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Chubut: Nación insiste con la minería
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El macrismo insiste con la minería en Chubut
Fecha de Publicación: 09/07/2019
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El gobierno de Mauricio Macri tiene dos prioridades extractivas en el país: Vaca Muerta y la minería. No cesa en su intento de quebrar la vigencia de la legislación que prohíbe la minería en Chubut y sigue mostrando las "potencialidades" de los yacimientos Navidad y Suyai, además de los de uranio.
Mauricio Macri ofreció en Canadá la explotación minera del yacimiento Suyai (Esquel) y ahora aparece en catastro minero provincial según lo hizo público el sitio No a la Mina, que denunció que “solo falta calcular cuánto se necesita para comprar algunas voluntades y modificar una ley que prohíbe la megaminería a cielo abierto desde hace 16 años”.
En la reciente publicación denominada “Agregan a Chubut al catastro minero unificado”, el No a la Mina denunció que “Pese a la ley que prohíbe la megaminería en Chubut, incluyeron a la provincia en el Catastro Minero Unificado que provee la Secretaría de Política Minera, dependiente del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación.
Según informa el portal de noticias El Extremo Sur, allí aparecen las solicitudes de cateos y exploración, así como los proyectos mineros en sus diferentes estados o discriminados según el mineral. También se les ofrece a las empresas mineras información sobre infraestructura, establecimientos educativos y “comunidades de pueblos originarios”.
Quebrar la resistencia
La avanzada minera macrista se propone quebrar la resistencia minera chubutense, busca todos los resquicios posibles para gambetear la legislación que prohíbe la actividad en la provincia. Ya embistió de todas las maneras posibles para lograr algo de licencia social, pero hasta el momento no consiguió hacer avanzar ninguno de sus ambiciosos intentos.
La sociedad chubutense en su mayoría rechaza las explotaciones mineras en la provincia. El resquicio se abrió desde distintos sectores políticos. El gobernador Mariano Arcioni aparece a la cabeza de las estrategias que buscan una aprobación, pero buena parte de la oposición está en sintonía con el oficialismo.
El gobierno provincial aceptó el desembarco de funcionarios nacionales para impulsar la minería en la Meseta Central. Sin embargo, ese posicionamiento no resultaba rentable en materia electoral y los candidatos prefirieron guardar su coincidencia con el macrismo para evitar cualquier tipo de pérdida de votos.
El lobby pro minero sigue hiperactivo, pero se topó con la misma resistencia mayoritaria que en marzo de 2003 se le paró de manos a la avanzada minera.
Agazapado, violando las leyes que deniegan la minería en Chubut, y acompañando al empresariado que busca quebrantar la férrea voluntad popular -que desde Esquel se proyectó como un ejemplo de resistencia dentro y fuera del país- el macrismo sigue impulsando el desarrollo minero en la provincia. De allí que haya incluido los proyectos Navidad, Suyai y los de uranio en el catastro minero y mantenga la misma tesitura de prepotencia, como cuando los ofertó en la feria mundial de minería efectuada en Canadá el año pasado.
Nuevas estrategias y más recursos
“La avanzada megaminera del gobierno nacional se encuentra con el rechazo de las poblaciones que se verán afectadas. Es por ello que la cuestionada actividad debe repensarse continuamente y buscar estrategias para intentar doblegar las resistencias. Cada vez son más los recursos que las empresas destinan para buscar la necesaria licencia social, sin la cual pueden ver frustrados sus intentos de saqueo como ya han demostrado numerosos pueblos de Argentina y Latinoamérica”, sintetizó el artículo de No a la Mina.
Los ambientalistas expresaron que el macrismo sumó este año a la Argentina en la “Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas” (EITI por sus siglas en inglés), que se autodefine como un estándar global para promover la gestión abierta y responsable de los recursos petroleros, gasíferos y mineros.
La novedad es que el Estado Nacional se propone como garante de esta transparencia. Es por ello que tras la inclusión este año de nuestro país como miembro, la Secretaría de Minería lanzó el Catastro Minero Unificado, junto a la Oficina Anticorrupción. Se puede encontrar en el flamante sitio web del “Centro de Información Minera de Argentina” y ofrece datos sobre las empresas, los precios, los tratados internacionales, las leyes y los proyectos mineros.
“La información geográfica se ofrece cargada sobre una imagen satelital, en la que se pueden elegir las distintas capas con información de interés. Se puede tildar la opción del padrón de establecimientos mineros, así como discriminar los proyectos según su estado o bien por mineral. La Secretaría de Minería no discrimina en provincias mineras o aquellas que prohíben la actividad: Mendoza estuvo desde el comienzo y recientemente sumaron a la provincia del Chubut.
Así, por ejemplo, aparece el Proyecto Suyai (Cordón Esquel-Yamana Gold), el Proyecto Navidad (norte de la meseta chubutense-Pan American Silver) y cuatro proyectos de uranio. Estos proyectos, cuando se los busca según su estado, aparecen como en Evaluación Económica: solo falta calcular cuánto se necesita para comprar algunas voluntades y modificar una ley que prohíbe la megaminería a cielo abierto desde hace 16 años”, denunció No a la Mina.
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Fecha de Publicación: 09/07/2019
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El gobierno de Mauricio Macri tiene dos prioridades extractivas en el país: Vaca Muerta y la minería. No cesa en su intento de quebrar la vigencia de la legislación que prohíbe la minería en Chubut y sigue mostrando las "potencialidades" de los yacimientos Navidad y Suyai, además de los de uranio.
Mauricio Macri ofreció en Canadá la explotación minera del yacimiento Suyai (Esquel) y ahora aparece en catastro minero provincial según lo hizo público el sitio No a la Mina, que denunció que “solo falta calcular cuánto se necesita para comprar algunas voluntades y modificar una ley que prohíbe la megaminería a cielo abierto desde hace 16 años”.
En la reciente publicación denominada “Agregan a Chubut al catastro minero unificado”, el No a la Mina denunció que “Pese a la ley que prohíbe la megaminería en Chubut, incluyeron a la provincia en el Catastro Minero Unificado que provee la Secretaría de Política Minera, dependiente del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación.
Según informa el portal de noticias El Extremo Sur, allí aparecen las solicitudes de cateos y exploración, así como los proyectos mineros en sus diferentes estados o discriminados según el mineral. También se les ofrece a las empresas mineras información sobre infraestructura, establecimientos educativos y “comunidades de pueblos originarios”.
Quebrar la resistencia
La avanzada minera macrista se propone quebrar la resistencia minera chubutense, busca todos los resquicios posibles para gambetear la legislación que prohíbe la actividad en la provincia. Ya embistió de todas las maneras posibles para lograr algo de licencia social, pero hasta el momento no consiguió hacer avanzar ninguno de sus ambiciosos intentos.
La sociedad chubutense en su mayoría rechaza las explotaciones mineras en la provincia. El resquicio se abrió desde distintos sectores políticos. El gobernador Mariano Arcioni aparece a la cabeza de las estrategias que buscan una aprobación, pero buena parte de la oposición está en sintonía con el oficialismo.
El gobierno provincial aceptó el desembarco de funcionarios nacionales para impulsar la minería en la Meseta Central. Sin embargo, ese posicionamiento no resultaba rentable en materia electoral y los candidatos prefirieron guardar su coincidencia con el macrismo para evitar cualquier tipo de pérdida de votos.
El lobby pro minero sigue hiperactivo, pero se topó con la misma resistencia mayoritaria que en marzo de 2003 se le paró de manos a la avanzada minera.
Agazapado, violando las leyes que deniegan la minería en Chubut, y acompañando al empresariado que busca quebrantar la férrea voluntad popular -que desde Esquel se proyectó como un ejemplo de resistencia dentro y fuera del país- el macrismo sigue impulsando el desarrollo minero en la provincia. De allí que haya incluido los proyectos Navidad, Suyai y los de uranio en el catastro minero y mantenga la misma tesitura de prepotencia, como cuando los ofertó en la feria mundial de minería efectuada en Canadá el año pasado.
Nuevas estrategias y más recursos
“La avanzada megaminera del gobierno nacional se encuentra con el rechazo de las poblaciones que se verán afectadas. Es por ello que la cuestionada actividad debe repensarse continuamente y buscar estrategias para intentar doblegar las resistencias. Cada vez son más los recursos que las empresas destinan para buscar la necesaria licencia social, sin la cual pueden ver frustrados sus intentos de saqueo como ya han demostrado numerosos pueblos de Argentina y Latinoamérica”, sintetizó el artículo de No a la Mina.
Los ambientalistas expresaron que el macrismo sumó este año a la Argentina en la “Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas” (EITI por sus siglas en inglés), que se autodefine como un estándar global para promover la gestión abierta y responsable de los recursos petroleros, gasíferos y mineros.
La novedad es que el Estado Nacional se propone como garante de esta transparencia. Es por ello que tras la inclusión este año de nuestro país como miembro, la Secretaría de Minería lanzó el Catastro Minero Unificado, junto a la Oficina Anticorrupción. Se puede encontrar en el flamante sitio web del “Centro de Información Minera de Argentina” y ofrece datos sobre las empresas, los precios, los tratados internacionales, las leyes y los proyectos mineros.
“La información geográfica se ofrece cargada sobre una imagen satelital, en la que se pueden elegir las distintas capas con información de interés. Se puede tildar la opción del padrón de establecimientos mineros, así como discriminar los proyectos según su estado o bien por mineral. La Secretaría de Minería no discrimina en provincias mineras o aquellas que prohíben la actividad: Mendoza estuvo desde el comienzo y recientemente sumaron a la provincia del Chubut.
Así, por ejemplo, aparece el Proyecto Suyai (Cordón Esquel-Yamana Gold), el Proyecto Navidad (norte de la meseta chubutense-Pan American Silver) y cuatro proyectos de uranio. Estos proyectos, cuando se los busca según su estado, aparecen como en Evaluación Económica: solo falta calcular cuánto se necesita para comprar algunas voluntades y modificar una ley que prohíbe la megaminería a cielo abierto desde hace 16 años”, denunció No a la Mina.
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Veladero ampliado. Anuncian más inversiones
Invertirán U$S 300 millones en el próximo año para ampliar Veladero
Fecha de Publicación: 05/07/2019
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
El dinero es para completar el nuevo valle de lixiviación, hacer una línea eléctrica y una pista de aterrizaje.
El encuentro que tuvo lugar el miércoles pasado en Casa de Gobierno con los directivos de Shandong Gold Group, uno de los operadores de Veladero, dejó buenas noticias para San Juan. Es que los directivos de la empresa anunciaron que invertirán U$S 300 millones en el próximo año para ampliar la mina, en Iglesia. Los recursos serán empleados para completar el nuevo valle de lixiviación, construir una línea eléctrica para abastecer el yacimiento y hacer una pista de aterrizaje en la zona, según dio a conocer el ministro de Minería, Alberto Hensel, al resumir los resultados de la reunión. Las tareas demandarán la ocupación de unos 1.200 puestos de trabajo.
Cabe mencionar que ambos dueños de la mina sanjuanina, la canadiense Barrick y la estatal china Shandong Gold, aprobaron el plan de inversiones para la próxima etapa.
La tarea de ampliación del valle de lixiviación implicará poder extender la vida útil de la mina hasta el 2025 con acopio de material, para luego, en los últimos 3 años, hasta el 2028, seguir extrayendo oro de lo acumulado. Se trata de construir un nuevo valle, en la llamada fase 6 del proyecto, que incluso contará con una separación hidráulica del anterior. Las nuevas 45 hectáreas de lixiviación serán el corazón de las futuras ampliaciones concebidas en la fases 7, 8 y 9 del plan original aprobado por el Gobierno local.
El actual valle de lixiviación es de 270 hectáreas, que sólo permitirán colocar mineral hasta fines de 2019 y parte del 2020. Es decir que hacía falta más espacio para continuar con la tarea, que se conseguirá con las nuevas obras.
El segundo ítem de las inversiones es el tendido de una línea eléctrica, apuntando a reemplazar la provisión de energía, que actualmente proviene de la generación con diesel, por electricidad. El proyecto tiene un doble propósito, por un lado disminuir los costos y por otro, bajar la llamada huella de carbono, es decir el impacto que deja en el ambiente el uso de combustibles fósiles. Y en el futuro incluso pensar en la provisión de energías alternativas.
La nueva línea eléctrica unirá la zona de Lama (proyecto Pascua Lama) con la mina Veladero y la energía vendrá de Chile. La idea había comenzado a plasmarse con el proyecto Pascua Lama, de modo que deben completarse 14 kilómetros hasta ese yacimiento y luego hacer un tendido de 9 kilómetros más hasta Veladero.
La tercera pata del plan es construir una pista de aterrizaje en la zona, pero aún no está el proyecto definitivo, dijo Hensel, por lo que todavía no hay mayores detalles. La idea es que con la nueva pista se gane celeridad en la provisión de insumos y seguridad en la operación, informó el ministro.
Las 3 tareas implicarán la ocupación de unos 1.200 empleos, según lo informado por la empresa en el encuentro. En oportunidad de la visita participaron el presidente de Shandong Gold Group, Yumin Chen; el director, Bin Cheng; el vicepresidente para Argentina, Rilai Zhu; el jefe de Operaciones para Latinoamérica, Australia y el Pacífico, Mark Hill; la consejera general para Latinoamérica, Australia y el Pacífico, Bárbara Cozzi, y el CEO de Minera Andina del Sol, Marcelo Álvarez. A la reunión la encabezó el vicegobernador Marcelo Lima.
"La idea es llegar a que Veladero se convierta en el polo minero de todo el Valle del Cura", dijo Hensel, y destacó que el plan de inversiones tanto de la canadiense Barrick como de la china Shandong Gold va en ese camino.
En la oportunidad los directivos chinos cursaron una invitación al gobernador Sergio Uñac para que visite la provincia de Shandong en octubre. "El objetivo es que podamos avanzar en algo que el Gobernador planteó en algún momento, que es una mayor integración de San Juan con la provincia china", dijo el ministro de Minería.
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Fecha de Publicación: 05/07/2019
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
El dinero es para completar el nuevo valle de lixiviación, hacer una línea eléctrica y una pista de aterrizaje.
El encuentro que tuvo lugar el miércoles pasado en Casa de Gobierno con los directivos de Shandong Gold Group, uno de los operadores de Veladero, dejó buenas noticias para San Juan. Es que los directivos de la empresa anunciaron que invertirán U$S 300 millones en el próximo año para ampliar la mina, en Iglesia. Los recursos serán empleados para completar el nuevo valle de lixiviación, construir una línea eléctrica para abastecer el yacimiento y hacer una pista de aterrizaje en la zona, según dio a conocer el ministro de Minería, Alberto Hensel, al resumir los resultados de la reunión. Las tareas demandarán la ocupación de unos 1.200 puestos de trabajo.
Cabe mencionar que ambos dueños de la mina sanjuanina, la canadiense Barrick y la estatal china Shandong Gold, aprobaron el plan de inversiones para la próxima etapa.
La tarea de ampliación del valle de lixiviación implicará poder extender la vida útil de la mina hasta el 2025 con acopio de material, para luego, en los últimos 3 años, hasta el 2028, seguir extrayendo oro de lo acumulado. Se trata de construir un nuevo valle, en la llamada fase 6 del proyecto, que incluso contará con una separación hidráulica del anterior. Las nuevas 45 hectáreas de lixiviación serán el corazón de las futuras ampliaciones concebidas en la fases 7, 8 y 9 del plan original aprobado por el Gobierno local.
El actual valle de lixiviación es de 270 hectáreas, que sólo permitirán colocar mineral hasta fines de 2019 y parte del 2020. Es decir que hacía falta más espacio para continuar con la tarea, que se conseguirá con las nuevas obras.
El segundo ítem de las inversiones es el tendido de una línea eléctrica, apuntando a reemplazar la provisión de energía, que actualmente proviene de la generación con diesel, por electricidad. El proyecto tiene un doble propósito, por un lado disminuir los costos y por otro, bajar la llamada huella de carbono, es decir el impacto que deja en el ambiente el uso de combustibles fósiles. Y en el futuro incluso pensar en la provisión de energías alternativas.
La nueva línea eléctrica unirá la zona de Lama (proyecto Pascua Lama) con la mina Veladero y la energía vendrá de Chile. La idea había comenzado a plasmarse con el proyecto Pascua Lama, de modo que deben completarse 14 kilómetros hasta ese yacimiento y luego hacer un tendido de 9 kilómetros más hasta Veladero.
La tercera pata del plan es construir una pista de aterrizaje en la zona, pero aún no está el proyecto definitivo, dijo Hensel, por lo que todavía no hay mayores detalles. La idea es que con la nueva pista se gane celeridad en la provisión de insumos y seguridad en la operación, informó el ministro.
Las 3 tareas implicarán la ocupación de unos 1.200 empleos, según lo informado por la empresa en el encuentro. En oportunidad de la visita participaron el presidente de Shandong Gold Group, Yumin Chen; el director, Bin Cheng; el vicepresidente para Argentina, Rilai Zhu; el jefe de Operaciones para Latinoamérica, Australia y el Pacífico, Mark Hill; la consejera general para Latinoamérica, Australia y el Pacífico, Bárbara Cozzi, y el CEO de Minera Andina del Sol, Marcelo Álvarez. A la reunión la encabezó el vicegobernador Marcelo Lima.
"La idea es llegar a que Veladero se convierta en el polo minero de todo el Valle del Cura", dijo Hensel, y destacó que el plan de inversiones tanto de la canadiense Barrick como de la china Shandong Gold va en ese camino.
En la oportunidad los directivos chinos cursaron una invitación al gobernador Sergio Uñac para que visite la provincia de Shandong en octubre. "El objetivo es que podamos avanzar en algo que el Gobernador planteó en algún momento, que es una mayor integración de San Juan con la provincia china", dijo el ministro de Minería.
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La minería apuesta a la reglamentación de la Ley de Glaciares
Por la Ley de Glaciares, la Cámara Minera convocará a una movilización
Fecha de Publicación: 29/06/2019
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
Será en defensa de la actividad y tanto a nivel local como nacional. Para el sector, el reciente fallo abrió posibilidades positivas y los esfuerzos se centrarán en la reglamentación.
