Causa Minera Alumbrera: repudio de ambientalistas por un pedido de sobreseimiento a Rooney

Fecha de Publicación: 04/08/2023
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán


El pedido de sobreseimiento del fiscal federal de Tucumán, Carlos Brito, que beneficia al exvicepresidente de Minera Alumbrera, Julián Rooney, despertó el repudio de organizaciones ambientalistas que reclaman justicia, desde hace décadas, por el daño que causó la minera.
En el marco de la causa “Juan González: s/ denuncia infracción a la ley 24.051, contra Minera Alumbrera - Epxte: 400378/1999. Imputado Julián Rooney Pedro Mentz y otros”, Brito consideró que Rooney debe ser sobreseído en de los cargos que se le imputan por contaminación de la Cuenca Salí-Dulce. Además, el fiscal, pidió el archivo de la causa.
“Repentinamente el fiscal Carlos Brito considera que el imputado merece el sobreseimiento y el archivo de la causa. ¿A quién representa Brito? ¿A los habitantes que tienen el derecho a vivir en un ambiente sano o a CEOs de corporaciones que saquean, y, además, contaminan los territorios?”, cuestionaron representantes de las organizaciones Conciencia Solidaria y Pro Eco, querellantes en la causa.
El 26 de junio pasado, el juez del Juzgado Federal II de Tucumán, Fernando Poviña, dictó una resolución rechazando el pedido de sobreseimiento de la defensa de los procesados Julián Patricio Rooney y Pedro Mentz. El pedido se basó en el exceso de “plazo razonable” del proceso. Sin embargo, los querellantes advirtieron que los procesados “hicieron un abuso de las defensas previstas”.
Poviña, al rechazar el pedido de sobreseimiento y detalló en sus fundamentos todo el largo recorrido de la causa, desde 1999 hasta hoy. Entre otras cuestiones, la anulación y nueva realización de pericias en torno a la contaminación de la cuenca Salí-Dulce por parte de la minera.
Vale recordar que, en marzo de 2022, el magistrado pidió la elevación a juicio de la causa, informando a los querellantes, al fiscal y a la defensa, que el expediente está en condiciones de elevarse a juicio oral.
Por todos estos antecedentes, a las organizaciones ambientalistas les generó profundo rechazo el pedido del fiscal Brito en favor de la minera. “Lo grave del asunto radica en que, en el escrito de Brito, este considera como si Rooney fuera su defendido, pidiendo el archivo de la causa. El mismo fiscal que viene pidiendo la elevación a juicio, ahora solicita a través de la apelación, el sobreseimiento y archivo de la causa. Todo esto forma parte de la maniobra del fiscal para beneficiar a Rooney y buscar el apartamiento del fiscal general federal, Gustavo Gómez”, denunciaron los querellantes.
Los ambientalistas, ante todo esto, expresaron sus expectativas sobre cómo se expedirá la Cámara de Apelaciones Federal. “Esperamos que la Cámara se pronuncie abogando a favor de la vida y porque sea Justicia”, sostuvieron.
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Reclaman el inicio de juicio por derrame de cianuro en la mina Veladero de San Juan

Fecha de Publicación: 02/08/2023
Fuente: Telam
Provincia/Región: San Juan


Integrantes de la asamblea "Jachal No se Toca", de San Juan, presentarán este lunes en los tribunales de Comodoro Py, en la Ciudad de Buenos Aires, un petitorio firmado por 71 mil personas para reclamar por el inicio del juicio oral y público por el derrame de cianuro en la mina Veladero en 2015.
"La Mina Veladero, de la empresa canadiense Barrick Gold y la china Shandong Gold, ha cometido varias violaciones a diferentes leyes; ha derramado cianuro y mercurio en nuestro río en reiteradas ocasiones, está violando la Ley de Glaciares, está violando la ley de Medio Ambiente, y está violando la Ley de Residuos Peligrosos acumulando mercurio. Es una mina ilegal que sigue reventando nuestra cordillera impunemente", denunciaron en un comunicado.
"En San Juan estamos atravesando las consecuencias del modelo extractivista que arrasa con nuestros ríos y nuestros territorios", sostuvieron desde la Asamblea.
"Jachal No se Toca" reclama el inicio del juicio luego de que el 12 y 13 de septiembre de 2015 se produjo un derrame de un millón setenta y dos mil litros de solución cianurada en la mina Veladero, San Juan.
"En esta causa la justicia federal aceptó a la asamblea de Jachal como querellante, contrató un perito internacional que constató los daños. Al día de hoy, y a más de cinco años de esas elevaciones, no hay fecha de inicio del juicio oral y público contra estos cinco funcionarios", indicaron desde la Asamblea.
"Un dato no menor es que, desde entonces, nuestra comunidad ha sido víctima de otros cuatro derrames más", aseguraron los asambleístas.
En este contexto, la Asamblea junto a las organizaciones Ekō, Earthworks y MiningWatch Canada impulsaron una petición que juntó 71 mil firmas de todo el mundo para exigir a la Justicia argentina que juzgue lo que describieron como "peor desastre ambiental minero de la Argentina".
Este lunes a las 9, la organización hará la entrega del petitorio al Juzgado Federal de Comodoro Py y luego 11.30 llevarán una junta de firmas en el Ministerio de Medio Ambiente, ubicado en San Martín 451, donde además intentarán concretar una visita al ministro de la cartera ambiental Juan Cabandié.
Finalmente, a las 18 se realizará un encuentro en el Museo del Hambre, en Avenida San Juan 2491, con la proyección del corto "El Nacimiento del Agua" y habrá un conversatorio con integrantes de la Asamblea "Jachal No se Toca".
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La justicia suspendió la minería en territorios de una comunidad mapuche en Río Negro

Fecha de Publicación: 28/07/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Río Negro


El juez de El Bolsón Marcelo Muscillo le prohibió a la provincia el "otorgamiento de permisos de exploración, prospección, cateo o explotación minera dentro del territorio de las comunidades mapuche" que habían presentado un amparo colectivo. La medida rige hasta tanto se cumpla el "mecanismo de consulta". Celebración en la comunidad. La empresa australiana que había obtenido los avales.
"Logramos poner un freno al extractivismo en Río Negro, es una victoria colectiva y comunitaria del Pueblo Mapuche Tehuelche, marichiweu (venceremos)", dijo a Página12 el referente Orlando Carriqueo, al tiempo que compartió la sentencia favorable a las comunidades originarias dictada por el juez sustituto de El Bolsón, Marcelo Muscillo. El magistrado hizo lugar a un amparo colectivo presentado por siete comunidades mapuches contra el gobierno de Río Negro pidiendo el cese de cualquier actividad minera en sus territorios. Esa medida había sido solicitada por la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, las comunidades Ancalao, Mariano Solo, Lofche Pulam Lafken, Amulen Che, Newen Ñuke Mapu, Pilquiniyeu del Limay, Ragiñ Plang Curra Meu y el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas. En su pedido, los amparistas alegaron "una afectación de las comunidades" en sus territorios producto de las actividades mineras.
La medida estableció que la Secretaría de Minería deberá notificar el contenido del fallo "a todas las empresas que hayan presentado solicitudes respecto a los territorios mencionados, quienes no podrán ingresar a los mismos, ni extraer muestras minerales o llevar a cabo cualquier actividad relacionada con la actividad minera".
El juez ordenó a la provincia de Río Negro implementar un mecanismo de consulta con las comunidades originarias a fin de obtener el consentimiento libre, previo e informado respecto de los proyectos mineros en sus territorios. Mientras tanto, dispuso la prohibición de avanzar con cualquier exploración, prospección, cateo o explotación. En concreto, el amparo resuelto favorablemente frenó las iniciativas para la extracción de oro y plata proyectadas por la empresa australiana Ivael Mining --que opera en San Juan y había obtenido los primeros avales en Río Negro en abril de 2021--, en la zona de Ñorquinco, Colan Conhue, Pilquiniyeu del Limay, Blancura Centro, Mencue, Laguna Blanca y Cañadon Chileno.
Según la resolución, a la que accedió este diario, la Secretaría de Minería deberá notificar a todas las empresas mineras la imposibilidad de ingresar a los territorios, ni extraer muestras minerales o llevar a cabo cualquier actividad relacionada con la minería. El juez Muscillo mencionó un fallo de la Corte Suprema de Justicia del 8 de abril de 2021 que hizo lugar a un reclamo de comunidades originarias de la zona de Villa Pehuenia, que "cuestionaron la creación de un nuevo municipio en el lugar, sin haberse verificado la consulta previa". El magistrado también invocó un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena la consulta previa en Argentina a las comunidades originarias respecto de cualquier decisión que recaiga en sus tierras.
En tanto, la provincia de Río Negro no habría desconocido el proceso de la consulta, pero a su criterio debe realizarse antes de las tareas de explotación "y no de las que se está actualmente en proceso de autorización, es decir las de exploración". Sin embargo, el juez consideró que la consulta debe cumplirse en la primera etapa, previamente a la autorización de exploración, tal como sostuvieron las comunidades amparistas consideraron. Para ellas, las actividades que se realizan implican "afectaciones territoriales" y que "la consulta debe prosperar antes de dar cualquier autorización, aún para tareas preliminares".
Dijo Muscillo: "Una consulta de buena fe debe hacerse en el inicio del proyecto. No resulta respetuoso el escenario que puede advertirse en la actualidad, con un avance significativo de los expedientes, tanto en su tramitación como en la actividad desplegada en el terreno, sin haber siquiera informado a quienes viven en el lugar". Y citó la ley provincial 3266 de Evaluación de Impacto Ambiental que establece la exigencia de la consulta libre e informada antes de cualquier autorización. En este sentido, la norma no diferencia entre autorizaciones de exploración o de explotación y en todos los casos exige que los estudios e informes de impacto ambiental se dispongan en la primera etapa.
El fallo estableció que "corresponde que la Secretaría de Minería suspenda el trámite de todas las solicitudes que abarque total o parcialmente el territorio de las comunidades amparistas a fin de obtener su consentimiento previo, libre e informado antes de otorgar cualquier tipo de autorización, sin importar a qué etapa de la actividad minera se refiera". Y dispuso que la Secretaría de Minería notifique a las empresas solicitantes que, "hasta tanto se reanuden los expedientes --es decir, con posterioridad a la consulta obligatoria-- debe cesar cualquier tipo de presencia de su personal o de sus bienes en dichos territorios, retirando todo implemento que se haya dispuesto en el lugar para proceder a la actividad minera, sancionando su incumplimiento".
El magistrado indicó que "a fin de proceder a lo ordenado y de evitar la reiteración de situaciones similares, la Provincia de Río Negro deberá --a través del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI)-- poner a disposición de la Secretaría de Minería información compatible con la legislación minera respecto de las ocupaciones territoriales de las comunidades aquí presentadas". Y agregó que "en lo sucesivo la Secretaría de Minería deberá obligatoriamente consultar con el CODECI respecto de la ocupación de Comunidades Originarias en el inicio de trámites de permisos que se apliquen en territorio de las amparistas".
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La Legislatura aprobó ley de minería sustentable

