que sólo atacan la situación en forma parcial, como ocurre en este momento, en el plano institucional.
En concreto, el plan integral que promueven, hecho a pulmón y financiado por un puñado de empresas, descansa sobre tres pilares clave:
Ambiental: apunta a urbanizar el aspecto edilicio y los espacios verdes nuevos y por desarrollar; a generar conciencia de separación de residuos de origen y de cuidado; y a un trabajo colaborativo de los espacios públicos, además de realizar acciones correctivas dentro del cauce. "Se implementará un plan de limpieza del espacio público. Habrá una limpieza urbana diaria y otra quincenal, una logística de colocación de tachos -que discriminen residuos reciclables y no reciclables- y un mantenimiento, y capacitación de futuros guardias urbanos", detallan al repasarlo en voz alta.
Industrial: busca reducir la contaminación proveniente de ese sector, por lo que es vital contar con un mayor control por parte del Estado y una política interna de reconversión industrial. "El mundo no es el mismo y las empresas tienen que entender que si hasta ahora produjeron contaminando, ya no pueden hacerlo más. Empezamos a trabajar con empresas que priorizan la responsabilidad social, a empoderar a sus empleados y a involucrarlos. Si lo hacemos, se comprometen y lo vuelcan hacia afuera; se produce el famoso efecto contagio", aseguran al comentar sobre los talleres que ya dictan.
Educativo: persigue la educación en valores ambientales y sociales, además de capacitaciones sobre el reciclado y la separación de residuos de origen, el buen uso de espacios comunes verdes y públicos, y del uso eficiente de la energía y el agua. En este plano, la ONG y los vecinos hacen hincapié en que hay que promover la conciencia ambiental para poder "cambiar el switch y bajar al terreno". Hoy trabajan codo a codo con las escuelas públicas de los asentamientos. A futuro intentarán que el Ministerio de Educación provincial y un puñado de empresas financien parte de los programas.
El saneamiento del arroyo Morón, clave
Entre los puntos esenciales de la propuesta de los vecinos sobresale el del saneamiento del arroyo Morón, ubicado en la sección inferior del Río Reconquista. Actualmente, el cruce con el puente del Ferrocarril General San Martín representa una de las áreas más castigadas, ya que concentra el 70% de la contaminación orgánica que registra la cuenca. Sus aguas presentan fuertes olores, una coloración oscura y residuos sólidos (bolsas plásticas, maderas, textiles, escombros), que confirman "su alta carga nociva", de acuerdo con informes técnicos que circulan a diario entre los habitantes del lugar.
Además, convocan a monitorear indicadores que ayuden a diagnosticar y definir políticas en torno a la calidad del agua (temperatura, turbidez, metales, alcalinidad) y del terreno (cotas de altura y zonas inundables), y a hacer un taller con los intendentes afectados, para firmar acuerdos e identificar amenazas y oportunidades.
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Techos verdes para CABA impulsados por el INTA
Techos verdes y jardines verticales para CABA
Fecha de Publicación: 05/02/2017
Fuente: Perfil
Provincia/Región: CABA
El Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño firmó con el INTA un convenio que fomenta la implementación de tecnologías sustentables.
El cambio climático es una realidad y exige actuar localmente para avanzar ya mismo hacia la sostenibilidad. Con esa premisa, el INTA y el ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires firmaron un convenio que se replantea el desarrollo y promueve la resiliencia en el ámbito urbano, y fomenta la implementación de tecnologías sustentables como los techos verdes y jardines verticales.
Conscientes de que la creciente urbanización demanda una conciliación y una necesidad de incorporar a la naturaleza a su desarrollo, ambos organismos se comprometieron a trabajar juntos en la difusión de tecnologías sustentables tales como los techos verdes y los jardines verticales, como así también en su implementación en los edificios públicos.
Se trata de tecnologías adoptadas por las ciudades para fomentar la resiliencia, que disminuyen la polución del aire y el efecto isla urbana, mejoran la estética visual y la calidad de vida, conservan energía, favorecen la formación de corredores de flora y fauna y retrasan el escurrimiento del agua de lluvia.
Así, mediante el Instituto de Floricultura del INTA Castelar, se dictarán capacitaciones, charlas y talleres en referencia a los beneficios de la implementación de estas tecnologías, y se definirán estrategias de estudio de espacios verdes y sustentabilidad ambiental de la ciudad.
Asimismo, propondrán normativas ambientales y contribuirán con el equipamiento tecnológico necesario para realizar estudios y proyectos de innovación e investigación tecnológica específicos.
Cuanto más verde, más sustentable
Los sistemas verticales tales como cortinas verdes o jardines verticales se destacan por sus numerosas ventajas: permiten atenuar la radiación estival, enfrían el ambiente por evapotranspiración –por lo que disminuye la necesidad de una refrigeración artificial–, mitigan el efecto de isla de calor y disminuyen la acción de los vientos.
A su vez, los techos verdes son tecnologías cada vez más difundidas en las ciudades por permitir el aprovechamiento de terrazas y superficies de cemento para producir flores y hortalizas, al tiempo que disminuyen la polución del aire, transforman los paisajes y aportan a la calidad de vida.
Se trata de espacios donde la cubierta vegetal es plantada sobre un sustrato de poca profundidad, liviano, generalmente no son accesibles y presentan un bajo mantenimiento sin suministro de riego, con condiciones más hostiles que acotan la diversidad de especies.
La clave del éxito para un techo verde tiene cuatro pilares: la estructura edilicia, el sistema de impermeabilización, el sustrato y la elección de la comunidad vegetal. Se trata de un trabajo multidisciplinario en el que tanto los arquitectos, ingenieros, agrónomos, paisajistas y técnicos en floricultura deben trabajar conjunta y mancomunadamente.
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Fecha de Publicación: 05/02/2017
Fuente: Perfil
Provincia/Región: CABA
El Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño firmó con el INTA un convenio que fomenta la implementación de tecnologías sustentables.
El cambio climático es una realidad y exige actuar localmente para avanzar ya mismo hacia la sostenibilidad. Con esa premisa, el INTA y el ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires firmaron un convenio que se replantea el desarrollo y promueve la resiliencia en el ámbito urbano, y fomenta la implementación de tecnologías sustentables como los techos verdes y jardines verticales.
Conscientes de que la creciente urbanización demanda una conciliación y una necesidad de incorporar a la naturaleza a su desarrollo, ambos organismos se comprometieron a trabajar juntos en la difusión de tecnologías sustentables tales como los techos verdes y los jardines verticales, como así también en su implementación en los edificios públicos.
Se trata de tecnologías adoptadas por las ciudades para fomentar la resiliencia, que disminuyen la polución del aire y el efecto isla urbana, mejoran la estética visual y la calidad de vida, conservan energía, favorecen la formación de corredores de flora y fauna y retrasan el escurrimiento del agua de lluvia.
Así, mediante el Instituto de Floricultura del INTA Castelar, se dictarán capacitaciones, charlas y talleres en referencia a los beneficios de la implementación de estas tecnologías, y se definirán estrategias de estudio de espacios verdes y sustentabilidad ambiental de la ciudad.
Asimismo, propondrán normativas ambientales y contribuirán con el equipamiento tecnológico necesario para realizar estudios y proyectos de innovación e investigación tecnológica específicos.
Cuanto más verde, más sustentable
Los sistemas verticales tales como cortinas verdes o jardines verticales se destacan por sus numerosas ventajas: permiten atenuar la radiación estival, enfrían el ambiente por evapotranspiración –por lo que disminuye la necesidad de una refrigeración artificial–, mitigan el efecto de isla de calor y disminuyen la acción de los vientos.
A su vez, los techos verdes son tecnologías cada vez más difundidas en las ciudades por permitir el aprovechamiento de terrazas y superficies de cemento para producir flores y hortalizas, al tiempo que disminuyen la polución del aire, transforman los paisajes y aportan a la calidad de vida.
Se trata de espacios donde la cubierta vegetal es plantada sobre un sustrato de poca profundidad, liviano, generalmente no son accesibles y presentan un bajo mantenimiento sin suministro de riego, con condiciones más hostiles que acotan la diversidad de especies.
La clave del éxito para un techo verde tiene cuatro pilares: la estructura edilicia, el sistema de impermeabilización, el sustrato y la elección de la comunidad vegetal. Se trata de un trabajo multidisciplinario en el que tanto los arquitectos, ingenieros, agrónomos, paisajistas y técnicos en floricultura deben trabajar conjunta y mancomunadamente.
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Riachuelo: relocalizan parte de familias en la vera
Relocalizan a familias que vivían a la vera del Riachuelo
Fecha de Publicación: 02/02/2017
Fuente: Riachuelo
Provincia/Región: Riachuelo
El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, y el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, entregaron 174 casas en Villa Jardín a familias que vivían sobre el camino de sirga, a la vera del río Matanza-Riachuelo.
La relocalización de Villa Jardín forma parte de la obligación del Estado de cumplir con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población de la cuenca y el saneamiento del Matanza-Riachuelo, luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia en la denominada “Causa Mendoza”, recordó el Ministerio en un comunicado.
En 2010 se suscribió un convenio entre Nación, la provincia y Ciudad de Buenos Aires y los municipios que forman parte de la cuenca para la concreción de 17.771 soluciones habitacionales y hasta el momento se entregaron 3.147 viviendas.
“Relocalizar tanta gente siempre es muy complejo. Es un trabajo en equipo con los trabajadores sociales, la empresa constructora, el municipio, la provincia, el gobierno nacional y Acumar. Son muchos actores involucrados que trabajaron para que esta relocalización haya salido tan bien, así que estamos muy satisfechos”, señaló Frigerio.
Para Villa Jardín "está prevista la construcción de un total 529 viviendas y esta primera etapa se concentró en la relocalización de las familias que vivían sobre el camino de sirga, quienes hoy fueron trasladados a viviendas con todos los servicios, que fueron construidas en el predio de Fabricaciones Militares", explicó la comunicación oficial.
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Fecha de Publicación: 02/02/2017
Fuente: Riachuelo
Provincia/Región: Riachuelo
El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, y el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, entregaron 174 casas en Villa Jardín a familias que vivían sobre el camino de sirga, a la vera del río Matanza-Riachuelo.
La relocalización de Villa Jardín forma parte de la obligación del Estado de cumplir con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población de la cuenca y el saneamiento del Matanza-Riachuelo, luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia en la denominada “Causa Mendoza”, recordó el Ministerio en un comunicado.
En 2010 se suscribió un convenio entre Nación, la provincia y Ciudad de Buenos Aires y los municipios que forman parte de la cuenca para la concreción de 17.771 soluciones habitacionales y hasta el momento se entregaron 3.147 viviendas.
“Relocalizar tanta gente siempre es muy complejo. Es un trabajo en equipo con los trabajadores sociales, la empresa constructora, el municipio, la provincia, el gobierno nacional y Acumar. Son muchos actores involucrados que trabajaron para que esta relocalización haya salido tan bien, así que estamos muy satisfechos”, señaló Frigerio.
Para Villa Jardín "está prevista la construcción de un total 529 viviendas y esta primera etapa se concentró en la relocalización de las familias que vivían sobre el camino de sirga, quienes hoy fueron trasladados a viviendas con todos los servicios, que fueron construidas en el predio de Fabricaciones Militares", explicó la comunicación oficial.
