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Mendoza: la ley 7.722, a salvo por ahora por las elecciones
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Por las elecciones, no se tratarán los cambios a la ley antiminera
Fecha de Publicación: 26/03/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Los dos proyectos que pretenden flexibilizar la 7722 quedarán frizados. Oficialismo y oposición reconocen que el contexto electoral no ayuda
Las modificaciones a la ley 7.722, conocida como “antiminera”, no se tratarán en el Senado este año, al menos hasta que pasen las elecciones. Legisladores admiten que no están las condiciones dadas teniendo en cuenta que la minería es un tema de “alto impacto” y genera condicionamientos políticos en pleno posicionamiento electoral. Pero desde el oficialismo aprovecharon estas dilaciones para acusar a la oposición de no querer discutir la ampliación de la matriz productiva.
Son dos los proyectos que pretenden felixibilizar la ley para permitir la minería en la provincia. Provienen de legisladores del peronismo (Juan Agulles y Alejandro Abraham), fueron presentados en setiembre del año pasado en el Senado y no han tenido avances.
Apenas se presentaron fueron debatido de manera amplia en comisiones, con aportes de las asambleas del agua, cámaras empresariales, profesionales de la materia, sindicatos y los propios funcionarios de Gobierno.
Sin embargo, si bien los senadores recibieron toda la información para aunar posturas o debatir algunas modificaciones, al no obtener el consenso necesario no llegaron al recinto a fines de 2018 y en este año electoral, ambos proyectos quedarán frizados.
Diego Costarelli, jefe de bloque de la UCR en el Senado, sostuvo a Los Andes que todavía “no se obtienen los consensos necesarios” y destacó que el Gobierno expresó que no solamente necesita licencia social sino también política. “No es un proyecto cualquiera, tiene que ver con la economía directa de la provincia, con la ampliación de nuestra matriz productiva y entendemos que tiene que tener un gran consenso”. Por eso, mientras eso no suceda “no se someterá al tratamiento”
Respecto a las complicaciones que puede traer debatir un tema como éste en año electoral, Costarelli destacó que el frente Cambia Mendoza hizo “todos los esfuerzos para que esto surgiera, pero no vemos voluntad en la oposición”.
De hecho, puso como ejemplo al departamento de Lavalle, que el lunes se declaró mediante un decreto municipal “libre” de fracking. “Ellos dictaron una ordenanza en contra del fracking, pero no tienen petróleo. Esto deja a las claras que la oposición y el PJ no tienen ganas de discutir la ampliación productiva de Mendoza”, acotó.
Por último, destacó que en el oficialismo trabajan “para que Mendoza crezca, avance y tenga una ampliación de la matriz productiva en la cual puedan convivir el turismo, la vitivinicultura y una minería controlada, que resguarde el recurso hídrico de Mendoza”.
En el caso de la oposición, Alejandro Abraham, impulsor a los cambios en la ley 7722, sostuvo que el arco político “tiene la voluntad de acompañar pero luego del proceso electoral, puede ser en setiembre u octubre”.
“Tiene que tener consenso social y lo cierto es que hay opiniones divididas. En el PJ las cosas están complejas, algunos están a favor y otros en contra. Pero en todos los partidos se teme a las especulaciones políticas por los votos ambientalistas. Creemos que los que están en duda hoy podrían acompañar en unos meses”, especuló.
Y minimizó la demora que esto ocasiona en el debate porque “se ha esperado tantos años para desarrollar la minería sustentable, que un par de meses se puede esperar. No es lo ideal, pero es lo posible”.
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Fecha de Publicación: 26/03/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Los dos proyectos que pretenden flexibilizar la 7722 quedarán frizados. Oficialismo y oposición reconocen que el contexto electoral no ayuda
Las modificaciones a la ley 7.722, conocida como “antiminera”, no se tratarán en el Senado este año, al menos hasta que pasen las elecciones. Legisladores admiten que no están las condiciones dadas teniendo en cuenta que la minería es un tema de “alto impacto” y genera condicionamientos políticos en pleno posicionamiento electoral. Pero desde el oficialismo aprovecharon estas dilaciones para acusar a la oposición de no querer discutir la ampliación de la matriz productiva.
Son dos los proyectos que pretenden felixibilizar la ley para permitir la minería en la provincia. Provienen de legisladores del peronismo (Juan Agulles y Alejandro Abraham), fueron presentados en setiembre del año pasado en el Senado y no han tenido avances.
Apenas se presentaron fueron debatido de manera amplia en comisiones, con aportes de las asambleas del agua, cámaras empresariales, profesionales de la materia, sindicatos y los propios funcionarios de Gobierno.
Sin embargo, si bien los senadores recibieron toda la información para aunar posturas o debatir algunas modificaciones, al no obtener el consenso necesario no llegaron al recinto a fines de 2018 y en este año electoral, ambos proyectos quedarán frizados.
Diego Costarelli, jefe de bloque de la UCR en el Senado, sostuvo a Los Andes que todavía “no se obtienen los consensos necesarios” y destacó que el Gobierno expresó que no solamente necesita licencia social sino también política. “No es un proyecto cualquiera, tiene que ver con la economía directa de la provincia, con la ampliación de nuestra matriz productiva y entendemos que tiene que tener un gran consenso”. Por eso, mientras eso no suceda “no se someterá al tratamiento”
Respecto a las complicaciones que puede traer debatir un tema como éste en año electoral, Costarelli destacó que el frente Cambia Mendoza hizo “todos los esfuerzos para que esto surgiera, pero no vemos voluntad en la oposición”.
De hecho, puso como ejemplo al departamento de Lavalle, que el lunes se declaró mediante un decreto municipal “libre” de fracking. “Ellos dictaron una ordenanza en contra del fracking, pero no tienen petróleo. Esto deja a las claras que la oposición y el PJ no tienen ganas de discutir la ampliación productiva de Mendoza”, acotó.
Por último, destacó que en el oficialismo trabajan “para que Mendoza crezca, avance y tenga una ampliación de la matriz productiva en la cual puedan convivir el turismo, la vitivinicultura y una minería controlada, que resguarde el recurso hídrico de Mendoza”.
En el caso de la oposición, Alejandro Abraham, impulsor a los cambios en la ley 7722, sostuvo que el arco político “tiene la voluntad de acompañar pero luego del proceso electoral, puede ser en setiembre u octubre”.
“Tiene que tener consenso social y lo cierto es que hay opiniones divididas. En el PJ las cosas están complejas, algunos están a favor y otros en contra. Pero en todos los partidos se teme a las especulaciones políticas por los votos ambientalistas. Creemos que los que están en duda hoy podrían acompañar en unos meses”, especuló.
Y minimizó la demora que esto ocasiona en el debate porque “se ha esperado tantos años para desarrollar la minería sustentable, que un par de meses se puede esperar. No es lo ideal, pero es lo posible”.
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Espectativa minera por la posible vuelta de Pascua Lama
Optimismo oficial por el fallo de Pascua Lama, incertidumbre en la Cámara Minera
Fecha de Publicación: 25/03/2019
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
El estado de ánimo del Gobierno sanjuanino se entonó al conocer que la Corte Suprema de Chile desestimó la clausura que un tribunal ambiental determinó sobre la mina Pascua Lama de Barrick, lo que implica que la realización del proyecto volverá a evaluarse. En el Ministerio de Minería creen que con este paso judicial se abren ventanas que pueden permitir una nueva oportunidad para el gigante binacional, cuyo yacimiento tiene una buena porción en territorio sanjuanino. Pero el optimismo oficial coexiste con el sentimiento de incertidumbre de los empresarios mineros sobre la suerte que correrá la iniciativa. En la Cámara Minera dicen que al no contar con información oficial y no tener conocimientos legales sobre el accionar de la justicia chilena tienen más incertidumbre que certezas.
’’Mucho no puedo aportar porque me faltan elementos y preparación legal. No sé si hay expectativas. Desde Barrick no han mandado nada oficial y el comunicado de la pagina oficial no despeja dudas’’, dijo ayer Mario Hernández, presidente de la Cámara Minera de San Juan.
La semana pasada la Corte Suprema de Chile dejó sin efecto la decisión administrativa de octubre del 2018 del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta que había determinado el cierre definitivo del proyecto minero Pascua Lama. La Corte Suprema revocó la decisión del tribunal por motivos de procedimiento y devolvió el caso al Tribunal Ambiental para su revisión por un panel diferente de jueces, un proceso que podría durar varios meses.
Para Alberto Hensel, ministro de Minería de San Juan, esto es una oportunidad. ’’Lo que dice la Corte es que en la sentencia no han sido considerados aspectos sustanciales y esto puede asimilarse a una especie de nulidad respecto de la resolución. Así es que manda a resolver nuevamente, considerando los aspectos que por omisión, error o parcialidad se cometieron. Manda a fallar de nuevo con un tribunal constituido por otros jueces, para garantizar el derecho de la parte, la objetividad y la imparcialidad’’, explicó el funcionario. Agregó que ese escenario ’’genera una expectativa de que el tema no está totalmente cerrado’’ y que a su entender, hay otra alternativa que puede ser generar un reformulación del proyecto con las correcciones que demande la autoridad chilena para cumplir con aspectos de seguridad, ambientales y productivos. ‘’Abre una nueva instancia, una ventanita. Ahora puede culminar con que el proyecto no prosiga como en la primera resolución, pero también puede ser la posibilidad concreta de un desarrollo minero que se puede haber visto afectado por cuestiones de carácter accesorias’’, opinó el ministro Hensel.
El proyecto Pascua Lama es de oro y plata y está ubicado a ambos lados de la cordillera de los Andes, a la altura de San Juan. Inicialmente la mina implicaba una inversión de U$S 8.000 millones para estar operativa en el año 2014, pero un año antes, las autoridades y justicia chilena consideraron que el proyecto era inviable debido al incumplimiento de pautas ambientales. Tras varias idas y vueltas, en enero de 2018 la Superintendencia de Medio Ambiente de Chile anunció su clausura definitiva, algo que ahora queda en suspenso. Antes de eso Barrick indicó la posibilidad de desarrollar un proyecto más pequeño, sólo en el lado sanjuanino.
Qué dice la empresa Barrick del nuevo fallo de la Justicia
Según publicó en su página oficial la compañía, el presidente y director ejecutivo de Barrick, Mark Bristow, dijo que, aunque la decisión no fue útil porque retrasó una medida sobre el futuro del proyecto Pascua-Lama, la compañía permanece enfocada en resolver los problemas legales y ambientales en torno al proyecto, y además del trabajo de remediación en curso, se ha embarcado en una revisión técnica de los parámetros y el potencial del proyecto. Agrega que como parte de este trabajo, lleva a cabo ‘extensos estudios geoquímicos y geohidrológicos para un plan de manejo del agua que confía será aceptable para la autoridad ambiental’’. Bristow, quien el mes pasado se reunió con el ministro de Minería de Chile, Baldo Prokurica, dijo que los activos chilenos de Barrick son una parte importante de su cartera global. Agregó que Chile es un país ‘amigable’’ con los inversionistas, con una importante dotación de minerales, y que fomenta el desarrollo de proyectos mineros. Y que a pesar de lo sucedido con Pascua-Lama, hay ‘oportunidades interesantes’ para desarrollar proyectos y crear valor en la zona denominada el cinturón de El Indio.
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Fecha de Publicación: 25/03/2019
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
El estado de ánimo del Gobierno sanjuanino se entonó al conocer que la Corte Suprema de Chile desestimó la clausura que un tribunal ambiental determinó sobre la mina Pascua Lama de Barrick, lo que implica que la realización del proyecto volverá a evaluarse. En el Ministerio de Minería creen que con este paso judicial se abren ventanas que pueden permitir una nueva oportunidad para el gigante binacional, cuyo yacimiento tiene una buena porción en territorio sanjuanino. Pero el optimismo oficial coexiste con el sentimiento de incertidumbre de los empresarios mineros sobre la suerte que correrá la iniciativa. En la Cámara Minera dicen que al no contar con información oficial y no tener conocimientos legales sobre el accionar de la justicia chilena tienen más incertidumbre que certezas.
’’Mucho no puedo aportar porque me faltan elementos y preparación legal. No sé si hay expectativas. Desde Barrick no han mandado nada oficial y el comunicado de la pagina oficial no despeja dudas’’, dijo ayer Mario Hernández, presidente de la Cámara Minera de San Juan.
La semana pasada la Corte Suprema de Chile dejó sin efecto la decisión administrativa de octubre del 2018 del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta que había determinado el cierre definitivo del proyecto minero Pascua Lama. La Corte Suprema revocó la decisión del tribunal por motivos de procedimiento y devolvió el caso al Tribunal Ambiental para su revisión por un panel diferente de jueces, un proceso que podría durar varios meses.
Para Alberto Hensel, ministro de Minería de San Juan, esto es una oportunidad. ’’Lo que dice la Corte es que en la sentencia no han sido considerados aspectos sustanciales y esto puede asimilarse a una especie de nulidad respecto de la resolución. Así es que manda a resolver nuevamente, considerando los aspectos que por omisión, error o parcialidad se cometieron. Manda a fallar de nuevo con un tribunal constituido por otros jueces, para garantizar el derecho de la parte, la objetividad y la imparcialidad’’, explicó el funcionario. Agregó que ese escenario ’’genera una expectativa de que el tema no está totalmente cerrado’’ y que a su entender, hay otra alternativa que puede ser generar un reformulación del proyecto con las correcciones que demande la autoridad chilena para cumplir con aspectos de seguridad, ambientales y productivos. ‘’Abre una nueva instancia, una ventanita. Ahora puede culminar con que el proyecto no prosiga como en la primera resolución, pero también puede ser la posibilidad concreta de un desarrollo minero que se puede haber visto afectado por cuestiones de carácter accesorias’’, opinó el ministro Hensel.
El proyecto Pascua Lama es de oro y plata y está ubicado a ambos lados de la cordillera de los Andes, a la altura de San Juan. Inicialmente la mina implicaba una inversión de U$S 8.000 millones para estar operativa en el año 2014, pero un año antes, las autoridades y justicia chilena consideraron que el proyecto era inviable debido al incumplimiento de pautas ambientales. Tras varias idas y vueltas, en enero de 2018 la Superintendencia de Medio Ambiente de Chile anunció su clausura definitiva, algo que ahora queda en suspenso. Antes de eso Barrick indicó la posibilidad de desarrollar un proyecto más pequeño, sólo en el lado sanjuanino.
Qué dice la empresa Barrick del nuevo fallo de la Justicia
Según publicó en su página oficial la compañía, el presidente y director ejecutivo de Barrick, Mark Bristow, dijo que, aunque la decisión no fue útil porque retrasó una medida sobre el futuro del proyecto Pascua-Lama, la compañía permanece enfocada en resolver los problemas legales y ambientales en torno al proyecto, y además del trabajo de remediación en curso, se ha embarcado en una revisión técnica de los parámetros y el potencial del proyecto. Agrega que como parte de este trabajo, lleva a cabo ‘extensos estudios geoquímicos y geohidrológicos para un plan de manejo del agua que confía será aceptable para la autoridad ambiental’’. Bristow, quien el mes pasado se reunió con el ministro de Minería de Chile, Baldo Prokurica, dijo que los activos chilenos de Barrick son una parte importante de su cartera global. Agregó que Chile es un país ‘amigable’’ con los inversionistas, con una importante dotación de minerales, y que fomenta el desarrollo de proyectos mineros. Y que a pesar de lo sucedido con Pascua-Lama, hay ‘oportunidades interesantes’ para desarrollar proyectos y crear valor en la zona denominada el cinturón de El Indio.
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Río Negro: exploran para minería de uranio y vanadio
Invertirían más de 35.500 millones de dólares para buscar uranio y vanadio en Río Negro
Fecha de Publicación: 23/03/2019
Fuente: El Cordillerano
Provincia/Región: Río Negro
Una empresa canadiense analiza seriamente la posibilidad de invertir unos 35.500 millones de dólares en la exploración de uranio y vanadio en suelo rionegrino.
