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La "nueva" Barrick, un Veladero “distinto” y el "viejo" discurso
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Los dos motivos que impulsan el lanzamiento de un Veladero “distinto”
Fecha de Publicación: 21/01/2019
Fuente: Tiempo de San Juan
Provincia/Región: San Juan
Podrán significar la intensificación de la actividad y hasta su posible extensión. Su nuevo director ejecutivo, Marcelo Alvarez, lo explicó a Tiempo de San Juan.
Marcelo Alvarez llegó hace pocos meses a San Juan a hacerse cargo del proyecto minero más importante de la provincia, que hoy tiene su fecha de cierre más cercana que la de su inicio hace 12 años.
Pero las cosas pueden modificarse repentinamente como consecuencia de un par de hechos que se produjeron en los últimos días y que han significado su virtual relanzamiento para convertirla en una mina con más futuro que pasado.
Esos hechos son la ampliación del valle de lixiviación autorizado por la autoridad de aplicación a su fase 6 y la llegada de una renovación a la conducción de Barrick a nivel mundial (una de las dos compañías dueñas de Veladero junto a los chinos de Shandong).
En nuevo director ejecutivo de Veladero repasó con Tiempo de San Juan todos esos factores que estima significan un “relanzamiento” para el proyecto. “Viene un Veladero distinto”, dijo. Explicó que el desembarco del sudafricano Mark Bristow (quien ya estuvo en la provincia) como máxima autoridad de Barrick (como consecuencia de la fusión con Randgold) le ha dado un nuevo perfil a la empresa, con la intención de activar los proyectos en San Juan y Argentina hasta llevar a Veladero a categoría TIER 1, que identifica minas de clase mundial con más de 10 años de vida, más de 500.000 onzas de producción y bajo costo.
Marcelo Álvarez también habló sobre la aplicación de un nuevo protocolo ambiental para seguir en público los parámetros de la actividad desde un sitio web, del nuevo impulso de Barrick y de los temas políticos que afectan a la actividad como retenciones y ley de Glaciares. Esto fue lo que dijo:
-La situación y el futuro del proyecto Veladero: “El proyecto está en un momento muy interesante por dos situaciones: la primera es porque el año que viene es un año complejo, difícil pero también con una gran oportunidad que implica la expansión del valle de lixiviación con la fase 6 que aprobó el gobierno. Esto significa tener más espacio para apilar mineral y poder mantener el nivel de producción que hay en Veladero. Esto va a genera mayor empleo porque se va a contratar a más gente para este emprendimiento, es un emprendimiento que se va a financiar por la propia operación con lo cual desde el punto de vista de los costos es un año importante para la mina pero a partir del 2020 empieza a recuperarse”.
-El nuevo protocolo ambiental sustentable: “Con la nueva Barrick, a partir de la fusión que generaron con Randgold Gold, viene un Veladero distinto. Viene un Barrick distinto a San Juan con una impronta mucho más ligada al desarrollo geológico, de la exploración. Así que se aplican este año los más altos estándares internacionales porque Barrick se suscribió a la aplicación sustentable. Después de los incidentes (el último fue en marzo de 2017) va a transparentar la operación, a partir del protocolo por el que tenemos que publicar todos los años en la página web todos los procesos, la relación con las comunidades, lo que aportamos a las comunidades de cómo se maneja el agua, cómo se maneja la seguridad de los trabajadores, como se maneja la comunicación que hacemos para el desarrollo de las comunidades, todos estos protocolos van a ser subidos a la página, con lo cual vamos a tener totalmente transparentada la operación y poder relacionarnos con la comunidad y con el estado de una manera diferente.
- La posibilidad de extender la vida útil de Veladero: “Al haber un cambio en la percepción del negocio desde la aparición de Randgold se habla de la posibilidad de tener minería por muchos años más a partir de esta fusión y la impronta de cambio el paradigma de cómo encarar el asunto. Veladero estaba pensando tener su cierre normal y natural como estaba planteado en la evaluación de impacto ambiental a 2028 y Mark Bristow vino con la idea de revisar todas las áreas que tiene Barrick, en San Juan y otras áreas alrededor del cinturón del Indio y de lo que es alrededor de Lama, para poder llevar adelante más minería y llevar a ser Veladero lo que se considera a nivel mundial un TIER1, que es una minería de clase mundial que tiene una producción de más de 500 mil onzas. Las perspectivas de esta fusión de Barrick con Shandong y la impronta de geólogos que tiene Mark Bristow van a llevar a cambiar completamente el paradigma de la presencia de Barrick y Shandong Gold en San Juan”.
“Estos dos hechos que se han producido, tanto la aprobación de parte del gobierno de esta nueva área para la playa de lixiviación más la inclusión de Randgold y Bristow han relanzado el proyecto Veladero en San Juan. A partir de mañana (por el martes) nos visita el CEO, y empieza el relanzamiento de Barrick en San Juan y en Argentina. Es un relanzamiento de Barrick a nivel mundial con un firme compromiso. De alguna manera, por esa razón estoy hoy como director ejecutivo de Barrick, porque cuando estuve en la Cámara Argentina de Empresarios Mineros como presidente, fui el creador de “Hacia una minería sustentable”, hacer las cosas bien es nuestro principal paradigma, relacionarnos de una manera distinta profesionalmente y transparente con el Estado y con nuestro stakeholders, y usar los más altos estándares internacionales”.
-Los incidentes ambientales: “A partir de la trascendencia puede tener un incidente, esto puede pasar en cualquier momento, en cualquier industria, en cualquier empresa. Pero si uno actúa con transparencia, con honestidad y profesionalismo es más fácil cubrir cualquier situación sin descartar los eventos como los que ocurrieron en Veladero. Lo que hay que entender es dónde y cómo se desarrolla la minería. Veladero estaba a casi 5000 metros de altura en condiciones climáticas completamente difíciles en una zona muy difícil. Y por eso la minería se preocupa tanto e invierte tanto en las más altas tecnologías con los mejores sistemas para evitar cualquier tipo de incidentes en estas condiciones”.
“Uno nunca está exento ni acá ni en ningún lado pero tenemos que hacer las cosas bien, el Estado debe ser un Estado serio responsable y garante de la seguridad de la mina y de los trabajadores y nosotros respetarlo y manejarlo de la misma manera. Con este protocolo vamos a poder ver lo que estamos haciendo para superarnos y al mismo tiempo el Estado va a poder chequearlo con lo que ellos están estudiando. Y la sociedad va a poder tener la visión del estado de la empresa para poder tener la visión tranquila de que por lo menos las cosas se están haciendo bien”.
“Es un cambio muy importante para lo que fue Barrick para San Juan, lo que es Barrick para Argentina y creo que en términos de imagen nos va a ayudar a crear esa credibilidad que hoy necesita el sector para darle un empuje al desarrollo que tiene que ser en pos y beneficio del desarrollo de las comunidades”.
-El desarrollo de la actividad minera: “Yo siempre digo que no vengo de la minería pero cuando me encontré con la minería me di cuenta que es realmente un gran potenciador del desarrollo de los lugares más alejados del país, porque no hay otra industria que se vaya a radicar en eso lugares, en medio de la cordillera, en medio de la montaña, que tenga el músculo financiero para el desarrollo de las comunidades. Lo que reciben en términos de regalías no lo recibirían nunca por cualquier otro tipo de industria que haya alrededor de propio Estado”.
“A esto hay que apostarle y tengo mucha fe con esta nueva impronta, este relanzamiento de Barrick en San Juan y en Argentina. Con esto podemos ayudar a la industria minera a salir adelante porque tenemos que reconocer que Barrick ha sido un factor determinante para lo que está viviendo hoy la industria minera y tenemos que demostrar con hechos, con mucha humildad e institucionalizando a la empresa en el marco de la Cámara y en el marco del relacionamiento con el Estado. Empezar a demostrar de a poco porque esto lleva mucho tiempo, que las cosas se pueden hacer bien y que el país puede salir adelante”.
-La ley de Glaciares: “En la ley de glaciares, que en el ambiente minero es a veces un freno para recibir inversiones y acompañar el ritmo, el gran cambio que se dio en la Cámara Argentina de Inversores Mineros es que hoy se manejan de manera profesional y técnica con el Estado. Nosotros presentamos un modelo de reglamentación que pueda garantizar el cuidado de los glaciares, que pueda garantizar el cuidado de las reservas acuíferas de la Argentina pero también la posibilidad de generar desarrollo a partir de la minería”.
“Queremos como cualquier argentino el cuidado de los glaciares. La forma de hacerlo es hacerlo de una forma profesional ética, respetando las visiones del Estado, que pueden ser adversas a algún negocio. Lo estamos pensando como país y como sector, lo mismo con las retenciones”.
-La vuelta de las retenciones a la exportación: “No volvieron sólo para la minería, volvieron por una necesidad macroeconómica del país, para todos los exportadores de la Argentina. No podemos tener una excepción. Lo que sí, hemos trabajado con el Estado la necesidad de garantizar la estabilidad fiscal de los proyectos para mostrarle al inversor la seguridad jurídica de las Argentina. Y esto es un poco lo que hemos trabajado con el Estado. Sin duda aumenta la carga tributaria, por lo tanto baja el nivel de competitividad de la Argentina. Lo importante es que podamos respetar las leyes y podamos garantizar la estabilidad jurídica de un proyecto minero que demora entre 20, 30, 40 y hasta 50 años”.
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Barrick Gold,
contaminación,
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Actualización de la fiscalización industrial en el Acumar
ACUMAR tendrá un nuevo régimen de control para las industrias en el Riachuelo
Fecha de Publicación: 19/01/2019
Fuente: La Ciudad
Provincia/Región: Riachuelo
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo anunció la actualización de su normativa vinculada a la fiscalización industrial que simplificará el proceso de control industrial y promoverá el trabajo coordinado con otros organismos de control. Es más exigente y prevé sanciones que pueden superar los 6 millones de pesos. Estará vigente una vez que finalice el nuevo empadronamiento.
Tras varios meses de trabajo en coordinación con los demás organismos de control en la Cuenca Matanza Riachuelo y con referentes técnicos especialistas en normativa ambiental, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo alcanzó una nueva norma que evita superposiciones de autoridades de aplicación y largos tiempos administrativos que dificultaban la gestión de los establecimientos radicados en la Cuenca.
A partir de ahora, ACUMAR tendrá nuevos procedimientos y mecanismos de adecuación ambiental que nos permitirán un mejor y mayor control sobre los establecimientos radicados en nuestro territorio.
Además, endurecerá las sanciones para los infractores, con multas que van desde los 5 mil pesos hasta casi 6 millones, y que harán que este nuevo régimen sea más justo y equilibrado teniendo en cuenta parámetros claves como el Nivel de Incidencia Ambiental (un nuevo concepto que le permite a la Autoridad de Cuenta ordenar la real incidencia de los establecimientos sobre el río), la reincidencia, la dimensión del establecimiento y la naturaleza de la infracción. [Incluye la posibilidad del pago en cuotas y destinar el 60% de la multa a mejoras que sean destinadas al cese de la causa de la sanción].
La nueva norma fortalece las funciones de los inspectores dándole la posibilidad de imputar infracciones y aplicar clausuras preventivas que deberán ser analizadas y ratificadas por analistas del organismo. Incluye nuevas figuras legales como el cese de actividades y la remediación ambiental (conceptos que no se encontraban en la legislación anterior) permitiendo mantener actualizados las bases de datos de infractores y evitando del deslinde de la responsabilidad de los pasivos ambientales.
Sobre los Planes de Adecuación Ambiental, establece tres categorías y posibilita la presentación de planes aprobados por otras autoridades de aplicación, algo que permite llevar un registro pormenorizado de los administrados que lleven adelante estas acciones, reduce tiempos y costos en la gestión.
Todo este conjunto de modificaciones en la normativa de fiscalización y control, la tornan flexible y dinámica dándole una capacidad de respuesta a ACUMAR acorde a la realidad industrial de la Cuenca, un territorio en constante evolución y desarrollo.
Mapa de Alertas
El nuevo régimen de fiscalización crea un Mapa de Alertas, en el cual los establecimientos deberán informar las modificaciones significativas, las emergencias y los vuelcos discontinuos y periódicos. Este mapa, una vez reglamentado, se visualizará en una plataforma online disponible a toda la población.
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Fecha de Publicación: 19/01/2019
Fuente: La Ciudad
Provincia/Región: Riachuelo
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo anunció la actualización de su normativa vinculada a la fiscalización industrial que simplificará el proceso de control industrial y promoverá el trabajo coordinado con otros organismos de control. Es más exigente y prevé sanciones que pueden superar los 6 millones de pesos. Estará vigente una vez que finalice el nuevo empadronamiento.
Tras varios meses de trabajo en coordinación con los demás organismos de control en la Cuenca Matanza Riachuelo y con referentes técnicos especialistas en normativa ambiental, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo alcanzó una nueva norma que evita superposiciones de autoridades de aplicación y largos tiempos administrativos que dificultaban la gestión de los establecimientos radicados en la Cuenca.
A partir de ahora, ACUMAR tendrá nuevos procedimientos y mecanismos de adecuación ambiental que nos permitirán un mejor y mayor control sobre los establecimientos radicados en nuestro territorio.
Además, endurecerá las sanciones para los infractores, con multas que van desde los 5 mil pesos hasta casi 6 millones, y que harán que este nuevo régimen sea más justo y equilibrado teniendo en cuenta parámetros claves como el Nivel de Incidencia Ambiental (un nuevo concepto que le permite a la Autoridad de Cuenta ordenar la real incidencia de los establecimientos sobre el río), la reincidencia, la dimensión del establecimiento y la naturaleza de la infracción. [Incluye la posibilidad del pago en cuotas y destinar el 60% de la multa a mejoras que sean destinadas al cese de la causa de la sanción].
La nueva norma fortalece las funciones de los inspectores dándole la posibilidad de imputar infracciones y aplicar clausuras preventivas que deberán ser analizadas y ratificadas por analistas del organismo. Incluye nuevas figuras legales como el cese de actividades y la remediación ambiental (conceptos que no se encontraban en la legislación anterior) permitiendo mantener actualizados las bases de datos de infractores y evitando del deslinde de la responsabilidad de los pasivos ambientales.
Sobre los Planes de Adecuación Ambiental, establece tres categorías y posibilita la presentación de planes aprobados por otras autoridades de aplicación, algo que permite llevar un registro pormenorizado de los administrados que lleven adelante estas acciones, reduce tiempos y costos en la gestión.
Todo este conjunto de modificaciones en la normativa de fiscalización y control, la tornan flexible y dinámica dándole una capacidad de respuesta a ACUMAR acorde a la realidad industrial de la Cuenca, un territorio en constante evolución y desarrollo.
Mapa de Alertas
El nuevo régimen de fiscalización crea un Mapa de Alertas, en el cual los establecimientos deberán informar las modificaciones significativas, las emergencias y los vuelcos discontinuos y periódicos. Este mapa, una vez reglamentado, se visualizará en una plataforma online disponible a toda la población.
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Organizaciones contra la resolución de Agroindustria
Ciento de organizaciones le exigen a Vidal dejar sin efecto una resolución del Ministerio de Agroindustria
Fecha de Publicación: 18/01/2019
Fuente: Políticia Argentina
Provincia/Región: Buenos Aires
El primero de enero entró en vigencia una medida que autoriza la fumigación de cultivos con agrotóxicos en toda la provincia de Buenos Aires. Denuncian que “su contenido es contrario a la protección de la vida, la salud y la integración física de las personas”.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto a la Red de Abogados de Pueblos Fumigados y cientos de organizaciones le exigen la gobernadora María Eugenia Vidal que deje sin efecto la resolución 246-MAGP-18, emitida por el Ministerio de Agroindustria bonaerense.
La resolución que entró en vigencia el 1º de enero de 2019 “autoriza la fumigación de cultivos con agrotóxicos en toda la provincia de Buenos Aires, legalizando la aplicación de estos venenos en lotes linderos a las ciudades, a zonas residenciales que se encuentran en el campo, y a poblaciones dispersas; sin especificar ningún tipo de distancia mínima entre la aplicación de los agroquímicos y las viviendas donde reside la población”.
En un comunicado explican que además permite “fumigar con agrotóxicos las reservas naturales y los márgenes de arroyos, ríos y lagos, de donde proviene el agua que muchas personas utilizan a diario para cocinar, lavar, y asearse”.