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En el Riachuelo los chicos siguen muriendo por el plomo
A 8 años del fallo de la Corte, los chicos del Riachuelo siguen muriendo por plomo en sangre
Fecha de Publicación: 24/01/2017
Fuente: Corrientes Hoy
Provincia/Región: Riachuelo
Una sentencia histórica contra el Estado lleva casi una década sin cumplir. Miles de familias aún no fueron trasladadas y están en riesgo sanitario.
La foto se repite. Permanece prácticamente intacta. Plomo en la sangre por la cercanía a uno de los ríos más contaminados del mundo. Parásitos intestinales por el agua turbia. Ratas a las que la gente del lugar bautizó como “perros” impresionados por su gran tamaño. Nacer y vivir a la vera del Riachuelo. Éstas son las historias de miles de familias que esperan algo que va a contramano del calendario: que se haga lo que hace casi diez años pidió la Corte Suprema, que se solucione el drama de vivir y morir sobre la podredumbre del Riachuelo, “una de las causas estructurales más importantes de América Latina”, según el Ministerio Público de la Defensa.
En 2004, hartos del olor, los dolores de cabeza y el miedo cada vez que abrían una canilla para llenar la pava, un grupo de vecinos demandó al Estado por la contaminación del Riachuelo. Se convirtió en la Causa Mendoza (CSJ 1569/2004), un hito tribunalicio donde la Corte Suprema de Justicia condenó el 8 de julio 2008 al Estado nacional, a Provincia y a la Ciudad. Les pidió garantizar la salud de los orilleros, mejorar el ambiente y reducir daños. Ellos contestaron con la creación de la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).
Su plan de cuidado ambiental y humano incluyó liberar las orillas y hacer paseos públicos (hasta 35 metros de Camino de Sirga en ambas márgenes). Desde hacía décadas estaban pobladas por villas y asentamientos precarios. Había (hay) que trasladar, según datos oficiales de hace siete años entre Ciudad y Provincia, a más 17 mil familias de 16 asentamientos.
Desde 2011 se realizaron algunos traslados (apenas 138 familias) pero los que quedaron están en alerta sanitaria. ACUMAR informó en 2013 que el 25% de los niños que viven en las orillas tienen plomo en sangre. El estudio se hizo en la zona de la Villa 21-24, pero “en la 26 hay un montón de casos y no se estudiaron”, reprochó ante El Destape Gustavo Moreno, asesor de menores de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. “Esta demora en hacer la obra pública implica que los chicos se van a seguir contaminando”, agrega. De hecho, hoy sigue vigente la Emergencia Social, Urbanística, Ambiental y Sanitaria de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Ley Nº 5.628).
“La sentencia tiene ocho años, los plazos que la Corte fijó están vencidos y la situación va empeorando porque en el año 2016 no se cumplió con la relocalización”, dice Luis Duacastella Arbizu, Defensor General Adjunto en la CABA. A mediados de 2015 se habían mudado cerca de tres mil familias de Ciudad y Provincia, según el entonces titular de ACUMAR, Julio Torti. Pero los números son engañosos. “La población natural en estos diez años se incrementó un tercio, si no se soluciona ya, no van a hacer nunca las viviendas necesarias”, agrega Duacastella.
"Seguimos acá y eso significa que los hijos de nuestros hijos vienen al mundo con el riesgo de tener plomo en sangre. Son ocho años de incumplimiento. Una generación y que encima no está censada”, dice Teresa, una de las primeras habitantes del asentamiento Lamadrid.
Falta de fondos, cortocircuitos políticos, quiebra de las empresas contratadas para las obras, usurpaciones de las tierras. Muchos fueron los atenuantes en la demora. En noviembre, la Corte Suprema de Justicia convocó a una audiencia pública. Sus conclusiones las volcó en un fallo del 27 de diciembre. Si bien no escuchó a los vecinos de los asentamientos, hizo notar las deficiencias en el proceso de urbanización y traslado, asumido en 2008 con el fallo del a Causa Mendoza. Para ACUMAR representa un tirón de orejas. A más tardar el 1 de marzo deberá informar cuándo y cómo va a trasladas a las familias restantes y garantizar las condiciones sanitarias de los residentes de orilla.
“La presión de la Corte ahora es más fuerte porque se hizo evidente la falta de gestión de la causa”, dice la abogada Ana lanziani, que integra el Equipo de Abordaje Territorial 1 del Ministerio Público de la Defensa (Poder Judicial CABA), que representa a los vecinos en el caso.
El apuro de la Corte se mecha con el nuevo perfil de la administración porteña. A pesar de haber cajoneado años la urbanización de villas, ahora las impulsa con gran velocidad. Otros, como Duacastella o el delegado de Lamadrid consultado por este medio, ven una concordancia con desarrollos inmobiliarios: Lamadrid coincide con el Distrito de las Artes (como el Tecnológico de Patricios, allí no se cobra ingresos brutos a quienes desarrollen una actividad relacionada) en los predios de la Comuna 8 van a lindar con la Villa Olímpica de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018. “Es llamativo que estos barrios tengan impulso cuando están ligados a emprendimientos inmobiliarios”, se muestra escéptico el letrado.
El Destape consultó a ACUMAR cuáles serán los próximos pasos y cómo hará frente a los pedidos del a Corte. “Cambiamos autoridad esta semana. Nadie oficialmente puede dar respuesta. El 23 vamos a tener una relocalización en Villa Jardín en Lanús”, expresaron sus voceros.
“En Provincia la mayoría de las márgenes se relocalizó. En Villa Inflamable, en La Matanza. El grueso queda en Capital”, explica Antolín Magallanes, ex funcionario de ACUMAR (2013-2015). “Es una tarea ciclópea, es muy difícil de resolver porque a veces hubo problemas con las obras que se paraban”, añade y cuestiona: “Ciudad hizo poco y nada de vivienda, las ex autoridades del IVC hoy están en ANSES, ese tipo de funcionarios priorizaron para las jubilaciones”.
La villa 21-24 es la más populosa del proceso. Se compone estimativamente de 1338 familias. En estos años se trasladó a 110 (se pensaban 220) al Complejo Padre Mugica (General Paz y Castañares). Las restantes 840 quedarán en Barracas. Irán a Iguazú 1835 (ex predio Mundo Grúa). Tenían que estar antes de enero de 2013, hoy siguen a la vera del Riachuelo.
“Se tienen que ir 53 familias más en el transcurso de este año pero como están dadas las condiciones es bastante difícil que pase. Este proceso de relocalización de las familias que faltan completar el cupo de las 220 que nos impuso el juez Armella en su momento”, dice Mario Gómez, delegado de la Manzana 29 de la Villa 21-24, afectada por la relocalización.
El otro caso latente es la Villa 26. En los papeles judiciales, desde mediados de 2012 todos sus habitantes están trasladados. Sin embargo, de las 220 familias que lo componen, 108 fueron a Luzuriaga 837. A la vera del Riachuelo Serafina Falagán, presidenta de la Villa, recibe a El Destape. En el comedor que administra están reunidos vecinos para aprender a hacer insecticida casero y combatir así al dengue. Las ratas y cucarachas de alcantarillas que salen de los baños se combaten con escobillonazos y nervios de acero, dice ella. En cuando a la causa, se queja de que “los jueces recién ahora apuran y Ciudad ahora por el fallo se mueve, me pasé años y años pidiendo, sugiriendo terrenos y nada; recién ahora”. Aún así, lo que muestra es más esperanza que rencor. “Todo esto es fruto de la lucha, pero cuánto que se extiende”, suspira Serafina.
Para los vecinos de Lamadrid, a metros del Riachuelo y techados por la AU La Plata, Ciudad compró cinco terrenos. A algunos les ofrecieron créditos hipotecarios para mudarse a Provincia, pero otros vecinos quisieron quedarse en el barrio. Van a remover los escombros de las viviendas de Pedro de Mendoza y Suárez, de vecinos que tomaron créditos y se mudaron lejos del barrio. En su lugar habrá una plaza. “Tenemos derecho a la ley 2240, para que nos relocalicen en zona, es anterior al fallo de la Corte y de la lucha de los compañeros”, explica Osvaldo De Marco, uno de los delegados.
El traslado en algunos casos tampoco fue una solución. “Esta semana me avisaron que mataron otro pibe en el complejo Mugica. En año nuevo también pasó, hay una falta de estado para prevenir estos hechos de violencia”, lamenta Duacastella al habla con este medio.
Familias del Camino de Sirga denuncian que en este predio de General Paz y Castañares hubo muchos hechos de violencia y que la situación no parece mejorar. “Los que se trasladan tienen que convivir con vecinos de otros asentamientos. Tanto es así que tuvimos que lamentar pérdidas humanos en estas cuestiones. Mataron pibes jóvenes, fallecieron en confrontaciones, la convivencia es muy difícil”, cuenta Mario Gómez.
Serafina nos cuenta la charla que mantuvo con una vecina orillera trasladada al predio de Lacarra. “Ella me decía “yo tengo ganas de irme, vender, irme, es un caos, tiros robos”, me decía, es muy terrible, por eso hicimos presión ante el gobierno para no ir a esos predios”.
Duacastella habla además de las dificultades del desarraigo: “En la zona de Barracas y La Boca tienen centros de salud, las escuelas. A los barrios donde los mudan no hay infraestructura para recibir a una población vulnerable, se les hace más difícil”.
Tras el fallo de la Corte, el juez Jorge Rodríguez se entrevistó con vecinos del Camino de Sirga. Al escucharlos decidió que no se realice ninguna relocalización en el barrio Mugica.
Los referentes de los asentamientos hablan con las autoridades porteñas (IVC) a través de mesas bimestrales. En el caso de Lamadrid, la última fue en diciembre, esperan tener la próxima en marzo, cuando coincida con la presentación de ACUMAR. “Esperemos que todo lo malo que vivimos se termine pronto con los nuevos predios, que, después de casi diez años de hacer lo mínimo, no se haga todo de apuro para una especulación inmobiliaria o para la foto”, advierte Osvaldo De Marco, referente de Lamadrid.
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Fecha de Publicación: 24/01/2017
Fuente: Corrientes Hoy
Provincia/Región: Riachuelo
Una sentencia histórica contra el Estado lleva casi una década sin cumplir. Miles de familias aún no fueron trasladadas y están en riesgo sanitario.
La foto se repite. Permanece prácticamente intacta. Plomo en la sangre por la cercanía a uno de los ríos más contaminados del mundo. Parásitos intestinales por el agua turbia. Ratas a las que la gente del lugar bautizó como “perros” impresionados por su gran tamaño. Nacer y vivir a la vera del Riachuelo. Éstas son las historias de miles de familias que esperan algo que va a contramano del calendario: que se haga lo que hace casi diez años pidió la Corte Suprema, que se solucione el drama de vivir y morir sobre la podredumbre del Riachuelo, “una de las causas estructurales más importantes de América Latina”, según el Ministerio Público de la Defensa.
En 2004, hartos del olor, los dolores de cabeza y el miedo cada vez que abrían una canilla para llenar la pava, un grupo de vecinos demandó al Estado por la contaminación del Riachuelo. Se convirtió en la Causa Mendoza (CSJ 1569/2004), un hito tribunalicio donde la Corte Suprema de Justicia condenó el 8 de julio 2008 al Estado nacional, a Provincia y a la Ciudad. Les pidió garantizar la salud de los orilleros, mejorar el ambiente y reducir daños. Ellos contestaron con la creación de la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).
Su plan de cuidado ambiental y humano incluyó liberar las orillas y hacer paseos públicos (hasta 35 metros de Camino de Sirga en ambas márgenes). Desde hacía décadas estaban pobladas por villas y asentamientos precarios. Había (hay) que trasladar, según datos oficiales de hace siete años entre Ciudad y Provincia, a más 17 mil familias de 16 asentamientos.
