Un caso testigo sobre los riesgos del litio dispara las alarmas por posible contaminación y perjuicio al Estado

Fecha de Publicación: 18/04/2023
Fuente: Portal eldiarioar.com
Provincia/Región: Catamarca


La compañía que explota el Salar del Hombre Muerto y exporta este codiciado mineral acumuló en el último año causas y expedientes administrativos por dos hechos distintos: el derrame de ácido clorhídrico en la mina del Proyecto Fénix y la presunta maniobra de subfacturación en la exportación de carbonato de litio para pagar menos derechos al Estado. Es sólo una de las dos empresas que ya exporta litio. Existen 36 proyectos más buscando “oro blanco” en el país.
Ambas sospechas se encuentran bajo investigación en expedientes administrativos y judiciales, explicaron a elDiarioAR fuentes del Ministerio de Minería catamarqueño, el Ejecutivo nacional, la compañía y los tribunales federales. La empresa Livent Corporation niega las acusaciones por presunta subfacturación e informó que entregó un informe a las autoridades provinciales sobre el reciente incidente ambiental en el Salar del Hombre Muerto, Antofagasta de la Sierra, provincia de Catamarca.
 La explotación del litio en Argentina, que concentra el 20,5% de las reservas mundiales de este mineral, moviliza desde hace años a ambientalistas y comunidades originarias y locales que habitan los alrededores de los salares en las provincias de Catamarca, Jujuy y Salta (además de un proyecto en San Juan), en especial, por la cantidad de agua que la explotación de litio insume en zonas donde esta no abunda.  
 Sin embargo, a las sospechas y denuncias alrededor de este negocio concentrado por empresas de capitales extranjeros y algunas locales, se suman los posibles riesgos por contaminación del agua y el ambiente, además de las posibles pérdidas millonarias ante la incapacidad de las autoridades de controlar las cantidades reales de litio extraídas de los salares del país.
El caso testigo de estas nuevas alarmas sucede en Catamarca, donde el gobierno de Raúl Jalil ha debido iniciar en 2022 un expediente y denuncia por una supuesta maniobra de la empresa Livent para subfacturar el carbonato de litio que exporta y así disminuir considerablemente sus aportes al Estado por derechos de exportación.
Tras una auditoría de la provincia, la Dirección General de Aduana (DGA) denunció a la compañía estadounidense por el supuesto perjuicio de alrededor de US$8 millones por la diferencia de tributos entre lo que pagó y lo que debió pagar por operaciones de 2018 y 2019; y le aplicó a la empresa una multa de $7.000 millones, informó la agencia oficial Télam en julio de 2022. La acusación es en el marco de un expediente administrativo y no penal, dijo la empresa en un comunicado.
La compañía, que en Catamarca opera como Minera del Altiplano SA, es la única que se encuentra actualmente exportando productos derivados del litio extraído de Catamarca. Es investigada por las autoridades de la provincia por un incidente con un camión contratista que volcó en las inmediaciones de la mina que se encuentra en el Salar del Hombre Muerto el 4 de febrero último y volcó unos 20.000 litros de ácido clorhídrico, como informaron El Ancasti y Página 12. Este químico es utilizado para generar el cloruro de litio, otro de los productos derivados para exportación.   
“La Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera inició un sumario administrativo bajo la carátula ‘sumario administrativo ambiental: incidente ambiental por vuelco cisterna’ e ‘incumplimiento de la normativa minero ambiental vigente’”, afirmó el ministerio de Minería de la provincia a elDiarioAR.
De acuerdo con las autoridades, “la empresa informó que llevó a cabo tareas de remediación en el sector, impuestas por el organismo minero, hecho que fue constatado por la Policía Minera en el lugar”.  “Las tareas consistieron en retirar el vehículo, limpieza de suelo y bombeo en la zona para extraer posibles residuos”, ya que el contaminante derramado en el terreno podría haber penetrado las napas freáticas.
Las sanciones que podrían aplicarse a la minera por el derrame “van desde una multa hasta una suspensión, cierre o inhabilitación”, aseguró el ministerio.
Ante las consultas de elDiarioAR, voceros de Livent en Argentina afirmaron que su posición sobre la denuncia por presunta subfacturación de importaciones de litio se encuentra publicada en un comunicado de la compañía en 2022 y que la minera entregó un informe sobre el incidente ambiental provocado por el vuelco del camión que transportaba ácido clorhídrico en la mina Proyecto Fénix y que no podía dar información al respecto. Remitió a este medio a las autoridades de la provincia.
La empresa argentina de Livent supuestamente exportaba a su vinculada del exterior productos de litio a valores “sustancialmente inferiores a los estimados de mercado y a los utilizados por otro exportador comparable”, de acuerdo a la denuncia que luego realizó la Dirección General de Aduanas, organismo nacional.
“Ninguno de los procesos administrativos iniciados por la Aduana ha determinado deficiencias  en la valuación de nuestras exportaciones, ni perjuicio fiscal alguno para el Estado Nacional,  por lo que no se ha ajustado ninguna deuda, ni corresponderá la aplicación de ninguna multa  a nuestra compañía”, respondió la compañía en el comunicado de 2022.

Eléctrico
El litio es un negocio del presente, pero sobre todo del futuro. En Argentina, tres productos representan el 94% de las exportaciones mineras del país: oro, plata y litio. En 2021, este último sólo aportaba el 6,4% de esa torta minera. Un año más tarde, en 2022, las exportaciones de litio ya superaban el 18% del trío estrella, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Producción de la Nación.
Las licitaciones de explotación de los salares en las provincias del noroeste implican contratos a 40 años y todo indica que ese 18% irá en alza, según sostienen los Estados nacional y provinciales y las propias mineras en sus informes a los inversores.
Este mineral es codiciado en los países desarrollados, ya que se utiliza para la fabricación de baterías de teléfonos celulares, tablets, computadoras portátiles y, como el motor del futuro, ya que se lo requerirá para hacer funcionar los vehículos eléctricos e híbridos.
En Argentina, que ostenta el 20,5% de las reservas mundiales de litio, existen 38 proyectos para extraerlo y comercializarlo pero sólo dos producen y exportan productos derivados de este mineral. Uno de ellos es el Proyecto Fénix, una mina ubicada en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca Allí, la empresa estadounidense Livent es una de las mineras que explota el litio.
Livent asegura que actualmente produce en Argentina aproximadamente 5.000 toneladas por año de cloruro de litio y 17.000 de carbonato de litio, pero su apuesta es superior: aspira a tener “una capacidad total anual de carbonato de litio de 60.000 toneladas métricas, así como una capacidad de 9.000 toneladas métricas de cloruro de litio”, según el comunicado de 2022.
El fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, quien tiene jurisdicción sobre Catamarca e interviene ante la Cámara Federal de Apelaciones, denunció penalmente ambos hechos, por lo que el caso es investigado en la justicia federal local. Además, se inició un expediente en la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), de acuerdo a los documentos consultados por elDiarioAR.
Tras la denuncia de presunta subfacturación de exportaciones, el fiscal general requirió información a la Agencia Recaudadora de Catamarca (ARCA), a la Delegación Tinogasta de la AFIP y al Ministerio de Minería de la provincia. Además, también se le requirió información a dicha cartera sobre el derrame de ácido clorhídrico. Al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se le solicitó que identificara a todas las empresas mineras que operan actualmente en el Salar del Hombre Muerto y desde qué fechas operan en esa zona de la provincia.  
La fiscalía también pidió la evaluación e informes de impacto ambiental (indicando qué es lo que se extrae en cada una de las minas o salares, la contaminación generada en la zona y la ocupación de territorio); y qué tratamiento se le da a los residuos resultantes de la actividad (sobre aire, suelo y cursos de agua), y en qué ríos y en qué cantidad es tomada el agua utilizada en el proceso de extracción de minerales.  
 Además, la fiscalía requirió que el Ministerio responda “con carácter urgente” si la cartera de Ambiente de la Nación tenía conocimiento e intervención en el incidente del vuelco de los 20.000 litros de ácido clorhídrico en la zona del Salar y toda la información que conozca sobre el caso, además de la evaluación sobre las posibles consecuencias tanto para el ambiente, y las medidas tomadas al respecto.
“La experiencia que tenemos como antecedente más relevante es con Minera La Alumbrera- una mina a cielo abierto para la extracción de cobre y oro que operó en Catamarca-, y cuando se llamó al máximo ejecutivo de la empresa a dar explicaciones ante la Justicia, plantaron la bandera y se fueron del país”, afirmó una fuente con conocimiento directo del expediente.