“El único límite a la aplicación de agrotóxicos es el horario escolar. Vale decir, que si los niños y niñas ingresan a la escuela a las 7.45 am, la resolución 246-MAGP18 autoriza a fumigar los alrededores del establecimiento educativo hasta las 7.44 am”, señalan en otra parte del documento.
Asimismo, aseguran que el contenido de la resolución firmada por Leonardo Sarquís, ministro de Agroindustria y ex gerente de la división Semillas de Monsanto, es contrario a la protección de la vida, la salud y la integridad física de las personas, al mismo tiempo en que tiene consecuencias devastadoras para el ambiente.
Por último, afirman que debilita aún más el control del Estado en la aplicación de agrotóxicos porque delega esa tarea a los ingenieros agrónomos contratados por las empresas y los privados que requieren la aplicación de agrotóxicos.
“Desde las organizaciones firmantes nos oponemos con firmeza a esta norma que busca promover el modelo de agronegocios basados en el uso indiscriminado de agrotóxicos, poniendo en riesgo no solo la salud de toda la población sino la afectación del medio ambiente y la soberanía alimentaria”, concluye.
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Fecha de Publicación: 18/01/2019
Fuente: Políticia Argentina
Provincia/Región: Buenos Aires
El primero de enero entró en vigencia una medida que autoriza la fumigación de cultivos con agrotóxicos en toda la provincia de Buenos Aires. Denuncian que “su contenido es contrario a la protección de la vida, la salud y la integración física de las personas”.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto a la Red de Abogados de Pueblos Fumigados y cientos de organizaciones le exigen la gobernadora María Eugenia Vidal que deje sin efecto la resolución 246-MAGP-18, emitida por el Ministerio de Agroindustria bonaerense.
La resolución que entró en vigencia el 1º de enero de 2019 “autoriza la fumigación de cultivos con agrotóxicos en toda la provincia de Buenos Aires, legalizando la aplicación de estos venenos en lotes linderos a las ciudades, a zonas residenciales que se encuentran en el campo, y a poblaciones dispersas; sin especificar ningún tipo de distancia mínima entre la aplicación de los agroquímicos y las viviendas donde reside la población”.
En un comunicado explican que además permite “fumigar con agrotóxicos las reservas naturales y los márgenes de arroyos, ríos y lagos, de donde proviene el agua que muchas personas utilizan a diario para cocinar, lavar, y asearse”.
“El único límite a la aplicación de agrotóxicos es el horario escolar. Vale decir, que si los niños y niñas ingresan a la escuela a las 7.45 am, la resolución 246-MAGP18 autoriza a fumigar los alrededores del establecimiento educativo hasta las 7.44 am”, señalan en otra parte del documento.
Asimismo, aseguran que el contenido de la resolución firmada por Leonardo Sarquís, ministro de Agroindustria y ex gerente de la división Semillas de Monsanto, es contrario a la protección de la vida, la salud y la integridad física de las personas, al mismo tiempo en que tiene consecuencias devastadoras para el ambiente.
Por último, afirman que debilita aún más el control del Estado en la aplicación de agrotóxicos porque delega esa tarea a los ingenieros agrónomos contratados por las empresas y los privados que requieren la aplicación de agrotóxicos.
“Desde las organizaciones firmantes nos oponemos con firmeza a esta norma que busca promover el modelo de agronegocios basados en el uso indiscriminado de agrotóxicos, poniendo en riesgo no solo la salud de toda la población sino la afectación del medio ambiente y la soberanía alimentaria”, concluye.
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El Río Arenales en Salta sigue esperando justicia
Río Arenales: Cuestionan que se cumpla el fallo de la Corte de Justicia
Fecha de Publicación: 17/01/2019
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Salta
Las medidas previsionales que ordenó el juez Domínguez para evitar que la gente llegara hasta el río Arenales, tras la difusión del estudio del CIF sobre la contaminación de las aguas, se dieron unos meses antes de que la Corte de Justicia de la Provincia ratificara el fallo que había hecho este magistrado.
En agosto de 2017, Domínguez ordenó a la Provincia, a la Municipalidad y a Aguas del Norte que presentaran y ejecutaran un plan de manejo del río Arenales y que hicieran un plan sanitario de emergencia y de monitoreo.
En el mismo fallo, la empresa Néstor A. Marozzi SA fue condenada a retirar el terraplén que hizo, avanzando sobre el cauce del río, en el sector del puente de la avenida Tavella. Según explicó el abogado Pedro Arancibia a El Tribuno, esto generó que se redujera el espacio para que el agua escurriera debidamente y provocó que el 31 de enero de 2011 se inundaran los barrios de la zona.
Esta resolución, que la Corte confirmó en noviembre del año pasado, surgió del amparo ambiental colectivo que presentaron 157 vecinos que sufrieron este anegamiento. La acción se inició por el nulo manejo del río, por la posibilidad de que la catástrofe se repitiera y por la contaminación de las aguas.
Con la única disidencia del juez Abel Cornejo, los restantes seis miembros de la Corte rechazaron las apelaciones que habían interpuesto la Provincia y Néstor A. Marozzi SA sobre el fallo de Domínguez.
La Municipalidad de Salta y Aguas del Norte no habían apelado la sentencia.
Arancibia consideró que, a pesar del fallo de la Corte, no aumentaron las acciones desde los estados provincial y municipal para sanear el río Arenales: "Es una negativa permanente. No hay nada significativo. Si se hace un relevamiento sobre qué obras o actividades se hicieron de entidad suficiente como para revertir el daño ambiental que hay, se va a ver que no hay ninguna significativa". El abogado denunció que "hay una falta de planificación total y un desinterés para con quienes viven cerca del río".
Acerca del terraplén que la empresa debía quitar, dijo: "Hizo una modificación pero fue un movimiento de tierra muy superficial, que no terminó de hacerse como corresponde".
El letrado consideró que es complicado definir quién determina lo que corresponde hacer: "Nosotros sabemos, por un perito de parte, que está hecho medio flojo, es lo mínimo, pero quien decide si está bien o mal hecho es una cuestión muy difícil. Tenemos que seguir discutiéndolo judicialmente porque van a hacer falta peritajes técnicos para determinar si una obra es suficiente o no para revertir el daño".
En relación con el control del cumplimiento de las medidas judiciales, el abogado analizó que es llamativo que la Unidad Ejecutora de Recuperación y Saneamiento del Río Arenales, creada por decreto 3.249 de 2011 para monitorear las medidas dispuestas judicialmente, estuviera compuesta por la Provincia, el municipio y Aguas del Norte, "es decir, por quienes serían los que incumplieron el deber de mantener indemne el ambiente".
"Es muy difícil pedirle a quien generó el daño que ahora lo reconozca y lo cumpla a rajatabla", opinó.
En perjuicio de la gente
El promotor del amparo consideró que la inacción no es solo en las obras sino también en la falta de control del cumplimiento de la orden judicial de que nadie se puede meter en un río contaminado: "En esto no tiene nada que ver la gente, que es víctima de esta situación. (El río) debería ser un lugar de esparcimiento. La gente tiene todo el derecho del mundo de contar con un lugar -como era antes- para refrescarse y esparcirse con sus familiares y amigos. Sin embargo, no puede disfrutar de eso, además del riesgo que implica para su salud: los metales pesados se acumulan en el cuerpo y el vertido de líquidos cloacales no tratados genera enfermedades".
Arancibia insistió en la inacción estatal, y aseguró que seguirá exigiendo justicia: "Se desentienden olímpicamente de las obligaciones. Hacen todo a la fuerza. Se tiran la pelota entre todos. Nadie se quiere hacer cargo de esa situación. La lucha diaria está en lograr que obedezcan una orden judicial recontraconfirmada. Esto no está apelado y significa que, si continúan en esta actitud de hacer caso omiso a una orden judicial, que es clarísima, nosotros insistiremos en el pedido de sanciones económicas".
El abogado reveló que se hizo una denuncia penal por el delito de contaminación de las aguas y por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
"En el primer caso, de tipo culposo, porque no hacen nada para revertir esa situación y, en el segundo caso, es doloso porque es intencional la negativa de cumplir con una obligación del Estado, que es cuidarnos a todos de una afectación a la salud pública, entre otras cosas", señaló.
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Conflictos mineros: somos cuartos en latinoamérica
Argentina, cuarto país latinoamericano con más conflictos mineros
Fecha de Publicación: 12/01/2019
Fuente: Noticias
Provincia/Región: Nacional
Un observatorio contabilizó 29 enfrentamientos con comunidades por medio ambiente. México, Chile y Perú, en el podio.
ONGs desde México a la Argentina participan de un Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, que contabilizan los choques entre empresas y comunidades por asuntos medioambientales.
En esa dirección, en la Argentina han contado unos 29, mientras que a la cabeza del ranking figura México, con 46. Le sigue Chile, con 44. Allí quedó suspendida la explotación de la mina Pascua Lama, en los Andes, que tiene su parte argentina.
El tercer puesto es para Perú, con 39 conflictos. Y el cuarto para la Argentina. Después vienen Brasil (26), Colombia (16), Bolivia (10), Guatemala (10) y Ecuador (8).
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Fecha de Publicación: 12/01/2019
Fuente: Noticias
Provincia/Región: Nacional
Un observatorio contabilizó 29 enfrentamientos con comunidades por medio ambiente. México, Chile y Perú, en el podio.
ONGs desde México a la Argentina participan de un Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, que contabilizan los choques entre empresas y comunidades por asuntos medioambientales.
En esa dirección, en la Argentina han contado unos 29, mientras que a la cabeza del ranking figura México, con 46. Le sigue Chile, con 44. Allí quedó suspendida la explotación de la mina Pascua Lama, en los Andes, que tiene su parte argentina.
El tercer puesto es para Perú, con 39 conflictos. Y el cuarto para la Argentina. Después vienen Brasil (26), Colombia (16), Bolivia (10), Guatemala (10) y Ecuador (8).
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Córdoba sin Ley de Bosques vigente
Ley de Bosques: “El debate no se va a realizar antes de las elecciones”
Fecha de Publicación: 11/01/2019
Fuente: El Puntal de Río Cuarto
Provincia/Región: Córdoba
Legisladores provinciales opinan que se trata de un tema “muy urticante” como para ponerlo en agenda previo a los comicios de mayo. Desde el oficialismo admiten que están incumpliendo la normativa vigente nacional
La actualización del mapa con el ordenamiento territorial de los bosques nativos no formó parte del temario de la Unicameral durante 2018 y según pronostican los legisladores consultados por este medio, tampoco se discutirá antes de la elección provincial en mayo.
“El armado del mapa ambiental tiene que estar consensuado con todos los sectores”, dice Germán Buttarelli (UPC), presidente de la comisión de Asuntos Ecológicos. “En febrero comenzaremos a establecer los temas de la agenda de los próximos meses y esperamos tener todo el consenso, para que nos nos genere otro problema”, añade. “Como presidente de la comisión me comprometo a seguir avanzando con la creación de reservas naturales como hemos venido haciendo”, indicó Buttarelli.
Para cumplimentar con el requisito de actualización del mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos -que está en falta- una de las posibilidades que están analizando desde el oficialismo -en conjunto con otros bloques- es adherir a la ley nacional de bosques, para generar los cambios necesarios en el esquema territorial, pero sin modificar la ley provincial.
En tanto, desde la oposición critican que no se haya avanzado en el tema y ven con preocupación que a causa de este motivo esté frenado el envío de los fondos de la Nación para la conservación de los bosques nativos.
Proyecto trunco
“Hay demasiados intereses creados para llegar a un consenso”, opinó la legisladora Amalia Vagni (UCR). “Al haber datos erróneos, porque hoy la Provincia está manejándose con un mapa de la vieja ley, que fue hecho a los apurones y no se condice con la realidad del bosque nativo de Córdoba, protestan los del campo y los campesinos y al desobedecer las voces y no haberlas escuchado, es un proyecto de ley trunco”.
“No creo que se vaya modificar el texto de la ley hasta el 12 de mayo”, opinó Vagni.
-Policía Ambiental informó que a través de satélites controlan el desmonte. ¿Es suficiente?
-No se trata sólo de monitorear con satélite, hay que labrar el acta. Además de que preocupa lo que hacen aquellos que infringen la ley, peor es lo que autoriza Secretaría de Ambiente con el avance de la cuestión urbana que afecta no sólo en materia de bosque nativo, sino de servicios insuficientes para atender a las necesidades de la población. Avavanza de forma tan vertiginosa la urbanización, que incluso a la vera de los lugares donde hay agua van a verse afectados por la falta de este servicio.
Necesidad de consenso
El legislador Martín Fresneda (Córdoba Podemos) dijo: “Justamente, en un período electoral es un tema tan sensible que yo no creo que pase nada”.
“Yo creo que el año pasado desistieron del proyecto de ley de modificación de la 9814, que fue archivado. Lo más acertado sería encontrar una definición de consenso para actualizar el mapa y exigir que actualicen el pago de Nación”, sostuvo.
“Lo que puede suceder, al menos, lo que estuvimos hablando y que será lo acertado para resolver el tema de la actualización del mapa de ordenamiento territorial, sería una adhesión de la legislatura a la ley nacional y armar un proceso participativo para actualizar el mapa”, señaló.
Fresneda apuntó contra el gobierno nacional por incumplir con los fondos de protección ambiental, establecidos en la ley 26.331. “Con la inflación que tuvo la Argentina es una vergüenza que el Gobierno pague $ 50 la hectárea por el servicio ambiental”.
-¿Está en pie el registro de infractores?
-La Nación debería tener registro, pero no está muy severa ni puede exigir mucho porque tampoco cumple la ley 26.631 con respecto al envío de los fondos.
Es muy relajado el tema, dicho hasta por los propios infractores cuando se ha dado el proceso de discusión de la ley frustada, estuvimos escuchando a todos los sectores y el sistema de infracciones no funcionaba. Por ahí prefieren pagar la multa a evitar avanzar sobre la zona.
-Algunos sectores ambientalistas temen que la ley agroforestal soslaye el debate por la ley de bosques. ¿Qué opina?
-Me parece que es complementario. Hay que tener un control como lo realiza el Foro Ambiental por el listado de especies prohibidas y permitidas, pero el lado industrial que puede tener la ley me parece bien. La ley expresamente prohíbe el enriquecimiento de bosque nativo con exóticas, y cuando se incumpla habrá que denunciarlo. Pero lo positivo es que hay que sumar árboles y aumentar la cobetura vegetal y siempre tiene que tener un manejo en función de la cuenca y de la eco región. Tenemos dos leyes, la 9814 que si se cumpliera junto con la ley nacional 26.631 Córdoba estaría cumpliendo el estándar ambiental. Depende de Nación que baje recursos y plata y de la Provincia que siga manteniendo compromiso.
En falta
La legisladora Liliana Montero (Bloque unipersonal) expresó: “Ni se abordó el tema. Se quedó en stand by”.
“No creo que pongan un tema tan urticante en agenda en un acto electoral”, dijo. Y agregó: “Con la movilización de las distintas organizaciones y asambleas, no creo que la provincia avance en medio de procesos electorales”.
“Estábamos en falta antes del 2016, incumpliendo por no presentar los mapas y el problema es que no estamos pudiendo imponer un ordenamiento y cumplir la ley”, advirtió.
Además, la legisladora cuestionó la efectividad de las las sanciones estipuladas para prevenir el desmonte y se refirió también a la ley agroforestal: “Quiere tapar el tema del desmonte”, expresó.
“El Foro Ambiental Córdoba realizó un análisis muy crítico sobre las especies que están en los listados porque hay algunas que no deberían estar”, afirmó.
Finalmente, cuestionó que los gobiernos utilizan como eslogan la expresión “nos debe preocupar el tema ambiental” porque para demostrarlo “tienen que poner plata”, expresó. “Ese es el problema de la política: estamos en siglo XXI, pero nos manejamos como si estuviéramos en el siglo XIX. Hoy la gente se entera de todas las acciones de gobierno”, cerró.
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Fecha de Publicación: 11/01/2019
Fuente: El Puntal de Río Cuarto
Provincia/Región: Córdoba
Legisladores provinciales opinan que se trata de un tema “muy urticante” como para ponerlo en agenda previo a los comicios de mayo. Desde el oficialismo admiten que están incumpliendo la normativa vigente nacional
La actualización del mapa con el ordenamiento territorial de los bosques nativos no formó parte del temario de la Unicameral durante 2018 y según pronostican los legisladores consultados por este medio, tampoco se discutirá antes de la elección provincial en mayo.