Desde 2011 se realizaron algunos traslados (apenas 138 familias) pero los que quedaron están en alerta sanitaria. ACUMAR informó en 2013 que el 25% de los niños que viven en las orillas tienen plomo en sangre. El estudio se hizo en la zona de la Villa 21-24, pero “en la 26 hay un montón de casos y no se estudiaron”, reprochó ante El Destape Gustavo Moreno, asesor de menores de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. “Esta demora en hacer la obra pública implica que los chicos se van a seguir contaminando”, agrega. De hecho, hoy sigue vigente la Emergencia Social, Urbanística, Ambiental y Sanitaria de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Ley Nº 5.628).
“La sentencia tiene ocho años, los plazos que la Corte fijó están vencidos y la situación va empeorando porque en el año 2016 no se cumplió con la relocalización”, dice Luis Duacastella Arbizu, Defensor General Adjunto en la CABA. A mediados de 2015 se habían mudado cerca de tres mil familias de Ciudad y Provincia, según el entonces titular de ACUMAR, Julio Torti. Pero los números son engañosos. “La población natural en estos diez años se incrementó un tercio, si no se soluciona ya, no van a hacer nunca las viviendas necesarias”, agrega Duacastella.
"Seguimos acá y eso significa que los hijos de nuestros hijos vienen al mundo con el riesgo de tener plomo en sangre. Son ocho años de incumplimiento. Una generación y que encima no está censada”, dice Teresa, una de las primeras habitantes del asentamiento Lamadrid.
Falta de fondos, cortocircuitos políticos, quiebra de las empresas contratadas para las obras, usurpaciones de las tierras. Muchos fueron los atenuantes en la demora. En noviembre, la Corte Suprema de Justicia convocó a una audiencia pública. Sus conclusiones las volcó en un fallo del 27 de diciembre. Si bien no escuchó a los vecinos de los asentamientos, hizo notar las deficiencias en el proceso de urbanización y traslado, asumido en 2008 con el fallo del a Causa Mendoza. Para ACUMAR representa un tirón de orejas. A más tardar el 1 de marzo deberá informar cuándo y cómo va a trasladas a las familias restantes y garantizar las condiciones sanitarias de los residentes de orilla.
“La presión de la Corte ahora es más fuerte porque se hizo evidente la falta de gestión de la causa”, dice la abogada Ana lanziani, que integra el Equipo de Abordaje Territorial 1 del Ministerio Público de la Defensa (Poder Judicial CABA), que representa a los vecinos en el caso.
El apuro de la Corte se mecha con el nuevo perfil de la administración porteña. A pesar de haber cajoneado años la urbanización de villas, ahora las impulsa con gran velocidad. Otros, como Duacastella o el delegado de Lamadrid consultado por este medio, ven una concordancia con desarrollos inmobiliarios: Lamadrid coincide con el Distrito de las Artes (como el Tecnológico de Patricios, allí no se cobra ingresos brutos a quienes desarrollen una actividad relacionada) en los predios de la Comuna 8 van a lindar con la Villa Olímpica de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018. “Es llamativo que estos barrios tengan impulso cuando están ligados a emprendimientos inmobiliarios”, se muestra escéptico el letrado.
El Destape consultó a ACUMAR cuáles serán los próximos pasos y cómo hará frente a los pedidos del a Corte. “Cambiamos autoridad esta semana. Nadie oficialmente puede dar respuesta. El 23 vamos a tener una relocalización en Villa Jardín en Lanús”, expresaron sus voceros.
“En Provincia la mayoría de las márgenes se relocalizó. En Villa Inflamable, en La Matanza. El grueso queda en Capital”, explica Antolín Magallanes, ex funcionario de ACUMAR (2013-2015). “Es una tarea ciclópea, es muy difícil de resolver porque a veces hubo problemas con las obras que se paraban”, añade y cuestiona: “Ciudad hizo poco y nada de vivienda, las ex autoridades del IVC hoy están en ANSES, ese tipo de funcionarios priorizaron para las jubilaciones”.
La villa 21-24 es la más populosa del proceso. Se compone estimativamente de 1338 familias. En estos años se trasladó a 110 (se pensaban 220) al Complejo Padre Mugica (General Paz y Castañares). Las restantes 840 quedarán en Barracas. Irán a Iguazú 1835 (ex predio Mundo Grúa). Tenían que estar antes de enero de 2013, hoy siguen a la vera del Riachuelo.
“Se tienen que ir 53 familias más en el transcurso de este año pero como están dadas las condiciones es bastante difícil que pase. Este proceso de relocalización de las familias que faltan completar el cupo de las 220 que nos impuso el juez Armella en su momento”, dice Mario Gómez, delegado de la Manzana 29 de la Villa 21-24, afectada por la relocalización.
El otro caso latente es la Villa 26. En los papeles judiciales, desde mediados de 2012 todos sus habitantes están trasladados. Sin embargo, de las 220 familias que lo componen, 108 fueron a Luzuriaga 837. A la vera del Riachuelo Serafina Falagán, presidenta de la Villa, recibe a El Destape. En el comedor que administra están reunidos vecinos para aprender a hacer insecticida casero y combatir así al dengue. Las ratas y cucarachas de alcantarillas que salen de los baños se combaten con escobillonazos y nervios de acero, dice ella. En cuando a la causa, se queja de que “los jueces recién ahora apuran y Ciudad ahora por el fallo se mueve, me pasé años y años pidiendo, sugiriendo terrenos y nada; recién ahora”. Aún así, lo que muestra es más esperanza que rencor. “Todo esto es fruto de la lucha, pero cuánto que se extiende”, suspira Serafina.
Para los vecinos de Lamadrid, a metros del Riachuelo y techados por la AU La Plata, Ciudad compró cinco terrenos. A algunos les ofrecieron créditos hipotecarios para mudarse a Provincia, pero otros vecinos quisieron quedarse en el barrio. Van a remover los escombros de las viviendas de Pedro de Mendoza y Suárez, de vecinos que tomaron créditos y se mudaron lejos del barrio. En su lugar habrá una plaza. “Tenemos derecho a la ley 2240, para que nos relocalicen en zona, es anterior al fallo de la Corte y de la lucha de los compañeros”, explica Osvaldo De Marco, uno de los delegados.
El traslado en algunos casos tampoco fue una solución. “Esta semana me avisaron que mataron otro pibe en el complejo Mugica. En año nuevo también pasó, hay una falta de estado para prevenir estos hechos de violencia”, lamenta Duacastella al habla con este medio.
Familias del Camino de Sirga denuncian que en este predio de General Paz y Castañares hubo muchos hechos de violencia y que la situación no parece mejorar. “Los que se trasladan tienen que convivir con vecinos de otros asentamientos. Tanto es así que tuvimos que lamentar pérdidas humanos en estas cuestiones. Mataron pibes jóvenes, fallecieron en confrontaciones, la convivencia es muy difícil”, cuenta Mario Gómez.
Serafina nos cuenta la charla que mantuvo con una vecina orillera trasladada al predio de Lacarra. “Ella me decía “yo tengo ganas de irme, vender, irme, es un caos, tiros robos”, me decía, es muy terrible, por eso hicimos presión ante el gobierno para no ir a esos predios”.
Duacastella habla además de las dificultades del desarraigo: “En la zona de Barracas y La Boca tienen centros de salud, las escuelas. A los barrios donde los mudan no hay infraestructura para recibir a una población vulnerable, se les hace más difícil”.
Tras el fallo de la Corte, el juez Jorge Rodríguez se entrevistó con vecinos del Camino de Sirga. Al escucharlos decidió que no se realice ninguna relocalización en el barrio Mugica.
Los referentes de los asentamientos hablan con las autoridades porteñas (IVC) a través de mesas bimestrales. En el caso de Lamadrid, la última fue en diciembre, esperan tener la próxima en marzo, cuando coincida con la presentación de ACUMAR. “Esperemos que todo lo malo que vivimos se termine pronto con los nuevos predios, que, después de casi diez años de hacer lo mínimo, no se haga todo de apuro para una especulación inmobiliaria o para la foto”, advierte Osvaldo De Marco, referente de Lamadrid.
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Extienden habilitación a productora de dióxido de uranio
Dioxitek y una polémica extendida
Fecha de Publicación: 16/01/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Sean bienvenidas las obras, pero se abre un manto de sospecha sobre un intercambio de favores para que la planta siga en funciones dos años más.
Los vecinos de Alta Córdoba se despertaron el pasado miércoles con la noticia poco alentadora de que en el corazón de esa populosa barriada, y durante dos años más, continuará operando la empresa productora de dióxido de uranio, Dioxitek.
En efecto, en virtud de un convenio refrendado por la Municipalidad de Córdoba, la firma estatal nacional y la Justicia Federal, se levantó la clausura que pesaba desde 2014 sobre esa planta, dedicada a la producción del insumo que se utiliza en la elaboración de elementos combustibles para las centrales nucleares de la Argentina.
El entendimiento no sólo significa un duro revés a los reclamos de esos vecinos para que las instalaciones sean erradicadas definitivamente del barrio, sino que pone al desnudo la vieja manía de las autoridades de prorrogar decisiones donde se requieren soluciones urgentes y de fondo que atiendan las exigencias de los ciudadanos.
Una larga historia de polémicas y promesas fallidas jalonó el derrotero de esta empresa, cuyas acciones pertenecen en un 99 por ciento a la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea). Pero la decisión ahora vigorizada por las tres partes mencionadas ahonda los interrogantes.
Si la planta fue cerrada de “manera definitiva” en noviembre de 2014 por la Municipalidad, atento a que violaba la ordenanza que prohíbe la radicación de este tipo de industrias en zonas urbanas, ¿qué cambió para dar curso ahora a una nueva habilitación?
¿Se han atendido en este marco de entendimiento los reclamos para preservar la salud de la población y el medio ambiente que elevaban los vecinos ya en 2006? Tampoco está dirimida una de las controversias centrales, como es el retiro y mudanza de unas 58 mil toneladas de residuos de radiación baja enterrados en un predio contiguo a la industria.
Ahora la Cnea retoma la agenda de promesas difusas en relación a nuevos plazos, estudios de factibilidad y recursos económicos destinados a la relocalización de Dioxitek en la provincia de Formosa.
Tampoco se entiende la contraprestación o condiciones contempladas en el acuerdo, cuyo “garante” es el juez federal Miguel Vaca Narvaja.
Se trata del compromiso asumido por la Cnea de proveer 400 luminarias solares para instalar en plazas; o el inicio de gestiones para que la Nación done al municipio el terreno ubicado frente a lo que fue la Cervecería Río Segundo, en la zona oeste del límite con Alta Córdoba, con fines de emplazar un parque.
Sean bienvenidas las obras, pero se abre un manto de sospecha sobre un intercambio de favores para que la planta siga en funciones dos años más, con la posibilidad de prórroga. Demasiado para un vecindario afligido.
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Fecha de Publicación: 16/01/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Sean bienvenidas las obras, pero se abre un manto de sospecha sobre un intercambio de favores para que la planta siga en funciones dos años más.
Los vecinos de Alta Córdoba se despertaron el pasado miércoles con la noticia poco alentadora de que en el corazón de esa populosa barriada, y durante dos años más, continuará operando la empresa productora de dióxido de uranio, Dioxitek.