Fecha de Publicación: 01/07/2023
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa


La Legislatura provincial aprobó hoy –con el voto de la mayoría y la negativa de la oposición- el proyecto de ley del Gobierno provincial que declara de "interés estratégico" la prospección, exploración y explotación de los Cerros Bayos el Cerro Rogaciano y Piedras Coloradas.
Marcó sus diferencias la oposición –representada por los bloques de la UCR, Propuesta Federal y Comunidad Organizada--, señalando “carencias técnicas”.
Como se informara, la iniciativa –según se explicó- “apunta a desarrollar la minería a largo plazo con dos ejes fundamentales: promover una minería sustentable e integrar la actividad en el entramado provincial y nacional en busca de mercados”.
Desde el Gobierno provincial se sostuvo que “de esa manera se podría ampliar la matriz minera de la provincia, impulsar el desarrollo socioeconómico de las comunidades que se encuentran vinculadas con la actividad minera y mantener activas las canteras que existen en tierras fiscales”.
Con respecto a la explotación de los cerros se informó que forman parte de “la tercera categoría de minerales dentro de los áridos”, y que puede ser un aporte para la construcción; la industria de la cal, el cemento y la elaboración de productos agrominerales, ya que contribuyen a regular el ph de los suelos. Tiene usos potenciales variados”, se dijo.
Ariel Rojas, como miembro informante de la bancada del Frejupa, explicó que “la actividad minera tiene nuevos horizontes. El objetivo es una política a largo plazo de manera sustentable”.
La radical Andrea Valderrama justificó el voto negativo de su bloque. “El Cerro Piedras Coloradas abarca inmuebles que pertenecen a condominios privados. Además se pretende hacer un excepción de la ley de minería provincial”, marcó la diputada entre otras disidencias.

“Carencias técnicas”
Por su parte la macrista Laura Trapaglia señaló que “el proyecto tiene carencias técnicas, es muy amplio y poco preciso. Tampoco sabemos si hay estudios de impacto ambiental. El proyecto en ningún momento habla de fomentar una actividad que implique valor agregado”, dijo.
También Sandra Fonseca abogó por un informe de impacto ambiental.
Espartaco Marín expresó que “esta iniciativa pretende darle valor agregado a la materia prima que tenemos. Además quiero a Pampetrol que esté trabajando en esos lugares. También se ha dejado claro que se va a realizar el estudio de impacto ambiental”.
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Massa afirmó que la minería es “tema central” de la agenda de los próximos años

Fecha de Publicación: 30/06/2023
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Nacional


Lo expresó al recibir a directivos de la empresa australiana BHP, que invertirán US$ 79 millones para la exploración y el desarrollo del proyecto de cobre y plata, Filo del Sol, en la provincia de San Juan.
El ministro de Economía, Sergio Massa, destacó hoy que la minería es “un tema central” de la agenda de los próximos años en la Argentina, y ratificó que el gobierno trabaja para mejorar las condiciones del sector y darle “estabilidad y certidumbre” en término de inversiones.
Así se expresó al recibir en el Palacio de Hacienda a los directivos de la empresa australiana BHP, que le comunicó que están iniciando la inversión de US$ 79 millones para la exploración y el desarrollo del proyecto de cobre y plata, Filo del Sol, en la provincia de San Juan.
“El rol de la minería será central para la Argentina de los próximos años. Como gobierno estamos enfocados en generar las condiciones necesarias para que este sector siga creciendo porque es clave para el desarrollo del país”, afirmó Massa.
Filo del Sol, es un proyecto en el límite con Chile que demandará una inversión de US$ 1.250 millones para aportar 67.000 toneladas al año, mientras que San Jorge en Mendoza, requeriría US$ 370 millones de inversión para unas 40.000 toneladas al año de cobre.
En la actualidad el país cuenta con un proyecto en construcción de cobre: se trata del yacimiento Josemaría, en la provincia de San Juan, que con con una inversión anunciada de US$ 4.100 millones podrá alcanzar una producción anual estimada en 131 mil toneladas.
El desarrollo de Josemaría le permitirá al país volver a posicionarse como un productor y proveedor de cobre -otro mineral central para cumplir con las metas de descarbonización- tras el cierre registrado en 2018 de Bajo la Alumbrera, en Catamarca.
En el país la producción de cobre a gran escala comenzó en 1997, con la puesta en marcha de aquella operación en el noroeste de Catamarca, y durante su vida útil aportó ingresos fiscales por US$ 5.037 millones y exportaciones por US$ 17.300 millones.
Con la cartera de al menos seis grandes proyectos, se podría completar una oferta de cobre por más de 1.200.000 toneladas al año, e inversiones totales por más de 21.000 millones.
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Senadores kollas piden más diálogo sobre la explotación del litio

Fecha de Publicación: 26/06/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Jujuy