“El armado del mapa ambiental tiene que estar consensuado con todos los sectores”, dice Germán Buttarelli (UPC), presidente de la comisión de Asuntos Ecológicos. “En febrero comenzaremos a establecer los temas de la agenda de los próximos meses y esperamos tener todo el consenso, para que nos nos genere otro problema”, añade. “Como presidente de la comisión me comprometo a seguir avanzando con la creación de reservas naturales como hemos venido haciendo”, indicó Buttarelli.
Para cumplimentar con el requisito de actualización del mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos -que está en falta- una de las posibilidades que están analizando desde el oficialismo -en conjunto con otros bloques- es adherir a la ley nacional de bosques, para generar los cambios necesarios en el esquema territorial, pero sin modificar la ley provincial.
En tanto, desde la oposición critican que no se haya avanzado en el tema y ven con preocupación que a causa de este motivo esté frenado el envío de los fondos de la Nación para la conservación de los bosques nativos.
Proyecto trunco
“Hay demasiados intereses creados para llegar a un consenso”, opinó la legisladora Amalia Vagni (UCR). “Al haber datos erróneos, porque hoy la Provincia está manejándose con un mapa de la vieja ley, que fue hecho a los apurones y no se condice con la realidad del bosque nativo de Córdoba, protestan los del campo y los campesinos y al desobedecer las voces y no haberlas escuchado, es un proyecto de ley trunco”.
“No creo que se vaya modificar el texto de la ley hasta el 12 de mayo”, opinó Vagni.
-Policía Ambiental informó que a través de satélites controlan el desmonte. ¿Es suficiente?
-No se trata sólo de monitorear con satélite, hay que labrar el acta. Además de que preocupa lo que hacen aquellos que infringen la ley, peor es lo que autoriza Secretaría de Ambiente con el avance de la cuestión urbana que afecta no sólo en materia de bosque nativo, sino de servicios insuficientes para atender a las necesidades de la población. Avavanza de forma tan vertiginosa la urbanización, que incluso a la vera de los lugares donde hay agua van a verse afectados por la falta de este servicio.
Necesidad de consenso
El legislador Martín Fresneda (Córdoba Podemos) dijo: “Justamente, en un período electoral es un tema tan sensible que yo no creo que pase nada”.
“Yo creo que el año pasado desistieron del proyecto de ley de modificación de la 9814, que fue archivado. Lo más acertado sería encontrar una definición de consenso para actualizar el mapa y exigir que actualicen el pago de Nación”, sostuvo.
“Lo que puede suceder, al menos, lo que estuvimos hablando y que será lo acertado para resolver el tema de la actualización del mapa de ordenamiento territorial, sería una adhesión de la legislatura a la ley nacional y armar un proceso participativo para actualizar el mapa”, señaló.
Fresneda apuntó contra el gobierno nacional por incumplir con los fondos de protección ambiental, establecidos en la ley 26.331. “Con la inflación que tuvo la Argentina es una vergüenza que el Gobierno pague $ 50 la hectárea por el servicio ambiental”.
-¿Está en pie el registro de infractores?
-La Nación debería tener registro, pero no está muy severa ni puede exigir mucho porque tampoco cumple la ley 26.631 con respecto al envío de los fondos.
Es muy relajado el tema, dicho hasta por los propios infractores cuando se ha dado el proceso de discusión de la ley frustada, estuvimos escuchando a todos los sectores y el sistema de infracciones no funcionaba. Por ahí prefieren pagar la multa a evitar avanzar sobre la zona.
-Algunos sectores ambientalistas temen que la ley agroforestal soslaye el debate por la ley de bosques. ¿Qué opina?
-Me parece que es complementario. Hay que tener un control como lo realiza el Foro Ambiental por el listado de especies prohibidas y permitidas, pero el lado industrial que puede tener la ley me parece bien. La ley expresamente prohíbe el enriquecimiento de bosque nativo con exóticas, y cuando se incumpla habrá que denunciarlo. Pero lo positivo es que hay que sumar árboles y aumentar la cobetura vegetal y siempre tiene que tener un manejo en función de la cuenca y de la eco región. Tenemos dos leyes, la 9814 que si se cumpliera junto con la ley nacional 26.631 Córdoba estaría cumpliendo el estándar ambiental. Depende de Nación que baje recursos y plata y de la Provincia que siga manteniendo compromiso.
En falta
La legisladora Liliana Montero (Bloque unipersonal) expresó: “Ni se abordó el tema. Se quedó en stand by”.
“No creo que pongan un tema tan urticante en agenda en un acto electoral”, dijo. Y agregó: “Con la movilización de las distintas organizaciones y asambleas, no creo que la provincia avance en medio de procesos electorales”.
“Estábamos en falta antes del 2016, incumpliendo por no presentar los mapas y el problema es que no estamos pudiendo imponer un ordenamiento y cumplir la ley”, advirtió.
Además, la legisladora cuestionó la efectividad de las las sanciones estipuladas para prevenir el desmonte y se refirió también a la ley agroforestal: “Quiere tapar el tema del desmonte”, expresó.
“El Foro Ambiental Córdoba realizó un análisis muy crítico sobre las especies que están en los listados porque hay algunas que no deberían estar”, afirmó.
Finalmente, cuestionó que los gobiernos utilizan como eslogan la expresión “nos debe preocupar el tema ambiental” porque para demostrarlo “tienen que poner plata”, expresó. “Ese es el problema de la política: estamos en siglo XXI, pero nos manejamos como si estuviéramos en el siglo XIX. Hoy la gente se entera de todas las acciones de gobierno”, cerró.
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Uso indiscriminado de agroquímicos en Buenos Aires
Veneno en la tierra: la Provincia autorizó el uso indiscriminado de agrotóxicos
Fecha de Publicación: 10/01/2019
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: Buenos Aires
El actual ministro de Agroindustria bonaerense y exgerente de Monsanto, Leonardo Sarquís, habilitó el uso de estos venenos en todo el territorio.
La provincia de Buenos Aires emitió una resolución que entrará en vigencia el jueves próximo y que autoriza la fumigación con agrotóxicos en toda el territorio bonaerense, legalizando la aplicación de estos venenos en lotes linderos a las ciudades.
Contra esta norma se expresaron organizaciones y personalidades señalando que "busca promover el modelo de agronegocios basados en el uso indiscriminado de agrotóxicos, poniendo en riesgo no solo la salud de toda la población sino la afectación del medio ambiente y la soberanía alimentaria".
Uno de los aspectos que resaltan las ONG;s y personalidades es que quien tuvo a cargo la medida, el Ministro de Agroindustria de la provincia, Leonardo Sarquís, es uno de los Ceo de Monsanto, más precisamente exgerente de la división Semillas.
En ese sentido, criticaron que la medida porque "no especifica ningún tipo de distancia mínima entre la aplicación de los agroquímicos y las viviendas donde reside la población".
Además la resolución autoriza a fumigar con agrotóxicos a las reservas naturales y a los márgenes de arroyos, ríos y lagos, de donde proviene el agua que muchas personas utilizan a diario para cocinar, lavar y asearse.
También la norma debilita el control del Estado en la aplicación de agrotóxicos, al delegar en los ingenieros agrónomos contratados por las empresas y los privados.
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Fecha de Publicación: 10/01/2019
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: Buenos Aires
El actual ministro de Agroindustria bonaerense y exgerente de Monsanto, Leonardo Sarquís, habilitó el uso de estos venenos en todo el territorio.
La provincia de Buenos Aires emitió una resolución que entrará en vigencia el jueves próximo y que autoriza la fumigación con agrotóxicos en toda el territorio bonaerense, legalizando la aplicación de estos venenos en lotes linderos a las ciudades.
Contra esta norma se expresaron organizaciones y personalidades señalando que "busca promover el modelo de agronegocios basados en el uso indiscriminado de agrotóxicos, poniendo en riesgo no solo la salud de toda la población sino la afectación del medio ambiente y la soberanía alimentaria".
Uno de los aspectos que resaltan las ONG;s y personalidades es que quien tuvo a cargo la medida, el Ministro de Agroindustria de la provincia, Leonardo Sarquís, es uno de los Ceo de Monsanto, más precisamente exgerente de la división Semillas.
En ese sentido, criticaron que la medida porque "no especifica ningún tipo de distancia mínima entre la aplicación de los agroquímicos y las viviendas donde reside la población".
Además la resolución autoriza a fumigar con agrotóxicos a las reservas naturales y a los márgenes de arroyos, ríos y lagos, de donde proviene el agua que muchas personas utilizan a diario para cocinar, lavar y asearse.
También la norma debilita el control del Estado en la aplicación de agrotóxicos, al delegar en los ingenieros agrónomos contratados por las empresas y los privados.
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Los bosques siguen penando, cada vez menos presupuesto
Nación se queda con dinero de las provincias para preservar los bosques
Fecha de Publicación: 07/01/2019
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Nacional
Por ley se establece que se debe destinar un 0,3% del presupuesto nacional a las áreas protegidas. Sin embargo de una suma equivalente a $12.516 millones para 2019, el Estado nacional sólo distribuirá $570 millones.
En los primeros ocho años de vigencia de la Ley de Bosques, que entró en vigencia en 2010, el Estado Nacional debería haber transferido a las provincias compensaciones ambientales por al menos 28.960 millones de pesos. Pero apenas desembolsó 1.546 millones.
Por lo tanto, si se suman las asignaciones correspondientes al período comprendido entre 2010 y 2017, puede advertirse que en ese lapso el Estado nacional se apropió de unos 27.400 millones de pesos nominales pertenecientes a las provincias.
Misiones tiene un tercio de su territorio como áreas protegidas y reservas naturales, por lo tanto, el dinero que pueda llegar para preservación ambiental es muy importante ya que los beneficios de un medio ambiente sano llegan a todos los argentinos, a través del oxígeno, el suelo, el agua y la biodiversidad. La superficie total de la provincia alcanza las 3.000.000 de hectáreas y el total de superficie aproximada bajo alguna categoria de protección ambiental es de 1.394.000 has.
Para el año 2019 la situación no cambia. Al contrario: empeora.
El Gobierno nacional violará por décimo año consecutivo lo establecido por la “Ley de Bosques”, que indica que el 0,3% del presupuesto nacional debe destinarse a la preservación de los bosques. Ese porcentaje equivale, en el presupuesto del 2019, a la suma de 12.516 millones de pesos, mientras que en concepto de retenciones agroindustriales deberían sumarse al menos otros 2000 millones.
Es decir: el año que viene el Fondo de Conservación de los Bosques Nativos debería ser por lo menos de 14.500 millones de pesos. Sin embargo, el proyecto de Presupuesto 2019 asigna una partida de apenas 570,5 millones de pesos (cerca del 5% del monto correspondiente).
Los datos surgen del último “Informe del estado del ambiente 2017” publicado esta semana por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable de la Nación.
La Ley 26.331 (“Ley de Bosques”) dispone la creación de un Fondo de Conservación de los Bosques Nativos, cuyo propósito es compensar a las provincias y a los propietarios de campos que, debido al ordenamiento territorial establecido en cada jurisdicción, no puedan poner en producción el territorio en cuestión.Dicho fondo –según lo que determina la Ley de Bosques– debe ser integrado por partidas anuales que “no podrán ser inferiores al 0,3% del Presupuesto Nacional” y por “el 2,0% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración”.
El incumplimiento sistemático en la conformación del Fondo de Conservación de los Bosques Nativos constituye una apropiación indebida, por parte del Estado nacional, de recursos pertenecientes a las provincias.No es una maniobra exclusiva del Gobierno de Mauricio Macri. En la década kirchnerista se incumplía de la misma manera.
Reclamo misionero
Esta situación generó un reclamo de la diputada nacional por Misiones, Verónica Derna, ex ministra de Ecología, quien sostuvo ante la Cámara de Diputados de la Nación que “hace casi diez años el Gobierno nacional se queda con parte de los recursos que por ley se deben destinar al cuidado de los bosques y solamente incluye una pequeña parte en el presupuesto anual”.
Para 2019, en el artículo 16, se asignaron al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos un monto de $570.500.000 y para el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos un monto de $25.000.000. Sin embargo, este monto estipulado corresponde apenas al 5% de lo que debiera establecerse a la protección de nuestros bosques si se cumpliera la ley.
Derna fue más precisa al señalar que el monto debe proteger casi 30 millones de hectáreas, por lo tanto “es equivalente a un peso por hectárea por mes, equivalente a doce pesos por hectárea por año”.“Por ello solicitamos un aumento, hay herramientas para hacerlo por decisión administrativa”, agregó.
“No solo lo pedimos nosotros, sino también el Cofema (Consejo Federal de Medio Ambiente) y también lo han pedido Fundaciones como Vida Silvestre, Bosques Nativos Argentinos y propietarios de reservas privadas”, dijo la ex ministra.
Recordó que “en 2017 fuimos escuchados y una vez que planteamos el problema, el aumento se vio reflejado en una respuesta por decisión administrativa. Este año tenemos el mismo presupuesto que el año pasado y esto en relación a la cantidad de hectáreas de bosque nativo, que son más de 30 millones, es equivalente a un peso por hectárea por mes, equivalente a doce pesos por hectárea por año”.
“Por ello solicitamos un aumento, hay herramientas para hacerlo. Solicitamos que sea por decisión administrativa, lo faculta el artículo 16”, enfatizó.
“Conservar los bosques nativos es conservar el suelo, la flora, fauna, la biodiversidad, y nos brinda mejor calidad de vida”, finalizó Derna.
Crítico informe de la AGN
Un informe elaborado este año por la Auditoría General de la Nación (AGN) denunció que “la falta de presupuesto adecuado se traduce en el terreno en una baja efectividad de protección de los bosques nativos, ya que se financian menos planes que los presentados en las provincias”, además de propiciar “un monitoreo y control débil e insuficiente por falta de recursos tanto a nivel provincial como nacional (falta de equipamiento, vehículos y personal para las tareas de monitoreo y fiscalización)”.
“A diez años de la sanción de la Ley (de Bosques) 26.331, el monto previsto en las sucesivas leyes nacionales de presupuesto ha sido marcadamente inferior al que correspondería”, agrega.
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Fecha de Publicación: 07/01/2019
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Nacional
Por ley se establece que se debe destinar un 0,3% del presupuesto nacional a las áreas protegidas. Sin embargo de una suma equivalente a $12.516 millones para 2019, el Estado nacional sólo distribuirá $570 millones.
En los primeros ocho años de vigencia de la Ley de Bosques, que entró en vigencia en 2010, el Estado Nacional debería haber transferido a las provincias compensaciones ambientales por al menos 28.960 millones de pesos. Pero apenas desembolsó 1.546 millones.
Por lo tanto, si se suman las asignaciones correspondientes al período comprendido entre 2010 y 2017, puede advertirse que en ese lapso el Estado nacional se apropió de unos 27.400 millones de pesos nominales pertenecientes a las provincias.
Misiones tiene un tercio de su territorio como áreas protegidas y reservas naturales, por lo tanto, el dinero que pueda llegar para preservación ambiental es muy importante ya que los beneficios de un medio ambiente sano llegan a todos los argentinos, a través del oxígeno, el suelo, el agua y la biodiversidad. La superficie total de la provincia alcanza las 3.000.000 de hectáreas y el total de superficie aproximada bajo alguna categoria de protección ambiental es de 1.394.000 has.
Para el año 2019 la situación no cambia. Al contrario: empeora.
El Gobierno nacional violará por décimo año consecutivo lo establecido por la “Ley de Bosques”, que indica que el 0,3% del presupuesto nacional debe destinarse a la preservación de los bosques. Ese porcentaje equivale, en el presupuesto del 2019, a la suma de 12.516 millones de pesos, mientras que en concepto de retenciones agroindustriales deberían sumarse al menos otros 2000 millones.
Es decir: el año que viene el Fondo de Conservación de los Bosques Nativos debería ser por lo menos de 14.500 millones de pesos. Sin embargo, el proyecto de Presupuesto 2019 asigna una partida de apenas 570,5 millones de pesos (cerca del 5% del monto correspondiente).
Los datos surgen del último “Informe del estado del ambiente 2017” publicado esta semana por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable de la Nación.