Se trata de Blue Sky Uranium, compañía que concluyó una evaluación económica preliminar “muy positiva” en el depósito denominado “Ivana”, en el proyecto “Amarillo Grande” en la zona de Valcheta.
El presidente y CEO de Blue Sky, Niko Cacos, explicó en una entrevista concedida al diario canadiense The Northern Minerurante que durante los últimos tres meses se trabajó en la evaluación del lugar: “El depósito de Ivana es económico en el entorno actual”, señaló.
De acuerdo con el estudio, el proyecto produciría 1.350.000 libras por óxido de uranio por año durante una vida útil de la mina de 13 años. El proyecto requeriría invertir 128 millones de dólares en capital de pre producción y otros 35.400 millones en capital de mantenimiento en el transcurso de vida de la mina.
Se trabajará a una profundidad máxima de 30 metros bajo la superficie, por tres kilómetros de largo, con anchos que van desde 400 metros hasta un kilómetro. La compañía extraería 13.000 toneladas por día con dos excavadoras, un cargador frontal y seis camiones articulados de 31 toneladas.
Los materiales uranio y vanadio están contenidos en gravas y arena sin consolidar, por lo que la empresa no necesitará operaciones de perforación o voladura.
“Ivana es el depósito más austral de las tres áreas objetivo en Amarillo Grande, y tiene un potencial muy superior al comprobado”, sostuvo Cacos. Tras obtener el modelo geológico y su viabilidad económica la empresa prevé reexaminar las áreas de la propiedad que antes se pasaban por alto.
El estudio utiliza una estimación de recursos que actualiza el presentado en la primavera pasada y describe un aumento del 17% en el total de toneladas, así como del 19% en el contenido de óxido de uranio y 13% en el contenido de óxido de vanadio.
La compañía anticipó que en los próximos seis meses se concentrará en la perforación y expansión de su área de recursos con una inversión de entre US$2.000.000 y 3.000.000 y hacia fines de año comenzará a trabajar en un estudio de pre factibilidad para el proyecto.
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Fecha de Publicación: 23/03/2019
Fuente: El Cordillerano
Provincia/Región: Río Negro
Una empresa canadiense analiza seriamente la posibilidad de invertir unos 35.500 millones de dólares en la exploración de uranio y vanadio en suelo rionegrino.
Se trata de Blue Sky Uranium, compañía que concluyó una evaluación económica preliminar “muy positiva” en el depósito denominado “Ivana”, en el proyecto “Amarillo Grande” en la zona de Valcheta.
El presidente y CEO de Blue Sky, Niko Cacos, explicó en una entrevista concedida al diario canadiense The Northern Minerurante que durante los últimos tres meses se trabajó en la evaluación del lugar: “El depósito de Ivana es económico en el entorno actual”, señaló.
De acuerdo con el estudio, el proyecto produciría 1.350.000 libras por óxido de uranio por año durante una vida útil de la mina de 13 años. El proyecto requeriría invertir 128 millones de dólares en capital de pre producción y otros 35.400 millones en capital de mantenimiento en el transcurso de vida de la mina.
Se trabajará a una profundidad máxima de 30 metros bajo la superficie, por tres kilómetros de largo, con anchos que van desde 400 metros hasta un kilómetro. La compañía extraería 13.000 toneladas por día con dos excavadoras, un cargador frontal y seis camiones articulados de 31 toneladas.
Los materiales uranio y vanadio están contenidos en gravas y arena sin consolidar, por lo que la empresa no necesitará operaciones de perforación o voladura.
“Ivana es el depósito más austral de las tres áreas objetivo en Amarillo Grande, y tiene un potencial muy superior al comprobado”, sostuvo Cacos. Tras obtener el modelo geológico y su viabilidad económica la empresa prevé reexaminar las áreas de la propiedad que antes se pasaban por alto.
El estudio utiliza una estimación de recursos que actualiza el presentado en la primavera pasada y describe un aumento del 17% en el total de toneladas, así como del 19% en el contenido de óxido de uranio y 13% en el contenido de óxido de vanadio.
La compañía anticipó que en los próximos seis meses se concentrará en la perforación y expansión de su área de recursos con una inversión de entre US$2.000.000 y 3.000.000 y hacia fines de año comenzará a trabajar en un estudio de pre factibilidad para el proyecto.
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Protesta a favor de la minería en la Fiesta de la Vendimia
Continúan insistiendo por la minería metalífera
Fecha de Publicación: 21/03/2019
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
La Fiesta Nacional de la Vendimia sirve -además de su desarrollo propiamente dicho- como vidriera para diferentes discusiones que protagonizamos los mendocinos. El último fin de semana no fue la excepción y, entre otras polémicas, el desarrollo de la minería volvió a copar la escena. Durante el Carrusel, más de 250 trabajadores de la actividad marcharon y, a posteriori y en conjunto con empresarios del sector, entregaron una nota dirigida a las autoridades ejecutivas y legislativas de la provincia para que revean la posibilidad de flexibilizar las limitaciones legales que existen para con la minería metalífera y el uso de sustancias contaminantes.
En concreto, lo que los actores mineros reclamaron es la derogación de la ley 7.722 o, al menos, una modificación a la misma que permita que ciertos emprendimientos puedan desarrollarse. Según sostienen, la norma defendida por entidades del cuidado de agua y la población en su mayoría, ha hecho perder “cientos de millones de dólares para la provincia y miles de puestos de trabajo”. En la misiva, los mineros pidieron, además, “ante el lamentable estado económico financiero de Mendoza, el déficit de genuinos y blancos puestos de trabajo y la ausencia de inversiones extranjeras, la inmediata implementación y puesta en marcha del Plan Minero Provincial y del Pacto Federal Minero Nacional”.
En 2007, el por entonces gobernador Julio Cobos promovió (previo amplio reclamo popular y que aun hoy se sigue defendiendo) la ley 7.722 que vino a regular la minería en nuestro suelo, prohibiendo el uso de sustancias tóxicas en la actividad metalífera, lo que prácticamente la torna impracticable.
En estos doce años transcurridos, varios han sido los reclamos y los proyectos legislativos que buscaron modificar la norma y, en general, chocaron fatalmente contra quienes estiman que el cuidado del ambiente debe anteponerse a eventuales beneficios económicos.
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Fecha de Publicación: 21/03/2019
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
La Fiesta Nacional de la Vendimia sirve -además de su desarrollo propiamente dicho- como vidriera para diferentes discusiones que protagonizamos los mendocinos. El último fin de semana no fue la excepción y, entre otras polémicas, el desarrollo de la minería volvió a copar la escena. Durante el Carrusel, más de 250 trabajadores de la actividad marcharon y, a posteriori y en conjunto con empresarios del sector, entregaron una nota dirigida a las autoridades ejecutivas y legislativas de la provincia para que revean la posibilidad de flexibilizar las limitaciones legales que existen para con la minería metalífera y el uso de sustancias contaminantes.
En concreto, lo que los actores mineros reclamaron es la derogación de la ley 7.722 o, al menos, una modificación a la misma que permita que ciertos emprendimientos puedan desarrollarse. Según sostienen, la norma defendida por entidades del cuidado de agua y la población en su mayoría, ha hecho perder “cientos de millones de dólares para la provincia y miles de puestos de trabajo”. En la misiva, los mineros pidieron, además, “ante el lamentable estado económico financiero de Mendoza, el déficit de genuinos y blancos puestos de trabajo y la ausencia de inversiones extranjeras, la inmediata implementación y puesta en marcha del Plan Minero Provincial y del Pacto Federal Minero Nacional”.
En 2007, el por entonces gobernador Julio Cobos promovió (previo amplio reclamo popular y que aun hoy se sigue defendiendo) la ley 7.722 que vino a regular la minería en nuestro suelo, prohibiendo el uso de sustancias tóxicas en la actividad metalífera, lo que prácticamente la torna impracticable.
En estos doce años transcurridos, varios han sido los reclamos y los proyectos legislativos que buscaron modificar la norma y, en general, chocaron fatalmente contra quienes estiman que el cuidado del ambiente debe anteponerse a eventuales beneficios económicos.
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Más presión para el litio jujeño
Litio: minera canadiense planea duplicar su operación en Jujuy
Fecha de Publicación: 20/03/2019
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Jujuy
La compañía minera Lithium Americas anunció que podría acelerar los planes para duplicar el tamaño de su proyecto minero en Argentina ante la creciente demanda de materiales usados en las baterías de vehículos eléctricos.
Lithium Americas está desarrollando la mina Cauchari-Olaroz en la provincia argentina de Jujuy con su socio de riesgo compartido Ganfeng Jiangxi anfeng Lithium Co Ltd., que adquirió el 37,5% del proyecto en octubre.
Ambos socios podrían tomar una decisión sobre un aumento de la capacidad antes de que el proyecto comience su producción en la segunda mitad de 2020, dijo Gabriel Rubacha, presidente de operaciones sudamericanas de Lithium Americas, señala Bloomberg.
Rubacha dijo que la entrada de Ganfeng aceleró el desarrollo del proyecto y las conversaciones sobre posibles expansiones. El directivo añadió que seguía convencido de que el proyecto tiene un mayor potencial y que la decisión de avanzar con la expansión se podría tomar más pronto que tarde.
La producción y el consumo en el mercado de litio están en equilibrio en la actualidad, pero se espera que la demanda del mineral clave para fabricar baterías recargables alcance 1 millón de toneladas para 2025, frente a las 300.000 toneladas en la actualidad, según los productores, entre los que se incluye la principal minera de litio Albemarle Corp.
Por otra parte, los productores establecidos se han enfrentado a contratiempos, como fallos técnicos o el mal tiempo, mientras se apresuraban a expandir las operaciones existentes.
Mercado ajustado
El proyecto de Lithium Americas, de unos u$s425 millones, podría aliviar parte de la rigidez del mercado. Se espera que el nuevo proyecto de litio más avanzado de Argentina alcance una capacidad de producción de 25.000 toneladas anuales a partir de la segunda mitad de 2020.Rubacha dijo que creía en la tendencia de la demanda y que el grupo tenía un coste operativo que hacía que la presencia de la compañía en ese mercado resulte interesante, pese a las fluctuaciones.
Los precios del carbonato de litio producido en América del Sur han caído un 17 por ciento a su nivel más bajo en 18 meses desde un récord de u$s15,750 la tonelada en mayo del año pasado, según Benchmark Mineral Intelligence. El precio sigue siendo más del doble del nivel a finales de 2015.
No obstante, la volatilidad del mercado ha afectado la capacidad de las empresas mineras más pequeñas para encontrar financiamiento para sus proyectos, dijo Mariano Lamothe, subsecretario argentino para desarrollo minero. Lamothe manifestó que la tecnología está madurando y que los grandes jugadores están empezando a llegar al mercado, indica Bloomberg.
El gigante surcoreano Posco compró una participación en un proyecto de litio del Salar del Hombre Muerto en agosto del año pasado, mientras que productor argentino de petróleo Pluspetrol invertirá u$s7 millones en un proyecto del Salar de Arizaro a través de una sociedad conjunta con la canadiense LSC Lithium Corp.
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Fecha de Publicación: 20/03/2019
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Jujuy
La compañía minera Lithium Americas anunció que podría acelerar los planes para duplicar el tamaño de su proyecto minero en Argentina ante la creciente demanda de materiales usados en las baterías de vehículos eléctricos.
Lithium Americas está desarrollando la mina Cauchari-Olaroz en la provincia argentina de Jujuy con su socio de riesgo compartido Ganfeng Jiangxi anfeng Lithium Co Ltd., que adquirió el 37,5% del proyecto en octubre.
Ambos socios podrían tomar una decisión sobre un aumento de la capacidad antes de que el proyecto comience su producción en la segunda mitad de 2020, dijo Gabriel Rubacha, presidente de operaciones sudamericanas de Lithium Americas, señala Bloomberg.
Rubacha dijo que la entrada de Ganfeng aceleró el desarrollo del proyecto y las conversaciones sobre posibles expansiones. El directivo añadió que seguía convencido de que el proyecto tiene un mayor potencial y que la decisión de avanzar con la expansión se podría tomar más pronto que tarde.
La producción y el consumo en el mercado de litio están en equilibrio en la actualidad, pero se espera que la demanda del mineral clave para fabricar baterías recargables alcance 1 millón de toneladas para 2025, frente a las 300.000 toneladas en la actualidad, según los productores, entre los que se incluye la principal minera de litio Albemarle Corp.
Por otra parte, los productores establecidos se han enfrentado a contratiempos, como fallos técnicos o el mal tiempo, mientras se apresuraban a expandir las operaciones existentes.
Mercado ajustado
El proyecto de Lithium Americas, de unos u$s425 millones, podría aliviar parte de la rigidez del mercado. Se espera que el nuevo proyecto de litio más avanzado de Argentina alcance una capacidad de producción de 25.000 toneladas anuales a partir de la segunda mitad de 2020.Rubacha dijo que creía en la tendencia de la demanda y que el grupo tenía un coste operativo que hacía que la presencia de la compañía en ese mercado resulte interesante, pese a las fluctuaciones.
Los precios del carbonato de litio producido en América del Sur han caído un 17 por ciento a su nivel más bajo en 18 meses desde un récord de u$s15,750 la tonelada en mayo del año pasado, según Benchmark Mineral Intelligence. El precio sigue siendo más del doble del nivel a finales de 2015.
No obstante, la volatilidad del mercado ha afectado la capacidad de las empresas mineras más pequeñas para encontrar financiamiento para sus proyectos, dijo Mariano Lamothe, subsecretario argentino para desarrollo minero. Lamothe manifestó que la tecnología está madurando y que los grandes jugadores están empezando a llegar al mercado, indica Bloomberg.
El gigante surcoreano Posco compró una participación en un proyecto de litio del Salar del Hombre Muerto en agosto del año pasado, mientras que productor argentino de petróleo Pluspetrol invertirá u$s7 millones en un proyecto del Salar de Arizaro a través de una sociedad conjunta con la canadiense LSC Lithium Corp.
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Minería: se acordaron de regular los efluentes
El Gobierno presentará una regulación de los efluentes de la industria minera
Fecha de Publicación: 19/03/2019
Fuente: El Diario de Madryn
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno nacional trabaja con el Instituto Canadiense de Recursos Internacionales y Desarrollo en una legislación que establecerá buenas prácticas mineras y regulará los cierres de minas. Así lo anunció la secretaria de Política Minera, Carolina Sánchez, quien anticipó que planean hacer público el borrador el próximo mes. “Este es un tema que no está debidamente legislado en la Argentina”, dijo Sánchez en una entrevista al margen de la conferencia minera PDAC
en Toronto. “Esto no es una cosa que pasó ahora por Vale, sino que es algo en lo que ya veníamos trabajando con una preocupación importante”.
El accidente ocurrido en enero en la represa de Brumadinho, propiedad de Vale, que dejó al menos a 169 personas muertas, reavivó los pedidos mundiales de una regulación más estricta de los relaves: el lodo de la roca molida y los efluentes que resultan de la mayoría de los metales. Tales desastres no son raros, con al menos 50 fallas de represas en la última década, según un conteo. Con algunas excepciones, la industria se ha estado vigilando a sí misma, aunque Brasil endureció sus reglas en febrero.
Cierre y remediación
El proyecto de ley del gobierno argentino establecerá normas técnicas para el cierre de minas y ofrecerá soluciones financieras para las compañías que necesitan cerrar sus operaciones, dijo Sánchez. La legislación se ha elaborado en consulta con los gobiernos provinciales y deberá ser aprobada por el Congreso y el Senado federales. En este momento, las represas de relaves en la Argentina están siendo monitoreadas por Orsep, una agencia gubernamental también responsable de la seguridad en las represas hidroeléctricas. “Las provincias argentinas informaron al gobierno federal sobre los mecanismos de monitoreo existentes para las presas de relaves, como parte del proceso para redactar la legislación”, dijo Sánchez.
