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Grave: modifican decreto y se permite importar basura
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Eco Sitio |
Macri modificó un decreto que habilita a importar basura peligrosa sin controles
Fecha de Publicación: 04/09/2019
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Nacional
La modificación de un viejo decreto deja al país al borde transformarse un basural de residuos peligrosos proveniente de otros países. A la par, recicladores se ven afectados por la caída del precio de elementos como el cartón y el plástico, ante la mayor demanda. El decreto original lo había firmado Menem en 1992 luego de un escándalo por la llegada de residuos nucleares al país.
Un polémico decreto firmado por el gobierno de Mauricio Macri pasó desapercibido la semana pasada: se trata una modificación de la vieja orden Nº 181/1992 que por entonces habilitaba a la importación de basura de otros países y que generó un escándalo por la aparición de residuos nucleares en el gobierno de Menem.
Ahora, las modificaciones pasaron tan solo por un solo artículo y según trabajadores de la Economía Popular y ambientalistas, el mismo “flexibiliza el debido control ecológico”, librando a la Argentina a transformarse en un país receptor de basura peligrosa como la nuclear, proveniente de Europa y otras regiones.
Esto, además de poner en peligro al medio ambiente, representa una dura contradicción en términos ecológicos: mientras el gobierno no destina los suficientes fondos para reciclar la basura que se genera en su propio país, se destinarán millones para pagar la basura que descartan otras naciones. Todo esto, mientras países como China y parte de la Unión Europea prohíben el ingreso de basura a sus países.
Los primeros en denunciar este nuevo decreto fueron los Cartoneros y Recicladores urbanos que a las claras, hoy se constituyen como de los principales recolectores de cartones, plásticos y otros elementos que terminan descartados de la basura, para ser reciclados.
Según la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), en nuestro país se generan 40.000 toneladas de basura por mes y el 40% podría ser reciclado. “De esta cantidad solo se recicla la mitad gracias al trabajo cotidiano de los cartoneros (150.000 en todo el país)”, explican.
“En lugar de potenciar la recolección y reciclado de los residuos que tiramos los argentinos, se facilita la importación de los residuos de los europeos. Esto perjudica a los cartoneros que trabajamos de esa recolección y de la venta de ese material. Y en el medio de una crisis social y económica, significa que nos llevan al hambre”, expresaron en un comunicado.
“Antes se tenía que demostrar que lo que llegaba eran residuos inocuos y se tramitaba en la Secretaría de Ambiente un permiso específico para cada importación. Ahora simplemente se puede importar sin esa necesidad. Esto es muy peligroso para los recicladores de la Argentina”, describió para INFOCIELO, Alejandro Valiente, miembro del equipo técnico de la FACCyR.
Para los cartoneros y recicladores esto es una mala noticia, porque ante más demanda de cartón en el país, menor será su valor y por lo tanto menor los ingresos de sus trabajadores. Que, valga la aclaración, integran un sector social más que vulnerable en la población.
Los especialistas explican que en los primeros meses del 2019 se importó más cartón para reciclar que todo en 2018 y este fenómeno se dio sin el aval del nuevo decreto. Por lo que la situación para el mercado del cartón y otros elementos reciclables podría complicarse aún más.
“Todavía se puede recuperar y reciclar el doble de lo que hoy se recicla. En vez de reciclar los residuos que generamos en Argentina vamos a comprar a precio dólar lo que tiran otros. En lugar de estimular la importación de residuos, el gobierno debería potenciar el trabajo de los que ya reciclamos para que juntemos cada vez más residuos, podamos vivir en un ambiente sano, y avanzar hacia una economía sustentable con basura cero”, se quejaron desde el Movimiento de Trabajadores de la Economía Popular (MTE).
Con el nuevo decreto 591/2019 el país se vuelve un receptor de basura peligrosa y el Estado destinará fondos que podría utilizarlos para el reciclado de su propia basura. Algo que a las claras parece tratarse de un negocio que huele mal.
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Fecha de Publicación: 04/09/2019
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Nacional
La modificación de un viejo decreto deja al país al borde transformarse un basural de residuos peligrosos proveniente de otros países. A la par, recicladores se ven afectados por la caída del precio de elementos como el cartón y el plástico, ante la mayor demanda. El decreto original lo había firmado Menem en 1992 luego de un escándalo por la llegada de residuos nucleares al país.
Un polémico decreto firmado por el gobierno de Mauricio Macri pasó desapercibido la semana pasada: se trata una modificación de la vieja orden Nº 181/1992 que por entonces habilitaba a la importación de basura de otros países y que generó un escándalo por la aparición de residuos nucleares en el gobierno de Menem.
Ahora, las modificaciones pasaron tan solo por un solo artículo y según trabajadores de la Economía Popular y ambientalistas, el mismo “flexibiliza el debido control ecológico”, librando a la Argentina a transformarse en un país receptor de basura peligrosa como la nuclear, proveniente de Europa y otras regiones.
Esto, además de poner en peligro al medio ambiente, representa una dura contradicción en términos ecológicos: mientras el gobierno no destina los suficientes fondos para reciclar la basura que se genera en su propio país, se destinarán millones para pagar la basura que descartan otras naciones. Todo esto, mientras países como China y parte de la Unión Europea prohíben el ingreso de basura a sus países.
Los primeros en denunciar este nuevo decreto fueron los Cartoneros y Recicladores urbanos que a las claras, hoy se constituyen como de los principales recolectores de cartones, plásticos y otros elementos que terminan descartados de la basura, para ser reciclados.
Según la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), en nuestro país se generan 40.000 toneladas de basura por mes y el 40% podría ser reciclado. “De esta cantidad solo se recicla la mitad gracias al trabajo cotidiano de los cartoneros (150.000 en todo el país)”, explican.
“En lugar de potenciar la recolección y reciclado de los residuos que tiramos los argentinos, se facilita la importación de los residuos de los europeos. Esto perjudica a los cartoneros que trabajamos de esa recolección y de la venta de ese material. Y en el medio de una crisis social y económica, significa que nos llevan al hambre”, expresaron en un comunicado.
“Antes se tenía que demostrar que lo que llegaba eran residuos inocuos y se tramitaba en la Secretaría de Ambiente un permiso específico para cada importación. Ahora simplemente se puede importar sin esa necesidad. Esto es muy peligroso para los recicladores de la Argentina”, describió para INFOCIELO, Alejandro Valiente, miembro del equipo técnico de la FACCyR.
Para los cartoneros y recicladores esto es una mala noticia, porque ante más demanda de cartón en el país, menor será su valor y por lo tanto menor los ingresos de sus trabajadores. Que, valga la aclaración, integran un sector social más que vulnerable en la población.
Los especialistas explican que en los primeros meses del 2019 se importó más cartón para reciclar que todo en 2018 y este fenómeno se dio sin el aval del nuevo decreto. Por lo que la situación para el mercado del cartón y otros elementos reciclables podría complicarse aún más.
“Todavía se puede recuperar y reciclar el doble de lo que hoy se recicla. En vez de reciclar los residuos que generamos en Argentina vamos a comprar a precio dólar lo que tiran otros. En lugar de estimular la importación de residuos, el gobierno debería potenciar el trabajo de los que ya reciclamos para que juntemos cada vez más residuos, podamos vivir en un ambiente sano, y avanzar hacia una economía sustentable con basura cero”, se quejaron desde el Movimiento de Trabajadores de la Economía Popular (MTE).
Con el nuevo decreto 591/2019 el país se vuelve un receptor de basura peligrosa y el Estado destinará fondos que podría utilizarlos para el reciclado de su propia basura. Algo que a las claras parece tratarse de un negocio que huele mal.
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Gobierno de Jujuy planea expropiar tierras indígenas
Inconstitucional: Morales quiere expropiar tierras a pueblos originarios
Fecha de Publicación: 04/09/2019
Fuente: Nuestras Voces
Provincia/Región: Jujuy
El gobernador Gerardo Morales está apurado por hacerse de tierras en Salinas Grandes y Lagunas de Guayatayo antes del 10 de diciembre porque perderá la hegemonía en Jujuy. Busca liberar un crédito del BID de $ 53 millones que fue subejectuado y cuyo avance falseó ante el organismo. Las tierras pertenecen a pueblos originarios y la Constitución prohíbe su expropiación. El trasfondo del negocio del litio que Mauricio Macri impulsa junto a Morales atacando a las comunidades y el medio ambiente.
Gerardo Morales pretende expropiar iregularmente tierras de comunidades originarias. La excusa es para «desarrollar un Centro de Interpretación Turística» en Salinas Grandes y Lagunas de Guayatayoc. Sin embargo, la Constitución Nacional establece que los territorios comunitarios no están sujetos a ser declarados «de utilidad pública». El gobernador radical jujeño y ladero incondicional de Mauricio Macri se enfrenta una vez más a los pueblos originarios, que reclaman que se respete el Convenio 169 de la OIT, que establece que se debe realizar una consulta previa, libre e informada toda vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente.
Morales está apurado por hacerse de las tierras antes del 10 de diciembre, cuando cambiará la composición de la Cámara de Diputados provincial y perderá la hegemonía propia, se esconde detrás de la maniobra el desembolso de un crédito del BID de alrededor de 53 millones de pesos previsto entre 2019 y 2020. A pesar que en el presupuesto de este año figura que se realizaría un avance de obra del 27,5%, al mes de septiembre ni siquiera cuentan con el espacio físico para realizar la construcción. Los diputados de la oposición aseguran que el crédito no fue autorizado por la legislatura y se desconoce si la partida ya fue desembolsada.
Esta semana, integrantes de las comunidades indígenas de Saladillos Ronqui Angosto y San Miguel del Colorado viajaron alrededor de 150 kilómetros para llegar a San Salvador de Jujuy. En la tarde del miércoles, apenas horas antes de la sesión, tomaron conocimiento que la Cámara de Diputados trataría la expropiación de tres hectáreas que pertenecen a las familias Alancay y Tolaba, pero que se encuentran censadas como parte de los pueblos originarios que habitan en la zona.
Acompañados por Oscar Tolaba, comisionado municipal de Purmamarca, distrito dentro del cual se encuentran los territorios, llegaron hasta la legislatura de Jujuy para exigir que no se tratara el proyecto por ser violatorio del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional que establece que las tierras comunitarias no son enajenables. Pero además, reclamaron que el proyecto de expropiación del terreno no fue objeto de consulta en los términos del derecho establecido en el Convenio 169 de la OIT, ni siquiera informado a las comunidades indígenas que tampoco participaron en su elaboración.
Si bien uno de los argumentos para expropiar las tierras es que las mismas son privadas, la abogada Alicia Chalabe señaló: “Eso es lo que dice el gobierno, pero junto a las comunidades de San Miguel del Colorado y de Saladillos presentamos una nota en la legislatura acompañando la documentación en la que manifiesta que estos titulares, estos dueños de la tierra privada están censados en la comunidad y el terreno que se pretende expropiar forma parte del croquis de la propiedad comunitaria de la comunidad aborígen de Saladillos, por lo tanto ha cambiado el carácter la tierra. Esto ha sido presentado en la secretaria de Pueblos Indígenas en el mes de junio de este año”.
Otro de los argumentos del gobierno es que parte de la familia estaba de acuerdo con la expropiación. Sin embargo, en la reunión con los legisladores de la oposición Chalabe manifestó que eso no era así, que no había ninguna documentación que respaldara dicha afirmación y que todos los integrantes de los Tolaba Alancay estaban en contra de la medida.
El gobierno proyecta en esas tierras la realización de un Centro de Interpretación Turística con el objeto de “ayudar a conocer y entender el patrimonio, a divulgar ese conocimiento para que sea respetado y así pueda ser integrado al lugar. La labor básica consistirá en mostrar la realidad actual y pasada de forma didáctica, divertida, participativa y amena para todos los públicos a través de un recorrido interactivo para que el visitante, en contacto directo con el patrimonio, pueda comprender qué ocurrió en el lugar, en cada momento histórico, cómo afectó la evolución y cómo influyen en la actual forma de vivir de los habitantes del lugar, apuntando a la conservación de ese territorio”. Sin embargo, las comunidades que viven en esas tierras ancestralmente y que también desarrollan actividades turísticas que le permiten auto sustentarse, jamás fueron consultadas ni informadas sobre el proyecto.
“A partir de la sanción de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, se estableció el límite al ejercicio de los derechos individuales que debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. En este caso se encuentran en vilo los derechos de las comunidades indígenas de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc sobre el patrimonio y territorio comunitario de las mismas. Esta norma refiere que debe conformarse las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas respetando entre otros el agua, los valores culturales, el paisaje. Así, no hemos formado parte ni intervenido de manera alguna en el proyecto en cuestión que rechazamos”, señalaron las comunidades en una nota que enviaron al titular del Poder Ejecutivo y a la secretaria de Pueblos Indígenas, Alejandra Liquin.
En ese marco, Marina Vilte, abogada e integrante de la Asamblea de Autoconvocados de Purmamarca en diálogo con Nuestras Voces señaló: “Si este proyecto fuera de buena fe, lo hubieran conversado con las comunidades y hubieran puesto todo lo necesario para que la propia comunidad desarrolle su actividad turística, porque instalar un centro de recepción de turistas lo único que hace hoy es atentar contra el pequeño e incipiente progreso que va generando la gente del lugar de forma autosustentada. Las comunidades saben muy bien qué hacer. Saben muy bien hacer sus tejidos, saben muy bien hacer sus manufacturas, saben muy bien desarrollar su ganadería, saben muy bien hacer lo que hacen de manera ancestral hace siglos y siglos. Entonces lo único que puede hacer el Estado acá es impulsar la actividad turística propuesta por las comunidades, pero como quieren algo totalmente independiente avasallan todo, no establecen canales de diálogo y nunca nos informan nada”, sostuvo.
En el mismo sentido, Oscar Tolaba, comisionado de Purmamarca aseguró que “las comunidades saben bien qué tienen que hacer en su territorio. Acá las comunidades no han sido consultadas y por eso cuando pasó todo esto, nosotros nos enteramos del proyecto de ley, me consultaron a mí y nosotros desde la comisión municipal tampoco estábamos enterados. Y la idea es esa, que se nos informe y se nos consulte para poder saber y poder opinar y poder decir que está bien y que se está por hacer mal en el territorio sobre todo. Es importante que se los consulte porque ellos actualmente explotan el tema turístico. Nosotros desde Purmamarca impulsamos muchísimo el tema Salinas. De hecho, fue declarado una de las siete maravillas de Argentina. Por eso es importante cuidarla y quién mejor para cuidar algo que es de nuestra tierra que la gente que siempre la habitó. Hoy las comunidades, sobre todo las de Salinas están muy sensibles por la posible explotación del litio. Entonces cualquier intromisión dentro del territorio es alertante para todos los comuneros”, sostuvo.
Desde principios de año, las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc mantienen un duro enfrentamiento con el gobierno que impulsa proyectos de extracción de litio en el territorio. Los pueblos que habitan la Cuenca reclamaron sobre los daños ambientales que producen los proyectos mineros tal como se están realizando y sobre la intromisión del gobierno sin respeto a los derechos de los habitantes ancestrales del lugar.
“Si ellos pretenden que entendamos que este proyecto nada tiene que ver con la política minera, en cuanto al litio, no somos ingenuos”, afirmó Vilte. Y explicó: “Casualmente este terreno se encuentra muy cercano a la comunidad de Inti Quillas, donde ya se encuentra aprobada una explotación del litio –aunque sin acuerdo de los pueblos originarios–. En febrero, las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc dijeron no al litio y no al ingreso de sus territorios, y nuevamente Morales, con este proyecto firmado de puño y letra de su parte, está avasallando a nuestras comunidades. No quiso entablar un diálogo y esto lo podemos probar porque ni siquiera el comisionado de Purmamarca estaba al tanto del proyecto. Si realmente el interés que hay fuera el proyecto turístico, ¿cómo no van a articular con las comunidades?”
Lo cierto es que el gobierno espera contar con 53 millones de pesos para realizar el Centro de Interpretación Turística cuyas funciones serían: brindar información turística, registrar la cantidad de visitantes a Salinas Grandes, monitorear las actividades turísticas que se realizan en el lugar, transmitir la información sobre los elementos o hechos de la vida cotidiana pasados y presentes, fomentar la conservación de la biodiversidad, incentivar la visita de visitantes y turistas a pueblos y lugares aledaños y servir como punto de partida para la realización de recorridos de los visitantes.