La Ley 26.331 (“Ley de Bosques”) dispone la creación de un Fondo de Conservación de los Bosques Nativos, cuyo propósito es compensar a las provincias y a los propietarios de campos que, debido al ordenamiento territorial establecido en cada jurisdicción, no puedan poner en producción el territorio en cuestión.Dicho fondo –según lo que determina la Ley de Bosques– debe ser integrado por partidas anuales que “no podrán ser inferiores al 0,3% del Presupuesto Nacional” y por “el 2,0% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración”.
El incumplimiento sistemático en la conformación del Fondo de Conservación de los Bosques Nativos constituye una apropiación indebida, por parte del Estado nacional, de recursos pertenecientes a las provincias.No es una maniobra exclusiva del Gobierno de Mauricio Macri. En la década kirchnerista se incumplía de la misma manera.
Reclamo misionero
Esta situación generó un reclamo de la diputada nacional por Misiones, Verónica Derna, ex ministra de Ecología, quien sostuvo ante la Cámara de Diputados de la Nación que “hace casi diez años el Gobierno nacional se queda con parte de los recursos que por ley se deben destinar al cuidado de los bosques y solamente incluye una pequeña parte en el presupuesto anual”.
Para 2019, en el artículo 16, se asignaron al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos un monto de $570.500.000 y para el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos un monto de $25.000.000. Sin embargo, este monto estipulado corresponde apenas al 5% de lo que debiera establecerse a la protección de nuestros bosques si se cumpliera la ley.
Derna fue más precisa al señalar que el monto debe proteger casi 30 millones de hectáreas, por lo tanto “es equivalente a un peso por hectárea por mes, equivalente a doce pesos por hectárea por año”.“Por ello solicitamos un aumento, hay herramientas para hacerlo por decisión administrativa”, agregó.
“No solo lo pedimos nosotros, sino también el Cofema (Consejo Federal de Medio Ambiente) y también lo han pedido Fundaciones como Vida Silvestre, Bosques Nativos Argentinos y propietarios de reservas privadas”, dijo la ex ministra.
Recordó que “en 2017 fuimos escuchados y una vez que planteamos el problema, el aumento se vio reflejado en una respuesta por decisión administrativa. Este año tenemos el mismo presupuesto que el año pasado y esto en relación a la cantidad de hectáreas de bosque nativo, que son más de 30 millones, es equivalente a un peso por hectárea por mes, equivalente a doce pesos por hectárea por año”.
“Por ello solicitamos un aumento, hay herramientas para hacerlo. Solicitamos que sea por decisión administrativa, lo faculta el artículo 16”, enfatizó.
“Conservar los bosques nativos es conservar el suelo, la flora, fauna, la biodiversidad, y nos brinda mejor calidad de vida”, finalizó Derna.
Crítico informe de la AGN
Un informe elaborado este año por la Auditoría General de la Nación (AGN) denunció que “la falta de presupuesto adecuado se traduce en el terreno en una baja efectividad de protección de los bosques nativos, ya que se financian menos planes que los presentados en las provincias”, además de propiciar “un monitoreo y control débil e insuficiente por falta de recursos tanto a nivel provincial como nacional (falta de equipamiento, vehículos y personal para las tareas de monitoreo y fiscalización)”.
“A diez años de la sanción de la Ley (de Bosques) 26.331, el monto previsto en las sucesivas leyes nacionales de presupuesto ha sido marcadamente inferior al que correspondería”, agrega.
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Buenos Aires: oposición preocupada por las fumigaciones
La oposición cuestionó resolución sobre aplicación de agroquímicos en la Provincia
Fecha de Publicación: 07/01/2019
Fuente: Infocielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Mediante un comunicado, diputados de Unidad Ciudadana rechazaron la resolución del Ministerio de Agroindustria bonaerense, la cual determina que a partir de enero regirán nuevas pautas para la aplicación de fitosanitarios.
"Entendemos que la utilización de agroquímicos en la producción agropecuaria es una práctica necesaria para la obtención de mejores rindes, pero creemos imperioso que las normas que regulan su aplicación sean lo suficientemente claras y taxativas para evitar su uso inapropiado, minimizando la posibilidad de contaminación de áreas sensibles, de manera de preservar la salud de la población bonaerense", sostiene un proyecto de declaración de diputados bonaerenses de Unidad Ciudadana.
Los legisladores rechazan la resolución que entró en vigencia este 1° de enero y piden al Ejecutivo bonaerense que la deje sin efecto porque la misma no establece "presupuestos mínimos de distancia o superficie que permitan garantizar el resguardo de la vida y la salud humana".
La mencionada resolución, la cual firmaron cerca de 30 municipios, establece que se dispondrán controles en determinadas zonas de amortiguamiento en lotes en áreas urbanas, zona residencial extraurbana y áreas de población dispersa; márgenes de cursos de agua o cuerpos de agua y zonas de bombeo; establecimientos educativos; áreas de esparcimiento; y reservas naturales. Sin embargo, el cuestionamiento pasa porque estos 12 principios y 23 recomendaciones no tienen en su escrito las distancias concretas de prohibición.
En ese sentido, el diputado bonaerense Mariano Pinedo destacó que desde su espacio político están desarrollando acciones de rechazo y repudio en todos los municipios del interior y avanzarán con una presentación judicial para que se impida de inmediato su aplicación. "Si vivís en un barrio lindero a un potrero o mandas a tus hijos a una escuela rural, te pueden fumigar hasta en la puerta. Eso dice la resolución de María Eugenia Vidal que pedimos se deje sin efecto. Cuidemos la salud, el medio ambiente y el alimento. Las personas están primero", escribió en cuenta de Twitter.
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Fecha de Publicación: 07/01/2019
Fuente: Infocielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Mediante un comunicado, diputados de Unidad Ciudadana rechazaron la resolución del Ministerio de Agroindustria bonaerense, la cual determina que a partir de enero regirán nuevas pautas para la aplicación de fitosanitarios.
"Entendemos que la utilización de agroquímicos en la producción agropecuaria es una práctica necesaria para la obtención de mejores rindes, pero creemos imperioso que las normas que regulan su aplicación sean lo suficientemente claras y taxativas para evitar su uso inapropiado, minimizando la posibilidad de contaminación de áreas sensibles, de manera de preservar la salud de la población bonaerense", sostiene un proyecto de declaración de diputados bonaerenses de Unidad Ciudadana.
Los legisladores rechazan la resolución que entró en vigencia este 1° de enero y piden al Ejecutivo bonaerense que la deje sin efecto porque la misma no establece "presupuestos mínimos de distancia o superficie que permitan garantizar el resguardo de la vida y la salud humana".
La mencionada resolución, la cual firmaron cerca de 30 municipios, establece que se dispondrán controles en determinadas zonas de amortiguamiento en lotes en áreas urbanas, zona residencial extraurbana y áreas de población dispersa; márgenes de cursos de agua o cuerpos de agua y zonas de bombeo; establecimientos educativos; áreas de esparcimiento; y reservas naturales. Sin embargo, el cuestionamiento pasa porque estos 12 principios y 23 recomendaciones no tienen en su escrito las distancias concretas de prohibición.
En ese sentido, el diputado bonaerense Mariano Pinedo destacó que desde su espacio político están desarrollando acciones de rechazo y repudio en todos los municipios del interior y avanzarán con una presentación judicial para que se impida de inmediato su aplicación. "Si vivís en un barrio lindero a un potrero o mandas a tus hijos a una escuela rural, te pueden fumigar hasta en la puerta. Eso dice la resolución de María Eugenia Vidal que pedimos se deje sin efecto. Cuidemos la salud, el medio ambiente y el alimento. Las personas están primero", escribió en cuenta de Twitter.
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Buenos Aires: preocupa pla aplicación de agroquímicos
Preocupa en el interior la aplicación indiscriminada de agroquímicos sobre zonas urbanas y suburbanas
Fecha de Publicación: 03/01/2019
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Mientras en Olavarría se confirmó que la propia Municipalidad aplicó “a escondidas” glifosato en las barrancas del arroyo Tapalqué, en Chascomús un juez dictó una cautelar que prohíbe las fumigaciones en zonas urbanas para proteger el “derecho a la vida”.
La aplicación indiscriminada de agroquímicos para usos agropecuarios, pero también con otros fines, empieza a generar una seria preocupación en la provincia de Buenos Aires. En Ayacucho, la fumigación a 20 metros de una escuela, sumada a las denuncias respecto de que en Coronel Suárez “llueve” glifosato y tantas otras polémicas, son sólo algunos de los episodios que se conocieron este año.
Pero, antes de 2019, habrá que agregar otros dos antecedentes que ponen el ojo sobre los agroquímicos, uno de los cuales pone en jaque a la municipalidad de Olavarría, que acaba de admitir que aplicó “a escondidas” glifosato en las barrancas del arroyo Tapalqué, cerca del centro de la ciudad.
La noticia se generó en el Concejo Deliberante a partir de la denuncia de la concejal eseverrista Margarita Arregui, quien sostuvo que “el Municipio hizo a escondidas”, quien promovió y logró aprobar varios pedidos de informes al intendente Ezequiel Galli (de Cambiemos) que nunca fueron respondidos.
En pleno escándalo, el municipio admitió la aplicación del herbicida, pero aseguró que corrió por cuenta de la contratista, agropecuaria San Sebastián, encargada del mantenimiento de la zona, a la que le aplicó sanciones. El problema es que los registros muestran que en la misma fecha adquirió sesenta litros de glifosato, a nombre del Municipio.
Por esto Arregui se volvió a preguntar “para qué compró glifosato el Municipio el 4 de julio del corriente, qué funcionario municipal autorizó esa compra y si el producto adquirido por el Municipio fue el utilizado por la empresa para desmalezar las barrancas del arroyo Tapalqué”.
El segundo hecho tiene lugar en Chascomús e involucra a otro de los poderes del Estado, en este caso la Justicia. Es que el último 21 de diciembre, el Juzgado Civil y Comercial N° 2 de Dolores ordenó suspender toda actividad de fumigación terrestre, aérea y el traslado de agroquímicos a una distancia “menor a 1.000 metros de la zona urbana, núcleos de viviendas habitadas, escuela rural, postas sanitarias, cursos de agua, villas recreativas o deportivas del Barrio Lomas Altas”.
La resolución llegó por la presentación de un particular, vecina de un barrio afectado por la aplicación de herbicidas, y teniendo en cuenta “la ausencia de normativa local que regule la materia”. En sus testimonios, los vecinos del barrio manifestaron haber “tenido malestares en la respiración, irritación de ojos” además de “una sensación rara en la boca y sabor amargo”.
Además se corroboró que hay árboles muertos e incluso peces afectados por los pesticidas aplicados en las inmediaciones del arroyo Almirante Brown.
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Fecha de Publicación: 03/01/2019
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Mientras en Olavarría se confirmó que la propia Municipalidad aplicó “a escondidas” glifosato en las barrancas del arroyo Tapalqué, en Chascomús un juez dictó una cautelar que prohíbe las fumigaciones en zonas urbanas para proteger el “derecho a la vida”.
La aplicación indiscriminada de agroquímicos para usos agropecuarios, pero también con otros fines, empieza a generar una seria preocupación en la provincia de Buenos Aires. En Ayacucho, la fumigación a 20 metros de una escuela, sumada a las denuncias respecto de que en Coronel Suárez “llueve” glifosato y tantas otras polémicas, son sólo algunos de los episodios que se conocieron este año.
Pero, antes de 2019, habrá que agregar otros dos antecedentes que ponen el ojo sobre los agroquímicos, uno de los cuales pone en jaque a la municipalidad de Olavarría, que acaba de admitir que aplicó “a escondidas” glifosato en las barrancas del arroyo Tapalqué, cerca del centro de la ciudad.
La noticia se generó en el Concejo Deliberante a partir de la denuncia de la concejal eseverrista Margarita Arregui, quien sostuvo que “el Municipio hizo a escondidas”, quien promovió y logró aprobar varios pedidos de informes al intendente Ezequiel Galli (de Cambiemos) que nunca fueron respondidos.
En pleno escándalo, el municipio admitió la aplicación del herbicida, pero aseguró que corrió por cuenta de la contratista, agropecuaria San Sebastián, encargada del mantenimiento de la zona, a la que le aplicó sanciones. El problema es que los registros muestran que en la misma fecha adquirió sesenta litros de glifosato, a nombre del Municipio.
Por esto Arregui se volvió a preguntar “para qué compró glifosato el Municipio el 4 de julio del corriente, qué funcionario municipal autorizó esa compra y si el producto adquirido por el Municipio fue el utilizado por la empresa para desmalezar las barrancas del arroyo Tapalqué”.
El segundo hecho tiene lugar en Chascomús e involucra a otro de los poderes del Estado, en este caso la Justicia. Es que el último 21 de diciembre, el Juzgado Civil y Comercial N° 2 de Dolores ordenó suspender toda actividad de fumigación terrestre, aérea y el traslado de agroquímicos a una distancia “menor a 1.000 metros de la zona urbana, núcleos de viviendas habitadas, escuela rural, postas sanitarias, cursos de agua, villas recreativas o deportivas del Barrio Lomas Altas”.
La resolución llegó por la presentación de un particular, vecina de un barrio afectado por la aplicación de herbicidas, y teniendo en cuenta “la ausencia de normativa local que regule la materia”. En sus testimonios, los vecinos del barrio manifestaron haber “tenido malestares en la respiración, irritación de ojos” además de “una sensación rara en la boca y sabor amargo”.
Además se corroboró que hay árboles muertos e incluso peces afectados por los pesticidas aplicados en las inmediaciones del arroyo Almirante Brown.
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La Pampa: sin agua en el Atuel va a la justicia
La Pampa acudirá a la Corte porque Mendoza cortó ingreso del Atuel y "se apropió del río"
Fecha de Publicación: 02/01/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
El gobierno de La Pampa resolvió notificar hoy a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que Mendoza volvió a cortar totalmente el curso del Atuel hacia la provincia y "se apropió del 100 por ciento de las aguas del Atuel", generando nuevamente perjuicios en lo económico por el inicio de la temporada turística y unimpacto ecológico y ambiental terrible".
A raíz del corte del curso del Atuel que dejó de ingresar a La Pampa, ayer se reunieron los integrantes de la Comisión Interjurisdiccional del Atuel Inferior (CIAI) de La Pampa, y por la tarde acordaron notificar hoy a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que Mendoza volvió a cortar totalmente y se "apropió" del río Atuel. "Se verificó la apropiación del 100 por ciento de las aguas del Atuel por parte de Mendoza", advitieron.
El río se encuentra cortado desde el 2007 y desde hace 11 años, sólo escurrían por su cauce caudales de agua de reúso que resultaban insuficientes en cuanto a cantidad y calidad para el sostenimiento del ecosistema.
"En el día de hoy (por ayer) se constata un corte total de los escurrimientos, incluso de reúso, por lo que se verificó la apropiación del 100% de las aguas del Atuel de Mendoza, ante el silencio de Nación y sus organismos competentes", señalaron para adelantar que notificarán a la Corte de la "muestra desaprensiva, unilateral y arbitraria de Mendoza, de apropiarse de la totalidad del Atuel".
El secretario de Recursos hidricos de La Pampa, Javier Slegel declaró hoy a Télam que "éste corte del ingreso del agua genera un impacto terrible en la región, hace perder lo poco que se ha logrado en material ambiental y además del impacto ecológico genera pérdidas en el desarrollo turístico, en Algarrobo del Aguila donde se realizó una fuerte inversión tanto de la esfera oficial como de la privada, que construyó cabañas".
Por su parte, el subsecretario de Ambiente de La Pampa, Fabián Tittarelli, señaló que el corte del ingreso del Atuel en La Pampa hace que nuevamente "como todos los años, el desierto, el salitre y la desolación avanzan sobre nuestros cauces y humedales, además de comenzar el éxodo de aquellas especies que pueden hacerlo, el resto morirá en el intento. Incluso -agregó- aquellas más hábiles para buscar nuevos horizontes, como las aves por ejemplo, pero que aún se están reproduciendo, preferirán quedarse a morir en el nido, en un intento desesperado por salvar su progenie".
"Otros correrán el mismo destino. La falta de oxígeno y el incremento de la concentración de sales primero y la ausencia total de agua posteriormente, dejarán sembrados en el suelo estéril miles y miles de peces. Y esto también sucede todos los años. El Capital Natural de una parte importante de nuestra provincia se extinguirá por completo, como todos los años, como en los últimos 100 años", concluyó.