El conflicto social en la vecina provincia motivó un pronunciamiento impulsado por 18 senadores provinciales. Representantes de departamentos de la Puna sostuvieron que la violencia se asienta en el creciente interés por el litio, y reclamaron que el gobierno de Salta elabore un plan minero en diálogo con las comunidades.
Los vínculos, geográficos, culturales, de sangre, que unen a Salta y Jujuy se expusieron ayer en la sesión de la Cámara de Senadores, en la que la ebullición social y la represión a manifestantes, sobre todo a las comunidades indígenas, en la vecina provincia encendió luces de alarma.
"Lo que pase en las comunidades de Jujuy irremediablemente va a pasar en nuestra Puna", advirtió Walter Cruz, senador kolla, representante del departamento Iruya. “Vemos que son problemas que nos van a venir también a nuestra región”, agregó Leopoldo Salva, del vecino departamento Los Andes y también kolla.
La discusión fue habilitada por un proyecto de declaración firmado por 18 senadores del oficialismo provincial, Mashur Lapad, Diego Cari, Héctor Calabró, Sonia Magno, Leopoldo Salva, Marcelo García, Walter Cruz, Esteban D'Andrea, Alfredo Sanguino, Daniel D'Auria, Sergio Ramos, Dani Nolasco, Maniel Pailler, Carlos Rosso, Emiliano Durand, Javier Mónico, Jorge Soto y Walter Aban, en el cual se manifiestan "preocupación por la grave situación social que atraviesa la Provincia de Jujuy", expresan su deseo de que haya "diálogo" y repudian el "uso de la violencia".
“(Salta y Jujuy) Compartimos un mismo territorio, la Puna, compartimos una misma cultura, los mismos paisajes” y “compartimos siempre los mismos problemas también”.
“Vemos que son problemas que nos van a venir también a nuestra región”, sostuvo Salva, el que expuso con mayor énfasis la cuestión del litio como motivo para el crecimiento de la conflictividad social, y el aumento de la violencia represiva, en la provincia de al lado.
Salva (del bloque Evita Conducción) hizo un llamado a la reflexión, a dialogar. “Este problema surgió por la gran desinformación que hay en la zona, no hay una política clara de cómo se quiere trabajar, no hay una política de participación de las comunidades y por eso suceden estos problemas, por la falta de diálogo permanente”, señaló.
En su visión, lo que pasa en Jujuy tiene que servir al gobierno de Salta “para realizar una política clara con la actividad minera, con los territorios, con nuestros humedales, con nuestros paisajes, con nuestra zona”, porque “si no hay una política clara, un programa claro de gobierno de la minería, nos van a surgir lo mismos problemas”, insistió. Habitante de San Antonio de los Cobres, donde están los proyectos de litio en Salta, contó que “hoy se están discutiendo estos temas en nuestras regiones, qué va a pasar, cómo va a ser el desarrollo”, que hace poco se reunieron sus habitantes para discutir sobre “las inversiones, los proveedores, los que van a trabajar, cómo vamos a ser beneficiados los que vivimos en la zona, eso no está claro todavía”. “Falta mucho diálogo”, tienen que “escuchar mucho a las comunidades” porque son las que viven en el territorio, afirmó.
"No nos sirve de nada la represión, no nos sirve de nada llevarnos todo por delante, no nos sirve de nada una política pensada desde una oficina, no nos sirve”, ratificó antes de volver a pedir reflexión “a quienes tienen la responsabilidad de fijar políticas con respecto al litio”.
Walter Cruz (del bloque Compromiso por Salta), que habló antes, cuestionó la reforma de la Constitución de Jujuy. “Todos los argentinos nos regimos por nuestra Constitución Nacional” que en su artículo 75 inciso 17 establece los derechos indígenas, recordó, y reivindicó la movilización de las comunidades originarias de la provincia vecina: “Cómo no se van a movilizar si están tocando sus tierras, lo único que tienen quizás”.
"Hoy en día se han dado cuenta que nuestros cerros, nuestras quebradas, también tienen riquezas”. “Ahora vienen por nuestras tierras, por nuestro litio, y esta es la causa fundamental de lo que ha pasado en Jujuy”, aseguró. Entonces, recordando su pertenencia al pueblo kolla de Iruya, advirtió: “Lo que pase en las comunidades de Jujuy irremediablemente va a pasar en nuestra Puna, va a pasar en nuestro Iruya, en nuestro Nazareno, en nuestro Santa Victoria”.
Cruz también llamó a la reflexión y pidió que en Jujuy “se instale un diálogo verdadero, que sea capaz de realmente de escuchar todas las voces”, no un diálogo “para decir hemos dialogado y después no cambiar nada”. Antes había recordado que no hubo consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios del territorio jujeño.
Se las violentó a las comunidades originarias, afirmó, no solo con la represión, sino también con una reforma constitucional inconsulta, con el desconocimiento de leyes y tratados internacionales que reconocen sus derechos. Todo hecho, “con la traición, por supuesto, de muchos hermanos, como que ha sucedido de 1492 para acá, siempre la mayoría luchando y algunos traicionando para cuidar sus pequeños privilegios”.
En ese punto recordó que en la lucha por la independencia nacional que encabezaron Martín Miguel de Güemes y Manuel Blegrano, fueron los kollas quienes "peleamos por la patria", y no atrás, “en las vanguardias, siempre parando las patas primero. Y, en cambio, aquellos que siguen buscando hasta ahora el poder económico, no peleaban. Nunca han peleado por Argentina ellos, jamás, mandaban a sus sirvientes, a sus esclavos, pagaban para que otros supuestamente peleen por ellos, ellos jamás se han manchado las manos con sangre, jamás han peleado por esta Argentina, no les importa”. En ese contexto, hizo un llamado al gobierno de Jujuy, a que "sepa retroceder cuando haya que retroceder, reconocer errores “y sobre todo no les quite más derechos a mis hermanos”.

"Morales jugó a los soldaditos"
Miguel Calabró (Evita Conducción), del departamento La Caldera, que linda con Jujuy, inició las intervenciones recordando los vínculos que unen a ambas provincias, y cuestionó al gobernador Gerardo Morales. “Vimos un estado provincial ausente, un gobernador ausente, un gobernador que solo pensó en como lo verían los porteños por televisión”, como lo vería “aquel sector que cree que con violencia, con un estado represor, las cosas pueden mejorar” y “jugó a eso, jugó a los soldaditos”, sostuvo.
El representante de Cachi, Walter Wayar (FdT) puso énfasis en la gravedad que implica que el Estado ataque a manifestantes, y consideró que no basta con un pedido de diálogo. “En Jujuy hubo una represión del estado a ciudadanos comunes, a vecinos argentinos”, aseguró.
También advirtió sobre los discursos de odio que se replican en la televisión y señaló que pueden llevar a un aumento de hechos violentos. “Cuando el que ejerce la violencia es el estado” es grave, “ya ha vivido la Argentina años oscuros donde el estado, hablando de patriotismo y de unidad nacional, hablando de encausar a la Argentina hacia un camino de progreso", ejerció la violencia y "tenemos más de 30 mil desaparecidos y muertos”, recordó.
Wayar fue uno de los senadores que el 1 de junio, en medio de una gran protesta docente, se opuso a la regulación de la protesta social en Salta, que se conoció como ley antipiquetes. "Salta estuvo cerca de cometer errores", recordó ayer en referencia a ese momento. Añadió que fue esta Cámara la que descomprimió el conflicto, que el debate que se produjo en este recinto provocó la reflexión del gobernador Gustavo Sáenz, que vetó parcialmente la ley antipiquetes, "que para mi gusto debió vetarla toda", pero se avanzó "para que el conflicto bajara y la provincia de Salta no pasara a ser Jujuy".
Y volviendo a Jujuy, agregó: "Me parece que priorizan los negocios mineros", que "priorizan los negocios de la tierra". Y atacó a la reforma de la Constitución jujeña a la la ley antipiquetes de Salta. "Hay un Código Penal, no es que hay un vacío legal, no es que no se puede actuar (frente a delitos cometidos durante una protesta), dejémonos de mentir", de fomentar que la sociedad crea que "con palos y represión se van a solucionar los probelmas. No es así", advirtió.
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La minería de litio provoca una rebelión popular en el norte argentino

Fecha de Publicación: 23/06/2023
Fuente: El Salto Diario
Provincia/Región: Jujuy


Una movilización popular que quería impedir la reforma de la constitución de Jujuy, que criminaliza la protesta social y abre las puertas a los grandes proyectos mineros, terminó en una feroz represión policial con cientos de heridos y detenidos.
El estallido jujeño, con epicentro en la ciudad de San Salvador de Jujuy, capital de la provincia de Jujuy y una de las provincias del norte argentino, fue el corolario de una serie de protestas que se vienen sucediendo en toda la provincia desde hace semanas, y que responden a los bajos salarios docentes, las malas condiciones de vida de la región y, sobre todo, a una reforma exprés de la carta magna provincial, que se terminó de sellar en menos de un mes y a puertas cerradas.
Bajo la consigna “Arriba los salarios, abajo la reforma”, el martes 20 de junio por la mañana, una fuerte movilización popular integrada por pueblos originarios, sindicatos y organizaciones sociales y políticas enfrentó una feroz represión policial que incluyó detenciones arbitrarias en vehículos sin identificar, allanamientos en barrios de la periferia, 170 personas heridas —uno de gravedad—, al menos 69 detenidos y la presentación de 51 habeas corpus.
En la mañana del martes, cuando ya se habían concentrado algunos grupos para seguir con las protestas en rechazo a la nueva constitución, se conoció la noticia de la jura del nuevo texto y eso desató la ira popular. Se trata de un texto del que se desconocen los detalles de su articulado definitivo, dado que el domingo por la noche, y en respuesta a los continuos reclamos que desde hace días se vienen dando en toda la provincia, el gobernador Gerardo Morales anunció que retiraría dos de sus artículos. En concreto, se refería a los artículos 50 y 36, que tienen que ver con la propiedad privada de las tierras y le otorgan al Estado provincial la potestad para “reconocer tanto la personería jurídica de las comunidades dentro del territorio provincial como la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”. Morales decidió dar marcha atrás con estos artículos siguiendo la misma mecánica que utilizó para llevar adelante toda la reforma: de manera inconsulta —ni siquiera lo puso en discusión en la Convención Constituyente—, de forma exprés, y entre gallos y medianoche.