Natalia Morales, diputada provincial del Frente de Izquierdas, aseguró que “detrás hay intereses de los empresarios del turismo que hacen negocio en territorio indígena, en comunidades originarias que hasta la UCA dio cuenta que son las más empobrecidas de la provincia, incluso del país y también del negocio de la megaminería. No es casual que en la misma sesión donde se pretendía tratar este proyecto se vote un proyecto de ley que no se discutió en comisiones donde van a refrendar el interés del litio como recurso estratégico. Esto implica abrir el porton de mano a mano para las multinacionales mineras que en este momento están en la provincia y están saqueando todos los recursos minerales a costa de los derechos de las comunidades y contaminando el agua, tal como lo denunciaron”.
Por su parte, Alejandra Cejas, diputada provincial del PJ, expresó a este medio: “el gobierno avanza sobre las comiunidades, sobre todos los jujeños. Tiene una mecánica incorporada de la expropiación de tierras, de utilizar esta herramienta pública, de saquear las tierras para hacer emprendimientos que poco se conocen. Es el caso en la Quebrada y Puna que afecta a las comunidades directamente: en El Perchel, en Huacalera, en Guayatayoc que es insignia de la lucha de las comunidades contra el gobierno. En Valles y Ramal tenemos la discusión de las tierras de los diques. Ahora en La Esperanza, en Calilegua. Le gusta quedarse con tierras ajenas, nunca se sabe cuál es el beneficio, de hecho no hay beneficio. Y en el tema de las comunidades en particular, la ley de expropiación de tierras sin consulta previa y para que pasen los electroductos fue la primera avanzada de esa ley. Lo único que hicieron es despojar a las comunidades de sus tierras desconociendo sus derechos constitucionales e internacionales que los ampara”.
Tras la reunión con los diputados de la oposición que los recibieron en la legislatura, las comunidades lograron que el proyecto volviera a comisión. Sin embargo el estado de alerta continúa porque detrás de la expropiación de las tierras se encuentra el desembolso del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo cuyas condiciones los legisladores desconocen ya que se aprobó sin pasar por la Cámara.
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Fecha de Publicación: 04/09/2019
Fuente: Nuestras Voces
Provincia/Región: Jujuy
El gobernador Gerardo Morales está apurado por hacerse de tierras en Salinas Grandes y Lagunas de Guayatayo antes del 10 de diciembre porque perderá la hegemonía en Jujuy. Busca liberar un crédito del BID de $ 53 millones que fue subejectuado y cuyo avance falseó ante el organismo. Las tierras pertenecen a pueblos originarios y la Constitución prohíbe su expropiación. El trasfondo del negocio del litio que Mauricio Macri impulsa junto a Morales atacando a las comunidades y el medio ambiente.
Gerardo Morales pretende expropiar iregularmente tierras de comunidades originarias. La excusa es para «desarrollar un Centro de Interpretación Turística» en Salinas Grandes y Lagunas de Guayatayoc. Sin embargo, la Constitución Nacional establece que los territorios comunitarios no están sujetos a ser declarados «de utilidad pública». El gobernador radical jujeño y ladero incondicional de Mauricio Macri se enfrenta una vez más a los pueblos originarios, que reclaman que se respete el Convenio 169 de la OIT, que establece que se debe realizar una consulta previa, libre e informada toda vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente.
Morales está apurado por hacerse de las tierras antes del 10 de diciembre, cuando cambiará la composición de la Cámara de Diputados provincial y perderá la hegemonía propia, se esconde detrás de la maniobra el desembolso de un crédito del BID de alrededor de 53 millones de pesos previsto entre 2019 y 2020. A pesar que en el presupuesto de este año figura que se realizaría un avance de obra del 27,5%, al mes de septiembre ni siquiera cuentan con el espacio físico para realizar la construcción. Los diputados de la oposición aseguran que el crédito no fue autorizado por la legislatura y se desconoce si la partida ya fue desembolsada.
Esta semana, integrantes de las comunidades indígenas de Saladillos Ronqui Angosto y San Miguel del Colorado viajaron alrededor de 150 kilómetros para llegar a San Salvador de Jujuy. En la tarde del miércoles, apenas horas antes de la sesión, tomaron conocimiento que la Cámara de Diputados trataría la expropiación de tres hectáreas que pertenecen a las familias Alancay y Tolaba, pero que se encuentran censadas como parte de los pueblos originarios que habitan en la zona.
Acompañados por Oscar Tolaba, comisionado municipal de Purmamarca, distrito dentro del cual se encuentran los territorios, llegaron hasta la legislatura de Jujuy para exigir que no se tratara el proyecto por ser violatorio del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional que establece que las tierras comunitarias no son enajenables. Pero además, reclamaron que el proyecto de expropiación del terreno no fue objeto de consulta en los términos del derecho establecido en el Convenio 169 de la OIT, ni siquiera informado a las comunidades indígenas que tampoco participaron en su elaboración.
Si bien uno de los argumentos para expropiar las tierras es que las mismas son privadas, la abogada Alicia Chalabe señaló: “Eso es lo que dice el gobierno, pero junto a las comunidades de San Miguel del Colorado y de Saladillos presentamos una nota en la legislatura acompañando la documentación en la que manifiesta que estos titulares, estos dueños de la tierra privada están censados en la comunidad y el terreno que se pretende expropiar forma parte del croquis de la propiedad comunitaria de la comunidad aborígen de Saladillos, por lo tanto ha cambiado el carácter la tierra. Esto ha sido presentado en la secretaria de Pueblos Indígenas en el mes de junio de este año”.
Otro de los argumentos del gobierno es que parte de la familia estaba de acuerdo con la expropiación. Sin embargo, en la reunión con los legisladores de la oposición Chalabe manifestó que eso no era así, que no había ninguna documentación que respaldara dicha afirmación y que todos los integrantes de los Tolaba Alancay estaban en contra de la medida.
El gobierno proyecta en esas tierras la realización de un Centro de Interpretación Turística con el objeto de “ayudar a conocer y entender el patrimonio, a divulgar ese conocimiento para que sea respetado y así pueda ser integrado al lugar. La labor básica consistirá en mostrar la realidad actual y pasada de forma didáctica, divertida, participativa y amena para todos los públicos a través de un recorrido interactivo para que el visitante, en contacto directo con el patrimonio, pueda comprender qué ocurrió en el lugar, en cada momento histórico, cómo afectó la evolución y cómo influyen en la actual forma de vivir de los habitantes del lugar, apuntando a la conservación de ese territorio”. Sin embargo, las comunidades que viven en esas tierras ancestralmente y que también desarrollan actividades turísticas que le permiten auto sustentarse, jamás fueron consultadas ni informadas sobre el proyecto.
“A partir de la sanción de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, se estableció el límite al ejercicio de los derechos individuales que debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. En este caso se encuentran en vilo los derechos de las comunidades indígenas de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc sobre el patrimonio y territorio comunitario de las mismas. Esta norma refiere que debe conformarse las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas respetando entre otros el agua, los valores culturales, el paisaje. Así, no hemos formado parte ni intervenido de manera alguna en el proyecto en cuestión que rechazamos”, señalaron las comunidades en una nota que enviaron al titular del Poder Ejecutivo y a la secretaria de Pueblos Indígenas, Alejandra Liquin.
En ese marco, Marina Vilte, abogada e integrante de la Asamblea de Autoconvocados de Purmamarca en diálogo con Nuestras Voces señaló: “Si este proyecto fuera de buena fe, lo hubieran conversado con las comunidades y hubieran puesto todo lo necesario para que la propia comunidad desarrolle su actividad turística, porque instalar un centro de recepción de turistas lo único que hace hoy es atentar contra el pequeño e incipiente progreso que va generando la gente del lugar de forma autosustentada. Las comunidades saben muy bien qué hacer. Saben muy bien hacer sus tejidos, saben muy bien hacer sus manufacturas, saben muy bien desarrollar su ganadería, saben muy bien hacer lo que hacen de manera ancestral hace siglos y siglos. Entonces lo único que puede hacer el Estado acá es impulsar la actividad turística propuesta por las comunidades, pero como quieren algo totalmente independiente avasallan todo, no establecen canales de diálogo y nunca nos informan nada”, sostuvo.
En el mismo sentido, Oscar Tolaba, comisionado de Purmamarca aseguró que “las comunidades saben bien qué tienen que hacer en su territorio. Acá las comunidades no han sido consultadas y por eso cuando pasó todo esto, nosotros nos enteramos del proyecto de ley, me consultaron a mí y nosotros desde la comisión municipal tampoco estábamos enterados. Y la idea es esa, que se nos informe y se nos consulte para poder saber y poder opinar y poder decir que está bien y que se está por hacer mal en el territorio sobre todo. Es importante que se los consulte porque ellos actualmente explotan el tema turístico. Nosotros desde Purmamarca impulsamos muchísimo el tema Salinas. De hecho, fue declarado una de las siete maravillas de Argentina. Por eso es importante cuidarla y quién mejor para cuidar algo que es de nuestra tierra que la gente que siempre la habitó. Hoy las comunidades, sobre todo las de Salinas están muy sensibles por la posible explotación del litio. Entonces cualquier intromisión dentro del territorio es alertante para todos los comuneros”, sostuvo.
Desde principios de año, las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc mantienen un duro enfrentamiento con el gobierno que impulsa proyectos de extracción de litio en el territorio. Los pueblos que habitan la Cuenca reclamaron sobre los daños ambientales que producen los proyectos mineros tal como se están realizando y sobre la intromisión del gobierno sin respeto a los derechos de los habitantes ancestrales del lugar.
“Si ellos pretenden que entendamos que este proyecto nada tiene que ver con la política minera, en cuanto al litio, no somos ingenuos”, afirmó Vilte. Y explicó: “Casualmente este terreno se encuentra muy cercano a la comunidad de Inti Quillas, donde ya se encuentra aprobada una explotación del litio –aunque sin acuerdo de los pueblos originarios–. En febrero, las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc dijeron no al litio y no al ingreso de sus territorios, y nuevamente Morales, con este proyecto firmado de puño y letra de su parte, está avasallando a nuestras comunidades. No quiso entablar un diálogo y esto lo podemos probar porque ni siquiera el comisionado de Purmamarca estaba al tanto del proyecto. Si realmente el interés que hay fuera el proyecto turístico, ¿cómo no van a articular con las comunidades?”
Lo cierto es que el gobierno espera contar con 53 millones de pesos para realizar el Centro de Interpretación Turística cuyas funciones serían: brindar información turística, registrar la cantidad de visitantes a Salinas Grandes, monitorear las actividades turísticas que se realizan en el lugar, transmitir la información sobre los elementos o hechos de la vida cotidiana pasados y presentes, fomentar la conservación de la biodiversidad, incentivar la visita de visitantes y turistas a pueblos y lugares aledaños y servir como punto de partida para la realización de recorridos de los visitantes.
Natalia Morales, diputada provincial del Frente de Izquierdas, aseguró que “detrás hay intereses de los empresarios del turismo que hacen negocio en territorio indígena, en comunidades originarias que hasta la UCA dio cuenta que son las más empobrecidas de la provincia, incluso del país y también del negocio de la megaminería. No es casual que en la misma sesión donde se pretendía tratar este proyecto se vote un proyecto de ley que no se discutió en comisiones donde van a refrendar el interés del litio como recurso estratégico. Esto implica abrir el porton de mano a mano para las multinacionales mineras que en este momento están en la provincia y están saqueando todos los recursos minerales a costa de los derechos de las comunidades y contaminando el agua, tal como lo denunciaron”.
Por su parte, Alejandra Cejas, diputada provincial del PJ, expresó a este medio: “el gobierno avanza sobre las comiunidades, sobre todos los jujeños. Tiene una mecánica incorporada de la expropiación de tierras, de utilizar esta herramienta pública, de saquear las tierras para hacer emprendimientos que poco se conocen. Es el caso en la Quebrada y Puna que afecta a las comunidades directamente: en El Perchel, en Huacalera, en Guayatayoc que es insignia de la lucha de las comunidades contra el gobierno. En Valles y Ramal tenemos la discusión de las tierras de los diques. Ahora en La Esperanza, en Calilegua. Le gusta quedarse con tierras ajenas, nunca se sabe cuál es el beneficio, de hecho no hay beneficio. Y en el tema de las comunidades en particular, la ley de expropiación de tierras sin consulta previa y para que pasen los electroductos fue la primera avanzada de esa ley. Lo único que hicieron es despojar a las comunidades de sus tierras desconociendo sus derechos constitucionales e internacionales que los ampara”.
Tras la reunión con los diputados de la oposición que los recibieron en la legislatura, las comunidades lograron que el proyecto volviera a comisión. Sin embargo el estado de alerta continúa porque detrás de la expropiación de las tierras se encuentra el desembolso del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo cuyas condiciones los legisladores desconocen ya que se aprobó sin pasar por la Cámara.
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Código Minero: Nación y provincias acuerdan revisarlo
Nación y provincias acuerdan revisar el Código Minero junto al sector privado
Fecha de Publicación: 02/09/2019
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
Con el objetivo de avanzar en la modernización de la actividad para mejorar las prácticas sectoriales, las provincias se reunieron con el Gobierno, para debatir la reforma de largo plazo que será analizada y consensuada junto al sector privado.
El gobierno nacional y las provincias acordaron revisar el Código Minero a través de una reforma normativa de largo plazo que será analizada, debatida y consensuada junto al sector privado.
Así lo informó el Ministerio de Producción, luego de que la secretaria de Política Minera, Carolina Sánchez, encabezara la primera mesa de trabajo con las provincias para iniciar la etapa de revisión del Código y avanzar en su modernización, en base a las mejores prácticas sectoriales.
“La minería nos enfrenta a nuevos desafíos y nos da la oportunidad de debatir, analizar y acordar cuáles son las condiciones apropiadas de desarrollo de la actividad con un marco legal que garantice la aplicación de las mejores prácticas disponibles junto a los protagonistas, que son las provincias”, sostuvo Sánchez, informó el Ministerio a través de un comunicado.
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Fecha de Publicación: 02/09/2019
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
Con el objetivo de avanzar en la modernización de la actividad para mejorar las prácticas sectoriales, las provincias se reunieron con el Gobierno, para debatir la reforma de largo plazo que será analizada y consensuada junto al sector privado.
El gobierno nacional y las provincias acordaron revisar el Código Minero a través de una reforma normativa de largo plazo que será analizada, debatida y consensuada junto al sector privado.
Así lo informó el Ministerio de Producción, luego de que la secretaria de Política Minera, Carolina Sánchez, encabezara la primera mesa de trabajo con las provincias para iniciar la etapa de revisión del Código y avanzar en su modernización, en base a las mejores prácticas sectoriales.
“La minería nos enfrenta a nuevos desafíos y nos da la oportunidad de debatir, analizar y acordar cuáles son las condiciones apropiadas de desarrollo de la actividad con un marco legal que garantice la aplicación de las mejores prácticas disponibles junto a los protagonistas, que son las provincias”, sostuvo Sánchez, informó el Ministerio a través de un comunicado.
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Más demanejo de residuos petroleros en Neuquén
Abrieron una investigación por los residuos contaminantes arrojados en Plottier
Fecha de Publicación: 02/09/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Fueron detectados por un vecino, quien avisó en el mismo momento en el que las bolsas eran descargadas. Aunque fueron retirados del lugar, buscarán a los responsables.
Será la fiscalía de Delitos Ambientales la que determine responsabilidades y penalidades ante el vertido que se interceptó “in fraganti” en la zona urbana de Plottier, dijo el gerente del Ente de Desarrollo (EDEP), Marcos García.
Recordó que todos los residuos detectados en el camión que alcanzó a descargar bolsas en el suelo, deben tener tratamiento especial para su deposición final. El remito del chofer del transporte Crexell decía que su carga venía de Fortín de Piedra y que el generador sería TecPetrol.
Además de la intervención judicial, se involucró en el operativo a la secretaría de Medio Ambiente provincial, que fiscaliza el transporte de residuos contaminantes o peligrosos.
“Afortunadamente el vecino llamó en el momento en que se producía el hecho, se pudo registrar todo, avisar a los funcionarios y las entidades de Medio Ambiente que están encargadas de que esto no suceda y a quienes tienen que investigar lo que pasó”, dijo García.