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Fecha de Publicación: 02/01/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
El gobierno de La Pampa resolvió notificar hoy a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que Mendoza volvió a cortar totalmente el curso del Atuel hacia la provincia y "se apropió del 100 por ciento de las aguas del Atuel", generando nuevamente perjuicios en lo económico por el inicio de la temporada turística y unimpacto ecológico y ambiental terrible".
A raíz del corte del curso del Atuel que dejó de ingresar a La Pampa, ayer se reunieron los integrantes de la Comisión Interjurisdiccional del Atuel Inferior (CIAI) de La Pampa, y por la tarde acordaron notificar hoy a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que Mendoza volvió a cortar totalmente y se "apropió" del río Atuel. "Se verificó la apropiación del 100 por ciento de las aguas del Atuel por parte de Mendoza", advitieron.
El río se encuentra cortado desde el 2007 y desde hace 11 años, sólo escurrían por su cauce caudales de agua de reúso que resultaban insuficientes en cuanto a cantidad y calidad para el sostenimiento del ecosistema.
"En el día de hoy (por ayer) se constata un corte total de los escurrimientos, incluso de reúso, por lo que se verificó la apropiación del 100% de las aguas del Atuel de Mendoza, ante el silencio de Nación y sus organismos competentes", señalaron para adelantar que notificarán a la Corte de la "muestra desaprensiva, unilateral y arbitraria de Mendoza, de apropiarse de la totalidad del Atuel".
El secretario de Recursos hidricos de La Pampa, Javier Slegel declaró hoy a Télam que "éste corte del ingreso del agua genera un impacto terrible en la región, hace perder lo poco que se ha logrado en material ambiental y además del impacto ecológico genera pérdidas en el desarrollo turístico, en Algarrobo del Aguila donde se realizó una fuerte inversión tanto de la esfera oficial como de la privada, que construyó cabañas".
Por su parte, el subsecretario de Ambiente de La Pampa, Fabián Tittarelli, señaló que el corte del ingreso del Atuel en La Pampa hace que nuevamente "como todos los años, el desierto, el salitre y la desolación avanzan sobre nuestros cauces y humedales, además de comenzar el éxodo de aquellas especies que pueden hacerlo, el resto morirá en el intento. Incluso -agregó- aquellas más hábiles para buscar nuevos horizontes, como las aves por ejemplo, pero que aún se están reproduciendo, preferirán quedarse a morir en el nido, en un intento desesperado por salvar su progenie".
"Otros correrán el mismo destino. La falta de oxígeno y el incremento de la concentración de sales primero y la ausencia total de agua posteriormente, dejarán sembrados en el suelo estéril miles y miles de peces. Y esto también sucede todos los años. El Capital Natural de una parte importante de nuestra provincia se extinguirá por completo, como todos los años, como en los últimos 100 años", concluyó.
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7722, modificación con pocas posibilidades de concretarse
El oficialismo ve casi imposible los cambios a la Ley 7.722 en 2019
Fecha de Publicación: 29/12/2018
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
"El año electoral va a generar impedimentos para la aprobación de esa ley", aseguró el senador radical Diego Costarelli.
Los cambios en la Ley 7.722, conocida como antiminera, fue uno de los principales proyectos que trató la Legislatura en 2018. Presentado por el senador justicialista Alejandro Abraham, el oficialismo lo vio con buenos ojos y lo apoyó, pero no pudo salir adelante y para el radicalismo es casi imposible que se apruebe en 2019.
En el Senado, tanto los legisladores Juan Carlos Jaliff como Diego Costarelli echaron por tierra que las modificaciones de la Ley minera prosperen durante el 2019, año electoral.
"El año electoral va a generar impedimentos para la aprobación de esa ley", aseguró el senador radical Diego Costarelli.
Explicó que si la iniciativa no salió este 2018, menos posibilidades tiene de hacerlo en el 2019 que será un año intenso y con un proyecto como el de la minería que tiene un costo político importante.
El Presidente de la Cámara Alta, Juan Carlos Jaliff, recordó que este año habían redactado el despacho pero la falta de consenso de la oposición llevó a que la situación se estancara.
"Nosotros le planteamos que si había un acuerdo mayoritario lo íbamos a acompañar, pero en el justicialismo nunca se definieron, no acordaron nada", señaló
"Ya no sé, no creo que cambie el panorama para el año que viene", afirmó el senador.
Nestor Parés, presidente de la cámara Diputados, resaltó que los proyectos de minería tienen poco quórum en el justicialismo y ese es su principal limitante, no el año electoral.
Señaló que fue el propio partido el que frenó todo debate o tratamiento.
Al ser consultado por el pedido del PJ de que si Cornejo estaba a favor presentase su propio proyecto, indicó que es ridículo lo que plantearon.
"Ellos presentan una iniciativa y después su bloque no lo quiere votar.", puntualizó.
"Después nos plantean a nosotros que hagamos un proyecto. Es ridículo, si ya hay un proyecto", agregó.
Que Cornejo se involucre
Desde el justicialismo, la legisladora Patricia Fadel, "le tiró la pelota" al oficialismo.
"Hemos dicho que no tenemos problema en discutirlo siempre y cuando el Ejecutivo sea parte de la discusión y mande un proyecto", aseveró.
Sobre la postura del oficialismo de que es una iniciativa de su frente político y que ellos deben hacerse cargo, respondió que el tema de la minería es una cuestión de Estado que cambia la matriz productiva de Mendoza, por lo que el Gobernador debe ser el impulsor.
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Fecha de Publicación: 29/12/2018
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
"El año electoral va a generar impedimentos para la aprobación de esa ley", aseguró el senador radical Diego Costarelli.
Los cambios en la Ley 7.722, conocida como antiminera, fue uno de los principales proyectos que trató la Legislatura en 2018. Presentado por el senador justicialista Alejandro Abraham, el oficialismo lo vio con buenos ojos y lo apoyó, pero no pudo salir adelante y para el radicalismo es casi imposible que se apruebe en 2019.
En el Senado, tanto los legisladores Juan Carlos Jaliff como Diego Costarelli echaron por tierra que las modificaciones de la Ley minera prosperen durante el 2019, año electoral.
"El año electoral va a generar impedimentos para la aprobación de esa ley", aseguró el senador radical Diego Costarelli.
Explicó que si la iniciativa no salió este 2018, menos posibilidades tiene de hacerlo en el 2019 que será un año intenso y con un proyecto como el de la minería que tiene un costo político importante.
El Presidente de la Cámara Alta, Juan Carlos Jaliff, recordó que este año habían redactado el despacho pero la falta de consenso de la oposición llevó a que la situación se estancara.
"Nosotros le planteamos que si había un acuerdo mayoritario lo íbamos a acompañar, pero en el justicialismo nunca se definieron, no acordaron nada", señaló
"Ya no sé, no creo que cambie el panorama para el año que viene", afirmó el senador.
Nestor Parés, presidente de la cámara Diputados, resaltó que los proyectos de minería tienen poco quórum en el justicialismo y ese es su principal limitante, no el año electoral.
Señaló que fue el propio partido el que frenó todo debate o tratamiento.
Al ser consultado por el pedido del PJ de que si Cornejo estaba a favor presentase su propio proyecto, indicó que es ridículo lo que plantearon.
"Ellos presentan una iniciativa y después su bloque no lo quiere votar.", puntualizó.
"Después nos plantean a nosotros que hagamos un proyecto. Es ridículo, si ya hay un proyecto", agregó.
Que Cornejo se involucre
Desde el justicialismo, la legisladora Patricia Fadel, "le tiró la pelota" al oficialismo.
"Hemos dicho que no tenemos problema en discutirlo siempre y cuando el Ejecutivo sea parte de la discusión y mande un proyecto", aseveró.
Sobre la postura del oficialismo de que es una iniciativa de su frente político y que ellos deben hacerse cargo, respondió que el tema de la minería es una cuestión de Estado que cambia la matriz productiva de Mendoza, por lo que el Gobernador debe ser el impulsor.
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Misiones: procedimiento por transporte de madera ilegal
En procedimiento conjunto, Gendarmería y Ecología detuvieron camión con madera nativa sin guía habilitada para transporte
Fecha de Publicación: 28/12/2018
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
En un procedimiento de Gendarmería Nacional del Escuadrón 12 “Bernardo de Irigoyen”, sección San Antonio, que contó con el apoyo de Agentes de Conservación del Ministerio de Ecología y RNR de la provincia de Misiones se logro la detención de un camión con acoplado el cual transportaba 40 rollos de madera nativa de especie (guatambú), sin poseer las documentaciones pertinentes para su transporte (guía sin rellenar) y rollos sin la identificación con la marca martillo.
El operativo se concreto sobre la ruta provincial N° 19, en cercanía del Puesto de Guardaparques “Uruzu” del Parque Provincial Urugua-í, en momentos en que el trasporte circulaba por dicha arteria.
Posteriormente los agentes de conservación de la cartera ecológica procedieron a la medición del material forestal y a labrar las actuaciones pertinentes por la infracción a la normativa ambiental vigente. Tanto el vehículo y el material forestal quedaron alojados en la sub-unidad dependiente de Gendarmería Nacional a disposición del Ministerio de Ecología de Misiones, hasta tanto se establezcan las responsabilidades y sanciones por la infracción ambiental.
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Fecha de Publicación: 28/12/2018
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
En un procedimiento de Gendarmería Nacional del Escuadrón 12 “Bernardo de Irigoyen”, sección San Antonio, que contó con el apoyo de Agentes de Conservación del Ministerio de Ecología y RNR de la provincia de Misiones se logro la detención de un camión con acoplado el cual transportaba 40 rollos de madera nativa de especie (guatambú), sin poseer las documentaciones pertinentes para su transporte (guía sin rellenar) y rollos sin la identificación con la marca martillo.
El operativo se concreto sobre la ruta provincial N° 19, en cercanía del Puesto de Guardaparques “Uruzu” del Parque Provincial Urugua-í, en momentos en que el trasporte circulaba por dicha arteria.
Posteriormente los agentes de conservación de la cartera ecológica procedieron a la medición del material forestal y a labrar las actuaciones pertinentes por la infracción a la normativa ambiental vigente. Tanto el vehículo y el material forestal quedaron alojados en la sub-unidad dependiente de Gendarmería Nacional a disposición del Ministerio de Ecología de Misiones, hasta tanto se establezcan las responsabilidades y sanciones por la infracción ambiental.
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Buenos Aires: nueva normativa de agrotóxicos a medida de...
La Provincia ya es zona liberada para los agrotóxicos
Fecha de Publicación: 27/12/2018
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires
Una resolución firmada por el ministro de Asuntos Agrarios bonaerense, exgerente de Monsanto, habilita la fumigación en las que llama zonas de "amortiguamiento", es decir, lotes contiguos a escuelas y áreas de esparcimiento, a cursos de agua y reservas naturales.
Durante una entrevista con el programa de radio La Red Rural, el ministro de Asuntos Agrarios bonaerense, Leonardo Sarquís, se ufanó de la novedad: "Es la primera vez que la Provincia escribe una reglamentación para controlar la aplicación de fitosanitarios". Sarquís, exgerente de la multinacional Monsanto, hablaba de la Resolución N° 246-MAGP-18, publicada en el Boletín Oficial el pasado lunes 17 de diciembre, por la cual se habilita la aplicación de fitosanitarios (léase fumigación con agrotóxicos) "en los lotes contiguos al área urbana, zona residencial extraurbana, área de población dispersa, márgenes de cursos o cuerpos de agua, zonas de bombeo, establecimientos educativos, áreas de esparcimiento y reservas naturales que comprenderán la zona de amortiguamiento".
Para los malpensados que pudieran ver en la flamante normativa una medida (otra más) a favor de los intereses de las corporaciones del agronegocio y, por ende, en contra de la salud de los pobladores y la calidad del medio ambiente, el artículo 6 impone que "los profesionales Ingenieros Agrónomos u otro título equivalente matriculado, que intervengan en la zona de amortiguamiento deberán asistir a jornadas de actualización técnica específicas que determine la Autoridad de Aplicación".
Otra muestra de la preocupación del gobierno por el "interés común de los habitantes de la Nación" está expresado en el artículo 5 de la resolución: "La aplicación de fitosanitarios dentro de la zona de amortiguamiento contigua a establecimientos educativos, cualquiera sea la modalidad de aplicación, deberá efectuarse fuera de horario escolar". Tanta consideración conmueve.
Sarquís ya había anunciado durante los primeros días de diciembre el acuerdo de pautas de aplicación de agrotóxicos en los distintos municipios de la Provincia, basado en un informe conjunto elaborado en julio pasado por los entonces ministerios (luego rebajados a secretarías) de Salud, Ciencia, Medio Ambiente y Agroindustria.
Algunos de los municipios que ya adhirieron a la firma de estas pautas son Ayacucho, Azul, Balcarce, Berisso, Carlos Tejedor y Chascomús. En el caso de este último distrito, fue noticia reciente la muerte de peces en los arroyos afluentes a la laguna, coincidente con la fumigación en campos de la zona. Desde la Asamblea Paren de Fumigarnos Chascomús denunciaron que "con esta resolución se atenta contra los mismos trabajadores rurales y las familias que se encuentran en las zonas alcanzadas por los agrotóxicos".
Cancerígenas
El laboratorio de Biogeoquímica y Química Ambiental de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), junto con el defensor del Pueblo bonaerense, realizaron un relevamiento sobre la utilización de agroquímicos en la Provincia. Para eso se obtuvieron muestras de suelos y aire colectados a lo largo del territorio. El estudio confirmó que los plaguicidas aplicados en el campo llegan a las ciudades vecinas, especialmente en verano, cuando las fumigaciones son más frecuentes.
La relación entre los pesticidas usados en el campo y la proliferación de casos de cáncer fue documentada en el informe "Valoración de la exposición a plaguicidas en cultivos extensivos de la Argentina y su potencial impacto sobre la salud", financiado por el Ministerio de Salud en el año 2014.
El mismo estudio probó que el comercio de productos fitosanitarios –plaguicidas y fertilizantes– aumentó un 48,7% entre 2002 y 2008. Ese año, se comercializó un total de 225 millones de litros de estos químicos, de los cuales cerca de un 75% fueron herbicidas.
Las empresas comercializadoras de este tipo de productos (Monsanto, Syngenta, Dow AgroSciences, Bayer y Atanos) alegan que el glifosato no es perjudicial para la salud humana basándose en una supuesta "abrumadora evidencia científica", Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó ese principio activo dentro de las sustancias calificadas como "probablemente cancerígenas".
En julio de este año, científicos del Conicet y del Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIMA) de la UNLP detectaron la presencia de glifosato y atrazina, los dos plaguicidas que dominan el mercado argentino, en el 80% de las muestras de agua de lluvia. «
En Entre Ríos, cáncer y resistencia
En abril pasado, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú aprobó –con nueve votos a favor y tres en contra aportados por el bloque de Cambiemos– la ordenanza que prohibió en todo el ejido de la ciudad el uso del glifosato. La medida llegó tras años de lucha y reclamos de vecinos y organizaciones ambientalistas que venían alertando sobre el aumento de nuevos casos de chicos con cáncer y leucemia por el riego indiscriminado del herbicida en los campos lindantes a viviendas y escuelas. Desde entonces, organizaciones de ruralistas recurrieron a la justicia presentando amparos para frenar la ordenanza por considerarla “inconstitucional”, y calificándola como una respuesta "extrema" que afectará gravemente al sector.
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Fecha de Publicación: 27/12/2018
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires
Una resolución firmada por el ministro de Asuntos Agrarios bonaerense, exgerente de Monsanto, habilita la fumigación en las que llama zonas de "amortiguamiento", es decir, lotes contiguos a escuelas y áreas de esparcimiento, a cursos de agua y reservas naturales.
Durante una entrevista con el programa de radio La Red Rural, el ministro de Asuntos Agrarios bonaerense, Leonardo Sarquís, se ufanó de la novedad: "Es la primera vez que la Provincia escribe una reglamentación para controlar la aplicación de fitosanitarios". Sarquís, exgerente de la multinacional Monsanto, hablaba de la Resolución N° 246-MAGP-18, publicada en el Boletín Oficial el pasado lunes 17 de diciembre, por la cual se habilita la aplicación de fitosanitarios (léase fumigación con agrotóxicos) "en los lotes contiguos al área urbana, zona residencial extraurbana, área de población dispersa, márgenes de cursos o cuerpos de agua, zonas de bombeo, establecimientos educativos, áreas de esparcimiento y reservas naturales que comprenderán la zona de amortiguamiento".