Sostenibilidad ambiental
La mayoría de las organizaciones identifican en sus informes la importancia de los problemas ambientales y sociales, pero en general esta información no es lo suficientemente clara en términos de problemas concretos, objetivos y riesgos principales. Un informe revela que las compañías informan sobre temas como el uso del agua, la contaminación, el desperdicio y en menor medida la biodiversidad, pero solo algunas revelan ciertos aspectos clave para comprender su impacto real.
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Fecha de Publicación: 19/03/2019
Fuente: El Diario de Madryn
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno nacional trabaja con el Instituto Canadiense de Recursos Internacionales y Desarrollo en una legislación que establecerá buenas prácticas mineras y regulará los cierres de minas. Así lo anunció la secretaria de Política Minera, Carolina Sánchez, quien anticipó que planean hacer público el borrador el próximo mes. “Este es un tema que no está debidamente legislado en la Argentina”, dijo Sánchez en una entrevista al margen de la conferencia minera PDAC
en Toronto. “Esto no es una cosa que pasó ahora por Vale, sino que es algo en lo que ya veníamos trabajando con una preocupación importante”.
El accidente ocurrido en enero en la represa de Brumadinho, propiedad de Vale, que dejó al menos a 169 personas muertas, reavivó los pedidos mundiales de una regulación más estricta de los relaves: el lodo de la roca molida y los efluentes que resultan de la mayoría de los metales. Tales desastres no son raros, con al menos 50 fallas de represas en la última década, según un conteo. Con algunas excepciones, la industria se ha estado vigilando a sí misma, aunque Brasil endureció sus reglas en febrero.
Cierre y remediación
El proyecto de ley del gobierno argentino establecerá normas técnicas para el cierre de minas y ofrecerá soluciones financieras para las compañías que necesitan cerrar sus operaciones, dijo Sánchez. La legislación se ha elaborado en consulta con los gobiernos provinciales y deberá ser aprobada por el Congreso y el Senado federales. En este momento, las represas de relaves en la Argentina están siendo monitoreadas por Orsep, una agencia gubernamental también responsable de la seguridad en las represas hidroeléctricas. “Las provincias argentinas informaron al gobierno federal sobre los mecanismos de monitoreo existentes para las presas de relaves, como parte del proceso para redactar la legislación”, dijo Sánchez.
Sostenibilidad ambiental
La mayoría de las organizaciones identifican en sus informes la importancia de los problemas ambientales y sociales, pero en general esta información no es lo suficientemente clara en términos de problemas concretos, objetivos y riesgos principales. Un informe revela que las compañías informan sobre temas como el uso del agua, la contaminación, el desperdicio y en menor medida la biodiversidad, pero solo algunas revelan ciertos aspectos clave para comprender su impacto real.
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La jueza ambiental casada con un empresario minero
La nueva jueza ambiental está casada con un empresario minero
Fecha de Publicación: 18/03/2019
Fuente: Jujuy al Momento
Provincia/Región: Jujuy
María Laura Flores asumió como jueza en primera instancia del juzgado ambiental; tras la jura, abogados del foro local hicieron notar su vínculo con Fernando Eleit, vocal de la Cámara Minera y socio en un estudio jurídico que asesora a empresas del rubro.
El jueves 7 de marzo asumió como jueza de primera instancia del juzgado ambiental María Laura Flores, una abogada que había concursado por ese cargo en junio de 2017 y obtuvo la mejor calificación.
Respetando el orden de mérito de la evaluación, el gobernador envió los pliegos a la Legislatura para su aprobación, como indica el mecanismo de selección vigente.
Sin embargo, tras el acto de asunción quedó expuesto un detalle particular: la flamante jueza está casada con un abogado vinculado al sector de la minería.
Se trata de Fernando Eleit, vocal de la Cámara Minera de Jujuy – institución que agrupa a las empresas del rubro en la provincia – y socio en un estudio jurídico, cuya plataforma web destaca que se especializa en el “asesoramiento legal y estratégico para el desarrollo de proyectos mineros en el norte argentino”.
En el acta constitutiva de este emprendimiento, se resalta que “la sociedad tiene por objeto la participación en general de los proyectos de estas actividades”, entre otro fines.
Atentos a esta particularidad, hubo letrados que señalaron la existencia de un notorio conflicto de intereses.
“Cuando se suscite un litigio entre las empresas del rubro, la flamante jueza se vería obligada a apartarse debido al vínculo que sostiene con una de las partes”, explicaron letrados a Jujuy al momento.
“¿De qué sirve una jueza ambiental que no puede intervenir en las causas de la minería?”, añadió otra de las fuentes consultadas.
El comunicado que distribuyó el Poder Judicial tras la asunción de Flores destaca que el juzgado a su cargo se ocupará de los amparos ambientales, los juicios ordinarios por reparación y/o remediación de daños ambientales, incluida la faz resarcitoria privada, los procesos cautelares ambientales y todos los demás procesos judiciales de naturaleza ambiental y/o regidos por legislación específica vinculada al ambiente.
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Fecha de Publicación: 18/03/2019
Fuente: Jujuy al Momento
Provincia/Región: Jujuy
María Laura Flores asumió como jueza en primera instancia del juzgado ambiental; tras la jura, abogados del foro local hicieron notar su vínculo con Fernando Eleit, vocal de la Cámara Minera y socio en un estudio jurídico que asesora a empresas del rubro.
El jueves 7 de marzo asumió como jueza de primera instancia del juzgado ambiental María Laura Flores, una abogada que había concursado por ese cargo en junio de 2017 y obtuvo la mejor calificación.
Respetando el orden de mérito de la evaluación, el gobernador envió los pliegos a la Legislatura para su aprobación, como indica el mecanismo de selección vigente.
Sin embargo, tras el acto de asunción quedó expuesto un detalle particular: la flamante jueza está casada con un abogado vinculado al sector de la minería.
Se trata de Fernando Eleit, vocal de la Cámara Minera de Jujuy – institución que agrupa a las empresas del rubro en la provincia – y socio en un estudio jurídico, cuya plataforma web destaca que se especializa en el “asesoramiento legal y estratégico para el desarrollo de proyectos mineros en el norte argentino”.
En el acta constitutiva de este emprendimiento, se resalta que “la sociedad tiene por objeto la participación en general de los proyectos de estas actividades”, entre otro fines.
Atentos a esta particularidad, hubo letrados que señalaron la existencia de un notorio conflicto de intereses.
“Cuando se suscite un litigio entre las empresas del rubro, la flamante jueza se vería obligada a apartarse debido al vínculo que sostiene con una de las partes”, explicaron letrados a Jujuy al momento.
“¿De qué sirve una jueza ambiental que no puede intervenir en las causas de la minería?”, añadió otra de las fuentes consultadas.
El comunicado que distribuyó el Poder Judicial tras la asunción de Flores destaca que el juzgado a su cargo se ocupará de los amparos ambientales, los juicios ordinarios por reparación y/o remediación de daños ambientales, incluida la faz resarcitoria privada, los procesos cautelares ambientales y todos los demás procesos judiciales de naturaleza ambiental y/o regidos por legislación específica vinculada al ambiente.
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Extrañas actividades de la Yamana Gold
El intendente González fustigó contra la minera Yamana Gold
Fecha de Publicación: 16/03/2019
Fuente: Diario Crónica
Provincia/Región: Santa Cruz
La llegada de vuelos privados al aeropuerto y las sospechas de algunos vecinos de que la firma que explota el Yacimiento Cerro Moro, ubicado a unos 80 km de Puerto Deseado, estaría sacando lingotes de oro, causó revuelo en la ciudad portuaria
En un acalorado discurso efectuado en el marco del inicio de las sesiones legislativas, el intendente Gustavo González le pidió a la minera “que deje de entrar por el patio trasero”, al
referirse a la seguidilla de vuelos privados con motivos, por el momento, desconocidos para la autoridades que efectuó la operadora a la localidad portuaria.
El mandatario no se anduvo con vueltas al señalar que Yamana Gold “le está faltando el respeto a la comunidad” al no brindar información sobre los vuelos privados que aterrizan en el aeropuerto local.
“Le pido a Yamana Gold que deje de entrar por el patio trasero de Puerto Deseado y empiece a entrar por la puerta grande. Ellos no nos pueden desconocer, les pedimos la mayor responsabilidad y que no nos falten el respeto, que tengan más acercamiento a la comunidad”, fustigó González.
Lingotes de oro
Cabe acotar que a través de las redes sociales numerosos vecinos aseguraron haber visto cómo se cargaban lingotes de oro en las aeronaves, aunque esto no pudo ser confirmado. Ayer, Crónica se comunicó con el gerente de Relaciones con la Comunidad de la empresa, Gastón Berardi, para saber el motivo de los vuelos, pero el funcionario no se encontraba en la localidad y dijo desconocer el motivo del enojo del mandatario municipal.
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Fecha de Publicación: 16/03/2019
Fuente: Diario Crónica
Provincia/Región: Santa Cruz
La llegada de vuelos privados al aeropuerto y las sospechas de algunos vecinos de que la firma que explota el Yacimiento Cerro Moro, ubicado a unos 80 km de Puerto Deseado, estaría sacando lingotes de oro, causó revuelo en la ciudad portuaria
En un acalorado discurso efectuado en el marco del inicio de las sesiones legislativas, el intendente Gustavo González le pidió a la minera “que deje de entrar por el patio trasero”, al
referirse a la seguidilla de vuelos privados con motivos, por el momento, desconocidos para la autoridades que efectuó la operadora a la localidad portuaria.
El mandatario no se anduvo con vueltas al señalar que Yamana Gold “le está faltando el respeto a la comunidad” al no brindar información sobre los vuelos privados que aterrizan en el aeropuerto local.
“Le pido a Yamana Gold que deje de entrar por el patio trasero de Puerto Deseado y empiece a entrar por la puerta grande. Ellos no nos pueden desconocer, les pedimos la mayor responsabilidad y que no nos falten el respeto, que tengan más acercamiento a la comunidad”, fustigó González.
Lingotes de oro
Cabe acotar que a través de las redes sociales numerosos vecinos aseguraron haber visto cómo se cargaban lingotes de oro en las aeronaves, aunque esto no pudo ser confirmado. Ayer, Crónica se comunicó con el gerente de Relaciones con la Comunidad de la empresa, Gastón Berardi, para saber el motivo de los vuelos, pero el funcionario no se encontraba en la localidad y dijo desconocer el motivo del enojo del mandatario municipal.
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Todos unidos por Agua Rica
Tres mineras se unirán para explotar la ex Minera La Alumbrera
Fecha de Publicación: 15/03/2019
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Catamarca
Yamana Gold, Glencore y Goldcorp le anunciaron a Mauricio Macri que se harán cargo del desarrollo de oro y cobre en Agua Rica, Catamarca
Las mineras Yamana Gold, Glencore y Goldcorp le presentaron al presidente Mauricio Macri los detalles para el desarrollo conjunto del yacimiento de oro y cobre de Agua Rica, situado en la provincia de Catamarca.
El acuerdo de integración entre las tres compañías permitirá que el proyecto sea desarrollado y operado utilizando la infraestructura e instalaciones de Minera Alumbrera Limited, que se encuentra en proceso de cierre.
Estudios preliminares, según un informe elaborado por Presidencia de la Nación, mostraron que el potencial de vida útil de la mina es de más de 25 años con una producción anual promedio de, aproximadamente, 236.000 toneladas de metal equivalentes en cobre, incluidas las contribuciones de oro, molibdeno y plata durante los primeros 10 años de operación.
Las empresas, por su parte, estimaron que Agua Rica contiene reservas minerales probadas y probables de aproximadamente 4,5 millones de toneladas de cobre y casi 200 toneladas de oro contenidas en aproximadamente 910 millones de toneladas de mineral.
La canadiense Yamana explota en la actualidad la mina de Cerro Moro (Santa Cruz), la suiza Glencore el emprendimiento Aguilar, en Jujuy, y la también candiense Goldcorp la mina de Cerro Negro, en Santa Cruz.
En la presentación concretada en la residencia de Olivos, el presidente Macri estuvo acompañado por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, y el presidente de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, Juan Pablo Tripodi.
Por las empresas, participaron el fundador y presidente ejecutivo de Yamana Gold, Peter Marrone; el gerente general de Glencore Chile, Andrés Souper Herrera; y el vicepresidente ejecutivo de Asuntos Corporativos de Goldcorp, Brent Bergeron.
Las compañías creen que la integración del proyecto Agua Rica y la mina Alumbrera (el Proyecto Integrado) tiene "un mérito significativo en función de la proximidad de los activos y el potencial para alcanzar sinergias significativas al aprovechar al máximo la infraestructura existente asociada".
En base a las previsiones, se espera que se complete este año un estudio de pre factibilidad para el Proyecto Integrado y que en 2020 culmine un estudio de factibilidad completo con reservas actualizadas, estimaciones de producción y costos.
Esto proporcionará el marco para la presentación de una nueva Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para las autoridades de Catamarca y para el compromiso continuo con las partes interesadas locales y las comunidades.
Por lo pronto, se llegó a un acuerdo con la empresa Catamarca Minera y Energía del Estado (Camyen) con respecto a la participación en el Proyecto Integrado.
Tiempo atrás, la provincia aprobó un plan de cierre para la recuperación progresiva de la mina Alumbrera que se sincroniza con el avance del Proyecto Integrado y que se financiará con el efectivo existente de Alumbrera en la reserva para actividades de recuperación, mientras Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) -otro de los accionistas de Lumbrera- ya brindó su apoyo para el uso de la infraestructura.
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Fecha de Publicación: 15/03/2019
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Catamarca
Yamana Gold, Glencore y Goldcorp le anunciaron a Mauricio Macri que se harán cargo del desarrollo de oro y cobre en Agua Rica, Catamarca
Las mineras Yamana Gold, Glencore y Goldcorp le presentaron al presidente Mauricio Macri los detalles para el desarrollo conjunto del yacimiento de oro y cobre de Agua Rica, situado en la provincia de Catamarca.
El acuerdo de integración entre las tres compañías permitirá que el proyecto sea desarrollado y operado utilizando la infraestructura e instalaciones de Minera Alumbrera Limited, que se encuentra en proceso de cierre.
Estudios preliminares, según un informe elaborado por Presidencia de la Nación, mostraron que el potencial de vida útil de la mina es de más de 25 años con una producción anual promedio de, aproximadamente, 236.000 toneladas de metal equivalentes en cobre, incluidas las contribuciones de oro, molibdeno y plata durante los primeros 10 años de operación.
Las empresas, por su parte, estimaron que Agua Rica contiene reservas minerales probadas y probables de aproximadamente 4,5 millones de toneladas de cobre y casi 200 toneladas de oro contenidas en aproximadamente 910 millones de toneladas de mineral.
La canadiense Yamana explota en la actualidad la mina de Cerro Moro (Santa Cruz), la suiza Glencore el emprendimiento Aguilar, en Jujuy, y la también candiense Goldcorp la mina de Cerro Negro, en Santa Cruz.
En la presentación concretada en la residencia de Olivos, el presidente Macri estuvo acompañado por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, y el presidente de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, Juan Pablo Tripodi.
Por las empresas, participaron el fundador y presidente ejecutivo de Yamana Gold, Peter Marrone; el gerente general de Glencore Chile, Andrés Souper Herrera; y el vicepresidente ejecutivo de Asuntos Corporativos de Goldcorp, Brent Bergeron.
Las compañías creen que la integración del proyecto Agua Rica y la mina Alumbrera (el Proyecto Integrado) tiene "un mérito significativo en función de la proximidad de los activos y el potencial para alcanzar sinergias significativas al aprovechar al máximo la infraestructura existente asociada".