García tiene a su cargo el área de Medio Ambiente de Plottier. En el momento en que un transporte dejó en un terreno bolsas de arena de las que se usan en los pozos petroleros, con restos de otros recipientes y barros de hidrocarburos, el vecino Víctor Olmedo activó la alarma con un certero llamado a las áreas de Defensa Civil y de Medio Ambiente de la comuna para frenar la situación.
Según explicó el gerente del EDEP, en el lugar constataron unos 9 metros cúbicos de bolsas de arena que adentro tenían otros envases, depositadas en un área residencial en las afueras de la localidad.
Específicamente a unos 1.500 metros a la salida oeste de la ciudad desde la Ruta 22 en dirección a Senillosa, un transporte dejó en el sector una montaña de bolsas.
“Algunos de los envases tenían etiquetas de que eran propiedad de Halliburton y el remito del chofer era de transportes Crexell, que venía de Fortín de Piedra; así es que se llamó a estas firmas el sábado por la tarde”, agregó García.
Explicó que luego la firma Crexell levantó el residuo y dispuso de los servicios de un camión Vactor para hacer el saneamiento del terreno, es decir, absorber la primera capa de tierra que pudo haber estado en contacto con las bolsas vacías que contenían residuos contaminantes.
“Algunos envases decían producto tóxico, cancerígeno e irritante, la mayor parte eran envases vacíos, aunque había restos de lo que podrían ser barros o similar. Lo importante es que reconocieron que eran de ellos, se lo llevaron y realizaron el saneamiento”, dijo García.
Por su parte la empresa Crexell informó que “el manejo de estos residuos ‘no contaminantes’ ha sido realizado por el transportista y por dos empleados de esta empresa sin la autorización de la misma” y que “tal hecho no resulta de responsabilidad de Tecpetrol, ni de Halliburton ni tampoco de Transportes Crexell, siendo el obrar de terceras personas”. Añadió que lo está investigando.
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Fecha de Publicación: 02/09/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Fueron detectados por un vecino, quien avisó en el mismo momento en el que las bolsas eran descargadas. Aunque fueron retirados del lugar, buscarán a los responsables.
Será la fiscalía de Delitos Ambientales la que determine responsabilidades y penalidades ante el vertido que se interceptó “in fraganti” en la zona urbana de Plottier, dijo el gerente del Ente de Desarrollo (EDEP), Marcos García.
Recordó que todos los residuos detectados en el camión que alcanzó a descargar bolsas en el suelo, deben tener tratamiento especial para su deposición final. El remito del chofer del transporte Crexell decía que su carga venía de Fortín de Piedra y que el generador sería TecPetrol.
Además de la intervención judicial, se involucró en el operativo a la secretaría de Medio Ambiente provincial, que fiscaliza el transporte de residuos contaminantes o peligrosos.
“Afortunadamente el vecino llamó en el momento en que se producía el hecho, se pudo registrar todo, avisar a los funcionarios y las entidades de Medio Ambiente que están encargadas de que esto no suceda y a quienes tienen que investigar lo que pasó”, dijo García.
García tiene a su cargo el área de Medio Ambiente de Plottier. En el momento en que un transporte dejó en un terreno bolsas de arena de las que se usan en los pozos petroleros, con restos de otros recipientes y barros de hidrocarburos, el vecino Víctor Olmedo activó la alarma con un certero llamado a las áreas de Defensa Civil y de Medio Ambiente de la comuna para frenar la situación.
Según explicó el gerente del EDEP, en el lugar constataron unos 9 metros cúbicos de bolsas de arena que adentro tenían otros envases, depositadas en un área residencial en las afueras de la localidad.
Específicamente a unos 1.500 metros a la salida oeste de la ciudad desde la Ruta 22 en dirección a Senillosa, un transporte dejó en el sector una montaña de bolsas.
“Algunos de los envases tenían etiquetas de que eran propiedad de Halliburton y el remito del chofer era de transportes Crexell, que venía de Fortín de Piedra; así es que se llamó a estas firmas el sábado por la tarde”, agregó García.
Explicó que luego la firma Crexell levantó el residuo y dispuso de los servicios de un camión Vactor para hacer el saneamiento del terreno, es decir, absorber la primera capa de tierra que pudo haber estado en contacto con las bolsas vacías que contenían residuos contaminantes.
“Algunos envases decían producto tóxico, cancerígeno e irritante, la mayor parte eran envases vacíos, aunque había restos de lo que podrían ser barros o similar. Lo importante es que reconocieron que eran de ellos, se lo llevaron y realizaron el saneamiento”, dijo García.
Por su parte la empresa Crexell informó que “el manejo de estos residuos ‘no contaminantes’ ha sido realizado por el transportista y por dos empleados de esta empresa sin la autorización de la misma” y que “tal hecho no resulta de responsabilidad de Tecpetrol, ni de Halliburton ni tampoco de Transportes Crexell, siendo el obrar de terceras personas”. Añadió que lo está investigando.
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Grave: gobierno casi modifica la ley de semillas por decreto
A último momento, el Gobierno frenó un decreto para modificar la ley de semillas
Fecha de Publicación: 30/08/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno desistió de una convocatoria al campo donde se iba a anunciar un decreto de necesidad y urgencia para modificar la actual ley de semillas luego de que había cursado las invitaciones al sector.
Para este jueves, a las 13.45, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, habían sido convocadas las empresas semilleras y entidades del sector para el anuncio de la modificación de la ley.
El 5 del actual, LA NACION anticipó que el jefe del Estado había contemplado la posibilidad de un decreto sobre el tema luego de que en el Congreso no se avanzó en el tratamiento de una nueva ley.
El año pasado, el oficialismo logró emitir un dictamen para modificar la normativa vigente desde 1973, cuando no existía la biotecnología y la soja apenas despuntaba en el país, con menos de 400.000 hectáreas (hoy, la superficie ronda los 18 millones de hectáreas, según las campañas).
El oficialismo alcanzó a fin de 2018 un dictamen que limita el uso propio (el derecho contemplado en la ley de 1973 por la cual un productor se puede guardar parte de la cosecha de trigo o soja para volver a usar como semilla en la siguiente campaña) y lo grava, salvo para pueblos originarios, agricultores familiares y productores que no superen un nivel de $4,8 millones de facturación.
Además, estableció con ese dictamen que por cinco años las empresas debían contemplar en la bolsa de semillas el valor que pretendían cobrar en concepto de regalías por la tecnología incorporada.
Pese al dictamen conseguido en el Congreso, el Gobierno nunca pudo llevarlo al recinto, aunque intentó poner el tema en la agenda de sesiones. El peronismo no prestó los votos necesarios para el quorum. El oficialismo solo tenía 109 voluntades.
Fuentes consultadas habían señalado a LA NACION que el decreto del presidente Mauricio Macri iba a tomar como base el dictamen en la Cámara de Diputados de la Nación.
Sin embargo, según trascendió, en el decreto no se iban a incluir algunos aspectos que estaban en el dictamen que molestaron a sectores del ruralismo y a empresas. Entre otros, en el dictamen se contemplaba una desgravación de Ganancias en la compra de semillas. En tanto, al sector industrial le habría molestado que se incluyera una prohibición para los controles privados.
La industria semillera ha venido reclamando una nueva ley para poder seguir trayendo tecnologías al país.
Hoy la venta de semillas fiscalizadas de soja, sin contar los acuerdos de regalías entre las empresas y los productores, ronda el 20% de la superficie de siembra, un porcentaje que en el sector consideran bajo.
El resto del mercado se divide entre el uso propio amparado en la misma ley de semillas y el circuito ilegal.
En valor, el mercado de semillas de soja ronda los US$200 millones, pero en la industria creen que, si se formalizara todo, podría ascender a unos US$1000 millones.
El de las semillas ha sido un tema complicado para el Gobierno. Apenas asumió, en diciembre de 2015, tuvo que afrontar un conflicto con la multinacional Monsanto y convencer a la empresa, hoy controlada por la alemana Bayer, de que desistiera de hacer controles privados en los puertos para detectar si la soja tenía una tecnología suya resistente a insectos.
Controles
Con una resolución para prohibir cualquier control privado no autorizado y ordenar que pasaran por la órbita del Instituto Nacional de Semillas (Inase), el Gobierno logró bajar la tensión con la compañía, que no obstante retiró del proceso de aprobación, ante la falta de un nuevo marco regulatorio por semillas, una soja que mejora el control de malezas.
Otras empresas también tienen frenadas nuevas tecnologías para el país hasta que se presente un nuevo marco para la propiedad intelectual.
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Los bosques siguen cayendo
Bosques: el Gran Chaco es uno de los 11 lugares con mayor deforestación
Fecha de Publicación: 29/08/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Mientras el mundo se estremece por los incendios en el Amazonas, los bosques nativos de la Argentina también se encuentran bajo asedio.
Informes oficiales y estudios realizados por institutos científicos y ONG muestran que se pierden anualmente cientos de miles de hectáreas de estos tesoros de la naturaleza que brindan servicios indispensables para la vida y el desarrollo socioeconómico.
Después del Amazonas, el Gran Chaco es la ecorregión boscosa más extensa del continente americano y la que despierta mayor preocupación. Es uno de los 11 puntos con mayor deforestación del mundo y, según calcula un trabajo de la Fundación Vida Silvestre (FVSA) realizado con apoyo técnico del INTA, si nada cambia, en 2028 habrá perdido una superficie equivalente a 200 veces la ciudad de Buenos Aires.
Otro estudio, esta vez de Greenpeace, advirtió a comienzos de este año que en el norte del país cuatro provincias concentran el 80% de los desmontes: Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta, y que el 36,3% de la superficie deforestada durante el lapso analizado correspondió a bosques nativos.
La ecorregión chaqueña se extiende en gran parte de la Argentina, Paraguay, Bolivia y una pequeña porción de Brasil, y sus bosques, matorrales, praderas, sabanas, pantanos y humedales la hacen algo único en el mundo.
Es, también, el mayor reservorio de bosque nativo que tiene el país. "A pesar de ser un área semidesértica por los parámetros climáticos, sostiene árboles con las maderas más duras del mundo", comenta Gustavo Sosa, ingeniero forestal y fundador de Inbioar, una compañía de investigación y desarrollo de herbicidas naturales.
Se calcula que "entre 2007 y 2014 se registró allí una pérdida de 1,95 millones de hectáreas de bosques a una tasa anual de desmonte comparable con la que ocurre en los focos de deforestación más altos del mundo -subraya Manuel Jaramillo, director de la FVSA-. De continuar con la misma tendencia, para 2028 se producirá una pérdida adicional de cuatro millones de hectáreas".
Y con el bosque se perderá su capacidad de capturar dióxido de carbono (gas de efecto invernadero), la biodiversidad que alberga y su acción regulatoria de la hidrología de la llanura. También dejarán de existir otros bienes no materiales, pero que influyen en la calidad de vida y pueden impulsar industrias como el turismo.
"A estos ecosistemas les pedimos varias cosas -explica Esteban Jobbágy, ingeniero agrónomo e investigador superior del Conicet en la Universidad Nacional de San Luis-. La más exigente es guardar la biblioteca prístina de la vida para las generaciones que vendrán. Eso podemos resolverlo preservando porcentajes de alrededor del 10% del bosque. También esperamos que guarde carbono, para lo que necesitamos superficies mucho más grandes. Y para que cumpla su función hidrológica se requiere como mínimo salvaguardar entre el 20% y el 50% de su superficie".
Además, según explica el investigador, los bosques tienen influencia en el clima, aunque todavía no se entiende exactamente cómo. "Por ejemplo -agrega-, sabemos que una parte importante de las lluvias en Salta, Santiago del Estero y hasta San Luis viene del Amazonas. Es decir que bosques lejanos pueden tener efectos sobre las precipitaciones a distancia. También, sobre las condiciones de temperatura".
El país tiene hoy unos 53 millones de hectáreas bajo el ordenamiento territorial que exige la llamada "ley de bosques", sancionada en 2007 y reglamentada en 2009. Es una categorización que deben hacer las provincias y consiste en asignarle un color a cada zona de acuerdo con sus usos posibles: desde la conservación (rojo) hasta la posibilidad de transformación para la agricultura (verde), pasando por el uso sustentable (amarillo).
"Del total, alrededor de 11 millones de hectáreas son de zonas verdes -dice Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales del ex-Ministerio de Ambiente-. Hasta 2014 o 2015, se deforestaban anualmente alrededor de 300.000 hectáreas; hoy, esa cifra está entre 150.000 y 170.000. Pero la ley no hay que mirarla solamente por los números de deforestación. El gran desafío es qué tipo de producción habilitamos en las áreas amarillas, porque hay intervenciones agresivas que terminan generando la pérdida del bosque. Lo que estamos buscando es el manejo con ganadería integrada, una modalidad a la que ya adhirieron 10 provincias".
Jaramillo, por su parte, considera que aunque hubo avances todavía resta hacer funcionar el sistema de asignación de recursos que dispone la ley para las áreas amarillas y rojas. "El presupuesto creció en valores absolutos, pero disminuyó en valores relativos -puntualiza-. Es necesario que crezcan los fondos y que las provincias sean mucho más ágiles en implementarlos y rendirlos".
Pero, a pesar de lo delicado de la situación, también hay buenas noticias. Una de ellas es que, aunque el avance de la actividad agrícola y ganadera hace retroceder los bosques, no necesariamente están perdidos para siempre. "En ecosistemas como el chaqueño, la tierra que hoy es agrícola puede volver a ser bosque; es un error pensar lo contrario -dice Jobbágy-. Son secos y naturalmente hay fuegos, por lo que tienen capacidad de recuperarse".
Además, los científicos también desafían la idea de que es imposible articular la actividad productiva con la protección de la naturaleza. "No es una cosa o la otra -destaca Lucas Garibaldi, director del Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural del Conicet-. Podemos implementar formas de producir promoviendo la biodiversidad".
Y afirma Jobbágy: "Para hacerlo posible, será necesaria una discusión muy profunda entre los actores que están en el territorio. En nuestro Chaco, el problema es que la producción se da en escala industrial, es diferente de lo que ocurre con la agricultura familiar que se puede practicar en África. Tenemos que promover acuerdos. Es difícil y no hay recetas automáticas".
Precisamente, en un documento distribuido ayer a la tarde de cara a las elecciones, la FVSA consigna: "Necesitamos instaurar un nuevo pacto entre la naturaleza y las personas que permita revertir la disminución de la biodiversidad de la Tierra. En particular, los cambios de uso del suelo -conversión y degradación de los ecosistemas naturales- y la forma en la que generamos, transmitimos y consumimos energía. Estos son los sistemas que tenemos que reordenar si la Argentina quiere crecer de manera sostenida".
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Fecha de Publicación: 29/08/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Mientras el mundo se estremece por los incendios en el Amazonas, los bosques nativos de la Argentina también se encuentran bajo asedio.
Informes oficiales y estudios realizados por institutos científicos y ONG muestran que se pierden anualmente cientos de miles de hectáreas de estos tesoros de la naturaleza que brindan servicios indispensables para la vida y el desarrollo socioeconómico.
Después del Amazonas, el Gran Chaco es la ecorregión boscosa más extensa del continente americano y la que despierta mayor preocupación. Es uno de los 11 puntos con mayor deforestación del mundo y, según calcula un trabajo de la Fundación Vida Silvestre (FVSA) realizado con apoyo técnico del INTA, si nada cambia, en 2028 habrá perdido una superficie equivalente a 200 veces la ciudad de Buenos Aires.
Otro estudio, esta vez de Greenpeace, advirtió a comienzos de este año que en el norte del país cuatro provincias concentran el 80% de los desmontes: Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta, y que el 36,3% de la superficie deforestada durante el lapso analizado correspondió a bosques nativos.
La ecorregión chaqueña se extiende en gran parte de la Argentina, Paraguay, Bolivia y una pequeña porción de Brasil, y sus bosques, matorrales, praderas, sabanas, pantanos y humedales la hacen algo único en el mundo.
Es, también, el mayor reservorio de bosque nativo que tiene el país. "A pesar de ser un área semidesértica por los parámetros climáticos, sostiene árboles con las maderas más duras del mundo", comenta Gustavo Sosa, ingeniero forestal y fundador de Inbioar, una compañía de investigación y desarrollo de herbicidas naturales.
Se calcula que "entre 2007 y 2014 se registró allí una pérdida de 1,95 millones de hectáreas de bosques a una tasa anual de desmonte comparable con la que ocurre en los focos de deforestación más altos del mundo -subraya Manuel Jaramillo, director de la FVSA-. De continuar con la misma tendencia, para 2028 se producirá una pérdida adicional de cuatro millones de hectáreas".