Para los malpensados que pudieran ver en la flamante normativa una medida (otra más) a favor de los intereses de las corporaciones del agronegocio y, por ende, en contra de la salud de los pobladores y la calidad del medio ambiente, el artículo 6 impone que "los profesionales Ingenieros Agrónomos u otro título equivalente matriculado, que intervengan en la zona de amortiguamiento deberán asistir a jornadas de actualización técnica específicas que determine la Autoridad de Aplicación".
Otra muestra de la preocupación del gobierno por el "interés común de los habitantes de la Nación" está expresado en el artículo 5 de la resolución: "La aplicación de fitosanitarios dentro de la zona de amortiguamiento contigua a establecimientos educativos, cualquiera sea la modalidad de aplicación, deberá efectuarse fuera de horario escolar". Tanta consideración conmueve.
Sarquís ya había anunciado durante los primeros días de diciembre el acuerdo de pautas de aplicación de agrotóxicos en los distintos municipios de la Provincia, basado en un informe conjunto elaborado en julio pasado por los entonces ministerios (luego rebajados a secretarías) de Salud, Ciencia, Medio Ambiente y Agroindustria.
Algunos de los municipios que ya adhirieron a la firma de estas pautas son Ayacucho, Azul, Balcarce, Berisso, Carlos Tejedor y Chascomús. En el caso de este último distrito, fue noticia reciente la muerte de peces en los arroyos afluentes a la laguna, coincidente con la fumigación en campos de la zona. Desde la Asamblea Paren de Fumigarnos Chascomús denunciaron que "con esta resolución se atenta contra los mismos trabajadores rurales y las familias que se encuentran en las zonas alcanzadas por los agrotóxicos".
Cancerígenas
El laboratorio de Biogeoquímica y Química Ambiental de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), junto con el defensor del Pueblo bonaerense, realizaron un relevamiento sobre la utilización de agroquímicos en la Provincia. Para eso se obtuvieron muestras de suelos y aire colectados a lo largo del territorio. El estudio confirmó que los plaguicidas aplicados en el campo llegan a las ciudades vecinas, especialmente en verano, cuando las fumigaciones son más frecuentes.
La relación entre los pesticidas usados en el campo y la proliferación de casos de cáncer fue documentada en el informe "Valoración de la exposición a plaguicidas en cultivos extensivos de la Argentina y su potencial impacto sobre la salud", financiado por el Ministerio de Salud en el año 2014.
El mismo estudio probó que el comercio de productos fitosanitarios –plaguicidas y fertilizantes– aumentó un 48,7% entre 2002 y 2008. Ese año, se comercializó un total de 225 millones de litros de estos químicos, de los cuales cerca de un 75% fueron herbicidas.
Las empresas comercializadoras de este tipo de productos (Monsanto, Syngenta, Dow AgroSciences, Bayer y Atanos) alegan que el glifosato no es perjudicial para la salud humana basándose en una supuesta "abrumadora evidencia científica", Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó ese principio activo dentro de las sustancias calificadas como "probablemente cancerígenas".
En julio de este año, científicos del Conicet y del Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIMA) de la UNLP detectaron la presencia de glifosato y atrazina, los dos plaguicidas que dominan el mercado argentino, en el 80% de las muestras de agua de lluvia. «
En Entre Ríos, cáncer y resistencia
En abril pasado, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú aprobó –con nueve votos a favor y tres en contra aportados por el bloque de Cambiemos– la ordenanza que prohibió en todo el ejido de la ciudad el uso del glifosato. La medida llegó tras años de lucha y reclamos de vecinos y organizaciones ambientalistas que venían alertando sobre el aumento de nuevos casos de chicos con cáncer y leucemia por el riego indiscriminado del herbicida en los campos lindantes a viviendas y escuelas. Desde entonces, organizaciones de ruralistas recurrieron a la justicia presentando amparos para frenar la ordenanza por considerarla “inconstitucional”, y calificándola como una respuesta "extrema" que afectará gravemente al sector.
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Río Negro: advierten que está frenado el OT de bosques
Denuncian que la provincia mantiene frenado el ordenamiento de bosques
Fecha de Publicación: 25/12/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
El incumplimiento de la ley de ordenamiento territorial de bosques desde hace tiempo le valieron a la provincia varias intimaciones por parte del Consejo Federal de Medio Ambiente.
La provincia de Río Negro incumple desde hace años la ley de ordenamiento territorial de bosques y mantiene “en un limbo” el mapa que debe categorizar las distintas zonas geográficas y definir los usos posibles.
Esa omisión le valieron ya varias intimaciones expresas del Consejo Federal de Medio Ambiente, e incluso un señalamiento del jefe de Gabinete Marcos Peña en una de sus últimas exposiciones ante el Senado, según denunció la asociación civil Árbol de Pie.
Esa organización pidió explicaciones al subsecretario de Recursos Forestales Marcelo Perdomo por la realización de contactos informales con las empresas que explotan los centros de esquí de Catedral y cerro Perito Moreno. Esas firmas habrían formulado objeciones al mapa ya elaborado y pendiente de aprobación, en el intento de lograr una flexibilización de las reglas, que impedirían el desarrollo inmobiliario.
La nota en cuestión está fechada el pasado 10 de diciembre pero todavía no tuvo respuesta. El ingeniero Marcos Ferrero, miembro de Árbol de Pie, dijo que la primera irregularidad es que la provincia dejó de convocar hace ya cuatro años el Consejo Consultivo de Bosques, que por ley es el encargado de evaluar las políticas para el sector y acordar el ordenamiento.
En esa mesa participaron durante años tanto Árbol de Pie como otras entidades sociales, productivas, los municipios y colegios profesionales.
“El Consejo funcionó hasta 2013. En marzo de 2015 la provincia presentó el mapa, que tiene por ejemplo zonas de protección amarillas y rojas en las áreas abarcadas por los centros de esquí, de modo que quedarían prohibidos los desmontes. Pero el gobierno de Weretilneck nunca lo mandó a la Legislatura y sigue negociando con las empresas”, se lamentó Ferrero.
Dijo que esa demora viola la ley de Bosques y también la resolución 350 del Consejo Federal de Medio Ambiente. Indicó que la provincia incumplió un primer plazo de dos años para elaborar y aprobar el mapa por ley y luego otro de cinco años para aprobar cambios y ajustes.
En el reclamo a Perdomo la organización barilochense le informó que ya le habían solicitado varias veces al gobernador que envíe el mapa de Bosques para su tratamiento en la Legislatura, hasta hoy sin resultado. Tampoco volvió a ser convocado el Consejo Consultivo.
Este diario intentó comunicarse ayer con Perdomo, quien no atendió los llamados.
Según Ferrero, “ésta no es la única provincia donde hay problemas con la ley de Bosques. En Santiago, en Salta también están desmontando zonas rojas. Pero nosotros nos ocupamos de Río Negro. Lo más grave es que se haya cortado el diálogo y que hayan dejado el mapa en un limbo”.
Señaló que “si el mapa fuera ley los centros de esquí no podrían afectar el bosque nativo, y éso es lo que frena todo”. Según les consta, “se realizaron talleres sectoriales que ellos llaman ´mesas técnico políticas´, con los grupos que tienen objeciones al ordenamiento planteado, como los centros de esquí. Ellos son los que intentan introducir modificaciones, por afuera del Consejo Consultivo”.
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Fecha de Publicación: 25/12/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
El incumplimiento de la ley de ordenamiento territorial de bosques desde hace tiempo le valieron a la provincia varias intimaciones por parte del Consejo Federal de Medio Ambiente.
La provincia de Río Negro incumple desde hace años la ley de ordenamiento territorial de bosques y mantiene “en un limbo” el mapa que debe categorizar las distintas zonas geográficas y definir los usos posibles.
Esa omisión le valieron ya varias intimaciones expresas del Consejo Federal de Medio Ambiente, e incluso un señalamiento del jefe de Gabinete Marcos Peña en una de sus últimas exposiciones ante el Senado, según denunció la asociación civil Árbol de Pie.
Esa organización pidió explicaciones al subsecretario de Recursos Forestales Marcelo Perdomo por la realización de contactos informales con las empresas que explotan los centros de esquí de Catedral y cerro Perito Moreno. Esas firmas habrían formulado objeciones al mapa ya elaborado y pendiente de aprobación, en el intento de lograr una flexibilización de las reglas, que impedirían el desarrollo inmobiliario.
La nota en cuestión está fechada el pasado 10 de diciembre pero todavía no tuvo respuesta. El ingeniero Marcos Ferrero, miembro de Árbol de Pie, dijo que la primera irregularidad es que la provincia dejó de convocar hace ya cuatro años el Consejo Consultivo de Bosques, que por ley es el encargado de evaluar las políticas para el sector y acordar el ordenamiento.
En esa mesa participaron durante años tanto Árbol de Pie como otras entidades sociales, productivas, los municipios y colegios profesionales.
“El Consejo funcionó hasta 2013. En marzo de 2015 la provincia presentó el mapa, que tiene por ejemplo zonas de protección amarillas y rojas en las áreas abarcadas por los centros de esquí, de modo que quedarían prohibidos los desmontes. Pero el gobierno de Weretilneck nunca lo mandó a la Legislatura y sigue negociando con las empresas”, se lamentó Ferrero.
Dijo que esa demora viola la ley de Bosques y también la resolución 350 del Consejo Federal de Medio Ambiente. Indicó que la provincia incumplió un primer plazo de dos años para elaborar y aprobar el mapa por ley y luego otro de cinco años para aprobar cambios y ajustes.
En el reclamo a Perdomo la organización barilochense le informó que ya le habían solicitado varias veces al gobernador que envíe el mapa de Bosques para su tratamiento en la Legislatura, hasta hoy sin resultado. Tampoco volvió a ser convocado el Consejo Consultivo.
Este diario intentó comunicarse ayer con Perdomo, quien no atendió los llamados.
Según Ferrero, “ésta no es la única provincia donde hay problemas con la ley de Bosques. En Santiago, en Salta también están desmontando zonas rojas. Pero nosotros nos ocupamos de Río Negro. Lo más grave es que se haya cortado el diálogo y que hayan dejado el mapa en un limbo”.
Señaló que “si el mapa fuera ley los centros de esquí no podrían afectar el bosque nativo, y éso es lo que frena todo”. Según les consta, “se realizaron talleres sectoriales que ellos llaman ´mesas técnico políticas´, con los grupos que tienen objeciones al ordenamiento planteado, como los centros de esquí. Ellos son los que intentan introducir modificaciones, por afuera del Consejo Consultivo”.
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Multa récord a YPF por el derrame en Neuquén
Multa récord a YPF: casi $ 33 millones por el derrame de petróleo en Neuquén
Fecha de Publicación: 25/12/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Neuquén
El gobierno de la provincia del Neuquén informó hoy que, como consecuencia del incidente ambiental ocurrido los días 19 y 20 de octubre de 2018 por la surgencia descontrolada en el área de concesión Bandurria Sur de la formación geológica Vaca Muerta, sancionó a YPF con 23.000 IUS, el rango más alto permitido por ley, lo que determina una multa de $ 32.936.690.
También se determinó la suspensión de la licencia ambiental, lo que constituye una sanción sin antecedentes en la industria hidrocarburífera local.
Desde la Subsecretaría de Ambiente de Neuquén -autoridad de aplicación de la Ley de Ambiente-, explicaron que la multa se encuadra en lo dispuesto en el artículo 28 inc. 1 de la ley provincial 1875, por el incumplimiento a los deberes jurídicos contenidos en los artículos 10 y 15 de la norma.
La ley 1875 tiene como objetivo establecer dentro de la política de desarrollo integral de la provincia, los principios rectores para la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente en todo el territorio de Neuquén, para lograr y mantener una óptima calidad de vida de sus habitantes.
Asimismo, se dispuso suspender en forma definitiva la licencia ambiental respecto de la perforación de los pozos YPF.Nq.LCav-26(h), YPF.Nq.LCav-27(h), YPF.Nq.LCav-28(h) e YPF.Nq.LCav-29(h) en locación 8 del área de concesión Bandurria Sur.
El incidente que originó la multa, un “blowout” o descontrol de pozo, comenzó el 19 de octubre último y se extendió por unas 36 horas: Fueron en total 47,6 hectáreas afectadas en distintos niveles, que deberán ser remediadas por YPF, con un plan que demandará más de ocho meses de trabajos en el área.
En los últimos dos meses, YPF también debió soportar otros incidentes, como el del 2 de noviembre pasado en Loma La Lata, cuando se produjo una surgencia de gas y barro de perforación, en momentos en que se efectuaban labores de terminación (workover) de un pozo convencional.
Otro incidente se registró el 30 del mismo mes, en el yacimiento Estación Fernández Oro de Allen, donde se registró una fuga de gas con líquidos utilizados para perforación.
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Fecha de Publicación: 25/12/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Neuquén
El gobierno de la provincia del Neuquén informó hoy que, como consecuencia del incidente ambiental ocurrido los días 19 y 20 de octubre de 2018 por la surgencia descontrolada en el área de concesión Bandurria Sur de la formación geológica Vaca Muerta, sancionó a YPF con 23.000 IUS, el rango más alto permitido por ley, lo que determina una multa de $ 32.936.690.
También se determinó la suspensión de la licencia ambiental, lo que constituye una sanción sin antecedentes en la industria hidrocarburífera local.
Desde la Subsecretaría de Ambiente de Neuquén -autoridad de aplicación de la Ley de Ambiente-, explicaron que la multa se encuadra en lo dispuesto en el artículo 28 inc. 1 de la ley provincial 1875, por el incumplimiento a los deberes jurídicos contenidos en los artículos 10 y 15 de la norma.
La ley 1875 tiene como objetivo establecer dentro de la política de desarrollo integral de la provincia, los principios rectores para la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente en todo el territorio de Neuquén, para lograr y mantener una óptima calidad de vida de sus habitantes.
Asimismo, se dispuso suspender en forma definitiva la licencia ambiental respecto de la perforación de los pozos YPF.Nq.LCav-26(h), YPF.Nq.LCav-27(h), YPF.Nq.LCav-28(h) e YPF.Nq.LCav-29(h) en locación 8 del área de concesión Bandurria Sur.
El incidente que originó la multa, un “blowout” o descontrol de pozo, comenzó el 19 de octubre último y se extendió por unas 36 horas: Fueron en total 47,6 hectáreas afectadas en distintos niveles, que deberán ser remediadas por YPF, con un plan que demandará más de ocho meses de trabajos en el área.
En los últimos dos meses, YPF también debió soportar otros incidentes, como el del 2 de noviembre pasado en Loma La Lata, cuando se produjo una surgencia de gas y barro de perforación, en momentos en que se efectuaban labores de terminación (workover) de un pozo convencional.
Otro incidente se registró el 30 del mismo mes, en el yacimiento Estación Fernández Oro de Allen, donde se registró una fuga de gas con líquidos utilizados para perforación.
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Plaguicidas prohibidos en la UE pero en Argentina...
Argentina busca limitar la prohibición en el uso de agroquímicos que impuso la UE desde 2019
Fecha de Publicación: 24/12/2018
Fuente: BAE Negocios
Provincia/Región: Nacional
A partir del próximo año la Comunidad Europea prohibirá el uso de ciertos tipos de plaguicidas identificadas como disruptores endócrinos los cuales son causantes de enfermedades cancerígenas. En ese contexto empezó a modificar el criterio de la paleta de moléculas que se aplican en la agricultura las cuales antes eran consideradas de "riesgo" para cambiarlo por el de "peligro". Esto afectará seriamente el ingreso de los productos argentinos al viejo continente. Ante esto, las cadenas agroindustriales, productores e industria química junto al Gobierno, buscan armar una estrategia en común para llevar al Mercosur y a partir de ahí junto a otros países como EE.UU. o Australia. hacer un planteo formal ante las autoridades europeas.
Puntualmente lo que dispuso la UE, es la aplicación nuevos criterios para algunas moléculas las cuales calificó de peligrosas, por ahora no está el glifosato, en donde se encuentran algunos fungicidas necesarios en cultivos como el trigo.
"Hoy no hay remplazo posible a los productos que prohíbe la UE. Los cuales de haberlos, elevaría los costos de producción en todos los países que se verán con problemas comerciales", señaló a BAE Negocios el jefe de Gabinete de Agroindustria, Santiago Del Solar.
El funcionario sostuvo que se está hablando en el mas alto nivel de autoridades europeas explicándole la imposibilidad de la nueva reglamentación, aunque reconoció que "tampoco hay una propuesta por parte de Europa del tipo de sustancias hay que usar".