Litio
Lo que está en el centro de la disputa es el derecho a la protesta y los bajos salarios, pero, sobre todo, la profundización de un modelo extractivista basado en el litio, algo que los pueblos originarios vienen denunciando desde hace mucho tiempo porque afecta sus modos de vida y sus territorios, y por lo que no han sido consultados. Lo que denuncian las comunidades es que, si bien el Estado argentino reconoce su preexistencia, el nuevo texto provincial pretende obligar a las comunidades a adoptar formas jurídicas que habiliten el reconocimiento de sus territorios y que, de no ser así, esto abriría el camino para que las empresas puedan explotar sus recursos. Aunque se anunció el retiro de los artículos vinculados a la posesión de la tierra, las comunidades insisten con que se tiene que caer la reforma completa ya que no fueron consultados, y tampoco se incluyó ningún artículo que hable del agua y del medio ambiente, dos elementos centrales de toda esta disputa. Sin ir más lejos, en abril las comunidades indígenas de Salinas Grandes y Guayatayoc, marcharon a la capital provincial en rechazo al proyecto estatal de explotación de litio sobre 11.000 hectáreas de la Puna jujeña, y en defensa del agua y la vida.
La semana pasada, unas 500 personas pertenecientes a las comunidades de la Puna caminaron tres días desde Abra Pampa, el extremo norte de Jujuy, y Salinas Grandes, en el oeste, para llegar a la capital jujeña con la esperanza de cancelar la reforma. En el camino tuvieron que lidiar, no solo con la potencia del frío de la Puna en esta época del año, sino con la noticia, el jueves por la noche, de que la reforma había sido aprobada con el voto afirmativo de los bloques Frente Cambia Jujuy (oficialista) y el Frente Justicialista (peronismo). Luego de la brutal represión, los representantes de los pueblos originarios anunciaron que mantendrán los cortes de ruta —22 en toda la provincia—, y que llevarán su reclamo a Buenos Aires y a los organismos internacionales.
Si bien lo del martes responde a la reforma constitucional, los bajos salarios de los docentes —por debajo del costo de vida— determinaron que estos iniciaran huelgas y reclamos por mejoras salariales desde principios de junio y que, poco a poco, numerosas organizaciones se sumarán a esos reclamos. A lo largo de las protestas del último mes, Morales también debió dar marcha atrás —cinco días después de ponerlo en vigencia— con el decreto provincial 8464/23, mediante el cual se aumentaba a cifras millonarias las multas para quien realice una manifestación pública, y se abría la posibilidad de cesantear a trabajadoras y trabajadores estatales que realizarán una medida de fuerza. Sin embargo, mantuvo el artículo 67 de la nueva Constitución que se refiere al “derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica”. El artículo 67 sostiene que “el Estado debe asegurar, como base fundamental de la convivencia democrática pacífica, que las personas ejerzan sus derechos sin avasallar los derechos de las otras”, y prohíbe los cortes de calles y rutas, y “toda posible perturbación al derecho a la libre circulación de las personas”.
Asimismo, los sostenidos reclamos en la calle dieron lugar a la aparición de la Intergremial, de la que participan sindicatos del ámbito público y privado, que acompañan el reclamo educativo y el rechazo a una reforma constitucional que criminaliza la protesta social. Tanto los sindicatos, como las organizaciones sociales, denuncian que el nuevo texto contraría derechos laborales, y afecta la carrera administrativa y las funciones de organismos de control como el Tribunal de Cuentas, al que se le reduce su alcance y función.

Represión
La brutal represión del martes, que duró cuatro horas, dejó como saldo al menos 170 heridos, 69 detenidos (cinco menores), y la presentación de 51 habeas corpus. A última hora de ese día, un nutrido grupo de personas, entre familiares, activistas y abogados, se agolpaban a las puertas del penal del Alto Comedero donde habían sido alojados la mayoría de los detenidos, en búsqueda de información. En las imágenes que se vieron durante las masivas detenciones se pudo observar, no solo detenciones arbitrarias, sino que los vehículos en los que se trasladaba a las personas detenidas no tenían identificación, y que hubo allanamientos y redadas en barrios aledaños al centro de la capital.
Nelson Mamani, un manifestante al que se vio tendido en el suelo en medio de un charco de sangre, debió ser operado de urgencia y permanece internado. El fin de semana, Mijael Lian Lamas, de 17 años, perdió un ojo luego de que un policía le disparara a la cara con una bala de goma. Si bien a última hora de ayer se anunció la liberación de dos integrantes de la agrupación HIJOS Jujuy, que habían sido detenidas durante la manifestación, también se supo que algunos de los presos que aún permanecen detenidos podrían ser imputados por los delitos de resistencia a la autoridad, daños a los bienes públicos y por impedimento a las tareas de los funcionarios públicos, en grado de tentativa. Las dos integrantes de HIJOS fueron liberadas por ser testigos protegidas en juicios de lesa humanidad.
Tras la violencia desatada en las calles de la capital jujeña, se anunciaron dos jornadas de huelga y persisten los cortes de ruta, pero con una amenaza concreta de desalojo. El martes, a última hora, el juez federal Diego Matteuci dictó una orden de desalojo de los piquetes que se mantienen en las localidades de Purmamarca, Libertador (Ledesma) y San Pedro. Por su parte, el gobernador Morales decretó asueto para el miércoles y cerró el aeropuerto gran parte del día. Lo del martes, además, determinó que algunos sindicatos docentes definieran adelantar la huelga, originalmente anunciada para el jueves, para el día miércoles, y que distintas organizaciones sociales, de derechos humanos y partidos políticos, convocarán a una gran movilización en la ciudad de Buenos Aires

Gobernador Morales
Gerardo Morales gobierna la provincia de Jujuy desde hace ocho años, preside la Unión Cívica Radical desde 2021 y, políticamente, se encuentra alineado a Juntos por el Cambio, el partido de centroderecha del expresidente Mauricio Macri. Morales, además, figura tercero en la carrera presidencial de Juntos por el Cambio, detrás de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, actual alcalde de la ciudad de Buenos Aires. El candidato a presidente se definirá en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto. El martes por la tarde, tanto Bullrich como Larreta, dieron una conferencia de prensa en la que defendieron las decisiones tomadas por el actual gobernador de Jujuy. Por el lado del gobierno nacional, tanto el presidente Alberto Fernández, como la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y el ministro del Interior, Wado de Pedro —cuyo nombre también juega como uno de los posibles candidatos a presidente del kirchnerismo—, intercambiaron mensajes por Twitter con Morales, y criticaron las acciones de unos y otros.
Uno de los asuntos que le dieron más visibilidad pública a Morales, fue el arresto de la dirigente social Milagro Sala, en enero de 2016, pocas semanas después de asumir su primer mandato. El hostigamiento y la persecución a Sala, y de la organización que lidera, la Tupac Amaru, buscó ser un elemento disciplinador a lo largo de sus mandatos, y ha sido una de sus principales banderas.

La Constitución
La reforma del texto modifica 193 de los 212 artículos de la Constitución que regía hasta ahora la provincia, y que había sido promulgada en 1986. Los miembros de la Asamblea Constituyente fueron elegidos el pasado 7 de mayo en las mismas elecciones en las que el oficialismo ganó las elecciones provinciales. De los 48 votos posibles, la reforma contó con 40, ya que seis convencionales del Frente de Izquierda, y dos peronistas, se retiraron de la Constituyente, con lo cual, la votación del texto —en la madrugada del jueves al viernes—, fue por unanimidad. El Frente Cambia Jujuy, oficialista, contaba con 28 votos, y necesitó de un acuerdo con los convencionales del Frente Justicialista, es decir, del peronismo local, para poder votar la actual carta magna.
En la tarde de ayer, el presidente Fernández dio un discurso en el que anunció que ordenó al Ministerio de Justicia de la Nación “para que analice y eventualmente promueva las acciones de inconstitucionalidad de los artículos de la reforma votada en Jujuy que violan la Constitución Nacional y los tratados internacionales”. Y le solicitó al Gobierno de Jujuy que ”convoque a las comunidades indígenas y a todos los actores sociales a encontrar caminos de diálogo para superar el conflicto que ha provocado con acciones antidemocráticas”. En su discurso, Fernández también recordó que tanto la CIDH y la oficina regional para América del Sur de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, “se han pronunciado llamando de manera inmediata al cese de la violencia estatal y a garantizar la vigencia de los derechos humanos en la provincia de Jujuy”.
Al mediodía, miles de personas se movilizaron a la casa de la provincia de Jujuy en Buenos Aires, en apoyo a los reclamos y en contra de la represión. Durante la manifestación se le solicitó al gobierno nacional la intervención federal de la provincia y la libertad de todas las personas detenidas. Hasta la tarde de ayer, al menos 53 personas permanecían detenidas en el penal del barrio Alto Comedero, entre ellas, un niño con espectro autista y otra con problemas de salud mental. Para muchos, lo que sucede en Jujuy estos días, no es más que un laboratorio de prueba de algo que luego tendrá alcance nacional, y cuyo objetivo es fijar un nuevo orden. Entre las imágenes que se viralizaron ayer por la tarde estaba la de los trabajadores de la mina “El Aguilar”, que llegaron a la capital jujeña para poner el cuerpo a la protesta cantando: “Dicen que los mineros somos callados, pero cuando nos joden los reventamos”.
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James Cameron dice que se sintió "emboscado" en la Argentina

Fecha de Publicación: 13/06/2023
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Jujuy