Y con el bosque se perderá su capacidad de capturar dióxido de carbono (gas de efecto invernadero), la biodiversidad que alberga y su acción regulatoria de la hidrología de la llanura. También dejarán de existir otros bienes no materiales, pero que influyen en la calidad de vida y pueden impulsar industrias como el turismo.
"A estos ecosistemas les pedimos varias cosas -explica Esteban Jobbágy, ingeniero agrónomo e investigador superior del Conicet en la Universidad Nacional de San Luis-. La más exigente es guardar la biblioteca prístina de la vida para las generaciones que vendrán. Eso podemos resolverlo preservando porcentajes de alrededor del 10% del bosque. También esperamos que guarde carbono, para lo que necesitamos superficies mucho más grandes. Y para que cumpla su función hidrológica se requiere como mínimo salvaguardar entre el 20% y el 50% de su superficie".
Además, según explica el investigador, los bosques tienen influencia en el clima, aunque todavía no se entiende exactamente cómo. "Por ejemplo -agrega-, sabemos que una parte importante de las lluvias en Salta, Santiago del Estero y hasta San Luis viene del Amazonas. Es decir que bosques lejanos pueden tener efectos sobre las precipitaciones a distancia. También, sobre las condiciones de temperatura".
El país tiene hoy unos 53 millones de hectáreas bajo el ordenamiento territorial que exige la llamada "ley de bosques", sancionada en 2007 y reglamentada en 2009. Es una categorización que deben hacer las provincias y consiste en asignarle un color a cada zona de acuerdo con sus usos posibles: desde la conservación (rojo) hasta la posibilidad de transformación para la agricultura (verde), pasando por el uso sustentable (amarillo).
"Del total, alrededor de 11 millones de hectáreas son de zonas verdes -dice Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales del ex-Ministerio de Ambiente-. Hasta 2014 o 2015, se deforestaban anualmente alrededor de 300.000 hectáreas; hoy, esa cifra está entre 150.000 y 170.000. Pero la ley no hay que mirarla solamente por los números de deforestación. El gran desafío es qué tipo de producción habilitamos en las áreas amarillas, porque hay intervenciones agresivas que terminan generando la pérdida del bosque. Lo que estamos buscando es el manejo con ganadería integrada, una modalidad a la que ya adhirieron 10 provincias".
Jaramillo, por su parte, considera que aunque hubo avances todavía resta hacer funcionar el sistema de asignación de recursos que dispone la ley para las áreas amarillas y rojas. "El presupuesto creció en valores absolutos, pero disminuyó en valores relativos -puntualiza-. Es necesario que crezcan los fondos y que las provincias sean mucho más ágiles en implementarlos y rendirlos".
Pero, a pesar de lo delicado de la situación, también hay buenas noticias. Una de ellas es que, aunque el avance de la actividad agrícola y ganadera hace retroceder los bosques, no necesariamente están perdidos para siempre. "En ecosistemas como el chaqueño, la tierra que hoy es agrícola puede volver a ser bosque; es un error pensar lo contrario -dice Jobbágy-. Son secos y naturalmente hay fuegos, por lo que tienen capacidad de recuperarse".
Además, los científicos también desafían la idea de que es imposible articular la actividad productiva con la protección de la naturaleza. "No es una cosa o la otra -destaca Lucas Garibaldi, director del Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural del Conicet-. Podemos implementar formas de producir promoviendo la biodiversidad".
Y afirma Jobbágy: "Para hacerlo posible, será necesaria una discusión muy profunda entre los actores que están en el territorio. En nuestro Chaco, el problema es que la producción se da en escala industrial, es diferente de lo que ocurre con la agricultura familiar que se puede practicar en África. Tenemos que promover acuerdos. Es difícil y no hay recetas automáticas".
Precisamente, en un documento distribuido ayer a la tarde de cara a las elecciones, la FVSA consigna: "Necesitamos instaurar un nuevo pacto entre la naturaleza y las personas que permita revertir la disminución de la biodiversidad de la Tierra. En particular, los cambios de uso del suelo -conversión y degradación de los ecosistemas naturales- y la forma en la que generamos, transmitimos y consumimos energía. Estos son los sistemas que tenemos que reordenar si la Argentina quiere crecer de manera sostenida".
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Pedido a Diputados por la ley nacional de gestión de envases
Envases: en busca de la responsabilidad del productor
Fecha de Publicación: 29/08/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
Diecisiete organizaciones reclaman a la Cámara de Diputados que se avance en el tratamiento de una ley nacional de gestión de envases.
Su objetivo: que las marcas se hagan cargo de los residuos de sus propios productos.
De una bolsa de residuos domiciliarios, en promedio, el 60% son envases. Bebidas, artículos de limpieza, envases y más envases. Las botellas de un sólo uso, elaboradas con plástico PET, son las predominantes entre ellos. Hoy no existe una ley en el país que regule su tratamiento. Una vez cumplido su uso, pasan a ser basura y su gestión queda librada a los circuitos locales de recolección y reciclaje. Frente a ello, 17 organizaciones presentaron una carta ante la Cámara de Diputados argumentando la necesidad de contar con una normativa que garantice su necesaria gestión.
“El debate que se ha dado históricamente sobre la gestión de envases se centra en definir quién va a ser el productor responsable por ese residuo que se genera”, explica Consuelo Bilbao, directora política del Círculo de Políticas Ambientales, una de las organizaciones firmantes, y subraya: “Al definir una red, cuando todos son responsables, no hay nadie responsable”.
El proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión de los Envases y Envases Post Consumo, bajo autoría de la diputada María Emilia Soria, se basa en el principio de Responsabilidad Extendida al Productor (REP). Es decir, que quien introduce un producto envasado al mercado, considere entre sus costos el residuo que genera. El espíritu del principio es preventivo: generar menos residuos. Presentado el año pasado, el proyecto aún espera y por ello las organizaciones han realizado el pedido de convocatoria a una reunión conjunta para acelerar el debate sobre éste y otro proyecto vinculado a la misma temática, presentado por el diputado Facundo Moyano, con especial foco en la inclusión social.
Bilbao diferencia que, bajo ese principio, el proyecto de Soria identifica al envasador como el responsable de la red: “Es importante desde el punto de vista del impacto en el ambiente, porque el envasador es el que determina toda la cadena. Hay un montón de características que hoy la empresa las define por marketing. Si tuvieran internalizado el costo de lo que es el residuo, van a cambiar su diseño para que sus productos puedan ser reciclados más fácilmente y para generar menos basura”. Según las organizaciones, “hoy el peso económico de la gestión lo afrontan los municipios, comprometiendo entre el 5 y 25% del presupuesto local”.
La lentitud en el tratamiento de proyectos de ley vinculados a cuestiones ambientales no es excluyente a este tema. Según un análisis del Círculo de Políticas Ambientales, “una cantidad significativa de proyectos de ley relativos a la cuestión ambiental (biodiversidad, contaminación, energía y cambio climático, entre otros) no avanza en el trámite parlamentario por diversas cuestiones”. Conforme el reporte, algunos proyectos llevan más de 20 años siendo presentados una y otra vez por distintos legisladores, y no terminan convirtiéndose en normas. Tal es el caso de la gestión de envases. Incluso, algunas de las leyes sancionadas en pos del cuidado del ambiente tienen luego un mínimo de cumplimiento. Pese a ello, Bilbao se muestra optimista respecto de la necesidad de avanzar en una agenda ambiental legislativa: “Las leyes son la única manera de garantizar algún tipo de régimen a futuro. Como sociedad civil, tenemos que seguir los temas para que se cumplan. La única manera de que se puedan instalar políticas públicas, especialmente en estos temas, es a través de leyes”.
Con fecha 6 de agosto pasado, la carta estuvo dirigida al diputado nacional Alejandro Echegaray, presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara. Las organizaciones firmantes fueron Fundación Vida Silvestre, Surfrider Foundation Argentina, Fundación FRAAM, Refugio del Sudoeste, AquaMarina, Aves Argentinas, Jardín Botánico Bahía Blanca, Asociación Naturalistas Geselinos, Global Penguin Society, Fundacion Temaikén, Fundación Cambio Democrático, Museo de Ciencias, Instituto de Conservación de Ballenas, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, WCS, Fundación Patagonia Natural y Círculo de Políticas Ambientales.
Los envases representan aproximadamente el 30% de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU). Garantizar su correcta gestión, bajo una responsabilidad extendida al productor, permitirá contribuir al desarrollo de una economía circular en la que los artículos vuelven a adquirir valor en los procesos, se reduce la cantidad de residuos y se privilegia el cuidado del ambiente.
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Fecha de Publicación: 29/08/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
Diecisiete organizaciones reclaman a la Cámara de Diputados que se avance en el tratamiento de una ley nacional de gestión de envases.
Su objetivo: que las marcas se hagan cargo de los residuos de sus propios productos.
De una bolsa de residuos domiciliarios, en promedio, el 60% son envases. Bebidas, artículos de limpieza, envases y más envases. Las botellas de un sólo uso, elaboradas con plástico PET, son las predominantes entre ellos. Hoy no existe una ley en el país que regule su tratamiento. Una vez cumplido su uso, pasan a ser basura y su gestión queda librada a los circuitos locales de recolección y reciclaje. Frente a ello, 17 organizaciones presentaron una carta ante la Cámara de Diputados argumentando la necesidad de contar con una normativa que garantice su necesaria gestión.
“El debate que se ha dado históricamente sobre la gestión de envases se centra en definir quién va a ser el productor responsable por ese residuo que se genera”, explica Consuelo Bilbao, directora política del Círculo de Políticas Ambientales, una de las organizaciones firmantes, y subraya: “Al definir una red, cuando todos son responsables, no hay nadie responsable”.
El proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión de los Envases y Envases Post Consumo, bajo autoría de la diputada María Emilia Soria, se basa en el principio de Responsabilidad Extendida al Productor (REP). Es decir, que quien introduce un producto envasado al mercado, considere entre sus costos el residuo que genera. El espíritu del principio es preventivo: generar menos residuos. Presentado el año pasado, el proyecto aún espera y por ello las organizaciones han realizado el pedido de convocatoria a una reunión conjunta para acelerar el debate sobre éste y otro proyecto vinculado a la misma temática, presentado por el diputado Facundo Moyano, con especial foco en la inclusión social.
Bilbao diferencia que, bajo ese principio, el proyecto de Soria identifica al envasador como el responsable de la red: “Es importante desde el punto de vista del impacto en el ambiente, porque el envasador es el que determina toda la cadena. Hay un montón de características que hoy la empresa las define por marketing. Si tuvieran internalizado el costo de lo que es el residuo, van a cambiar su diseño para que sus productos puedan ser reciclados más fácilmente y para generar menos basura”. Según las organizaciones, “hoy el peso económico de la gestión lo afrontan los municipios, comprometiendo entre el 5 y 25% del presupuesto local”.
La lentitud en el tratamiento de proyectos de ley vinculados a cuestiones ambientales no es excluyente a este tema. Según un análisis del Círculo de Políticas Ambientales, “una cantidad significativa de proyectos de ley relativos a la cuestión ambiental (biodiversidad, contaminación, energía y cambio climático, entre otros) no avanza en el trámite parlamentario por diversas cuestiones”. Conforme el reporte, algunos proyectos llevan más de 20 años siendo presentados una y otra vez por distintos legisladores, y no terminan convirtiéndose en normas. Tal es el caso de la gestión de envases. Incluso, algunas de las leyes sancionadas en pos del cuidado del ambiente tienen luego un mínimo de cumplimiento. Pese a ello, Bilbao se muestra optimista respecto de la necesidad de avanzar en una agenda ambiental legislativa: “Las leyes son la única manera de garantizar algún tipo de régimen a futuro. Como sociedad civil, tenemos que seguir los temas para que se cumplan. La única manera de que se puedan instalar políticas públicas, especialmente en estos temas, es a través de leyes”.
Con fecha 6 de agosto pasado, la carta estuvo dirigida al diputado nacional Alejandro Echegaray, presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara. Las organizaciones firmantes fueron Fundación Vida Silvestre, Surfrider Foundation Argentina, Fundación FRAAM, Refugio del Sudoeste, AquaMarina, Aves Argentinas, Jardín Botánico Bahía Blanca, Asociación Naturalistas Geselinos, Global Penguin Society, Fundacion Temaikén, Fundación Cambio Democrático, Museo de Ciencias, Instituto de Conservación de Ballenas, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, WCS, Fundación Patagonia Natural y Círculo de Políticas Ambientales.
Los envases representan aproximadamente el 30% de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU). Garantizar su correcta gestión, bajo una responsabilidad extendida al productor, permitirá contribuir al desarrollo de una economía circular en la que los artículos vuelven a adquirir valor en los procesos, se reduce la cantidad de residuos y se privilegia el cuidado del ambiente.
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Agroindustria sigue preocupado por el nuevo Código Penal
Analizaron el capítulo ambiental del proyecto de reforma del Código Penal
Fecha de Publicación: 27/08/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA), en conjunto con la Fundación Expoterra, organizó ayer el "Taller Proyecto de Reforma de Código Penal: Delitos contra el Ambiente".
El encuentro fue para presentar en el marco del proyecto de reforma del Código Penal los contenidos del Capítulo Ambiental y sus implicancias en el sector agropecuario y agroindustrial, según informó el CPIA.
"Los productores y los ingenieros agrónomos debemos cuidar los recursos naturales y lograr sistemas sustentables", indicó Fernando Vilella, presidente del CPIA.
Según se informó en marzo pasado, cuando se presentó la iniciativa, la reforma del Código Penal prevé la incorporación de delitos de contaminación y otros daños al ambiente, penados con multa e inhabilitación cuando la contaminación torne no apta para la ocupación humana un área urbana o rural; impida el uso público de ríos; provoque el desplazamiento de los habitantes de las áreas afectadas; cause daños directos graves para la salud de la población; o se efectúe sobre un área natural protegida. La modificación considera al ambiente como un bien jurídico protegido.
Además, se establece pena de prisión si como consecuencia de estas acciones resulta la muerte de alguna persona y también se tipifica la contaminación ambiental imprudente.
Asimismo, están contemplados los delitos de maltrato y crueldad contra los animales, con penas de prisión y multa.
"Todos los códigos penales modernos tienen su capítulo ambiental", dijo Patricia Llerena, camarista Penal de la Nación. "No hay delito sin ley penal previa", agregó.
Por su parte, Carlos Alberto Luisoni, auxiliar Letrado del Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, remarcó que "si no hay afectación, no hay delito". Añadió: "Existen riesgos permitidos aceptados por la sociedad en función de la utilidad a la misma".
En tanto, José Alberto Esain, docente de Posgrado en Derecho Ambiental de la Universidad de Buenos Aires, señaló que "en la Argentina no existe el derecho penal ambiental, a diferencia de otros países donde aparece el mandato en su Constitución".
"Con el nuevo proyecto de Código Penal, el ambiente es un bien jurídico colectivo y autónomo. Se tienen que cumplir distintas condiciones para que sea delito, el derecho penal es última ratio", precisó.
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Fecha de Publicación: 27/08/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA), en conjunto con la Fundación Expoterra, organizó ayer el "Taller Proyecto de Reforma de Código Penal: Delitos contra el Ambiente".
El encuentro fue para presentar en el marco del proyecto de reforma del Código Penal los contenidos del Capítulo Ambiental y sus implicancias en el sector agropecuario y agroindustrial, según informó el CPIA.
"Los productores y los ingenieros agrónomos debemos cuidar los recursos naturales y lograr sistemas sustentables", indicó Fernando Vilella, presidente del CPIA.
Según se informó en marzo pasado, cuando se presentó la iniciativa, la reforma del Código Penal prevé la incorporación de delitos de contaminación y otros daños al ambiente, penados con multa e inhabilitación cuando la contaminación torne no apta para la ocupación humana un área urbana o rural; impida el uso público de ríos; provoque el desplazamiento de los habitantes de las áreas afectadas; cause daños directos graves para la salud de la población; o se efectúe sobre un área natural protegida. La modificación considera al ambiente como un bien jurídico protegido.
Además, se establece pena de prisión si como consecuencia de estas acciones resulta la muerte de alguna persona y también se tipifica la contaminación ambiental imprudente.
Asimismo, están contemplados los delitos de maltrato y crueldad contra los animales, con penas de prisión y multa.