Un nuevo capítulo se abre respecto de la Ley de Glaciares, tras el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que rechazó la demanda de inconstitucionalidad planteada por las empresas Barrick y Exploraciones Mineras Argentinas SA. La controversia que generó esta decisión judicial puso sobre el tapete la necesidad de reglamentar la ley y llevó a que desde la Cámara Minera de San Juan se anunciara la próxima convocatoria de una movilización masiva tanto a nivel provincial como nacional en defensa de la industria.
”La idea es convocar a una movilización nacional y provincial lo más multitudinaria posible y en apoyo al sector, y estamos hablando no sólo de la minería sino de todos lo centros de la economía activa que se han expedido a favor de pelear esta situación”, dijo Ricardo Martínez, histórico y activo miembro de la entidad, quien se expresó en el marco de “Historias Compartidas”, las charlas mensuales que la CMSJ brinda sobre diferentes tópicos vinculados a la minería.
Martínez explicó que contrariamente a lo que muchos puedan pensar, el fallo de la CSJN es “mucho más beneficioso que el silencio que había, eso no lo digo yo sino abogados, porque en uno de los puntos del fallo dice que los organismos técnicos deberán expedirse sobre el tema y esta es la oportunidad de poder brindar herramientas para su reglamentación”. En ese sentido la cámara también apuntará a la conformación de un frente de trabajo multidisciplinar o “task force”, “para abordarlo técnicamente, comunicacionalmente, legalmente, tener una voz activa respecto de una ley que, así como está es taxativa”, dijo Martínez. Efectivamente el Art. 15 del fallo dice: “Resulta claro que, en virtud del sistema previsto en la Ley de Glaciares, el desarrollo de su implementación exigirá de definiciones técnicas y de un esfuerzo hermenéutico por parte de otras autoridades. En esta instancia, un pronunciamiento del Tribunal sería prematuro y el resultado de una mera especulación teórica”. Según Horacio Puigdomenech, geólogo miembro del Consejo Profesional de Ciencias Geológicas local y quien coordinó el Inventario de Glaciares de la provincia, “este punto permitiría que se introduzcan en la reglamentación los aspectos técnicos que son imprescindibles para que haya una aplicación razonable de la ley, sobre todo en los artículos 1 y 2 que es lo que está difuso, confuso y generalizado”, dijo.
Los artículos 1 y 2
En los artículos 1 y 2 de la Ley de Glaciares se establece el objeto de la ley y la definición de los conceptos de glaciar y ambiente periglaciar. Según los expertos e incluso bibliografía específica del tema (Ver Para Consultar), en el ámbito de la geología el ambiente periglaciar es aquél cuyos procesos geomorfológicos son dominados por ciclos de congelamiento y descongelamiento, es decir de Permafrost. El ambiente periglaciar no es el ambiente alrededor de los glaciares, ya que puede haber ambiente periglaciar sin haber glaciares, sino que es el que alberga las zonas de Permafrost. El Permafrost es una condición térmica del suelo que se forma por la continua y prolongada pérdida neta de calor desde el suelo hacia la atmósfera. Puntualmente se define como permafrost al suelo o roca cuya temperatura está por debajo de los 0ºC al menos dos años consecutivos; es una definición internacional que no tiene nada que ver con la existencia de hielo de suelo. En el caso puntual de San Juan, según datos del Inventario de Glaciares de la provincia que trascendieron en esta charla de CMSJ, el ambiente periglaciar en la cuenca del Río San Juan es el 2% de la superficie total de la cuenca, el cual está constituido por cerca de 2.000 formas periglaciares (glaciares de escombro y otras geoformas).
De acuerdo a los especialistas, en la provincia es el permafrost más que los glaciares, el que mantiene en forma natural el caudal de agua del Río San Juan durante todo el año. Es la liberación de agua por derretimiento de lo que se conoce como capa activa del permafrost. “El permafrost es el agua que se introduce en el suelo y se congela. La parte más inferior queda transformada en hielo por siglos y la parte superior que está expuesta en contacto con la superficie es lo que se conoce como capa activa, libera agua en la medida que aumenta la temperatura cuando el hielo empieza a derretirse”, explicó Ricardo Gianni, hidrogeólogo egresado de la UNSJ que trabajó casi medio siglo en el Instituto Nacional del Agua y quien además participó de la charla de la CMSJ.
Además de la regulación natural, tanto la cuenca del Rio San Juan como del Rio Jáchal constan de regulación antrópica, es decir de obras como los diques que les permiten almacenar y embalsar agua en exceso. Teniendo en cuenta estos aspectos, para Gianni al momento de instrumentar la ley será fundamental tener en cuenta la regulación de los caudales de los ríos cuando estos ya tienen regulación antrópica. “El dique es un regulador, tiene exactamente la misma función que un glaciar o que el permafrost nada más que regulado racionalmente, son aspectos a considerar en una ley demasiado taxativa que dice que donde hay permafrost no se puede hacer minería, túneles, presa de altura, no se puede hacer nada, nadie habla de dinamitar el permafrost, pero hay que hacer todas las consideraciones”, cerró Gianni.
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Potasio Río Colorado podría reactivarse
Potasio Río Colorado: Cornejo analiza quitarle la concesión a Vale para reactivarlo
Fecha de Publicación: 26/06/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
El Gobernador dijo que negocian la quita de la concesión para reactivar ese proyecto minero. Hay discreción en el Gobierno, pero aseguran que es una posibilidad.
Potasio Río Colorado es uno de los símbolos de la frustración en Malargüe y en toda la provincia. Por lo que generó cuando la mina comenzó a construirse y, sobre todo, el impacto del abandono del proyecto. Desde entonces, hubo varios intentos para relanzarlo y hasta se hizo un replanteo de la mina con la idea de incentivar a las empresas que tengan potencial para invertir. En el esquema siempre estuvo involucrada la empresa brasileña Vale, que tiene los derechos mineros. Sin embargo, nunca se concretó ningún avance y ahora en el Gobierno reconsideran el plan y podrían avanzar con la quita de la concesión minera a Vale.
El dato no es menor y lo mencionó el gobernador Alfredo Cornejo. “ Estamos renegociando dejar sin efecto la concesión de Vale, para poder luego iniciar el proyecto Potasio Río Colorado en el Sur, otro de los proyectos de los que se habla hace años”, dijo Cornejo, luego de anunciar una serie de inversiones en infraestructura y servicios. El dato, en realidad, se manejaba con reserva dentro del Ejecutivo. Es que la quita de la concesión minera es un proceso delicado que involucra a las áreas legales de dos Ministerios y Fiscalía de Estado. Antes de concretar la medida quieren blindarlo para disminuir el riesgo de litigios. Por eso aseguran que a pesar de los dichos del Gobernador, "no hay nada inminente" por ahora. Sin embargo, hay un proceso en curso para que la Provincia disponga de los permisos mineros para poder decidir qué hacer con Potasio Río Colorado.
La historia
El proyecto minero Potasio Río Colorado apunta a explotar un yacimiento de sale de potasio que hay en Malargüe. Iba a ser una de las minas más grandes del mundo. Primero lo desarrollo la empresa inglesa Río Tinto, que luego se la vendió a la brasilera Vale. La mina comenzó a construirse, pero por la baja del precio del mineral y la crisis de la empresa, se cayó.
A pesar del abandono del proyecto de inversión que había previsto, Vale mantiene la concesión minera. Así, cualquier intención de reactivación los tiene como actores fundamentales pues obliga a negociar con ellos para explotar el yacimiento.
¿Pueden quitar la concesión?
Aunque estaba por vencerse el plazo determinado por el código de minería (que es de 4 años), la empresa presentó un plan alternativo de inversión y cronograma de mantenimiento del predio que fue tomado como un "acto positivo". Sin embargo, para ejecutar la reactivación requería inversiones que Vale no está dispuesto a ejecutar.
Vale tenía en planes asociarse o vender sus derechos. La quita de los permisos puede responder a alguna irregularidad, falta de movimiento o incumplimiento.
La empresa ha cumplido hasta ahora, según informaron a MDZ, las obligaciones mínimas establecidas por el Decreto 820 (que regula la actividad minera en Mendoza) para mantener la concesión. Se trata del pago de la tasa de control, la actualización bianual de la Declaración de Impacto Ambiental y también las tareas de mantenimiento del predio, que es una especia de ciudad minera fantasma a medio construir.
La quita de la concesión no es una tarea sencilla, además, por una cuestión logística y de costos. Es que al Estado se le puede complicar hacerse cargo del mantenimiento de las instalaciones. Por eso en caso de avanzar, sería con un plan alternativo seguro.
En el entorno minero aseguran que Vale no está en plan de resignar los derechos sobre Potasio Río Colorado. Esa empresa transfirió la potestad sobre otros yacimientos, poro no los de esa mina. Por eso, aseguran, siguen el tema de cerca. De manera oficial, en el Gobierno explicaron que trabajan junto a Vale para hallar una salida. Eso, a pesar de las declaraciones de Cornejo sobre la quita de la concesión.
El año pasado una de las alternativas que surgió fue el ingreso de inversores chinos para hacer una planta piloto de explotación del potasio. Incluso una comitiva de Shanghai Potash Engineering Research Center estuvo en el yacimiento.
En paralelo, el Ejecutivo provincial y empresa petroleras buscan que impulsar a Malargüe como polo energético, cuestión que llevará tiempo por la falta de infraestructura, servicios y hasta recursos humanos en la zona. Allí la reactivación del proyecto Potasio Río Colorado juega un rol clave.
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Fecha de Publicación: 26/06/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
El Gobernador dijo que negocian la quita de la concesión para reactivar ese proyecto minero. Hay discreción en el Gobierno, pero aseguran que es una posibilidad.
Potasio Río Colorado es uno de los símbolos de la frustración en Malargüe y en toda la provincia. Por lo que generó cuando la mina comenzó a construirse y, sobre todo, el impacto del abandono del proyecto. Desde entonces, hubo varios intentos para relanzarlo y hasta se hizo un replanteo de la mina con la idea de incentivar a las empresas que tengan potencial para invertir. En el esquema siempre estuvo involucrada la empresa brasileña Vale, que tiene los derechos mineros. Sin embargo, nunca se concretó ningún avance y ahora en el Gobierno reconsideran el plan y podrían avanzar con la quita de la concesión minera a Vale.
El dato no es menor y lo mencionó el gobernador Alfredo Cornejo. “ Estamos renegociando dejar sin efecto la concesión de Vale, para poder luego iniciar el proyecto Potasio Río Colorado en el Sur, otro de los proyectos de los que se habla hace años”, dijo Cornejo, luego de anunciar una serie de inversiones en infraestructura y servicios. El dato, en realidad, se manejaba con reserva dentro del Ejecutivo. Es que la quita de la concesión minera es un proceso delicado que involucra a las áreas legales de dos Ministerios y Fiscalía de Estado. Antes de concretar la medida quieren blindarlo para disminuir el riesgo de litigios. Por eso aseguran que a pesar de los dichos del Gobernador, "no hay nada inminente" por ahora. Sin embargo, hay un proceso en curso para que la Provincia disponga de los permisos mineros para poder decidir qué hacer con Potasio Río Colorado.
La historia
El proyecto minero Potasio Río Colorado apunta a explotar un yacimiento de sale de potasio que hay en Malargüe. Iba a ser una de las minas más grandes del mundo. Primero lo desarrollo la empresa inglesa Río Tinto, que luego se la vendió a la brasilera Vale. La mina comenzó a construirse, pero por la baja del precio del mineral y la crisis de la empresa, se cayó.
A pesar del abandono del proyecto de inversión que había previsto, Vale mantiene la concesión minera. Así, cualquier intención de reactivación los tiene como actores fundamentales pues obliga a negociar con ellos para explotar el yacimiento.
¿Pueden quitar la concesión?
Aunque estaba por vencerse el plazo determinado por el código de minería (que es de 4 años), la empresa presentó un plan alternativo de inversión y cronograma de mantenimiento del predio que fue tomado como un "acto positivo". Sin embargo, para ejecutar la reactivación requería inversiones que Vale no está dispuesto a ejecutar.
Vale tenía en planes asociarse o vender sus derechos. La quita de los permisos puede responder a alguna irregularidad, falta de movimiento o incumplimiento.
La empresa ha cumplido hasta ahora, según informaron a MDZ, las obligaciones mínimas establecidas por el Decreto 820 (que regula la actividad minera en Mendoza) para mantener la concesión. Se trata del pago de la tasa de control, la actualización bianual de la Declaración de Impacto Ambiental y también las tareas de mantenimiento del predio, que es una especia de ciudad minera fantasma a medio construir.
La quita de la concesión no es una tarea sencilla, además, por una cuestión logística y de costos. Es que al Estado se le puede complicar hacerse cargo del mantenimiento de las instalaciones. Por eso en caso de avanzar, sería con un plan alternativo seguro.
En el entorno minero aseguran que Vale no está en plan de resignar los derechos sobre Potasio Río Colorado. Esa empresa transfirió la potestad sobre otros yacimientos, poro no los de esa mina. Por eso, aseguran, siguen el tema de cerca. De manera oficial, en el Gobierno explicaron que trabajan junto a Vale para hallar una salida. Eso, a pesar de las declaraciones de Cornejo sobre la quita de la concesión.
El año pasado una de las alternativas que surgió fue el ingreso de inversores chinos para hacer una planta piloto de explotación del potasio. Incluso una comitiva de Shanghai Potash Engineering Research Center estuvo en el yacimiento.
En paralelo, el Ejecutivo provincial y empresa petroleras buscan que impulsar a Malargüe como polo energético, cuestión que llevará tiempo por la falta de infraestructura, servicios y hasta recursos humanos en la zona. Allí la reactivación del proyecto Potasio Río Colorado juega un rol clave.
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Amparo contra el proyecto minero de Agua Rica
Presentaron otro amparo contra la actividad de Agua Rica
Fecha de Publicación: 25/06/2019
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
La comunidad y el pueblo diaguita de Andalgalá, representados por sus Sinchi, Amauta y cacique Luis Castro, Elizabeth Aguirre, Ofelia Herrera, Salvatierra y Amarante, todos con domicilio en la ciudad de Andalgalá, iniciaron un amparo en contra de la empresa Yamana y la provincia de Catamarca con el objeto de que se impida la explotación del proyecto minero Agua Rica. Como medida cautelar solicitaron la paralización inmediata de cualquier trabajo.
El recurso se presentó el viernes pasado en el Juzgado Civil, Comercial y de Familia a cargo de Karina Ivonne Naame.
Otra causa
La Justicia andalgalense ya tiene otro amparo presentado hace varios años atrás por Autoconvocados en contra de la minería que todavía está en la Justicia.
A principio de este mes el juez de Control de Garantías, Rodolfo Oscar Cecenarro, resolvió otorgar un plazo de 15 días para presentar sus pruebas a todas las partes involucradas en el amparo ambiental por el que se suspendió la actividad minera en Andalgalá. Es para resolver la continuidad o no de la actividad ante las noticias por la reactivación del proyecto.
El emplazamiento es para demostrar cuáles son los cuidados previstos para garantizar la salud, el bienestar de la población y la producción. Los ambientalistas, por su parte, tendrán que acreditar su postura en contra de la actividad. Es por eso que fueron notificados la empresa Minera Agua Rica, los amparistas, el Estado provincial y la Municipalidad de Andalgalá.
En enero de 2010, Vecinos Autoconvocados por la Vida, de Andalgalá, presentaron un recurso de amparo ante la Corte de Justicia, que se rechazó en todas las instancias provinciales.
En noviembre de 2012, los amparistas presentan el recurso de queja ante la Corte Suprema de la Nación. En 2016, el máximo tribunal de Justicia ordenó que se revea la decisión de la Justicia provincial.
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Fecha de Publicación: 25/06/2019
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
La comunidad y el pueblo diaguita de Andalgalá, representados por sus Sinchi, Amauta y cacique Luis Castro, Elizabeth Aguirre, Ofelia Herrera, Salvatierra y Amarante, todos con domicilio en la ciudad de Andalgalá, iniciaron un amparo en contra de la empresa Yamana y la provincia de Catamarca con el objeto de que se impida la explotación del proyecto minero Agua Rica. Como medida cautelar solicitaron la paralización inmediata de cualquier trabajo.
El recurso se presentó el viernes pasado en el Juzgado Civil, Comercial y de Familia a cargo de Karina Ivonne Naame.
Otra causa
La Justicia andalgalense ya tiene otro amparo presentado hace varios años atrás por Autoconvocados en contra de la minería que todavía está en la Justicia.
A principio de este mes el juez de Control de Garantías, Rodolfo Oscar Cecenarro, resolvió otorgar un plazo de 15 días para presentar sus pruebas a todas las partes involucradas en el amparo ambiental por el que se suspendió la actividad minera en Andalgalá. Es para resolver la continuidad o no de la actividad ante las noticias por la reactivación del proyecto.
El emplazamiento es para demostrar cuáles son los cuidados previstos para garantizar la salud, el bienestar de la población y la producción. Los ambientalistas, por su parte, tendrán que acreditar su postura en contra de la actividad. Es por eso que fueron notificados la empresa Minera Agua Rica, los amparistas, el Estado provincial y la Municipalidad de Andalgalá.
En enero de 2010, Vecinos Autoconvocados por la Vida, de Andalgalá, presentaron un recurso de amparo ante la Corte de Justicia, que se rechazó en todas las instancias provinciales.
En noviembre de 2012, los amparistas presentan el recurso de queja ante la Corte Suprema de la Nación. En 2016, el máximo tribunal de Justicia ordenó que se revea la decisión de la Justicia provincial.
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El extractivismo del litio con crecimiento exponencial
La inversión en exploración de litio creció 928% desde 2015
Fecha de Publicación: 24/06/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Nacional
El presupuesto exploratorio en proyectos y operaciones de litio en el país creció 928% desde 2015 y el número de empresas involucradas pasó de 7 en ese año a 24 en 2018, según se destacó durante la primera jornada del VIII Seminario Litio en Sudamérica, en la ciudad de Jujuy.
De la apertura del encuentro participaron el subsecretario de Desarrollo Minero del Ministerio de Producción y Trabajo, Mariano Lamothe; el ministro de Minería e Hidrocarburos de Jujuy, Miguel Soler; el de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud y el presidente del Consejo Federal Minero, Rodolfo Micone.
En el encuentro se resaltó que la Argentina tiene la oportunidad de ser un actor estratégico en la cadena global de valor de los vehículos eléctricos y en energías renovables, que es donde hoy participa el litio.