En base a las previsiones, se espera que se complete este año un estudio de pre factibilidad para el Proyecto Integrado y que en 2020 culmine un estudio de factibilidad completo con reservas actualizadas, estimaciones de producción y costos.
Esto proporcionará el marco para la presentación de una nueva Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para las autoridades de Catamarca y para el compromiso continuo con las partes interesadas locales y las comunidades.
Por lo pronto, se llegó a un acuerdo con la empresa Catamarca Minera y Energía del Estado (Camyen) con respecto a la participación en el Proyecto Integrado.
Tiempo atrás, la provincia aprobó un plan de cierre para la recuperación progresiva de la mina Alumbrera que se sincroniza con el avance del Proyecto Integrado y que se financiará con el efectivo existente de Alumbrera en la reserva para actividades de recuperación, mientras Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) -otro de los accionistas de Lumbrera- ya brindó su apoyo para el uso de la infraestructura.
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Patagonia Gold se va y deja pasivos ambientales
Patagonia Gold se va. Deja190 trabajadores en la calle y un gran pasivo ambiental ante el silencio de AOMA y el gobierno provincial
Fecha de Publicación: 25/02/2019
Fuente: OPI Santa Cruz
Provincia/Región: Santa Cruz
Nada pasa por casualidad, el origen de las cosas es la causalidad. En el tema minero, OPI ha desarrollado desde el año 2006 una permanente tarea de difusión, pero no de las bondades de la minería, sus publicidades y los tours informativos a los cuales en los primeros años solían invitarnos. Desde este lugar hemos contado lo que ellos y los gobiernos no quieren escuchar; el atrás de la escena, los negociados, las mentiras, la contaminación, el ocultamiento en el que incurren las empresas y los sectores gubernamentales y la forma en la cual llegan a afincarse en Santa Cruz mediando los buenos oficios del sindicato, diputados y ministros con intereses en la actividad minera de la provincia y un encadenamiento de personajes que son ampliamente funcionales a los fines de las multinacionales, como intendentes, concejales y empresarios.
En el año 2010 mediante un video que armamos tras un trabajo de campo realizado en la zona de Perito Moreno, El Tranquilo, Arroyo Feo, Lomada de Leiva, Bandurrias y Cueva de las Manos, cuando nuevos proyectos megamineros como los de Patagonia Gold estaban cerrándose en Santa Cruz, adelantábamos cuáles eran los engaños y los perjuicios de este tipo de emprendimientos, los riesgos sociales, ambientales, económicos y las consecuencias de los laboreos en zonas tan sensibles como esa región de la provincia donde abundan los yacimientos arqueológicos y paleontológicos, que nadie cuida o al menos que en ese momento no estaban protegidos para su preservación.
Ocho años después, todo lo que allí dijimos (lamentablemente) se hizo realidad. Hoy nos enteramos que Patagonia Gold dejó los yacimientos de Lomada de Leiva, El Tranquilo y Campo Oeste, porque “la ley” (veta de oro y plata) por no ser rentable, razón por lo cual la empresa ha decidido terminar con el laboreo minero en la zona.
La noticia en si, no es una más. Patagonia Gold explota el único emprendimiento a cielo abierto en la zona; es decir, es lo que técnicamente se denomina “megaminería”, una de las actividades de mayor impacto ambiental, visual y social que desarrolla esta modalidad en el mundo.
Como consecuencia de esto quedan 190 trabajadores en la calle, el pasivo ambiental para que hereden los santacruceños y todo esto sin ningún tipo de reclamo, acción directa o cuestionamiento, ni de parte del gremio AOMA, tampoco del sector político municipal y mucho menos aún de la provincia, que se sabe, es socia primaria de Patagonia Gold, dado que Fomicruz ( empresa del Estado provincial) está vinculada a los negocios mineros, más las regalías que obtiene el gobierno de manera proporcional a la producción de oro y plata.
Es decir, que el silencio existente sobre el abandono de Patagonia Gold de 200 trabajadores, tierra arrasada, lixiviada, contaminada y con pits enormes que nunca nadie va a rellenar, no es una casualidad, es una causalidad. Sucede porque todos, de alguna manera, están vinculados al negocio o para ser más preciso, a los negociados, con la minera.
OPI entrevistó a Damián Pessolano, hoy concejal de Perito Moreno, pero en el 2010 una de las personas que mejor marcó en la investigación que hicimos, cómo y hasta dónde llegarían los problemas con la explotación minera en la zona, específicamente en el área en el que se asentaría Patagonia Gold, de la cual hoy (ocho años después), estamos asistiendo a su cierre.
“Ya se tuvieron que ir de Arroyo Feo y Lomada Leiva porque tuvieron problemas en la zona de Bandurrias por el tema de los yacimientos arqueológicos y todo ese material sigue lixiviando hace más de 3 años, sin que a nadie le llame la atención”, le dijo Pessolano a OPI y consultado sobre las causas por las cuales la minera abandona la zona dijo “Es que el yacimiento de El Tranquilo agotó el recurso y Patagonia Gold no tiene rentabilidad. Y precisamente es uno de los puntos con los cuales engañan las mientras cuando llegan a la provincia, porque no hablan de “rentabilidad” sino de “sustentabilidad”. Si dijeran que cuando no les convenga cierran, no obtendrían la licencia social que necesitan”.
Luego de asegurar que estos proyectos como los que se cierran hoy son “de muy corto plazo”, cargó contra la provincia al sostener “la gobernadora y el Ministro de Producción sabían con mucha anticipación que esto ocurriría. Ellos son los socios y hubo varias reuniones en Río Gallegos sobre el tema. Lo cierto es que ni el gobierno ni AOMA dijeron nada, porque son cómplices”, aseguró.
Finalmente Pessolano extendió la crisis a otro yacimiento cercano, Huevos Verdes de Minera Santa Cruz “Acá cerca en poco tiempo más van a empezar a hablar del cierre de Huevos Verdes y en este caso Minera Santa Cruz no tiene 200 trabajadores, sino tiene entre 800 y 1000, pero nadie dice nada hasta que pase y sorprenda a todo el mundo con gente desocupada, tierra contaminada ya sin oro ni palta y nos dejan en el pueblo todas las consecuencias sociales y ambientales para que la remediemos nosotros”.
Damian recordó que esta semana hubo una reunión entre Esteban Tejada por parte de Patagonia Gold, el Subsecretario de Minería de Santa Cruz, el Secretario General de AOMA y Guillermo Bilardo, Intendente de Perito Moreno y allí se firmó todo y no hubo ningún tipo de oposición. El proceso de cierre lleva mucho tiempo, por lo cual todos los actores lo mantuvieron en secreto y hoy se ventila, como un hecho consumado. Ya no hay nada que hacer.
Pessolano, rebatiendo los mensajes que dejan las mineras cuando desean afinacarse en un lugar, aclaró que mediando las tecnologías extractivas existentes hoy, los yacimientos no perduran más de 7 u 8 años y cuando hablan de “remediación” cabe aclarar que no es el mismo estándar el de los ambientalistas que el de las mineras.
Cualquier opinión o análisis respecto de lo sucedido hoy, ya lo hemos dicho y difundido. Solo resta ahora que la sociedad tome conciencia y evalúe que las maniobras previas a la instalación de un proyecto megaminero son falsedades y engaños y juzgue tanto a los interesados como a sus facilitadores. (Agencia OPI Santa Cruz)
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Fecha de Publicación: 25/02/2019
Fuente: OPI Santa Cruz
Provincia/Región: Santa Cruz
Nada pasa por casualidad, el origen de las cosas es la causalidad. En el tema minero, OPI ha desarrollado desde el año 2006 una permanente tarea de difusión, pero no de las bondades de la minería, sus publicidades y los tours informativos a los cuales en los primeros años solían invitarnos. Desde este lugar hemos contado lo que ellos y los gobiernos no quieren escuchar; el atrás de la escena, los negociados, las mentiras, la contaminación, el ocultamiento en el que incurren las empresas y los sectores gubernamentales y la forma en la cual llegan a afincarse en Santa Cruz mediando los buenos oficios del sindicato, diputados y ministros con intereses en la actividad minera de la provincia y un encadenamiento de personajes que son ampliamente funcionales a los fines de las multinacionales, como intendentes, concejales y empresarios.
En el año 2010 mediante un video que armamos tras un trabajo de campo realizado en la zona de Perito Moreno, El Tranquilo, Arroyo Feo, Lomada de Leiva, Bandurrias y Cueva de las Manos, cuando nuevos proyectos megamineros como los de Patagonia Gold estaban cerrándose en Santa Cruz, adelantábamos cuáles eran los engaños y los perjuicios de este tipo de emprendimientos, los riesgos sociales, ambientales, económicos y las consecuencias de los laboreos en zonas tan sensibles como esa región de la provincia donde abundan los yacimientos arqueológicos y paleontológicos, que nadie cuida o al menos que en ese momento no estaban protegidos para su preservación.
Ocho años después, todo lo que allí dijimos (lamentablemente) se hizo realidad. Hoy nos enteramos que Patagonia Gold dejó los yacimientos de Lomada de Leiva, El Tranquilo y Campo Oeste, porque “la ley” (veta de oro y plata) por no ser rentable, razón por lo cual la empresa ha decidido terminar con el laboreo minero en la zona.
La noticia en si, no es una más. Patagonia Gold explota el único emprendimiento a cielo abierto en la zona; es decir, es lo que técnicamente se denomina “megaminería”, una de las actividades de mayor impacto ambiental, visual y social que desarrolla esta modalidad en el mundo.
Como consecuencia de esto quedan 190 trabajadores en la calle, el pasivo ambiental para que hereden los santacruceños y todo esto sin ningún tipo de reclamo, acción directa o cuestionamiento, ni de parte del gremio AOMA, tampoco del sector político municipal y mucho menos aún de la provincia, que se sabe, es socia primaria de Patagonia Gold, dado que Fomicruz ( empresa del Estado provincial) está vinculada a los negocios mineros, más las regalías que obtiene el gobierno de manera proporcional a la producción de oro y plata.
Es decir, que el silencio existente sobre el abandono de Patagonia Gold de 200 trabajadores, tierra arrasada, lixiviada, contaminada y con pits enormes que nunca nadie va a rellenar, no es una casualidad, es una causalidad. Sucede porque todos, de alguna manera, están vinculados al negocio o para ser más preciso, a los negociados, con la minera.
OPI entrevistó a Damián Pessolano, hoy concejal de Perito Moreno, pero en el 2010 una de las personas que mejor marcó en la investigación que hicimos, cómo y hasta dónde llegarían los problemas con la explotación minera en la zona, específicamente en el área en el que se asentaría Patagonia Gold, de la cual hoy (ocho años después), estamos asistiendo a su cierre.
“Ya se tuvieron que ir de Arroyo Feo y Lomada Leiva porque tuvieron problemas en la zona de Bandurrias por el tema de los yacimientos arqueológicos y todo ese material sigue lixiviando hace más de 3 años, sin que a nadie le llame la atención”, le dijo Pessolano a OPI y consultado sobre las causas por las cuales la minera abandona la zona dijo “Es que el yacimiento de El Tranquilo agotó el recurso y Patagonia Gold no tiene rentabilidad. Y precisamente es uno de los puntos con los cuales engañan las mientras cuando llegan a la provincia, porque no hablan de “rentabilidad” sino de “sustentabilidad”. Si dijeran que cuando no les convenga cierran, no obtendrían la licencia social que necesitan”.
Luego de asegurar que estos proyectos como los que se cierran hoy son “de muy corto plazo”, cargó contra la provincia al sostener “la gobernadora y el Ministro de Producción sabían con mucha anticipación que esto ocurriría. Ellos son los socios y hubo varias reuniones en Río Gallegos sobre el tema. Lo cierto es que ni el gobierno ni AOMA dijeron nada, porque son cómplices”, aseguró.
Finalmente Pessolano extendió la crisis a otro yacimiento cercano, Huevos Verdes de Minera Santa Cruz “Acá cerca en poco tiempo más van a empezar a hablar del cierre de Huevos Verdes y en este caso Minera Santa Cruz no tiene 200 trabajadores, sino tiene entre 800 y 1000, pero nadie dice nada hasta que pase y sorprenda a todo el mundo con gente desocupada, tierra contaminada ya sin oro ni palta y nos dejan en el pueblo todas las consecuencias sociales y ambientales para que la remediemos nosotros”.
Damian recordó que esta semana hubo una reunión entre Esteban Tejada por parte de Patagonia Gold, el Subsecretario de Minería de Santa Cruz, el Secretario General de AOMA y Guillermo Bilardo, Intendente de Perito Moreno y allí se firmó todo y no hubo ningún tipo de oposición. El proceso de cierre lleva mucho tiempo, por lo cual todos los actores lo mantuvieron en secreto y hoy se ventila, como un hecho consumado. Ya no hay nada que hacer.
Pessolano, rebatiendo los mensajes que dejan las mineras cuando desean afinacarse en un lugar, aclaró que mediando las tecnologías extractivas existentes hoy, los yacimientos no perduran más de 7 u 8 años y cuando hablan de “remediación” cabe aclarar que no es el mismo estándar el de los ambientalistas que el de las mineras.
Cualquier opinión o análisis respecto de lo sucedido hoy, ya lo hemos dicho y difundido. Solo resta ahora que la sociedad tome conciencia y evalúe que las maniobras previas a la instalación de un proyecto megaminero son falsedades y engaños y juzgue tanto a los interesados como a sus facilitadores. (Agencia OPI Santa Cruz)
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Ratifican la intención de explotar el litio en Jujuy
Autoridades jujeñas ratificaron la decisión de exploración y explotación del litio
Fecha de Publicación: 25/02/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Jujuy
El director de la empresa estatal Jujuy Energía y Minería (Jemse), Carlos Oheler, sostuvo hoy que uno de los proyectos más importante que tiene la provincia es la "exploración y explotación del litio", decisión que se contrapone al reclamo de comunidades indígenas de la puna.
"Uno de los proyectos más importantes que tiene Jujuy es promover la exploración y explotación del litio", dijo el funcionario al indicar que las Salinas Grandes "sin dudas forma parte de las riquezas naturales más importante que tiene la provincia".
Para el funcionario "las circunstancias que se presentan hoy en el mundo con la demanda del litio con todo el proceso que se está llevando adelante, tiene que ver con mitigar el cambio climático promoviendo el uso de energías renovables".
En el marco de esa promoción defendió la utilización de litio para creación de baterías y obtener así la acumulación de energía limpia.
"Acá hay una decisión política que se contrapone entre el gobierno y las comunidades que creo que hay que conversarla", sostuvo Oheler, al indicar que el posicionamiento "antiminero" de los comuneros "tienen sustento en imágenes o cuestiones que están soportadas por la vieja minería".
"Esa vieja minería que atropellaba a la gente y no dejaba beneficios a la gente, es una minería que hace por lo menos 20 años no está vigente en el mundo, porque tanto los inversores como las empresas mineras fueron cambiando sus formas de vincularse con los entornos, cuidando el ambiente y teniendo integración con las comunidades", afirmó.
Asimismo, sostuvo que la provincia "tiene un modelo como es el de la empresa Sales de Jujuy S.A. –que opera en las localidades de Olaroz y Cauchari- puede mostrar resultados concretos en la relación comunidad-empresa, donde hay desarrollo de proveedores locales, cuidado de ambiente y fortalecimientos de la comunidades".
Ante la consulta de Télam en relación a las dos empresas que realizaban estudios de exploración de litio en las cuencas de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc, dijo que las mismas "no cumplieron acabadamente con los compromisos y autorizaciones que tenían".
Como consecuencia "si se verifican los incumplimientos –en la justicia- las dos firmas intervinientes van a ser sancionadas y si no se darán las explicaciones que en caso corresponda".