"Todos los códigos penales modernos tienen su capítulo ambiental", dijo Patricia Llerena, camarista Penal de la Nación. "No hay delito sin ley penal previa", agregó.
Por su parte, Carlos Alberto Luisoni, auxiliar Letrado del Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, remarcó que "si no hay afectación, no hay delito". Añadió: "Existen riesgos permitidos aceptados por la sociedad en función de la utilidad a la misma".
En tanto, José Alberto Esain, docente de Posgrado en Derecho Ambiental de la Universidad de Buenos Aires, señaló que "en la Argentina no existe el derecho penal ambiental, a diferencia de otros países donde aparece el mandato en su Constitución".
"Con el nuevo proyecto de Código Penal, el ambiente es un bien jurídico colectivo y autónomo. Se tienen que cumplir distintas condiciones para que sea delito, el derecho penal es última ratio", precisó.
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Chaco: piden declarar el Estado de Emergencia Ambiental
Bosques: diputados proponen declarar el Estado de Emergencia Ambiental en el Chaco
Fecha de Publicación: 26/08/2019
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
A través del Proyecto de Ley Nº 3331/19, la Diputada Provincial Gladis Cristaldo, acompañada de sus pares Andrea Charole, Aurelio Díaz y Daniel Trabalón, propician declarar el “Estado de Emergencia Ambiental”, con el objeto de regularizar y actualizar la situación de los Bosques Nativos en nuestra provincia, por el plazo de 1 año contado a partir de la vigencia de la presente ley.
La misma surge como consecuencia de la presentación realizada por el movimiento de organizaciones e instituciones con amplia experiencia en la defensa del monte chaqueño denominado “Somos Monte Chaco” ante la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente de nuestro Poder a través de la cual expresaron su preocupación por la constante realización de desmontes ilegales, ámbito en el que también solicitaron se realice el proceso de actualización del Ordenamiento Territorial, tal como se encuentra establecido en la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos N° 26331, con la debida información y participación de la sociedad.
Vale mencionar que el Decreto N° 91/2009 que reglamenta la Ley N° 26.331 de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos, establece en su artículo 6° que el Ordenamiento de Bosques Nativos (OTBN) debe actualizarse cada 5 años a partir de la aprobación del mismo, atento lo cual nuestra provincia se encontraría ante un claro incumplimiento de la misma.
Si bien en el año 2017 se inició un proceso de actualización, el mismo fue denunciado por poseer ciertas irregularidades en un “Taller de participación ciudadana” organizado en la localidad de Los Frentones el 11 de diciembre de 2018. Dicha circunstancia fue considerada para el dictado del Decreto 298/2019, a través de la cual el gobierno provincial suspende la actualización del OTNB como consecuencia de las denuncias efectuadas durante los meses de diciembre de 2018 y enero de 2019 por la ONG Greenpeace y diversas personas y organizaciones locales que hicieron notar públicamente que los cambios de categoría a nivel predial se tratan de un mecanismo equivocado de aplicación del OTBN. Además encomienda a la Subsecretaría de Recursos Naturales garantice la efectiva participación ciudadana y el registro de la opinión y aportes para dicho proceso.
Considerando las características de los procesos de OTBN, se espera que las actividades comprendidas en éstos sean cumplidas mayoritariamente por actores locales de manera que se facilite la articulación entre el conocimiento de la realidad del medio físico-natural, el conocimiento científico-técnico, el conocimiento de los aspectos sociales relacionados (patrimonio cultural, tenencia de la tierra, nomadismo) y el conocimiento de las normativas locales relacionadas y de la organización y dinámica institucional, es por ello que en el presente proyecto propendemos la participación de la sociedad civil, de instituciones educativas dedicadas a la temática, entre otros.
Por otro lado, el presente expresa la necesidad de que el Decreto provincial 1016/2017 mediante el cual se crea el “Programa Provincial de Restauración de Bosques Nativos” se convierta en ley, dotándolo de la jerarquía que el mismo merece al tener entre sus objetivos la recuperación de todos o algunos de los atributos del bosque original, remediar ambientes forestales degradados, recuperar suelos, entre otros. Es fundamental que tomemos conciencia de que ésta problemática que planteamos es profunda, compleja y merece una respuesta urgente de parte de éste Poder para garantizar el derecho que poseen todos los habitantes de la Provincia de vivir en un ambiente sano, equilibrado, sustentable y adecuado para el desarrollo humano, y a participar en las decisiones y gestiones públicas para preservarlo, así como el deber de conservarlo y defenderlo tal como lo establece el artículo 38 de nuestra Constitución Provincial.
Las diputadas y los diputados consideran que en estos últimos meses fueron muchas las voces que se alzaron en relación a la situación que atraviesa el bosque nativo, por lo que informan que la iniciativa tendrá su estudio en la comisión respectiva, en la que podrán asistir todos los sectores interesados o vinculados con la problemática, para realizar sus aportes o efectuar sus objeciones al respecto, previo a su tratamiento legislativo en sesión del Cuerpo.
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Fecha de Publicación: 26/08/2019
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
A través del Proyecto de Ley Nº 3331/19, la Diputada Provincial Gladis Cristaldo, acompañada de sus pares Andrea Charole, Aurelio Díaz y Daniel Trabalón, propician declarar el “Estado de Emergencia Ambiental”, con el objeto de regularizar y actualizar la situación de los Bosques Nativos en nuestra provincia, por el plazo de 1 año contado a partir de la vigencia de la presente ley.
La misma surge como consecuencia de la presentación realizada por el movimiento de organizaciones e instituciones con amplia experiencia en la defensa del monte chaqueño denominado “Somos Monte Chaco” ante la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente de nuestro Poder a través de la cual expresaron su preocupación por la constante realización de desmontes ilegales, ámbito en el que también solicitaron se realice el proceso de actualización del Ordenamiento Territorial, tal como se encuentra establecido en la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos N° 26331, con la debida información y participación de la sociedad.
Vale mencionar que el Decreto N° 91/2009 que reglamenta la Ley N° 26.331 de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos, establece en su artículo 6° que el Ordenamiento de Bosques Nativos (OTBN) debe actualizarse cada 5 años a partir de la aprobación del mismo, atento lo cual nuestra provincia se encontraría ante un claro incumplimiento de la misma.
Si bien en el año 2017 se inició un proceso de actualización, el mismo fue denunciado por poseer ciertas irregularidades en un “Taller de participación ciudadana” organizado en la localidad de Los Frentones el 11 de diciembre de 2018. Dicha circunstancia fue considerada para el dictado del Decreto 298/2019, a través de la cual el gobierno provincial suspende la actualización del OTNB como consecuencia de las denuncias efectuadas durante los meses de diciembre de 2018 y enero de 2019 por la ONG Greenpeace y diversas personas y organizaciones locales que hicieron notar públicamente que los cambios de categoría a nivel predial se tratan de un mecanismo equivocado de aplicación del OTBN. Además encomienda a la Subsecretaría de Recursos Naturales garantice la efectiva participación ciudadana y el registro de la opinión y aportes para dicho proceso.
Considerando las características de los procesos de OTBN, se espera que las actividades comprendidas en éstos sean cumplidas mayoritariamente por actores locales de manera que se facilite la articulación entre el conocimiento de la realidad del medio físico-natural, el conocimiento científico-técnico, el conocimiento de los aspectos sociales relacionados (patrimonio cultural, tenencia de la tierra, nomadismo) y el conocimiento de las normativas locales relacionadas y de la organización y dinámica institucional, es por ello que en el presente proyecto propendemos la participación de la sociedad civil, de instituciones educativas dedicadas a la temática, entre otros.
Por otro lado, el presente expresa la necesidad de que el Decreto provincial 1016/2017 mediante el cual se crea el “Programa Provincial de Restauración de Bosques Nativos” se convierta en ley, dotándolo de la jerarquía que el mismo merece al tener entre sus objetivos la recuperación de todos o algunos de los atributos del bosque original, remediar ambientes forestales degradados, recuperar suelos, entre otros. Es fundamental que tomemos conciencia de que ésta problemática que planteamos es profunda, compleja y merece una respuesta urgente de parte de éste Poder para garantizar el derecho que poseen todos los habitantes de la Provincia de vivir en un ambiente sano, equilibrado, sustentable y adecuado para el desarrollo humano, y a participar en las decisiones y gestiones públicas para preservarlo, así como el deber de conservarlo y defenderlo tal como lo establece el artículo 38 de nuestra Constitución Provincial.
Las diputadas y los diputados consideran que en estos últimos meses fueron muchas las voces que se alzaron en relación a la situación que atraviesa el bosque nativo, por lo que informan que la iniciativa tendrá su estudio en la comisión respectiva, en la que podrán asistir todos los sectores interesados o vinculados con la problemática, para realizar sus aportes o efectuar sus objeciones al respecto, previo a su tratamiento legislativo en sesión del Cuerpo.
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Cinco años más de emergencia para el Riachuelo
Extendieron la emergencia del Riachuelo
Fecha de Publicación: 26/08/2019
Fuente: ADN
Provincia/Región: Riachuelo
La Legislatura porteña aprobó por 36 votos afirmativos y 11 abstenciones una ley por la cual se extendió por cinco años la emergencia Social, Urbanística, Ambiental y Sanitaria de la Cuenca Matanza Riachuelo, a fin de poder continuar con las tareas de saneamiento y de relocalización de los vecinos.
Durante la sesión ordinaria de este jueves la Legislatura porteña sancionó una norma que establece la extensión por cinco años de la Emergencia Social, Urbanística, Ambiental y Sanitaria sobre la Cuenca Matanza Riachuelo a fin de “asegurar un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano presente y de las generaciones futuras”.
Además esta normativa contempla que durante el período de la extensión de la emergencia, representantes del Poder Ejecutivo informen anualmente las acciones implementadas y avances sobre el saneamiento de la Cuenca y la relocalización de personas de zonas aledañas, entre otros puntos.
Es que esta es la segunda vez que se amplía ese plazo, dado que la aprobación inicial en 2011 contemplaba cinco años de vigencia de la emergencia, pero en 2016 se aprobó en la Legislatura una prórroga por tres años más que caducará en septiembre, por lo que se planteó una nueva extensión hasta 2024.
En los fundamentos de la medida, los diputados explicaron que “el proceso de relocalización de las familias que habitan el Camino de Sirga no ha concluido; en consecuencia, el Paseo Lineal Ribereño muestra un avance del 91%, restando la construcción del 9%, para uso y goce de todos los vecinos de nuestra Ciudad. Además, se mantiene en condiciones de limpieza todo el margen izquierdo del río desde Puente de La Noria a Cuatro Bocas”.
Asimismo remarcaron que “se encuentran en plena ejecución los tres componentes del denominado Sistema Riachuelo, que finalizado significará una enorme diferencia en la calidad del agua de la Cuenca, cuya fecha estimada de culminación está prevista para el año 2023”.
La diputada Laura Marrone (ID) fundamentó la abstención de su bloque, entre otras cosas, porque “no se recibió ningún informe y se pidió la prórroga. Tenemos información preocupante de falta de respuesta a pedidos de relocalización de vecinos. La misma debería haber terminado y según informó ACUMAR en el 2018 faltaban 900 familias todavía”.
Mientras que el diputado Gabriel Solano dijo: “El mundo está conmocionado por lo que está pasando en el Amazonas y se trata este proyecto que no podemos acompañar de ninguna manera. Cuando leemos el articulado se nos está pidiendo un encubrimiento porque se suspende la reunión informativa de octubre. Es decir que no se cumplió lo que se debía hacer y tampoco hay rendición de cuentas”.
La diputada María Rosa Muiños (Bloque Peronista) opinó: “Nosotros queremos que se vote aparte la cláusula transitoria porque entendemos que la emergencia continúa pero consideramos que es contradictorio que el Ejecutivo no venga en octubre a dar el informe establecido por ley y se pase para abril de 2020”.
Respondiendo a las críticas la diputada Mercedes de las Casas (VJ) explicó que se decidió incluir la cláusula transitoria para que no se reitere el informe del Ejecutivo dos veces con meses de diferencia.
También chicaneó a los legisladores de la oposición recomendándoles que asistan a los informes que anualmente brinda el Ejecutivo “porque claramente no lo han hecho” y añadió: “Pedimos esta prórroga para terminar las obras y acompañar el reacomodamiento de la Cuenca para terminar de mejorar la calidad de vida de los vecinos”.
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Fecha de Publicación: 26/08/2019
Fuente: ADN
Provincia/Región: Riachuelo
La Legislatura porteña aprobó por 36 votos afirmativos y 11 abstenciones una ley por la cual se extendió por cinco años la emergencia Social, Urbanística, Ambiental y Sanitaria de la Cuenca Matanza Riachuelo, a fin de poder continuar con las tareas de saneamiento y de relocalización de los vecinos.
Durante la sesión ordinaria de este jueves la Legislatura porteña sancionó una norma que establece la extensión por cinco años de la Emergencia Social, Urbanística, Ambiental y Sanitaria sobre la Cuenca Matanza Riachuelo a fin de “asegurar un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano presente y de las generaciones futuras”.
Además esta normativa contempla que durante el período de la extensión de la emergencia, representantes del Poder Ejecutivo informen anualmente las acciones implementadas y avances sobre el saneamiento de la Cuenca y la relocalización de personas de zonas aledañas, entre otros puntos.
Es que esta es la segunda vez que se amplía ese plazo, dado que la aprobación inicial en 2011 contemplaba cinco años de vigencia de la emergencia, pero en 2016 se aprobó en la Legislatura una prórroga por tres años más que caducará en septiembre, por lo que se planteó una nueva extensión hasta 2024.
En los fundamentos de la medida, los diputados explicaron que “el proceso de relocalización de las familias que habitan el Camino de Sirga no ha concluido; en consecuencia, el Paseo Lineal Ribereño muestra un avance del 91%, restando la construcción del 9%, para uso y goce de todos los vecinos de nuestra Ciudad. Además, se mantiene en condiciones de limpieza todo el margen izquierdo del río desde Puente de La Noria a Cuatro Bocas”.
Asimismo remarcaron que “se encuentran en plena ejecución los tres componentes del denominado Sistema Riachuelo, que finalizado significará una enorme diferencia en la calidad del agua de la Cuenca, cuya fecha estimada de culminación está prevista para el año 2023”.
La diputada Laura Marrone (ID) fundamentó la abstención de su bloque, entre otras cosas, porque “no se recibió ningún informe y se pidió la prórroga. Tenemos información preocupante de falta de respuesta a pedidos de relocalización de vecinos. La misma debería haber terminado y según informó ACUMAR en el 2018 faltaban 900 familias todavía”.
Mientras que el diputado Gabriel Solano dijo: “El mundo está conmocionado por lo que está pasando en el Amazonas y se trata este proyecto que no podemos acompañar de ninguna manera. Cuando leemos el articulado se nos está pidiendo un encubrimiento porque se suspende la reunión informativa de octubre. Es decir que no se cumplió lo que se debía hacer y tampoco hay rendición de cuentas”.
La diputada María Rosa Muiños (Bloque Peronista) opinó: “Nosotros queremos que se vote aparte la cláusula transitoria porque entendemos que la emergencia continúa pero consideramos que es contradictorio que el Ejecutivo no venga en octubre a dar el informe establecido por ley y se pase para abril de 2020”.
Respondiendo a las críticas la diputada Mercedes de las Casas (VJ) explicó que se decidió incluir la cláusula transitoria para que no se reitere el informe del Ejecutivo dos veces con meses de diferencia.
También chicaneó a los legisladores de la oposición recomendándoles que asistan a los informes que anualmente brinda el Ejecutivo “porque claramente no lo han hecho” y añadió: “Pedimos esta prórroga para terminar las obras y acompañar el reacomodamiento de la Cuenca para terminar de mejorar la calidad de vida de los vecinos”.
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Entre Ríos: presentación judicial por decreto de fumigaciones
Activistas y docentes piden la nulidad del decreto que reglamenta la aplicación de agroquímicos
Fecha de Publicación: 23/08/2019
Fuente: AIM Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
El Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) presentaron en la sala III de la Cámara Civil y Comercial de Paraná un amparo colectivo ambiental, por el que se solicita la declaración de nulidad o inconstitucionalidad y la revocación del Decreto que reglamenta la aplicación de fitosanitarios, confirmó a AIM la abogada de la organización ambientalista, Aldana Sacia.