Agua
La fiscalía general también solicitó que la Dirección de Hidrología y Evaluación de Recursos Hídricos de Catamarca informe qué vertientes, ríos y lagos se encuentran en el Salar del Hombre Muerto; y de qué cauces, y en qué cantidad en litros, es extraída por día el agua que se utiliza en la explotación minera en el lugar. También requirió que el organismo identifique qué mina toma el agua de qué vertiente. Y apuntó a otra cuestión clave: pidió que se identifique la existencia en la zona de ríos subterráneos y napas freáticas; y sobre la profundidad en la que se encuentran. Pero además fue más allá: quiere que le informen la desembocadura de todos estos cauces de agua y su curso por el resto del territorio argentino.
El representante del Ministerio Público Fiscal también requirió información sobre las obras hídricas realizadas en el lugar y su envergadura a los fines de la explotación minera.
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Pidieron a la Justicia Federal de Catamarca investigar posible contaminación minera

Fecha de Publicación: 12/04/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Catamarca


El fiscal de la Cámara Federal de Tucumán, le encomendó las averiguaciones a su par.
Gustavo Gómez, fiscal Federal de Tucumán, provincia en donde se llevan a cabo las únicas investigaciones por posible contaminación ambiental de las empresas mineras en Catamarca, solicitó a su par Santos Reynoso, realizar las actuaciones preliminares por posible infracción a la ley 24,051 de residuos peligrosos.
El escrito al que tuvo acceso Catamarca 12, fue enviado a la Fiscalía Federal de Catamarca el 28 de febrero. En él explica que se tomó conocimiento a través de la red social Instagram sobre publicaciones realizadas por las páginas aguapucará y antofagastaporelagua, "en donde se da cuenta sobre proyectos de megaminería como minera Galaxy lithium, minera Posco y minera Livent, estarían produciendo un impacto negativo al ambiente en la región de Antofagasta de la Sierra".
En el detalle explica que las denuncias públicas se refieren al río Los Patos, el cual se vería afectado por la utilización de sus aguas para la extracción del litio en el Salar del Hombre Muerto. "Se da cuenta que según el informe de impacto ambiental se extraerían más de 3 millones de litros de agua por día a través de un acueducto que se construyó a pesar de la oposición de los pobladores. También da cuenta sobre un supuesto mensaje recibido proveniente de un empleado de la minera de litio Livent, que habla sobre un desastre ambiental generado por el emprendimiento. Asimismo la página agua pucará informa sobre un mal manejo de residuos químicos que caerían directamente sobre la tierra, una caldera de humo tóxico que funcionaría las 24 horas del día todo el año y de animales de la zona que comerían de los residuos químicos generados por la empresa Livent", explica.
Gómez agrega que atento a los detallado se estaría ante la posible comisión de un delito de índole Federal que violaría las previsiones establecidas por la ley 24,051 de residuos peligrosos situación por la que da inicio a las actuaciones preliminares.

Investigación por subfacturación
Por otra parte y atento a las denuncias que surgieron por la presunta comisión de delitos de índole tributario tras una auditoría de la Agencia de Recaudación Catamarca (arca) efectuada sobre los periodos 2018 y 2019 que revelaron que mientras la provincia de Jujuy se declaraba un precio de venta del producto de poco más de 54 dólares el kilo la minera Livet en Catamarca lo hacía solo 6,41 dólares, es que también pide a su par fiscal que abra una investigación al respecto.
Finalmente Gómez le pide a Reynoso que continúe con la instrucción de la causa que abrió "y en forma directa se practiquen todas aquellas diligencias que pudiesen resultar necesarias con el objeto de determinar a partir de los hechos que dieron origen a esta investigación si se verifica algún accionar susceptible de ser considerado delito y en su caso se determina la competencia y formule requerimiento de instrucción caso contrario desestime y se archive".
Una copia de estas actuaciones también fue remitida a la defensora pública de Víctimas en la provincia de Catamarca, Mariana Vera, a fin de notificarla sobre los hechos que se estarían suscitando en la región del Salar del Hombre Muerto en Antofagasta de la Sierra.
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Los dueños del litio: nombres ocultos, fondos de inversión y bancos extranjeros, detrás del boom minero en Argentina

Fecha de Publicación: 05/04/2023
Fuente: Portal eldiarioar.com
Provincia/Región: Nacional


Cuatro de los mayores fondos de inversión del mundo son los principales dueños de las empresas que extraen y exportan el mineral. Además, las compañías se montaron sobre un complejo entramado de accionistas. Cuánto pagan de regalías en Catamarca y Jujuy y cuan transparentes son las gobernaciones en relación a la actividad. Una investigación de los periodistas de Ruido y Fundeps, en elDiarioAR.
El litio se ha convertido en los últimos años en uno de los minerales que más interés despierta en el mundo, debido a su utilización en baterías para celulares, tablets, computadoras portátiles y, más recientemente, en vehículos eléctricos e híbridos.
Argentina es uno de los cuatro productores mundiales más grandes de productos derivados del litio. Junto a Chile y Bolivia integra el “Triángulo del litio”, con un 65% de los recursos mundiales. Argentina y Chile producen actualmente 30% del litio en el mundo. Y sólo Argentina tiene el 20,5% de las reservas mundiales.
 Y si bien ya existen 38 proyectos para extraer litio en Argentina, hasta ahora sólo dos de ellos producen y exportan los productos derivados de este mineral (carbonato y cloruro de litio).
¿Cuán transparente es esta actividad en esos dos casos, constituidos en Jujuy y en Catamarca?
elDiarioAR publica en esta nota algunas de las conclusiones del informe “Litio y transparencia en Argentina”, una investigación de periodistas de la red Ruido y Fundeps sobre la legislación nacional y provincial que rige en estas dos provincias, además de la accesibilidad a información de contratos, regalías, beneficiarios finales y otros indicadores de transparencia relacionados con esta industria extractiva.

Las empresas
Una de las dos empresas investigadas es la estadounidense Livent, que opera el Proyecto Fénix (Salar del Hombre Muerto), en Catamarca.
 La otra es Sales de Jujuy (en el salar de Olaroz), sociedad integrada por la australiana Allkem (con 66,5% de las acciones), la japonesa Toyota Tsusho (25%) y la empresa estatal de la provincia de Jujuy, Jemse (8,5%). En la práctica, Allkem es la empresa que controla las operaciones, y a la que remite el sitio web de Sales de Jujuy. El portal de Sales de Jujuy podía ser consultado antes de noviembre de 2022. Desde entonces figura “en construcción” y remite a la empresa australiana. De hecho, desde el área de comunicación de Sales de Jujuy remitieron todas las consultas al portal de Allkem.
Los dos principales propietarios de acciones de Livent son Blackrock y Vanguard, dos de los fondos de inversión más grandes del mundo, radicados ambos en Estados Unidos.
En el caso de Allkem, sus principales accionistas son las empresas bancarias y financieras JP Morgan (Estados Unidos) y HSBC (Reino Unido).
 A su vez, estos cuatro fondos (Blackrock, Vanguard, JP Morgan y HSBC) son accionistas cruzados entre ellos, de manera que componen un complejo entramado societario que, directa o indirectamente, los coloca como principales beneficiarios de los dos proyectos que hoy extraen y exportan litio desde Argentina.
Además, estos cuatro fondos son tenedores de bonos de la deuda externa argentina. Esa misma condición se encontró en al menos tres propietarios de acciones de Allkem (JP Morgan Investment Management, HSBC Investment Funds y BNP Paribas Asset Management); y en al menos 7 casos de Livent (además de Blackrock y Vanguard, Wellington MGMT, Morgan Stanley Investment, Invesco Multi Asset Income, Federated Hermes Emerging Market Debt Fund y Northern Multi Manager Emer MKT Debt Opportunit).

Beneficiarios finales
¿Es posible acceder a los nombres particulares de los principales beneficiarios finales de estas empresas? En Argentina no existe una política uniforme relativa a la solicitud de información sobre personas beneficiarias finales de empresas, es decir, quienes controlan, acceden a una parte de los ingresos o activos de las compañías, dirigen sus actividades, o tienen capacidad de influir en ellas.
Hay canales públicos de los cuales extraer información relativa a estas personas, como el Registro Nacional de Sociedades, la Inspección General de Justicia o la Comisión Nacional de Valores. Pero en el caso de las empresas relevadas no se encontró ninguna información allí, ya sea porque se trata de compañías que no están radicadas en la Ciudad de Buenos Aires o bien porque los registros no están completos.
Del análisis pormenorizado de los reportes anuales de las empresas Allkem, Livent y de sus principales accionistas (Blackrock, The Vanguard Group, HSBC Group y JP Morgan) sí surgen nombres propios de autoridades y directivos que recibieron dividendos como propietarios de acciones de ambas empresas.
 Sin embargo, estos nombres representan un porcentaje mínimo del paquete accionario (menos de 1% sumando todos los nombres, en todas las empresas analizadas) y no se registran detalles de cómo se distribuyen los dividendos entre los principales propietarios, que son los grandes fondos de inversión y las empresas mencionadas.

Falta de transparencia en las provincias
Si bien en Jujuy y en Catamarca la legislación relativa a minería se encuentra disponible en las páginas oficiales de los gobiernos provinciales, la misma es de muy difícil acceso y comprensión: se trata de decenas de leyes nacionales y provinciales, decretos y resoluciones que no están sistematizadas ni organizadas.
Esto conlleva que los procesos, organismos, métodos, directivas y demás regulaciones provinciales sean de muy difícil entendimiento para la sociedad en general y para las comunidades afectadas por los proyectos mineros en particular.  
En relación a los dos proyectos específicos que extraen el litio, la información a la que se accede es de muy difícil comprensión debido al lenguaje técnico que es utilizado por las mineras y al volumen de los estudios e informes. Esta información es muchas veces provista por las empresas mineras, sin la intervención y control por parte de las autoridades provinciales o locales. Existen reportes anuales con resultados económicos y financieros de Allkem, Livent y Toyota. Pero no es posible acceder a ninguna información de ese tipo en el caso de Jemse, la empresa propiedad de la provincia de Jujuy, socia de Allkem en Sales de Jujuy.
En ningún caso funcionaron las solicitudes de información efectuadas a distintas dependencias tanto del gobierno de Catamarca como de Jujuy. Sí se realizó una entrevista al ministro de Minería catamarqueño, que aportó datos generales.
Catamarca es una de las cuatro provincias (junto con Santa Cruz, Salta y San Juan) que recientemente adhirió a la Iniciativa EITI de Transparencia para las Industrias Extractivas (Argentina lo hizo en 2019), y en este caso sí es posible acceder al contrato de concesión con Livent (Leyes 4589, 4780 y 5531).
En el caso de Jujuy, no es posible acceder al contrato de concesión con Allke o Toyota para la extracción de litio en el Salar de Olaroz. Jujuy es, además, una de las pocas provincias mineras que decidió no adherir por ahora a la Iniciativa EITI de Transparencia en la Industria Extractiva para impulsar la rendición pública de sus cuentas en la industria minera. Catamarca sí adhirió a dicha iniciativa, en marzo de 2022, junto a Santa Cruz, Salta y San Juan (Argentina adhirió en 2019).
 En Jujuy, también se dejó sin efecto, por el decreto 9194 del 3 de mayo de 2019 -ratificado luego por ley provincial-, una norma que exigía un análisis extra de los estudios de impacto ambiental sobre los proyectos mineros de primera categoría, como es el litio. Estaba a cargo de un Comité de Expertos para el Análisis Integral de Proyectos de Litio, pero las autoridades de Jujuy consideraron que esa tarea se superponía con la que realiza la Unidad de Gestión Ambiental Minera Provincial (Ugamp) como órgano consultivo multidisciplinario, integrado por diversos sectores.
En materia ambiental, los principales cuestionamientos tienen que ver con el uso del agua y el destino de los residuos de la producción y los alcances de los controles ambientales en ambas provincias. También, la dificultad para acceder a informes sobre el impacto de estas actividades, tanto para la ciudadanía en general como para las comunidades afectadas por este tipo de actividades.