De manera simultánea, indicó, el gobierno de Jujuy remitió una nota a la Embajada de Canadá, "dando a conocer la situación de la supuesta inconducta" y solicitó al embajador que "instruya a las empresas canadienses que operan en la Puna a que deben respetar los protocolos provinciales, su vínculo con el ambiente y las comunidades originarias".
Las comunidades indígenas, por su parte, rechazan todo tipo de exploración en las inmediaciones de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc por lo que impidieron los estudios preliminares para la extracción del litio y reclaman que se declare a ambos sitios como "patrimonio natural, cultural y ancestral de los pueblos originarios".
Además, pidieron que la declaración considere a la región como "zona libre de emprendimiento de megaminería, minería de litio" y de cualquier otro proyecto que "dañe a la Pachamama (Madre Tierra) y atente la forma de vida de las comunidades".
El gobierno jujeño convocó nuevamente a las comunidades indígenas manifestantes para el martes a las de 17 en Casa de Gobierno a una reunión preliminar para discutir diversos puntos del reclamo y luego el gobernador Gerardo Morales se comprometió a participar de la asamblea comunitaria en algún paraje de la puna a acordar. (Télam)
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Fecha de Publicación: 25/02/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Jujuy
El director de la empresa estatal Jujuy Energía y Minería (Jemse), Carlos Oheler, sostuvo hoy que uno de los proyectos más importante que tiene la provincia es la "exploración y explotación del litio", decisión que se contrapone al reclamo de comunidades indígenas de la puna.
"Uno de los proyectos más importantes que tiene Jujuy es promover la exploración y explotación del litio", dijo el funcionario al indicar que las Salinas Grandes "sin dudas forma parte de las riquezas naturales más importante que tiene la provincia".
Para el funcionario "las circunstancias que se presentan hoy en el mundo con la demanda del litio con todo el proceso que se está llevando adelante, tiene que ver con mitigar el cambio climático promoviendo el uso de energías renovables".
En el marco de esa promoción defendió la utilización de litio para creación de baterías y obtener así la acumulación de energía limpia.
"Acá hay una decisión política que se contrapone entre el gobierno y las comunidades que creo que hay que conversarla", sostuvo Oheler, al indicar que el posicionamiento "antiminero" de los comuneros "tienen sustento en imágenes o cuestiones que están soportadas por la vieja minería".
"Esa vieja minería que atropellaba a la gente y no dejaba beneficios a la gente, es una minería que hace por lo menos 20 años no está vigente en el mundo, porque tanto los inversores como las empresas mineras fueron cambiando sus formas de vincularse con los entornos, cuidando el ambiente y teniendo integración con las comunidades", afirmó.
Asimismo, sostuvo que la provincia "tiene un modelo como es el de la empresa Sales de Jujuy S.A. –que opera en las localidades de Olaroz y Cauchari- puede mostrar resultados concretos en la relación comunidad-empresa, donde hay desarrollo de proveedores locales, cuidado de ambiente y fortalecimientos de la comunidades".
Ante la consulta de Télam en relación a las dos empresas que realizaban estudios de exploración de litio en las cuencas de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc, dijo que las mismas "no cumplieron acabadamente con los compromisos y autorizaciones que tenían".
Como consecuencia "si se verifican los incumplimientos –en la justicia- las dos firmas intervinientes van a ser sancionadas y si no se darán las explicaciones que en caso corresponda".
De manera simultánea, indicó, el gobierno de Jujuy remitió una nota a la Embajada de Canadá, "dando a conocer la situación de la supuesta inconducta" y solicitó al embajador que "instruya a las empresas canadienses que operan en la Puna a que deben respetar los protocolos provinciales, su vínculo con el ambiente y las comunidades originarias".
Las comunidades indígenas, por su parte, rechazan todo tipo de exploración en las inmediaciones de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc por lo que impidieron los estudios preliminares para la extracción del litio y reclaman que se declare a ambos sitios como "patrimonio natural, cultural y ancestral de los pueblos originarios".
Además, pidieron que la declaración considere a la región como "zona libre de emprendimiento de megaminería, minería de litio" y de cualquier otro proyecto que "dañe a la Pachamama (Madre Tierra) y atente la forma de vida de las comunidades".
El gobierno jujeño convocó nuevamente a las comunidades indígenas manifestantes para el martes a las de 17 en Casa de Gobierno a una reunión preliminar para discutir diversos puntos del reclamo y luego el gobernador Gerardo Morales se comprometió a participar de la asamblea comunitaria en algún paraje de la puna a acordar. (Télam)
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Las colas o desechos mineros ahora preocupan en el país
La tragedia minera de Brasil preocupa ahora a las provincias argentinas
Fecha de Publicación: 22/02/2019
Fuente: grupolaprovincia.com
Provincia/Región: Nacional
El control de la contaminación generada por las colas o desechos mineros provenientes de los complejos productores de uranio constituye uno de las realidades ambientales más preocupantes en las provincias de Mendoza, de Córdoba y también lo será en Formosa en cuanto se ponga en marcha la Nueva Planta de Uranio
Esos pasivos ambientales no pasan inadvertidos ante los ojos de una sociedad más exigente y consciente de que el cuidado de los recursos naturales exige involucrarse y participar. El derecho a la participación ciudadana es fundamental e inherente a nuestra Constitución Nacional, otorgando a la ciudadanía el derecho a opinar responsablemente y a ser escuchados por las autoridades públicas, de manera que las apreciaciones sean incluidas efectivamente en el proceso de toma de decisiones
De esta manera, la participación ciudadana termina siendo una herramienta trascendental para la protección del ambiente, como así también para lograr el intercambio y la armonía entre la ciudadanía y el Estado, puesto que su principal objetivo es garantizar la comunicación entre los vecinos y las autoridades de manera eficaz y transparente
Convocada por la Dirección de Protección Ambiental (DPA), dependiente de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Mendoza, se realizó la semana pasada la Audiencia Pública con la presencia de más de 500 personas y alrededor de 80 oradores que dieron a conocer su posición ante la "Manifestación General de Impacto Ambiental" del proyecto de Remediación Ambiental del Complejo Minero Fabril San Rafael (CMFSR). Un tema que no fue resuelto en 25 años. Los mendocinos se han mostrado muy activos ante la convocatoria de la actual gestión provincial que busca solucionar esta postergada situación. En simultáneo, aún permanecen frescas en las retinas las imágenes con las terribles consecuencias de la tragedia de Brumadinho, en Brasil, que dejó como saldo 150 muertos, 182 desaparecidos, el río Paraopeba contaminado, un pueblo entero arrasado y cerca de un millar de personas que han sido evacuadas de las inmediaciones de dos presas del estado de Minas Gerais por temor a nuevos derrumbes. En ese contexto de la minería regional, resulta de público conocimiento que la provincia solicitó en reiteradas gestiones a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) la remediación ambiental de los residuos contaminantes que se generaron durante los años de operación de la planta y, cumpliendo con los procedimientos correspondientes previos a una Declaración de Impacto Ambiental. La Ley Nacional N° 24804 que regula toda la actividad nuclear en Argentina indica que un Complejo Minero Fabril como el de Sierra Pintada, debe tener el mismo nivel de seguridad que una Central Nuclear. Cosa que no sucedió. En el año 2011, se produjo un evento que consistió en la rotura de una membrana geo-textil que impermeabilizaba un importante dique destinado a confinar efluentes líquidos contaminados. Allí hubo un derrame de líquidos y este hecho fue catalogado por autoridades locales de CNEA como un "atentado o sabotaje". Por ello tomó intervención el Juzgado Federal de San Rafael conjuntamente con el Fiscal Federal. El otro episodio más complejo tuvo lugar en 2013, cuando se produjo un desborde de líquidos contaminados que llegaron al Arroyo El Tigre y posteriormente al Río Diamante. Este hecho fue detectado por inspectores de Irrigación, a través de la División Policía del Agua, derivando en una multa pecuniaria. Aquí cabe señalar, y de acuerdo a lo indicado por Irrigación en la citada Resolución, se intentó "ocultar" este evento por parte de la CNEA. El hecho derivó en una denuncia penal radicada en el Juzgado Federal de San Rafael, por parte del entonces senador nacional Ernesto Sanz conocedor de la problemática dado que fue intendente de dicha ciudad entre 1999 y 2003.. Desechos y líquidos ácidos.. El Complejo Minero Fabril San Rafael (CMFSR), primer eslabón del ciclo de combustible nuclear, operó desde mediados de los años 70 hasta 1997, obteniéndose durante dicho período 1.600 toneladas de uranio. A mediados de los años 90 como consecuencia de los muy bajos precios del concentrado de uranio en el mercado internacional y los elevados costos internos, Sierra Pintada detuvo su producción. Durante esos años, se generaron residuos producto de la actividad minera y de la concentración de mineral, a causa de la extracción a cielo abierto del mineral de uranio. Durante estas actividades se fueron generando canteras agotadas, rocas estériles y mineral marginal -rocas con bajo contenido de uranio-
Actualmente, en los huecos de las canteras ingresa agua de lluvia y subterránea que, al estar en contacto con zonas mineralizadas naturalmente, cambian su composición originando lo que se denomina agua de cantera. Una vez que el mineral fue extraído de las canteras, se procesó en la planta para separar el uranio de las rocas. Durante esta etapa se produjeron colas de mineral, precipitados -producto de la neutralización de los efluentes de planta- y desechos mineros. Es decir, los residuos generados por la actividad de la planta de concentración de mineral, y en existencia en el Complejo son: las colas de tratamiento y los lodos de precipitación. La planta de concentración, durante su operación, también generó como residuo efluentes líquidos ácidos, los que eran neutralizados con cal y evaporados en diques impermeables
En su propuesta ante los vecinos la CNEA expresó cómo se incluirían actividades para la remediación de 5.223 tambores con residuos que fueron generados en el complejo minero de Córdoba y que a fines de la década del 90 fueron traídos a San Rafael. Son residuos embalados en bolsas de plásticos y contenidos dentro de tambores de 200 litros, que fueron colocados en trincheras. El contenido total de uranio es de 14 mil kilos. En esta Audiencia Pública, la Comisión Nacional de Energía Atómica, presentó a la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Mendoza, el proyecto "Manifestación general de impacto ambiental". Para ello, explicaron que se actualizó el estudio de impacto ambiental y el dictamen técnico fue hecho por la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FCAI) de la Universidad Nacional de Cuyo (UnCuyo) con la participación de técnicos y expertos de la Municipalidad de San Rafael, la Municipalidad de General Alvear, la Dirección de Recursos Naturales Renovables, la Dirección de Minería, el Departamento General de Irrigación y la Autoridad Regulatoria Nuclear. Las medidas propuestas remiten a la aplicación de distintas tecnologías que permitirán minimizar la concentración de uranio, radio y arsénico en el agua de cantera y extraer el uranio existente que se encuentra dentro de tambores. Para ello, por un lado, se utilizará la planta de tratamiento, que se encuentra en el predio, y, por otro, se aprovechará la construcción de un moderno dique con un sistema de múltiples barreras que permitirá concluir con la primera etapa de la remediación de los pasivos ambientales. Por eso, más allá del amplio reconocimiento y las buenas intenciones de las Audiencias Públicas en términos políticos y su incorporación como instrumento obligatorio para la aprobación de proyectos susceptibles de dañar al ambiente en Argentina, sabemos que, algunos casos, presentan defectos y otras veces no resulta eficaz para integrar mejoras ambientales a las que aspiramos para las presentes y futuras generaciones. Ojalá que no sea este el caso. (*) (Noticias Argentinas)
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Fecha de Publicación: 22/02/2019
Fuente: grupolaprovincia.com
Provincia/Región: Nacional
El control de la contaminación generada por las colas o desechos mineros provenientes de los complejos productores de uranio constituye uno de las realidades ambientales más preocupantes en las provincias de Mendoza, de Córdoba y también lo será en Formosa en cuanto se ponga en marcha la Nueva Planta de Uranio
Esos pasivos ambientales no pasan inadvertidos ante los ojos de una sociedad más exigente y consciente de que el cuidado de los recursos naturales exige involucrarse y participar. El derecho a la participación ciudadana es fundamental e inherente a nuestra Constitución Nacional, otorgando a la ciudadanía el derecho a opinar responsablemente y a ser escuchados por las autoridades públicas, de manera que las apreciaciones sean incluidas efectivamente en el proceso de toma de decisiones
De esta manera, la participación ciudadana termina siendo una herramienta trascendental para la protección del ambiente, como así también para lograr el intercambio y la armonía entre la ciudadanía y el Estado, puesto que su principal objetivo es garantizar la comunicación entre los vecinos y las autoridades de manera eficaz y transparente
Convocada por la Dirección de Protección Ambiental (DPA), dependiente de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Mendoza, se realizó la semana pasada la Audiencia Pública con la presencia de más de 500 personas y alrededor de 80 oradores que dieron a conocer su posición ante la "Manifestación General de Impacto Ambiental" del proyecto de Remediación Ambiental del Complejo Minero Fabril San Rafael (CMFSR). Un tema que no fue resuelto en 25 años. Los mendocinos se han mostrado muy activos ante la convocatoria de la actual gestión provincial que busca solucionar esta postergada situación. En simultáneo, aún permanecen frescas en las retinas las imágenes con las terribles consecuencias de la tragedia de Brumadinho, en Brasil, que dejó como saldo 150 muertos, 182 desaparecidos, el río Paraopeba contaminado, un pueblo entero arrasado y cerca de un millar de personas que han sido evacuadas de las inmediaciones de dos presas del estado de Minas Gerais por temor a nuevos derrumbes. En ese contexto de la minería regional, resulta de público conocimiento que la provincia solicitó en reiteradas gestiones a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) la remediación ambiental de los residuos contaminantes que se generaron durante los años de operación de la planta y, cumpliendo con los procedimientos correspondientes previos a una Declaración de Impacto Ambiental. La Ley Nacional N° 24804 que regula toda la actividad nuclear en Argentina indica que un Complejo Minero Fabril como el de Sierra Pintada, debe tener el mismo nivel de seguridad que una Central Nuclear. Cosa que no sucedió. En el año 2011, se produjo un evento que consistió en la rotura de una membrana geo-textil que impermeabilizaba un importante dique destinado a confinar efluentes líquidos contaminados. Allí hubo un derrame de líquidos y este hecho fue catalogado por autoridades locales de CNEA como un "atentado o sabotaje". Por ello tomó intervención el Juzgado Federal de San Rafael conjuntamente con el Fiscal Federal. El otro episodio más complejo tuvo lugar en 2013, cuando se produjo un desborde de líquidos contaminados que llegaron al Arroyo El Tigre y posteriormente al Río Diamante. Este hecho fue detectado por inspectores de Irrigación, a través de la División Policía del Agua, derivando en una multa pecuniaria. Aquí cabe señalar, y de acuerdo a lo indicado por Irrigación en la citada Resolución, se intentó "ocultar" este evento por parte de la CNEA. El hecho derivó en una denuncia penal radicada en el Juzgado Federal de San Rafael, por parte del entonces senador nacional Ernesto Sanz conocedor de la problemática dado que fue intendente de dicha ciudad entre 1999 y 2003.. Desechos y líquidos ácidos.. El Complejo Minero Fabril San Rafael (CMFSR), primer eslabón del ciclo de combustible nuclear, operó desde mediados de los años 70 hasta 1997, obteniéndose durante dicho período 1.600 toneladas de uranio. A mediados de los años 90 como consecuencia de los muy bajos precios del concentrado de uranio en el mercado internacional y los elevados costos internos, Sierra Pintada detuvo su producción. Durante esos años, se generaron residuos producto de la actividad minera y de la concentración de mineral, a causa de la extracción a cielo abierto del mineral de uranio. Durante estas actividades se fueron generando canteras agotadas, rocas estériles y mineral marginal -rocas con bajo contenido de uranio-
Actualmente, en los huecos de las canteras ingresa agua de lluvia y subterránea que, al estar en contacto con zonas mineralizadas naturalmente, cambian su composición originando lo que se denomina agua de cantera. Una vez que el mineral fue extraído de las canteras, se procesó en la planta para separar el uranio de las rocas. Durante esta etapa se produjeron colas de mineral, precipitados -producto de la neutralización de los efluentes de planta- y desechos mineros. Es decir, los residuos generados por la actividad de la planta de concentración de mineral, y en existencia en el Complejo son: las colas de tratamiento y los lodos de precipitación. La planta de concentración, durante su operación, también generó como residuo efluentes líquidos ácidos, los que eran neutralizados con cal y evaporados en diques impermeables
En su propuesta ante los vecinos la CNEA expresó cómo se incluirían actividades para la remediación de 5.223 tambores con residuos que fueron generados en el complejo minero de Córdoba y que a fines de la década del 90 fueron traídos a San Rafael. Son residuos embalados en bolsas de plásticos y contenidos dentro de tambores de 200 litros, que fueron colocados en trincheras. El contenido total de uranio es de 14 mil kilos. En esta Audiencia Pública, la Comisión Nacional de Energía Atómica, presentó a la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Mendoza, el proyecto "Manifestación general de impacto ambiental". Para ello, explicaron que se actualizó el estudio de impacto ambiental y el dictamen técnico fue hecho por la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FCAI) de la Universidad Nacional de Cuyo (UnCuyo) con la participación de técnicos y expertos de la Municipalidad de San Rafael, la Municipalidad de General Alvear, la Dirección de Recursos Naturales Renovables, la Dirección de Minería, el Departamento General de Irrigación y la Autoridad Regulatoria Nuclear. Las medidas propuestas remiten a la aplicación de distintas tecnologías que permitirán minimizar la concentración de uranio, radio y arsénico en el agua de cantera y extraer el uranio existente que se encuentra dentro de tambores. Para ello, por un lado, se utilizará la planta de tratamiento, que se encuentra en el predio, y, por otro, se aprovechará la construcción de un moderno dique con un sistema de múltiples barreras que permitirá concluir con la primera etapa de la remediación de los pasivos ambientales. Por eso, más allá del amplio reconocimiento y las buenas intenciones de las Audiencias Públicas en términos políticos y su incorporación como instrumento obligatorio para la aprobación de proyectos susceptibles de dañar al ambiente en Argentina, sabemos que, algunos casos, presentan defectos y otras veces no resulta eficaz para integrar mejoras ambientales a las que aspiramos para las presentes y futuras generaciones. Ojalá que no sea este el caso. (*) (Noticias Argentinas)
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La 7.722 mendocina nuevamente en la Corte Suprema
El reclamo por la 7.722 llegó a la Corte de la Nación
Fecha de Publicación: 21/02/2019
Fuente: El Sol (Mendoza)
Provincia/Región: Mendoza
Doce años después de su sanción, la ley “antiminera” (7.722), sigue dando que hablar en el ámbito de la actividad. Ahora, la acción de inconstitucionalidad presentada en 2007 por la minera San Jorge deberá ser analizada por la Corte Suprema de la Nación, que deberá decidir si acepta revisar la norma que el tribunal local declaró constitucional.