Las organizaciones demandaron a la justicia que declare “la nulidad del Decreto 2239 o su inconstitucionalidad”, indicó la abogada a esta Agencia, quien precisó que también tiene una medida cautelar por la que pide la suspensión de la aplicación del edicto “hasta tanto se expida un comité interdisciplinario compuesto por expertos idóneos en la materia, con conocimientos en el tema, quienes puedan aseverar que la reducción no causa perjuicio a la comunidad educativa de las escuelas rurales”.
Según interpretan las entidades, el nuevo decreto “es más irresponsable que el anterior por parte del Ejecutivo provincial, ya que dictó una norma sin sustento científico alguno y, lo que es más grave aún, no posee dictámenes del Ministerio de Salud y de las la secretarías de Medio Ambiente y de Producción”, indicó Sacia.
Por otro lado, la abogada indicó que concomitantemente a la puesta en vigencia del Decreto se aprobó con fuerza de Ley de la reforma a los Procedimientos Constitucionales. En ese sentido, lamentó que el proyecto a disposición del Ejecutivo para su promulgación fue tratado rápidamente en el hemiciclo de la Cámara Alta: “El gobierno aprobó un texto que es a medida de las mal llamadas entidades del campo, ya que se incorpora mayor burocracia a los procedimientos y generan obstáculos en los amparos”. Al respecto, precisó que “se habilita otra instancia, para que los amparos sean tratados por el pleno del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y no por las salas como venía siendo antes”. En ese sentido, consideró que fue “muy lamentable” la actitud de la Legislatura, pero agregó que las organizaciones que presentaron el amparo saben que hay otras instancias como la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Justicia, por lo que “el paso por la justicia entrerriana es una instancia primigenia que puede ser resuelta en instancias superiores”.
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Fecha de Publicación: 23/08/2019
Fuente: AIM Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
El Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) presentaron en la sala III de la Cámara Civil y Comercial de Paraná un amparo colectivo ambiental, por el que se solicita la declaración de nulidad o inconstitucionalidad y la revocación del Decreto que reglamenta la aplicación de fitosanitarios, confirmó a AIM la abogada de la organización ambientalista, Aldana Sacia.
Las organizaciones demandaron a la justicia que declare “la nulidad del Decreto 2239 o su inconstitucionalidad”, indicó la abogada a esta Agencia, quien precisó que también tiene una medida cautelar por la que pide la suspensión de la aplicación del edicto “hasta tanto se expida un comité interdisciplinario compuesto por expertos idóneos en la materia, con conocimientos en el tema, quienes puedan aseverar que la reducción no causa perjuicio a la comunidad educativa de las escuelas rurales”.
Según interpretan las entidades, el nuevo decreto “es más irresponsable que el anterior por parte del Ejecutivo provincial, ya que dictó una norma sin sustento científico alguno y, lo que es más grave aún, no posee dictámenes del Ministerio de Salud y de las la secretarías de Medio Ambiente y de Producción”, indicó Sacia.
Por otro lado, la abogada indicó que concomitantemente a la puesta en vigencia del Decreto se aprobó con fuerza de Ley de la reforma a los Procedimientos Constitucionales. En ese sentido, lamentó que el proyecto a disposición del Ejecutivo para su promulgación fue tratado rápidamente en el hemiciclo de la Cámara Alta: “El gobierno aprobó un texto que es a medida de las mal llamadas entidades del campo, ya que se incorpora mayor burocracia a los procedimientos y generan obstáculos en los amparos”. Al respecto, precisó que “se habilita otra instancia, para que los amparos sean tratados por el pleno del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y no por las salas como venía siendo antes”. En ese sentido, consideró que fue “muy lamentable” la actitud de la Legislatura, pero agregó que las organizaciones que presentaron el amparo saben que hay otras instancias como la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Justicia, por lo que “el paso por la justicia entrerriana es una instancia primigenia que puede ser resuelta en instancias superiores”.
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Arroyo El Gato: megadenuncia sin avances en la justicia
Vuelven a la carga por los niveles de contaminación alarmante en el Arroyo El Gato
Fecha de Publicación: 21/08/2019
Fuente: El Día (Buenos Aires)
Provincia/Región: Buenos Aires
En el Concejo Deliberante local se reiteró un pedido de informes sobre la situación actual y se solicitó un plan integral de saneamiento
Con un índice alto de la proporción de vecinos que viven en el área de influencia del Arroyo del Gato, desde el Concejo Deliberante platense vuelven a alertar por “niveles de contaminación alarmantes” en dicho curso de agua.
Concretamente, el concejal por el partido GEN, Gastón Crespo, reiteró al Ejecutivo municipal un pedido de informes sobre la situación del arroyo y acompañó la solicitud con un proyecto para llevar adelante un plan integral de saneamiento del cauce que atraviesa distintos sectores de la Ciudad.
Presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Concejo, el edil precisó que “más del 55 por ciento de la población local reside en el área de influencia del Arroyo del Gato, cuyos niveles de contaminación son alarmantes e implican un altísimo riesgo sanitario para las personas y el medio ambiente”.
El Arroyo del Gato, cuyo curso, de 35 kilómetros, atraviesa las localidades de Melchor Romero, Tolosa, Ringuelet y llega hasta la ciudad vecina de Ensenada (desemboca en Río Santiago), es, desde hace tiempo, motivo de preocupación. Por parte de los vecinos, por caso, se llegó al extremo de la inquietud en mayo del año pasado, cuando desde las inmediaciones de 12 y 514 se denunció la presencia de vuelcos que tiñeron el agua de un color violeta profundo. En esa ocasión se atribuyó la procedencia del extraño líquido, que curiosamente no emanaba olores demasiado perceptibles, a una de las industrias de la zona.
Más allá de ese hecho puntual, el arroyo que surca desde el oeste al este de la Región, pasando por parte del norte platense, suele ser blanco de permanentes reclamos vecinales por el estado de sus aguas, que mostraría un grado de contaminación que se advierte a simple vista del que resultaría, asimismo, un olor nauseabundo que suele impregnar la atmósfera de toda la zona de influencia.
Hasta un ex fiscal de la Ciudad, Rubén Sarlo, presentó en 2018 una denuncia en la Justicia Federal por “violación a la ley nacional de residuos peligrosos” de los arroyos de la Región y el del Gato se encuentra incluido entre todos a los que se apuntó como “contaminados”.
Ese expediente -el 10.088-, conocido como la “megadenuncia” porque, en rigor, contiene, además de la presentación de Sarlo, otras demandas por la misma causa, y porque, además, incluye a la casi totalidad de los arroyos de la Región y a los espejos de agua que lindan con las industrias petroquímicas radicadas en Berisso y Ensenada.
Explicó Sarlo que tanto los arroyos Rodríguez, El Gato, San Carlos, Martín, Carnaval, Doña Flora, Pérez y Del Pescado, como así también los espejos de agua alrededor de la planta de YPF (Berisso y Ensenada), ex Petroquímica General Mosconi, Laguna del Aeroclub y Ex Propulsora Siderúrgica, no reciben con regularidad el tratamiento (limpieza y dragado) necesario para no correr riesgos con la calidad de agua que consumen los vecinos. “Está en juego el patrimonio de la salud de la gente”, resaltó el ex fiscal que planteó la denuncia en el juzgado Federal Nº 3, a cargo de Ernesto Kreplak.
En el caso puntual del Arroyo del Gato la situación se agrava porque se trata de un caudal que recibe volumen de otros varios cursos de agua (Rodríguez, San Carlos, Carnaval, Pescado, Martín y Pérez) y, recargado de malezas, con poco fluir de su corriente, un suelo que contiene, según algunos estudios que se han efectuado, elementos químicos y, a veces, contaminado con efluentes industriales y vuelcos cloacales, va directo al sector de Punta Lara donde se sitúa la planta potabilizadora Donato Gerardi.
“Eso es lo único que se ha hecho hasta ahora desde que presenté la denuncia: que se trabaje en la planta potabilizadora y el beneficio es para un millón de personas. Pero lo que estoy pidiendo con urgencia es que se realice un relevamiento serio para determinar qué tipos de desechos contienen los arroyos”, subrayó Sarlo.
Alteración de la cuenca
Ahora, según señaló Crespo en su presentación en el cuerpo legislativo local, una investigación realizada por la Subcomisión Ecología del Club Regatas La Plata demostró que “el principal problema del Arroyo del Gato es la alteración de la calidad de su curso de agua y su influencia sobre la población de la cuenca, que se genera a partir de la presencia de distintas fuentes contaminantes como lo son los vertidos de efluentes cloacales sin tratar o insuficientemente tratados, los vertidos de efluentes líquidos industriales, los desagües pluviales con residuos sólidos, las conexiones clandestinas de cloacas, los vuelcos clandestinos de actividades no industriales (estaciones de servicio, lubricentros, talleres de pintura), los residuos sólidos urbanos que se arrojan directamente al curso del arroyo o son arrastrados desde basurales en las márgenes del mismo y el escurrimiento superficial de agroquímicos utilizados en áreas rurales, provenientes de la cuenca superior”.
Crespo sostuvo en su presentación que “tanto a la empresa prestadora del servicio de cloacas y agua de red, ABSA, como a la recolectora de residuos CEAMSE, les cabe una gran responsabilidad frente al estado del arroyo y tendrán que dar explicaciones por sus severas consecuencias”.
Crespo afirmó que “estas complicaciones son el resultado de la falta de planificación y dejan en evidencia una gestión territorial deficiente por parte de los organismos pertinentes”, y remarcó algunas de las medidas que se podrían poner en marcha para comenzar a dar solución a este problema, tales como el traslado de las personas que viven en sus márgenes, la reubicación de fábricas y empresas, la eliminación de basurales y la aplicación de un sistema de saneamiento.
“Por todo ello, exigimos información actualizada sobre los niveles de contaminación del arroyo El Gato y sus áreas de influencia, las regulaciones y las medidas tendientes a reducir estos daños; un estudio a cargo de la UNLP sobre la potabilidad del agua en la zona abastecida por la planta potabilizadora de Punta Lara; y que ABSA informe el estado actual de la planta de depuración de efluentes cloacales ubicada en las cercanías del Mercado Regional”, explicó el concejal.
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Justicia tucumana, confirma procesamiento de empresario
Confirman procesamiento de empresario tucumano por cometer delitos ambientales
Fecha de Publicación: 17/08/2019
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
La Cámara Federal de Tucumán confirmó el procesamiento de un empresario citrícola por cometer delitos ambientales, contaminando la cuenca del río Salí - Dulce con hierro, arsénico, cobre y fenoles provenientes del tratamiento de los limones para la venta y exportación.
Gendarmería Nacional luego de una extensa investigación demostró la contaminación de la empaquetadora de cítricos “Pablo José´ Padilla”, al no haber una planta de tratamiento de los efluentes que son producto del lavado de limones, como el agregado de otros compuestos químicos.
La sentencia de la Justicia Federal rechaza además, todos los planteos de nulidad a las pruebas periciales. La causa se inició con la denuncia de una vecina de la citrícola, ubicada en Camino del Perú km 3,5 en Cevil Redondo (Yerba Buena).
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Fecha de Publicación: 17/08/2019
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
La Cámara Federal de Tucumán confirmó el procesamiento de un empresario citrícola por cometer delitos ambientales, contaminando la cuenca del río Salí - Dulce con hierro, arsénico, cobre y fenoles provenientes del tratamiento de los limones para la venta y exportación.
Gendarmería Nacional luego de una extensa investigación demostró la contaminación de la empaquetadora de cítricos “Pablo José´ Padilla”, al no haber una planta de tratamiento de los efluentes que son producto del lavado de limones, como el agregado de otros compuestos químicos.
La sentencia de la Justicia Federal rechaza además, todos los planteos de nulidad a las pruebas periciales. La causa se inició con la denuncia de una vecina de la citrícola, ubicada en Camino del Perú km 3,5 en Cevil Redondo (Yerba Buena).
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La Pampa: piden que el glifosato se prohiba
Reclaman que se prohiba el glifosato en La Pampa
Fecha de Publicación: 12/08/2019
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
Vecinos de Intendente Alvear, Rancul, Realico acompañado por vecinos de Santa Rosa harán entrega de un petitorio al gobernador de la Provincia de La Pampa, Carlos Verna solicitándole que en todo el ámbito de la Provincia se deje de usar ya el Glifosato como agroquimico en la producción agrícola y se deje de fumigar en todo el territorio provincial.
"En el pedido se le harán llegar a Verna más de 1000 firma que en su momento los vecinos de Intendente Alvear acompañaron el anteproyecto de ordenanza para la localidad de distancia mínimas en las fumigaciones", aseguraron.
El año pasado un tribunal el Tribunal de San Francisco, Estados Unidos, determinó que “el Glifosato produce cáncer” y condenó a la firma Monsanto a resarcir económicamente al jardinero Dewayne Johnson, con la suma de 289 millones de dólares al comprobarse que la enfermedad del trabajador está en relación a las etiquetas comerciales de Glifosato Round up y Ranger Pro, productos con los cuales cumplía sus tareas.
Ante esta noticia de alcance mundial, el Colectivo Sanitario La Pampa recordó que “hace un tiempo largo venimos trabajando y advirtiendo, tratando de que se tome conciencia de que el modelo productivo agrícola con el cual hoy se trabaja en nuestra provincia con el uso indiscriminado de este agroquimico trae consecuencias muy peligrosa para la salud de quienes trabajan con este producto y también a toda la población en general”.
“El lamentable dato que tiene como víctima a un trabajador norteamericano, debe hacernos reflexionar rápidamente a todos pero fundamentalmente a todas las autoridades provinciales ya sea el ejecutivo como el legislativo, lo mismo para los municipales, y a quienes usan estos pesticidas y a toda las poblaciones para que no permitan que los sigan envenenando”, detallaron.
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Fecha de Publicación: 12/08/2019
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
Vecinos de Intendente Alvear, Rancul, Realico acompañado por vecinos de Santa Rosa harán entrega de un petitorio al gobernador de la Provincia de La Pampa, Carlos Verna solicitándole que en todo el ámbito de la Provincia se deje de usar ya el Glifosato como agroquimico en la producción agrícola y se deje de fumigar en todo el territorio provincial.
"En el pedido se le harán llegar a Verna más de 1000 firma que en su momento los vecinos de Intendente Alvear acompañaron el anteproyecto de ordenanza para la localidad de distancia mínimas en las fumigaciones", aseguraron.
El año pasado un tribunal el Tribunal de San Francisco, Estados Unidos, determinó que “el Glifosato produce cáncer” y condenó a la firma Monsanto a resarcir económicamente al jardinero Dewayne Johnson, con la suma de 289 millones de dólares al comprobarse que la enfermedad del trabajador está en relación a las etiquetas comerciales de Glifosato Round up y Ranger Pro, productos con los cuales cumplía sus tareas.
Ante esta noticia de alcance mundial, el Colectivo Sanitario La Pampa recordó que “hace un tiempo largo venimos trabajando y advirtiendo, tratando de que se tome conciencia de que el modelo productivo agrícola con el cual hoy se trabaja en nuestra provincia con el uso indiscriminado de este agroquimico trae consecuencias muy peligrosa para la salud de quienes trabajan con este producto y también a toda la población en general”.
“El lamentable dato que tiene como víctima a un trabajador norteamericano, debe hacernos reflexionar rápidamente a todos pero fundamentalmente a todas las autoridades provinciales ya sea el ejecutivo como el legislativo, lo mismo para los municipales, y a quienes usan estos pesticidas y a toda las poblaciones para que no permitan que los sigan envenenando”, detallaron.
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Caso Pelambres: la Policía Minera cuestionada
En la Justicia Federal pusieron la mira en la Policía Minera por la escombrera
Fecha de Publicación: 10/08/2019
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
El organismo oficial es el encargado del control en los proyectos de exploración y explotación de minerales.
De 2006 a 2012, la empresa Los Pelambres sacó unas 40 millones de toneladas de rocas de su mina en Chile y las arrojó en suelo calingastino, en el yacimiento de cobre que tiene bajo concesión la compañía Pachón SA. En la investigación por la construcción de la escombrera y su riesgo contaminante, en la Justicia Federal ahora pusieron la lupa en la Policía Minera. El fiscal Francisco Maldonado y el juez Leopoldo Rago Gallo pidieron informes al Ministerio de Minería dado que quieren determinar si el organismo estaba al tanto de lo que ocurría, si sabían que se trataba de territorio argentino y si hicieron los controles en el emprendimiento que se encuentra en exploración. De lo que surja del análisis de la información, el representante del Ministerio Público o el magistrado definirán si se debe o no investigar a uno o más funcionarios de esa época por algún tipo de responsabilidad, negligencia u omisión en la tarea de verificación, explicaron fuentes vinculadas a la causa.