Cuánto dejan las empresas en regalías
Por la ley de Inversiones Mineras de 1993, la producción minera está amparada por un amplio sistema de beneficios y exenciones fiscales, con estabilidad de 30 años, devoluciones de ganancias de los gastos de prospección y exploración y de IVA por la compra de bienes y servicios destinados a la exploración, entre otras.
Esta ley establece, además, topes a la percepción de regalías por parte de las provincias que cuentan con proyectos.
En Catamarca, Livent paga un 3,5% sobre el valor de facturación. Ese monto engloba: regalías, canon, aportes adicionales y Responsabilidad Social Empresaria (RSE). Este último ítem se integra a un fideicomiso para obras de infraestructura, proyectos de inversión o desarrollo productivo.
En Jujuy, las regalías son del 3% sobre el valor de boca de mina (tal como es extraído). De todos modos, están reguladas por la Ley Fiscal número 5.791 de 2014, que establece en algunos casos un descuento del 1% cuando el mineral o concentrado se industrializa en la provincia. Se aplica también a las operaciones que industrializan el carbonato de litio, lo que en esos casos llevaría la tasa efectiva a aproximadamente 1,6% sobre el valor de venta (2% boca de mina).
En relación a las retenciones que cobra el Estado nacional, para el litio ese valor es de 4,5% de las exportaciones. La soja, principal commodity argentina, paga entre 30% y 35%.
En Chile, por ejemplo, desde 2018 se establecen regalías a través de una tasa de comisión escalonada, progresiva y marginal, que va del 6,8% al 40%, según los distintos compuestos de litio.

A dónde va el litio argentino
Hasta 2022, el destino de las exportaciones de litio de Argentina estaba más diversificado (a varios países, empezando por Estados Unidos), pero a partir de ese año, el principal comprador pasó a ser China, seguido de Japón.
China es uno de los países que más invierte en litio y en minería en general en Argentina. Es a la vez el origen del 13% de la producción mundial del mineral y el líder global en refinación.
Aun así, estos volúmenes no son suficientes para abastecer a su colosal industria de baterías, que fabrica alrededor del 56% del suministro global, según la firma Abrdn.
Esto explica su creciente presencia a nivel mundial y en Argentina, que se refleja en el incremento de las exportaciones de litio a ese país durante 2022. En conjunto, las provincias de Catamarca, Jujuy y Salta exportaron allí 292,3 millones de dólares en litio.

*Este informe fue realizado con el apoyo del programa Opening Extractives. Sin embargo, el contenido del mismo es de autoría y responsabilidad exclusiva de Fundeps y de Ruido, y no refleja en modo alguno las opiniones del programa. Cualquier pregunta sobre este artículo o el reporte debe ser dirigida a estas organizaciones.

Ver el Informe Completo
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Río Negro: rechazan la instalación de un proyecto sobre hidrógeno verde en un área protegida

Fecha de Publicación: 05/04/2023
Fuente: BAE Negocios
Provincia/Región: Río Negro


El gobierno de Arabela Carreras cedió terrenos fiscales para que se instale una empresa privada. Advertencia de ambientalistas y organizaciones de derechos humanos
En la provincia de Río Negro se suceden, en número creciente y alarmante, diversos proyectos vinculados a la megaminería, principalmente en áreas naturales. Sin embargo, a pesar del notable impacto ambiental que implican, no hay restricción ni controles que limiten su acción, sino, todo lo contrario, cuentan con la reciprocidad de las autoridades provinciales para extender sus desarrollos.
Por lo tanto, son los propios habitantes los que intentan, por sus pocos medios, frenar una avanzada que arrasa en territorio rionegrino. Nada cambió, suelen responder al unísono las asambleas ecologistas de diferentes puntos de Río Negro, en referencia a las prácticas de exploración y extracción de minerales.
La práctica se profundizó con la afluencia de una alarmante cantidad de propuestas. Las más considerables tienen lugar en Ingeniero Jacobacci, donde se asienta el proyecto Calcatreu, vinculado al oro y a la plata, y en Valcheta, con la iniciativa llamada Amarillo Grande, relacionada con el uranio.
Simultáneamente, emerge una presunta actividad protectora del medio ambiente, conocida como “hidrógeno verde”, que se plasma en parques eólicos. Una muestra de ello tiene lugar en un área natural protegida de 625.000 hectáreas en la meseta de Samuncurá. Al respecto, Leonardo Salgado, investigador del Conicet, señaló que “al ser áreas protegidas, deberían protegerse de proyectos como estos”.
Al parecer, la inmensa extensión de estos sectores naturales representa la excusa perfecta para que la gobernación ceda parte de estos a empresas privadas. En este sentido, Salgado, también miembro de una asamblea ambientalista, remarcó que “ya la gobernadora (Arabela Carreras) había declarado que el área natural protegida es muy grande. Una burrada, ¿para qué establecieron esos límites?”.
La maniobra minera del “hidrógeno verde” implica “la sentencia de muerte a los cóndores reintroducidos, la fragmentación del hábitat y la profundización del proceso de desertización que vive la meseta”, reveló el ecologista. Por si fuera poco, en el valle del Río Negro avanza el fracking, método extractivista que consiste en “la explotación no convencional de petróleo y gas a través de la fractura hidráulica, mediante la utilización de miles de litros de agua y de cianuro”, reveló Jorge Paulic, integrante de la organización Ecosocialista.
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La minera Livent S.A volcó ácido clorhídrico en Catamarca

Fecha de Publicación: 31/03/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Catamarca


Se desconoce si hubo sanciones para la empresa, o las consecuencias a largo plazo de la contaminación.  
Tras el derrame en el Salar del Hombre Muerto, en el departamento Antofagasta de la Sierra, Catamaca/12 accedió a un informe que detallla que se derramaron 1032 litros de ácido clorhídrico. Hasta el momento no se conocían las características del material derramado, ni su cantidad.
Según el informe realizado por Livent al que tuvo acceso este diario, se derramaron 1032, de 1732 litros que transportaba el camión. Con la ayuda de "bandejas", y una bomba, se pudieron recuperar 700 litros del total que transportaba la cisterna.
Catamarca/12 pudo conocer algunos de los detalles del derrame de ácido. Fuentes confirmaron este diario que se trata de uno de los líquidos más peligrosos que se utilizan para la disolución de metales.
Oficialmente se dijo que la investigación por las responsabilidades de la empresa en la contaminación ambiental "continúa". Y que la Policía Minera verificó días pasados el lugar, y constató que la empresa realizó las "remediaciones solicitadas por el Estado, siguiendo los protocolos que establece el organismo minero". Afirman que se "determinó y constató que el PH del lugar está en los parámetros normales, y que la remediación general cumple con las condiciones que se exigen”.
El accidente fue protagonizado por un camión proveedor de la empresa Minera del Altiplano SA-Livent. Fuentes oficiales confirmaron que “la investigación sumarial continúa vigente por parte de la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera (DIPGAM)”.
El evento se registró el sábado 4 de febrero de 2023 a las 19.45, cuando un camión cisterna de la empresa FMF que trasportaba ácido clorhídrico al 30% con destino a la Minera, volcó. El accidente se produjo a 2 km del control policial en el límite del Salar del Hombre Muerto con la provincia de Salta. Las causas del siniestro habrían sido que las condiciones de circulación "estaban más complicadas de lo habitual", debido a que la calzada se encontraba con barro, y la banquina estaba blanda por efecto de las lluvias de ese día, y una maniobra inadecuada del chofer.
Según la empresa minera, el derrame se produjo en el mismo Salar, en la zona conocida como rugoso, por su morfología exterior de mezcla de sal y arcillas. "Es un lugar de muy baja actividad biológica y de pH mayores a 8, por lo que tienen también una capacidad buffer natural (la resistencia que tiene el suelo a cambiar el pH cuando se le adicionan sustancias ácidas o básicas)”, aseguran.
Además, afirman que no es un lugar con vegetación ni cursos de agua asociados a la misma, y que en el momento de los trabajos que demoraron más de 3 días,  “no se avistaron ejemplares de fauna”.
Los sectores de derrame fueron dos: uno en donde estaba la primera tapa de carga del camión cisterna, y otro a la altura de la apertura realizada para la maniobra de trasvase del ácido al otro camión. El análisis determinó que el primer derrame fue más profundo “tomando contacto con el nivel freático salino, que por las intensas lluvias penetró aún más".
Las tareas de remediación del suelo contaminado que estaba obligada la empresa a realizar, consistieron en cavar y quitar el suelo impactado con ácido y se lo dispuso en contenedores de 1m3 para su almacenamiento temporal y posterior disposición final, que fueron colocados en envases plásticos a la orilla del camino. Hubo zonas que fueron neutralizadas con cal.
El informe no establece consecuencias a largo plazo de la contaminación en el lugar, o si las tareas de remediación fueron suficientes y adecuadas. Oficialmente tampoco se informó al respecto.
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La Corte Suprema pide informes sobre los contratos de explotación del litio