La minera San Jorge, cuyo proyecto de extraer oro y cobre en Uspallata quedó trunco desde el 2008, presentó un recurso extraordinario federal para habilitar una revisión en la Corte Suprema de la Nación. Esa acción había sido rechazada, sin embargo tras un nuevo recurso de queja en la Corte Suprema, el caso tomará relevancia nacional.
Teniendo en cuenta que en Mendoza la norma fue declarara constitucional por el máximo tribunal local, la Corte Suprema es la última instancia que tienen la empresas para reclamar.
Según explicó el presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CAMEM), Raúl Rodríguez, el máximo tribunal local “no tiene nada más que hacer porque resolvió a favor de la ley”, explicó. Es por eso que para que la causa quede en manos de la nación, la Suprema Corte debe remitirle los antecedentes para que decidan si se abocarán a una revisión de la ley o no.
Hay que recordar que en 2015, el máximo tribunal local ratificó por unanimidad la constitucionalidad de la ley que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería.
Entre los planteos que hizo San Jorge para pedir la inconstitucionalidad están los primeros artículos de la ley entre los que se prohíbe el empleo de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas en la actividad minera metalífera. Además cuestionaron la exigencia de la adecuación de las actividades en curso a las nuevas disposiciones de la 7.722 y la intervención del Poder Legislativo para la ratificación posterior de la Declaración de Impacto Ambiental.
Tras el rechazo que generó el proyecto, los accionistas de la empresa en 2016 presentaron otro plan alternativa para extraer el cobre y el oro en Mendoza pero luego trasladarlo y procesarlo en San Juan. En 2017 el gobierno resolvió rechazar el informe de impacto ambiental de San Jorge y según manifestó Rodríguez el año pasado presentaron un nuevo informe.
Nuevo estudio de impacto ambiental
Sobre el caso de San Jorge, el subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, explicó que la empresa presentó un nuevo estudio de impacto ambiental con mejoras respecto del anterior que había sido rechazado.
Ahora la tarea del Ejecutivo es estudiar la manera en que se va a analizar la información y este proceso tendrá al menos una demora de seis meses.
En cuanto al proyecto de la minera, se apunta a la extracción y procesamiento en la provincia a través del proceso de flotación, que no utiliza ácido sulfúrico, cianuro, ni mercurio ni sustancias tóxicas. En total la inversión prevista es de 600 millones de dólares.
“Presentaron el nuevo estudio de impacto ambiental y se resolverá la evaluación que se le dará al estudio cumpliendo leyes y decretos”, concluyó Guiñazú.
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Fecha de Publicación: 21/02/2019
Fuente: El Sol (Mendoza)
Provincia/Región: Mendoza
Doce años después de su sanción, la ley “antiminera” (7.722), sigue dando que hablar en el ámbito de la actividad. Ahora, la acción de inconstitucionalidad presentada en 2007 por la minera San Jorge deberá ser analizada por la Corte Suprema de la Nación, que deberá decidir si acepta revisar la norma que el tribunal local declaró constitucional.
La minera San Jorge, cuyo proyecto de extraer oro y cobre en Uspallata quedó trunco desde el 2008, presentó un recurso extraordinario federal para habilitar una revisión en la Corte Suprema de la Nación. Esa acción había sido rechazada, sin embargo tras un nuevo recurso de queja en la Corte Suprema, el caso tomará relevancia nacional.
Teniendo en cuenta que en Mendoza la norma fue declarara constitucional por el máximo tribunal local, la Corte Suprema es la última instancia que tienen la empresas para reclamar.
Según explicó el presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CAMEM), Raúl Rodríguez, el máximo tribunal local “no tiene nada más que hacer porque resolvió a favor de la ley”, explicó. Es por eso que para que la causa quede en manos de la nación, la Suprema Corte debe remitirle los antecedentes para que decidan si se abocarán a una revisión de la ley o no.
Hay que recordar que en 2015, el máximo tribunal local ratificó por unanimidad la constitucionalidad de la ley que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería.
Entre los planteos que hizo San Jorge para pedir la inconstitucionalidad están los primeros artículos de la ley entre los que se prohíbe el empleo de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas en la actividad minera metalífera. Además cuestionaron la exigencia de la adecuación de las actividades en curso a las nuevas disposiciones de la 7.722 y la intervención del Poder Legislativo para la ratificación posterior de la Declaración de Impacto Ambiental.
Tras el rechazo que generó el proyecto, los accionistas de la empresa en 2016 presentaron otro plan alternativa para extraer el cobre y el oro en Mendoza pero luego trasladarlo y procesarlo en San Juan. En 2017 el gobierno resolvió rechazar el informe de impacto ambiental de San Jorge y según manifestó Rodríguez el año pasado presentaron un nuevo informe.
Nuevo estudio de impacto ambiental
Sobre el caso de San Jorge, el subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, explicó que la empresa presentó un nuevo estudio de impacto ambiental con mejoras respecto del anterior que había sido rechazado.
Ahora la tarea del Ejecutivo es estudiar la manera en que se va a analizar la información y este proceso tendrá al menos una demora de seis meses.
En cuanto al proyecto de la minera, se apunta a la extracción y procesamiento en la provincia a través del proceso de flotación, que no utiliza ácido sulfúrico, cianuro, ni mercurio ni sustancias tóxicas. En total la inversión prevista es de 600 millones de dólares.
“Presentaron el nuevo estudio de impacto ambiental y se resolverá la evaluación que se le dará al estudio cumpliendo leyes y decretos”, concluyó Guiñazú.
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Jujuy: comunidades levantan cortes a la espera de reunión
Se levantó el corte de ruta ante la convocatoria del gobierno a una reunión
Fecha de Publicación: 19/02/2019
Fuente: Vía Jujuy
Provincia/Región: Jujuy
Comunidades indígenas levantaron la medida de fuerza después que el gobierno los llamara para entablar el diálogo.
Después de dos días de cortes de ruta, las comunidades indígenas de la puna levantaron la medida de fuerza en contra de la exploración y la explotación del litio en la región.
Según trascendió el levantamiento se produjo por la convocatoria a una reunión con autoridades provinciales la semana próxima. Concretamente se realizará el miércoles 20, a horas 11:00, en un paraje cercano al punto donde se realizaba el corte y se espera la participación de autoridades del gobierno de Gerardo Morales.
Las comunidades advirtieron que de no concretarse la reunión la intención es volver a protestar sobre la ruta.
Durante la tarde de ayer se decidió levantar el corte después de que llegaran hasta el lugar la secretaria de Pueblos Indígenas, Alejandra Liquin, el presidente del directorio de Jujuy, Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse), Carlos Oehler y el secretario de Minería e Hidrocarburos de la Provincia, Miguel Soler.
Las comunidades, que permanecía en el cruce de las rutas nacional 52 y provincial 79, piden la anulación de un concurso de oferentes llamado por la empresa Jemse, que permite la exploración de litio en la región Puna.
También solicitan al Ejecutivo provincial que se declare a la Cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc como “patrimonio natural, cultural y ancestral de los pueblos originarios”.
En ese marco, requieren que la declaración considere a la región como “zona libre de emprendimiento de megaminería, minería de litio y de cualquier otro proyecto extractivo que dañe a la Pachamama y atente la forma de vida de las comunidades”.
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Fecha de Publicación: 19/02/2019
Fuente: Vía Jujuy
Provincia/Región: Jujuy
Comunidades indígenas levantaron la medida de fuerza después que el gobierno los llamara para entablar el diálogo.
Después de dos días de cortes de ruta, las comunidades indígenas de la puna levantaron la medida de fuerza en contra de la exploración y la explotación del litio en la región.
Según trascendió el levantamiento se produjo por la convocatoria a una reunión con autoridades provinciales la semana próxima. Concretamente se realizará el miércoles 20, a horas 11:00, en un paraje cercano al punto donde se realizaba el corte y se espera la participación de autoridades del gobierno de Gerardo Morales.
Las comunidades advirtieron que de no concretarse la reunión la intención es volver a protestar sobre la ruta.
Durante la tarde de ayer se decidió levantar el corte después de que llegaran hasta el lugar la secretaria de Pueblos Indígenas, Alejandra Liquin, el presidente del directorio de Jujuy, Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse), Carlos Oehler y el secretario de Minería e Hidrocarburos de la Provincia, Miguel Soler.
Las comunidades, que permanecía en el cruce de las rutas nacional 52 y provincial 79, piden la anulación de un concurso de oferentes llamado por la empresa Jemse, que permite la exploración de litio en la región Puna.
También solicitan al Ejecutivo provincial que se declare a la Cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc como “patrimonio natural, cultural y ancestral de los pueblos originarios”.
En ese marco, requieren que la declaración considere a la región como “zona libre de emprendimiento de megaminería, minería de litio y de cualquier otro proyecto extractivo que dañe a la Pachamama y atente la forma de vida de las comunidades”.
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La Alumbrera afirmó que su dique de colas es "seguro"
Afirman que el dique de colas de Alumbrera es "seguro"
Fecha de Publicación: 13/02/2019
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
La gobernadora Lucía Corpacci encabezó una reunión de la Secretaría de Minería, donde se dieron a conocer avances de los estudios en el dique de colas de Minera Alumbrera, en el marco del proceso de cierre de mina. En la ocasión, estuvieron presentes el secretario de Minería, Rodolfo Micone; autoridades de Minera Alumbrera, de Glencore, de Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina (IATASA), del Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) y del CFI.
La reunión fue un primer encuentro donde se presentaron detalles técnicos y se evaluó la situación actual del proceso, como así también algunas observaciones sugeridas. En este marco, los representantes de Alumbrera realizaron una presentación donde dieron detalles del proyecto, construcción, control y monitoreo del dique de colas de la mina. A continuación, IATASA expuso sobre el trabajo realizado desde 2014 a 2018, período en el que realizó tres auditorías.
La consultora habló sobre la estabilidad física y química del dique, el estudio hidrológico e hidráulico de las cuencas y las sugerencias que la firma presentó a la empresa para optimizar el trabajo realizado. Concluyó que la presa es segura y en función de los controles realizados sobre el río Vis-Vis, señaló que no se observa una alteración ambiental de la cuenca. Finalmente, detalló algunas recomendaciones a Alumbrera para continuar con las obras de diseño y construcción del dique de relaves.
A su turno, Corpacci destacó la importancia del intercambio entre todos los actores, sobre todo en el contexto donde hay cada vez más interés en invertir en minería. En ese marco, valoró el trabajo interdisciplinario que se viene realizando desde la Secretaría de Minería para tener las garantías de que se hacen y se continuarán haciendo las cosas lo mejor posible.
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Fecha de Publicación: 13/02/2019
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
La gobernadora Lucía Corpacci encabezó una reunión de la Secretaría de Minería, donde se dieron a conocer avances de los estudios en el dique de colas de Minera Alumbrera, en el marco del proceso de cierre de mina. En la ocasión, estuvieron presentes el secretario de Minería, Rodolfo Micone; autoridades de Minera Alumbrera, de Glencore, de Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina (IATASA), del Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) y del CFI.
La reunión fue un primer encuentro donde se presentaron detalles técnicos y se evaluó la situación actual del proceso, como así también algunas observaciones sugeridas. En este marco, los representantes de Alumbrera realizaron una presentación donde dieron detalles del proyecto, construcción, control y monitoreo del dique de colas de la mina. A continuación, IATASA expuso sobre el trabajo realizado desde 2014 a 2018, período en el que realizó tres auditorías.
La consultora habló sobre la estabilidad física y química del dique, el estudio hidrológico e hidráulico de las cuencas y las sugerencias que la firma presentó a la empresa para optimizar el trabajo realizado. Concluyó que la presa es segura y en función de los controles realizados sobre el río Vis-Vis, señaló que no se observa una alteración ambiental de la cuenca. Finalmente, detalló algunas recomendaciones a Alumbrera para continuar con las obras de diseño y construcción del dique de relaves.
A su turno, Corpacci destacó la importancia del intercambio entre todos los actores, sobre todo en el contexto donde hay cada vez más interés en invertir en minería. En ese marco, valoró el trabajo interdisciplinario que se viene realizando desde la Secretaría de Minería para tener las garantías de que se hacen y se continuarán haciendo las cosas lo mejor posible.
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Buenos Aires: suspenden tres canteras por daño ambiental
Suspenden tres canteras por el “daño ambiental” generado en dos barrios
Fecha de Publicación: 12/02/2019
Fuente: El Dia
Provincia/Región: Buenos Aires
Suspenden tres canteras por el “daño ambiental” generado en dos barrios los operativos, ayer, en altos de san lorenzo y villa elvira
Ya sea porque suelen convertirse en depósitos a cielo abierto de basura y de virtuales quemas, o porque su gran profundidad las ha convertido en lagunas que implican un riesgo permanente para la vida de los vecinos, las canteras de la Región, unas 70, llevan tiempo en la mira comunal. Y ayer, tras una serie de relevamientos y operativos de control, clausuraron tres predios ubicados en las localidades de Villa Elvira y Altos de San Lorenzo, por distintas irregularidades que, según el Municipio, “ocasionaban daño ambiental en la zona”.