El dato surgió luego de que Rago Gallo indagara a tres exdirectivos de Pachón SA, que cumplieron funciones en la empresa mientras se armó la montaña de escombros (Ver recuadro). La sospecha contra los exjerarcas es que no hicieron nada para evitar que se construyera la escombrera dado que Los Pelambres estuvo depositando millones de toneladas de rocas en el área que tienen en concesión y bajo custodia. Desde Pachón presentaron la demanda contra la minera chilena en 2014 y un año después hicieron la denuncia. En la causa ya están imputados (y a la espera de la resolución de su situación procesal) ejecutivos de la minera chilena, que se encuentran bajo la lupa por el delito de contaminación. Estos son Ignacio Cruz Zabala, Alberto Cerda Mery, Robert Mayne-Nicholls, de la minera Los Pelambres, y Francisco Veloso, de Antofagasta Minerals, el grupo que controla la empresa trasandina.
Como la investigación está abierta, tanto el juez como el fiscal pueden ampliarla hacia otros supuestos implicados. Las fuentes indicaron que Maldonado le solicitó medidas a Rago Gallo y que este le hizo lugar, entre las que se encuentran informes sobre la actuación de la Policía Minera durante el lapso en el que se armó la escombrera. Entre sus funciones, el organismo oficial ejerce el control sobre los trabajos de prospección, exploración, explotación y procesamientos de minerales. Los investigadores buscan establecer si hay o no responsables de algún accionar negligente o una omisión en el control. En ese punto, bucearán sobre qué chequeos se realizaron y dónde y si se conocía, por ejemplo, que la escombrera estaba en suelo argentino. Si encuentran alguna irregularidad, se formalizará recién una sospecha y una imputación contra uno o varios supuestos implicados. En cambio, si no hay nada y el accionar fue el correcto, no es necesaria ningún tipo de resolución dado que no habrá responsables y la causa seguirá tal cual está hasta el momento.
Retiro
Tras la orden judicial, la minera Los Pelambres ha sacado 13 millones de toneladas de rocas de las 40 millones que conformaban la escombrera. A ese ritmo, desde la empresa calculan terminar antes del plan presentado en la Justicia Federal.
Sanción
Por la escombrera, el Gobierno sanjuanino le aplicó a la empresa Pachón SA la sanción más dura que contempla el Código de Minería. La multa fue de 41.491.200 pesos por cuatro cargos, entre los que se encuentra la falta de protección ambiental.
Los descargos de exdirectivos de Pachón
Luis Enrique Lucero (exdirector titular de Pachón SA) y Julián Patricio Rooney (exvicepresidente) fueron los que completaron la ronda de indagatorias por la investigación de la construcción de la escombrera. Ambos explicaron que no tenían conocimiento sobre el depósito de los residuos, ya que ninguno trabajó en la zona, dijeron fuentes calificadas. Es que Lucero se encargaba de la parte administrativa y legal, mientras que Rooney lo hacía en el área contable.
La semana pasada, el juez Rago Gallo había interrogado al expresidente de la empresa, Xavier Luis Ochoa Paressini. El exgerente estaba al frente de Pachón cuando se dio el armado de la escombrera. Sin embargo, manifestó que no estaba claro el límite entre Argentina y Chile, por lo que no podía saber si los desechos estaban de un lado o de otro o dentro o fuera de la propiedad cuando se arrojaron.
Fuentes calificadas explicaron que los límites entre ambos países están establecidos desde el año 1900. Los tres están en la mira por el delito de contaminación. El que falta es Robert Frank Drabik, quien fue gerente y aún no puede ser localizado.
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Fecha de Publicación: 10/08/2019
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
El organismo oficial es el encargado del control en los proyectos de exploración y explotación de minerales.
De 2006 a 2012, la empresa Los Pelambres sacó unas 40 millones de toneladas de rocas de su mina en Chile y las arrojó en suelo calingastino, en el yacimiento de cobre que tiene bajo concesión la compañía Pachón SA. En la investigación por la construcción de la escombrera y su riesgo contaminante, en la Justicia Federal ahora pusieron la lupa en la Policía Minera. El fiscal Francisco Maldonado y el juez Leopoldo Rago Gallo pidieron informes al Ministerio de Minería dado que quieren determinar si el organismo estaba al tanto de lo que ocurría, si sabían que se trataba de territorio argentino y si hicieron los controles en el emprendimiento que se encuentra en exploración. De lo que surja del análisis de la información, el representante del Ministerio Público o el magistrado definirán si se debe o no investigar a uno o más funcionarios de esa época por algún tipo de responsabilidad, negligencia u omisión en la tarea de verificación, explicaron fuentes vinculadas a la causa.
El dato surgió luego de que Rago Gallo indagara a tres exdirectivos de Pachón SA, que cumplieron funciones en la empresa mientras se armó la montaña de escombros (Ver recuadro). La sospecha contra los exjerarcas es que no hicieron nada para evitar que se construyera la escombrera dado que Los Pelambres estuvo depositando millones de toneladas de rocas en el área que tienen en concesión y bajo custodia. Desde Pachón presentaron la demanda contra la minera chilena en 2014 y un año después hicieron la denuncia. En la causa ya están imputados (y a la espera de la resolución de su situación procesal) ejecutivos de la minera chilena, que se encuentran bajo la lupa por el delito de contaminación. Estos son Ignacio Cruz Zabala, Alberto Cerda Mery, Robert Mayne-Nicholls, de la minera Los Pelambres, y Francisco Veloso, de Antofagasta Minerals, el grupo que controla la empresa trasandina.
Como la investigación está abierta, tanto el juez como el fiscal pueden ampliarla hacia otros supuestos implicados. Las fuentes indicaron que Maldonado le solicitó medidas a Rago Gallo y que este le hizo lugar, entre las que se encuentran informes sobre la actuación de la Policía Minera durante el lapso en el que se armó la escombrera. Entre sus funciones, el organismo oficial ejerce el control sobre los trabajos de prospección, exploración, explotación y procesamientos de minerales. Los investigadores buscan establecer si hay o no responsables de algún accionar negligente o una omisión en el control. En ese punto, bucearán sobre qué chequeos se realizaron y dónde y si se conocía, por ejemplo, que la escombrera estaba en suelo argentino. Si encuentran alguna irregularidad, se formalizará recién una sospecha y una imputación contra uno o varios supuestos implicados. En cambio, si no hay nada y el accionar fue el correcto, no es necesaria ningún tipo de resolución dado que no habrá responsables y la causa seguirá tal cual está hasta el momento.
Retiro
Tras la orden judicial, la minera Los Pelambres ha sacado 13 millones de toneladas de rocas de las 40 millones que conformaban la escombrera. A ese ritmo, desde la empresa calculan terminar antes del plan presentado en la Justicia Federal.
Sanción
Por la escombrera, el Gobierno sanjuanino le aplicó a la empresa Pachón SA la sanción más dura que contempla el Código de Minería. La multa fue de 41.491.200 pesos por cuatro cargos, entre los que se encuentra la falta de protección ambiental.
Los descargos de exdirectivos de Pachón
Luis Enrique Lucero (exdirector titular de Pachón SA) y Julián Patricio Rooney (exvicepresidente) fueron los que completaron la ronda de indagatorias por la investigación de la construcción de la escombrera. Ambos explicaron que no tenían conocimiento sobre el depósito de los residuos, ya que ninguno trabajó en la zona, dijeron fuentes calificadas. Es que Lucero se encargaba de la parte administrativa y legal, mientras que Rooney lo hacía en el área contable.
La semana pasada, el juez Rago Gallo había interrogado al expresidente de la empresa, Xavier Luis Ochoa Paressini. El exgerente estaba al frente de Pachón cuando se dio el armado de la escombrera. Sin embargo, manifestó que no estaba claro el límite entre Argentina y Chile, por lo que no podía saber si los desechos estaban de un lado o de otro o dentro o fuera de la propiedad cuando se arrojaron.
Fuentes calificadas explicaron que los límites entre ambos países están establecidos desde el año 1900. Los tres están en la mira por el delito de contaminación. El que falta es Robert Frank Drabik, quien fue gerente y aún no puede ser localizado.
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Entre Ríos: manifiestación contra el decreto de fumigaciones
Repudiaron el decreto que regula fumigaciones
Fecha de Publicación: 09/08/2019
Fuente: Diario Uno (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
Los cuestionamientos fueron dirigidos al fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, y al gobernador de la provincia, Gustavo Bordet.
Se realizó ayer en la Plaza General Ramírez de Concepción del Uruguay una concentración contra el nuevo decreto del gobierno provincial que impone nuevas pautas para realizar fumigaciones en cercanías de escuelas rurales en Entre Ríos. En la movilización confluyeron diferentes organizaciones ambientales y educativas, entre ellas Paren de Fumigar las Escuelas y la seccional Agmer del Departamento Uruguay.
Una radio abierta abrió la jornada en la que se escucharon diferentes voces que manifestaron su preocupación por las nuevas condiciones que se fijaron para reglamentar la producción agrícola en la provincia.
Los cuestionamientos fueron dirigidos al fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, y al gobernador de la provincia, Gustavo Bordet.
Uno de los oradores sostuvo que la ley de Plaguicidas “no se cumplió jamás”. Y entre los déficits mencionó que no se reclamó la receta agronómica y el aviso con 48 horas de anticipación.
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Lorenzetti advirtió sobre la situación ambiental
Lorenzetti advirtió: “La situación es gravísima en materia ambiental”
Fecha de Publicación: 08/08/2019
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
El ministro de la Corte Suprema alertó sobre la ausencia del tema en la actual campaña electoral y mundial: “Nadie habla mucho de esto y ocurre que todo eso va al Poder Judicial”
Ricardo Lorenzetti, ministro de la Corte Suprema de Justicia disertó el pasado sábado en un congreso internacional de daños organizado en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) de Corrientes y alertó sobre el hecho de que “la situación es gravísima en materia ambiental” pero que “no se la ve como un tema de agenda en las campañas políticas”.
Asimismo señaló que la cuestión ambiental “no se la ve como un tema de agenda, en las campañas políticas o en los discursos públicos, nadie habla mucho de esto y ocurre que todo eso va al Poder Judicial” y agregó: “Básicamente el problema es también la conciencia social, porque -fíjense- estamos entrando en una campaña de elección de Presidente y nadie habla de esto, no es un tema y en ningún país del mundo hoy es un gran tema”.
Lorenzetti afirmó que es necesario “volver a poner en coordinación el funcionamiento del sistema económico, el social y el ambiental: hoy va cada uno por su lado y estamos destrozando los tres, y eso va a hacer que poco a poco las sociedades sean cada vez más difíciles, con lugares con crisis ambientales muy serias”.
La naturaleza, sujeto de derecho
Por ello, sostuvo que “la naturaleza es un sujeto de derecho -o un bien jurídico, depende de las distintas posiciones- y tiene que ser tutelado, es débil” ya que “cuando la naturaleza es escasa y débil se provocan conflictos”.
En ese sentido, planteó auditorio la importancia de aplicar en la Justicia el aspecto “intergeneracional” y justificó: “Estamos agotando muchísimos recursos” y es necesario “introducir a las generaciones futuras como sujetos de derecho en los procesos”.
“Así como hay un defensor del Pueblo, que haya un defensor de las generaciones futuras en los procesos, esto es una reforma también términos procesales y constitucionales”, indicó.
La situación en el mundo
“El tema ambiental es muy importante en todo el país y en el planeta porque la verdad es que hay mucha declaración sobre la importancia del cuidado del medio ambiente, pero en la práctica no sucede lo mismo, hay mucho discurso pero después se hace lo contrario”, sostuvo el juez, a cargo del panel “Catástrofes ambientales y tragedias sociales” del congreso internacional de daños organizado en la UNNE.
Además, Lorenzetti destacó la declaración de constitucionalidad de la Ley de Glaciares por parte de la Corte Suprema de Justicia y destacó que “la situación es gravísima en materia ambiental”.
A ese respecto, se refirió a las catástrofes humanitarias que generan las alteraciones de la naturaleza y lo unió al derecho al señalar que “lo que se hace ahora es ver paso a paso antes de tomar una medida, cuáles son las consecuencias, y por eso la ley tiene dos principios, uno es la prevención y otro es la precaución: frente a la duda hay que proteger la naturaleza”.
En ese contexto, cabe recordar que, semanas atrás, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitió un informe titulado “Trabajar en un planeta más caliente: El impacto del estrés térmico en la productividad laboral y el trabajo decente”, en el que alerta sobre diversas consecuencias del calentamiento global y prevé -para 2030- pérdidas de productividad en todo el mundo equivalentes a 80 millones de puestos de trabajo a tiempo completo. Ese cálculo es conservador, ya que se estimó un aumento promedio de la temperatura a escala mundial no superior a 1,5°C.
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Fecha de Publicación: 08/08/2019
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
El ministro de la Corte Suprema alertó sobre la ausencia del tema en la actual campaña electoral y mundial: “Nadie habla mucho de esto y ocurre que todo eso va al Poder Judicial”
Ricardo Lorenzetti, ministro de la Corte Suprema de Justicia disertó el pasado sábado en un congreso internacional de daños organizado en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) de Corrientes y alertó sobre el hecho de que “la situación es gravísima en materia ambiental” pero que “no se la ve como un tema de agenda en las campañas políticas”.
Asimismo señaló que la cuestión ambiental “no se la ve como un tema de agenda, en las campañas políticas o en los discursos públicos, nadie habla mucho de esto y ocurre que todo eso va al Poder Judicial” y agregó: “Básicamente el problema es también la conciencia social, porque -fíjense- estamos entrando en una campaña de elección de Presidente y nadie habla de esto, no es un tema y en ningún país del mundo hoy es un gran tema”.
Lorenzetti afirmó que es necesario “volver a poner en coordinación el funcionamiento del sistema económico, el social y el ambiental: hoy va cada uno por su lado y estamos destrozando los tres, y eso va a hacer que poco a poco las sociedades sean cada vez más difíciles, con lugares con crisis ambientales muy serias”.
La naturaleza, sujeto de derecho
Por ello, sostuvo que “la naturaleza es un sujeto de derecho -o un bien jurídico, depende de las distintas posiciones- y tiene que ser tutelado, es débil” ya que “cuando la naturaleza es escasa y débil se provocan conflictos”.
En ese sentido, planteó auditorio la importancia de aplicar en la Justicia el aspecto “intergeneracional” y justificó: “Estamos agotando muchísimos recursos” y es necesario “introducir a las generaciones futuras como sujetos de derecho en los procesos”.
“Así como hay un defensor del Pueblo, que haya un defensor de las generaciones futuras en los procesos, esto es una reforma también términos procesales y constitucionales”, indicó.
La situación en el mundo
“El tema ambiental es muy importante en todo el país y en el planeta porque la verdad es que hay mucha declaración sobre la importancia del cuidado del medio ambiente, pero en la práctica no sucede lo mismo, hay mucho discurso pero después se hace lo contrario”, sostuvo el juez, a cargo del panel “Catástrofes ambientales y tragedias sociales” del congreso internacional de daños organizado en la UNNE.
Además, Lorenzetti destacó la declaración de constitucionalidad de la Ley de Glaciares por parte de la Corte Suprema de Justicia y destacó que “la situación es gravísima en materia ambiental”.
A ese respecto, se refirió a las catástrofes humanitarias que generan las alteraciones de la naturaleza y lo unió al derecho al señalar que “lo que se hace ahora es ver paso a paso antes de tomar una medida, cuáles son las consecuencias, y por eso la ley tiene dos principios, uno es la prevención y otro es la precaución: frente a la duda hay que proteger la naturaleza”.
En ese contexto, cabe recordar que, semanas atrás, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitió un informe titulado “Trabajar en un planeta más caliente: El impacto del estrés térmico en la productividad laboral y el trabajo decente”, en el que alerta sobre diversas consecuencias del calentamiento global y prevé -para 2030- pérdidas de productividad en todo el mundo equivalentes a 80 millones de puestos de trabajo a tiempo completo. Ese cálculo es conservador, ya que se estimó un aumento promedio de la temperatura a escala mundial no superior a 1,5°C.