En efecto, en virtud de un convenio refrendado por la Municipalidad de Córdoba, la firma estatal nacional y la Justicia Federal, se levantó la clausura que pesaba desde 2014 sobre esa planta, dedicada a la producción del insumo que se utiliza en la elaboración de elementos combustibles para las centrales nucleares de la Argentina.
El entendimiento no sólo significa un duro revés a los reclamos de esos vecinos para que las instalaciones sean erradicadas definitivamente del barrio, sino que pone al desnudo la vieja manía de las autoridades de prorrogar decisiones donde se requieren soluciones urgentes y de fondo que atiendan las exigencias de los ciudadanos.
Una larga historia de polémicas y promesas fallidas jalonó el derrotero de esta empresa, cuyas acciones pertenecen en un 99 por ciento a la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea). Pero la decisión ahora vigorizada por las tres partes mencionadas ahonda los interrogantes.
Si la planta fue cerrada de “manera definitiva” en noviembre de 2014 por la Municipalidad, atento a que violaba la ordenanza que prohíbe la radicación de este tipo de industrias en zonas urbanas, ¿qué cambió para dar curso ahora a una nueva habilitación?
¿Se han atendido en este marco de entendimiento los reclamos para preservar la salud de la población y el medio ambiente que elevaban los vecinos ya en 2006? Tampoco está dirimida una de las controversias centrales, como es el retiro y mudanza de unas 58 mil toneladas de residuos de radiación baja enterrados en un predio contiguo a la industria.
Ahora la Cnea retoma la agenda de promesas difusas en relación a nuevos plazos, estudios de factibilidad y recursos económicos destinados a la relocalización de Dioxitek en la provincia de Formosa.
Tampoco se entiende la contraprestación o condiciones contempladas en el acuerdo, cuyo “garante” es el juez federal Miguel Vaca Narvaja.
Se trata del compromiso asumido por la Cnea de proveer 400 luminarias solares para instalar en plazas; o el inicio de gestiones para que la Nación done al municipio el terreno ubicado frente a lo que fue la Cervecería Río Segundo, en la zona oeste del límite con Alta Córdoba, con fines de emplazar un parque.
Sean bienvenidas las obras, pero se abre un manto de sospecha sobre un intercambio de favores para que la planta siga en funciones dos años más, con la posibilidad de prórroga. Demasiado para un vecindario afligido.
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Presentan amparo contra el loteo de El Bolsón
Amparo ambiental para frenar el loteo de El Bolsón
Fecha de Publicación: 13/01/2017
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
La Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra lo presentó en la Cámara Civil de Bariloche junto a 5.000 firmas. Piden que se suspenda y declare inconstitucional la ordenanza que autorizó el loteo.
La Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra con el respaldo de 5.000 firmas, presentó hoy ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bariloche un amparo ambiental para frenar el loteo en la Pampa de Ludden, en El Bolsón.
Con el amparo, los ambientalistas pidieron como medida cautelar que se suspenda la ordenanza que aprobó el 17 de diciembre pasado el loteo de 300 hectáreas y que se declare la inconstitucionalidad de esa medida por considerar que viola leyes ambientales, la Carta Orgánica municipal y la Constitución Provincial.
Los referentes de la asamblea de El Bolsón se presentaron esta mañana junto al abogado Jorge Olguín quien explicó que el planteo de fondo es la inconstitucionalidad de la ordenanza que impulsó el intendente Bruno Pogliano y aprobó el Concejo Deliberante por la cual autorizan a la firma Laderas S.A a realizar el loteo y un desarrollo inmobiliario en la base del cerro Perito Moreno.
La presentación se realiza a dos días de la marcha multitudinaria en El Bolsón y luego de tres semanas de acampe en rechazo al proyecto que llevan adelante referentes de distintas organizaciones encabezados por la Asamblea en Defensa del Agua.
“La zona que se pretende lotear es una reserva natural y con la autorización del loteo se viola el derecho ambiental, se viola la ley general de ambiente, la ley de bosques, la Constitución y la Carta Orgánica”, detalló Olguín a la prensa minutos antes de la presentación.
El abogado recordó que existe un fallo del Superior Tribunal de Justicia de no innovar en el loteo de la zona respecto a un proyecto anterior que pretendía explotar más de 1000 lotes en la Pampa de Ludden.
Para la asamblea y el abogado, ese fallo sigue vigente porque se trata de la misma zona afectada. Sin embargo, el intendente Pogliano defiende que no tiene vigencia porque el proyecto se modificó.
En la presentación judicial, se menciona la carta enviada la semana pasada por la ambientalista Greenpeace que detalla que la zona que se pretende lotear está dentro de la Reserva de Biósfera Andino Norpatagónica de la Unesco, también forma parte del Área Natural Protegida Río Azul-Lago Escondido y de la Reserva Natural Cumbreras de Mallín Ahogado contemplada en el Código Ambiental de El Bolsón.
En el ámbito judicial también se debe definir una denuncia penal presentada por el intendente Pogliano por el uso indebido del espacio público con el acampe que se mantiene en la plazoleta San Martín.
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Fecha de Publicación: 13/01/2017
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
La Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra lo presentó en la Cámara Civil de Bariloche junto a 5.000 firmas. Piden que se suspenda y declare inconstitucional la ordenanza que autorizó el loteo.
La Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra con el respaldo de 5.000 firmas, presentó hoy ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bariloche un amparo ambiental para frenar el loteo en la Pampa de Ludden, en El Bolsón.
Con el amparo, los ambientalistas pidieron como medida cautelar que se suspenda la ordenanza que aprobó el 17 de diciembre pasado el loteo de 300 hectáreas y que se declare la inconstitucionalidad de esa medida por considerar que viola leyes ambientales, la Carta Orgánica municipal y la Constitución Provincial.
Los referentes de la asamblea de El Bolsón se presentaron esta mañana junto al abogado Jorge Olguín quien explicó que el planteo de fondo es la inconstitucionalidad de la ordenanza que impulsó el intendente Bruno Pogliano y aprobó el Concejo Deliberante por la cual autorizan a la firma Laderas S.A a realizar el loteo y un desarrollo inmobiliario en la base del cerro Perito Moreno.
La presentación se realiza a dos días de la marcha multitudinaria en El Bolsón y luego de tres semanas de acampe en rechazo al proyecto que llevan adelante referentes de distintas organizaciones encabezados por la Asamblea en Defensa del Agua.
“La zona que se pretende lotear es una reserva natural y con la autorización del loteo se viola el derecho ambiental, se viola la ley general de ambiente, la ley de bosques, la Constitución y la Carta Orgánica”, detalló Olguín a la prensa minutos antes de la presentación.
El abogado recordó que existe un fallo del Superior Tribunal de Justicia de no innovar en el loteo de la zona respecto a un proyecto anterior que pretendía explotar más de 1000 lotes en la Pampa de Ludden.
Para la asamblea y el abogado, ese fallo sigue vigente porque se trata de la misma zona afectada. Sin embargo, el intendente Pogliano defiende que no tiene vigencia porque el proyecto se modificó.
En la presentación judicial, se menciona la carta enviada la semana pasada por la ambientalista Greenpeace que detalla que la zona que se pretende lotear está dentro de la Reserva de Biósfera Andino Norpatagónica de la Unesco, también forma parte del Área Natural Protegida Río Azul-Lago Escondido y de la Reserva Natural Cumbreras de Mallín Ahogado contemplada en el Código Ambiental de El Bolsón.
En el ámbito judicial también se debe definir una denuncia penal presentada por el intendente Pogliano por el uso indebido del espacio público con el acampe que se mantiene en la plazoleta San Martín.
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Piden a Weretilneck no aprobar proyecto urbanístico
Greenpeace solicitó a Weretilneck que no autorice el proyecto del cerro Perito Moreno
Fecha de Publicación: 06/01/2017
Fuente: El Cordillerano
Provincia/Región: Río Negro
A través de una carta dirigida al gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck, Greenpeace solicitó que no autorice el avance del proyecto de desarrollo urbanístico sobre la ladera del cerro Perito Moreno.
La organización ecologista manifestó su preocupación ya que la obra implica un impacto significativo sobre una extensa superficie de bosques nativos con valiosa biodiversidad e importantes cuencas hídricas, además de contar con gran oposición de parte de la población e instituciones de El Bolsón y Mallín Ahogado.
Asimismo, la carta, firmada por el coordinador de la campaña de Bosques, Hernán Giardini, advierte que “la zona donde se pretende emplazar el desarrollo urbano se encuentra dentro de una Reserva de Biósfera de la UNESCO; es lindera a un área protegida provincial; forma parte de una reserva natural municipal; y posee cuencas hídricas relevantes, resulta evidente que la misma debió ser zonificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia como un área de alto o mediano valor de conservación”.
También se destacó en el mismo documento que el proyecto se encuentra emplazado en la denominada Pampa de Ludden, ubicada al pie del cerro Perito Moreno, denominada Reserva Natural Cumbreras de Mallín Ahogado. En este lugar, según el artículo 98 de la normativa municipal, se prohíben los asentamientos humanos y la construcción de viviendas, así como cualquier alteración que afecte el funcionamiento de la Reserva Natural y los sistemas ambientales que contiene. (Fuente: Prensa Greenpeace)
La carta textual
De nuestra consideración: Por medio de la presente queremos manifestarle, como oportunamente lo hiciéramos en mayo de 2013, nuestra profunda preocupación frente al avance de un proyecto de desarrollo urbanístico sobre la ladera del cerro Perito Moreno.
Como usted sabe, el mismo es rechazado por gran parte de la población y varias instituciones de El Bolsón y Mallín Ahogado, ya que implicará un impacto significativo por cambio de uso de suelo (desmonte) en una zona de valiosa biodiversidad.
Cabe señalar que el proyecto se encuentra dentro de la Reserva de Biósfera Andino Norpatagónica de la UNESCO, solicitada por los gobiernos de Río Negro y Chubut, la Administración de Parque Nacionales y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Dicha área posee “importantes valores ecológicos en términos de representatividad, funcionalidad ecosistémica y exclusividad. En términos de biodiversidad, la zona propuesta cuenta con una significativa riqueza genética ya que, aunque posee un número moderado de especies animales y vegetales, gran parte de ellas son endémicas, únicas y exclusivas de esta región”.
Asimismo, la conservación de los sistemas naturales a escala regional aseguraría el mantenimiento a futuro de un importante número de funciones y procesos claves en la reproducción de bienes y servicios.
Por otra parte, la zona de implementación del proyecto es lindante con el Área Natural Protegida Río Azul Lago Escondido, creada por las leyes provinciales 2.833 y 3.267, que abarca aproximadamente 60.000 hectáreas y según dichas normativas “es toda una zona de alta montaña que se inicia desde la cota 250 hasta la cota 2.400 con grandes cañadones por donde bajan los arroyos, con vegetación de distintas características, cañaverales, lengales, cipresales, como también ventisqueros y hielos eternos que imposibilitan la colocación de hitos limítrofes.
La existencia de fauna y flora diversa (pumas, jabalíes, cérvidos y otros) hace la necesidad de protegerlo. La creación de la misma tiene como objetivo proteger una zona silvestre representativa de la eco-región y por sus funciones como Corredor Biológico entre el Parque Nacional Lanín y el Parque Nacional Los Alerces.