En ese sentido, el potencial de los recursos hasta hoy conocidos en el país permite asegurar la existencia de reservas para abastecer la demanda de litio de los próximos 200 años.
Los especialistas coinciden en señalar que la Argentina tiene un rol protagónico en la producción mundial de litio y se están haciendo inversiones para ampliar su participación, en un mercado global aún relativamente pequeño.
Durante el encuentro se precisó que el presupuesto exploratorio en proyectos y operaciones de litio en el país desde el 2015 creció 928% y el número de empresas involucradas en estos proyectos pasó de 7 en ese año a 24 en 2018.
Ante la magnitud del recurso, se destacó que la Argentina debe buscar su consolidación como un proveedor seguro y competitivo que permita transformarse en los proveedores del aumento de la demanda futura de litio.
Para ello, los participantes del encuentro coincidieron en la necesidad de potenciar el trabajo coordinado con las provincias para que el sector minero, y el litio en particular, sean una oportunidad para el desarrollo productivo sustentable del país, la generación de empleo registrado y para integrar las cadenas de valor globales.
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Fecha de Publicación: 24/06/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Nacional
El presupuesto exploratorio en proyectos y operaciones de litio en el país creció 928% desde 2015 y el número de empresas involucradas pasó de 7 en ese año a 24 en 2018, según se destacó durante la primera jornada del VIII Seminario Litio en Sudamérica, en la ciudad de Jujuy.
De la apertura del encuentro participaron el subsecretario de Desarrollo Minero del Ministerio de Producción y Trabajo, Mariano Lamothe; el ministro de Minería e Hidrocarburos de Jujuy, Miguel Soler; el de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud y el presidente del Consejo Federal Minero, Rodolfo Micone.
En el encuentro se resaltó que la Argentina tiene la oportunidad de ser un actor estratégico en la cadena global de valor de los vehículos eléctricos y en energías renovables, que es donde hoy participa el litio.
En ese sentido, el potencial de los recursos hasta hoy conocidos en el país permite asegurar la existencia de reservas para abastecer la demanda de litio de los próximos 200 años.
Los especialistas coinciden en señalar que la Argentina tiene un rol protagónico en la producción mundial de litio y se están haciendo inversiones para ampliar su participación, en un mercado global aún relativamente pequeño.
Durante el encuentro se precisó que el presupuesto exploratorio en proyectos y operaciones de litio en el país desde el 2015 creció 928% y el número de empresas involucradas en estos proyectos pasó de 7 en ese año a 24 en 2018.
Ante la magnitud del recurso, se destacó que la Argentina debe buscar su consolidación como un proveedor seguro y competitivo que permita transformarse en los proveedores del aumento de la demanda futura de litio.
Para ello, los participantes del encuentro coincidieron en la necesidad de potenciar el trabajo coordinado con las provincias para que el sector minero, y el litio en particular, sean una oportunidad para el desarrollo productivo sustentable del país, la generación de empleo registrado y para integrar las cadenas de valor globales.
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Jujuy afirma que no tiene problemas por la Ley de Glaciares
La Ley de Glaciares no afecta ningún proyecto minero local
Fecha de Publicación: 22/06/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Jujuy
Jujuy no tiene proyectos que estén en zonas glaciares y registró 255 glaciares y 9,5 km2, una de las provincias con menos cantidad de glaciares identificados. Recientemente la Corte Suprema alertó a algunas provincias en las que por su extensión podría afectar a proyectos mineros, algunas provincias reclamaron y no se contempló a empresas que planteaban inconstitucionalidad porque no se probaba daño.
"La Suprema Corte no se expidió sobre la ley específicamente, sino que no pudieron expedirse realmente ni las empresas que presentaron ni la provincia que presentó pudieron demostrar un perjuicio económico real", explicó al respecto el secretario de Minería Miguel Soler.
Es que las empresas habían presentado un recurso de amparo y planteaban que se tocaba la autonomía de la provincia, pero la Suprema Corte se expidió diciendo que no podía decir nada porque no se demuestra algo concreto en daños.
"Desde el inventario que se hizo, da para Jujuy 9,5 kilómetros cuadrados y 255 glaciares. Somos una de las provincias que tiene menos cantidades de glaciares identificados. Sobre esos realmente no hay afectación de trabajos mineros en ningún sector, ni siquiera en la Sierra de Aguilar, que no están afectados actualmente", precisó Soler respecto al Inventario de Glaciares que hizo el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia).
Sin embargo, el secretario de Minería explicó que "no tenemos afectación de ningún emprendimiento minero. Tenemos unos pequeños cuerpos de glaciares de escombros que se encuentran en las Serranías de Aguilar" y explicó que éstos no están impactados por la actividad. Sostuvo que prevén trabajar para terminar la reglamentación de modo que queden bien protegidos, sin embargo aclaró que no ha tenido ningún impacto sobre su cuerpo.
Planteó además que desde la provincia respetan lo que dice la Justicia y aseguró que se viene trabajando desde el Consejo Federal Minero (Cofemin) y la Provincia coincidiendo en que se debe respetar el ambiente, cuidarlo al igual que un glaciar, humedal, río y quebrada.
Sostuvo que están trabajando con la Nación para que se respete la autonomía de las provincias, porque entienden que hace a un país federal. "Los recursos naturales son nuestros, nosotros los administramos, entendemos que la Nación da la ley marco, que están todas las metodologías de evaluación de informe de impacto ambiental para poder evaluar cualquier actividad, sea industria minera, de turismo o agrícola ganadera tiene que hacerlo para que la evaluación del impacto se atienda", explicó Soler .
Recordó además que la Ley de Glaciares estuvo vigente y explicó que hay en la provincia un proyecto en la Legislatura que apunta a acoplarse al mismo tenor de esta ley. La normativa jujeña planteaba que había que hacer un inventario de glaciares , que asegura fracasó y no fue validado y que en la nueva gestión se coordinó con el Ianiglia desarrollando un nuevo inventario junto al Ministerio de Ambiente de Jujuy.
En el país hay 5.769 km2 de hielo y 16.078 glaciares en la Cordillera de los Andes. En las Islas Georgias y Sandwich del Sur hay 2.715 km2 de hielo y 890 glaciares. En total son 8.484 km2 de hielo y 16.968 glaciares.
Las geoformas que se clasificaron fueron glaciares descubiertos y cubiertos por detrito, manchones de nieve perenne glaciares de escombros y área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea).
Técnicamente poder controlar
El secretario de Minería Miguel Soler planteó que el principal concepto es de qué forma se puede aplicar esa Ley de Glaciares con el reglamento, y poder técnicamente controlar qué trabajo se pueda hacer o no, dejar que el trabajo se haga y consideró clave el informe de impacto ambiental. Por eso estimó que lo importante es contar con el inventario, saber cuáles cuerpos deben evaluar, qué hizo el Ianiglia y definió a partir de parámetros técnicos de control, de monitoreo y de conocimiento para identificarlos.
Sostuvo que “no tenemos ningún glaciar en la provincia con hielo visible, en general son cuerpos que tienen más del 50 % de material detrítico, es decir escombros, pedazos de roca. Cuando se ven las imágenes ve solamente roca, piedra, y que por las características se conoce que hay hielo intersticial entre medio”.
Explicó que en primera instancia se buscaba identificar cuáles eran los cuerpos, y en la segunda seguir trabajando en los cuerpos definidos para conocer cuál es el aporte que hacen a los sistemas hidrológicos de la provincia. Se busca incorporar los cuerpos identificados en el inventario de Ianiglia para poder hacer una evaluación técnica con un informe de impacto ambiental.
Impacto ambiental
Soler planteó que el que se haya concluido con el Inventario Nacional de Glaciares es el primer paso para superponer los glaciares identificados y para poder plantear temas concretos. Comentó que Santa Cruz tiene más de la mitad de glaciares identificados que están dentro de zonas protegidas.
“El reclamo que hacemos desde la comunidad minera con respecto a la ley, es que somos los primeros interesados en preservar el ambiente, entendemos que la industria minera tiene que trabajar en forma ambientalmente responsable, tiene los mecanismos para hacerlo a través de los informes de impacto ambiental que son evaluados”, precisó Soler. Explicó que el tema es que hay gente que cree que cualquier actividad minera destruye todo, entonces esa discriminación es la que se reclama. Y es que entiende que no se puede hacer ninguna actividad si no se presenta el informe de impacto ambiental, porque así lo contempla la Ley de Glaciares, la Ley de Bosques, la de Humedales, de Hídricos, una perspectiva abierta. La discusión entre ambiente glaciar y periglaciar es que en el último caso hubo glaciaciones que afectaron la Pampa.
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Fecha de Publicación: 22/06/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Jujuy
Jujuy no tiene proyectos que estén en zonas glaciares y registró 255 glaciares y 9,5 km2, una de las provincias con menos cantidad de glaciares identificados. Recientemente la Corte Suprema alertó a algunas provincias en las que por su extensión podría afectar a proyectos mineros, algunas provincias reclamaron y no se contempló a empresas que planteaban inconstitucionalidad porque no se probaba daño.
"La Suprema Corte no se expidió sobre la ley específicamente, sino que no pudieron expedirse realmente ni las empresas que presentaron ni la provincia que presentó pudieron demostrar un perjuicio económico real", explicó al respecto el secretario de Minería Miguel Soler.
Es que las empresas habían presentado un recurso de amparo y planteaban que se tocaba la autonomía de la provincia, pero la Suprema Corte se expidió diciendo que no podía decir nada porque no se demuestra algo concreto en daños.
"Desde el inventario que se hizo, da para Jujuy 9,5 kilómetros cuadrados y 255 glaciares. Somos una de las provincias que tiene menos cantidades de glaciares identificados. Sobre esos realmente no hay afectación de trabajos mineros en ningún sector, ni siquiera en la Sierra de Aguilar, que no están afectados actualmente", precisó Soler respecto al Inventario de Glaciares que hizo el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia).
Sin embargo, el secretario de Minería explicó que "no tenemos afectación de ningún emprendimiento minero. Tenemos unos pequeños cuerpos de glaciares de escombros que se encuentran en las Serranías de Aguilar" y explicó que éstos no están impactados por la actividad. Sostuvo que prevén trabajar para terminar la reglamentación de modo que queden bien protegidos, sin embargo aclaró que no ha tenido ningún impacto sobre su cuerpo.
Planteó además que desde la provincia respetan lo que dice la Justicia y aseguró que se viene trabajando desde el Consejo Federal Minero (Cofemin) y la Provincia coincidiendo en que se debe respetar el ambiente, cuidarlo al igual que un glaciar, humedal, río y quebrada.
Sostuvo que están trabajando con la Nación para que se respete la autonomía de las provincias, porque entienden que hace a un país federal. "Los recursos naturales son nuestros, nosotros los administramos, entendemos que la Nación da la ley marco, que están todas las metodologías de evaluación de informe de impacto ambiental para poder evaluar cualquier actividad, sea industria minera, de turismo o agrícola ganadera tiene que hacerlo para que la evaluación del impacto se atienda", explicó Soler .
Recordó además que la Ley de Glaciares estuvo vigente y explicó que hay en la provincia un proyecto en la Legislatura que apunta a acoplarse al mismo tenor de esta ley. La normativa jujeña planteaba que había que hacer un inventario de glaciares , que asegura fracasó y no fue validado y que en la nueva gestión se coordinó con el Ianiglia desarrollando un nuevo inventario junto al Ministerio de Ambiente de Jujuy.
En el país hay 5.769 km2 de hielo y 16.078 glaciares en la Cordillera de los Andes. En las Islas Georgias y Sandwich del Sur hay 2.715 km2 de hielo y 890 glaciares. En total son 8.484 km2 de hielo y 16.968 glaciares.
Las geoformas que se clasificaron fueron glaciares descubiertos y cubiertos por detrito, manchones de nieve perenne glaciares de escombros y área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea).
Técnicamente poder controlar
El secretario de Minería Miguel Soler planteó que el principal concepto es de qué forma se puede aplicar esa Ley de Glaciares con el reglamento, y poder técnicamente controlar qué trabajo se pueda hacer o no, dejar que el trabajo se haga y consideró clave el informe de impacto ambiental. Por eso estimó que lo importante es contar con el inventario, saber cuáles cuerpos deben evaluar, qué hizo el Ianiglia y definió a partir de parámetros técnicos de control, de monitoreo y de conocimiento para identificarlos.
Sostuvo que “no tenemos ningún glaciar en la provincia con hielo visible, en general son cuerpos que tienen más del 50 % de material detrítico, es decir escombros, pedazos de roca. Cuando se ven las imágenes ve solamente roca, piedra, y que por las características se conoce que hay hielo intersticial entre medio”.
Explicó que en primera instancia se buscaba identificar cuáles eran los cuerpos, y en la segunda seguir trabajando en los cuerpos definidos para conocer cuál es el aporte que hacen a los sistemas hidrológicos de la provincia. Se busca incorporar los cuerpos identificados en el inventario de Ianiglia para poder hacer una evaluación técnica con un informe de impacto ambiental.
Impacto ambiental
Soler planteó que el que se haya concluido con el Inventario Nacional de Glaciares es el primer paso para superponer los glaciares identificados y para poder plantear temas concretos. Comentó que Santa Cruz tiene más de la mitad de glaciares identificados que están dentro de zonas protegidas.
“El reclamo que hacemos desde la comunidad minera con respecto a la ley, es que somos los primeros interesados en preservar el ambiente, entendemos que la industria minera tiene que trabajar en forma ambientalmente responsable, tiene los mecanismos para hacerlo a través de los informes de impacto ambiental que son evaluados”, precisó Soler. Explicó que el tema es que hay gente que cree que cualquier actividad minera destruye todo, entonces esa discriminación es la que se reclama. Y es que entiende que no se puede hacer ninguna actividad si no se presenta el informe de impacto ambiental, porque así lo contempla la Ley de Glaciares, la Ley de Bosques, la de Humedales, de Hídricos, una perspectiva abierta. La discusión entre ambiente glaciar y periglaciar es que en el último caso hubo glaciaciones que afectaron la Pampa.
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Ya hay dos proyectos para modificar la ley 7.722
La Legislatura analiza dos proyectos para actualizar la ley 7.722
Fecha de Publicación: 18/06/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El primero trata sobre la creación de los Parques Industriales Mineros Controlados, y el segundo sobre la modificación misma de la norma.
La tan aclamada “Ley del agua”, militada por quienes se decían protectores del medio ambiente, demostró no haber cumplido con el fin esperado por la misma norma dado que aquel supuesto control que debía ejercer dicho cuerpo normativo sobre la actividad minera metalífera en la Provincia de Mendoza nunca llegó a efectivizarse.
Desde la sanción de la ley 7.722, en 2007, ningún proyecto minero ha sido aprobado en la Legislatura de la Provincia. Con este antecedente se confirma aquel argumento tan negado por los detractores de la minería de que ésta no era una ley anti-minera, sino que el objeto de la misma era controlar a la actividad y cuidar el medio ambiente.
El actual artículo 3 de la ley 7.722 pone como exigencia que los proyectos mineros metalíferos que hayan obtenido la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental (DIA), deban ser ratificados por ley. Lo cierto es que desde la sanción de dicha ley, el fin para lo cual la mencionada norma fue sancionada, nunca llegó a cumplirse dado que, desde entonces, ningún proyecto ha pasado el filtro de la Legislatura, convirtiendo a aquella ratificación, en un mero embudo partidista de la política mendocina.
En el transcurso de estos 11 años, desde la sanción de aquella ley, se ha dictado una serie de normas que sí tendieron a proteger el patrimonio medioambiental de los mendocinos y con herramientas que permitieron abordar a la minería dentro de un desarrollo sustentable para el territorio.
Ejemplo de ello fueron: la Ley de Glaciares y su Inventario; la aprobación e implementación del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial; la firma del Nuevo Pacto Federal Minero; y la elaboración de la Política de Desarrollo para la Actividad Minera de la Provincia de Mendoza. Todas ellas en la actualidad nos llevan a afirmar que ahora sí contamos con herramientas eficaces que otorgan la posibilidad de definir para cada caso qué tipo de actividad puede realizarse, dónde, y cómo controlarla.
Por esos motivos, y por el hecho de que no existe ningún procedimiento de ninguna industria nacional que requiera de una ratificación legislativa a una autorización ambiental previamente otorgada por los organismos técnicos correspondientes -excepto la actividad minera metalífera de Mendoza-, es que en la Legislatura Provincial se están tratando dos proyectos sobre legislación ambiental minera de modo de actualizar aquella ley 7.722 a los tiempos que corren. El primero trata sobre la creación de los Parques Industriales Mineros Controlados, y el segundo sobre la modificación misma de la ley 7.722.
Ambos proyectos remplazan aquella ratificación legislativa de las DIA de Proyectos de Prospección, Exploración, Explotación y/o Industrialización de Minerales Metalíferos, por la creación de una Comisión Legislativa compuesta por ambas Cámaras, de seguimiento y control de las actividades mineras.
Resulta razonable y dentro de sus competencias otorgar al órgano legislativo su función de control y no continuar otorgándole aquella facultad prohibitiva de una actividad, puesto que, como toda actividad industrial específica, necesita del análisis técnico de especialistas que avalen y autoricen o no, un determinado proyecto minero.
La DIA técnicamente es un acto administrativo dictado por un órgano técnico que pone fin al proceso de evaluación de impacto ambiental, cuya voluntad exteriorizada a través de una autorización, debe contener necesariamente una decisión fundada y ser susceptible de la vía recursiva, conforme al derecho humano fundamental de una efectiva tutela judicial (artículo 25 Convención Americana sobre Derechos Humanos); y que sólo compete a la autoridad administrativa competente (en este caso del Poder Ejecutivo a través de sus órganos técnicos), propio de la División de Poderes reconocido constitucionalmente. Sin embargo, con la actual ley 7.722 no sólo no se permite la posibilidad de recurrir una decisión que rechace -no ratifique- un proyecto determinado; sino que además avanza sobre poderes específicos otorgados a otros órganos constitucionales.
A este principio de separación de poderes la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 310:120. 1987) ha dicho que no sólo ha sido dispuesto para controlar al poder, sino que también responde a una necesaria especialización que deben tener los órganos del poder para lograr la óptima gestión de los intereses públicos.