El cineasta James Cameron dice que tuvo la sensación de “caer en una emboscada” esta semana durante una visita a la Argentina, en la cual cree que intentaron aprovechar su imagen de ambientalista para dar un aspecto positivo a las operaciones de extracción de litio a pesar de la oposición indígena.
El cineasta James Cameron dice que tuvo la sensación de “caer en una emboscada” esta semana durante una visita a la Argentina, en la cual cree que intentaron aprovechar su imagen de ambientalista para dar un aspecto positivo a las operaciones de extracción de litio a pesar de la oposición indígena.
El director de “Avatar” y “Titanic”, dijo el viernes que dedicará atención y dinero de su fundación Avatar Alliance para apoyar a las comunidades indígenas que se oponen a la extracción de litio en Sudamérica.
“Irónicamente, el resultado de todo esto es que ahora tengo conciencia del problema y a través de mi fundación ayudaremos a la cuestión de los derechos indígenas con respecto a la extracción de litio”, dijo Cameron a un grupo de periodistas reunidos en su cuarto de hotel en Buenos Aires el viernes por la noche.
Cameron viajó a la Argentina para participar en una conferencia sobre sustentabilidad en Buenos Aires el viernes.
“Creí que había venido aquí a pronunciar una especie de discurso motivador sobre causas ambientales”, dijo Cameron.
Como parte de su visita, el cineasta viajó a la provincia norteña de Jujuy el jueves para visitar una gran planta de energía solar con el gobernador Gerardo Morales. Según él, nadie le dijo que el litio formaría parte de la discusión.
Después de la visita de Cameron, Morales escribió en un mensaje de agradecimiento en redes sociales que la provincia aspiraba a “transformar la matriz de energía” mediante proyectos como la planta de energía solar y la “extracción de litio”.
El director recibió una carta que le envió un grupo de 33 comunidades indígenas de la zona unos días antes para pedirle que cancelara el viaje o se reuniera con ellos para explicarle su oposición a los proyectos de extracción de litio que, dijeron, afectan sus derechos sobre la tierra e impactan negativamente el ambiente.
“Siento que caí en una emboscada”, dijo Cameron a la prensa después de un encuentro con ambientalistas locales. Dijo que desconocía la controversia en torno a la extracción de litio. “Siento que me introdujeron en una óptica de cuyo significado yo no tenía conciencia”.
Aunque dice que “desconoce la arquitectura exacta” de cómo sucedió la “emboscada”, siente que se intentó usar su imagen, no solo debido a su apoyo a las causas ambientales, sino también al mensaje amplio de “Avatar”.
“‘Avatar’ es la película más taquillera de la historia. Trata del conflicto entre una industria extractiva y los derechos de los indígenas”, dijo Cameron. “Si se puede generar una óptica en la que aparezco aprobando la minería de litio, eso da una suerte de mandato u aprobación”.
En su carta a Cameron, los representantes indígenas se refieren directamente a “Avatar” al solicitar el apoyo del cineasta.
“Jujuy es Pandora, y está bajo la amenaza de la avaricia de la industria minera, y nosotros somos los Na’vi”, dice la carta, en alusión al mundo ficticio donde tiene lugar la película y a sus habitantes que luchan contra los colonos mineros.
Antes de partir de la Argentina, Cameron se reunió con Verónica Chávez, representante de una de las comunidades indígenas de Jujuy.
Argentina es el cuarto productor de litio y forma parte del llamado “triángulo del litio” con Chile y Bolivia, que comprende una gran parte de los yacimientos del metal. La demanda del litio está creciendo en la transición mundial hacia la energía renovable y el crecimiento del sector de vehículos eléctricos, que utilizan baterías de litio.
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Desertificación, glaciares y más: los informes de la AGN sobre problemáticas ambientales

Fecha de Publicación: 06/06/2023
Fuente: Portal elauditor.info
Provincia/Región: Nacional


La AGN juega un papel central en el análisis y seguimiento del uso de recursos públicos y preservación de riquezas naturales. ¿Qué dicen algunos de los informes de la Auditoría General de la Nación sobre las problemáticas vinculadas al medioambiente?
El cuidado del ambiente es una prioridad de las agendas mundiales y en Argentina no es la excepción. Como organismo de control, la Auditoría General de la Nación (AGN) tiene un rol fundamental. ¿Por qué es tan importante que la AGN se involucre en estas cuestiones? Porque es el organismo encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos y promover la transparencia en la gestión estatal, también en lo vinculado a la sustentabilidad y la preservación de riquezas naturales.
Desertificación, glaciares, energías renovables, pasivos ambientales, bosques nativos, saneamiento del Riachuelo son algunos de los temas que el organismo consideró para sus informes. Estos estudios permitieron identificar deficiencias y puntos a mejorar. Si bien siempre hubo un compromiso de parte del organismo con la gestión ambiental, en 2001 se creó un área específica para esa labor que es el Departamento de Control de Gestión Ambiental (DCGA).

Desertificación
Una de las grandes preocupaciones en materia ambiental es la desertificación. Un informe de la Auditoría General de la Nación, sobre el Programa de Acción Nacional (PAN) señaló el “escaso cumplimiento” de las gestiones de cuidado del medio ambiente. El estudio se centró en la gestión desde junio de 2016 hasta diciembre de 2020, y el eje principal de análisis fueron las medidas tomadas para cumplir con los objetivos de conservar los servicios ecosistémicos y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones afectadas, conforme a la meta 15.3 de la Agenda 2030.
La auditoría encontró “graves falencias” para implementar el PAN y el manejo sustentable de la tierra. Según el informe, las acciones no están siendo acompañados con las adecuaciones normativas, institucionales ni presupuestarias necesarias para su cumplimiento.
Hallaron que no impulsó una nueva legislación sobre suelos y desertificación, y que el presupuesto y recursos humanos son insuficientes para la efectiva implementación del programa. Entre los factores ajenos al programa, señalaron la situación del ASPO por COVID-19 que obligó a detener actividades planificadas, en detrimento del correcto desarrollo del programa.

Parques nacionales
Otro aspecto analizado por la AGN es la gestión de los Parques Nacionales. La Auditoría evalúa la eficacia de las políticas y medidas implementadas para su protección, con el objetivo de asegurar que se cumplan los objetivos de conservación y se minimicen los impactos negativos en espacios naturales que albergan un patrimonio invaluable.
A mediados de 2021, el organismo de control aprobó un informe de seguimiento sobre la labor de la Administración de Parques Nacionales (APN) y de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SGAyDS). De las 40 recomendaciones realizadas por el organismo de control en 2016, solo se habían resuelto ocho.
Entre las observaciones realizadas se detalló que no se encontró personal con estabilidad laboral (de planta permanente) en las áreas protegidas ni guardaparques contratados y que en muchas ocasiones el control y vigilancia o acciones ante emergencias ambientales son cubiertas por pobladores locales que actúan como guardaparques de apoyo.
La AGN también resaltó la importancia de elaborar una estrategia que redefina las prioridades considerando una mejor administración de las áreas protegidas con alta participación, mejores niveles de investigación científica, realización de monitoreo de la biodiversidad y programas de vigilancia eficiente. Sobre este punto, advirtió el progreso en el proceso de planificación, “aunque persisten dificultades que limitan la gestión eficaz de las AP”.

Sobre la cuenca Matanza - Riachuelo
El 8 de julio de 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitía una sentencia que fue pionero en materia de recomposición y prevención del daño ambiental: el fallo “Beatriz Mendoza c/ Estado Nacional y otros” mediante el cual se obligó al Estado a desarrollar un plan para el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo. Para el desarrollo de la causa, la AGN tuvo un accionar clave en el aporte de pruebas.
El informe de la Auditoría daba cuenta que el 65,9% de los hogares de la Cuenca no tenía acceso a los servicios de cloacas, y afirmaba que las principales fuentes de contaminación eran los vertidos cloacales e industriales (plomo, mercurio, zinc, cadmio, cobre, magnesio, níquel e hidrocarburos y sus derivados) y la falta de una gestión adecuada de los residuos.
Desde entonces, cada año la Auditoría realiza un estudio de gestión y de seguimiento de las tareas que Acumar realiza en la Cuenca. El último fue aprobado en abril de este año sobre el desempeño de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) en el trabajo para palear la contaminación de origen industrial. Problemas en el presupuesto, información desactualizada e inconvenientes a la hora de sancionar fueron algunos hallazgos.

Glaciares
En lo referente a glaciares, la Auditoría ha realizado informes para evaluar la implementación de la Ley de Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglaciar. Estos análisis son fundamentales para asegurar que se cumplan las medidas de protección necesarias y evitar el deterioro de estos ecosistemas únicos.
En 2018, aprobó un informe en el que se concluyó que existe una “ausencia de monitoreo” de los lagos que se forman en torno a los glaciares de la zona oeste del país y, por eso, se está ante un “riesgo potencial catastrófico”. El organismo de control encendió las alarmas luego de analizar la labor del ex Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Los auditores explicaron que cuando los lagos se desbordan “arrastran sedimentos y escombros que generan aluviones de gran magnitud, pues recorren distancias extensas debido a la pendiente, y son considerados uno de los peligros más importantes por su potencial destructivo de poblaciones cercanas”.

Pasivos ambientales
La AGN examinó la gestión de la Secretaría de Minería en materia de manejo de los Pasivos Ambientales Mineros. Observó fallas en el fortalecimiento de la administración y en la estandarización de marcos normativos. Los organismos auditados, entre enero de 2018 y mayo de 2020, fueron la Secretaría de Minería de la Nación (SEMIN) y Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR).
De acuerdo al análisis del organismo “no existieron acciones de fortalecimiento” de la gestión minera y tampoco se avanzó en una regulación específica sobre la gestión integral de los residuos. Sumado a esto, el informe expuso que la Secretaría de Minería “no fue eficaz ni eficiente" en el cumplimiento de objetivos.

Bosques nativos
Sobre la preservación de bosques nativos, la Auditoría General de la Nación realizó varios informes y la aplicación de la Ley 26.331 sobre presupuestos mínimos para su protección.
El ordenamiento territorial es clave para la conservación de los bosques y, según la Auditoría, presenta debilidades que la autoridad de aplicación nacional no pudo modificar. Una de las fallas detectadas es que por no coordinar con las provincias se produjeron fallas en la coherencia ecorregional, en la definición de bosque nativo, en la aplicación de criterios de sustentabilidad ambiental y en el cumplimiento de plazos para su actualización.