También es importante destacar que parte del proyecto se encuentra emplazado en la denominada Pampa de Ludden (ubicada al pie del cerro Perito Moreno), que fue declarada por el Código Ambiental de El Bolsón (Ordenanza 261/03) como Reserva Natural Cumbreras de Mallín Ahogado, “a los efectos de proteger los valores naturales presentes en la misma, asegurar y conservar la provisión de agua a Mallín Ahogado y facilitar la realización de actividades productivas, recreativas y educativas controladas”. En ese sentido, el artículo 98 de la normativa municipal prohíbe en las áreas de Reserva Natural “los asentamientos humanos y la construcción de viviendas, a excepción de los necesarios para el funcionamiento de la Reserva” y “toda alteración que pueda afectar el funcionamiento del sitio y de los sistemas ambientales que contiene”.
Finalmente queremos advertir que, teniendo en cuenta que la zona donde se pretende emplazar el proyecto se encuentra dentro de una Reserva de Biósfera de la UNESCO; es lindera a un área protegida provincial; forma parte de una reserva natural municipal; y posee cuencas hídricas relevantes; resulta evidente que la misma debió ser zonificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia como un área de alto o mediano valor de conservación.
En función de todo de lo anterior; del impacto significativo que tendrá sobre una extensa superficie de bosques nativos con valiosa biodiversidad e importantes cuencas hídricas; y de la oposición de gran parte de la población; solicitamos al gobierno de Río Negro que no autorice su realización.
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Fecha de Publicación: 06/01/2017
Fuente: El Cordillerano
Provincia/Región: Río Negro
A través de una carta dirigida al gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck, Greenpeace solicitó que no autorice el avance del proyecto de desarrollo urbanístico sobre la ladera del cerro Perito Moreno.
La organización ecologista manifestó su preocupación ya que la obra implica un impacto significativo sobre una extensa superficie de bosques nativos con valiosa biodiversidad e importantes cuencas hídricas, además de contar con gran oposición de parte de la población e instituciones de El Bolsón y Mallín Ahogado.
Asimismo, la carta, firmada por el coordinador de la campaña de Bosques, Hernán Giardini, advierte que “la zona donde se pretende emplazar el desarrollo urbano se encuentra dentro de una Reserva de Biósfera de la UNESCO; es lindera a un área protegida provincial; forma parte de una reserva natural municipal; y posee cuencas hídricas relevantes, resulta evidente que la misma debió ser zonificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia como un área de alto o mediano valor de conservación”.
También se destacó en el mismo documento que el proyecto se encuentra emplazado en la denominada Pampa de Ludden, ubicada al pie del cerro Perito Moreno, denominada Reserva Natural Cumbreras de Mallín Ahogado. En este lugar, según el artículo 98 de la normativa municipal, se prohíben los asentamientos humanos y la construcción de viviendas, así como cualquier alteración que afecte el funcionamiento de la Reserva Natural y los sistemas ambientales que contiene. (Fuente: Prensa Greenpeace)
La carta textual
De nuestra consideración: Por medio de la presente queremos manifestarle, como oportunamente lo hiciéramos en mayo de 2013, nuestra profunda preocupación frente al avance de un proyecto de desarrollo urbanístico sobre la ladera del cerro Perito Moreno.
Como usted sabe, el mismo es rechazado por gran parte de la población y varias instituciones de El Bolsón y Mallín Ahogado, ya que implicará un impacto significativo por cambio de uso de suelo (desmonte) en una zona de valiosa biodiversidad.
Cabe señalar que el proyecto se encuentra dentro de la Reserva de Biósfera Andino Norpatagónica de la UNESCO, solicitada por los gobiernos de Río Negro y Chubut, la Administración de Parque Nacionales y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Dicha área posee “importantes valores ecológicos en términos de representatividad, funcionalidad ecosistémica y exclusividad. En términos de biodiversidad, la zona propuesta cuenta con una significativa riqueza genética ya que, aunque posee un número moderado de especies animales y vegetales, gran parte de ellas son endémicas, únicas y exclusivas de esta región”.
Asimismo, la conservación de los sistemas naturales a escala regional aseguraría el mantenimiento a futuro de un importante número de funciones y procesos claves en la reproducción de bienes y servicios.
Por otra parte, la zona de implementación del proyecto es lindante con el Área Natural Protegida Río Azul Lago Escondido, creada por las leyes provinciales 2.833 y 3.267, que abarca aproximadamente 60.000 hectáreas y según dichas normativas “es toda una zona de alta montaña que se inicia desde la cota 250 hasta la cota 2.400 con grandes cañadones por donde bajan los arroyos, con vegetación de distintas características, cañaverales, lengales, cipresales, como también ventisqueros y hielos eternos que imposibilitan la colocación de hitos limítrofes.
La existencia de fauna y flora diversa (pumas, jabalíes, cérvidos y otros) hace la necesidad de protegerlo. La creación de la misma tiene como objetivo proteger una zona silvestre representativa de la eco-región y por sus funciones como Corredor Biológico entre el Parque Nacional Lanín y el Parque Nacional Los Alerces.
También es importante destacar que parte del proyecto se encuentra emplazado en la denominada Pampa de Ludden (ubicada al pie del cerro Perito Moreno), que fue declarada por el Código Ambiental de El Bolsón (Ordenanza 261/03) como Reserva Natural Cumbreras de Mallín Ahogado, “a los efectos de proteger los valores naturales presentes en la misma, asegurar y conservar la provisión de agua a Mallín Ahogado y facilitar la realización de actividades productivas, recreativas y educativas controladas”. En ese sentido, el artículo 98 de la normativa municipal prohíbe en las áreas de Reserva Natural “los asentamientos humanos y la construcción de viviendas, a excepción de los necesarios para el funcionamiento de la Reserva” y “toda alteración que pueda afectar el funcionamiento del sitio y de los sistemas ambientales que contiene”.
Finalmente queremos advertir que, teniendo en cuenta que la zona donde se pretende emplazar el proyecto se encuentra dentro de una Reserva de Biósfera de la UNESCO; es lindera a un área protegida provincial; forma parte de una reserva natural municipal; y posee cuencas hídricas relevantes; resulta evidente que la misma debió ser zonificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia como un área de alto o mediano valor de conservación.
En función de todo de lo anterior; del impacto significativo que tendrá sobre una extensa superficie de bosques nativos con valiosa biodiversidad e importantes cuencas hídricas; y de la oposición de gran parte de la población; solicitamos al gobierno de Río Negro que no autorice su realización.
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San Luis protege a su población de los agroquímicos
San Luis aplicará un área de exclusión de agroquímicos de 1500 metros
Fecha de Publicación: 26/12/2016
Fuente: Revista Chacra
Provincia/Región: San Luis
Entre las sanciones determinadas por incumplimiento figuran multas por un monto de entre 10% a 50% del valor fiscal del inmueble en el que se haya cometido la infracción
Decenas de miles de hectáreas productivas puntanas estarán enmarcadas en la "Ley de Distancias Mínimas para aplicación de Glifosato, Herbicidas Equiparables y/o Agroquímicos en todo Tipo de Cultivos Productivos".
El proyecto elaborado por el gobernador Alberto Rodríguez Saá y validado por el ministro de Medio Ambiente, Campo y Producción de San Luis, Cristian Moleker, ya arranca mal desde el título: bastaba con poner solamente "agroquímicos" sin mencionar ningún a producto en particular y menos aún a un concepto tan difuso como "herbicidas equiparables".
La "Ley de Distancias Mínimas", sancionada el pasado 30 de noviembre por la Cámara de Diputados puntana, establece la prohibición de aplicar agroquímicos "en zonas ubicadas a una distancia menor de 1500 metros del límite de los centros urbanos o desde la última línea de edificación de centros poblados o espacios públicos definidos por los municipios". También determina una zona exclusión de 300 metros "de toda casa o recinto habitado y ubicado en áreas rurales".
Entre las sanciones determinadas por incumplimiento figuran multas por un monto de entre 10% a 50% "del valor fiscal del inmueble en el que se haya cometido la infracción", incautación definitiva de vehículos utilizados e inhabilitación para "gestionar trámites administrativos a los fines de transportar y/o vender el producto cosechado en el inmueble en el que se haya cometido la infracción sin que ello afecte la exigibilidad del cumplimiento de obligaciones fiscales". También se indica que "las sanciones "podrán aplicarse en forma simultánea".
Es decir, las sanciones podrían estar orientadas a obligar a los productores agrícolas o propietarios -en el caso de campos arrendados- a desprenderse de tierra productiva a precios muy inferiores a los de mercado.
La norma -que entrará en vigencia efectiva cuando sea reglamentada por el Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción- también dispone que "toda persona que resultare afectada directa o indirectamente" por las aplicaciones de fitosanitarios no contempladas en la nueva norma "será considerada particular damnificado" pudiendo reclamar el 5% del total de la multa aplicada.
Alberto Rodríguez Saá -que tiene el control político del Poder Legislativo puntano- se ocupó de promover el proyecto con tanta rapidez como sigilo, de manera tal que, cuando los integrantes del sector agropecuario provincial se enteraron del mismo, ya estaba todo cocinado.
El proyecto oficial ingresó al Senado puntano el 11 de noviembre para obtener despacho favorable de la Comisión de Salud, Trabajo y Seguridad Social el 15 de noviembre (insólitamente no intervino la Comisión de Recursos Naturales, Agricultura y Ganadería). Fue aprobado por el Senado sobre tablas el 29 de noviembre y logró ser sancionado por la Cámara de Diputados el 30 de noviembre.
El debate realizado en el Senado antes de sancionar el proyecto fue extremadamente breve. La senadora Amelia Mabel Reyes defendió la iniciativa al considerar que contribuirá a "revertir el proceso de desertificación y desforestación que existe en el territorio provincial y en todo el territorio nacional producido por el modelo agrícola imperante en el cual la utilización de la soja, manipulada genéticamente, adquiere total relevancia".
Reyes además aseguró que los herbicidas "impiden el crecimiento de plantaciones distintas de los transgénicos, que podrían absorber el agua en ausencia de los árboles de bosques nativos a los que se taló". También afirmó que "la expansión del monocultivo de soja implica un corrimiento de las fronteras agrícolas tradicionales, siendo al mismo tiempo causa y efecto de ello, lo cual genera que se incremente el desmonte de bosques nativos, logrando así la degradación de los suelos y provocando desequilibrios en el sistema de absorción de agua, entre otras consecuencias".
Siete de los ocho senadores presentes votaron a favor del proyecto de Rodríguez Saa. Solamente se opuso la senadora Dominga Estela Torres, quien recordó a los presentes que el libre uso de su tierra "es el único recurso que tienen los productores para poder pagar sus deudas y sus gastos".
El martes integrantes de diferentes asociaciones agropecuarias puntanas y regionales se manifestaron frente a la sede de la gobernación de San Luis para solicitar que se revea la norma. La semana pasada el colegio local de agrónomos (Ciapa) había presentado una queja formal porque para la confección del proyecto no fue convocada la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal (integrada por INTA, Senasa, Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, asociaciones rurales y Ciafa).
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Fecha de Publicación: 26/12/2016
Fuente: Revista Chacra
Provincia/Región: San Luis
Entre las sanciones determinadas por incumplimiento figuran multas por un monto de entre 10% a 50% del valor fiscal del inmueble en el que se haya cometido la infracción
Decenas de miles de hectáreas productivas puntanas estarán enmarcadas en la "Ley de Distancias Mínimas para aplicación de Glifosato, Herbicidas Equiparables y/o Agroquímicos en todo Tipo de Cultivos Productivos".
El proyecto elaborado por el gobernador Alberto Rodríguez Saá y validado por el ministro de Medio Ambiente, Campo y Producción de San Luis, Cristian Moleker, ya arranca mal desde el título: bastaba con poner solamente "agroquímicos" sin mencionar ningún a producto en particular y menos aún a un concepto tan difuso como "herbicidas equiparables".