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Tucumán protegerá sus rapaces
Protegerán a las aves rapaces en el territorio provincial
Fecha de Publicación: 06/08/2019
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
Una resolución de Flora y Fauna regulará la habilitación de Cetrería a través de un registro provincial.
A raíz de la necesidad de reglamentar la actividad de cetrería como caza deportiva y control de poblaciones perjudiciales en la provincia, la Dirección de Flora, Fauna y Suelos de la Secretaría de Medio Ambiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, informó que a través de la resolución Nº 143/2019 se regulará la Habilitación de Cetrería a través de un Registro provincial.
El objetivo de la medida es proteger a las aves rapaces en el ámbito provincial, teniendo en cuenta que la actividad de la cetrería consiste en la cría, cuidado y entrenamiento de aves rapaces para la cacería de presas silvestres en el medio natural.
De acuerdo a la resolución, esta disciplina es una actividad en crecimiento en nuestro país y puede utilizarse como una herramienta de control biológico de plagas, sin generar impactos negativos en el ambiente.
Combate de plagas
El rol de las aves rapaces autóctonas como depredadoras naturales es fundamental para el adecuado funcionamiento de los ecosistemas, principalmente por encontrarse en el tope de las cadenas tróficas. Estas aves se alimentan principalmente de pequeños roedores y aves, como palomas y cotorras.
Siendo capaces de regular las poblaciones de especiales perjudiciales para la sociedad, que son vectores de enfermedades y en otros casos son consideradas plaga en los cultivos. Es el caso de roedores transmisores de hantavirosis, fiebre hemorrágica, leptospirosis, salmonelosis, entre otras, y palomas y catas, transmisoras de histoplasmosis, criptococosis y salmonelosis.
Registro de Cetreros
De acuerdo a lo establecido por la ley Nº 6.292 se crea un Registro provincial de las actividades previstas a los fines de su control. La actividad será arancelada según lo dispone la normativa. Por tal motivo, se habilita la práctica de la cetrería sólo con fines deportivos y de control de especies perjudiciales.
Se establece un Registro de Cetreros, donde deberán inscribirse quienes practiquen esta actividad por medio de una Licencia de Cetrería. Consistente en un carnet emitido por la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos, que habilita al cetrero a la práctica de la disciplina por el tiempo de validez de seis meses si es solicitada por primera vez. La primera renovación durará seis meses y renovaciones posteriores un año. La credencial será personal e intransferible.
También se dará un permiso temporal de centraría al cetrero no registrado en la provincia a realizar la actividad de caza deportiva y control de plagas. Y se registrará a cetreros no activos.
Los interesados podrán realizar consultas y serán asesorados en la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos, ubicada en calle Córdoba 1039., informaron desde comunicaciontucuman.gob.ar.
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Fecha de Publicación: 06/08/2019
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
Una resolución de Flora y Fauna regulará la habilitación de Cetrería a través de un registro provincial.
A raíz de la necesidad de reglamentar la actividad de cetrería como caza deportiva y control de poblaciones perjudiciales en la provincia, la Dirección de Flora, Fauna y Suelos de la Secretaría de Medio Ambiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, informó que a través de la resolución Nº 143/2019 se regulará la Habilitación de Cetrería a través de un Registro provincial.
El objetivo de la medida es proteger a las aves rapaces en el ámbito provincial, teniendo en cuenta que la actividad de la cetrería consiste en la cría, cuidado y entrenamiento de aves rapaces para la cacería de presas silvestres en el medio natural.
De acuerdo a la resolución, esta disciplina es una actividad en crecimiento en nuestro país y puede utilizarse como una herramienta de control biológico de plagas, sin generar impactos negativos en el ambiente.
Combate de plagas
El rol de las aves rapaces autóctonas como depredadoras naturales es fundamental para el adecuado funcionamiento de los ecosistemas, principalmente por encontrarse en el tope de las cadenas tróficas. Estas aves se alimentan principalmente de pequeños roedores y aves, como palomas y cotorras.
Siendo capaces de regular las poblaciones de especiales perjudiciales para la sociedad, que son vectores de enfermedades y en otros casos son consideradas plaga en los cultivos. Es el caso de roedores transmisores de hantavirosis, fiebre hemorrágica, leptospirosis, salmonelosis, entre otras, y palomas y catas, transmisoras de histoplasmosis, criptococosis y salmonelosis.
Registro de Cetreros
De acuerdo a lo establecido por la ley Nº 6.292 se crea un Registro provincial de las actividades previstas a los fines de su control. La actividad será arancelada según lo dispone la normativa. Por tal motivo, se habilita la práctica de la cetrería sólo con fines deportivos y de control de especies perjudiciales.
Se establece un Registro de Cetreros, donde deberán inscribirse quienes practiquen esta actividad por medio de una Licencia de Cetrería. Consistente en un carnet emitido por la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos, que habilita al cetrero a la práctica de la disciplina por el tiempo de validez de seis meses si es solicitada por primera vez. La primera renovación durará seis meses y renovaciones posteriores un año. La credencial será personal e intransferible.
También se dará un permiso temporal de centraría al cetrero no registrado en la provincia a realizar la actividad de caza deportiva y control de plagas. Y se registrará a cetreros no activos.
Los interesados podrán realizar consultas y serán asesorados en la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos, ubicada en calle Córdoba 1039., informaron desde comunicaciontucuman.gob.ar.
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Bordet permite ahora fumigar cerca de escuelas
Reglamentaron los agroquímicos: habrá unidades de control cerca de escuelas y comunidades rurales
Fecha de Publicación: 03/08/2019
Fuente: El Día (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
Para la aplicación de plaguicidas, la provincia estableció zonas límites de entre 500 a 3.000 metros de las escuelas
El gobierno entrerriano estableció zonas de exclusión que llegan a los 500 metros, áreas de restricción que llegan a los 3.000 metros y unidades centinelas y de control en escuelas rurales y agrotécnicas para la aplicación de plaguicidas y productos fitosanitarios. También prohibió el uso de máquinas pulverizadoras no registradas e instruyó al Ministerio de Salud a realizar un programa de seguimiento de la salud de agricultores y comunidades rurales.
Las decisiones están contenidas en el decreto n° 2239/ 19 del Poder Ejecutivo que instruye además al Consejo de Educación a elaborar un mapa georeferenciado de las escuelas rurales, y a la Secretaria de la Producción a aplicar un sistema de monitoreo remoto, a reempadronar todos los equipos de aplicación en uso en Entre Ríos y a celebrar convenios de capacitación con el INTA y las universidades.
El gobernador firmó un reglamento en forma de decreto consistente en implementar un sistema de controles para la aplicación de plaguicidas en la provincia de Entre Ríos en los inmuebles cercanos a escuelas rurales.
Al respecto, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, precisó que “el reglamento implica un sistema de control que no se limita a distancias, sino que implica un sistema que pone en marcha distintos mecanismos para impedir casos de contacto entre el producto que se aplica y la persona humana, sea un maestro, alumno, un trabajador rural, sea quien sea en el ámbito de las escuelas rurales”.
En las zonas de exclusión no se podrán realizar aplicaciones en las áreas comprendidas en un radio de 100 metros para fumigaciones terrestres y 500 para aéreas desde el caso de la escuela.
En las áreas de restricción se prohíben las aplicaciones terrestres de productos clase Ia, Ib y II entre los 100 y 500 metros. Sólo se podrán aplicar los de clase III y IV de acuerdo a la nomenclatura del SENASA. En cuanto a las aplicaciones aéreas en estas áreas de restricción se prohíben las aplicaciones de fitosanitarios de clase Ia, Ib y II dentro del radio de los 3.000 metros contados desde el límite de los 500, y desde los 500 estarán habilitados los de clase III y IV.
Los tratamientos deberán notificarse con 48 horas de anticipación a la autoridad de aplicación.
Rodríguez Signes destacó que para llegar a este reglamento se hizo un intenso trabajo de investigación y de consulta a distintos organismos del estado nacional y provincial, fundamentalmente salud pública y el INTA, que colaboró mucho en la elaboración del documento.
Consultado sobre la aplicación de la norma, el Fiscal de Estado hizo saber que “cada vez que se vaya a realizar una aplicación, un ingeniero agronómo tiene intervenir. Esto ya forma parte de la reglamentación existente. La receta agronómica debe notificar al establecimiento, a la unidad centinela, con 48 horas de anticipación sobre la aplicación”.
“Esa unidad centinela controlará que la aplicación se realice a contra turno en primer lugar, es decir sin que haya actividad escolar en ese momento y además que se realice fuera de las distancias de exclusión determinadas y que se aplique el producto habilitado para aplicar. Esa unidad centinela va a tener la colaboración para poder trabajar de un ingeniero agrónomo para poder controlar”, explicó.
“Otro punto destacable es que a partir del año 2020 deberá implementarse un sistema de transmisión de datos online de cada máquina aplicadora a la Secretaría de la Producción que es la autoridad de aplicación, para que en tiempo real, se esté controlando, el tipo de producto que se está aplicando, el cultivo, la zona, las producciones que hay alrededor, y las condiciones metereológicas, porque para garantizar que el producto no se traslade por el aire, tiene que haber condiciones atmosféricas determinadas por las buenas prácticas fitosanitarias”, completó.
“Un tercer tema es se van a tener que fijar cortinas forestales en cada una de las escuelas. Y el cuarto punto es que van a tener que reempadronar las máquinas aplicadoras para controlar que estén en condiciones”.
En cuanto a las distancias, Rodríguez Signes precisó que de 0 a 100 metros no se podrá aplicar ningún producto en forma terrestre y de 0 a 500 metros ningún producto en forma aérea.
A partir de los 100 metros en zona terrestre y hasta 500 metros no se pueden aplicar los productos de la clase 1A, 1B y 2, que son calificaciones toxicológicas del Senasa, y si se pueden aplicar los calificados como 3 y 4 en forma terrestre, y en la zona aérea entre los 500 y los 3.000 metros no se puede aplicar 1A, 1B, y A 2, y sí se pueden aplicar 3 y 4 que son de muy baja toxicidad o nula toxicidad.
En ese marco, el Fiscal consideró oportuno dejar en claro que fueron consultados especialistas del INTA, a la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Conicet, Secretaría de Agricultura de la Nación, Salud Pública, Secretaría de Ambiente y Secretaría de Producción.
“La consigna, es proteger la salud humana y el ambiente. El problema de la aplicación de plaguicidas es si se usan bien o se usan mal. Lo que hay que evitar es el contacto con la persona humana. Toda la estrategia de control, consiste en evitar el contacto o disminuir a la mínima expresión la posibilidad de contacto”, precisó.
“Si se produce alguna irregularidad o se viola la norma, la Policía tiene instrucciones de secuestrar e impedir el traslado incluso de cualquier máquina que no esté reglamentada, y por supuesto si hay una aplicación que se está realizando irregularmente, obviamente que eso conforma una falta administrativa y un delito, por supuesto la policía tiene que actuar de oficio”, afirmó.
Fecha de Publicación: 03/08/2019
Fuente: El Día (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
Para la aplicación de plaguicidas, la provincia estableció zonas límites de entre 500 a 3.000 metros de las escuelas
El gobierno entrerriano estableció zonas de exclusión que llegan a los 500 metros, áreas de restricción que llegan a los 3.000 metros y unidades centinelas y de control en escuelas rurales y agrotécnicas para la aplicación de plaguicidas y productos fitosanitarios. También prohibió el uso de máquinas pulverizadoras no registradas e instruyó al Ministerio de Salud a realizar un programa de seguimiento de la salud de agricultores y comunidades rurales.
Las decisiones están contenidas en el decreto n° 2239/ 19 del Poder Ejecutivo que instruye además al Consejo de Educación a elaborar un mapa georeferenciado de las escuelas rurales, y a la Secretaria de la Producción a aplicar un sistema de monitoreo remoto, a reempadronar todos los equipos de aplicación en uso en Entre Ríos y a celebrar convenios de capacitación con el INTA y las universidades.
El gobernador firmó un reglamento en forma de decreto consistente en implementar un sistema de controles para la aplicación de plaguicidas en la provincia de Entre Ríos en los inmuebles cercanos a escuelas rurales.
Al respecto, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, precisó que “el reglamento implica un sistema de control que no se limita a distancias, sino que implica un sistema que pone en marcha distintos mecanismos para impedir casos de contacto entre el producto que se aplica y la persona humana, sea un maestro, alumno, un trabajador rural, sea quien sea en el ámbito de las escuelas rurales”.
En las zonas de exclusión no se podrán realizar aplicaciones en las áreas comprendidas en un radio de 100 metros para fumigaciones terrestres y 500 para aéreas desde el caso de la escuela.
En las áreas de restricción se prohíben las aplicaciones terrestres de productos clase Ia, Ib y II entre los 100 y 500 metros. Sólo se podrán aplicar los de clase III y IV de acuerdo a la nomenclatura del SENASA. En cuanto a las aplicaciones aéreas en estas áreas de restricción se prohíben las aplicaciones de fitosanitarios de clase Ia, Ib y II dentro del radio de los 3.000 metros contados desde el límite de los 500, y desde los 500 estarán habilitados los de clase III y IV.
Los tratamientos deberán notificarse con 48 horas de anticipación a la autoridad de aplicación.
Rodríguez Signes destacó que para llegar a este reglamento se hizo un intenso trabajo de investigación y de consulta a distintos organismos del estado nacional y provincial, fundamentalmente salud pública y el INTA, que colaboró mucho en la elaboración del documento.
Consultado sobre la aplicación de la norma, el Fiscal de Estado hizo saber que “cada vez que se vaya a realizar una aplicación, un ingeniero agronómo tiene intervenir. Esto ya forma parte de la reglamentación existente. La receta agronómica debe notificar al establecimiento, a la unidad centinela, con 48 horas de anticipación sobre la aplicación”.
“Esa unidad centinela controlará que la aplicación se realice a contra turno en primer lugar, es decir sin que haya actividad escolar en ese momento y además que se realice fuera de las distancias de exclusión determinadas y que se aplique el producto habilitado para aplicar. Esa unidad centinela va a tener la colaboración para poder trabajar de un ingeniero agrónomo para poder controlar”, explicó.
“Otro punto destacable es que a partir del año 2020 deberá implementarse un sistema de transmisión de datos online de cada máquina aplicadora a la Secretaría de la Producción que es la autoridad de aplicación, para que en tiempo real, se esté controlando, el tipo de producto que se está aplicando, el cultivo, la zona, las producciones que hay alrededor, y las condiciones metereológicas, porque para garantizar que el producto no se traslade por el aire, tiene que haber condiciones atmosféricas determinadas por las buenas prácticas fitosanitarias”, completó.
“Un tercer tema es se van a tener que fijar cortinas forestales en cada una de las escuelas. Y el cuarto punto es que van a tener que reempadronar las máquinas aplicadoras para controlar que estén en condiciones”.
En cuanto a las distancias, Rodríguez Signes precisó que de 0 a 100 metros no se podrá aplicar ningún producto en forma terrestre y de 0 a 500 metros ningún producto en forma aérea.
A partir de los 100 metros en zona terrestre y hasta 500 metros no se pueden aplicar los productos de la clase 1A, 1B y 2, que son calificaciones toxicológicas del Senasa, y si se pueden aplicar los calificados como 3 y 4 en forma terrestre, y en la zona aérea entre los 500 y los 3.000 metros no se puede aplicar 1A, 1B, y A 2, y sí se pueden aplicar 3 y 4 que son de muy baja toxicidad o nula toxicidad.
En ese marco, el Fiscal consideró oportuno dejar en claro que fueron consultados especialistas del INTA, a la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Conicet, Secretaría de Agricultura de la Nación, Salud Pública, Secretaría de Ambiente y Secretaría de Producción.
“La consigna, es proteger la salud humana y el ambiente. El problema de la aplicación de plaguicidas es si se usan bien o se usan mal. Lo que hay que evitar es el contacto con la persona humana. Toda la estrategia de control, consiste en evitar el contacto o disminuir a la mínima expresión la posibilidad de contacto”, precisó.
“Si se produce alguna irregularidad o se viola la norma, la Policía tiene instrucciones de secuestrar e impedir el traslado incluso de cualquier máquina que no esté reglamentada, y por supuesto si hay una aplicación que se está realizando irregularmente, obviamente que eso conforma una falta administrativa y un delito, por supuesto la policía tiene que actuar de oficio”, afirmó.
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