Fecha de Publicación: 31/03/2023
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


Solicitó tanto al Estado Nacional como a las provincias de Salta y Jujuy copias de todas las actuaciones vinculadas a la exploración y/o explotación de litio y borato.
La Corte Suprema de Justicia le pidió informes, además de documentación, tanto al Estado Nacional como a las provincias de Salta y de Jujuy sobre las concesiones para la explotación de litio y borato. La medida se debe a un "amparo ambiental" formulado por comunidades de pueblos originarios.
El máximo tribunal, en un fallo firmado por los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, requirió "copia de todas las actuaciones vinculadas a la exploración y/o explotación de litio y borato en las provincias de Jujuy y Salta y las empresas y/o consorcios vinculadas a las mismas y las proyecciones económicas de tal actividad".
A los gobiernos provinciales les pidió, además, que precisen qué juzgado Administrativo de Minas o autoridad administrativa intervino en el marco de las concesiones y "las actas de audiencias públicas convocadas y celebradas a tal fin".
La Comunidad Aborigen de Santuario de Tres Pozos y otras comunidades indígenas, y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), formularon el amparo procurando que "se ordene suspender todos los actos administrativos que promueven y autorizan la exploración y explotación de litio y borato en la Cuenca Salinas Grandes".
En ese contexto, pidieron que los gobiernos provinciales de Salta y Jujuy encaren "una gestión integral de la cuenca Salinas Grandes-Guayatayoc que garantice el cuidado del ambiente y que se efectúe la Evaluación de Impacto Ambiental adecuadas para el ecosistema".
La Corte reivindicó su facultad para "la adopción de las medidas conducentes que, sin menoscabar las atribuciones de otros poderes, tiendan a sostener la observancia de la Constitución Nacional".
"Le corresponde al Poder Judicial de la Nación buscar los caminos que permitan garantizar la eficacia de los derechos, y evitar que estos sean vulnerados", sostuvieron los jueces.
"No debe verse en ello -advirtieron- una intromisión indebida del Poder Judicial cuando lo único que hace es tender a tutelar derechos, o suplir omisiones en la medida en que dichos derechos pueden estar lesionados".
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Río Negro y Neuquén quieren sumarse al tren del litio

Fecha de Publicación: 30/03/2023
Fuente: Energía ON - Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro - Neuquén


Una empresa canadiense apuesta a explorar el litio en depósitos de roca dura en tres provincias patagónicas. En la actualidad, los proyectos más prometedores para extraer este metal se ubican en el norte del país.
Con una demanda mundial del litio en crecimiento, la minera canadiense Green Shift Commodities anunció haber cerrado la adquisición de áreas en Río Negro, Neuquén y Chubut para explorar el metal en depósitos de roca dura. Se trata de las acciones que obtuvo de otra minera del mismo país llamada LFP Resources, que posee unas 300.000 hectáreas con potencial en las tres provincias.
Argentina se ubica en tercer lugar dentro de las productoras de litio de los salares en Latinoamérica. En la actualidad, los proyectos se ubican en tres provincias: Salta, Jujuy y Catamarca. En las últimas hay dos iniciativas ya en producción que buscan expandirse: se trata de las instalaciones de la empresa australiana Allkem en Jujuy, y la que está a cargo de la estadounidense Livent, en Catamarca.
Por otra parte, hay cinco proyecto en marcha. Ahora la canadiense Green Shift apuesta por tres provincias ubicadas en el sur del país.
La firma adquirió todas las acciones en circulación de la otra minera a cambio de un pago inicial de 75.000 dólares y la emisión de 17.500.000 acciones ordinarias de la canadiense a un precio estimado de C$0,14. El precio de cierre de las acciones ordinarias en el mercado bursatil TSX Venture Exchange se acordó el día anterior al cierre de la operación.
A su vez, como parte del acuerdo pactado, Green Shift tiene el derecho de adquirir unas 200.000 hectáreas adicionales en las provincias para sumar a la iniciativa bautizada como Proyecto Río Negro. Tendrá la posibilidad de hacer dos acuerdos de opción separados por 50.000 dólares, quedando en 25.000 bajo cada contrato.
Ante el crecimiento de proyectos en carpeta en el norte del país, esta exploración podría resultar clave para la región patagónica. A diferencia de las otras provincias que extraen el litio de salares, este obtendría el metal a través del depósito de roca dura.
Para ello deberían realizar una extracción más convencional a través de minas a cielo abierto o subterránea y por ende el proceso será más costoso. Sin embargo, este tipo de depósitos cuentan con una concentración de litio en pegmatitas considerablemente más alto que en las salmueras.

Cómo iniciarán las tareas de exploración del proyecto Río Negro
Desde la firma explicaron que ya establecieron programas de trabajo para comenzar «de inmediato». La canadiense planea movilizar equipos de campo a Río Negro para iniciar su programa de exploración Fase 1 que durará tres meses. El plan de trabajo consiste en prospección, muestreo de roca por esquirla y excavación de zanjas en las áreas de mayor prioridad ubicadas en el Proyecto Río Negro.
Tienen previsto iniciar los trabajos alrededor del municipio de Comallo, en Río Negro. Utilizarán un analizador LIBS (una espectroscopia de descomposición inducida por láser), lo que proporciona una estimación en tiempo real del grado de litio. Así los equipos de campo evaluarán el potencial y priorizarán los objetivos para el trabajo futuro.
Después los equipos de campo enviarán muestras de las áreas prioritarias para la determinación del grado de litio a un laboratorio certificado independiente. Se estima que los ensayos oficiales en laboratorios suelen tardar aproximadamente seis semanas.
El CEO y director de la minera, Trumbull Fisher remarcó que “estamos encantados de anunciar la adquisición exitosa del proyecto de litio Río Negro en Argentina. Esto marca un hito importante para la minera a medida que continuamos ejecutando nuestra estrategia de crecimiento y expandiendo nuestra presencia en el sector del litio«. Agregó que esperan comenzar la exploración «de manera inminente”.
El flamante presidente ejecutivo de la minera para la región, Peter Mullens, comentó: “Estoy emocionado de asumir el cargo de presidente ejecutivo de Green Shift luego del cierre de Río Negro. Argentina tiene un potencial excepcional para el descubrimiento y la producción de litio tanto en salmuera como en roca dura. Espero ayudar a guiar a la compañía hacia un futuro exitoso».

Los detalles del proyecto de litio en Río Negro
Green Shift destacó el potencial de las tierras: el proyecto puede cubrir más de 500.000 hectáreas con 19 cuerpos de pegmatita separados identificados con resultados de análisis de 60 muestras de fragmentos de roca. Estas fueron tomadas durante la exploración previa del proyecto y van desde 0,6 % Li2O a 4,1 % Li2O, con un promedio de 2,0 % Li2O, rangos aún no confirmados por la firma.
Las pegmatitas de litio en la zona fueron «descubiertas y muestreadas en la década de 1960 por el gobierno argentino, además de decenas de kilómetros adicionales» de áreas con características geológicas y geofísicas similares, comentaron desde la firma.
En efecto, se han cartografiado más de 800 estructuras (posibles cuerpos de pegmatitas) a través de la interpretación de imágenes de satélite en el campo de pegmatitas MC. Este trabajo mostró que las estructuras identificadas tienen una longitud total de más de 100 kilómetros. Green Shieft destacó que la zona es de buen acceso durante todo el año y tiene «una amplia infraestructura».
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Tensión por el oro blanco con comunidades originarias: "A través de la explotación del litio se van a ir desertificando las cuentas hídricas"

Fecha de Publicación: 27/03/2023
Fuente: Agencia TSS  - Info Blanco sobre Negro
Provincia/Región: Nacional