De este modo no podrán ingresar al viejo continente granos, subproductos como aceites y harinas, legumbres, hortalizas y carnes. Sobre datos del Indec en 2017, los envíos a la UE totalizaron divisas por más de u$s8.000 millones. En el total representa el 15% de los ingresos para la Argentina.
Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro Exportador de Cereales (CEC), su presidente Gustavo Idígoras afirmó a este diario que "el tema preocupa mucho el cual se viene trabajando con las demás cadenas dado que el efecto será muy negativo en materia de exportaciones a la UE, para el cual se elabora junto al Gobierno en buscar aliados con otros países".
Por lo pronto la presencia de plaguicidas se empieza a volver hoy en una condición que puede hacer que un productor o un país no ingrese a un mercado.
Para Andrés Méndez, experto en agricultura de precisión, "la Argentina se destaca en el uso de tecnología que permita realizar un mejor tratamiento de productos químicos aplicados a los cultivos. Hace varios años que en el campo se aplican sensores activos para el control de malezas selectivos donde en algunos lotes con presencia de malezas se logró disminuir en un 80% el uso de herbicidas".
El desafió de ahora en mas será producir alimentos, pero este deberá ser con sistemas sustentables en lo que hace al uso de recursos como agua, suelo, fertilizantes y agroquímicos. Tendrá que haber un ordenamiento y correcta aplicación. La Argentina deberá buscar alternativas para producir con el menor impacto posible en el medio ambiente.
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Fecha de Publicación: 24/12/2018
Fuente: BAE Negocios
Provincia/Región: Nacional
A partir del próximo año la Comunidad Europea prohibirá el uso de ciertos tipos de plaguicidas identificadas como disruptores endócrinos los cuales son causantes de enfermedades cancerígenas. En ese contexto empezó a modificar el criterio de la paleta de moléculas que se aplican en la agricultura las cuales antes eran consideradas de "riesgo" para cambiarlo por el de "peligro". Esto afectará seriamente el ingreso de los productos argentinos al viejo continente. Ante esto, las cadenas agroindustriales, productores e industria química junto al Gobierno, buscan armar una estrategia en común para llevar al Mercosur y a partir de ahí junto a otros países como EE.UU. o Australia. hacer un planteo formal ante las autoridades europeas.
Puntualmente lo que dispuso la UE, es la aplicación nuevos criterios para algunas moléculas las cuales calificó de peligrosas, por ahora no está el glifosato, en donde se encuentran algunos fungicidas necesarios en cultivos como el trigo.
"Hoy no hay remplazo posible a los productos que prohíbe la UE. Los cuales de haberlos, elevaría los costos de producción en todos los países que se verán con problemas comerciales", señaló a BAE Negocios el jefe de Gabinete de Agroindustria, Santiago Del Solar.
El funcionario sostuvo que se está hablando en el mas alto nivel de autoridades europeas explicándole la imposibilidad de la nueva reglamentación, aunque reconoció que "tampoco hay una propuesta por parte de Europa del tipo de sustancias hay que usar".
De este modo no podrán ingresar al viejo continente granos, subproductos como aceites y harinas, legumbres, hortalizas y carnes. Sobre datos del Indec en 2017, los envíos a la UE totalizaron divisas por más de u$s8.000 millones. En el total representa el 15% de los ingresos para la Argentina.
Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro Exportador de Cereales (CEC), su presidente Gustavo Idígoras afirmó a este diario que "el tema preocupa mucho el cual se viene trabajando con las demás cadenas dado que el efecto será muy negativo en materia de exportaciones a la UE, para el cual se elabora junto al Gobierno en buscar aliados con otros países".
Por lo pronto la presencia de plaguicidas se empieza a volver hoy en una condición que puede hacer que un productor o un país no ingrese a un mercado.
Para Andrés Méndez, experto en agricultura de precisión, "la Argentina se destaca en el uso de tecnología que permita realizar un mejor tratamiento de productos químicos aplicados a los cultivos. Hace varios años que en el campo se aplican sensores activos para el control de malezas selectivos donde en algunos lotes con presencia de malezas se logró disminuir en un 80% el uso de herbicidas".
El desafió de ahora en mas será producir alimentos, pero este deberá ser con sistemas sustentables en lo que hace al uso de recursos como agua, suelo, fertilizantes y agroquímicos. Tendrá que haber un ordenamiento y correcta aplicación. La Argentina deberá buscar alternativas para producir con el menor impacto posible en el medio ambiente.
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Río Negro: tras denuncias auditarán basurero petrolero
Realizarán pruebas de contaminación en la petrolera denunciada por mapuches
Fecha de Publicación: 24/12/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
La base de Treater en Añelo fue allanada la semana pasada. Desde el organismo judicial buscan determinar si las piletas de lodo tienen filtraciones.
La investigación por presunta contaminación ambiental que surgió por denuncias de comunidades mapuches contra la empresa Treater SA tendrán un punto de inflexión en enero. La fiscalía de Delitos Ambientales, a cargo de Maximiliano Breide Obeid, ordenó un estudio complejo del suelo para afirmar o desmentir la presencia de tóxicos debajo de las piletas de acopio de la compañía.
Según indicó el funcionario judicial se trata de un análisis “tricapa” que se extiende decenas de metros por debajo de la superficie para controlar el estado de las napas y el subsuelo. El estudio necesita de la aprobación de fondos para la contratación de un laboratorio especializado.
Con esa evaluación se podrá determinar si los depósitos de la empresa, que se conocieron tras una publicación de la organización ambientalista Greenpeace, contaban con la debida impermeabilización a través de membranas.
A partir de los resultados de esas pericias, se podrá avanzar penalmente solo en dos casos: si hubo contaminación de napas subterráneas y por otro lado si el acopio fue indebido y afectó la salud de pobladores. que viven a unos 3 kilómetros de distancia en terrenos municipales.
Acerca de la publicación de la organización ambientalista, el fiscal jefe Breide Obeid sostuvo que aún no han recibido tal denuncia y señaló que los allanamientos requeridos la semana pasada fueron a partir de las presentaciones que realizaron las comunidades neuquinas donde la prueba que presentaron fue únicamente un video.
Paso por paso
Breide Obeid señaló que por el momento solo hay “una sospecha de contaminación” y agregó que deben separarse los planteos porque por un lado su actividad está vinculada al tratamiento de material contaminado y, por otro, lo que tiene que ver con las piletas de acopio y posterior tratamiento.
En ese contexto explayó que para determinar esto “hay que hacer una toma de muestra al rededor del piletón y si dan positivo es que tenemos filtraciones y tenemos contaminación”.
En el lugar se realizó la inspección ocular la semana pasada y, según el fiscal, “lo único que se ve es una pileta de líquido negro pero no lo que hay debajo. La única forma de determinar la existencia de la membrana es tomar una tricapa, que es una toma de muestra a los costados de la pileta”.
Otro aspecto de relevancia fue la cantidad de desechos que se acopian en el predio de Treater. Para este tema sostuvo que “hay que ver si tienen la capacidad para procesar todo lo que ingresa. Durante la inspección pudimos constatar que hay un solo horno funcionando y está ingresando más de lo que pueden tratar. En ese caso lo que tenemos que determinar es si la pilas de tierra que tienen que tratar están contaminando al resto”.
Breide Obeid trazó distinguió entre las actuaciones penales y las administrativas. Explicó que “hay una cuestión que tiene que ver con lo administrativo y es que la secretaría de Ambiente de la provincia quien tiene el poder de disciplina, como ocurrió en Bandurria”. Por otro lado dijo que su intervención es solo a partir de un delito.
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Fecha de Publicación: 24/12/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
La base de Treater en Añelo fue allanada la semana pasada. Desde el organismo judicial buscan determinar si las piletas de lodo tienen filtraciones.
La investigación por presunta contaminación ambiental que surgió por denuncias de comunidades mapuches contra la empresa Treater SA tendrán un punto de inflexión en enero. La fiscalía de Delitos Ambientales, a cargo de Maximiliano Breide Obeid, ordenó un estudio complejo del suelo para afirmar o desmentir la presencia de tóxicos debajo de las piletas de acopio de la compañía.
Según indicó el funcionario judicial se trata de un análisis “tricapa” que se extiende decenas de metros por debajo de la superficie para controlar el estado de las napas y el subsuelo. El estudio necesita de la aprobación de fondos para la contratación de un laboratorio especializado.
Con esa evaluación se podrá determinar si los depósitos de la empresa, que se conocieron tras una publicación de la organización ambientalista Greenpeace, contaban con la debida impermeabilización a través de membranas.
A partir de los resultados de esas pericias, se podrá avanzar penalmente solo en dos casos: si hubo contaminación de napas subterráneas y por otro lado si el acopio fue indebido y afectó la salud de pobladores. que viven a unos 3 kilómetros de distancia en terrenos municipales.
Acerca de la publicación de la organización ambientalista, el fiscal jefe Breide Obeid sostuvo que aún no han recibido tal denuncia y señaló que los allanamientos requeridos la semana pasada fueron a partir de las presentaciones que realizaron las comunidades neuquinas donde la prueba que presentaron fue únicamente un video.
Paso por paso
Breide Obeid señaló que por el momento solo hay “una sospecha de contaminación” y agregó que deben separarse los planteos porque por un lado su actividad está vinculada al tratamiento de material contaminado y, por otro, lo que tiene que ver con las piletas de acopio y posterior tratamiento.
En ese contexto explayó que para determinar esto “hay que hacer una toma de muestra al rededor del piletón y si dan positivo es que tenemos filtraciones y tenemos contaminación”.
En el lugar se realizó la inspección ocular la semana pasada y, según el fiscal, “lo único que se ve es una pileta de líquido negro pero no lo que hay debajo. La única forma de determinar la existencia de la membrana es tomar una tricapa, que es una toma de muestra a los costados de la pileta”.
Otro aspecto de relevancia fue la cantidad de desechos que se acopian en el predio de Treater. Para este tema sostuvo que “hay que ver si tienen la capacidad para procesar todo lo que ingresa. Durante la inspección pudimos constatar que hay un solo horno funcionando y está ingresando más de lo que pueden tratar. En ese caso lo que tenemos que determinar es si la pilas de tierra que tienen que tratar están contaminando al resto”.
Breide Obeid trazó distinguió entre las actuaciones penales y las administrativas. Explicó que “hay una cuestión que tiene que ver con lo administrativo y es que la secretaría de Ambiente de la provincia quien tiene el poder de disciplina, como ocurrió en Bandurria”. Por otro lado dijo que su intervención es solo a partir de un delito.
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Una sentencia por arsénico que puede hacer historia
Una sentencia judicial dice que el agua de Chivilcoy es “no apta para el consumo humano”
Fecha de Publicación: 23/12/2018
Fuente: La Razón de Chivilcoy
Provincia/Región: Buenos Aires
Ayer se dio a conocer las alternativas del fallo, que obliga a ABSA a terminar las obras de la planta de ósmosis inversa y al OCABA y la Autoridad del Agua a “informar si la obra resulta suficiente para cumplir con el proveimiento de agua potable dentro de los parámetros establecidos en el Código alimentario Argentino”.
La batalla entre vecinos de Chivilcoy y la empresa ABSA por una mejor calidad del agua tuvo su sentencia, aunque no definitiva. Tras varios meses, el juez Martín Cherubini, del Juzgado N° 6 de Mercedes, determinó que el agua que se consume en la ciudad es “no apta para el consumo humano”.
Asimismo, conmina a ABSA y a la provincia de Buenos Aires a que en un plazo de seis meses, esté terminada la planta de ósmosis inversa que se construye en la sede del polideportivo, al tiempo que obliga al Organismo de Control de Aguas Bonaerenses (OCABA) y la Autoridad del Agua, a controlar e informar de la utilidad de esta planta y el impacto ambiental que generará.
Así se informó en una conferencia de prensa, que se llevó a cabo en la Defensoría del Pueblo, con la presencia de vecinos integrantes de la Asamblea por el Agua de Chivilcoy; los abogados, Santilli y Caselles que llevaron adelante la causa e integrantes de la Mesa de Fiscalización por el Agua. Por el municipio estuvieron Matías Múo, coordinador de Gobierno y Cintia Satriano, coordinadora de la Secretaría de Calidad Alimentaria, Zoonosis y Medio Ambiente.
Ezequiel Caselles, uno de los integrantes de la Asamblea por el Agua, manifestó en referencia a la sentencia que “es muy favorable para la comunidad en torno a este reclamo legítimo que venimos teniendo desde hace años en nuestra ciudad, ya que acarrea enfermedades”.
“Es un fallo que nos confirma, pero no nos conforma. Nos confirma el reclamo por el derecho que vemos vulnerado y creemos que esta sentencia nos da la razón”, dijo Caselles, al tiempo que agregó que “no nos conforma, en el sentido que tenemos que seguir trabajando y nos obliga a tomar más compromiso y responsabilidad para llegar a soluciones definitivas”.
Caselles señaló que “Hace más un año y medio demandamos a ABSA y a la provincia de Buenos Aires, a partir de los análisis que realizamos en nuestros hogares, que arrojaron altos niveles de arsénico, nitratos y nitritos en el agua de red. Después de varios idas y vueltas, propias de la justicia, recibimos la sentencia final sobre el asunto”.
“El fallo del juez Martín Cherubini del Juzgado 6 de Mercedes nos confirma lo que sabíamos y que ABSA negaba en un primer momento”, subrayó.
Sentencia textual
El texto del fallo, expresa: “La totalidad de los interesados ha reconocido la existencia del problema con la provisión de agua en la ciudad de Chivilcoy, lo cual, conforme surge de los informes realizados por el OCABA en el expediente administrativo acorallado, la torna no apta para consumo humano”.
“Las pretendidas, dice el Juez, ABSA y la provincia de Buenos Aires, han dado muestras de la necesidad de realizar obras para evitar este flagelo”.
Por lo tanto, “el decisorio que aquí se dicta, tiene entonces por objeto tal cometido cual es que, reconocido y probado el quebrantamiento del derecho fundamental invocado (a la salud) por los vecinos de Chivilcoy, su restitución se realice en un tiempo razonable”.
“Por esto el Juez resuelve: Estipula un plazo máximo de 6 meses para que ABSA termine la obra de Osmosis inversa. La Autoridad del Agua deberá realizar bimestralmente los estudios que ha ido efectuando, según obra en expediente administrativo, debiendo informar los resultados al Juez y a la Comisión fiscalizadora. (De este expediente aportado por la fiscaliza de estado de la provincia se desprende que el OCABA ha monitoreado entre los años 2012 y 2017 a la empresa ABSA en Chivilcoy y que la misma no cumple con lo requerido ni con los niveles permitidos en la normativa que la misma dice deben ser aplicados)”.
“A su vez deberá informar al Juez si la obra comprometida resulta suficiente para cumplir con el proveimiento de agua potable dentro de los parámetros establecidos en el Código alimentario Argentino y en su caso qué obras necesitan desarrollarse”.
Asamblea del agua
Caselles puntualizó que, “no nos conforma el fallo, hasta tanto tengamos la seguridad que los habitantes de Chivilcoy podamos tener un agua segura para nuestra salud. Porque hay personas en nuestra comunidad con serias enfermedades acarreadas por el Hacre (Hidroarsenisismo crónico regional endémico). Porque no confiamos en una empresa que ha dilatado tanto tiempo las obras y nos ha ocultado el problema por años”.
“Este fallo nos confirma el camino que decidimos tomar hace tiempo y nos obliga a seguir transitándolo con más compromiso y responsabilidad. A nosotros los asambleístas, a ustedes vecinos de la comunidad, a las autoridades municipales y a nuestros concejales”.
Seguidamente, convocó a la comunidad científica, a los médicos y los organismos de salud pública y privada “a que se comprometan con esta problemática. Que realicen simposios, que se instruyan al respecto y que nos ayuden a visualizar y trabajar para terminar con este flagelo”.
Defensoría del Pueblo
El responsable de la Defensoría del Pueblo, Facundo Banegas, valoró el trabajo y compromiso de los vecinos integrantes de la Asamblea por el Agua, a los abogados que llevaron adelante la causa, a los concejales y a la Municipalidad.
“Fue vergonzosa la actitud de la empresa ABSA, porque después de un año y medio, la justicia termina confirmando la inquietud de los vecinos de Chivilcoy” y aseveró que “ahora es la justicia la que obliga a la empresa a realizar una planta potabilizadora, acorde a los valores mundiales del agua, que es 0,01 de arsénico”.