Justamente en base al principio republicano de gobierno entendemos que resulta razonable remplazar aquella ratificación legislativa por un efectivo control ejercido por el Poder Legislativo, a través de la constitución de una Comisión Bicameral, que pueda controlar y darle seguimiento a los proyectos mineros metalíferos en la Provincia, ya que aquella ratificación no sólo ha demostrado ser una herramienta ineficaz y obstructiva, sino que además ha superado ampliamente las facultades constitucionales otorgadas a la Legislatura Provincial.
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Fecha de Publicación: 18/06/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El primero trata sobre la creación de los Parques Industriales Mineros Controlados, y el segundo sobre la modificación misma de la norma.
La tan aclamada “Ley del agua”, militada por quienes se decían protectores del medio ambiente, demostró no haber cumplido con el fin esperado por la misma norma dado que aquel supuesto control que debía ejercer dicho cuerpo normativo sobre la actividad minera metalífera en la Provincia de Mendoza nunca llegó a efectivizarse.
Desde la sanción de la ley 7.722, en 2007, ningún proyecto minero ha sido aprobado en la Legislatura de la Provincia. Con este antecedente se confirma aquel argumento tan negado por los detractores de la minería de que ésta no era una ley anti-minera, sino que el objeto de la misma era controlar a la actividad y cuidar el medio ambiente.
El actual artículo 3 de la ley 7.722 pone como exigencia que los proyectos mineros metalíferos que hayan obtenido la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental (DIA), deban ser ratificados por ley. Lo cierto es que desde la sanción de dicha ley, el fin para lo cual la mencionada norma fue sancionada, nunca llegó a cumplirse dado que, desde entonces, ningún proyecto ha pasado el filtro de la Legislatura, convirtiendo a aquella ratificación, en un mero embudo partidista de la política mendocina.
En el transcurso de estos 11 años, desde la sanción de aquella ley, se ha dictado una serie de normas que sí tendieron a proteger el patrimonio medioambiental de los mendocinos y con herramientas que permitieron abordar a la minería dentro de un desarrollo sustentable para el territorio.
Ejemplo de ello fueron: la Ley de Glaciares y su Inventario; la aprobación e implementación del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial; la firma del Nuevo Pacto Federal Minero; y la elaboración de la Política de Desarrollo para la Actividad Minera de la Provincia de Mendoza. Todas ellas en la actualidad nos llevan a afirmar que ahora sí contamos con herramientas eficaces que otorgan la posibilidad de definir para cada caso qué tipo de actividad puede realizarse, dónde, y cómo controlarla.
Por esos motivos, y por el hecho de que no existe ningún procedimiento de ninguna industria nacional que requiera de una ratificación legislativa a una autorización ambiental previamente otorgada por los organismos técnicos correspondientes -excepto la actividad minera metalífera de Mendoza-, es que en la Legislatura Provincial se están tratando dos proyectos sobre legislación ambiental minera de modo de actualizar aquella ley 7.722 a los tiempos que corren. El primero trata sobre la creación de los Parques Industriales Mineros Controlados, y el segundo sobre la modificación misma de la ley 7.722.
Ambos proyectos remplazan aquella ratificación legislativa de las DIA de Proyectos de Prospección, Exploración, Explotación y/o Industrialización de Minerales Metalíferos, por la creación de una Comisión Legislativa compuesta por ambas Cámaras, de seguimiento y control de las actividades mineras.
Resulta razonable y dentro de sus competencias otorgar al órgano legislativo su función de control y no continuar otorgándole aquella facultad prohibitiva de una actividad, puesto que, como toda actividad industrial específica, necesita del análisis técnico de especialistas que avalen y autoricen o no, un determinado proyecto minero.
La DIA técnicamente es un acto administrativo dictado por un órgano técnico que pone fin al proceso de evaluación de impacto ambiental, cuya voluntad exteriorizada a través de una autorización, debe contener necesariamente una decisión fundada y ser susceptible de la vía recursiva, conforme al derecho humano fundamental de una efectiva tutela judicial (artículo 25 Convención Americana sobre Derechos Humanos); y que sólo compete a la autoridad administrativa competente (en este caso del Poder Ejecutivo a través de sus órganos técnicos), propio de la División de Poderes reconocido constitucionalmente. Sin embargo, con la actual ley 7.722 no sólo no se permite la posibilidad de recurrir una decisión que rechace -no ratifique- un proyecto determinado; sino que además avanza sobre poderes específicos otorgados a otros órganos constitucionales.
A este principio de separación de poderes la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 310:120. 1987) ha dicho que no sólo ha sido dispuesto para controlar al poder, sino que también responde a una necesaria especialización que deben tener los órganos del poder para lograr la óptima gestión de los intereses públicos.
Justamente en base al principio republicano de gobierno entendemos que resulta razonable remplazar aquella ratificación legislativa por un efectivo control ejercido por el Poder Legislativo, a través de la constitución de una Comisión Bicameral, que pueda controlar y darle seguimiento a los proyectos mineros metalíferos en la Provincia, ya que aquella ratificación no sólo ha demostrado ser una herramienta ineficaz y obstructiva, sino que además ha superado ampliamente las facultades constitucionales otorgadas a la Legislatura Provincial.
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Salta: empresarios contra ley de glaciares
Advertencia empresarial sobre la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 17/06/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
El fallo de la Corte Suprema que ratificó la constitucionalidad de la ley de glaciares sigue trayendo cola. El presidente de la Cámara de Minería de Salta, Facundo Huidobro, sostuvo que esa resolución judicial "desalienta la inversión en exploración" para nuevos proyectos mineros.
Aunque Salta no tiene ninguna cantera que afecte la normativa nacional, como sí ocurre en otras seis provincias, la declaración de Huidobro apunta a una preocupación sectorial referida a que los inversores, que son extranjeros en este rubro, necesitan certidumbres muy concretas y garantías legales para iniciar algún emprendimiento de explotación de los recursos minerales.
"A pesar de que el fallo refiere a la provincia de San Juan y a Barrick Gold, para los inversores Argentina es una sola región", precisó el dirigente empresarial.
La decisión del máximo tribunal de Justicia del país, que se conoció la semana pasada, marcó el final de un planteo iniciado en 2011 por la multinacional Barrick Gold, que opera los yacimientos sanjuaninos Pascua Lama y Veladero. La minera alertaba que los límites que fija la legislación ambiental para proteger las áreas de glaciares y periglaciares prácticamente la deja sin muchas chances de producir.
Tras la sentencia de la Corte, que fue unánime, 44 proyectos mineros (ubicados en Santa Cruz, Chubut, Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca) quedaron por fuera de la ley de glaciares y deberán replantear su explotación. La mayoría de ellos aún están en etapa de estudio, aunque desde el sector empresarial ya advirtieron que la paralización de los mismos puede representar una pérdida de inversiones de entre 10 mil a 18 mil millones de dólares.
"Si bien en Salta no hay grandes glaciares ni ambientes periglaciares como en la alta cordillera, el impacto deviene por la sensación de los inversores sobre estos fallos", señaló Huidobro. Explicó, además, que "muchas empresas que realizan o tienen pensado invertir en exploración obviamente lo están pensando dos veces con este tipo de fallos".
El titular de la Cámara de Minería apeló también a que las administraciones provinciales deben hacer valer la autonomía que les otorga la Constitución nacional en la administración de sus recursos naturales. En ese sentido, en la edición de El Tribuno de ayer se explicó que en Salta rige una ley provincial de protección de glaciares (Ley 7.625), sancionada en agosto de 2010, meses antes de que salga la normativa nacional.
El secretario de Minería de la Provincia, Daniel Blasco, explicó para esa nota que lo que se hizo en el marco de la ley nacional de glaciares es agregar a los catastros de los territorios que se disponen para la explotación minera los datos de geolocalización de los 646 glaciares y periglaciares que fueron relevados en Salta bajo la normativa superior.
Huidobro dijo que ley nacional de glaciares carece de definiciones "técnicas sobre ambiente glaciar y periglaciar".
En el mismo sentido se manifestó Gustavo Carracedo, presidente de la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta (Capemisa). "Nuestra postura no es en contra de la ley sino en contra de la forma en la que está redactada, porque carece de definiciones técnicas claras. Por ejemplo, sobre lo que es una área periglaciar y cuáles son los límites que la definen", dijo el dirigente a este diario.
Afirmó que lo que desalienta la inversión en el sector son los constantes cambios de reglas en la actividad.
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Fecha de Publicación: 17/06/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
El fallo de la Corte Suprema que ratificó la constitucionalidad de la ley de glaciares sigue trayendo cola. El presidente de la Cámara de Minería de Salta, Facundo Huidobro, sostuvo que esa resolución judicial "desalienta la inversión en exploración" para nuevos proyectos mineros.
Aunque Salta no tiene ninguna cantera que afecte la normativa nacional, como sí ocurre en otras seis provincias, la declaración de Huidobro apunta a una preocupación sectorial referida a que los inversores, que son extranjeros en este rubro, necesitan certidumbres muy concretas y garantías legales para iniciar algún emprendimiento de explotación de los recursos minerales.
"A pesar de que el fallo refiere a la provincia de San Juan y a Barrick Gold, para los inversores Argentina es una sola región", precisó el dirigente empresarial.
La decisión del máximo tribunal de Justicia del país, que se conoció la semana pasada, marcó el final de un planteo iniciado en 2011 por la multinacional Barrick Gold, que opera los yacimientos sanjuaninos Pascua Lama y Veladero. La minera alertaba que los límites que fija la legislación ambiental para proteger las áreas de glaciares y periglaciares prácticamente la deja sin muchas chances de producir.
Tras la sentencia de la Corte, que fue unánime, 44 proyectos mineros (ubicados en Santa Cruz, Chubut, Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca) quedaron por fuera de la ley de glaciares y deberán replantear su explotación. La mayoría de ellos aún están en etapa de estudio, aunque desde el sector empresarial ya advirtieron que la paralización de los mismos puede representar una pérdida de inversiones de entre 10 mil a 18 mil millones de dólares.
"Si bien en Salta no hay grandes glaciares ni ambientes periglaciares como en la alta cordillera, el impacto deviene por la sensación de los inversores sobre estos fallos", señaló Huidobro. Explicó, además, que "muchas empresas que realizan o tienen pensado invertir en exploración obviamente lo están pensando dos veces con este tipo de fallos".
El titular de la Cámara de Minería apeló también a que las administraciones provinciales deben hacer valer la autonomía que les otorga la Constitución nacional en la administración de sus recursos naturales. En ese sentido, en la edición de El Tribuno de ayer se explicó que en Salta rige una ley provincial de protección de glaciares (Ley 7.625), sancionada en agosto de 2010, meses antes de que salga la normativa nacional.
El secretario de Minería de la Provincia, Daniel Blasco, explicó para esa nota que lo que se hizo en el marco de la ley nacional de glaciares es agregar a los catastros de los territorios que se disponen para la explotación minera los datos de geolocalización de los 646 glaciares y periglaciares que fueron relevados en Salta bajo la normativa superior.
Huidobro dijo que ley nacional de glaciares carece de definiciones "técnicas sobre ambiente glaciar y periglaciar".
En el mismo sentido se manifestó Gustavo Carracedo, presidente de la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta (Capemisa). "Nuestra postura no es en contra de la ley sino en contra de la forma en la que está redactada, porque carece de definiciones técnicas claras. Por ejemplo, sobre lo que es una área periglaciar y cuáles son los límites que la definen", dijo el dirigente a este diario.
Afirmó que lo que desalienta la inversión en el sector son los constantes cambios de reglas en la actividad.
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El litio y el riesgo hídrico
Estudios técnicos revelan riesgo hídrico en zonas de explotación de litio
Fecha de Publicación: 15/06/2019
Fuente: FARN
Provincia/Región: Nacional
FARN hace un llamado a las autoridades de las provincias de Salta y Jujuy, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a actuar de manera inmediata en base a lo estipulado por los principios precautorio y preventivo que prevé la Ley General del Ambiente, para dar respuesta, sin dilación, a la situación de riesgo inminente en la valiosa Puna argentina.
La organización remarca que existe evidencia suficiente para presuponer daños irreparables, con consecuencias directas para las comunidades que viven de los salares, por lo que considera mandatorio poner un freno al inicio de operaciones de nuevos proyectos y/o al avance de los existentes hasta tanto se realicen estudios completos que garanticen que el ambiente no será significativamente afectado. Ignorar este cuadro alarmante, así como la aplicación de las normas ambientales vigentes, no es más que una decisión política que conlleva sendas responsabilidades.
Por ser el más ligero de los minerales, el litio es un excelente almacenador de energía y, por tanto, un gran “aliado” frente al cambio climático ya que, al poder acumular energía derivada de una fuente renovable, las baterías de ion-litio podrían contribuir a reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Estas baterías son, además, utilizadas para garantizar distintos tipos de movilidad eléctrica.
Este mineral “maravilla” se encuentra esencialmente en Argentina, Bolivia y Chile, países que conforman el llamado “triángulo del Cono Sur del Litio”, con aproximadamente el 70% de las reservas de salmueras de este mineral a nivel mundial. Más precisamente, está en los salares de altura de la región de la Puna, a más de 3000 metros sobre el nivel del mar, en ecosistemas considerados frágiles y con escasez hídrica donde, no obstante, desde tiempos ancestrales y en armonía con la naturaleza, habita una importante cantidad de comunidades indígenas.
El interés por este mineral ha generado la movilización de recursos del sector público, y principalmente del sector privado, para conocer sus cualidades, cómo puede ser integrado a dispositivos electrónicos y baterías, y de qué manera hacer más eficientes las baterías de distinto tipo. Sin embargo, muy pocos son los estudios que han analizado en profundidad los impactos de la extracción de litio en las fuentes de agua de las regiones áridas en que se encuentra este mineral.
Para paliar esta falencia, en 2010 la Defensoría del Pueblo de la Nación convocó a un grupo de especialistas para que hiciera un análisis de la situación del agua en estos frágiles ecosistemas, en un contexto en que la exploración y extracción de litio se encontraban aún en etapas iniciales. En ese marco, un estudio fechado en 2012 ya advertía acerca de un potencial riesgo hídrico para las cuencas estudiadas en la Puna argentina.
Es en base a estos antecedentes que FARN, en colaboración con la expertise de Marcelo Sticco, Patricio Scravaglieri y Antonella Damiani, se propuso indagar en profundidad la situación de los recursos hídricos de la zona afectada, teniendo en cuenta todos los proyectos que, en distintas etapas de desarrollo, están vigentes en los salares de la Puna en la actualidad.
El estudio se focalizó en dos cuencas específicas y utilizó como principal fuente la información técnica de las propias empresas mineras que es de pública disponibilidad. Se estudió la situación del agua en:
1) Olaroz-Caucharí, provincia de Jujuy, cuenca en la que existen tres proyectos, uno de ellos en extracción desde 2015 y otro cuya explotación fue recientemente autorizada; y
2) Salinas Grandes y Lagunas de Guayatayoc, en las provincias de Salta y Jujuy, donde existen tres proyectos en etapa de exploración a pesar de la presencia de comunidades que se oponen terminantemente a la extracción de litio.
Los objetivos específicos fueron conocer la conexión entre el agua salada y las zonas de agua dulce, y aproximarse al balance hídrico de cada una de las cuencas estudiadas; esto es, conocer la cantidad de agua que naturalmente entra al salar y aquella que sale, para así comprender mejor las posibilidades de riesgo hídrico a las que pueden resultar expuestos estos frágiles ecosistemas al verse afectados en cuanto a su disponibilidad de agua.
Compartimos aquí las principales conclusiones respecto de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, ya que el análisis vinculado a Olaroz-Caucharí se encuentra en proceso de finalización.
Entre los principales hallazgos se resaltan los siguientes:
- En los salares de la Puna existen cuerpos de agua dulce y de agua salada que forman parte de un mismo acuífero. En el centro de la cuenca está el agua con alto contenido de sales disueltas (también conocidas como salmueras), entre las que se hallan los compuestos de litio; en tanto que en las zonas periféricas se encuentra el agua dulce o de baja salinidad. Pero existe conexión entre el agua dulce y el agua salada: las distintas masas de agua se encuentran conectadas en una zona de “mezcla” o “intermedia” en la que ambos tipos entran en contacto. La explotación de litio se realiza a partir de la extracción de sales contenidas en la salmuera en las zonas centrales de los salares, lo que produce efectos en las zonas de agua dulce, que se moviliza hacia las zonas de extracción de litio y, así, se saliniza de manera irreversible, en tanto ya no puede volver a su estado anterior.
- Debido a las escasas precipitaciones en la zona, se concluye que se extraerá mayor cantidad de agua que aquella que ingresará al sistema de forma natural. Esto porque el uso de agua por parte de las empresas mineras (descarga), de acuerdo con la proyección de construcción de pozos, es superior al nivel de ingreso (recarga).
- Además, se calcula que solamente el 5% del agua de lluvia –escasa de por sí- ingresa al subsuelo. Como consecuencia se genera un desequilibrio que afecta el nivel de agua subterránea de forma gradual, lo que finalmente provoca el desplazamiento del agua dulce -ubicada en zonas adyacentes a salares en vegas y lagos a mayor altura- a una mayor velocidad hacia el centro del salar (movimiento centrípeto, desde el borde hacia adentro) por tratarse este último de una zona más baja, desde la que se extrae la salmuera.
Si bien el contenido de la investigación y las opiniones expresadas son de exclusiva responsabilidad de los autores y la autora y no reflejan necesariamente la opinión de nuestra organización, FARN considera de vital importancia contar con estudios del estilo que pongan en la agenda, para su oportuna discusión, los aspectos generalmente ignorados de la cuestión del litio; esto es, los impactos ambientales vinculados a su extracción.
El cuadro de alarma que plantean las conclusiones a las que arriba esta investigación, aun cuando sus resultados son preliminares, alcanza para dar cuenta del panorama de riesgo para los ecosistemas que supone la extracción de litio y, por tanto, la importancia de poner en funcionamiento una serie de mecanismos y herramientas para salvaguardar la valiosa Puna argentina, ecorregión que se encuentra entre las prioridades de conservación. También es de tenerse en cuenta que Salinas Grandes fue elegida como una de las siete maravillas naturales de la Argentina. Asimismo, destacamos que el estudio no tiene en cuenta los usos de agua por parte de las comunidades, circunstancia que ha de ser integrada en tanto podría agravar el impacto de la extracción de salmueras previsto por esta investigación.