Energías renovables
En función del cumplimiento de las metas del ODS 7, Energía asequible y no contaminante, la AGN analizó la gestión de la Secretaría de Energía. El período analizado va desde el inicio del año 2018 hasta dos años después, a fin de febrero del 2020, y los avances y acciones registrados en ese lapso no fueron suficientes.
Se encontraron programas subejecutados y falta de coordinación entre las partes involucradas, no logrando garantizar el futuro cumplimiento de los compromisos asumidos.

¿Qué se audita en 2023?
Según el Programa de Acción Anual de la AGN presentado ante la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, este año la AGN realiza el estudio de la gestión de la Administración de Parques Nacionales sobre el Parque Nacional Campos del Tuyú, Mburucuyá, Talampaya; las acciones en función de la calidad del aire impulsadas por el Ministerio; el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos; la implementación, monitoreo, reporte y verificación de las acciones de mitigación y adaptación nacionales que hagan al cumplimiento de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
También forman parte del listado la gestión y seguimiento de las recomendaciones del informe aprobado sobre el tratamiento de residuos sólidos urbanos; la producción sustentable. contingencias y pasivos ambientales en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; la gestión ambientalmente racional de contaminantes orgánicos; la gestión ambiental del Programa Bosques Nativos y Comunidad, comunidad wichí, Salta; y el relevamiento de las acciones desarrolladas en el marco del Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS-DP).
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Minería: el plan a 6 meses para que lleguen inversores a la provincia a pesar de la 7722

Fecha de Publicación: 20/05/2023
Fuente: Diario Los Andes
Provincia/Región: Mendoza


Se realizó el II Foro de Metalmecánica y Minería, se puso en discusión el potencial que tiene Mendoza, los minerales que duermen en su suelo pero también, los proyectos ciertos, que avanzan en el marco de la Ley minera.
En Malargüe Occidental confluyen dos escenarios positivos para la minería en Mendoza: se pueden generar proyectos sin afectar los términos de la Ley 7.722, y no existe competencia por el uso del suelo o del agua con actividades agrícolas. Allí es donde Impulsa Mendoza busca lograr “que un estudio Ambiental sea aprobado en la Legislatura en menos de 6 meses”.
La mirada está puesta en los yacimientos de pórfido de cobre, uno de los llamados “metales críticos”, es decir, necesarios para la transición energética que tiene que alcanzar el mundo en 2050, a fin de reducir la huella de carbono (meta propuesta por la ONU). Al respecto, desde el Gobierno provincial trabajan en el Sur en los proyectos de Barroso, Cerro Amarillo, Matancillas, Callejón Grande, El Seguro y Quebrada Amarilla (cobre).
Así lo explicó el gerente de PRC e Impulsa Mendoza Sustentable S.A, Emilio Guiñazú, durante el II Foro de Metalmecánica y Minería 2023, organizado por Asinmet (Asociación de Industriales Metalúrgicos de la provincia de Mendoza), CAMEM (Cámara Mendocina de Empresarios Mineros) y CAC (Cámara Argentina de la Construcción, delegación Mendoza). Además, cuenta con el apoyo de la Asociación Geológica y el Consejo de Ingenieros.
De acuerdo con Guiñazú, Mendoza tiene un marco normativo frente a la minería severo, que no puede ser modificado (al menos no por ahora), pero eso no quita que existan oportunidades, como los avances que se están generando en Potasio y Hierro en la provincia, para desarrollar la minería. Según afirmaron, no solo hay que trabajar para que se conozcan los beneficios y la gestión de los posibles riesgos que tiene la actividad, sino que hay que atraer inversores, y la única manera de hacerlo, es con proyectos ciertos y ejemplos concretos.
“La minería no tendría chance sin el apoyo de las cámaras, de la sociedad, y de un Gobierno que lo lleve para adelante. Tenemos un marco legal complejo, con restricciones técnicas (no se permite el uso de ácido sulfúrico o cianuro), y el estudio de impacto ambiental tiene que ser aprobado en la Legislatura”, recordó el funcionario.
Esta segunda restricción es la que ya generó rechazos a distintos proyectos mineros en la provincia, como fue el caso de Hierro Indio, proyecto que se archivó en el año 2014, y que luego fue retomado en el año 2019, para su posterior aprobación. En la actualidad, se encuentra en etapa de exploración.
“Necesitamos políticas para potenciar las oportunidades en el sector minero en la provincia, reducir el riesgo de la actividad minera y convencer a los inversores que vengan a una provincia que hasta ahora se ha mostrado refractaria hacia la actividad”, señaló Guiñazú.
En este sentido, señaló que Impulsa Mendoza quiere conseguir “10 proyectos en exploración, y esperan que al menos 1 se transforme en una mina en los próximos 4 años”.
Sin embargo, fuentes del Gobierno de Mendoza comentaron a Los Andes que todos los proyectos malargüinos se encuentran en la etapa de análisis previos, por lo que, al menos en la brevedad, no serían presentados en la Legislatura provincial.

Potasio Río Colorado: 60 días para anunciar un socio
El Distrito Minero Malargüe Occidental es uno de los tres proyectos que impulsa el Gobierno, sumado a Hierro Indio (exploración minera) y Potasio Río Colorado.
En esta última, tal y como ya había anunciado Los Andes en el mes de febrero, luego de más de 10 años de un tormentoso proceso de negociaciones, inversiones y posteriores decepciones con la complicada activación de la mina Potasio Río Colorado, el Gobierno provincial informó que se recibieron tres ofertas “sólidas” y vinculantes para explotar el proyecto de sales de potasio, al sur del departamento de Malargüe.
Las inversiones podrían rondar los U$S 900 y U$S 1.000 millones, según recordó Guiñazú, y aseguró que “en 60 días estarían listos para anunciar quién será el socio inversor”.

Minerales críticos, ¿qué son?
El foro minero puso en relieve la “oportunidad histórica que tiene el sector” para combatir el 50% de la pobreza que existe en la Argentina, con una actividad que hoy garantiza salarios promedio por encima de los $500.000.
De acuerdo con Marita Ahumada, geóloga y titular de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, con los llamados “materiales estratégicos para el mundo”, los minerales críticos para la transición energética (cobre, aluminio, níquel, cobalto y litio, entre ellos).
Se trata de los metales que necesitará el mundo para avanzar en la transición energética hacia energías limpias (baterías, paneles solares, etc.).
Asimismo, Facundo Cecenarro, geólogo en el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), destacó que “la necesidad de cobre para avanzar en sustentabilidad, en un escenario conservador, es tal que, se requerirá duplicar lo producido desde 1900 hasta ahora. No alcanzará con reciclar o reutilizar”. “Y no solo el cobre, en general, se necesitarán entre 3 y 5 veces más minerales para 2050 que los que se producen hoy”, agregó.
Con lo dicho, explicó que el mundo ha aumentado las inversiones en explroación en los últimos 15 años, pero luego no se vio correspondido con el grado creciente de descubrimientos” y es por eso que, en zonas como Mendoza, en donde los minerales están, la oportunidad de exportar es enorme.

Hierro Indio, ¿qué pasa después de la mina?
Rafael Dahl, MWSA Group, explicó que luego de las exploraciones y cuando se pueda poner en producción la mina que “podría a futuro sustituir un tercio de todo el metal que hoy importa la Argentina”, quedará pensar qué hacer con ese material.
Allí es dónde entra también el trabajo para los industriales, que utilizan el hierro para hacer acero inoxidable y luego herramientas, artefactos para el rubro alimenticio y demás.
“La pandemia nos enseñó que los materiales esenciales no estaban en Argentina. El acero inoxidable hoy se importa, y solo en Latinoamérica significa un comercio de 16.000 Millones de dólares. Asimismo, el 75% del acero es hierro y tenemos hierro en Mendoza”, comentó Dahl y explicó que se debe generar una verdadera cadena de valor en torno al mineral para que todos los actores estén presentes y dejar de importar para empezar a producir.

Estándares de calidad en minería
Fernando Ciácera, director de Cadena de Valor Minera de la Secretaria de Minería de la Nación, también estuvo presente en el evento, y destacó “los estándares de calidad que se exigen para los proyectos mineros, superiores al de cualquier otra actividad productiva”. Se trata de normas de calidad mundiales, que no pueden ser salvadas y que buscan que las comunidades se vean beneficiadas en todos sus aspectos por la actividad.
Es que, más del 60% de lo que se invierte en minería es en consumo dentro de las mismas comunidades (empresas proveedoras en todos sus niveles, hasta en gastronomía).
Asimismo, los proyectos significan transferencia de conocimiento, “impulso al compre local”, y existen líneas de financiamiento a las que se pueden acceder tanto desde Nación como las provincias, y las mismas empresas mineras que vienen desde el exterior, capacitan a sus proveedores para que estos puedan cumplir con los estándares de calidad requeridos.
Finalmente, destacó que existen líneas de comunicación abiertas para toda la comunidad, para interiorizarse sobre la minería en el país, pero también hacer consultas si surgieran dudas, y las mismas serán resueltas por profesionales de la Mesa Abierta (Mamec).