La "Ley de Distancias Mínimas", sancionada el pasado 30 de noviembre por la Cámara de Diputados puntana, establece la prohibición de aplicar agroquímicos "en zonas ubicadas a una distancia menor de 1500 metros del límite de los centros urbanos o desde la última línea de edificación de centros poblados o espacios públicos definidos por los municipios". También determina una zona exclusión de 300 metros "de toda casa o recinto habitado y ubicado en áreas rurales".
Entre las sanciones determinadas por incumplimiento figuran multas por un monto de entre 10% a 50% "del valor fiscal del inmueble en el que se haya cometido la infracción", incautación definitiva de vehículos utilizados e inhabilitación para "gestionar trámites administrativos a los fines de transportar y/o vender el producto cosechado en el inmueble en el que se haya cometido la infracción sin que ello afecte la exigibilidad del cumplimiento de obligaciones fiscales". También se indica que "las sanciones "podrán aplicarse en forma simultánea".
Es decir, las sanciones podrían estar orientadas a obligar a los productores agrícolas o propietarios -en el caso de campos arrendados- a desprenderse de tierra productiva a precios muy inferiores a los de mercado.
La norma -que entrará en vigencia efectiva cuando sea reglamentada por el Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción- también dispone que "toda persona que resultare afectada directa o indirectamente" por las aplicaciones de fitosanitarios no contempladas en la nueva norma "será considerada particular damnificado" pudiendo reclamar el 5% del total de la multa aplicada.
Alberto Rodríguez Saá -que tiene el control político del Poder Legislativo puntano- se ocupó de promover el proyecto con tanta rapidez como sigilo, de manera tal que, cuando los integrantes del sector agropecuario provincial se enteraron del mismo, ya estaba todo cocinado.
El proyecto oficial ingresó al Senado puntano el 11 de noviembre para obtener despacho favorable de la Comisión de Salud, Trabajo y Seguridad Social el 15 de noviembre (insólitamente no intervino la Comisión de Recursos Naturales, Agricultura y Ganadería). Fue aprobado por el Senado sobre tablas el 29 de noviembre y logró ser sancionado por la Cámara de Diputados el 30 de noviembre.
El debate realizado en el Senado antes de sancionar el proyecto fue extremadamente breve. La senadora Amelia Mabel Reyes defendió la iniciativa al considerar que contribuirá a "revertir el proceso de desertificación y desforestación que existe en el territorio provincial y en todo el territorio nacional producido por el modelo agrícola imperante en el cual la utilización de la soja, manipulada genéticamente, adquiere total relevancia".
Reyes además aseguró que los herbicidas "impiden el crecimiento de plantaciones distintas de los transgénicos, que podrían absorber el agua en ausencia de los árboles de bosques nativos a los que se taló". También afirmó que "la expansión del monocultivo de soja implica un corrimiento de las fronteras agrícolas tradicionales, siendo al mismo tiempo causa y efecto de ello, lo cual genera que se incremente el desmonte de bosques nativos, logrando así la degradación de los suelos y provocando desequilibrios en el sistema de absorción de agua, entre otras consecuencias".
Siete de los ocho senadores presentes votaron a favor del proyecto de Rodríguez Saa. Solamente se opuso la senadora Dominga Estela Torres, quien recordó a los presentes que el libre uso de su tierra "es el único recurso que tienen los productores para poder pagar sus deudas y sus gastos".
El martes integrantes de diferentes asociaciones agropecuarias puntanas y regionales se manifestaron frente a la sede de la gobernación de San Luis para solicitar que se revea la norma. La semana pasada el colegio local de agrónomos (Ciapa) había presentado una queja formal porque para la confección del proyecto no fue convocada la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal (integrada por INTA, Senasa, Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, asociaciones rurales y Ciafa).
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Problemas urbanísticos en olvidada zona de Lanús Oeste
Un plumazo para hacer borrón y cuenta nueva, pero no casas
Fecha de Publicación: 15/12/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Riachuelo
El proyecto de Villa Jardín, ordenado por la Justicia, quedaría a medio hacer porque Néstor Grindetti quiere construir un Polo Educativo, aunque en la zona hay 30 escuelas. La construcción de la Villa Olímpica agravaría la situación.
Villa Jardín, en Lanús Oeste, es un barrio pobre y contaminado, a orillas del Riachuelo. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia, en el año 2006, en la causa “Mendoza, Beatriz y otros” contra el Estado Nacional, el Bonaerense, el Gobierno de la Ciudad, 44 empresas y 14 municipios, abrió la puerta para el incumplido saneamiento del Riachuelo o, cuanto menos, para la construcción de viviendas dignas para las familias que viven en las cercanías de ese curso de agua. La primera etapa del plan habitacional, ya cumplida, cuenta con un total de 174 casas, mientras que la segunda y la tercera –proyectadas en vías de realización– iban a totalizar otros 529 nuevos hogares que servirían para paliar las necesidades de algunas de las más de mil familias. El sueño de los vecinos está por frustrarse porque el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, cambió de un plumazo todos los planes y en vez de viviendas, propicia por decreto la creación de un Polo Educativo –en una zona donde hay 30 escuelas de los distintos niveles– y una Casa del Futuro, que ni siquiera contempla el presente de los habitantes de la zona. El problema se agrava porque al hacinamiento actual se le sumarían las complicaciones, de tránsito y efluentes cloacales, derivados de construcciones proyectadas en la Ciudad de Buenos Aires con vistas a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, en la zona de Parque Roca, del otro lado del Riachuelo (ver nota aparte).
Mendoza fue una megacausa por la que se reclamó una indemnización de 3.500 millones de dólares por la contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Ese objetivo es virtualmente imposible de lograr, como quedó demostrado en la audiencia realizada el mes pasado en la Corte Suprema, donde quedaron al desnudo las falencias del Acumar (Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo), cuyo titular es hoy el rabino Sergio Bergman, ministro de Ambiente del gobierno de Mauricio Macri.
A pesar de esa realidad, en Villa Jardín se había avanzado con la construcción de viviendas en el predio de 16 hectáreas de la ex Fábrica Militar. Esto significó un primer avance contra el hacinamiento y la contaminación, que se combina con la Planta de Tratamiento de Efluentes Lanús, que beneficiará a unos 9 mil vecinos del partido que carecen de cloacas, y que fue puesta en marcha el 7 de octubre de 2015, en un acto del que participó, por teleconferencia, la ex presidenta Cristina Kirchner. Se trata de la misma planta que fue “inaugurada”, por segunda vez en poco más de un año, en un acto a pura sonrisa realizado el 14 de noviembre pasado con la participación del presidente Macri y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.
“Hay una deuda histórica con el barrio de Villa Jardín que tiene que ver con el Plan de Viviendas. En estos años, a través de la causa Mendoza, se iniciaron algunas obras en la zona de la ex Fábrica Militar, en diferentes etapas”, explican a PáginaI12 Marisa Barromeres, secretaria general de la seccional Lanús de SUTEBA, y Sergio González, del Foro Hídrico de Lanús. La primera etapa significó la construcción de 174 viviendas para la gente que vivía en la orilla del Riachuelo. “Esas viviendas están terminadas, pero falta la conexión de los servicios, incluyendo las cloacas, y también faltan las etapas dos y tres, previstas para construir, por lo menos, otras 529 viviendas”.
Esas obras ya estaban proyectadas y presupuestadas, pero a partir del censo de 2010 se determinó que era necesaria la construcción de viviendas para un total de 1.300 familias. “Eso llevó a replantear el proyecto para extenderlo primero a unas 990 viviendas y en una etapa posterior completar las 1.300 que eran necesarias” para cubrir el déficit habitacional. Como no había espacio físico suficiente dentro de lo que era la Fábrica Militar, se había pensado en dar subsidios y ayuda a las familias que faltaban para que pudieran mejorar las casas ya existentes.
Todo el proyecto va camino a derrumbarse desde la asunción, en diciembre pasado, del intendente de Lanús, Néstor Grindetti, de Cambiemos, quien se presentó ante la Corte Suprema de Justicia para informar que en el lugar que había sido asignado para la construcción de viviendas se van a levantar un Polo Educativo y la Casa del Futuro, iniciativas que fueron impulsadas por decreto, sin pasar por el Concejo Deliberante. De esa manera, de un plumazo, se dejó de lado un proyecto de vivienda y urbanización del Barrio Jardín que viene demorado varias décadas y que debía cumplirse en etapas sucesivas hasta satisfacer las necesidades habitacionales de todos los vecinos.
Las obras proyectadas ahora por el intendente de Cambiemos incluyen la modificación de la traza del puente de Sadop, sobre el Riachuelo, que unirá la Capital Federal con Villa Caraza, partido de Lanús. Esta construcción es un viejo anhelo de los bonaerenses, pero el proyecto oficial de esa obra relega una vez más la urbanización de Villa Jardín. “Parece contradictorio que el Suteba se oponga a la construcción de un Polo Educativo, pero lo hacemos porque en Villa Jardín, a una cuadra del lugar donde harán la construcción, hay una escuela primaria con jornada completa, hay un jardín de infantes, hay una escuela secundaria con jornada extendida básica, a tres cuadras hay otra escuela secundaria, a cuatro cuadras hay otra escuela primaria”, dijo Barromeres. En el área existen cerca de 30 establecimientos escolares de los distintos niveles.
En una reunión con él, pidieron al intendente Grindetti “que mejore esas escuelas que ya existen y que en lugar de construir un Polo Educativo, nuevas escuelas para captar a los mismos chicos que ya tienen sus escuelas, que construya espacios que fueron históricamente pedidos como un Polideportivo, un Centro Cultural para trabajar con los pibes para que no estén en la calle”.
Los entrevistados señalaron que la nueva traza del puente Sadop, sobre el Riachuelo, que conectará con la Capital Federal a través de la avenida 25 de Mayo, significará “la irrupción diaria de unos 50 o 60 mil vehículos, en una zona que no cuenta con la infraestructura necesaria como para absorber semejante caudal” de tránsito. Del mismo modo, la construcción de la Villa Olímpica, en la zona del Parque Roca, en la ciudad de Buenos Aires, significará también un nuevo impacto ambiental sobre Lanús, porque los efluentes cloacales de esas construcciones van a ser derivados a la Planta de ACUBA, en nuestro partido, que no está preparada para responder a semejante demanda”.
Marisa Barromeres y Sergio González coincidieron en que el proyecto oficial integral, que incluye el puente Sadop, junto con el Polo Educativo y La Casa del Futuro, más los efluentes derivados de la Villa Olímpica, “son iniciativas que pueden servir para ordenar visualmente, para ocultar los barrios humildes de la vista de los turistas que vendrán a la competencia olímpica, pero de ninguna manera resuelven las necesidades de los vecinos de Villa Jardín, de Caraza, de Diamante, de todos los barrios de la zona”. Recalcaron, además, que “todo se está encarando por decreto, sin escuchar a los vecinos, sin dar participación al Concejo Deliberante, sin tener en cuenta las verdaderas necesidades de la gente”.
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Fecha de Publicación: 15/12/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Riachuelo
El proyecto de Villa Jardín, ordenado por la Justicia, quedaría a medio hacer porque Néstor Grindetti quiere construir un Polo Educativo, aunque en la zona hay 30 escuelas. La construcción de la Villa Olímpica agravaría la situación.