Por todo lo expuesto, FARN hace un llamado a las autoridades competentes, tanto en las provincias de Salta y de Jujuy como a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a actuar de manera inmediata en base a lo estipulado por los principios precautorio y preventivo -además de los de solidaridad y cooperación- que prevé la Ley General del Ambiente, para dar respuesta, sin dilación, a la situación de riesgo inminente al sistema hídrico de la Puna argentina.
En ese sentido, se recuerda que el principio de prevención, previsto en el artículo 4 de la Ley General del Ambiente N° 25.675, establece que “las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir”. Además el principio precautorio sostiene que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
Ambos principios son de aplicación directa para el caso de Salinas Grandes ya que, por un lado, el de prevención obliga a actuar para prevenir impactos negativos que puedan darse sobre los salares de la Puna y, por otro, aun cuando estudios como el aquí presentado puedan ser complementados con investigaciones adicionales que den mayor certeza respecto de la envergadura de los daños en los recursos hídricos, existe evidencia suficiente para presuponer son irreparables e implican consecuencias directas para las comunidades que viven de los salares.
Por ello es mandatorio que se ponga un freno al inicio de operaciones de nuevos proyectos y/o al avance de los existentes hasta tanto se realicen estudios completos que garanticen que el ambiente en la cuenca de referencia no será significativamente afectado.
Existe hoy normativa ambiental suficiente, vigente tanto a nivel provincial como nacional, para abordar la problemática aquí planteada, con herramientas que evalúen acumulativamente los impactos ambientales previstos a nivel cuenca, por lo que ignorar este cuadro alarmante y la aplicación de las normas no es más que una decisión política que conlleva sendas responsabilidades.
Por otra parte, esta situación moviliza a las comunidades que habitan la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc en defensa de sus derechos. Preocupadas por el agua y su vida, ven las amenazas concretas que genera la explotación de litio en sus posibilidades futuras, ya que dependen del agua -escasa de por sí- para el desarrollo de distintas actividades económicas y la reproducción de su vida cultural. Por eso, realizaron acciones para llamar la atención de las autoridades, que en ningún caso dieron una respuesta acorde a la gravedad de lo denunciado.
Con esta publicación esperamos, por un lado, traer elementos fundamentales para un debate basado en evidencia científica que dé cuenta de que no se puede seguir avanzando a ciegas en la explotación de un mineral, sin evaluar suficientemente sus impactos ambientales. Por otro, contribuir al debate de sustentabilidad desde una perspectiva amplia, problematizando la forma en que mayoritariamente se piensan las cuestiones relativas al litio, con la mera enunciación de su potencial para la contribución a la transición energética global como “excusa suficiente” para pasar por alto debates fundamentales que involucran tanto aspectos ambientales como sociales y culturales.
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Fecha de Publicación: 15/06/2019
Fuente: FARN
Provincia/Región: Nacional
FARN hace un llamado a las autoridades de las provincias de Salta y Jujuy, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a actuar de manera inmediata en base a lo estipulado por los principios precautorio y preventivo que prevé la Ley General del Ambiente, para dar respuesta, sin dilación, a la situación de riesgo inminente en la valiosa Puna argentina.
La organización remarca que existe evidencia suficiente para presuponer daños irreparables, con consecuencias directas para las comunidades que viven de los salares, por lo que considera mandatorio poner un freno al inicio de operaciones de nuevos proyectos y/o al avance de los existentes hasta tanto se realicen estudios completos que garanticen que el ambiente no será significativamente afectado. Ignorar este cuadro alarmante, así como la aplicación de las normas ambientales vigentes, no es más que una decisión política que conlleva sendas responsabilidades.
Por ser el más ligero de los minerales, el litio es un excelente almacenador de energía y, por tanto, un gran “aliado” frente al cambio climático ya que, al poder acumular energía derivada de una fuente renovable, las baterías de ion-litio podrían contribuir a reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Estas baterías son, además, utilizadas para garantizar distintos tipos de movilidad eléctrica.
Este mineral “maravilla” se encuentra esencialmente en Argentina, Bolivia y Chile, países que conforman el llamado “triángulo del Cono Sur del Litio”, con aproximadamente el 70% de las reservas de salmueras de este mineral a nivel mundial. Más precisamente, está en los salares de altura de la región de la Puna, a más de 3000 metros sobre el nivel del mar, en ecosistemas considerados frágiles y con escasez hídrica donde, no obstante, desde tiempos ancestrales y en armonía con la naturaleza, habita una importante cantidad de comunidades indígenas.
El interés por este mineral ha generado la movilización de recursos del sector público, y principalmente del sector privado, para conocer sus cualidades, cómo puede ser integrado a dispositivos electrónicos y baterías, y de qué manera hacer más eficientes las baterías de distinto tipo. Sin embargo, muy pocos son los estudios que han analizado en profundidad los impactos de la extracción de litio en las fuentes de agua de las regiones áridas en que se encuentra este mineral.
Para paliar esta falencia, en 2010 la Defensoría del Pueblo de la Nación convocó a un grupo de especialistas para que hiciera un análisis de la situación del agua en estos frágiles ecosistemas, en un contexto en que la exploración y extracción de litio se encontraban aún en etapas iniciales. En ese marco, un estudio fechado en 2012 ya advertía acerca de un potencial riesgo hídrico para las cuencas estudiadas en la Puna argentina.
Es en base a estos antecedentes que FARN, en colaboración con la expertise de Marcelo Sticco, Patricio Scravaglieri y Antonella Damiani, se propuso indagar en profundidad la situación de los recursos hídricos de la zona afectada, teniendo en cuenta todos los proyectos que, en distintas etapas de desarrollo, están vigentes en los salares de la Puna en la actualidad.
El estudio se focalizó en dos cuencas específicas y utilizó como principal fuente la información técnica de las propias empresas mineras que es de pública disponibilidad. Se estudió la situación del agua en:
1) Olaroz-Caucharí, provincia de Jujuy, cuenca en la que existen tres proyectos, uno de ellos en extracción desde 2015 y otro cuya explotación fue recientemente autorizada; y
2) Salinas Grandes y Lagunas de Guayatayoc, en las provincias de Salta y Jujuy, donde existen tres proyectos en etapa de exploración a pesar de la presencia de comunidades que se oponen terminantemente a la extracción de litio.
Los objetivos específicos fueron conocer la conexión entre el agua salada y las zonas de agua dulce, y aproximarse al balance hídrico de cada una de las cuencas estudiadas; esto es, conocer la cantidad de agua que naturalmente entra al salar y aquella que sale, para así comprender mejor las posibilidades de riesgo hídrico a las que pueden resultar expuestos estos frágiles ecosistemas al verse afectados en cuanto a su disponibilidad de agua.
Compartimos aquí las principales conclusiones respecto de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, ya que el análisis vinculado a Olaroz-Caucharí se encuentra en proceso de finalización.
Entre los principales hallazgos se resaltan los siguientes:
- En los salares de la Puna existen cuerpos de agua dulce y de agua salada que forman parte de un mismo acuífero. En el centro de la cuenca está el agua con alto contenido de sales disueltas (también conocidas como salmueras), entre las que se hallan los compuestos de litio; en tanto que en las zonas periféricas se encuentra el agua dulce o de baja salinidad. Pero existe conexión entre el agua dulce y el agua salada: las distintas masas de agua se encuentran conectadas en una zona de “mezcla” o “intermedia” en la que ambos tipos entran en contacto. La explotación de litio se realiza a partir de la extracción de sales contenidas en la salmuera en las zonas centrales de los salares, lo que produce efectos en las zonas de agua dulce, que se moviliza hacia las zonas de extracción de litio y, así, se saliniza de manera irreversible, en tanto ya no puede volver a su estado anterior.
- Debido a las escasas precipitaciones en la zona, se concluye que se extraerá mayor cantidad de agua que aquella que ingresará al sistema de forma natural. Esto porque el uso de agua por parte de las empresas mineras (descarga), de acuerdo con la proyección de construcción de pozos, es superior al nivel de ingreso (recarga).
- Además, se calcula que solamente el 5% del agua de lluvia –escasa de por sí- ingresa al subsuelo. Como consecuencia se genera un desequilibrio que afecta el nivel de agua subterránea de forma gradual, lo que finalmente provoca el desplazamiento del agua dulce -ubicada en zonas adyacentes a salares en vegas y lagos a mayor altura- a una mayor velocidad hacia el centro del salar (movimiento centrípeto, desde el borde hacia adentro) por tratarse este último de una zona más baja, desde la que se extrae la salmuera.
Si bien el contenido de la investigación y las opiniones expresadas son de exclusiva responsabilidad de los autores y la autora y no reflejan necesariamente la opinión de nuestra organización, FARN considera de vital importancia contar con estudios del estilo que pongan en la agenda, para su oportuna discusión, los aspectos generalmente ignorados de la cuestión del litio; esto es, los impactos ambientales vinculados a su extracción.
El cuadro de alarma que plantean las conclusiones a las que arriba esta investigación, aun cuando sus resultados son preliminares, alcanza para dar cuenta del panorama de riesgo para los ecosistemas que supone la extracción de litio y, por tanto, la importancia de poner en funcionamiento una serie de mecanismos y herramientas para salvaguardar la valiosa Puna argentina, ecorregión que se encuentra entre las prioridades de conservación. También es de tenerse en cuenta que Salinas Grandes fue elegida como una de las siete maravillas naturales de la Argentina. Asimismo, destacamos que el estudio no tiene en cuenta los usos de agua por parte de las comunidades, circunstancia que ha de ser integrada en tanto podría agravar el impacto de la extracción de salmueras previsto por esta investigación.
Por todo lo expuesto, FARN hace un llamado a las autoridades competentes, tanto en las provincias de Salta y de Jujuy como a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a actuar de manera inmediata en base a lo estipulado por los principios precautorio y preventivo -además de los de solidaridad y cooperación- que prevé la Ley General del Ambiente, para dar respuesta, sin dilación, a la situación de riesgo inminente al sistema hídrico de la Puna argentina.
En ese sentido, se recuerda que el principio de prevención, previsto en el artículo 4 de la Ley General del Ambiente N° 25.675, establece que “las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir”. Además el principio precautorio sostiene que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
Ambos principios son de aplicación directa para el caso de Salinas Grandes ya que, por un lado, el de prevención obliga a actuar para prevenir impactos negativos que puedan darse sobre los salares de la Puna y, por otro, aun cuando estudios como el aquí presentado puedan ser complementados con investigaciones adicionales que den mayor certeza respecto de la envergadura de los daños en los recursos hídricos, existe evidencia suficiente para presuponer son irreparables e implican consecuencias directas para las comunidades que viven de los salares.
Por ello es mandatorio que se ponga un freno al inicio de operaciones de nuevos proyectos y/o al avance de los existentes hasta tanto se realicen estudios completos que garanticen que el ambiente en la cuenca de referencia no será significativamente afectado.
Existe hoy normativa ambiental suficiente, vigente tanto a nivel provincial como nacional, para abordar la problemática aquí planteada, con herramientas que evalúen acumulativamente los impactos ambientales previstos a nivel cuenca, por lo que ignorar este cuadro alarmante y la aplicación de las normas no es más que una decisión política que conlleva sendas responsabilidades.
Por otra parte, esta situación moviliza a las comunidades que habitan la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc en defensa de sus derechos. Preocupadas por el agua y su vida, ven las amenazas concretas que genera la explotación de litio en sus posibilidades futuras, ya que dependen del agua -escasa de por sí- para el desarrollo de distintas actividades económicas y la reproducción de su vida cultural. Por eso, realizaron acciones para llamar la atención de las autoridades, que en ningún caso dieron una respuesta acorde a la gravedad de lo denunciado.
Con esta publicación esperamos, por un lado, traer elementos fundamentales para un debate basado en evidencia científica que dé cuenta de que no se puede seguir avanzando a ciegas en la explotación de un mineral, sin evaluar suficientemente sus impactos ambientales. Por otro, contribuir al debate de sustentabilidad desde una perspectiva amplia, problematizando la forma en que mayoritariamente se piensan las cuestiones relativas al litio, con la mera enunciación de su potencial para la contribución a la transición energética global como “excusa suficiente” para pasar por alto debates fundamentales que involucran tanto aspectos ambientales como sociales y culturales.
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Ley de glaciares: Catamarca convoca a sectores
Minería convocó a sectores económicos
Fecha de Publicación: 12/06/2019
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
La Secretaría de Estado de Minería convocó a una reunión a empresarios, gremialistas, legisladores, proveedores y técnicos para comenzar a debatir los alcances de la Ley de Glaciares (26.639) en la Provincia.
A modo de conclusión, todos coincidieron en la necesidad de trabajar una legislación local en la que se incluya un inventario de los glaciares que pudiera haber en territorio provincial y que compatibilice el cuidado del medio ambiente con el desarrollo de actividades productivas como la minería, el turismo y otras industrias.
Para ello, trabajará junto con el equipo del organismo minero la doctora en Geología Adriana Niz, de la UNCA, una experta en la temática, y miembros de organismos internacionales.
Del encuentro, que se llevó a cabo el viernes, participaron representantes de la Intersindical Mineral, de la Unión Industrial y de la Unión Comercial, de las empresas mineras, de las cámaras de proveedores, de las organizaciones de desocupados y legisladores provinciales. El secretario de Minería, Rodolfo Micone, explicó los aspectos técnicos e implicancias de esta ley nacional y el asesor legal de la Secretaría, los alcances jurídicos. Niz, por su parte, aclaró términos y definiciones.
Todos los asistentes coincidieron en la necesidad de que la Provincia, como dueña de sus recursos naturales, sea la que defina cómo cuidar sus recursos y qué hacer con ellos.
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Fecha de Publicación: 12/06/2019
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
La Secretaría de Estado de Minería convocó a una reunión a empresarios, gremialistas, legisladores, proveedores y técnicos para comenzar a debatir los alcances de la Ley de Glaciares (26.639) en la Provincia.
A modo de conclusión, todos coincidieron en la necesidad de trabajar una legislación local en la que se incluya un inventario de los glaciares que pudiera haber en territorio provincial y que compatibilice el cuidado del medio ambiente con el desarrollo de actividades productivas como la minería, el turismo y otras industrias.
Para ello, trabajará junto con el equipo del organismo minero la doctora en Geología Adriana Niz, de la UNCA, una experta en la temática, y miembros de organismos internacionales.
Del encuentro, que se llevó a cabo el viernes, participaron representantes de la Intersindical Mineral, de la Unión Industrial y de la Unión Comercial, de las empresas mineras, de las cámaras de proveedores, de las organizaciones de desocupados y legisladores provinciales. El secretario de Minería, Rodolfo Micone, explicó los aspectos técnicos e implicancias de esta ley nacional y el asesor legal de la Secretaría, los alcances jurídicos. Niz, por su parte, aclaró términos y definiciones.
Todos los asistentes coincidieron en la necesidad de que la Provincia, como dueña de sus recursos naturales, sea la que defina cómo cuidar sus recursos y qué hacer con ellos.
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Ya quieren cambiar la ley de glaciares ante el fallo adverso
El Gobierno planea modificar una ley por el fallo de glaciares
Fecha de Publicación: 10/06/2019
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
Buscan definir con precisión el ambiente periglaciar para evitar controversias que entorpezcan la minería.
El día después de conocido el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referido a la demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Glaciares, en el Gobierno provincial buscan ahora modificar la legislación local, con una nueva norma o con precisiones a la vigente, la 8.144. La idea es definir con precisión el ambiente periglaciar, mencionado en forma genérica en la ley nacional, la 26.639, y que podría prestarse para confusiones, para evitar controversias que puedan entorpecer el desarrollo de la actividad minera en San Juan.
"Hay una indefinición del ambiente periglaciar, que es muy amplio y las sociedades científicas han dicho que hay que precisarlo porque es un concepto indefinido que, de esa forma, abarca toda la cordillera", dijo ayer el fiscal de Estado, Jorge Alvo. El funcionario, junto al ministro de Minería, Alberto Hensel, participó ayer en una conferencia de prensa para explicar los alcances del fallo del máximo tribunal de justicia del país. "En principio, el fallo de ninguna manera afecta el normal desarrollo de la actividad minera en San Juan. Es un claro reconocimiento a las atribuciones y derechos de las provincias sobre sus recursos originarios y una mención al necesario funcionamiento del sistema federal", dijo, tal como lo había adelantado el día anterior.
La Corte Suprema se pronunció el martes rechazando una demanda de inconstitucionalidad de la ley 26.639, planteada por las empresas mineras Barrick Exploraciones Argentinas S.A. y Exploraciones Mineras Argentinas SA, concesionarias del emprendimiento Pascua Lama y Minera Argentina Gold SA, del proyecto Veladero.
Despejada la duda en el sentido de que con el dictamen no se verán afectados los proyectos en marcha ni los futuros, en el Gobierno sanjuanino buscan avanzar en un camino en el que no se vayan a encontrar obstáculos que puedan entorpecer la actividad. Una de las cuestiones es la indefinición del término ambiente periglaciar, demasiado amplio, por lo que en la administración provincial entienden que hay que avanzar para despejar cualquier duda. Una alternativa, la más cercana según las fuentes consultadas, es o bien modificar la norma provincial o sancionar una nueva que aclare convenientemente el término. Intentar una modificación de la Ley de Glaciares, que es sobre la que se ha pronunciado la Corte Suprema, está descartado porque sería incentivar una nuevo debate nacional sobre la minería, una posibilidad que en el Gobierno local no ven con buenos ojos. Otras alternativas, mencionadas por el propio fiscal Alvo, podría ser a través de un decreto reglamentario. "Lo más propicio sería una reforma de la ley o del decreto reglamentario, para que no haya ahora la incertidumbre que hay". También podrían ser ordenanzas municipales en los departamentos mineros, como Iglesia, Jáchal y Calingasta. Además falta avanzar con el inventario de los glaciares argentinos que realiza el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla, ver infografía).
Quien también opinó sobre el fallo judicial fue el abogado Diego Seguí, de la Asamblea Jáchal No Se Toca. "Una crítica es que la participación de la Provincia haya sido en adhesión al interés privado y particular de una empresa y no tomando participación defendiendo el interés general, público y colectivo", expresó el profesional. Y sobre la resolución agregó que "la Corte no tenía mucho margen para decir otra cosa que la que dijo, desestimó primero el planteo de inconstitucionalidad in límine, diciendo que no se han reunido los requisitos formales para la admisión. Sin embargo ha dicho que frente a un interés individual y uno colectivo debe primar este último". "Entiendo que lo que la Corte ha hecho es transmitir seguridad jurídica respecto a que hay lugares que no se pueden afectar, lo que lleva tranquilidad para los inversores también", sostuvo.