Sierra Pintada, una oportunidad que no fue
Eddy Lavandaio, Geólogo y miembro de la Asociación Geológica de Mendoza, explicó que la mina es capaz de producir 31 mil toneladas de uranio, que alcanzaría para suministrar a la sociedad durante 100 años. “Algo verdaderamente sustentable es lo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las del futuro”, recordó.
Es que Sierra Pintada estuvo activa durante 20 años y alcanzó su máxima producción en 1981 cuando se extrajeron 200 toneladas, y en 1995 se suspendió, para importar material a bajo precio. En el camino quedaron 340 empleos y la oportunidad del desarrollo de la actividad.
En 2004 se propuso reabrir la mina, pero de acuerdo con Levandaio, llegaron “activistas foráneos como Fernando Solanas, Greenpeace” y demás, que impidieron que avanzara. Hoy, la zona se encuentra en un “proceso de remediación ambiental”.
“El costo en dólares de importar es de 32 millones de dólares, de promedio anual, y en lugar de reactivar la mida, se decidió el cierre y remediación del pasivo ambiental”, recordó el geólogo y llamó a “revisar decisiones tomadas, por temores generados por el activismo ecologista”.
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Diputados del Frente de Todos presentaron un proyecto para nacionalizar el litio

Fecha de Publicación: 05/05/2023
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


La propuesta busca declarar "de interés público nacional" todos los actos relativos al mineral y sus derivados. Fue presentada por Juan Carlos Alderete y cuenta con el apoyo de una decena de diputados oficialistas.
Un grupo de diputados del Frente de Todos presentó un proyecto de ley que propone nacionalizar las reservas naturales de litio y sus derivados debido al carácter estratégico que tiene el mineral para el desarrollo del país. Argentina es uno de los principales actores en el mercado del mundo ya que posee cerca del 20% de las reservas globales.
La iniciativa es encabezada por el líder de la Corriente, Clasista y Combativa, Juan Carlos Alderete, y cuenta con el apoyo de los diputados oficialistas Verónica Caliva, Sergio Palazzo, Daniel Gollán, Julio Pereyra, Carolina Natalia Arricau, María Rosa Martínez, Leopoldo Moreau, Blanca Osuna, Natalia Souto y Claudia Beatriz Ormachea.
El texto refiere "a las reservas minerales que contengan litio como recurso natural estratégico para el desarrollo socio económico e industrial de la República Argentina" y declara "de interés público nacional la exploración, explotación, concesión de explotación, industrialización y todos los actos relativos al litio y sus derivados".
"Está en marcha una feroz disputa entre potencias hegemónicas que, a través de sus empresas monopólicas, saquean el litio argentino y profundizan la dependencia", dijo el diputado en el proyecto, en el que aludió al proyecto presentado la semana pasada por el presidente chileno, Gabriel Boric, que otorga al Estado un papel protagónico en la explotación del litio.

Triángulo del litio
Chile, junto con Bolivia y Argentina, constituye el llamado triángulo del litio por la abundancia de sus reservas del llamado "oro blanco", esencial para las baterías de los vehículos eléctricos.
Alderete consideró que es "imprescindible que tomemos en nuestras manos la defensa de nuestra soberanía, y protejamos los intereses nacionales referidos a este recurso natural estratégico y avancemos en medidas concretas que permitan la industrialización en origen con los debidos resguardos ambientales y de respeto a los pueblos originarios".
Ante quienes cuestionan la inviabilidad de la propuesta, Alderete dijo que "esto no sólo es necesario, sino que es posible. Es el momento de romper con el modelo extractivista-exportador, modificar el código minero, modificar la ley de Inversiones Mineras y avanzar con un modelo de desarrollo nacional y de defensa de nuestra soberanía".
Al mismo tiempo, el legislador oficialista dijo estar convencido de que "hay una salida a esta crisis y confiamos infinitamente en nuestro pueblo. Las circunstancias son difíciles y nos exige estar a la altura, y sobre todo tomar las medidas que se deban tomar".
Respecto de las concesiones vigentes otorgadas a las empresas privadas, establece que estarán "plenamente alcanzadas por la presente y deberán acogerse a sus disposiciones y normas que la reglamenten en el plazo de un año a partir de su promulgación".
Argentina integra junto a Chile y Bolivia el denominado "Triangulo del litio" donde se concentran el 65% de los recursos mundiales de dicho mineral. Se trata de uno de los cuatro grandes productores mundiales de derivados de litio y cuenta con más del 20% de las reservas globales.
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Derivaciones del pedido de la Corte sobre la minería de Salta y Jujuy

Fecha de Publicación: 20/04/2023
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Nacional - Salta - Jujuy


La respuesta a una reciente resolución de la Corte Suprema sobre la explotación minera en Salta y Jujuy ya se enfrenta a un primer obstáculo técnico. Tiene que ver con la ambigüedad en el pedido de la información que requiere el máximo tribunal de Justicia a estas dos provincias y a la Secretaría de Minería de Nación.
Se trata del fallo que la Corte emitió el 28 de marzo pasado, que tiene su origen en el amparo presentado por la comunidad jujeña Santuario de Tres Pozos y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales para "suspender todos los actos administrativos que promueven y autorizan la exploración y explotación de litio y borato en la Cuenca Salinas Grandes".
Los ambientalistas y los representantes de los pueblos originarios del área consideraron en la presentación que la explotación del litio en salar que comparten ambas provincias producirá un "daño grave e irreversible" en la cuenca Salinas Grandes-Guayatayoc.
Ante la solicitud de amparo, la Corte instó a las tres jurisdicciones (Salta, Jujuy y Nación) a que en un plazo de 30 días remitan todas las actuaciones producidas respecto de la explotación del litio y borato y toda la documentación relacionada para poder decidir si se deben suspender las explotaciones. El inconveniente es que no se específica en la resolución si es que el pedido comprende sólo a Salinas Grandes o a todas las concesiones mineras que están a cargo de las dos provincias.
"El objeto de la acción planteada, según dice la Corte en su propia sentencia, refiere a la cuenca de Salinas Grandes-Guayatayoc y a las concesiones de borato y litio y dado que la parte resolutiva sería más amplia, se pidió a Fiscalía de Estado que se especifique", explicó a El Tribuno la jueza María Victoria Mosmann, a cargo del Juzgado de Minas de Salta.
"El objeto del reclamo es lo que a los jueces nos da el ámbito en el cual nos podemos manejar dentro de un proceso, no podemos fallar fuera de lo que es lo reclamado", insistió.
El mismo inconveniente correría para el Gobierno provincial, ya que la respuesta al máximo tribunal, en lo que respecta a Salta, se tiene que dividir en dos partes: la que corresponde a la Justicia local y al área administrativa, en este caso la Secretaría de Minería de la Provincia.
Es que Salta es la única provincia en Argentina que tiene un sistema de concesión judicial de las áreas mineras, lo cual le ha valido una alta estima internacional respecto a su seguridad jurídica.
"El Juzgado es competente y autoridad de aplicación en materia de concesión minera. Y en el caso de las cuestiones ambientales mineras, en virtud del código de procedimiento minero y también por un decreto provincial, está en cabeza en un ciento por ciento de la Secretaría de Minería, con una vista a la Secretaría de Ambiente", señaló Mosmann.
Aclaró, además, que el trámite de concesión de las áreas mineras no se otorga si no es con la aptitud ambiental y las respectivas consultas a comunidades que la Secretaría de Minería certifica y que se encuentran cumplidas por las empresas interesadas en la explotación de los minerales salteños.
"Es un planteo de comunidades que genera un reclamo interjurisdiccional, por eso está interviniendo la Corte, donde están Salta y Jujuy demandadas. Habrá que ver si la Corte asume finalmente competencia con respecto a esto", señaló la jueza.
Apenas salió la resolución de la Corte, la secretaria de Minería y Energía de Salta, Romina Sassarini, remarcó que la Provincia se va a poner a disposición y va a remitir los informes y toda la documentación respaldatoria a la Corte y también a los organismos e instituciones necesarios.
La funcionaria provincial indicó que "la cuenca a la cual se vincula el pedido de información es la de Salinas Grandes y laguna Guayatayoc, es una cuenca endorreica, cerrada, que compartimos con Jujuy, donde actualmente no existe ningún tipo de actividad minera".
Destacó, también, que a través de la Secretaría de Minería se instrumentan controles ambientales periódicos, monitoreos ambientales participativos, audiencias públicas, mesas sociales y mesas técnicas entre las comunidades, el Estado y las empresas, entre otras acciones.
"Nosotros somos muy respetuosos de las comunidades originarias, tenemos vastos mecanismos de participación y de vinculación normados, internacionales y propios para trabajar con las comunidades desde etapas tempranas", concluyó Sassarini.