Villa Jardín, en Lanús Oeste, es un barrio pobre y contaminado, a orillas del Riachuelo. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia, en el año 2006, en la causa “Mendoza, Beatriz y otros” contra el Estado Nacional, el Bonaerense, el Gobierno de la Ciudad, 44 empresas y 14 municipios, abrió la puerta para el incumplido saneamiento del Riachuelo o, cuanto menos, para la construcción de viviendas dignas para las familias que viven en las cercanías de ese curso de agua. La primera etapa del plan habitacional, ya cumplida, cuenta con un total de 174 casas, mientras que la segunda y la tercera –proyectadas en vías de realización– iban a totalizar otros 529 nuevos hogares que servirían para paliar las necesidades de algunas de las más de mil familias. El sueño de los vecinos está por frustrarse porque el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, cambió de un plumazo todos los planes y en vez de viviendas, propicia por decreto la creación de un Polo Educativo –en una zona donde hay 30 escuelas de los distintos niveles– y una Casa del Futuro, que ni siquiera contempla el presente de los habitantes de la zona. El problema se agrava porque al hacinamiento actual se le sumarían las complicaciones, de tránsito y efluentes cloacales, derivados de construcciones proyectadas en la Ciudad de Buenos Aires con vistas a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, en la zona de Parque Roca, del otro lado del Riachuelo (ver nota aparte).
Mendoza fue una megacausa por la que se reclamó una indemnización de 3.500 millones de dólares por la contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Ese objetivo es virtualmente imposible de lograr, como quedó demostrado en la audiencia realizada el mes pasado en la Corte Suprema, donde quedaron al desnudo las falencias del Acumar (Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo), cuyo titular es hoy el rabino Sergio Bergman, ministro de Ambiente del gobierno de Mauricio Macri.
A pesar de esa realidad, en Villa Jardín se había avanzado con la construcción de viviendas en el predio de 16 hectáreas de la ex Fábrica Militar. Esto significó un primer avance contra el hacinamiento y la contaminación, que se combina con la Planta de Tratamiento de Efluentes Lanús, que beneficiará a unos 9 mil vecinos del partido que carecen de cloacas, y que fue puesta en marcha el 7 de octubre de 2015, en un acto del que participó, por teleconferencia, la ex presidenta Cristina Kirchner. Se trata de la misma planta que fue “inaugurada”, por segunda vez en poco más de un año, en un acto a pura sonrisa realizado el 14 de noviembre pasado con la participación del presidente Macri y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.
“Hay una deuda histórica con el barrio de Villa Jardín que tiene que ver con el Plan de Viviendas. En estos años, a través de la causa Mendoza, se iniciaron algunas obras en la zona de la ex Fábrica Militar, en diferentes etapas”, explican a PáginaI12 Marisa Barromeres, secretaria general de la seccional Lanús de SUTEBA, y Sergio González, del Foro Hídrico de Lanús. La primera etapa significó la construcción de 174 viviendas para la gente que vivía en la orilla del Riachuelo. “Esas viviendas están terminadas, pero falta la conexión de los servicios, incluyendo las cloacas, y también faltan las etapas dos y tres, previstas para construir, por lo menos, otras 529 viviendas”.
Esas obras ya estaban proyectadas y presupuestadas, pero a partir del censo de 2010 se determinó que era necesaria la construcción de viviendas para un total de 1.300 familias. “Eso llevó a replantear el proyecto para extenderlo primero a unas 990 viviendas y en una etapa posterior completar las 1.300 que eran necesarias” para cubrir el déficit habitacional. Como no había espacio físico suficiente dentro de lo que era la Fábrica Militar, se había pensado en dar subsidios y ayuda a las familias que faltaban para que pudieran mejorar las casas ya existentes.
Todo el proyecto va camino a derrumbarse desde la asunción, en diciembre pasado, del intendente de Lanús, Néstor Grindetti, de Cambiemos, quien se presentó ante la Corte Suprema de Justicia para informar que en el lugar que había sido asignado para la construcción de viviendas se van a levantar un Polo Educativo y la Casa del Futuro, iniciativas que fueron impulsadas por decreto, sin pasar por el Concejo Deliberante. De esa manera, de un plumazo, se dejó de lado un proyecto de vivienda y urbanización del Barrio Jardín que viene demorado varias décadas y que debía cumplirse en etapas sucesivas hasta satisfacer las necesidades habitacionales de todos los vecinos.
Las obras proyectadas ahora por el intendente de Cambiemos incluyen la modificación de la traza del puente de Sadop, sobre el Riachuelo, que unirá la Capital Federal con Villa Caraza, partido de Lanús. Esta construcción es un viejo anhelo de los bonaerenses, pero el proyecto oficial de esa obra relega una vez más la urbanización de Villa Jardín. “Parece contradictorio que el Suteba se oponga a la construcción de un Polo Educativo, pero lo hacemos porque en Villa Jardín, a una cuadra del lugar donde harán la construcción, hay una escuela primaria con jornada completa, hay un jardín de infantes, hay una escuela secundaria con jornada extendida básica, a tres cuadras hay otra escuela secundaria, a cuatro cuadras hay otra escuela primaria”, dijo Barromeres. En el área existen cerca de 30 establecimientos escolares de los distintos niveles.
En una reunión con él, pidieron al intendente Grindetti “que mejore esas escuelas que ya existen y que en lugar de construir un Polo Educativo, nuevas escuelas para captar a los mismos chicos que ya tienen sus escuelas, que construya espacios que fueron históricamente pedidos como un Polideportivo, un Centro Cultural para trabajar con los pibes para que no estén en la calle”.
Los entrevistados señalaron que la nueva traza del puente Sadop, sobre el Riachuelo, que conectará con la Capital Federal a través de la avenida 25 de Mayo, significará “la irrupción diaria de unos 50 o 60 mil vehículos, en una zona que no cuenta con la infraestructura necesaria como para absorber semejante caudal” de tránsito. Del mismo modo, la construcción de la Villa Olímpica, en la zona del Parque Roca, en la ciudad de Buenos Aires, significará también un nuevo impacto ambiental sobre Lanús, porque los efluentes cloacales de esas construcciones van a ser derivados a la Planta de ACUBA, en nuestro partido, que no está preparada para responder a semejante demanda”.
Marisa Barromeres y Sergio González coincidieron en que el proyecto oficial integral, que incluye el puente Sadop, junto con el Polo Educativo y La Casa del Futuro, más los efluentes derivados de la Villa Olímpica, “son iniciativas que pueden servir para ordenar visualmente, para ocultar los barrios humildes de la vista de los turistas que vendrán a la competencia olímpica, pero de ninguna manera resuelven las necesidades de los vecinos de Villa Jardín, de Caraza, de Diamante, de todos los barrios de la zona”. Recalcaron, además, que “todo se está encarando por decreto, sin escuchar a los vecinos, sin dar participación al Concejo Deliberante, sin tener en cuenta las verdaderas necesidades de la gente”.
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En Luján, 5 años después, prometen cumplir una ordenanza
Cinco años después, prometen cumplir la ordenanza de fumigación
Fecha de Publicación: 11/12/2016
Fuente: El Civismo
Provincia/Región: Buenos Aires
La Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad organizó una reunión con aplicadores y productores. Allí comunicó que la norma está vigente y debe hacerse efectiva, aunque hablaron de una aplicación en forma progresiva.
En las últimas semanas, la Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad convocó a una reunión destinada a comerciantes, aplicadores responsables, técnicos y productores vinculados al uso de agroquímicos. Según se había anticipado desde la Municipalidad, la intención era informar sobre los alcances de la ordenanza 5.953, aprobada en 2011, que prohíbe las fumigaciones aéreas y limita las terrestres, entre otros puntos que tienen como argumento la protección de la salud y el medio ambiente.
La iniciativa municipal no tardó en despertar críticas de distintos sectores. Los cuestionamientos apuntaron, principalmente, a que la convocatoria dejó al descubierto que en cinco años de gestión el gobierno de Oscar Luciani no dio cumplimiento a la normativa, por ejemplo al no implementar el registro de aplicadores que prescribe la ordenanza. Esa falta de acción fue reconocida a este medio por el actual secretario de Producción y Turismo, Miguel Paulón. No obstante, el funcionario aseguró que antes de fin de año se avanzará con la conformación del adeudado registro y que la Municipalidad activará mecanismos para dar cumplimiento pleno de la ordenanza, aunque de manera progresiva.
Esa intención fue comunicada a los aplicadores y productores en el marco de la reunión del miércoles, a la que asistieron en un número cercano a las treinta personas. También se informó que se trabajará en coordinación con Policía Ambiental de Provincia. De ese encuentro participaron organizaciones y vecinos independientes que reclaman, desde hace tiempo, un cumplimiento efectivo de lo dispuesto por el Concejo Deliberante hace cinco años.
Con la firma de la Multisectorial contra el Agronegocio “La 41”, el Espacio de Lucha Territorial Río Bravo, el Frente Universitario de Luján/MULCS (Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social), Patria Grande y vecinos independientes, se dio a conocer un comunicado referido al tema de fumigaciones.
En primer lugar, se expresó que “en Luján se suceden los casos de fumigaciones con agrotóxicos de los campos sojeros y afines, impactando directamente en la salud de la población y contaminando el ambiente en general”.
“A pesar de que desde 2011 se cuenta con una ordenanza que, aunque limitadamente, protegería a los habitantes del partido, escuelas rurales y cursos de agua de la contaminación generada por la deriva de las pulverizaciones, ni la gestión municipal de Luciani y sus funcionarios, ni el Concejo Deliberante, y ni siquiera el Poder Judicial, intervienen en función de los derechos de las mayorías y generan el marco necesario para la violación de los derechos humanos, generando un ecocidio y delitos de lesa humanidad”, expresaron.
Las organizaciones plantearon que todas esas instancias “hacen caso omiso de las denuncias y no promueven iniciativas de fomento de alternativas productivas basadas en la agroecología, lo cual sí podría alimentar a la población en vez de enfermarla”.
“En Argentina, las transformaciones que se llevaron adelante a partir de la década de los ´90 en las regiones agrarias, instalaron el uso del paquete biotecnológico donde las semillas transgénicas y el creciente uso de agrotóxicos se convirtieron en las principales estrategias productivas. En este modelo de saqueo del agronegocio, las multinacionales como Monsanto, Syngenta, entre otras, destruyen nuestros lugares de vida y se asocian a la dirigencia política con el fin de acrecentar sus ganancias”, reseñaron.
Destacaron que “este modelo ha fomentado el uso indiscriminado de venenos para la ‘eliminación’ de malezas y plagas y que en Argentina significa la fumigación de nuestros campos y pueblos (y todo lo que hay en ellos) con más de 300 millones de litros de agrotóxicos por año, muchos de lo cuales terminan en nuestras mesas”.
Luego de exponer los graves daños a la salud que provocan estas sustancias, comprobados por una batería de estudios científicos y evidencias empíricas, las organizaciones marcaron que “en el partido de Luján, sea en Carlos Keen, Open Door, Olivera o casi en cualquier lugar que elijamos, estamos hablando de personas fumigadas con agrotóxicos, de enfermedades, de posibles muertes, pero también de resistencias populares, de organizaciones sociales que comienzan a tomar el tema en sus agendas de luchas”.
La ordenanza cuyo cumplimiento se reclama también establece zonas de resguardo de 100 metros en los espacios comprendidos entre el perímetro de los establecimientos escolares, centros primarios de salud, casas aisladas, reservas naturales y áreas protegidas. Por otra parte, “la aplicación de agroquímicos en las áreas linderas a los cursos y cuerpos de agua, sean limítrofes o internos a los campos, deberá respetar un radio libre de cien metros contados a partir del perímetro del curso y a cada lado del mismo”.