Según informaron fuentes comunales, las tareas las llevó adelante la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano junto a efectivos de la Policía Ecológica, tras verificar que los predios ubicados en 619 y 122 y en 615 y 122 de Villa Elvira, no contaban con la habilitación municipal y provincial correspondiente para realizar la extracción de tierra.
Por otra parte, la cantera de Avenida 19 y 86 de Altos de San Lorenzo era utilizada para arrojar basura y quemar los residuos, provocando un foco de contaminación ambiental en la zona, se indicó.
El Secretario de Convivencia y Control Ciudadano, Roberto Di Grazia, indicó que “los agentes especializados de la Dirección de Control Ambiental alertaron que ante la quema de residuos se podrían generar sustancias químicas contaminantes que afectarían el aire y el suelo, por eso se procedió a la clausura preventiva de dichos predios”.
“Estamos reforzando el proceso de capacitación de los inspectores especializados en la materia para que actúen ante estos casos y aplicando las sanciones correspondientes cuando se viole la Ordenanza Municipal 9790 y 10703, referida a los usos específicos, control y verificación de la cantera”, agregó.
Para denunciar irregularidades y malos manejos que ocasionen o pongan en riesgo el medio ambiente, los vecinos pueden contactarse con el área de Control Ambiental a través de la línea 147 del municipio.
Hay unas 70
En La Plata, como informó este diario en un reciente artículo, hay unas 70 canteras. Los enormes socavones se encuentran Arturo Seguí, Tolosa, Ringuelet, Gorina, Hernández, Los Hornos, Villa Elisa, Villa Alba, Abasto, Aeropuerto, Frisón, Melchor Romero, Colonia Urquiza, El Peligro y Altos de San Lorenzo, entre otros. Algunas de esas canteras superan con holgura las diez hectáreas de superficie.
Las canteras suelen ser fuente de diferentes riesgos y los especialistas han señalado que, esto se debe, entre otras causas, al incumplimiento de la legislación vigente y la responsabilidad que eluden habitualmente tanto los propietarios de los predios como los canteristas, que una vez que culminan con la explotación de las cavas no aportan soluciones para su recuperación.
Como se ha indicado, los peligros y daños que originan las numerosas canteras existentes son tantos que en La Plata se decidió regular la actividad de esos predios en una ordenanza, la 9760 de 2004. Su texto determina que las empresas que realicen actividades extractivas de suelos deben rodear el predio con un alambrado olímpico, colocar carteles de alerta y tener custodia privada las 24 horas.
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Fecha de Publicación: 12/02/2019
Fuente: El Dia
Provincia/Región: Buenos Aires
Suspenden tres canteras por el “daño ambiental” generado en dos barrios los operativos, ayer, en altos de san lorenzo y villa elvira
Ya sea porque suelen convertirse en depósitos a cielo abierto de basura y de virtuales quemas, o porque su gran profundidad las ha convertido en lagunas que implican un riesgo permanente para la vida de los vecinos, las canteras de la Región, unas 70, llevan tiempo en la mira comunal. Y ayer, tras una serie de relevamientos y operativos de control, clausuraron tres predios ubicados en las localidades de Villa Elvira y Altos de San Lorenzo, por distintas irregularidades que, según el Municipio, “ocasionaban daño ambiental en la zona”.
Según informaron fuentes comunales, las tareas las llevó adelante la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano junto a efectivos de la Policía Ecológica, tras verificar que los predios ubicados en 619 y 122 y en 615 y 122 de Villa Elvira, no contaban con la habilitación municipal y provincial correspondiente para realizar la extracción de tierra.
Por otra parte, la cantera de Avenida 19 y 86 de Altos de San Lorenzo era utilizada para arrojar basura y quemar los residuos, provocando un foco de contaminación ambiental en la zona, se indicó.
El Secretario de Convivencia y Control Ciudadano, Roberto Di Grazia, indicó que “los agentes especializados de la Dirección de Control Ambiental alertaron que ante la quema de residuos se podrían generar sustancias químicas contaminantes que afectarían el aire y el suelo, por eso se procedió a la clausura preventiva de dichos predios”.
“Estamos reforzando el proceso de capacitación de los inspectores especializados en la materia para que actúen ante estos casos y aplicando las sanciones correspondientes cuando se viole la Ordenanza Municipal 9790 y 10703, referida a los usos específicos, control y verificación de la cantera”, agregó.
Para denunciar irregularidades y malos manejos que ocasionen o pongan en riesgo el medio ambiente, los vecinos pueden contactarse con el área de Control Ambiental a través de la línea 147 del municipio.
Hay unas 70
En La Plata, como informó este diario en un reciente artículo, hay unas 70 canteras. Los enormes socavones se encuentran Arturo Seguí, Tolosa, Ringuelet, Gorina, Hernández, Los Hornos, Villa Elisa, Villa Alba, Abasto, Aeropuerto, Frisón, Melchor Romero, Colonia Urquiza, El Peligro y Altos de San Lorenzo, entre otros. Algunas de esas canteras superan con holgura las diez hectáreas de superficie.
Las canteras suelen ser fuente de diferentes riesgos y los especialistas han señalado que, esto se debe, entre otras causas, al incumplimiento de la legislación vigente y la responsabilidad que eluden habitualmente tanto los propietarios de los predios como los canteristas, que una vez que culminan con la explotación de las cavas no aportan soluciones para su recuperación.
Como se ha indicado, los peligros y daños que originan las numerosas canteras existentes son tantos que en La Plata se decidió regular la actividad de esos predios en una ordenanza, la 9760 de 2004. Su texto determina que las empresas que realicen actividades extractivas de suelos deben rodear el predio con un alambrado olímpico, colocar carteles de alerta y tener custodia privada las 24 horas.
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Jujuy: resistencias a la minería de litio
Litio y "sacrificio ambiental"
Fecha de Publicación: 11/02/2019
Fuente: Pagina 12
Provincia/Región: Jujuy
Los pueblos de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc realizaron esta semana una asamblea contra la autorización otorgada por el gobernador Morales a un emprendimiento minero de litio. "La empresa no puede actuar sin el acuerdo de todas las comunidades que se encuentran en el territorio y que se verán afectadas por los trabajos”, denunciaron.
Mientras el gobernador Gerardo Morales continúa su pelea con Bolivia para cobrarle la atención de salud a los extranjeros, los pueblos indígenas de Jujuy resisten el avance de las grandes mineras sobre la provincia. A pesar de la dispersión en el territorio y la asimetría entre las comunidades originarias y el poder económico de estas empresas que cuentan con el aval del Estado, los pueblos de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc realizaron esta semana una asamblea en la que reafirmaron que están dispuestas a luchar por sus derechos. A más de 3700 metros de altura, en el Paraje Pozo Dulce, en medio de un paisaje desierto, integrantes y referentes de los distintos espacios bloquearon el ingreso a un emprendimiento minero que autorizó el gobierno provincial y enviaron una carta a los empresarios a través de la cual los intiman a abandonar el campamento. Además, reclamaron al gobierno provincial que anule el llamado a licitación para nuevos proyectos de explotación de litio. Exigen a Gerardo Morales que respete las leyes nacionales e internacionales vinculadas con la Consulta Previa, Libre e Informada que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y denuncian que la extracción del litio deja una zona llamada de “sacrificio ambiental” que elimina toda forma de vida en el lugar.
Verónica Chávez es de Santuario Tres Pozos, una pequeña localidad en el departamento de Cochinoca que se encuentra a 150 kilómetros de la capital jujeña. “Nosotros estamos aquí haciéndonos respetar. Somos los dueños de este territorio y aquí entraron las empresas sin nuestra consulta y no sé cómo los autorizó el gobierno”, dijo a Página/12 apenas concluyó la asamblea. Además, recalcó que la explotación del litio consume las reservas de agua dulce. “Nosotros vamos a resistir hasta que se desaloje la empresa que está aquí. Le pido al señor Gobernador que nos respete”.
De las tres comunidades que están en el área donde se encuentra el pedimento minero en el cual las empresas Luis Losi S.A., Ekeko S.A y A.I.S. Resources –contra las que se realizó la protesta el pasado martes—realizan las tareas de exploración, sólo una aceptó el acuerdo. “Les dan 1000 dólares mensuales para toda la comunidad –señaló Chalabe. La tonelada de litio hoy está en 14 mil dólares. Se aprovechan de una situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los habitantes y les dan migajas. Las empresas cuando terminan de explotar los recursos se van, pero en el camino destruyen por completo el medio de vida de las comunidades que viven ancestralmente en esos territorios. Pero además, la empresa no puede actuar sin el acuerdo de todas las comunidades que se encuentran en el territorio y que se verán afectadas por los trabajos”.
Walter Alancay, de la comunidad Aborigen de Aguas Blancas explicó: “Hace poco empezaron a trabajar en nuestro territorio, en la laguna de Guayatayoc. Es una empresa de litio, propiedad de la empresa Losi y le da trabajo a otra empresa que se llama Ekeko. Están haciendo tareas de perforación para la explotación de litio, pero en ningún momento nosotros como Cuenca hemos tenido una consulta ni tampoco nos han informado. Nosotros tenemos un acuerdo que establece que todos los trabajos que se lleven a cabo en el territorio, específicamente en cuestión de litio, tiene que ser informado a las 33 comunidades de la cuenca y todas deben dar su consentimiento”.
El año pasado, durante una jornada organizada por la cátedra de Economía Agraria de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA), la abogada Pía Marchegiani, docente de la Facultad de Derecho de la UBA y directora del área de Política Ambiental en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) advirtió: “Las empresas generan la información para los estudios de impacto ambiental, pero sólo en un área de influencia definida por su propio proyecto. No están obligadas a hacer los estudios que contemplen la cuenca hídrica en su totalidad, que es mucho más grande que el área específica asignada al proyecto”, advirtió. Eso es lo que reclaman las comunidades. Que cualquier exploración que se realice en un punto de la Cuenca, afecta a las demás y por eso exigen ser consultadas en su totalidad.
Los pueblos indígenas de la zona viven de la agricultura y la ganadería en medio de ecosistemas frágiles donde el agua es escasa. La producción de carbonato de litio amenaza con agotar las reservas acuíferas que hay en la zona. “Tenemos experiencia porque los hermanos del departamento de Susques están sufriendo lo mismo. Son daños y perjuicios que están dejando las empresas. Semejantes trabajos de exploración y trabajo de pileta que hacen para la evaporación del agua. La verdad que prácticamente desaparece la identidad, desaparece la cultura, desaparece la forma de organizarse como comunidad, desaparece la cosecha que se hace en el campo, el tema del ganado, el tema de la artesanía”, señaló Alancay.
Si bien el Congreso de la Nación aprobó en 1992 a través de la ley 24071 el Convenio 169 de la OIT según el cual los gobiernos deben realizar consultas previas, libres e informadas antes de adoptar cualquier decisión que de alguna manera pueda afectar a los pueblos indígenas, la provincia de Jujuy no reglamentó, al día de hoy, dicho procedimiento. En el año 2016, Gerardo Morales se reunió junto a su gabinete de ministros con las comunidades originarias en la localidad de San Francisco de Alfarcito. Ahí se comprometió a aprobar por decreto el Kachi Yupi, también conocido como “Huellas de la Sal”. Se trata de un protocolo que elaboraron las propias comunidades, en un proceso participativo, que llevó dos años de debate y en el que se establece de qué manera se deben realizar las consultas para que se cumplan con los derechos de los distintos pueblos. A casi tres años de dicha promesa, al estilo Mauricio Macri, Morales continúa sin cumplirla.
A la hora de aprobar los proyectos mineros, actualmente en Jujuy sólo se aplica el decreto 5772, que dictó en 2010 Eduardo Fellner y que establece el procedimiento de protección ambiental para la actividad. Cada vez que se va a desarrollar un emprendimiento, explicó Chalabe, el juez de Minas envía un oficio a la Secretaría de Pueblos Originarios para que informe cuáles son las comunidades que existen en ese territorio. Las propias empresas son las encargadas de notificarlas del emprendimiento que van a realizar y deben entregarle el informe de impacto ambiental a los representantes de los pueblos afectados. “El Estado delega en las empresas el cumplimiento de un derecho que hoy tiene un vacío legal. Porque llevar el informe ambiental a un representante de una comunidad no cumple con los requisitos de una consulta previa, libre e informada. Incluso ha habido casos en los que las compañías entregaron a las comunidades los informes de impacto ambiental en inglés. Para que se cumpla el procedimiento que establece la OIT y que está incorporado a nuestro sistema normativo, se debe aprobar una ley en la provincia a través de la cual se garantice el debido proceso, se establezca qué organismo del Estado va a llevar adelante el proceso de consulta, que se defina la representatividad de las comunidades y que se establezcan mecanismos para que las comunidades puedan interpretar los proyectos y tomen conocimiento de cuál va a ser el impacto real que van a tener en sus comunidades los proyectos de explotación minera. Hoy nada de eso ocurre”, aseguró.
Hoy vence el plazo de 72 horas que las comunidades le dieron al Gobernador de Jujuy para que públicamente cumpla y responda al pedido efectuado en una carta que entregaron el martes en la Casa de Gobierno. “Advertimos explícitamente la amenaza, el perjuicio y el daño irreversible que no tiene fronteras de afectación a los recursos naturales, ambientales, culturales y el buen vivir de las comunidades indígenas en el territorio. Solicitamos se dé cumplimiento a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado y que frene y deje sin efecto los emprendimientos mineros en nuestro territorio y/o de caso contario cuenten con nuestra resistencia firme y determinada para defendernos”.
Negocio para pocos, daño para muchos
Argentina, Bolivia y Chile conforman lo que se conoce como “el triángulo del litio” y concentran más del 85% de las reservas terrestres. Sin embargo, por la falta de controles, de regulación y la ausencia de restricciones, el país que gobierna Mauricio Macri es el más tentador para que se instalen las empresas multinacionales. En el caso de Jujuy, si bien las empresas canadienses estimaban que las reservas permitirían obtener carbonato de litio durante 40 años, estudios realizados por especialistas en base a información elaborada por las propias multinacionales, los proyectos que están actualmente en funcionamiento en la cuenca de Olaroz Cauchari y las técnicas de explotación de las salmueras de litio por medio de la evaporación de agua aseguran que las posibilidades de producción del carbonato se agotarán en cinco años. Además de incumplir con los requerimientos de los estudios de impacto ambiental que obligan a presentar métodos de explotación alternativos, también se violan los requisitos de concesión que establece el Código de Aguas de la provincia de Jujuy.
A diferencia de Argentina, tanto Chile como Bolivia desarrollaron políticas nacionales específicas respecto al litio. Según publicó el coordinador del libro Geopolítica del litio, Bruno Fornillo, investigador de la UBA-CONICET en “Pulso Ambiental” --una revista de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)--, “dos empresas explotan el salar de Atacama, SQM y Rockood, y no es sencillo realizar más concesiones porque el litio fue declarado recurso estratégico durante la dictadura de Pinochet, por su interés para la energía nuclear. Actualmente, la renegociación de los contratos con las firmas privadas supuso un aumento sustancial de las regalías que cobra el Estado trasandino, la provisión local del 25% del litio producido a precios preferenciales para generar materiales activos -química compleja- para las baterías, cerca de 20 millones de dólares anuales destinados a la investigación y un 3,5% de las ganancias a las comunidades”.