Denuncian irregularidades en la aprobación de la licencia social para la exploración de litio en la cuenca de Salinas Grandes y continúan rechazando el avance de la minería en ese lugar. Temen que la actividad afecte la biodiversidad de la cuenca, que les impida acceder al agua y que los termine convirtiendo en "desplazados ambientales".
A 40 años del regreso a la democracia, este 24 de marzo, mientras en todo el país se recuerda a los 30 mil desaparecidos y a todas las víctimas de la última dictadura cívico-militar, en el salar de Olaroz, en Jujuy, se realizará un Festival por el Litio, organizado por el gobierno provincial con el auspicio de algunas empresas mineras, como Exar y Allkem Sales de Jujuy. El evento se produce en medio de un clima de tensión y descontento, y es considerado como una “burla” por algunas comunidades de la cuenca de Salinas Grande y Laguna Guayatayoc, adonde denuncian irregularidades en la aprobación de la licencia social para la exploración de litio.
El acuerdo fue firmado el 10 de marzo, en una asamblea extraordinaria convocada por la comisionada municipal de El Moreno, Angélica Castillo, con 20 votos a favor y 4 en contra. “Pero la convocatoria fue casi en secreto y a último momento, por eso la invitación llegó a personas puntuales y participaron mayoritariamente familiares y allegados de la comisionada”, denuncia Rubén Galean, secretario de Cultura de la Organización Comunitaria Aborigen Sol de Mayo.
Además, la misma comisionada apeló a su rol como secretaria de la presidenta de la comunidad de Lipan y redactó el acta de acuerdo con el gobierno de Jujuy, la empresa estatal Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE) y una de las subsidiarias locales de la transnacional argentina/inglesa Pan American Energy, para que esa minera comience la exploración de litio en la mina Agonic, en el sur de Salinas Grandes. “Ella no debería haber podido hacer eso, porque está ocupando un rol como funcionaria del Gobierno”, cuestionó Galean, y advirtió que Castillo conoce cómo trabajan las comunidades en la mesa de Salinas Grandes porque ella misma era una de las participantes y fue comunera de Lipan durante 15 años.
Desde 2012, las comunidades de esta cuenca habían elaborado sus propias pautas para el procedimiento de la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios, tal como lo estipula el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al cual la Argentina adhiere. Se conoce como  Kachi Yupi (se terminó de redactar en 2015), y entre otras cosas estipula que las decisiones deben tomarse por consenso entre todas las comunidades y que ninguna puede decidir de manera individual o en secreto. Por eso, el acuerdo es considerado como una “traición” y es rechazado desde que se conoció.
“Cuando le pedimos explicaciones, nos dijo que le pidiéramos respuestas a la comunera de Lipan, que ella estaba en función de comisionada”, recuerda Galean, y agrega que en medio de esa presión la funcionaria se fue a San Salvador de Jujuy “como si estuviera escapando”, y que al día siguiente envió un despliegue de seguridad a toda la región. En medio de esta situación, los vecinos de El Moreno se enteraron que la comisionada viajó con la comitiva del gobernador de Jujuy y precandidato a presidente Gerardo Morales, a su presentación en Buenos Aires en el Teatro Gran Rex.
“Estamos preocupados, el Gobierno está siendo muy represivo, silenciosamente está dividiendo a las comunidades y es una cuestión muy grave, no sabemos lo que puede pasar, si van a entrar por la fuerza, si van a poner policía, si nos van a reprender a los comuneros”, reconoce Erika Cañari, presidenta de la comunidad de Pozo Colorado.
La policía continuó en las inmediaciones de El Moreno hasta el sábado por la tarde. Ese día se había convocado a una reunión con el gobernador en la plaza del pueblo, adonde alrededor de 300 personas exhibieron pancartas en rechazo a la exploración y explotación del litio, y en apoyo al cuidado del agua. “En los carteles hemos expresado nuestro malestar y, sobre todo, afirmamos la lucha en este territorio y por la defensa del agua, porque a través de la explotación del litio se van a ir desertificando las cuentas hídricas. Sabemos que el sistema de explotación es muy agresivo y requiere de millones de litros de agua para garantizar la exploración del litio”, afirma Galean.
“La última vez que vino el gobernador, ni siquiera escuchó a las comunidades, solamente dijo que va a dar la consulta pero nosotros, ya en el año 2019, cuando tuvimos un problema con una minera que estaba haciendo exploración en Pozo Dulce, afirmamos que ya no queremos la consulta porque directamente decimos que no al litio”, dice Cañari, y coincide en que lo que más les preocupa es el tema del agua: “Me preocupa el futuro de nuestros hijos que están en estas comunidades, no sé qué futuro tendrán, si verán el lugar como lo vemos ahora o si tendrán que elegir entre irse y migrar, o vivir en condiciones donde no hay agua para cocinar, para tomar, para tener una vida tranquila”, sostiene.
Al respecto, el licenciado en Gestión Ambiental Gustavo Romeo, que es parte del Grupo de estudios en Geopolítica y Bienes Comunes, especifica que en el desierto de Atacama, en Chile, por ejemplo, los registros indican que un solo pozo de aguas subterráneas construido en los bordes del salar adonde puede haber reservorio de agua dulce otorga 240 litros por segundo para ser utilizados en el proceso de obtención de sales de litio (más de 20 millones de litros al día).
Además, advierte que hay estudios que dicen que el agua salada que se evapora para la obtención de las sales de litio alcanza valores cercanos a los dos millones de litros por día. “Desde una lógica utilitarista, se dice que el agua salada no es para consumo y por eso no hay impacto, pero es agua que forma parte de un ecosistema sumamente frágil, en un ambiente muy árido y que llegó a ocupar esos reservorios subterráneos en otras eras de nuestro planeta; es decir que, en la actualidad, la recarga de esos reservorios no se da porque no existen lluvias continuadas”, subraya Romeo.

Los salares también son humedales
El biólogo Román Baigún, coordinador del Programa Humedales Altoandinos, de la Fundación Humedales, aclara que si bien no están en contra de la mineria, está comprobado que la metodología de piletones no es compatible con la conservación de estos ambientes ni con las sociedades que los usan, especialmente en áreas protegidas o de interés especial para la conservación. “El impacto existe y hay un caso que lo acredita en Catamarca, adonde la empresa Livent secó la vega del río Trapiche, en el Salar del Hombre Muerto”, ejemplifica el especialista, y recuerda que las salinas son humedales por definición de Ramsar, por su conformación tanto en el suelo que depende del agua, como en la biota que está adaptada y porque se inunda en forma periódica.
Al respecto, Romeo recuerda que el 22 de marzo fue el Día Mundial del Agua, y que resulta “fundamental” entender que los salares de la Puna son humedales y que “el lobby que se mueve en el territorio tratando de comprar voluntades, de avanzar con informes técnicos y de desregular los marcos que protegen a las personas y al ambiente, también se mueve por los pasillos adonde se cajonea permanentemente la Ley de Humedales”.
Pía Marchegiani, directora de Política Ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), destaca que los humedales altoandinos tienen roles de adaptación y mitigación en la agenda climática: “No solo cumplen roles en la regulación de ese recurso hídrico, sino que también alojan microorganismos que secuestran dióxido de carbono y liberan oxígeno”, ejemplifica la especialista, y advierte que sobre este tema es necesario contar con más información científica que sería importante poner en relieve a la hora de decidir.
Marchegiani destaca que no solo hay irregularidades y avallasamiento a las comunidades, sino también que se debe entender que el área implicada es una cuenca, y que, con esta actividad, posiblemente se vean afectadas más comunidades que las que aparecen vinculadas al permiso minero. “Romper con el equilibrio ecosistémico hídrico destruye toda la vida alrededor, que es mucha”, advierte la especialista, y agrega que hay una incompatibildad entre el derecho ambiental indígena y la forma en que está pensanda la regulación minera (que se refiere específicamente a las áreas de influencia a los proyectos, sin considerar la integralidad del sistema hídrico). Hay antecedentes judiciales, como el caso Matanza-Riachuelo, que establecen que la cuenca tiene que pensarse como un todo integral y así decidir los usos del agua, ya sean económicos, para la vida o ecosistémicos.
 
Territorios sacrificados
El 17 de febrero, el Gobierno de Jujuy aprobó un nuevo decreto ambiental minero, que establece el procedimiento por el cual se aprueban o no los proyectos. “La provincia de Jujuy arma sus propios procedimientos para un montón de cosas, y en gran medida, puede pero hay temas que no puede soslayar, hay una jerarquía constitucional de normas, con los derechos indígenas y al ambiente sano por encima. El Código de Mineria esta por debajo de la Constitución y por debajo de la norma 169 de la OIT”, sostiene Marchegiani.
Al respecto, Romeo agrega que, para poder avanzar en los territorios, las empresas, en connivencia con actores del Estado provincial y/o nacional, van avanzando y aprobando proyectos sin considerar tratados internacionales como el de la consulta libre previa e informada a las comunidades, y que tampoco están cumpliendo con el Acuerdo de Escazú, al que la Argentina adhiere desde hace unos años y que también tiene que ver con la participación de las comunidades en aquellos proyectos que puedan llegar a alterar o afectar el ambiente. Es algo que no solo está pasando en Jujuy, sino también en Chubut y en otras partes de América Latina.
Romeo recuerda que el 23 de marzo se cumplieron 20 años del “No a la mina” en Esquel: “Eso también hay que reafirmarlo, porque muchas veces se plantea que si no quieren la explotación, qué quieren. Pero si las comunidades no quieren que se avance en sus territorios, no tienen por qué generar una justificación superadora al proyecto que se presenta para la extracción del litio”, dice Romeo, que es de Comodoro Rivadavia y participa en la Unión de Asambleas de comunidades de Chubut. “No importa si dicen que la técnica no va a generar daños o pérdidas en el lugar, no importa si dicen que van a construir una salita de atención médica. Si las comunidades dicen que no, no hay que seguir avanzando tratando a las asambleas, a los pueblos y a las comunidades como si ignoraran o desconocieran, como tratando de decirles ‘en realidad ustedes no entienden, por eso dicen que no’”, agrega.
“A mayor extractivismo, menor democracia. Tiene que ver con quiénes determinan qué territorios van a ser sacrificados en nombre de una transición energética que ni siquiera vamos a ver en este Sur global que habitamos”, afirma Romeo, y concluye: “No hay posibilidad de llegar a algo semejante al desarrollo si no hay respeto por los derechos humanos. Este conflicto, que ahora le está tocando atravesar a la comunidad de El Moreno, nos exige hablar del extractivismo desde un lado en el que no prime exclusivamente lo técnico, lo tecnológico y los atributos físicos y biofísicos del ambiente, sino también lo social, la justicia ambiental, la autodeterminación de los pueblos y, al final de cuentas, un modelo de desarrollo y un modo de elegir vivir una vida, y que debe ser respetado lo que se defina en cada uno de los de los sitios que hoy están en resistencia”.
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Ecología Social. Veinte años del «No a la mina» en Esquel, Argentina: «Un pueblo dispuesto a luchar no tiene límites»