Otro punto incumplido está vinculado con la circulación en zonas urbanas de equipos terrestres de aplicación. En ese punto, la ordenanza plantea que “no podrán circular por centros urbanos, excepto sobre las rutas nacionales y provinciales”. Solo en caso de “extrema necesidad” podrán hacerlo sin carga, limpios y con los picos cerrados, a fin de evitar el goteo.
El compromiso
En diálogo con este medio, el secretario de Producción y Turismo, Miguel Paulón, explicó que la reunión consistió en “una presentación de la normativa y su funcionalidad”.
“Ya que tomamos esta gestión sin que se hubiera implementado nada, ahora estamos poniéndola a rodar. Eso significa que además de lo que nosotros pretendemos para cumplir fielmente con la ordenanza, también podamos alcanzar los objetivos de la legislación provincial y nacional en ese sentido”, dijo Paulón.
Al encuentro se sumaron funcionarios de Agroindustria provincial y miembros de Policía Ambiental.
- Si bien usted asumió como secretario este año, existe una continuidad de la gestión de Luciani desde 2011. ¿Nunca se implementó el registro de aplicadores?
- El registro de aplicadores se va a implementar el día 14 de diciembre. Justamente esa es una de las cosas que vamos a comunicar hoy y el 14 de diciembre va a ser en conjunto con una jornada de capacitación. Todos van a acceder al registro, porque van a estar presentes funcionarios de Agroindustria de la Provincia.
- ¿Fue una decisión del intendente o una inquietud suya como secretario reactivar este tema? Lo pregunto porque pasaron cinco años y no se hizo nada.
- Ahora nosotros estamos haciendo todo lo posible, no para recuperar tiempo sino para tratar de adecuarnos rápidamente a estas circunstancias.
- ¿Cuáles son los aspectos más dificultosos de cumplir de la ordenanza?
- Lo más complicado son los sistemas de alarmas, tanto de aplicaciones como de control. Hay que establecer un sistema de colaboración mutua entre los aplicadores y el Municipio.
- ¿Se plantea incrementar el número de inspectores o agentes ambientales para control?
- Estamos en esa tarea. No solamente por este caso, sino por todos los temas de gestión ambiental que cada vez son más relevantes.
- ¿No va a existir un cuerpo específico afectado a este tema?
- Es probable que tengamos profesionales afectados específicamente a este tema, pero también necesitamos controlar otros aspectos.
- ¿Se tiene una estimación del número de agentes que se necesita incorporar?
- No, todavía no. Vamos a ver cómo responden los aplicadores. Si logramos establecer un buen vínculo con los aplicadores, creo que con un par de personas se resuelve. De lo contrario, vamos a tener que hacer otra cosa. De todas maneras contamos con el compromiso de la Policía Ambiental de poder colaborar estrechamente con nosotros. Vamos sumando esfuerzos.
- ¿La ordenanza tal como está es perfectamente aplicable?
- Se puede cumplir y el camino que recorramos nos va a decir si se necesita retocar algo o no.
- ¿Qué proyecta el Municipio para las hectáreas que quedan restringidas de fumigaciones?
- Eso tenemos que dialogarlo y profundizar el tema. Nosotros tenemos algunas ideas de lo que se puede hacer incluso para mejorar la protección de determinadas zonas sensibles. Pero necesitamos dialogar el tema con todos los interlocutores que tenemos en este campo de la gestión ambiental.
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Fecha de Publicación: 11/12/2016
Fuente: El Civismo
Provincia/Región: Buenos Aires
La Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad organizó una reunión con aplicadores y productores. Allí comunicó que la norma está vigente y debe hacerse efectiva, aunque hablaron de una aplicación en forma progresiva.
En las últimas semanas, la Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad convocó a una reunión destinada a comerciantes, aplicadores responsables, técnicos y productores vinculados al uso de agroquímicos. Según se había anticipado desde la Municipalidad, la intención era informar sobre los alcances de la ordenanza 5.953, aprobada en 2011, que prohíbe las fumigaciones aéreas y limita las terrestres, entre otros puntos que tienen como argumento la protección de la salud y el medio ambiente.
La iniciativa municipal no tardó en despertar críticas de distintos sectores. Los cuestionamientos apuntaron, principalmente, a que la convocatoria dejó al descubierto que en cinco años de gestión el gobierno de Oscar Luciani no dio cumplimiento a la normativa, por ejemplo al no implementar el registro de aplicadores que prescribe la ordenanza. Esa falta de acción fue reconocida a este medio por el actual secretario de Producción y Turismo, Miguel Paulón. No obstante, el funcionario aseguró que antes de fin de año se avanzará con la conformación del adeudado registro y que la Municipalidad activará mecanismos para dar cumplimiento pleno de la ordenanza, aunque de manera progresiva.
Esa intención fue comunicada a los aplicadores y productores en el marco de la reunión del miércoles, a la que asistieron en un número cercano a las treinta personas. También se informó que se trabajará en coordinación con Policía Ambiental de Provincia. De ese encuentro participaron organizaciones y vecinos independientes que reclaman, desde hace tiempo, un cumplimiento efectivo de lo dispuesto por el Concejo Deliberante hace cinco años.
Con la firma de la Multisectorial contra el Agronegocio “La 41”, el Espacio de Lucha Territorial Río Bravo, el Frente Universitario de Luján/MULCS (Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social), Patria Grande y vecinos independientes, se dio a conocer un comunicado referido al tema de fumigaciones.
En primer lugar, se expresó que “en Luján se suceden los casos de fumigaciones con agrotóxicos de los campos sojeros y afines, impactando directamente en la salud de la población y contaminando el ambiente en general”.
“A pesar de que desde 2011 se cuenta con una ordenanza que, aunque limitadamente, protegería a los habitantes del partido, escuelas rurales y cursos de agua de la contaminación generada por la deriva de las pulverizaciones, ni la gestión municipal de Luciani y sus funcionarios, ni el Concejo Deliberante, y ni siquiera el Poder Judicial, intervienen en función de los derechos de las mayorías y generan el marco necesario para la violación de los derechos humanos, generando un ecocidio y delitos de lesa humanidad”, expresaron.
Las organizaciones plantearon que todas esas instancias “hacen caso omiso de las denuncias y no promueven iniciativas de fomento de alternativas productivas basadas en la agroecología, lo cual sí podría alimentar a la población en vez de enfermarla”.
“En Argentina, las transformaciones que se llevaron adelante a partir de la década de los ´90 en las regiones agrarias, instalaron el uso del paquete biotecnológico donde las semillas transgénicas y el creciente uso de agrotóxicos se convirtieron en las principales estrategias productivas. En este modelo de saqueo del agronegocio, las multinacionales como Monsanto, Syngenta, entre otras, destruyen nuestros lugares de vida y se asocian a la dirigencia política con el fin de acrecentar sus ganancias”, reseñaron.
Destacaron que “este modelo ha fomentado el uso indiscriminado de venenos para la ‘eliminación’ de malezas y plagas y que en Argentina significa la fumigación de nuestros campos y pueblos (y todo lo que hay en ellos) con más de 300 millones de litros de agrotóxicos por año, muchos de lo cuales terminan en nuestras mesas”.
Luego de exponer los graves daños a la salud que provocan estas sustancias, comprobados por una batería de estudios científicos y evidencias empíricas, las organizaciones marcaron que “en el partido de Luján, sea en Carlos Keen, Open Door, Olivera o casi en cualquier lugar que elijamos, estamos hablando de personas fumigadas con agrotóxicos, de enfermedades, de posibles muertes, pero también de resistencias populares, de organizaciones sociales que comienzan a tomar el tema en sus agendas de luchas”.
La ordenanza cuyo cumplimiento se reclama también establece zonas de resguardo de 100 metros en los espacios comprendidos entre el perímetro de los establecimientos escolares, centros primarios de salud, casas aisladas, reservas naturales y áreas protegidas. Por otra parte, “la aplicación de agroquímicos en las áreas linderas a los cursos y cuerpos de agua, sean limítrofes o internos a los campos, deberá respetar un radio libre de cien metros contados a partir del perímetro del curso y a cada lado del mismo”.
Otro punto incumplido está vinculado con la circulación en zonas urbanas de equipos terrestres de aplicación. En ese punto, la ordenanza plantea que “no podrán circular por centros urbanos, excepto sobre las rutas nacionales y provinciales”. Solo en caso de “extrema necesidad” podrán hacerlo sin carga, limpios y con los picos cerrados, a fin de evitar el goteo.
El compromiso
En diálogo con este medio, el secretario de Producción y Turismo, Miguel Paulón, explicó que la reunión consistió en “una presentación de la normativa y su funcionalidad”.
“Ya que tomamos esta gestión sin que se hubiera implementado nada, ahora estamos poniéndola a rodar. Eso significa que además de lo que nosotros pretendemos para cumplir fielmente con la ordenanza, también podamos alcanzar los objetivos de la legislación provincial y nacional en ese sentido”, dijo Paulón.
Al encuentro se sumaron funcionarios de Agroindustria provincial y miembros de Policía Ambiental.
- Si bien usted asumió como secretario este año, existe una continuidad de la gestión de Luciani desde 2011. ¿Nunca se implementó el registro de aplicadores?
- El registro de aplicadores se va a implementar el día 14 de diciembre. Justamente esa es una de las cosas que vamos a comunicar hoy y el 14 de diciembre va a ser en conjunto con una jornada de capacitación. Todos van a acceder al registro, porque van a estar presentes funcionarios de Agroindustria de la Provincia.
- ¿Fue una decisión del intendente o una inquietud suya como secretario reactivar este tema? Lo pregunto porque pasaron cinco años y no se hizo nada.
- Ahora nosotros estamos haciendo todo lo posible, no para recuperar tiempo sino para tratar de adecuarnos rápidamente a estas circunstancias.
- ¿Cuáles son los aspectos más dificultosos de cumplir de la ordenanza?
- Lo más complicado son los sistemas de alarmas, tanto de aplicaciones como de control. Hay que establecer un sistema de colaboración mutua entre los aplicadores y el Municipio.
- ¿Se plantea incrementar el número de inspectores o agentes ambientales para control?
- Estamos en esa tarea. No solamente por este caso, sino por todos los temas de gestión ambiental que cada vez son más relevantes.
- ¿No va a existir un cuerpo específico afectado a este tema?
- Es probable que tengamos profesionales afectados específicamente a este tema, pero también necesitamos controlar otros aspectos.
- ¿Se tiene una estimación del número de agentes que se necesita incorporar?
- No, todavía no. Vamos a ver cómo responden los aplicadores. Si logramos establecer un buen vínculo con los aplicadores, creo que con un par de personas se resuelve. De lo contrario, vamos a tener que hacer otra cosa. De todas maneras contamos con el compromiso de la Policía Ambiental de poder colaborar estrechamente con nosotros. Vamos sumando esfuerzos.
- ¿La ordenanza tal como está es perfectamente aplicable?
- Se puede cumplir y el camino que recorramos nos va a decir si se necesita retocar algo o no.
- ¿Qué proyecta el Municipio para las hectáreas que quedan restringidas de fumigaciones?
- Eso tenemos que dialogarlo y profundizar el tema. Nosotros tenemos algunas ideas de lo que se puede hacer incluso para mejorar la protección de determinadas zonas sensibles. Pero necesitamos dialogar el tema con todos los interlocutores que tenemos en este campo de la gestión ambiental.
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