Desde la Fiscalía de Estado, que defiende los intereses de la provincia, se hace hincapié en que no hay que perder de vista la preservación del recurso hídrico, sea para el consumo humano, la agricultura, la biodiversidad, para recarga de cuencas hidrográficas u otras cuestiones científicas. Y después que, donde se vaya a desarrollar cualquier actividad, hay que cuidar estos conceptos de agua, ya sea como glaciar, glaciar cubierto, ambiente periglaciar, y determinar dónde habría una afectación al recurso del agua. En definitiva, tener seguridad jurídica para que lleguen inversiones y licencia social para que las permitan avanzar.
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Fecha de Publicación: 10/06/2019
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
Buscan definir con precisión el ambiente periglaciar para evitar controversias que entorpezcan la minería.
El día después de conocido el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referido a la demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Glaciares, en el Gobierno provincial buscan ahora modificar la legislación local, con una nueva norma o con precisiones a la vigente, la 8.144. La idea es definir con precisión el ambiente periglaciar, mencionado en forma genérica en la ley nacional, la 26.639, y que podría prestarse para confusiones, para evitar controversias que puedan entorpecer el desarrollo de la actividad minera en San Juan.
"Hay una indefinición del ambiente periglaciar, que es muy amplio y las sociedades científicas han dicho que hay que precisarlo porque es un concepto indefinido que, de esa forma, abarca toda la cordillera", dijo ayer el fiscal de Estado, Jorge Alvo. El funcionario, junto al ministro de Minería, Alberto Hensel, participó ayer en una conferencia de prensa para explicar los alcances del fallo del máximo tribunal de justicia del país. "En principio, el fallo de ninguna manera afecta el normal desarrollo de la actividad minera en San Juan. Es un claro reconocimiento a las atribuciones y derechos de las provincias sobre sus recursos originarios y una mención al necesario funcionamiento del sistema federal", dijo, tal como lo había adelantado el día anterior.
La Corte Suprema se pronunció el martes rechazando una demanda de inconstitucionalidad de la ley 26.639, planteada por las empresas mineras Barrick Exploraciones Argentinas S.A. y Exploraciones Mineras Argentinas SA, concesionarias del emprendimiento Pascua Lama y Minera Argentina Gold SA, del proyecto Veladero.
Despejada la duda en el sentido de que con el dictamen no se verán afectados los proyectos en marcha ni los futuros, en el Gobierno sanjuanino buscan avanzar en un camino en el que no se vayan a encontrar obstáculos que puedan entorpecer la actividad. Una de las cuestiones es la indefinición del término ambiente periglaciar, demasiado amplio, por lo que en la administración provincial entienden que hay que avanzar para despejar cualquier duda. Una alternativa, la más cercana según las fuentes consultadas, es o bien modificar la norma provincial o sancionar una nueva que aclare convenientemente el término. Intentar una modificación de la Ley de Glaciares, que es sobre la que se ha pronunciado la Corte Suprema, está descartado porque sería incentivar una nuevo debate nacional sobre la minería, una posibilidad que en el Gobierno local no ven con buenos ojos. Otras alternativas, mencionadas por el propio fiscal Alvo, podría ser a través de un decreto reglamentario. "Lo más propicio sería una reforma de la ley o del decreto reglamentario, para que no haya ahora la incertidumbre que hay". También podrían ser ordenanzas municipales en los departamentos mineros, como Iglesia, Jáchal y Calingasta. Además falta avanzar con el inventario de los glaciares argentinos que realiza el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla, ver infografía).
Quien también opinó sobre el fallo judicial fue el abogado Diego Seguí, de la Asamblea Jáchal No Se Toca. "Una crítica es que la participación de la Provincia haya sido en adhesión al interés privado y particular de una empresa y no tomando participación defendiendo el interés general, público y colectivo", expresó el profesional. Y sobre la resolución agregó que "la Corte no tenía mucho margen para decir otra cosa que la que dijo, desestimó primero el planteo de inconstitucionalidad in límine, diciendo que no se han reunido los requisitos formales para la admisión. Sin embargo ha dicho que frente a un interés individual y uno colectivo debe primar este último". "Entiendo que lo que la Corte ha hecho es transmitir seguridad jurídica respecto a que hay lugares que no se pueden afectar, lo que lleva tranquilidad para los inversores también", sostuvo.
Desde la Fiscalía de Estado, que defiende los intereses de la provincia, se hace hincapié en que no hay que perder de vista la preservación del recurso hídrico, sea para el consumo humano, la agricultura, la biodiversidad, para recarga de cuencas hidrográficas u otras cuestiones científicas. Y después que, donde se vaya a desarrollar cualquier actividad, hay que cuidar estos conceptos de agua, ya sea como glaciar, glaciar cubierto, ambiente periglaciar, y determinar dónde habría una afectación al recurso del agua. En definitiva, tener seguridad jurídica para que lleguen inversiones y licencia social para que las permitan avanzar.
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Multa millonaria a minera en San Juan
San Juan impuso una millonaria multa a una empresa minera por negligencia y omisión
Fecha de Publicación: 08/06/2019
Fuente: Diario La Provincia
Provincia/Región: San Juan
El ministro de Minería Alberto Hensel impuso a Pachón SA la multa de $41,5 millones y la imposibilidad de presentar nuevos Informes de Impacto Ambiental.
Por no haber informado de primera mano de la existencia de la escombrera Cerro Amarillo constituida por Minera Pelambres en territorio sanjuanino, la firma Pachón SA (PSA) deberá pagar una multa de 41,5 millones de pesos, además de remediar de forma completa el suelo para poder seguir presentando Informes de Impacto Ambiental (IIA).
Esta medida es inédita en la historia minera provincial y el ministro Alberto Hensel firmó una instrucción de sumario sin precedentes por varios aspectos. Por primera vez se sanciona a una empresa en etapa exploratoria por omitir responsabilidades. Es decir, permitió que se construyera una escombrera de 40 millones de toneladas de material estéril en territorio sanjuanino, sin informar a la autoridad minera de inmediato.
PSA informó dónde estaba la escombrera pero nunca dijo cuándo la encontraron, y así figura en el dictamen. La autoridad minera tiene que salir no a castigar, sino a modificar conductas.
Hensel remarcó que la decisión política es alentar las inversiones en el sector minero, pero sin especulación. “Que desarrollen los proyectos. Esto muestra la posición del gobierno de que hay que cumplir con la ley. La seguridad jurídica es avenida de doble mano, para ellos y nosotros. Se traduce en estos instrumentos y en el cumplimiento estricto de la normativa ambiental minera”, aseguró Hensel.
Qué dice la resolución 561 MM-19
“Que de los cargos ampliados se presupone una actitud negligente por parte de la empresa PSA, puesto que hizo menos de lo que debió hacer ante el hallazgo de material fragmentado producto de faenas mineras (Escombrera), enclavado dentro de una propiedad minera concedida a la sumariada y dentro del territorio argentino”.
Que en virtud del Código de Minería y del derecho a un ambiente sano “se exige que ante la existencia de un hecho o acción que en forma actual o inminente pueda lesionar, alterar, degradar o causar un peligro, riesgo o daño al ambiente, quienes tengan la obligación de preservarlo, deben actuar con premura y poner en conocimiento de inmediato a las Autoridades Ambientales el hecho ocurrido a fin evitar un daño mayor”.
“Que la idea fuerza acerca del deber de comunicar o dar aviso de modo inmediato a la Autoridad Minera, resulta de aplicación a cualquier etapa de la actividad minera (prospección, exploración u explotación) y a cualquier clase de evento, intempestivo o no, que ocasione en forma actual o inminente algún peligro, riesgo o daño entre los cuales el ambiente sin dudas se encuentra incluido”.
“Que en consonancia con lo manifestado, surge en forma inequívoca desde el artículo 256° del Código de Minería, que todo obligado a presentar Informe de Impacto Ambiental debe no sólo actualizar el mencionado informe en forma bianual, sino también comunicar hechos nuevos que se hubieren producido”.
Por lo tanto, el Ministerio de Minería resolvió “se proceda a rechazar los Informes de Impacto Ambiental (IIA) de actualización presentados por PSA”. Asimismo, determinó que “corresponde aplicar acumulativamente las multas analizadas conforme la conducta asumida por PSA. Ello equivale a un total de 60 veces el canon anual que abona la mina, que arriba a la suma de Pesos Cuarenta y Un Millones Cuatrocientos Noventa y Un Mil Doscientos con 00/100 ($ 41.491.200,00)”.
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Fecha de Publicación: 08/06/2019
Fuente: Diario La Provincia
Provincia/Región: San Juan
El ministro de Minería Alberto Hensel impuso a Pachón SA la multa de $41,5 millones y la imposibilidad de presentar nuevos Informes de Impacto Ambiental.
Por no haber informado de primera mano de la existencia de la escombrera Cerro Amarillo constituida por Minera Pelambres en territorio sanjuanino, la firma Pachón SA (PSA) deberá pagar una multa de 41,5 millones de pesos, además de remediar de forma completa el suelo para poder seguir presentando Informes de Impacto Ambiental (IIA).
Esta medida es inédita en la historia minera provincial y el ministro Alberto Hensel firmó una instrucción de sumario sin precedentes por varios aspectos. Por primera vez se sanciona a una empresa en etapa exploratoria por omitir responsabilidades. Es decir, permitió que se construyera una escombrera de 40 millones de toneladas de material estéril en territorio sanjuanino, sin informar a la autoridad minera de inmediato.
PSA informó dónde estaba la escombrera pero nunca dijo cuándo la encontraron, y así figura en el dictamen. La autoridad minera tiene que salir no a castigar, sino a modificar conductas.
Hensel remarcó que la decisión política es alentar las inversiones en el sector minero, pero sin especulación. “Que desarrollen los proyectos. Esto muestra la posición del gobierno de que hay que cumplir con la ley. La seguridad jurídica es avenida de doble mano, para ellos y nosotros. Se traduce en estos instrumentos y en el cumplimiento estricto de la normativa ambiental minera”, aseguró Hensel.
Qué dice la resolución 561 MM-19
“Que de los cargos ampliados se presupone una actitud negligente por parte de la empresa PSA, puesto que hizo menos de lo que debió hacer ante el hallazgo de material fragmentado producto de faenas mineras (Escombrera), enclavado dentro de una propiedad minera concedida a la sumariada y dentro del territorio argentino”.
Que en virtud del Código de Minería y del derecho a un ambiente sano “se exige que ante la existencia de un hecho o acción que en forma actual o inminente pueda lesionar, alterar, degradar o causar un peligro, riesgo o daño al ambiente, quienes tengan la obligación de preservarlo, deben actuar con premura y poner en conocimiento de inmediato a las Autoridades Ambientales el hecho ocurrido a fin evitar un daño mayor”.
“Que la idea fuerza acerca del deber de comunicar o dar aviso de modo inmediato a la Autoridad Minera, resulta de aplicación a cualquier etapa de la actividad minera (prospección, exploración u explotación) y a cualquier clase de evento, intempestivo o no, que ocasione en forma actual o inminente algún peligro, riesgo o daño entre los cuales el ambiente sin dudas se encuentra incluido”.
“Que en consonancia con lo manifestado, surge en forma inequívoca desde el artículo 256° del Código de Minería, que todo obligado a presentar Informe de Impacto Ambiental debe no sólo actualizar el mencionado informe en forma bianual, sino también comunicar hechos nuevos que se hubieren producido”.
Por lo tanto, el Ministerio de Minería resolvió “se proceda a rechazar los Informes de Impacto Ambiental (IIA) de actualización presentados por PSA”. Asimismo, determinó que “corresponde aplicar acumulativamente las multas analizadas conforme la conducta asumida por PSA. Ello equivale a un total de 60 veces el canon anual que abona la mina, que arriba a la suma de Pesos Cuarenta y Un Millones Cuatrocientos Noventa y Un Mil Doscientos con 00/100 ($ 41.491.200,00)”.
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Salta: avanza la minería sobre la Puna
Avanzan las conversaciones para impulsar el proyecto de desarrollo minero en la Puna
Fecha de Publicación: 07/06/2019
Fuente: Informate Salta
Provincia/Región: Salta
Fue en el marco de una ronda de trabajo -que nucleó a cámaras mineras, empresarios, legisladores e intendentes- durante la cual se avanzó en el marco legal que generará el respaldo necesario para atraer más inversiones a la zona y continuar con el trabajo concretado en el lugar.
El Jefe de Gabinete de Ministros, Fernando Yarade encabezó una nueva ronda de trabajo que nucleó a cámaras mineras, empresarios, legisladores e intendentes de la región de la Puna. La finalidad es continuar avanzando con el paquete de medidas destinadas al desarrollo de la industria minera en Salta y al crecimiento de las comunas involucradas en la actividad.
En la oportunidad también se analizaron cuestiones vinculadas al proyecto que generará el respaldo necesario para atraer más inversiones a la zona, especialmente aquellas que generen gran impacto social.
Durante el encuentro, legisladores y jefes comunales destacaron la decisión política de continuar aportando al desarrollo económico de la Puna, principalmente regulando la contratación de la mano de obra local y manteniendo la estabilidad fiscal; característica indispensable para dotar a Salta de mayor previsibilidad.
Antes de concluir con el encuentro, Yarade garantizó que el Estado brindará a éstas empresas las herramientas necesarias para efectivizar el crecimiento previsto para el área.
También se evaluó la posibilidad de que la Provincia optimice los caminos, para mejorar la transitabilidad vehicular de la zona.
Acompañaron al Jefe de Gabinete en esta ronda de trabajo: el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy, los ministros de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Graciela Pinal de Cid, y de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias.
También estuvieron presentes el secretario de Minería, Ricardo Blasco; representantes de los municipios de San Antonio de los Cobres, La Poma y Tolar Grande; legisladores de los departamentos La Poma y Los Andes; el presidente de la Cámara Minera de Salta, Facundo Huidobro, el presidente de la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de la Puna, Luis Vaca y empresarios del sector.
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Fecha de Publicación: 07/06/2019
Fuente: Informate Salta
Provincia/Región: Salta
Fue en el marco de una ronda de trabajo -que nucleó a cámaras mineras, empresarios, legisladores e intendentes- durante la cual se avanzó en el marco legal que generará el respaldo necesario para atraer más inversiones a la zona y continuar con el trabajo concretado en el lugar.
El Jefe de Gabinete de Ministros, Fernando Yarade encabezó una nueva ronda de trabajo que nucleó a cámaras mineras, empresarios, legisladores e intendentes de la región de la Puna. La finalidad es continuar avanzando con el paquete de medidas destinadas al desarrollo de la industria minera en Salta y al crecimiento de las comunas involucradas en la actividad.
En la oportunidad también se analizaron cuestiones vinculadas al proyecto que generará el respaldo necesario para atraer más inversiones a la zona, especialmente aquellas que generen gran impacto social.
Durante el encuentro, legisladores y jefes comunales destacaron la decisión política de continuar aportando al desarrollo económico de la Puna, principalmente regulando la contratación de la mano de obra local y manteniendo la estabilidad fiscal; característica indispensable para dotar a Salta de mayor previsibilidad.
Antes de concluir con el encuentro, Yarade garantizó que el Estado brindará a éstas empresas las herramientas necesarias para efectivizar el crecimiento previsto para el área.
También se evaluó la posibilidad de que la Provincia optimice los caminos, para mejorar la transitabilidad vehicular de la zona.
Acompañaron al Jefe de Gabinete en esta ronda de trabajo: el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy, los ministros de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Graciela Pinal de Cid, y de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias.
También estuvieron presentes el secretario de Minería, Ricardo Blasco; representantes de los municipios de San Antonio de los Cobres, La Poma y Tolar Grande; legisladores de los departamentos La Poma y Los Andes; el presidente de la Cámara Minera de Salta, Facundo Huidobro, el presidente de la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de la Puna, Luis Vaca y empresarios del sector.
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La ley de glaciares fue ratificada por la Corte Suprema
La Corte Suprema ratificó que es constitucional la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 05/06/2019
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
El máximo tribunal cerró así una causa iniciada por Barrick Gold en 2001. Con la ley en plena vigencia, podrían verse afectados 40 proyectos mineros en marcha y posibles inversiones por 18.000 millones de dólares.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró constitucional la Ley de Glaciares. Se trata de la norma que protege los cuerpos de agua de la Argentina y determina, entre otras cosas, dónde puede haber actividad minera y dónde no. El fallo implicará lecturas múltiples. Será leído y celebrado por ambientalistas como una medida en defensa del Medio Ambiente. Pero generará un fuerte rechazo de la industria minera, la principal perjudicada por esta decisión. Por elevación, significará un golpe para el Gobierno, que buscaba modificar la ley para garantizarse nuevas inversiones del sector.
La decisión del máximo tribunal es el punto final de un largo camino, iniciado en 2011 por la minera Barrick Gold, que opera los yacimientos de Pascua Lama y Veladero en San Juan. Entonces, la empresa pidió que se revisará la legalidad de dicha normativa. Planteaba que debían ser redefinidos los límites geográficos y morfológicos de los sitios donde puede practicarse la actividad porque en buena medida, así como está escrita la ley, los dejaba fuera del negocio.
La decisión de la Corte de declarar constitucional la ley, en contra de las pretensiones de Barrick, no solo supone un problema para esta compañía, sino que además definirá la suerte de otros 44 proyectos mineros que por su ubicación, de acuerdo con datos de la Secretaría de Ambiente, afectan áreas glaciares (glaciar propiamente dicho) o periglaciares (suelo congelado).
El fallo salió de manera unánime y que los jueces del cuerpo judicial citaron entre sus argumentos la división de poderes y la garantía constitucional del artículo 41 por un ambiente sano, así como también el cumplimiento del Acuerdo de París, en términos de lucha contra el cambio climático.
La ley de protección de glaciares establece los presupuestos mínimos para "la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad, como fuente de información científica y como atractivo turístico".
La norma tuvo un debut intrincado. El 10 de noviembre de 2008, al poco tiempo de ser sancionada, Cristina Kirchner la vetó, argumentando que excedía las facultades reservadas a la Nación en el artículo 41 de la Constitución. Sobradas fuentes señalaron entonces que aquella decisión presidencial se había dado como una concesión a las presiones de la industria minera. El periodismo lo llamó “El veto Barrick”, aludiendo a la minera Barrick Gold, cuyos proyectos Pascua Lama y Veladero, en la provincia de San Juan, se veían comprometidos por la aplicación de la ley.