Fecha de Publicación: 25/03/2023
Fuente: Resumen Latinoamericano
Provincia/Región: Nacional - Chubut


La tranquilidad del pueblo patagónico se vio sacudida en 2002 con la llegada de una multinacional minera que prometía trabajo y bienestar. Pero la población de Esquel se informó, organizó y, en una votación histórica, el 81% dijo «No» a la megaminería. Se transformó en una referencia en la lucha contra el extractivismo. Crónica de una victoria.
Esquel no conocía de megaminería, cianuro y drenajes ácidos. Pero tuvo un curso acelerado en 2002, cuando se enteraron por el diario que la multinacional Meridian Gold pretendía explotar oro y plata en las montañas a diez kilómetros del casco urbano. El pueblo vivió una revolución, tanto que fue el primer lugar de Argentina que votó contra la magerminería y el 81 por ciento dijo «No». Ese triunfo, inédito en el país, iluminó luchas en los 5000 kilómetros de Cordillera. A veinte años de aquella gesta, Viviana Moreno, de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina de Esquel, repasa aquellos días, las dos décadas de lucha y también el futuro: «Luchamos por el agua de todos, luchamos por el agua de las generaciones futuras».
Nacida en Santa Fe y afincada en Esquel desde hace casi cuatro décadas, Moreno estuvo desde la conformación de la Asamblea No a la Mina hasta la actualidad. En esta charla aborda todos los temas: de lo personal a lo colectivo, la política partidaria y la que se hace de forma horizontal, la defensa del territorio y los entregadores, el saber popular y el conocimiento científico. Y, a cuarenta años de la recuperación de la democracia, destaca una certeza: «Si estás a favor de los derechos humanos, no podés estar a favor del extractivismo».
Crónica de una victoria: «No a la mina»

—¿Cómo recuerda ese 23 de marzo de 2003?
—Lo recuerdo con mucha alegría y con mucha emoción. Sabíamos que íbamos a ganar, pero no me imaginé que sería por el 81 por ciento de los votos porque desde el gobierno y las mineras hicieron una campaña enorme para tratar de seducir a la gente, con plata, electrodomésticos, de todo. Pero la gente recibía lo que le daban y luego iban y votaban contra la megaminería. Y siempre destaco a los barrios más humildes, donde ya había problemas de acceso al agua, que fueron muy conscientes de lo que podía implicar la megaminería y de lo importante que era defender el agua.

—¿Qué importancia le asignan, en estos veinte años, a la movilización permanente (en Esquel se marcha todos los 4 de cada mes)?
—El 23 de marzo fue felicidad absoluta. Pero algo que marcó dónde pararnos en esta lucha fue que en ese momento, que estábamos en la calle celebrando, un vecino dijo: «Miren que esto es solo una batalla». Lo entendimos de esa manera y al mismo tiempo que valorábamos muchísimo ese triunfo, seguimos trabajando para la toma de conciencia sobre el agua, la organización colectiva y el no dejar la calle.

—¿Qué la motivo, en lo personal, a sumarse a la lucha?
—Trabajaba en el hospital y recuerdo cuando vi la tapa del diario con el cerro y el anuncio de la llegada de la minera. Era 2002. Era muy notoria la desocupación y prometían puestos de trabajo, progreso. Me pareció una buena opción. Hasta que mi compañero de trabajo, bacteriólogo, me dijo: «Te voy a dar un artículo canadiense que habla sobre cómo este tipo de minería actual genera drenaje ácido (que contamina las fuentes de agua)». Y fue un viaje de ida. Confirmaron que de ninguna manera esta actividad puede resolver el drenaje ácido. Yo no podía estar de acuerdo con esa contaminación. Ahí fue muy importante también el accionar de académicos como Silvia González, Marta Sahores y Lino Pizzolón, que comenzaron a explicar los aspectos químicos y técnicos de la minería. Ahí comenzamos hablar de cianuro de sodio, detonaciones y el «no» se fue haciendo más fuerte.

—Y comenzaron las asambleas masivas…
—Todo fue muy rápido. La información comenzó a circular. La primera reunión en la que participé, que era la segunda reunión que se convocaba, ya éramos 600 personas. Y fueron cada vez más masivas.

—¿Cómo jugó la crisis social post 2001 y, al mismo tiempo, el proceso asambleario que se había dado en distintas ciudades del país?
—La crisis había aportado desocupación, empobrecimiento y eso era tierra fértil para el extractivismo. Por otro lado, ese furor social que hizo del movimiento asambleario una práctica fundamental, se aplicó en nuestro caso. Hubo una participación social activa, involucramiento. Eso también jugó a favor de la lucha. Y también, claro, estuvo la lucha de los pueblos originarios, que ya venían luchando por sus territorios.

—¿Cómo fue la participación de los pueblos indígenas?
—Los pueblos originarios participaron desde un comienzo. Puntualmente recuerdo que, en diciembre de 2002, el Pueblo Mapuche hace un trawn (gran reunión) donde se nos invitó a todos. Mucha gente de la Asamblea del No a la Mina participó. Y de ahí salió un documento (que forma parte de la muestra por los 20 años) donde toman un posicionamiento muy claro respecto al agua y por el no a la magaminería. Muchas ideas de organización surgieron de ese famoso documento del trawn.

—¿Cómo llegan de juntarse en asambleas, cada vez más masivas, a impulsar el plebiscito?
—En noviembre de 2002 comenzamos a ir al Concejo Deliberante. Para que tome partido por el proyecto minero. La primera vez éramos tantos que fue caótico. Suspendieron la sesión y la hicieron en un gimnasio. Ahí fue muchísima gente, tanto a favor como en contra. Y el Concejo Deliberante pidió 15 días para poder tomar una posición. Pero empezó el receso legislativo. Entonces se hizo una sesión extraordinaria los primeros días de febrero. Nos enteramos y fuimos cientos, con bombos y no paramos de cantar, presionar, hasta lograr lo que queríamos.

—¿Qué querían?
—Surgieron tres ordenanzas. La de prohibición de cianuro en el ejido municipal de Esquel (que a los pocos días el intendente la vetó). La segunda implicaba desafectarse de las leyes mineras nacionales. Y la tercera fue el plebiscito por «Sí» o «No» al proyecto minero. Terminada esa sesión, estuvimos horas marchando alrededor de la ciudad. Festejando ese primer triunfo, el de lograr el plebiscito. Lo logramos con la gente en la calle.

Luchas conjuntas contra la megaminería

—En 2002 no existían las herramientas de comunicación actuales. ¿Cómo llegaban a la información? ¿Qué rol jugó la relación con otros territorios?
—En ese momento la única forma de conectarnos era a través de correo electrónico. Y una de las primeras comunidades que conectamos fue Tambo Grande (Perú). Ellos tuvieron algunas sugerencias que nos parecieron importantes, entre ellas, la de que fuéramos un movimiento con muchas cabezas, no solo una. Ellos hicieron un plebiscito previo al nuestro y a su líder lo asesinaron. Entonces ellos nos decían que teníamos que ser muchos. Hubo gente de acá que pudo viajar a Tambo Grande. Y luego también fue importante Andalgalá, que vinieron y nos contaron de qué trataba la megaminería en Catamarca (ya operaba Bajo la Alumbrera), que no era nada bueno para los pueblos.

—También hicieron mucho eje en las leyes mineras...
—La información fue clave, tanto como el estudiar cómo llegó la megaminería a nuestro país. Ahí conocimos de las leyes de la década de 1990 y empezamos a identificar que la minería era sinónimo de saqueo y contaminación. Así lo definimos y fue otra forma de explicar por qué no queríamos a Meriand Gold, ni a ninguna otra empresa. Y no podemos no mencionar a Javier Rodríguez Pardo, del Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH), que fue muy importante. Era un compañero muy claro y sumó a todo un trabajo colectivo que se estaba dando en Esquel y, de una u otra manera, se sostuvo estos veinte años.

—¿Qué aprendizaje le queda del rol de los gobiernos y empresas?
—Que las empresas y gobiernos nos subestiman. Pero los pueblos tenemos una enorme potencia organizativa y de lucha. Podemos cambiar las cosas y ya no aceptamos espejitos de colores.

Esquel, dos décadas de movilización

—¿Cómo ve hoy lo que sucedió en Esquel contra la megaminería y, también, en la provincia, por ejemplo el Chubutazo de 2021?
—Algo que aprendimos es que un pueblo dispuesto a luchar no tiene límites. Me emociona cada vez que hablo de esto. Fundamentalmente porque, por ejemplo, en el Chubutazo hubo mucha gente joven que salió a la calle. Fue el pueblo de Chubut que salió a la calle en toda la provincia. Yo creo de verdad que un pueblo unido jamás será vencido. Y fue así, era un pueblo unido por un objetivo determinado y estaba convencido. Luchamos por el agua de todos, luchamos por el agua de las generaciones futuras. Y cada uno de los que estuvieron poniéndole cuerpo a esto, a las balas, son héroes. Diciembre de 2021 fue una cacería organizada que tiraba contra todos, era tremendo, y ningún político de la provincia de Chubut se paró delante de una cámara de televisión o delante de una radio a repudiar lo que estaba pasando.

—En esos días, justo a veinte años de diciembre de 2001, se dijo que había un encadenamiento de resistencias. ¿Saben que ustedes también han inspirado otras luchas? Recuerdo Loncopué (Neuquén) con la minería y Gualeguaychú contra las pasteras y sus referencias hacia Esquel.
—Lo hemos escuchado pero creo que ni siquiera nosotros lo sabemos, quizá no somos conscientes. Imaginate una pequeña población luchando contra poderosos. Pudimos vencer a una multinacional apoyada por los gobiernos nacional, provincial y local. Me parece que el mensaje que dimos a la Argentina y a muchas otras luchas, no solo socioambientales, es que se puede. Unidos, decididos, convencidos: se puede. Creemos que los pueblos no deben estar sometidos a intereses ajenos y pueden elegir qué es lo que quieren para su presente y futuro.