En el caso de Bolivia, señaló Fornillo, desde 2007 el país que gobierna Evo Morales, a propuesta de los sindicatos comunitarios locales, busca tener una injerencia completa del tránsito que va del salar a la batería. “Cuentan al día de hoy con una técnica de extracción propia, creada por científicos locales articulados al proyecto litífero; instalaron las plantas de producción de potasio y de litio y realizaron un emprendimiento conjunto para la producción de baterías con la empresa alemana AC System, la cual desembolsará 13000 millones de dólares, facilitará el mercado europeo para las baterías y Yacimiento Litíferos Bolivianos contará con el 51% de las acciones”.
En cambio, en Argentina, la explotación del litio tiene lugar como una actividad extractiva que no desarrolla ningún tipo de industrialización. “Las baterías de litio y todos los productos derivados de este metal blando terminan produciéndose en el exterior, convirtiendo al país en un mero exportador de materias primas, dependientes de la demanda extranjera”, señalaron Pamela Landini y Tomás Marchetta de la FARN. Además, las empresas en el país sólo deben pagar el 3% de regalías que se cobran en base a lo que las empresas, sin control, declaran en sus balances.
Marcelo Sticco es hidrogeólogo, e integra el departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. En 2011 las comunidades que habitan la Cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc hicieron presentaciones ante la Defensoría del Pueblo de la Nación preocupados por el impacto ambiental que generarían los trabajos en el salar. El entonces titular del organismo, Carlos Haquim --hoy vicegobernador de Jujuy-- ordenó realizar los estudios correspondientes. “Ese primer estudio les dio la razón a las comunidades y lo que entonces era una luz amarilla, hoy es una luz roja a partir de datos actualizados y vinculados con la explotación concreta del salar. Vemos que en pocos meses y de continuar utilizando las técnicas de explotación de las salmueras por medio de la evaporación, se va a agotar el agua dulce”.
El agua dulce no sólo es necesaria para la vida de las comunidades sino también para la propia producción del carbonato del litio. De modo que la explotación actual no sólo atenta contra los habitantes de la Cuenca sino también contra el propio negocio. “Para las empresas igualmente sigue siendo rentable invertir en el país por la falta de controles, de regulación y la ausencia de restricciones”, señaló Sticco a este medio.
Entre las conclusiones del estudio que finalizó el hidrogeólogo en octubre del año pasado, en base a información propia de las empresas que se encuentran en el área realizando la explotación del litio, “se determinó un riesgo significativo de pérdida de las reservas de agua dulce en la cuenca de Olaroz Cauchari en el orden de un año y se determinó posible riesgo de pérdida de las reservas de agua dulce en la cuenca de Salinas Grandes”. Sin embargo, explicó Sticco, hay alternativas de producción de carbonato de litio con tecnología más amigable y que reduciría considerablemente los riesgos de agotamiento del agua. El Decreto Reglamentario 5980/06 de “Evaluación de Impacto Ambiental y Normas Técnicas de Calidad Ambiental para la Protección de la Atmósfera, de las Aguas y del Suelo”, establece que los estudios de impacto ambiental deben incluir un examen de las alternativas técnicamente viables y fundamentar el método de explotación elegido. Sin embargo, las empresas no cumplen con este requisito y el gobierno tampoco se los exige.
Según datos publicados por la Jefatura de Gabinete de la Nación en diciembre de 2016, de los 63 proyectos de litio en el país, sólo 13 correspondían a Jujuy. El 13 de agosto de 2018 Morales dictó el decreto 7180 con el objetivo de canalizar procesos de inversión privada a través de Jujuy, Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE) y el 11 de enero de este año llamó a concurso de oferentes para la exploración y explotación de proyectos mineros en las zonas de Salinas Grandes, Guayatayoc y Salar de Jama. Se estima que a partir de esta licitación se realizarán alrededor de 2000 piletones para extraer litio en la zona. Si en la actualidad el riesgo concreto de agotamiento de agua dulce es un hecho, con estos nuevos emprendimientos los tiempos se acelerarán.
A las comunidades que viven del pastoreo y la agricultura en la zona, cuyo derecho a la consulta previa, libre e informada no se respeta, no le dejan más opción que la realización de medidas de fuerza directa para defender sus territorios y recursos.
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Catamarca licita más áreas mineras
Licitación para la prospección y exploración de áreas mineras
Fecha de Publicación: 11/02/2019
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
La gobernadora Lucía Corpacci participó ayer en Casa de Gobierno, del acto de apertura de sobres del Concurso Público-Mejora de oferta para la prospección y exploración de las áreas de Valle Ancho e Interceptor en el departamento Tinogasta, convocado por la Secretaría de Minería.
Se trata de dos áreas de un gran potencial, pertenecientes al llamado Cinturón de Maricunga, rico en manifestaciones de oro, cobre y plata, entre otros metales. Estas áreas se hallaban inmovilizadas por un conflicto entre privados que se bloquearon mutuamente durante más de 10 años. “Hoy es un día muy importante para la Provincia porque estas son áreas que estaban totalmente en manos de privados, sin ningún desarrollo, no tenían la posibilidad de ponerse en valor”, manifestó el secretario de Minería Rodolfo Micone.
La convocatoria es para realizar trabajos de prospección, exploración, con opción a producción. En una primera instancia se llamó a concurso de iniciativas privadas para concretar esas inversiones.
La empresa Lama SA elevó una propuesta de exploración en asociación con CAMYEN SE, con quien firmó cartas de intención para el desarrollo conjunto de estas áreas y Filo de las Vicuñas, que es propiedad de la minera provincial. Esta iniciativa fue evaluada y aprobada por la Secretaríade Minería; y en una segunda instancia, a través de licitación pública, se citó a una mejora de la oferta.
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Fecha de Publicación: 11/02/2019
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
La gobernadora Lucía Corpacci participó ayer en Casa de Gobierno, del acto de apertura de sobres del Concurso Público-Mejora de oferta para la prospección y exploración de las áreas de Valle Ancho e Interceptor en el departamento Tinogasta, convocado por la Secretaría de Minería.
Se trata de dos áreas de un gran potencial, pertenecientes al llamado Cinturón de Maricunga, rico en manifestaciones de oro, cobre y plata, entre otros metales. Estas áreas se hallaban inmovilizadas por un conflicto entre privados que se bloquearon mutuamente durante más de 10 años. “Hoy es un día muy importante para la Provincia porque estas son áreas que estaban totalmente en manos de privados, sin ningún desarrollo, no tenían la posibilidad de ponerse en valor”, manifestó el secretario de Minería Rodolfo Micone.
La convocatoria es para realizar trabajos de prospección, exploración, con opción a producción. En una primera instancia se llamó a concurso de iniciativas privadas para concretar esas inversiones.
La empresa Lama SA elevó una propuesta de exploración en asociación con CAMYEN SE, con quien firmó cartas de intención para el desarrollo conjunto de estas áreas y Filo de las Vicuñas, que es propiedad de la minera provincial. Esta iniciativa fue evaluada y aprobada por la Secretaríade Minería; y en una segunda instancia, a través de licitación pública, se citó a una mejora de la oferta.
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Beneficios a mineras: "simplifican" trámites
Otorgan a nuevos beneficios a mineras para atraer inversiones
Fecha de Publicación: 09/02/2019
Fuente: El Sol
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno Nacional simplificó, mediante las resoluciones 06/2019 y 09/2019 publicadas este lunes en el Boletín Oficial, los trámites relacionados con la actividad minera, lo que permitirá a las empresas que inviertan en el sector ahorrar más de $376 millones anuales, reducir tiempos y costos, y otorgar al sistema de transparencia y trazabilidad.
La Secretaría de Política Minera del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, junto a las secretaría de Simplificación Productiva de esa misma cartera, y la de Gobierno de Modernización de la Nación trabajaron en la simplificación del registro para acceder a los beneficios de la legislación para inversiones del sector, que incluye la rebaja de impuestos en gastos de exploración.
A partir de este mes, las empresas y organismos públicos que deseen inscribirse en el registro podrán hacerlo de manera digital en la plataforma Trámites a Distancia (TAD), y de esta forma adquirir los beneficios impositivos relacionados con la amortización de Ganancias y el certificado de Estabilidad Fiscal para Inversiones Mineras.
"Estas medidas, no sólo ahorran gran cantidad de tiempo y recursos, sino que además dotan al sistema de transparencia y trazabilidad, fundamentales para atraer inversiones a un sector altamente competitivo a nivel mundial", sostuvo el secretario de Simplificación Productiva de la Nación, Pedro Inchauspe.
En tanto, la secretaria de Política Minera, Carolina Sánchez, señaló que "la desburocratización del acceso a los beneficios de la Ley de Inversiones Mineras contribuye a generar un clima favorable para las exploraciones y producción minera en Argentina" dijo y aseguró que "la iniciativa es un aporte importante para la simplificación de los trámites y para hacer más competitivo a nuestro país como destino de inversiones".
Sánchez explicó que "la primera resolución fue la del 30/2018 que regula la inscripción, mantenimiento y baja del registro de beneficiarios de la ley de Inversiones Mineras. Allí se incorporó la regulación en términos de la ley de impuestos a las ganancias también para aquellos casos donde hubo cambio de estructura de las sociedades. Esta resolución deroga 10 resoluciones y perfecciona los mecanismos para reducir las cargas administrativas y aprovechar todos los procesos de digitalización".
El sistema se encontrará operativo desde fines de febrero en la plataforma de Trámites A Distancia (TAD).
En lo que refiere a la digitalización del registro de la ley de Inversiones Mineras la simplificación permitirá reducir a menos de la mitad los requisitos de inscripción y el tiempo de tramitación se acortará en un 90% (de 1 año a 30 días).
En referencia al impuesto a las ganancias genera una amortización acelerada de bienes de la actividad minera y además permite una deducción del 100% del impuesto en los gastos de exploración y de la previsión medioambiental en el balance contable.
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Fecha de Publicación: 09/02/2019
Fuente: El Sol
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno Nacional simplificó, mediante las resoluciones 06/2019 y 09/2019 publicadas este lunes en el Boletín Oficial, los trámites relacionados con la actividad minera, lo que permitirá a las empresas que inviertan en el sector ahorrar más de $376 millones anuales, reducir tiempos y costos, y otorgar al sistema de transparencia y trazabilidad.
La Secretaría de Política Minera del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, junto a las secretaría de Simplificación Productiva de esa misma cartera, y la de Gobierno de Modernización de la Nación trabajaron en la simplificación del registro para acceder a los beneficios de la legislación para inversiones del sector, que incluye la rebaja de impuestos en gastos de exploración.
A partir de este mes, las empresas y organismos públicos que deseen inscribirse en el registro podrán hacerlo de manera digital en la plataforma Trámites a Distancia (TAD), y de esta forma adquirir los beneficios impositivos relacionados con la amortización de Ganancias y el certificado de Estabilidad Fiscal para Inversiones Mineras.
"Estas medidas, no sólo ahorran gran cantidad de tiempo y recursos, sino que además dotan al sistema de transparencia y trazabilidad, fundamentales para atraer inversiones a un sector altamente competitivo a nivel mundial", sostuvo el secretario de Simplificación Productiva de la Nación, Pedro Inchauspe.
En tanto, la secretaria de Política Minera, Carolina Sánchez, señaló que "la desburocratización del acceso a los beneficios de la Ley de Inversiones Mineras contribuye a generar un clima favorable para las exploraciones y producción minera en Argentina" dijo y aseguró que "la iniciativa es un aporte importante para la simplificación de los trámites y para hacer más competitivo a nuestro país como destino de inversiones".
Sánchez explicó que "la primera resolución fue la del 30/2018 que regula la inscripción, mantenimiento y baja del registro de beneficiarios de la ley de Inversiones Mineras. Allí se incorporó la regulación en términos de la ley de impuestos a las ganancias también para aquellos casos donde hubo cambio de estructura de las sociedades. Esta resolución deroga 10 resoluciones y perfecciona los mecanismos para reducir las cargas administrativas y aprovechar todos los procesos de digitalización".
El sistema se encontrará operativo desde fines de febrero en la plataforma de Trámites A Distancia (TAD).
En lo que refiere a la digitalización del registro de la ley de Inversiones Mineras la simplificación permitirá reducir a menos de la mitad los requisitos de inscripción y el tiempo de tramitación se acortará en un 90% (de 1 año a 30 días).
En referencia al impuesto a las ganancias genera una amortización acelerada de bienes de la actividad minera y además permite una deducción del 100% del impuesto en los gastos de exploración y de la previsión medioambiental en el balance contable.
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Jujuy: originarios contra la minería por el agua
Veinte comunidades originarias exigen que se detenga la explotación de litio y la minería en Jujuy
Fecha de Publicación: 07/02/2019
Fuente: ANRed
Provincia/Región: Jujuy
Comunidades originarias de la puna jujeña en defensa del agua y el territorio, dieron 72 horas para que se retire la empresa que se encuentra, oculta, extrayendo en la Laguna de Guayatayoc, y que el gobierno anule el concurso por el cual se ofrece todas las Salinas Grades y la Laguna de Guayatayoc para explotación de Litio. Por biblioteca andina Ñawpayachaykuna.
El 4 de febrero se constituyo la Asamblea permanente de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes, conformada por mas de 20 comunidades de las salinas , ruta 11 y ruta 79 de la Provincia de Jujuy, y se espera que en la semana se sumen mas comunidades afectadas. El Objetivo de esta asamblea es la defensa del agua y del territorio que se esta viendo amenazada por los proyectos extractivos de litio y de minería a cielo abierto impulsados por el Gobierno Provincial. Como parte de las acciones la asamblea el día de ayer se presento en el lugar donde la empresa A.I.S Resourts S.A y/o Ekekos S.A, se encuentran trabajando , al tomar conocimiento y observar que se están realizando excavaciones las 24 horas del día, en medio de la laguna de guayatayoc, destruyendo las napas de agua y la biodiversidad de la región, y habiendo pasado por alto todo los mecanismos de consulta y de respeto a lo derechos de los que viven en el territorio. La Asamblea notifico al encargado de la empresa y exigió que cese las actividades destructivas que esta realizando sobre la laguna, y que se retiren en un plazo de 72 horas del territorio.
Como segunda acción se realizo una nota al Gobernador de jujuy , exigiéndole que ademas de retirar las autorizaciones de las empresas que actualmente están explorando en la región, anule el concurso que esta realizando para entregar el territorio de las salinas Grandes y la La laguna de Guyayatyoc para la explotación de litio “Concurso de oferentes para la prospección geológica, exploración y factibilización de proyecto minero en las zonas exclusivas de interés de J.E.M.S.E. ubicadas en Salinas Grandes, Laguna Guayatayoc y Salar de Jama – provincia de Jujuy, Argentina” Exped N°: 660-538/2018 concurso de oferentes N° 1/2018. (aprobado por acta de directorio n° 130 del 27/12/2018). Concurso que ademas muestra que intenta priorizar a una empresa en especial .”en todos los casos en que las ofertas presentadas fueran de equivalente conveniencia, será preferida la de la razón social Integra Recursos Naturales S.A., entendiéndose que existe tal equivalencia de ofertas cuando la diferencia entre la de la razón social Integra Recursos Naturales S.A. y la mejor calificada no supere el cinco por ciento (5%) de esta última. Ello se aplicará cualquiera sea la modalidad de adoptada, conforme a lo dispuesto por el Artículo 6o del referido Decreto-Acuerdo”.
Las comunidades dijeron que se encuentran en estado de alerta y movilización y dieron un plazo de 72 horas, para que el gobierno públicamente cumpla con este pedido y anuncie lo exigido y que de no hacerlo, las comunidades realizaran acciones contundentes, ya que expresaron que peligra la vida de sus familias y de todas su generaciones, afirmando que ademas habrá un perjuicio y daño irreversible, que no tiene fronteras de afectación a los recursos naturales, ambientales, culturales de toda la población Jujeña.
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