Lo que vino después fue una fuerte presión social, con ecos en el parlamento, y la reglamentación definitiva en 2011, a pesar de la resistencia de la industria y por impulso del entonces diputado Miguel Bonasso.
Durante los años siguientes, por medio de amparos judiciales, la aplicación de la norma fue quedando en suspenso una y otra vez. Las mineras pudieron seguir operando. Pero esto no impidió que el Instituto Argentino de Glaciología, el IANIGLA, llevara adelante el conteo de todos los glaciares del país, un inventario que la misma ley ordenaba que se hiciera. Hace justo un año se conoció el resultado de ese relevamiento. En la Argentina hay 16.968 cuerpos de hielo (16.078 en la Cordillera y 890 en las Islas del Atlántico Sur). Ocupan 8.484 kilómetros cuadrados.
La minería es una industria muy apuntalada por el gobierno de Cambiemos y sobre todo por el puñado de gobernadores de la provincias mineras. Tanto es así que en 2017 se conoció un paper del gobierno en el que se planteaba directamente una reforma de la ley de glaciares casi a pedido de las mineras. De acuerdo con datos de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, el sector emplea a más de 80.000 personas y el año pasado pagó casi 30.000 millones de pesos en impuestos a las provincias y a la Nación. Pero el caramelo son las inversiones por casi 18.000 millones de dólares que el sector le viene prometiendo al Gobierno desde 2015. En buena medida, muchas de esas inversiones permanecieron frenadas por dos escenarios indefinidos, lo que ocurriera con la situación económica y el destino final de la ley de los cuerpos de hielo cordilleranos. Ese que se conocerá hoy.
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Fecha de Publicación: 05/06/2019
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
El máximo tribunal cerró así una causa iniciada por Barrick Gold en 2001. Con la ley en plena vigencia, podrían verse afectados 40 proyectos mineros en marcha y posibles inversiones por 18.000 millones de dólares.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró constitucional la Ley de Glaciares. Se trata de la norma que protege los cuerpos de agua de la Argentina y determina, entre otras cosas, dónde puede haber actividad minera y dónde no. El fallo implicará lecturas múltiples. Será leído y celebrado por ambientalistas como una medida en defensa del Medio Ambiente. Pero generará un fuerte rechazo de la industria minera, la principal perjudicada por esta decisión. Por elevación, significará un golpe para el Gobierno, que buscaba modificar la ley para garantizarse nuevas inversiones del sector.
La decisión del máximo tribunal es el punto final de un largo camino, iniciado en 2011 por la minera Barrick Gold, que opera los yacimientos de Pascua Lama y Veladero en San Juan. Entonces, la empresa pidió que se revisará la legalidad de dicha normativa. Planteaba que debían ser redefinidos los límites geográficos y morfológicos de los sitios donde puede practicarse la actividad porque en buena medida, así como está escrita la ley, los dejaba fuera del negocio.
La decisión de la Corte de declarar constitucional la ley, en contra de las pretensiones de Barrick, no solo supone un problema para esta compañía, sino que además definirá la suerte de otros 44 proyectos mineros que por su ubicación, de acuerdo con datos de la Secretaría de Ambiente, afectan áreas glaciares (glaciar propiamente dicho) o periglaciares (suelo congelado).
El fallo salió de manera unánime y que los jueces del cuerpo judicial citaron entre sus argumentos la división de poderes y la garantía constitucional del artículo 41 por un ambiente sano, así como también el cumplimiento del Acuerdo de París, en términos de lucha contra el cambio climático.
La ley de protección de glaciares establece los presupuestos mínimos para "la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad, como fuente de información científica y como atractivo turístico".
La norma tuvo un debut intrincado. El 10 de noviembre de 2008, al poco tiempo de ser sancionada, Cristina Kirchner la vetó, argumentando que excedía las facultades reservadas a la Nación en el artículo 41 de la Constitución. Sobradas fuentes señalaron entonces que aquella decisión presidencial se había dado como una concesión a las presiones de la industria minera. El periodismo lo llamó “El veto Barrick”, aludiendo a la minera Barrick Gold, cuyos proyectos Pascua Lama y Veladero, en la provincia de San Juan, se veían comprometidos por la aplicación de la ley.
Lo que vino después fue una fuerte presión social, con ecos en el parlamento, y la reglamentación definitiva en 2011, a pesar de la resistencia de la industria y por impulso del entonces diputado Miguel Bonasso.
Durante los años siguientes, por medio de amparos judiciales, la aplicación de la norma fue quedando en suspenso una y otra vez. Las mineras pudieron seguir operando. Pero esto no impidió que el Instituto Argentino de Glaciología, el IANIGLA, llevara adelante el conteo de todos los glaciares del país, un inventario que la misma ley ordenaba que se hiciera. Hace justo un año se conoció el resultado de ese relevamiento. En la Argentina hay 16.968 cuerpos de hielo (16.078 en la Cordillera y 890 en las Islas del Atlántico Sur). Ocupan 8.484 kilómetros cuadrados.
La minería es una industria muy apuntalada por el gobierno de Cambiemos y sobre todo por el puñado de gobernadores de la provincias mineras. Tanto es así que en 2017 se conoció un paper del gobierno en el que se planteaba directamente una reforma de la ley de glaciares casi a pedido de las mineras. De acuerdo con datos de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, el sector emplea a más de 80.000 personas y el año pasado pagó casi 30.000 millones de pesos en impuestos a las provincias y a la Nación. Pero el caramelo son las inversiones por casi 18.000 millones de dólares que el sector le viene prometiendo al Gobierno desde 2015. En buena medida, muchas de esas inversiones permanecieron frenadas por dos escenarios indefinidos, lo que ocurriera con la situación económica y el destino final de la ley de los cuerpos de hielo cordilleranos. Ese que se conocerá hoy.
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El PI quiere derogar la ley antiminera mendocina
Este es el proyecto del PI que plantea derogar la ley 7722
Fecha de Publicación: 05/06/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Fue presentado por el diputado provincial del Partido Intransigente y precandidato a intendente de Maipú, Eduardo Martínez Guerra. Plantea derogar la legislación vigente y crear un Consejo Provincial de Protección del Agua y del Ambiente como órgano responsable de proponer una "política hídrica y ambiental consensuada para la preservación y uso eficiente de los recursos.
En medio de la campaña electoral, el Partido Intransigente ha puesto en el centro de la discusión un tema que históricamente ha sido sensible en la provincia de Mendoza. En concreto, el diputado provincial y precandidato a intendente de Maipú, Eduardo Martínez, presentó un proyecto que plantea la derogación de la ley 7722 que limita la minería en la provincia.
El proyecto de Martínez contó con la colaboración del geólogo Eliseo Sepúlveda y el geógrafo Julio Guarido. Ambos son afiliados del PI y forman parte de los cuadros técnicos del partido que lleva a Dante González como precandidato a gobernador.
En sus fundamentos, el proyecto explica que cuando se sancionó la ley 7722 en el año 207, no existía la misma tecnología que hoy para controlar los emprendimientos mineros.
En este sentido, aseguran que es una ley que no está destinada a proteger el recurso hídrico sino más bien está destinada a obstaculizar el desarrollo de la actividad minera. "La protección del agua no debe ponerse en duda, por el contrario, debe establecerse una estructura fortalecida de control, que concentre el conocimiento específico respecto a la actividad a controlar, que incorpore en la toma de decisiones a sectores de la sociedad, que desarrolle su labor en conjunto con las jurisdicciones de protección ambiental y que planifique la actividad", sostiene el proyecto.
Por eso, en su artículo 1 contempla la creación del Consejo Provincial de Protección del Agua y del Ambiente, en adelante denominado “COPROAA”,como órgano consultivo, responsable de elaborar y proponer política hídrica y ambiental consensuada para la preservación y uso eficiente de los recursos.
Además de enumerar las funciones del COPROAA, en el artículo 14 aparece el punto más polémico de la normativa. Allí, plantea la derogación de la Ley Provincial 7722. Esa posibilidad ya ha sido calificada como inviable por funcionarios del gobierno provincial.
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Fecha de Publicación: 05/06/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Fue presentado por el diputado provincial del Partido Intransigente y precandidato a intendente de Maipú, Eduardo Martínez Guerra. Plantea derogar la legislación vigente y crear un Consejo Provincial de Protección del Agua y del Ambiente como órgano responsable de proponer una "política hídrica y ambiental consensuada para la preservación y uso eficiente de los recursos.
En medio de la campaña electoral, el Partido Intransigente ha puesto en el centro de la discusión un tema que históricamente ha sido sensible en la provincia de Mendoza. En concreto, el diputado provincial y precandidato a intendente de Maipú, Eduardo Martínez, presentó un proyecto que plantea la derogación de la ley 7722 que limita la minería en la provincia.
El proyecto de Martínez contó con la colaboración del geólogo Eliseo Sepúlveda y el geógrafo Julio Guarido. Ambos son afiliados del PI y forman parte de los cuadros técnicos del partido que lleva a Dante González como precandidato a gobernador.
En sus fundamentos, el proyecto explica que cuando se sancionó la ley 7722 en el año 207, no existía la misma tecnología que hoy para controlar los emprendimientos mineros.
En este sentido, aseguran que es una ley que no está destinada a proteger el recurso hídrico sino más bien está destinada a obstaculizar el desarrollo de la actividad minera. "La protección del agua no debe ponerse en duda, por el contrario, debe establecerse una estructura fortalecida de control, que concentre el conocimiento específico respecto a la actividad a controlar, que incorpore en la toma de decisiones a sectores de la sociedad, que desarrolle su labor en conjunto con las jurisdicciones de protección ambiental y que planifique la actividad", sostiene el proyecto.
Por eso, en su artículo 1 contempla la creación del Consejo Provincial de Protección del Agua y del Ambiente, en adelante denominado “COPROAA”,como órgano consultivo, responsable de elaborar y proponer política hídrica y ambiental consensuada para la preservación y uso eficiente de los recursos.
Además de enumerar las funciones del COPROAA, en el artículo 14 aparece el punto más polémico de la normativa. Allí, plantea la derogación de la Ley Provincial 7722. Esa posibilidad ya ha sido calificada como inviable por funcionarios del gobierno provincial.
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Agua Rica: 15 días para presentar pruebas
Amparo ambiental: otorgan plazo de 15 días para presentar pruebas
Fecha de Publicación: 04/06/2019
Fuente: El Ancasti (Catamarca)
Provincia/Región: Catamarca
El juez Rodolfo Cecenarro pide que las partes presenten pruebas para hacer valer sus derechos.
El juez de Control de Garantías, Rodolfo Oscar Cecenarro, resolvió otorgar un plazo de 15 días para presentar sus pruebas a todas las partes involucradas en el amparo ambiental por el que se suspendió la actividad minera en Andalgalá. Es para resolver la continuidad o no de la actividad ante las noticias por la reactivación del proyecto.
El emplazamiento es para demostrar cuáles son los cuidados previstos para garantizar la salud, el bienestar de la población y la producción. Los ambientalistas, por su parte, tendrán que acreditar su postura en contra de la actividad. Es por eso que fueron notificados la empresa Minera Agua Rica, los amparistas, el Estado provincial y la Municipalidad de Andalgalá.
Hay que recordar que en enero de 2010, Vecinos Autoconvocados por la Vida, de Andalgalá, presentaron un recurso de amparo ante la Corte de Justicia, que se rechazó en todas las instancias provinciales.
En noviembre de 2012, los amparistas presentan el recurso de queja ante la Corte Suprema de la Nación.
En marzo de 2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que se revea la sentencia local y que se atienda el pedido del amparo. El recurso volvió al juzgado de Andalgalá. En septiembre de 2016, el juez Cecenarro, resuelve la suspensión de la actividad minera. Luego fue recusado y la causa se quedó sin juez por dos años. Volvió de nuevo el año pasado.
En noviembre de 2018, una comisión encabezada por el fiscal penal de Andalgalá, Alejandro Scidá, visitó el predio de Agua Rica en Minas Capillitas para realizar una inspección ocular y así saber si la empresa estuvo cumpliendo la orden del juez de Control de Garantías, Rodolfo Cecenarro que suspendía sus actividades.
Además del fiscal, la comitiva estuvo integrada por técnicos de los grupos ambientalistas que iniciaron la denuncia en contra de la actividad minera en 2010, representantes de la empresa Yamana Gold y especialistas de la Universidad Nacional de Catamarca que fueron convocados por el propio Scidá para que actúen como peritos de la Justicia.
Ahora el magistrado pide que se presenten pruebas. Recuerda que ya pasaron 9 años desde la presentación del recurso. Sostiene que ante la naturaleza de la cuestión planteada, la prioridad es el "deber de prevención, sin perjuicio de las medidas cautelares ya adoptadas en el momento conforme a las circunstancias existentes en ese momento, atento al nuevo escenario fáctico y de posible afectación de intereses colectivos y consecuente impacto socio económico, se impone la adopción de medidas razonables".
Cecenarro sostiene que a fin de "conjugar el interés general con el legítimo derecho de las partes, siendo necesario, contar con bases científicas, asegurando la participación ciudadana, estimo beneficioso para el caso que las partes ofrezcan la prueba que consideren conducentes e idóneas a fin de hacer valer sus derechos". Para su dictamen, Cecenarro recuerda que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que las cuestiones en debate involucran "el derecho humano de todos los habitantes a la salud y a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer a las generaciones futura" y por eso recomendaba el acceso a la Justicia.
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El extractivismo, el desarrollo a cualquier precio
Recursos naturales, la otra grieta mendocina
Fecha de Publicación: 01/06/2019
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Mendoza
El dato, aunque esperado, restalló en algunos ámbitos y algunos orgullos: Mendoza, la que históricamente fue la quinta provincia argentina en potencia económica, bajó un escalón. Ya no es Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Ahora, en ese quinto lugar se coló Neuquén, y se coló estrictamente por Vaca Muerta.
Aunque esa cuenca es una promesa, por potencial, también ya es una realidad que determinó ese ascenso, específicamente por el tema gasífero, en el que permitió salir de las importaciones (costosísimas, y además fuente de corrupción, como se ha visto con los tanqueros pagados y misteriosamente desaparecidos antes de llegar a puerto). Vaca Muerta permitió la soberanía gasífera, los saldos exportables, y a la provincia neuquina ser más fuerte en el contexto nacional.
Mendoza tiene parte de la cuenca en el sur provincial, pero a la hora de sacar provecho, aparece una grieta que no tiene aún resolución, y mucho menos parece que vaya a tener diálogo productivo ante irreductibilidades varias.
En ciertos casos, la discusión aburre: minería sí, minería no. Fracking si, fracking no. Que los recursos se exploten, en definitiva, o que se queden donde están.
Pero vale la pena encarar otras reflexiones. Sin minería, donde fuera que se hiciere, volveríamos a la edad de piedra. ¿Alguien puede imaginar un mundo sin celulares, sin computadoras, sin telecomunicaciones? ¿Alguien puede imaginar un mundo sin vehículos, aviones, barcos? ¿Alguien puede imaginar una medicina sin métodos de diagnóstico y tratamiento como los que tenemos, y que encuentran su base en los minerales?
Parece que la pregunta correcta es Minería Cómo. Y ese como encierra las responsabilidades de control y saneamiento ambiental más elevadas que se puedan exigir. Encierra la obligación de que los entes de control sean incorruptibles, frente a un poder económico enorme y tentador.
En este punto las aguas se dividen. Estamos los que creemos que, por ejemplo, los cuerpos científicos y tecnológicos de las universidades están en condiciones de asumir esas tareas (los políticos, por lo menos parte de ellos, han demostrado ser incapaces de controlar, como se vio en Jáchal, aquí cerquita), y están los que piensan que no, que el demonio se disfraza de oveja. Basta recordar al inclaudicable Pino Solanas, que se desgañitó reclamando por las mineras, y hoy aparece en la foto con Gioja, a quien no debe haberle preguntado qué pasó en Jáchal.
El gobierno de Mendoza reaccionó rápido. Por ejemplo, modificó el sistema de regalías petroleras para que se puedan explorar nuevas áreas petroleras en la zona de Llancanelo, en Malargüe, y en Puesto Rojas, también en el sur provincial. A cambio obtuvo promesas de inversión más importantes, empleos muy bien remunerados, como son los que produce la industria petrolera, y como resguardo se incluyeron seguros ambientales en los contratos.
Pero en tiempos electorales, la discusión promete más episodios de desencuentro. La oposición parece no jugarse al respecto, le dice si a quienes quieren escuchar un sí, y que no a los que quieren escuchar un no, y estaría bueno que los ciudadanos conozcamos las posiciones definitivas, e incluso los proyectos al respecto.
La defensa del agua es central, nadie en su sano juicio pensaría en dañar ese recurso. Pero el equilibrio con el uso de los recursos debería poder garantizarse. En otras palabras, necesitamos una dirigencia que pueda dar esas garantías, y dejar los controles en quienes corresponda. También la agricultura hace un uso bastante irracional del agua, y se usan tóxicos muy perniciosos que a nadie parecen preocupar.
Consenso, diálogo y garantías serían las tres premisas. Desafíos en los que, lamentablemente, en pleno siglo XXI, hacemos agua.
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Fecha de Publicación: 01/06/2019
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Mendoza
El dato, aunque esperado, restalló en algunos ámbitos y algunos orgullos: Mendoza, la que históricamente fue la quinta provincia argentina en potencia económica, bajó un escalón. Ya no es Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Ahora, en ese quinto lugar se coló Neuquén, y se coló estrictamente por Vaca Muerta.
Aunque esa cuenca es una promesa, por potencial, también ya es una realidad que determinó ese ascenso, específicamente por el tema gasífero, en el que permitió salir de las importaciones (costosísimas, y además fuente de corrupción, como se ha visto con los tanqueros pagados y misteriosamente desaparecidos antes de llegar a puerto). Vaca Muerta permitió la soberanía gasífera, los saldos exportables, y a la provincia neuquina ser más fuerte en el contexto nacional.
Mendoza tiene parte de la cuenca en el sur provincial, pero a la hora de sacar provecho, aparece una grieta que no tiene aún resolución, y mucho menos parece que vaya a tener diálogo productivo ante irreductibilidades varias.