“Debe ser una de las primeras sentencias en que se reconocen los valores del Código Nacional y de la Organización Mundial de la Salud. Chivilcoy será un ejemplo en que se deje de lado la vieja ley provincial, que toleraba el 0,05 de arsénico y tendrá que tomar parámetros mundiales en defensa de la salud de los vecinos”.
“Los que integramos la Mesa Fiscalizadora –añadió Benegas- tenemos que ponernos a trabajar para el cumplimiento de este fallo, ABSA tiene seis meses para terminar la planta potabilizadora, pero creo que deberán hacer un estudio para ampliar esa planta y adecuar este fallo”.
No obstante, aclaró que “la sentencia no está firme, pero creemos que la provincia de Buenos Aires no apelará este fallo, así que hacemos un llamado al gobierno bonaerense para que acate la medida y trabaje en conjunto con la Municipalidad y los vecinos”.
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Fecha de Publicación: 23/12/2018
Fuente: La Razón de Chivilcoy
Provincia/Región: Buenos Aires
Ayer se dio a conocer las alternativas del fallo, que obliga a ABSA a terminar las obras de la planta de ósmosis inversa y al OCABA y la Autoridad del Agua a “informar si la obra resulta suficiente para cumplir con el proveimiento de agua potable dentro de los parámetros establecidos en el Código alimentario Argentino”.
La batalla entre vecinos de Chivilcoy y la empresa ABSA por una mejor calidad del agua tuvo su sentencia, aunque no definitiva. Tras varios meses, el juez Martín Cherubini, del Juzgado N° 6 de Mercedes, determinó que el agua que se consume en la ciudad es “no apta para el consumo humano”.
Asimismo, conmina a ABSA y a la provincia de Buenos Aires a que en un plazo de seis meses, esté terminada la planta de ósmosis inversa que se construye en la sede del polideportivo, al tiempo que obliga al Organismo de Control de Aguas Bonaerenses (OCABA) y la Autoridad del Agua, a controlar e informar de la utilidad de esta planta y el impacto ambiental que generará.
Así se informó en una conferencia de prensa, que se llevó a cabo en la Defensoría del Pueblo, con la presencia de vecinos integrantes de la Asamblea por el Agua de Chivilcoy; los abogados, Santilli y Caselles que llevaron adelante la causa e integrantes de la Mesa de Fiscalización por el Agua. Por el municipio estuvieron Matías Múo, coordinador de Gobierno y Cintia Satriano, coordinadora de la Secretaría de Calidad Alimentaria, Zoonosis y Medio Ambiente.
Ezequiel Caselles, uno de los integrantes de la Asamblea por el Agua, manifestó en referencia a la sentencia que “es muy favorable para la comunidad en torno a este reclamo legítimo que venimos teniendo desde hace años en nuestra ciudad, ya que acarrea enfermedades”.
“Es un fallo que nos confirma, pero no nos conforma. Nos confirma el reclamo por el derecho que vemos vulnerado y creemos que esta sentencia nos da la razón”, dijo Caselles, al tiempo que agregó que “no nos conforma, en el sentido que tenemos que seguir trabajando y nos obliga a tomar más compromiso y responsabilidad para llegar a soluciones definitivas”.
Caselles señaló que “Hace más un año y medio demandamos a ABSA y a la provincia de Buenos Aires, a partir de los análisis que realizamos en nuestros hogares, que arrojaron altos niveles de arsénico, nitratos y nitritos en el agua de red. Después de varios idas y vueltas, propias de la justicia, recibimos la sentencia final sobre el asunto”.
“El fallo del juez Martín Cherubini del Juzgado 6 de Mercedes nos confirma lo que sabíamos y que ABSA negaba en un primer momento”, subrayó.
Sentencia textual
El texto del fallo, expresa: “La totalidad de los interesados ha reconocido la existencia del problema con la provisión de agua en la ciudad de Chivilcoy, lo cual, conforme surge de los informes realizados por el OCABA en el expediente administrativo acorallado, la torna no apta para consumo humano”.
“Las pretendidas, dice el Juez, ABSA y la provincia de Buenos Aires, han dado muestras de la necesidad de realizar obras para evitar este flagelo”.
Por lo tanto, “el decisorio que aquí se dicta, tiene entonces por objeto tal cometido cual es que, reconocido y probado el quebrantamiento del derecho fundamental invocado (a la salud) por los vecinos de Chivilcoy, su restitución se realice en un tiempo razonable”.
“Por esto el Juez resuelve: Estipula un plazo máximo de 6 meses para que ABSA termine la obra de Osmosis inversa. La Autoridad del Agua deberá realizar bimestralmente los estudios que ha ido efectuando, según obra en expediente administrativo, debiendo informar los resultados al Juez y a la Comisión fiscalizadora. (De este expediente aportado por la fiscaliza de estado de la provincia se desprende que el OCABA ha monitoreado entre los años 2012 y 2017 a la empresa ABSA en Chivilcoy y que la misma no cumple con lo requerido ni con los niveles permitidos en la normativa que la misma dice deben ser aplicados)”.
“A su vez deberá informar al Juez si la obra comprometida resulta suficiente para cumplir con el proveimiento de agua potable dentro de los parámetros establecidos en el Código alimentario Argentino y en su caso qué obras necesitan desarrollarse”.
Asamblea del agua
Caselles puntualizó que, “no nos conforma el fallo, hasta tanto tengamos la seguridad que los habitantes de Chivilcoy podamos tener un agua segura para nuestra salud. Porque hay personas en nuestra comunidad con serias enfermedades acarreadas por el Hacre (Hidroarsenisismo crónico regional endémico). Porque no confiamos en una empresa que ha dilatado tanto tiempo las obras y nos ha ocultado el problema por años”.
“Este fallo nos confirma el camino que decidimos tomar hace tiempo y nos obliga a seguir transitándolo con más compromiso y responsabilidad. A nosotros los asambleístas, a ustedes vecinos de la comunidad, a las autoridades municipales y a nuestros concejales”.
Seguidamente, convocó a la comunidad científica, a los médicos y los organismos de salud pública y privada “a que se comprometan con esta problemática. Que realicen simposios, que se instruyan al respecto y que nos ayuden a visualizar y trabajar para terminar con este flagelo”.
Defensoría del Pueblo
El responsable de la Defensoría del Pueblo, Facundo Banegas, valoró el trabajo y compromiso de los vecinos integrantes de la Asamblea por el Agua, a los abogados que llevaron adelante la causa, a los concejales y a la Municipalidad.
“Fue vergonzosa la actitud de la empresa ABSA, porque después de un año y medio, la justicia termina confirmando la inquietud de los vecinos de Chivilcoy” y aseveró que “ahora es la justicia la que obliga a la empresa a realizar una planta potabilizadora, acorde a los valores mundiales del agua, que es 0,01 de arsénico”.
“Debe ser una de las primeras sentencias en que se reconocen los valores del Código Nacional y de la Organización Mundial de la Salud. Chivilcoy será un ejemplo en que se deje de lado la vieja ley provincial, que toleraba el 0,05 de arsénico y tendrá que tomar parámetros mundiales en defensa de la salud de los vecinos”.
“Los que integramos la Mesa Fiscalizadora –añadió Benegas- tenemos que ponernos a trabajar para el cumplimiento de este fallo, ABSA tiene seis meses para terminar la planta potabilizadora, pero creo que deberán hacer un estudio para ampliar esa planta y adecuar este fallo”.
No obstante, aclaró que “la sentencia no está firme, pero creemos que la provincia de Buenos Aires no apelará este fallo, así que hacemos un llamado al gobierno bonaerense para que acate la medida y trabaje en conjunto con la Municipalidad y los vecinos”.
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Entre Ríos se movilizó contra los agroquímicos
Organizaciones se manifestaron contra los agroquímicos y a favor de la agroecología
Fecha de Publicación: 21/12/2018
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
Con motivo de cumplirse un año de la coordinadora Basta es Basta, organizaciones ambientalistas, gremios y partidos nucleados en la entidad se manifestaron esta tarde en Casa de Gobierno para reclamar que se respete el fallo que restringe la fumigación en zona de escuelas rurales y plantear alternativas de transición hacia la agroecología, supo AIM. Del acto participaron activistas de distintos puntos de la provincia, entre ellos, Concordia, Basavilbaso, Colonia Avigdor, Concepción del Uruguay, Nogoyá, Gualeguaychú, Gualeguay, Colón, San José y Paraná.
Bajo la consigna de “rondar” en “este martes rebelde” se realizaron intervenciones artísticas, musicales, exposiciones de productos agroecológicos y la lectura de un documento.
En diálogo con esta Agencia, Victoria Richter, integrante de la Asociación por la Justicia Ambiental de Buenos Aires y Gualeguaychú y encargada del área de comunicación de la coordinadora, señaló que hoy las organizaciones se reunieron con el secretario de la Producción, Álvaro Gabás: “Allí se nos dijo que se iba a sacar un decreto para limitar las distancias establecidas en el fallo de restricción. Si bien nos prometieron que van a tomar una serie de medidas y nos van a hacer participes de ellas, por otro lado dijeron que van a avanzar con este decreto, lo cual es bastante contradictorio. No obstante estamos a la expectativa de cómo van a continuar las cosas y anticipamos que vamos a dar nuestra opinión”, dijo.
Desde el departamento Colón también se hicieron presentes integrantes de la asamblea de Colón y San José también se hicieron presentes representantes de la Asamblea Barrio Perucho. Una de sus integrantes, María Fernández Benetti, destacó que en esas localidades se trabaja “sobre la liberación del periurbano”. En este sentido, la activista reveló que esa zona ha entrado en “una instancia de transición, como un logro de nuestra asamblea”. Asimismo destacó que se lograron ordenanzas por las cuales, en un término de tres años, debe haber una “una transición de lo hortícola hacia la agroecología” ya que se trata de “una zona compuesta por pequeños productores” lo que la hace “un cordón de abastecimiento muy bueno” donde muchos vecinos “ya tienen sus propias huertas”.
También, desde Concordia, Facundo Scattone, referente de la Red de Comercio Justo Piri Hué (toldos de agua en idioma charrúa) destacó a AIM que se avanza en la coordinación con diversas organizaciones en torno de la llamada Asamblea de los Pueblos Libres a travès de distintas actividades. “Entre ellas, hicimos un carnaval popular con un carro fumigador para trabajar sobre la temática y, desde Basta es basta estamos haciendo diversas actividades como alternativas para frenar el agronegocio y proponer una transición hacia la agroecología”. Asimismo, Scattone destacó el fallo que restringe las fumigaciones en un radio de mil metros de las escuelas rurales.
Más presentes
Uno de los sindicatos que participó fue la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer). El secretario general de la entidad, Marcelo Pagani, señaló a esta agencia que “Agmer ha sido parte de todo este proceso e incluso de la judicialización en la causa de las escuelas fumigadas”. Así también, Pagani indicó que el gremio partició activiamente en “el amparo y la fundamentación en el momento en que éste fue apelado ante el Superior Tribunal de Justicia”.
Por otra parte, Cristina Tejedor, representante del Grupo por una vida sin agrotóxicos de Concepción del Uruguay intervino en la marcha junto a un grupo muy numeroso, que pintó una bandera con la cara de Fabian Tomasi, uno de los emblemas de la concientización del peligro de los agrotóxicos. “También vamos a regalar trigo agroecologico de nuestra propia producción, ya que muchos de los que estamos en el grupo somos productores. Vinimos a invitar a todos a realizar esta actividad. Desde Concepción del Uruguay hacemos la llamada Ronda de los martes y hemos elaborado una biblioteca llamada Basquade! (en idioma charrúa significa levantarse, que reúne miles de trabajos de investigación, documentos, fallos y campamentos sanitarios, donde se prueba el daño que hacen los agrotóxicos”.
Según Tejedor, sólo la numeración del total de los títulos de esta biblioteca ocupa más de una resma. “Pretendemos que esto colabore para que la gente despierte y se de cuenta de que nos están matando y envenenando. Actualmente no hay quién niegue que los agrotóxicos hacen daño”, finalizó.
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Fecha de Publicación: 21/12/2018
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
Con motivo de cumplirse un año de la coordinadora Basta es Basta, organizaciones ambientalistas, gremios y partidos nucleados en la entidad se manifestaron esta tarde en Casa de Gobierno para reclamar que se respete el fallo que restringe la fumigación en zona de escuelas rurales y plantear alternativas de transición hacia la agroecología, supo AIM. Del acto participaron activistas de distintos puntos de la provincia, entre ellos, Concordia, Basavilbaso, Colonia Avigdor, Concepción del Uruguay, Nogoyá, Gualeguaychú, Gualeguay, Colón, San José y Paraná.
Bajo la consigna de “rondar” en “este martes rebelde” se realizaron intervenciones artísticas, musicales, exposiciones de productos agroecológicos y la lectura de un documento.
En diálogo con esta Agencia, Victoria Richter, integrante de la Asociación por la Justicia Ambiental de Buenos Aires y Gualeguaychú y encargada del área de comunicación de la coordinadora, señaló que hoy las organizaciones se reunieron con el secretario de la Producción, Álvaro Gabás: “Allí se nos dijo que se iba a sacar un decreto para limitar las distancias establecidas en el fallo de restricción. Si bien nos prometieron que van a tomar una serie de medidas y nos van a hacer participes de ellas, por otro lado dijeron que van a avanzar con este decreto, lo cual es bastante contradictorio. No obstante estamos a la expectativa de cómo van a continuar las cosas y anticipamos que vamos a dar nuestra opinión”, dijo.
Desde el departamento Colón también se hicieron presentes integrantes de la asamblea de Colón y San José también se hicieron presentes representantes de la Asamblea Barrio Perucho. Una de sus integrantes, María Fernández Benetti, destacó que en esas localidades se trabaja “sobre la liberación del periurbano”. En este sentido, la activista reveló que esa zona ha entrado en “una instancia de transición, como un logro de nuestra asamblea”. Asimismo destacó que se lograron ordenanzas por las cuales, en un término de tres años, debe haber una “una transición de lo hortícola hacia la agroecología” ya que se trata de “una zona compuesta por pequeños productores” lo que la hace “un cordón de abastecimiento muy bueno” donde muchos vecinos “ya tienen sus propias huertas”.
También, desde Concordia, Facundo Scattone, referente de la Red de Comercio Justo Piri Hué (toldos de agua en idioma charrúa) destacó a AIM que se avanza en la coordinación con diversas organizaciones en torno de la llamada Asamblea de los Pueblos Libres a travès de distintas actividades. “Entre ellas, hicimos un carnaval popular con un carro fumigador para trabajar sobre la temática y, desde Basta es basta estamos haciendo diversas actividades como alternativas para frenar el agronegocio y proponer una transición hacia la agroecología”. Asimismo, Scattone destacó el fallo que restringe las fumigaciones en un radio de mil metros de las escuelas rurales.
Más presentes
Uno de los sindicatos que participó fue la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer). El secretario general de la entidad, Marcelo Pagani, señaló a esta agencia que “Agmer ha sido parte de todo este proceso e incluso de la judicialización en la causa de las escuelas fumigadas”. Así también, Pagani indicó que el gremio partició activiamente en “el amparo y la fundamentación en el momento en que éste fue apelado ante el Superior Tribunal de Justicia”.
Por otra parte, Cristina Tejedor, representante del Grupo por una vida sin agrotóxicos de Concepción del Uruguay intervino en la marcha junto a un grupo muy numeroso, que pintó una bandera con la cara de Fabian Tomasi, uno de los emblemas de la concientización del peligro de los agrotóxicos. “También vamos a regalar trigo agroecologico de nuestra propia producción, ya que muchos de los que estamos en el grupo somos productores. Vinimos a invitar a todos a realizar esta actividad. Desde Concepción del Uruguay hacemos la llamada Ronda de los martes y hemos elaborado una biblioteca llamada Basquade! (en idioma charrúa significa levantarse, que reúne miles de trabajos de investigación, documentos, fallos y campamentos sanitarios, donde se prueba el daño que hacen los agrotóxicos”.
Según Tejedor, sólo la numeración del total de los títulos de esta biblioteca ocupa más de una resma. “Pretendemos que esto colabore para que la gente despierte y se de cuenta de que nos están matando y envenenando. Actualmente no hay quién niegue que los agrotóxicos hacen daño”, finalizó.
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