—¿Cuáles son algunos de los hitos de estos veinte años?
—Siempre decimos que la embestida minera es cíclica. Ya sabíamos que puede parecer que se van pero al par de año vuelven. El oro y la plata están en la montaña e incluso ahora vale más que hace veinte años. Entonces la lucha nos enseñó que las mineras tienen mucho dinero y tiempo. Y contra eso resistimos. Una de los hechos más importantes es la conformación de la UACH (Unión de Asambleas de Chubut). Eso nos hace fuertes.

—¿Cómo fue ese proceso?
—Las asambleas de la Comarca nos acompañaron inmediatamente, desde el principio. El Bolsón, Lago Pueblo, El Hoyo, Epuyén. Estaban en nuestras marchas y ellos también hicieron, diríamos, el plebiscito con nosotros. Faltaba en ese momento el resto de la provincia. Pero la información comenzó a circular, nos fuimos conociendo y se fue fortaleciendo la lucha en la costa, con las asambleas de Madryn, Rawson, Trelew, Comodoro Rivadavia. Fue muy importante. Y después vino la Meseta (en centro geográfico de la provincia). El Gobierno en esos años decía que la minería iba a entrar por la Meseta. Y, entre todos, logramos también hacer fuerte la lucha ahí. La lucha y el «no a la minería» se provincializó, y eso es un logro enorme.
Gobiernos, organizaciones y Derechos Humanos

—En muchos de los escritos de la Asamblea queda claro la diferencia de qué es la democracia desde las asambleas y, por otro lado, cómo entienden la democracia los gobiernos, por ejemplo el actual gobernador Mariano Arcioni.
—El gobernador Mariano Arcioni siempre mostró una insensibilidad hacia el sentimiento del pueblo, sea éste un reclamo salarial o el rechazo a la megaminería. No puede o no quiere entender qué significan las luchas del pueblo. Muchas veces no actúa como un político, sino más bien como un patrón. En vez de mirarnos como el representante del pueblo votado en democracia, la mirada o la actitud para con nosotros fue siempre de patrón. Y esas actitudes son irreconciliables con la lucha socioambiental.

—¿Qué lectura hacen de los distintos gobiernos de estos 20 años?
—Desde el menimismo hasta hoy la megaminería es política del Estado y las leyes nacionales son absolutamente a favor del extractivismo. Esté quien esté, ya sea en el gobierno nacional o provincial, todos están a favor del extractivismo. En lo provincial se da que, muchas veces, apoyan la minería por conveniencias individuales, por dádivas, no por un convencimiento político. Hubo claros casos de legisladores que apoyaban la Iniciativa Popular (una propuesta de Ley impulsada por las asambleas) y, poco tiempo después, esos mismos aprobaron la zonificación a favor de la minería. Acá nos conocemos todos y también sabemos de cuestiones de dinero que circulan. Incluso el gobernador Mario Das Neves, que estaba a favor de la minería en su primer gobierno, pocos meses antes de fallecer reconoció que más importante que la minería era el agua. Contó las presiones que tenía de parte de Macri para explotar el proyecto Navidad (de la multinacional Pan American Silver) y decidió hacer una cumbre ambiental. En su discurso, que se puede ver en internet, reconoce que las mineras vienen con valijas de dinero para comprar a otros políticos.

—El 23 de marzo es una fecha histórica para Esquel y las luchas socioambientales. El 24 de marzo es una fecha emblemática para todo el país. ¿Cómo entienden que hay gobiernos, políticos, académicos y hasta organizaciones sociales, entre otros actores, que hablan de la defensa de los derechos humanos pero impulsan el extractivismo en los territorios?
—Yo lo veo como una enorme contradicción. Si vos estás a favor de los derechos humanos, no podés estar a favor del extractivismo de ninguna manera. Es muy claro que el extractivismo se impone con la violación de los derechos humanos. Latinoamérica lleva infinidad de muertos y en Chubut tuvimos criminalización y represiones. Incluso hubo servicios de inteligencia que hicieron espionaje. Y en otros lugares, como Andalgalá, se ve igual o peor, con mucha represión y decenas de judicializados. Entonces, o defendés de verdad los derechos humanos o estás con el extractivismo, no se pueden ambas cosas.
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Explotación de litio en Lipán: comunidades alertan por la contaminación del agua

Fecha de Publicación: 24/03/2023
Fuente: Jujuy al Momento
Provincia/Región: Jujuy


El gobernador Gerardo Morales se reunió con comunidades originarias, entre ellas la de Pozo Colorado, quien le expresó de manera directa su rechazo a la iniciativa.
Recientemente, integrantes de comunidades que pertenecen a la zona de El Moreno expresaron su preocupación por la iniciativa del gobierno jujeño de explotar litio en esa área de la provincia. Inicialmente, protestaron por no haber sido consultados y expresaron que su única intención era proteger los recursos naturales de la zona.
Horas más tarde se reunieron con referentes de instituciones de protección al consumidor, quienes sostuvieron que se debería haber realizado la consulta de la iniciativa.
Hoy, los habitantes de esas comunidades, especialmente de Pozo Colorado, representados por Érica Cañari, reafirman su oposición indicando que la explotación del mineral contaminará napas subterráneas de la zona.
Durante el fin de semana, se reunieron con el primer mandatario provincial pero indican que fue más un discurso que una charla: luego de que los comuneros le expresaran, esta vez de manera directa, su rechazo a la explotación de litio, Morales les habló de Cauchari, paneles solares, recursos hídricos, y lo que hará con el litio, cuya explotación podrá evitar la contaminación mundial.
Los integrantes de comunidades también piden la destitución de la Comisionada de la zona aduciendo que abandonó su puesto para acompañar a Morales en la presentación de su pre candidatura a Presidente en Buenos Aires.
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Argentina buscará que la ley de humedales no frene el auge del litio

Fecha de Publicación: 09/03/2023
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


Algunas versiones de la legislación clasifican a las salinas andinas ricas en litio como áreas de humedales.
La Argentina está en conversaciones con los responsables de política monetaria y las empresas para evitar que la ley de protección de humedales frene la exploración a medida que el mundo busca fuentes de energía más amigables con el medio ambiente.
Argentina está en camino de convertirse en uno de los mayores proveedores de litio necesario para el cambio hacia una energía y un transporte más limpios. El país ha estado trabajando en una ley, impulsada por su presidente en un importante discurso la semana pasada, para proteger sus humedales en medio de los extensos incendios que a menudo se achacan a los agricultores. Pero una ley así podría detener la exploración de litio.
“Todos estamos convencidos de que el cuidado del medio ambiente es un pilar central del desarrollo”, dijo el subsecretario de Minería federal, Fernanda Ávila, en una entrevista en una conferencia minera en Toronto. “Lo que estamos debatiendo y discutiendo es cómo se puede aprobar la ley de humedales sin poner en riesgo los proyectos mineros”.
Algunas versiones de la legislación clasifican las salinas andinas ricas en litio de Argentina, un imán cada vez mayor para los mineros internacionales y los fabricantes de baterías, como áreas de humedales debido a las grandes piscinas salinas debajo de la superficie. Los gobernadores de las tres principales provincias de litio del país han expresado su preocupación ante la posibilidad de que una ley impida la exploración del metal.
El Gobierno Federal está trabajando con las provincias y un grupo de la industria que representa a las mineras para asegurarse de que eso no suceda, dijo Ávila.
El Gobierno también está tratando de convencer a las mineras de que Argentina está lista para proyectos de inversiones a largo plazo, después de que las políticas fragmentarias para abordar las restricciones del país sobre los flujos de dinero y los impuestos a la exportación se quedaran cortas.
“Estamos hablando con las empresas, que generalmente están invirtiendo no menos de US$4.000 millones, para darles mayores garantías a través de un acuerdo que abarque varios temas”, dijo Ávila.
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Mapuches alzan la voz por la minería y el hidrógeno verde

Fecha de Publicación: 09/03/2023
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


Reclaman al Gobierno la consulta previa, libre e informada. Ya hay un amparo judicial en trámite y preparan nuevas acciones para ser escuchados antes de que se concreten los proyectos.
Las comunidades mapuches están en alerta. El avance de los proyectos mineros de oro, plata y litio en Río Negro y la propuesta para la producción de hidrógeno verde motivaron una serie de reclamos que parten de la exigencia de una “consulta previa, libre e informada” que en algunos casos llegó a la Justicia, sin definición todavía.
A fines de 2021, siete comunidades mapuches fueron a la Justicia con un recurso de amparo para frenar las tareas de exploración minera en la Región Sur que afectaba sus territorios. En primera instancia, el Juzgado Multifueros de El Bolsón hizo lugar a una medida cautelar que puso un freno a las tareas, pero el STJ lo revocó en junio de 2022, aunque desde entonces no volvieron a ingresar a los campos las empresas con permisos de cateos mineros.
Mientras tanto, el caso sigue la maraña judicial con audiencias de partes (la última se realizó el 17 de febrero) que todavía no termina en una definición respecto de la consulta previa.
Ahora, la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro prepara con sus abogados un nuevo amparo, esta vez por el proyecto que busca litio en la zona de Mamuel Choique donde está la comunidad Negpun Curra, que sumará también otras comunidades afectadas por el mega proyecto minero Calcatreu, que sigue con tareas de exploración en la región.
“El amparo es para frenar esto y discutirlo, queremos una consulta previa, libre e informada”, dijo a RÍO NEGRO Orlando Carriqueo, vocero del Parlamento Mapuche, quien remarcó que “según el convenio 169 de la OIT las comunidades tienen el derecho de dar el consentimiento o no a proyectos de esta característica, y la herramienta es la consulta previa”.
El referente mapuche recordó experiencias en las que se concretó la consulta previa que ahora reclaman ante varios proyectos. Así se hizo para trasladar a las comunidades de Pilquiniyeu del Limay, cuando se construyó la represa en la década del ‘90; en Colhan Conué por un parque fotovoltaico; en Cerro Alto por el parque eólico (que no se concretó finalmente) y recientemente para crear el parque nacional Islote Lobos (aunque cuestionan la falta de un estudio antropológico).
Según apuntó, el Gobierno provincial “desconoce a las comunidades y al derecho indígena” al cuestionar la consulta previa que se reclama por vía judicial.