En ciertos casos, la discusión aburre: minería sí, minería no. Fracking si, fracking no. Que los recursos se exploten, en definitiva, o que se queden donde están.
Pero vale la pena encarar otras reflexiones. Sin minería, donde fuera que se hiciere, volveríamos a la edad de piedra. ¿Alguien puede imaginar un mundo sin celulares, sin computadoras, sin telecomunicaciones? ¿Alguien puede imaginar un mundo sin vehículos, aviones, barcos? ¿Alguien puede imaginar una medicina sin métodos de diagnóstico y tratamiento como los que tenemos, y que encuentran su base en los minerales?
Parece que la pregunta correcta es Minería Cómo. Y ese como encierra las responsabilidades de control y saneamiento ambiental más elevadas que se puedan exigir. Encierra la obligación de que los entes de control sean incorruptibles, frente a un poder económico enorme y tentador.
En este punto las aguas se dividen. Estamos los que creemos que, por ejemplo, los cuerpos científicos y tecnológicos de las universidades están en condiciones de asumir esas tareas (los políticos, por lo menos parte de ellos, han demostrado ser incapaces de controlar, como se vio en Jáchal, aquí cerquita), y están los que piensan que no, que el demonio se disfraza de oveja. Basta recordar al inclaudicable Pino Solanas, que se desgañitó reclamando por las mineras, y hoy aparece en la foto con Gioja, a quien no debe haberle preguntado qué pasó en Jáchal.
El gobierno de Mendoza reaccionó rápido. Por ejemplo, modificó el sistema de regalías petroleras para que se puedan explorar nuevas áreas petroleras en la zona de Llancanelo, en Malargüe, y en Puesto Rojas, también en el sur provincial. A cambio obtuvo promesas de inversión más importantes, empleos muy bien remunerados, como son los que produce la industria petrolera, y como resguardo se incluyeron seguros ambientales en los contratos.
Pero en tiempos electorales, la discusión promete más episodios de desencuentro. La oposición parece no jugarse al respecto, le dice si a quienes quieren escuchar un sí, y que no a los que quieren escuchar un no, y estaría bueno que los ciudadanos conozcamos las posiciones definitivas, e incluso los proyectos al respecto.
La defensa del agua es central, nadie en su sano juicio pensaría en dañar ese recurso. Pero el equilibrio con el uso de los recursos debería poder garantizarse. En otras palabras, necesitamos una dirigencia que pueda dar esas garantías, y dejar los controles en quienes corresponda. También la agricultura hace un uso bastante irracional del agua, y se usan tóxicos muy perniciosos que a nadie parecen preocupar.
Consenso, diálogo y garantías serían las tres premisas. Desafíos en los que, lamentablemente, en pleno siglo XXI, hacemos agua.
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Comunidades jujeñas protestaron por explotación minera
Comunidades de la Puna jujeña marcharon contra la explotación minera
Fecha de Publicación: 29/05/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Jujuy
Pobladores de alrededor de 30 comunidades originarias de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc realizaron una protesta en la capital de Jujuy, donde marcharon manifestándose contra la explotación minera en su territorio, además de criticar la ausencia de la consulta previa, libre e informada.
"No al litio, si a la vida. El agua vale más que el litio", "no queremos contaminación", "respeten nuestro territorio" y "no al saqueo megaminero, si al agro desarrollo", fueron algunas de las inscripciones de los carteles con los que marcharon por más de 20 cuadras, desde al acceso norte a la ciudad hasta la Casa de Gobierno provincial.
"Se violan derechos territoriales, la autodeterminación de nuestros pueblos. Pretenden destruir a nuestra Pachamama que hipócritamente dicen cuidar, violando también el derecho ambiental", se pudo escuchar a través de un altavoz con el que integrantes de los pueblos llamaban a la población a adherir al reclamo.
En tanto, aseguraron que "el agua vale más que el oro y el litio" y que "la vida de los pueblos depende del agua que hoy está almacenada en las montañas y en las lagunas de la Puna, las cuales se intentan destruir" en medio de un "grave atropello".
La jornada de protesta fue parte de un plan de lucha iniciado hace más de cuatro meses, por el que las comunidades se agruparon para realizar acciones de reclamo, concretando distintas medidas, entre ellas cortes de rutas que no descartan volver a realizar.
El reclamo apunta a lograr una respuesta del gobierno provincial y a concientizar a los jujeños respecto a "la realidad del litio y la minería a cielo abierto", que hace que "peligre el agua en la región".
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Fecha de Publicación: 29/05/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Jujuy
Pobladores de alrededor de 30 comunidades originarias de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc realizaron una protesta en la capital de Jujuy, donde marcharon manifestándose contra la explotación minera en su territorio, además de criticar la ausencia de la consulta previa, libre e informada.
"No al litio, si a la vida. El agua vale más que el litio", "no queremos contaminación", "respeten nuestro territorio" y "no al saqueo megaminero, si al agro desarrollo", fueron algunas de las inscripciones de los carteles con los que marcharon por más de 20 cuadras, desde al acceso norte a la ciudad hasta la Casa de Gobierno provincial.
"Se violan derechos territoriales, la autodeterminación de nuestros pueblos. Pretenden destruir a nuestra Pachamama que hipócritamente dicen cuidar, violando también el derecho ambiental", se pudo escuchar a través de un altavoz con el que integrantes de los pueblos llamaban a la población a adherir al reclamo.
En tanto, aseguraron que "el agua vale más que el oro y el litio" y que "la vida de los pueblos depende del agua que hoy está almacenada en las montañas y en las lagunas de la Puna, las cuales se intentan destruir" en medio de un "grave atropello".
La jornada de protesta fue parte de un plan de lucha iniciado hace más de cuatro meses, por el que las comunidades se agruparon para realizar acciones de reclamo, concretando distintas medidas, entre ellas cortes de rutas que no descartan volver a realizar.
El reclamo apunta a lograr una respuesta del gobierno provincial y a concientizar a los jujeños respecto a "la realidad del litio y la minería a cielo abierto", que hace que "peligre el agua en la región".
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Esperan fallo de la Corte contrario a intereses mineros
Ley de glaciares: el fallo que prepara la Corte y puede complicar la industria minera
Fecha de Publicación: 28/05/2019
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
El máximo tribunal está próximo a declarar la constitucionalidad o no de la norma que protege los cuerpos hídricos y define dónde puede haber explotación. Cuál sería su impacto.
El debate por el medio ambiente en la Argentina es intermitente: a menudo reaparece con fuerza por algún hecho específico, pero de inmediato, con el mismo ímpetu, se plancha y desaparece. Sigue siendo a esta altura una rareza en el discurso político. Pero aún así, hace 10 años, con la mayoría de ambas cámaras, se aprobó una ley fundamental: la ley de glaciares, cuyo objetivo es preservar los recursos hídricos del país y definir entre otras cosas dónde puede haber minería y dónde no.
La norma tuvo un debut intrincado. El 10 de noviembre de 2008, al poco tiempo de ser sancionada, Cristina Kirchner la vetó, argumentando que excedía las facultades reservadas a la Nación en el artículo 41 de la Constitución. Sobradas fuentes señalaron entonces que aquella decisión presidencial se había dado como una concesión a las presiones de la industria minera. El periodismo lo llamó “El veto Barrick”, aludiendo a la minera Barrick Gold, cuyos proyectos Pascua Lama y Veladero, en la provincia de San Juan, se veían comprometidos por la aplicación de la ley.
Lo que vino después fue una fuerte presión social, con ecos en el parlamento, y la reglamentación definitiva en 2011, a pesar de la resistencia de la industria y por impulso del entonces diputado Miguel Bonasso.
Durante los años siguientes, por medio de amparos judiciales, la aplicación de la norma fue quedando en suspenso una y otra vez. Las mineras pudieron seguir operando. Pero esto no impidió que el Instituto Argentino de Glaciología, el IANIGLA, llevara adelante el conteo de todos los glaciares del país, un inventario que la misma ley ordenaba que se hiciera.
Hace justo un año se conoció el resultado de ese relevamiento. En la Argentina hay 16.968 cuerpos de hielo (16.078 en la Cordillera y 890 en las Islas del Atlántico Sur). Ocupan 8.484 kilómetros cuadrados.
Según ese inventario y según un informe técnico de la Secretaría de Medio Ambiente, hay 40 proyectos mineros en la Cordillera de los Andes que violarían la ley de glaciares, es decir, que en términos ecológicos su desarrollo implicaría la degradación de esos cuerpos de agua. A esos datos accedió el juez federal Sebastián Casanello hace dos años, durante la investigación de una causa por derrames de Barrick en San Juan.
Son 40 proyectos de gran envergadura (ubicados en San Juan, La Rioja y Catamarca) que representan un volumen de inversiones de fuerte impacto para las provincias. El Gobierno Nacional lo sabe desde hace tiempo y por esa razón en 2017 se conoció un borrador diseñado por técnicos de la Secretaría de Minería para modificar determinados aspectos de la la ley.
La lectura que hacen en el Gobierno, y lo que dio a entender el mismo presidente Macri, es que si consiguieran cambiar la ley no se frenarían las inversiones millonarias para el país prometidas por el sector. De hecho desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), ya manifestaron que lo que suceda con la ley de glaciares será clave para dar previsibilidad a los proyectos de largo plazo. Pero todo esto está condicionado por la cuestión de fondo que la Corte Suprema debe resolver. El tiempo es ahora.
La cuenta regresiva
En 2011, Barrick Gold planteó ante la Justicia de San Juan la inconstitucionalidad de la ley. Pasaron ocho años y esa definición está ahora mismo en la agenda inmediata de la Corte Suprema. El Gobierno, las mineras y los ambientalistas esperaban que a principios de mayo, el máximo tribunal se pronunciara al respecto. El martes 9 de mayo, cuando estalló el escándalo por el pedido del expediente de la causa Vialidad, que tiene a CFK acusada como jefa de una asociación ilícita, en realidad se esperaba que llegara el fallo sobre glaciares. Fue una sorpresa que el escándalo haya estallado por la agenda política, pero también un alivio que no lo hiciera por el costado del debate medioambiental.
No están claros los motivos por los cuales el fallo quedó postergado. Pero según sostienen fuentes cercanas a la Corte, el borrador ya circula entre los jueces. Y por lo menos tres de ellos tendrían definido su voto a favor de declarar la constitucionalidad de la ley: Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda. “Las vocalías -dicen a Clarín- están comenzado a definirse”. Las mismas fuentes aseguran: “El fallo definitivo podría estar antes del receso de julio”. Según pudo confirmar este diario, la vocalía de Rosenkrantz entregó su proyecto de sentencia el lunes pasado.
A modo preliminar, la mayoría de la Corte parece orientada a una decisión por la constitucionalidad de la norma. Es una definición que perjudicaría el negocio minero. Es decir, que podría dejar afuera a grandes jugadores del sector. Por elevación, también sería un golpe para el Gobierno.
“Pero si ocurriera lo contrario, también sería un escándalo -advierte el abogado ambientalista Enrique Viale-. Si declararan inconstitucional la ley de glaciares, sería como negarle al parlamento la posibilidad de legislar sobre los recursos naturales de toda la Argentina. Se caerían todas las leyes, la ley de bosque, todo el ordenamiento jurídico”.
Sigue Viale: “La Corte Suprema tiene en sus manos el destino del andamiaje jurídico ambiental argentino. De su decisión depende no sólo el futuro de la Ley de Glaciares sino también la de Bosques, la Ley General del Ambiente y toda la normativa ambiental que se sancionó a partir de la reforma constitucional”.
“La decisión es entre defender las fábricas de agua, como son los glaciares, que están en las nacientes de los ríos y que nutren al país, o prevalecer intereses corporativos que pretenden destruirlos para sacar unas toneladas de oro que terminarán en una bóveda de un banco suizo”, cierra el ambientalista.
Básicamente, lo que planteó Barrick Gold -en ese momento avalada por el entonces gobernador José Luis Gioja- en las acciones que dieron inicio a esta contienda es que cada provincia debe decidir sobre el uso que hace de sus recursos y no el Congreso. Es lo mismo que plantean los empresarios mineros en general y los gobernadores de la provincias donde existe la actividad. Clarín se comunicó con los responsables de la Secretaría de Minería para conversar sobre el asunto. Pero no obtuvo respuesta.
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Fecha de Publicación: 28/05/2019
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
El máximo tribunal está próximo a declarar la constitucionalidad o no de la norma que protege los cuerpos hídricos y define dónde puede haber explotación. Cuál sería su impacto.
El debate por el medio ambiente en la Argentina es intermitente: a menudo reaparece con fuerza por algún hecho específico, pero de inmediato, con el mismo ímpetu, se plancha y desaparece. Sigue siendo a esta altura una rareza en el discurso político. Pero aún así, hace 10 años, con la mayoría de ambas cámaras, se aprobó una ley fundamental: la ley de glaciares, cuyo objetivo es preservar los recursos hídricos del país y definir entre otras cosas dónde puede haber minería y dónde no.
La norma tuvo un debut intrincado. El 10 de noviembre de 2008, al poco tiempo de ser sancionada, Cristina Kirchner la vetó, argumentando que excedía las facultades reservadas a la Nación en el artículo 41 de la Constitución. Sobradas fuentes señalaron entonces que aquella decisión presidencial se había dado como una concesión a las presiones de la industria minera. El periodismo lo llamó “El veto Barrick”, aludiendo a la minera Barrick Gold, cuyos proyectos Pascua Lama y Veladero, en la provincia de San Juan, se veían comprometidos por la aplicación de la ley.
Lo que vino después fue una fuerte presión social, con ecos en el parlamento, y la reglamentación definitiva en 2011, a pesar de la resistencia de la industria y por impulso del entonces diputado Miguel Bonasso.
Durante los años siguientes, por medio de amparos judiciales, la aplicación de la norma fue quedando en suspenso una y otra vez. Las mineras pudieron seguir operando. Pero esto no impidió que el Instituto Argentino de Glaciología, el IANIGLA, llevara adelante el conteo de todos los glaciares del país, un inventario que la misma ley ordenaba que se hiciera.
Hace justo un año se conoció el resultado de ese relevamiento. En la Argentina hay 16.968 cuerpos de hielo (16.078 en la Cordillera y 890 en las Islas del Atlántico Sur). Ocupan 8.484 kilómetros cuadrados.
Según ese inventario y según un informe técnico de la Secretaría de Medio Ambiente, hay 40 proyectos mineros en la Cordillera de los Andes que violarían la ley de glaciares, es decir, que en términos ecológicos su desarrollo implicaría la degradación de esos cuerpos de agua. A esos datos accedió el juez federal Sebastián Casanello hace dos años, durante la investigación de una causa por derrames de Barrick en San Juan.
Son 40 proyectos de gran envergadura (ubicados en San Juan, La Rioja y Catamarca) que representan un volumen de inversiones de fuerte impacto para las provincias. El Gobierno Nacional lo sabe desde hace tiempo y por esa razón en 2017 se conoció un borrador diseñado por técnicos de la Secretaría de Minería para modificar determinados aspectos de la la ley.
La lectura que hacen en el Gobierno, y lo que dio a entender el mismo presidente Macri, es que si consiguieran cambiar la ley no se frenarían las inversiones millonarias para el país prometidas por el sector. De hecho desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), ya manifestaron que lo que suceda con la ley de glaciares será clave para dar previsibilidad a los proyectos de largo plazo. Pero todo esto está condicionado por la cuestión de fondo que la Corte Suprema debe resolver. El tiempo es ahora.
La cuenta regresiva
En 2011, Barrick Gold planteó ante la Justicia de San Juan la inconstitucionalidad de la ley. Pasaron ocho años y esa definición está ahora mismo en la agenda inmediata de la Corte Suprema. El Gobierno, las mineras y los ambientalistas esperaban que a principios de mayo, el máximo tribunal se pronunciara al respecto. El martes 9 de mayo, cuando estalló el escándalo por el pedido del expediente de la causa Vialidad, que tiene a CFK acusada como jefa de una asociación ilícita, en realidad se esperaba que llegara el fallo sobre glaciares. Fue una sorpresa que el escándalo haya estallado por la agenda política, pero también un alivio que no lo hiciera por el costado del debate medioambiental.
No están claros los motivos por los cuales el fallo quedó postergado. Pero según sostienen fuentes cercanas a la Corte, el borrador ya circula entre los jueces. Y por lo menos tres de ellos tendrían definido su voto a favor de declarar la constitucionalidad de la ley: Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda. “Las vocalías -dicen a Clarín- están comenzado a definirse”. Las mismas fuentes aseguran: “El fallo definitivo podría estar antes del receso de julio”. Según pudo confirmar este diario, la vocalía de Rosenkrantz entregó su proyecto de sentencia el lunes pasado.
A modo preliminar, la mayoría de la Corte parece orientada a una decisión por la constitucionalidad de la norma. Es una definición que perjudicaría el negocio minero. Es decir, que podría dejar afuera a grandes jugadores del sector. Por elevación, también sería un golpe para el Gobierno.
“Pero si ocurriera lo contrario, también sería un escándalo -advierte el abogado ambientalista Enrique Viale-. Si declararan inconstitucional la ley de glaciares, sería como negarle al parlamento la posibilidad de legislar sobre los recursos naturales de toda la Argentina. Se caerían todas las leyes, la ley de bosque, todo el ordenamiento jurídico”.
Sigue Viale: “La Corte Suprema tiene en sus manos el destino del andamiaje jurídico ambiental argentino. De su decisión depende no sólo el futuro de la Ley de Glaciares sino también la de Bosques, la Ley General del Ambiente y toda la normativa ambiental que se sancionó a partir de la reforma constitucional”.
“La decisión es entre defender las fábricas de agua, como son los glaciares, que están en las nacientes de los ríos y que nutren al país, o prevalecer intereses corporativos que pretenden destruirlos para sacar unas toneladas de oro que terminarán en una bóveda de un banco suizo”, cierra el ambientalista.
Básicamente, lo que planteó Barrick Gold -en ese momento avalada por el entonces gobernador José Luis Gioja- en las acciones que dieron inicio a esta contienda es que cada provincia debe decidir sobre el uso que hace de sus recursos y no el Congreso. Es lo mismo que plantean los empresarios mineros en general y los gobernadores de la provincias donde existe la actividad. Clarín se comunicó con los responsables de la Secretaría de Minería para conversar sobre el asunto. Pero no obtuvo respuesta.
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