Fundamentos
La Corte Suprema fundamentó el pedido de información a Salta, Jujuy y la Secretaría de Minería de Nación en la "importancia de las cuencas hídricas" y apuntó que "la regulación jurídica del agua ha cambiado sustancialmente en los últimos años".
"La visión basada en un modelo antropocéntrico, puramente dominial que solo repara en la utilidad privada que una persona puede obtener de ella o bien en la utilidad pública que restringe a la actividad del Estado, ha mutado hacia un modelo ecocéntrico o sistémico", señalaron los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, quienes firmaron el fallo.
Aclararon que "el paradigma jurídico actual que ordena la regulación del agua no tiene en cuenta solamente los intereses privados o estaduales, sino los del mismo sistema".
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Un caso testigo sobre los riesgos del litio dispara las alarmas por posible contaminación y perjuicio al Estado

Fecha de Publicación: 18/04/2023
Fuente: Portal eldiarioar.com
Provincia/Región: Catamarca


La compañía que explota el Salar del Hombre Muerto y exporta este codiciado mineral acumuló en el último año causas y expedientes administrativos por dos hechos distintos: el derrame de ácido clorhídrico en la mina del Proyecto Fénix y la presunta maniobra de subfacturación en la exportación de carbonato de litio para pagar menos derechos al Estado. Es sólo una de las dos empresas que ya exporta litio. Existen 36 proyectos más buscando “oro blanco” en el país.
Ambas sospechas se encuentran bajo investigación en expedientes administrativos y judiciales, explicaron a elDiarioAR fuentes del Ministerio de Minería catamarqueño, el Ejecutivo nacional, la compañía y los tribunales federales. La empresa Livent Corporation niega las acusaciones por presunta subfacturación e informó que entregó un informe a las autoridades provinciales sobre el reciente incidente ambiental en el Salar del Hombre Muerto, Antofagasta de la Sierra, provincia de Catamarca.
 La explotación del litio en Argentina, que concentra el 20,5% de las reservas mundiales de este mineral, moviliza desde hace años a ambientalistas y comunidades originarias y locales que habitan los alrededores de los salares en las provincias de Catamarca, Jujuy y Salta (además de un proyecto en San Juan), en especial, por la cantidad de agua que la explotación de litio insume en zonas donde esta no abunda.  
 Sin embargo, a las sospechas y denuncias alrededor de este negocio concentrado por empresas de capitales extranjeros y algunas locales, se suman los posibles riesgos por contaminación del agua y el ambiente, además de las posibles pérdidas millonarias ante la incapacidad de las autoridades de controlar las cantidades reales de litio extraídas de los salares del país.
El caso testigo de estas nuevas alarmas sucede en Catamarca, donde el gobierno de Raúl Jalil ha debido iniciar en 2022 un expediente y denuncia por una supuesta maniobra de la empresa Livent para subfacturar el carbonato de litio que exporta y así disminuir considerablemente sus aportes al Estado por derechos de exportación.
Tras una auditoría de la provincia, la Dirección General de Aduana (DGA) denunció a la compañía estadounidense por el supuesto perjuicio de alrededor de US$8 millones por la diferencia de tributos entre lo que pagó y lo que debió pagar por operaciones de 2018 y 2019; y le aplicó a la empresa una multa de $7.000 millones, informó la agencia oficial Télam en julio de 2022. La acusación es en el marco de un expediente administrativo y no penal, dijo la empresa en un comunicado.
La compañía, que en Catamarca opera como Minera del Altiplano SA, es la única que se encuentra actualmente exportando productos derivados del litio extraído de Catamarca. Es investigada por las autoridades de la provincia por un incidente con un camión contratista que volcó en las inmediaciones de la mina que se encuentra en el Salar del Hombre Muerto el 4 de febrero último y volcó unos 20.000 litros de ácido clorhídrico, como informaron El Ancasti y Página 12. Este químico es utilizado para generar el cloruro de litio, otro de los productos derivados para exportación.   
“La Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera inició un sumario administrativo bajo la carátula ‘sumario administrativo ambiental: incidente ambiental por vuelco cisterna’ e ‘incumplimiento de la normativa minero ambiental vigente’”, afirmó el ministerio de Minería de la provincia a elDiarioAR.
De acuerdo con las autoridades, “la empresa informó que llevó a cabo tareas de remediación en el sector, impuestas por el organismo minero, hecho que fue constatado por la Policía Minera en el lugar”.  “Las tareas consistieron en retirar el vehículo, limpieza de suelo y bombeo en la zona para extraer posibles residuos”, ya que el contaminante derramado en el terreno podría haber penetrado las napas freáticas.
Las sanciones que podrían aplicarse a la minera por el derrame “van desde una multa hasta una suspensión, cierre o inhabilitación”, aseguró el ministerio.
Ante las consultas de elDiarioAR, voceros de Livent en Argentina afirmaron que su posición sobre la denuncia por presunta subfacturación de importaciones de litio se encuentra publicada en un comunicado de la compañía en 2022 y que la minera entregó un informe sobre el incidente ambiental provocado por el vuelco del camión que transportaba ácido clorhídrico en la mina Proyecto Fénix y que no podía dar información al respecto. Remitió a este medio a las autoridades de la provincia.
La empresa argentina de Livent supuestamente exportaba a su vinculada del exterior productos de litio a valores “sustancialmente inferiores a los estimados de mercado y a los utilizados por otro exportador comparable”, de acuerdo a la denuncia que luego realizó la Dirección General de Aduanas, organismo nacional.
“Ninguno de los procesos administrativos iniciados por la Aduana ha determinado deficiencias  en la valuación de nuestras exportaciones, ni perjuicio fiscal alguno para el Estado Nacional,  por lo que no se ha ajustado ninguna deuda, ni corresponderá la aplicación de ninguna multa  a nuestra compañía”, respondió la compañía en el comunicado de 2022.

Eléctrico
El litio es un negocio del presente, pero sobre todo del futuro. En Argentina, tres productos representan el 94% de las exportaciones mineras del país: oro, plata y litio. En 2021, este último sólo aportaba el 6,4% de esa torta minera. Un año más tarde, en 2022, las exportaciones de litio ya superaban el 18% del trío estrella, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Producción de la Nación.
Las licitaciones de explotación de los salares en las provincias del noroeste implican contratos a 40 años y todo indica que ese 18% irá en alza, según sostienen los Estados nacional y provinciales y las propias mineras en sus informes a los inversores.
Este mineral es codiciado en los países desarrollados, ya que se utiliza para la fabricación de baterías de teléfonos celulares, tablets, computadoras portátiles y, como el motor del futuro, ya que se lo requerirá para hacer funcionar los vehículos eléctricos e híbridos.
En Argentina, que ostenta el 20,5% de las reservas mundiales de litio, existen 38 proyectos para extraerlo y comercializarlo pero sólo dos producen y exportan productos derivados de este mineral. Uno de ellos es el Proyecto Fénix, una mina ubicada en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca Allí, la empresa estadounidense Livent es una de las mineras que explota el litio.
Livent asegura que actualmente produce en Argentina aproximadamente 5.000 toneladas por año de cloruro de litio y 17.000 de carbonato de litio, pero su apuesta es superior: aspira a tener “una capacidad total anual de carbonato de litio de 60.000 toneladas métricas, así como una capacidad de 9.000 toneladas métricas de cloruro de litio”, según el comunicado de 2022.
El fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, quien tiene jurisdicción sobre Catamarca e interviene ante la Cámara Federal de Apelaciones, denunció penalmente ambos hechos, por lo que el caso es investigado en la justicia federal local. Además, se inició un expediente en la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), de acuerdo a los documentos consultados por elDiarioAR.
Tras la denuncia de presunta subfacturación de exportaciones, el fiscal general requirió información a la Agencia Recaudadora de Catamarca (ARCA), a la Delegación Tinogasta de la AFIP y al Ministerio de Minería de la provincia. Además, también se le requirió información a dicha cartera sobre el derrame de ácido clorhídrico. Al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se le solicitó que identificara a todas las empresas mineras que operan actualmente en el Salar del Hombre Muerto y desde qué fechas operan en esa zona de la provincia.  
La fiscalía también pidió la evaluación e informes de impacto ambiental (indicando qué es lo que se extrae en cada una de las minas o salares, la contaminación generada en la zona y la ocupación de territorio); y qué tratamiento se le da a los residuos resultantes de la actividad (sobre aire, suelo y cursos de agua), y en qué ríos y en qué cantidad es tomada el agua utilizada en el proceso de extracción de minerales.  
 Además, la fiscalía requirió que el Ministerio responda “con carácter urgente” si la cartera de Ambiente de la Nación tenía conocimiento e intervención en el incidente del vuelco de los 20.000 litros de ácido clorhídrico en la zona del Salar y toda la información que conozca sobre el caso, además de la evaluación sobre las posibles consecuencias tanto para el ambiente, y las medidas tomadas al respecto.
“La experiencia que tenemos como antecedente más relevante es con Minera La Alumbrera- una mina a cielo abierto para la extracción de cobre y oro que operó en Catamarca-, y cuando se llamó al máximo ejecutivo de la empresa a dar explicaciones ante la Justicia, plantaron la bandera y se fueron del país”, afirmó una fuente con conocimiento directo del expediente.

Agua
La fiscalía general también solicitó que la Dirección de Hidrología y Evaluación de Recursos Hídricos de Catamarca informe qué vertientes, ríos y lagos se encuentran en el Salar del Hombre Muerto; y de qué cauces, y en qué cantidad en litros, es extraída por día el agua que se utiliza en la explotación minera en el lugar. También requirió que el organismo identifique qué mina toma el agua de qué vertiente. Y apuntó a otra cuestión clave: pidió que se identifique la existencia en la zona de ríos subterráneos y napas freáticas; y sobre la profundidad en la que se encuentran. Pero además fue más allá: quiere que le informen la desembocadura de todos estos cauces de agua y su curso por el resto del territorio argentino.
El representante del Ministerio Público Fiscal también requirió información sobre las obras hídricas realizadas en el lugar y su envergadura a los fines de la explotación minera.
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