Una nueva discusión
El hidrógeno verde es otro desarrollo al que prestan atención las comunidades. Carriqueo enfatizó que se necesita la consulta previa: “La desinformación es tan grande que nada bueno viene de la desinformación”, afirmó.
Las comunidades pidieron al Gobierno “generar encuentros zonales para trabajar el proceso de consulta previa”, afirmó el referente mapuche remitiéndose a la decisión del acta del Parlamento Mapuche reunido en junio del año pasado.
La gobernadora Arabela Carreras, en su discurso de apertura de sesiones, mencionó este tema y dijo que el Gobierno “espera la respuesta formal por parte de las organizaciones indígenas acerca del modelo de consulta previa”.
Daniel Sanguinetti, secretario de estado de Planificación, que lleva adelante el proyecto de hidrógeno verde, especificó a RÍO NEGRO que por los “canales oficiales” en el diálogo entre el Ministerio de Gobierno y el Consejo de Desarrollo Indígena (Codeci) “se entregó un borrador de protocolo respecto de cómo realizar la consulta previa. La idea es que revisen, validen, corrijan, hagan una contrapropuesta y a partir de ahí tener el formato para la consulta”. Afirmó que no hubo respuesta.
Para Carriqueo la respuesta está con la premisa de hacer consultas zonales que debería garantizar el Estado. Recordó alguna reunión el año pasado con Mercedes Iberó, que depende del área de Planificación, donde se les entregó “folletería” informativa únicamente.
Las comunidades denuncian que, a pesar de no tener esa consulta previa, ya se realizaron bases de cemento para instalar las torres de medición de viento para el proyecto de hidrógeno verde en lugares de la Meseta de Somuncura donde hay comunidades. “Una consultora contratada por la empresa Fortescue hizo firmar autorizaciones legando incluso a exigir firmas de personas que no saben leer ni escribir”, afirmó Carriqueo.
En este sentido, Sanguinetti dijo que la autorización otorgada a la empresa abarca solo tierras fiscales y se había constatado con anterioridad esa condición a través de documentación de la Dirección de Tierras. Dijo desconocer si puntualmente en algún lugar que se construyeron bases, había comunidades y alentó a que, de ser así, deberían realizar la denuncia formal.
Con el proyecto de hidrógeno verde hay reparos previos que Carriqueo enumera como la objeción que la producción de la energía limpia no quedará para las comunidades de la zona, la generación de puestos de empleo anunciados que cree que no se ajusta a la realidad y los efectos ambientales y sociales que producirá la instalación de parques eólicos en la Meseta de Somuncura, un área protegida con especies únicas. Pero las comunidades no son taxativas en su rechazo, quieren conocer detalles y dar la discusión.

El “modelo” es el debate
Más allá de este dilema, Carriqueo insistió que lo que se discute es “el modelo de extractivismo, no solo del gobierno provincial sino también del nacional”.
Recordó que además del impulso a la minería que realiza la provincia, con decenas de permisos de exploración, el plan del hidrógeno verde tiene la misma línea porque los recursos que saldrán de Río Negro “irán a Europa”.
“Tenemos una concepción distinta del territorio, el Estado dice que los recursos que están debajo de la superficie son del Estado y para los mapuches todo forma parte del espacio territorial, lo que está en la superficie y lo de abajo”, explicó y concluyó: “Estamos pagando el costo del progreso, pero ¿en qué condiciones?”.

“El gobierno de Carreras es más violento”
En su discurso, Arabela Carreras habló de un “diálogo permanente” con las comunidades mapuches de la provincia. “El objetivo es incorporar sus visiones y propuestas a la toma de decisiones y así lograr el mayor consenso social posible, involucrando a todas y todos”, dijo en el discurso de apertura de sesiones al referirse al proyecto de hidrógeno verde. Del otro lado, no ven tan amena la relación.
“El gobierno de Carreras es más violento en sus acciones directas que las que tuvo Weretilneck, pero el proyecto del extractivismo es de los dos”, afirmó Orlando Carriqueo, vocero del Parlamento Mapuche de Río Negro.
Remarcó que la provincia incumplió con los puntos acordados a abordar ni bien asumió la gobernadora, en enero de 2020. Se trataba de avanzar en el relevamiento indígena (que no se concretó en esta gestión y se mantienen las diferencias por el manejo de los fondos y la gestión); profundizar la educación intercultural bilingüe; garantizar la consulta previa, libre e informada; fortalecer el Codeci e impulsar proyectos productivos con las comunidades.
“A pesar de todo mantenemos el diálogo y lo mantuvimos cuando tenían rodeada a Natividad Antual en Jacobacci, cuando se ordenaron desalojos impulsados por la provincia y cuando mataron a Elías Garay, donde el Estado también tiene responsabilidad”, dijo Carriqueo quien habló de “racismo” en el gobierno de Carreras.
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Revés para el Gobierno de Entre Ríos: ordenan suspender el fracking

Fecha de Publicación: 06/02/2023
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: Entre Ríos


En el fallo "aplica los principios del derecho ambiental, el precautorio, y el in dubio pro natura, que establece que en caso de duda todos los procesos deberán ser resueltos de manera favorable para el ambiente".
Un juez de Entre Ríos ordenó esta semana al Estado provincial y a un Municipio suspender toda habilitación, que se encuentre en cualquier instancia, que autorice la explotación de arenas silíceas en el Delta entrerriano, informaron fuentes judiciales.
La provincia deberá "paralizar todo trámite que se relacione con la extracción o lavado de arenas silíceas", y exigir que la actividad de canteras y/o plantas de lavado "sea sustentable para proteger el ambiente actual y de generaciones futuras", remarcó en su fallo el juez de feria Hugo González Elías.
La decisión judicial del pasado lunes 30 de enero dio lugar al pedido solicitado por la Fundación "Cauce: Cultura Ambiental-Causa Ecologista" en el marco de una acción de amparo ambiental contra el Gobierno provincial, el Municipio de Ibicuy y contra YPF, a cargo del establecimiento El Mangrullo.
Se estima que YPF adquiría de Entre Ríos cerca del 80% de la arena que se utiliza en el yacimiento Vaca Muerta, para realizar fractura hidráulica o fracking, una extracción de gas y petróleo de yacimientos no convencionales.
El fracking es una técnica de perforación mixta (vertical y horizontalmente) de varios kilómetros, donde se fractura la roca y se inyectan millones de litros de agua a alta presión, mezclada con arena y una serie de aditivos químicos.
El 27 de mayo de 2022, la jueza María Valentina Ramírez Amable ordenó a "suspender nuevas canteras en la zona de extracción de arenas silíceas hasta que se realice un estudio de impacto ambiental acumulativo" en la zona.
El estudio debe evaluar "la zona de extracción, las plantas de lavado, los caminos públicos por los que circulan camiones y maquinaria pesada, y la interacción de la actividad con las poblaciones de la región".
También exige la participación ciudadana en el estudio, ya que lo que se busca es "proteger el bien natural de carácter mineral" de la zona.
Además, la jueza obligó a realizar muestreos de calidad del agua, con estudios de toxicidad, y monitoreos de calidad de aire y agua en el delta entrerriano.
Esa decisión fue apelada por YPF, el Estado de Entre Ríos y la Municipalidad de Ibicuy, pero el 13 de agosto del 2022 el Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolvió dar lugar a la decisión de la jueza.
Aún así, la empresa minera Orosmayo S.A. había iniciado los trámites para asentar sus plantas de extracción y extraer 2,8 millones de toneladas de arena silícea en 5 años, consumiendo 429.333.000 litros de agua subterránea.
La instalación se realizaría en dos campos entre los kilómetros 181 y 183 de la ruta nacional 12, en el distrito Ceibas del departamento Gualeguaychú, "a pocos kilómetros" de la zona de estudio pero aún dentro del Delta del río Paraná.
En ese sentido, el juez González Elías determinó que el ambiente "no reconoce límites artificiales, políticos o jurídicos", por lo que "no importa si la actividad se desarrolla" en cualquier parte del territorio entrerriano.
"Es irrelevante" la ubicación del emprendimiento -apuntó el juez-, en la medida en que se trate de una explotación de arenas silíceas, y recordó que el fallo ordena a que el Estado paralice "todo trámite" que habilite a estas empresas sin delimitar "la zona afectada".
La directora ejecutiva de la Fundación, Valeria Enderle, destacó que el juez "comprendió la importancia del cuidado de los humedales" en una zona en donde "actualmente se está extrayendo arenas silíceas".
En el fallo "aplica los principios del derecho ambiental, el precautorio, y el in dubio pro natura, que establece que en caso de duda todos los procesos deberán ser resueltos de manera favorable para el ambiente", completó en un escrito.
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